SUMARIO
Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a la ceremonia cívica conmemorativa del CLXII aniversario de la Batalla del Molino del Rey. Se designa comisión de representación.
Comunicaciones de los diputados Ana María Rojas Ruiz, Carolina García Cañón, Alvaro Raymundo Vargas Sáenz, Yulma Rocha Aguilar, Olga Luz Espinosa Morales, Mariana Ivette Ezeta Salcedo, Laura Elena Ledesma Romo, Rafael Pacchiano Alaman, Kattia Garza Romo y Anel Patricia Nava Pérez, con las que solicitan licencia para separarse de sus funciones como diputados federales electos en la tercera, quinta, quinta, segunda, tercera, segunda, primera, segunda, segunda, y primera circunscripciones plurinominales, respectivamente.
A discusión de las solicitudes presentadas, hacen uso de la palabra -desde sus respectivas curules- los diputados:
Silvia Isabel Monge Villalobos.
María Hilaria Domínguez Arvizu.
Leticia Quezada Contreras.
María Elena Pérez de Tejada Romero.
Jaime Fernando Cárdenas Gracia.
Enoé Margarita Uranga Muñoz.
Kenia López Rabadán.
Teresa del Carmen Incháustegui Romero.
Yolanda de la Torre Valdez.
María Dina Herrera Soto.
Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva.
Laura Piña Olmedo.
Miguel Angel García Granados.
María Antonieta Pérez Reyes.
Jorge Carlos Ramírez Marín quien propone se posponga el punto para una sesión posterior.
Obdulia Magdalena Torres Abarca.
María Teresa Rosaura Ochoa Mejía.
Omar Fayad Meneses.
Gustavo González Hernández.
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña.
Se aprueba la propuesta presentada por el diputado Ramírez Marín. Se remite a la Junta de Coordinación Política.
Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite informe sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro, correspondiente al periodo abril-junio de 2009. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para su conocimiento.
Oficio de la Cámara de Senadores con el que comunica la elección de su Mesa Directiva que conducirá los trabajos durante el periodo del 1 de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura. De enterado.
Oficio de la Cámara de Senadores con el que comunica que ha quedado constituida para su primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura. De enterado.
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa presentada por los senadores Mario López Valdez y Fernando Castro Trenti, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona las fracciones XI, XII, XIII y XIV al artículo 5 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Unica. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa presentada por los senadores Tomás Torres Mercado y Rosalinda López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona una fracción XI al artículo 5 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Unica. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa presentada por el senador Francisco Agundis Arias, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa presentada por el senador Raúl Mejía González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que deroga el inciso a) de la fracción VI del artículo 66-a del Código Fiscal de la Federación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa presentada por el senador Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, que reforma la fracción III del artículo 2o. y el párrafo primero del artículo 3o de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Oficio de la Cámara de Senadores por el que devuelve, para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 10 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, para que la Auditoría Superior de la Federación, audite y evalúe la estructura del sistema de servicio profesional de carrera de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, presentada por el senador Arturo Herviz Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de decreto por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito; de la Ley Orgánica de Nacional Financiera; de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior; de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos; de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada; de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros; de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal; de la Ley Orgánica de la Financiera Rural y de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite fe de erratas a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito; de la Ley Orgánica de Nacional Financiera; de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior; de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos; de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada; de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros; de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal; de la Ley Orgánica de la Financiera Rural y de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se turna a la Comisión de la Función Pública.
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de decreto por la que se adiciona un segundo párrafo al artículo 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turna a la Comisión de Economía.
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Salud, con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de decreto que reforma las fracciones XV y XVII y adicionan las fracciones XXII y XXIII del artículo 25 de la Ley Federal de Seguridad Privada. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Salud, con opinión de la Comisión de Seguridad Pública.
El diputado Julio Castellanos Ramírez presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del numeral 2 del artículo 49 y el artículo 51 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados, en materia de transparencia de los grupos parlamentarios. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
El diputado Armando Ríos Piter presenta iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Fondo para atender la Emergencia Económica. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se recibe del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el aumento de periodos de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El diputado Ramón Jiménez López presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Seguro de Desempleo y se reforma el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El diputado Víctor Báez Ceja presenta proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados expresa su enérgica condena por el atentado que privó de la vida al subsecretario de Seguridad Pública del estado de Michoacán en la ciudad de Morelia. Se considera de urgente resolución.
A discusión intervienen los diputados:
Jeny de los Reyes Aguilar.
Ricardo Sánchez Gálvez.
Se aprueba la proposición, comuníquese.
La diputada Narcedalia Ramírez Pineda presenta proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a impulsar un programa especial de emergencia para las zonas afectadas por la sequía y asegurar que no suban los precios de los productos que vende Diconsa y que el Programa para la Atención de Contingencias Climatológicas opere de inmediato en beneficio de los productores a quienes a perjudicado la sequía y también de los afectados por los desastres del huracán Jimena en la región de Baja California Sur. Se turna a la Comisión de Economía.
El diputado Samuel Herrera Chávez presenta proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación que emita la declaratoria de desastre natural en el estado de Zacatecas y otras entidades de la república afectadas por la sequía atípica; asimismo, a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de la Comisión Nacional del Agua a realizar las acciones correspondientes para mitigar los efectos derivados de este fenómeno meteorológico.
Desde su curul, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín presenta propuesta.
Desde su curul, el diputado Arturo Ramírez Bucio solicita la palabra.
La proposición presentada se turna a la Junta de Coordinación Política.
Se corrige el trámite dado a la proposición de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda: se turna a la Junta de Coordinación Política.
El diputado Vidal Llerenas Morales presenta proposición con punto de acuerdo relativo a la liberación de recursos para hacer frente a la caída de los ingresos federales y que el saldo de los recursos del Fondo para los Programas y Proyectos de Inversión en Infraestructura al 30 de junio de 2009 se distribuya a las entidades federativas bajo el mismo procedimiento que el Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El diputado Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor presenta proposición con punto de acuerdo sobre la emergencia en el estado de Baja California Sur, debido a la presencia del huracán Jimena. Se considera de urgente resolución.
A discusión intervienen los diputados:
César Mancillas Amador.
Víctor Manuel Castro Cosío.
Esthela de Jesús Ponce Beltrán.
Se aprueba la proposición, comuníquese.
Respecto a la agenda legislativa de la LXI Legislatura, realizan comentarios los diputados:
Oscar Guillermo Levín Coppel.
Jaime Alvarez Cisneros.
Alejandro Carabias Icaza.
Armando Ríos Piter.
Mario Alberto di Costanzo Armenta.
Luis Enrique Mercado Sánchez.
El diputado Pedro Vázquez González presenta solicitud, al Presidente de la Mesa Directiva, relativa a la violación del fuero constitucional y a las agresiones sufridas por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo a las afueras del Palacio Nacional el pasado día 2 del presente mes.
Intervienen en el tema, los diputados:
Adán Augusto López Hernández.
Carlos Alberto Pérez Cuevas.
Teresa Guadalupe Reyes Sahagún.
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña.
Nelly del Carmen Márquez Zapata.
Jaime Fernando Cárdenas Gracia.
César Francisco Burelo Burelo.
Rodolfo Lara Lagunas.
Emilio Serrano Jiménez.
Gustavo González Hernández.
De la próxima sesión.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña informa que ha procedido a solicitar la información correspondiente ante la Secretaría de Gobernación sobre lo acontecido el día mencionado a fin de proceder en consecuencia, y señala que estará atento al cumplimiento del artículo 61 constitucional y 22 de la Ley Orgánica del Congreso.
ASISTENCIA
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de la Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se invita a las diputadas y los diputados que no han registrado su firma de asistencia a esta sesión que pasen a las mesas instaladas en el vestíbulo principal de acceso al salón de sesiones.
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 396 diputados. Por tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (a las 11:23 horas): Se abre la sesión.
Proceda la Secretaría a leer el orden del día.
ORDEN DEL DIA
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año de Ejercicio.--- LXI Legislatura.
Orden del día
Jueves 3 de septiembre de 2009.
Lectura del acta de la sesión constitutiva.
Comunicaciones
La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica que, con motivo del 162 aniversario de la Batalla del Molino del Rey, tendrá lugar el 8 de septiembre, a las 10:00 horas.
De los diputados Ana María Rojas Ruiz, Yulma Rocha Aguilar , Olga Luz Espinosa Morales , Carolina García Cañón , Álvaro Raymundo Vargas Sáenz , Mariana Ivette Ezeta Salcedo , Laura Elena Ledesma Romo , Rafael Pacchiano Alamán , Kattia Garza Romo y Anel Patricia Nava Pérez .
Protestas de diputados.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Con el que remite informe sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro, correspondiente al periodo abril-junio de 2009.
Oficios de la Cámara de Senadores
Por el que informa sobre la elección de su Mesa Directiva, que conducirá los trabajos durante el periodo del 1 de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional.
Por el que informa que ha quedado legalmente constituida para su ejercicio en la Sexagésima Primera Legislatura.
Con el que remite la iniciativa que adiciona las fracciones XI, XII, XIII y XIV al artículo 5 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, presentada por los senadores Mario López Valdez y Fernando Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con el que remite iniciativa que adiciona una fracción XI al artículo 5 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, presentada por los senadores Tomás Torres Mercado y Rosalinda López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con el que remite iniciativa que reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Francisco Agundis Arias, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con el que remite iniciativa que deroga el inciso a) de la fracción VI del artículo 66-A del Código Fiscal de la Federación, presentada por el senador Raúl Mejía González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con el que remite iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, presentada por el senador Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con el que devuelve la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 10 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para los efectos del inciso D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)
Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Vigilancia de la de la Cámara de Diputados para que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice y evalúe la estructura del sistema de servicio profesional de carrera de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, presentada por el senador Arturo Herviz Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Minutas
Con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito; de la Ley Orgánica de Nacional Financiera; de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior; de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos; de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada; de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros; de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal; de la Ley Orgánica de la Financiera Rural y de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y fe de erratas. (Turno a Comisión)
Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. (Turno a Comisión)
Con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. (Turno a Comisión)
Con proyecto de decreto que expide la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores. (Turno a Comisión)
Con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XV y XVII y se adicionan las fracciones XXII y XXIII del artículo 25 de la Ley Federal de Seguridad Privada. (Turno a Comisión)
Iniciativas
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Julio Castellanos Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que expide la Ley del Fondo para atender la Emergencia Económica, suscrita por los diputados Alejandro Encinas Rodríguez , Jesús Zambrano Grijalva, Armando Ríos Piter , Vidal Llerenas Morales y Ramón Jiménez López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)
Que expide la Ley del Seguro de Desempleo y reforma el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por los diputados Alejandro Encinas Rodríguez , Armando Ríos Piter , Vidal Llerenas Morales y Ramón Jiménez López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados expresa su enérgica condena por el atentado que privó de la vida al subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, en Morelia, suscrita por el diputado Víctor Báez Ceja y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a impulsar un programa especial de emergencia para las zonas afectadas por la sequía y a asegurar que no suban los precios de los productos que vende Diconsa, a cargo de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que solicita a la Segob que emita la declaratoria de desastre natural en Zacatecas y otras entidades de la República afectadas por la sequía atípica; asimismo a los titulares de la Sagarpa y de la Conagua a que rea-licen las acciones correspondientes para mitigar los efectos de este fenómeno meteorológico, suscrita por los diputados Gerardo Leyva Hernández , Ramón Jiménez Fuentes , Claudia Anaya Mota , Heladio Gerardo Verver y Vargas y Samuel Herrera Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo a la liberación de recursos para hacer frente a la caída de los ingresos federales, a cargo del diputado Vidal Llerena Morales , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, sobre la emergencia en Baja California Sur debida a la presencia del huracán Jimena, suscrita por los diputados Alejandro Encinas Rodríguez , Francisco Armando Meza Castro , Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor , Víctor Manuel Castro Cosío y Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Agenda política
Comentarios sobre la agenda legislativa, a cargo de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y de Convergencia.
Pronunciamiento
Relativo a la violación del fuero constitucional y a las agresiones sufridas por diputados integrantes de los grupos parlamentarios del PRD y del PT, a cargo de los Grupos Parlamentarios de los Partidos del Trabajo y de la Revolución Democrática.»
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias.
Le pido que continuemos con el siguiente punto del orden del día, que es la lectura del acta de la sesión constitutiva. Pido a la Secretaría que lea la misma.
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: «Acta de la Sesión Constitutiva de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso de la Unión, celebrada el sábado veintinueve de agosto de dos mil nueve.
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las once horas del sábado veintinueve de agosto de dos mil nueve, el Secretario General, doctor Guillermo Haro Bélchez, presenta el informe a que se refiere el numeral tres del articulo quince de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la documentación recibida de la elección de diputados por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, las notificaciones de sentencias recaídas a medios de impugnación promovidos en contra de la elección de diputados y aclaraciones de las mismas remitidas por las Salas Regionales y Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la lista de diputados electos a la Sexagésima Primera Legislatura, la entrega de credenciales de identificación y acceso y del citatorio a los mismos para la presente Sesión Constitutiva y la relación de los integrantes de la Legislatura que con anterioridad han desempeñado el cargo de legislador federal e informa que la Mesa de Decanos se integra por los siguientes diputados electos: Ifigenia Martha Martínez y Hernández , como Presidenta; María Hilaria Domínguez Arvizu , Francisco Javier Salazar Sáenz y Alejandro Encinas Rodríguez , como vicepresidentes; Armando Neyra Chávez , José Gerardo de los Cobos Silva y José de Jesús Zambrano Grijalva , como secretarios, a quienes pasan a ocupar sus lugares en el Presídium.
Presidencia de la Mesa de Decanos diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández
A las once horas con cinco minutos, con la asistencia de cuatrocientos veinticinco diputadas y diputados electos, la Presidenta de la Mesa de Decanos declara abierta la Sesión Constitutiva de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura.
La Secretaría da lectura al orden del día.
Puestos todos de pie, la diputada electa Ifigenia Martha Martínez y Hernández , rinde protesta como diputada y como Presidenta de la Mesa de Decanos, y posteriormente toma protesta a las diputadas y diputados electos presentes de la Sexagésima Primera Legislatura.
La Secretaría da lectura al acuerdo de los grupo parlamentarios relativo a la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura, en seguida se procede a la votación correspondiente. Por cuatrocientos ochenta y tres votos a favor, ocho en sentido diverso y uno en contra, se elige a los siguientes diputados: Francisco Javier Ramírez Acuña , del Partido Acción Nacional, como Presidente; Francisco Javier Salazar Sáenz , del Partido Acción Nacional; Felipe Solís Acero , del Partido Revolucionario Institucional y José de Jesús Zambrano Grijalva , del Partido de la Revolución Democrática, como Vicepresidentes; María Dolores del Río Sánchez , del Partido Acción Nacional; Georgina Trujillo Zentella , del Partido Revolucionario Institucional; Balfre Vargas Cortez , del Partido de la Revolución Democrática; Carlos Samuel Moreno Terán , del Partido Verde Ecologista de México; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña , del Partido del Trabajo; Jaime Arturo Vázquez Aguilar , de Nueva Alianza y María Teresa Rosaura Ochoa Mejía , de Convergencia, como Secretarios. La Presidenta hace la declaratoria respectiva, dirige un mensaje e invita a los integrantes de la Mesa Directiva electa pasen a tomar posesión de sus cargos.
Presidencia del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña
La Asamblea se pone de pie y el diputado Francisco Javier Ramírez Acuña rinde protesta como Presidente y acto seguido toma la protesta de los demás integrantes de la Mesa Directiva.
Puestos todos de pie, el Presidente declara:
``La Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiente a la Sexagésima Primera Legislatura, se declara legalmente constituida para el desempeño de sus funciones''.
La Asamblea entona el Himno Nacional Mexicano.
El Presidente designa comisiones reglamentarias para participar que la Cámara de Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura ha quedado legalmente constituida y que primero de septiembre a las diecisiete horas tendrá lugar la sesión de apertura del Congreso de la Unión, al Presidente de la República, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Cámara de Senadores y a la Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
El Presidente instruye a la Secretaría General continúe con la custodia de la documentación relativa a las elecciones de diputados Federales a la Sexagésima Primera Legislatura.
Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente levanta la sesión a las doce horas con cincuenta y dos minutos, cita a Sesión de Congreso General, que se celebrará el primero de septiembre de dos mil nueve a las diecisiete horas y a Sesión Ordinaria de Cámara de Diputados, que tendrá lugar el martes tres de septiembre a las once horas.»
Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Aprobada, señor presidente, por mayoría.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor secretario.Se aprueba el acta correspondiente.
Pasamos al siguiente punto del orden del día: comunicaciones. Continúe la Secretaría.
SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: «Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes
La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 162 aniversario de la batalla del Molino del Rey el próximo 8 de septiembre a las 10:00 horas, en el monumento erigido en memoria de los héroes de la batalla, situado en Anillo Periférico y Alencastre, delegación Miguel Hidalgo.
Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes, los nombres de los diputados de esta honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Para asistir en representación de la Cámara se designa a los diputados Claudia Ruiz Massieu Salinas, Gabriela Cuevas Barrón y Mauricio Toledo Gutiérrez.
Continúe la Secretaría con la lectura correspondiente de las licencias propuestas.
DIPUTADOS QUE SOLICITAN LICENCIA
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: «Diputado Francisco Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito dirigirme a usted para solicitarle muy atentamente que sea el conducto para someter a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados mi solicitud de licencia para separarme del cargo de diputado federal de la LXI Legislatura, por tiempo indefinido a partir de esta fecha.
Agradezco de antemano su atención y aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se reserva para votación económica en conjunto.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.
Diputado Francisco Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura.--- Presente.
Por este conducto y con fundamento en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito licencia indefinida como diputada federal a partir de esta fecha.
Por tal motivo, solicito a usted realice todos los trámites conducentes que devienen del presente acto jurídico.
Sin otro particular.
Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Carolina García Cañón para separarse de sus funciones como diputada federal, electa en la quinta circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.
Segundo. Llámese al suplente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se reserva para votación económica en conjunto.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.
Diputado Francisco Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura.--- Presente.
Por este conducto y con fundamento en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito licencia indefinida para separarme de mi cargo como diputado federal, a partir de esta fecha.
Por tal motivo, solicito a usted realice todos los trámites conducentes que devienen del presente acto jurídico y se llame a mi suplente.
Sin otro particular y para los efectos legales que haya a lugar.
Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Álvaro Raymundo Vargas Sáenz para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en la quinta circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.
Segundo. Llámese al suplente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se reserva para votación económica en conjunto.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.
Yulma Rocha Aguilar , en mi carácter de diputada federal del Partido Revolucionario Institucional por la segunda circunscripción a la Sexagésima Primera Legislatura del honorable Congreso de la Unión, por este conducto comparezco ante usted para exponer lo siguiente:
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente solicito tenga a bien poner a consideración de esta soberanía se me conceda licencia por tiempo indefinido para separarme de mi cargo como diputada federal a partir del 3 de septiembre del año en curso.
Sin otro particular, reciba un saludo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se reserva para votación económica en conjunto.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.
Diputado Francisco Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión.--- Presente.
Licenciada Olga Luz Espinosa Morales , en mi carácter de diputada federal, electa por la circunscripción III por el principio de representación proporcional, del Partido de la Revolución Democrática y en uso de la facultad que me concede el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito distraer sus finas atenciones, para manifestarle que con fundamento al artículo 47 del reglamento vigente para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables, insto de la manera más atenta y respetuosa, someter a esta soberanía, mi solicitud de licencia definitiva, para separarme del encargo de diputada federal, a partir del 2 de septiembre de 2009.
Asimismo anexo al presente, copia fotostática de mi nombramiento de representación proporcional como diputada federal y de mi credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral a mi favor.
Sin otro particular por el momento
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Olga Luz Espinosa Morales para separarse de sus funciones como diputada federal, electa en la tercera circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.
Segundo. Llámese al suplente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se reserva para votación económica en conjunto. Continúe, secretaria.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.
Diputado Francisco Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva.--- Presente.
Por este conducto y con fundamento en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito licencia indefinida para separarme de mi cargo como diputada federal, a partir de esta fecha.
Por tal motivo, solicito a usted realice todos los trámites conducentes que sobrevienen al presente acto jurídico y se llame a mi suplente.
Sin otro particular y para los efectos legales que haya a lugar.
Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Mariana Ivettte Ezeta Salcedo para separarse de sus funciones como diputada federal, electa en le segunda circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.
Segundo. Llámese al suplente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se reserva para votación económica en conjunto.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: «Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo a usted para solicitarle muy atentamente sea el conducto para someter a consideración del Pleno de la Cámara, mi solicitud de licencia para separarme de mi encargo como diputada federal de la LXI Legislatura por tiempo indefinido a partir del jueves 3 de septiembre del año en curso.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Laura Elena Ledesma Romo para separarse de sus funciones como diputada federal, electa en la primera circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.
Segundo. Llámese al suplente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se reserva para votación económica en conjunto.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.
Diputado Francisco Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva.--- Presente.
Rafael Pacchiano Alamán , diputado al Congreso de la Unión por la segunda circunscripción plurinominal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, me permito presentar ante el Pleno de esta Cámara licencia por tiempo indefinido para separarme de mi cargo a partir de esta fecha.
Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de Los Estados Unidos Mexicanos, con debido respeto le solicito lo siguiente:
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Rafael Pacchiano Alamán para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en la segunda circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.
Segundo. Llámese al suplente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se reserva para votación económica en conjunto.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.
Presidencia de la Mesa Directiva.--- Presente.
Por este conducto, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar licencia indefinida para separarme de mi cargo como diputada federal, con efectos a partir de esta fecha. Por tal motivo, solicito a usted realice todos los trámites conducentes que surgen al presente acto jurídico.
Sin otro particular, agradezco de antemano la atención que se sirva brindar al presente y le envío un cordial saludo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Kattia Garza Romo para separarse de sus funciones como diputada federal, electa en la segunda circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.
Segundo. Llámese al suplente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se reserva para votación económica en conjunto.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.
Diputado Francisco Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo a usted para solicitarle, muy atentamente, sea el amable conducto para someter a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, mi solicitud de licencia para separarme del cargo de diputada federal de la LXI Legislatura, por tiempo indefinido, a partir de esta fecha.
Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Anel Patricia Nava Pérez , para separarse de sus funciones como diputada federal, electa en la primera circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.
Segundo. Llámese al suplente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Ha solicitado el uso de la palabra la diputada Silvia Monge Villalobos, desde la curul. Se le autoriza el uso de la palabra.
La diputada Silvia Isabel Monge Villalobos (desde la curul): Gracias, diputado presidente.El Grupo Parlamentario del PAN, diputados y diputadas, se solidariza con las ocho diputadas federales que han rendido protesta con nosotros y que hoy se ven en la necesidad de pedir licencia por tiempo indefinido, igual con dos compañeros diputados, con respeto a su libertad y a la libertad de sus partidos, reconociendo sus trayectorias y trabajo, que sin duda alguna fue lo que los trajo a la Cámara.
Hoy en la LXI Legislatura nosotros nos damos cuenta de cuál es la forma en que algunos partidos operan, el cómo llegar a ocupar una curul. Nos solidarizamos, repito, a su trayectoria, les deseamos el mejor de los éxitos y por supuesto en Acción Nacional sabemos respetar la voluntad ciudadana y la voluntad de los miembros también de nuestro partido, al permanecer todos nosotros en nuestras curules, las cuales nos han sido otorgadas con la confianza ciudadana. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Ha solicitado el uso de la palabra la diputada Hilaria Domínguez, desde la curul.
La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Para expresar lo que hace unos momentos manifestaba la compañera del PAN.Expreso a ustedes, compañeras diputadas y compañeros diputados, que mi partido, el Revolucionario Institucional, ha sido el pionero en cuanto a las mujeres de la lucha, no sólo en el México contemporáneo, sino desde la Independencia, desde las Leyes de Reforma, desde la Revolución. Fue el PRI, precisamente, el que impulsó a las mujeres a participar en la política en 1922, en Yucatán, con las primeras presidentas municipales. Y fuimos nosotras, las mujeres priistas, las que impulsamos en 1953 la participación de las mujeres.
Ahora en las reformas, igual. El PRI ha sido el impulsor de cada una de las acciones de nuestras mujeres. Yo respeto totalmente a nuestras compañeras que en su plena libertad, en su individualidad, han tomado la decisión de separarse del cargo; sus razones personales tendrán.
Ahora, lo que nos corresponde, y me extraña, es que venga una compañera del PAN a hablar como partido, cuando no ha impulsado a las mujeres para quedar bien no sé con quién.
Sólo expreso mi voluntad y mi solidaridad con las mujeres que hoy han tomado su propia decisión y su individualidad. Cada una de nosotras, indistintamente del partido político en que militemos, tenemos nuestra decisión individual para tomarla; así la tomaron ellas. Y bienvenidos los compañeros diputados.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Ha solicitado el uso de la palabra, y se le concede, a la diputada Leticia Quezada, del Partido de la Revolución Democrática, desde la curul.
La diputada Leticia Quezada Contreras (desde la curul): Gracias, diputado.En el Grupo Parlamentario del PRD no compartimos la visión del Grupo Parlamentario del PAN, ni tampoco la del PRI. Las mujeres del PRD y el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática lamentamos que a menos de 72 horas de haber iniciado funciones, se den 10 solicitudes de licencia. Además, que la mayoría sean mujeres, y que quienes asumen sean hombres. Porque, una vez más, se utiliza a las mujeres para que hombres puedan llegar al poder. Es lamentable.
Deja mal la visión de la Cámara, porque ---repito, a menos de 72 horas--- las mujeres hemos dado la lucha para conquistar espacios. Precisamente estos espacios de conquista para las mujeres, independientemente del partido que sean. No compartimos en lo absoluto... es lamentable.
Nosotros, al interior del PRD, en donde hay una compañera que solicita licencia, vamos a ir este fin de semana al Consejo Nacional para denunciar esta irregularidad. Pero, además, a la Comisión de Garantías, para que al interior de nuestro partido se sancione; porque no lo compartimos. Las mujeres ---repito--- hemos luchado y seguiremos luchando, y denunciaremos, adonde sea, este tipo de comportamiento. Porque tampoco las mujeres deben prestarse a este tipo de situaciones. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada, por su intervención. Ha solicitado la palabra, también desde la curul, la diputada María Elena Pérez de Tejada. Tiene la palabra.
La diputada María Elena Pérez de Tejada Romero (desde la curul): Muchas gracias, presidente.Primero que nada, quiero decirles que a explicación no pedida, acusación manifiesta. En ese sentido es una pena que en ese partido, el PRI, hagan lo que la diputada está diciendo en contrario. Creo que las diputadas, así como lo dice, están en su derecho, pero también tienen derecho a ser respetadas. El voto las favoreció, su partido las respaldó, cuentan con la solidaridad de todos nosotros y de todas nosotras, y ellas deberían permanecer aquí.
Además, no debe ser sólo para registrar candidatos. Las mujeres, independientemente del partido, tenemos el mismo valor y debemos ser escuchadas y debemos representar a la ciudadanía.
Convoco a los coordinadores del PRI a que las dejen como diputadas federales, así como sucedió el sábado. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Ha solicitado el uso de la palabra, desde la curul, Jaime Cárdenas Gracia.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Gracias, señor presidente.Al igual que las compañeras de distintos partidos políticos y grupos parlamentarios, a mí me parece muy lamentable ---como a ellas--- que principalmente mujeres soliciten licencia para separarse de su cargo de diputadas, a 72 horas de que se haya instalado esta LXI Legislatura.
Lo que más llama la atención es que en ninguna de esas licencias solicitadas por las compañeras diputadas se expresen los motivos, las razones, el porqué solicitan la licencia. Es cierto que están en su derecho, pero sería interesante conocer, sobre todo en el caso de las compañeras diputadas, cuáles fueron los motivos de esas solicitudes de licencia. Me preocupa que ésta sea una vía para vulnerar las cuotas de género que establecen las leyes electorales, tanto del Cofipe como las leyes electorales de los estados.
En realidad estas licencias solicitadas por las compañeras diputadas implican un fraude a la ley, un fraude al Cofipe, un fraude a las leyes electorales. Es una forma de limitar también el derecho de voto y la representación política que obtuvieron de parte de sus electores. Todos estos hechos son graves y constituyen, además, una violación al principio de igualdad previsto en el artículo 1o. de la Constitución. Desde luego votaré en contra de todas estas solicitudes de licencia porque me parece un atropello a las mujeres de esta Cámara y a las mujeres del país. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Ha pedido el uso de la palabra, desde la curul, la diputada Enoé Uranga Muñoz. Tiene el uso de la palabra.
La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul): Gracias, señor presidente.Me congratulo que los puntos de coincidencia inicien hoy. He entendido, por la intervención de las compañeras de Acción Nacional, que al igual que las legisladoras de izquierda estaremos votando en contra de esta solicitud de licencia. Me refiero en específico, estrictamente, a votar en contra del que las diputadas mujeres dejen su lugar hoy a legisladores suplentes hombres.
Desde luego que consideramos que es una vergüenza, que es algo que afrenta a esta soberanía; que sí, efectivamente se trata de un fraude, de un engaño a los electores por parte de ---me temo y creo que ahí estarán las razones--- diputados suplentes que no tienen lo suficiente, que no se atreven a entrar por la puerta de enfrente a esta soberanía, y que tienen que utilizar vilmente a mujeres, que utilizar vergonzosamente la cuota de género para abrirse un espacio que, no tengo duda, no hubieran podido ganar. Eso avergüenza sin duda alguna a la contienda.
La misoginia, además, como complicidad en los partidos políticos, daña a todas las instituciones. Creo que hoy nos corresponde a todas las que creemos realmente en la congruencia y en la lucha por la igualdad, votar en contra de lo que es evidente: este fraude usa a las mujeres de trampolín político, a las mismas mujeres que hoy muestran todavía que hay una franja de mujeres que están dispuestas a ser utilizadas, que están dispuestas a vivir una misoginia interiorizada.
Rechacemos todas y todos esta actitud que, sin duda alguna, de votarla a favor, denigrará a esta Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Ha pedido la palabra, y se le concede desde la curul, la ciudadana diputada Kenia López Rabadán.
La diputada Kenia López Rabadán (desde la curul): Gracias, presidente.Primero que nada, reconozco que hoy las mujeres estamos defendiendo a las mujeres. Sin lugar a dudas sé que también hay muchos hombres aquí que están de acuerdo con todas las compañeras, y el compañero que ha hablado.
Éste no es un asunto de género, compañeros, es un asunto de respeto a la dignidad de las personas. Cuando nosotros acudimos a esta Cámara a representar a la ciudadanía representamos a los hombres, sí, pero también representamos a ese 51 por ciento de la población que somos mayoría en este país y somos las mujeres. Cuando estamos en las urnas, cuando acudimos a cada una de las casas a pedir el voto o a cada uno de los partidos a que razonen es porque nosotros, los que estamos aquí, creemos que seremos sus mejores representantes; estamos pidiéndole también al ciudadano que vote por la congruencia, y lo que hoy sucede aquí sin lugar a dudas es la forma más burda de darle la vuelta a la ley.
Hoy lo que vemos aquí es a diputadas saliendo de la Cámara, que de una u otra manera han rendido protesta para hacer que se cumpla la ley dándole la vuelta al código electoral. Poner mujeres en campaña y después sustituirlas por hombres no es ni legal ni ético; sin embargo, lo vamos a seguir diciendo en Acción Nacional, pero lo vamos a seguir diciendo con hechos: hoy la bancada del PAN tiene el número más grande de mujeres en la Cámara de Diputados y en el Senado y ésa es nuestra forma de respetar a las mujeres y a los hombres de este país.
Sin lugar a dudas los dos hombres y las ocho mujeres que hoy piden licencia tienen derecho a pedirla; es una lástima que lo hagan en detrimento de las mujeres. Para Acción Nacional el derecho que hoy ejercen es respetable, pero creemos que no es la forma más congruente de darle la cara a la ciudadanía. Hoy ninguna mujer del PAN renuncia; hoy ninguna mujer del PAN le dice a su electorado: me voy. Ojalá que los demás partidos políticos lo puedan hacer. Muchísimas gracias, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra, desde la curul, a la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero.
La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero (desde la curul): Yo me solidarizo, por supuesto, con todas las compañeras que aquí hemos dado la cara y estamos defendiendo el derecho de las mujeres a tener una representación equitativa en este país.No es posible que en este recinto, que tiene como fundamental finalidad hacer respetar la ley, y así juramos, nos pasemos por encima de una legislación que se aprobó y que todos los partidos aceptaron. No es posible que sobre la base de la simulación se subvierta la ley, se pase por encima de ella y aquí estemos dando muestra de que la democracia ---sobre todo la democracia de género, que es fundamental para toda democracia--- se esté respetando.
Yo pido a la asamblea que manifieste su repudio a esta práctica de simulación, en donde se instrumentaliza a compañeras que, por desgracia, se prestan a esta simulación. Que se rechace su solicitud de retirarse y de dejar a su suplente. Pido el voto del PAN en contra de esta simulación. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias por su intervención, diputada. Se concede el uso de la palabra, porque así lo ha solicitado, desde la curul, a la diputada Yolanda de la Torre.
La diputada Yolanda de la Torre Valdez (desde la curul): Gracias, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Adelante.
La diputada Yolanda de la Torre Valdez (desde la curul): Compañeras diputadas y compañeros diputados, cuando los secretarios leían a la asamblea la solicitud de licencia del compañero y las compañeras diputadas, a mi mente vino rápidamente Olympia de Gouges, del siglo XVIII, cuando con motivo de la Carta de los Derechos del Hombre y el Ciudadano se le ocurrió decir que la mujer era igual en derechos y en dignidad al hombre.También recordé del siglo XIX a Flora Tristán, en Francia; en España, perdón. Cuando decía que había alguien más oprimido que los trabajadores: sus mujeres. Entonces, recordé la lucha de las sufragistas y de muchas mujeres que en este país dieron extraordinarias batallas y que hoy por ellas muchas podemos ocupar un espacio en la representación popular.
Pensé también cómo concebir nuestra nación, cómo concebir el mundo de las letras sin Sor Juana Inés de la Cruz, o como concebir la Independencia sin Leona Vicario y sin Josefa Ortiz de Domínguez ---de quienes están sus nombres inscritos con oro en este recinto---, y cómo concebir la Revolución Mexicana sin las Adelitas. Pero también pensé cómo concebir esta LXI Legislatura sin Olga, sin Carolina, sin Mariana, sin Katia, sin Anel.
Quiero expresar que, parafraseando a Voltaire, podré no estar de acuerdo con la decisión que han tomado las compañeras, pero defenderé hasta con mi vida, su derecho a expresarla. Sin embargo, respeto su decisión; pero mi voto particular será en contra. Por su atención, gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Ha solicitado el uso de la palabra desde la curul, y se le concede, la diputada María Dina Herrera Soto.
La diputada María Dina Herrera Soto (desde la curul): Honorable Congreso de la Unión, señor presidente, hoy quiero manifestar mi inconformidad por este tipo de actitudes, donde las compañeras diputadas piden su renuncia.Sabemos que nuestro país vive una grave crisis, y una de las crisis que tenemos es la crisis de valores que hoy estamos enfrentando también. En 1953 se dio, por primera vez, el derecho a la mujer de votar y ser votada.
Hoy, actitudes como ésta afrentan a la mujer. Afrentan a la mujer que diariamente enfrenta desde sus hogares la crisis cuando, como ama de casa o madre de familia, como trabajadora, está peleando porque sus derechos sean respetados.
Hoy quienes llegamos a la Cámara...
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se suplica... Perdón, diputada, permítame un momento.
Se suplica a todas las compañeras diputadas y a todos los compañeros diputados que tomen asiento para escuchar con atención a quien está haciendo uso de la palabra.
La diputada María Dina Herrera Soto (desde la curul): Y hoy, quienes estamos en este lugar, en un lugar que debe de ser sagrado ---sagrado en cuestión de principios---, estamos representando a la sociedad, porque tenemos que responder con esos principios y esa lealtad que México requiere.
No es posible, por tanto, que este tipo de actitudes se den en el Congreso de la Unión. No se puede decir a una persona que se le va a representar desde este lugar, y después renunciar porque ésa es una acción fraudulenta. No puede permitirse, en ningún partido, y más allá de cualquier cuestión personal. Quienes rendimos protesta tenemos el derecho de externar nuestro sentir, pero también tenemos la obligación de responderle a México en esta grave crisis; y responderle a México es tener principios, y sobre todo, conservar esa lealtad a nuestros principios. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Ha solicitado el uso de la palabra, y se le concede, desde la curul, al diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva.
El diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (desde la curul): Señor presidente, como diputado federal del PRI, en lo particular rechazo este tipo de actitudes; sin embargo, también respeto la decisión de las compañeras que hoy renuncian.A la fracción del PRD le pido que no se dé golpes de pecho por esta acción. No queremos ver más Juanitos en el país que tengan esa misma actitud antidemocrática de solicitar renunciar, o presionar para que lo hagan. Y a la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, que acostumbra tener fórmulas, de padres e hijos, de esposos, de hermanos, también le solicito que deje esas actitudes antidemocráticas. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Ha solicitado el uso de la palabra, y se le concede, desde la curul, la diputada Laura Piña Olmedo.
La diputada Laura Piña Olmedo (desde la curul): Compañeros diputados, como mujer me siento muy orgullosa de representar a mi género y estar aquí ante esta tribuna tan valiosa, en este edificio. Como compañera quisiera que muchísimas mujeres siguieran saliendo a pedir el voto por ellas. Hemos visto que a la gran mayoría les da temor porque siempre tienen que estar sacando la votación para los hombres.Qué vergüenza que hoy tengamos que estar aquí defendiendo la posición de una mujer, porque sabemos perfectamente que la mujer no quiere renunciar. ¿Quién renuncia a poder tener la palabra en este reciento tan honorable? ¿Quién renuncia a sus derechos? Ninguna mujer. Yo les garantizo que si platicáramos con ellas, dirían: Mi dirigente me lo pidió.
Yo les pediría, compañeras diputadas y compañeros diputados, que esta mañana votáramos en contra de esa decisión, porque no hay ninguna mujer que desee renunciar a un puesto que con mucho sacrificio se ganó. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Ha solicitado el uso de la palabra desde la curul, y se le concede, el diputado Miguel Ángel García Granados.
El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): Muchísimas gracias, señor presidente.Mal inicio el de esta legislatura, cuando con una total falta de respeto al electorado ocho compañeras y dos compañeros diputados presentan una solicitud de licencia para separarse del cargo. Mal inicio. Debe llenar de oprobio y de vergüenza a los que han violentado la voluntad popular y han venido, simplemente, a cumplir un ritual rindiendo protesta de cumplir y hacer cumplir la Constitución.
Esto no es un asunto de legalidad, porque legalmente lo pueden hacer, es verdad. Hasta hoy no existe ningún candado en la ley que prohíba que ninguna de ellas, y ninguno de ellos, pueda separarse del cargo; pero es un asunto de dignidad, es un asunto de falta de respeto total y absoluto a la voluntad popular manifestada en las urnas.
Debemos cerrar la puerta a esta intentona de vulnerar la voluntad popular. Habría sido preferible y más digno que no se hubieran presentado a la ceremonia del 1 de septiembre, que transcurriera el término que la ley establece para mandar llamar a sus suplentes.
He visto solicitudes de machote, señor presidente, que efectivamente no responden a ninguna situación de carácter personal. Tendremos entonces que legislar para evitar que en un tiempo tan perentorio, tan mínimo, se separen del cargo los que han recibido la confianza de la ciudadanía para venir a representarlos en ésta, la más alta tribuna de la deliberación de los grandes problemas nacionales.
Mi voto será en contra, y espero que muchos de mi partido también lo hagan igual. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Ha solicitado el uso de la palabra desde la curul, y se le concede, la diputada María Antonieta Pérez Reyes.
La diputada María Antonieta Pérez Reyes (desde la curul): Señor presidente, gracias por el uso de la palabra. Compañeros, es lamentable que algunos partidos todavía a estas alturas estén utilizando a la mujer solamente como un elemento para conseguir posiciones de poder, desconociendo el esfuerzo y la lucha auténtica que muchas, a través de la historia, han empeñado para lograr un espacio para nos-otras las mujeres.Acerca de los motivos, tal vez nunca los sabremos. A cada una de las diputadas que hoy se están retirando les asiste el derecho de guardar silencio respecto de este tema. Si ellas sabían previamente que estaban en esa candidatura solamente como mercancía de canje, qué vergüenza, qué vergüenza que sean parte de una simulación política.
Qué vergüenza, porque en la ciudad donde yo vivo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, las mujeres, muchas mujeres no han podido siquiera ser dignas del derecho a la vida. Se les ha arrebatado de manera cobarde, y ellas, que tuvieron en algún momento la posibilidad de tener un puesto desde esta honorable Cámara, para hablar por esas mujeres, hoy renuncian a cambio de componendas de sus grupos. Qué vergüenza. Esa actitud pisotea la dignidad de nuestro género. Yo en lo particular votaré en contra.
Por otro lado, si esas mujeres fueron engañadas por sus partidos y no sabían que tenían que renunciar a ese nombramiento, yo las invito, las convoco a que no sean parte de ese engaño, que se mantengan en sus puestos, que vengan a hacer el trabajo que la ciudadanía les encomendó. Estoy segura de que encontrarán eco y mucho apoyo de las mujeres de esta legislatura, y de los hombres que entienden la trascendencia de la participación de la mujer en estos tiempos modernos.
Ayer el presidente de la República nos instó a que fuéramos una generación de cambio, que fuéramos una legislatura que hiciera historia, y no será con ser mercancía de cambio en sus grupos parlamentarios como lo vamos a conseguir. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Le preguntaría al diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, con qué objeto desea hacer uso de la palabra.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Para hacer una solicitud con relación al procedimiento de desahogo de este punto.La propuesta concreta es que, considerando los argumentos que se han planteado, considerando que se trata de la primera sesión ordinaria de la Cámara, y considerando que no se trata de un asunto menor, solicitamos respetuosamente que se retire este punto del orden del día y se traslade a las consideraciones de la Junta y de la Mesa Directiva para próximas sesiones.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Por ser una propuesta que requiere resolución, le pediría a la asamblea que tome sus lugares, y a la Secretaría de la Mesa Directiva, que pregunte a la asamblea si se aprueba la propuesta del diputado Ramírez Marín.
La diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca (desde la curul): Señor presidente, solicito la palabra.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, señor secretario, permítame. Con mucho gusto la escuchamos, diputada Magdalena Torres Abarca.
La diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca (desde la curul): Con su permiso, diputado presidente.Honorable asamblea, muchas mujeres lucharon por nos-otras y muchas mujeres seguimos luchando. Y seguimos luchando al lado de los señores, al lado de los caballeros que también han votado para que tengamos equidad de género; porque así es, es una realidad, hemos tenido el apoyo de los caballeros, de los señores.
También hemos tenido el apoyo en votaciones para que se pudiera alcanzar el porcentaje de las mujeres. En el PRD somos congruentes, también tenemos 50 por ciento de mujeres y los espacios que estamos ocupando. No va a haber sólo un Juanito, va a haber muchos Juanitos que se van a burlar de nosotros y van a venir aquí a rendir protesta, y les vamos a aplaudir. De veras, qué pena y qué vergüenza.
En mi estado yo denuncié que un partido estaba utilizando a las mujeres porque ha puesto a familiares suplentes. Qué pena que dirigentes de partidos y que representan mujeres, dejen que nos utilicen. En el PRD lo vamos a llevar al Consejo, porque no se vale que un grupo de nuestro partido también se esté prestando para que nos utilicen a las mujeres. Yo reconozco, sí hubo un partido acá que no utilizó a las mujeres. Pero sí quiero dejar bien claro y quiero pedir el apoyo de todo este pleno, de los hombres, de los caballeros, que votemos en contra de este abuso, hoy mismo, y que no se lleve a otra reunión.
Compañeros, hay que revisar quiénes son los suplentes; hay que revisar por qué están incluyendo a esos suplentes. No se vale, compañeras, no se vale que tanto nos ha costado a nosotras las mujeres tener también un espacio en todos los ámbitos y que nos han apoyado mucho todos los señores, todos los caballeros, y que ahora también las mujeres nos prestemos.
Yo pido al pleno, a todos, que votemos hoy en contra de esta propuesta. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada.
Informo a la asamblea que tenemos inscritos ---y con toda oportunidad fueron inscritos--- a los diputados María Teresa Rosaura Ochoa Mejía , Omar Fayad Meneses , Roberto Rebollo Vivero y a Gustavo González Hernández , antes de la moción presentada por el diputado Ramírez Marín. Pongo a consideración de ustedes que podamos escucharlos ---a quienes están inscritos---, para que pasemos inmediatamente a la votación de la propuesta hecha por el señor Ramírez Marín, en los términos en que fue dada.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Señor presidente, deseo que me anote en la lista.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Lo anotamos con mucho gusto, señor secretario.
¿Están ustedes de acuerdo en que podamos escucharnos, de acuerdo con el planteamiento que tenemos? Es un tema que ha causado interés. Entonces procederíamos a concederle el uso de la palabra, desde la curul, a la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía .
La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Gracias, señor presidente.Sin duda, las voces de hombres y mujeres que hemos escuchado son en el sentido de ir tras la transparencia, tras la claridad del porqué hoy mayoritariamente mujeres forman la lista de solicitudes de licencia. En Convergencia estamos en contra de la simulación, y a favor de la transparencia, y no podemos permitir que éste, un acto que puede tener toda la autoridad moral, en su momento, sea transgredido por una presión que pudo haber existido al firmar su solicitud de licencia, y esto definitivamente denigra a los partidos políticos.
También podemos ver que puede ser por presión de sus coordinadores o de los representantes de sus partidos, y esto desde un principio lleva a un vicio de nulidad. No podemos permitirlo.
Por tanto, manifiesto a esta soberanía que mi voto será en contra, lo mismo ---así me lo han comunicado--- los del Grupo Parlamentario de Convergencia, quienes en este momento podemos decirles que si bien somos el grupo ---en este momento--- más pequeño, representamos o estamos aquí 50 por ciento de mujeres y 50 por ciento de varones. Por tanto, solicito a esta soberanía votar en contra este punto del orden del día.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra, desde la curul, al diputado Omar Fayad Meneses.
El diputado Omar Fayad Meneses (desde la curul): Señor presidente, compañeros diputados, quisiera antes de hacer una propuesta, recalcar un asunto: estamos hablando de un punto del orden del día en que no solamente está involucrado un partido; tenemos a cuatro partidos involucrados: PRI, PRD, PT, Verde Ecologista.Además, los compañeros que se están sustituyendo, que ingresaron por la vía plurinominal, no como se ha querido hacer énfasis en que se ha engañado o burlado directamente con el voto a la ciudadanía... son 10 compañeros que entraron por vía plurinominal, y que involucran a cuatro partidos.
Con todo respeto, quisiera reforzar la propuesta del compañero Ramírez Marín en el sentido de que se regrese este punto del orden del día a la Junta de Coordinación Política, se logren los acuerdos necesarios y, luego entonces, se pueda pasar a la discusión del mismo.
Pero es una moción, señor presidente. Conforme a nuestro reglamento, le pido que consulte a la asamblea en este momento si es de aprobarse esta moción de retirar el punto del orden del día y regresarlo a la Junta de Coordinación Política. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Con mucho gusto lo haremos, una vez que concluya la lista de oradores hecha con antelación, pues nos queda un solo diputado por escuchar; lo pondremos a consideración.
Se concede el uso de la palabra al diputado Gustavo González Hernández .
El diputado Gustavo González Hernández (desde la curul): Gracias, señor presidente, y con su permiso, para hacer algunos comentarios sobre este tema.En primer lugar hemos estado escuchando en los posicionamientos de todos los partidos políticos, así como ayer de la Presidencia de la República, la necesidad de un cambio. Un cambio que consolide las instituciones de una nueva cultura política. En esta situación es muy importante que la decisión que se vaya a tomar aquí con la Junta de Coordinación Política, de entrada se respete el principio de legalidad, y dentro de ese principio cualquier resolución o acuerdo deben estar suficientemente motivados. Los compañeros que deciden solicitar una licencia deben dar los motivos precisos, para que cuando nosotros lo votemos en el pleno sepamos que se está cumpliendo ese principio de legalidad.
Por otro lado, creo que es una falta de respeto que a 72 horas unas compañeras o unos compañeros, por los motivos o acuerdos que ellos tengan, pidan licencia. Porque en todo caso habrá compañeros que pedirán licencia por opción de cargo o por cualquier situación, pero existe una motivación concreta. Yo creo, compañeros diputados, que sí debemos ver esta situación, no como una situación menor, y empezar nuevamente a sentar las bases de esa nueva cultura política, porque la transición a la democracia no se va a consolidar si no se consolida una nueva cultura política.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Fernández Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Me parece que es improcedente que el punto se retire y se vaya a la Junta de Coordinación Política. La asamblea ha manifestado de manera muy plural y muy diversa su rechazo al fraude a la ley que significa otorgar estas licencias. La izquierda tiene tradición de apoyar acciones afirmativas y de respetar el espacio de las mujeres. Concretamente, por ejemplo, en el PRD los propietarios y los suplentes son mujeres, para evitar este tipo de prácticas incorrectas que aquí se están denunciando.Me parece que la asamblea tiene la oportunidad de dar un mensaje muy fuerte, muy serio de que no va a permitir que se le haga fraude a la ley, que no va a permitir que se pase por encima de las compañeras diputadas que ganaron la elección, no importa si fue por la vía uninominal o por la vía plurinominal, son diputadas igual, son diputados igual, con los mismos derechos en esta asamblea.
Por tanto, apoyo la propuesta de que se vote, de una vez, si se aceptan o no esas licencias, y yo votaré en contra de que se otorguen esas licencias, por las razones que aquí ya se han expresado.
Finalmente, quiero pedir a algunos diputados y a algunas diputadas que no se hagan bolas, Juanito no es el caso que aquí se está discutiendo. A quien se le quitó la candidatura, fue a una mujer, a Clara Brugada, y fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a poco más de dos semanas de la elección, el que de manera burda le retiró la candidatura que había ganado en una elección interna Clara Brugada, y llegó al cinismo adicional de dejar en la boleta el nombre de Clara Brugada, para ocultar la candidatura que estaba queriendo imponer el tribunal, en un acuerdo que hizo un sector del PRD con el gobierno usurpador que está en funciones.
Entonces no se hagan bolas, ahí defendimos a una compañera y fue un acuerdo de cara al pueblo de Iztapalapa, y el pueblo de Iztapalapa hizo suyo esto. Si no les gusta, me da mucha pena, pero es la pura verdad.
Yo estuve ahí, fui candidato, gané por mayoría. Juanito decía: ``¿Quieren que saquemos a los traidores?'' Y la respuesta era ``sí''.
Segundo. Decía: ``Un voto por mí es un voto por Clara Brugada, es un voto por Andrés Manuel López Obrador, es un voto por el movimiento''.
Así que tienen la tribuna, señores diputados y señoras diputadas...
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pido a todos los diputados y a todas las diputadas que conserven el orden.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Si no están de acuerdo, para expresar sus puntos de vista, pero aquí vamos a defender a todas las compañeras que con sus votos ganaron.
Y no se trata de poner a un varón que no fue el candidato. Acá estamos defendiendo a una compañera, Clara Brugada, que ganó la elección; remontamos la imposición del tribunal y va a ser delegada de Iztapalapa. Les guste o no les guste, compañeros diputados y compañeras diputadas. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señoras diputadas y señores diputados, la lista de oradores que anunciamos ha concluido. Por tanto, tenemos una propuesta del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín.
La lista la anunciamos a ustedes y les dijimos quienes eran. En tales condiciones vamos a poner en los términos del reglamento la propuesta, la moción presentada por el diputado Ramírez Marín, de acuerdo con lo señalado.
Por tanto, pido a la Secretaría que consulte... La propuesta es que se retire de la discusión el tema que está en estos momentos y se remita a la Junta de Coordinación Política, para que se haga la revisión correspondiente. Eso es lo que usted propuso, señor diputado.
Pido a la Secretaría que lea la propuesta que hizo el diputado Ramírez Marín.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Leo la propuesta.
Diputado Francisco Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Presente. Está fechada a 3 de septiembre, aquí en el Palacio Legislativo.
Solicito a usted que el punto del orden del día relativo a las licencias se posponga para una sesión posterior que acuerde la propia Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y se dé conocimiento de este asunto a la Junta de Coordinación Política.
Atentamente, diputado Jorge Carlos Ramírez Marín .
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Ése es el término y el avance de la propuesta del diputado. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se retira el asunto del orden del día y se da conocimiento a la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se retira del orden del día y se da conocimiento a la Junta de Coordinación Política, el tema que está en comento. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Junta de Coordinación Política el tema que nos atañe en este momento.
SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número D00/100/064/2009, Moisés Schwartz Rosenthal, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro envía el informe trimestral sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro, correspondiente al periodo abril-junio de 2009.Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y en los artículos 5o., fracción XIII, 8o., fracción VIII, y 12, fracciones III, VIII y XIII, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, acompaño, para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y original del citado informe en forma impresa y medio magnético.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.--- Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
Licenciado Manuel Minjares Jiménez, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, atentamente solicito sea usted el amable conducto para dar cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 5o., fracción XIII, 8o., fracción VIII, y 12, fracciones III, VIII y XIII, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y en el artículo 151 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Por lo anterior, anexo al presente me permito acompañar por duplicado el informe trimestral sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro correspondiente al periodo abril-junio de 2009, tanto en impreso como en disco compacto, el cual fue aprobado por la Junta de Gobierno de esta Comisión en su septuagésima novena sesión ordinaria y que, de no existir inconveniente, deberá entregarse a cada una de las Cámaras del honorable Congreso de la Unión a la mayor brevedad posible.
Sin más por el momento, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social, y de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento. En tanto se integran las comisiones, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Continúe la Secretaría con los oficios de la Cámara de Senadores.
CAMARA DE SENADORES
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 61, párrafo 5, de la Ley Orgánica del Congreso General, me permito comunicar a ustedes que, en junta previa celebrada hoy, la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión eligió la Mesa Directiva que conducirá los trabajos durante el periodo del 1 de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, como sigue:
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De enterado. Insértese en el Diario de los Debates.
CAMARA DE SENADORES
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Me permito comunicar a esa honorable colegisladora que, en sesión celebrada en esta fecha, la Cámara de Senadores se declaró legalmente constituida para su ejercicio en la Sexagésima Primera Legislatura.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De enterado. Insértese en el Diario de los Debates.
LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Me permito comunicar a usted que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Mario López Valdez y Fernando Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XI, XII, XIII y XIV al artículo 5 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados, la cual se anexa.
«Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XI, XII y XIII al artículo 5 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, a cargo del senador Mario López Valdez del Grupo Parlamentario del PRI.
Mario López Valdez, senador de la República por el Estado de Sinaloa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XI, XII, XIII y XIV al artículo 5 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
En México existen más de 40 millones de personas que viven en pobreza patrimonial, es decir, carecen de los medios económicos suficientes para lograr un desarrollo propio y familiar.
Es una realidad que el problema de nuestro país no es la cantidad de recursos que se producen, sino la inadecuada distribución de los mismos. La obligación de los sectores tanto público como privado y social es atacar este problema de desigualdad, y la única forma de lograr que desaparezca esta situación es el trabajo conjunto y la colaboración entre los sectores señalados.
Como fue señalado, el problema no es la producción sino la distribución, por eso consideramos que resultan indispensables nuevas propuestas que contribuyan a idear un esquema mediante el cual se logre redistribuir esta riqueza.
Con la finalidad de proponer soluciones a dicha problemática; estimamos conveniente la aplicación de un sistema que fomente en la sociedad en general una cultura del aprovechamiento de los bienes; es decir, si una persona tiene algo que no necesita, en un país en el que existen 40 millones de pobres, es evidente que otro sí lo necesitará.
Como se comentó, la única forma de acabar con esta desigualdad es inculcando e incentivando valores solidarios universales en toda la población, lo cual resulta no sólo obligación de los particulares sino que también requiere que el Estado lleve a cabo las medidas necesarias para la creación de esquemas que fomenten dichos valores.
En este tenor, el pasado 16 de julio del 2008 presenté una iniciativa para establecer constitucionalmente la donación como un mecanismo de responsabilidad social que estimule la redistribución del ingreso y la riqueza, evitando el desperdicio y mejorando el desempeño económico y la cohesión social.
Sin embargo, también se estima conveniente plasmar de forma expresa, en la legislación fiscal, medidas que fomenten el apoyo y la solidaridad entre los ciudadanos, debido a que es notoriamente conocido el hecho de que la cohesión social y el apoyo mutuo son las únicas herramientas que, apoyándose en políticas públicas, lograrán reducir la brecha social que actualmente nos aqueja.
Estas medidas tienen como principal finalidad inculcar un ideal de apoyo a los individuos menos favorecidos, para que de esa manera, este tipo de actividades dejen de ser eventos aislados en la vida de los ciudadanos de nuestro país y se conviertan en hábitos que estén encaminados a la creación de un nuevo estilo de vida, en el que nos preocupemos no sólo por nosotros y nuestras familias, sino también por los individuos que no conocemos y, de esta forma, se desarrolle una conciencia social y optemos por una postura activa frente a las desigualdad.
Una de las formas de apoyo solidario que mejores resultados han dado durante los últimos años son los llamados bancos de alimentos; es decir, instituciones que trabajan como un puente entre el donador y el beneficiario. Estas agrupaciones civiles acopian, seleccionan y distribuyen alimentos perecederos y no perecederos, haciéndolos llegar en forma organizada a instituciones de asistencia social y comunidades marginadas de zonas urbanas, rurales e indígenas.
Los bancos de alimentos operan con programas autofinanciables y rentables a través de las cuotas de recuperación solicitadas a los beneficiarios por el alimento que no exceden más del 10 por ciento del valor comercial del producto.
De esta manera se benefician asilos, comunidades, orfanatos, albergues, comedores comunitarios y otros grupos organizados con necesidades urgentes e inmediatas de alimento, previo estudio socioeconómico.
Ahora bien, durante los últimos años se han establecido diversos beneficios fiscales y extra fiscales tendentes a favorecer las actividades de los bancos de alimentos. Por ejemplo, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 26 de enero de 2005, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estableció un trato fiscal diferente para quienes donan alimento, pues recibirán atractivos beneficios fiscales, ya que además del costo, podrán obtener una deducción adicional del ISR de 5 por ciento si el margen de venta es de 10 por ciento o mayor, o del 50 por ciento del margen de venta si éste es menor al 10 por ciento.
Asimismo, mediante la modificación de los artículos 199 y 464 Bis de la Ley General de Salud se eximió de responsabilidad a las empresas sobre el alimento ofrecido en donación, haciendo responsables del manejo de tales productos a los bancos de alimentos que los reciben en donación.
A pesar de lo hecho hasta ahora, creemos que es posible diseñar aún más incentivos que fortalezcan las actividades de los bancos de alimentos, razón por la cual se propone a través de la presente adicionar al artículo 5 de la Ley del IETU con tres nuevas fracciones, que tendrían como objeto lo siguiente:
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que adiciona las fracciones XI, XII y XIII al artículo 5 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única
Artículo Único. Se adicionan las fracciones XI, XII y XIII al artículo 5 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, para quedar como sigue:
Artículo 5. Los contribuyentes sólo podrán efectuar las deducciones siguientes:
Transitorios
Primero. El presente decreto, entrará en vigor a los 90 días de ser publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Tomás Torres Mercado y Rosalinda López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XI al artículo 5 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados, la que se anexa.
«Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única
Los suscritos, Tomás Torres Mercado y Rosalinda López Hernández, senadores de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XI al artículo 5 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, con la siguiente
Exposición de Motivos
El 1 de octubre de 2007 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), que formó parte del conjunto de iniciativas que presentó el titular del Poder Ejecutivo federal en junio del mismo año, en la denominada ``reforma hacendaria integral''.
Durante el proceso de análisis y discusión de la iniciativa que tuvo lugar en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, los legisladores que votamos en contra advertimos que el IETU, supuestamente establecido como instrumento de control del impuesto sobre la renta, en realidad se trataba de un impuesto injusto que causaría gravámenes superiores a la capacidad de pago de los contribuyentes, por restringir las deducciones y no permitir, por ejemplo, la deducción de la nómina, las pérdidas cambiarias o el pago de intereses por deuda.
En su momento se dijo que el IETU desalentaría las inversiones en el país y la creación de empleos, toda vez que su mayor efecto lo sufrirían las pequeñas y las medianas empresas del país, orillándolas a la extinción y a la quiebra, por tratarse de un impuesto inicuo y, en suma, adverso al desarrollo nacional.
También en aquel momento manifestamos nuestro desacuerdo en que se pretendiera ampliar la recaudación dirigiendo nuevamente la voracidad de Hacienda hacia el contribuyente cautivo, dejando intactos los tratamientos preferenciales y los regímenes especiales.
El efecto pernicioso del IETU, por lo menos en el hecho de restar liquidez a las pequeñas y a las medianas empresas y contraer la generación de empleos, no tardó en manifestarse. Esto obligó a algunos sectores, como al Consejo Coordinador Empresarial, que inicialmente había avalado la contribución, a solicitar a la Secretaría de Hacienda que siguiera aplicando para 2009 la misma tasa de 16.5 fijada en 2008 para el cálculo del IETU, pues se afectaría aún más el flujo de efectivo de las empresas.
Muchos de los que hoy solicitan mayor flexibilidad en la aplicación del IETU lo hacen únicamente argumentando el efecto que traería en las empresas la crisis económica, siendo que los efectos negativos del impuesto empresarial se manifiestan prácticamente desde el inicio de su aplicación, tal como dio cuenta el Banco de México en el Informe sobre la inflación julio-septiembre de 2008, en el que incluyó el resultado de las encuestas que aplicó a las empresas de los sectores secundario y terciario, con objeto de identificar el posible efecto del IETU.
De acuerdo con estos estudios de opinión, los empresarios atribuyeron al IETU un efecto significativo sobre las revisiones de los precios, por considerar que el efecto del gravamen sobre el aumento estimado en precios en 2008 sería equivalente a 1.8 puntos porcentuales. Asimismo, se da cuenta que ante la mayor carga que había implicado el IETU, 55 por ciento de las empresas encuestadas mencionó que aumentaría los precios y 21 por ciento señaló que disminuiría su planta laboral.
Dada la correlación de fuerzas existente en el Congreso de la Unión, resulta difícil lograr la derogación del impuesto empresarial. Por ello, en su lugar, proponemos ampliar los conceptos que pueden ser deducibles del gravamen, con objeto de contribuir a que las empresas enfrenten en mejores condiciones el entorno de recesión económica que vive el país, particularmente las que han experimentado pérdidas cambiarias provenientes de deudas o créditos en moneda extranjera.
De forma concreta, proponemos adicionar la Ley del IETU a fin de que las pérdidas cambiarias derivadas de la fluctuación de la moneda extranjera puedan ser deducibles. Lo anterior resulta de vital importancia en un contexto económico como el actual, marcado por su elevada volatilidad. Tan sólo en el último trimestre del año, el peso mexicano se depreció más de 40 por ciento respecto al dólar, provocando importantes pérdidas en muchas empresas del país.
Lo cierto es que resulta necesario impulsar mecanismos fiscales que contribuyan a fortalecer el sector productivo.
Debemos evitar que la presión de este impuesto sobre las empresas se traduzca en cierres o despidos laborales, con lo cual se agravaría la crisis en materia de empleo, cuyas estimaciones para el presente año ya resultan alarmantes.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Único. Se adiciona la fracción XI al artículo 5 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, para quedar como sigue:
Artículo 5. Los contribuyentes sólo podrán efectuar las deducciones siguientes:
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Francisco Agundis Arias, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados, la que se anexa.
Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.--- Presentes.
Los suscritos, senadores de la República de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se que se reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
Durante los últimos dos años, el crecimiento económico en México ha sido prácticamente inexistente, lo que se ha agravado por el desencadenamiento de una crisis económica de alcance mundial, que ha provocando un delicado escenario nacional desde la segunda mitad de 2008.
Podríamos señalar los innumerables problemas económicos por los que atraviesa el país; sin embargo, consideramos que el desempleo es sin duda el conflicto económico más relevante.
El desempleo es la principal manifestación de las inconsistencias de cualquier política económica, por no responder a la demanda de mayores fuentes de trabajo, con salarios, sueldos y prestaciones que garanticen mejores niveles de vida para los trabajadores y sus familias y, con ello, un mayor bienestar para la población.
El desempleo en México se disparó a niveles máximos. Para el tercer trimestre de 2008 tuvimos una tasa de desocupación de 4.19 por ciento, y en enero de este año fue de 4.06 por ciento, la segunda más alta en 8 años para un primer mes del año.
Este nivel de desempleo incluso ha superado las expectativas del mercado, el cual consideraba que la tasa iba a llegar a tan sólo 3.86 por ciento. Hasta el 15 de febrero pasado, el empleo formal, medido a través de los asegurados permanentes en el Instituto Mexicano del Seguro Social, era de poco menos de 14.8 millones de personas; esto es, 33.6 por ciento de los 44.0 millones de personas con una ocupación en el país.
La situación es crítica, de manera que si bien es necesario generar incentivos a los empresarios para incrementar el empleo, es mucho más urgente establecer estímulos para el ciudadano común, que vive el desempleo como una realidad.
La distribución de la riqueza es premisa fundamental para lograr el efectivo desarrollo y crecimiento de una nación, por lo cual no es posible pensar en políticas públicas con fines meramente económicos que dejen de lado el aspecto humano de la sociedad.
La política fiscal de un gobierno debe ser la herramienta principal mediante la cual se logre la adecuada redistribución del ingreso nacional para que, con ello, sea posible trazar caminos hacia la mejor calidad de vida de los integrantes de una sociedad.
Por ello presentamos esta iniciativa, con la finalidad de que se exente totalmente del pago del impuesto sobre la renta la liquidación que perciban los trabajadores que sean separados del empleo.
Actualmente, la Ley del Impuesto sobre la Renta establece un tope para la deducción de las liquidaciones o finiquitos que reciben los trabajadores al dar por terminada una relación laboral. Sin embargo, considerando en que el desempleo es uno de los conflictos más grandes a que se enfrentan las familias mexicanas, creemos pertinente que la Ley del Impuesto sobre la Renta considere la exención total de los ingresos que obtengan las personas que han estado sujetas a una relación laboral en el momento de su separación, por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos.
Vivimos momentos de crisis, y no sólo para el gobierno o los empresarios sino, sobre todo, para los ciudadanos de clases media y baja del país. Por ello es importante brindar un estímulo fiscal para que los desempleados puedan recibir su pago por concepto de liquidación de manera íntegra, de tal forma que con estos recursos puedan solventar los meses que enfrentarán sin empleo.
El gobierno ha comenzado a pensar en un seguro contra el desempleo; sin embargo, es necesario considerar que la propuesta que hoy se expone podría ser una salida para brindar indirectamente este tipo de beneficio a los ciudadanos.
Nuestro partido presentó en octubre de 2007 una iniciativa similar a la que hoy proponemos, pero no ha sido dictaminada por la Cámara de Diputados. Pese a esto, para nuestro grupo parlamentario es fundamental retomar el tema, pues los argumentos que hoy se exponen nos sitúan en un contexto diferente y nos permiten vislumbrar la conveniencia de esta reforma, sobre todo en momentos de crisis como los actuales.
Es necesario considerar reformas fiscales que sean redistributivas del ingreso, y no sólo con fines meramente recaudatorios. Los trabajadores mexicanos constantemente quedan al margen de los beneficios fiscales que pudieran traer las reformas y misceláneas fiscales, pues incluso son los menos escuchados en las discusiones de las reformas hacendaria y fiscal.
Señoras y señores senadores: los trabajadores mexicanos también requieren estímulos fiscales para enfrentar la crisis económica actual.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto mediante el cual se reforma la fracción X del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta
Artículo Único. Se reforma la fracción X del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:
Ley del Impuesto sobre la Renta
Artículo 109. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:
Transitorio
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Raúl Mejía González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el inciso a) de la fracción VI del artículo 66-A del Código Fiscal de la Federación.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados, la cual se anexa.
«Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el inciso a) de la fracción VI del Código Fiscal de la Federación, a cargo del senador Raúl Mejía González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
El suscrito, Raúl Mejía González, senador de la República a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el inciso a) de la fracción VI del artículo 66-A del Código Fiscal de la Federación con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Una de las funciones principales del Estado es determinar una base de impuestos, por medio de los cuales podrá allegarse de recursos necesarios para cumplir con su labor económica y social.
Esta base de impuestos o contribuciones que determina el Estado deben de respetar los principios de equidad, justicia, neutralidad, eficiencia, bajos costos administrativos y una eficaz ejecución de la política fiscal, tal y como lo establece la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Una buena política tributaria debe asignar de manera eficiente los recursos a sectores competitivos del país, debe de contar con una administración sencilla y de bajo costo, flexible ante el cambio de aspecto económico, respetar los principios de equidad y proporcionalidad dentro de un sistema progresivo y proporcionar de manera oportuna la aplicación de éstos y los resultados obtenidos.
Como es sabido, la política fiscal que el gobierno mexicano se ha planteado para elevar el nivel de recaudación no ha sido la correcta, pues incrementar las tasas no ha dado como resultado un aumento de captación de recursos y viceversa.
La toma de estas medidas ha propiciado la fuga de capitales hacia otros países que ofrecen una mayor estabilidad y ventaja financiera para los inversionistas, y un mayor descontento entre los contribuyentes que, en ocasiones, los conduce a incorporarse a la economía informal.
La violación de los principios constitucionales de equidad y proporcionalidad ha contribuido a una baja recaudación, así como a la evasión fiscal por parte de los contribuyentes.
Actualmente sólo el treinta por ciento de éstos cumple con su obligación tributaria, lo cual impide al gobierno allegarse de los recursos necesarios para cumplir con los proyectos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, que contribuyan a mejorar el bienestar social.
La elusión fiscal y el incumplimiento en el pago por parte del contribuyente se dan, en gran medida, porque la ciudadanía convive con un sistema tributario lleno de trámites y requisitos, así como sanciones y multas en muchas ocasiones aplicadas de manera injustificada.
Es de suma importancia que el sistema tributario de un país tenga como objetivo principal el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, a través de la determinación de contribuciones equitativas y certeza jurídica.
En la medida en que el contribuyente vea reflejados estos principios en su esfera jurídica, se irá incrementando la participación activa de éstos, pues tendrán pleno conocimiento de las consecuencias que se pueden generar por el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones.
Por otra parte, también es importante que el Sistema de Administración Tributaria agilice y simplifique los mecanismos de pago de contribuciones, pues los procesos complicados y la serie innumerable de requisitos que se le solicitan al contribuyente influyen indudablemente en su ánimo.
El éxito de algunos países en esta materia no solamente se debe a la transparencia en la utilización de los ingresos, sino también en una actitud de servicio por parte de las autoridades hacia los contribuyentes, es de suma importancia proporcionarle toda clase de facilidades y comodidades para el cumplimiento de sus obligaciones.
No hay que perder de vista que deben de conjuntarse ambas situaciones para cumplir con el objetivo. En la medida que se simplifique la legislación tributaria, así como el sistema recaudatorio, el incremento en la captación de contribuciones se elevará de manera considerable y el Estado se verá ampliamente beneficiado con los resultados de éste, pues además de cumplir con sus funciones, disminuirá considerablemente los gastos de operación.
En este orden de ideas, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación hizo un llamado al gobierno para que se den mayores facilidades a empresas con problemas de liquidez a fin de estar en posibilidad de dar cumplimiento al pago de impuestos, en vez de sancionarlas con multas, recargos y embargos.
El mes pasado el Ejecutivo federal informó que como medida de apoyo a los contribuyentes cumplidos, se plantea la posibilidad de reducir los tiempos de devolución de los saldos a favor que tengan los mismos, así como el pago en parcialidades de los impuestos generados antes de 2009, sin necesidad de otorgar alguna garantía.
Por tal motivo es urgente simplificar, aún más, los mecanismos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte del contribuyente y eliminar los obstáculos que la legislación pone al respecto, sobre todo cuando la conducta del contribuyente surge de manera voluntaria.
Incentivar este tipo de conductas es una tarea pendiente que debe de realizar inmediatamente el estado, sobretodo en estos tiempos de crisis, con la finalidad de comenzar a filtrar ente la población una política de cumplimiento de las obligaciones tributarias y coadyuvar en la lucha para evitar la evasión y elusión fiscal.
En la medida que los contribuyentes perciban una buena disposición por parte del gobierno para simplificar el sistema jurídico y recaudatorio, se elevará el nivel de confianza y aumentará la captación de los ingresos públicos.
En atención de lo anterior, es necesario crear el ambiente necesario para afrontar los problemas de liquidez que enfrentaran los contribuyentes y flexibilizar los sistemas de pago de las contribuciones, en apoyo de su economía.
A fin de incrementar la captación del pago de contribuciones a través de la celebración de convenios de pagos a plazos, de una manera justa y equitativa, sin tener que condicionar la autorización de estos al ejercicio fiscal siguiente a aquél en que se debe de pagar la contribución, es precisamente que se inscribe esta iniciativa.
Por todo ello, y de conformidad con lo expuesto, se propone la discusión y, en su caso, aprobación del siguiente proyecto de
Decreto
Único. Se deroga el inciso a) de la fracción VI del artículo 66-A del Código Fiscal de la Federación para quedar como sigue:
Artículo 66-A. Para los efectos de la autorización a que se refiere el artículo anterior se estará a lo siguiente:
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados, la cual se anexa.
«Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.--- Presentes.
Los suscritos, senadores de la República de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56, y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
La crisis económica mundial ha provocado la reacción de distintos frentes. En el caso de México, tanto autoridades como representaciones políticas han propuesto la implantación de diversas medidas para mitigar los efectos de la desaceleración del crecimiento sobre la economía de las familias mexicanas.
Particularmente, diversos senadores hemos presentado, entre otras, iniciativas cuyo contenido promueve la generación de estímulos fiscales para el desahogo de la apretada situación financiera que enfrenta la mayor parte de la población.
Ante tal realidad, una disminución de los tributos mexicanos se hace necesaria en un contexto de escasez, desempleo y poca estabilidad.
El caso que ahora nos ocupa es el relativo al impuesto a los depósitos en efectivo, que fue creado para buscar la posibilidad de generar mayores ingresos para el erario público, captando recursos de la economía informal que realiza sus depósitos en efectivo sin enterar ningún impuesto.
Sin embargo, la implantación de este impuesto no se ha traducido en mayores ingresos para el erario público. La reducción de los ingresos tributarios es constante y a enero de 2009, éstos presentaron un decrecimiento real del -1.7 por ciento, con lo cual queda claro que no necesariamente mayores impuestos equivalen a mayores recursos.
La coyuntura económica que enfrentamos pone en evidencia la necesidad de dotar a la economía de un mayor flujo de efectivo que promueva el consumo y la estabilidad del sistema financiero. Por ello consideramos necesaria la reducción al 1 por ciento de la tasa del impuesto a los depósitos en efectivo, así como ampliar el rango de exención a un monto acumulado de 40 mil pesos al mes.
El impuesto a los depósitos en efectivo es un golpe más no sólo para el sector productivo nacional, sino al bolsillo del ciudadano común que no cuenta con el asesoramiento de un contador público para realizar el acreditamiento correspondiente sobre el impuesto sobre la renta.
Al respecto, creemos que con estas propuestas no sólo contribuiremos a dar un respiro a la economía relativa al pago de este impuesto, sino también ofreceremos mejores condiciones para que los contribuyentes puedan enfrentar el pago de este tributo de una mejor manera.
Estamos conscientes de que la conformación y aplicación de este impuesto ha significado el esfuerzo de los ciudadanos y autoridades, de manera que no es posible pensar en su derogación total para estimular el mercado mexicano.
Si bien reconocemos la necesidad de generar mecanismos que contribuyan a captar ingresos tributarios por parte de la economía informal, es necesario también reconocer que este tipo de impuesto resta liquidez al sistema financiero en un momento de alta vulnerabilidad.
Asimismo, se debe destacar que el impuesto a los depósitos en efectivo está afectando a diversos sectores económicos que no necesariamente se encuentran en la informalidad, alterando el adecuado flujo de efectivo necesario para su operación, como es el caso del sector transportista, por mencionar sólo un ejemplo.
Es por ello que, en concordancia con el resto de las iniciativas que hemos presentado respecto a la implantación de diversos estímulos fiscales, consideramos que las modificaciones que hoy se ponen a su consideración, son una buena medida para dar paso a un sistema económico con mayor liquidez, consumo y estabilidad.
Debemos tener presente que la población y el sector productivo nacional demanda una reducción de impuestos para solventar los altos costos a los que se enfrenta, después de vivir día con día la mayor devaluación del peso mexicano, que sin duda tiene un efecto adverso sobre la liquidez del mercado mexicano.
Si bien es cierto que se requieren mayores recursos para el gobierno, también es cierto que por años el sector público pudo subsistir sin la existencia del impuesto a los depósitos en efectivo, de tal manera que una reducción a su tasa y la ampliación del rango de exención es no sólo posible sino urgente.
Nuevamente reitero lo que ya he dicho en otras ocasiones: solicito la solidaridad por parte de la federación para enfrentar esta crisis. Si el sector público requiere de mayores ingresos debe recurrir a la eficiencia, a la adecuada fiscalización y a la reducción del gasto corriente.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo
Artículo Único. Se reforma la fracción III del artículo 2o. y el párrafo primero del artículo 3o., ambos de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo para quedar como sigue:
Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo
Artículo 2. No estarán obligadas al pago del impuesto a los depósitos en efectivo
Artículo 3. El impuesto a los depósitos en efectivo se calculará aplicando la tasa de 1 por ciento al importe total de los depósitos gravados por esta ley.
Para los efectos de este artículo, se entenderá que el depósito corresponde al titular registrado de la cuenta. No obstante, mediante comunicación por escrito, dicho titular podrá solicitar a la institución del sistema financiero que el impuesto a los depósitos en efectivo se distribuya entre las personas que aparezcan en el contrato como sus cotitulares, en la proporción que señale en el escrito mencionado.
Transitorio
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
LEY GENERAL QUE ESTABLECE LAS BASES DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, de Estudios Legislativos, de Estudios Legislativos Primera, y de Estudios Legislativos Segunda, por el que se desecha la minuta proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 10 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En consecuencia, para efectos de lo dispuesto por la fracción D) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Arturo Herviz Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Comité de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados a instar a la Auditoría Superior de la Federación para que audite y evalúe la estructura del sistema de servicio profesional de carrera de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
La Presidencia dispuso dicho punto de acuerdo se turnara a la Cámara de Diputados, el cual se anexa.
«El suscrito, Arturo Herviz Reyes, senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del honorable Senado de la República, en el ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 67, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica, así como el 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar al Comité de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados a instar a la Auditoría Superior de la Federación para que audite y evalué la estructura del sistema de servicio profesional de carrera de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), porque se ha utilizado para crear una estructura política administrativa con fines electorales, que beneficiara al Partido Acción Nacional en los próximos comicios electorales, al tenor de la siguientes
Consideraciones
El próximo proceso político electoral, para conformar la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, está marcado por los escándalos de corrupción, por el desvío de los recursos públicos federales, el manejo de programas gubernamentales con fines electorales y la compra de votos.
El jefe máximo de la estrategia es Felipe Calderón Hinojosa, quien no tiene límites para violar las normas electorales. Está muy claro que Calderón Hinojosa está detrás del escándalo del director de la Lotería Nacional, Miguel Ángel Jiménez Godínez, quien participó en un intento de soborno electoral para publicitar las campañas de los candidatos panistas con cargo a la Lotería Nacional.
Es importante señalar que la impunidad es un rasgo distintivo del gobierno calderonista. En el intento de soborno electoral están presentes los intereses del Elba Esther Gordillo y la familia incomoda de los Mouriño Terrazo, dos lazos políticos que explican la corrupción e impunidad del gobierno panista.
Para confirmar estos señalamientos, el pasado domingo 12 de abril del presente el Partido Socialdemócrata (PSD) presentó una queja ante el Instituto Federal Electoral contra Felipe Calderón Hinojosa por la intromisión en el proceso electoral. El PSD señala que Calderón Hinojosa utilizó la infraestructura de la Presidencia de la República para anunciar el lanzamiento de la ex secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, como candidata a diputada federal por el PAN.
En este mismo sentido, los integrantes del la Unión Nacional de Trabajadores Agrícola de Morelos se apoderaron de la delegación de la Sagarpa para exigir la entrega de los proyectos productivos pendientes desde 2008, exigieron que se pongan en marcha las inversiones para el campo, obras públicas y programas de vivienda rural, denunciaron que se están jineteando los recursos públicos y los funcionarios federales han detenido los fondos para que los partidos y candidatos los ocupen en las próximas campañas electorales.
Estos hechos sólo son la punta del iceberg. Felipe Calderón Hinojosa, desde que inició la presente administración, desmanteló el sistema del servicio profesional de carrera de la administración pública federal para conformar una estructura política administrativa, cuyos cargos son cubiertos por militantes panistas y que tienen como principal objetivo apoyar desde las delegaciones del gobierno federal, en las entidades federativas, a los candidatos del PAN y así lograr la mayoría en la próxima Cámara de Diputados.
Los funcionarios públicos que acreditaron sus exámenes durante el periodo 2003-2006, dentro del servicio profesional de carrera, en las Secretarías de Energía, de Desarrollo Social, de Agricultura, de Educación Pública, de la Reforma Agraria, de Medio Ambiente, de Gobernación, de Trabajo y Previsión Social, de Economía, y de Hacienda y Crédito Público fueron despedidos de manera injustificada, violentando la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
En el caso concreto de la Sagarpa, el estratega de esta operación para desmantelar el servicio profesional de carrera es el ex director general de Desarrollo Humano y Profesionalización, Ignacio Chávez Aldana, quién recientemente fue nombrado secretario particular del titular de la Sagarpa.
Desde la Dirección General de Desarrollo Humano y Profesionalización, Chávez Aldana violentó la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, concretamente el artículo 34, contratando por diez meses a nivel nacional a todos los puestos vacantes desde el nivel de enlace PQ 2 hasta directores de área, siendo el personal contratado de filiación panista. Cabe señalar que estos puestos en ningún momento estuvieron vacantes.
Esta violación es grave, toda vez que las personas impuestas no cumplen con los perfiles profesionales requeridos por la citada norma, la mayoría de estos puestos son cubiertos por personas con niveles escolares de preparatoria, pasantes y sin ninguna experiencia profesional en el ramo, por ejemplo para los cargos de jefes de CADER: la norma establecía en la convocatoria que para ocupar este cargo se requiere una experiencia mínima de tres años y una carrera con título profesional en las áreas de ciencias agrícolas, biológicas, veterinarias, químico agrícolas y profesiones afines.
Estas disposiciones fueron violentadas por el licenciado Ignacio Chávez Aldana y flexibilizaron los requisitos para facilitar el ingresos de personas de filiación panista con miras al los próximos procesos electorales
Mediante el influyentismo también se aplicaron de manera discrecional exámenes; por citar señalaré el caso para seleccionar al jefe de distrito de la Sagarpa, situado en el municipio de Ciudad Alemán, Veracruz, donde el ingeniero Marco Antonio Arano Zuzunaga, con una trayectoria de más de veinte años y quien acreditó con una calificación de 9.6, fue excluido en el proceso de entrevista y se optó por el ingeniero Óscar Treviño Morín, quien obtuvo una calificación de 7.4, con una antigüedad de diez meses en la institución, y lo que facilitó su ingreso es su probada militancia panista.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Comité de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados a instar a la Auditoría Superior de la Federación para que audite y evalué la estructura del sistema de servicio profesional de carrera de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, porque se ha utilizado para crear una estructura política administrativa con fines electorales, que beneficiará al Partido Acción Nacional en los próximos comicios electorales
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Pido a la Secretaría que continúe con las minutas.
LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO- LEY ORGANICA DE NACIONAL FINANCIERA - LEY ORGANICA DEL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR - LEY ORGANICA DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS - LEY ORGANICA DEL BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA - LEY ORGANICA DEL BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS - LEY ORGANICA DE SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL - LEY ORGANICA DE LA FINANCIERA RURAL - LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Leyes de Instituciones de Crédito, Orgánica de Nacional Financiera, Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior, Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, Orgánica de la Financiera Rural, y General de Títulos y Operaciones de Crédito.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Minuta Proyecto de Decreto
Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, Orgánica de Nacional Financiera, Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior, Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, Orgánica de la Financiera Rural, y General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Artículo Primero. Se reforman los artículos 30, tercer párrafo; 31, primer párrafo, 40, 42, fracciones III, IX, X, XI Bis, XVIII, XIX y penúltimo párrafo; 44; 75, primer párrafo, fracciones II y III, segundo y antepenúltimo párrafos; 88, primer párrafo y 108 Bis, fracción I; se adicionan los artículos 44 Bis 1; 44 Bis 2; 44 Bis 3; 44 Bis 4; 44 Bis 5; 44 Bis 6; 44 Bis 7; 44 Bis 8; 44 Bis 9; 44 Bis 10; 44 Bis 11 y 47, con un párrafo último; 65, con un cuarto párrafo, pasando los actuales párrafos cuarto, quinto y sexto a ser los párrafos quinto, sexto y séptimo, respectivamente; 75, con una fracción IV; y se derogan los artículos 42, fracción VII, y 55 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito para quedar como sigue:
Artículo 30. ......
Las instituciones de banca de desarrollo tienen como objeto fundamental facilitar el acceso al financiamiento a personas físicas y morales, así como proporcionarles asistencia técnica y capacitación en términos de sus respectivas leyes orgánicas. En el desarrollo de sus funciones las instituciones referidas deberán preservar y mantener su capital, de conformidad con la estrategia y criterios que defina el Consejo Directivo, garantizando la sustentabilidad de su operación, mediante la canalización eficiente, prudente y transparente de recursos.
... .........
Artículo 31. Las instituciones de banca de desarrollo formularán anualmente sus programas operativos y financieros, sus presupuestos generales de gastos e inversiones, así como las estimaciones de ingresos. Las sociedades nacionales de crédito deberán someter a la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con los lineamientos, medidas y mecanismos que al efecto establezca, los límites de endeudamiento neto externo e interno; financiamiento neto y los límites de intermediación financiera. Para los efectos de este párrafo se entenderá como intermediación financiera la constitución neta de reservas crediticias preventivas más el déficit de operación de las instituciones de banca de desarrollo.
...
...
...
Artículo 40. La administración de las instituciones de banca de desarrollo estará encomendada a un consejo directivo y a un director general, en los términos de sus propias leyes orgánicas.
Artículo 42. ...
...
...
En los supuestos establecidos en las fracciones III y XV de este artículo, se requerirá de la autorización expresa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
...
Artículo 44. El control, evaluación y vigilancia de las instituciones de banca de desarrollo estará encomendado a
Dichos órganos tendrán exclusivamente la competencia que esta ley, las leyes orgánicas respectivas y demás disposiciones que deriven de ellas les asignen para efectos de su funcionamiento y el ejercicio de sus atribuciones.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores tendrá las atribuciones que esta ley y los demás ordenamientos jurídicos le confieren.
Artículo 44 Bis 1. El comité de auditoría se integrará por tres miembros, conforme a lo siguiente:
Los miembros del comité de auditoría, con excepción del consejero externo con carácter de independiente, deberán reunir los requisitos que para tal efecto determine la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para garantizar su capacidad técnica y profesionalismo. Al menos uno de los miembros mencionados deberá contar con experiencia en las áreas financieras o de auditoría y control interno.
Artículo 44 Bis 2. Los miembros del comité de auditoría podrán ser removidos por quien los haya designado, a propuesta del presidente del consejo, del titular de la Secretaría de la Función Pública, o del titular de la comisión, con acuerdo de su junta de gobierno.
Artículo 44 Bis 3. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores expedirá disposiciones de carácter general en las que se establecerá el funcionamiento, la periodicidad de las sesiones y la oportunidad y suficiencia de la información que deba considerar el comité de auditoría.
Artículo 44 Bis 4. El comité de auditoría tendrá las atribuciones siguientes:
Artículo 44 Bis 5. El titular de la auditoría interna será designado por el consejo directivo, a propuesta del comité de auditoría, dependerá únicamente de éste comité y tendrá las siguientes atribuciones:
Artículo 44 Bis 6. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitirá disposiciones de carácter general que regulen funcionamiento y operación de la auditoría interna con el fin de asegurar su independencia de las unidades de negocio de la institución. Dichas disposiciones establecerán, además, el perfil y requisitos que deberá reunir el titular de la auditoría interna.
Artículo 44 Bis 7. El auditor externo será designado por el consejo directivo, a propuesta del comité de auditoría, y tendrá las atribuciones y el perfil que se establezcan en las disposiciones de carácter general que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Artículo 44 Bis 8. La Secretaría de la Función Pública y el órgano interno de control, como excepción a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, sólo tendrán competencia para realizar el control, evaluación y vigilancia de las disposiciones administrativas que le sean aplicables a las instituciones de banca de desarrollo sobre
La Secretaría de la Función Pública y el órgano interno de control, como excepción de lo previsto en el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, no podrán realizar auditorías o investigaciones encaminadas a revisar aspectos distintos a los señalados expresamente en este artículo.
Asimismo, la Secretaría de la Función Pública y el órgano interno de control no podrán ejercer, en ningún caso, las facultades en materia de control, revisión, verificación, comprobación, evaluación y vigilancia que las disposiciones jurídicas aplicables conceden a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Banco de México, al comité de auditoría o a la auditoría interna, ni de las disposiciones que dichos órganos y el consejo expidan, en el ámbito de sus atribuciones.
Artículo 44 Bis 9. El titular del órgano interno de control será designado por la Secretaría de la Función Pública.
Artículo 44 Bis 10. El órgano interno de control estará facultado para recibir quejas y denuncias respecto de las actividades y servidores públicos de las instituciones de banca de desarrollo. Sin embargo, sólo podrán dar trámite a aquellas que se relacionen directamente con las materias de su competencia a que se refiere el artículo 44 Bis 8 de esta ley.
Las quejas y denuncias, que no se sitúen en el supuesto señalado en el párrafo anterior, deberán ser turnadas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o a la auditoría interna, para que procedan en el ejercicio de sus atribuciones.
Artículo 44 Bis 11. La Secretaría de la Función Pública y el órgano interno de control aplicarán la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos exclusivamente en las materias y en los términos a que se refiere el artículo 44 Bis 8.
La Secretaría de la Función Pública y el órgano interno de control podrán aplicar el ordenamiento mencionado en las demás materias, una vez que se verifique el supuesto previsto en la fracción VI del artículo 44 Bis 5 de esta ley.
Artículo 47. ... ............
A las instituciones de banca de desarrollo no les será aplicable lo previsto en el artículo 106, fracciones XVI y XVII, de esta ley.
Artículo 55 Bis. Se deroga.
Artículo 65. ... ......
A fin de mantener la operación de la planta productiva, las instituciones de banca de desarrollo podrán otorgar financiamiento para el cumplimiento de obligaciones asumidas. Asimismo, en aquellos casos que se requiera atención inmediata podrá otorgar créditos considerando integralmente la viabilidad del crédito con lo adecuado y suficiente de las garantías. En estos casos se requerirá autorización previa del consejo directivo de la institución.
En todos los casos deberá existir constancia de que los procedimientos de crédito se ajustaron a las políticas y. lineamientos que la propia institución de crédito hubiere establecido en los manuales que normen su proceso crediticio. En dichas políticas y lineamientos se deberán incluir los procedimientos relativos a crédito y operaciones con instrumentos financieros derivados no cotizados en bolsa, así como las aplicables a las contra partes.
Para la adecuada observancia de lo previsto en el presente artículo, las instituciones de crédito se ajustarán a las disposiciones de carácter prudencial que, en materia de crédito y administración de riesgos, expida la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para procurar la solvencia de las instituciones de crédito y proteger los intereses del público.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores vigilará que las instituciones de crédito observen debidamente lo dispuesto en el presente artículo.
Artículo 75. Las instituciones de crédito podrán realizar inversiones, adquirir obligaciones de compra o de venta de títulos representativos del capital o realizar aportaciones futuras de capital de sociedades distintas a las señaladas en los artículos 88 y 89 de esta ley, conforme a las bases siguientes:
La comisión o la secretaría, según corresponda, fijarán las medidas, condiciones y plazos de tenencia de las acciones, de acuerdo con la naturaleza y finalidades de las propias empresas. Cuando la institución mantenga el control de las empresas citadas y, a su vez, éstas realicen inversiones en otras, dichas empresas deberán sujetarse a lo dispuesto en esta fracción y computarán como si fueran realizadas por la institución, para efectos del límite a que se refiere el antepenúltimo párrafo de este artículo.
...
El importe total de las inversiones que cada institución realice con base en el presente artículo no excederá del treinta por ciento para las inversiones que se realicen en acciones cotizadas en bolsas de valores reconocidas por las autoridades financieras mexicanas, con base en la fracción I del presente artículo; ni del treinta por ciento para las inversiones que se realicen en acciones no cotizadas en las citadas bolsas de valores, con base en la fracción I del presente artículo, así como las realizadas conforme a las fracciones II, III y IV anteriores; ambos porcentajes de la parte básica del capital neto señalado en el artículo 50 de la presente ley. Para efecto del límite en las inversiones u obligaciones sobre acciones de empresas cotizadas en bolsas de valores, de las contenidas en la fracción I de este artículo, éste se calculará conforme a las disposiciones de carácter general a que se refiere el párrafo anterior, las cuales podrán prever los casos en los que se consideren las posiciones netas
...
...
Artículo 88. Las instituciones de crédito requerirán autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para invertir en títulos representativos del capital social de empresas que les presten servicios complementarios o auxiliares en su administración o en la realización de su objeto, así como de sociedades inmobiliarias que sean propietarias o administradoras de bienes destinados a sus oficinas.
...
...
Artículo 108 Bis. ...
Artículo Segundo. Se reforman los artículos 3; 5; 11; 18, primer párrafo; 21, fracciones II y III; 23 Bis, último párrafo; 24 y 30, primer párrafo; se adicionan los artículos 35 con un décimo párrafo, pasando a ser los actuales décimo y décimo primero, los párrafos décimo primero y décimo segundo, respectivamente, y 37; y se deroga el artículo 6 de la Ley Orgánica de Nacional Financiera, para quedar como sigue:
Artículo 3o. El domicilio de la sociedad será el que, dentro del territorio nacional, determine su reglamento orgánico. La sociedad podrá establecer o clausurar sucursales o agencias o cualquier otra clase de oficinas y nombrar corresponsales, en el país, previo aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o en el extranjero, con previa autorización de esta dependencia.
Artículo 5o. Para el cumplimiento de su objeto y con el fin de procurar el desarrollo, eficiencia y competitividad de los sectores que tiene encomendados, la sociedad estará facultada para
La sociedad deberá contar con la infraestructura necesaria para la adecuada prestación de servicios y realización de operaciones, en las distintas regiones del país y en el extranjero.
Artículo 6o. Se deroga.
Artículo 11. En los contratos de fideicomiso que celebre la sociedad, ésta podrá actuar en el mismo negocio como fiduciaria y como fideicomisaria y realizar operaciones con la propia sociedad en el cumplimiento de fideicomisos.
Artículo 18. El consejo directivo se reunirá por lo menos seis veces al año y sesionará válidamente con la asistencia de seis o más consejeros, siempre y cuando entre ellos se encuentre un mínimo de cuatro de los nombrados por la serie A.
...
...
Artículo 21. También serán facultades del consejo directivo, en los términos de la Ley de Instituciones de Crédito, las siguientes:
Artículo 23 Bis. ...
Artículo 24. La vigilancia de la sociedad se realizará por los órganos y en los términos señalados en la Ley de Instituciones de Crédito.
Artículo 30. La participación que realice Nacional Financiera en el capital social de empresas a que se refiere la fracción XVI del artículo 5 de esta ley, se sujetará a las siguientes bases:
Artículo 35. ...
...
...
...
...
...
...
...
...
La Secretaría de la Función Pública y la Subsecretaría de Egresos establecerán criterios en materia de estructura ocupacional, movimientos salariales y prestaciones, los cuales deberán ser observados por el comité. Asimismo, la sociedad proporcionará a la secretaría y subsecretaría señaladas la información que soliciten.
Este comité sesionará a petición del director general de la sociedad, quien enviará la convocatoria respectiva a los miembros del mismo, en donde establecerá el orden del día, así como el lugar y fecha para la celebración de la sesión. De entre los miembros del comité se designará a un presidente y sus decisiones se tomarán por mayoría de votos. El subsecretario de Hacienda y Crédito Público contará con voto de calidad en caso de empate. Asimismo, el comité contará con un secretario técnico, quien tendrá voz, pero sin voto.
Salvo el consejero independiente y el profesional con experiencia en el área de recursos humanos, los demás miembros del comité contarán con sus respectivos suplentes, quienes serán preferentemente servidores públicos del nivel inferior inmediato siguiente y deberán tener cuando menos nivel de director general.
Artículo 37. La sociedad prestará los servicios de asistencia y defensa legal a los integrantes de su consejo directivo y a los servidores públicos que laboren en la propia institución, con respecto a los actos que dichas personas realicen en el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas por ley y de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emitan las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública.
La mencionada asistencia y defensa se proporcionará aun cuando las personas indicadas dejen de desempeñar sus funciones o prestar sus servicios a la sociedad, siempre que se trate de actos realizados en el desempeño de sus funciones o actividades al servicio de la sociedad.
La asistencia y defensa legal se proporcionará con cargo a los recursos con los que cuente la sociedad para estos fines, de acuerdo con los lineamientos de carácter general que apruebe su consejo directivo. En caso de que alguna autoridad competente dicte al sujeto de la asistencia legal resolución definitiva que cause ejecutoria en su contra, dicha persona deberá rembolsar a la sociedad los gastos y cualquier otra erogación que ésta hubiera efectuado con motivo de la asistencia y defensa legal.
Artículo Tercero. Se reforman los artículos 3, 17, primer párrafo, 18 Bis, último párrafo, y 26; y se adicionan los artículos 34 con un décimo párrafo, pasando los actuales párrafos décimo y décimo primero a ser décimo primero y décimo segundo, respectivamente, y 36 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior, para quedar como sigue:
Artículo 3o. El domicilio del Banco Nacional de Comercio. Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, será el que se determine en su reglamento orgánico. La sociedad podrá establecer o clausurar sucursales o agencias o cualquier otra clase de oficinas y nombrar corresponsales, en el país, previo aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o en el extranjero con previa autorización de esta dependencia.
Artículo 17. El consejo directivo se reunirá por lo menos seis veces al año y sesionará válidamente con la asistencia de siete consejeros, siempre y cuando entre ellos se encuentren por lo menos cuatro de los nombrados por la serie A.
......
Artículo 18 Bis. ...
Artículo 26. La vigilancia de la sociedad se realizará por los órganos y en los términos señalados en la Ley de Instituciones de Crédito.
Artículo 34. ...
...
...
...
...
...
...
...
...
La Secretaría de la Función Pública y la Subsecretaría de Egresos establecerán criterios en materia de estructura ocupacional, movimientos salariales y prestaciones, los cuales deberán ser observados por el comité. Asimismo, la sociedad proporcionará a la secretaría y subsecretaría señaladas la información que soliciten.
Este comité sesionará a petición del director general de la sociedad, quien enviará la convocatoria respectiva a los miembros del mismo, en donde establecerá el orden del día, así como el lugar y fecha para la celebración de la sesión. De entre los miembros del comité se designará a un presidente y sus decisiones se tomarán por mayoría de votos. El subsecretario de Hacienda y Crédito Público contará con voto de calidad en caso de empate. Asimismo, el comité contará con un secretario técnico, quien tendrá voz, pero sin voto.
Salvo el consejero independiente y el profesional con experiencia en el área de recursos humanos, los demás miembros del comité contarán con sus respectivos suplentes, quienes serán preferentemente servidores públicos del nivel inferior inmediato siguiente y deberán tener cuando menos nivel de director general.
Artículo 36. La sociedad prestará los servicios de asistencia y defensa legal a los integrantes de su consejo directivo y a los servidores públicos que laboren en la propia institución, con respecto a los actos que dichas personas realicen en el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas por ley.
La mencionada asistencia y defensa se proporcionará aun cuando las personas indicadas dejen de desempeñar sus funciones o prestar sus servicios a la sociedad, siempre que se trate de actos realizados en el desempeño de sus funciones o actividades al servicio de la sociedad.
La asistencia y defensa legal se proporcionará con cargo a los recursos con los que cuente la sociedad para estos fines, de acuerdo con los lineamientos de carácter general que apruebe su consejo directivo. En caso de que la autoridad competente dicte al sujeto de la asistencia legal resolución definitiva que cause ejecutoria en su contra, dicha persona deberá rembolsar a la sociedad los gastos y cualquier otra erogación que ésta hubiera efectuado con motivo de la asistencia y defensa legal.
Artículo Cuarto. Se reforman los artículos 3o., primer párrafo, 4o., 7o., fracción VI, 9o., 18, primer párrafo, 23, fracción VII, 24 y 24 Bis, último párrafo; y se adicionan los artículos 32 con un décimo párrafo, pasando a ser los actuales décimo y décimo primero, los párrafos décimo primero y décimo segundo, respectivamente, y 35 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, para quedar como sigue:
Artículo 3o. El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, como institución de banca de desarrollo, tendrá por objeto financiar, refinanciar o apoyar proyectos relacionados directa o indirectamente con inversión pública o privada en infraestructura y servicios públicos, así como coadyuvar al fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, estatales y municipales, con el propósito de contribuir al desarrollo sustentable del país.
...
Artículo 4o. El domicilio del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, será el que se fije en su reglamento orgánico. La sociedad podrá establecer o clausurar sucursales o agencias o cualquier otra clase de oficinas y nombrar corresponsales en el país, previo aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o en el extranjero, con previa autorización de esta dependencia.
Artículo 7o. ...
Artículo 9o. En los contratos de fideicomiso que celebre la sociedad, ésta podrá actuar en el mismo negocio como fiduciaria y como fideicomisaria y realizar operaciones con la propia sociedad en el cumplimiento de fideicomisos.
Artículo 18. El consejo directivo se reunirá por lo menos seis veces al año y sesionará válidamente con la asistencia de cinco consejeros, siempre y cuando, entre ellos se encuentren por lo menos tres de los nombrados por la serie A.
...
...
Artículo 23. ...
Artículo 24. La vigilancia de la sociedad se realizará por los órganos y en los términos señalados en la Ley de Instituciones de Crédito.
Artículo 24 Bis. ...
Artículo 32. ...
...
...
...
...
...
...
...
...
La Secretaría de la Función Pública y la Subsecretaría de Egresos establecerán criterios en materia de estructura ocupacional, movimientos salariales y prestaciones, los cuales deberán ser observados por el comité. Asimismo, la sociedad proporcionará a la secretaría y subsecretaría señaladas la información que soliciten.
Este comité sesionará a petición del director general de la sociedad, quien enviará la convocatoria respectiva a los miembros del mismo, en donde establecerá el orden del día, así como el lugar y fecha para la celebración de la sesión. De entre los miembros del comité se designará a un presidente y sus decisiones se tomarán por mayoría de votos. El subsecretario de Hacienda y Crédito Público contará con voto de calidad en caso de empate. Asimismo, el comité contará con un secretario técnico, quien tendrá voz, pero sin voto.
Salvo el consejero independiente y el profesional con experiencia en el área de recursos humanos, los demás miembros del comité contarán con sus respectivos suplentes, quienes serán preferentemente servidores públicos del nivel inferior inmediato siguiente y deberán tener cuando menos nivel de director general.
Artículo 35. La sociedad prestará los servicios de asistencia y defensa legal a los integrantes de su consejo directivo ya los servidores públicos que laboren en la propia institución, con respecto a los actos que dichas personas realicen en el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas por ley y de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emitan las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública.
La mencionada asistencia y defensa se proporcionará aun cuando las personas indicadas dejen de desempeñar sus funciones o prestar sus servicios a la sociedad, siempre que se trate de actos realizados en el desempeño de sus funciones o actividades al servicio de la sociedad.
La asistencia y defensa legal se proporcionará con cargo a los recursos con los que cuente la sociedad para estos fines, de acuerdo con los lineamientos de carácter general que apruebe su consejo directivo. En caso de que alguna autoridad competente dicte al sujeto de la asistencia legal resolución definitiva que cause ejecutoria en su contra, dicha persona deberá rembolsar a la sociedad los gastos y cualquier otra erogación que ésta hubiera efectuado con motivo de la asistencia y defensa legal.
Artículo Quinto. Se reforman los artículos 4o., 11, 15, 19, 23, la denominación del capítulo IV, los artículos 27, primer párrafo, 31, 33, 40, primer párrafo, 44, fracciones IV y V, 46 Bis, último párrafo y 47; se adicionan los artículos 44, fracciones VI, VII y VIII, 57 con un décimo párrafo, pasando a ser los actuales décimo y décimo primero, los párrafos décimo primero y décimo segundo, respectivamente, y 58; y se derogan los artículos 28, 30 y 32 de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, para quedar como sigue:
Artículo 4o. El domicilio del Banco Nacional Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, será el que se fije en su reglamento orgánico. La sociedad podrá establecer o clausurar sucursales o agencias o cualquier otra clase de oficinas y nombrar corresponsales en el país, previo aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o en el extranjero, con previa autorización de esta dependencia.
Artículo 11. Los generales, jefes y oficiales o sus equivalentes en la Armada, en servicio activo, constituirán el fondo de ahorro con aportaciones quincenales de acuerdo al porcentaje que se establezca en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Para este fin, el gobierno federal efectuará una aportación por el mismo monto. Estos fondos generarán un interés a favor de los titulares, que se determinará con base en la política que establezca el consejo directivo, con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 15. El porcentaje de los haberes del personal de tropa o sus equivalentes en la Armada, para realizar la aportación a que se refiere el artículo anterior, será el establecido en la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Artículo 19. Los fondos de ahorro y de trabajo son inembargables. Sólo podrán afectarse por adeudos exigibles a cargo del militar, que sean consecuencia de las operaciones previstas en esta ley, o por disposición judicial en el caso de alimentos.
Los fondos de ahorro y de trabajo que en el transcurso de tres años no hayan tenido movimientos por depósitos o retiros prescribirán a favor del gobierno federal, previo aviso por escrito en el domicilio del titular que conste en el expediente respectivo, con al menos treinta días naturales de antelación, a efecto de que se presente a reclamar los derechos que le correspondan. No se considerarán movimientos a los cobros de comisiones que realicen las instituciones de banca de desarrollo.
La sociedad transferirá dichos recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos que esta dependencia señale, misma que los distribuirá entre las Secretarías de la Defensa Nacional, y de Marina en la proporción que hubiese correspondido a su personal cuyos fondos no hubieren registrado movimiento en los términos señalados en el párrafo anterior, previa constitución de un fondo de contingencia para enfrentar posibles reclamaciones, por el monto que determine anualmente el consejo directivo.
Las Secretarías de la Defensa Nacional, y de Marina aportarán estos recursos a un fondo que se deberá constituir en la sociedad, a efecto de destinarlos a la ejecución de programas de estímulos económicos que determinen dichas dependencias a favor del personal del Ejército, la Armada y de la Fuerza Aérea que participen de forma destacada en acciones de seguridad interior de la federación o, en su caso, sus beneficiarios.
Artículo 23. El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, administrará los recursos afectos a los fondos de ahorro y de trabajo, los cuales se destinarán al otorgamiento de préstamos de acuerdo con los términos y condiciones autorizados por el consejo directivo y los requisitos previstos en esta ley. Las cantidades no utilizadas serán invertidas para fomentar y financiar las actividades que le han sido encomendadas a la sociedad en su carácter de banca de desarrollo.
Capítulo IV Préstamos de Corto y Mediano Plazo
Artículo 27. La sociedad podrá otorgar préstamos de corto y mediano plazo, de acuerdo con los recursos disponibles para este fin:
Artículo 28. Se deroga.
Artículo 30. Se deroga.
Artículo 31. Los préstamos de corto y mediano plazo se otorgarán conforme a las reglas que al efecto expida el consejo directivo.
Artículo 32. Se deroga.
Artículo 33. Los adeudos por concepto de préstamos que no fueran cubiertos por los militares podrán ser descontados, después de seis meses de su vencimiento o en un plazo menor con autorización del acreditado, a sus fondos de ahorro o de trabajo, y en cuanto a los militares con haber de retiro y a los pensionistas, los mismos se descontaran de los haberes de retiro o percepciones que disfruten. Las políticas para los descuentos a que se refiere este artículo serán aprobadas por el consejo directivo.
Articulo 40. El consejo directivo se reunirá por lo menos seis veces al año y sesionará válidamente con la asistencia de cinco consejeros.
...
...
Artículo 44. ...
Artículo 46 Bis. ...
Artículo 47. La vigilancia de la sociedad se realizará por los órganos y en los términos señalados en la Ley de Instituciones de Crédito.
Articulo 57. ...
...
...
...
...
...
...
...
...
La Secretaría de la Función Pública y la Subsecretaría de Egresos establecerán criterios en materia de estructura ocupacional, movimientos salariales y prestaciones, los cuales deberán ser observados por el comité. Asimismo, la sociedad proporcionará a la secretaría y subsecretaría señaladas la información que soliciten.
Este comité sesionará a petición del director general de la sociedad, quien enviará la convocatoria respectiva a los miembros del mismo, en donde establecerá el orden del día, así como el lugar y fecha para la celebración de la sesión. De entre los miembros del comité se designará a un presidente y sus decisiones se tomarán por mayoría de votos. El subsecretario de Hacienda y Crédito Público contará con voto de calidad en caso de empate. Asimismo, el comité contará con un secretario técnico, quien tendrá voz, pero sin voto.
Salvo el consejero independiente y el profesional con experiencia en el área de recursos humanos, los demás miembros del comité contarán con sus respectivos suplentes, quienes serán preferentemente servidores públicos del nivel inferior inmediato siguiente y deberán tener cuando menos nivel de director general.
Artículo 58. La sociedad prestará los servicios de asistencia y defensa legal a los integrantes de su consejo directivo y a los servidores públicos que laboren en la propia institución, con respecto a los actos que dichas personas realicen en el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas por ley y de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emitan las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública.
La mencionada asistencia y defensa se proporcionará aun cuando las personas indicadas dejen de desempeñar sus funciones o prestar sus servicios a la sociedad, siempre que se trate de actos realizados en el desempeño de sus funciones o actividades al servicio de la sociedad.
La asistencia y defensa legal se proporcionará con cargo a los recursos con los que cuente la sociedad para estos fines, de acuerdo con los lineamientos de carácter general que apruebe su consejo directivo. En caso de que alguna autoridad competente dicte al sujeto de la asistencia legal resolución definitiva que cause ejecutoria en su contra, dicha persona deberá rembolsar a la sociedad los gastos y cualquier otra erogación que ésta hubiere efectuado con motivo de la asistencia y defensa legal.
Artículo Sexto. Se reforman los artículos 4; 20, último párrafo; 22, fracción V; 25, fracciones V y IX, y 27; se adicionan los artículos 23, con un décimo párrafo, pasando a ser los actuales décimo y décimo primero, los párrafos décimo primero y décimo segundo, respectivamente, y 37 Bis; y se deroga el artículo 35 de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, para quedar como sigue:
Artículo 4. El domicilio del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, sociedad nacional de crédito, institución de banca de desarrollo, será el que determine su reglamento orgánico. La institución podrá establecer o clausurar sucursales o agencias o cualquier otra clase de oficinas y nombrar corresponsales en el país, previo aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o en el extranjero, con previa autorización de esta dependencia.
Artículo 20. ...
Artículo 22. ...
...
Artículo 23. ...
...
...
...
...
...
...
...
...
La Secretaría de la Función Pública y la Subsecretaría de Egresos establecerán criterios en materia de estructura ocupacional, movimientos salariales y prestaciones, los cuales deberán ser observados por el comité. Asimismo, la institución proporcionará a la secretaría y subsecretaria señaladas la información que soliciten.
Este comité sesionará a petición del director general de la institución, quien enviará la convocatoria respectiva a los miembros del mismo, en donde establecerá el orden del día, así como el lugar y fecha para la celebración de la sesión. De entre los miembros del comité se designará a un presidente y sus decisiones se tomarán por mayoría de votos. El subsecretario de Hacienda y Crédito Público contará con voto de calidad en caso de empate. Asimismo, el comité contará con un secretario técnico, quien tendrá voz, pero sin voto.
Salvo el consejero independiente y el profesional con experiencia en el área de recursos humanos, los demás miembros del comité contarán con sus respectivos suplentes, quienes serán preferentemente servidores públicos del nivel inferior inmediato siguiente y deberán tener cuando menos nivel de director general.
Artículo 25. ...
Artículo 27. La vigilancia de la sociedad se realizará por los órganos y en los términos señalados en la Ley de Instituciones de Crédito.
Artículo 35. Se deroga.
Artículo 37 Bis. La sociedad prestará los servicios de asistencia y defensa legal a los integrantes de su consejo directivo y a los servidores públicos que laboren en la propia institución, con respecto a los actos que dichas personas realicen en el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas por ley y de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emitan las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública.
La mencionada asistencia y defensa se proporcionará aun cuando las personas indicadas dejen de desempeñar sus funciones o prestar sus servicios a la sociedad, siempre que se trate de actos realizados en el desempeño de sus funciones o actividades al servicio de la sociedad.
La asistencia y defensa legal se proporcionará con cargo a los recursos con los que cuente la sociedad para estos fines, de acuerdo con los lineamientos de carácter general que apruebe su consejo directivo. En caso de que alguna autoridad competente dicte al sujeto de la asistencia legal resolución definitiva que cause ejecutoria en su contra, dicha persona deberá rembolsar a la sociedad los gastos y cualquier otra erogación que ésta hubiere efectuado con motivo de la asistencia y defensa legal.
Artículo Séptimo. Se reforman los artículos 4, fracción VI; 5; 18, penúltimo párrafo; 22, fracción III, y 23; y se adiciona el artículo 31, con un cuarto párrafo, pasando los actuales párrafos cuarto y quinto a ser párrafo quinto y sexto, respectivamente; y se derogan los artículos 20, fracción X, y 23 Bis, de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, para quedar como sigue:
Artículo 4. ...
Artículo 5. Las operaciones a que se refiere el artículo 4o. deberán contratarse en términos que guarden congruencia con la consecución del objetivo de la sociedad y con la sana administración de su patrimonio. Con este propósito, cualquier financiamiento que otorgue la sociedad deberá contar con garantía o satisfacer los criterios que defina su consejo directivo.
Artículo 18. ...
Se podrá remover de su cargo al director general de la sociedad y a los Directores Generales de las instituciones de seguros a que se refiere la fracción X Bis del artículo 4 de esta ley, cuando incumplan sin justificación los planes de trabajo y cuando se obtengan pérdidas financieras injustificadas, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.
Artículo 20. ...
Artículo 22. ...
Artículo 23. La vigilancia de la sociedad se realizará por los órganos y en los términos señalados en la Ley de Instituciones de Crédito.
Artículo 23 Bis. Se deroga.
Artículo 31. ...
...
...
...
La Secretaría de la Función Pública y la Subsecretaría de Egresos establecerán criterios en materia de estructura ocupacional, movimientos salariales y prestaciones, los cuales deberán ser observados por el comité. Asimismo, la sociedad proporcionará a la Secretaría y Subsecretaría señaladas la información que soliciten.
Salvo los consejeros externos y la persona designada por el consejo directivo en términos del primer párrafo de este artículo, los demás miembros del comité contarán con sus respectivos suplentes, quienes serán preferentemente servidores públicos del nivel inferior inmediato siguiente al de los propietarios y deberán tener, cuando menos, nivel de director general en la administración pública federal centralizada, o su equivalente.
Artículo Octavo. Se reforman los artículos 7o., fracción XXIII, y último párrafo, pasando la actual fracción XXIII a ser la fracción XXIV; 9; 31; 33, fracciones I, XII, XIII, XV, XVIII, XXI, XXIV y XXIX; 36, último párrafo; 39, fracciones II y IV; 40, fracciones I y II; 44, fracciones XIII y XIV, y último párrafo, pasando la actual fracción XIV a ser fracción XV respectivamente; 50; 52, y 59; se adicionan los artículos 7, con una nueva fracción XXIII; 8 Bis; 42, con un párrafo cuarto, pasando los actuales párrafos cuarto y quinto a ser quinto y sexto, respectivamente, y 61; y se derogan los artículos 21; 33, fracciones XIV, XXVIII y XXX; 51 y 58 de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, para quedar como sigue:
Artículo 7o. ...
Salvo lo previsto en la fracción XXIII, la financiera no podrá celebrar operaciones que permitan captar de manera directa o indirecta recursos del público o de cualquier otro intermediario financiero.
Artículo 8 Bis. El gobierno federal responderá en todo tiempo de las operaciones pasivas concertadas por Financiera Rural con la banca de desarrollo, los fideicomisos públicos de fomento económico y los organismos financieros internacionales.
Artículo 9. El otorgamiento de los préstamos o créditos a productores se ajustarán a los montos, instancias de autorización y lineamientos que apruebe el consejo.
Los préstamos o créditos que sean materia de autorización por parte del consejo deberán ser previamente opinados por el Comité de Crédito.
Los préstamos o créditos que sean aprobados por el consejo otorgados en un año, no podrán exceder del porcentaje del total de la cartera crediticia de la financiera que determine anualmente el consejo.
Artículo 21. Se deroga.
...
Artículo 31. El consejo se reunirá, por lo menos, seis veces al año. El presidente podrá convocar a sesión ordinaria o extraordinaria cuando lo estime necesario, así como a petición de la mayoría de los consejeros o del director general, a través del secretario del consejo.
...
Artículo 33. ...
Artículo 36. ...
Artículo 39. ...
Artículo 40. ...
Artículo 42. ...
La Secretaría de la Función Pública y la Subsecretaría de Egresos establecerán criterios en materia de estructura ocupacional, movimientos salariales y prestaciones, los cuales deberán ser observados por el comité. Asimismo, la financiera proporcionará a la secretaría y subsecretaría señaladas la información que soliciten.
Este comité sesionará a petición del director general de la financiera, quien enviará la convocatoria respectiva a los miembros del mismo, en donde establecerá el orden del día, así como el lugar y fecha para la celebración de la sesión. De entre los miembros del comité se designará a un presidente y sus decisiones se tomarán por mayoría de votos. El subsecretario de Hacienda y Crédito Público contará con voto de calidad en caso de empate. Asimismo, el comité contará con un secretario técnico, quien tendrá voz, pero sin voto.
Salvo el consejero independiente y el profesional con experiencia en el área de recursos humanos, los demás miembros del comité contarán con sus respectivos suplentes, quienes serán preferentemente servidores públicos del nivel inferior inmediato siguiente y deberán tener cuando menos nivel de director general.
Artículo 44. ...
Las facultades del director general previstas en las fracciones III, IV, V, VI y VII de este artículo serán indelegables.
Artículo 50. La vigilancia de la financiera se realizará por los órganos y en los términos señalados en la Ley de Instituciones de Crédito.
Respecto de la vigilancia de la financiera no será aplicable lo dispuesto en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Artículo 51. Se deroga.
Artículo 52. La comisión emitirá las reglas prudenciales, de registro de operaciones, de información financiera y para la estimación de activos de la financiera. Asimismo, será la encargada de supervisar y vigilar, en términos de su ley, que las operaciones de la financiera se ajusten a lo establecido en la presente ley.
La comisión podrá establecer programas preventivos o correctivos de cumplimiento forzoso, tendientes a eliminar irregularidades o desequilibrios financieros que puedan afectar la liquidez, solvencia o estabilidad de la financiera. En todo caso, los programas se instrumentarán mediante acuerdo con la financiera.
El incumplimiento o violación a la presente ley se sancionará con multa que impondrá la comisión equivalente de cien a cincuenta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Para la imposición de las multas se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 110 de la Ley de Instituciones de Crédito, cargando su importe contra el patrimonio líquido de la financiera.
En el ejercicio de sus responsabilidades, la comisión deberá considerar la naturaleza y el objeto propios de la Financiera.
Artículo 58. Se deroga.
Artículo 59. Los ilícitos que se cometan en contra de la financiera serán sancionados, en lo conducente, de conformidad con lo previsto en la Ley de Instituciones de Crédito, el Código Penal Federal y en las demás disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 61. La sociedad prestará los servicios de asistencia y defensa legal a los integrantes de su consejo directivo y a los servidores públicos que laboren en la propia institución, con respecto a los actos que dichas personas realicen en el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas por ley y de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emitan las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública.
La mencionada asistencia y defensa se proporcionará aun cuando las personas indicadas dejen de desempeñar sus funciones o prestar sus servicios a la sociedad, siempre que se trate de actos realizados en el desempeño de sus funciones o actividades al servicio de la sociedad.
La asistencia y defensa legal se proporcionará con cargo a los recursos con los que cuente la sociedad para estos fines, de acuerdo con los lineamientos de carácter general que apruebe su consejo directivo. En caso de que alguna autoridad competente dicte al sujeto de la asistencia legal resolución definitiva que cause ejecutoria en su contra, dicha persona deberá rembolsar a la sociedad los gastos y cualquier otra erogación que ésta hubiere efectuado con motivo de la asistencia y defensa legal.
Artículo Noveno. Se reforma el artículo 228 H de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para quedar como sigue:
Artículo 228 H. El monto total nominal de una emisión de certificados de participación será fijado mediante dictamen que formule alguna sociedad nacional de crédito, previo peritaje que practique de los bienes fideicomitidos materia de esa emisión.
La sociedad nacional de crédito, al formular su dictamen y fijar el monto total nominal de una emisión, tomará como base el valor comercial de los bienes y si se tratare de certificados amortizables estimarán sobre éste un margen prudente de seguridad para la inversión de los tenedores correspondientes. El dictamen que se formule por dichas instituciones será definitivo.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. En un plazo de sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, las sociedades nacionales de crédito deberán extinguir el fideicomiso constituido en términos del artículo 55 bis de la Ley de Instituciones de Crédito.
Tercero. El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Economía, en su carácter de dependencia coordinadora de sector, deberá llevar a cabo el proceso de desincorporación mediante extinción, del Fideicomiso de Fomento Minero.
Cuarto. La extinción del Fideicomiso de Fomento Minero se llevará a cabo de acuerdo con lo siguiente:
Quinto. Para efectos de la reforma al artículo 19 de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada y en relación con las fondos existentes a la entrada en vigor de este decreto, el plazo de tres años previsto en dicho precepto empezará a contar a partir de la entrada en vigor de este decreto, independientemente del tiempo en que los fondos de ahorro y de trabajo no hayan tenido movimientos por depósitos o retiros con anterioridad a dicha entrada en vigor.
Sexto. De acuerdo con lo previsto en el artículo tercero transitorio de la Ley Agraria, y para efectos de lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley Federal de la Reforma Agraria, las expropiaciones de los bienes ejidales y comunales a que se refiere dicho artículo deberán realizarse a favor del gobierno federal. Los avalúos de los referidos bienes los efectuará el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y la venta de los mismos se realizará a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
Séptimo. Para efectos de lo previsto en el presente decreto deberá observarse lo siguiente:
Octavo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto.
Noveno. El Congreso de la Unión, por conducto de sus comisiones competentes y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberán estudiar y proponer reformas adicionales al marco normativo de la banca de desarrollo, que permitan avanzar en su fortalecimiento como herramienta fundamental de política económica y de las políticas sectoriales.
El estudio integral y la propuesta que del mismo derive deberán abordar los siguientes aspectos:
El Ejecutivo federal deberá presentar la Iniciativa correspondiente a más tardar el 8 de octubre de 2009.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Hago referencia a mi anterior oficio número DGPL-2P3A.-12049, del 28 de abril pasado, por el que el Senado de la República remitió a la Cámara de Diputados el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes de Instituciones de Crédito; Orgánicas de Nacional Financiera, del Banco Nacional de Comercio exterior, del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada; del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, de la Sociedad Hipotecaria Federal, de la Financiera Rural; y General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Sobre el particular anexo me permito remitir una fe de erratas al artículo 61 de la Ley Orgánica de la Financiera Rural.
«Fe de erratas a la modificación del artículo 61 de la Ley Orgánica de la Financiera Rural
El artículo 4o., fracción IV, de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, señala que la Financiera Rural se identificará a lo largo de la Ley como la ``Financiera''. A fin de ajustar la denominación al término legal establecido en la ley, se propone sustituir la palabra ``Sociedad'' por ``Financiera''.
El texto como quedó aprobado dice:
Debe decir:
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Minuta Proyecto de Decreto
Por el que se reforma el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Artículo Único. Se reforman los artículos 65, fracciones I, en sus dos párrafos, y III, párrafo tercero; y 70 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:
Artículo 65. ...
...
Artículo 70. En contra de la resolución de inconformidad que dicte la Secretaría de la Función Pública se podrá interponer el recurso que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, impugnarla directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de la Función Pública. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Minuta Proyecto de Decreto
Por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor
Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:
Artículo 7 Bis. ...
Dicho monto deberá incluir el precio, así como los conceptos siguientes: impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación adicional que se requiera cubrir con motivo de la adquisición o contratación respectiva, sea ésta al contado o a crédito, los cuales deberán aparecer claramente desglosados.
Transitorio
Primero. La presente adición entrará en vigor a los 120 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Economía. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
LEY DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto que expide la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Minuta Proyecto de Decreto
Que expide la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores
Artículo Único. Se expide la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, para quedar como sigue:
Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores
Título Primero Disposiciones generales
Artículo 1o. La presente ley tiene por objeto promover y regular la instrumentación de esquemas de ayuda alimentaria en beneficio de los trabajadores, con el propósito de mejorar su estado nutricional, así como de prevenir las enfermedades vinculadas con una alimentación deficiente y proteger la salud en el ámbito ocupacional.
Esta ley es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de interés social.
Artículo 2o. Para efectos de la presente Ley se entenderá por:
Artículo 3o. Los patrones podrán optar, de manera voluntaria o concertada, por otorgar a sus trabajadores ayuda alimentaria en alguna de las modalidades establecidas en esta ley o mediante combinaciones de éstas.
Se entenderá que un patrón ha optado concertadamente por otorgar ayuda alimentaria, cuando ese beneficio quede incorporado en un contrato colectivo de trabajo.
Artículo 4o. Únicamente los patrones que otorguen a sus trabajadores ayuda alimentaria en las modalidades y bajo las condiciones establecidas en el presente ordenamiento podrán recibir los beneficios fiscales contemplados en esta ley.
Título Segundo Ayuda alimentaria
Capítulo I Objetivo de la ayuda alimentaria
Artículo 5o. La ayuda alimentaria tendrá como objetivo que los trabajadores se beneficien del consumo de una dieta correcta. Las características específicas de una dieta correcta serán las que la Secretaría de Salud establezca en las normas.
Artículo 6o. La Secretaría de Salud, en coordinación con la secretaría, definirá e instrumentará campañas nacionales, dirigidas específicamente a los trabajadores, en materia de promoción de la salud y orientación alimentaria, incluyendo mensajes para mejorar su estado nutricional y prevenir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad.
Capítulo II Modalidades de ayuda alimentaria
Artículo. 7o. Los patrones podrán establecer esquemas de ayuda alimentaria para los trabajadores mediante cualquiera de las modalidades siguientes:
En el marco de la presente ley, la ayuda alimentaria o podrá ser otorgada en efectivo, ni por otros mecanismos distintos a las modalidades establecidas en el presente artículo.
Artículo 8o. En aquellos casos en que la ayuda alimentaria se otorgue de manera concertada, las modalidades seleccionadas deberán quedar incluidas expresamente en el contrato colectivo de trabajo.
Artículo 9o. La Secretaría de Salud, en coordinación con la secretaría, expedirá las normas a las que deberán sujetarse los comedores a que se refiere el inciso a de la fracción 1 del artículo 7o. de esta ley. Asimismo, ambas dependencias ejercerán, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, la vigilancia sobre dichos comedores para verificar el cumplimiento de los requisitos que éstos deban reunir.
Los gobiernos de las entidades federativas ejercerán el control sanitario de los restaurantes u otros establecimientos de consumo de alimentos a los que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 70 de esta ley en los términos que señala la Ley General de Salud.
Artículo 10. Los patrones deberán mantener un control documental suficiente y adecuado para demostrar que la ayuda alimentaria objeto de esta ley ha sido efectivamente entregada a sus trabajadores.
Artículo 11. Los vales que se utilicen para proporcionar ayuda alimentaria en términos de la presente ley deberán reunir los requisitos siguientes:
Artículo 12. Para el caso de los vales impresos y electrónicos previstos en esta ley quedará prohibido:
Capítulo III Incentivos y promoción
Artículo 13. Con el propósito de fomentar el establecimiento de los esquemas de ayuda alimentaria en las diversas modalidades a que se refiere el artículo 7o. de esta ley y alcanzar los objetivos previstos en el artículo 5o. de la misma, los gastos en los que incurran los patrones para proporcionar servicios de comedor a sus trabajadores, así como para la entrega de despensas o de vales para despensa o para consumo de alimentos en establecimientos, serán deducibles en los términos y condiciones que se establecen en la Ley del Impuesto sobre la Renta y en la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y los ingresos correspondientes del trabajador se considerarán ingresos exentos por prestaciones de previsión social para el trabajador, en los términos y límites establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta y no formarán parte de la base de las aportaciones de seguridad social en los términos y condiciones que para el caso dispongan las leyes de seguridad social.
Artículo 14. La secretaría elaborará y difundirá una campaña nacional permanente encaminada a promover los beneficios para los patrones y los trabajadores vinculados al otorgamiento de ayuda alimentaria en los términos, las modalidades y condiciones previstos en esta Ley. Para la incorporación en las campañas de referencias a los beneficios en materia de salud ocupacional, la secretaría se coordinará con la Secretaría de Salud.
Título Tercero Evaluación, seguimiento y vigilancia
Capítulo I Comisión tripartita
Artículo 15. La evaluación y seguimiento del cumplimiento de las disposiciones de la presente ley estará a cargo de una comisión tripartita que se integrará en los términos del presente artículo. Corresponderá también a dicha comisión hacer las recomendaciones pertinentes para la mejora o ampliación de las acciones de ayuda alimentaria previstas en esta ley. Lo anterior, sin perjuicio del ejercicio de las atribuciones de vigilancia .que correspondan a las dependencias y entidades de la administración pública federal y a los gobiernos de las entidades federativas en términos de las disposiciones aplicables.
La comisión tripartita a la que se refiere el párrafo anterior se integrará por:
La secretaría determinará la forma en la cual se asignará la representación a la que se refieren las fracciones IV y V de este artículo.
Los representantes de las dependencias de la administración pública federal ante la comisión deberán tener nivel de subsecretario o su equivalente.
La secretaría podrá invitar a participar en las sesiones de la comisión tripartita, con el carácter de consultores, con voz y sin voto, a representantes de aquellas organizaciones empresariales o sociales relacionados con la prestación de los servicios vinculados al otorgamiento del beneficio de ayuda alimentaria contemplado en esta ley.
El funcionamiento y la operación de la comisión tripartita se establecerán de acuerdo con sus reglas internas de operación.
Capítulo II Vigilancia
Artículo 16. Sin perjuicio de lo que establece el artículo 9o. de esta ley, la vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto en el presente ordenamiento corresponderá a la secretaría, a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Las acciones de vigilancia se ajustarán al procedimiento administrativo establecido en las leyes sustantivas aplicables en materia sanitaria y laboral y, de forma supletoria a éstas, a lo que prescriben la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o equivalentes en las entidades federativas, según corresponda.
Título Cuarto Sanciones
Capítulo Único
Artículo 17. Las violaciones a los preceptos de esta ley y las disposiciones que emanen de ella serán sancionadas administrativamente por las autoridades sanitarias y laborales, federales o locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delitos.
Artículo 18. Para la aplicación de las sanciones derivadas de violaciones a esta Ley, se observará el procedimiento administrativo establecido en las leyes sustantivas aplicables en materia sanitaria y laboral y, de forma supletoria a éstas, lo que prescriben la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o equivalentes en las entidades federativas, según corresponda.
Artículo 19. La omisión del patrón de mantener el control documental al que se refiere el artículo 10 de esta ley se sancionará con multa de hasta dos mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate.
Artículo. 20. La contratación por parte del patrón de una empresa emisora de vales que no cumpla los requisitos señalados en el artículo 11 de esta ley se sancionará con multa de dos mil hasta seis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate.
Artículo 21. Los propietarios de los establecimiento en los que se fomente, permita o participe en alguna de las conductas descritas en el artículo 12 de esta ley serán sancionados con multa de seis mil hasta doce mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate.
Artículo 22. En caso de reincidencia se duplicará el monto de la multa que corresponda. Para los efectos de esta ley se entenderá por reincidencia, a aquellos casos en que el infractor cometa la misma violación a las disposiciones de esta ley dos o más veces dentro del período de un año, contado a partir de la fecha en que se le hubiera notificado la sanción inmediata anterior.
Transitorios
Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social convocará a la primera sesión de la comisión tripartita a la que se refiere el artículo 15 en un plazo que no excederá los noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor de esta ley.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Salud, con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integran las comisiones, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
LEY FEDERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XV y XVII y se adicionan las fracciones XXII y XXIII del artículo 25 de la Ley Federal de Seguridad Privada.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Minuta Proyecto de Decreto
Por el que se reforman las fracciones XV y XVII, y se adicionan las fracciones XII y XXIII del artículo 25 de la Ley Federal de Seguridad Privada
Único. Se reforman las fracciones XV y XVII, y se adicionan las fracciones XXII y XXIII del artículo 25 para quedar como siguen
Artículo 25. ...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Entramos al capítulo de iniciativas. Tiene la palabra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Julio Castellanos Ramírez.
El diputado Julio Castellanos Ramírez: Con su permiso, señor presidente.Legisladoras y legisladores, nuestro país se encuentra inmerso en un proceso de definiciones fundamentales para la construcción de un México más democrático, seguro, justo, transparente, autosuficiente y, desde luego, todo ello debe ser bajo la línea de la rendición de cuentas de los actos públicos.
En Acción Nacional entendemos bien la necesidad y prioridad que prevalece en los diversos ámbitos del país, incluido el propio Congreso de la Unión, por acordar mecanismos para fortalecer las acciones en materia de seguridad y justicia; por encontrar los medios y entendimientos necesarios para fortalecer nuestro sector energético; por emprender acciones para que nuestra economía no se vea arrastrada por la inestabilidad internacional. Pero, de igual manera, estimamos que las decisiones que se tomen deben ir acompañadas de medidas legislativas que transparenten y permitan el escrutinio de la sociedad sobre los asuntos públicos.
La opacidad en el manejo de los recursos públicos puede llevar al Estado al desorden, al uso ineficiente de los recursos que la sociedad le ha confiado, distorsiona la economía al provocar el desvío de recursos a través de la asignación indebida de contratos, reproduce las desigualdades sociales al impedir que el Estado cumpla su papel como impulsor de la justa redistribución de los bienes del progreso y del crecimiento.
A fin de evitar todo esto, como integrantes del Congreso debemos informar a los ciudadanos la forma en que trabajamos, cómo nos administramos, la forma en que conducimos, planeamos, ejecutamos las tareas y atribuciones encomendadas, generando así confianza en el Poder Legislativo y un acercamiento con la ciudadanía que no debemos procurar únicamente con mecanismos mediáticos, sino con acciones gubernamentales de información veraz.
Por ello propongo hoy, ante esta soberanía y con la finalidad de perfeccionar nuestro esquema de transparencia, una iniciativa cuya incorporación en nuestro orden jurídico se convierte en un elemento indispensable de un auténtico estado de derecho y en un detonante privilegiado para la consolidación de la democracia; pues ésta no sólo puede preservarse con la vigencia de instrumentos que fortalezcan a las instituciones democráticas, sino de manera permanente con la rendición de cuentas.
Si bien es cierto que el Poder Legislativo federal ha impulsado en forma vigorosa reformas constitucionales y legales en materia de acceso a la información y a la transparencia en la gestión pública, también lo es que existen temas aún pendientes en el seno del propio Congreso de la Unión, que requiere de un tratamiento especial.
Está claro que la organización de los legisladores y la consecución de un adecuado trabajo parlamentario justifica la existencia de los grupos parlamentarios. Es precisamente por eso, que, tanto legisladores como grupos parlamentarios, debemos contar con los recursos económicos necesarios y suficientes para la labor que realizamos.
Pero también, esta justificación no nos debe mantener ajenos a los principios de transparencia, eficiencia, eficacia y honradez. Debemos reconocer la realidad de que aún debemos avanzar más para fortalecer una mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos que se nos asignan. Es necesario avanzar en los criterios para la adquisición de bienes y servicios y, por supuesto, para su debido control.
Acción Nacional, en su línea histórica de fomento a la rendición de cuentas, y abordando con prontitud y esmero el justo reclamo social que está sobre la mesa de discusión nacional, relativo precisamente a privilegiar la transparencia en el Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía el presente proyecto legislativo sobre un tema que hoy día toma gran relevancia al interior del propio Poder Legislativo.
Propuesta de reforma que, entre otros aspectos, destaca la obligación de que se publique en Internet, en forma periódica, información concerniente a la estructura orgánica y funciones de cada uno de los órganos de la Cámara; remuneraciones de los legisladores que integran el grupo parlamentario; la relación del personal que bajo cualquier régimen jurídico trabaja para el grupo parlamentario; listado de los contratos o convenios celebrados sobre adquisiciones, prestación de servicios y obras celebrados; listado de los contratos y montos de arrendamiento de las oficinas de atención ciudadana o equivalentes, instaladas por los legisladores integrantes de cada grupo parlamentario, y las reuniones que lleven a cabo con cualquier persona física o moral, referente a algún proyecto legislativo.
Compañeros legisladores, los exhorto a que la LXI Legislatura marque la diferencia, dejando en la historia la opacidad, el sigilo, el secreto en la toma de decisiones y el manejo de los recursos públicos.
Sometamos nuestra labor de legisladores a una total transparencia, sometámonos al escrutinio público, permitamos que la sociedad conozca cualquier actividad y tarea pública que desempeñemos. Por su atención, muchas gracias.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Julio Castellanos Ramírez , diputado a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71, en relación con el segundo párrafo del artículo 6o., ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman la fracción VII del numeral 2 del artículo 49 y el artículo 51 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, con la finalidad de establecer obligaciones específicas en matera de transparencia de los grupos parlamentarios, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa democracia que México ha logrado sólo puede preservarse con la vigencia de instrumentos que fortalezcan las instituciones democráticas a través de la permanente rendición de cuentas.
La opacidad en el manejo de los asuntos públicos lleva a los gobernantes al desorden, al uso ineficiente de los recursos que la sociedad le ha confiado, distorsiona la economía al provocar el desvío de los recursos a través de la asignación indebida de contratos, reproduce las desigualdades sociales, al impedir que el Estado cumpla su papel como impulsor de la justa retribución de los bienes del progreso y del crecimiento.
El Poder Legislativo federal ha impulsado en forma vigorosa reformas constitucionales y legales en materia de acceso a la información y transparencia que requiere nuestro país; sin embargo, en algunos casos ha sido renuente a la publicidad de la información respecto de sí mismo.
Como integrantes del Congreso, parte de nuestras obligaciones es enterar integralmente al gobernado, por lo que debemos poner su disposición un conjunto de información que le permita tener un conocimiento directo de las funciones, acciones, resultados, estructura y recursos asignados a los órganos del Poder Legislativo y, en este caso, principalmente a los grupos parlamentarios.
Sin duda, la transparencia de la actividad pública es una garantía de seguridad y certeza jurídica en cualquier democracia; en otras palabras, el esmerado conocimiento de la función pública, y la posibilidad de conocer a detalle la forma en que trabajan, administran, conducen, planean y ejecutan sus tareas y atribuciones, asegurando un principio de confianza en las instituciones públicas, ya que permite un acercamiento ciudadano que genera un vínculo de seguridad; o bien, permite conocer errores o desaciertos en las actividades gubernamentales que se hace necesario corregir.
Estamos ciertos de que el acercamiento con la ciudadanía no sólo se da a través de instrumentos mediáticos, sino por medio de mecanismos de activa participación ciudadana, y por el ámbito gubernamental informando en forma veraz y oportuna.
Abundando, el acceso a la información se distingue de otros derechos intangibles por su doble carácter: como un derecho en sí mismo y como un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos. En efecto, además de un valor propio, la información tiene uno instrumental que sirve como presupuesto del ejercicio de otros derechos y como base para que los gobernados ejerzan un control respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos.
En consecuencia de lo anterior, el acceso a la información como garantía individual tiene por objeto maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones; incluso, algunos instrumentos internacionales lo asocian a la libertad de pensamiento y expresión, a las cuales describen como el derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.
Asimismo, el acceso a la información como derecho colectivo o garantía social cobra un marcado carácter público en tanto que funcionalmente tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal sino como mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la administración.
Por tanto, este derecho resulta ser una consecuencia directa del principio administrativo de transparencia de la información pública gubernamental y, a la vez, se vincula con el derecho de participación de los ciudadanos en la vida pública, protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Debemos mencionar que el tránsito de la sociedad mexicana en los últimos denota una madurez social más activa y exigente en el ámbito público, reclamando con justicia el derecho a ser informada de la res pública.
Tal interés social permite solicitar información a cualquier ente público, sobre su actuación y desempeño, y fin de confrontarlo con los mandatos legales que deben inexorablemente cumplir.
El derecho a ser informado abre un cauce de interacción entre la sociedad y el Estado, que propicia unidad y cohesión social, que facilita que se deje de ver como dos ámbitos opuestos, para concebirse interrelacionados, en el ámbito de lo público, mediante la participación activa de los ciudadanos en los asuntos de interés general y en la toma de decisiones democráticas.
Por ello, el Partido Acción Nacional respalda firmemente este proyecto de iniciativa para establecer un marco jurídico eficaz que permita afinar los principios de transparencia y acceso a la información pública de las actividades del Congreso de la Unión, que representa la concentración del principio democrático mediante el sistema de representación popular y, por ende, de los legisladores que lo integran, como servidores públicos, abonando al fin de garantizar la nitidez y claridad en las actividades de éstos y de los grupos parlamentarios a que se adscriben.
Se insiste en que la transparencia de la actividad pública es una garantía de seguridad y certeza jurídica en cualquier democracia, y la nuestra no se escapa a tal principio supremo, ya que con la reforma del artículo 6o. constitucional se elevó el derecho de acceso a la información a rango de garantía individual, estableciendo con ello un vínculo entre gobierno y ciudadanos, lo que en otras palabras ha abierto la posibilidad de que los particulares conozcan a detalle la forma en que trabajan, administran, conducen, planean y ejecutan sus tareas y atribuciones los Poderes de la Unión, permitiendo asegurar con ello un principio de confianza en las instituciones públicas, así como un acercamiento ciudadano que les genera seguridad y certeza en el funcionamiento de las instituciones.
El cambio de legislatura en la Cámara de Diputados, ha generado en los ciudadanos una mirada de inconformidades y observaciones sobre claroscuros, o tal vez opacidad absoluta en el Congreso de la Unión, ya que consideran que hay ausencia de transparencia en el uso y destino de su presupuesto, así como en el trabajo político legislativo que realiza.
Ante tal inquietud y descontento social, surge el deber ineludible de establecer la forma de corregir o aclarar tal situación, toda vez que la transparencia es el primer paso fundamental para poder evaluar cualquier actividad o tarea pública, y que mejor manera que empezando por los grupos parlamentarios.
Un grupo parlamentario se define como la forma en que se agrupan los diputados, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas, ya sea en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores; en otras palabras, ``la forma de organización que podrán adoptar los diputados con igual afiliación de partido''. Lo anterior tiene fundamento en los artículos 70 constitucional, y 26 y 71 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Es insostenible refutar que la atinada integración y disposición de los legisladores en un grupo parlamentario determina la creación de un sólido equipo de trabajo político-legislativo que permite distinguir la corriente política que se representa, así como el cumplimiento de las ofertas contenidas en la plataforma política y la consecución de la agenda legislativa que se pretende para los trabajos de la legislatura en curso.
En razón de ello, tanto legisladores como grupos parlamentarios deben contar con los recursos económicos necesarios y suficientes para su importante labor legislativa, y por lógica ciudadana no deben estar ajenos a las cuestiones de transparencia, eficiencia, eficacia y honradez.
De igual o mayor densidad argumentativa es la consideración de una grave crisis económica que ha minado y socavado a la población en general, donde por ningún motivo y de ninguna manera se pueden permitir abusos o desperdicios en el manejo de los recursos públicos, cuando tenemos hambre, falta de accesos a servicios públicos elementales y una grave situación de inseguridad pública.
Ante tales circunstancias, se debe reafirmar el papel de las instituciones, y esta legislatura que comienza en la Cámara de Diputados se encuentra en la posición coyuntural de marcar una diferencia, dejando en la historia la opacidad, el sigilo y el secreto en la toma de decisiones y en el manejo de los recursos públicos.
La conocida expresión popular de que el buen juez por su casa empieza toma más sentido que nunca, de ahí que la presente propuesta legislativa tiene por objeto tener un congreso, legisladores y grupos parlamentarios más abiertos a la sociedad y al escrutinio público.
Plétora de argumentos y razones hay en favor de la transparencia, pero la voz ciudadana reclama claridad en los recursos entregados a las Cámaras, a los legisladores y a los grupos parlamentarios, por lo que es irrenunciable para Acción Nacional abordar con prontitud y esmero el justo reclamo social que esta sobre la mesa de discusión política, traducido en la presentación de este proyecto legislativo que permita a los ciudadanos ejercer su derecho a la transparencia y al acceso a la información respecto a las funciones que ejercen los integrantes del Poder Legislativo.
A fin de obtener la tan anhelada certeza y confianza de que los recursos públicos están siendo destinados a los fines a que se son dirigidos según los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, de conformidad con lo que ordena sin distingo el artículo 134 constitucional.
Por lo expuesto, se propone el presente proyecto de
Decreto por el que se reforman la fracción VII del numeral 2 del artículo 49 y el artículo 51 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados
Artículo Único. Se reforman la fracción VII del numeral 2 del artículo 49 y el artículo 51 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados.
Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados
Artículo 49.
1. Los órganos administrativos encargados de publicar la información a que se refiere el artículo cuarenta y seis son
2. Cada uno de los anteriores, de acuerdo con el ámbito de su responsabilidad, debe publicar
Artículo 51.
1. Los coordinadores de los grupos parlamentarios están obligados a publicar en Internet y a actualizar en forma periódica la siguiente información respecto del grupo parlamentario y los legisladores que lo integran:
Primero. Las presentes reformas entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Los grupos parlamentarios deberán cumplir las obligaciones de transparencia previstas en el artículo 51 de este reglamento a más tardar 30 días después de la entrada en vigor de esta reforma.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
LEY DEL FONDO PARA ATENDER LA EMERGENCIA ECONOMICA
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Armando Ríos Píter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Fondo para atender la Emergencia Económica, suscrita por los diputados Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, José de Jesús Zambrano Grijalva, el propio Armando Ríos Píter, Vidal Llerenas Moralesy Ramón Jiménez López.
El diputado Armando Ríos Píter: Con su permiso, señor presidente.Los suscritos, diputados y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Fondo para atender la Emergencia Económica, que actualmente sufre nuestro país.
Compañeros diputados y compañeras diputadas, el momento que vive la República es un momento de alta complejidad. Las cifras dadas recientemente por el Inegi dan fe de la grave problemática que está enfrentando la economía nacional.
Aproximadamente 10 por ciento de la caída del producto interno bruto nacional (PIB) es lo que se espera para el cierre del presente año, prácticamente 850 mil personas han perdido su empleo, ya sea formal o informal, y que permite ver que alrededor de 4.3 millones de mexicanos serán afectados por la crisis.
En esta situación resulta complejo pensar que a diferencia de lo que están haciendo todas las economías del mundo, países que incluso han sido extraordinariamente conservadores en cuanto a los equilibrios fiscales, hoy México es el único país en el globo que está en ausencia de aplicar políticas contracíclicas. Hoy, por el contrario, somos el único país que en vez de meterle más dinero a la economía para empujar el gasto y tratar de suavizar la caída, se da el lujo de mandar un recorte de casi 85 mil millones de pesos.
Esto es preocupante, porque quienes conocen la República saben que hoy los estados y los municipios, con la caída de casi 70 mil millones de pesos de las participaciones federales están prácticamente en quiebra técnica. Hoy la caída de 10 por ciento del PIB quisiera vendérnosla el gobierno federal como una problemática que sólo tiene que ver con un hoyo fiscal, hoyo que existe desde hace mucho tiempo y que hoy quisiera presentarnos como la causa de todos los males y de ese enorme desempleo.
Yo quiero decirles, compañeros diputados y compañeras diputadas ---y es precisamente el espíritu de este fondo de emergencia económica que plantea el Partido de la Revolución Democrática---, que es el momento en que la República nos llama a pensar y a formular las nuevas discusiones ante los paradigmas que se han roto en el globo terráqueo.
Hoy la discusión no debe ser exclusivamente sobre cómo llenamos las arcas públicas y ejercemos mejor el gasto. Hoy lo que está en crisis es un modelo económico que lleva prácticamente cinco sexenios imperando y que ha generado la peor pauperización del pueblo de México en toda su historia reciente.
Porque hoy casi 20 millones de mexicanos ---según el Coneval y según la última revisión de las políticas públicas--- no tienen día con día que comer; y es precisamente hoy, que arrancamos la discusión que tendrá que hacer esta legislatura frente a la crisis que estamos viviendo, frente a la crisis económica, cuando tenemos que empezar a pensar en cómo atender las condiciones estructurales.
Por eso con este fondo se plantea una visión de acciones de inmediatísimo plazo que logren vincularse con lo que veamos en el paquete económico a partir del 8 de septiembre; pero que sobre todo sienten las bases para la profunda discusión económica que tiene que dar pauta a la nueva visión de la República Mexicana, porque no podemos permitir que en el país sigan existiendo graves distorsiones sociales.
Yo quisiera que consideráramos las palabras dichas ayer por el presidente de la República, el que nos convocaba a reflexionar frente al bicentenario y reforzar los nexos de libertad y de independencia que tenemos. Quisiera elevar a la consideración de ustedes cómo podemos sentirnos libres; o cómo muchos millones de mexicanos pueden sentirse libres, orgullosamente libres, cuando no ven con qué librar el día; cuando no ven la posibilidad de ejercer libremente sus derechos políticos, sociales y económicos.
Cómo sentirnos y cómo recordarle al presidente de la República que hay que estar haciendo un llamado ---tal vez solamente por vestir el discurso respecto a los valores de la revolución---, cuando hoy somos el país peor distribuido de toda América Latina, con millones de indigentes y con unos cuantos ricos, los más millonarios del mundo.
Por eso en el Partido de la Revolución Democrática queremos que inicie una amplia discusión respecto al fondo propuesto. Estamos planteando acciones inmediatas. Y con base en los planteamientos que hizo el Fondo Monetario Internacional ---una institución a todas luces conservadora---, queremos decir al Gobierno de la República que necesitamos superar en dos puntos porcentuales el déficit público. Necesitamos incrementar en 220 mil millones de pesos las arcas, para que en los próximos cuatro meses 70 por ciento pueda ejercerse de manera inmediata en proyectos de infraestructura.
En proyectos que se canalicen a los estados y que puedan aplicar de manera rápida y definitiva, para que la gente pueda tener lo que hoy está haciendo falta, para que podamos hacer que el gasto público incentive el empleo y echemos a andar esa economía, que si hoy dejamos que se frene se va a caer mucho más, no tan sólo en las estadísticas, sino en el ánimo social que hoy de por sí está caído.
Este fondo, que nosotros planteamos, es viable. Estamos planteando también que parte de esos recursos se canalicen a los municipios con la finalidad de que amplíen la obra pública, la pequeña obra pública para generar empleo, para restablecer las escuelas, para restablecer los centros clínicos, para meterle dinámica económica.
Y es importante también que este fondo nos permita atender la principal problemática que hoy está enfrentando mucha gente, la parte alimentaria. Proponemos que de esos 220 mil millones de pesos, una parte, alrededor de mil millones de pesos puedan ser destinados a un programa alimentario inmediato, que, sustentado en comedores populares, permita y posibilite que canalicemos a la gente más necesitada condiciones para que puedan surtir la canasta básica que hoy está en gran afectación.
En síntesis, compañeros diputados y compañeras diputadas, lo que estamos planteando es una política contracíclica. Que hoy tomemos la decisión de meternos a trabajar para iniciar un amplio proceso en el que no solamente paliemos la crisis, en el que no solamente atendamos la problemática de coyuntura, sino que veamos en este fondo de instrumentación la viabilidad de iniciar el amplio proceso de discusión de la transformación económica que necesita el país.
Y que con eso, empezando con medidas concretas, arranquemos una profunda discusión que habremos de ver en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos, para transformar de manera radical las actuales condiciones que imperan en el país. Es cuanto, señor presidente.
«Iniciativa que expide la Ley del Fondo para atender la Emergencia Económica, suscrita por los diputados Alejandro Encinas Rodríguez , Jesús Zambrano Grijalva, Armando Ríos Piter , Vidal Llerenas Morales y Ramón Jiménez López , del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Fondo para atender la Emergencia Económica al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLas cifras dadas a conocer el pasado 20 de agosto por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) son extraordinariamente preocupantes: la economía mexicana tuvo una caída de 10.3 en términos anuales durante el segundo trimestre, lo que dio lugar a una disminución del producto interno bruto (PIB) para el primer semestre de 9.2 por ciento. Este es sin duda uno de los peores semestres en cuanto a desempeño económico en la historia del país y desgraciadamente augura uno de los peores años para nuestra economía.
Estos números se han reflejado en un aumento de la tasa de desempleo de 3.24 por ciento en mayo del año pasado a 5.17 en junio de este año; es decir, un incremento de 60 por ciento en este indicador. Estos datos implican que más de 850 mil mexicanos perdieron sus empleos en poco más de un año y que, si contamos a sus familias, cerca de 4.3 millones de mexicanos han sido afectados directamente. Esta situación es todavía más preocupante si observamos el dato de la tasa de ocupación parcial y desocupación que de acuerdo con el Inegi llegó a 11.51 por ciento al segundo trimestre de este año, es decir, más de 5 millones de mexicanos o no tienen trabajo o trabajan menos de 15 horas a la semana.
Resulta inaceptable que en la actual coyuntura, el gobierno federal, en lugar de promover políticas que impulsen la actividad productiva y el desarrollo de las redes de protección social, haya optado por realizar un recorte de 85 mil millones de pesos al Presupuesto de Egresos de la Federación. Esto sitúa a las políticas del gobierno federal a contrapelo de las que se están aplicando en el resto del mundo, baste aquí recordar que el Congreso de Estados Unidos de América aprobó un programa de estímulo fiscal de mas de 700 mil millones de dólares y que el propio Fondo Monetario Internacional, una institución que se ha distinguido por mantener posiciones en donde se enfatiza la prudencia fiscal, recomendó a los países realizar un estímulo fiscal de alrededor de dos por ciento del PIB.
Es cierto, la crisis actual tiene un carácter mundial y no inició en México, pero poco se ha hecho para paliar sus efectos; la Comisión Económica para América Latina y el Caribe estima que la caída en el PIB mexicano será la más alta de la región en el 2009 y una de las más altas en el mundo.
En este contexto, los estados y municipios del país perderán alrededor de 70 mil millones de pesos de la recaudación federal participable, por lo que requieren apoyos especiales y alternativas que permitan utilizar recursos que se generaron en años anteriores y que se encuentran ociosos.
De acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 2008 existían 19.4 millones de personas en pobreza alimentaria, de los cuales 7.2 millones corresponden a población urbana y 12.2 a población rural; la crisis de 2009 ha hecho que estos indicadores aumenten dramáticamente. Por esta razón se hace indispensable una estrategia para establecer comedores populares para mitigar el problema alimentario que vive la gente más pobre del país.
Aunado a la crisis generalizada en este año, se ha presentado una severa sequía que ha traído como consecuencia la pérdida de un millón de hectáreas de granos básicos y oleaginosas, de las cuales 53.6 por ciento no se encontraban aseguradas. Para resarcir el valor de estos cultivos al 70 por ciento de su valor de mercado se requieren 2 mil 500 millones de pesos.
La difícil situación financiera en la que se encuentran no proviene de un acto de irresponsabilidad sino de un ejercicio de presupuestación que se desprendió de los montos planteados al Congreso para el ejercicio de 2009 por la Secretaria de Hacienda.
La crisis ha puesto una vez más de manifiesto la debilidad estructural de las finanzas públicas mexicanas y su alta dependencia de los precios del petróleo, para fortalecerlas necesitamos realizar una discusión seria de la iniciativa de Ley de Ingresos para 2010 y su miscelánea fiscal que el gobierno federal enviará el próximo 8 de septiembre. Sin embargo, también es cierto que la crisis y los efectos perniciosos de ésta no pueden esperar a 2010, por ello, proponemos un paquete de medidas de emergencia que puedan aplicarse de manera inmediata en el último cuatrimestre de este año.
En concreto, planteamos como medida central lo siguiente:
Dado que la idea es lograr que el programa contracíclico se traduzca, a la mayor brevedad posible, en gasto que ayude a las familias y que impulse la demanda agregada, un porcentaje alto de este programa deberá de operarse a través de los estados y municipios, los cuales tienen programas iniciados que se encuentran detenidos o avanzando a ritmos muy lentos, debido a la caída en las participaciones federales.
La mejor manera de proteger al país de los embates de las crisis provenientes de los ciclos económicos, es fortaleciendo el aparato productivo nacional, particularmente las ramas que generan los bienes esenciales para la subsistencia, la alimentación en primer término. Es indispensable que se establezca una política permanente que fortalezca el aparato productivo nacional en el campo y en la ciudad, orientado a la generación principalmente de los productos esenciales, básicos y estratégicos para la subsistencia, lo cual evitaría la especulación y el desabasto.
Es necesario que se implemente una verdadera política de Estado, dirigida al fortalecimiento de las ramas productivas estratégicas con metas de corto, mediano y largo plazos que permitan reincentivar la economía nacional.
Dentro de este marco de referencia, es insoslayable actuar de manera inmediata, a fin de generar condiciones que mitiguen los daños causados a la población, derivados de la crisis y que a su vez, establezcan las mediadas necesarias para remontarla, sentando las bases para el crecimiento económico sostenido, autosustentable y con una redistribución del ingreso que permita mayor equidad y amplíe el mercado interno.
Todos los países han sido afectados en sus ingresos, pero la gran mayoría de ellos ha entendido que en una coyuntura tan seria como la actual esto no debe de ser un freno para el impulso económico de emergencia.
En estos países los recursos han venido de nuevo endeudamiento o de reservas construidas en la parte alta del ciclo, esta última opción no existe en México, por ello, al igual que en la mayoría de los otros países estos recursos tendrán que proveer de nuevo endeudamiento; tendremos que hacerlo de manera responsable, obligándonos a pagarlo en un plazo no mayor a tres a cinco años manteniendo con ello el principio del equilibrio intertemporal de las finanzas públicas.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se expide la Ley del Fondo para atender la Emergencia Económica
Artículo Primero. Se expide la Ley del Fondo para atender la Emergencia Económica para quedar como sigue:
Ley del Fondo para atender la Emergencia EconómicaArtículo 1. Las normas contenidas en la presente ley son de orden público y de observancia general, y tiene por objeto crear el Fondo para atender la Emergencia Económica, en lo sucesivo el Fondo.
Artículo 2. El Fondo tendrá asignados 234 mil millones de pesos (alrededor de 2 por ciento del PIB), los cuales se aplicarán en los ejercicios fiscales de 2009 y de 2010, a través del cual se distribuirán recursos a los siguientes rubros:
Artículo 3. El 35 por ciento de los recursos del Fondo deberá ser distribuido de manera directa a los entidades federativas y aplicados a través de los lineamientos de operación del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (Fies) vigentes en 2008.
Artículo 4 . Del Fondo se destinarán cinco mil millones de pesos a las entidades federativas de acuerdo a la fórmula del Fondo de Fomento Municipal, para que éstos a su vez lo distribuyan a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, de conformidad con la normatividad local.
Artículo 5. Del Fondo se asignaran cuatro mil quinientos millones de pesos al Programa de Empleo Temporal.
Artículo 6. Mil millones de pesos a un programa emergente alimentario dirigido a los ciudadanos en situación de pobreza alimentaria, a través de comedores populares administrados por los Centros de Desarrollo Integral para las Familias estatales.
Artículo 7. Dos mil quinientos millones de pesos a un programa emergente de apoyo a los pequeños productores de granos básicos y oleaginosas afectados por la sequía.
Artículo 8. Se constituirá la Comisión de Seguimiento del Fondo, la cual estará integrada por los Presidentes de las Mesas Directivas de la Cámaras de Senadores y de Diputados, los coordinadores de cada grupo parlamentario en ambas Cámaras y las presidencias de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de ambas Cámaras, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, el coordinador de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales y un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 9. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público asignará los recursos restantes del Fondo dando prioridad a la inversión en
Para ese tipo de proyectos, el gobierno federal firmará los acuerdos con las entidades federativas, municipios, universidades públicas y entes desconcentrados y descentralizados que sean necesarios para la ejecución de dichos proyectos.
Artículo 10. La Secretaria de Hacienda y Crédito Público notificará a la Comisión de Seguimiento del Fondo y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, en un término de quince días naturales a partir de la publicación del presente decreto, el listado de proyectos federales de inversión, originalmente considerados para realizarse con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 que hayan sido cancelados y que estén en condiciones de ser licitados. De la misma forma, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la comisión la asignación presupuestal para estos proyectos con cargo al Fondo, así como un calendario en el que se señalen las fechas esperadas de publicación de las licitaciones respectivas y un calendario preliminar de ejecución de obra.
Artículo 11. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a la Comisión de Seguimiento del Fondo y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, en un plazo no mayor a 30 días naturales siguientes a partir de la publicación del presente decreto, el destino y asignación de los recursos del Fondo, además del calendario esperado de ejecución, asimismo informará de manera mensual los avances en cuanto a la asignación y ejecución de los proyectos.
Artículo Segundo. Se modifica el párrafo primero del artículo 2 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 para quedar como sigue: ``Por un monto de endeudamiento neto interno hasta por 584 mil millones de pesos''.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Comisión del Seguimiento del Fondo deberá quedar integrada e instalada dentro de los cinco días naturales siguientes de la entrada en vigor del presente decreto.
Tercero. El Fondo será extinguido una vez que se hayan agotado los recursos destinados en el presente decreto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integran las comisiones, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
ARTICULOS 65 Y 66 CONSTITUCIONALES
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió iniciativa del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con proyecto de decreto que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Iniciativa que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva AlianzaJorge Antonio Kahwagi Macari , diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción 11, 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción 11, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma el articulo 65 y adiciona un segundo párrafo al artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente:
Exposición de MotivosLa función legislativa del Congreso mexicano ha estado directamente relacionada, entre otras, con los insuficientes periodos de sesiones a los que por ley está sujeta cada una de las Cámaras que lo integran. Los tiempos han avanzado, el número de asuntos que debe atender el Congreso es cada vez mayor y, para los cuales, los periodos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos resultan evidentemente insuficientes.
Históricamente, la Constitución de 1857 fue la primera en establecer dos periodos ordinarios de sesiones: el primero, del 16 de septiembre al 15 de diciembre, sin la posibilidad de prorrogarse; y el segundo, del 10 de abril al 31 de mayo. Con la reforma de 1874 a esta Constitución, el primer periodo ordinario de sesiones se podría prorrogar hasta por 15 días.
El texto original de la Constitución vigente consideró un solo periodo ordinario de sesiones en los artículos 65 y 66. Éste iniciaría el 1 de septiembre de cada año y duraría el tiempo necesario para tratar los asuntos concernientes a la revisión de la Cuenta Pública, el examen, discusión y aprobación del Presupuesto, así como de los impuestos necesarios para cubrirlos y, por último, para conocer de las iniciativas de ley que se le presentarán. Dicho periodo ordinario de sesiones tenía como fecha límite el 31 de diciembre del mismo año. En 1986 se estableció un doble periodo ordinario de sesiones, iniciándose el primero del 1 de noviembre, que no podría prolongarse más allá del 31 de diciembre y, el segundo, del 15 de abril hasta como máximo el 15 de julio.
Para 1993 se estableció un primer periodo de sesiones ordinarias, del 10 de septiembre al 15 diciembre y hasta el 31 de diciembre, cuando el presidente de la República iniciara su encargo, y un segundo periodo que comprendería del 15 de marzo al 30 de abril de cada año.
La última modificación la realizó la legislatura LIX el 15 de diciembre de 2003. Este esfuerzo del Congreso permitió la modificación del artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que aumentó mes y medio al trabajo legislativo.
En un estudio de derecho comparado, editado por la propia Cámara de Diputados sobre la duración de los periodos de sesiones de diez países con sistema presidencial y cinco al parlamentario, se concluye que el Poder Legislativo en México trabaja por debajo del promedio de los otros países.
Estados Unidos de América y Venezuela son los países que sesionan más tiempo: 11 y 12 meses respectivamente. Las actividades del Congreso de Estados Unidos de América se dividen en dos sesiones anuales: la primera sesión comenzará en enero, cuando se instala un nuevo Congreso, y la segunda sesión se instalará en enero del siguiente año de la legislatura. El Congreso de Venezuela también divide su trabajo en dos periodos de sesiones: el primero dura 7 meses y medio, y el segundo 3 meses y medio.
Seis países sesionan durante nueve meses: Italia, España --con dos periodos de sesiones--, Francia --con un solo periodo de sesiones--, Argentina --con un solo periodo de sesiones--, Brasil y Paraguay --con dos periodos de sesiones, respectivamente.
Colombia sesiona durante ocho meses divididos en dos periodos por año, que constituirán una sola legislatura.
Durante siete meses sesiona Perú, donde habrá dos periodos ordinarios de sesiones. México sesiona por seis meses y medio, divididos en dos periodos de sesiones ordinarios.
La duración total de los periodos de sesiones de Inglaterra y Costa Rica es de seis meses, dividido en dos periodos de sesiones. El país que sesiona menos es Chile, con cuatro meses, en un solo periodo de sesiones al año.
Respecto al periodo de sesiones de las legislaturas locales de los 31 estados y el Distrito Federal, funcionan de la siguiente manera:
Otro dato interesante es el número de sesiones por semana, durante los periodos ordinarios, que tienen los Congresos locales.
Los datos anteriores nos indican lo siguiente:
La opinión pública también ha mostrado inquietud y descontento con el trabajo que realiza el Congreso de la Unión. Al respecto, y de acuerdo con datos del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados de octubre de 2003, y retomados de la Encuesta Nacional de Cultura y Prácticas Ciudadanas de la Secretaría de Gobernación, sobre la imagen que los encuestados tienen de la Cámara de Diputados, las respuestas más comunes fueron éstas: no trabajan bien (23 por ciento), faltan mucho, son flojos (19 por ciento), se pelean (12 por ciento) y no se ponen de acuerdo (9 por ciento).
Por otra parte, a la pregunta expresa de ``¿usted diría que los legisladores trabajan mucho o trabajan poco?'',4.7 de cada 10 mexicanos ha respondido de manera consistente ``poco'', mientras que sólo 1 de cada 10 personas responde ``trabajan mucho''.
Con objeto de mejorar el desempeño de la función legislativa, la presente iniciativa propone un tercer periodo de sesiones ordinarias con la finalidad de dar mayor amplitud a los asuntos propios de ambas Cámaras.
La adición de un periodo ordinario de sesiones ordinarias atiende a la cantidad de asuntos que se quedan sin dictaminar legislatura tras legislatura. Tan sólo en las últimas dos legislaturas, el número de asuntos pendientes asciende a mil 357 iniciativas que no han sido dictaminadas y que se turnaron a la LXI Legislatura para su discusión y aprobación. La omisión legislativa en materia de dictámenes a los proyectos de iniciativas no permite la plena observancia de una de las principales funciones del Congreso de la Unión.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos que con la presente iniciativa no solamente se da respuesta técnica al desahogo de los asuntos propios del Congreso, sino también clarificar que las Cámaras que integran el Poder Legislativo son órganos políticos y, derivado de ello, tienen competencia para asuntos propios de la vida política.
Aumentar un tercer periodo de sesiones ordinarias es uno de las alternativas de naturaleza técnico-legislativa que, sin duda, incentiva a los actores políticos en la búsqueda de acuerdos con la finalidad de incrementar el desempeño de los asuntos presentados en el Congreso de la Unión.
Por las consideraciones expuestas y en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma el artículo 65 y adiciona un segundo párrafo al artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Único. Se reforma el artículo 65 y adiciona un segundo párrafo al artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
``Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1 de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, a partir del 1 de febrero de cada año para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias y un tercer periodo de sesiones ordinarias, a partir del 1 de junio de cada año.
En los tres periodos de sesiones, el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución.
Artículo 66. ...
El tercer periodo no podrá prolongarse más allá del 31 de julio del mismo año.''
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Cámara de Diputados y el Senado de la República deberán aprobar a más tardar el 27 de abril de 2010 las reformas necesarias al marco jurídico interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para la debida instrumentación de la presente reforma.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se le da el trámite correspondiente. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Procesos Legislativos.
LEY DEL SEGURO DE DESEMPLEO - LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Seguro de Desempleo y reforma el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por los diputados Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Armando Ríos Píter, Vidal Llerenas Moralesy el propio Ramón Jiménez López.
El diputado Ramón Jiménez López: Con su venia, señor presidente.En cumplimiento del compromiso público que hizo el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el 26 de agosto, reafirmado por nuestro coordinador parlamentario, el licenciado Alejandro Encinas durante su intervención el 1 de septiembre en esta tribuna, presentamos hoy ante esta soberanía y ante el pueblo de México una iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Seguro de Desempleo y reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Dado el agravamiento de la crisis económica nacional, debido a la dramática caída de 9.2 por ciento que sufrió la economía durante el primer semestre del año en curso, la cual será sin duda la más alta en la región, se hace necesaria y urgente la intervención del Estado en el proceso económico.
No puede dejar, como ha sucedido durante 27 años, al libre juego de las fuerzas del mercado la economía del país, porque esto ha llevado, por un lado, a la acumulación de riqueza en pocas manos, nacionales y extranjeras, y por otro lado, a la acumulación de males para millones de mexicanos.
Uno de estos males es el desempleo, ya que tan sólo en el primer semestre de 2009 el número de desempleados se incrementó en 850 mil. Cuando hablamos de empleo debemos entender que su significado no es únicamente el de una variable económica, como lo entienden los tecnócratas neoliberales, ya que el empleo también representa un concepto que expresa la dinámica social del país en la parte más delicada para las familias: su bienestar.
Se debe tener claro que la falta de empleo merma la capacidad de compra de bienes y servicios de la población, restringiendo el acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, entre otros; por tanto, afecta la estabilidad familiar.
Además, dado que en los últimos años de gobiernos neoliberales, del PRI y del PAN, el Estado retiró su participación en la economía, privatizó el patrimonio nacional y disminuyó fuertemente el apoyo prestado al grueso de la población; además hay que recordar que el presidente del empleo en eso fracasó también.
En la actualidad los problemas que se presentan en el mercado laboral mexicano permiten cuestionar no únicamente la viabilidad del modelo económico, sino que además se impone la urgente necesidad de instrumentar una serie de medidas de política económica que permitan atenuar los efectos negativos que laceran a la población, y que de no ser corregidas una vez que termine la crisis económica fundamentalmente no se corregirán, porque los desequilibrios que existen no son de coyuntura, sino son estructurales.
No puede dejarse de mencionar que es responsabilidad del gobierno federal solidarizarse con la población en situación de desempleo, principalmente porque este gobierno se equivocó, tanto en la estimación de la magnitud de la crisis como en las medidas necesarias para enfrentarla.
De igual forma es preciso mencionar que los problemas de falta de crecimiento y empleo tienen su origen en un modelo económico instrumentado sin una relación con las necesidades de la población y de las regiones del país, llevando a que aún en los años de mejor desempeño económico los resultados no se trasladaran a la generación de empleos bien remunerados.
Lo anterior se ha conjugado para que en el sexenio actual, el sexenio del empleo, la cifra de desocupación reportada por el Inegi se haya incrementado en 1.2 millones de personas; es decir, 75 por ciento más que con lo que inició la presente administración.
Con 2.8 millones de personas sin empleo no puede negarse que dichos números ya apuntan a un incremento sustancial de la pobreza que viven los mexicanos. Sin duda, lo anterior se corresponde con la alta mortandad de empresas que tuvo lugar en nuestro país entre junio de 2008 y junio de 2009, cuando más de 7 mil 500 patrones tuvieron que darse de baja en el IMSS, planteando con ello la dificultad de que una vez terminada la crisis exista la recuperación de las fuentes de trabajo perdidas durante la parte más cruda de esta crisis, principalmente en los sectores de comercio, construcción, transformación, en donde el retroceso ha sido todavía mayor.
Por tanto, al impulso del crecimiento económico se deben aunar, entre otras, las medidas sociales que tutelen a los más vulnerables, y dentro de estas medidas debe procederse al establecimiento del seguro de desempleo.
Hay que recordar que México es el único país de la OCDE que no cuenta aún con este seguro; pero por encima de todo, la ausencia de este seguro violenta lo previsto en el artículo 123 constitucional que consagra a favor de todos los mexicanos el derecho a un trabajo digno y socialmente útil, poniéndose a cargo del Estado la obligación de promover la creación de empleos y la organización social para el trabajo.
Por otro lado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 25 señala que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una justa distribución del ingreso y la riqueza permitan el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la Constitución.
Es evidente para todos que en esto también ha fallado la actual administración.
Por lo anterior, con la sensibilidad que debería caracterizar a esta legislatura, el seguro de desempleo tendrá que dejar de ser ante los ojos neoliberales una ambición populista, como dicen, para que sea parte del contrato social de este país, cuyas instituciones tienen la obligación de proteger socialmente al individuo que pierde su empleo y que a la vez tienda a generar las condiciones para su reinserción en el mercado laboral, con una presión menor a aquella que tendría si no contara con este apoyo.
Pero además de ello y basándonos en el articulado constitucional arriba mencionado, el seguro de desempleo no funciona únicamente como una protección social al ciudadano que pierde su empleo y le brinda una holgura para poder capacitarse y encontrar otro, sino también el seguro de desempleo sirve como una herramienta estabilizadora de la demanda agregada.
En consecuencia, en esta iniciativa se propone la creación del seguro de desempleo, el cual implicaría una erogación de un máximo de 4 mil 500 millones de pesos, porque puede ser fondeado para el presente año con reasignaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación, ya que sólo los 4 mil 500 millones de pesos representarían 0.15 por ciento del presupuesto actual.
En lo sucesivo se tendrán que asignar los recursos presupuestales necesarios que esta soberanía aprobará en el Presupuesto de Egresos de 2010.
Los ejes esenciales de la presente iniciativa son los siguientes:
1. Se aplicará de manera retroactiva a favor de todos los trabajadores formales que hayan perdido su empleo a partir de enero de 2009.
2. Se fija un monto acotado del seguro.
3. Los beneficios de este seguro se otorgarán por un máximo de seis meses.
4. Se podrá renovar el seguro hasta por tres meses adicionales si el trabajador no ha podido emplearse y ha tomado algún curso de capacitación.
5. Se establecerán políticas activas hacia el mercado laboral para apoyar el reempleo de los trabajadores.
Finalmente, la aprobación inmediata de esta iniciativa fortalecerá la justicia social, que es un reclamo de millones de mexicanos, y al propio tiempo será una palanca fundamental para la recuperación económica del país.
Por ello, para fortalecer la justicia social y como medida contracíclica emergente, se debe aprobar la Ley del Seguro de Desempleo, que permita a los mexicanos más afectados por la crisis económica garantizar el sustento de sus familias y con ello, óigase bien, contribuir a evitar el colapso social de este país. Gracias por su atención.
«Iniciativa que expide la Ley del Seguro de Desempleo, y reforma el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por los diputados Alejandro Encinas Rodríguez , Armando Ríos Piter , Vidal Llerenas Morales y Ramón Jiménez López , del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, diputados federales a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que nos conceden los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Seguro de Desempleo y se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEn el segundo trimestre de 2009 la economía mexicana resintió una contracción del producto interno bruto del 10.3 por ciento. En este mismo sentido y también conforme al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en julio de 2009, el desempleo alcanzó la tasa histórica de 6.12 por ciento, equivalente a 2 millones 800 mil personas.
A esta tasa de desempleo abierto de 2 millones 800 mil personas se debe sumar el total de personas disponibles al segundo trimestre de 2009, que suman un total de 5 millones 864 mil 619; igualmente las personas que trabajando no obtienen remuneración alguna y que alcanza el número de 2 millones 801 mil 347 personas.
Finalmente, debemos agregar a por lo menos 800 mil jóvenes que, de manera anual, se incorporan a la población económicamente activa. Por tanto un número más realista de desempleados nos habla de un total de 12 millones 265 mil 966 personas en desempleo.
Por último, debemos tomar en cuenta la repatriación de miles de mexicanos que laboran especialmente en Estados Unidos.
Así pues, en materia de empleo, el panorama es sumamente preocupante.
Es innecesario señalar lo que la pérdida del empleo representa y representará para los trabajadores y sus familias, que se quedan sin recursos para sus necesidades básicas de alimentación, pasando por la salud, educación, cultura, esparcimiento, entre otros aspectos.
Las cifras referidas en materia de desempleo se traducen en el aumento del número de persona en ``pobreza patrimonial'', que para 2008, alcanzó un total de 50.6 millones de mexicanos.
Incluso, a partir de datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se sabe que es indeclinable la necesidad de establecer el seguro de desempleo, pues ésta ha señalado que para atender la demanda de empleo se debe alcanzar una tasa de crecimiento del 5 por ciento.
El combate al desempleo requiere de una política integral que incluya medidas económicas, fiscales, administrativas y de seguridad pública necesarias para impulsar el crecimiento económico en los porcentajes que el país exige.
Paralelamente, al impulso del crecimiento económico, se deben tomar las medidas sociales de tutela a favor de los más vulnerables, y dentro de estas medidas debe procederse al establecimiento del seguro de desempleo. México es el único país de la OCDE que no cuenta con esa parte de la seguridad social. Además, con ello se impulsará el crecimiento del mercado interno.
Pero por encima de todo, la ausencia de este seguro violenta lo previsto en el artículo 123 constitucional, que consagra a favor de todos los mexicanos el derecho a un trabajo digno y socialmente útil, poniéndose a cargo del Estado la obligación de promover la creación de empleos y la organización social para el trabajo.
Evidentemente, el Estado no cumple con estas obligaciones que permitan a todos los mexicanos gozar de los derechos humanos a un trabajo y salarios dignos. Éste debe garantizar por lo menos un ingreso mínimo, para que las personas atiendan sus necesidades básicas, lo cual repercute en bien de las familias y de la sociedad toda.
Lo dicho se ratifica en el artículo 3o. de la Ley Federal del Trabajo, al prever que el trabajo ``es un derecho y un deber sociales...'' Lo propio se establece en diversos instrumentos internacionales ratificados por el país.
En esta iniciativa se propone la creación del seguro de desempleo, el cual implicaría una erogación de un máximo de 4 mil 500 millones de pesos. Lo que se podría complementar con los esfuerzos de los gobiernos locales para establecer seguros de desempleo equivalentes.
Considerando que el monto previsto representa menos del 0.15 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal (PEF) de 2009, el seguro podrá ser fondeado para el presente año con reasignaciones del propio PEF. Y en lo sucesivo tendrán que ser considerados en los respectivos Presupuestos de Egresos de la Federación.
El artículo 123, apartado A, habla de la seguridad social sólo de manera enunciativa, por lo que se podrá impulsar cualquier otro seguro ``encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados, y otros sectores sociales y sus familiares''. Es decir, la fracción XXIX de este artículo tiene por esencia la seguridad social integral, y es ahí precisamente donde enraíza este seguro de desempleo.
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de
Decreto por el que se expide la Ley del Seguro de Desempleo y se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Artículo Primero. Se expide la Ley del Seguro de Desempleo, para quedar en los siguientes términos:
Ley del Seguro de DesempleoArtículo 1. La presente ley es de orden público e interés social y será de observancia general en toda la República.
Artículo 2. La presente ley tiene por objeto crear el seguro de desempleo, para otorgar protección a los trabajadores asalariados del sector formal de la economía que hayan perdido su empleo; así como crear las condiciones para su reincorporación a un trabajo.
Artículo 3. El seguro de desempleo se otorgará a los trabajadores, que además de haber estado empleados en el sector formal de la economía, al menos un año antes de solicitar este seguro, no hayan sido beneficiarios del seguro de desempleo en los dos años anteriores.
También podrán ser elegibles para este seguro los trabajadores que cobren en forma regular por honorarios al menos por 1 año.
No calificarán para este beneficio quienes hayan sido liquidados a través de un programa de retiro voluntario.
Artículo 4. Los derechohabientes del seguro recibirán los recursos de acuerdo con lo siguiente, a partir de la remuneración que gozaban en su último empleo:
La prestación señalada en el párrafo anterior se otorgará por un periodo de seis meses y, sólo por una vez cada dos años, y tiene carácter personal e intransferible.
El plazo de seis meses antes referido será prorrogable por otros tres meses, en cuyo caso el derechohabiente sólo percibirá el 80 por ciento del monto inicial, siempre que el trabajador no se haya empleado, y que haya tomado y aprobado algún curso de capacitación, provisto por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o por un ente certificado por la misma secretaría.
El beneficio señalado se entregará a través de una tarjeta de débito u otro mecanismo que se considere conveniente conforme a la ley.
Artículo 5. Para acceder a la prestación que brinda el seguro de desempleo, el trabajador, además de lo señalado en artículo 3 de esta ley, deberá cubrir los siguientes requisitos:
Al efecto deberá presentar, ante la unidad del Instituto Mexicano del Seguro Social que corresponda: original y copia del acta de nacimiento, identificación oficial vigente con fotografía, clave única de registro de población, y baja expedida por una institución de seguridad social.
Artículo 6. En relación con lo señalado en el artículo anterior, el Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier otra de las instituciones de seguridad social competentes estarán obligadas a expedir la baja del trabajador, máximo en tres días hábiles contados a partir de la separación efectiva del trabajo.
Artículo 7. Durante el periodo de otorgamiento de la prestación económica, el beneficiario deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
Si el derechohabiente no cumple con estas obligaciones se le cancelará automáticamente el seguro de desempleo.
Artículo 8. Cuando el beneficiario consiga un empleo antes de concluir el periodo de seis meses, perciba alguno de los ingresos señalados en la fracción III del artículo 5 de esta ley, u otro beneficio equivalente otorgado por el gobierno federal o los gobiernos locales, aquél deberá notificarlo al Instituto Mexicano del Seguro Social máximo en cinco días hábiles, operando de manera automática la suspensión inmediata del pago del seguro.
Artículo 9. La aplicación de la presente ley estará a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y los gobiernos locales.
Artículo 10. El Instituto Mexicano del Seguro Social tendrá facultad de verificar la información proporcionada por los solicitantes.
En caso de falsedad de declaraciones por parte del derechohabiente, se le cancelará el seguro y deberá devolver los recursos recibidos, con independencia de las acciones legales a que haya lugar.
Artículo 11. La supervisión y vigilancia del seguro de desempleo, estará a cargo de un comité técnico, bajo la coordinación del Instituto Mexicano del Seguro Social, integrado además por las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social y de la Función Pública, dos representantes de la Cámara de Diputados, tres representantes de la organizaciones de trabajadores y patrones a convocatoria de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de manera que ninguna organización deberá tener más de un representante.
Artículo 12. Las personas solicitantes o en goce del seguro de desempleo, podrán interponer ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el recurso de inconformidad por haber sido objeto de discriminación, exclusión injustificada del beneficio, o cualquier otra conducta violatoria de la ley por parte de los servidores públicos.
Este recurso se desahogará conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Artículo Segundo. Se adiciona una fracción VII Bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 40. ... ...
Primero. El presente decreto entrará en vigor a los quince días naturales siguientes al de su publicación.
Segundo. Podrán acogerse al seguro de desempleo las personas que hayan perdido su empleo a partir del primero de enero de 2009.
Tercero. El Ejecutivo federal expedirá las disposiciones reglamentarias de la presente ley, dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.
Cuarto. Deberán destinarse en los Presupuesto de Egresos de la Federación para los Ejercicios Fiscales del 2009 y subsecuentes, los recursos necesarios para la debida aplicación del presente decreto.
Quinto. Los gastos que el presente decreto ocasione al Instituto Mexicano del Seguro Social deberán ser presupuestados para entregarle los recursos necesarios de manera oportuna.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado.Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
ESTADO DE MICHOACAN
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pasamos al siguiente punto. Pido a los señores secretarios que estemos atentos en este punto del orden del día y, por tanto, se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Báez Ceja, para presentar proposición con punto de acuerdo con el que la Cámara de Diputados expresa su enérgica condena por el atentado que privó de la vida al subsecretario de Seguridad Públicade Michoacán, en Morelia, suscrita por los diputados Víctor Báez Ceja e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Víctor Manuel Báez Ceja: «Proposición con punto de acuerdo que presenta el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con relación al homicidio del subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Manuel Revueltas López.Ciudadano presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, diputadas y diputados:
Los suscritos, diputados federales e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes
ConsideracionesEn la tarde de ayer varios sujetos armados ejecutaron al subsecretario de Participación Ciudadana de Michoacán, José Manuel Revueltas López.
Los hechos sucedieron a 400 metros de las oficinas de la Subsecretaría de Seguridad Pública Estatal y, mediante una persecución, varios sujetos armados perpetraron este homicidio. Incluso, testigos presenciales señalan que uno de los sicarios se bajó de una de las camionetas que perseguían al funcionario para rematarlo.
José Manuel Revueltas López era uno de los funcionarios cercanos al gobernador Leonel Godoy Rangel; antes fungió como director de Seguridad Pública Estatal y jefe de seguridad personal. Durante su desempeño como servidor público dio muestras de probidad, honradez, compromiso con la sociedad michoacana, y frente a la delincuencia nunca se amedrentó.
Nuestro grupo parlamentario condena enérgicamente este artero y cobarde asesinato, y exige de las autoridades su pronto esclarecimiento. Al mismo tiempo, manifestamos nuestra solidaridad con los deudos y con los civiles heridos.
El homicidio de José Manuel Revueltas López se suma al reciente asesinato del presidente de la Comisión de Gobierno de Guerrero, Armando Chavarría Barrera. Estos acontecimientos confirman y ratifican el clima de violencia e impunidad que prevalece en el país, así como la inoperancia e ineficiencia de la estrategia del combate a la inseguridad pública, donde los gobiernos de las entidades federativas son los que día a día enfrentan en la primera línea de combate al crimen organizado.
Este homicidio indigna a la sociedad michoacana, la cual exige de las autoridades federales y locales la más profunda y seria investigación. Y demanda que éste y los otros casos no queden en la impunidad.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición de urgente resolución.
Punto de AcuerdoÚnico. La Cámara de Diputados de la LXI Legislatura expresa su enérgica condena al cobarde atentado que privó de la vida al subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Manuel Revueltas López, el miércoles 2 de septiembre, en la Morelia, Michoacán.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado.
Se pide a la Secretaría que consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición y se abre el registro de oradores.
Se han registrado como oradores en pro los señores diputados Jeny de los Reyes y Jorge Romero. Tiene el uso de la palabra la diputada Jeny de los Reyes Aguilar .
La diputada Jeny de los Reyes Aguilar: Con su permiso, señor presidente e integrantes de la Mesa Directiva.Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados ve con preocupación la escalada del clima de violencia que se vive en este país y, como un acto de responsabilidad frente a la representación que se nos ha otorgado, nos corresponde atender de manera expedita la exigencia ciudadana de brindar mayor seguridad para las familias mexicanas.
Los hechos acontecidos ayer en Morelia, en mi estado, Michoacán, en el que perdieron la vida el subsecretario de Participación Ciudadana de la entidad, dos de sus escoltas y, lamentablemente, un civil, no hacen más que evidenciar la falla de los programas en materia de seguridad pública, y esos programas que ha diseñado el Poder Ejecutivo, incapaz de garantizar la integridad física y el patrimonio de los ciudadanos.
Se tiene que hacer un reconocimiento de la crisis que se está viviendo en materia de seguridad pública; el grave problema de la delincuencia, del narcotráfico. Sería un grave error no reconocer que en todo nuestro país, y principalmente en Michoacán, la ciudadanía queda expuesta y vive a diario la violencia y la ineficacia con la que se han venido tomando las decisiones en materia de seguridad.
Hoy, una vez más, se manifiesta que la sociedad es quien paga los platos rotos de esta ineptitud. Más que una guerra, el gobierno federal debería plantearse una estrategia integral que garantice y promueva la seguridad y la tranquilidad a que todas las mexicanas y todos los mexicanos tenemos derecho.
A consecuencia de la inseguridad en Michoacán se han registrado, tan sólo en lo que va del año, 279 crímenes, o llamadas ``ejecuciones'', cifra que representa el 15 por ciento de los asesinatos cometidos en nuestro país. Lo anterior hace urgente la revisión de las políticas públicas que han instrumentado las autoridades responsables, federales y estatales, para combatir la inseguridad y garantizar la seguridad nacional.
Es necesario que el Poder Legislativo, nosotros, participemos activamente en la evaluación del cumplimiento de sus metas vigilando siempre la observancia de los derechos humanos. La simple asignación de recursos para las corporaciones de seguridad ha demostrado ser ineficaz e ineficiente ante la falta de coordinación entre las distintas instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La seguridad pública es una función en la que debe participar de manera conjunta la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios. Por lo que resulta necesario dotar a dichas instancias de los instrumentos jurídicos que se requieran para el combate a la inseguridad, para lo cual revisaremos y propondremos las medidas del caso, para actualizar el actual régimen de competencias y las facultades entre los órdenes de gobierno en la materia.
Igualmente pugnaremos por la integración de un presupuesto que asegure que los tres órdenes de gobierno tengan los elementos suficientes y modernos para combatir la delincuencia organizada, el narcomenudeo y el secuestro.
Compañeros, no podemos permitir y permanecer impasibles ante el clamor de la ciudadanía que nos exige acciones firmes y contundentes para responder ante el azote de la delincuencia.
Los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estamos comprometidos con los michoacanos y con todos los mexicanos en la instrumentación de todas aquellas medidas que sean necesarias para garantizar un clima de paz y seguridad que haga posible una sana convivencia entre todos y cada uno de los ciudadanos.
Por tanto, estamos a favor del punto de acuerdo. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada.
Quiero informar a todas las señoras diputadas y a todos los señores diputados de la asamblea, que tenemos la grata visita en estos momentos, de un grupo de ciudadanos del Estado México, por lo cual les damos la más cordial bienvenida.
Se concede el uso de la palabra al diputado Ricardo Sánchez Gálvez , hasta por cinco minutos.
El diputado Ricardo Sánchez Gálvez: Acción Nacional condena y lamenta profundamente el atentado en el que el día de ayer se privó de la vida al subsecretario de Participación Ciudadana, José Manuel Revueltas López, de Michoacán.Deploramos este hecho que agravia a la sociedad michoacana y al país entero. No pueden ser estos hechos reiterados y cobardes una constante en el México de hoy, y en el que juntos nos esforzamos por construir día con día.
Por ello, en materia de seguridad hacemos un enérgico llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para no claudicar y no otorgar concesión alguna en esta lucha contra la inseguridad y en contra de las organizaciones delictivas.
México demanda hoy de hombres y mujeres comprometidos con la seguridad de los ciudadanos que sin tregua, sin titubeo, y con el compromiso de una entrega auténtica y generosa participación, desde esta trinchera de la seguridad pública generen para los ciudadanos la certidumbre que éstos exigen en un estado de derecho.
Pero también en Acción Nacional reconocemos la entereza, el valor, la gallardía y la generosidad de aquellos hombres y mujeres patriotas que en aras de preservar la seguridad, la paz y la tranquilidad de nuestras familias para tener una vida digna, han perdido la vida.
Solicitamos que con carácter de urgente se concreten los mecanismos interinstitucionales de coordinación en materia de seguridad pública para que se abatan los índices de criminalidad en todo el país.
No cabe la menor duda de que hechos como el de ayer no son sino una respuesta de los grupos delictivos que han visto afectados de manera considerable sus intereses económicos y de influencia en todas las regiones del país.
Condenamos de manera enérgica estos actos de brutalidad, desde esta tribuna extendemos, también nuestra solidaridad a la familia de José Manuel Revueltas y al gobierno de Michoacán, por esta lamentable pérdida.
Hago un exhorto desde la más alta tribuna del país para urgir a esta Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, para que de forma pronta, de manera colegiada y decidida, trabajemos con el único ánimo de construir juntos un nuevo orden legal, a la altura de las demandas ciudadanas y acorde con los tiempos que hoy vive el país.
Los legisladores del PAN hacemos patente nuestro respaldo e incondicional apoyo al presidente de la República y a los gobernadores de los estados en esta lucha que se emprendió por la seguridad. Sabíamos que ya nos esperaban altísimos costos, pero que por los ciudadanos y las familias mexicanas tendríamos, con responsabilidad, que asumir.
Señoras legisladoras y señores legisladores, los momentos que vive el país en materia de inseguridad deberían hoy hermanarnos en la construcción de los grandes acuerdos que en éste y en otros temas, pensando siempre en el fin último al que aspira toda sociedad, el bien común, como el más alto anhelo de la nación. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. En virtud de no tener más oradores inscritos en pro del dictamen, pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Por tanto, se considera suficientemente discutida.
Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada. Comuníquese.
SEQUIA
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene el uso de la palabra la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a impulsar un programa especial de emergencia para las zonas afectadas por la sequía, y se asegure que no se suban los precios de los productos que vende Diconsa.
La diputada Narcedalia Ramírez Pineda: Señor presidente, honorable asamblea:Pese a los estragos que está causando el huracán Jimena en varias poblaciones de Baja California Sur, afectando también los servicios públicos y la economía del turismo de esa región, y a que en el noroeste de la República han llegado algunas lluvias por el efecto de este meteoro, es indudable que la crisis del agua golpea fuertemente a la nación.
Una persistente sequía atípica viene devastando con mano de hierro la economía campesina, con especial dureza la del temporal, a los que dependen exclusivamente de la lluvia para arrancar de la tierra sus frutos y los alimentos que necesitan para vivir el día a día de su pobreza.
Es, sin embargo, una crisis que golpea a todo el agro, incluso a los que cuentan con riego, porque las presas están a menos de la mitad de sus niveles normales y han convertido las tierras de riego en tierras en espera de un temporal que no llega.
El problema se agudiza en el abasto de agua potable para las ciudades, donde los medios mejor informados advierten de serias restricciones que serán peores en los meses que vienen a pesar de que ya hay barrios, colonias y delegaciones que llevan ya varios días sin el líquido vital.
Pero, además, los efectos de El Niño y del cambio climático no golpean sólo a los productores rurales y al abasto de agua potable en las ciudades; sus efectos se transmiten a toda la economía. Aumentarán primero los precios de los productos agrícolas y aumentarán también la carne y los productos de toda industria que dependa de los insumos agrícolas, golpeando así al productor por los costos de producción; al consumidor en el precio final; y siempre y, con más fuerza, a los que menos tienen.
Según las organizaciones campesinas, en todo el país se han registrado pérdidas de 80 por ciento de los cultivos, en especial de frijol y maíz blanco, los alimentos básicos de nuestro pueblo. Además ya se registra la pérdida de 1.5 millones de hectáreas productoras de grano ---según afirmación del secretario de la Sagarpa--- y de miles de toneladas de sorgo y de soya, afectando también a la ganadería y la producción de aceite para el consumo humano.
Diez millones de cabezas de ganado padecen la falta de agua y miles ya han muerto. Los 115 mil pozos de agua en el país tienen niveles promedio de 50 por ciento, en tanto que las 4 mil 500 presas, entre medianas y pequeñas, tienen un promedio de 60 por ciento de su capacidad. Algunas presas grandes tienen hoy niveles muy bajos, como es el caso de las que integran el Sistema Cutzamala, que abastece a la capital de la República.
Es por tanto una catástrofe de gran magnitud, aún en curso, y con un futuro pesimista que golpea a todos. Los primeros y más seriamente afectados son los más pobres del campo y la ciudad. Los que en el campo dependen sólo del temporal para sus cosechas y para alimentar y dar agua a sus animales; y los de la ciudad que viven en las colonias más altas y donde el sistema de abasto simplemente no llega.
Tanto en el campo como en las ciudades, los mayores perdedores son los más pobres y marginados; los que todo lo esperan de sus modestas cosechas o de sus humillantes salarios mínimos. Peor, los que no cuentan con ingreso alguno.
Hoy la crisis del agua tanto para el consumo humano como para riego nos llama con urgencia a la acción y a la solidaridad. Todos estamos obligados a aportar nuestro grano de arena en las tareas de ayudar a los compatriotas que sufren el rigor de la naturaleza y en estos momentos viven ya la desesperación del hambre, la insolvencia y la impotencia frente al qué hacer para mañana.
Por eso, señor presidente, me permito proponer a esta honorable asamblea los siguientes puntos de acuerdo
Primero. Exhortar al Poder Ejecutivo a que impulse un programa especial de emergencia para canalizar apoyos hacia las zonas afectadas y que se prepare por conducto de la Sagarpa la resiembra de cultivos para poder recuperar algo de lo ya perdido.
Segundo. Asegurar por conducto de Diconsa que los 25 productos básicos, que conforman la canasta básica de los pobres, no sufran alteración alguna de sus precios.
Tercero. Que el Programa para la Atención de Contingencias Climatológicas (PACC) opere de inmediato el programa que tiene a su cargo, en beneficio tanto de los productores afectados por la sequía, como ahora por los desastres del huracán Jimena en la región de Baja California Sur.
Cuarto. Que la banca de desarrollo reestructure los créditos a los productores dañados por la sequía.
Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Economía. En tanto se integra, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
SEQUIA
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Samuel Herrera Chávezpara presentar proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Gobernaciónemita la declaratoria de desastre natural en Zacatecas y otras entidades de la República afectadas por la sequía atípica.
Asimismo, a los titulares de Sagarpa y de Conagua a que realicen las acciones correspondientes para mitigar los efectos derivados por este fenómeno meteorológico, suscrito por los diputados Gerardo Leyva Hernández , Ramón Jiménez Fuentes , Claudia Anaya Mota , Heladio Gerardo Verver y Vargas y el propio Samuel Herrera Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Samuel Herrera Chávez: Con su permiso, señor presidente.«Hoy ante esta honorable soberanía hacemos la proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que solicita al secretario de Gobernación se emita la declaratoria de desastre natural en Zacatecas y otras entidades de la República afectadas por la sequía atípica. Solicitada por la gobernadora de Zacatecas y por los Ejecutivos estatales de otras entidades del país.
Y asimismo a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de la Comisión Nacional del Agua a que realicen las acciones correspondientes para mitigar los efectos derivados de este fenómeno meteorológico, con acciones comprendidas en los programas del Fondo Nacional de Desastres Naturales, Fonden y el Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC).
Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados y las diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, que abajo suscriben, presentamos proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se solicita al secretario de Gobernación se emita la declaratoria de desastre natural en Zacatecas y otras entidades de la República afectadas por la sequía atípica.
Solicitada por la gobernadora de Zacatecas y por los Ejecutivos estatales, y otras entidades del país, de la Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de la Comisión Nacional del Agua a que realicen las acciones correspondientes para mitigar los efectos derivados de este fenómeno meteorológico, con acciones comprendidas en los programas del Fondo Nacional de Desastres Naturales, Fonden y el Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, PACC, al tenor de los siguientes
ConsiderandosMéxico atraviesa por momentos difíciles derivados de la crisis económica mundial, el brote de influenza humana AH1N1 y la violencia ocasionada por la lucha contra la delincuencia organizada.
A esa crisis se agregan los efectos devastadores de la sequía que azota a bastas extensiones del país, enclavadas en el Altiplano, el Bajío, centro, norte y sureste del país, productoras de maíz, frijol, trigo, sorgo, soya, carne de res, leche, lo cual profundiza la crisis alimentaria en el país.
Los expertos en materia meteorológica atribuyen ese nuevo episodio de estiaje al fenómeno conocido como El Niño. Asimismo que en otro tiempo se dejó sentir su rigor, presentando grandes pérdidas económicas de acuerdo con la organización meteorológica mundial. El citado fenómeno recién inició en el Océano Pacífico y sus efectos pueden extenderse hasta el año 2010.
El panorama nacional ante este efecto no es nada alentador, en virtud de que a la fecha 23 estados son afectados por la reducción de las lluvias hasta en un 50 por ciento. La cosecha de tres millones de campesinos, en 12 millones de hectáreas está en riesgo.
Está en peligro la producción de 20 millones de toneladas en productos básicos y estratégicos para la alimentación de los mexicanos, como lo es el maíz, frijol, trigo, soya y sorgo, este último importante para la producción de carne, leche y huevo.
De acuerdo con la información de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, las entidades más afectadas son Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Sonora, Durango, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Colima, Veracruz y Oaxaca.
En Zacatecas, según registros de la Red Agroclimática de la entidad, operada por el Instituto Nacional de Investigación Forestales en el pasado mes de junio, julio y lo que va de agosto, la precipitación fluvial se ha reducido a la mitad del promedio histórico, situación que ha provocado que no se hayan sembrado 150 mil hectáreas, el siniestro total de 76 mil hectáreas, parcial en 370 mil hectáreas, sembradas principalmente de frijol, y en menos, de superficie de maíz, que sumadas a las superficies no sembradas por la falta de humedad, representan casi el 50 por ciento de la superficie cultivable de esta entidad.
La ganadería está siendo igualmente afectada por la sequía, pues al menos el 70 por ciento de los pastizales se ha secado y el 95 por ciento de los bordos de abrevaderos están secos; por lo que miles de cabezas de ganado se encuentran en latente riesgo de morir, lo que podría representar hasta mil millones de pesos en pérdidas.
El mal estado de las vacas impide la reposición y, por ende, la producción de becerros. La sequía en Zacatecas dejará pérdidas equivalentes a los 3 mil millones de pesos por la no producción histórica de frijol, maíz y de ganado.
Esto llevó a la gobernadora de Zacatecas a solicitar la declatoria de zona de desastre por sequía, con objeto de que se puedan activar los programas del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) y del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, para implementar programas emergentes como la siembra de cultivos, forrajeros, avena y cebada, de complementación energética, proteica de ganado y de empleo temporal, entre otros aspectos importantes.
Es de subrayarse que 47 por ciento de los zacatecanos se dedican a la actividad agropecuaria, por lo que se verán afectadas un gran número de familias; lo que, sin duda, pone en riesgo la actividad económica del estado. Por lo antes expuesto proponemos el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. Se exhorta al secretario de Gobernación se emita la declaratoria de desastre natural afectado por la sequía típica en Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas, solicitado por la gobernadora de Zacatecas y por los ejecutivos estatales de otras entidades del país.
Segundo. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de la Comisión Nacional del Agua, a que realicen las acciones correspondientes para mitigar los efectos derivados por este fenómeno meteorológico con acciones comprendidas en los programas del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) y del Programa de Atención de Contingencias Climatológicas (PACC).
Tercero. Se exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público para que de manera urgente libere los recursos considerables en el Fonden, para el combate de sequía típica e impredecible.
Cuarto. Se exhorta al titular de Diconsa para que no se aumenten los precios de la canasta básica en detrimento del pueblo de México, distribuidos por esta dependencia en todos los estados y, particularmente, en aquellos estados afectados por la sequía.
Es cuanto, señor presidente, gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado.
Le pedimos a la Secretaría que consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Adelante, señor diputado.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Gracias. Quisiera preguntar si el proponente acepta que se fusione con la anterior proposición, para que se resolvieran juntas a la brevedad posible. Gracias, señor diputado.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias.
El diputado Arturo Ramírez Bucio (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, señor diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Arturo Ramírez Bucio (desde la curul): Una aclaración y rectificación de hechos.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No hemos puesto a discusión todavía. Estamos en el procedimiento para considerar si es de urgente resolución y ha habido una pregunta, cosa que se ha admitido, el poder tener un dictamen en condiciones conjuntas.
Estaríamos ahorita informando a la asamblea.
Se consulta al promovente si está de acuerdo con la propuesta del diputado Ramírez Marín. Sí está de acuerdo.
En virtud de haber sido aceptado, se turna a la Junta de Coordinación Política para el trámite correspondiente.
SEQUIA
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En virtud del acuerdo tenido hace unos minutos, la propuesta de la diputada Narcedalia Ramírez Pinedatambiénse turna a la Junta de Coordinación Política.
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a la liberación de recursos para hacer frente a la caída de los ingresos federales.
El diputado Vidal Llerenas Morales: Gracias, señor presidente.El federalismo mexicano es en buena medida, gracias a la independencia política ganada por esta Cámara hace 12 años, vigoroso, y otorga responsabilidades fundamentales de política pública a estados y a municipios.
La pluralidad política de la Cámara de Diputados es responsable de que las autoridades locales cuenten ahora con nuevas y mayores fuentes de financiamiento para pagar por los servicios que prestan e invertir en infraestructura en el desarrollo.
Anteriormente, debido al control extralegal del presidente, el país, a pesar de que la Constitución dictara lo contrario, era central y toda iniciativa local era eclipsada por el poder nacional que se imponía como la única opción legítima para administrar lo público en México.
A las entidades se les expropiaron sus facultades tributarias a favor de una supuesta coordinación fiscal dirigida siempre por la Secretaría de Hacienda; se les impusieron nuevas responsabilidad en materia de educación y salud, sin contar ni con los recursos suficientes ni con facultades reales para decidir el rumbo de ambos servicios.
A partir de 1997, cuando por fin una mayoría de diputados hizo valer el poder de bolsillo del Congreso, se establecieron nuevos fondos federales en el Ramo 33, y por medio de asignaciones específicas para compensar el serio desequilibrio de recursos que existe entre el gobierno nacional y los locales.
Eso permitió reactivar la capacidad de inversión de las entidades, financiar los servicios municipales y reducir parte de las deficiencias de los procesos de centralización del gasto desarrollado hace dos décadas.
En 2009 las entidades y los municipios propusieron a sus Congresos presupuestos acordes con las previsiones elaboradas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Por desgracia, el punto y medio de crecimiento pronosticado por la Secretaría de Hacienda se convirtió en una caída superior al 7 por ciento y la recaudación federal participable cayó en más de 25 por ciento.
Lo anterior en un contexto en el que las entidades cuentan con muy pocas facultades tributarias y los municipios enfrentan obstáculos enormes para ejercerlas. Eso nos llevó a un escenario en el que no solamente se está recortando el gasto y cancelando la inversión, sino a qué servicios básicos comienzan a no proveerse y las nóminas a no pagarse.
No es retórico decir que los gobiernos locales enfrentan una situación de gravedad crónica. Eso además pone en riesgo la estabilidad financiera y la percepción del riesgo país, ya que no es lejano el escenario en que alguna entidad o municipio declare una moratoria en el pago de sus deudas.
La reacción de la Secretaría de Hacienda ha sido de indiferencia. Primero decidió clasificar los ingresos por las coberturas petroleras, de tal forma que no fueran participables a estados y a municipios. Después simplemente rechazó hacer uso de recursos excedentes de derechos petroleros de las entidades para compensar esta caída de recursos.
Por supuesto que en el ámbito local persisten problemas serios de transparencia y de rendición de cuentas, temas que tampoco hemos superado, por cierto, en la esfera nacional.
Es verdad que estados y municipios deben realizar un mejor trabajo de recaudación basado en facultades tributarias más sólidas. Es cierto que debemos pensar mejor las facultades y las atribuciones de gasto en cada nivel de gobierno. Todo eso debe ser un tema central de la presente legislatura.
Pero en este momento lo que propone la fracción del PRD es simplemente llamar a la cordura y exigir al gobierno federal que haga uso de distintos instrumentos para evitar la quiebra en este año de estados y de municipios.
Se trata, insisto, de un asunto relativamente fácil de resolver, pero que ante la parálisis se está volviendo mayúsculo. Por eso proponemos un punto de acuerdo que exhorte al Ejecutivo a tomar medidas en cinco rubros, lo que implica simplemente utilizar recursos excedentes, es decir, sin presionar a las finanzas públicas para solucionar los problemas de estados y de municipios.
Se trata de medidas como utilizar fondos que fueron generados para ser utilizados en caso de emergencia y que se encuentran ociosos debido a la normatividad absurda. Es el caso, por ejemplo, del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas que debería ser utilizado en su totalidad en una situación de emergencia, o el Fondo para los Programas y Proyectos de Inversión en Infraestructura que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Responsabilidad Hacendaria, debe ser usado para apoyar a estados y municipios, o el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), que increíblemente el gobierno federal no ejerce en medio de la peor crisis económica de la historia.
Además proponemos que se flexibilicen las reglas de operación de los programas federales para eliminar las contrapartes a las que están obligados estados y municipios.
Nos encontramos en una situación de emergencia muy grave. La enorme caída de los ingresos de estados y municipios lejos de ayudar a reactivar la economía se convierte en una acción que incrementa la profundidad de la recesión económica.
En este sentido proponemos el siguiente punto de acuerdo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, debido a que ya están cubiertos los 40 mil 700 millones de pesos a que hace referencia la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, se participe a las entidades federativas de los recursos adicionales que generan el derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización y que tenga como objetivo compensar parcial o totalmente los ingresos del gobierno federal durante el ejercicio fiscal 2009, a través de la mecánica establecida en los lineamientos del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (Fies).
Segundo. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que las entidades federativas dispongan de la totalidad de los recursos de la reserva del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas para hacer frente a la caída en las participaciones vinculadas con la recaudación federal participable, esto es, los 28 mil 084 millones de pesos que actualmente conforman la reserva, para lo cual también se solicita una modificación a las reglas de operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.
Tercero. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que las entidades federativas dispongan del saldo de los recursos del Fondo para los Programas y Proyectos de Inversión en infraestructura al 31 de julio de 2009, que asciende a 16 mil 191 millones de pesos, distribuyéndose y aplicándose de acuerdo con los lineamientos del FIES, para la estructura de los estados.
Cuarto. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se reasignen a las entidades federativas 20 mil millones de pesos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y que sean distribuidos y aplicados para financiar proyectos de inversión en infraestructura en las entidades federativas, de acuerdo con los lineamientos del FIES.
Quinto. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que flexibilice las reglas de operación de los programas federales, cuya implementación requiere recursos de la propia federación, pero condicionados a las aportaciones por parte de las entidades federativas y los municipios, con la finalidad de que se inicie de inmediato la ejecución de dichos programas aplicando, en primera instancia, los recursos federales sin condiciones de pari passu.
Es cuanto, señor presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la liberación de recursos para hacer frente a la caída en los ingresos federales, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales , del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Vidal Llerenas Morales , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar la siguiente proposición con puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosDerivado del desfavorable entorno económico, siendo la economía mexicana una de las más afectadas a nivel mundial, lo que se reflejará en una caída del producto interno bruto superior a 7 por ciento durante el presente ejercicio fiscal --situación más grave que la vivida en la crisis de 1995--, la recaudación federal participable a través de la cual se le distribuyen recursos a las entidades federativas en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal hasta agosto mostró una caída real de 26.3 por ciento respecto a 2008.
Lo anterior, derivado de la reducción del 38.6 por ciento en términos reales que observaron los ingresos petroleros en comparación con el ejercicio fiscal de 2008, así como a la disminución real de los ingresos tributarios de 11.6 por ciento.
Esto es resultado, por una parte, de que por primera vez en varios años, el precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo se encuentra por debajo (18.4 dólares) de la estimación de la Ley de Ingresos, así como una baja en la producción de este hidrocarburo. Por otra parte, en cuanto a los ingresos tributarios la disminución se explica porque el impuesto sobre la renta muestra una caída de 14.1 por ciento y el impuesto al valor agregado una reducción de 20.6 por ciento.
De esta forma, hasta agosto del 2009, todas las entidades federativas sufrieron una importante caída en las participaciones del orden de 25.9 por ciento real, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Por ello, en virtud de la complicada situación en materia de finanzas públicas en la que se encuentran los estados y el Distrito Federal derivada de la crisis económica, es necesario que se gestione ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la reasignación de recursos a las entidades federativas que les permitan hacer frente a las presiones financieras que están teniendo lugar.
Es de considerar que los recursos que por concepto del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) disponen los estados de la federación para hacer frente a la caída de las participaciones respecto a lo estimado por la SHCP, no serán suficientes dado que se estima que sólo cubrirán el 50 por ciento de esta brecha, dada la magnitud de la actual crisis económica.
Para lo cual se explica lo siguiente:
El artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 contempla que:
De acuerdo al Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Segundo Trimestre de 2009 de la SHCP, la recaudación por concepto del derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización fue de 25 mil 247 millones de pesos.
Asimismo, de conformidad con la declaración del derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización correspondiente al segundo trimestre de 2009, Petróleos Mexicanos ( Pemex) enteró 18 mil 649.6 millones de pesos.
Por lo anterior, al mes de junio la SHCP recibió 43 mil 896.6 millones de pesos por concepto del derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización.
De esta manera, se propone que dado que ya están cubiertos los 40 mil 700 millones de pesos a que hace referencia la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, se participe a las entidades federativas de los recursos adicionales que se generen, a través de la mecánica establecida en las Reglas de Operación del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (Fies), de tal suerte que se requiere se distribuya la diferencia establecido en la Ley de Ingresos de la Federación y lo pagado por Pemex al mes de junio por concepto del derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización, esto es, 3 mil 196.6 millones de pesos
La fracción II del artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, LFPRH, y 12 A de su Reglamento, contemplan que la disminución en la recaudación fiscal participable respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación, se podrá compensar con los recursos del Fondo Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) de acuerdo con sus respectivas reglas de operación.
Ahora bien, estas Reglas de Operación disponen que los recursos del FEIEF se apliquen para entregar a las entidades federativas las cantidades que compensen la disminución en el monto de las participaciones vinculadas con la recaudación fiscal participable estimada en la Ley de Ingresos de la Federación.
Sin embargo, la regla décima de las Reglas de Operación en comento, establece que la compensación referida en el párrafo anterior, se realizará de manera que la reducción de la reserva del FEIEF no sea mayor al 50 por ciento del límite máximo establecido en el artículo 19, fracción IV, segundo párrafo, de la LFPRH.
De esta manera, de acuerdo a las reglas, la compensación ante una caída en las participaciones asociadas a una disminución en la recaudación fiscal participable respecto a lo estimado por la SHCP, se realiza haciendo uso en primera instancia, de los rendimientos financieros que haya generado la reserva del FEIEF.
En caso de no ser suficiente, se hará uso del 50 por ciento del límite máximo de la reserva establecido en la LFPRH.
De acuerdo con el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Segundo Trimestre de 2009 de la SHCP y considerando los rendimientos financieros al mes de junio de 2009, las entidades federativas disponen de 31 mil 309 millones de pesos en el FEIEF, 28 mil 084 millones de pesos de la reserva y 3 mil 225 millones de pesos por concepto de rendimientos financieros.
De conformidad con las Reglas de Operación, para el 2009 las entidades únicamente podrán disponer de 21 mil 985 millones de pesos (50 por ciento de la reserva definida en la ley) más los rendimientos financieros mencionados.
Es decir, en estricto cumplimiento a las Reglas de Operación del FEIEF quedará un remanente de 6 mil 99.3 millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2010.
Por lo anterior, y dada la situación económica actual, es necesario que las entidades federativas dispongan de la totalidad de los recursos de la reserva del FEIEF, para hacer frente a la caída en las participaciones vinculadas a la recaudación fiscal participable. Esto es, los 28 mil 084 millones de pesos que actualmente conforman la reserva, para lo cual será necesaria una modificación a las Reglas de Operación del FEIEF.
Asimismo, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria contempla que, una vez llenos los fondos de estabilización, los ingresos excedentes se destinarán conforme a:
``En un 25 por ciento a los programas y proyectos de inversión en infraestructura que establezca el Presupuesto de Egresos, dando preferencia al gasto que atienda las prioridades en las entidades federativas.''
De acuerdo con el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Segundo Trimestre de 2009 de la SHCP, el saldo de los recursos del Fondo para los Programas y Proyectos de Inversión en Infraestructura al 30 de junio de 2009, ascendió a 16 mil 191.1 millones de pesos.
Por ello, se propone que dichos recursos se distribuyan a las entidades federativas bajo el mismo procedimiento que el Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados, Fies.
Es de destacar que, en virtud de que los recursos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) no se han utilizado de acuerdo con lo programado, se propone que se destinen 20 mil millones de pesos de dicho fondo a las entidades federativas para financiar proyectos de inversión en infraestructura pública utilizando la figura del Fies con el objetivo de financiar infraestructura en las entidades federativas.
Por otra parte, es de considerar que existen programas sujetos a reglas de operación cuya implementación requiere recursos que aporta la federación y están condicionados a las aportaciones por parte de las entidades federativas y los municipios.
Ahora bien, derivado de las condiciones de restricción presupuestaria a la que se enfrentan las entidades federativas y los municipios, se propone flexibilizar las Reglas de Operación para que se inicie de inmediato la ejecución de los programas aplicando en primera instancia los recursos federales.
Es decir, resulta indispensable que se haga una excepción de cláusula del pari passu en los distintos programas federales.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar a la Cámara de Diputados se someta a consideración la siguiente proposición con
Puntos de AcuerdoPrimero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que debido a que ya están cubiertos los 40 mil 700 millones de pesos a que hace referencia la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, se participe a las entidades federativas de los recursos adicionales que genere el derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización y que tenga como objetivo compensar parcial o totalmente los ingresos del gobierno federal durante el ejercicio fiscal de 2009, a través de la mecánica establecida en los lineamientos del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados.
Segundo. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que las entidades federativas dispongan de la totalidad de los recursos de la reserva del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, para hacer frente a la caída en las participaciones vinculadas a la recaudación federal participable. Esto es, los 28 mil 084 millones de pesos que actualmente conforman la reserva, para lo cual también se solicita una modificación a las Reglas de Operación del Fondo Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.
Tercero. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que las entidades federativas dispongan del saldo de los recursos del Fondo para los Programas y Proyectos de Inversión en Infraestructura al 31 de junio de 2009, que asciende a 16 mil 191.1 millones de pesos, distribuyéndose y aplicándose de acuerdo con los lineamientos del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados.
Cuarto. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se reasignen a las entidades federativas 20 mil millones de pesos del Fondo Nacional de Infraestructura y que sean distribuidos y aplicados para financiar proyectos de inversión en infraestructura en las entidades federativas acuerdo con los lineamientos del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados.
Quinto. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se flexibilicen las reglas de operación de los programas federales cuya implementación requiere recursos de la propia federación, pero condicionados a las aportaciones por parte de las entidades federativas y los municipios, con la finalidad de que se inicie de inmediato la ejecución de dichos programas aplicando en primera instancia los recursos federales, sin condiciones de pari passu .
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, para presentar proposición con punto de acuerdo sobre la emergencia en Baja California Sur debido a la presencia del huracán Jimena, suscrita por los señores diputados Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Francisco Armando Meza Castro, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, Víctor Manuel Castro Cosio y Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor: Con su permiso, diputado presidente; con el permiso de los diputados de la Mesa Directiva.Compañeros legisladores y compañeras legisladoras, los suscritos diputados federales Esthela Ponce Beltrán, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor , Francisco Armando Meza Castro , Víctor Manuel Castro Cosio, integrantes de esta honorable legislatura y, con fundamento en lo establecido en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones.
Los pasados 1 y 2 de septiembre el huracán Jimena impactó a Baja California Sur. De categoría 2, con vientos mayores a 140 kilómetros por hora y con lluvias intensas superiores a los 400 milímetros, según contabilizó la Comisión Nacional del Agua, que provocaron el desbordamiento de arroyos, inundaciones en comunidades rurales, con daños y afectaciones principalmente en los municipios Comondú, Loreto y Mulegé.
De acuerdo con los informes presentados por las autoridades, Ciudad Constitución, cabecera municipal de Comondú y principal núcleo de producción agrícola del estado, fue la zona más afectada, resultando con severas inundaciones, daños a la infraestructura de conducción de energía eléctrica, daños en agua potable, daños en vivienda y que hasta hoy se encuentran alrededor de 50 mil habitantes sin el fluido eléctrico.
Colonias populares han resultado dañadas gravemente en su infraestructura. Se estima que hay más de 10 mil viviendas afectadas en todo el distrito y no ha sido posible hacer una evaluación preliminar de los daños, pues las poblaciones que están aledañas todavía se encuentran incomunicadas.
En los municipios de Comondú, de Loreto y Mulegé este día aún permanecen en los refugios temporales unos 4 mil ciudadanos. Ayer por la noche, Jimena, convertida ya en tormenta tropical, continuó dejando sus efectos en el norte de Baja California Sur, en las comunidades de Guerrero Negro, Vizcaíno, Punta Abreojos, Bahía Asunción y Santa Rosalía, en donde también se encuentran sin fluido eléctrico más de 6 mil habitantes.
Si bien durante la contingencia por el paso del huracán Jimena no se han registrado pérdidas humanas, la situación actual es de desastre, pues el saldo fue la devastación en Ciudad Constitución, que permanece sin comunicación telefónica, ni celular, ni energía eléctrica, ni agua potable y con dificultades de abasto de alimento por las malas condiciones de carreteras y caminos rurales.
Es imperativo destacar ante esta soberanía el fuerte impacto que sufrieron los sectores agrícola y pesquero de Baja California Sur en todas estas comunidades: Ciudad Constitución, Ciudad Insurgentes, Zaragoza, San Carlos, son núcleos de producción agrícola y pesquera muy importantes en la entidad.
Y hoy no es posible cuantificar la superficie de daños a cultivos que se ha perdido por esta contingencia, como también es muy difícil determinar los daños que sufrieron patrimonialmente y en cuanto a producción los trabajadores del mar en todo el litoral del Pacífico.
A partir de hoy iniciará en nuestro estado la evaluación de daños, la remoción de escombros, la reparación de caminos rurales, carreteras y servicios públicos, para que cuanto antes vuelva a la normalidad. En tanto, se necesita del apoyo urgente e inmediato de las autoridades federales, pues aún son muchas las comunidades en donde se requiere la intervención institucional.
La intención de solicitar ante el pleno esta aprobación de aplicar una excepción en las reglas de operación del Fonden para atender los daños causados por el huracán Jimena en Baja California Sur, se basa en la virtual quiebra de las finanzas en los municipios más afectados, así como en la difícil situación económica que enfrenta el propio gobierno del estado ante una sensible caída en sus participaciones federales y en sus ingresos locales.
Desde hace más de dos meses las administraciones municipales no han podido cumplir con el pago de nómina, de energía eléctrica para la operación de oficinas y de los pozos de extracción de agua potable y han tenido que priorizar al máximo el recurso para la elemental prestación de los servicios públicos.
Con fecha 23 de junio del presente año la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó, en votación económica, un dictamen por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que tome las acciones necesarias para apoyar y ayudar a las entidades federativas con mayor riesgo de sufrir afectaciones de huracanes.
Cabe destacar y reconocer la oportuna intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Tercera Zona Militar; de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Comisión Nacional del Agua, del Sistema Nacional y estatal de Protección Civil, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de Marina, particularmente de la Comisión Federal de Electricidad, así como de todas de las dependencias del gobierno del estado que encabeza el ingeniero Narciso Agúndez Montaño. Todos se han coordinado eficientemente para atender a la población y llevar el auxilio inmediato necesario.
Por lo expuesto, y ante la emergencia, los diputados federales suscritos ponemos a la consideración de esta honorable soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. Se solicita con carácter de urgente a la Secretaría de Gobernación emitir la declaratoria de desastre, a la mayor brevedad posible, respecto a los municipios Comondú, Loreto y Mulegé, Baja California Sur, una vez que el gobierno del estado lo solicite, lo cual no ha sido posible derivado de que el fenómeno todavía no abandona el estado.
Segundo. Se analice la posibilidad de hacer una excepción en la entrega unilateral y sin contraparte, más allá de las reglas que exigen el depósito del esquema pari passu, esto a fin de liberar los recursos del Fondo Nacional de Desastres y de atender a la población con eficacia, eficiencia, efectividad, rapidez, y con la dignidad que merecen los ciudadanos de los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé, Baja California Sur.
Tercero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política la conformación de un grupo de trabajo plural para darle seguimiento puntual a los puntos que se manifiestan en el presente acuerdo, y de la aplicación de los recursos que, vía Fonden, se destinen para la reconstrucción de los daños ocasionados por este huracán.
Apelo, compañeros diputados y compañeras diputadas, a la sensibilidad de todos ustedes para aprobar este punto de acuerdo, pues es un asunto de humanidad apoyar de manera urgente a nuestros hermanos sudcalifornianos. Hoy enfrentan una situación de desastre y no hay vía más rápida para paliar sus necesidades y apoyarlos a volver a la normalidad.
Ayer el presidente Calderón, en su intervención, habló de la voluntad política. Yo apelo a esa voluntad política de todos ustedes, compañeros y compañeras, pero sobre todo a la solidaridad y a la sensibilidad para que Baja California Sur siga adelante. Muchas gracias a todos.
«Proposición con punto de acuerdo, sobre la emergencia en Baja California Sur debida a la presencia del huracán Jimena, suscrita por los diputados Alejandro Encinas Rodríguez , Francisco Armando Meza Castro , Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor , Víctor Manuel Castro Cosío y Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez , del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan al pleno de esta honorable soberanía parlamentaria, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con el objetivo de que se exhorte al titular de la Secretaría de Gobernación, a emitir declaratoria de desastre en el estado de Baja California Sur considerando los daños ocasionados por el huracán Jimena a diversos sectores de la entidad, al tenor de los siguientes
Antecedentes y consideracionesPrimero. Desde hace varios días el huracán Jimena se ha acercado con velocidad considerable a la zona sur del estado de Baja California Sur, manteniéndose con una fluctuación entre las categorías 3 y 4 de la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de 230 kilómetros por hora y rachas cercanas a 300 kilómetros por hora el 31 de agosto. El 1 de septiembre tocó tierra, siendo previsible que, dadas las condiciones de vulnerabilidad prevalecientes ---como resultado de la urbanización derivada de la expansión de las actividades turísticas insuficientemente reguladas---, miles de habitantes padezcan estragos sociales, económicos, de empleo, vivienda y salud, como resultado de las inundaciones, deslaves y marejadas en las áreas costeras.
El Servicio Meteorológico Nacional ha determinado que es severo el índice de peligrosidad de dicho fenómeno; al respecto, cabe señalar que el director de Protección Civil del estado afirmó que ``existe riesgo de que se puedan producir víctimas fatales''.
Segundo. Algunas medidas inmediatas que se han tomado con anticipación al arribo del huracán Jimena a tierra firme, se refieren a la evacuación de comunidades urbanas en diversos municipios, a fin de reubicar temporalmente a miles de personas en albergues donde permanecerá un número todavía indeterminado de familias; en términos generales, el gobierno estatal tiene previstos 147 albergues, con capacidad para alojar a 30 mil personas. Cabe señalar que las autoridades han identificado decenas de colonias ubicadas en zonas urbanas de alto riesgo que podrían sufrir inundaciones o deslaves, en su mayoría se trata de asentamientos populares. También se han tomado otras medidas como la suspensión de clases y de la navegación marítima y aérea.
Lo anterior se inscribe en la decisión tomada el 31 de agosto por el Sistema Nacional de Protección Civil, que emitió ese día la ``alerta naranja'' en Baja California Sur, manteniendo la ``alerta amarilla'' en Sinaloa y Nayarit, recomendando la evacuación de los pobladores asentados en zonas de riesgo, considerando que Jimena provocará intensas lluvias desde la noche del 1 de septiembre y hasta la noche del 2 de este mismo mes, las cuales serán más intensas en zonas montañosas, provocando inundaciones y deslaves en áreas pobladas en zonas bajas; por otra parte, protección civil reconoce que la fuerza de los vientos constituyen un peligro extremo para las viviendas de los sectores populares, sobre todo en los municipios de Los Cabos, La Paz, Comondú y Loreto.
Protección civil advirtió que el huracán trae consigo oleaje, que a partir del 1 de septiembre incrementó su altura hasta alcanzar los seis metros durante el impacto, lo cual se convierte en una situación de riesgo para las actividades recreativas y comerciales, marítimas y costeras de la entidad, ampliando su radio hasta las costas de Sinaloa y sur de Sonora.
Tercero. Históricamente Baja California Sur padece con frecuencia los efectos asociados a los huracanes que se forman en una de las regiones ciclogénicas más activas del mundo, el Pacífico sur mexicano, donde se originan ciclones tropicales cuya trayectoria norte-noroeste impacta recurrentemente dicho estado.
Por ejemplo, en el periodo 1949-2001, la mayor frecuencia de huracanes se registró en el mes de septiembre y, conforme a diversos registros meteorológicos, más del 15 por ciento de los huracanes formados en la cuenca oriental del Pacífico norte afectan la península de Baja California, sobre todo en su porción sur, con un notable incremento en las precipitaciones pluviales.
Algunos ejemplos recientes de la devastación asociada con la incidencia de huracanes en Baja California Sur son: Liza, en 1976, con un saldo de casi mil personas fallecidas; Marty, en 2003, con decenas de muertos y daños estimados en más de 600 millones de pesos; Henriette, en 2007, con decenas de muertos y daños por más de 300 millones de pesos. En todos los casos miles de viviendas resultaron destruidas, sobre todo en colonias populares y comunidades rurales.
La historia de huracanes en Baja California Sur continuará todos los años, en mayor o menor grado, la devastación continuará mientras no se instrumenten programas de recuperación integral que tengan en el bienestar y el desarrollo dos pilares de política pública aún ausentes de los programas de reconstrucción hasta ahora implementados.
Cuarto. El gobierno federal emitió declaratoria de emergencia el 1 de septiembre, mediante la cual la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación estableció que se atienda a los municipios de Los Cabos, La Paz y Comondú, de Baja California Sur, ante la inminencia del impacto del huracán Jimena en el transcurso de los días 1 y 2 de septiembre, de tal modo que se activan los recursos del fondo revolvente del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para brindar ayuda inmediata a la población damnificada, sobre todo en materia de alimentación, abrigo y salud.
Quinto. La Ley General de Protección Civil en sus artículos 29 al 37 establece los fundamentos legales para que el gobierno federal emita declaraciones de desastre y de emergencia. Con esta base las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales definen los lineamientos de intervención y financiamiento a las regiones, zonas y comunidades afectadas por desastres. Recordemos que este fondo cuenta con los recursos aprobados por esta Cámara de Diputados en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009, afirmamos que de ser necesario, esta soberanía asignará recursos para la reconstrucción de Baja California Sur en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010.
Sexto. En nuestra calidad de representantes populares del honorable Congreso de la Unión, y profundamente preocupados por la mencionada situación actual, hacemos eco de las necesidades más urgentes de la población en un contexto de desastre, solicitamos que de inmediato se emita declaratoria de desastre para Baja California Sur y se asignen los recursos previstos en el Fonden.
Con base en lo anterior, sometemos respetuosamente a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoÚnico. Se exhorta al secretario de Gobernación para que proceda de inmediato a emitir la declaratoria de desastre, aplicando recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en beneficio del estado de Baja California Sur, donde la población de varios municipios está siendo afectada por inundaciones resultantes de los fuertes vientos y las lluvias torrenciales asociadas al huracán Jimena desde las primeras horas del 1 de septiembre de 2009.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado.
Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo .
Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se considera de urgente resolución.
En consecuencia, está a discusión la proposición. Se abre un registro de oradores.
Se ha registrado el diputado César Mancillas, del Partido Acción Nacional, en pro. La diputada Estela Ponce de León, en pro, del Partido Revolucionario Institucional, y el diputado Víctor Manuel Castro Cosío . Se concede, por tanto, el uso de la palabra al diputado César Mancillas, del Partido Acción Nacional.
El diputado César Mancillas Amador: Con su permiso, señor presidente. Honorables diputadas y diputados.Hago uso de esta alta tribuna para manifestar la preocupación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en torno a la difícil situación que vive Baja California Sur, por el huracán Jimena.
En este sentido, considero preciso señalar que el 31 de agosto del año en curso se emitió la alerta naranja sobre la llegada del huracán Jimena al territorio de Baja California Sur. Ante el eminente impacto de este fenómeno meteorológico, el 1 de septiembre fue emitida la declaratoria de emergencia para los municipios de Los Cabos, La Paz y Comondú.
En esa misma fecha, el director general de la Comisión Nacional del Agua exhortó al gobierno de Baja California Sur a no bajar la guardia ante los efectos del huracán Jimena, ya que se estiman vientos sostenidos de 205 kilómetros por hora con rachas de 250 kilómetros por hora, por lo que también se llevó a cabo la declaratoria de emergencia para los municipios de Loreto y Mulegé.
Es relevante destacar que el gobierno federal entregó oportunamente los dictámenes que agilizarán la pronta liberación de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Desastres, Fonden, lo cual demuestra su compromiso para atender las necesidades de la población de Baja California Sur que resulte afectada por este fenómeno meteorológico.
El director de la Conagua resaltó que dicha institución cuenta con programas para las comunidades afectadas por el paso de fenómenos hidrometeorológicos extremos, como el Programa de Protección a Centros de Población que previene los riesgos y atiende los efectos causados por inundaciones en centros de población, mediante la instalación de sistemas de alertamiento, construcción de bordos marginales, desazolve y encauzamiento de los ríos.
Es relevante resaltar que, para garantizar la efectividad de dichas acciones es necesario acompañarlas de un adecuado ordenamiento territorial, ya que la existencia de asentamientos irregulares pone en riesgo la vida de las personas ahí establecidas así como al resto de la población, debido a que obstruyen el cauce natural del agua.
Es por esto que el gobierno federal reconoce que el ordenamiento ecológico del territorio representa uno de los retos fundamentales para alcanzar el desarrollo sustentable, toda vez que promueve la maximización del consenso social y la minimización de los conflictos ambientales.
En este sentido, el gobierno federal ha avanzado en la formulación de un programa de ordenamiento ecológico general del territorio, con el propósito de ofrecer un instrumento de planeación ambiental que permita identificar las zonas más adecuadas para conservar, proteger y restaurar los recursos naturales, así como promover actividades productivas en las zonas que presenten mayor aptitud y menor impacto a la naturaleza.
A ese respecto, los legisladores de Acción Nacional han promovido iniciativas de reforma con la finalidad de fortalecer el marco jurídico, en aras de contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental y de la política en materia de asentamientos humanos, a través de instrumentos de planeación, como son los planes de desarrollo urbano realizados por los municipios; además de impulsar la concurrencia de los tres órdenes de gobierno para el desarrollo y formulación del ordenamiento ecológico del territorio.
Es relevante señalar también que el cambio de uso del suelo contribuye con 14 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono de nuestro país, lo que contribuye al incremento de los efectos adversos del cambio climático a nivel nacional, como mundial.
El gobierno federal ha puesto en marcha programas como el Proárbol para revertir el deterioro de bosques y selvas, lo que ha generado que en los tres años de esta administración se hayan reforestado más de un millón de hectáreas.
Lo anterior coadyuva a la mitigación de los efectos adversos del cambio climático, a través de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual a su vez contribuye a evitar que la intensidad de huracanes y tormentas tropicales se incrementen en un futuro como consecuencia de la elevación del mar y la modificación de ecosistemas costeros, que se estiman como efectos adversos que enfrentará nuestro país como consecuencia del cambio climático.
En atención a lo anterior, es relevante destacar que el gobierno federal puso en marcha el Programa Especial de Cambio Climático, lo que sitúa a nuestro país como una nación en desarrollo que ha mostrado el mayor compromiso con el combate al calentamiento global, lo que le ha valido el reconocimiento a nivel internacional.
De igual manera, los legisladores de Acción Nacional se encuentran comprometidos en impulsar, desde el Congreso de la Unión, las acciones que el gobierno federal ha emprendido en el campo internacional en la búsqueda de un desarrollo sustentable y una calidad de vida digna para las generaciones presentes y futuras.
Hablando a nombre de la bancada de Acción Nacional, nos solidarizamos con nuestros conciudadanos de Baja California Sur y estamos en la mejor disposición para que los fondos de desastres sean aplicados en dicha zona.
Como diputado vecino del III distrito de Baja California por el norte, nos solidarizamos con nuestros amigos de Baja California Sur. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Manuel Castro Cosío, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Víctor Manuel Castro Cosío: Gracias, señor presidente.Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en estos difíciles momentos que viven nuestros compatriotas de la península de Baja California Sur, nuestros hermanos sudcalifornianos y sudcalifornianas, quiero, a nombre del pueblo y del gobierno de Baja California Sur, agradecer no sólo su votación de hace un momento, sino la muestra de solidaridad que desde hoy en la mañana los distintos diputados, sin ningún titubeo de todos los partidos políticos aquí presentes, han mostrado una enorme solidaridad. Va mi agradecimiento a una iniciativa de un compañero de Acción Nacional, del vecino Baja California, de nuestros hermanos, que ---sin filiación política--- en estos momentos de dificultad es cuando la solidaridad se engrandece.
Quiero pedirles a todas las bancadas que de la misma manera en que lo expresó el compañero diputado de Baja California, en cada una de las entidades de donde ustedes provienen, particularmente de las más cercanas a nuestra entidad, pudieran instrumentar de manera inmediata el apoyo práctico y solidario de sus gobiernos, con el envío de respaldo material a los compañeros que, particularmente, perdieron sus viviendas.
Ojalá, diputadas y diputados, que ustedes no solamente voten el punto de acuerdo para que se agilicen los recursos del Fonden, sino también instrumenten en sus entidades lo más rápidamente posible esta solidaridad.
El segundo punto que quiero expresarles, aparte de ratificar nuestro profundo reconocimiento, es la posibilidad de que hoy mismo esta soberanía vote, de manera práctica, y podamos solidarizarnos con Baja California Sur no sólo en el discurso, sino con todos aquellos que perdieron sus viviendas, y aquí mínimamente les pediría que esta tarde votemos y enviemos un mensaje de unidad; y que cuando menos un día de salario de los diputados de esta Cámara vaya solidariamente a las familias que tanto lo necesitan, y que no tengo duda de que todas las bancadas habremos de aportar lo que solidariamente podamos.
Un abrazo, y a nombre de los sudcalifornianos y de las sudcalifornianas, muchas gracias por esta solidaridad. Gracias, y a nombre de los diputados, la compañera Esthela Ponce Beltrán, del PRI, el compañero Marcos Covarrubias, del compañero Meza Castro, y de un servidor, nuestro profundo agradecimiento a todos ustedes, a nombre del pueblo de Baja California Sur. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Se concede el uso de la palabra a la diputada Esthela de Jesús Ponce Beltrán, del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Esthela de Jesús Ponce Beltrán: Señor presidente, compañeros integrantes de la Mesa Directiva, señores legisladores y señoras legisladoras. A nombre de la fracción parlamentaria del PRI quiero reconocer la posibilidad de la construcción de acuerdos en el marco de la suma para la aportación del talento de los legisladores, para la aportación del gobierno federal, y que en su momento el gobierno del estado le dé cauce a los apoyos que por medio del Fonden se les deben otorgar a estados que como el nuestro, lamentablemente, están en una de sus peores crisis históricas.Decirles que es muy importante para nosotros recalcar lo que marca el punto de acuerdo que el compañero del PRD, Marcos Covarrubias, ha hecho a nombre de todos los legisladores y el pueblo de Baja California Sur.
Que es muy importante que se flexibilicen las reglas del Fonden. La crisis económica que invade al mundo, al país y a Baja California Sur no permite en este momento que la contraparte de recursos que tiene que dar el gobierno del estado y los ayuntamientos sea posible hacerlo de manera inmediata.
Por tal razón es muy importante que se flexibilicen estas reglas para que podamos contar con el recurso y resolver los problemas que estamos viviendo en nuestro estado, que además se han vivido no solamente en este año, muchos años anteriores vivimos este problema de los huracanes que son lamentablemente permanentes por la situación geo-gráfica de nuestro estado.
Reiteramos la solicitud de todos ustedes para el apoyo de esta flexibilización. Insisto mucho en ella. Y que también podamos construir una comisión plural, un grupo de trabajo con la representación de los partidos políticos, para que le demos el seguimiento puntual para que estos recursos lleguen a quienes verdaderamente los necesiten.
Que no se vayan a partidizar estos recursos y mucho menos quede gente sin vivienda, sin apoyos y sin mejores situaciones que le puedan lleva a tener un mejor nivel después de estos problemas que están viviendo.
De veras, la situación es verdaderamente crítica. El norte del estado es quien más lo está padeciendo, así que de aquí el exhorto de la unidad de los legisladores y los ciudadanos de Baja California Sur para poder contar con este apoyo de este punto de acuerdo que ya ha sido manifiesto de urgente resolución, pero también en las posibilidades de apoyo que puedan darle a una tierra lejana pero con mucha mexicanidad en su corazón. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señora diputada. Han concluido los oradores inscritos en pro de esta propuesta; por tanto, le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las diputadas y los diputados que están por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, se considera suficientemente discutido. Por tanto, le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Bien.Se considera aprobada la proposición.
AGENDA LEGISLATIVA
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pasamos al siguiente punto del orden del día que es la agenda política, para realizar comentarios sobre la agenda legislativa. Por tanto, se concede el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, al diputado Óscar Guillermo Levín Coppel, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Óscar Guillermo Levín Coppel: Con su permiso, señor presidente.Compañeras diputadas y compañeros diputados, la crisis económica que hoy atravesamos, es la expresión del agotamiento del modelo económico que marcó la vida de México desde la década de los 80.
El impacto que recibimos del exterior fue sólo el detonante de las consecuencias de la falta de actuación en los años recientes. Desde entonces, no supimos incorporarnos al proceso de globalización económica y libre mercado que vivía el mundo.
Los recursos y las fuerzas económicas con las que contábamos fueron mal movilizados, mal acomodados e incluso se dilapidaron. Hubo cambios pero se hicieron mal y a destiempo.
En los últimos 10 años las decisiones tomadas en materia económica desaprovecharon grandes oportunidades para despegar.
Apenas ayer el Ejecutivo federal nos propone cambios que no dejan de ser generalidades en una política económica para salir de la crisis, algo que el Partido Revolucionario Institucional está promoviendo desde tiempo atrás: cambiar de raíz la dirección de la política económica.
México ha sido, sin duda, la nación más vulnerable de toda América Latina a los choques de la crisis financiera global. Errores y deficiencias convierten a México en uno de los países más afectados. Sólo competimos en la caída con Lituania, Estonia e Islandia. Por ello hoy la crisis nos avasalla y cancela nuestra capacidad de crecimiento interno.
Pero el problema no se reduce a ello, es mucho mayor, mucho más profundo y preocupante por su impacto social y el rezago que conlleva.
Es así como 3 millones de mexicanos estarán en el desempleo al final de este año, como hoy en día un millón 800 mil personas viven en el subempleo y cerca de 2.8 millones de personas se ven forzadas a trabajar sin remuneración.
Pero eso no es todo, en la informalidad se han establecido más de 12 millones de personas que no encuentran alternativas de trabajo. De ahí que México se haya convertido en uno de los países con los índices más elevados de desigualdad.
Por ello, para la mayoría de los mexicanos los problemas del día a día, de la salud, la educación, la comida y la vivienda, se convierten en dramas difíciles de superar. El drama del desempleo se recrudece por la grave situación del campo y el cierre de oportunidades para los migrantes.
El exiguo crédito, la falta de mercados y precios estables han destruido la productividad del campo y propician el abandono de cultivos y tierras. Si acaso hay un sector exportador rico que convive con una mayoría de agricultores abandonados.
Si construyéramos un campo eficiente, tendríamos la suficiencia alimentaria y serían mejores los precios de la canasta básica. Hoy millones de mexicanos viven en la pobreza y cada día son más y más pobres.
A este panorama económico se suma la ineficiencia de las principales instituciones sociales del país, el sistema de salud en el que hemos dejado de invertir, el sistema educativo.
El sistema de seguridad social está rebasado, no alcanza y lo que alcanza es profundamente deficiente. Hoy la mayoría de los mexicanos no tiene ni la salud que merece su familia ni la educación que necesita para sus hijos.
Esta realidad explica la destrucción del tejido social y la destrucción de los valores fundamentales de la convivencia entre los mexicanos; explica también la destrucción de las estructuras básicas del país. A fin de cuentas, es el trasfondo de la delincuencia y de la inseguridad.
La propuesta que hoy presentamos implica el acuerdo, no sólo de las fuerzas políticas aquí representadas, requiere el acuerdo de los distintos sectores que componen la sociedad mexicana.
Es indispensable la voluntad del Poder Ejecutivo, los empresarios, los sindicatos, las organizaciones sociales, en fin, el consenso de los mexicanos. De nada serviría una aprobación unilateral.
Por ello, la propuesta que hoy entregamos en detalle a la Mesa Directiva es la de un cambio de política económica; una alternativa que articula y moviliza las capacidades que tiene el país.
No se trata de un pronunciamiento elegante, sino la respuesta responsable, coherente y viable que la sociedad exige; que se funda en los siguientes ejes:
Política de inversión que incentive el empleo y el uso intensivo de mano de obra e impulse la construcción de infraestructura y vivienda.
Política de empleo que supere la descoordinación evidente de los programas de actual apoyo a las Pymes.
Movilizar recursos y la fuerza de la economía mexicana, y reacomodarlos para crecer desde dentro y lograr el crecimiento del mercado interno.
Menos dependencia de la economía norteamericana.
Inversión en infraestructura, con participación efectiva de las entidades federativas para generar empleo.
Garantizar la soberanía alimentaria, políticas para el campo; garantía de financiamiento a pequeños y medianos productores, acompañada de una política de precios y medidas para poner al alcance de los productores la tecnología agrícola y el mercado.
Una política social que garantice un sistema universal de salud.
Una política de construcción de vivienda social con nuevas formas de promoción.
Seguro de desempleo para quienes lo pierdan, en el sector formal de la economía.
Ante la entrada ilegal de productos extranjeros que tanto daño hace a los productores nacionales, promoveremos un nuevo sistema de control aduanero.
Mecanismos que obliguen al sistema bancario nacional a financiar al sector productivo.
Una reforma de la banca de desarrollo con objeto de que pueda realizar operaciones de primer piso, concentrar fondos dispersos y prestar más.
Propuesta de un balance presupuestal estructural para facilitar la aplicación oportuna de políticas anticíclicas y comprometer al gobierno a liquidar la deuda con los superávit que se obtengan en la recuperación.
Proponemos un cambio estructural que permita la reducción del costo de operación del Poder Legislativo y exigiremos a los Poderes Ejecutivo y Judicial, y a los órganos autónomos realicen un esfuerzo de igual naturaleza. No se trata de un simple recorte de gastos; se trata de un cambio de logística de operación de los Poderes de la Unión.
Un presupuesto basado en una democracia financiera federalizada que garantice el desarrollo de las distintas regiones.
En cuanto a la reforma tributaria no compete a la oposición hacer una propuesta de aumentar impuestos. Esperaremos la que haga el Ejecutivo federal para evaluarla, dictaminarla y modificarla, de ser necesario. Esperamos que la propuesta económica del Ejecutivo haga viable la reducción de la brecha fiscal.
Reiteramos nuestra negativa a aumentar el IVA en alimentos y medicinas por ser en tiempos de crisis un impuesto particularmente recesivo y afectar drásticamente la economía familiar de millones de mexicanos en condiciones de pobreza.
Hasta hoy es indudable que existen esfuerzos por conducir al país a una salida de la crisis y un presupuesto anticíclico. Pero lo que es cierto es que, enfrascados como estamos en lo ortodoxo económico, no hemos podido encontrar una opción que genere la voluntad y los incentivos para que los diferentes factores de la producción encuentren de manera decisiva una salida de la crisis.
Por eso el PRI, desde su campaña política, ha hecho un esfuerzo por abrir un camino alternativo. La propuesta que hoy presentamos ante este pleno tiene un carácter de medidas urgentes inmediatas y, algunas otras, de mediano plazo.
Hoy lo importante es que nuestra gente tenga un empleo, un seguro de desempleo si los despiden, y acceso a un sistema de salud eficiente.
Para los hombres y mujeres del campo lo importante es tener acceso al financiamiento que les permita en el siguiente ciclo agrícola sembrar.
En este momento de gravedad extrema, lo poco o mucho que hagamos, será reconocido o sancionado por los mexicanos. Diputados, senadores y el PRI, en su conjunto, hacemos esta propuesta. Aquí estamos los priístas para poner de nuevo a México de pie. Es cuanto.
«Comentarios sobre la agenda legislativa, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI: propuestas para enfrentar la emergencia e impulsar el crecimiento económico y el empleo, y combatir la pobreza
La exigencia ciudadana durante la reciente campaña fue incuestionable: la urgencia de que el gobierno promueva ya la reactivación inmediata de la economía y proteja el empleo.
Para cumplir este mandato y enfrentar con eficacia la peor crisis económica que México ha sufrido en décadas, que hoy nos sitúa como el país más afectado del mundo con excepción de Estonia, Lituania e Islandia, hemos decidido presentar a la ciudadanía un grupo de propuestas concretas para superar el desafío que hoy enfrentamos los mexicanos.
Es evidente que el actual modelo económico está agotado. Se trata de recuperar el empleo y la dinámica del crecimiento económico en el corto plazo; y crear, sobre nuevas bases, las condiciones para un desarrollo sostenido, equitativo y competitivo en el mediano plazo.
Al abrir la LXI Legislatura, sostenemos nuestro compromiso de actuar como una oposición responsable decidida a proponer soluciones y construir acuerdos por el bien supremo de México.
Esta es nuestra propuesta.
Medidas para la reactivación inmediata del empleo y la economía mexicana
Política industrial y energética
Medidas para fortalecer las finanzas públicas
Federalismo fiscal
Política social: combate a la pobreza y a la desigualdad.
El rasgo distintivo de la política social será lograr el crecimiento económico aunado al desarrollo social. Por ello articularemos una Política Social de Estado que dé respuesta a los retos que plantea el nuevo siglo, basada en los siguientes ejes:
Desarrollo rural
Confirmamos nuestro compromiso y vocación con el Desarrollo Rural, de ahí que estamos planteando la realización de diversas acciones enfocadas a garantizar la soberanía alimentaria, el financiamiento al sector productivo, el impulso al federalismo y el bienestar de la población rural:
Regulación del sistema financiero
Reflexión Final
El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados actuará como una oposición responsable y constructiva. Las propuestas que aquí se presentan habrán de enriquecerse en el diálogo con el resto de las fuerzas políticas y, especialmente, escuchando a la sociedad entera. La toma de decisiones legislativas no puede basarse sólo en las opiniones de unas cuantas cúpulas; por el contrario, la actividad legislativa debe cimentarse en un amplio proceso de consulta ciudadana. Con esta finalidad, el PRI promoverá el establecimiento de comisiones especiales para los temas relacionados con el crecimiento económico, el empleo y el combate a la pobreza, con objeto de lograr la participación de la sociedad y llegar a los consensos sociales necesarios para superar la peor crisis económica que México ha enfrentado en décadas.
Resulta evidente que para transitar en la consecución de los objetivos que hemos planteado, necesariamente debemos entrar a una etapa que conlleve un intenso e interesante quehacer legislativo que permita la contextualización y adecuación del marco jurídico para impulsar la reactivación económica. Promoveremos en los próximos días y semanas acciones e iniciativas que posibiliten la reactivación inmediata del crecimiento económico, el empleo y el combate a la pobreza.»
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Se concede el uso de palabra, al diputado Jaime Álvarez Cisneros, de Convergencia, hasta por 10 minutos.
El diputado Jaime Álvarez Cisneros: Señor presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, señoras diputadas y señores diputados, en el pasado proceso electoral Convergencia formuló una serie de compromisos con la sociedad, en el contexto de la crisis económica más severa que ha afrontado el país sobre problemas de inseguridad, política social, educación y salud pública.Ante la grave situación general del país, Convergencia responde a la nación con la firme convicción de presentar propuestas serias a las demandas más sentidas de la sociedad, que permitan al país retomar el rumbo y el progreso perdidos.
Por tal motivo hemos presentado, ante esta legislatura de la honorable Cámara de Diputados, una agenda legislativa para el trienio 2009-2012, que contiene propuestas orientadas a alcanzar un desarrollo sustentable e incluyente, con planteamientos que contribuyan a sustituir un modelo económico que sólo ha traído consigo saldos de pobreza extrema y profunda desigualdad social.
Estamos conscientes y convencidos de la necesidad de transformar el modelo económico y político de México, que sólo ha generado mayor pobreza y una profunda desigualdad social, así como la debacle del estado de derecho.
En este escenario la agenda legislativa de Convergencia pretende avanzar sobre nueve ejes, que respondan a la necesidad de reformar distintas leyes e instituciones para dar mayor viabilidad al Estado y fortalecer el quehacer público; en ellos se formulan planteamientos de reforma a diferentes ordenamientos jurídicos en materia económica, financiera, laboral, seguridad pública, procuración y administración de justicia, desarrollo social, desarrollo sustentable, salud pública, educación, reforma energética, fortalecimiento del campo mexicano y del federalismo, entre otros conceptos.
La agenda legislativa de Convergencia responde al fortalecimiento del estado de derecho, a una política económica socialmente responsable, a una política energética que promueva el desarrollo nacional, a una seguridad pública eficiente, efectiva para todos, a una procuración y administración de justicia verdaderamente pronta y expedita que abata eficientemente los índices de incumplimiento a la ley, a un desarrollo social incluyente, a un desarrollo sustentable y a un medio ambiente adecuado que garantice el bienestar de las próximas generaciones de mexicanos, al rescate del campo mexicano y la pesca, el fortalecimiento del federalismo y a la consolidación de la reforma política del Distrito Federal, a una política exterior democrática y, en general, al desarrollo y bienestar del pueblo mexicano.
Respondiendo a las intenciones antes mencionadas, Convergencia destaca las siguientes acciones parlamentarias que establece en su agenda legislativa:
1. Con objeto de que se cumpla cabalmente con lo señalado en el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado, Convergencia habrá de presentar de inmediato una iniciativa de ley que incluya el proyecto de decreto que reforma el artículo 79 y adiciona el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la Contraloría General de la Nación, como un órgano constitucional autónomo y ciudadano del Estado.
2. Habremos de presentar, también, una iniciativa de reforma integral del sistema penal mexicano que incluya reformas constitucionales, proyecto de código penal único, proyecto de código de procedimientos único, la promoción de una ley tipo de justicia cívica, una nueva legislación sobre ejecución de penas y readaptación social de sentenciados, y ley de menores infractores, así como las reformas jurídicas consecuentes. Todo ello con un cuerpo jurídico integral, eficiente y fundamentalmente sujeto a la rendición de cuentas y a la auditoría ciudadana.
A fin de revertir el retroceso que representó la reforma electoral pasada, después de los importantes avances logrados en el plano electoral, promoveremos las reformas que permitan restablecer el sistema de coaliciones de partidos y las candidaturas ciudadanas independientes.
Propondremos incorporar a la Carta Magna la figura de la revocación de mandato, adicionando los artículos 39 y 42 de la Constitución aplicable a todos los cargos de elección popular en los 3 niveles de gobierno, mediante referéndum a funcionarios públicos electos de cualquier nivel que resulten ineficientes, corruptos e incumplidos.
Pondremos a la consideración de esta soberanía la creación de una ley metropolitana que permita a los municipios del Distrito Federal el surgimiento y regulación de zonas metropolitanas que atiendan las necesidades integrales.
Convergencia también se pronuncia por reformas a la Constitución y a la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, a fin de dotar de plena autonomía al órgano de fiscalización y hacer vinculatorias sus observaciones.
Tenemos que ser congruentes con la Constitución, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la Ley Orgánica de Pemex y el Estatuto Orgánico de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro a fin de garantizar la rectoría del estado en dichas empresas.
El Grupo Parlamentario de Convergencia también propondrá reformas en materia fiscal. Nos oponemos tajantemente al IVA en medicinas y alimentos. Impulsaremos una gran reforma fiscal integral.
La propuesta fiscal que enarbolamos se concentrará fundamentalmente en atender el problema de la evasión y elusión fiscal, ampliar la base tributaria, y generar una estructura impositiva equitativa y proporcional entre los contribuyentes.
Promoveremos reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, a la Ley de Planeación, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Proponemos reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, con la finalidad de acentuar la participación y decisión de los trabajadores en el manejo de sus recursos garantizando la integridad de sus participaciones.
Nos pronunciamos por una reforma a la Ley del Infonavit que permita mayor certeza a los trabajadores respecto a los montos de su adeudo y los intereses a pagar, con la finalidad de contrarrestar los abusos generados en los pagos crediticios dando como resultado el acceso a una vivienda digna.
Las anteriores son algunas de las propuestas que la agenda legislativa de Convergencia presenta; sin embargo, la solución de las adversidades que hoy enfrentamos está más allá de los intereses partidistas.
Hoy se trata de los intereses del país, no de los intereses de unos cuantos. El mandato es claro: o salimos todos juntos de este trance histórico que enfrentamos, o tendremos un saldo que todos lamentaremos.
En el pasado, grandes han sido nuestras adversidades; pero más grandes han sido nuestros empeños para lograr y alcanzar la realización. La historia así nos da cuenta.
Convergencia se pronuncia para que, en un ánimo de verdadero compromiso con nuestro pueblo, entablemos un diálogo respetuoso que nos permita los consensos necesarios para sacar al país de la grave situación en que hoy se encuentra.
La sociedad mexicana lo demanda y nosotros, como sus representantes, tenemos el deber y el compromiso de responder a sus necesidades. En este compromiso, amigas y amigos diputados, estamos listos para afrontar esta gran responsabilidad, y listos para aportar lo mejor de nosotros, para que México sea un gran país y pueda retomar su camino hacia el desarrollo a favor de la sociedad. Gracias por su atención.
«Comentarios sobre la agenda legislativa, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia: por una política económica socialmente responsable, el fortalecimiento institucional y el respeto del estado de derecho
Señoras y señores, diputadas y diputados
En el pasado proceso electoral, Convergencia formuló una serie de compromisos con la sociedad, en el contexto de la crisis económica más severa que ha afrontado el país, sobre problemas de inseguridad, política social, educación y de salud pública.
Ante la grave situación general del país, Convergencia responde a la nación con la firme convicción de presentar propuestas serias a las demandas más sentidas de la sociedad, que permitan al país retomar el rumbo y el progreso perdidos.
Por tal motivo, hemos presentado ante la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados una agenda legislativa para el trienio 2009-2012 que contiene propuestas orientadas a alcanzar un desarrollo sustentable e incluyente; con planteamientos que contribuyan a sustituir un modelo económico que sólo ha traído consigo saldos de pobreza extrema y profunda desigualdad social.
Estamos conscientes y convencidos de la necesidad de transformar el modelo económico y político de México, que sólo ha generado mayor pobreza y una profunda desigualdad social, así como la debacle del estado de derecho.
En este contexto, la agenda legislativa de Convergencia pretende avanzar sobre nueve ejes que respondan a la necesidad de reformar distintas leyes e instituciones para dar mayor viabilidad al Estado y fortalecer los quehaceres públicos. En ellos se formulan planteamientos de reforma de diferentes ordenamientos en materia económica, financiera, laboral, seguridad pública, procuración y administración de justicia, desarrollo social, desarrollo sustentable, salud pública, educación, reforma energética, y fortalecimiento del campo mexicano y del federalismo, entre otras.
No obstante lo anterior, Convergencia concentrará sus propuestas legislativas en cuatro temas que condensen nuestro diagnóstico de la realidad nacional y las alternativas de solución en cada caso:
La agenda legislativa de Convergencia responde al fortalecimiento del estado de derecho; a una política económica socialmente responsable; a una política energética que promueva el desarrollo nacional; a una seguridad pública eficiente, efectiva y para todos; a una procuración y administración de justicia verdaderamente pronta y expedita, que abata eficientemente los índices de incumplimiento de la ley; a un desarrollo social incluyente; a un desarrollo sustentable y a un ambiente adecuado que garantice el bienestar de las próximas generaciones de mexicanos; al rescate del campo mexicano y la pesca; al fortalecimiento del federalismo y a la consolidación de la reforma política del Distrito Federal; a una política exterior democrática; y, en general, al desarrollo y bienestar del pueblo mexicano.
Respondiendo a las intenciones mencionadas, Convergencia destaca las siguientes acciones parlamentarias que establece en su agenda legislativa:
Éstas son algunas de las propuestas que la agenda legislativa de Convergencia presenta; sin embargo, la solución de las adversidades que hoy enfrentamos está más allá de los intereses partidistas. Hoy, se trata de los intereses del país, no de los intereses de unos cuantos. El mandato es claro: salimos todos juntos de este trance histórico que enfrentamos o tendremos un saldo que todos lamentaremos.
En el pasado, grandes han sido nuestras adversidades, pero más grandes han sido nuestros empeños y realizaciones. La historia así nos lo evidencia.
Convergencia se pronuncia para que, en un ánimo de verdadero compromiso con nuestro pueblo, entablemos un diálogo respetuoso que nos permita los consensos necesarios para sacar al país de la grave situación en que se encuentra.
El pueblo de México lo demanda y, como sus representantes, tenemos el deber y compromiso de responder a sus necesidades. Ése es el compromiso de Convergencia, y en ese sentido trabajaremos arduamente en la LXI Legislatura, que inicia.
Muchas gracias.»
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos. Se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Carabias Icaza, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
El diputado Alejandro Carabias Icaza: Con su permiso, diputado presidente.Compañeras diputadas y compañeros diputados, como integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, nuestro interés fundamental es el cuidado y conservación de la naturaleza y el medio ambiente, y la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos, como lo son la alimentación, la salud, la educación y la seguridad.
En materia ambiental, México, y por ello el Grupo Parlamentario del Verde, tiene ante sí un gran reto: la verdadera incorporación de la variable de sustentabilidad en cada una de las políticas públicas sectoriales, por lo cual nuestro trabajo legislativo buscará que aquellos que dañan el medio ambiente interioricen los costos ambientales, y paguen o compensen por concepto de impactos negativos al medio ambiente.
Asimismo, impulsaremos políticas de protección y uso sustentable del agua, del suelo, de la biodiversidad y de las playas, para poder ir disminuyendo la contaminación de cauces, lagos, lagunas y acuíferos.
Es tiempo de construir consensos y generar acciones concretas. Los mexicanos exigen más decisión y mayor cooperación de sus representantes electos. México necesita cambios radicales en su sistema de procuración e impartición de justicia.
Por ello, el Grupo Parlamentario Verde insiste en que se debe reinstaurar la pena de muerte para castigar a los secuestradores que priven de la vida o mutilen a sus víctimas; y a los miembros o ex miembros del Ejército, Marina, policías y Ministerios Públicos que participen activamente en la actividad del secuestro.
En materia educativa nuestro grupo parlamentario luchará por una educación integral y moderna. Seguiremos impulsando la aprobación del bono educativo para lenguas extranjeras y computación, que fue una de nuestras principales propuestas de campaña.
En materia de salud, el Grupo Parlamentario del Verde impulsará fuertemente el abasto oportuno de medicamentos y el otorgamiento eficiente de servicios médicos a través del vale de salud, propuesta que ya ha demostrado su factibilidad en otros países latinoamericanos.
En materia energética, el Grupo Parlamentario del Partido Verde propone impulsar fuertemente la participación pública y privada para general electricidad, a partir de energías renovables y aprovechar el gran potencial que tiene nuestro país en materia de energías limpias, principalmente de fuente solar, eólica y minihidráulica.
Complementariamente, queremos evitar la importación de automóviles altamente contaminantes e impulsar la producción y uso de combustibles limpios para el transporte, como los bioenergéticos a base de residuos y cultivos no alimentarios.
En materia presupuestal nos pronunciamos a favor de la integración de presupuestos sensibles a las necesidades de la población. Especialmente buscaremos que el Presupuesto del ejercicio 2010 sea verdaderamente un instrumento de política económica que refleje los intereses y necesidades que demanda la sociedad mexicana.
Queremos dejar algo muy claro. El Grupo Parlamentario del Partido Verde no apoyará la imposición de nuevos impuestos que extremen las condiciones de los más de 50 millones de mexicanos que ya viven en la pobreza. Refrendamos nuestro interés por reducir el excesivo gasto corriente, por la mejora regulatoria y la revisión exhaustiva del marco jurídico para mejorar la competitividad del país.
Para concluir, el Grupo Parlamentario del Partido Verde es una fuerza política joven, que busca crear consensos y acuerdos para encontrar soluciones y una verdadera reconciliación nacional. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Armando Ríos Píter, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
El diputado Armando Ríos Píter: Gracias, señor presidente.La agenda legislativa del Partido de la Revolución Democrática tiene dos columnas importantes. La primera, como lo hemos expuesto, es paliar y atender las condiciones críticas en las que actualmente vive la población y que no solamente tienen que ver con la actual crisis económica, sino que tienen fondo y que tienen raíz. Que tienen sustento en un modelo económico que durante ya varias décadas ha ido generando la más grave condición en términos de distribución del ingreso y una amplia pobreza, de la cual obviamente ya todos los partidos, y varios de los que han antecedido a un servidor, han platicado.
La segunda es enfocarnos a la profunda revisión y reforma del Estado mexicano. Una reforma que pasa por todos los ámbitos de la sociedad: lo político, lo económico y lo social. Y lo que busca el Partido de la Revolución Democrática es establecer las condiciones para un verdadero nuevo acuerdo nacional.
Un nuevo acuerdo nacional en el que tengamos capacidad de discutir y entender que la senda de desarrollo solamente logra construirse a partir de los consensos, a partir del diálogo constructivo y de las propuestas donde cada uno tiene algo que plantear y donde todos podemos caber.
La revolución democrática que plantea nuestro partido tiene que ver con revisar a fondo las causas económicas que no permiten que este país despegue. Este país no logra despegar desde hace varias décadas porque no nos hemos puesto a pensar en cuál es el modelo que permite que la distribución del ingreso no se quede en unos cuantos.
Porque no nos ponemos a ver cómo el Presupuesto de Egresos de la Federación, año con año, genera condiciones para concentrar y seguir concentrando en unos cuantos, que reciben los profundos subsidios del Estado y que eso hace precisamente que la pobreza se vaya ensanchando y que sean unos cuantos los que sigan creciendo.
La pobreza y el modelo que hoy queremos poner a revisión no empezó hace poquito tiempo, es un modelo que ya lleva tiempo y es un modelo que tiene muchas raíces que hay que cortar con regulación.
Porque ahí donde están los monopolios son, precisamente, los que están impidiendo que crezca el tamaño de la economía nacional y ahí es a donde hay que profundizar, de manera muy puntual, la revisión de todos los marcos jurídicos; pero, principalmente, del acuerdo político y social que le dé base y sustento.
Podemos escuchar y plantear un gran ramillete de propuestas entre todos los partidos, pero lo que aquí habremos de poner a juicio de la nación es precisamente la voluntad de los grupos parlamentarios, de verdaderamente atender las causas que tienen a un país en deterioro y a un país donde miles, millones de mexicanos se encuentran sin sentir que esta patria los está atendiendo.
Ahí, con distintos temas, el PRD atenderá la agenda de los jóvenes; pondrá con grado superlativo la agenda de las mujeres, como aquí lo hicimos ver al inicio de esta sesión.
Pondremos el tema de la reactivación del campo, de la industria, de los servicios, como planteamientos que permitan que la competitividad nacional sea una realidad.
Pero eso pasa porque tengamos la voluntad de que a partir del 8 de septiembre nos pongamos a ver la Ley de Ingresos y realmente empecemos a pensar que no podemos tener una ley fiscal que solamente le ayude a los grandes a diferir, y queramos hacer que la pequeña y la mediana industria, que es la que verdaderamente le genera empleo a este país, sea la que pague los incrementos.
Así como subrayamos de manera tajante el no al IVA en alimentos y medicinas, planteamos tajantemente que estaremos a favor de una profunda reforma fiscal que mejore las condiciones de ingreso del gobierno mexicano.
Pero, sobre todo, que sea una reforma que revise el cómo está funcionando esa distribución del ingreso en nuestra sociedad y cómo esa grave disparidad podemos hacer que cambie a partir de las políticas públicas que hagamos durante la presente legislatura. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Mario di Costanzo, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta: Compañeras y compañeros, buenas tardes. El Partido del Trabajo, en el entendido que representa a un movimiento popular y en defensa de la economía nacional y del petróleo que encabeza Andrés Manuel López Obrador, propone y tendrá como ejes principales de trabajo en su agenda económica tres grandes vertientes.La primera es la restauración del crecimiento económico del empleo y del bienestar social. Creemos que se debe acabar con esta política de simulación, con el secuestro del Estado por los grandes capitales. Para eso se requiere un combate frontal a los monopolios privados, un combate frontal no solamente a la alusión y evasión fiscal. No es un asunto de poner el IVA o no en alimentos y medicinas.
Es restituirle al Estado la capacidad de llevar a cabo sus operaciones y el mandato constitucional que le otorga nuestra Carta Magna, es también restaurar la equidad fiscal que ha terminado con el mercado interno, no podemos permitir que las grandes empresas sigan sin pagar impuestos a costa de cargar las contribuciones en los pequeños y medianos empresarios.
Es también la necesidad de implantar una verdadera política de rendición de cuentas. En este sentido muchas veces se ha debatido aquí en este recinto el penoso asunto del Fobaproa, pero el caso es que se le siguen destinando recursos a este ilegal rescate bancario.
Tenemos que atender las recomendaciones que ha hecho el órgano técnico de la propia Cámara de Diputados, que señala que muchas grandes empresas pagan en promedio 74 pesos de impuesto sobre la renta.
Tenemos que retomar una política social que reactive al campo mexicano. Una política que atienda y mejore el estado de bienestar de la gente. Tenemos que pugnar por establecer de manera definitiva la pensión universal a los adultos mayores; y tenemos que pensar en incrementar la matrícula de los estudiantes.
Las cifras son contundentes. Un país que tiene 7.5 millones de alumnos sin poder asistir a la educación superior es un país que está destinado al fracaso. Esos serán, en materia económica, los ejes principales del Partido de Trabajo.
Y para esto, desde hace dos semanas presentamos públicamente una propuesta para empezar desde ya, en esta próxima discusión del paquete económico, para llevar a cabo estas medidas.
El martes presentaremos una iniciativa que busca la derogación de estos regímenes fiscales especiales que permiten a las grandes empresas no pagar impuestos. Estableceremos propuestas en materia de política presupuestaria para reducir el excesivo gasto burocrático y para la utilización de los fondos ociosos que actualmente tiene la Secretaría de Hacienda y que ascienden a más de 260 mil millones de pesos, para convertirlos en inversión productiva para el crecimiento económico y el empleo.
No planteamos la salida del déficit público como salida que endeude nuevamente a millones de generaciones de mexicanos. Planteamos el que cada quien ponga lo que tenga que poner para salir de la crisis, y ya es tiempo que las grandes empresas y los sectores dueños del capital contribuyan para el desarrollo nacional. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Luis Enrique Mercado Sánchez, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez: Con su permiso, señor presidente.Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, la solución a los problemas económicos del país no puede encontrarse en un solo sector ni en uno solo de los Poderes que conforman el gobierno.
Se requiere la concurrencia de todos los sectores y de todos los poderes para superarlos, y darle a México el impulso necesario para que, como es el caso, los efectos de la crisis económica sean menos perjudiciales para la nación y para que la recuperación se alcance lo más rápido que sea posible.
El reto es mayor. No es sólo enfrentar una crisis económica que inició el año pasado y que se extendió a nivel mundial. Esta crisis hace evidente la necesidad de una serie de reformas para superar limitaciones estructurales de nuestro país que frenan la competitividad, el crecimiento económico y la generación de empleos.
En esta crisis global nos afectan los problemas de otros países, pero también nos muestra las limitaciones que existen en el nuestro. Por ejemplo, está el acceso de nuestras exportaciones a los mercados donde se encuentran y coinciden con productos de otros países, que ellos sí han realizado las reformas estructurales que nosotros hemos venido posponiendo.
Para nosotros las prioridades son el crecimiento, la generación de empleos, para enfrentar con toda energía la pobreza y la desigualdad que afectan a México.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional está listo para avanzar en el diálogo constructivo de todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara.
Es momento de reflexión y de reconocer la naturaleza de la crisis económica que los mexicanos vivimos actualmente, dejando de lado de una vez por todas, intereses particulares y de grupos y dando prioridad al bien común.
La recesión de la economía mundial se extendió por todos los países por primera vez desde los años treinta. Y en esta delicada situación económica, mi grupo parlamentario reconoce las acciones desplegadas para aminorar los efectos negativos de esta crisis que llegó de fuera, sobre el crecimiento económico y el empleo, pero más importante aún, se debe reconocer que se han tomado con decisión las medidas que logran que las principales variables económicas y financieras que determinan el grado de riesgo de México, hasta el día de hoy, continúen siendo favorables, situación muy distinta, por cierto, a los efectos inmediatos de las crisis de 1982, de 1987 y de 1995.
Además, como no se había visto en muchos años atrás en nuestro país, el manejo responsable de las finanzas públicas, en lo que va de esta década, permitió que se pudiesen aplicar medidas fiscales contracíclicas sin poner en riesgo precisamente el equilibrio de las finanzas públicas. Las medidas instrumentadas en México han tenido como propósito apoyar a los sectores económicos y sociales más vulnerables.
Por ello, en esta circunstancia, el Partido Acción Nacional tiene una agenda de reformas estructurales que coincide y que respalda con toda decisión las propuestas presentadas ayer por el presidente de la República.
Una agenda que traza el futuro deseable para la nación: frenar la pobreza sin desvíos ni dispendios de recursos; cobertura universal de salud; educación de calidad como la mejor inversión que puede hacer un país en su presente y en su futuro; reforma profunda a las finanzas públicas que incluya una reforma a la hacienda pública; reformas al sector energético que permitan la transformación de raíz de las empresas públicas de este sector, reforma a las telecomunicaciones como un factor fundamental de competencia; reforma laboral y reforma regulatoria.
Profundizar la lucha contra el crimen y la inseguridad, y finalmente, la propuesta de una reforma política de fondo que ofrezca nuevo valor al juego democrático, para que transforme en energía de cambio y progreso y no sea sinónimo de conflicto ni parálisis.
Ésta es una agenda que vamos a impulsar, de la cual estamos seguros redundará en un México más moderno, más justo y con más oportunidades. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado.
FUERO CONSTITUCIONAL DE DIPUTADOS
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El siguiente punto del orden del día, es el pronunciamiento relativo a la violación del fuero constitucional y a las agresiones sufridas por diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democráticay del Partido del Trabajo. Por tanto, se concede el uso de la palabra al diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
El diputado Pedro Vázquez González: Legisladores y legisladores. Con la venia de la Presidencia. Me permito presentar a esta honorable asamblea, escrito dirigido al ciudadano diputado Francisco Ramírez Acuña, presidente de la honorable Cámara de Diputados.El día de ayer, por la mañana, varios legisladores de esta Cámara fueron violentados en el ejercicio de sus derechos constitucionales y violentados físicamente por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública federal.
Este es un hecho lamentable que constituye una agresión en contra de los diputados federales y periodistas que se encontraban a las afueras del Palacio Nacional, y que pretendían dar a conocer un pronunciamiento en relación con el mensaje sobre el tercer informe de Felipe Calderón.
A usted, ciudadano presidente de esta Cámara, le corresponde cumplir con el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el artículo 22, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que lo obligan a salvaguardar en todo tiempo el fuero constitucional de los diputados.
Sin otro particular, le reiteramos nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente, firman los diputados Francisco José Rojas Gutiérrez , Alejandro Encinas Rodríguez , Pedro Jiménez León y Pedro Vázquez González , el de la voz.
Es cuanto, señor presidente, y le hago entrega de este documento.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado por su intervención. Se concede el uso de la palabra al diputado Adán Augusto López Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
El diputado Adán Augusto López Hernández: Muchas gracias.Señoras y señores legisladores, el país vive hoy en la zozobra que provoca el estado de sitio implantado por la impericia política y la falta de sensibilidad social de Calderón. Lo vivido el día de ayer en el corazón político de la nación por cinco compañeros diputados federales nos recuerda inevitablemente la época más oscura de los regímenes fascistas.
Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRD nos solidarizamos con los cinco compañeros legisladores y nos pronunciamos en contra de la agresión sufrida a manos de la fuerza policiaca federal y el Estado Mayor Presidencial.
Muy bien inauguró Calderón los trabajos de diálogo y negociación con la LXI Legislatura. Los cinco diputados federales de diversos partidos, integrantes todos del frente del Movimiento Democrático Nacional, que defiende un proyecto alternativo de nación, se hicieron presentes a las puertas de Palacio Nacional para expresar el disenso respecto de las políticas neoliberales implementadas por el gobierno federal.
En lugar de que allí se iniciara el tan pomposamente anunciado proceso de diálogo y concertación, fueron recibidos por la bota policiaca y militar que, en un acto de absoluta prepotencia y de violación a las libertades individuales, los agredió física y verbalmente.
Debemos ser claros, compañeros legisladores. El fuero del que constitucionalmente gozamos tiene por objeto garantizar la libertad de expresión de todos y cada uno de las y los legisladores en el ejercicio de sus funciones.
Los diputados, a la puerta de Palacio Nacional, manifestaban el libre derecho constitucional del tránsito y de sus ideas. Pretendían que la nación fuese testigo de que en un país democrático todas las voces tienen cabida; pretendían mostrar al mundo los avances que como país hemos logrado en la conformación de una ciudadanía activa, tolerante y participativa.
No obstante, la rupestre agresión de la Policía Federal y el Estado Mayor Presidencial logró demostrar al mundo que no sólo no hemos tenido avance en esta materia, sino que nos encontramos ante un régimen que privilegia la cerrazón frente al diálogo; que intenta legitimarse con la presencia del Ejército en las calles, en una desordenada guerra contra el crimen organizado; un adversario que muchos sostienen han proyectado desde su casa.
Un régimen que prefiere el consentimiento tácito que el disenso informado; que pretende iniciar un diálogo con quien no tiene nada qué decir y cierra sus puertas a quienes, como legisladores, tenemos la mayor encomienda que un pueblo pueda otorgar a un ciudadano: representar los intereses del pueblo mexicano y dar voz a quienes no la tienen.
Desde la más alta tribuna de la nación hacemos un enérgico llamado a la tolerancia, al diálogo, al respeto a la otredad y al disenso. Hacemos un enérgico llamado para que, con equidad y justicia, construyamos una sociedad más igualitaria, que privilegie el diálogo entre la diversidad de las fuerzas políticas. Hacemos un llamado para que, en favor del fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. Todos los actores puedan llevar a los distintos espacios políticos la pluralidad de las opiniones.
Señoras legisladoras y señores legisladores, no nos engañemos: lo que vimos ayer es el tipo de diálogo con que Calderón pretende imponer su decálogo de buenas intenciones; ésa es la cara autoritaria y represiva con la que intentará imponer sus reformas estructurales.
Hoy más que nunca aparece la ineptitud de Calderón, que en su grotesca feria de vanidades prefiere refugiarse tras los call center, y las cámaras y los micrófonos de sus acariciadores medios, que se esconde en ellos para no entender la triste y lacerante realidad social del presente y, sobre todo, los oscuros horizontes del futuro, encubriéndose en ellos, y con la milicia en las calles pretende hacernos olvidar que la represión en Jalisco existe, que Acteal existe, que Pasta de Conchos existe, que los niños de Hermosillo existen; estos son hechos históricos que nunca se borrarán de la memoria de los mexicanos.
Por todo esto, desde esta tribuna le recordamos a Calderón la cita histórica que señala que con las bayonetas se puede hacer cualquier cosa, menos sentarse sobre ellas. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias por su intervención, señor diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Carlos Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas: Con su venia, señor presidente.Señores legisladores y señoras legisladoras, es de puntual realidad hacer mención que el señor presidente de la República es el primero que respeta el estado de derecho, es el primero que habla y responde al respeto a esta soberanía.
Nosotros, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hacemos un llamado a las señoras legisladoras y a los señores legisladores, a que centremos el debate en lo central. Hoy, los mexicanos y las mexicanas están cansados de ver diputados, que algunos de ellos se han ganado a pulso, casi el último lugar en las encuestas; diputados y diputadas que, por lo menos en la imagen y en la percepción pública, dejan mucho que desear.
Hoy, hasta esta tribuna, venimos a decir que el fuero sirve para proteger el debate, para proteger el diálogo, para proteger las ideas y las acciones que se deben traer a esta tribuna. Pero hoy, no podemos olvidar, que lo más importante para México es centrarnos en las grandes reformas, es centrarnos en lo que quieren ver de diferente de esta LXI Legislatura: transparencia.
Transparencia en el manejo de los recursos, pero también transparencia en el actuar porque el fuero no sirve, señores diputados, para violentar ningún estado de derecho, porque el fuero no sirve para ser una patente de corso, para tener y gozar de privilegios que los ciudadanos comunes no tienen.
Hoy, ese llamado tiene que ser, y los diputados y las diputadas tenemos que presentar austeridad, trabajo, transparencia, para poder lograr diálogo, acuerdo, consenso, el México del siglo XXI, el México del futuro. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Se concede el uso de la palabra a la diputada Teresa Reyes Sahagún, hasta por cinco minutos.
La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún: Señor presidente de la Mesa Directiva, señoras diputadas y señores diputados, el fondo del problema que estamos revisando es el estado de sitio que de facto se instaló en el centro de la Ciudad de México el día de ayer por la mañana, debido a un acto realizado en Palacio Nacional.Debido a esa situación se violaron las garantías individuales y derechos humanos como el de libre tránsito, libre asociación y manifestación pacífica de ciudadanos que se encontraban en el lugar, de trabajadores de los medios de comunicación que atendían el evento y de cinco diputados federales de esta legislatura que intentaron leer un pronunciamiento a las puertas de Palacio Nacional.
El antecedente de esta situación, es el desacato del titular del Ejecutivo federal al no cumplir con su deber constitucional de rendir un informe de la acción de gobierno el 1 de septiembre de 2009 en este recinto y de cara al Congreso de la Unión; es decir, de frente a los representantes del pueblo y de las entidades de la Federación.
El haber enviado un documento con uno de sus subordinados y el reunir a sus subordinados y a los subordinados de sus subordinados y a algunos invitados en Palacio Nacional para comentar sus ideas, no subsana la obligación incumplida.
Tomando en cuenta los antecedentes políticos sufridos en Jalisco por parte del ahora diputado federal, presidente de la Mesa, es necesario que todas y todos los aquí presentes le exijamos al presidente de la Mesa cumpla con la ley y proceda conforme a sus facultades a presentar la denuncia penal en contra de quienes agredieron y quienes ordenaron la agresión hacia los cinco diputados federales.
Como ven, compañeras diputadas y compañeros diputados, el tema fundamental es si cumplimos o no con la protesta que nos impusimos el pasado 29 de agosto de cumplir y hacer cumplir la ley. Agradecemos al señor Soberanes, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también se encontraba presente en el acto de ayer, y que supo de estos hechos, que no haya recomendado a los golpeados que tomaran algún tipo de antiácido.
A los ciudadanos y a nuestros compañeros diputados federales, Avelino Méndez Rangel , Rigoberto Salgado, César Burelo Burelo, Gerardo Fernández Noroña y Jaime Cárdenas Gracia, ofendidos y lastimados cuando ejercían legítimamente sus derechos, toda nuestra solidaridad.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra al diputado José Gerardo Fernández Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Muy buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados. Yo acepto lo que plantea el diputado Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional, de que discutamos los asuntos de fondo en este espacio.Quien preside el Gobierno de la República de este país está obligado a cumplir con la Constitución, por más que se haya robado la Presidencia de la República, y estaba obligado a presentar el informe en este lugar. No lo hizo.
Convocó a una reunión antes de que se instalara el Congreso de la Unión ---que tuvo que posponer para el día de ayer--- y dijo que todos los diputados y todas las diputadas estaban invitados a ese evento.
Hizo su día del presidente usurpador, y en una caricatura grotesca de otros tiempos, ahí se le rindió pleitesía. Un grupo de diputados acudimos a esa invitación y no se nos permitió, ya no digo el ingreso a Palacio Nacional, sino que no se nos permitió ni siquiera transitar por el arroyo vehicular.
Como cada vez que Calderón va al Zócalo de la Ciudad de México se militariza el corazón de la ciudad, cientos de metros de vallas, una reja de más de tres metros de altura en la plancha del Zócalo ---que nunca en la historia del país se había puesto en ese lugar---, PFP, Estado Mayor Presidencial, Ejército, policía del lugar, y no se puede transitar por ese lugar.
Ni siquiera cinco diputados federales pudieron ir a la puerta central de Palacio Nacional, al exterior, que es vía pública, a leer un documento donde cuestionaban la violación a derechos y garantías constitucionales, y cuestionaban el estado de suspensión de derechos de facto que Calderón instrumenta cada que va a cualquier lugar del país, incluido el corazón político de la nación.
Es un hecho muy grave, porque si 5 diputados fueron agredidos a 150 metros de la puerta más cercana frente al antiguo ayuntamiento, donde estaban transitando libremente vehículos y personas, ¿qué puede esperarse cualquier ciudadano a pie? ¿Qué puede esperarse cualquier hombre o mujer del país frente a esta creciente militarización? ¿Qué es lo que estamos combatiendo frente a este estado de suspensión de derechos y garantías constitucionales de facto, frente a esta permanente y sistemática violación del estado de derecho?
Queremos acabar con el régimen de simulación que se vive en el país. Se simula que se imparte justicia; se simula que se le dan salarios remuneradores a la gente; se simula que hay una división de poderes; se simulan muchas cosas y con esto tenemos que terminar.
Es un mal inicio que, empezando esta LXI Legislatura, se agreda a diputados de esta Cámara de Diputados. Es un hecho muy grave, no por el asunto del fuero, sino porque cualquier mexicano y mexicana tiene derecho a decir lo que piensa.
Tiene derecho a decirlo libremente y tiene derecho a decirlo en cualquier lugar del país, en cualquier calle, en cualquier plaza pública, en cualquier rincón, sea cual sea éste; aunque ahí se encuentre quien usurpa la Presidencia de la República.
Así es que yo hago un llamado para que no toleremos estos atropellos; para que paremos la militarización del país; para que paremos el estado de sitio de facto; para que paremos los atropellos constantes, los asesinatos de hombres y mujeres, de familias que han perdido la vida en retenes militares con el pretexto ---y subrayo---de la lucha contra el narcotráfico.
De esto es de lo que verdaderamente estamos hablando y a esto es a lo que yo les pido que le hagamos un frente común y que no lo permitamos. Muchas gracias, compañeros diputados y compañeras diputadas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Se concede el uso de la palabra a la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapatahasta por cinco minutos.
La diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata: Con su permiso, señor presidente.Compañeras diputadas y compañeros diputados, ¿cuántas veces se quejaron algunas personas de aquellos que tenían fuero para hacer lo que les diera la gana? Y miren, ahora hacen lo mismo. A ellos no les importan las instituciones; les faltan al respeto. Nunca les ha importado guardar el orden. El señor que me antecedió puede hacer lo que le venga en gana.
Ya basta de querernos en la prehistoria, en los días de la represión por pensar diferente. A quien piensa diferente, ustedes lo confrontan con muchas agallas, como queriendo regresar a los años 60, en donde quién sabe qué se les perdió a ustedes, envalentonados para provocar la riña, para hacerse los mártires.
No, señores diputados. Ahora vale más la democracia y sus principios como son el diálogo, la tolerancia, el respeto al otro, el respeto a las instituciones, el respeto a los mexicanos, a quienes tenemos la intención de hacer algo bueno por este país.
¿Para eso quieren tener fuero? No dejen que se les falte el respeto a los ciudadanos. El fuero constitucional es para argumentar, para hacernos escuchar sin ser violentados por nuestras opiniones; para llegar a acuerdos. El fuero no es licencia para realizar actos vandálicos a diestra y siniestra.
El artículo 61 constitucional en ningún lugar señala que el fuero constitucional sirva para irrumpir con el uso de la fuerza, o sin ella, en cualquier lugar. El fuero supone una responsabilidad en el ejercicio del gobierno; supone actuar con ética, con orden. No es para tratar de pasar por encima de todos a su gusto y a su conveniencia.
Les queremos hacer una atenta invitación a actuar con prudencia, a que de forma respetuosa entablemos el diálogo en esta tribuna, entre pares; no provocando a los policías ---y déjenme decirles, amigas y amigos diputados, había en ese lugar policías del gobierno del estado y también federales---, quienes hacen su trabajo al pie de la letra, como se les indica hacerlo para guardar el orden.
Nos queda muy claro que nadie en particular tiene la intención de hacerles daño; que, por el contrario, creemos que vale mucho la pena escuchar nuestras razones por las vías y conductos apropiados que nos ofrecen las instituciones de la democracia.
Ustedes tienen todo el derecho de expresar su opinión y por ningún motivo ser reconvenidos; pero tampoco ustedes intenten acallar a las demás personas, a interrumpirlas en su voz, porque todos tenemos los mismos derechos que ustedes; queremos ser escuchados y escuchar a nuestra contraparte.
Respecto al derecho de que el presidente de la República rindiera su informe en un lugar ajeno a la sede del Congreso de la Unión, responde a la valoración hecha por los grupos parlamentarios de la LXI Legislatura para terminar con una vieja ceremonia que se había convertido en la arena para el descrédito de la figura presidencial.
Conforme a lo que marca la Constitución, el presidente de la República entregó en tiempo y forma por escrito el Tercer Informe de Gobierno y de cómo se guarda la administración pública, rindiendo cuentas ante el Congreso de la Unión y posteriormente dirigió su mensaje a la nación para rendir cuentas a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas.
La rendición de cuentas en México es sin duda un aspecto muy positivo de la transición y consolidación democrática, que no debe estar sujeto a caprichos políticos y a la conveniencia coyuntural de los actores políticos.
Para Acción Nacional y para el Ejecutivo federal la rendición de cuentas es una virtud, como es virtud el apego a la norma constitucional y a las leyes que de ella emanan. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra al diputado Jaime Fernando Cárdenas Graciahasta por cinco minutos.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Muchas gracias, señor presidente.Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, aquí hemos escuchado frases y argumentos que nos hablan de un estado de derecho y en México lo que menos existe es estado de derecho.
¿Cómo hablar de estado de derecho cuando tenemos inconstitucionalmente o anticonstitucionalmente en las calles de este país más de 50 mil soldados? ¿Cómo hablar de estado de derecho cuando en áreas geográficas específicas del país en donde se encuentra Felipe Calderón, se colocan vallas que impiden el libre tránsito, se impide el ejercicio de los derechos de los demás a la libertad de expresión, de reunión y de manifestación?
Hay un estado de sitio en este país en muchos lugares, retenes en las carreteras totalmente anticonstitucionales, qué decir de los derechos sociales que solamente son enunciados constitucionales sin ninguna garantía de exigibilidad y de justiciabilidad.
¿Cómo puede hablarse de estado de derecho cuando el presidente de la República no cumple con la obligación que le establece el artículo 69 de la Constitución y presenta en este recinto el informe?
¿Cómo puede hablarse de derecho cuando en una reunión el día de ayer en Palacio Nacional, de espaldas a la ciudadanía, de espaldas a los representantes de la nación, se violaron libertades y derechos, no solamente de los legisladores, sino de ciudadanos?
Por eso creo que es muy importante que digamos aquí que, para caminar por las calles de la Ciudad de México, para estar afuera de las puertas del Palacio Nacional no se necesita invitación alguna, señalarles a los compañeros del PAN que la izquierda siempre ha sido solidaria con la represión que históricamente ustedes sufrieron.
Nosotros sí somos solidarios y nosotros mantenemos el compromiso de la defensa de los derechos y de las libertades. Desde luego el fuero no protege a las personas, ni queremos eso, protege la función legislativa. El fuero no solamente es para impedir que seamos procesados sin autorización de la Cámara de Diputados, el fuero es para proteger nuestra libertad e independencia como legisladores, esta libertad de independencia entraña al menos tres cosas: libertad de conciencia para decir libremente, para opinar, para votar incluso en contra de las opiniones de nuestro grupo parlamentario, para tener voto en conciencia.
El fuero implica también libertad física para que nadie nos coaccione, ya sea con violencia física o moral o con presiones, para impedir el ejercicio de nuestras funciones. Y también, como se señalaba aquí, el fuero entraña libertad jurídica para no ser reconvenidos por nuestras opiniones.
¿Por qué sostenemos que se violó el fuero el día de ayer? Porque además de restringirse los derechos fundamentales de expresión, reunión y manifestación de ciudadanos, medios de comunicación y legisladores, se violentó el derecho de legisladores federales a transitar libremente por las calles de la ciudad, en el centro de esta ciudad, en el Zócalo de la Ciudad de México.
Porque además se violó la libertad de conciencia, física y la libertad jurídica de los legisladores que ahí estuvimos. ¿Por qué se violó nuestra libertad de conciencia? Porque no pudimos expresar nuestras opiniones y puntos de vista como lo deseábamos.
¿Por qué se violó nuestra libertad física? Porque algunos de los legisladores que estuvimos ahí presentes fuimos vejados o fueron vejados y golpeados. Y se violó la libertad jurídica porque, al no expresar nuestras opiniones, eso constituye una suerte de reconversión a la inviolabilidad de las opiniones que se encuentra prohibida en el artículo 61 de la Constitución. Por eso, le solicito muy atentamente al presidente de esta Cámara de la Mesa Directiva, en ejercicio de las facultades que le concede la ley, que garantice y defienda el fuero nuestro y el de todos los legisladores. Que proteste ante el Ejecutivo por la agresión al fuero que sufrimos y porque presente las denuncias penales que correspondan, para que no se violente la inmunidad parlamentaria, el ejercicio de nuestros derechos fundamentales y el ejercicio de los derechos fundamentales de otros ciudadanos de la República. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado César Francisco Burelo Burelo, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado César Francisco Burelo Burelo: Muy buenas tardes señores legisladores y señoras legisladoras.Señor presidente, mi intervención va más en el sentido de ahondar acerca de la reunión, que de manera informal, ayer por la tarde los diputados agredidos sostuvimos con usted. Derivado de la respuesta que recibimos de su parte, es que motiva mi intervención.
Yo quiero decirle, señor presidente, que más allá de los golpes que recibimos, lo que nos preocupa como legisladores es que el señor Felipe Calderón gravite y actúe en un estado de suspensión de garantías de facto.
Bajo el manto del cerco militar, el señor Calderón pretende silenciar a quienes pensamos distinto, a quienes sostenemos que su origen es ilegítimo y que las políticas de su fallida administración son distintas a los intereses de la mayoría de la población. Hoy, como ayer, desde esta tribuna, por lo mismo, lo exhorto a que renuncie.
Acudo ante esta soberanía con un propósito muy distinto a la compañera panista que me antecedió en el uso de la palabra, a los bien portados, a los que les gusta ganar encuestas; acudo ante esta soberanía no a pedir, sino a exigir al señor presidente de esta Cámara de Diputados, el uso de las facultades que le otorgan los artículos 61 constitucional, 11 y 22 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: que garantice el respeto del fuero constitucional no de un grupo de diputados, sino de todos los miembros de esta LXI Legislatura.
Señor diputado presidente, quiero recordarle que el fuero constitucional no es una prerrogativa a la que se renuncia o de la cual nos despojamos al salir de este recinto parlamentario.
El fuero constitucional, señor Ramírez Acuña, es un atributo inherente a nuestro encargo como representantes de la nación. Con su uso se garantiza el ejercicio de la soberanía nacional y la división de poderes.
Compañeros diputados, no confundamos nuestro origen partidario con el mandato popular. No se trata de defender a un gobierno por el simple hecho de ser de una filiación política del mismo origen. Estamos ante la oportunidad de dejar muy claro que el Poder Legislativo es libre, soberano y autónomo en su actuar con respecto a los otros poderes de la nación.
Le pido de manera muy respetuosa, señor presidente, que no actué como panista, que no actúe como ex secretario de Gobernación ni como amigo personal del señor Calderón. Usted es quien nos representa y en consecuencia, haga las gestiones necesarias como presidente de esta Cámara y proceda a levantar las denuncias correspondientes a este caso.
Le convoco, señor presidente, con todo respeto se lo digo, a abandonar su actitud autocrática; esa actitud es más propia de un monarca y entiendo que deriva de su trayectoria de origen político.
Señor presidente, le convoco a que si no tiene la voluntad de cumplir con su responsabilidad, renuncie a la misma. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Rodolfo Lara Lagunas, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Rodolfo Lara Lagunas: Compañeras diputadas y compañeros diputados, cuando oigo hablar de estado de derecho me pregunto qué podremos decir a esa indígena queretana que lleva tres años presa y que fue acusada, supuestamente, por golpear a tres policías.Qué podemos decir a los indígenas de Acteal cuando quedan libres 20 de los acusados y que posiblemente salga el resto. A este ritmo es probable que también dentro de algunos meses nos digan que en Acteal no hubo muertos.
En Campeche hace unas semanas cinco campesinos fueron aprehendidos por protestar y hacer uso de sus derechos constitucionales por los elevados precios de las tarifas eléctricas. En esos hechos estamos observando que hay un proceso sistemático de violación de leyes, de garantías que establece nuestra Constitución. En ello está presente la administración que preside Felipe Calderón. Y señalo dos hechos fundamentales.
Hace unos días se decía que en 2007 ---lo dice la Auditoría Superior de la Federación--- se hizo un donativo de 30 mil millones de pesos a los sindicatos, sin tener que comprobar ningún gasto, y en cambio les recortamos a las universidades el 1 por ciento.
Pero con mayor precisión, el año pasado, al firmarse la Alianza por la Calidad de la Educación, en uno de sus puntos, en lo que se refiere a los ascensos que se dan dentro de las escuelas, se determina que a partir de que empieza Alianza, los ascensos se van a dar de acuerdo con exámenes estandarizados. Y aquí no vamos a decir si esto es bueno o es malo; lo que subrayamos es que este punto de Alianza viola la fracción VIII del apartado B del artículo 123, viola todo el Título Tercero que establece el sistema escalafonario de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Ante esas violaciones hechas al amparo del poder, me pregunto: quién va a frenar, quién va a dar la cara para de una vez ya terminar con ese estado de derecho, entre comillas. Como decía el compañero Noroña, es una ficción.
Sobre lo que pasó ayer ---y yo aquí quiero diferir un poquito--- no me preocupa tanto lo del fuero; lo que me preocupa es que se violen abiertamente las garantías constitucionales. El artículo 9 es claro y preciso: los mexicanos tenemos derecho a reunirnos y protestar en contra de las autoridades. Éste fue un principio que se ganó precisamente combatiendo a la dictadura porfirista y no podemos renunciar a él. El día que renunciemos es porque este país va a ser un país de ciudadanos castrados y sumisos y eso de ninguna manera podemos soportarlo los mexicanos.
El año que entra vamos a festejar el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana. Seríamos traidores a ese legado si no hacemos uso de la palabra y no protestamos en este recinto por esa violación de garantías constitucionales, independientemente de que haya o no fuero constitucional.
Por eso no me parece correcta la apreciación de la compañera panista que habló de actos vandálicos. Cuando escucho esa expresión regreso a 1968, cuando precisamente las fuerzas oscuras priistas de eso nos acusaban a quienes nos manifestábamos plenamente en la calle y que por eso también fuimos encarcelados.
Finalmente ---y respeto su actitud, compañeros, aunque no la comparto--- esto no puede quedarse así. Le pedimos al presidente de esta Cámara que actúe de acuerdo con la Constitución. Basta de impunidad. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Emilio Serrano Jiménez: Con su venia, señor presidente.Es para hacer una reflexión, y me dirijo a las diputadas, a los diputados decentes, que sí hay en Acción Nacional, y no a los que son sordos, sordas, lambiscones que sirven de tapete y aplaudidores al Ejecutivo federal que defienden lo indefendible.
Les recordamos que el Ejecutivo hizo una invitación a las diputadas y a los diputados de esta legislatura para asistir a la fiesta, la fiesta del presidente, la que tanto criticaron los de Acción Nacional, y que fue una celada la que les tendió, igual que el coronel Guajardo a Emiliano Zapata. Los estaban esperando para agredirlos, para hacerle sentir a la opinión pública que estaban violando la ley los diputados que acudieron.
Pero les quiero decir a los diputados, a las diputadas decentes, que no es la primera vez que se violan las garantías individuales; no solamente de la gente a pie, sino también de los diputados y de las diputadas.
Hace tres años aquí se agredió a senadores, a diputadas y diputados en la avenida Congreso de la Unión. Me consta, soy testigo y les consta a los medios de comunicación. Ahora nos quejamos de que estaba sitiado el Palacio Legislativo por el Estado Mayor, por el Ejército, por la Policía Federal Preventiva.
Pero hace cuatro, hace tres años, esto no era un Palacio Legislativo, parecía un palacio real, que nada más faltaban los cocodrilos y los puentes; porque ahí Vicente Fox demostró el miedo que le tenía al pueblo.
Ahora no sabemos quién tiene más miedo, si Felipe Calderón o Vicente Fox; porque las murallas que levantan, las vallas, los soldados y seguridad que presentan es del tamaño del miedo.
Recuerdo cuando era niño que hubo un presidente que me tocó ver pasar enfrente de donde estábamos muchos niños por la calle: Adolfo López Mateos. No necesitaba de las medidas de seguridad para convivir, para estar con el pueblo. Ahora estos señores demuestran un miedo terrible, porque a cada momento violan la ley y con el pretexto de combatir el narcotráfico violan las garantías individuales de los mexicanos.
Yo les pregunto: ¿a cuántas mexicanas y a cuántos mexicanos, mujeres, niños, hombres, han matado con el pretexto del combate al narcotráfico? Estamos expresando nuestra molestia por lo que nos consta y conocemos, pero hay muchas cosas que se ocultan. Han sido agredidos los medios de comunicación por el miedo que tiene Felipe Calderón.
Señor presidente, es importante que usted tome cartas en el asunto, porque ahora fue una agresión física en la Plaza de la Constitución, ¿y mañana qué va a haber? ¿Cuántos soldados, cuántos elementos del Estado Mayor o de la Policía Federal Preventiva van a entrar al recinto a agredir a cualquiera de ustedes?
Señor presidente, usted está obligado a guardar y salvaguardar la integridad de los diputados de esta LXI Legislatura. Cumpla con su deber, señor presidente de la Mesa Directiva. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Gustavo González Hernández, hasta por cinco minutos, del Partido Acción Nacional...
El diputado Gustavo González Hernández: Decía un compañero que me antecedió, que ya basta de impunidad. Y no pude evitar ir al pasado de cómo nació el fuero en la historia de la humanidad, cómo nació en los tribunos plebis del imperio romano.Se buscaba que los tribunos plebis que representaban al pueblo no pudieran ser detenidos y llevaran su opinión o su derecho de veto, porque lo tenían, cuando alguna resolución del Senado les afectaba; su opinión y su derecho de veto en el recinto públicamente destinado para esos debates.
Quiero dejar claro mi respaldo a la Presidencia porque sé que va a resolver esta petición de los compañeros conforme a derecho, y también quiero traer a esta tribuna una interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el fuero constitucional, sobre el fuero legislativo.
La Suprema Corte es quien tiene la potestad de interpretar la Constitución. El artículo 61 de la Constitución federal consagra la figura de la inmunidad parlamentaria como una garantía otorgada a los diputados federales y senadores, sólo por lo que hace a las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos. A grado tal, que nunca podrán ser reconvenidos por ellas.
Mientras que el artículo 111 de la propia Carta Magna prevé la institución del fuero constitucional bajo la denominación actual de declaración de procedencia, como una garantía de carácter procesal otorgada a diversos funcionarios públicos expresamente enunciados, entre ellos los diputados y senadores.
Dejo esta reflexión para que la Presidencia resuelva conforme a derecho, conforme a las interpretaciones de la Suprema Corte que tiene la potestad de hacerlo, y dejar bien claro que ninguno, ninguno de nosotros podemos estar en la impunidad, que debemos acotar y conducirnos de manera correcta respetando el estado de derecho. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Ha concluido la lista de oradores. Le pido la Secretaría que continúe.
ORDEN DEL DIA
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a leer el orden del día de la próxima sesión.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año de Ejercicio.--- LXI Legislatura.
Orden del día
Martes 8 de septiembre de 2009.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
El Congreso del estado de Guerrero, invita a la sesión solemne que tendrá verificativo en la ciudad de Chilpancingo de los Bravos, Guerrero, el 13 de septiembre del presente año, a las 18:00 horas.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Con el que remite el informe de avance del programa para incrementar la eficiencia operativa en Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, correspondiente al segundo trimestre de 2009.
Iniciativa del Congreso del estado de San Luis Potosí
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación.
Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado.
FUERO CONSTITUCIONAL DE DIPUTADOS
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Quiero informar a toda la asamblea en el tema que acaba de ser atendido por los posicionamientos de todos los diputados, que en virtud de un oficio que recibí ayer en el tema del fuero constitucional, inmediatamente procedí a solicitar la información correspondiente ante la Secretaría de Gobernación, para que informe a esta soberanía sobre los hechos acontecidos ayer por la mañana, a fin de tener toda la información y proceder en consecuencia.
Tengan la plena seguridad de que esta Presidencia estará atenta al cumplimiento de los artículos 61 constitucional y 22 de nuestra ley, para atender y cuidar el fuero constitucional de todos los legisladores.
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (a las 16:19 horas): Se levanta la sesión, y se cita para la que tendrá lugar el martes 8 de septiembre a las 11:00 horas. Se les informa que las listas de asistencia estarán disponibles a partir de las 9:30 horas. Muchas gracias.
--------------- O ---------------
RESUMEN DE TRABAJOS
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)