SUMARIO
Oficio del Congreso del estado de Guerrero con el que invita a la sesión solemne con motivo del CXCVI aniversario del Primer Congreso de Anáhuac. Se designa comisión.
Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite informe de avance del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios correspondiente al segundo trimestre de 2009. Se turna a la Comisión de Energía.
Diecinueve oficios de la Secretaría de Gobernación con los que se remite el tercer informe de labores de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Comunicaciones y Transportes; de la Defensa Nacional; de Desarrollo Social; de Economía; de Energía; de la Función Pública; de Gobernación; de Hacienda y Crédito Público; de Marina; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de la Reforma Agraria; de Relaciones Exteriores; de Salud; de Seguridad Pública; del Trabajo y Previsión Social, y de Turismo; así como de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, y de la Procuraduría General de la República. De enterado; distribúyanse a las diputadas y a los diputados.
Oficio del Congreso del estado de San Luis Potosí, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Oficio del Congreso del estado de San Luis Potosí con el que remite acuerdo por el que propone modificaciones a la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar, en el contexto del proceso de análisis del Presupuesto de Egresos para 2010, mayores recursos a la educación náutica, presentada por el senador Sebastián Calderón Centeno. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas comisiones de la Cámara de Diputados a aumentar, en el contexto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, los recursos destinados a las políticas públicas en materia indígena, presentada por la senadora María Serrano Serrano. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a no reducir los presupuestos de las universidades e instituciones públicas de educación superior en el ejercicio fiscal de 2009; y se solicita a la Cámara de Diputados que se les destinen mayores recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, presentada por la senadora María Elena Orantes López. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña presenta pronunciamiento relativo al homicidio del ingeniero José Francisco Fuentes Esperón, candidato del Partido Revolucionario Institucional a diputado local por el IV distrito del estado de Tabasco.
La diputada María Cristina Díaz Salazar presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social para crear el seguro por pérdida involuntaria del empleo como una prestación permanente. Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el numeral 3 al artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de equidad de género, para establecer que en las candidaturas a diputados y senadores, el propietario y suplente deberán ser del mismo género. Se turna a la Comisión de Gobernación.
La diputada María Araceli Vázquez Camacho presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 51 y 57 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 20 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de equidad de género, para agregar que los diputados y senadores --propietarios y suplentes-- deberán ser del mismo género. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del Código Fiscal de la Federación, sobre la eliminación de regímenes fiscales especiales que crean privilegios para empresas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que los ahorros generados en las medidas de austeridad que racionalicen el gasto público sean destinados a la inversión en educación, ciencia y tecnología. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La diputada Laura Margarita Suárez González presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8 de la Ley General de las Personas con Discapacidad y adiciona la fracción V al artículo 389 de la Ley General de Salud, para otorgar a las personas con discapacidad permanente o definitiva un certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad con validez nacional, y como documento oficial para certificar la discapacidad ante la dependencia e instituciones públicas o privadas que lo requieran. Se turna a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Salud.
El diputado Pedro Vázquez González presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a fin de crear el seguro de desempleo para la protección del trabajador mexicano. Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se recibe del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley General de Educación, para fomentar la educación financiera en los programas de primaria y secundaria, con el fin de que los educandos puedan recibir clases sobre consumo, créditos, hipotecas, ahorro, y tarjetas de crédito y de débito. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que establece para el Instituto el carácter de organismo descentralizado, no sectorizado, de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio que sólo puede operar eficiente y óptimamente al aplicar políticas de austeridad, producción social, crédito barato y transparencia atendiendo las necesidades habitacionales de los trabajadores con menores ingresos con créditos baratos y suficientes y permitir el acceso a la propiedad de las mujeres que se hagan cargo de los créditos. Se turna a las Comisiones Unidas de Vivienda, y de Trabajo y Previsión Social.
El diputado Francisco Alberto Jiménez Merino presenta proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a atender la problemática de los alcaldes integrados en la Federación Nacional de Municipios de México, AC, sobre los problemas que causará el recorte presupuestal del Fondo General de Participaciones y Fomento Municipal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La diputada Leticia Robles Colín presenta proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer --a través de la Comisión nacional del Agua-- en las reglas de operación para el ejercicio de 2010 un componente máximo de inversión no mayor de 10 por ciento en la contraparte que aportarán los usuarios de riego en los programas hidroagrícolas, y un componente máximo de inversión no mayor de 20 por ciento en la contraparte a cargo de los organismos operadores o de los gobiernos locales en los programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Se turnan los resolutivos primero y segundo a la Comisión de Recursos Hidráulicos, y el resolutivo tercero a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La diputada Norma Leticia Orozco Torres presenta proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fin de que informe respecto a la estrategia para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y las acciones de adaptación de las repercusiones del cambio climático. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Desde su curul, el diputado Francisco Alejandro Moreno Merino se adhiere a la propuesta.
La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía presenta proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la liberación de recursos del Fondo de Desastres Naturales para atender los efectos de las inundaciones del pasado fin de semana en Tlalnepantla y Atizapán, estado de México.
A discusión, intervienen los diputados:
María del Rosario Brindis Alvarez.
José Francisco Javier Landero Gutiérrez.
Oscar González Yáñez.
Fausto Sergio Saldaña del Moral.
Amador Monroy Estrada.
Feliciano Rosendo Marín Díaz.
María Elena Pérez de Tejada Romero.
Rodrigo Reina Liceaga.
Se considera suficientemente discutida y se aprueba; comuníquese.
Solicitud de la Junta de Coordinación Política para modificar el orden del día e incluir la siguiente proposición con punto de acuerdo; aprobado.
La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado presenta proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar mayores recursos para el programa Mejores Escuelas, de la Secretaría de Educación Pública, así como al Fondo de Aportaciones Múltiples, en el apartado de infraestructura educativa básica y superior, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El diputado Emiliano Velázquez Esquivel presenta proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificare las reglas de operación de los programas comprendidos en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, a fin de que los recursos presupuestales se entreguen oportunamente con procedimientos de asignación que garanticen sus canalización a la producción de básicos y estratégicos para el logro de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Desde su curul, el diputado Gerardo Sánchez García apoya la proposición.
El diputado Héctor Franco López presenta proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Presidencia de la República y las Secretarías de Educación Pública, y de Hacienda y Crédito Público a no retener el presupuesto aprobado para la enseñanza pública superior en el ejercicio 2009; asimismo a no disminuir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 los recursos asignados al sector educativo en general. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El diputado José Luis Jaime Correa presenta proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para la Reforma del Estado. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Solicitud de la Junta de Coordinación Política para modificar el orden del día e incluir el siguiente acuerdo; aprobado.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la liberación de las ciudadanas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas de la comunidad ñahñu, presas en el Centro de Readaptación Social Femenil de San José del Alto, del estado de Querétaro.
A discusión se concede la palabra a los diputados:
Narcedalia Ramírez Pineda.
Florentina Rosario Morales.
Adriana Fuentes Cortés.
Héctor Pedraza Olguín.
Elsa María Martínez Peña.
Teresa del Carmen Incháustegui Romero.
Leticia Quezada Contreras.
Rosi Orozco.
Omar Fayad Meneses, desde su curul.
Jaime Fernando Cárdenas Gracia.
Se considera suficientemente discutido y se aprueba; comuníquese.
El diputado José Luis Marcos León Perea presenta proposición con punto de acuerdo para solicitar que se atienda la situación provocada por el fenómeno hidrometeorológico Jimena en los estados de Sonora y de Baja California Sur. Se considera de urgente resolución.
A discusión sobre el tema, intervienen los diputados:
Víctor Manuel Castro Cosío.
Enrique Torres Delgado.
Se considera suficientemente discutido y es aprobado; comuníquese.
La diputada Mary Telma Guajardo Villarreal presenta proposición con punto de acuerdo por el que se propone la creación del Programa Emergente Canasta Básica Escolar, como parte de las medidas para atemperar la crisis económica de las familias mexicanas. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Seguridad Pública.
El diputado Eduardo Mendoza Arellano presenta proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial sobre el Cambio Climático. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Respecto a los cambios recientes en diversas dependencias de la administración pública federal realizan comentarios los diputados:
Jorge Romero Romero.
Laura Arizmendi Campos.
Liev Vladimir Ramos Cárdenas.
Teresa Guadalupe Reyes Sahagún.
Adriana Sarur Torre.
Arturo Santana Alfaro.
José Gerardo de los Cobos Silva.
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña.
Jesús Ramírez Rangel.
Claudia Edith Anaya Mota.
El diputado Jorge Venustiano González Ilescas, para referirse al CLXXII aniversario de la Batalla del Molino del Rey.
Desde su curul la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal solicita insertar entrega su intervención sobre el mismo tema y el Presidente así lo instruye.
De la próxima sesión.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña expresa sus condolencias a la familia del señor Floriberto Guadalupe Cruz Hernández padre de la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz.
ASISTENCIA
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de la Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Se invita a las diputadas y los diputados que no han registrado su firma de asistencia a esta sesión, que pasen a las mesas instaladas en el vestíbulo principal de acceso al salón de sesiones.
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 381 diputados. Por tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (a las 11:21 horas): Se abre la sesión.
Con toda atención, la Presidencia invita cordialmente a los representantes de los medios de comunicación a ocupar los lugares que tienen asignados para cumplir su importante labor informativa.
Por otro lado, deseo agradecer de manera personal a todos los grupos parlamentarios la solidaridad que mostraron hacia nosotros por la pérdida de mi madre. Muchas gracias, señoras diputadas y señores diputados.
ORDEN DEL DIA
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año de Ejercicio.--- LXI Legislatura.
Orden del día
Martes 8 de septiembre de 2009.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
El Congreso del estado de Guerrero invita a la sesión solemne que tendrá verificativo en la ciudad de Chilpancingo de los Bravos, Guerrero, el 13 de septiembre del presente año, a las 18:00 horas.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Con el que remite el informe de avance del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios correspondiente al segundo trimestre de 2009.
Diecinueve con los que remite el tercer informe de labores de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Comunicaciones y Transportes; de la Defensa Nacional; de Desarrollo Social; de Economía; de Energía; de la Función Pública; de Gobernación; de Hacienda y Crédito Público; de Marina; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de la Reforma Agraria; de Relaciones Exteriores; de Salud; de Seguridad Pública; de Trabajo y Previsión Social, y de Turismo; y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y de la Procuraduría General de la República.
Oficios del Congreso del estado de San Luis Potosí
Con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación. (Turno a Comisión)
Con el que remite acuerdo por el que propone modificaciones a la Ley General de Educación. (Turno a Comisión)
Oficios de la Cámara de Senadores
Con el que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, dentro del proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos para 2010, a destinar mayores recursos a la educación náutica, presentada por el senador Sebastián Calderón Centeno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con el que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas comisiones de la Cámara de Diputados a aumentar, en el contexto de la revisión, análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, los recursos destinados a las políticas públicas en materia indígena, presentada por la senadora María Serrano Serrano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con el que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a no reducir los presupuestos de las universidades e instituciones públicas de educación superior en el ejercicio fiscal de 2009; y se solicita a la Cámara de Diputados que se destinen mayores recursos a esas instituciones en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, presentada por la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Iniciativas
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, suscrita por los diputados María Cristina Díaz Salazar , María de Jesús Aguirre Maldonado y Eduardo Alonso Bailey Elizondo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que adiciona el numeral 3 al artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 51 y 57 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 20 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 8 de la Ley General de las Personas con Discapacidad y adiciona la fracción V al artículo 389 de la Ley General de Salud, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a fin de crear el seguro de desempleo para la protección del trabajador mexicano, a cargo del diputado Pedro Vázquez González , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 7 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a establecer procedimientos para escuchar y atender la problemática de los alcaldes integrados en la Federación Nacional de Municipios de México, AC, y encontrar solución a los problemas que acarreará el recorte presupuestal del Fondo General de Participaciones y Fomento Municipal, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer --a través de la Conagua-- en las reglas de operación del ejercicio de 2010 un componente máximo de inversión no mayor de 10 por ciento en la contraparte que aportarán los usuarios de riego en los programas hidroagrícolas, y un componente máximo de inversión no mayor de 20 por ciento en la contraparte a cargo de los organismos operadores o de los gobiernos locales en los programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, suscrita por los diputados Leticia Robles Colín , Alejandro Encinas Rodríguez , Guadalupe Acosta Naranjo , Armando Ríos Piter y Vidal Llerenas Morales , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al titular de la Semarnat a fin de que informe respecto a la estrategia nacional para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y a las acciones de adaptación de las repercusiones del cambio climático, a cargo de la diputada Norma Leticia Orozco Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la liberación de recursos del Fonden para atender los efectos de las inundaciones suscitadas en Tlalnepantla y Atizapán, estado de México, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente Resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para la niñez, adolescencia y familias, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar las reglas de operación de los programas comprendidos en el Especial Concurrente para el De-sarrollo Rural Sustentable a fin de que se garantice la entrega oportuna de los recursos presupuestarios; a simplificar los procedimientos y trámites correspondientes a la obtención de los fondos; y a establecer métodos de asignación del presupuesto que aseguren su canalización a la producción de básicos y estratégicos a efecto de coadyuvar al logro de la soberanía y seguridad alimentarias y nutricionales, suscrita por los diputados Rigoberto Salgado Vázquez , Vidal Llerenas Morales y Emiliano Velázquez Esquivel , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Presidencia de la República, a la SEP y a la SHCP a no retener el presupuesto aprobado para la educación pública superior en el ejercicio de 2009 y a no disminuir en el PEF de 2010 los recursos asignados al sector educativo en general, suscrita por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez y Héctor Franco López , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar mayores recursos para el programa Mejores Escuelas, de la SEP, así como para el Fondo de Aportaciones Múltiples, en el apartado de infraestructura educativa básica y superior, en el PEF 2010, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para la Reforma del Estado, a cargo del diputado José Luis Jaime Correa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la PGR que retire los cargos contra Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas de la comunidad ñahñu presas de manera injusta en el Cereso femenil de San José del Alto, del estado de Querétaro, y que se les indemnice debidamente, a cargo de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para que el gobierno de la república dé libertad inmediata a las indígenas Jacinta Francisco Marcial, Teresa González y Alberta Alcántara, a cargo de la diputada Florentina Rosario Morales , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para solicitar la atención inmediata a la situación provocada en los estados de Sonora y de Baja California Sur por el fenómeno hidrometereológico Jimena, a cargo del diputado José Luis Marcos León Perea , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se propone crear el programa urgente de canasta básica escolar, como parte de las medidas para atemperar la crisis económica de las familias mexicanas, suscrita por las diputadas Mary Telma Guajardo Villarreal y Obdulia Magdalena Torres Abarca , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial sobre el cambio climático, a cargo del diputado Eduardo Mendoza Arellano , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Agenda política
Comentarios relativos a los recientes cambios en diversas dependencias de la administración pública federal, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Efemérides
Relativa al aniversario de la Batalla del Molino del Rey, a cargo del diputado Jorge Venustiano González Ilescas , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Solicito a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves tres de septiembre de dos mil nueve, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.
Presidencia del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña
En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 396 diputadas y diputados, a las 11 horas con 23 minutos del jueves 3 de septiembre de 2009, el presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día, posteriormente al acta de la sesión constitutiva y en votación económica, la asamblea aprueba esta última.
Se recibe invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a la ceremonia cívica a celebrarse el ocho de septiembre, con motivo del centésimo sexagésimo segundo aniversario de la batalla del Molino del Rey, a celebrarse el martes 8 de septiembre a las 10:00 horas. Se designa comisión de representación.
Solicitan licencias por tiempo indefinido, a partir de esta fecha para separarse de sus funciones como diputados federales los ciudadanos: Anel Patricia Nava Pérez y Laura Elena Ledesma Romo , electas en la primera circunscripción plurinominal; Yulma Rocha Aguilar , Mariana Ivette Ezeta Salcedo , Rafael Pacchiano Alamán y Kattia Garza Romo , electos en la segunda circunscripción plurinominal; Ana María Rojas Ruiz y Olga Luz Espinoza Morales, electas en la tercera circunscripción plurinominal; Carolina García Cañón y Álvaro Raymundo Vargas Sáenz , electos en la quinta circunscripción plurinominal. Desde sus curules realizan comentarios al respecto los diputados: Silvia Isabel Monge Villalobos , del Partido Acción Nacional; María Hilaria Domínguez Arvizu , del Partido Revolucionario Institucional; Leticia Quezada Contreras , del Partido de la Revolución Democrática; María Elena Pérez de Tejada Romero , del Partido Acción Nacional, Jaime Fernando Cárdenas Gracia , del Partido del Trabajo; Enoé Margarita Uranga Muñoz , del Partido de la Revolución Democrática; Kenia López Rabadán , del Partido Acción Nacional; Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Partido de la Revolución Democrática; Yolanda de la Torre Valdez , del Partido Revolucionario Institucional; María Dina Herrera Soto , del Partido de la Revolución Democrática; Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva , del Partido Revolucionario Institucional; Laura Piña Olmedo , del Partido de la Revolución Democrática; Miguel Ángel García Granados , del Partido Revolucionario Institucional; María Antonieta Pérez Reyes , del Partido Acción Nacional; Jorge Carlos Ramírez Marín , del Partido Revolucionario Institucional, quien solicita que se retiren del orden del día las solicitudes de licencia; Obdulia Magdalena Torres Abarca , del Partido de la Revolución Democrática; María Teresa Rosaura Ochoa Mejía , de Convergencia, Omar Fayad Meneses , del Partido Revolucionario Institucional, quien apoya la propuesta del diputado Ramírez Marín; Gustavo González Hernández , del Partido Acción Nacional y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña , del Partido del Trabajo. Por instrucciones de la Presidencia, se da lectura a la propuesta del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín . Que en votación económica se aprueba y se instruye remitir las solicitudes de licencia a la Junta de Coordinación Política.
La Secretaría de Gobernación remite informe sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro, correspondiente al periodo abril-junio de 2009. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para su conocimiento.
Se reciben oficios de la Cámara de Senadores por los que:
a) Informa:
b) Remite iniciativas con proyecto de decreto que:
c) Devuelve, para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 10 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública. En tanto se integre la Comisión se conserva en la Dirección General de Proceso Legislativo.
d) Remite proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Comisión de Vigilancia de la de la Cámara de Diputados, a efecto de que la Auditoría Superior de la Federación, audite y evalúe la estructura del sistema de servicio profesional de carrera de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, suscrita por el senador Arturo Herviz Reyes, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la. En tanto se integra la comisión se conserva en la Dirección General de Proceso Legislativo.
e) Remite minutas con proyecto de decreto que:
En tanto se integran las comisiones, se conservan en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Se concede el uso de la tribuna para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:
En tanto se integran las comisiones, se conservan en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Se recibe del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari , de Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 65 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales. En tanto se integra la comisión, se conserva en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Ramón Jiménez López , en nombre propio y de los diputados Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez , Armando Ríos Piter y Vidal Llerenas Morales , del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que expide la Ley del Seguro de Desempleo, y reforma el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integra la omisión, se conserva en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Se concede el uso de la tribuna para presentar proposiciones con puntos de acuerdo a los diputados:
Se concede el uso de la tribuna para realizar comentarios sobre la agenda legislativa, a los diputados Óscar Guillermo Levin Coppel , del Partido Revolucionario Institucional; Jaime Álvarez Cisneros , de Convergencia; Alejandro Carabias Icaza , del Partido Verde Ecologista de México; Armando Ríos Piter , del Partido de la Revolución Democrática; Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo y Luis Enrique Mercado Sánchez , del Partido Acción Nacional.
Para realizar un pronunciamiento en relación con la violación del fuero constitucional y las agresiones sufridas por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo, se concede el uso de la tribuna a los diputados: Pedro Vázquez González , del Partido del Trabajo; Adán Augusto López Hernández , del Partido de la Revolución Democrática; Carlos Alberto Pérez Cuevas , del Partido Acción Nacional; Teresa Guadalupe Reyes Sahagún y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña , del Partido del Trabajo; Nelly del Carmen Márquez Zapata , del Partido Acción Nacional; Jaime Fernando Cárdenas Gracia , del Partido del Trabajo; César Francisco Burelo Burelo , Rodolfo Lara Lagunas y Emilio Serrano Jiménez , del Partido de la Revolución Democrática y Gustavo González Hernández , del Partido Acción Nacional. En su oportunidad, el Presidente comunica a la asamblea que ha solicitado información en relación con este tema.
El Presidente clausura la sesión a las 16 horas con 19 minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el martes 8 de septiembre de 2009 a las 11:00 horas.»
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada el acta de la sesión.
Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el de las comunicaciones.
CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo.--- Guerrero
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF
Con motivo del 196 aniversario del Primer Congreso de Anáhuac, la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero se honra en invitarlos a la sesión solemne que tendrá verificativo en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, el 13 de septiembre del presente año, a las 18:00 horas, en la catedral de nuestra Señora Asunción de María (anteriormente parroquia de Santa María de la Asunción).
En ese trascendente evento, el generalísimo don José María Morelos y Pavón condensó en Los Sentimientos de la Nación la aspiración que postulaba un mejor gobierno y una vida justa para los mexicanos, y que días después inspiraron la Declaración de la Independencia de la América Septentrional del 6 de noviembre de 1813.
Los principios invaluables legados por esa generación de hombres insignes trascendieron hasta nuestros días y orientan nuestra vida constitucional y democrática.
Por ese motivo, el Congreso estatal decretó que el 13 de septiembre de cada año se realice sesión pública y solemne en Chilpancingo, elevado en ese tiempo a Capital de las Américas, para conmemorar este suceso, uno de los más importantes de la historia patria.
Los guerrerenses apreciaríamos su presencia en este aniversario, para dar realce a una distinción de la que nos sentimos gratamente honrados y comprometidos.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. En su oportunidad, la Mesa Directiva hará la designación correspondiente para asistir en representación de la Cámara.
PETROLEOS MEXICANOS
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número SPEDT/ 200.385/09, el licenciado Jordy Herrera Flores, subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, remite el informe de avance del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios (PEO), correspondiente al segundo trimestre de 2009.
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les remito para los fines procedentes copia del oficio a que me he referido y de sus anexos.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Energía.
Manuel Minjares Jiménez, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.
Anexo al presente oficio similar del subsecretario de Hidrocarburos con el que remite el informe elaborado por Pemex con el seguimiento del PEO correspondiente al segundo trimestre de 2009; adjunto también las observaciones de la Secretaría de Energía respecto a él, a fin de que por su amable conducto sea enviado al Congreso de la Unión.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Energía.
Licenciado Jordy Herrera Flores, subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía.--- Presente.
De conformidad con lo establecido en el artículo noveno transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007 (decreto), así como en los lineamientos a que deberán sujetarse Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios en la ejecución del PEO, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 2008, por este conducto me permito enviarle el informe elaborado por Pemex con el seguimiento del PEO correspondiente al segundo trimestre de 2009, y las observaciones de la Secretaría de Energía respecto a él.
Lo anterior, con objeto de que se haga llegar dicha información al Congreso de la Unión, en cumplimiento de lo establecido en el artículo noveno transitorio del decreto.
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
«Observaciones de la Secretaría de Energía respecto al segundo informe trimestral de 2009 del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios
Antecedentes
La Ley Federal de Derechos establece que Pemex debe enviar al Congreso de la Unión, a través de la Secretaría de Energía (Sener), un informe trimestral durante febrero, mayo, agosto y noviembre de cada año, con el seguimiento del PEO, el cual debe ir acompañado de las observaciones de la secretaría.
El informe elaborado por Pemex y enviado a través de la Sener al Congreso de la Unión presenta el avance de las acciones del programa y reporta los indicadores que reflejan el desempeño operativo de la paraestatal al segundo trimestre de 2009.
Las observaciones de la Sener sobre este informe trimestral se presentan en tres secciones. La primera sección contiene observaciones generales del informe; la segunda incluye comentarios relativos a la información presentada por cada subsidiaria, así como una evaluación de su desempeño a partir de los principales indicadores reportados; finalmente, la tercera sección da seguimiento a las observaciones que Sener ha realizado en informes anteriores.
1. Observaciones generales sobre el informe
Con base en el análisis de la información presentada por Pemex, la Sener hace las siguientes observaciones generales sobre el informe:
2. Observaciones sobre la información reportada por cada organismo subsidiario y el corporativo
Criterios de evaluación
Para evaluar el cumplimiento de las metas de Pemex, se clasifican los principales indicadores de cada subsidiaria en cuatro categorías, considerando el avance de las metas, tanto en 2008 como en 2009.
Con base en el análisis de los aspectos relevantes reportados por cada organismo y el corporativo, la Sener hace las siguientes observaciones:
Pemex Exploración y Producción (PEP)
Nivel de cumplimiento 2
Nivel de cumplimiento 3
Nivel de cumplimiento 4
Pemex Refinación
Enseguida se muestra el desempeño de los indicadores de Pemex Refinación en el trimestre analizado:
A continuación se describe el grado de cumplimiento de los indicadores que se considera tienen mayor efecto en la operación de la subsidiaria, con base en el criterio de clasificación planteado al inicio de esta sección.
Nivel de cumplimiento 1
Nivel de cumplimiento 2
Nivel de cumplimiento 3
Nivel de cumplimiento 4
Avances con la reconfiguración de Minatitlán1
Pemex Gas y Petroquímica Básica
A continuación se describe el grado de cumplimiento de los indicadores que se considera que tienen un mayor efecto en la operación de la subsidiaria, con base en el criterio de clasificación planteado al inicio de esta sección.
Nivel de cumplimiento 1
Nivel de cumplimiento 2
Niveles de cumplimiento 3 y 4
Pemex Petroquímica
Enseguida se muestra el desempeño de los indicadores de Pemex Petroquímica en el trimestre analizado:
A continuación se describe el grado de cumplimiento de los indicadores que se considera que tienen mayor efecto en la operación de la subsidiaria, con base en el criterio de clasificación planteado al inicio de esta sección.
Nivel de cumplimiento 1
Nivel de cumplimiento 2
Nivel de cumplimiento 3
Nivel de cumplimiento 4
Petróleos Mexicanos (corporativo)
El corporativo de Petróleos Mexicanos presenta en este informe trimestral un avance en la ejecución de las acciones del PEO, en el ámbito de sus competencias. Al respecto, la Sener tiene las siguientes observaciones:
Por otra parte, el corporativo de Pemex reporta cinco indicadores relacionados con los servicios médicos que provee la empresa. De estos indicadores, tres cumplen la meta establecida (esperanza de vida, tiempo de espera de primer nivel y mortalidad materna directa) y dos muestran un desempeño insuficiente (porcentaje de surtimiento de medicamentos y porcentaje de satisfacción al cliente). En 2008 sólo el indicador de surtimiento de medicamentos fue insuficiente.
El porcentaje de surtimiento muestra una desviación de -0.1 por ciento respecto a la meta del segundo trimestre de 2009, mientras que el porcentaje de satisfacción al cliente tuvo una desviación del -1 por ciento con relación a la meta del periodo. En el informe se señala que la contingencia sanitaria de mayo modificó la disponibilidad de medicamentos, por lo que el porcentaje de surtimiento no alcanzó la meta. Asimismo, se menciona que en esta ocasión el porcentaje de satisfacción del cliente estuvo afectado por el bajo porcentaje de surtimiento de medicamentos.
3. Atención de Pemex a observaciones anteriores de la Sener
En el informe de Pemex correspondiente al segundo trimestre de 2009 aún no ha sido atendida la solicitud de la Sener de reportar la producción de gas desglosando el componente de nitrógeno. Lo anterior ha sido solicitado nuevamente en las observaciones de este informe.
Notas: 1 Adicionalmente al seguimiento de los indicadores de Pemex Refinación, como parte de las observaciones se incluyen los avances de la reconfiguración de la refinería de Minatitlán.2 Algunas metas originales del programa para 2009 fueron ajustadas en enero, a solicitud de Pemex, de conformidad con lo establecido en los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 2008.»El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Energía, para su conocimiento. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
SECRETARIAS DE ESTADO
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Se recibieron 19 oficios con los que se remite el tercer informe de labores de las Secretarías de Estado.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, cantidad equivalente al número de ciudadanos diputados integrantes de ese órgano legislativo y 69 para las comisiones de dicha Cámara.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cantidad equivalente al número de ciudadanos diputados integrantes de ese órgano legislativo y 69 para las comisiones de dicha Cámara, así como un disco compacto que contiene la versión electrónica del documento mencionado.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de la Defensa Nacional, cantidad equivalente al número de ciudadanos diputados integrantes de ese órgano legislativo y 69 para las comisiones de dicha Cámara, así como un disco compacto que contiene la versión electrónica del documento mencionado.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de Desarrollo Social, cantidad equivalente al número de ciudadanos diputados integrantes de ese órgano legislativo y 69 para las comisiones de dicha Cámara.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de Economía, cantidad equivalente al número de ciudadanos diputados integrantes de ese órgano legislativo y 69 para las comisiones de dicha Cámara, así como un disco compacto que contiene la versión electrónica del documento mencionado.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de Energía, cantidad equivalente al número de ciudadanos diputados integrantes de ese órgano legislativo y 69 para las comisiones de dicha Cámara, así como un disco compacto que contiene la versión electrónica del documento mencionado.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de la Función Pública, cantidad equivalente al número de ciudadanos diputados integrantes de ese órgano legislativo y 69 para las comisiones de dicha Cámara.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de Gobernación, cantidad equivalente al número de ciudadanos diputados integrantes de ese órgano legislativo y 69 para las comisiones de dicha Cámara, así como un disco compacto que contiene la versión electrónica del documento mencionado.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cantidad equivalente al número de ciudadanos diputados integrantes de ese órgano legislativo y 69 para las comisiones de dicha Cámara, así como un disco compacto que contiene la versión electrónica del documento mencionado.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de Marina, cantidad equivalente al número de ciudadanos diputados integrantes de ese órgano legislativo y 69 para las comisiones de dicha Cámara, así como un disco compacto que contiene la versión electrónica del documento mencionado.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cantidad equivalente al número de ciudadanos diputados integrantes de ese órgano legislativo y 69 para las comisiones de dicha Cámara, así como un disco compacto que contiene la versión electrónica del documento mencionado.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de la Reforma Agraria, cantidad equivalente al número de ciudadanos diputados integrantes de ese órgano legislativo y 69 para las comisiones de dicha Cámara, así como un disco compacto que contiene la versión electrónica del documento mencionado.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cantidad equivalente al número de ciudadanos diputados integrantes de ese órgano legislativo y 69 para las comisiones de dicha Cámara, así como un disco compacto que contiene la versión electrónica del documento mencionado.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de Salud, cantidad equivalente al número de ciudadanos diputados integrantes de ese órgano legislativo y 69 para las comisiones de dicha Cámara, así como un disco compacto que contiene la versión electrónica del documento mencionado.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de Seguridad Pública, cantidad equivalente al número de ciudadanos diputados integrantes de ese órgano legislativo y 69 para las comisiones de dicha Cámara.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cantidad equivalente al número de ciudadanos diputados integrantes de ese órgano legislativo y 69 para las comisiones de dicha Cámara, así como un disco compacto que contiene la versión electrónica del documento mencionado.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de Turismo, cantidad equivalente al número de ciudadanos diputados integrantes de ese órgano legislativo y 69 para las comisiones de dicha Cámara, así como un disco compacto que contiene la versión electrónica del documento mencionado.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, cantidad equivalente al número de ciudadanos diputados integrantes de ese órgano legislativo y 69 para las comisiones de dicha Cámara.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto me permito remitir a ustedes 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Procuraduría General de la República, cantidad equivalente al número de ciudadanos diputados integrantes de ese órgano legislativo y 69 para las comisiones de dicha Cámara, así como un disco compacto que contiene la versión electrónica del documento mencionado.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De enterado. Distribúyase a las diputadas y a los diputados.
LEY GENERAL DE EDUCACION
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- LVIII Legislatura.--- San Luis Potosí.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- México, DF.--- Presentes.
En observancia de lo preceptuado en el artículo 6o. del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado y por determinación emitida en sesión extraordinaria del día de la fecha notificamos que se aprobó por unanimidad de votos del Pleno dictamen de las Comisiones de Educación, de Cultura, de Ciencia y Tecnología, y de Puntos Constitucionales, a través del cual esta soberanía propone a esa Cámara que adicione un párrafo al artículo 33 de la Ley General de Educación, propuesta por el diputado Felipe de Jesús Almaguer Torres.
Para los efectos legales y administrativos conducentes, y mejor proveer, se adjunta copia certificada del instrumento parlamentario aludido.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.
Secretarios de la LVIII Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí.--- Presentes.
A las Comisiones de Educación, de Cultura, de Ciencia y Tecnología, y de Puntos Constitucionales fue turnada, para análisis y dictamen, en sesión ordinaria celebrada con fecha 20 de junio de 2008, iniciativa que adiciona los artículos 33, último párrafo, 67, último párrafo, y 75, fracción VIII Bis, a la Ley General de Educación.
En tal virtud, las comisiones citadas, al entrar al estudio de la iniciativa referida, llegamos a las siguientes
Consideraciones
Primera. Que las Comisiones de Educación, de Cultura, de Ciencia y Tecnología, y de Puntos Constitucionales son competentes para conocer de la iniciativa citada, conforme lo disponen respectivamente los artículos 108, fracción IV, y 113, fracción III, de la ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.
Segunda . Que la iniciativa en materia de este dictamen fue propuesta de acuerdo a lo preceptuado por los ordinales 61 de la Constitución política del estado y 130 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Local.
Tercera. Que la iniciativa en comento cumple los requisitos que establecen los artículos 62, 65 y 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, por lo que es procedente realizar el estudio y dictamen respectivo.
Cuarta. Que dentro del texto de la iniciativa que nos ocupa, el legislador expone ``someto a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto con el propósito de que este Poder Legislativo la someta a su proceso legislativo y, de aprobarse, la someta a la consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción III, de la Constitución política, y 55, fracción III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, ambos de los Estados Unidos Mexicanos, y 57, fracción II, de la Constitución del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.
Por lo que al interpretar armónicamente esta fundamentación con los preceptos legales derivados de ésta, y al ser las legislaturas de los estados entes previstos para iniciar leyes de acuerdo al numeral 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta atinado analizar en el fondo los alcances de ésta.
Es preciso determinar que la comisión suscrita, en coordinación con la Comisión de Salud de esta soberanía, elevaron al Pleno, para su consideración, el dictamen por el que ordena al Ejecutivo local implantar políticas públicas en materia de nutrición, de conformidad con la NOM-043, así como estricta vigilancia de productos que se ofrezcan en venta a estudiantes en escuelas públicas y privadas de nivel básico obligatorio;
Dentro del texto decreto planteado, se reforma el artículo 93 y adiciona al artículo 96 la fracción III, recorriéndose las actuales III y IV, que pasan a ser IV y V, de y a la Ley de Salud de San Luis Potosí. Se reforman a su vez los artículos 22, en su fracción XXIX; 62, en su fracción III; 80, en su fracción V; y 90, en su fracción IV; y adiciona a los artículos 22 las fracciones XXX y XXXI, recorriéndose la actual XXX que pasa a ser XXXII, al 62 la fracción IV, recorriéndose la actual IV, que pasa a ser V, al 80 la fracción VI, recorriéndose la actual VI que pasa a ser VII, y al 90 la fracción V, recorriéndose la actual V que pasa a ser VI, de y a la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí. Mismo que en fecha 29 de marzo del presente año, fue aprobado como decreto 351 por el Pleno de esta soberanía.
Quinta. Dada la naturaleza de la iniciativa de Ley que pretende ser elevada al Congreso de la Unión, específicamente a la Cámara de diputados y que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación en Materia de Obesidad Infantil, y de acuerdo al análisis y estudio de los objetivos de ésta, se han realizado modificaciones a la propuesta inicial para adecuarla al marco normativo recientemente actualizado en nuestra Entidad, y que la iniciativa que se eleva a la Cámara federal de referencia, con las modificaciones a la nuestra legislación local guarden congruencia y dispongan de similares alcances.
Por todo lo expuesto y fundado, las suscritas dictaminadoras nos permitimos elevar a la consideración la presente
Dictamen con proyecto de iniciativa
Primero . Es de aprobarse y se aprueba la iniciativa de reforma de ley que presenta el diputado Felipe de Jesús Almaguer Torres, con las modificaciones de las comisiones dictaminadoras, a efecto de elevar a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la adición y propuesta a la Ley General de Educación.
Segundo. Remítase el presente documento parlamentario a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para los alcances legales de mérito.
Tercero. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 57, fracción II, de la Constitución del Estado de San Luis Potosí, se eleva a consideración de la Cámara de Diputados la iniciativa de ley que adiciona un último párrafo al artículo 33 de la Ley General de Educación con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La obesidad es una epidemia mundial. Así ha definido la Organización Mundial de la Salud (OMS) a este fenómeno, y advirtió que 17 millones de personas mueren cada año a consecuencia de la obesidad, siendo así un creciente problema de salud pública en todo el mundo.
El rápido incremento del exceso de peso y la obesidad anuncia una pesada carga crónica en materia de salud pública en las próximas dos décadas si no se toman medidas ahora, según lo señalado por Catherine Le-Gales Camus, directora general adjunta de Enfermedades no Contagiosas y Salud Mental de la OMS en 2005.
El exceso de peso y la obesidad, alguna vez considerados problemas sólo en países ricos, suponen un riesgo importante de provocar enfermedades cardiovasculares como principales causas de muerte.
Según estimaciones, hay más de 22 millones de niños menores de cinco años obesos o con sobrepeso en el mundo, de los cuales 17 millones viven en países en desarrollo.
El incremento del fenómeno en los países subdesarrollados se debe a diversos factores, entre los cuales se cuenta el cambio de dieta a nivel mundial con un mayor consumo de carbohidratos, grasa, sal y azúcar.
Asimismo, influye la disminución de actividad física debido a la naturaleza sedentaria del trabajo, los transportes, la urbanización y, en general, las condiciones de la vida moderna, así como en los hábitos de recreación y diversión de niños y adultos.
La OMS estima que más de 75 por ciento de las mujeres mayores de 30 años tienen exceso de peso en países tan variados como Barbados, México, Egipto, Malta, Sudáfrica, Turquía y Estados Unidos de América. Los cálculos para los hombres son semejantes para Argentina, Alemania, Grecia, Kuwait, Nueva Zelanda, Samoa y Reino Unido, entre otros.
Actualmente existen más de 1000 millones de personas obesas, y la tendencia indica que el número aumentará en 50 por ciento para 2015, según datos de la OMS.
A escala mundial se estima que 10 por ciento de los niños en edad escolar (entre 5 y 17 años) padecen de sobrepeso u obesidad, y la situación va empeorando. En Estados Unidos de América, por ejemplo, la tasa de sobrepeso u obesidad en niños y adolescentes, de 6 a 18 años, que en los setenta era de 15 por ciento, sobrepasó el 25 por ciento en el curso de los noventa.
El aumento vertiginoso de esos índices no es patrimonio de los países desarrollados. En el curso de un estudio realizado en China con escolares de zonas urbanas, según informa la OMS en un comunicado de prensa de 11 de noviembre de 2004, se calculó que la tasa de sobrepeso y obesidad había pasado de cerca de 8 por ciento en 1991 a 12 por ciento al cabo de seis años. En Brasil, ese índice, calculado en niños y adolescentes de 6 a 18 años, se había más que triplicado entre mediados de los setenta (4 por ciento) y 1997 (13 por ciento).
Es así que los índices de mortandad se ven afectados de manera importante al presentarse como causas de decesos el padecimiento de diversas enfermedades crónicas, tales como la diabetes, las cardiopatías, el cáncer o ataques apopléjicos, en que las más de las veces se presentan en personas obesas o con sobrepeso.
La obesidad también incrementa el riesgo de enfermedad y muerte por enfermedad de la arteria coronaria, hipertensión, colesterol alto y trastornos de vesícula biliar y de los riñones. Asimismo, es un factor de riesgo para el desarrollo de osteoartritis y apnea del sueño.
Estos padecimientos, además de mermar la calidad de vida de los individuos, son un indicador alarmante, en tanto que los niños ahora padecen males que anteriormente sólo atacaban a los adultos, como es el caso de la diabetes de tipo 2, antes conocida como diabetes de adulto.
De los 32 millones de adultos en México, 5 millones están en riesgo de convertirse en diabéticos. El 62 por ciento de los mexicanos mayores de 20 años padece sobrepeso.
A principios del siglo XX en México, los índices de desnutrición infantil eran muy altos, entonces la recomendación alimenticia consistía en ingerir proteínas, carnes, huevo, leche y sus derivados.
Cien años después llegaron los avances tecnológicos, los vehículos y, sin embargo, la gente sigue comiendo igual a pesar de que el requerimiento calórico es mucho menor por la poca actividad física que implica la nueva forma de vida. Lo cierto es que en dos décadas el número de obesos en México creció 30 por ciento.
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí encontró como segundo principal problema de salud en la comunidad universitaria el de la obesidad y, en tercer lugar, los trastornos alimenticios. Y la Secretaría de Salud en el estado reporta datos muy cercanos a la media nacional.
La obesidad es una enfermedad que se caracteriza por la acumulación y almacenamiento excesivo de grasa que se refleja en el aumento de peso del cuerpo. Muchos de los obesos empiezan con esta enfermedad desde que son niñas, niños o adolescentes; sin embargo, es de considerar que la gordura en las niñas y los niños no es sinónimo de buena salud y, en no pocos casos, es sinónimo de desnutrición.
Además de factores genéticos, entre las causas más comunes de la obesidad y del sobrepeso encontramos el comer más de lo que el organismo puede utilizar, no hacer ejercicio, sedentarismo y malos hábitos alimenticios.
Derivado de todo lo anterior, y atendiendo a que México se encuentra en segundo lugar a nivel mundial y como el país de Latinoamérica con el más alto porcentaje de población obesa o con sobrepeso, debemos reconocer la urgencia de realizar las acciones necesarias que impacten de manera efectiva en el combate a este problema, por lo que atañe a San Luis Potosí.
Promoviendo una cultura de hábitos saludables desde la escuela y el hogar, se elevará la calidad de vida y el nivel de salud de los potosinos; crecerá el nivel deportivo en el estado; se generará un impacto psicológico positivo, ante el mejor rendimiento de niños y adolescentes bien nutridos y activos; además todo lo anterior representará una reducción en los gastos de salud en San Luis Potosí y México. Estos son algunos beneficios que se pueden obtener al impulsar esta iniciativa.
Igualmente es necesario se impida la venta de alimentos y bebidas, que son poco o nada nutritivos, en las tiendas escolares del nivel básico y se comience a formar conciencia sobre los daños a la salud de nuestros niños y que pueden llegar a repercutir en su calidad de vida.
De los niños y adolescentes obesos o con sobrepeso, cerca de 80 por ciento siguen siéndolo en edad adulta, mientras que sólo 20 por ciento se somete a algún tipo de tratamiento para perder peso, corriendo el riesgo de optar por un medio inadecuado, situación que puede causar daños irreversibles en la salud.
Dadas las medidas que comienzan a tomarse en otros países, como el retiro de publicidad de comida chatarra en horario televisivo infantil, las campañas realizadas por la OMS, los estudios realizados por diversos organismos, las medidas legislativas similares que comienzan a adoptar otros poderes legislativos estatales, es pertinente que este Congreso instrumente las medidas legales a los cuerpos normativos correspondientes para establecer acciones que resuelvan y prevengan este problema creciente y que en el corto, mediano y largo plazos redundará en beneficio de los potosinos.
Proyecto de Decreto
Único. Se adiciona un último párrafo al artículo 33 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:
Artículo 33...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
LEY GENERAL DE EDUCACION
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- LVIII Legislatura.--- San Luis Potosí.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presentes
En observancia de lo preceptuado en el artículo 6o. del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del estado, y por determinación emitida en sesión extraordinaria del día de la fecha, notificamos que se aprobó por unanimidad de votos del Pleno dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Ecología y Medio Ambiente, a través del cual esta soberanía exhorta a esa Cámara, promover iniciativa que modifique la Ley General de Educación, en materia de enseñanza a distancia y medio ambiente, propuesta por el diputado con licencia Juan Pablo Escobar Martínez .
Para los efectos legales y administrativos conducentes y mejor proveer, se adjunta copia certificada del instrumento parlamentario mencionado.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.
Diputados Secretarios de la LVIII Legislatura del Congreso de San Luis Potosí.--- Presentes.
A las comisiones de Puntos Constitucionales y Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología fue turnada, para su análisis y dictamen, en sesión ordinaria celebrada con fecha 21 de mayo del año 2009, iniciativa de punto de acuerdo que plantea exhortar al la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a promover la iniciativa integral que modifique la Ley General de Educación, en sus disposiciones sobre educación a distancia y medio ambiente, presentada por el diputado Juan Pablo Escobar Martínez .
En tal virtud, las comisiones antes citadas, al entrar al estudio de la iniciativa referida, llegamos a las siguientes
Consideraciones
Primera. Que las Comisiones de Puntos Constitucionales y Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; son competentes para conocer de la iniciativa supra citada, conforme lo disponen, respectivamente, los artículos 113 fracciones II y IV y 108 fracción I; de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.
Segunda. Que la iniciativa materia de este dictamen fue propuesta de acuerdo a lo preceptuado por los ordinales 61 de la Constitución Política del estado y 130 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo local.
Tercera. Que la iniciativa en comento cumple los requisitos que establecen los artículos 72 y 73 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, por lo que es procedente realizar el estudio y dictamen respectivo.
Cuarta. Que dentro del texto de la iniciativa que nos ocupa el legislador define como antecedentes de éste:
Primero. La educación es un medio privilegiado para mejorar la calidad de vida de las comunidades. Es uno de los mecanismos ideales para ofrecer igualdad de oportunidades y mejora competitiva en beneficio colectivo.
Las diferentes comunidades mundiales, compuestas de innumerables rasgos étnicos, culturales, económicos, sociales, tradiciones, etcétera, apuestan, en lo complicado del engranaje globalizado, a que la calidad educativa de la que gozan sus pueblos sea mucho mejor, porque es justamente de la formación, la capacitación técnica y profesional, de donde se obtiene la materia prima para que un país se sitúe como potencia mundial en determinada rama; esa materia prima es, dentro de la cadena de los factores de la producción, la mano de obra, el factor humano.
Segundo. En nuestro país, durante las diferentes etapas históricas, hemos ido progresando en el tema educativo de manera paulatina.
En el último siglo, el reto de la educación en México ha sido ofrecer oportunidades iguales para la vida de todos los mexicanos, sin importar condiciones de ninguna índole, lo que implica una educación que sea de calidad, y para la vida.
Tercero. Para ello, resultan esenciales dos pilares, el primero tiene que ver con la activa participación de los padres de familia en la educación coordinándose con los docentes, para mejorar la enseñanza de los niños y de los jóvenes; y el segundo pilar tiene que ver con la permanente evaluación de los servicios educativos, de los planteles y por supuesto de los docentes.
Quinta. A su vez, expone el proponente:
Propuesta de reformas, modificaciones y adiciones
Artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:
Articulo 14. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales, de manera concurrente, las atribuciones siguientes:
El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa podrán celebrar convenios para coordinar o unificar las actividades educativas a que se refiere esta Ley, con excepción de aquéllas que, con carácter exclusivo, les confieren los artículos 12 y 13.
Artículo 15. El ayuntamiento de cada municipio podrá, sin perjuicio de la concurrencia de las autoridades educativas federal y locales, promover y prestar servicios educativos de cualquier tipo o modalidad con especial énfasis a la educación a distancia. También podrá realizar actividades de las enumeradas en las fracciones V a VIII del artículo 14.
[...]
[...]
Artículo 46 Bis. Será facultad exclusiva de la federación el establecer los planes y metodologías de la educación a distancia, mismas que se implantarán desde la educación básica a nivel secundaria, y llegarán hasta el grado de la educación superior.
Las entidades integrantes de la federación podrán delimitar, a través de las instancias encargadas del tema educativo, tal como en el sistema escolarizado, aquellos planes y programas de estudio que coadyuven al desarrollo regional, siempre que estos planes y programas sean congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo y las prioridades regionales.
Artículo 46 Ter. La validez de los estudios realizados a distancia, será reconocida y certificada en los mismos términos y condiciones que se establecen para los sistemas escolarizados, atendiendo no solo cuestiones de carácter administrativo, sino de temporalidad y orden.
Artículo 46 Quáter. Las instituciones privadas educativas ya existentes e incorporadas al sistema educativo nacional podrán generar los mecanismos para desarrollar el esquema de educación a distancia, que se deberá certificar de calidad a través de la autoridad local en la materia, en los casos que el tipo de enseñanza sea especializada o que aporte al desarrollo regional, o deberá hacerla obligatoriamente a través de la Secretaría de Educación Pública, cuando la capacitación sea para los niveles de educación básica y media superior.
Artículo 65. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:
Artículo 69. Será responsabilidad de la autoridad de cada...
La autoridad escolar hará lo conducente para que en cada escuela pública de educación básica opere un consejo escolar de participación social, electo de manera democrática e integrado con padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, directivos de la escuela, ex alumnos, así como con los demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela.
Este consejo conocerá el calendario escolar, las metas educativas y el avance de las actividades escolares, con objeto de coadyuvar con el maestro a su mejor realización; tomará nota de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas propiciará la colaboración de maestros y padres de familia; podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, maestros, directivos y empleados de la escuela; estimulará, promoverá y apoyará actividades extraescolares que complementen y respalden la formación de los educandos; llevará a cabo las acciones de participación, coordinación y difusión necesarias para la protección civil y la emergencia escolar; alentará el interés familiar y comunitario por el desempeño del educando; podrá opinar en asuntos pedagógicos; contribuirá reducir las condiciones sociales adversas que influyan en la educación; estará facultado para realizar convocatorias para trabajos específicos de mejoramiento de las instalaciones escolares; respaldará las labores cotidianas de la escuela y, en general, podrá realizar actividades en beneficio de la propia escuela.
Consejos análogos podrán operar en las escuelas particulares de educación básica.
Articulo 71. En cada entidad federativa funcionara un consejo estatal de participación social en la educación, como órgano de consulta, orientación y apoyo. Un órgano análogo se establecerá en el Distrito Federal. En dicho consejo se asegurará la participación de padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, instituciones formadoras de maestros, autoridades educativas estatales y municipales, así como de sectores sociales de la entidad federativa especialmente interesados en la educación.
Este consejo promoverá y apoyará entidades extraescolares de carácter cultural, cívico, deportivo y de bienestar social; coadyuvará a nivel estatal en actividades de protección civil y emergencia escolar; sistematizará los elementos y aportaciones relativos a las particularidades de la entidad federativa que contribuyan a la formulación de contenidos estatales en los planes y programas de estudio; podrá opinar en asuntos pedagógicos; conocerá las demandas y necesidades que emanen de la participación social en la educación a través de los consejos escolares y municipales, conformando los requerimientos a nivel estatal para gestionar ante las instancias competentes su resolución y apoyo; conocerá los resultados de las evaluaciones que efectúen las autoridades educativas y colaborará con ellas en actividades que influyan en el mejoramiento de la calidad y la cobertura de la educación.
Sexta. Es necesario establecer como razonamiento del presente dictamen de punto de acuerdo, que los integrantes de las Comisiones suscritas, observan; de forma adecuada que sea revisada la Ley General de Educación en los tópicos que propone el legislador que eleva el presente documento parlamentario, considerando de vital importancia la regulación e incentivación de una educación basada en valores medio ambientales y que se amplíe la cobertura educativa con estrategias como la educación a distancia, que abonan ambas, a enriquecer el carácter de modernidad y vanguardia en la educación pública y privada de nuestro país.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, las suscritas dictaminadoras, nos permitimos presentar a consideración del Congreso de la Unión el presente
Dictamen
Único. Se solicita a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que, en ejercicio de sus facultades, promueva una iniciativa integral de reformas y adiciones a la Ley General de Educación cuyo contenido se apegue a las consideraciones vertidas en este documento.
Transitorio
Único. Remítase el presente exhorto a la Cámara de diputados del honorable Congreso de la Unión para los alcances legales conducentes.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2010
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.---LXI Legislatura.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presente
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Sebastián Calderón Centeno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar dentro del proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos para 2010, otorgar mayores recursos a la educación náutica.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.---LXI Legislatura.
Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Senadores de la LXI Legislatura.--- Presente.
El que suscribe, Sebastián Calderón Centeno, senador de la república, integrante del Grupo Parlamentario del PAN a la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se formula respetuoso exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a considerar, dentro del proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, otorgar mayores recursos a la educación náutica de conformidad con las siguientes
Consideraciones
Sin duda, nuestro país reúne las condiciones necesarias para ser una nación con vocación marítima.
El mar bordea las costas de México por el Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe. Es, por tanto, el recurso hacia el cual debemos dirigir nuestro presente y nuestro futuro. Consciente de ello, el sistema nacional de educación náutica, a cargo del Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (Fidena) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuenta con tres escuelas náuticas mercantes en el país: Capitán Almirante Antonio Gómez Maqueo, situada en Mazatlán; Capitán Almirante Luis Gonzaga Priego González, en Tampico; y Capitán Almirante Fernando Siliceo y Torres, en Veracruz, así como un centro de educación náutica en Campeche.
Dichas instituciones educativas son únicas en su género, dedicadas a la formación de profesionales del mar y a la capacitación del personal subalterno de la marina mercante y pescadores; hombres y mujeres que habrán de ser parte importante del sector marítimo nacional.
Los planes y programas se encuentran diseñados para cumplir los estándares internacionales para la educación de la gente de mar, atento a las disposiciones de la Organización Marítima Internacional, como el Convenio Internacional sobre Normas, Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar y sus enmiendas.
La formación de sus alumnos también la consideran fundamental para adecuar los conocimientos a los cambios tecnológicos y los sistemas innovadores que se aplican en el sector marítimo.
Así, la guía que marca el desarrollo profesional y humano a lo largo de su vida profesional es concebida de tal forma que el mar sea percibido como un elemento relevante en el progreso de nuestro país.
Para cumplir con su objetivo, el Fidena adquirió simuladores que permiten la generación visual de los distintos escenarios a los que se verá enfrentado el piloto.
No obstante, en diversas ocasiones ante esta tribuna hemos insistido en que los simuladores jamás van a sustituir un buque, donde los alumnos se enfrentarán a la realidad que significa el mar.
A este respecto es clara la disposición contenida en el artículo 31 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, que dispone expresamente que para las actividades educativas se deberá contar con un buque-escuela con la tecnología didáctica necesaria y actualizada para el cumplimiento de sus objetivos.
Por esa razón apelamos hoy por cuarta ocasión a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que se cumpla con lo ordenado por la ley, y así se considere, dentro del proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, otorgar mayores recursos a la educación náutica, dirigida por el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional.
Sobre el particular, hacemos hincapié en la necesidad de apoyar al sistema nacional de educación náutica en los rubros y cantidades siguientes:
Lo anterior tiene sustento en los siguientes datos:
No obstante la calidad con la que cuenta la educación náutica en nuestro país, se presentan una serie de problemas, a saber
Por cuanto hace a la adquisición del buque, cabe mencionar, por ejemplo, que investigar cuánto le cuesta a Pemex arrendar un buque y, con esa información, decir que a la vez que los alumnos ponen en práctica sus conocimientos, pueden prestarle sus servicios a la paraestatal, ahorrando los recursos que eroga por contratar buques que en su mayoría son extranjeros.
En mérito de lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se formula respetuoso exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a otorgar, en el ejercicio fiscal de 2010, mayores recursos a la educación náutica dirigida por el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional, con objeto de mejorar globalmente el sistema de educación y formación marítimas que requiere nuestro país, que se enmarcan en 37 millones 786 mil 500 pesos, única y exclusivamente para subvencionar la colegiatura de los alumnos de las escuelas náuticas de Mazatlán, Sinaloa; Veracruz, Veracruz; y Tampico, Tamaulipas. 400 millones de pesos para la adquisición de un buque-escuela, que cuente con la tecnología didáctica necesaria y actualizada para el cumplimiento de sus objetivos, y 750 millones de pesos para la adquisición de un buque-tanque-escuela.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2010
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.---LXI Legislatura.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presente
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora María Serrano Serrano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas comisiones de la Cámara de Diputados a fin de que en el marco de la revisión, análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 se aumenten, en la medida de lo posible, los recursos destinados a las políticas públicas en materia indígena.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.
«Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.--- Presentes.
María Serrano Serrano, senadora de la República por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de la Cámara de Senadores proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a diversas comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a aumentar en lo posible, en el marco de la revisión, análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, los recursos destinados a las políticas públicas en materia indígena.
Consideraciones
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece una estrategia clara y precisa para la superación de los problemas de México sobre bases sólidas y realistas, y con responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad.
El plan se estructura en cinco ejes rectores:
En el eje tres, que establece estrategias para construir la igualdad de oportunidades, se contiene el relativo a los grupos prioritarios, que corresponde a los pueblos y a las comunidades indígenas.
Los pueblos y las comunidades indígenas de México están formados por más de 10 millones de personas, mujeres y hombres de todas las edades, que tienen su lengua y cultura, pero que viven marginados en localidades rurales y urbanas del país.
En la mayoría de las regiones indígenas priva la escasez de empleo; cuando lo hay, éste se retribuye con salarios insuficientes, incluso para la subsistencia. Las relaciones, brutalmente asimétricas entre la población indígena y la no indígena, son inaceptables. Estas relaciones distorsionan los procesos productivos y pervierten la comercialización de sus productos, pero sobre todo impiden el desarrollo de este grupo de la sociedad.
Aunado a lo anterior, la población indígena enfrenta graves rezagos, destacándose la desnutrición, mortalidad y morbilidad materna e infantil, el rezago educativo, la iniquidad de género y la migración.
Los pueblos y las comunidades indígenas no disfrutan de una situación social y económica que propicie el desarrollo humano. Se caracterizan por vivir en altos niveles de pobreza y en una situación de grave desventaja frente al resto de la sociedad. El combate del rezago social de los pueblos y de las comunidades indígenas debe representar una de las áreas de política pública de mayor importancia para el desarrollo armónico de México.
Es fundamental que las políticas públicas que impulse el gobierno federal, en coordinación con las entidades federativas y los municipios, tengan carácter específico y permanente en la perspectiva integral del desarrollo humano sustentable.
Esta situación económica y social está estrechamente ligada al hecho de que la inversión de recursos públicos en regiones indígenas sigue presentando notables rezagos en comparación con la media nacional. Asimismo, uno de los principales retos que enfrenta la acción institucional para la inversión en regiones indígenas es la dispersión poblacional y el aislamiento geográfico, factores a los que deben sumarse las condiciones económicas por las que atraviesa el país.
En el propio Plan Nacional de Desarrollo se afirma que ``la situación de los 62 pueblos originarios, en materia de derechos indígenas, es no sólo compleja sino grave en términos del estado de derecho. Por una parte, los indígenas enfrentan grandes obstáculos para acceder a la jurisdicción del Estado, especialmente en los ámbitos de la justicia penal, agraria, laboral, civil y mercantil; y por la otra, enfrentan la falta de mecanismos adecuados para que sus autoridades puedan aplicar sus sistemas normativos''.
El Plan Nacional de Desarrollo estableció para este grupo prioritario como su objetivo la incorporación plena de los pueblos y las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país con respeto de sus tradiciones históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad.
Para lograr el objetivo señalado se fijaron siete estrategias. De ellas, se destacan por su importancia y trascendencia tres, las identificadas con el numeral 15.3, en la que se propone ``la intensificación significativa de los apoyos de proyectos de las comunidades indígenas, debiendo alentarse la creación de un contexto favorable a la promoción de inversiones en las regiones indígenas para generar condiciones de empleo. Sin una estrategia de este tipo no será posible reducir la emigración forzada por las situaciones económicas''.
La estrategia 15.4 propone ``focalizar acciones e instaurar programas a efecto de abatir los principales rezagos sociales que tiene la población indígena respecto al resto de la sociedad: alimentación, salud y educación''.
Por último, en la estrategia 15.5 se propone ``fortalecer sustancialmente la infraestructura básica en las regiones indígenas. Esta estrategia sobre la construcción y el mejoramiento de los caminos rurales, así como las del reordenamiento territorial para lograr una provisión de servicios más eficientes, tendrá como uno de sus principales beneficiarios a los pueblos y a las comunidades indígenas, los grupos sociales con mayor dispersión demográfica e incomunicación''.
La continuidad de las estrategias señaladas, que considero fundamentales para las políticas públicas en materia indígena, se encuentra en riesgo grave. En fecha reciente, el secretario de Hacienda y Crédito Público, al delinear los parámetros sobre los que se diseñará el Presupuesto de 2010, informó de importantes recortes del gasto público.
El año entrante, dijo el secretario de Hacienda y Crédito Público, la economía nacional enfrentara su mayor reto en 30 años. Tendrá que lograrse la combinación óptima para captar 300 mil millones de pesos faltantes; además, la producción petrolera está en declive y se presenta una menor recaudación de impuestos. Lo anterior obligará, desde luego, a un rediseño de las políticas públicas y del gasto del Estado para el próximo año.
Atendiendo a lo anterior, es indispensable considerar que los recursos asignados a los grupos prioritarios no admiten recorte o reducción. El recorte del gasto público en esta materia o su reducción implicaría una condena a la marginación permanente de los pueblos y de las comunidades indígenas.
Por lo expuesto, someto a consideración de la Cámara de Senadores los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorte a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Educación Pública y Servicios Educativos, de Asuntos Indígenas, y de Cultura de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura a aumentar en lo posible, en el marco de la revisión, análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, los recursos destinados a las políticas públicas en materia indígena.
Segundo. Se exhorte respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas a incrementar, en la medida de sus posibilidades, en los presupuestos que aprueben de sus respectivos estados el monto destinado a las políticas públicas en materia indígena.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2010
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.---LXI Legislatura.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presente
Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a no efectuar recortes a los presupuestos de las universidades e instituciones públicas de educación superior en el ejercicio fiscal de 2009; así como solicitar a la Cámara de Diputados se destinen mayores recursos a estas instituciones en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.---LXI Legislatura.
La que suscribe, María Elena Orantes López, senadora de la República por el estado de Chiapas, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
En los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, remitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso de la Unión, se reporta un subejercicio por 8 mil 160 millones de pesos estimado para el primer semestre de la administración pública centralizada.
Lo anterior, a pesar del plan contracíclico que el gobierno del presidente Felipe Calderón enmarcó en una serie de acciones para contrarrestar los efectos de la crisis internacional.
Los recortes anunciados recientemente en el sistema educativo a nivel superior, son inadmisibles cuando se trata de un asunto que tiene que ver con el futuro del país y del de-sarrollo de nuevas generaciones.
Ante este panorama, cabría exigir al gobierno federal que, los subejercicios presupuestarios acumulados al primer semestre de 2009, sean subsanados en términos del artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el objeto de reasignar una parte a las universidades públicas e instituciones de educación superior en todo el país, con el objeto de que no se vean afectadas en lo que resta del ejercicio fiscal de 2009.
Lo anterior, toda vez que la Secretaría de Educación Pública anunció un recorte presupuestario para las universidades públicas de aproximadamente 800 millones de pesos para lo que resta del año.
Según dichas autoridades, este ajuste representa 1 por ciento del total del presupuesto destinado a esas instituciones, que es de alrededor de 79 mil millones de pesos.
Argumentan para ello, que la crítica situación económica del país exige ajustar los recursos presupuestales de 2009 en aproximadamente otros 50 mil millones de pesos que se suman al primer recorte efectuado en mayo pasado de 35 mil millones de pesos.
Para el caso de la Secretaría de Educación Pública, este recorte representará una disminución de 7 mil 186 millones de pesos. Con base en ello, se infiere que las universidades públicas absorberán alrededor del 11 por ciento del recorte que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propuso al presupuesto de esa dependencia.
Es importante mencionar que el subejercicio reportado por las autoridades de educación se debe a la inoperancia la misma Secretaría de Educación Pública, que ahora busca trasladar a las universidades públicas los resultados de su poca diligencia para ejercer correctamente el presupuesto y desarrollar una educación de calidad en el país.
De ejercerse los recortes antes mencionados, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tendrá que absorber unos 200 millones pesos que afectarán los programas relacionados a la docencia, la investigación y la difusión.
Es por ello necesario que en esta Legislatura recién iniciada, se tome en cuenta a la educación como una prioridad en el presupuesto de 2010, sobre todo, en un momento de crisis económica, ya que es precisamente en este rubro, donde debe darse una mayor inversión para formar a las nuevas generaciones en búsqueda de un mejor desarrollo educativo que permita potenciar la actividad educativa como motor de oportunidades y fomento de la actividad científica y tecnológica en nuestro país.
Por otra parte, hay que agregar que por falta de inversión en educación superior, ciencia y tecnología, 75 por ciento de más de 9 millones de jóvenes no alcanzan un espacio en las universidades del país.
Se calcula que terminarán su carrera y se titularán 1 millón 300 mil estudiantes, es decir, 5 de cada 100, de acuerdo a un estudio del año de 2008 del Banco Mundial en materia de eficiencia terminal, lo que significa que en las siguientes décadas se profundizará la brecha entre los mexicanos con carrera y los que no la tienen. Muchos de los que logren titularse, carecerán de oportunidades laborales por falta de políticas adecuadas para promover el empleo, así como por la falta de la continuidad de los estudios para adquirir conocimientos especializados y técnicos necesarios para emplearse y tener éxito en su desarrollo profesional.
Dentro de 18 años, los niños que ingresan en este ciclo escolar a primero de primaria, requerirán de estudios de posgrado para incrustarse en los nuevos modos de producción y actividad de 2027. Es en este sentido, que la apuesta por la educación tendría que ser el propósito superior del país y una de las tareas fundamentales del quehacer gubernamental.
En este sentido, es fundamental destinarle el mayor presupuesto a la educación aun en tiempos de crisis, al tiempo de decidirse a depurar y profesionalizar la enseñanza, a partir de impulsar el involucramiento de todos los actores públicos y de la sociedad en un compromiso inquebrantable de corresponsabilidad.
Cabe recordar, que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en 2005, informó que más del 50 por ciento de los alumnos mexicanos evaluados calificaron en los últimos lugares en términos de ``logros educativos'' y, que un 20 por ciento de ellos, obtuvieron cero en materias básicas como lengua nacional, matemáticas y ciencias.
México, con todo y el shock económico representa la economía 14 del mundo. Sin embargo, los indicadores de calidad educativa lo ubican como una economía de rango 57. Entre los renglones que se consideran para esta calificación, además de la eficiencia y la calidad educativa, es el ejercicio del gasto en el rubro, lo que ha definido la posición del país de acuerdo a los parámetros establecidos por el Banco Interamericano de Desarrollo.
Frente a un desafío de tal magnitud, así como la depresión económica en la que nos encontramos, es importante definir el rumbo de la educación superior de una vez por todas. Los recortes presupuestales a las universidades son la peor respuesta a lo que el país necesita y lo que los jóvenes reclaman.
Tan sólo en la UNAM, 8 por ciento de los 114 mil 462 estudiantes que presentaron su examen de nuevo ingreso fueron aceptados.
Esto quiere decir que si en el presente ciclo escolar iniciado en agosto, únicamente 9 mil 360 jóvenes ocuparon un lugar en algunas de las 77 licenciaturas que ofrece la Universidad Nacional; 105 mil 102 estudiantes se quedaron fuera y sin posibilidades de continuar sus estudios.
Esto no ha cambiado desde la puesta en marcha del modelo económico neoliberal en México impulsado por el Banco Mundial a mediados de la década de los ochenta y continuado durante los años noventas, en el que se adoptaron los criterios de ese organismo en las decisiones y la orientación del financiamiento de la educación, donde se privilegia el apoyo al nivel básico (primaria y secundaria), menospreciando el nivel superior.
En este sentido, expertos del Banco Mundial recomendaban, a países como México, un alivio presupuestal parcial de la carga del financiamiento de la educación superior que estaba sujeto a un ajuste estructural originado por la crisis de 1982 y que dependía enormemente de apoyos financieros internacionales permitiendo la creación de instituciones privadas. Así, se proponía adoptar el criterio de privatizar paulatinamente la educación en perjuicio de la educación pública.
De esta forma, al ser las instituciones públicas de educación superior las más condicionadas por la política y el financiamiento gubernamentales, empezaron a sufrir con mayor fuerza la restricción de los recursos financieros derivada de esa nueva postura gubernamental compartida con el Banco Mundial.
De acuerdo a un análisis de los informes anuales del sexenio del presidente Ernesto Zedillo, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, y otras fuentes, reflejan que, para la instrucción universitaria en escuelas públicas se destinaba en 1988 el 23 por ciento del total en inversión educativa, monto que se disminuyó a 13 por ciento en el año 2000.
Este esquema se ha venido acentuado en las políticas educativas del gobierno de Vicente Fox y en lo que va del sexenio del presidente Felipe Calderón.
Así, la tendencia de las políticas educativas adoptadas por México y dictadas por el Banco Mundial, han continuado afectando la matricula de las universidades públicas, manteniendo al margen a un número cada vez mayor de jóvenes sin acceso a la educación superior a pesar de que la demanda sigue aumentando.
Ahora bien, en México, más de la cuarta parte de la población son jóvenes. De acuerdo al Inegi. En el 2008 el país tenía cerca de 29.1 millones de personas entre 15 y 29 años de edad, equivalente al 27.4 por ciento del total de la población.
El sector juvenil es uno de los estratos más importantes de la sociedad mexicana, son los pilares del desarrollo futuro del país. Según cifras oficiales, del total de personas jóvenes en el país, aproximadamente 48 por ciento son hombres y 52 por ciento mujeres.
Diversos estudios señalan que casi una cuarta parte de los más de 29 millones de jóvenes del país no estudian ni trabajan. Además, alrededor de cinco millones de jóvenes tienen pocas oportunidades de encontrar trabajo. El resultado de tal desocupación se manifiesta en un incremento de la delincuencia juvenil, tendencia al suicidio y mayores índices de emigración.
Las mujeres jóvenes se ven forzadas a estudiar carreras cortas o ingresar a trabajos informales para auxiliar de manera temprana al sustento familiar. Las adolescentes con un embarazo no planeado se ven obstaculizadas en muchos sentidos a cursar estudios universitarios.
A su vez, algunos análisis indican que en el 2008 emigraron a Estados Unidos 700 mil mexicanos. Asimismo, indica que el 75 por ciento de los que emigraron tienen entre 14 y 35 años. Esto refleja que nuestro bono demográfico ha sido malgastado de una manera incomprensible.
Expertos en seguridad señalan que los jóvenes sin expectativas de futuro y en condiciones de marginación social, se han convertido en presa fácil de la delincuencia y del narcomenudeo. Las prácticas delictivas entre los jóvenes están muy vinculadas con la falta de oportunidades de educación y trabajo, así como a una creciente desigualdad.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que existe una importante participación de los jóvenes en la delincuencia. Lo anterior se sustenta a partir de que representan el 40 por ciento de los presuntos delincuentes del fuero federal y el 49 por ciento del fuero común.
De éstos, la proporción de varones de 15 a 29 años involucrados en un crimen federal es de 41 por ciento, mientras que el 50 por ciento participan en actos de competencia del fuero común. Las mujeres representan el 35 y 40 por ciento, respectivamente.
El anhelo de la mayor parte de los jóvenes en México es encontrar trabajo productivo bien remunerado. Sin embargo, muchos jóvenes que se han preparado técnica y profesionalmente en los diversos centros de educación del país, al concluir sus estudios, no encuentran trabajo. Por otra parte, se ven imposibilitados para la creación de sus propios negocios debido a que no cuentan con la disponibilidad financiera y tampoco son sujetos de crédito en las instituciones financieras.
Los jóvenes tienen derecho a una vida digna, a un trabajo bien remunerado, a tener las condiciones socioeconómicas y las oportunidades de acceso a los recursos financieros para poner en marcha su creatividad y vocación para su de-sarrollo profesional y personal.
Finalmente, podemos decir que la política educativa relativa a la instrucción universitaria se debe orientar a lograr la formación de profesionales que sirvan a los fines del desarrollo nacional. Es precisamente en ello, donde radica la viabilidad del sistema educativo mexicano.
Es momento de que los legisladores demostremos solidaridad y apoyemos a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Universidad Autónoma de Chapingo, a la Universidad Autónoma Metropolitana, a el Instituto Politécnico Nacional y, en general, a todas las universidades e instituciones de educación superior en las diferentes entidades federativas, a fin de solicitar a la colegisladora, la asignación de mayores recursos financieros a la educación en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2010.
Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo federal para que, a partir de los subejercicios presupuestales correspondientes al primer semestre de 2009, se reasignen recursos financieros a las universidades públicas e instituciones de educación superior en todo el país, en los términos establecidos por el último párrafo del artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el objeto de evitar recortes que afecten los programas relacionados a la docencia, la investigación y la difusión.
Segundo. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo federal y a la honorable Cámara de Diputados, para que, dentro de la discusión y posterior aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2010, se contemple la asignación de mayores recursos financieros a las universidades públicas e instituciones de educación superior en todo el país.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
JOSE FRANCISCO FUENTES ESPERON
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: La Presidencia informa a la asamblea que en la reunión previa de la Mesa Directiva se acordó hacer el siguiente pronunciamiento, relativo a sucesos recientes en Tabasco:
Compañeras diputadas y compañeros diputados, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados expresa su más profunda condena por el violento y lamentable homicidio del ingeniero José Francisco Fuentes Esperón, candidato del Partido Revolucionario Institucional a diputado local por el cuarto distrito de Tabasco; de su esposa, Liliana Argüelles Beltrán; y de sus dos hijos menores, José Francisco y Fernando. Al tiempo, expresa sus condolencias y su solidaridad con los familiares de las víctimas.
Hechos como éste conmocionan a la sociedad y nos obligan a reflexionar y tomar acciones para evitar que puedan seguirse presentando, y para contar con mejores instrumentos legales y operativos que los prevengan, que eviten la impunidad y que permitan recomponer la estructura social para que nuestra sociedad privilegie la convivencia en valores. Descansen en paz.
LEY DEL SEGURO SOCIAL
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada María Cristina Díaz Salazar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, suscrita por los diputados María Cristina Díaz Salazar, María de Jesús Aguirre Maldonadoy Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada María Cristina Díaz Salazar: Con su autorización, señor presidente.Señoras diputadas y señores diputados, en nombre de los diputados federales por Nuevo León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, acudo a esta tribuna para someter al pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto mediante el cual se reforman diversos artículos y se adiciona el capítulo VI Bis a la Ley del Seguro Social, con el objetivo de crear un seguro por pérdida involuntaria del empleo, como una prestación social permanente, al tenor de la siguiente exposición de motivos:
La economía mundial sufrió una fuerte desaceleración en 2008, que ha provocado una interrupción abrupta en los flujos de capital hacia los países emergentes y en desarrollo, lo cual ha desestabilizado su crecimiento, y con ello un fuerte aumento del desempleo.
El desempleo mundial es de 6.1 por ciento en la actualidad y se estima que aumentará en 2009, lo que incrementará la cifra a cerca de 230 millones de personas sin empleo. En Latinoamérica se estima también que más de 4 millones de personas perderán sus puestos de trabajo este año debido al impacto de la crisis mundial.
En lo que respecta a nuestro país, el recrudecimiento de la crisis internacional se reflejó en la pérdida de casi 1 millón de empleos a partir del segundo trimestre de 2008, cuando la población ocupada era de 43.9 millones de personas, y al cierre de 2009 bajó a 42.9 millones de personas.
Así, el número de personas desocupadas y sin posibilidad de obtener un ingreso llegó en marzo pasado a un récord histórico de 2 millones 288 mil 659 mexicanos; superior a lo reportado en el mismo mes de 2008 y que significó que en ese periodo aumentó en 509 mil 315 el número de trabajadores que tenían un empleo y quedaron totalmente desocupados, según el Inegi.
Cada país le brinda a esta problemática diversa atención. El seguro de desempleo es la política pública que se aplica como un mecanismo diseñado para brindar seguridad en los ingresos, evitando cambios drásticos en el consumo en los hogares en el tiempo que se encuentran sin trabajo.
En países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Inglaterra, Italia y Japón es muy común esta política económica que estimula la demanda agregada, incluyendo el consumo y la inversión. En América Latina, Argentina, Chile y Brasil marchan a la vanguardia en esta materia.
De esta forma, el seguro de desempleo ha probado plenamente su viabilidad y su sustentabilidad, pero sobre todo sus enormes beneficios sociales y económicos. Además, representa un compromiso pendiente que nuestro país debe aplicar, ya que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de su medio de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
La OCDE recomendó desde 2003 a las autoridades de nuestro país aplicar medidas como el seguro de desempleo, porque México se ubica en el último tercio del grupo de países miembros que tienen menos de la media establecida: 65 por ciento de empleo.
En el Poder Legislativo desde hace más de 6 años se han presentado 11 iniciativas tendientes a establecer un seguro de desempleo y, adicionalmente, el 26 de mayo de 2009 fueron publicadas diversas reformas a la Ley del Seguro Social, a fin de que las personas que se encuentren en situación de desempleo en forma temporal tengan acceso a los recursos de su cuenta individual de Afore.
En este tenor, y a diferencia de las iniciativas planteadas, la presente propuesta pretende incorporar una prestación adicional a la de salud y pensiones, en el marco de que la seguridad social es un elemento deseable para la economía y el bienestar de la población. Mediante un conjunto de reformas a la Ley del Seguro Social se pretende proteger a los trabajadores afiliados al IMSS para que, en caso de que pierdan su empleo por causas ajenas a su voluntad, cuenten con un ingreso mínimo y tengan la posibilidad de capacitarse para reincorporarse al mercado laboral. Ello considerando, entre otras, las siguientes características:
El riesgo protegido por este capítulo es la pérdida involuntaria del empleo. El seguro de pérdida involuntaria del empleo garantiza un ingreso mensual a los trabajadores registrados en el IMSS en caso de que queden en situación de desempleo por alguna de las siguientes circunstancias:
I. Terminación de la obra por vencimiento del término o inversión del capital de la patronal.
II. Cierre de la empresa contratante.
III. Reducción definitiva de la plaza correspondiente.
IV. Rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador, y los demás que favorezcan a éste, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo.
Todo trabajador contará con una subcuenta en la cuenta individual establecida en el artículo 174 de la Ley del IMSS.
La cuantía de la prestación a que se refiere el presente capítulo será el equivalente a 40 por ciento del salario promedio de sus cotizaciones semanales, integradas conforme a la Ley del Seguro Social de los últimos 12 meses, hasta el límite de 3 salarios mínimos cotizados de manera mensual.
La prestación por pérdida involuntaria del empleo tendrá una temporalidad de hasta seis meses y se podrá acceder a ésta en dos ocasiones dentro de un periodo de cinco años. Tratándose del otorgamiento de la prestación por segunda ocasión, ésta tendrá una temporalidad de hasta tres meses.
La prestación que brinda el seguro por pérdida involuntaria del empleo será personal, y para acceder al beneficio el trabajador deberá acreditar ante el instituto lo siguiente: residir en territorio nacional; tener reconocidas por el instituto un mínimo de 104 cotizaciones semanales, de las cuales 52 deberán haber sido continuas durante los 3 años anteriores al cese de trabajo; no recibir ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión, subsidio o relación laboral diversa; y ser demandante activo de empleo en los términos que el instituto fije.
Se dará prioridad a los trabajadores que tengan dependientes económicos y será intransferible, salvo en caso de muerte del trabajador, otorgándose el beneficio a sus dependientes económicos.
Los patrones y el gobierno federal, en la parte que les corresponde, están obligados a enterar al instituto el importe de las cuotas obrero-patronales y la aportación estatal del seguro de pérdida involuntaria de desempleo. Dichas cuotas se recibirán y se depositarán en la respectiva subcuenta de la cuenta individual del trabajador.
Las cuotas de aportación a que se refiere el artículo anterior serán las siguientes:
Primero. Los patrones y los trabajadores cubrirán las cuotas de 2 por ciento y 1 por ciento, respectivamente, sobre el salario base de su cotización. El gobierno federal aportará mensualmente por concepto de cuota social una cantidad de 2 por ciento sobre el salario base de la cotización prevista en la ley.
Se plantea reforzar las medidas implantadas por el gobierno federal con una solución sustentable para millones de mexicanos.
Por lo expuesto, es de someter a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto, con el que se reforman diversos artículos y se adiciona el capítulo VI Bis a la Ley del Seguro Social, con el objetivo de crear un seguro por pérdida involuntaria del empleo como una prestación social permanente.
Firman la iniciativa los diputados María de Jesús Aguirre Maldonado , Eduardo Alonso Bailey Elizondo , Rogelio Cerda Pérez , Benjamín Clariond Reyes Retana , Ildefonso Guajardo Villarreal , Marcela Guerra Castillo , Felipe Enríquez Hernández , Fermín Montes Cavazos y la de la voz. Es cuanto, señor presidente.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, suscrita por los diputados María Cristina Díaz Salazar , María de Jesús Aguirre Maldonado y Eduardo Alonso Bailey Elizondo , del Grupo Parlamentario del PRI
En ejercicio de la facultad que nos conceden los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados federales por Nuevo León del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura sometemos a consideración del Pleno de Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente proyecto de decreto, mediante el cual se reforman los artículos 15, fracción VII, 22, último párrafo, 27, fracción III, 40 E, último párrafo, 159, fracción I, 193, primer párrafo, 195, 218, 247, 251, fracciones XII y XXVI, 264, fracción I, 282, 291, tercer párrafo, 299, y 304-A, fracción V, y por adición, los artículos 11 y 281; asimismo, se adiciona un Capítulo VI Bis de la Ley del Seguro Social, con el objetivo de crear un seguro por pérdida involuntaria del empleo como una prestación social permanente, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa economía mundial sufrió una fuerte desaceleración en 2008, al ser golpeada por la crisis financiera más severa desde los años treinta.
Las turbulencias han provocado una interrupción abrupta en los flujos de capital hacia los países emergentes y en desarrollo, lo que amenaza con desestabilizar su crecimiento, sistemas financieros y cuentas fiscales, pero principalmente en un fuerte aumento del desempleo.
Las estadísticas muestran que el índice de desempleo mundial es de 6.1 por ciento en la actualidad y la cifra en muchos países está en ascenso.
El desempleo mundial aumentará en 2009 respecto a 2007 en una cifra de entre 18 y 30 millones de trabajadores, y hasta más de 50 millones si el contexto internacional continúa empeorando, con lo que se incrementaría a 230 millones el número de personas sin empleo.
En Latinoamérica, entre 1.5 y 2.4 millones de personas perderán sus puestos de trabajo este año, debido al efecto de la crisis financiera mundial.
El Banco Interamericano de Desarrollo previó que América Latina tendrá una tasa de desempleo a finales de este año cercana a 9.5 por ciento.
En lo que respecta a nuestro país, el recrudecimiento de la crisis financiera internacional se reflejó en la pérdida de casi un millón de empleos a partir del segundo trimestre de 2008 cuando la población ocupada era de 43.9 millones de personas y al cierre de marzo de 2009 bajó a 42.9 millones de personas.
Así, el número de personas desocupadas y sin posibilidad de obtener un ingreso llegó en marzo pasado a un récord histórico de 2 millones 288 mil 659 mexicanos, cantidad que fue superior en 28.6 por ciento a la reportada en el mismo mes de 2008 y que significó que en ese periodo aumentó en 509 mil 315 el número de trabajadores que tenían un empleo y quedaron totalmente desocupados, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Una tasa de crecimiento en la destrucción de puestos de trabajo como la ocurrida en estos 12 meses no se había registrado hasta ahora, según la información del instituto.
Lo anterior ha hecho evidente la protección que cada país le brinda a esta problemática, siendo el seguro de desempleo la política pública que se aplica como un mecanismo diseñado para brindar seguridad en los ingresos, evitando cambios drásticos en el consumo de los hogares en el tiempo que se encuentran sin trabajo.
Es importante señalar que en los países desarrollados, como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia y Japón, es muy común esta política económica, que estimula la demanda agregada, incluyendo el consumo y la inversión. En América Latina, Argentina, Chile y Brasil marchan a la vanguardia en esta materia.
De esta forma, el seguro de desempleo ha probado plenamente su viabilidad y su sustentabilidad, pero sobre todo sus enormes beneficios sociales y económicos, además, representa un compromiso pendiente que nuestro País debe aplicar, ya que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que ``toda persona tiene derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de su medio de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad''.
Además, la Organización para la Cooperación y el Desa-rrollo Económicos recomendó desde 2003 a las autoridades de nuestro país que aplicaran medidas como el seguro de desempleo porque México se situaba en el último tercio del grupo de países miembros con menos de la media establecida de 65 por ciento de empleo.
En este tenor, es importante señalar que desde hace más de 6 años en el Poder Legislativo se han planteado cerca de 11 iniciativas tendentes a establecer un seguro de desempleo, porque si bien esta situación se ha agravado en los últimos meses, ya representaba una problemática constante para los trabajadores.
Adicionalmente, se puede argumentar que el 26 de mayo de 2009 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas a la Ley del Seguro Social que propuso el Ejecutivo Federal, con el fin de que las personas que se encuentren en situación de desempleo en forma temporal tengan acceso a los recursos de su cuenta individual de las administradoras de fondos para el retiro, buscando el equilibrio entre este nuevo beneficio y la pensión que por ley les corresponde; no obstante, esta medida es considerada emergente, al no brindar un esquema tradicional con base en cuentas individuales que exija periodos mínimos de cotización, y no sólo utilizar el mismo fondo de retiro que el trabajador ha integrado.
En este tenor, y a diferencia de las iniciativas planteadas, la presente propuesta pretende incorporar una prestación adicional al de salud y pensiones, en el marco de que la seguridad social es un elemento deseable para la economía y el bienestar de la población. Así, mediante un conjunto de reformas a la Ley del Seguro Social, se pretende proteger a los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que, en caso de que pierdan su empleo por causas ajenas a su voluntad, cuenten con un ingreso mínimo y tengan la posibilidad de capacitarse para reincorporarse al mercado laboral. Ello considerando, entre otras, las siguientes características:
Por todo lo anterior, este planteamiento viene a reforzar las medidas implementadas por el gobierno federal, y preserva la convicción de que se debe trabajar en una solución sustentable de este flagelo social, que hoy por hoy ha excluido de las oportunidades de progreso y de desarrollo social a millones de mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de
DecretoArtículo Único: Se reforman, por modificación, los artículos 15, fracción VII, 22, último párrafo, 27, fracción III, 40 E, último párrafo, 159, fracción I, 193 primer párrafo, 195, 218, 247, 251 fracciones XII y XXVI, 264 fracción I, 282, 291 tercer párrafo, 299, y 304-A, fracción V, y por adición los artículos 11 y 281; y se adiciona un Capítulo VI Bis, de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:
Artículo 11. El régimen obligatorio comprende los seguros de:
Artículo 15. Los patrones están obligados a:
Artículo 22. ...
Artículo 27. ..
Artículo 40 B. ...
...
Transcurrido el plazo señalado sin que el patrón hubiese aplicado la nota de crédito o solicitado su monetización, dentro de los quince días siguientes al referido plazo, el importe de la misma prescribirá a favor del instituto. Las notas de crédito no serán aceptadas como medios de pago cuando se trate de créditos por concepto de cuotas o sus accesorios legales del seguro de pérdida involuntaria del empleo , retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
...
Artículo 40 D. Tratándose de cuotas del seguro de pérdida involuntaria del empleo , retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, no pagadas oportunamente, sólo se podrá autorizar plazo para el pago diferido por periodos completos adeudados, sin condonación de accesorios.
...
El pago diferido de las cuotas del seguro de pérdida involuntaria del empleo, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, también causará los accesorios a que se refiere el artículo anterior, depositándose las cuotas actualizadas y los recargos en la cuenta individual del trabajador.
De todas las prórrogas que involucren cuotas del seguro de pérdida involuntaria del empleo , retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, el instituto deberá informar a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
...
Artículo 40 E. El Consejo Técnico del instituto por el voto de al menos las tres cuartas partes de sus integrantes podrá autorizar, de manera excepcional y previa solicitud del patrón, el pago a plazos o diferido de las cuotas a su cargo, que se generen hasta por los seis periodos posteriores a la fecha de su solicitud, cuando cumpla con los siguientes requisitos:
I. a VI. ...
...
...
...
Lo dispuesto en este artículo sólo será aplicable a las cuotas a cargo del patrón. Las cuotas que correspondan al seguro de pérdida involuntaria del empleo , retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como las retenidas a sus trabajadores, deberán ser cubiertas en los términos y condiciones que esta ley establece.
Artículo 159. Para efectos de esta ley, se entenderá por:
Artículo 195. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, atendiendo a consideraciones técnicas y asegurando los intereses de los trabajadores, mediante la expedición de disposiciones administrativas podrá autorizar mecanismos, procedimientos, formas y términos relacionados con el seguro de pérdida involuntaria del empleo , retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, conforme a lo establecido en esta ley y la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Artículo 218. El asegurado con un mínimo de cincuenta y dos cotizaciones semanales acreditadas en el régimen obligatorio, en los últimos cinco años, al ser dado de baja, tiene el derecho a continuar voluntariamente en el mismo, pudiendo continuar en los seguros conjuntos de invalidez y vida así como de pérdida involuntaria del empleo , retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, debiendo quedar inscrito con el último salario o superior al que tenía en el momento de la baja. El asegurado cubrirá las cuotas que le correspondan por mensualidad adelantada y cotizará de la manera siguiente:
...
Capítulo VI Bis Del Seguro de Pérdida Involuntaria del EmpleoArtículo 200 Bis. El riesgo protegido por este Capítulo es la pérdida involuntaria del empleo, en los términos y con las modalidades previstas en la presente ley.
Artículo 200 Bis 1. El Seguro de Pérdida Involuntaria del Empleo tiene como objeto garantizar un ingreso mensual que permita solventar los gastos de primera necesidad a los trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social en caso de que queden en situación de desempleo por alguna de las siguientes circunstancias:
Artículo 200 Bis 2. Para los efectos de este seguro, es derecho de todo trabajador contar con una subcuenta en la cuenta individual establecida en el artículo 174 de la presente ley.
Artículo 200 Bis 3. La cuantía de la prestación a que se refiere el presente capítulo será el equivalente al 40 por ciento del salario promedio de sus cotizaciones semanales, integradas conforme a la Ley del Seguro Social de los últimos 12 meses, hasta el límite de tres salarios mínimos cotizados de manera mensual.
El otorgamiento de la prestación por pérdida involuntaria del empleo, tendrá una temporalidad de hasta seis meses, y se podrá acceder a ésta en dos ocasiones dentro de un periodo de 5 años.
Tratándose del otorgamiento de la prestación por segunda ocasión, ésta tendrá una temporalidad de hasta tres meses.
Artículo 200 Bis 4. La prestación que brinda el seguro de pérdida involuntaria del empleo, será personal y para acceder al beneficio, el trabajador deberá acreditar ante el instituto los siguientes requisitos:
Para el otorgamiento de la prestación que brinda el seguro por pérdida involuntaria del empleo, se dará prioridad a los trabajadores que tengan dependientes económicos. Asimismo, la prestación será intransferible, salvo en caso de muerte del trabajador, en cuyo caso de otorgará el beneficio a sus dependientes económicos.
Artículo 200 Bis 5. Los patrones y el gobierno federal, en la parte que les corresponde están obligados a enterar al instituto el importe de las cuotas obrero-patronales y la aportación estatal del seguro de pérdida involuntaria de desempleo. Dichas cuotas se recibirán y se depositarán en la respectiva subcuenta de la cuenta individual de cada trabajador, en los términos previstos en la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Artículo 200 Bis 6. Las cuotas y aportaciones a que se refiere el artículo anterior, serán:
Artículo 200 Bis 7. El instituto coordinará con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con las dependencias y entidades de la administración pública federal, de las entidades federativas y concertará, en igual forma, con la representación de las organizaciones de los sectores social y privado, con el objeto de realizar programas de capacitación, especialización, reconversión y calificación laboral con el fin de reincorporar al beneficiario a la actividad productiva.
Artículo 200 Bis 8. Con la finalidad de evitar simulaciones en el otorgamiento de la prestación a que se refiere el presente capítulo, las irregularidades que se adviertan sobre el particular por parte del instituto, serán denunciadas para su sanción en los términos de la legislación aplicable.
Artículo 247. ...
Las prestaciones económicas a que se refiere el presente artículo corresponderán a los ramos de los seguros de pérdida involuntaria del empleo, riesgo de trabajo y de invalidez y vida así como retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
Artículo 251. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene las facultades y atribuciones siguientes:
Artículo 264. El Consejo Técnico tendrá las atribuciones siguientes;
Artículo 282. En el caso del seguro de pérdida involuntaria del empleo, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, se estará a lo dispuesto por el artículo 167 de esta ley.
Artículo 291. ...
...
Las cantidades que se obtengan respecto del seguro de pérdida involuntaria del empleo, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de acuerdo a lo señalado en este artículo, deberán ser puestas a disposición de la Administradora de Fondos para el Retiro que lleve la cuenta individual del trabajador de que se trate, a más tardar dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de su cobro efectivo. En caso de no hacerlo, se causarán recargos y actualización a cargo del instituto o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según corresponda, y a favor del trabajador, en los términos establecidos en el código.
Artículo 299. Las cuotas enteradas sin justificación legal serán devueltas por el instituto, actualizadas conforme a lo previsto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor y hasta aquél en que la devolución esté a disposición del contribuyente, siempre y cuando sean reclamadas dentro de los cinco años siguientes a la fecha del entero correspondiente, excepto las provenientes del seguro de pérdida involuntaria del empleo, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; por lo que se refiere a estas últimas, se estará a lo previsto en las disposiciones legales y reglamentarias respectivas. Tratándose de las otras ramas de aseguramiento, el instituto podrá descontar el costo de las prestaciones que hubiera otorgado.
Artículo 304 A. Son infracciones a esta Ley y a sus reglamentos, los actos u omisiones del patrón o sujeto obligado que se enumeran a continuación:
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Ejecutivo federal expedirá las disposiciones reglamentarias de la presente ley dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integran las comisiones, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Alejandra Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el numeral 3 al artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Con su venia, señor presidente.La iniciativa que someto hoy a consideración del honorable Congreso de la Unión, mediante este órgano legislativo, pretende constituir una aportación más tendiente a combatir prácticas de desigualdad en el acceso a los cargos públicos entre hombres y mujeres, desafortunadamente, muy arraigadas todavía en nuestra cultura.
La participación política de las mujeres en nuestro país fue resultado de una decidida lucha para que fueran reconocidos nuestros derechos en plenitud como ciudadanas mexicanas. Los primeros logros respecto a la igualdad política electoral surgieron en 1916, cuando en Chiapas, Tabasco y Yucatán se reconoció la igualdad jurídica para votar y ser votadas para puestos públicos de elección popular.
En 1922, en Yucatán se reconoció el derecho de las mujeres para participar en elecciones municipales y estatales. Un año después, en San Luis Potosí, se aprobó la ley que permitió a las mujeres alfabetizadas participar en procesos electorales. Sin embargo, no es sino hasta 1947 cuando se les reconoció a las mujeres mexicanas, en el ámbito federal, el derecho a votar y ser votadas en los procesos electorales municipales.
Más tarde, en 1953, se expidió la reforma a los artículos 34 y 115, fracción I, de la Constitución General, que otorgaba plenitud de los derechos ciudadanos a la mujer mexicana.
El Partido Acción Nacional siempre ha reconocido el importante papel de las mujeres en la vida política del país, proclamando el ejercicio de sus derechos políticos y presentando iniciativas de ley para que se reconozca su calidad ciudadana. De esta manera, desde su fundación, en 1939, nació con la convicción de promover no sólo el voto de las mujeres, sino su participación más activa en la política.
En efecto, para Acción Nacional la promoción política de las mujeres, desde su origen, significó un rubro sustancial que no podía esperar, de tal manera que desde las reformas constitucionales de 1953, en el proceso histórico de Acción Nacional es posible observar la integración de las mujeres en la toma de decisiones de sus órganos políticos de mayor jerarquía.
Una muestra significativa la encontramos en el Consejo Político del Partido Acción Nacional del periodo 1949 a 1954, en donde había una integración de mujeres de 11.61 por ciento, porcentaje que ha ido en ascenso hasta la fecha, cuando el mencionado órgano máximo se encuentra integrado por 21.77 por ciento.
Dicha tendencia se encuentra igualmente reflejada en el Congreso de la Unión, en donde la participación de las mujeres en el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional se ha incrementado en la Cámara de Diputados de 5 por ciento, en el periodo de 1964 a 1967, a 28 por ciento en el actual periodo, 2009-2012; y en la Cámara de Senadores, de 4 por ciento en el periodo de 94 a 97, a 13.46 en la actual legislatura.
Asimismo, resulta importante mencionar que Acción Nacional ha postulado candidatas a gobiernos estatales desde 1962; y de 1967 data la primera de 105 de sus presidentas municipales.
Así, Acción Nacional, con la convicción democrática que lo caracteriza, ratifica su compromiso con el respeto al derecho paritario de hombres y mujeres en la participación de la vida pública nacional. La idea de democracia paritaria surge en un contexto internacional en el que grupos sociales históricamente excluidos, subordinados o discriminados han reivindicado su derecho a tomar parte activa en la definición de la agenda política.
Desde la perspectiva de género, la democracia paritaria aparece en principio como la necesidad de que la participación en la toma de decisiones sea equilibrada entre mujeres y hombres, dotando de herramientas jurídicas las reglas que impidan un desarrollo discriminatorio de cualquier actividad y, por supuesto, con especial énfasis dentro del ámbito político. Se trata de una reivindicación histórica que reconoce la exclusión sistemática de las mujeres en los espacios públicos y de ejercicio del poder.
Nuestra individualidad nos diferencia, pero los hombres y las mujeres somos iguales en cuanto a sujetos de derecho, pues tenemos la misma naturaleza y, por tanto, debemos aspirar a las mismas oportunidades y prerrogativas en la vida en sociedad.
El potencial del ser humano radica en su inteligencia, sus valores y su integridad, los cuales se pueden desarrollar indistintamente por hombres y mujeres, de acuerdo con sus características propias y el alcance de su esfuerzo, capacidad y empeño. No se trata de un obsequio o una concesión, se trata de garantizar la igualdad de oportunidades. Sin embargo, dado que aún tenemos una sociedad reacia en diversos sectores a asumir esta realidad, debemos mantener de forma transicional un andamiaje jurídico que nos lo garantice.
El Congreso de la Unión no sólo es el reflejo de la realidad viva de la sociedad y la pluralidad mexicanas. También representa las aspiraciones de la nación que queremos construir. Por ello su composición no sólo debe reflejar la equidad de género que exige la axiología social; también debe vigilar que su cumplimiento vaya más allá de la letra de la ley y se perciba día a día en la actividad legislativa.
Acción Nacional se mantiene firme en la continuidad de los avances obtenidos en materia de equidad de género, sobre todo para que la esencia y los objetivos planteados se cristalicen en un futuro inmediato.
Debe señalarse que la intención de procurar, mediante las leyes, una adecuada equidad de género en los espacios públicos de nuestra país, de ninguna forma debe concebirse en el sentido de pretender otorgar de manera arbitraria a las mujeres espacios que no se han ganado, sino establecer las bases mínimas fundamentales que les garanticen, de manera natural, acceder a lo que por sus méritos y en pleno ejercicio de sus derechos han obtenido, sin que medie para ello ninguna limitación de carácter cultural, ideológico o derivado de usos y costumbres vigentes en muchas comunidades, tendientes a marginar a las mujeres en cuanto a participar en determinadas actividades.
No obstante, todavía no es posible presumir que en México el camino recorrido en materia de equidad de género haya concluido. Por el contrario, de un balance general es dable afirmar que la brecha que se ha abierto todavía se encuentra en el plano de la retórica, y desafortunadamente en los espacios públicos, como el Congreso, seguimos encontrándonos en mayor o menor medida con manifestaciones de resistencia a permitir que la participación de las mujeres se dé como una cuestión natural.
El ejemplo más tangible de la insuficiencia de las normas vigentes en este rubro lo encontramos en la reciente reforma al Código Electoral Federal de 2007, en la cual, a fin de seguir fortaleciendo la democracia paritaria en el artículo 219 de dicho ordenamiento, se incrementó la proporción hasta 40 por ciento de un mismo género que debe preservarse en los espacios de candidatos propietarios de las Cámaras de Diputados y de Senadores, que los partidos y coaliciones deben registrar ante la autoridad electoral.
No obstante, ni en la disposición referida ni en ninguna otra encontramos los mecanismos para garantizar que ese 40 por ciento mínimo exigible del mismo género subsista en la composición de los órganos legislativos.
Debemos preguntarnos si con la disposición del código comicial federal que se propone adicionar, tal y como se encuentra hoy establecida, resulta suficiente para garantizar no el cumplimiento de un requisito electoral, sino una representación equilibrada y permanente de hombres y mujeres en los órganos legislativos. La respuesta es no.
Es menester impulsar los mecanismos para que se salvaguarden los todavía pocos espacios que por lo general tenemos asignadas las mujeres, de tal manera que los mismos prevalezcan incluso con la separación del cargo de los legisladores propietarios. En México debemos, de una vez por todas, poner un alto a cualquier intención de hacer de la equidad de género una ficción.
Las leyes que hemos creado para dar viabilidad a la equidad de género en materia electoral y política deben ser entendidas como una sujeción que, más allá de su coacción jurídica, nos comprometen social y políticamente a respetarlas, pues su finalidad implica la evolución misma de nosotros como personas en lo individual y en nuestra vida en sociedad.
En virtud de lo anterior, en nombre de los hombres y las mujeres que integramos la fracción parlamentaria de Acción Nacional, se formula la presente propuesta, la cual tiene como finalidad garantizar que los porcentajes en cuanto a equidad de género establecidas por ley para candidaturas a escaños en el Congreso de la Unión prevalezcan en la composición de cada una de las Cámaras.
Para ello se propone que en la selección de las candidaturas por representación proporcional, el propietario y el suplente sean del mismo género. Es decir, sin modificar el porcentaje previsto en el numeral 1 del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece que las candidaturas deberán integrarse con al menos 40 por ciento de aspirantes propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad.
Con atención a lo dispuesto en el artículo 220 del mismo ordenamiento legal, que refiere que las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidaturas y en cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas del género distinto, de manera alternada, las fórmulas propuestas en dichas listas deben estar constituidas con personas del mismo género, de tal forma que si la candidatura propietaria es para una mujer, la suplente deberá ser otra mujer.
La voluntad de la mayoría indefectiblemente constituye la manifestación más legítima de la democracia representativa, por lo que ésta nunca podrá ser sujeta a condiciones particulares que la contravengan.
Sin embargo, en contrario sentido, las candidaturas de mayoría relativa que hayan sido designadas por cualquier método que no sea elección democrática tendrán que ajustarse al mismo principio de fórmula de las candidaturas de representación proporcional; es decir, el propietario y el suplente deberán ser del mismo género. Muchas gracias.
«Iniciativa que adiciona el numeral 3 al artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa de ley con proyecto de decreto que reforma el numeral 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente:
Exposición de MotivosLa participación política de la mujer en México, es resultado de una lucha constante para que sean reconocidos sus derechos en plenitud como ciudadanas mexicanas. Los primeros logros respecto a la igualdad política electoral surgen en 1916, cuando en Chiapas, Tabasco y Yucatán se reconoce la igualdad jurídica para votar y ser electa en puestos públicos de elección popular.
En 1922, en el estado de Yucatán se reconoció el derecho de las mujeres para participar en elecciones municipales y estatales. En San Luis Potosí, en 1923, se aprobó la ley que permitió a las mujeres alfabetizadas participar en procesos electorales.
Sin embargo, es hasta 1947, cuando se le reconoce a la mujer mexicana --a nivel federal-- el derecho a votar y ser votada en los procesos electorales municipales. Más tarde, en 1953, se expidió la reforma a los artículos 34 y 115, fracción I, constitucionales, que otorgaron plenitud a derechos ciudadanos de la mujer mexicana.
El Partido Acción Nacional siempre ha reconocido el importante papel de la mujer en la vida política del país, proclamando el ejercicio de sus derechos políticos y presentando iniciativas de ley para que se reconozca su calidad ciudadana. De esta manera, desde su fundación en 1939 nace con la convicción de promover no sólo el voto de la mujer, sino su participación más activa en la política.
En efecto, para Acción Nacional la promoción política de las mujeres desde su origen, significó un rubro sustancial que no podía esperar, de tal manera que desde las reformas constitucionales de 1953, en el histórico de Acción Nacional es posible observar la integración de las mujeres en la toma de decisiones de sus órganos políticos de mayor jerarquía.
Una muestra significativa la encontramos en el Consejo Político del partido del periodo 1949-1954, en donde había una integración de mujeres del 11.61%, porcentaje que ha ido en ascenso a través de los años y hasta la fecha, donde el mencionado órgano máximo se encuentra integrado por el 21.77%.
Dicha tendencia se encuentra igualmente reflejada en el Congreso de la Unión, en donde la participación de la mujer en los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, se ha incrementado en la Cámara de Diputados del 5% en el periodo 1964-1967, a 28% en el actual periodo 2009-2012 y en la Cámara de Senadores, de 4% en el periodo 1994-1997 a 13.46% en la actual legislatura.
Asimismo, resulta importante mencionar que Acción Nacional ha postulado candidatas a gobiernos estatales desde el año de 1962, y del año de 1967, data la primera de sus 105 presidentas municipales que ha tenido hasta 2008.
Esta reivindicación histórica, que reconoce la exclusión sistemática de las mujeres de los espacios públicos, del ejercicio del poder, de la definición de asuntos de interés común, de los espacios de representación social y política e incluso de la toma de decisiones en las relaciones familiares y de pareja, busca garantizar su inserción, mediante ajustes a la normatividad jurídica, enfocando las políticas públicas y generando programas educativos, que propicien un cambio cultural, que evidencie la posición natural de la mujer en la vida democrática y el ejercicio cabal de su ciudadanía.
Si bien las cualidades y la potencialidad del hombre y la mujer nos hacen iguales como sujetos de derecho, la necesidad de garantizar los espacios políticos a la mujer, deviene de un momento sociocultural transicional, en que aún existe una discriminación sistematizada, en diversos ámbitos, incluido el político, hacia la mujer.
El potencial del ser humano, radica en su inteligencia, sus valores y su integridad, los cuales se pueden desarrollar indistintamente por hombres y mujeres, y por tanto deben poseer los mismos derechos y las mismas oportunidades, que han de aprovechar y desarrollar de acuerdo a sus características propias y al alcance de su esfuerzo, capacidad y empeño.
En este sentido, debemos destacar que dentro de la pluralidad, los partidos políticos son un cauce para la responsabilidad ciudadana. Los partidos políticos deben impulsar ideas y acciones para plantear serenamente las soluciones a los problemas del país y llamar a la concordia entre los mexicanos. Los partidos compiten por el voto de los ciudadanos; pero también, la responsabilidad social los obliga a cooperar en la construcción común de los bienes públicos. Una auténtica vida democrática tiene como condición la existencia de partidos que permitan el acceso equitativo de hombres y mujeres al poder político, para instaurar gobiernos eficaces y oposiciones constructivas y socialmente útiles.
El fin de la paridad no se agota en la definición de porcentajes deseados de representación, sino que pasa necesariamente por la consecución del objetivo de igualdad entre mujeres y hombres en las diferentes esferas de la vida social y, particularmente, en el acceso y permanencia en los ámbitos decisorios.
Las cuotas de equidad de género están diseñadas como un mecanismo temporal que nos permita entender y asimilar la igualdad de la mujer y el hombre en las actividades cotidianas y con especial relevancia en la vida pública. Se trata de una concepción transitoria que fenecerá una vez que la sociedad haya asimilado la igualdad y al mismo tiempo las diferencias entre el hombre y la mujer, además de finiquitar cualquier otro tipo de distinción humana que segregue a los ciudadanos por sus cualidades físicas, sociales, económicas, ideológicas o políticas y sea el derecho un instrumento para regular conductas y no distinciones por condición.
La democracia es un estilo de la vida pública que busca en esencia la igualdad, es un mecanismo de gobierno que pugna por la participación social, sin distinciones, por ello las leyes, las instituciones y los actores de un auténtico estado democrático no pueden ignorar la desigualdad y mucho menos excluir a la mujer de sus actividades inmanentes.
Hay que recordar el reconocimiento hecho por el Consenso de Quito 1 respecto a que ``la paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política y en las relaciones familiares al interior de los diversos tipos de familias, las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, y que constituye una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres''. 2
Es por ello que, en términos de participación y representación el objetivo es la paridad, al cual subyace el cumplimiento de un principio más amplio y trascendente como el de la igualdad de oportunidades. Como sostiene Miguel Carbonell, lo importante es que ``los 'empleos y cargos' deben ser realmente asequibles a partir de la igualdad de oportunidades, es decir, no solamente se trata de afirmar que son asequibles en tanto que no hay impedimentos formales para acceder a esos bienes sociales, sino que hay que generar las condiciones necesarias y suficientes para que en efecto exista la posibilidad real de acceder a ellos''. 3
En este sentido, para alcanzar la paridad debe garantizarse el principio de igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia de las mujeres en los puestos de representación, así como en el nombramiento de cargos públicos, para lo cual deberán generarse las condiciones que hagan efectivo este principio.
El Congreso de la Unión no sólo es el reflejo de la realidad viva de la sociedad y pluralidad mexicana, también representa las aspiraciones de la Nación que queremos construir, por ello su composición no sólo debe reflejar la equidad de género que exige la axiología social, también debe vigilar que su cumplimiento vaya más allá de la letra de la ley y se perciba en el día a día de la actividad legislativa.
Acción Nacional, tiene la convicción de dar continuidad a los muchos avances obtenidos en materia de equidad de género, pero sobre todo, para que la esencia y los objetivos planteados se cristalicen a futuro, el cual no tiene por qué ser lejano.
Las leyes que hemos creado para dar viabilidad a la equidad de género en materia electoral y política, deben ser entendidas como una sujeción que más allá de su coacción jurídica, nos comprometen social y políticamente a respetarlas, pues su fin, implica la evolución misma de nosotros como personas en lo individual y en nuestra vida en sociedad.
Es innegable que las mujeres tienen derecho a contar con las condiciones que permitan el ejercicio de sus derechos con igualdad, lo que en sí mismo es una causa de justicia social impostergable.
Se debe señalar que la intencionalidad de procurar a través de las leyes, una adecuada equidad de género en los espacios públicos de nuestro país, de ninguna forma debe concebirse en el sentido de pretender otorgar de manera arbitraria a las mujeres espacios que no se han ganado, sino de establecer las bases mínimas fundamentales que les garantice de manera natural, el poder acceder a lo que por sus méritos y en pleno ejercicio de sus derechos han obtenido, sin que medie para ello ninguna limitación de carácter cultural, ideológica o derivada de usos y costumbres todavía vigentes en muchas comunidades, tendientes a marginar a las mujeres de participar en determinadas actividades.
No obstante, todavía no es posible presumir que en México el camino recorrido en materia de equidad de género haya concluido y por el contrario, de un balance general es posible afirmar que la brecha que se ha abierto, todavía se encuentra dentro del plano de la retórica y desafortunadamente, desde los propios espacios públicos, como es este honorable Congreso, seguimos encontrándonos en mayor o menor medida con manifestaciones de resistencia a permitir que la participación de las mujeres se de cómo una cuestión natural, legitimada por el cumplimiento de la ley, pero sobre todo porque entendemos que se quiere lograr con ello.
Es el caso, que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), el cual desde su promulgación y a través de diversas reformas de las que ha sido objeto, ha tenido una evolución enfocada a fortalecer y garantizar una mayor participación de las mujeres en los espacios políticos de nuestro país.
Tomando en cuenta los porcentajes de hombre y mujer en la sociedad, esto debería reflejarse en la representación en los espacios de toma decisiones. No obstante, hay otras posturas que definen la paridad ``como una representación equilibrada de hombres y mujeres, de forma que ninguno de los dos sexos tenga presencia mayor al 60% ni menor al 40%.
Acorde con lo anterior, es de señalar que en la reciente reforma en materia electoral del año 2007, nuestro Congreso tuvo la sensibilidad para entender tal circunstancia de tal forma que estableció en el Cofipe, una modificación digna de mencionarse en la cual se consignó que de la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad, contrario a lo que establecía la ley electoral con anterioridad, que únicamente preservaba el 30% para la equidad de género, y no advertía sobre procurar la paridad.
La cuantificación numérica de la presencia de ambos sexos, es una estimación a partir de la cual creemos que la sociedad y los partidos políticos se irán acostumbrando a incorporar mujeres y hombres en partes iguales. El objetivo es que llegue un momento en que no tengan que existir cifras definitorias de la equidad, porque de hecho existirá igualdad en el acceso y permanencia de las mujeres en la política''. 4
Sin embargo, se advierte que los mecanismos que el Cofipe establece actualmente obliga a los partidos políticos y coaliciones a observar y procurar la equidad de género en la designación de sus candidatos a diputados y senadores, en la práctica no resultan idóneos ni suficientes para garantizar lo que fue el propósito de la incorporación de cuotas de género en la regulación electoral: fortalecer la inclusión y participación de las mujeres en el espacio político.
Como se ha sostenido, la insuficiencia de las normas vigentes, radica en que la obligación de cumplir con determinados porcentajes de género impuesta a partidos políticos y coaliciones, se constriñe únicamente a la etapa de designación de candidatos, esto es, el mandato consiste en observar una serie de procedimientos establecidos en el actual artículo 219 del código comicial vigente, para efecto de construir las diferentes fórmulas de candidatos --propietario y suplente-- que habrán de registrarse ante la autoridad electoral, pero una vez constituidos los órganos legislativos, no se cuentan con los instrumentos que permitan preservar la paridad en los términos que en esencia dieron origen a tales normas.
El reconocimiento que diversas legislaturas que han pasado por ésta Cámara han hecho, en el sentido de implementar medidas para asegurar que las mujeres tengan un acceso efectivo al poder y una protección efectiva de sus derechos, no ha encontrado la respuesta necesaria que le de viabilidad en los términos que hoy se encuentran instrumentados los mecanismos legales.
Por todo lo anterior, a efecto de garantizar que las cuotas de equidad de género para candidaturas a escaños en el Congreso de la Unión que dispone el artículo 219 del Cofipe, otorguen un real acceso de las mujeres a la vida democrática del país y se respete la paridad en la composición del Congreso de la Unión, se propone que para la selección de las candidaturas por representación proporcional, el propietario y suplente que compongan una fórmula, deberán ser del mismo género.
Es decir, que sin modificar la cuota prevista en el numeral 1 del artículo 219 del Cofipe que establece que las candidaturas deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad y con atención a lo dispuesto en el artículo 220 del mismo ordenamiento legal, que refiere que las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidaturas y en cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada, las fórmulas propuestas en dichas listas deberán ser de personas del mismo género, de tal forma que si la candidatura propietaria es de una mujer, necesariamente deberá ser su suplente otra mujer.
En los procesos de designación para la integración de las fórmulas de candidatos de representación proporcional, al no exigir mayor requisito que los mínimos de elegibilidad, resulta la vía idónea para reclamar a los partidos políticos y coaliciones que por un principio de sensibilidad, responsabilidad y compromiso social, aprovechen dicho espacio para dar pluralidad y equidad a los órganos legislativos e incorporen a representantes de grupos distintos a los que han de entrar por la vía de mayoría relativa.
Lo anterior, a efecto de que sin alterar los porcentajes de equidad de las candidaturas, no haya posibilidad de que una vez instalado el Congreso, estas se puedan mermar, por la separación del cargo de los legisladores propietarios.
Asimismo, el presente proyecto propone conservar los casos de excepción de la aplicación de la cuota de género, los cuales están reservados para aquellas candidaturas de mayoría relativa derivadas de un proceso de elección democrático de candidatos.
De igual forma resulta relevante, ya que en los procesos abiertos de selección de candidatos, por su propia naturaleza, otorgan a hombres y mujeres por igual la posibilidad de registrarse y contender en igualdad de condiciones, con el fin de ganar simpatías entre determinado núcleo de electores, el cual habrá de determinar con base en las circunstancias particulares de su comunidad, a la persona mejor posicionada para postular como su candidato. La voluntad de la mayoría, indefectiblemente constituye la manifestación más legítima de la democracia representativa, por lo que ésta nunca podrá estar sujeta a condiciones particulares que la contravengan.
Sin embargo, en contrario sensu, las candidaturas de mayoría relativa, que hayan sido designadas por cualquier método que no sea una elección democrática, tendrán que ajustarse al mismo principio de fórmula de las candidaturas de representación proporcional, es decir el propietario y su suplente, deberán ser del mismo género.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente
Decreto por el que se adiciona un artículo 3 al numeral 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Artículo Único. Se adiciona un numeral 3 al artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Artículo 219.
1. ...
2. ...
3. En el caso de las candidaturas a diputados y senadores a elegirse por el principio de representación proporcional, o aquellas de mayoría relativa que sean determinadas por un proceso de designación, el propietario y su suplente deberán ser del mismo género.
Artículo TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas: 1 El Consenso de Quito es el producto de la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe realizada en Quito, Ecuador del 6 al 9 de agosto de 2007 a convocatoria de la Comisión Económica para América Latina de la ONU, en la cual se trataron los temas de: 1) participación política y paridad de género en los procesos de adopción de decisiones en todos los niveles, y 2) la contribución de las mujeres a la economía y la protección social, especialmente en relación al trabajo no remunerado. Este consenso fue firmado por la delegación representante de México. 2 CEPAL (2007) Consenso de Quito , Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, p. 3. 3 Carbonell, Miguel (2004), Igualdad y Constitución , Col. Cuadernos de la Igualdad, México, Conapred, p. 12. 4 Navarro, Maricela (2001), Hablamos de democracia , documento consultado en la página electrónica de Mujeres en Red http://www.nodo50.org/mujeresred/paridad-m_navarro.html, el 5 de septiembre de 2007.El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Gobernación. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
ARTICULOS 51 Y 57 CONSTITUCIONALES - CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 51 y 57 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 20 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La diputada María Araceli Vázquez Camacho: Muchas gracias. Con el permiso de los diputados integrantes de la Mesa Directiva.Honorable Congreso de la Unión, vengo a proponer una iniciativa con proyecto de decreto en materia de equidad de género y derechos políticos de las mujeres, en nombre propio y de las diputadas del PRD en la LXI Legislatura.
Con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que se propone reformar los artículos 51 y 57 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 20 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de equidad de género y derechos políticos de las mujeres, al tenor de la siguiente exposición de motivos:
En México seguimos reclamando igualdad de oportunidades para las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida nacional, pues se guarda todavía un atraso en visualización, por ejemplo, en la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo que no ha significado igualdad de oportunidades y menos de ingresos. Las mujeres seguimos siendo segregadas; incluso cuando se cuenta con mayor nivel, se gana un salario menor que el de los hombres.
Otro ejemplo de prácticas discriminatorias es que en las maquiladoras continúan aplicando la prohibición, a todas luces ilegal, de que se embaracen, y solamente son contratadas cuando se comprueba el resultado negativo del examen de embarazo.
Aunque se reconoce la participación de las mujeres en los diversos ámbitos del desarrollo profesional y político, es aún escasa en los puestos de elección popular, cargos de dirección y toma de decisiones del sector público y privado, y en órganos de impartición y administración de justicia, entre otros.
Desde hace décadas, legisladoras, organizaciones políticas, ONG, y sociedad civil en general, han buscado insertar en nuestra legislación disposiciones legales que eviten la discriminación y propicien avances en la participación femenina.
Como muestra de ello se señalan algunas cifras. Las mujeres representamos 52 por ciento de la población nacional y 51.7 por ciento de la lista nominal de electores a nivel federal, dato importante, ya que una de las formas en que las mujeres participan en la decisión del país es ejerciendo su derecho a votar. Cabe señalar que el Distrito Federal es además una de las tres entidades federativas donde las mujeres representamos 53 por ciento de la lista nominal de la entidad.
De particular importancia es el espacio político que las mujeres hemos ganado en el Poder Legislativo: 16.2 por ciento, pues esto nos ha permitido incidir de manera directa en la legislación no sólo de problemas nacionales, sino también llevando adelante su preocupación por el problema de género, ya que es más fácil solucionarlos cuando existe mayor participación de las mujeres en política, ya que nadie hará por las mujeres lo que las mujeres debamos hacer por nosotras mismas, sobre todo en defensa de nuestros legítimos derechos.
Aceptar y establecer constitucionalmente la igualdad formal entre hombres y mujeres constituye un hecho de trascendental importancia. Sin embargo, transcurridas ya varias décadas, esta igualdad resulta insuficiente, ya que la igualdad de todas y de todos ante la ley no es sinónimo de igualdad de oportunidades. Es un hecho que aún está muy lejos la igualdad de acceso a las estructuras de poder y la toma de decisiones, y que sólo la intervención directa de las mujeres en estos espacios generará mayor apertura al respecto.
Por esto cada vez son más claras la importancia y la necesidad de impulsar con mayor empeño acciones concretas para la participación política de las mujeres y lograr así nuevos mecanismos de diálogo y propuestas. El acceso de las mujeres a mayor participación política y en la toma de decisiones es un principio de justicia y equidad social. Incorporar el punto de vista de las mujeres constituye un requisito fundamental para contar con la perspectiva de género desde nuestra realidad específica.
En la pasada legislatura, esta soberanía, por conducto de diputadas de diversos grupos parlamentarios que presentaron sendas iniciativas, hizo eco de la necesidad de hacer respetar los criterios electorales en materia de género. Por ello, la LXI Legislatura debe ser parte actora en la transformación real de nuestro sistema de representación, reconociendo la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones en la vida nacional de nuestro país.
No se puede simular la participación de las mujeres en puestos de representación popular, como se pretende hacer utilizando el derecho que tienen los legisladores y las legisladoras para solicitar licencia a fin de separarse temporal o definitivamente de sus cargos por ``causa justificada''. Esta simulación es verdaderamente vergonzosa, inmoral y nada ética, cuando se da el triunfo de una candidatura encabezada por una mujer, para luego ceder el lugar a su suplente, de otro género, que no ganó la candidatura en las urnas.
Los partidos políticos deben garantizar la equidad de género a la hora de proponer las candidaturas, y cumplir lo establecido en el Cofipe y respetar la composición de género de sus bancadas. Para ello deben ser desterradas estas sinergias negativas que violan no solamente los derechos políticos de las mujeres, sino que lastiman su dignidad.
Proponemos combatir de raíz esta desafortunada práctica, para que desde nuestra Constitución, en los artículos 51 y 57, se establezca la obligatoriedad de que la fórmula de candidatos sea del mismo género, tanto de diputados como de senadores. También proponemos que en el Cofipe, artículo 20, se traslade ese mandato constitucional para hacer efectivo el derecho que beneficia a las mujeres, tratándose de diputados y de senadores de mayoría relativa o de representación proporcional.
En el PRD sostenemos que no se pueden dejar de lado opinión, intereses y necesidades de las mexicanas, y que la igualdad de participación de la mujer y del hombre en asuntos públicos y en la toma de decisiones es condición sine qua non para incidir en el fortalecimiento de la real democracia de nuestro país.
Artículo primero. Se reforman los artículos 51 y 57 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 51 habla sobre el suplente del mismo género; el artículo 57, en el caso de los senadores, sobre el suplente del mismo género.
Artículo segundo. Se reforma el artículo 20 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue: ``hablando de las vacantes tanto en los diputados con mayoría relativa y de representación proporcional, los suplentes deberán ser del mismo género que los propietarios''.
Es cuanto, diputado presidente.
«Iniciativa que reforma los artículos 51 y 57 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 20 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho , del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, diputada María Araceli Vázquez Camacho , en nombre propio y de diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta ante esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone reformar los artículos 51 y 57 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como el artículo 20 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de equidad de género y derechos políticos de las mujeres al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEn México, igualdad de oportunidades para las mujeres se sigue reclamando en los diferentes ámbitos de la vida nacional, por otra parte se reconoce que la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo no ha significado igualdad de oportunidades o ingreso.
Las mujeres son por lo general segregadas y aun cuando cuenten con un mayor nivel escolar ganan un salario menor que los hombres, un ejemplo de prácticas discriminatorias es que en las maquiladoras continúan aplicando la prohibición (ilegal) de que se embaracen. Las mujeres son contratadas cuando se comprueba el resultado negativo del examen de embarazo.
Así entonces, se reconoce la participación de las mujeres en los diversos ámbitos de su desarrollo profesional y político pero en los puestos de elección popular, cargos de dirección y toma de decisiones del sector público y privado, órganos de impartición y administración de justicia, entre otros, es aún escasa.
Desde hace décadas legisladoras, organizaciones políticas, organismos no gubernamentales, y sociedad civil en general, han buscado insertar en la legislación disposiciones legales que eviten la discriminación y propicien avances en la participación femenina.
Como muestra de ello, se señalaran algunas cifras; las mujeres representamos el 52 por ciento de la población nacional, el 51.7 por ciento de la lista nominal de electores 1 a nivel federal, dato importante ya que una de las formas en que las mujeres participan en las decisiones del país es ejerciendo su derecho a votar. Cabe señalar que el Distrito Federal es además una de las tres entidades federativas donde las mujeres representamos el 53 por ciento de la lista nominal de la entidad. 2
De particular importancia es el espacio político que las mujeres han ganado en el Poder Legislativo (16.2 por ciento), pues esto ha permitido incidir de manera directa en legislaciones no sólo de problemas nacionales, también llevando adelante su preocupación por los problemas de género, ya que es más fácil solucionarlos cuando existe una mayor participación de las mujeres en política, ya que nadie hará por las mujeres, lo que las mujeres no hagan por ellas mismas, sobre todo en la defensa de sus legítimos derechos.
Aceptar y establecer constitucionalmente la igualdad formal entre mujeres y hombres, constituye un hecho de trascendental importancia, sin embargo transcurridas ya varias décadas esta igualdad resulta insuficiente, ya que la igualdad de todas y todos ante la ley no es sinónimo de igualdad de oportunidades. Es un hecho que aún esta muy lejos la igualdad de acceso a las estructuras de poder y la toma de decisiones, y que sólo la intervención directa de las mujeres en estos espacios generará la mayor apertura de éstos.
Por esto, cada vez es más clara la importancia y necesidad de impulsar con mayor empeño acciones concretas para la participación política de las mujeres y lograr así nuevos procedimientos de diálogo y propuestas. El acceso de las mujeres a una mayor participación política y a la toma de decisiones es un principio de justicia y equidad social, incorporar el punto de vista de las mujeres constituye un requisito fundamental para contar con la perspectiva de género desde su realidad específica.
En ese sentido, esta soberanía, en la pasada legislatura por conducto de diputadas de diversos grupos parlamentarios, se hicieron eco de la necesidad de hacer respetar los criterios de género en cuanto a la representación política se refiere y por ello, esta LXI Legislatura debe ser parte actora en la trasformación real del sistema de representación, reconocimiento de la participación de las mujeres en los procesos de toma decisión de la vida nacional del país, no se puede simular la participación de las mujeres en los puestos de representación popular, como así se pretende hacer utilizando el derecho que tienen los legisladores para solicitar licencia para separarse temporal o definitivamente de sus cargos, por causa justificada.
Esta simulación es verdaderamente vergonzosa, inmoral y nada ética, cuando se da el triunfo de una candidatura encabezada por una mujer para luego cederle su lugar a su suplente de otro género que no ganó su cargo en las urnas.
Los partidos políticos deben garantizar la equidad de género a la hora de proponer sus candidaturas y cumplir con lo establecido en el Cofipe y respetar la composición de género de sus bancadas, y para ello, deben ser desterradas estas inercias negativas que violan no solamente los derechos políticos de las mujeres sino que lastiman su propia dignidad.
En razón de ello, es que proponemos combatir desde la raíz esta desafortunada práctica, para que desde la Constitución en sus artículos 51 y 57, se establezca la obligatoriedad de que la fórmula de candidatos, sean del mismo género tanto de diputados como de senadores.
En ese sentido, también proponemos que en el Cofipe, en su artículo 20, se traslade este mandato constitucional para hacer efectivo este derecho que beneficiará a las mujeres, tratándose de diputados y de senadores de mayoría relativa o de representación proporcional.
En el PRD sostenemos que no se puede dejar de lado el sentir, intereses y necesidades de las mexicanas, y que la igualdad en la participación de la mujer y el hombre en el plano político y la toma de decisiones, es una condición sine qua non para incidir en el fortalecimiento real de la democracia en nuestro país.
Por las anteriores consideraciones proponemos a esta soberanía el siguiente proyecto de
DecretoArtículo Primero. Se reforman los artículos 51 y 57 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 51. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación, electos en su totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario, se elegirá un suplente del mismo género.
Artículo 57. Por cada senador propietario se elegirá un suplente del mismo género.
Artículo Segundo. Se reforma el artículo 20 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:
Artículo 20.
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas: 1 Fuente: Instituto Federal Electoral. Registro Federal de Electores 1999. 2 Ídem.El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación. En tanto se integran las comisiones, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y del Código Fiscal de la Federación.
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta: Con su venia, señor presidente.Diputadas y diputados, México atraviesa por una crisis fiscal que se explica por la subordinación de la política tributaria al modelo neoliberal. Desde hace mucho tiempo se diseñó una estrategia basada en regímenes fiscales especiales para un selecto grupo de empresas, sin considerar las graves consecuencias que tendría para la economía en su conjunto. Así, la recaudación se ha recargado históricamente en la clase media, en los asalariados y en Pemex, mientras que se ha desgravado a los grandes grupos corporativos.
Esta situación, al no haberse corregido, presenta riesgos muy altos para nuestra economía, entre los que destacan el desequilibrio fiscal y la pérdida de la estabilidad financiera del país, y se suman rezagos en sectores estratégicos para el bienestar de la gente y para el crecimiento económico.
La debilidad financiera a la que la hacienda pública está expuesta ha generado múltiples presiones para ceder al capital privado diversas actividades que son una obligación constitucional del Estado mexicano, como es el caso del sector energético. No podemos olvidar que la recaudación del ingreso tributario ha sido baja y ha fluctuado en los últimos 20 años entre 10 y 11 por ciento del producto interno bruto, mientras que en otros países, incluso los que se clasifican como en vías de desarrollo, la recaudación excede de 15 por ciento del PIB.
En concreto, en la Ley del Impuesto sobre la Renta existen regímenes de privilegio para determinados sectores empresariales, que se benefician de manera indebida, y en detrimento de la recaudación federal y del principio de justicia fiscal. Esa gama de privilegios, instituidos en diferentes tiempos por el Congreso, ha impedido que las finanzas públicas tengan un verdadero sentido redistributivo de la riqueza.
Una prueba de lo anterior radica en que, mientras que las empresas aportan entre 55 y 60 por ciento del ingreso nacional, su contribución al pago del impuesto sobre la renta como porcentaje del PIB ha sido de 2.6 por ciento en promedio durante los últimos siete años; en tanto, la contribución fiscal de los asalariados, que generan 25 por ciento del ingreso nacional, ha sido en promedio de 2.2 por ciento. Esto es, la contribución de las empresas debería ser de al menos el doble de la de los asalariados, en virtud de que generan el doble de la riqueza; sin embargo, esto no sucede así gracias a los regímenes fiscales especiales.
Cabe señalar que de acuerdo con los informes presentados por la Bolsa Mexicana de Valores, el año pasado 13 grandes empresas y 6 instituciones bancarias, a pesar de haber registrado ingresos que en conjunto ascendieron a 1 billón 830 mil millones de pesos, pagaron apenas 55 mil millones de pesos por impuestos, lo que representó en promedio sólo 4.9 por ciento de sus ingresos.
Los impuestos diferidos alcanzaron 114 mil millones, lo que significa que debido a la existencia de tratamientos fiscales especiales, por cada peso que estas empresas entregaron al fisco, el propio fisco les permitió diferir 4.2 pesos en promedio.
Por mucho tiempo se ha sostenido que dichas facilidades fiscales se han otorgado con el objetivo de incrementar la inversión y la generación de empleo; sin embargo, conviene citar la conclusión emitida por la Auditoría Superior de la Federación, que en 2007 concluyó que se detectaron 50 grandes contribuyentes cuyos pagos individuales de ISR, deducidas las devoluciones, fueron inferiores a 74 pesos. Esto, debido a que las devoluciones efectuadas en el periodo superaron al incremento en la inversión privada, lo que contradice la hipótesis de que una menor tributación libera recursos a los particulares para incrementar la inversión en capital. Por ello se genera una situación de privilegio para unos cuantos contribuyentes, lo que contraviene el principio de equidad fiscal.
El proyecto de ley que presentamos se orienta hacia la eliminación de esos privilegios fiscales. En este sentido, la consolidación fiscal ha sido uno de esos privilegios, ya que permite que una empresa exitosa adquiera a una empresa no exitosa y con ello consolide ganancias de ambas para efectos del pago de impuestos. Este mecanismo se ha prestado a que empresas muy exitosas busquen a cualquier empresa que tenga pérdidas con objeto de no pagar impuestos. No es de sorprender que esta forma sea utilizada casi en su totalidad por las empresas más grandes.
Otro privilegio es la depreciación acelerada de activos fijos, es decir de maquinaria, equipo, terrenos y la construcciones. Todos sabemos que estos activos pierden su valor poco a poco. De hecho, una construcción dura mucho tiempo antes de perder todo su valor, y los terrenos casi nunca pierden el valor, sino al contrario, lo ganan.
No hay, entonces, una justificación para que una empresa que adquiere activos fijos reporte cero utilidades con el argumento de que cargó todo su valor a los costos de un solo ejercicio fiscal. Aun así, esto ocurre todos los días y de nuevo son las más grandes empresas las que se benefician.
Un privilegio más es la ganancia por venta de acciones en bolsa de valores, en donde desafortunadamente, en los casos de mayores ganancias, se ha tratado de ventas y compras que no se han hecho en la Bolsa Mexicana de Valores.
El proyecto que hoy presentamos busca también acotar estas operaciones y negar la exención en todos los casos en que la venta de acciones no sea al gran público inversionista. En este mismo orden se ubica la propuesta para limitar las deducciones de los donativos y de las campañas de redondeo que las empresas realizan.
En suma, para incrementar con justicia y equidad los ingresos que recibe el gobierno es necesario que las empresas paguen más y no que se apliquen impuestos a la pobreza o el IVA en alimentos y medicinas.
De manera adicional, la iniciativa propone que se modifique el secreto fiscal, para que el Congreso de la Unión tenga acceso a la información fiscal y así pueda medir el impacto recaudatorio y la eficacia de los cambios tributarios que se aprueben.
Diputadas y diputados, un cobro de impuesto más riguroso, mediante un tratamiento justo que elimine los privilegios fiscales más costosos para la hacienda pública, y que sea equitativo para los asalariados y las pequeñas y medianas empresas, es absolutamente esencial y urgente. No hacerlo implica seguir castigando a los que menos tienen, mantener ingresos tributarios que no alcanzan a cubrir las necesidades del erario y alentar a la economía subterránea, al darse cuenta la gente de que no tiene caso pagar impuestos cuando los más poderosos no lo hacen. Es cuanto, señor presidente.
«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del PT
Los suscritos, diputados integrantes de los Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y del Código Fiscal de la Federación, bajo la siguiente
Exposición de MotivosLas necesidades de la economía nacional tanto en materia de desarrollo social como en materia de infraestructura económica e inversión son muy superiores a la actual recaudación de impuestos, y por lo tanto, deben cubrirse en una parte significativa con ingresos petroleros, los cuales representan la venta de un activo no renovable.
El agotamiento del petróleo, como recurso no renovable que es y la falta de inversión en el sector energético, han obligado a Pemex a posponer su modernización, la adquisición de nuevas tecnologías, y la ejecución de proyectos prioritarios para satisfacer la demanda nacional de productos elaborados con base en el petróleo.
Es importante mencionar que aun con los ingresos petroleros históricamente altos en los últimos cinco años, el déficit por necesidades no atendidas en los renglones señalados asciende a cuando menos 3 puntos porcentuales del producto interno bruto, PIB.
Esta situación, al no haberse corregido, presenta riesgos muy altos para la economía nacional, entre los que destaca el desequilibrio fiscal y la pérdida de la estabilidad financiera del país, sin mencionar los riesgos sobre los flujos de inversión extranjera aunados a los rezagos en sectores estratégicos para bienestar de la gente.
Los rezagos que el país enfrenta en materia de educación, salud, alimentación, infraestructura productiva, energía, seguridad social y vivienda hacen urgente la necesidad de incrementar de manera eficaz y eficiente el gasto destinado a estos sectores.
Así por ejemplo, las importaciones de alimentos superan los 25 mil millones de dólares anualmente, en la actualidad importamos el 82 por ciento del arroz que consumimos, el 53 por ciento del trigo, el 35 por ciento de la carne de cerdo, el 27 por ciento del maíz y el 27 por ciento de la carne de res.
En el caso de salud, existen problemas de cobertura y de abasto de medicamentos, prueba de ello fue la ``crisis de la influenza'', en donde una enfermedad que de origen no es mortal, terminó causando la muerte de mexicanos por falta de atención oportuna y por la desnutrición de la población.
En materia de energía e infraestructura, basta señalar las cuantiosas importaciones de gasolina y productos petroquímicos, incluyendo fertilizantes, problemas de abasto de agua y de la infraestructura carretera.
En seguridad social, las raquíticas pensiones que reciben los jubilados y el problema de los ahorros de los trabajadores son patentes.
Por lo que se refiere a la educación, tan sólo este año, alrededor de 7.5 millones de jóvenes quedaron sin acceso a las universidades.
Esta debilidad financiera a la que la hacienda pública está expuesta, ha generado múltiples presiones para ceder al capital privado diversas actividades que son una obligación constitucional del Estado mexicano, uno de ellos ha sido el sector energético en dónde debido a la falta de recursos se han cedido al capital privado importantes eslabones de la cadena productiva, perdiendo con ello la sinergia potencial entre diversas actividades industriales y comerciales que tiene cualquier empresa petrolera integrada, como lo es Pemex, con el resultado de una pérdida de valor económico para los mexicanos.
No podemos olvidar que la recaudación del ingreso tributario ha sido baja y ha fluctuado en los últimos 20 años entre el 10 por ciento y el 11 por ciento del producto interno bruto; mientras que en otros países, incluso aquellos que se clasifican como en vías en desarrollo, la recaudación excede al 15 por ciento y en algunos casos llega hasta el 20 por ciento.
Dicha debilidad de recaudación de ingreso tributario (calculada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en un 5 por ciento del PIB), ha obedecido, entre otros factores, a múltiples beneficios fiscales otorgados a sectores económicos mediante exenciones o autorizaciones para diferir el pago de impuestos.
En concreto, en la Ley del Impuesto sobre la Renta se establecen regímenes de privilegio para determinados sectores empresariales de nuestro país, que los benefician de manera indebida en detrimento de una mejor recaudación federal y del principio constitucional de justicia fiscal, establecido en el artículo 31, fracción IV de la Carta Magna.
Esa gama de privilegios, instituidos en diferentes tiempos por el Congreso federal, han impedido que las finanzas públicas tengan un verdadero sentido redistributivo de la riqueza, en perjuicio de los sectores de mayor rezago social de México.
En la actualidad, se da la paradoja que el sistema tributario mexicano, en la vertiente del impuesto sobre la renta (ISR), está sustentado estructuralmente en las retenciones que dé ese impuesto recae sobre la nómina y prestaciones sociales de los trabajadores, y no en los ingresos efectivos de las empresas para las cuales ellos laboran.
Esto es consecuencia del modelo económico neoliberal que México ha adoptado, que bajo premisas falsas propone la conveniencia de fortalecer --hacer más ricas-- a las empresas de por si ricas, para de ese modo generar, supuestamente, una mayor riqueza nacional y colectiva.
Una prueba de lo anterior, radica en que en México mientras que las empresas aportan entre 55 y 60 por ciento del ingreso nacional, su contribución al pago del impuesto sobre la renta como porcentaje del PIB ha sido de 2.6 por ciento en promedio durante los últimos 7 años.
En tanto, la contribución fiscal de los asalariados que generan el 25 por ciento del ingreso nacional, ha sido en promedio de 2.20 por ciento, en ese mismo lapso.
Esto es, aunque la contribución de las empresas debería ser al menos del doble de la de los asalariados, en virtud de que contribuyen con el doble a la generación de ingreso, esto no sucede así gracias a los ``regímenes fiscales especiales''.
Bajo esa óptica es como se han arraigado diferentes prerrogativas impositivas en favor de los contribuyentes con mayor capacidad económica en el país, sin beneficio material alguno para el país ni para los trabajadores, puesto que los ingresos tributarios no han crecido al ritmo augurado por los precursores del neoliberalismo fiscal, ni los trabajadores han visto fortalecidos sus sueldos reales ni su poder adquisitivo.
Los empresarios ricos lo son cada vez más, sin beneficio incremental alguno para el fisco federal ni para los sectores sociales de México. Por lo demás, el abuso empresarial ha sido la nota característica en la aplicación de esos privilegios.
Estos privilegios fiscales a unos cuantos combinados con la deficiente administración tributaria, han obligado a que por ejemplo a Pemex se le tengan que confiscar prácticamente todos sus ingresos para financiar un creciente y desmesurado gasto público corriente, que se ha privilegiado por encima del gasto en infraestructura productiva.
Cabe señalar que de acuerdo con los informes presentados a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), se observa que en 2008, 13 grandes empresas y 6 instituciones bancarias, a pesar de registrar ventas o ingresos que en conjunto ascendieron a 1 billón 830 mil millones de pesos, su pago de impuestos apenas ascendió a 55 mil 780 millones de pesos, lo que representó en promedio sólo el 4.9 por ciento de sus ingresos.
Sin embargo, los impuestos diferidos alcanzaron 114 mil millones de pesos, que significa que debido a la existencia de tratamientos fiscales especiales, por cada peso que estas empresas le entregaron al fisco, este último les permitió ``diferir'' en promedio 4.2 pesos.
Un ejemplo de estos beneficios fue la devolución de 23 mil 562 millones de pesos en créditos fiscales a Cemex, lo que le permitió reportar utilidades por 2 mil 323 millones de pesos.
Mientras tanto, Pemex que tuvo ventas por 1 billón 328 mil 950 millones de pesos, tuvo que entregar al fisco 771 mil 701 millones de pesos y reportó una pérdida en su operación.
Así, los privilegios fiscales son resultado de esas políticas neoliberales y causa de los efectos desfavorables sobre la capacidad financiera del estado para hacer frente a sus obligaciones.
Cabe señalar que por mucho tiempo se ha sostenido, que dichas facilidades fiscales se han otorgado con el objetivo de incrementar la inversión y la generación de empleo, sin embargo con respecto a este punto, conviene citar la conclusión emitida por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quién con motivo de la Revisión de la Cuenta Pública de 2005, concluyó lo siguiente:
Por ello, en la presente iniciativa de reforma, se propone una supresión de estos beneficios para unos cuantos, y que son los que tienen un mayor impacto en las finanzas públicas, como es el caso del régimen de consolidación fiscal, de la ganancia de personas físicas por enajenación de acciones en bolsas de valores reconocidas, la deducción del costo de adquisición de terrenos, la deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo.
En este orden se ubica la propuesta para modificar, el impuesto definitivo y del 35 por ciento sobre dividendos o utilidades considerando el porcentaje vigente del ISR corporativo, así como las deducciones de los donativos y reglas de control de a campañas de redondeo.
De manera adicional se propone que el Congreso de la Unión tenga acceso a la información fiscal, primero para conocer la realidad a la que se enfrenta y segundo para poder medir el impacto recaudatorio y la eficacia de los cambios tributarios que apruebe.
Régimen de consolidación fiscal
De las medidas que se someten a la consideración de esa Soberanía, destaca la eliminación del régimen de consolidación establecido en los artículos 64 a 78 de la actual Ley del Impuesto sobre la Renta, por cuanto que, como se expresó, favorece a los grandes consorcios empresariales mediante un esquema que les ha permitido el diferimiento indefinido del pago de esta importante contribución federal.
De esta manera, la consolidación fiscal es un mecanismo, que permite que un grupo de intereses económicos comunes, es decir, varias empresas o negocios se agrupen y sean representados por una sociedad controladora o ``holding'', para que sean tratados como una sola empresa para el pago de impuestos.
Es importante destacar que esta forma de agruparse es únicamente para el pago de impuestos, ya que las empresas que pertenecen al grupo consolidador o holding mantienen su independencia y personalidad jurídica diferentes para cualquier otro fin.
De esta manera, encontramos que el objetivo que persigue la consolidación fiscal, es entregar a las autoridades fiscales en una sola declaración de impuestos, los resultados obtenidos por todas las empresas que conforman un grupo.
En este régimen, cada empresa del grupo debe determinar su resultado fiscal, ya sea utilidad o pérdida en forma individual y posteriormente, la sociedad controladora suma o resta las utilidades y pérdidas fiscales de las empresas del grupo en proporción a su participación accionaria y aumenta o disminuye su propia utilidad o pérdida fiscal.
Una vez determinado el resultado fiscal consolidado del grupo, se le aplica la tasa de impuesto correspondiente, con lo que se obtiene el impuesto causado, es decir el impuesto que se tiene que pagar, al cual se le deben restar los pagos provisionales que se hayan realizado, para obtener finalmente el saldo a cargo o a favor.
De esta manera, las pérdidas individuales de cada una de las empresas controladas sufridas en el ejercicio, se aplican contra las utilidades generadas por otras controladoras.
Este régimen, además permite integrar las utilidades o pérdidas fiscales de las diversas empresas que conforman el grupo, y determinar el impuesto sobre la renta sobre esta base; de esta manera, se logra que las pérdidas que se tengan en algunas empresas del grupo se amorticen de inmediato contra las utilidades de otras empresas integrantes del grupo.
Esto es, bajo este esquema una empresa no tiene que esperar a que en lo individual genere utilidades para amortizar sus pérdidas sufridas en años anteriores, situación que genera beneficios financieros extraordinarios a los grandes grupos que llevan a cabo esta práctica.
Todo lo anterior en detrimento de las finanzas públicas nacionales y del resto de las pequeñas y medianas empresas que no cuentan con los recursos financieros, ni con la posibilidad de contratar a grandes despachos de contadores que les ayuden a realizar estas planeaciones fiscales.
Es importante destacar que en este régimen se permite el libre flujo de dividendos entre las empresas que conforman el grupo consolidado, sin tener que pagar el impuesto sobre la renta
En suma, la presente iniciativa busca la derogación de dicho sistema por los siguientes motivos:
El costo recaudatorio de la consolidación fiscal es real, en la medida que representa un diferimiento por tiempo indefinido de este impuesto (lo que dura la consolidación). Tomando en consideración que este régimen ha estado en vigor desde el año de 1982 y que de éste se han favorecido los grupos empresariales de mayor tamaño en México, no es difícil soportar una afirmación de este tipo.
De hecho, la intención reciente, que al final de cuentas se tradujo en una reforma legal de corta vigencia, de reducir la participación consolidable al 60 por ciento, tuvo como causa expresamente reconocida la disminución del beneficio de la consolidación fiscal y el incremento de la recaudación del impuesto sobre la renta.
La eliminación del régimen de consolidación fiscal tendría un fuerte impacto en la situación financiera y patrimonial de varios grupos empresariales de México, sobre todo por el impuesto que durante varios años han estado difiriendo y que, a partir de la derogación, tendrían que enterarlo al fisco federal, actualizado conforme a los índices de inflación, conforme a los procedimientos y cálculos que al efecto se establecen en la disposición transitoria.
La eliminación del régimen de consolidación fiscal salva cualquier cuestionamiento en torno a la constitucionalidad de esta medida, por el hecho de que la eliminación de esta prerrogativa está acorde con el principio de justicia fiscal establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución federal, a la vez que de su derogación no podrían dolerse quienes durante años, quizá décadas, se han aprovechado de ese beneficio en perjuicio de la hacienda pública federal. Lo injusto para efectos constitucionales sería la subsistencia de ese privilegio, como ha sucedido hasta ahora.
En ratificación de lo anterior, resulta oportuno traer a colación el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el tema de la reducción de la participación consolidable del 100 por ciento al 60 por ciento, que implicó una eliminación parcial de dicho régimen, cuyo rubro señala:
Otro de los aspectos relacionados con el régimen de consolidación fiscal se refiere a las sociedades controladoras que se ubican en el período de consolidación obligatorio que establece el artículo 64 de la ley de la materia. En este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene el criterio de que las reglas aplicables en la materia no pueden serles modificadas sino hasta que dicho plazo fenezca, según se desprende de la jurisprudencia relacionada con la reducción de la participación consolidable (del 100 al 60 por ciento), cuyo rubro es:
En consecuencia, para evitar problemas de inconstitucionalidad con motivo de la eliminación del régimen de consolidación fiscal, por posible retroactividad de la reforma, se prevé que las empresas que aún se encontrasen en el plazo obligatorio de cinco años de la consolidación, puedan continuar consolidando sus resultados fiscales hasta la conclusión de dicho período.
Ganancias de personas físicas por enajenación de acciones en bolsas de valores reconocidas
Otra de las reformas de mayor importancia que se propone, es la acotación de la exención en el impuesto sobre la renta sobre las ganancias de personas físicas por enajenación de acciones en bolsas de valores reconocidas. La justificación original de esta exención era la promoción de inversiones a través de la bolsa mexicana de valores, que posteriormente se hizo extensiva a operaciones realizadas en bolsas de valores del extranjero.
Existen evidencias incontestables de que esta exención ha sido aprovechada en forma excesiva y abusiva por accionistas de grandes grupos empresariales de nuestro país, que paradójicamente son personas físicas con grandes recursos patrimoniales a su disposición.
Es de suyo injusto para efectos constitucionales, que los sectores de mayor rezago social en México, en particular los trabajadores de bajos salarios, a partir de ciertos niveles de ingresos tengan que pagar el impuesto sobre la renta a su cargo, en tanto que los grandes empresarios del país, cuyas fortunas personales exceden en forma mayúscula e incalculable las de aquéllos, gocen de una exención total en el pago del propio impuesto al momento en que hacen efectivas sus ganancias de capital con motivo de la enajenación de acciones.
Están identificadas múltiples ocasiones en que la finalidad manifiesta de las empresas que cotizan en bolsa, es, en el futuro, favorecer a sus accionistas con esta exención, en demérito de la recaudación federal. La intención de dichas empresas no ha sido la generación de esquemas de financiamiento efectivo, sobre todo en los casos de las llamadas colocaciones secundarias. Por otro lado, tampoco se logra el objetivo de fomentar que el gran público inversionista participe en el fenómeno bursátil, dado que las acciones, al carecer de bursatilidad, generalmente permanecen en propiedad de los accionistas originales o, en el mejor de los casos, en grupos selectos de empresarios.
Para erradicar estas prácticas, una reforma al actual artículo 109, fracción XXVI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta tendría las características siguientes: (i) continuar con la exigencia de mantener un número mínimo de acciones durante un plazo mínimo determinado, aunque con el requisito adicional de que tales acciones sean catalogadas de alta bursatilidad para efectos de la legislación que rige el mercado de valores; (ii) excluir las colocaciones de empresas extranjeras, pues el mecanismo de la exención debe tender a beneficiar a las empresas mexicanas; y (iii) excluir las colocaciones de cualquier tipo en bolsas de valores del extranjero, pues el perfil de las personas a quien debe favorecer la exención es al gran público inversionista con residencia fiscal en México.
Por otra parte, se establece de manera expresa que las personas físicas sí podrán deducir las pérdidas provenientes de la enajenación de acciones. Lo anterior con el objetivo de ajustar la Ley del Impuesto sobre la Renta a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, para el caso de personas morales, resolvió que dicha deducción sí es procedente y que no debe limitarse al monto de las ganancias que obtenga el contribuyente en el mismo ejercicio o en los cinco siguientes, derivadas de la enajenación de acciones y otros títulos valor cuyo rendimiento no sea interés en términos del artículo 9o. de esa ley, o en operaciones financieras derivadas de capital referidas a acciones o índices accionarios, en los términos que a continuación se transcriben:
No obstante lo anterior, el adicionado artículo 149-BIS establece que cuando las personas físicas sufran pérdidas en la enajenación de acciones, podrán disminuirlas del impuesto anual en los términos de este Capítulo. En este aspecto deberá considerarse que el artículo 149 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que las personas físicas podrán disminuir las pérdidas de los ingresos que obtengan con excepción de los referidos en los Capítulos I y II, del Título IV (ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado e ingresos por actividades empresariales y profesionales, respectivamente), limitación sobre la cual se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no transgrede el principio de proporcionalidad tributaria, en los términos que a continuación se transcribe:
Esta iniciativa establece por tanto, que sí será procedente la deducción de las pérdidas por enajenación de acciones, pero reconoce además las limitaciones establecidas por el artículo 149 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuya constitucionalidad ha sido confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El texto en vigor del artículo 109, fracción XXVI de la Ley del ISR provoca, por un lado, la indeseable consecuencia de beneficiar con la exención a accionistas que no tienen un real interés en participar en el mercado de valores, en menoscabo de la recaudación fiscal; y por otro lado, la realidad demuestra que un gran volumen de acciones carece de bursatilidad alguna, lo que ratifica la idea de que su colocación en bolsa sólo se hace con el propósito de alcanzar en el tiempo la exención de que se trata.
Eliminada la exención para cierto tipo de operaciones bursátiles sobre acciones, los contribuyentes tendrían que proceder de igual forma como lo hacen quienes nunca han gozado de ese privilegio. Las complicaciones de índole operativo y administrativo que representaría la determinación del impuesto sobre la renta respecto de operaciones realizadas en bolsa de valores, no debiera verse como un obstáculo insalvable ni es justificación válida para mantener la exención. De hecho, existen operaciones del mismo jaez cuya exención no está permitida, por no cumplir los requisitos legales exigidos para ello, y que, por lo tanto, están gravadas con el propio impuesto.
Deducción del costo de adquisición de los terrenos
A pesar de que este beneficio fue establecido para fomentar la inversión y el desarrollo del sector inmobiliario, quienes realmente se han beneficiado han sido los grandes desarrolladores inmobiliarios, quienes han diferido el pago del ISR obteniendo así mayores recursos que se han aprovechado únicamente por los accionistas de esas grandes empresas y no por los contribuyentes menores.
Por su parte, la obtención de mayores recursos financieros se ha traducido en que dichas empresas hayan financiado su crecimiento con cargo al fisco, y por tanto en demérito de la sociedad en general quien no se ha visto beneficiada por el estímulo que ahora se propone eliminar. Es evidente que lo que se pretende es no disminuir la capacidad de los empresarios por fomentar la inversión o el desarrollo inmobiliario en nuestro país, sino por el contrario, encontrar mecanismos eficaces que permitan una mayor recaudación de la hacienda pública y un desarrollo más equitativo de la sociedad.
La actual redacción de la ley en la materia, en especial, el artículo 225, implica un trato no equitativo en relación con el resto de los sectores de la industria en nuestro país. Más aún si se observa que las consideraciones que en su momento justificaron esta deducción ya no se encuentran vigentes a la fecha, por lo que actualmente, al existir una industria en el sector inmobiliario con empresas ya consolidadas, y que incluso, algunas de ellas cotizan en bolsa, resulta innecesario mantener la deducción del costo de adquisición de terrenos en términos del artículo citado de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
A mayor abundamiento, empresas extranjeras consolidadas por los capitales de sus países de origen se han visto beneficiadas por la prerrogativa a que hemos aludido, sin repercutir directamente en los beneficios sociales que deberían privar. Como se ha señalado en líneas anteriores, debe preverse una lucha de mercados y mantener condiciones equitativas entre éstos para no crear condiciones económicas que desfavorecerán y crearán desigualdades mayores en las clases sociales menos favorecidas económicamente y por ende en los controles económicos tutelados por el Estado.
Deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo
La deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo prevista en los artículos 220, 221 y 221-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, fue prevista como un medio de fomentar la inversión y como consecuencia de esto, la generación de mayores empleos, sin embargo, a la fecha dicho estímulo no ha dado como resultado directo y visible los propósitos por los que fue adoptado, y por el contrario, ha significado un gran costo para la sociedad en su conjunto, al momento de cuantificar las importantes cantidades que el fisco ha dejado de recaudar con motivo de dicha deducción.
Como consecuencia sólo se ha beneficiado a cierto número reducido de contribuyentes, que en su mayoría son grandes empresas, los cuales se aprovechan directamente de este estímulo, en demérito de la recaudación fiscal. Y lo que es peor, el ahorro que estos contribuyentes han logrado no necesariamente se ha traducido en una mayor inversión o en generación de empleos en el país.
Todos sabemos que estos activos pierden su valor poco a poco. La contabilidad generalmente aceptada se basa en que por lo general una máquina pierde cada año 10 por ciento de su valor. Por otra parte, una construcción dura mucho más tiempo antes de perder todo su valor, en cuyo caso el porcentaje de depreciación anual debería ser menor. Los terrenos casi nunca pierden valor, sino, por el contrario, ganan valor porque en la mayoría de los casos se aprecian cada año.
No hay entonces una justificación para que una empresa que adquiere maquinaria, terrenos, construcción u otros activos fijos, mismos que le van a durar varios años antes de ser inservibles, cargue al costo del primer año todo el importe de esas inversiones y reporte cero utilidades, arrastrando pérdidas año tras año.
Luego entonces, el argumento de que la depreciación acelerada incentiva la inversión no se sostiene a la luz del comportamiento de la inversión y de nuevo, son las empresas más grandes las que mayores adquisiciones de maquinaria y terrenos pueden hacer, por tanto las que más se benefician.
Por lo anterior, se propone eliminar esta deducción a fin de que, con el aumento de recaudación que esta medida generará, se obtengan ingresos para apoyar a los grupos de la sociedad menos favorecidos.
Impuesto definitivo y del 35 por ciento sobre dividendos o utilidades, considerando el 28 por ciento del ISR corporativo vigente
En los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la tasa del gravamen para los dividendos ha sido objeto de debate e interés en los últimos años, tomando en consideración que normalmente las utilidades se gravan a nivel corporativo y de nuevo cuando se reparte como dividendos. Uno de los principales puntos ha sido evitar la doble tributación, aunque ésta ha sido resuelta mediante la introducción de sistemas de créditos fiscales o tasas reducidas de dividendos en términos de los parámetros impositivos para estos países.
La tasa promedio de los países de la OCDE en materia de dividendos es de 43.8 por ciento y en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, la tasa se ubica en 46.8 por ciento. En otros países la tasa llega alcanzar un límite superior mayor al 50 por ciento. Por otra parte, la diferencia entre la tasa de dividendos y la del impuesto al ingreso corporativo es de 13 por ciento en promedio para la OCDE, siendo Corea el país que tiene la menor diferencia que es de 7 por ciento.
México es el único país de esta organización que no grava los dividendos, ya que nuestra legislación contempla la misma tasa para este rubro con respecto a la tasa general del impuesto sobre la renta, por lo que el primero se piramida y se acredita totalmente, lo que se traduce en una tasa idéntica al ISR corporativo para este concepto.
Con esta relevante reforma, México estaría dando los primeros pasos para lograr una convergencia impositiva con respecto a los países miembros de la OCDE, aunque estaría más de diez puntos debajo de la tasa impositiva de su principal socio comercial.
Por otra parte, se propone evitar la doble tributación manteniendo el acreditamiento al 100 por ciento del ISR empresarial, quedando desde el inicio con la tasa más competitiva de la OCDE y con el mecanismo de acreditamiento más avanzado que se utiliza en sólo algunos países de la organización mencionada y Estados Unidos.
Por ello, se propone reformar los artículos 11 y 165, para que el impuesto sobre dividendos sea un pago definitivo de 35 por ciento, y no se acumule a los demás ingresos, para lo cual los dividendos que provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta (Cufin) sólo paguen un 7 por ciento adicional al 28 por ciento que corresponde al ISR corporativo no se vea afectado y se vea estimulado el ciclo de reinversión de las empresas, al tiempo que se procura progresividad a un sistema fiscal concentrado y monopolizado, como ocurre en México en coherencia con las recientes críticas de relevantes organismos internacionales.
Donativos deducibles en un 50 por ciento y reglas de control a campañas de redondeo
Para que una organización de la sociedad civil (OSC) tenga capacidad legal para expedir comprobantes de donativos deducibles de impuestos, se requiere una autorización especial de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pues de acuerdo a nuestra legislación fiscal vigente las donaciones otorgadas a las organizaciones autorizadas tienen el mismo rango que los costos indispensables de operación de las empresas.
En México existen aproximadamente 20 mil OSC; 8 mil 451 son privadas, no lucrativas y de servicios a terceros y otras 8 mil 320 son operativas. De acuerdo a los datos disponibles, el 42.52 por ciento (3 mil 594 organizaciones) cuentan con la clave única de inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (Cluni), lo que les permite recibir fondos federales.
Las OSC se sostienen mediante tres fuentes de financiamiento:
Las principales figuras jurídicas de las OSC son: asociación civil, institución de asistencia privada, asociación de beneficencia privada, institución de beneficencia privada y sociedad civil.
Las OSC están sujetas a un régimen fiscal específico: el régimen de personas morales con fines no lucrativos, establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta, Título III, la cual las exime del pago de dicho impuesto.
El artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) clasifica a las organizaciones no lucrativas en dos grupos: 1) personas morales con fines no lucrativos, y 2) personas morales con fines no lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles (donatarias autorizadas).
Ambos tipos de organizaciones comparten la ventaja de estar exentas del impuesto sobre la renta. Las donatarias autorizadas, tienen la prerrogativa de poder emitir recibos deducibles de impuestos para las donaciones que reciban; lo cual las ubica en una situación privilegiada dentro del sistema fiscal.
Un dato relevante es que México es una de las pocas naciones en el mundo que no establece límites al valor de la deducción fiscal ni a su monto, lo que se traduce en que por cada peso donado, las personas morales y físicas resta el valor total de lo que tendrían que pagar por ISR desde su utilidad fiscal neta.
En consecuencia, estos donativos se convierten en recursos cien por ciento públicos.
Esta situación, que sólo puede entenderse como de fomento temporal, ha inducido un conjunto de comportamiento perversos en donde muchas personas morales crean organizaciones no lucrativas con el principal fin de evadir el impuesto sobre la renta mediante operaciones de triangulación y donaciones cruzadas, planeaciones de elusión fiscal a través intercambio de servicios y donaciones en especie, ya que no existe un costo de transacción fiscal individualizado por cada donación, por lo que se obtienen transferencias con un descuento igual al valor de lo que deberían pagar por ISR.
Por ello se propone reformar los artículos 31 en su fracción I y 176, en su fracción III, a fin de que los donativos sean deducibles en un 30 por ciento para evitar abusos.
Asimismo se reforma el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación y se adiciona una fracción XXI al artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para que los programas de redondeo en centros comerciales o tiendas al público en general, tengan la obligación de informar y dictaminarse, se persigue el tener la seguridad de que la gente que dona su cambio para fines sociales no sea utilizado en forma incorrecta, para asegurar que quede debidamente amparado en su comprobante de venta y registro en contabilidad como una cuenta a terceros, a fin de que no sea utilizada indebidamente por el contribuyente que lo retuvo.
Que el Congreso de la Unión tenga acceso a la información fiscal
El Código Fiscal de la Federación establece la figura del llamado secreto fiscal, con el objeto de que el personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación.
El secreto fiscal contenido en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación establece los casos en que dicha información se podrá proporcionar sin que se considere violación al mismo:
Sin embargo es necesario ampliar dicha reserva para que el Poder Legislativo pueda conocer información fiscal de contribuyentes a efecto de contribuir al cumplimiento de los intereses fiscales federales, pueda hacer las reformas a la legislación en materia hacendaría pertinentes y se haga efectivo el ejercicio de su facultad de control, es decir, que el honorable Congreso de la Unión tenga acceso a la información fiscal que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como un instrumento de apoyo y de complemento a las tareas de fiscalización de los recursos públicos que llevan a cabo éstos y de las facultades que constitucional y legalmente le corresponde al Poder Legislativo, para hacer más eficaz y eficiente esta tarea.
Con base en lo expuesto, por su digno conducto y con fundamento en los artículos 71, fracción I y 74, fracción IV, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del Código Fiscal de la Federación
Artículo Primero. Se reforman los artículos 11, párrafos primero, segundo, cuarto y sexto; 31, fracción I; 109, fracción XXVI; 165, párrafo primero, y 176, fracción III; se adicionan los artículos 86, con las fracciones XXI, XXII y XXIII; y 149-Bis; y se derogan el párrafo octavo y las fracciones I y II del artículo 11; los artículos 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78; el último párrafo del artículo 109; los artículos 220, 221, 221-A y 225, todos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:
Artículo 11. Las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades deberán calcular y enterar el impuesto que corresponda a los mismos, aplicando la tasa del 35 por ciento. Para estos efectos, los dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán con el impuesto sobre la renta que se deba pagar en los términos de este artículo. Para determinar el impuesto que se debe adicionar a los dividendos o utilidades, éstos se deberán multiplicar por el factor de 1.5385 y al resultado se le aplicará la tasa establecida en este párrafo. El impuesto correspondiente a las utilidades distribuidas a que se refiere el artículo 89 de esta ley, se calculará en los términos de dicho precepto.
Tratándose de las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, para calcular el impuesto que corresponda a dividendos o utilidades distribuidos, deberán considerar la tasa del 35 por ciento con la reducción del 32.14 por ciento señalada en el penúltimo párrafo del artículo 81 de esta ley.
...
Los dividendos o utilidades que provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta que establece esta Ley, pagarán el 7 por ciento, el cual tendrá el carácter de definitivo.
...
Cuando los contribuyentes a que se refiere este artículo distribuyan dividendos o utilidades y como consecuencia de ello paguen el impuesto que establece este artículo, no podrán acreditar dicho impuesto.
(Se deroga)
Artículo 31. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos:
Artículo 64. (Se deroga)
Artículo 65. (Se deroga)
Artículo 66. (Se deroga)
Artículo 67. (Se deroga)
Artículo 68. (Se deroga)
Artículo 69. (Se deroga)
Artículo 70. (Se deroga)
Artículo 71. (Se deroga)
Artículo 72. (Se deroga)
Artículo 73. (Se deroga)
Artículo 74. (Se deroga)
Artículo 75. (Se deroga)
Artículo 76. (Se deroga)
Artículo 77. (Se deroga)
Artículo 78. (Se deroga)
Artículo 86. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este Título, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, tendrán las siguientes:
Artículo 109. ...
...
No será aplicable la exención establecida en esta fracción cuando la enajenación de las acciones se realice fuera de las bolsas señaladas, las efectuadas en ellas como operaciones de registro o cruces protegidos o con cualquiera otra denominación que impidan que las personas que realicen las enajenaciones acepten ofertas más competitivas de las que reciban antes y durante el periodo en que se ofrezcan para su enajenación, aun y cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores les hubiese dado el trato de operaciones concertadas en bolsa de conformidad con el artículo 179 de la Ley del Mercado de Valores.
Tampoco será aplicable lo dispuesto en esta fracción si la enajenación se hace por oferta pública y durante el periodo de la misma, las personas que participen en ella, no tienen la posibilidad de aceptar otras ofertas más competitivas de las que se reciban con anterioridad o durante dicho periodo, y que de aceptarlas se haya convenido una pena al que la realiza.
En los casos de fusión o de escisión de sociedades, no será aplicable la exención prevista en esta fracción por las acciones que se enajenen y que se hayan obtenido del canje efectuado de las acciones de las sociedades fusionadas o escindente si las acciones de estas últimas sociedades no cumplían las condiciones que establece el primer párrafo de esta fracción.
Artículo 149-Bis. En los casos en que no aplique la exención prevista en la fracción XXVI, del artículo 109 de esta Ley, el intermediario financiero que intervenga en la enajenación de acciones realizada en bolsa de valores concesionada en los términos de la Ley del Mercado de Valores, deberá, en términos de este capítulo:
Cuando las personas físicas sufran pérdidas en la enajenación de acciones, podrán disminuirlas del impuesto anual en los términos de este Capítulo.
Artículo 165. Las personas físicas no acumularan a sus demás ingresos, los percibidos por dividendos o utilidades. Asimismo, dichas personas físicas consideraran como impuesto sobre la renta definitivo el determinado en los términos del artículo 11 de esta ley. Se deberá solicitar la constancia a que se refiere la fracción XIV del artículo 86 de esta Ley, en informar en la declaración anual, las cantidades retenidas por impuesto sobre la renta y el monto de los dividendos o utilidades obtenidas.
...
...
Artículo 176. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:
...
...
...
Artículo 220. (Se deroga)
Artículo 221. (Se deroga)
Artículo 221-A. (Se deroga)
Artículo 225. (Se deroga)
Artículo Segundo. Se reforman los artículos 32-A, fracción II; y 69, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:
Artículo 32-A. Las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales que se encuentran en alguno de los supuestos de las siguientes fracciones, están obligadas a dictaminar, en los términos del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, sus estados financieros por contador público autorizado.
I. ...
II. Las que estén autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En este caso, el dictamen se realizará en forma simplificada de acuerdo con las reglas generales que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así como las que lleven al cabo programas de redondeo en ventas al público en general con la finalidad de utilizar u otorgar fondos, para si o con terceros.
Artículo 69. ...
La reserva a que se refiere el párrafo anterior no será aplicable tratándose de las investigaciones sobre conductas previstas en el artículo 400-Bis del Código Penal Federal, que realice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De igual forma no se considerará violación a lo dispuesto en el párrafo anterior la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública, de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de investigación a que se refiere el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del Congreso de la Unión, sobre información fiscal de contribuyentes, protegiendo los datos personales, para realizar estudios y dictámenes de evaluación económica de los ingresos y los egresos federales, ejercer las facultades de fiscalización de los recursos públicos y realizar la investigación objeto de éstas.
Disposiciones TransitoriasArtículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo por lo dispuesto en el artículo Segundo Transitorio siguiente.
Artículo Segundo. La derogación de los artículos 64 al 78 de la presente ley entrará en vigor el 1 de enero de 2010, y para tales efectos se estará a lo siguiente:
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Con su permiso, presidente.Honorable asamblea, hoy será entregada a esta soberanía la propuesta del Ejecutivo federal para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.
En las últimas semanas se han planteado diversas propuestas para subsanar la caída de los ingresos y tener la capacidad de contar con un presupuesto suficiente para atender las necesidades del país e impulsar su desarrollo.
En Nueva Alianza hemos propuesto una discusión amplia que incluya reformas integrales, a fin de que además de dar recursos al Estado para cumplir sus obligaciones, nos permita, como nación, impulsar un nuevo modelo económico justo, equitativo y con mejor distribución de la riqueza.
Los legisladores tenemos la oportunidad de convocar a la nación para hacer los cambios necesarios y recuperar la senda del crecimiento económico. Sin embargo, la gente nos exige acciones inmediatas, servicios de educación, salud y seguridad. El combate a la pobreza no puede esperar ni debe sufrir recortes, pues es estratégico para el bienestar de la sociedad y para la construcción de las bases del futuro.
Considero que en esta legislatura existe la sensibilidad, la responsabilidad y la visión necesaria para que aprobemos las reformas de nuestras leyes a fin de hacer posible la recuperación económica sustentable, atendiendo los sectores estratégicos para nuestro desarrollo, tales como la educación, la ciencia y la salud.
Para Nueva Alianza es imperativo atender la demanda de millones de mexicanos que exigen a los servidores públicos que seamos responsables y promovamos políticas de racionalidad y austeridad presupuestal. Es condición obligada de quienes ejercemos un cargo de representación o servicio público predicar con el ejemplo. Si se pide a la sociedad sacrificio, trabajo y paciencia, es obligación de los legisladores, del Ejecutivo federal, del Poder Judicial y de los órganos autónomos prescindir de prestaciones, servicios y atenciones que son percibidos como privilegios onerosos ante la crisis.
En Nueva Alianza estamos convencidos de que los ahorros o las economías que se pueden generar al implantar medidas de austeridad en áreas como servicios personales, gastos médicos mayores, bonos de servidores públicos, gastos en comunicación social, percepciones extraordinarias, gastos de representación, teléfonos celulares, combustibles, viajes y automóviles de funcionarios de los tres poderes pueden destinarse prioritariamente a complementar el presupuesto de educación, ciencia y tecnología. El compromiso del Estado con la educación debe ser incuestionable.
La inversión en educación, ciencia y tecnología es estratégica y prioritaria para el presente y para el porvenir del país. Invertir en educación es invertir en el futuro. La educación es y seguirá siendo la vía para formar mexicanos y mexicanas más preparados para incorporarse al sector productivo, más críticos y exigentes, tolerantes y más participativos para consolidar nuestra democracia. Sólo a partir de un apoyo firme a reformas como la que proponemos, podremos cumplir con la sociedad que nos demanda.
Para Nueva Alianza, destinar más recursos a educación, ciencia y tecnología, y mantener servicios de salud de calidad e invertir en una política no de combate a la pobreza sino de apoyo para el desarrollo de las familias que viven en situación de pobreza, es fundamental para construir una sociedad más igualitaria. Nuestra propuesta es promover desde el Poder Legislativo un perfil de gasto que defienda y dé consistencia a los compromisos fundamentales consagrados en nuestra Constitución.
Como diputada integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, comprometida con reformas legislativas orientadas a contribuir al beneficio de la sociedad y preocupada por la insuficiencia de recursos fiscales, propongo lo siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Artículo primero. Se reforma el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:
Artículo 61. Los ejecutores del gasto, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las metas de los programas sociales aprobados en el Presupuesto de Egresos.
Los ejecutores del gasto están obligados a tomar las siguientes medidas de austeridad, a fin de racionalizarlo: eliminar erogaciones para servicios personales y seguros médicos, y reducir el número de direcciones generales adjuntas, así como el pago de telefonía celular, la compra de vehículos y prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias; también las de comunicación social y administrativas no vinculadas a la atención de la población.
Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse en los términos de las disposiciones generales aplicables a la inversión en educación, ciencia y tecnología.
El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, establecerá un programa de mediano plazo para promover la eficiencia y la eficacia en la gestión de la administración pública federal, mediante acciones que modernicen y racionalicen las prestaciones de los servicios públicos, promuevan la productividad en el desempeño de las funciones de las dependencias y entidades, y reduzcan gastos de operación. Dichas acciones deberán orientarse a lograr mejoras continuas de mediano plazo que permitan, como mínimo, medir con base anual su progreso.
Las dependencias y entidades deberán cumplir los compromisos e indicadores del desempeño de las medidas que se establezcan en el programa a que se refiere el párrafo anterior. Dichos compromisos deberán formalizarse por los titulares de las dependencias y las entidades, y el avance en el cumplimiento se reportará en los informes trimestrales.
Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 8 de septiembre de 2009. Es cuanto, presidente.
«Iniciativa que reforma el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Cora Cecilia Pinedo Alonso , diputada federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar que se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de acuerdo con la siguiente
Exposición de MotivosEn el actual contexto, caracterizado por una caída histórica de nuestra economía y un escenario en el que las autoridades financieras del país mencionan un ``boquete fiscal'' estimado en 300 mil millones de pesos, es obligatorio que todos los actores políticos y sociales asumamos nuestra responsabilidad y propongamos alternativas viables para generar los mecanismos que permitan incrementar los ingresos, y las acciones necesarias para racionalizar el gasto público en áreas que en el momento actual resultan onerosas y suntuarias.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos que es necesario y urgente promover las reformas de nuestros instrumentos jurídico-económicos, en un sentido estructural para hacer posible un cambio en los niveles de crecimiento de nuestra economía, sobre todo en la coyuntura que vivimos de crisis financiera internacional, fenómeno que ha hecho evidentes los problemas estructurales de nuestro modelo económico y de nuestro mercado interno, factores que son determinantes para el pobre desempeño que como nación hemos tenido en términos de desarrollo 1 en los últimos años.
Debido al estado de nuestra economía y las necesidades del país urge tomar acciones inmediatas en materia presupuestal para hacer posible detener la caída del crecimiento y compensar la falta de recursos para cubrir las prioridades en materia de política social, educación, salud e inversión en el corto plazo, 2 sentando las bases para consolidar la recuperación para el próximo año. 3
La racionalidad y austeridad presupuestal, son condiciones obligadas para el sector público, nos referimos al Poder Ejecutivo; al Poder Judicial; al Poder Legislativo y a los organismos autónomos, que pueden modificar su gasto sin afectar la política social, la calidad de los servicios públicos, ni el gasto vinculado directamente a la atención de la población.
En el presente año, el Ejecutivo ya instrumenta medidas de ajuste al respecto por un monto de aproximadamente 85 mil millones de pesos en algunos rubros; 4 sin embargo, son insuficientes ante el tamaño del ``boquete fiscal'' que enfrenta nuestra economía para el 2010.
En Nueva Alianza estamos convencidos de que los ahorros o economías que se pueden generar por instrumentar medidas de austeridad en áreas como los servicios personales, gastos médicos mayores, bonos de servidores públicos, gastos en comunicación social, percepciones extraordinarias de funcionarios de los tres poderes, gastos de representación, teléfonos celulares, combustibles, viajes y automóviles pueden destinarse prioritaria mente a complementar el presupuesto de educación, ciencia y tecnología.
El compromiso de las políticas públicas y en especial de la política presupuestal con la educación debe ser incuestionable, por ello debe ampliarse y profundizarse, asignándole mayores recursos.
El gasto y la inversión en educación son estratégicos y prioritarios, sobre todo a la luz de los pobres resultados obtenidos por nuestro país en los últimos años en materia de competitividad, crecimiento y productividad de la economía.
La educación es una de las vías para fortalecer el capital humano, la ciudadanía, la movilidad social, empleos de calidad, mejores niveles de productividad, el crecimiento económico y el bienestar social.
Sólo con el apoyo de reformas como la que proponemos podremos cumplir paulatina y plenamente con este derecho constitucional fundamental, el derecho a la educación plasmado en el artículo tercero constitucional.
Para Nueva Alianza, posibilitar esto es un compromiso, sobre todo en la situación actual en la que se pretende redefinir el perfil del Estado, el modelo económico y las políticas públicas en un contexto condicionado y limitado por serias restricciones fiscales y financieras.
No compartimos la posición de consolidar un Estado mínimo, proponemos una nueva, eficaz y eficiente participación del Estado y sus instituciones en la regulación económica, siempre priorizando el gasto social, en especial en educación.
Perseguir un Estado ``mínimo'' cambió el modelo de intervención y nos ha alejado de la promoción del desarrollo y del bienestar social. Nuestra estrategia es gestionar desde el legislativo un perfil de gasto que defienda y dé consistencia a los compromisos fundamentales consagrados en la Constitución.
Es precisamente en este sentido que, como diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, comprometidos con reformas legislativas orientadas a contribuir al beneficio de la sociedad y preocupados por la insuficiencia de recursos fiscales y el pobre desempeño de la economía, proponemos la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Artículo Primero. Se reforma el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:
Artículo 61. Los ejecutores de gasto, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las metas de los programas sociales aprobados en el Presupuesto de Egresos.
Los ejecutores del gasto están obligados a tomar medidas de austeridad con el fin de racionalizar el gasto, eliminando gastos en servicios personales, seguros de gastos médicos, reducción de direcciones generales adjuntas, pago de telefonía celular, compra de vehículos y prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias, así como gastos de comunicación social y gastos administrativos no vinculados a la atención a la población.
Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en los términos de las disposiciones generales aplicables, a la inversión en educación, ciencia y tecnología.
El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría y la Función Pública, establecerá un programa de mediano plazo para promover la eficiencia y eficacia en la gestión de la administración pública federal, a través de acciones que modernicen y racionalizan las prestaciones de los servicios públicos, promuevan la productividad en el desempeño de las funciones de las dependencias y entidades y reduzcan gastos de operación. Dichas acciones deberán orientarse a lograr mejoras continuas de mediano plazo que permitan, como mínimo, medir con base anual su progreso.
Las dependencias y entidades deberán cumplir con los compromisos e indicadores del desempeño de las medidas que se establezcan en el programa a que se refiere el párrafo anterior. Dichos compromisos deberán formalizarse por los titulares de las dependencias y entidades, y el avance en su cumplimiento se reportará en los informes trimestrales.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Notas: 1 El promedio de crecimiento económico de los últimos diez años es de sólo 3 por ciento anual: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 2 El crecimiento del producto interno bruto (PIB) en el primer semestre de 2009 será negativo en (-9.2 por ciento): Banco de México. 3 El Banco Mundial estima un crecimiento de la economía mexicana para 2010 de sólo 1.7 por ciento del PIB. 4 La Secretaria de Hacienda y Crédito Público instrumentó los recortes durante los meses de mayo y agosto de 2009.El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Informo a ustedes, señoras diputadas y señores diputados, que se encuentran visitándonos en este momento colonos del municipio de Ecatepec, Estado de México. Sean bienvenidos.
LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - LEY GENERAL DE SALUD
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Margarita Suárez González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, y adiciona una fracción V al artículo 389 de la Ley General de Salud.
La diputada Laura Margarita Suárez González: Con su permiso, señor presidente.Compañeras diputadas y compañeros diputados, la discapacidad es un problema que afecta a una gran parte de la población mundial, y su magnitud se acrecienta por las repercusiones en la familia y la sociedad, lo cual deriva en franco deterioro en la calidad de vida de quien la padece e incrementa los costos de atención médica.
La población con discapacidad debe ser un grupo de especial atención, principalmente porque representa un fenómeno social que tiene implicaciones sobre la dignidad de la persona. Ello demanda la acción positiva del Estado y la sociedad para generar políticas y acciones integrales para su atención. Todo gobierno tiene la obligación de responder con eficacia a las crecientes necesidades de los diferentes sectores de la sociedad, y con mayor razón si se trata de quienes se encuentran en situación adversa ante la vida. Por ello, sólo es posible si se conocen sus necesidades y demandas primordiales.
En nuestro país, a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno y sus instituciones, lamentablemente no se tienen datos confiables y actualizados acerca de la población con discapacidad debido, entre otras causas, a la falta de solidaridad y de una cultura en la que los mexicanos aprendamos a convivir, valorar y respetar las diversidades, haciendo a un lado prejuicios y estigmas que sólo nos separan como sociedad.
Si bien es cierto que con los censos se obtienen datos sobre la población del país, y sus características, también lo es que éstos tienen lugar cada 10 años. Durante este lapso, países como el nuestro, donde la dinámica de la población es permanente, requieren herramientas e instrumentos que permitan conocer de inmediato las características y las necesidades de la sociedad.
La iniciativa que reforma el artículo 8o. de la Ley General de las Personas con Discapacidad, y adiciona la fracción V al artículo 389 de la Ley General de Salud, establece que la Secretaría de Salud debe expedir el certificado de reconocimiento y medición de la discapacidad para toda persona que padezca una discapacidad permanente o definitiva, el cual permitirá que los discapacitados cuenten con un documento uniforme en todo el país que les sirva como identificación de su padecimiento, y que al mismo tiempo funcione como una herramienta estadística en la recolección y el registro de datos sobre este sector de la población.
Además, servirá como herramienta de investigación para medir los resultados de las acciones en su beneficio y los impactos que en su calidad de vida tengan las acciones de política pública.
Para las instituciones gubernamentales, el certificado se convertirá en un instrumento que le permitirá focalizar sus acciones, identificar con toda precisión a la población objetivo y planear mejor para, en consecuencia, realizar las adecuaciones necesarias que redunden en mejores acciones y programas para las personas con discapacidad.
Lo que se pretende es facilitar a las personas con discapacidad permanente el acceso al disfrute de diversos apoyos y servicios que las instituciones mexicanas tienen la obligación de brindarles. Es decir, dicho certificado servirá como un instrumento que agilizará cualquier trámite que la persona requiera cuando se dirija a las instituciones públicas, sociales y privadas.
En el Partido Acción Nacional estamos comprometidos con los sectores de la población menos favorecidos y que sufren condiciones de exclusión y marginación por su discapacidad, por lo que los invitamos a eliminar cualquier obstáculo que les impida desarrollarse con plenitud en todos los ámbitos de su vida.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, debemos emprender acciones que contribuyan al establecimiento de bases que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida nacional, en un marco de igualdad y de equiparación de oportunidades. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma el artículo 8 de la Ley General de las Personas con Discapacidad y adiciona la fracción V al artículo 389 de la Ley General de Salud, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, y adiciona la fracción V al artículo 389 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa discapacidad es un problema que afecta a una gran parte de la población mundial y su magnitud se acrecienta por sus repercusiones en la familia y en la sociedad, con franco deterioro en la calidad de vida, un incremento en los costos de atención médica y una sobrecarga económica social.
Informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) estiman que aproximadamente 10 por ciento de la población mundial padece alguna discapacidad; sin embargo, esto varía de un país a otro, conforme transcurren acontecimientos sociales o naturales que los hayan afectado, tales como epidemias, guerras y catástrofes naturales.
Por esa razón, la población con discapacidad se ha convertido en un grupo de especial atención, principalmente porque se le ha considerado como un fenómeno social que interesa desde diversas perspectivas a los sectores de la administración pública, instituciones privadas y organizaciones no gubernamentales de cada país.
Según los datos del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 80 por ciento de la población que padece una discapacidad vive en países en vías de desarrollo, mientras que en las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) las tasas de discapacidades son notablemente más altas entre los grupos con menores logros educacionales. El promedio es de 19 por ciento, en comparación con un 11 por ciento entre los que tienen más educación.
De acuerdo con el Inegi, en México el 2.3 por ciento de la población, equivalente a 2 millones 300 mil mexicanas y mexicanos, sufren de alguna discapacidad severa. Los avances extraordinarios de la medicina han producido un cambio epidemiológico, dentro del cual se encuentra el aumento de las condiciones discapacitantes. Muchas enfermedades que anteriormente ocasionaban la muerte, ahora son controladas, permitiendo que las personas sobrevivan, pero al costo de sufrir secuelas que limitan el desempeño en sus actividades personales con independencia y obstaculizan su integración social, dejando de ser productivas, con merma del presupuesto familiar.
Sin duda alguna, los datos que aporta el Inegi son valiosos, sin embargo, debido a la constante transformación del mundo y, en consecuencia, a la evolución de la sociedad mexicana, se observa que las características, situación y necesidades de su población vulnerable, específicamente de las personas con discapacidad, crecen día con día.
Es por ello que México a través de sus instituciones tiene la obligación de responder con eficiencia a las crecientes necesidades de los diferentes sectores de la sociedad, y con mayor razón si se trata de quienes se encuentran en situación adversa ante la vida. Pero sólo es posible coadyuvar en el nivel de vida de la población con discapacidad si se conocen sus necesidades primordiales.
En nuestro país, a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno y sus instituciones, lamentablemente, no se tienen datos confiables y actualizados acerca de la población con discapacidad, debido entre otras causas, a la falta de solidaridad y de una cultura en la que los mexicanos aprendamos a convivir, valorar y respetar las diversidades, haciendo a un lado prejuicios y estigmas que sólo nos separan como sociedad.
Paradójicamente, en el México del siglo XXI aún hay quienes, por ignorancia, en la mayoría de los casos, se avergüenzan de sus familiares con discapacidad, escondiéndolos y confinándolos al olvido. Por esta razón, personas con discapacidad auditiva, visual, física, sensorial y mental tanto del campo como de la ciudad, no aparecen en las estadísticas nacionales y mucho menos en las internacionales, quedando soslayados y al margen de todo beneficio de los programas sociales vigentes.
No se saben con exactitud, sobre todo en el interior de la república, datos esenciales como el tipo de enfermedad, edad, sexo, ocupación, y nivel educativo de la población con discapacidad.
Asimismo, no hay precisión acerca de aquellos lugares con mayor índice de discapacidad y cuál es su origen. Aquí cabe señalar que hace falta impulsar la investigación con el propósito de realizar estudios sociales y análisis sobre este tema, es decir, qué la causa, cuáles son sus consecuencias y cómo se previene.
Se hace mención del resto del país porque, desafortunadamente, sólo es en el Distrito Federal donde hay más información y sensibilización por parte de la sociedad, debido a que es en esta ciudad donde se concentran todos los servicios, existiendo una cultura más abierta sobre la problemática de la discapacidad.
Y si en la propia ciudad capital se desconocen datos de esta población, pues con mayor razón quedan marginados quienes viven en el campo; sin servicios suficientes, carentes de centros de rehabilitación y de salud, sin saber siquiera, qué es la educación especial, negándosele toda posibilidad de acceso a la cultura y el deporte. Ignorar sus necesidades significa una falta de compromiso por parte del Estado y de sus instituciones hacia los más desprotegidos para mejorar sus condiciones de vida.
Si bien es cierto que a través de los censos es como se puede llegar a una aproximación de datos sobre la población de un país, también lo es el hecho de que un censo de población es un evento que, per se, tiene lugar cada determinado tiempo. Y durante este lapso, países como el nuestro, donde la población está en constante expansión, requieren de un mayor esfuerzo para legislar conforme a las nuevas necesidades que emanen de una sociedad moderna.
Y una sociedad moderna es aquella que, entre otros avances, tiene la capacidad de proporcionar a la persona vulnerable, las facilidades para que desde la cotidianidad pueda realizar toda actividad, evitándole cualquier obstáculo que le impida desarrollarse con plenitud en todos los ámbitos de su vida.
Quizá una buena parte de la sociedad que no padece tal problemática ignore el hecho de que no todas las discapacidades son visibles ante los demás. No siempre la persona va por las calles con bastón, perro guía, silla de ruedas, muletas y otro tipo de aparatos. Existen enfermedades como la sordera, padecimiento que no identifica de inmediato la discapacidad. Y esta falta de notoriedad, como si no fuera suficiente con lo vivido diariamente, se suma a los obstáculos a vencer.
Incluso hasta en las instituciones públicas y privadas cuando la persona con discapacidad acude para solicitar algún servicio, ya sea de salud, educación, recreación, transporte, vivienda, laboral, etcétera, se encuentra con ciertas trabas debido a que la mayoría de éstas exigen un certificado de salud, que sólo tiene vigencia por determinado tiempo. Así también, las diversas embajadas, universidades y otras instituciones del extranjero requieren del mismo para otorgar sus servicios.
Podría pensarse que solicitar y obtener un documento de este tipo resulta un trámite ágil y eficiente, sin embargo, no es así, debido a que implica una inversión en tiempo y esfuerzo en el desplazamiento que llevan a cabo las personas con discapacidad. Y muchas de ellas no lo pueden hacer por las características propias de su padecimiento.
Derivado de esta problemática, urge facilitar la vida a esta población, que ya tiene bastante con la batalla diaria, con la falta de oportunidades, con los problemas de accesibilidad en las ciudades y, por si fuera poco, lidiar con una sociedad excluyente y discriminadora, por tanto, la meta debe ser siempre pensar en su beneficio; es tarea y compromiso de todos.
Las personas con discapacidad no pueden ni deben ir por la vida convenciendo a la sociedad, autoridades y, sobre todo, a quien está detrás de un escritorio, que tiene una enfermedad crónica o cualquier otro padecimiento; ni debe realizar una serie de trámites que sólo le minan tiempo y esfuerzos. Es tiempo de emprender acciones que contribuyan a la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.
Por los motivos expuestos, es necesario, de manera urgente, contar con un documento uniforme en todo el país, que sirva a las personas con discapacidad permanente o definitiva como identificación de su padecimiento, que sea similar a la credencial de elector en el sentido que contenga los datos de cada persona, es decir, su nombre, domicilio, sexo, fecha y lugar de nacimiento y, lo más relevante, su tipo y grado de discapacidad. Dicho documento deberá estar avalado por un equipo de especialistas y tendrá validez en todo el país, desde el lugar más recóndito hasta las grandes y modernas ciudades.
Ante este panorama, se pone a consideración la creación en México de un Sistema para el Reconocimiento y Valoración de la Discapacidad, que funcionará de la siguiente manera:
La Secretaría de Salud se encargará de otorgar un certificado de discapacidad permanente o definitiva, que será expedido por un equipo multidisciplinario de especialistas, que a través del trabajo en equipo valorará y calificarán a cada persona, asignándole una calificación o grado en porcentajes de su discapacidad.
Que los criterios de calificación y grados de porcentajes serán establecidos, como en el resto del mundo, siguiendo las pautas marcadas por la OMS. Al respecto, cabe mencionar que actualmente la Secretaría de Salud lleva a cabo la preparación de especialistas en materia de codificación y clasificación del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, utilizando las clasificaciones internacionales desarrolladas por la OMS y que pueden ser aplicadas en distintos aspectos de la salud. Por tanto, se puede considerar que existen los instrumentos y mecanismos para que dicha dependencia pueda emitir la clasificación nacional de discapacidades, y el certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad.
También es importante destacar que la Secretaría de Salud lleva a cabo esta tarea a través del Centro Colaborador para la Familia de Clasificaciones Internacionales de la OMS en México (Cemece). Este es el centro nacional de referencia para promover y vigilar el uso correcto de las clasificaciones Internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en México, entre las que destacan la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), la Clasificación del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF) y la Clasificación de Procedimientos en Medicina (CPM) y para asesorar a los usuarios de estas clasificaciones en la solución de los problemas detectados durante su aplicación. 1
Que este certificado servirá como un documento de identificación de la discapacidad, por tanto, será de obligatoriedad portarlo cuando la persona con discapacidad permanente o definitiva acuda a realizar algún trámite ante cualquier institución, y será válido para toda la vida, esto es, desde el nacimiento y detección de la discapacidad hasta la muerte de la persona.
Cabe aclarar que dicho certificado no tendrá ninguna relación con el certificado de incapacidad o invalidez laboral que expiden las instituciones de seguridad social, puesto que sus objetivos son diferentes. Este último sirve como parámetro para definir los montos de las pensiones, y el certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad busca ser un documento de identificación de la discapacidad que derive en diferentes beneficios para este sector de la población.
Lo que se pretende es facilitar a la persona con discapacidad permanente o definitiva el acceso al disfrute de diversos derechos que las instituciones mexicanas tienen la obligación de brindarle, obedeciendo a nuestra Constitución Política; es decir, desde la salud, educación, alimentación, vestido, empleo, recreación, cultura, deporte, etcétera, y será una de sus principales características:
Su expedición será gratuita, ágil, especializada, estandarizada y eficiente. Además, con los datos obtenidos del certificado de discapacidad, la Secretaría de Salud podrá proporcionar información confiable y actualizada a institutos, por ejemplo al Inegi, y demás instituciones educativas, sociales, culturales o de otra índole, así como a organizaciones y asociaciones interesadas en la investigación y en todo lo concerniente al tema de la discapacidad en México.
Con el manejo de esta información, nuestro país, sin duda alguna, logrará grandes avances en lo referente a la credibilidad de la sociedad hacia el Estado y sus instituciones, quedando no solamente en el discurso político la pretensión de satisfacer las necesidades de su población con discapacidad sino que de ahora en adelante tendrá cifras, estudios y estadísticas precisas de esta población vulnerable, lo que conllevará a una oportuna y rápida atención.
Conviene decir que el Certificado de Reconocimiento y Medición de la Discapacidad se aplica en los países de la Unión Europea, y sería la primera vez que en México se instrumentara una propuesta de esta naturaleza, cuya pretensión, en concordancia con las instituciones ya existentes y dedicadas a trabajar en favor de la discapacidad, sea servir como una herramienta para registrar, actualizar, valorar, calificar y canalizar a toda persona con discapacidad que lo requiera a las instituciones correspondientes, a fin de contribuir lo mejor posible a su integración social y productiva del país.
Fundamentalmente, el valor actual de este documento estriba en el derecho que otorga a las personas con discapacidad para acceder a los beneficios sociales y económicos específicos relativos a los programas y servicios de salud, educación, empleo, participación en la comunidad, ocio, adaptación y adquisición de vivienda, transporte, prestaciones económicas, apoyos personales y reducciones de impuestos, entre otros.
Sin duda el valor social de este documento ha ido creciendo al amparo de los cambios positivos que se han ido produciendo en materia de política social. También por la evolución que se ha ido experimentando en la valoración de la discapacidad en donde se evalúa a la persona en relación a su medio social y comunitario, es decir las deficiencias y capacidades, así como los programas, servicios y apoyos individuales y colectivos que precisa y de los que dispone. Estos cambios están propiciando que se vaya tratando la diversidad como una cuestión social, englobando a la persona, a la familia y a la sociedad.
En México, implantar este sistema de reconocimiento, valoración y calificación de las discapacidades, traerá en consecuencia, la protección por parte del Estado, brindándole a la persona con discapacidad los siguientes beneficios:
Que la persona al padecer de alguna discapacidad, cualquiera que sea su origen, el Estado, a través de la Secretaría de Salud, se hará responsable, expidiéndole un certificado de discapacidad mediante el cual le otorgará todos los derechos correspondientes de las instituciones mexicanas.
Que en el aspecto administrativo, dicho certificado servirá como un instrumento que agilizará cualquier trámite que la persona requiera cuando se dirija a las diversas instituciones mexicanas como son las Secretarías de Salud, de Educación Pública, de Gobernación, Desarrollo Social, Trabajo, Hacienda y Crédito Público, etcétera.
Que con el certificado de discapacidad la persona accederá de inmediato a una serie de beneficios, como son:
Asimismo, este reconocimiento y calificación de la discapacidad, coadyuvará en las siguientes tareas:
La Ley General de las Personas con Discapacidad, en su artículo octavo, establece que la Secretaría de Salud en coordinación con el Consejo, será la encargada de emitir la Clasificación Nacional de Discapacidades. Con el objeto de no romper con la estructura y orden de la ley, es en este artículo donde se incorpora la disposición para que dicha dependencia también otorgue el certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad.
Por otro lado, al conferirle a la Secretaría de Salud la atribución de otorgar dicho certificado, es necesario realizar otra modificación en la Ley General de Salud, específicamente en el precepto que le da la atribución a la Secretaría de extender diferentes certificados. En este sentido, se hace indispensable adicionar entre los certificados que extiende, el de reconocimiento y calificación de discapacidad. Por último, es importante aclarar que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional presentó durante la LX Legislatura una iniciativa con el mismo objetivo, por lo que la presente propuesta retoma dicha iniciativa buscando reforzarla y enriquecerla con el fin de lograr un mejor impacto en los sectores de población beneficiarios.
En atención a lo anteriormente expuesto, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de:
Decreto que reforma la Ley General de las Personas con Discapacidad, y adiciona la Ley General de Salud.
Artículo Primero. Se reforma el artículo 8 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:
Artículo 8. La Secretaría de Salud, en coordinación con el consejo, emitirá la clasificación nacional de discapacidades; y otorgará a las personas con discapacidad permanente o definitiva un certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad con validez nacional, y como documento oficial para certificar la discapacidad ante la dependencia e instituciones públicas o privadas que lo requieran.
Artículo Segundo. Se adiciona la fracción V al artículo 389, recorriéndose la subsecuente, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 389. Para fines sanitarios se extenderán los siguientes certificados:
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría de Salud tendrá un plazo de 120 días a partir de la publicación del presente decreto para iniciar la expedición del certificado que se menciona en el artículo 8o. del mismo, y para realizar las adecuaciones reglamentarias necesarias.
Nota: 1 http://sinais.salud.gob.mx/cemece/acercade/index.htmlEl Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Salud. En tanto se integran las comisiones, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
LEY DEL SEGURO SOCIAL
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, para crear el seguro de desempleo para la protección del trabajador mexicano.
El diputado Pedro Vázquez González: Con la venia de la Presidencia.Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentó durante la LIX y la LX Legislaturas la iniciativa del seguro del desempleo, por considerar que ha sido una demanda histórica de millones de mexicanos. Sin embargo, las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, dictaminaron esta iniciativa en sentido negativo el 25 de marzo de 2008. Se argumentó en su momento que el artículo 191 de la ley ya prevé que durante el tiempo que el trabajador debe estar sujeto a una relación laboral tendrá derecho a la ayuda por desempleo porque puede retirar una parte de lo que ha acumulado en su cuenta de retiro.
Con esta argumentación los diputados del PRI y del PAN votaron en sentido negativo este dictamen, porque pretenden darle una solución incorrecta a un fenómeno social como el desempleo; porque tomar recursos de la cuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez vulnera la seguridad del trabajador al disminuir la masa de recursos para su pensión cuando llegue el momento de su jubilación.
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo considera una obligación moral y política insistir en la urgencia de crear el seguro de desempleo para proteger de los embates de la crisis a los mexicanos que son lanzados al desempleo. Para nosotros el desempleo tiene que ver con la manera específica en que se organiza la producción capitalista, donde los fabricantes tienden a invertir cada vez más en maquinaria, instrumentos de trabajo, materias primas, lubricantes, etcétera, y en menor proporción en la fuerza de trabajo.
El resultado final de este proceso es que con el paso del tiempo los obreros son sustituidos por el mayor uso de máquinas y lanzados al desempleo. Este fenómeno de desplazamiento del trabajo por el capital es consustancial al sistema capitalista.
Asimismo, el comportamiento cíclico de la economía capitalista se convierte en otra fuente de desempleo, porque en épocas de crisis recesivas o represivas el desempleo tiende a crecer como resultado del despido de cientos de miles de trabajadores de las actividades económicas.
En el caso específico de México el desempleo empezó a convertirse en un fenómeno permanente del sistema económico desde los años cuarenta del siglo pasado, debido al rápido proceso de industrialización que emprendió el país desde esa década.
Las crisis de los años setenta y ochenta, así como las más recientes y la actual, han generado un desempleo masivo en la economía mexicana. A julio de 2009 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estima que el desempleo abierto de la economía mexicana es de 6.12 por ciento respecto al total del población económicamente activa (PEA), que está formado por más de 45.7 millones de mexicanos.
Sin embargo, esta cifra de desempleo abierto es totalmente engañosa, porque la metodología que se utiliza para estimar el cálculo es insuficiente y no representa la realidad del mercado laboral en relación con el desempleo que aqueja actualmente a la población mexicana.
Por otra parte, más de 25 millones de nuestros compatriotas que representan más de la mitad del PEA no tienen prestaciones laborales. Asimismo, 4 millones de trabajadores agrupados no tienen algún tipo de trabajo y solamente sobreviven de las propinas que reciben en gasolinerías y restaurantes, y por custodia vehicular en los centros comerciales o departamentales como franeleros o limpiaparabrisas.
También se acrecentó el número de mexicanos pobres. La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) estima que en 2009 hay más de 55 millones; es decir, más de la mitad del total de la población. Y en pobreza extrema dicha secretaría reconoce oficialmente a más de 20 millones de mexicanos.
Por esa razón, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo está convencido de que los problemas de desempleo que enfrentan millones de nuestros compatriotas debe tener una solución inmediata. Nuestra propuesta va en el sentido de crear un seguro de desempleo para los trabajadores mexicanos, en virtud de que es indispensable dotarlos de recursos que les permitan sobrellevar la actual coyuntura de la economía.
Además, si en otras partes del mundo este seguro existe desde hace décadas, por qué en nuestro país no vamos a proteger a nuestros compatriotas que están desempleados en estos tiempos críticos.
Proponemos que los recursos financieros para sostener el programa de seguro de desempleo sean aprobados por la Cámara de Diputados y transferidos para su cometido al Instituto Mexicano del Seguro Social. También proponemos dotar de este seguro durante seis meses a 2 millones 800 mil personas, que es la cifra de desempleados que reconoce oficialmente el gobierno mexicano en julio del presente año.
El monto de estos recursos debe ser financiado con los recursos que existen en diversos fondos y fideicomisos de carácter análogo que ha creado el gobierno federal en la presente administración, cuyo monto es de 500 mil millones de pesos, conforme lo reportado en el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del segundo trimestre de 2009.
Solicito, señor presidente, que la presente iniciativa sea publicada de manera íntegra en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates de esta Cámara. Y se la entrego a la Secretaría. Es cuanto, señor presidente.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a fin de crear el seguro de de-sempleo para la protección del trabajador mexicano, a cargo del diputado Pedro Vázquez González , del Grupo Parlamentario del PT
Las y los suscritos, diputados federales a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Título Séptimo y un Capítulo Único a la Ley del Seguro Social, para crear el programa Seguro de Desempleo para protección del trabajador mexicano, con base en la siguiente
Exposición de MotivosEl Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentó durante las LIX y LX Legislaturas la iniciativa del seguro de desempleo, por considerar que ha sido una demanda histórica de millones de mexicanos afectados por el sistema económico vigente, al no brindarles la oportunidad de de-sarrollarse en el campo laboral.
Sin embargo, las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social dictaminaron esta iniciativa en sentido negativo el 25 de marzo de 2008, utilizando argumentos que no tienen relación con el sentido de la propuesta en comento al señalar que la Ley del Seguro Social ya prevé en su artículo 191 que durante el tiempo que el trabajador deje de estar sujeto a una relación laboral, tendrá derecho a la ayuda por desempleo, que consiste en poder retirar de su cuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, la cantidad que resulte menor entre setenta y cinco días de su propio salario base de cotización de las últimas doscientas cincuenta semanas o el diez por ciento del saldo de la propia cuenta, a partir del cuadragésimo sexto día natural contado desde el día en que quedó desempleado.
Con esta argumentación, los diputados del PRI y del PAN que votaron en sentido negativo este dictamen pretenden darle una solución incorrecta a un fenómeno social como es el desempleo, porque tomar recursos de la cuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, vulnera la seguridad del trabajador al disminuir la masa de recursos para su pensión cuando llegue el momento de su jubilación.
En este contexto, dada la magnitud de la actual crisis económica que azota a nuestro país y el creciente desempleo que ha provocado, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo considera una obligación moral y política insistir en la urgencia de crear el seguro de desempleo para proteger de los embates de las crisis a los mexicanos que son lanzados al desempleo.
El Partido del Trabajo tiene claro que las crisis no son los únicos momentos en que millones de trabajadores pierden sus empleos, sino que el sistema capitalista genera desempleo de manera permanente, porque los fabricantes organizan la producción de una manera específica en la que invierten cada vez más en maquinaria, instrumentos de trabajo, materias, primas, lubricantes, etcétera, y cada vez menos en mano de obra, porque lo que buscan no es dar empleo a los habitantes de un país, sino valorizar su capital para obtener altas ganancias. Entonces, lo que hacen es combinar sus inversiones en una proporción tal, que el monto destinado a la mano de obra genere los beneficios requeridos por sus inversiones.
Por esa razón, conforme pasa el tiempo van siendo desplazados los trabajadores de las fábricas, toda vez que la inversión capitalista se hace con arreglo a ese fin. Este desempleo forma al ejército industrial de reserva al que se le suman las personas que a pesar de contar con un empleo, sus condiciones salariales son tan pobres, que están dispuestos a emigrar a otros trabajos si éstos existieran.
En estas circunstancias, el desempleo alude a la situación en la que una persona no encuentra oportunidad de ser ocupada de manera formal en una actividad remunerativa.
El desempleo es un fenómeno que deriva del comportamiento estructural de la economía y puede explicarse por varias razones:
La primera es de carácter histórico, pues se vincula al despojo de las tierras de los campesinos y la transformación de éstos en obreros asalariados que para poder subsistir tienen que vender su fuerza de trabajo.
Las tierras despojadas son convertidas en propiedad privada y utilizadas para producir bienes que son lanzados al mercado de forma generalizada.
Muchos de los campesinos despojados vuelven a ser ocupados en la propia agricultura en calidad de asalariados, pero la gran mayoría tiene que emigrar a la ciudad donde son absorbidos parcialmente en la industria, el comercio y los servicios, pero otra gran parte no encuentra ocupación y pasa a formar parte de los desempleados o bien se ocupan en actividades informales.
La segunda tiene que ver con el comportamiento de una parte del capital que es invertido en el proceso productivo.
Nos referimos al conjunto de medios de producción representado por el capital físico invertido en relación a la cantidad de obreros ocupados para movilizar esa inversión.
Esta inversión física crece como tendencia histórica, de forma más rápida que la cantidad de obreros ocupados en una rama productiva o en una empresa.
Esto provoca, con el paso del tiempo, que los obreros sean sustituidos por el mayor uso de máquinas. Mientras que la cantidad de obreros ocupados va siendo desplazada del proceso productivo y lanzada al desempleo. Este fenómeno de desplazamiento del trabajo por el capital es consustancial al sistema capitalista.
Una tercera razón tiene relación con la tendencia del propio desarrollo capitalista, que va intensificando la competencia entre los mismos empresarios, donde muchos desa-parecen y su lugar es ocupado por el más competitivo.
La competencia entre empresarios por el control de los mercados se convierte en otra fuente adicional de desempleo, por la quiebra de empresas, la fusión o absorción de algunas de ellas, que se ven sometidas a rígidos procesos de reestructuración, que al final termina con el despido de personal.
Por último, habrá que agregar el comportamiento cíclico de la economía capitalista, pues en etapas de expansión, el crecimiento de las inversiones y la prosperidad de los negocios provoca que el desempleo disminuya y repercuta favorablemente en el aumento del ingreso de los trabajadores.
En épocas de crisis recesivas o depresivas, la tendencia es opuesta, porque en estas fases el desempleo tiende a crecer como resultado del despido de cientos de miles de trabajadores de las actividades económicas.
El desempleo es un fenómeno estructural exclusivo del sistema capitalista, porque no depende de la voluntad de los individuos permanecer ociosos, sino de los factores estructurales aludidos.
En la sociedad capitalista el desempleo es un fenómeno que está presente en todo momento, incluso en etapas de prosperidad, ya que la población sobrante o que no está incorporada a las actividades productivas es un poderoso instrumento para regular los salarios y mantenerlos a la baja y con ello, favorecer el establecimiento de menores costos en las empresas y en consecuencia un aumento en las ganancias de éstas.
En el caso específico de México, el desempleo empezó a convertirse en un fenómeno permanente del sistema económico, desde los años cuarenta del siglo pasado, debido al rápido proceso de industrialización que emprendió el país desde esa década.
Este fenómeno se acrecentó y tomó dimensiones insospechadas en los años setenta y ochenta, cuando México experimentó una gran crisis estructural que fue producto del agotamiento del modelo de industrialización basado en la sustitución de importaciones y el intervencionismo keynesiano.
El proceso de creciente desempleo, se acompañó de una caída brutal del poder adquisitivo de los salarios, que alcanza de 1976 a la fecha más del 80 por ciento.
Junto a lo anterior, también se acrecentó la pobreza del pueblo mexicano, que la propia Secretaría de Desarrollo Social estima en el curso de 2009 en más 55 millones, es decir, más de la mitad del total de la población y en pobreza extrema reconoce oficialmente a más de 20 millones de mexicanos.
El Instituto Nacional de Geografía y Estadística estima que al mes de julio de 2009 el desempleo abierto en la economía mexicana es de 6.12 por ciento con respecto al total de la población económicamente activa (PEA), que está conformada por más de 45.7 millones de mexicanos.
El desempleo abierto muestra la situación en la que se encuentra una persona de 12 años o más que en la semana de referencia no tenía trabajo, pero lo buscó activamente, sin encontrarlo.
Sin embargo, esta cifra de desempleo abierto es totalmente engañosa, porque la metodología que se utiliza para estimar el cálculo es insuficiente y no representa la realidad del mercado laboral en relación al desempleo que aqueja actualmente a la población mexicana.
Por otra parte, más de 25 millones de nuestros compatriotas, que representan más de la mitad de la PEA, no tienen prestaciones laborales.
Asimismo, 4 millones de trabajadores agrupados en la PEA tienen algún tipo de trabajo en donde sólo sobreviven con las propinas que reciben, en actividades como las gasolineras, restaurantes, en labores de custodia vehicular en los centros comerciales o departamentales, como franeleros, limpia parabrisas, etcétera.
La propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su informe Perspectivas de empleo 2008, sitúa a México como uno de los países con los índices más elevados del subempleo entre las 30 naciones que integran esta organización.
Esta descripción de las condiciones laborales de nuestra nación nos sumergen en la desesperanza cuando nos enteramos que casi 6 millones ganan menos de un salario mínimo.
La desigualdad de oportunidades laborales se conjunta con la aguda concentración del ingreso, pues el 57 por ciento del ingreso nacional se encuentra en manos de sólo el 20 por ciento de los hogares mexicanos, es decir, de los más ricos, mientras el resto de la población se hunde en la miseria.
Esto nos lleva a concluir que el problema de México no es de falta de riqueza, sino la injusta distribución de ésta.
Por esa razón, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo está convencido de que los problemas de desempleo que enfrentan millones de nuestros compatriotas debe tener una solución inmediata, porque la actual crisis ha lanzado a las filas del desempleo a varios cientos de miles de trabajadores y empleados que reclaman con urgencia la protección social del Estado mexicano.
Nuestra propuesta va en el sentido de crear un seguro de desempleo para los trabajadores mexicanos.
En muchas otras partes del mundo el seguro de desempleo existe como una medida de compensación social ante la desigualdad económica y social que provoca el sistema capitalista.
Por ejemplo, en América Latina, Argentina, Chile y Brasil marchan a la vanguardia en esta materia. El caso de las naciones escandinavas resulta ejemplar, ya que el Estado es responsable de los ciudadanos desde que nacen hasta que mueren.
Las naciones desarrolladas como Estados Unidos y otros miembros de la OCDE, tienen implantada esta protección social para el trabajador.
Creemos que ha llegado la hora de cumplir con el pueblo de este país.
El Partido del Trabajo apuesta por la solución de este flagelo social, que hoy por hoy ha excluido de las oportunidades de progreso y de desarrollo social a millones de mexicanos.
Proponemos que los recursos financieros para sostener el programa Seguro de Desempleo sean aprobados por la Cámara de Diputados y transferidos para su cometido al Instituto Mexicano del Seguro Social. En las condiciones actuales de las tendencias del desempleo en nuestro país se requieren 54 mil 500 millones de pesos anuales para dotar de este seguro durante 6 meses a 2 millones 800 mil personas, que es la cifra de desempleados que reconoce oficialmente el gobierno mexicano al mes de julio del presente año. El costo de esto debe ser financiado con los recursos que existen en diversos fondos y fideicomisos de carácter análogos que ha creado el gobierno federal en la presente administración, cuyo monto es de alrededor de 500 mil millones de pesos, conforme lo reportado en el Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del segundo trimestre de 2009.
Compañeras y compañeros legisladores: por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de
Decreto que adiciona un Título Séptimo y un Capítulo Único a la Ley del Seguro Social, para crear el programa Seguro de Desempleo para protección del trabajador mexicano, para quedar como sigue:
Título Séptimo Del Seguro por Desempleo Capítulo Único De las Disposiciones Relativas al Programa Seguro de DesempleoArtículo 320. Se establece el Seguro de Desempleo como obligación del Estado mexicano para proteger a los trabajadores despedidos de su empleo por razones ajenas a su voluntad.
Este seguro será para aquellos trabajadores que acrediten su registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social o que laborando en empresas con registro fiscal, justifiquen haber perdido su empleo. Asimismo, para aquellos que teniendo la mayoría de edad, justifiquen mediante el formato que para tal efecto se establece en el artículo 321 de la presente ley, no haber encontrado empleo durante un lapso de dos meses consecutivos.
Artículo 321. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social tendrá la obligación de elaborar el formato universal de solicitud de empleo, mismo que deberá ser foliado. Dicha solicitud constará de dos partes, una que quedará en custodia de la empresa a la que el solicitante demanda empleo, y otra en poder de la persona que acude en busca de empleo; la posesión de ésta última acreditará que el solicitante, efectivamente, acudió a la empresa en búsqueda de empleo.
Artículo 322. El seguro no se otorgará a los trabajadores por cuenta propia, a los trabajadores domésticos, a menores de 18 años, a pensionados, a los que solicitan su retiro voluntario de su empleo.
Artículo 323. El monto de las indemnizaciones que por ley le corresponden al trabajador, conforme al artículo 123 constitucional, en ningún caso se podrá reducir para que pueda acceder al seguro. Los derechos laborales de los trabajadores no se contravienen con lo que se dispone en la presente ley.
Artículo 324. Los recursos financieros para solventar el seguro de desempleo serán aportados por la federación y aprobados para cada ejercicio fiscal en el Presupuesto de Egresos de la Federación por la Cámara de Diputados e incorporados al presupuesto del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Artículo 325. La parte patronal deberá comunicar al Instituto Mexicano del Seguro Social el despido del trabajador señalando las razones de tal acción, para que en un lapso no mayor a 15 días tenga derecho de manera automática al seguro por desempleo. Cualquier omisión que cometa la parte patronal de esta disposición se hará acreedora a una multa equivalente a 5 mil salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal.
Además, deberá expedir la constancia a que se hace referencia en el artículo 333.
Artículo 326. En el caso de las empresas cuyos trabajadores no coticen al Instituto Mexicano del Seguro Social, deberán otorgar una constancia al trabajador explicando las razones de la separación del empleo del trabajador. Estas empresas deberán señalar en dicha constancia: razón social, giro, registro de contribuyente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y su domicilio.
Artículo 327. Para el caso de los demandantes del seguro de desempleo que no hayan laborado en ninguna empresa y requieran de este beneficio, deberán justificar la solicitud, acompañándola del formato que para tal efecto se establece en el artículo 321 de la presente ley.
El formato deberá servir como constancia para demostrar que el trabajador desempleado ha buscado empleo por un lapso de dos meses como mínimo.
Artículo 328. En ningún caso, el patrón queda eximido del pago de la indemnización que corresponde al trabajador al ser separado de su empleo por causas derivadas de la mala situación económica de la empresa.
Artículo 329. Para recibir los beneficios que se otorgan en la presente ley, en ningún caso se discriminará a las personas, por su sexo, género, preferencia sexual, religión o por razones de discapacidad.
Artículo 330. El trabajador despedido que sea beneficiario del seguro, tendrá derecho a recibir lo equivalente a dos salarios mínimos diarios vigentes en el Distrito Federal.
En el caso de los trabajadores que ingresan a este beneficio sin haber laborado previamente en ninguna empresa, tendrán derecho a esa misma equivalencia.
Artículo 331. La duración de este beneficio no podrá exceder de 6 meses contados a partir del momento en que los trabajadores reciben el seguro por desempleo.
Artículo 332. En ningún caso se otorgará este beneficio a los trabajadores que hayan sido despedidos por causas que marca la ley en la materia vigente en nuestro país y se encuentren en litigio laboral.
Artículo 333. Para tener derecho a lo que establece en el artículo 330 de la presente ley, se deberá presentar la constancia que otorga el patrón en la que proporciona información relativa a las razones por las que el trabajador es separado de su empleo.
Artículo 334. Los patrones y trabajadores que presenten datos falsos al Instituto Mexicano del Seguro Social con el propósito de que el trabajador sea beneficiario de lo que se establece en el artículo 330 de la presente ley, serán sancionados por fraude genérico, conforme a lo que se establece en las leyes penales de nuestro país.
Artículo 335. Los beneficios a favor del trabajador que se establecen en el artículo 330 de la presente ley, serán pagados por el Instituto Mexicano del Seguro Social de forma quincenal. En caso de incumplimiento del pago, el Instituto, deberá resarcir en la siguiente quincena la parte correspondiente que no haya pagado.
Artículo 336. Corresponderá a la Secretaría del Trabajo la fiscalización del cumplimiento por los patrones, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social de las obligaciones establecidas en los artículos 326 y 330.
Artículo 337. Para garantizar transparencia en el uso de los recursos públicos relativos al seguro, se creará una comisión de vigilancia ciudadana integrada por tres expertos en la materia, por dos representantes de la sociedad civil que serán nombrados por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y por un representante de cada grupo parlamentario representado en dicha Cámara.
Artículo 338. Los miembros de esta Comisión tendrán las facultades de inspección, control y vigilancia en la operación del programa Seguro de Desempleo, para garantizar el cumplimiento en la ejecución del gasto y de sus resultados e impacto social.
Artículo 339. El Instituto Mexicano del Seguro Social estará obligado a entregar a la Comisión de Vigilancia Ciudadana toda la información relacionada con el programa Seguro de Desempleo, que incluye el monto de recursos asignados, el monto de los recursos ejercidos, las transferencias realizadas durante el ejercicio, así como su justificación. El número de beneficiarios y el resultado de las evaluaciones realizadas por la dependencia.
Además, tendrán la facultad de denunciar ante las instancias legales correspondientes, las anomalías que consideren pertinentes, que estén obstruyendo la realización del programa, con el manejo y destino de los recursos públicos federales y de su operatividad.
Artículo 340. Para poder recibir quincenalmente los beneficios del seguro de desempleo, durante el lapso que éste tenga vigencia, el trabajador deberá mostrar cada quince días, informes al Instituto Mexicano del Seguro Social que prueben la búsqueda constante de empleo, mediante la exhibición del formato que se establece en el artículo 321 de la presente ley. En caso de que el trabajador esté incapacitado, deberá exhibir constancia médica acreditada por el IMSS.
Artículo 341. Para garantizar la reincorporación del beneficiario del seguro por desempleo a la actividad laboral, la Secretaría del Trabajo y el Instituto Mexicano del Seguro Social, deberán organizar de manera permanente cursos de capacitación laboral, para que los beneficiarios del seguro, puedan acceder nuevamente a la actividad productiva.
Artículo 342. Para cumplir con lo que se establece en el artículo anterior, los organismos que se señalan, deberán establecer convenios de colaboración con las instituciones de educación del país, a efecto de garantizar la capacitación laboral a que se hace referencia en el artículo 341.
TransitoriosArtículo Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del primero de enero de 2010.
Artículo Segundo. La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, destinará los recursos económicos suficientes para garantizar el Seguro de Desempleo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integran las comisiones, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
LEY GENERAL DE EDUCACION
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Iniciativa que reforma el artículo 7 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari , del Grupo Parlamentario de Nueva AlianzaJorge Antonio Kahwagi Macari , diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56, 60, 63, 64, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 7 de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEn México, la implantación de las sociedades cooperativas escolares, tiene como finalidad fomentar en los educandos una cultura del ahorro. Sin embargo, de acuerdo a los resultados del estudio en educación financiera 1 de abril de 2008, alumnas y alumnos de sexto grado de primarias públicas, en Aguascalientes, Chilpancingo, Guanajuato, Pachuca, Tijuana, Cancún, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Toluca, 9 de cada 10 identifica correctamente lo que es el ahorro o alguna forma de ahorrar y únicamente 1 de cada 5 asemeja correctamente los tipos de ahorro; de igual forma, menos de la mitad entiende que un presupuesto es un cálculo de ingresos y gastos, y lo que significa comprar de manera razonada y responsable. Las niñas y niños en México no distinguen la diferencia entre comprar inteligentemente y endeudarse, de ahí la urgencia que comprendan que el crédito es mucho más que una tarjeta con la que pueden comprarse cosas en vez de utilizar dinero.
Por ello, a partir del ciclo escolar 2008-2009, la Secretaría de Educación Pública (SEP) con la participación de bancos y organizaciones empresariales, implantó el Programa de Actitud Emprendedora, Educación Económica y la Cultura Financiera para la Educación Básica 2008-2009, con la finalidad de incluir en los planes y programas de primaria y secundaria vigentes un enfoque empresarial que promueva la educación económica y la cultura financiera, para que los educandos puedan recibir clases sobre consumo, créditos, hipotecas, ahorro y tarjetas de crédito y débito.
De igual forma, la SEP ha solicitado el apoyo de la Asociación de Bancos de México (ABM) y del Banco de México para desarrollar un plan macro en materia de educación financiera, que contempla la creación del consejo consultivo de educación económica y financiera, conformado por la ABM; la Confederación Patronal de la República Mexicana; los grupos financieros Banamex y BBVA-Bancomer; las Secretarías de Hacienda, Trabajo, y Economía, y la Procuraduría Federal del Consumidor.
En este sentido, la Asociación de Bancos de México, ha tenido una activa participación a favor de la educación financiera, mediante la creación de los módulos de banca, ahorro y bancarización en el museo interactivo de economía; el programa de ahorro infantil ABM-SEP; el Acuerdo con el Consejo Nacional para la Educación Económica de Estados Unidos para traducir dos de los libros más importantes en materia de educación financiera (uno para jóvenes y otro para padres/maestros); el convenio con el periódico El Financiero para publicación mensual de cada una de las capítulos de esos libros; la firma de un convenio de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para impulsar el programa de formación de formadores en coordinación con la Fundación Televisa; la publicación de un cuento para niños sobre el ahorro, como parte del ciclo escolar 2008-2009; y, el acuerdo con la Secretaría de Gobernación para transmitir cápsulas de educación financiera en La hora nacional. 2
Debemos reconocer la labor y compromiso de diversas instituciones públicas y privadas en el diseña de acciones que fomentan la educación financiera entre familias de todos los estratos económicos; con mayor énfasis en sectores de medianos y bajos ingresos, ya que al no tener dinero, el enfoque debe acentuarse en la forma de generarlo y no tanto de administrarlo.
Las logros descritos confirman las acciones reales para insertar a México en el ámbito de la economía mundial, que de acuerdo con información del Banco Interamericano de Desarrollo, nuestra creciente participación en la economía global, los tratados de libre comercio y nuestra membresía en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) imponen nuevos parámetros que desbordan el ámbito latinoamericano.
Sin embargo, el compromiso del Estado mexicano en materia de educación financiera resulta insuficiente para mejorar como país, sobre todo respecto a las demás de la región, en tanto el progreso no nos acerque a niveles de desarrollo y competitividad de otros países miembros de la OCDE.
Es claro que este avance se encuentra mediado por nuestra capacidad para preparar una masa crítica de personas con altos niveles de conocimientos útiles, con capacidades emprendedoras y de innovación y con actitudes y aptitudes ciudadanas para ser competitivos en la economía global y convivir en una sociedad democrática. 3
No debemos olvidar que la educación financiera es un tema cotidiano, por relacionarse con la forma en que una persona gasta su dinero y con las decisiones que toma cada día, como por ejemplo, si desayunar en la calle o llevar una torta de casa, o subirse a un camión en lugar de tomar un taxi. 4
Especialistas en la materia, sostienen que la educación financiera trae consigo altos niveles de ahorro, contribuye a la inversión, al crecimiento económico, a la equidad e igualdad de oportunidades y, sobre todo, si se enseña a edad temprana, genera hábitos de ahorro y por tanto, constituye un elemento de democratización económica para abatir la desigualdad social.
En países como Estados Unidos de América, el trabajo de la Financial Literacy and Education Commission, es responsable de coordinar los esfuerzos que el gobierno destine a temas de educación financiera, brindar apoyo a los programas de cultura financiera impartidos por el sector privado y promover la sincronización entre el sector público y privado. 5 En el Reino Unido y su National Strategy for Financial Capability (NSFC) 6 , que reúne a los diferentes actores de la industria de servicios financieros, del gobierno, de asociaciones de consumo, de organizaciones voluntarias y de los medios, interesados en encontrar mecanismos para mejorar el conocimiento y entendimiento de los individuos sobre sus finanzas personales. Su estrategia consiste en hacer llegar educación, información y asesoría a toda la población del Reino Unido, a través del apoyo a escuelas, padres de familia, lugares de trabajo, entre otros. Para tal efecto, la NSFC creó un fondo, el Financial Capability Innovation Fund 7 , para financiar proyectos que promuevan la educación financiera.
La cultura financiera a nivel internacional, es reconocida como un factor para el desarrollo humano y del sistema financiero. Por ello es indispensable poner en marcha una estrategia de cultura financiera basada en mecanismos de cooperación y coordinación continua entre las distintas entidades gubernamentales para implantar efectivos programas de educación financiera en las escuelas, en sintonía con los esfuerzos y acciones de las instituciones públicas y privadas a nivel nacional citados al principio de esta exposición de motivos.
En este sentido, también resulta primordial ante la actual crisis económica mundial, garantizar a las futuras generaciones novedosos sistemas y normas para la gestión administrativa, la institucionalización de mecanismos y programas de apoyo a la calidad educativa y el aseguramiento de ésta bajo parámetros internacionales como el consumo responsable y la educación financiera.
Un programa adecuado de educación financiera ayuda a crear conciencia de la importancia del ahorro, del manejo del crédito y del cuidado del dinero por medio del conocimiento y la prudencia en el manejo de los recursos financieros. Además, representa una oportunidad inigualable para incrementar la calidad de vida de las familias, ya que a mayor educación financiera, mayor bienestar económico, sobre todo para la gente de bajos recursos, al evitar los altos costos de utilizar servicios financieros no formales.
Si queremos transformar a México, tenemos la obligación de despertar en las y los niños y jóvenes, el interés por los temas de cultura financiera y con ello, estaremos generando ciudadanos mexicanos conscientes y responsables en la toma de decisiones respecto a los servicios que prestan las diferentes instituciones bancarias para la formación de patrimonio, es decir: ahorro, vivienda, retiro, crédito, protección al consumidor y al inversionista, derechos de los consumidores, población multicultural, entre otros.
En Nueva Alianza compartimos el principio que para entender el campo de las finanzas, debemos comenzar desde la infancia. Aprender a conocer y entender el lenguaje del dinero a temprana edad incrementa la habilidad para generarlo y multiplicarlo con base en estrategias financieras pertinentes y viables.
Comenzar una educación financiera hoy, ayudará a tener una independencia financiera en nuestra madurez y a no depender de la jubilación que podamos obtener. 8
Dado lo anterior, y en el entendido que las competencias en el ámbito empresarial están ligadas a la eficacia, eficiencia y productividad, así como a la adquisición de destrezas y habilidades financieras que pueden acotar las brechas persistentes de competitividad entre los países, al igual que las desigualdades sociales al interior del nuestro, el objeto de la presente iniciativa pretende adicionar una fracción al artículo 7 de la Ley General de Educación, para considerar como uno de los fines de la educación, el fomento de la educación financiera, en congruencia con la reforma curricular de la Secretaría de Educación Pública, basada en competencias y habilidades para contar con el peso debido en conductas y actitudes dirigidas al entrenamiento, enajenación y adaptación de las y los educandos, en un mundo que reclama más desarrollo, mejores oportunidades y una definida transformación social.
Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de:
Decreto por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 7 de la Ley General de Educación
Único. Se adiciona una fracción XIII al artículo 7 de la Ley General de Educación, y se recorren sucesivamente las actuales, para quedar como sigue:
Artículo 7. ...
Único . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas: 1 Información disponible en la página oficial de la SEP. 2 http://www.banxico.org.mx/tipo/publicaciones/seminarios/mif2008/ DominguezPresentacionPrograma educacionfinancieraABM. Pdf 3 Banco Interamericano de Desarrollo, Nota de Política, 2006 4 http://www.jornada.unam.mx/ 5 http://www.mymoney.gov/ 6 http://www.fsa.gov.uk/financial_capability/http://www.shcp.gob.mx/SALAPRENSA/ sala_prensa.../14_presentacion_werner_encuentro_nacional_educacion_financiera_08102007.pdf 7 http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/innovation_fund. pdf 8 http://www.analitica.com/va/sociedad/articulos/El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez: Diputado presidente, diputadas y diputados:Acudo a esta tribuna como parte del Movimiento por la Defensa de la Economía Popular y la Soberanía Nacional, integrado por millones de mexicanos y mexicanas que buscamos la transformación de fondo en este país.
Para el caso de la política habitacional, los últimos gobiernos han reducido el derecho social a la vivienda a una simple mercancía. Primero bursatilizan los créditos de los organismos de vivienda. En el caso del Infonavit han vendido la cartera, es decir las casas de las familias trabajadoras, a empresas transnacionales. No obstante, hoy los mismos integrantes de los órganos de gobierno que aprobaron la venta llaman desde el Senado a moderar la cobranza de quienes han perdido sus empleos. Incluso, desde esta Cámara pretenden encabezar lo que no defendieron en su momento.
El 18 de diciembre de 2008, en la sesión 95 de la asamblea general del Infonavit, representantes del sector obrero ligado al PRI y funcionarios panistas decidieron ratificar tanto la venta de cartera, como la bursatilización de créditos. Esto, según dijeron, para evitar controversias, ya que el instituto había perdido un amparo que lo obligaba a adquirir nuevamente el crédito de manos extranjeras. El mal manejo es inocultable.
Existen más de 36 mil millones de pesos en créditos de quienes se encuentran en prórroga por haber perdido su trabajo. Por otro lado, también hay más de 34 mil millones de pesos en cartera vencida. Por primera vez en muchos años la cartera sujeta a prórroga es mayor que la cartera vencida; juntas suman más de 70 mil millones de pesos, cifra similar a la cartera vencida de toda la banca.
El origen del problema radica en una concepción financiera marcada por la especulación, tal es el caso de los Cedevi, que son bonos que el Infonavit coloca en los mercados financieros internacionales, garantizando su pago con las hipotecas de los trabajadores. Se copia el esquema de las gigantes financieras estadounidenses Freddie Mac y Fannie Mae, causantes de la crisis hipotecaria mundial y objeto de uno de los mayores rescates en la historia de Estados Unidos, cuyo monto superó los 240 mil millones de dólares.
Ahora los créditos de los trabajadores mexicanos son monitoreados por fiscalizadoras internacionales, por lo que la venta de cartera responde a una limpieza de activos que busca cuidar la imagen financiera del instituto. Por tanto, la cesión de cartera no significa necesariamente la recuperación de dinero. Con la venta de 56 mil créditos vencidos el Infonavit anuló el derecho constitucional a contar con créditos baratos y suficientes, y a que éstos sean pagados con el salario.
El consejo de administración del instituto y su director, Víctor Manuel Borrás, están ocasionando a la dependencia un quebranto gradual en diferentes rubros y niveles. Veamos.
Primer quebranto. Venta de la cartera a menos de 15 por ciento de su valor. El Infonavit otorgó más de 10 mil millones de pesos de margen de utilidad a dos consorcios extranjeros: Capmark, filial de GMAC, financiera de General Motors, y a Scrap II, creada por GMAC, integrante del corporativo de Citigroup, ambas empresas en poder del gobierno estadounidense.
Segundo quebranto. El Infonavit perdió 20 por ciento de lo que invirtió en las hipotecas. Ejemplo: en tan sólo una emisión de 2006 la dependencia vendió los derechos de 8 mil 500 hipotecas, con un valor de mil 500 millones de pesos, a mil 200 millones, lo que implicó un quebranto por 300 millones de pesos.
Tercer quebranto. Deuda impagable. El instituto pagó en 2008 a los trabajadores derechohabientes 7 por ciento, y cobró intereses por crédito de vivienda a 12 por ciento; sin embargo, a los inversionistas extranjeros que compraron Cedevi les pagó a 17 por ciento de interés. Qué justicia.
Cuarto quebranto. Dispendio en la administración del instituto. Los costos de operación o sueldos se incrementaron en 10 años en 67 por ciento, más de mil 100 millones de pesos anuales, que equivalen al valor de la venta de cartera hecha a una de estas empresas transnacionales, a Scrap II.
El Infonavit es el único organismo público descentralizado que no es fiscalizado por nadie y que maneja un presupuesto de miles de millones de pesos del ahorro de los trabajadores, por lo que la iniciativa establece la obligación de sujetarse a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Diputados y diputadas, este proyecto busca dos objetivos primordiales: rescatar al instituto y apoyar a la economía popular de nuestro país.
1. La iniciativa concibe que el Fondo Nacional de la Vivienda opere eficientemente con políticas de austeridad, producción social de vivienda, créditos baratos y suficientes, con transparencia y rendición de cuentas, de acuerdo con las normas generales que rigen a toda la administración.
2. Propone inyectar 10 mil millones de pesos a la economía popular mediante la devolución de la subcuenta de vivienda a los pensionados, ya sea mediante el pago en efectivo, como lo ordenó la Suprema Corte de Justicia, o bien mediante créditos solidarios para que otros miembros de las familias o allegados terminen de pagar estos créditos.
3. Reivindica los derechos laborales establecidos en la Ley Federal del Trabajo y demás leyes relativas, para proteger a los grupos de población más vulnerables.
4. Establece que el instituto debe desarrollar sus actividades dentro de una política integral de vivienda y desarrollo urbano sustentable.
5. Combate la feminización de la pobreza al permitir el acceso a la propiedad de las mujeres, a causa de la ausencia permanente de la pareja, de tal manera que pueda tener acceso al mismo crédito.
Por todo lo anterior, y en ejercicio de nuestras facultades, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Infonavit, que entrego a la Mesa Directiva y solicito que se inserte en el Diario de los Debates y en la versión estenográfica.
Diputados y diputadas, la LXI Legislatura está llamada a definirse; con spots lejos está de resolverse la problemática del instituto.
Hace unos días una mujer que fue desalojada de su vivienda me dijo: el Infonavit está en coma. Efectivamente, el Infonavit ha reducido sus funciones vitales, ha extraviado su origen social, ha malbaratado su patrimonio; debemos rescatarlo, la defensa de la casa y de la patria empieza por ahí. Es cuanto, diputado presidente.
«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez , del Grupo Parlamentario del PT
Los diputados y las diputadas abajo firmantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrantes de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 71 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosConsiderando
Primero. Que el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata que ``toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo''.
Segundo. Que en el artículo 123, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los patrones están obligados ``...a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas''.
Tercero. Que con base en la misma disposición, ``las empresas deberán hacer aportaciones a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgarles créditos baratos y suficientes para que adquieran en propiedad tales habitaciones''.
Cuarto. Que el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales promovido por la Organización de las Naciones Unidas obliga al gobierno de nuestro país a tutelar el derecho a una vivienda adecuada.
Quinto. Que el convenio número 95 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección al salario en su artículo 10.2 establece que ``el salario deberá estar protegido para su embargo o cesión en la proporción que se considere necesaria para garantizar el mantenimiento del trabajador y de su familia''.
Sexto. Que el convenio número 102 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Seguridad Social establece en su artículo 42 que el Estado está obligado a garantizar que en las prestaciones de los trabajadores se considere el derecho de sus hijos a la vivienda. Además, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el artículo 123, fracción VI, que ``los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades de un jefe de familia en el orden material, social y cultural''.
Séptimo. Que la Organización de las Naciones Unidas, a través de su relator especial, Miloon Kothari, recomendó a México que el Congreso de la Unión incorpore las obligaciones internacionales de derechos humanos, relativas al derecho a una vivienda adecuada. Así como también considerar las observaciones generales números 4 y 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y sus recomendaciones para crear mecanismos para proteger esos derechos y evitar los desalojos de vivienda.
Octavo. Que los tratados internacionales anteriormente citados fueron signados por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, aprobados por el Senado de la República, debidamente ratificados y publicados en el Diario Oficial de la Federación; y por mandato del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la tesis jurisprudencial del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dichos tratados son ley suprema de la Unión sólo por debajo de nuestra Carta Magna y por encima de las distintas leyes federales.
Noveno. Que la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 97, fracción III, determina que en materia de vivienda los descuentos deberán ser aceptados libremente por el trabajador y no podrán exceder el 20 por ciento.
Propuesta
En sus 37 años de vida el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha atendido a menos de 5 millones de derechohabientes: alrededor de 130 mil familias por año, lo que representa un porcentaje mínimo, en función de la demanda; cuando actualmente cotizan alrededor de 14 millones de trabajadores por la vía de la aportación patronal, como parte del sistema de previsión social contemplado en la Ley Federal del Trabajo.
La renuncia sistemática del instituto a mantener una reserva territorial para producir vivienda de bajo costo, delega al mercado inmobiliario todas sus obligaciones, y prioriza los aspectos financieros sobre los legítimos intereses de los trabajadores. Esto hace necesario reorientar la función del Infonavit para que garantice a los trabajadores el derecho humano a una vivienda digna y decorosa, cómoda e higiénica, así como adecuada.
Siendo la Ley del Infonavit un ordenamiento subordinado a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo debe ser congruente con dichos ordenamientos superiores, por lo que se elabora la siguiente propuesta:
La presente iniciativa de reforma tiene como eje rector establecer claramente el orden público de la ley y devolver al instituto su carácter de organismo descentralizado, no sectorizado, de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, conforme al artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Reivindica y hace efectivos los derechos laborales establecidos en la Ley Federal del Trabajo y demás leyes relativas, protegiendo a los grupos de población más vulnerables.
Define reglas claras para la democratización de la asamblea general y los órganos internos del instituto.
Establece que la administración y operación del Fondo Nacional de Vivienda y el instituto mismo deben regirse bajo una política de austeridad.
Propone inyectar 10 mil millones de pesos a la economía popular mediante la devolución de la subcuenta de vivienda a los pensionados y pensionadas, ya sea a través del pago en efectivo como ordenó la Suprema Corte, o a través del pago inicial de créditos solidarios para que otros miembros de las familias o allegados terminen de pagar estos créditos.
Contempla la producción social de vivienda, definida en el artículo 4, fracción VIII, de la Ley de Vivienda, como política rectora para la atención de las necesidades habitacionales de los trabajadores con menores ingresos.
Recupera el concepto de crédito barato y suficiente, establecido en la Constitución y en la ley vigente, único fin del Fondo Nacional de la Vivienda.
Combate la feminización de la pobreza, al permitir el acceso a la propiedad de las mujeres que se hagan cargo de los créditos.
El Infonavit es el único organismo público descentralizado que no es fiscalizado por nadie y que maneja un presupuesto de miles de millones de pesos del ahorro de los trabajadores, por lo que la iniciativa establece la obligatoriedad de sujetarse a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
La iniciativa concibe que el Fondo Nacional de la Vivienda sólo puede operar eficiente y óptimamente al aplicar políticas de austeridad, producción social, crédito barato y transparencia.
Establece que el instituto debe desarrollar sus actividades dentro de una política integrada de vivienda y desarrollo urbano sustentable.
Promueve el desarrollo económico, social y ambientalmente sano para elevar la calidad de vida de los trabajadores.
Impulsa una política de planeación tendiente a lograr un manejo adecuado del territorio y sus recursos naturales.
Por las anteriores consideraciones proponemos el siguiente proyeco de
DecretoArtículo Primero. Se modifican el artículo 1; se adiciona un párrafo segundo al artículo 2; se adiciona un párrafo primero al artículo 3, recorriéndose y modificándose el primero para quedar como segundo, y se modifica la fracción II de este artículo; se adiciona un artículo 3 Bis con tres fracciones; se modifica el artículo 4 y se le adicionan tres párrafos; se modifican los párrafos segundo y tercero del artículo 6; se modifica el artículo 8, adicionándose cinco fracciones; se modifican las fracciones VIII y X del artículo 10; se adiciona un párrafo tercero al artículo 12; se adiciona un párrafo cuarto al artículo 13; del artículo 16 se modifica la fracción VI, se adicionan cuatro incisos al segundo párrafo de la fracción IX, se modifica la fracción XIII y se le adicionan cuatro incisos, se adicionan las fracciones XIV y XV, recorriéndose las subsecuentes, y se modifica la fracción XIX, antes XVII; se adiciona un párrafo tercero recorriéndose los subsecuentes; se modifica la fracción VII del artículo 18 Bis 1; se modifican el primer y último párrafos del artículo 19; se adiciona un párrafo segundo del artículo 22; se modifican el párrafo primero, y la fracción IX del artículo 23; se modifica el párrafo primero del artículo 24; se adiciona un párrafo tercero del artículo 25, recorriéndose los subsecuentes; se modifican el párrafo primero y la fracción I, y se deroga la fracción VII, del artículo 25 Bis 1; se modifica el artículo 26; se modifica la fracción I del artículo 27; se modifica el artículo 28; se modifican las fracciones V y VI del artículo 29; se modifica el párrafo primero del artículo 35; se modifica el artículo 37; se modifican los párrafos primero y tercero del artículo 39; se adiciona un tercer párrafo con tres fracciones al artículo 40; se modifican los cuatro párrafos del artículo 41, para quedar el primer párrafo con tres fracciones, la segunda con diez incisos y con un último párrafo; se modifica el párrafo primero, se adicionan un párrafo segundo y un inciso E) recorriéndose los subsecuentes, se modifica el párrafo cuarto, antes tercero, del artículo 42; se modifica el párrafo cuarto del artículo 43; se modifica el párrafo primero y se adicionan los párrafos octavo y noveno del artículo 43 Bis; se modifican los párrafos primero, segundo, tercero, y se adicionan los párrafos cuarto y quinto del artículo 44; se modifica el artículo 45; se modifican las fracciones I, III y IV del artículo 46; se modifican los párrafos primero, segundo y cuarto del artículo 47; se modifican los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 49; se modifican los párrafos cuarto y quinto del artículo 51; se modifica el párrafo primero del artículo 51 Bis 2; se modifica la fracción I del artículo 51 Bis 4; se modifica el párrafo primero y se adiciona un párrafo segundo del artículo 51 Bis 6; se modifica el párrafo segundo del artículo 56; se modifica el párrafo primero, y se adiciona un párrafo segundo del artículo 64; se adiciona una fracción V del artículo 66; se modifica el artículo 69; se incorporan siete artículos transitorios; todos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:
Capítulo Primero Disposiciones GeneralesArtículo 1. Esta ley es de orden público y utilidad social y de observancia general en toda la república.
Artículo 2. (...)
El instituto forma parte de la administración pública federal como un organismo descentralizado no sectorizado.
Artículo 3. El Estado, a través del instituto, garantizará a los trabajadores el derecho humano a una vivienda digna y decorosa, cómoda e higiénica, así como adecuada, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y demás disposiciones aplicables.
Por ello el instituto tiene por objeto:
Artículo 3 Bis. Para que el sistema de financiamiento que establece la fracción II del artículo anterior permita a los trabajadores acceder a la vivienda, el instituto:
Artículo 4. El instituto deberá realizar sus actividades dentro de la política integrada de vivienda y desarrollo urbano sustentable, conforme a la legislación correspondiente. Promoverá el desarrollo económico, social y ambientalmente sano para elevar la calidad de vida de los trabajadores. Impulsará una política de planeación tendiente a lograr un manejo adecuado del territorio y sus recursos naturales.
Se regirá bajo los preceptos del sistema de seguridad social, procurando para el trabajador, el mejoramiento de su hábitat y la formación del patrimonio familiar a través de créditos accesibles para los derechohabientes. Esto en el marco del trabajo y la previsión social contempladas en la Ley Federal del Trabajo y en esta misma ley. Para ello deberá coordinarse con otros organismos públicos.
Mantendrá una política de austeridad en todos los gastos de administración del fondo.
Del cumplimiento de lo anterior, el instituto informará oportunamente al Congreso de la Unión y publicará anualmente el informe correspondiente en el Diario Oficial de la Federación.
Capítulo Segundo De la Estructura OrgánicaArtículo 6. (...)
Los integrantes de los órganos del instituto serán responsables, para con éste, del cumplimiento de las obligaciones que esta ley les impone y, en su calidad de servidores públicos, junto con los demás funcionarios del instituto, estarán sujetos a las responsabilidades administrativas, penales y políticas, en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en general, de las demás disposiciones aplicables.
Los integrantes del consejo de administración, de la Comisión de Vigilancia, del Comité de Auditoría, de la Comisión de Inconformidades, del Comité de Transparencia y Acceso a la Información y de las comisiones consultivas regionales, que en cualquier asunto relacionado con el mismo tuvieren o conocieren de un posible conflicto de intereses personal o de alguno de los demás miembros del órgano, deberán manifestarlo y, el que tuviere el conflicto, abstenerse de toda intervención en dicho asunto. Igualmente deberán abstenerse de promover o participar, a título personal, en la atención de solicitudes, planteamientos o recursos que cualquier tercero promueva ante el instituto. En ningún caso podrán formar parte de estos órganos los socios, representantes legales, empleados, proveedores de desarrolladores inmobiliarios, de organismos financieros o cualquier empresa o persona relacionados con el objeto del instituto, así como quien lo haya sido durante los dos años anteriores al nombramiento.
Artículo 8. Las bases para determinar el número de representantes a la asamblea general de cada organización nacional son:
Artículo 10. La asamblea general tendrá las atribuciones y facultades siguientes:
Artículo 12. (...)
(...)
Sus integrantes serán representantes de todas las organizaciones de trabajadores y patrones que participan en la asamblea general. En la designación de sus miembros se respetará la participación proporcional a que se refiere el artículo 8, así como la ponderación del voto
Artículo 13. (...)
(...)
(...)
Los consejeros serán removidos cuando sea modificada la participación proporcional que anualmente establece la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en términos del artículo 8 de esta ley.
Artículo 16. El consejo de administración tendrá las atribuciones y facultades siguientes:
Artículo 17. La Comisión de Vigilancia se integrará con nueve miembros nombrados de la siguiente forma:
Tres a propuesta de los representantes del gobierno federal, tres a propuesta de los representantes de los trabajadores y tres a propuesta de los representantes patronales ante la asamblea general.
En la integración de la Comisión de Vigilancia tendrán aplicación, en lo conducente, los artículos 12 y 13 de esta ley.
Por cada miembro propietario deberá haber un suplente.
(...)
1. a 4.
(...)
(...)
(...)
Artículo 18 Bis 1. El Comité de Auditoría deberá desempeñar las actividades siguientes:
Artículo 19. El auditor externo será designado por la asamblea general, previa opinión del Consejo de Administración , de entre tres candidatos propuestos por el Comité de Auditoría, no podrá ocupar el cargo por más de cinco años y deberá reunir los siguientes requisitos:
1. a 8. (...)
El Comité de Auditoría propondrá a la asamblea general una firma de reconocido prestigio para que se autorice la contratación del auditor externo. Para este efecto, podrá solicitar a un colegio o instituto de contadores públicos ampliamente representativo de la profesión, que le proponga una terna de firmas.
Artículo 22. (...)
Para ejercer las facultades tanto fiscales como de administración de los recursos del fondo de la vivienda que establece esta Ley, el Director General es un empleado superior de la Hacienda, en los términos de la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 23. El director general tendrá las siguientes atribuciones, facultades y obligaciones:
Artículo 24. La asamblea general, a propuesta de los representantes de los trabajadores y de los patrones, nombrará a dos directores sectoriales honoríficos , uno por cada sector, que tendrán como función el enlace entre el sector que representan y el director general. Los directores sectoriales asistirán a las sesiones del Consejo de Administración, con voz, pero sin voto.
(...)
Artículo 25. (...)
(...)
Las sesiones de la comisión serán públicas y se realizarán una vez al mes.
Los miembros de la comisión no podrán serlo de algún otro órgano del instituto y deberán cumplir con los siguientes requisitos:
(...)
Artículo 25 Bis 1 . Son obligaciones del Comité de Transparencia y Acceso a la Información:
(...)
Artículo 26. Las comisiones consultivas regionales se integrarán en forma tripartita. La representación gubernamental estará compuesta por los tres órdenes de gobierno. Las comisiones actuarán en las áreas territoriales aptas para el desarrollo urbano sustentable establecidas en la normatividad correspondiente.
Artículo 27. Las comisiones consultivas regionales tendrán las atribuciones y funciones siguientes:
Artículo 28. En la asamblea general, en el Consejo de Administración, en la Comisión de Vigilancia, en el Comité de Auditoría, en el Comité de Transparencia y Acceso a la Información y en la Comisión de Inconformidades, cada uno de sus miembros tendrá un voto.
Capítulo Tercero De las Obligaciones y Derechos de Patrones y TrabajadoresArtículo 29. Son obligaciones de los patrones:
(...)
(...)
Capítulo Cuarto De las Aportaciones Fiscales y Subcuentas de ViviendaArtículo 35. El pago de las aportaciones y descuentos señalados en el artículo 29 será por mensualidades vencidas, a más tardar los días diecisiete del mes inmediato siguiente. Por ningún motivo se hará responsable al trabajador del incumplimiento de lo previsto en el presente artículo.
(...)
Artículo 37. El derecho del trabajo y, en su caso, de los beneficiarios a recibir los recursos de la subcuenta de vivienda prescribe a favor del Fondo Nacional de Vivienda a los diez años; siempre y cuando el instituto compruebe fehacientemente haber dado aviso al trabajador o, en su caso, a los beneficiarios en al menos tres ocasiones.
Artículo 39. El saldo de la subcuenta de vivienda causará intereses a la tasa que determine el consejo de administración del instituto, la cual no podrá ser menor al porcentaje de inflación anual.
(...)
Para obtener la cantidad básica, se aplicará al saldo de las subcuentas de vivienda, la tasa de inflación anual que determine el Banco de México.
(...)
Artículo 40. (...)
(...)
El derechohabiente podrá acceder a su subcuenta de vivienda mediante la cualquiera de las siguientes opciones:
Artículo 41. El derechohabiente acreditado tendrá los siguientes derechos:
En los estados de cuenta que el instituto proporcione a los derechohabientes se incluirán los datos necesarios para acceder a este derecho, incluyendo el número de pagos que deben realizarse, la fecha en que se cumplirían y la cantidad que ya no sería necesaria pagar, en caso de que se cumpla con lo establecido en esta fracción.
Artículo 42. Los recursos del instituto deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 4 de esta ley , y se destinarán:
Los contratos y las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, así como la constitución del régimen de propiedad en condominio de los conjuntos que financie el instituto o aquellos que construyan las empresas oferentes registradas y verificadas, conforme al artículo 4 de esta ley, deberán hacerse constar en documentos privados, ante dos testigos propuestos por cada una de las partes contratantes , e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad que corresponda, con la constancia de la autoridad competente sobre la autenticidad de las firmas y de la voluntad de las partes. Los instrumentos referidos serán revisados y suscritos por un representante del Instituto e inscritos también en la Procuraduría Federal del Consumidor.
(...)
Artículo 43. (...) (...)(...)
Por los servicios de recepción de pagos que las entidades receptoras brinden al instituto no se generará ningún tipo de cargo ni comisión a cargo del instituto, de los derechohabientes, o de los patrones.
Artículo 43 Bis. Al momento en que el trabajador reciba crédito del instituto, el saldo de la subcuenta de vivienda de su cuenta individual se aplicará como pago inicial de algunos de los conceptos a los que se refieren las fracciones I y II del artículo 42.
(...) (...) (...) (...) (...)(...)
El trabajador podrá liquidar el crédito otorgado conforme al artículo 42 y al presente artículo, en una sola exhibición. El instituto, o la entidad financiera, descontará de los intereses calculados del período restante y aplicará 30 por ciento de descuento sobre el saldo insoluto por liquidación de crédito.
El instituto licitará, en los términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el servicio público que regula la presente ley, para que las entidades financieras puedan acceder a las garantías y pagos que establece este artículo.
Artículo 44. Los créditos a los trabajadores se otorgarán en pesos moneda nacional. El saldo no se incrementará.
Los créditos citados causarán intereses sobre el saldo definido, conforme al párrafo anterior, a la tasa que determine el consejo de administración, no será menor del cuatro por ciento anual sobre saldos insolutos, ni mayor a nueve por ciento anual sobre saldos insolutos. Dicha tasa deberá permanecer fija durante todo el plazo de otorgamiento de los créditos.
Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de 25 años.
En los contratos de compra venta o enajenación de viviendas y en los de crédito, se establecerán las condiciones en las cuales se defina claramente la prohibición de criterios financieros que incrementen excesivamente el costo. Previo a la firma de estos contratos, el instituto asesorará a los trabajadores.
Cuando las empresas oferentes de vivienda o las entidades financieras incumplan lo establecido en el párrafo anterior, el instituto absorberá el sobreprecio y hará efectiva las garantías y sanciones previamente establecidas en las concesiones, contratos o convenios suscritos con las empresas o entidades contumaces, sin perjuicio de la otras sanciones que procedan conforme a esta ley, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones aplicables.
Artículo 45. Las convocatorias para las subastas de financiamiento se formularán por el consejo de administración conforme a criterios que tomen debidamente en cuenta la equidad, proporcionalidad y su adecuada distribución entre los diferentes rangos salariales de los derechohabientes, así como entre las distintas regiones, entidades federativas, municipios y localidades del país, procurando la desconcentración de las zonas urbanas más densamente pobladas. Antes de formular las convocatorias se analizarán, para tomarse en cuenta, las promociones del sector obrero, a través de las diversas organizaciones nacionales, regionales, locales o gremiales, de los trabajadores en lo individual y del sector patronal.
Artículo 46. En la aplicación de los recursos a que se refiere el artículo anterior se considerarán, entre otras, las siguientes circunstancias:
Artículo 47. El consejo de administración expedirá las reglas conforme a las cuales se otorgarán en forma inmediata y sin exigir más requisitos que los previstos en las propias reglas, los créditos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 42. Dichas reglas deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y ajustarse a lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de esta ley.
Las reglas antes citadas tomarán en cuenta, entre otros factores, la oferta y demanda regional de vivienda, el número de miembros de la familia de los trabajadores, los saldos de la subcuenta de vivienda del trabajador de que se trate y el tiempo durante el cual se han efectuado aportaciones a la misma, si el trabajador es propietario o no de su vivienda, así como su salario o el ingreso conyugal cuando hay acuerdo de los interesados. Se dará prioridad a los trabajadores de bajos salarios y los derechohabientes vulnerables definidos en el inciso d) de la fracción XIII del artículo 16 de esta ley.
(...)
Los trabajadores podrán recibir crédito del instituto por una sola vez. En los casos que, por causas de fuerza mayor, se vea en la necesidad de cambiar de domicilio a otra localidad o entidad federativa, el instituto atenderá la solicitud correspondiente, debiendo cumplir con los procedimientos definidos en esta ley.
Artículo 49. Los créditos que otorgue el instituto, se rescindirán y, por tanto, se darán por vencidos anticipadamente, cuando sin su autorización los deudores enajenen, incluida la permuta, o graven su vivienda, así como cuando incurran en cualesquiera de las causales de violación consignadas en los contratos respectivos, siempre y cuando éstos no contravengan derechos irrenunciables ni disposiciones de orden público.
El cónyuge del derechohabiente acreditado que abandone sus obligaciones por más de seis meses posteriores al término de las prórrogas que se le hubieren concedido, o posteriores al incumplimiento del pago del crédito, podrá hacerse cargo del crédito y acceder a la propiedad de la vivienda previo convenio con el instituto, mismo que se formalizará en los términos del penúltimo párrafo del artículo 42 de esta Ley.
No se rescindirán los contratos siempre que se apeguen al párrafo anterior, ni aquellos que se enajenen a otro derechohabiente del instituto, que cumpla con los requisitos para ser acreditado.
Artículo 51. (...)
(...)
(...)
A fin de proteger el patrimonio de los trabajadores, el instituto deberá participar con empresas públicas y privadas para promover el desarrollo así como el abaratamiento de esquemas de aseguramiento a cargo de los acreditados, que permitan ampliar la cobertura de siniestros.
Tratándose de los casos de incapacidad permanente parcial o invalidez definitiva, en los términos de la Ley del Seguro Social, se liberará al trabajador acreditado del adeudo, los gravámenes o limitaciones de dominio a favor del instituto, siempre y cuando no sea sujeto de una nueva relación de trabajo por un período mínimo de dos años, lapso durante el cual gozará de una prórroga, sin acumular los intereses previstos en el contrato de adjudicación del crédito ni causar intereses moratorios , para el pago de su crédito. La existencia de cualquiera de estos supuestos deberá comprobarse ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores dentro del segundo mes siguiente a la fecha en que se determinen. La comprobación podrá formularse con dictamen que emita algún organismo público de salud.
Artículo 51 Bis 2. Las personas que participen en las subastas, deberán garantizar al instituto: las posturas, la correcta inversión de los recursos del financiamiento que, en su caso, reciban, el pago del financiamiento y observar estrictamente el marco legal en materia de vivienda, medio ambiente, desarrollo urbano y social aplicable.
(...)
Artículo 51 Bis 4. No podrán obtener financiamiento del instituto las siguientes personas:
I. El director general y los miembros de la asamblea general, el Consejo de Administración, la Comisión de Vigilancia, el Comité de Auditoría, los directores sectoriales, la Comisión de Inconformidades, el Comité de Transparencia y Acceso a la Información y trabajadores del instituto, sus cónyuges o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el segundo grado, así como aquéllas en las que participen como accionistas, administradores, gerentes, apoderados o comisarios. El consejo de administración podrá autorizar excepciones a lo dispuesto en esta fracción, mediante reglas de carácter general aprobadas por lo menos por tres consejeros de cada uno de los sectores, y
II . (...)
Artículo 51 Bis 6. Los contratistas de obras financiadas por el instituto responderán ante los adquirientes y ante el propio instituto de los defectos que resultaren en las mismas, de los vicios ocultos, daños estructurales y de otras responsabilidades en que hubieren incurrido, en los términos de las disposiciones aplicables.
El instituto establecerá una fianza obligatoria y contratará un seguro de daños que será obligatorio para los contratistas, como garantía para que éstos respondan por los problemas mencionados en el párrafo anterior. La aplicabilidad de la fianza y de los seguros será por dos años en caso de daños menores y por 10 años tratándose de daños estructurales.
Capítulo Sexto Disposiciones ComplementariasArtículo 56. (...)
El instituto, a solicitud de los patrones, podrá conceder prórroga para el pago de los adeudos derivados de aportaciones no cubiertas, en los términos del Código Fiscal de la Federación, de la ley del instituto y sus reglamentos. Para tales efectos, el instituto deberá garantizar que el patrón abone a la subcuenta de vivienda del trabajador el importe equivalente a los intereses que correspondan al período de omisión, así como los que se generen durante el tiempo que comprenda la prórroga, de conformidad con lo previsto en el artículo 39. En estos casos, el término de diez días a que se refiere el artículo 30, correrá a partir de la fecha de cumplimiento de la última parcialidad.
(...)
(...)
Artículo 64. El instituto no podrá intervenir en la administración, operación o mantenimiento de unidades habitacionales, ni sufragar los gastos correspondientes a estos conceptos, y tendrá la obligación de emitir las opiniones técnicas y jurídicas a los contratistas para que éstos observen el marco legal aplicable, en beneficio de los trabajadores y sus familias.
Para la firma de convenios con los contratistas y para la autorización de créditos, el instituto revisará el cumplimiento del marco legal. En caso de alguna violación a las disposiciones aplicables, se resolverá por no aprobar los convenios ni otorgar los créditos.
Artículo 66. (...)
Artículo 69. El Instituto deberá celebrar convenios de coordinación y colaboración con las autoridades federales, estatales y municipales, según corresponda, para el mejor cumplimiento de sus funciones. Las dependencias y entidades públicas y privadas proporcionarán al instituto la información estadística, censal y fiscal necesaria, para el mejor desarrollo de sus objetivos.
Artículo Segundo. Disposiciones transitorias:
Primera. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segunda. Las autoridades competentes del gobierno federal y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en sus respectivos ámbitos de competencia, dispondrán de un plazo de tres meses, a partir de publicación de este decreto, para adecuar las disposiciones reglamentarias y operativas que garanticen el pleno cumplimiento de lo dispuesto en este decreto, debiendo considerar la opinión del Congreso de la Unión para tal efecto. Las prerrogativas que este decreto confiere a los derechohabientes se aplicarán en su beneficio, a pesar de haberse cumplido con anterioridad a su vigencia, las hipótesis normativas que se regulan.
Tercera. Los créditos otorgados en el período comprendido entre el 30 de julio de 1987 y el 24 de febrero de 1992 deberán ser considerados en pesos, de acuerdo con la ley vigente en dicho lapso; para lo cual el consejo de administración deberá calcular los montos erogados por los trabajadores acreditados y determinar la cantidad a pagar. Si la suma erogada fuese igual o superior al monto del crédito original, éste se considerará saldado.
Cuarta. La ley tendrá una estructura en capítulos en los términos siguientes:
Quinta. Los créditos en cartera vencida que fueron vendidos a empresas recuperadoras de créditos, antes de la entrada en vigor de este decreto, deberán ser readquiridos en su titularidad por el Infonavit.
Sexta. Los estudios socioeconómicos mencionados en el inciso d) de la fracción XIII del artículo 16, se efectuarán con la participación de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México y otras instituciones públicas de educación superior.
Séptima. Se derogan y abrogan todas las disposiciones que contravengan las disposiciones del presente decreto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Insértese en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Vivienda, y de Trabajo y Previsión Social. En tanto se integran las comisiones, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Le pido a la Secretaría que continuemos con el orden del día y, por tanto, entramos al espacio de proposiciones.
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Y FOMENTO MUNICIPAL
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo con el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicoa que establezca los mecanismos para escuchar y atender la problemática de los alcaldes integrados en la Federación Nacional de Municipios de México, Asociación Civil, y encontrar solución a los problemas que acarreará el recorte presupuestal al Fondo General de Participaciones y Fomento Municipal.
El diputado Francisco Alberto Jiménez Merino: Con su permiso, señor presidente e integrantes de la Mesa Directiva.Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del PRI ve con preocupación el llamado que han hecho alcaldes de todos los partidos, quienes han manifestado que está en riesgo su operación con la consecuente pérdida de gobernabilidad por los recortes a las participaciones que determinó el gobierno federal mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El que suscribe, Francisco Alberto Jiménez Merino , integrante del Grupo Parlamentario del PRI, en nombre de los diputados de Puebla, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo.
Ante la crisis económica que vive el país, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha anunciado un recorte presupuestal reflejado en las participaciones de los ingresos municipales otorgados mediante los Fondos General de Participaciones y de Fomento Municipal, plasmados en los artículos 35 y 36 de la Ley para el Federalismo Hacendario, en el sistema actual, basado en reglas impositivas que obedecen a un criterio de financiamiento central, a una asignación de participaciones que ocurre sobre una base interjurisdiccional, tomando en consideración la base de impuestos y, finalmente, donde se determina la asignación por niveles de gobierno.
Este recorte a las participaciones, que en algunos casos alcanza hasta 60 por ciento, ha generado la inconformidad de alcaldes de todos los partidos a lo largo del país, pues se ha advertido el riesgo de caer en la inoperancia de los gobiernos municipales que, en un caso extremo, llevaría a la ingobernabilidad.
El recorte llevado a cabo por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, han señalado en diversos espacios y mediante diferentes fuentes informativas, contradice el espíritu federalista y lleva a los gobiernos municipales a un grave de riesgo de incumplir con sus funciones, lo que puede llevar a una crisis de legitimidad.
Asimismo, como está plasmado en un desplegado dirigido al presidente de la República, a la Cámara de Senadores y a esta soberanía, y firmado por 82 alcaldes de Puebla, los recortes se traducirían en paros laborales, suspensión de apoyos económicos directos a las personas, servicios públicos y obras, lo que generaría descontento de la sociedad y crisis que puede desembocar en ingobernabilidad.
Hay datos que ubican al menos a mil de los 2 mil 439 municipios del país en riesgo de quiebra por el recorte a la mitad del año que la federación realizó, por 18.9 por ciento en las participaciones estatales y 24.8 por ciento a los municipios, respecto de 2008, en términos promedio.
En este contexto, los mismos alcaldes han propuesto soluciones para que los gobiernos municipales no sean las víctimas de la crisis económica que vive el país, y que deben ser planteadas y escuchadas con seriedad por las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En mérito de lo expuesto y fundado, solicito atentamente la aprobación del siguiente punto de acuerdo:
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer los mecanismos para escuchar y atender la problemática de los alcaldes, integrados en la Fenamm, en la Almac y en la Anapac, a fin de encontrar solución a los problemas que acarreará el recorte presupuestal a los Fondos General de Participaciones, y de Fomento Municipal.
Es cuanto, señor presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a establecer procedimientos para escuchar y atender la problemática de los alcaldes integrados en la Federación Nacional de Municipios de México, AC, y encontrar solución a los problemas que acarreará el recorte presupuestal del Fondo General de Participaciones y Fomento Municipal, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino , del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado Francisco Alberto Jiménez Merino , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo fundada en los siguientes antecedentes y consideraciones.
AntecedentesAnte la crisis económica que vive el país, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha anunciado un recorte presupuestal reflejado en las participaciones de los ingresos municipales otorgados a través del Fondo General de Participaciones y de Fomento Municipal, estipulados en los artículos 35 y 36 de la Ley para el Federalismo Hacendario, en el sistema actual, basado en reglas impositivas que obedecen a un criterio de financiamiento central, a una asignación de participaciones que ocurre sobre una base interjurisdiccional, tomando en consideración la base imponible y finalmente donde se determina la asignación por niveles de gobierno.
Este recorte a las participaciones, que en algunos casos alcanza hasta 60 por ciento, ha generado la inconformidad de alcaldes de todos los partidos, a lo largo de todo el país, pues se ha advertido del riesgo de caer en la inoperancia de los gobiernos municipales que, en un caso extremo, llevaría a la ingobernabilidad.
Las participaciones federales, que representan sólo 18.5 por ciento de la recaudación federal, tienen como propósito buscar el fortalecimiento fiscal y financiero de los gobiernos estatales y municipales.
Cabe además recordar que estas participaciones son recursos financieros que obtienen los gobiernos locales como resultado de compartir la recaudación de impuestos federales.
El recorte llevado a cabo por la SHCP, han señalado alcaldes en distintos espacios y desplegados publicados en medios estatales y nacionales, contradice el espíritu federalista y lleva a los gobiernos municipales a un grave de riesgo de incumplir con sus funciones, lo que puede llevar a una crisis de legitimidad.
Asimismo, como está plasmado en un desplegado dirigido al presidente de la República, a la Cámara de Senadores y a esta soberanía y firmado por 82 alcaldes de Puebla el pasado 1 de septiembre, se traducirían en las alcaldías paros laborales, a fin de ajustar el gasto en servicios públicos, lo que generaría descontento de la sociedad y crisis que puede desembocar en ingobernabilidad.
En este contexto, los mismos alcaldes han propuesto soluciones para que los gobiernos municipales no sean las víctimas de la crisis económica que vive el país y que deben ser planteadas y escuchadas con seriedad por las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
ConsideracionesEn mérito de lo expuesto y fundado, solicito atentamente la aprobación del siguiente
Punto de AcuerdoÚnico. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer los mecanismos para escuchar y atender la problemática de los alcaldes, integrados en la Federación Nacional de Municipios de México, AC, y encontrar solución a los problemas que acarreará el recorte presupuestal al fondo general de participaciones y fomento municipal.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
PROGRAMAS HIDROAGRICOLAS
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Leticia Robles Colín, para presentar proposición con punto de acuerdo con el que se exhorta al Ejecutivo federal a que, mediante la Comisión Nacional del Agua(Conagua), establezca en las reglas de operación del ejercicio de 2010 un componente máximo de inversión no mayor de 10 por ciento en la contraparte y a aportar por los usuarios de riego en los programas hidroagrícolas. Asimismo, un componente máximo de inversión no mayor de 20 por ciento en la contraparte a aportar por los organismos operadores y gobiernos locales en los programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
La proposición es suscrita por los diputados Leticia Robles Colín , Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez , Guadalupe Acosta Naranjo , Armando Ríos Píter y Vidal Llerenas Morales , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Leticia Robles Colín: Con su permiso, diputado presidente.Compañeras y compañeros, para quienes hemos estado en gobierno y que hemos visto la complicación que se tiene para bajar recursos de inversión federal en algunos casos conocidos como los pari passu, es importante citar que si bien la implantación de reglas de operación para la ejecución de los programas de inversión federal ha contribuido a trasparentar y ordenar el ejercicio del gasto, también las reglas de operación han logrado evitar o al menos disminuir el desvío de recursos públicos que, hasta antes de la implantación de las reglas, se constituía en una práctica permanente.
En el caso de los programas a cargo de la Comisión Nacional del Agua, las reglas han permitido, además, planificar y dirigir la oferta de infraestructura hidráulica en función de los objetivos: Plan Nacional Hídrico.
A pesar de las incuestionables virtudes de las reglas de operación, algunos requisitos de las mismas también se han constituido en un verdadero obstáculo para la expansión de la oferta de infraestructura de riego, agua potable y saneamiento.
Es el caso de los componentes de inversión local que se exigen como contraparte a la inversión federal que en algunos casos, como es el de de la ampliación y rehabilitación de infraestructura de agua potable en zonas urbanas, representan hasta 60 por ciento del total de la inversión; lo que hace que los gobiernos locales desistan de programar y formalizar obra en estos estratégicos rubros, y que los montos que esta Cámara aprueba para los diferentes programas en materia terminen subejerciéndose por las dificultades que acusan los gobiernos locales para aportar las contrapartes establecidas en las reglas de operación.
Los montos de contrapartes exigidas en las reglas de operación representan un factor de exclusión para gobiernos locales, organismos operadores y usuarios, o posibles beneficiarios de infraestructura de riego, ya que sólo si se cuenta con montos crecientes de inversión es que se puede acceder a los programas federalizados, generando con ello un círculo vicioso donde se perpetua el retraso y se ensancha la brecha entre regiones desarrolladas y no desarrolladas.
Por ejemplo, los usuarios o demandantes de riego que no pueden aportar 50 por ciento de inversión en obra por no contar con el capital requerido, difícilmente podrán capitalizarse sin condiciones que le permitan desarrollar una agricultura productiva, como es el acceso a la tecnología de riego.
Los organismos operadores y los gobiernos locales que no pueden aportar los montos de inversión requeridos para acceder a los programas, jamás podrán mejorar su eficiencia física y comercial en el servicio de agua potable que les permita mejorar o incrementar su capacidad recaudatoria, y de ese modo contar con recursos que le permitan por vez primera acceder a los programas que opera la Comisión Nacional del Agua.
Incluso, los organismos operadores que cuentan con un alto nivel de eficiencia comercial y recaudatoria no logran reunir los montos que las reglas de operación les exigen. Insistimos que el impedimento financiero propicia un círculo vicioso y, además, la licitación del acceso a los programas federalizados, reproduciendo con ello una enorme inequidad.
En la actual coyuntura se han aparejado, en forma por demás dramática, la crisis económica y la crisis de la disponibilidad de agua, por lo que resulta inadmisible no generar condiciones propicias para la inversión en el sector, máxime cuando en el riego agrícola se desperdicia 60 por ciento del líquido y se requiere con urgencia la modernización y tecnificación de las unidades de riego.
Y en el caso del consumo doméstico y público urbano, los organismos operadores de agua y los gobiernos locales requieren sustituir tuberías y redes para evitar los desperdicios y fugas que en algunos casos oscilan de 30 y a 50 por ciento del total del suministro de agua potable; pero al no poder contar con 60 por ciento del monto total de inversión que exige la regla de operación del Programa de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado en Zonas Urbanas, los gobiernos locales han estado impedidos para resolver, con la urgencia que se requiere, el grave problema de fugas y de alta asistencia en la administración y distribución de agua, ni tampoco para enfrentar las variaciones de los fenómenos hidrometeorológicos, como las terribles sequías en algunas regiones de nuestro país, y por otro lado, las severas inundaciones que se padecen en otras zonas del país, como la que tuvimos recientemente.
Los bajos alcances del Programa Nacional de Infraestructura y de las medidas contracíclicas de la actual administración federal pueden explicarse en buena medida por el cuello de botella y la rigidez que representan los requisitos exigidos en las reglas de operación. Una flexibilización de sus criterios y montos contribuiría decididamente a reactivar los sectores productivos que la crisis económica ha dañado, como lo son el de la industria de la construcción y el agropecuario.
El impedimento para aportar contraparte financiera no puede convertirse en una razón para cancelar las necesarias y urgentes inversiones en el sector, que al incrementarse generarían un efecto multiplicador en sectores que son clave de nuestra economía, generando condiciones de reactivación para superar el escenario de crisis económica.
Por lo expresado y fundado, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. La Cámara de Diputados, LXI Legislatura, con pleno respeto al ámbito de sus respectivas competencias, exhorta al Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, a establecer en las reglas de operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola, y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, a cargo de la Comisión de Nacional del Agua, aplicables a partir de 2010, un componente máximo de inversión no mayor a 20 por ciento en la contraparte a aportar por los organismos operadores y los gobiernos locales, en los diversos programas en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento a su cargo.
Segundo. La Cámara de Diputados, LXI Legislatura, con pleno respeto al ámbito de sus respectivas competencias, exhorta al Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, a establecer en las reglas de operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola, y el de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2010, un componente máximo de inversión no mayor a 10 por ciento en la contraparte a aportar por los usuarios de riego en los diversos programas en materia hidroagrícola a su cargo.
Tercero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que, en el marco de discusión del paquete económico de 2010, integre en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 un apartado que fije el porcentaje máximo de contraparte a aportar por los usuarios y gobiernos locales, en los distintos programas de infraestructura hidroagrícola, agua potable, alcantarillado y saneamiento, y que deberá ser observado en atención a las reglas de operación que en la materia publique el Poder Ejecutivo federal, de conformidad con lo establecido en los resolutivos primero y segundo del presente punto de acuerdo.
Es cuanto, diputado presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer --a través de la Conagua-- en las reglas de operación del ejercicio de 2010 un componente máximo de inversión no mayor de 10 por ciento en la contraparte que aportarán los usuarios de riego en los programas hidroagrícolas, y un componente máximo de inversión no mayor de 20 por ciento en la contraparte a cargo de los organismos operadores o de los gobiernos locales en los programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, suscrita por los diputados Leticia Robles Colín , Alejandro Encinas Rodríguez , Guadalupe Acosta Naranjo , Armando Ríos Piter y Vidal Llerenas Morales , del Grupo Parlamentario del PRD
Leticia Robles Colín , a nombre propio y de Mary Telma Guajardo Villarreal , Alejandro Encinas Rodríguez , Guadalupe Acosta Naranjo , Armando Ríos Piter y Vidal Llerenas Morales , diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, cuyos resolutivos se proponen de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones1. La instrumentación de reglas de operación para la ejecución de los programas de inversión federal ha contribuido a trasparentar y ordenar el ejercicio del gasto; también las reglas de operación han logrado evitar o, al menos, disminuir el desvío de recursos públicos que, hasta antes de la implantación de las reglas, se constituía en una práctica permanente. En el caso de los programas a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las reglas han permitido, además, planificar y dirigir la oferta de infraestructura hidráulica en función de los objetivos: Plan Nacional Hídrico.
2. A pesar de las incuestionables virtudes de las reglas de operación, algunos requisitos de éstas también se han constituido en un verdadero obstáculo para la expansión de la oferta de infraestructura de riego, agua potable y saneamiento; es el caso de los componentes de inversión local, que se exigen como contraparte a la inversión federal que, en algunos casos --como el caso de la ampliación y rehabilitación de infraestructura de agua potable en zonas urbanas--, representan hasta 60 por ciento del total de la inversión, lo que hace que los gobiernos locales desistan de programar y formalizar obra en estos estratégicos rubros y que los montos, que esta Cámara aprueba para los diferentes programas en materias, terminen subejerciéndose por las dificultades que acusan los gobiernos locales para aportar las contrapartes establecidas en las reglas de operación.
3. Los montos de contrapartes exigidas en las reglas de operación representan un factor de exclusión para gobiernos locales, organismos operadores y usuarios, o posibles beneficiarios de infraestructura de riego, ya que sólo si se cuenta con montos crecientes de inversión es que se puede acceder a los programas federalizados, generando con ello un círculo vicioso donde se perpetua el retraso y se ensancha la brecha entre regiones desarrolladas y no desarrolladas. Por ejemplo, los usuarios o demandantes de riego que no pueden aportar 50 por ciento de inversión en obra por no contar con el capital requerido, difícilmente podrán capitalizarse sin condiciones que le permitan desarrollar una agricultura productiva, como es el acceso a la tecnología de riego. Por su parte, los organismos operadores o gobiernos locales que no pueden aportar los montos de inversión requeridos para acceder a los programas, jamás podrán mejorar su eficiencia física y comercial en el servicio de agua potable, que les permita mejorar e incrementar su capacidad recaudatoria y, de ese modo, contar con recursos que le permitan por vez primera acceder a los programas que opera la Comisión Nacional del Agua. Incluso, aquellos organismos operadores que cuentan con un alto nivel de eficiencia comercial y recaudatoria no logran reunir los montos que las reglas de operación les exigen. Insistimos que el impedimento financiero propicia un círculo vicioso y, además, la elitización del acceso a los programas federalizados, reproduciendo con ello una enorme iniquidad.
4. En la actual coyuntura se han aparejado en forma por demás dramática la crisis económica y la crisis de disponibilidad de agua por lo que resulta inadmisible no generar condiciones propicias para la inversión en el sector, máxime cuando en el riego agrícola se desperdicia 60 por ciento del liquido y se requiere con urgencia la modernización y tecnificación de las unidades de riego y, en el caso del consumo doméstico y público urbano, los organismos operadores de agua o gobiernos locales requieren sustituir tuberías y redes para evitar los desperdicios y fugas que en algunos casos oscilan entre 30 y hasta 50 por ciento del total del suministro de agua potable, pero al no poder contar con 60 por ciento del monto total de inversión que exigen la Reglas de Operación del Programa de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Urbanas, los gobiernos locales han estado impedidos para resolver, con la urgencia que se requiere, el grave problema de fugas y de alta de eficiencia en la administración y distribución de agua, ni tampoco para enfrentar las extremas variaciones los fenómenos hidrometeorológico, como las terribles sequías en algunas regiones y, por otro lado, las severas inundaciones que se padecen en otras zonas del país.
5. Los requisitos financieros para acceder a los programas que opera la Conagua han convertido a las reglas de operación en un Presupuesto de Egresos Bis o de facto, en donde la facultad y determinación soberana de los legisladores, expresada en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se desvirtúa o se quebranta cuando los montos y destinos de la inversión no se ejercen porque la Conagua impide a usuarios de riego y a gobiernos locales y organismos operadores de agua el acceso a los programas a su cargo por razones de insuficiencia financiera para aportar la contraparte.
Lo anterior ha sido suficientemente analizado y denunciado por esta soberanía; en la pasada legislatura, legisladores de todos y cada uno de los grupos parlamentarios representados en el Congreso, tanto de oposición como del partido gobernante, solicitaron al titular de la Conagua la modificación o supresión de los montos de contraparte local requeridos en las reglas de operación, así se lo plañeron en las 11 visitas que el director de la Conagua realizó a ambas Cámaras; sin embargo, a pesar de la insistencia y unificación de todos los partidos en el planteamiento, la Conagua no fue sensible al reclamo de los legisladores.
6. Los bajos alcances del programa nacional de infraestructura y de las medidas contracíclicas de la actual administración federal pueden explicarse en buena medida por el cuello de botella y la rigidez que representan los requisitos exigidos en las reglas de operación: una flexibilización de sus criterios y montos contribuiría decididamente a reactivar a los sectores productivos que la crisis económica ha dañado, como es el de la industria de la construcción y la agropecuaria.
7. Los legisladores suscritos reconocemos la importancia que han tenido las reglas de operación para convocar a la corresponsabilidad, tanto de usuarios de riego como de los gobiernos locales, en el financiamiento de la infraestructura; sin embargo, la actual crisis económica agrava y profundiza más el impedimento para aportar contraparte financiera. Por ello es que, sin prescindir del esfuerzo de estos actores, se vuelve urgente y necesario reducir en forma sensata, y a un mínimo razonable, los montos de inversión que deben aportar como contraparte. Debe quedar claro que no estamos planteando en modo alguno la desaparición de la contraparte y que esta medida sólo deberá ser temporal hasta que la actual crisis económica sea superada plenamente.
8. El impedimento para aportar contraparte financiera no puede convertirse en una razón para cancelar las necesarias y urgentes inversiones en el sector que, de incrementarse, generarían un efecto multiplicador en sectores clave de nuestra economía, generando condiciones de reactivación para superar el escenario de crisis económica. Por todo lo expresado y fundado es que sometemos a consideración de Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Puntos de AcuerdoPrimero. La Cámara de Diputados, LXI Legislatura, con pleno respeto al ámbito de sus respectivas competencias, exhorta al Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, a establecer en las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2010, un componente máximo de inversión no mayor al 20 por ciento en la contraparte a aportar por los organismos operadores o gobiernos locales en los diversos programas en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento a su cargo.
Segundo. La Cámara de Diputados, LXI Legislatura, con pleno respeto al ámbito de sus respectivas competencias exhorta al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, a establecer en las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2010, un componente máximo de inversión no mayor al 10 por ciento en la contraparte a aportar por los usuarios de riego en los diversos programas en materia hidroagrícola a su cargo.
Tercero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que, en el marco de discusión del paquete económico de 2010, integre en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 un apartado que fije el porcentaje máximo de contraparte a aportar por los usuarios y gobiernos locales en los distintos Programas de Infraestructura Hidroagrícola, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, y que deberá ser observado en atendido en las reglas de operación que en materia publique el Poder Ejecutivo federal, de conformidad con lo establecido en los resolutivos primero y segundo del presente punto de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnense los resolutivos primero y segundo a la Comisión de Recursos Hidráulicos, y el resolutivo tercero a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integran las comisiones, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
CAMBIO CLIMATICO
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Norma Leticia Orozco Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo con el que se cita a comparecer al titular de la Semarnat, para que informe respecto de la estrategia nacional para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y las acciones de adaptación de los efectos del cambio climático.
La diputada Norma Leticia Orozco Torres: Muchas gracias. Con el permiso del señor presidente.Compañeras diputadas y compañeros diputados, el cambio climático es un fenómeno que se manifiesta en un aumento de temperatura promedio del planeta, directamente vinculado con el aumento en la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, producto de actividades humanas relacionadas con la quema de combustibles fósiles y el cambio de uso del suelo. Este aumento en la temperatura tiene consecuencias en la intensidad de los fenómenos del clima en todo el mundo.
Por tal motivo, hemos estado observando fenómenos meteorológicos extremos. Recordemos las afectaciones en Tabasco en 2007 por las lluvias extremas y que se repitieron en 2008, afectando también a Chiapas y Veracruz.
Y ahora, con las lluvias excesivas que cayeron en el Valle de México, inusualmente, tormenta que concentró hasta 110 metros cúbicos de agua por metro cuadrado en zonas del Valle de México, dejando un saldo de tres muertos y más de mil casas afectadas, inundaciones de aguas negras de hasta un metro 70 centímetros de altura.
Haciendo un poco de historia, desde hace más de 15 años la mayor parte de los países se adhirieron a un tratado internacional denominado Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, con la finalidad de considerar las acciones que se deben realizar para reducir el calentamiento atmosférico y adoptar medidas para hacer frente a la elevación de la temperatura, que es inevitable.
De esta convención los gobiernos acordaron incorporar una adición al tratado, conocida con el nombre de Protocolo de Kioto, que contó con medidas más enérgicas y jurídicamente vinculantes.
En este protocolo se establecieron compromisos cuantitativos de reducción de emisiones para el periodo 2008-2012 para los países desarrollados; mientras que los países en desarrollo, como México, se comprometieron a realizar programas de mitigación de gases de efecto invernadero e inventarios de fuentes de contaminación.
Por tal motivo, México ha realizado diversas acciones basadas en los compromisos de este Protocolo de Kioto con la conformación de la Comisión Intersecretarial del Cambio Climático, la cual se encuentra integrada por ocho secretarios de Estado y ha elaborado comunicaciones nacionales e inventarios nacionales de emisiones de gases de efecto invernadero.
En 2008, durante la quinta Cumbre de América Latina y el Caribe, México propuso crear un fondo mundial contra el cambio climático, mejor conocido como el Fondo Verde, el cual busca contribuir a la reducción de emisiones de carbono y financiar programas de adaptación al cambio climático. Con este fondo cada país estaría obligado a aportar una cantidad en proporción a su ingreso o emisiones per cápita, o una combinación de estos dos factores y, al propio tiempo, cada país podría retirar contra el fondo para financiar acciones de reducción de emisiones de carbono o programas para adaptación al cambio climático.
El presidente de México se comprometió en la última Conferencia de las Naciones Unidas, en Poznan, Polonia, en marzo de 2009, a reducir para el año 2050 las emisiones de bióxido de carbono al 50 por ciento; sin embrago, las acciones de cómo reducir las emisiones de gases efecto invernadero no fueron indicadas.
Desde el inicio de 2008 el gobierno federal ha presumido de un programa especial de cambio climático, que a la fecha no ha sido publicado para su aplicación y que, como proyecto, no tiene una vinculación clara entre las acciones específicas con las metas establecidas en el programa.
Es importante destacar que, de acuerdo con el estudio denominado La economía del cambio climático en México, se observó que este fenómeno tendrá impactos significativos y crecientes en la economía mexicana, estimando que el país perderá por lo menos 6 por ciento de su producto interno bruto por los impactos del calentamiento global; sobre todo por afectaciones que tendrá en la agricultura, la disponibilidad del agua, el turismo, la biodiversidad y la salud de la población.
Este estudio señala entre sus conclusiones que México necesita invertir 2 por ciento de su producto interno bruto para reducir 50 por ciento los gases de efecto invernadero que actualmente produce. Desde la óptica económica, resulta más eficiente actuar que dejar el problema para las generaciones futuras.
Por tal motivo, aunque las acciones del gobierno mexicano han sido favorecedoras para ser reconocidas como un país con propuestas para la eliminación de gases efecto invernadero, es necesario que se especifiquen todas las acciones a realizar para la reducción de gases efecto invernadero comprometidas en Poznan, Polonia, las actividades para la adaptación a los efectos del cambio climático y las gestiones que realizará el gobierno federal, conjuntamente con los gobiernos estatales y la ciudadanía.
Estas acciones deben ser de manera inmediata, puesto que se acerca un nuevo acuerdo internacional destinado a enfrentar el cambio climático, debido a que el Protocolo de Kioto tiene como fecha de compromisos 2012.
Este acuerdo será llevado a cabo en la próxima conferencia de las partes en Copenhague, Dinamarca, donde se buscará lograr un ambicioso acuerdo enfocándose en acciones urgentes para limitar las elevaciones de la temperatura a no más de dos grados Celsius, más allá de lo cual los riesgos del cambio climático sean mucho mayor.
Por tanto, es importante que el gobierno federal presente ante la Cumbre de Copenhague de 2009 un programa específico de acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía, para reducir las emisiones de gases efecto invernadero y la adaptación a los efectos del cambio climático.
Compañeros, el punto de acuerdo que presento es derivado de que en el Partido Verde creemos indispensable que el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales presente a detalle ante la Cámara de Diputados las acciones que México ostentará en la próxima Cumbre de Copenhague, Dinamarca.
Se adhiere también el diputado Francisco Moreno, del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto, señor presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al titular de la Semarnat a fin de que informe respecto a la estrategia nacional para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y a las acciones de adaptación de las repercusiones del cambio climático, a cargo de la diputada Norma Leticia Orozco Torres , del Grupo Parlamentario del PVEM
Norma Leticia Orozco Torres , diputada integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de MotivosEl cambio climático es un fenómeno que se manifiesta en un aumento de la temperatura promedio del planeta, directamente vinculada con el aumento en la concentración de gases de efecto invernadero (GEI) 1 en la atmósfera, producto de actividades humanas relacionadas con la quema de combustibles fósiles (petróleo, carbón) y el cambio de uso de suelo (deforestación). Este aumento de la temperatura tiene consecuencias en la intensidad de los fenómenos del clima en todo el mundo. 2
El consenso científico indica que el clima global se verá alterado significativamente, como resultado del aumento de concentraciones de gases efecto invernadero (Houghton et al. , 1990 3 1992 4 ). Por tal motivo, se espera que estos gases aumenten la temperatura planetaria entre 1.5 y 50 grados Celsius.
Por esta razón, el cambio climático es un tema de gran relevancia a nivel mundial y es reconocido por todos los gobiernos que, de no generarse acciones para mitigar la emisión de gases efecto invernadero, los desastres que se avizoran, en consecuencia a los efectos del cambio climático, serán de gran impacto.
Desde hace más de 15 años, la mayor parte de los países se adhirieron al tratado internacional Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), con la finalidad de considerar las acciones que se deben realizar para reducir el calentamiento atmosférico y adoptar medidas para hacer frente a la elevación de la temperatura que es inevitable. En 1997, los gobiernos acordaron incorporar una adición al tratado, conocida con el nombre de Protocolo de Kioto, que cuenta con medidas más enérgicas y jurídicamente vinculantes.
En este protocolo se establecieron compromisos cuantitativos de reducción de emisiones para el período 2008-2012, para los países desarrollados incluidos en el anexo I los cuales fueron: 5
Asimismo, para los países en desarrollo, como México, se comprometieron a:
Por tal motivo, México ha realizado diversas acciones basadas en los planteamientos del Protocolo de Kioto, con la conformación de una Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, la cual se encuentra integrada por ocho secretarías de Estado. Asimismo, ha realizado comunicaciones nacionales e inventario nacionales de emisiones de gases efecto invernadero.
A pesar de que no tiene compromisos oficiales de reducción de emisiones, se comprometió en la última Conferencia de las Naciones Unidas en Poznan, Polonia en marzo de 2009, a reducir para el año 2050, las emisiones de CO2 a 50 por ciento, con respecto a los niveles de 2002. Sin embargo, las acciones de cómo reducir la emisión de GEI, no fueron indicadas.
Adicionalmente en el 2008, durante la quinta Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea, el presidente de México, propuso crear un fondo mundial contra el cambio climático (Fondo Verde) el cual busca contribuir en la reducción de emisiones de carbono y financiar programas de adaptación al cambio climático.
El presidente Calderón ha indicado en diversos foros y reuniones internacionales que con este mecanismo cada país estaría obligado a aportar una cantidad en proporción a su ingreso o emisiones per cápita, o una combinación de estos dos factores y, al propio tiempo cada país podría retirar contra el fondo para financiar acciones de reducción de emisiones de carbono o programas para adaptación al cambio climático. 6
Es importante destacar que de acuerdo con el estudio La economía del cambio climático en México se observó que este fenómeno tendrá ``impactos significativos y crecientes'' en la economía mexicana, estimando que el país perderá, por lo menos, 6 por ciento de su producto interno bruto (PIB) por los impactos del calentamiento global, sobre todo por las afectaciones que tendrá en la agricultura, la disponibilidad del agua, el turismo, la biodiversidad y la salud de la población. 7
Este estudio señala, entre sus conclusiones, que México necesita invertir 2 por ciento de su PIB para reducir a 50 por ciento los gases de efecto invernadero que actualmente produce. ``Desde la óptica económica resulta más eficiente actuar que dejar el problema para las generaciones futuras''.
Por tal motivo, aunque las acciones del gobierno mexicano han sido favorecedoras, para ser reconocidos como un país en desarrollo que ha formulado propuestas para la eliminación de gases efecto invernadero, es necesario que se especifiquen todas las acciones por realizar para la reducción de gases efecto invernadero comprometido en Poznan, Polonia, las actividades para la adaptación a los efectos del cambio climático y las gestiones que realizará el gobierno federal conjuntamente con los gobiernos estatales y la ciudadanía.
Si bien, el gobierno federal, cuenta con un proyecto de programa especial de cambio climático, este no ha sido publicado para su aplicación y es un proyecto que no tiene una vinculación clara entre las acciones especificas con las metas establecidas en el programa.
El pasado 3 de junio, el Partido Verde presentó la proposición con punto de acuerdo para que el gobierno federal informara, a la Comisión Permanente de la LX Legislatura, la fecha probable de publicación del PECC, el cual fue aprobado mediante votación económica por el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el pasado 17 de junio.
A este punto de acuerdo, se recibió de la Unidad de Enlace Legislativo, de la Secretaría de Gobernación, copia del oficio SSPPA/084/2009 del 16 de julio, suscrito por el doctor Fernando Tudela, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat para dar respuesta al punto de acuerdo, informando que el PECC fue autorizado por la Oficina de la Presidencia de la República, así como por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No obstante, la coordinadora de Asuntos Jurídicos de esa subsecretaría, se encontraba adecuando el proyecto de decreto para la promulgación del PECC en el Diario Oficial, estimando que la primera semana de agosto se realizaría dicha publicación.
Sin embargo, a poco más de un mes se sigue sin la publicación del multicitado programa, a pesar de que este año representa un hito para el cambio climático.
Lo anterior debido a que en diciembre en Copenhague, Dinamarca, el mundo se reunirá en la Conferencia de las Naciones Unidas para llegar a un nuevo acuerdo internacional destinado a enfrentar el cambio climático, debido a que el Protocolo de Kioto tiene como fecha de compromisos el año 2012.
El gobierno británico busca lograr un ambicioso acuerdo en Copenhague y enfocándose en acciones urgentes para limitar las elevaciones en la temperatura a no más de 2 grados Celsius, más allá de lo cual los riesgos del cambio climático sean mucho mayores. 8
Por lo cual, es importante que el gobierno federal presente, antes de la cumbre de Copenhague de 2009, un programa específico de acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía, para reducir las emisiones de gases efecto invernadero y la adaptación a los efectos del cambio climático.
Por lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México cree necesario que se cite a comparecer al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que detalle las acciones que México presentará en la cumbre de Copenhague.
Para esta comparecencia, es indispensable que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Cámara de Diputados convoque a reuniones trabajo, con especialistas en el tema de cambio climático, con la finalidad de que antes de la comparecencia, los legisladores conozcamos más a detalle el tema.
En mérito de lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con
Puntos de AcuerdoPrimero. Se cita a comparecer al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de que informe cual será la estrategia nacional para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y las acciones de adaptación de los efectos del cambio climático que será presentado por el presidente Felipe Calderón Hinojosa en la cumbre de Copenhague, el próximo mes de diciembre.
Segundo. Se solicita a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que realice una mesa de trabajo con especialistas en el tema de cambio climático, antes de la comparecencia del titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la finalidad de que los legisladores conozcamos cual es el panorama mundial actual y mundial del cambio climático.
Notas: 1 Como el bióxido de carbono, metano, óxidos nitrosos y clorofluorocarbonos. 2 http://cambio_climatico.ine.gob.mx/comprendercc/comprendercc. html 3 Hougton, J. T., Callander, B.A., and Varney, S.K., 1990. Climate Change: The IPCC Scientific Assessment. Cambridge University Press. Página 365. 4 Hougton, J. T., Callander, B.A., and Varney, S.K., 1992. Climate Change 1992: The Supplemental Report to the IPCC Scientific Assessment. Cambride University Press. Página 200. 5 http://cambio_climatico.ine.gob.mx/comprendercc/qsehaceparamitigarelcc/qseestahaciendoparamitigar.html 6 http://www.presidencia.gob.mx/prensas/notas/?contenido=38920 y http://www.el-universal.com.mx/notas/611233.html 7 http:www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/Publicacion/Sintesis2009cambioclimatico.pdf 8 http://ukinmexico.fco.gov.uk/es/working-with-mexico/global-priorites/act-on-copenhagen-launch/El diputado Presidente Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Procesos Legislativos.
Me ha solicitado el uso de la palabra el diputado Francisco Merino. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Francisco Alejandro Moreno Merino (desde la curul): Francisco Moreno Merino, señor presidente, a sus órdenes.
El diputado Presidente Francisco Javier Ramírez Acuña: Desde la curul, diputado. ¿Con qué objeto?
El diputado Francisco Alejandro Moreno Merino (desde la curul): Con objeto de adherirme al punto de acuerdo de la compañera diputada del Partido Verde, con la seguridad de que mi fracción parlamentaria también está deseosa de recibir al señor secretario de Medio Ambiente.El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado.
El diputado Francisco Alejandro Moreno Merino (desde la curul): A sus órdenes.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se pregunta a la promovente, diputada Norma Leticia Orozco Torres, si no tiene inconveniente en que el señor diputado esté participando en su propuesta.
No se escuchó a la diputada. ¿No hay inconveniente?
La diputada Norma Leticia Orozco Torres (desde la curul): No lo hay.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No hay. Perfecto. Entonces que proceda a suscribir el documento el señor diputado. Muchas gracias.
ESTADO DE MEXICO
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo con el que se solicita la liberación de recursos del Fonden, para atender las afectaciones causadas por las inundaciones suscitadas en los municipios de Tlalnepantla y Atizapán,Estado de México.
La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Con su permiso, señor presidente.Honorable asamblea, la suscrita, diputada a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente exposición de motivos:
Las fuertes lluvias del domingo 6 de septiembre por la noche provocaron severas inundaciones en Tlalnepantla de Baz y Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Se fracturó al mismo tiempo el emisor del río Tlalnepantla, lo que afectó sensiblemente a los habitantes, pues se inundaron viviendas, avenidas y zonas importantes, como Valle Dorado, y el río de los Remedios, Atizapán y zonas colindantes con los municipios.
El emisor de aguas residuales es el conducto por donde sale el mayor porcentaje de agua de lluvia de los municipios de la zona metropolitana de la Ciudad de México; aunado a casi dos horas que duraron las torrenciales lluvias, el colector terminó por sufrir una seria avería a lo largo de más de 45 metros, provocando con ello que las aguas negras subieran a un nivel de 1.40 metros, viéndose afectado en particular la colonia Valle Dorado, Tlalnepantla, ocasionando a la población pérdida de su patrimonio, ya que más de mil 945 familias y sus casas sufrieron severos daños en sus estructuras y el sistema hidráulico.
Otros lugares impactados por este fenómeno natural fueron el hospital y el palacio municipal de Atizapán de Zaragoza, y la zona de Arboledas. Esta situación llevó a que en el transcurso de la lluvia cientos de personas quedaran varadas y refugiadas en los distintos espacios públicos, y que también se tuvieran que desalojar a más de mil 500 personas de sus viviendas, con el propósito de salvaguardarlas.
Debemos reconocer la participación de las autoridades estatales, municipales y del Ejército Mexicano, que actuaron de inmediato en esta emergencia para evitar un desastre mayor a los habitantes en estos municipios.
En síntesis, es urgente que se aplique el seguro de la Comisión Nacional del Agua, que debe aplicar para la cobertura de siniestros en la reparación de daños en la red de aguas y que se cubran los daños ocasionados y la coordinación de esfuerzos en los tres niveles de gobierno, para enfrentar exitosamente esta emergencia que padecen los pobladores de los municipios del norte de nuestra zona metropolitana.
Por lo expuesto, someto a discusión y aprobación, por el pleno de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.
Único. Se exhorta al gobierno federal a que se liberen los recursos financieros y materiales del Fonden, mediante obras de reparación de viviendas y zonas públicas, aplicando las medidas sanitarias pertinentes para la atención de emergencia presentada por las inundaciones en Tlalnepantla de Baz y Atizapán de Zaragoza, Estado de México.
Debo señalar que se adhieren a este punto de acuerdo el diputado Sergio Saldaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como la diputada Rosario Brindis, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2009.
Diputado presidente, solicito que se integre de manera íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la liberación de recursos del Fonden para atender los efectos de las inundaciones suscitadas en Tlalnepantla y Atizapán, México, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía , del Grupo Parlamentario de Convergencia
La suscrita diputada a LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente
Exposición de MotivosLas fuertes lluvias del pasado domingo por la noche, el día 6 de septiembre del presente, provocaron fuertes inundaciones en los municipios de Tlalnepantla de Baz y Atizapán de Zaragoza; fracturándose, al mismo tiempo, el emisor Río Tlalnepantla; afectando sensiblemente a sus habitantes, inundando viviendas, avenidas y zonas importantes, como Valle Dorado, Río de los Remedios, Atizapán y zonas colindantes entre estos municipios.
El emisor de aguas residuales, es el conducto por donde sale el mayor porcentaje de agua de lluvia de los municipios de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, aunado a casi dos horas que duraron las torrenciales lluvias, el colector terminó por sufrir una seria avería a lo largo de más de 10 metros, provocando con ello que las aguas negras subieran a un nivel de 1.40 metros, viéndose afectada en lo particular la colonia Valle Dorado, en Tlalnepantla.
Otros lugares impactados por este fenómeno natural, fueron el hospital y el palacio municipal de Atizapán de Zaragoza, y la zona de Arboledas.
Esta situación, llevó a que en el transcurso de la lluvia, cientos de personas quedaran varadas y refugiadas en diversos espacios públicos, al mismo tiempo, se tuvieron que desalojar a más de 1,500 personas de sus viviendas, con el propósito de salvaguardarlas.
Debemos de reconocer la participación de las autoridades estatales, municipales y del Ejercito Mexicano, que actuaron de inmediato en esta emergencia para evitar un desastre mayor a sus habitantes en estos municipios.
En síntesis, es urgente coordinar esfuerzos, de los tres niveles de gobierno, para enfrentar exitosamente esta emergencia que padecen los pobladores y municipios del norte de nuestra zona metropolitana.
Por lo expuesto, someto a discusión y aprobación por el Pleno como de urgente y obvia resolución, de esta honorable asamblea el presente
Punto de AcuerdoÚnico. Para exhortar al gobierno federal para que liberen los recursos financieros y materiales del programa Fonden, mediante obras de reparación de viviendas y zonas públicas, aplicando las medidas sanitarias pertinentes. Para la atención de emergencia presentada por las inundaciones en los municipios de Tlalnepantla de Baz y Atizapán de Zaragoza en el Estado de México.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Insértese en el Diario de los Debates y se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición.
Tenemos inscritos en pro a la diputada Rosario Brindis Álvarez, el diputado Francisco Landero Gutiérrez y el diputado Sergio Saldaña del Moral. Se concede el uso de la palabra a la diputada Rosario Brindis Álvarez.
La diputada María del Rosario Brindis Álvarez: Con su permiso, diputado presidente.Compañeras diputadas y compañeros diputados, además de lo mencionado en el punto de acuerdo de Convergencia, quiero precisar que sea el gobierno federal, mediante la Conagua, quien libere los recursos y responda por los daños ocasionados a 2 mil familias y a aproximadamente 600 automóviles que sufrieron daños en esta tragedia, ya que según el artículo 9o., fracción IX, de la Ley de Aguas Nacionales, es responsabilidad de la Conagua programar, estudiar, construir, operar, conservar y mantener las obras hidráulicas federales.
Por lo anterior, el tubo del emisor poniente está bajo la atención de la Conagua. Quiero destacar que son inaceptables las declaraciones del director de esta comisión, en el sentido de querer endosarle la factura al ex regente Uruchurtu, siendo que dicha comisión no ha hecho gran cosa por mejorar las condiciones de estas instalaciones hidráulicas y del emisor poniente. Gracias. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Francisco Landero Gutiérrez.
El diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez: Con su permiso, diputado Presidente.Hago uso de la tribuna con objeto de traer al Congreso la voz de miles de personas del Estado de México que se encuentran en una situación difícil, particularmente, como se dijo aquí, en Tlalnepantla y en la zona alta de Atizapán. La fuerte presión por la sobrecarga de agua de lluvia ocasionó la ruptura de la bóveda superior del túnel emisor poniente en un tramo de 30 metros, a la altura de la colonia Valle Dorado, Tlalnepantla.
Los legisladores de Acción Nacional estamos conscientes de que este hecho representa un problema muy serio, ya que este emisor actúa como conductor de aguas negras, por lo que los 30 mil litros por segundo de agua que, se estima, dejó escapar esta tubería no sólo han provocado una serie de inundaciones y pérdidas materiales, sino también pueden contribuir a un preocupante foco de infección y afectar la salud de la población de la zona.
Por esta razón, el personal técnico de la Comisión Nacional del Agua se movilizó de inmediato al lugar para evaluar la situación de los daños e iniciar los trabajos de limpieza y reparación de este túnel. De igual forma, el director general de la Conagua, junto con las autoridades de la Comisión de Aguas del Estado de México y del organismo público descentralizado del agua de Tlalnepantla, llevaron a cabo un recorrido para evaluar los daños.
En Acción Nacional lamentamos profundamente esta tragedia y expresamos nuestra solidaridad con la población de estas colonias afectadas, que han llegado a ser hasta mil 200 familias. Es relevante señalar que, de acuerdo con los pronósticos del tiempo para los próximos días, se esperan más lluvias intensas y por ende desastres potenciales para ésta y otras zonas del valle de México.
Lo anterior también conllevará diversos problemas de índole económica debido a que las inundaciones perjudican a comercios, restaurantes y a la vida normal de esta zona. Asimismo, se generan diversos problemas de vialidad, ya que algunas de las calles, como Valparaíso, Constantinopla, en Valle Dorado, se encuentran bajo el agua. También es conveniente tener en cuenta los riesgos sanitarios que pueden ocasionar las aguas negras.
Por ello se hace imprescindible en este momento el apoyo del Estado mexicano. Es urgente la solidaridad de este honorable Congreso de la Unión y en particular del gobierno del Estado de México.
Por esta razón se requiere que la Coordinación General de Protección Civil---y nos sumamos a los diputados que hicieron uso de la palabra anteriormente--- emita la declaratoria de emergencia para Atizapán y Tlalnepantla, con la finalidad de que se liberen los recursos provenientes de la partida revolvente del Fondo Nacional de Desastres, los cuales pueden destinarse para la adquisición de suministros de auxilio que permitan responder de manera inmediata a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población.
Asimismo, hacemos un llamado urgente al gobernador del Estado de México para que destine recursos extraordinarios para la protección de las familias, la construcción de obra pública y para, en la medida de lo posible, resarcir los bienes que las personas perdieron en este trágico domingo. Él se comprometió ayer, en conocido noticiero nocturno, a llevar a cabo esto.
Queremos ver al señor gobernador más en la calle y no solamente en las pantallas de televisión. Queremos verlo previniendo y trabajando, no solamente pendiente del rating, que sólo eleva su popularidad.
Lo conminamos a actuar prontamente, ya que no queremos que pasen días sin resultados, días de abandono para la población; y a instaurar medidas concretas ante la desesperación de los habitantes que vieron perdido en un momento su patrimonio de toda la vida, mientras hay otros que sólo se preocupan por el rating en la popular televisión. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Óscar González Yáñez, del Partido del Trabajo.
El diputado Óscar González Yáñez: Gracias, señor presidente.Solamente para hacer un anexo al acuerdo, para que se haga un exhorto al gobierno del Estado de México a que, dentro de sus facultades para poder usar 2 por ciento del presupuesto total, que no requiere autorización del Congreso del estado ---y considerando que el presupuesto del Estado de México es de más de 100 mil millones de pesos---, no esperar a que se liberen los fondos federales; que sea de la partida de medios de comunicación del gobierno del estado; que se use 20 por ciento de ese fondo para la aplicación inmediata, para resarcir los daños en el municipio de Tlalnepantla. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Le suplicaría que nos haga llegar su propuesta por escrito para darle el trámite correspondiente.
Tiene el uso de la palabra el diputado Sergio Saldaña del Moral.
El diputado Fausto Sergio Saldaña del Moral: Con su permiso, señor presidente de la Mesa Directiva.Señores diputados, como antecedente es importante señalar que la zona metropolitana del valle de México cuenta con tres canales grandes para desalojar las aguas residuales de toda esta zona: el primero de ellos es el emisor poniente; el segundo el drenaje profundo, el emisor central; y el tercero, el del río de los Remedios, o Gran Canal.
De acuerdo con lo establecido en Ley de Aguas Nacionales, la Comisión Nacional del Agua es la única con competencia y es única autoridad en el tema del agua, que es un tema estrictamente de orden federal.
En el tema que nos está ocupando, el gobierno del Estado de México, junto con los municipios de Tlalnepantla y Atizapán como directamente involucrados, ha asumido plenamente la responsabilidad. Para ello han destinado todos los recursos materiales al alcance, como los camiones presión-succión tipo Vactor, y las cuadrillas de protección civil estatal para la atención de la ciudadanía en esta necesidad. No hay que confundirnos tratando de involucrar o de confundir ni a la población, ni a los integrantes de esta soberanía.
Hoy queremos soportar la propuesta que han hecho nuestros compañeros del Partido Convergencia y del Partido Verde, y permítanme contestarles, compañeros, que en este sentido no podemos politizar. Hay que ser objetivos.
La situación actual de más de 2 mil familias que están reclamando la urgente necesidad y la asunción de la responsabilidad por parte del gobierno federal, y en este sentido es la generación inmediata de los recursos para hacerle frente a la satisfacción de las familias que hoy están perdiendo su patrimonio.
Hoy se tiene un reporte de casi 2 mil viviendas que ya reportan daños mayores y 645 vehículos como pérdida total, y esto sin cuantificar aún el patrimonio familiar o el menaje de casa. Por ello nos pronunciamos por que el gobierno federal mediante la Comisión Nacional del Agua libere esos recursos y, asimismo, que se repare en la totalidad el emisor poniente.
El emisor poniente es un sistema entubado que va a lo largo de ocho kilómetros con un diámetro de cuatro metros, que nace en el vaso de Cristo, en Naucalpan de Juárez, y llega hasta Cuautitlán Izcalli. Ahí continúa hasta los límites con Tepotzotlán, pero en un canal a cielo abierto, y donde se ha generado la ruptura en 45 metros es en el tramo comprendido entre el río Tlalnepantla y el río San Javier, que por cierto, de acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, son facultad y competencia exclusiva de la Comisión Nacional del Agua.
Por eso se torna hoy prioritario que, lejos de meternos en discusiones ambiguas y copolitizar el tema del agua y la seguridad nacional. Le exigimos respetuosa, pero enérgicamente, al gobierno federal que libere los recursos para la construcción de un nuevo emisor poniente o emisor poniente dos, que está retrasado desde hace un par de años y está programando hasta 2011. No tenemos porqué esperar a que exista otra situación de esta naturaleza para volver a generar en ese sentido una propuesta.
Asimismo, deberá generarse un informe detallado por parte de la Comisión Nacional del Agua, cuantificando los daños. Un informe que contenga, también, las previsiones que está haciendo la autoridad en torno a este problema, a sabiendas de que es un hecho y un fenómeno natural extraordinario.
Deberá contener también, dicho informe, cuáles son todas las previsiones que está tomando la autoridad federal. Sí, estamos de acuerdo en una coordinación como se está haciendo para que los tres órdenes de gobierno, como lo ha hecho el Estado de México y estos dos municipios directamente afectados, con el apoyo inmediato del gobierno federal, para atender de manera definitiva esta situación. Muchas gracias, señores diputados.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Está solicitando el uso de la palabra el diputado Amador Monroy, para rectificación de hechos. Adelante, señor diputado.
El diputado Amador Monroy Estrada: Con su permiso, señor presidente. Con el permiso de todos ustedes, compañeros legisladores.Es lamentable que a estas alturas, después de más de 24 horas en las que están padeciendo mis paisanos, mis vecinos de Valle Dorado, la más tremenda inundación de la que jamás tuvieron una experiencia, nosotros estemos aquí, no sólo buscando culpables, sino echándoles la responsabilidad a quienes, al revés, en realidad han estado presentes encarando el problema.
Por ejemplo, yo escucho con lamentable decepción las declaraciones del funcionario de Conagua, cuando irresponsablemente habla de que las autoridades que antecedieron a las actuales tienen la culpa de lo que está sucediendo ahí, porque hubo un crecimiento desordenado. Esas son expresiones que hacen ver perfectamente bien la inexperiencia del señor.
Valle Dorado no es una comunidad que se haya desarrollado de manera desordenada, Valle Dorado nació urbanizada en Tlalnepantla; es de las comunidades más ordenadas que se dieron ahí. Y al revés, el emisor fue una construcción que se llevó a cabo después de que ya estaba asentada esa comunidad.
Le corresponde en este caso a la Conagua mantener de manera eficiente el servicio que da o que presta el emisor para que circulen las aguas con toda seguridad, para todos los que vivimos alrededor.
Sin embargo, de lo que parece ahí una explosión de la construcción dañada o lesionada--- no sé si por el tiempo o por las raíces de los árboles--- son un descuido de la poca inspección y el poco mantenimiento, la poca prevención que le corresponden a un organismo como la Conagua, que no ha sabido dar la cara.
No es cierto, como decía mi compañero diputado de Acción Nacional, Landero, que la Conagua ha estado presente con gente trabajando allá. Discúlpeme, pero desde el domingo, a las 12 de la noche, un servidor ha estado presente en la comunidad y no es cierto; tampoco que el señor gobernador no haya asumido su responsabilidad, toda la que, como nuestro mandatario, tiene. Porque ayer, precisamente desde las 8 de la noche y hasta las 0:30 horas estuvimos en el lugar de los hechos acompañándolo. Y él ya ha tenido una reunión previa con funcionarios del municipio.
El presidente municipal, por su lado, actualmente ha encarado el problema. Y preocupado por ello también, ha amanecido con los afectados durante estos dos días de tragedia que vive nuestra comunidad.
Yo creo que lo que tenemos que hacer es ser un poquito más cuerdos. Aquí no podemos darnos a la tarea de lucrar con la desgracia de nuestros vecinos. Aquí lo que requerimos es, de común acuerdo, plantear soluciones. Estoy de acuerdo en que se liberen los fondos para poder apoyar a la comunidad en cuanto al problema que enfrentan, no sólo en lo general, también en lo particular. Pero también estoy de acuerdo en que ya dejemos nosotros aquí de utilizar la tribuna sólo para venir a criticar, o de alguna forma a mentir sobre lo que a alguien le corresponde o no, o sobre la responsabilidad que enfrenta alguien o deja de enfrentarla.
Creo que Acción Nacional ha tenido ya bastante desde el momento en que la ciudadanía, precisamente en ese lugar, le ha retirado el apoyo que le venía dando porque no han visto la solución a sus problemas durante 12 años de gobierno municipal. Creo que Acción Nacional debería entender perfectamente bien el mensaje que le está enviando la comunidad y de alguna forma funcionar ya de una manera propositiva, no electorera; porque, además, ni es el momento de comenzar a chambear por votos. Eso llegará más tarde. Ahorita vamos a cultivar a la ciudadanía, dándole la atención y el servicio del nivel o del tamaño de la confianza que ellos nos han prestado a nosotros. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Ha solicitado el uso de la palabra el señor diputado Feliciano Marín Díaz, para rectificación de hechos. Le pregunto, señor diputado, ¿qué hechos pretende usted rectificar?
El diputado Feliciano Rosendo Marín Díaz: La información inexacta que presentan los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Adelante, diputado.
El diputado Feliciano Rosendo Marín Díaz: Buenas tardes a todos, a todas. A mí me parece que una desgracia como la que les ocurrió a los vecinos de Atizapán tiene que ser respondida con una solidaridad de esta Cámara, y creo que el punto de acuerdo debe ser resuelto a favor para ayudar en ella a quienes padecieron este fenómeno. Pero creo que habrá que aclarar que el gobierno delEstado de Méxicoy su gobernador está más ocupado en gastar los recursos públicos ---150 millones de pesos--- en su imagen que en invertir no solamente en Atizapán, sino en muchos otros lugares. Habrá que recordarles a los compañeros que silban, que fue el gobierno del estado el que detuvo 65 millones de pesos para reparar todo el asunto hidráulico en Ecatepec, por ejemplo.Creo que este aviso que la naturaleza nos envió es necesario tomarlo en cuenta, porque no solamente se trata ciertamente de señalar sino de que se pongan a trabajar quienes tienen esta responsabilidad, y no solamente tratar ---como decía quien me antecedió en el uso de la palabra--- en andarse promoviendo.
Por eso creo que este aviso tiene que ser retomado, porque no solamente es esa región del Estado de México, sino todo el valle de México, pero también todas las ciudades que pueden padecer este mismo problema y que no se está atendiendo.
Por eso el Partido de la Revolución Democrática ---haciendo caso de este asunto--- votará a favor del punto de acuerdo; pero tampoco dejaremos de señalar que hay una responsabilidad del gobierno del Estado de México, y de su gobernador, respecto de la ausencia de proyectos para solucionar este tipo de problemas, no solamente en Atizapán ---como decía antes--- sino en todo el Estado de México. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si considera suficientemente discutido... Perdón, solicitó oportunamente el uso de la palabra la diputada María Elena Pérez de Tejada Romero, y creo que hay otro diputado más. Ahorita con mucho gusto. Con mucho gusto, diputado. Se concede el uso de la palabra a la diputada María Elena Pérez de Tejada.
La diputada María Elena Pérez de Tejada Romero: Gracias, presidente.Diputadas y diputados, me parece que es una irresponsabilidad buscar culpables. La prevención es un problema que atender el día de hoy. Y es un asunto que requiere de la corresponsabilidad de todos los órdenes de gobierno. Qué pena que jueguen electoralmente con la vida y el patrimonio de las personas. Qué lástima que no consideren lo que estas familias están sufriendo. Nosotros, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, queremos que todos los órdenes de gobierno tengan voluntad y que los actores puedan llegar a acuerdos.
Por supuesto que apoyamos este punto; por supuesto que queremos que se destinen los recursos. Pero también queremos un trabajo permanente, no sólo por esta coyuntura, sino para prevenir este tipo de desastres en todo el Estado de México. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra al diputado Rodrigo Reina.
El diputado Rodrigo Reina Liceaga: Señor presidente, con su permiso.Compañeros legisladores, aclarando el punto y para sumarme también a esta expresión ya de responsabilidad de la diputada, donde entendemos que la tubería que se fracturó es propiedad de la Conagua, del gobierno federal, no vamos a abundar más en cuanto a quién le corresponde. Estoy totalmente de acuerdo con usted, diputada, es tiempo de que asumamos responsabilidades. El gobierno del estado lo está haciendo, junto con los municipios que en este momento ya están trabajando.
Nos sumamos todos a una propuesta donde una ciudadanía que exige resultados los va a tener no sólo por parte de los gobiernos municipales y del Estado de México, sino en la responsabilidad de los legisladores, que tenemos que ser sensibles a las causas y que dejamos de lado todos estos dimes y diretes partidistas y electoreros, cuando la ciudad lo que requiere es responsabilidad, es condensar y son resultados.
Veo con agrado que mi compañera de Naucalpan tiene madurez para que podamos llevar a cabo una votación donde se resuelva un problema que requiere de una respuesta urgente, y no de más debate que no nos lleva a nada. Sino a rectificar que estamos madurando y que no hemos logrado los objetivos.
Conmino a todos a que nos sumemos a la propuesta que hicieron las diputadas y los diputados y demos ya tema a otras prioridades, porque ésta, de carácter urgente, requiere de una solución. Ya están trabajando los entes de gobierno, espero que también Conagua ya esté dando resultados, creo que ya está en el sitio operando como debe ser, y estamos claros que el planteamiento, y esto nos sirva, de que hay muchas cosas por hacer y mucha inversión que requiere nuestro país para poder prevenir este tipo de desastres, que al final de cuentas son desastres naturales, no es culpa de nadie. Es la naturaleza, que en un momento determinado hubo una lluvia torrencial.
Ahora es nuestra responsabilidad asumir y que Conagua nos ayude también a resarcir el daño que pudo haber sufrido la fractura de esta tubería, porque al final de cuentas, como ente responsable, nos podrá ayudar a solucionar el problema que se le generó, como decía mi compañero Sergio Saldaña, a estas más de 2 mil familias que tienen necesidad urgente de atención.
Me sumo a esta propuesta de construir hacia adelante, a entender que Conagua se hará responsable junto con el gobierno del Estado de México y los municipios que están trabajando ya, en este momento, y a decirles que la ciudadanía no espera más debate político cuando tiene una necesidad, realmente no le interesa. Asumamos responsabilidades juntos, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, la mayoría es por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se considera suficientemente discutida. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, la mayoría es por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada. Comuníquese.
Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política; por tanto, proceda la Secretaría a dar cuanta de ésta.
ORDEN DEL DIA
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LXI Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.
Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.
Con fundamento en el artículo vigésimo del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted atentamente consultar al pleno, tenga a bien aprobar la modificación al orden del día de la sesión de hoy, para realizar la siguiente sustitución:
• Retirar la proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para la Niñez, Adolescencia y Familias, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, registrada en el lugar número 5 del capítulo correspondiente, y que en su lugar sea incorporada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, considere mayores recursos para el programa ``Mejores Escuelas'' de la SEP, así como para el Fondo de Aportaciones Múltiples en apartado de infraestructura educativa básica y superior en el PEF 2010, suscrita por la misma proponente.El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias.
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Aprobado por mayoría, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2010
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar la proposición.
La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Con su venia, diputado presidente.Compañeras diputadas y compañeros diputados, la educación es un derecho que se encuentra reconocido y tutelado por los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, de los cuales México forma parte. A nivel nacional la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza este derecho para todas las mexicanas y para todos los mexicanos.
Sin duda, uno de los principales elementos que facilitan este derecho y permiten su efectivo goce y disfrute es contar con instalaciones dignas, seguras y funcionales para la enseñanza. Lamentablemente, la infraestructura escolar en México presenta rezagos y deterioro, sobre todo en las comunidades más marginadas, lo cual coloca a las niñas, a los niños y a los adolescentes que habitan en éstas en una situación de desventaja, dificultándoseles el ejercicio de su derecho a la educación.
Además, a principios de este mes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico hizo público su estudio Haciendo lo mejor por los niños, en el cual coloca a México como uno de los países peor posicionados en materia de apoyo a la niñez; conclusión a la que arribó tras el análisis de seis indicadores para la definición de bienestar infantil, bienestar material, vivienda y entorno, bienestar educativo, salud y seguridad, conductas, riesgos y calidad de vida escolar. En todos ellos México se sitúa entre los lugares 26 y 30 de los países de la OCDE.
Para lograr que los espacios educativos cumplan con su función esencial de ser recintos apropiados para la enseñanza y el aprendizaje, es necesario optimizar los recursos asignados año tras año al sector educativo y canalizarlos apropiadamente hacia el mejoramiento de la infraestructura de las escuelas que más lo necesitan.
El propio Consejo Consultivo del Unicef pidió en agosto del presente año a las autoridades y a nosotros, los legisladores mexicanos, afectar lo menos posible los presupuestos destinados a programas y acciones que tienen incidencia en el bienestar de los niños y adolescentes, tales como salud, educación y alimentación.
En 2002 el gobierno federal implantó el programa Mejores Escuelas como una acción emergente para que, mediante la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, se atendieran en el menor plazo posible escuelas con condiciones de deterioro grave a fin de mejorar su seguridad, habitabilidad y funcionalidad. La primera etapa de este programa, que inició en octubre de 2008 y concluyó en abril de 2009, benefició únicamente a 2 mil 189 planteles de 17 entidades federativas y el Distrito Federal.
Actualmente está en marcha la segunda etapa, en la cual se ampliará la cobertura del programa y se ampliará la inversión federal a 2 mil 62 millones de pesos para beneficiar a 3 mil 283 escuelas en zonas urbanas.
Sin embargo, en el marco de la Alianza por la Calidad de la Educación, se identificaron 27 mil planteles educativos en condiciones físicas malas, muy malas y pésimas, lo cual refleja que el programa aún tiene frente a sí, una gran tarea que hacer, que nosotros, desde el Poder Legislativo, debemos apoyar en la medida de nuestras posibilidades, exhortando al Ejecutivo federal para que en el Presupuesto de Egresos de 2010, aumenten los recursos destinados al programa Mejores Escuelas, y los mismos sean etiquetados.
Por otra parte, uno de los mayores problemas que enfrenta México en el ámbito educativo, es la insuficiencia de recursos para la educación superior pública.
Se sabe que de acuerdo con la pirámide educativa, el acceso a la educación primaria está prácticamente asegurado para todos los mexicanos, pero en los datos de 2006 el Inegi señala que la tasa de asistencia en las escuelas es de 97 por ciento. Pero el número de alumnos y alumnas va decreciendo a medida que avanza su educación superior y solamente 20 por ciento de quienes iniciaron la educación primaria, puede ingresar a lo que es la educación superior.
Por tanto, exhortamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la de Educación, a que en el proceso de programación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se incrementen y etiqueten los recursos destinados al programa Mejores Escuelas, de la Secretaría de Educación Pública.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, en nuestra agenda legislativa debe tener un lugar especial el tema de educación. No olvidemos que como bien lo dijo el psiquiatra Karl Menninger, lo que se les dé a los niños, los niños, sin lugar a duda, darán a nuestra sociedad. Muchísimas gracias, diputados y diputadas.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar mayores recursos para el programa Mejores Escuelas, de la Secretaría de Educación Pública, así como al Fondo de Aportaciones Múltiples, en el apartado de infraestructura educativa básica y superior, en el PEF 2010, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado , del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, María de Jesús Aguirre Maldonado , en su calidad de diputada por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de los motivos y consideraciones que enseguida se precisan:
Compañeras y compañeros diputados: la educación es un derecho que se encuentra reconocido y tutelado en los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos de que México forma parte. A escala nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza este derecho para todos los mexicanos. Sin duda, uno de los principales elementos que facilitan este derecho y permiten su efectivo goce y disfrute es contar con instalaciones dignas, seguras y funcionales para la enseñanza.
Lamentablemente, la infraestructura escolar en México presenta rezagos y deterioro, sobre todo en las comunidades más marginadas, lo cual coloca a los niños y a los adolescentes que habitan en éstas en una situación de desventaja, y dificulta el ejercicio de su derecho a la educación. Justamente a principios de este mes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) hizo público su estudio Haciendo lo mejor por los niños, en el cual coloca a México como uno de los países peor posicionados en materia de apoyo a la niñez, conclusión a la que arribó tras el análisis de seis indicadores para la definición de bienestar infantil: bienestar material; vivienda y entorno; bienestar educativo; salud y seguridad; conductas de riesgo; y calidad de vida escolar, En todos ellos, México se sitúa entre los lugares 26 y 30 de los países de la OCDE.
En materia educativa, México tiene la tasa más alta de niños que carecen de posesiones esenciales para una buena educación, viéndose más de 1 de cada 10 niños privados de herramientas de estudio como una computadora y conexión a Internet, un escritorio o lugar tranquilo para estudiar, o libros. En un estudio que compara los logros educativos de estudiantes en países de la OCDE, los mexicanos de 15 años obtuvieron la puntuación más baja de todos.
Para lograr que los espacios educativos cumplan su función esencial de ser recintos apropiados para la enseñanza y el aprendizaje, es necesario optimizar los recursos asignados año tras año al sector educativo, y canalizarlos apropiadamente hacia el mejoramiento de la infraestructura de las escuelas que más lo necesitan. El propio Consejo Consultivo del Unicef pidió en agosto del presente año a las autoridades y a los legisladores mexicanos afectar lo menos posible los presupuestos destinados a programas y acciones que tienen incidencia en el bienestar de niños y de adolescentes, como salud, educación y alimentación.
En 2002, el gobierno federal instauró el programa Mejores Escuelas como una acción urgente para que, a través de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, se atendieran en el menor plazo posible escuelas con condiciones de deterioro grave, a fin de mejorar su seguridad, habitabilidad y funcionalidad.
La primera etapa del programa, iniciada en octubre de 2008 y concluida en abril de 2009, benefició 2 mil 189 planteles de 17 entidades federativas y el Distrito Federal, con una inversión federal de mil millones de pesos.
Actualmente, está en marcha la segunda etapa, en la cual se ampliará la cobertura del programa y se incrementará la inversión federal a 2 mil 62 millones de pesos para beneficiar 3 mil 283 escuelas más en zonas urbanas.
Sin embargo, en el marco de la Alianza por la Calidad de la Educación se identificaron 27 mil planteles educativos en condiciones físicas malas, muy malas y pésimas, lo cual refleja que el programa aún tiene frente a sí una gran tarea que hacer, que nosotros, desde el Poder Legislativo, debemos apoyar en la medida de nuestras posibilidades, exhortando al Ejecutivo federal para que en la programación y presupuestación del Presupuesto de Egresos de 2010 aumente los recursos destinados al programa Mejores Escuelas y éstos sean etiquetados.
Una característica muy importante del programa que hoy les propongo apoyar es que la comunidad escolar; es decir, directivos, profesores, alumnos y padres de familia se involucran en la toma de decisiones y vigilancia de la realización de las acciones de mejora de sus escuelas. Ellos son los encargados de identificar las necesidades apremiantes de los inmuebles educativos, participando en el proceso de identificación de las que se consideren prioritarias y apoyando el desarrollo de éstas para su realización.
En ese sentido, la inversión federal es vigilada por la comunidad educativa, que se constituye como observadora del destino y la aplicación de los recursos, favoreciendo con su participación el sentido de apropiación, transparencia y rendición de cuentas. Por lo anterior, podemos tener la certeza de que los recursos serán correctamente aprovechados, y esto es un incentivo mayor para nuestra labor desde esta trinchera.
Uno de los mayores problemas que enfrenta México en el ámbito educativo es la insuficiencia de recursos para la educación pública superior. Se sabe que, de acuerdo con la pirámide educativa mexicana, el acceso a educación primaria está prácticamente asegurado para los mexicanos, como se demuestra en los datos para 2006 del Inegi, que señalan que la tasa de asistencia a la escuela primaria es de 97 por ciento. Lamentablemente, el número de alumnos decrece a medida que se avanza a la educación secundaria, media superior y superior; llega a este último nivel sólo 20 por ciento de los que iniciaron la educación primaria.
Lo anterior obedece a diversas razones, como la señalada: los recursos son inferiores a las necesidades del sector educativo superior. Las universidades públicas, año tras año, dan la batalla por la obtención de mayores recursos que les permitan dar educación al creciente número de jóvenes que lo demanda.
Si se toma en cuenta que en México hay más de 20 millones de personas en edad escolar, de acuerdo con el Conapo en 2007, es fácil inferir la importancia de asignar cada año un presupuesto mayor a la educación en todos sus niveles.
En ese sentido, y de manera complementaria al incremento de los recursos destinados al programa Mejores Escuelas, sería apropiado aumentar el presupuesto asignado al Ramo 33, en específico del Fondo de Aportaciones Múltiples, en el apartado de infraestructura educativa básica y superior, el cual tiene por objeto que el estado y los municipios reciban los recursos económicos que ayudarán a fortalecer la capacidad económica, técnica y administrativa para construir y equipar su infraestructura educativa.
Con base en los fundamentos expuestos, se presentan ante la Cámara de Diputados, como de urgente resolución, los siguientes
Puntos de AcuerdoPrimero. Se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Educación a incrementar y etiquetar en el proceso de programación y presupuestación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 los recursos destinados al programa Mejores Escuelas, de la Secretaría de Educación Pública.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a incrementar en el Presupuesto de Egresos de 2010 los recursos dirigidos al Ramo 33, en específico al Fondo de Aportaciones Múltiples, en el apartado de infraestructura educativa básica y superior.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Informo a la asamblea que tenemos la visita de vecinos del municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Sean ustedes bienvenidos.
PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Emiliano Velázquez Esquivel, para presentar proposición con punto de acuerdo con el que se exhorta al Ejecutivo federal a que modifique las reglas de operación de los programas comprendidos en el Programa Especial Concurrentepara el Desarrollo Rural Sustentable, a fin de que se garantice que los recursos presupuestales se entreguen oportunamente, que se simplifiquen los mecanismos y trámites para la obtención de los fondos, que se establezcan procedimientos de asignación del presupuesto que garanticen su canalización a la producción de básicos y estratégicos, para coadyuvar al logro de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, suscrita por los señores diputados Rigoberto Salgado Vázquez, Vidal Llerenas Moralesy Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, así como el diputado Cruz López Aguilar, del PRI.
El diputado Emiliano Velázquez Esquivel: Muchas gracias, presidente.Diputadas y diputados, en nombre de los diputados Rigoberto Salgado Vázquez y Vidal Llerenas Morales , el suscrito, Emiliano Velázquez Esquivel , y el diputado Cruz López Aguilar , de la fracción parlamentaria del PRI, y los diputados Emiliano Velázquez y los dos antes mencionados de la fracción parlamentaria del PRD de esta LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60, párrafo primero del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes consideraciones:
El país se encuentra inmerso en una crisis económica y social donde los alimentos constituyen un elemento central. Si bien los factores externos han tenido una influencia determinante en la situación que vive el país, el gobierno federal no ha puesto en marcha las acciones que reduzcan el debilitamiento del poder adquisitivo de la población.
Las cifras oficiales muestran que la pobreza patrimonial ha ido en aumento; más de 50 millones de mexicanos se encuentran en esta situación. Los recientes fenómenos meteo-rológicos han agudizado la crisis alimentaria a causa de daños importantes sobre los cultivos de productos básicos, principalmente el maíz. Los recursos destinados a compensar las pérdidas derivadas de los siniestros que han sufrido los productores son insuficientes.
En virtud de lo anterior, es urgente que los fondos destinados al campo para el ejercicio fiscal en curso que no han sido ministrados, se entreguen de manera inmediata a las entidades y a los productores.
Se plantea que la mejor manera de proteger al país de los efectos de la crisis es fortaleciendo el aparato productivo nacional, particularmente la producción de alimentos. Para transitar hacia lo anterior se debe utilizar a plenitud el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, mejor conocido como el PEC.
A la fecha, el impacto del PEC en las unidades de producción rural no ha cumplido con los principales objetivos para los que fue creado, puesto que no ha logrado disminuir la pobreza de los productores.
Otro de los objetivos del PEC es que sus programas y acciones apoyen a pequeños y medianos productores de las regiones marginadas de este país; sin embargo, persiste el reclamo social de los actores rurales debido a que las reglas de operación de los programas de apoyo al sector que se operan al amparo del PEC son inoperantes por la complejidad con la que han sido diseñadas.
De no corregirse el conjunto de problemas antes señalados en las reglas de operación, los subejercicios del presupuesto seguirán ocurriendo y se pospondrán las soluciones a los graves problemas del campo mexicano.
Con fundamento en los elementos antes citados, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo.
Se exhorta al Ejecutivo federal para que modifique las reglas de operación de los programas comprendidos en el PEC. Lo anterior a fin de garantizar que los recursos presupuestales se entreguen oportunamente, de acuerdo con los ciclos de producción, simplificando los mecanismos y trámites para la obtención de los fondos.
De la misma manera, para que se establezcan procedimientos de asignación del presupuesto que garanticen su canalización a la producción de básicos y estratégicos para coadyuvar al logro de la soberanía y seguridad alimentaria.
Solicito a esta Presidencia que disponga lo necesario para que se inserte de manera íntegra la proposición con punto de acuerdo en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente. Muchísimas gracias, diputadas y diputados.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar las reglas de operación de los programas comprendidos en el Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable a fin de que se garantice la entrega oportuna de los recursos presupuestarios; a simplificar los procedimientos y trámites correspondientes a la obtención de los fondos; y a establecer métodos de asignación del presupuesto que aseguren su canalización a la producción de básicos y estratégicos a efecto de coadyuvar al logro de la soberanía y seguridad alimentarias y nutricionales, suscrita por los diputados Rigoberto Salgado Vázquez , Vidal Llerenas Morales y Emiliano Velázquez Esquivel , del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, Rigoberto Salgado López, Vidal Llerenas Morales y Emiliano Velásquez Esquivel, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes
ConsideracionesEl país se encuentra inmerso en una crisis social, donde la crisis alimentaria constituye un elemento central. Si bien los factores externos han tenido una influencia determinante en la situación que vive el país, el gobierno federal no ha puesto en marcha acciones que atemperen el constante debilitamiento del poder adquisitivo de la población.
La mejor manera de proteger al país de los embates de las crisis provenientes de los ciclos económicos es fortaleciendo el aparato productivo nacional, particularmente las ramas que generan los bienes esenciales para la subsistencia, la alimentación en primer término.
Es indispensable que se establezca una política permanente que fortalezca el aparato productivo rural, orientado a la producción de los productos básicos y estratégicos considerados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, lo cual evitaría la especulación y el desabasto.
Es necesario que se implante una verdadera política agroalimentaria con metas de corto, mediano y largo plazos que permitan reincentivar al campo mexicano, que se invierta en la infraestructura necesaria para que la producción alimentaria sea suficiente para satisfacer las necesidades de consumo nacional.
Para estos efectos se debe usar a plenitud el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), creado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y que es el instrumento normativo para transferir los fondos considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación a los productores rurales. La transferencia se hace conforme a los mecanismos establecidos en las reglas de operación de los programas sujetos a ellas.
La Cámara de Diputados, a través del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, en colaboración con la Universidad Autónoma Chapingo, realizó un estudio donde se concluye que entre 2002 y 2005 el efecto del PEC en las unidades de producción rural es de la siguiente naturaleza:
En razón de tales características del PEC, persiste el reclamo social de los actores rurales debido a que las reglas de operación en vigor de los programas de apoyo del sector rural que se llevan a cabo al amparo del PEC son impracticables por la complejidad con que han sido diseñadas, que supuestamente fueron simplificadas; y no están contribuyendo a solucionar los problemas del campo.
Por otra parte, es también necesario revisar las reglas de operación vigentes, pues consideran un comité técnico nacional, como instancia centralizadora de las decisiones, y se margina a las entidades federativas y a las organizaciones de productores del órgano donde se definen los proyectos de interés nacional y los proyectos estratégicos integrales.
Se deben cumplir los principios federalistas y los postulados de participación democrática con relación a la toma de decisiones. Es por tanto necesario que en el comité técnico nacional se incluyan las representaciones de las entidades federativas y del Distrito Federal, junto con las de las organizaciones de productores. Esto, a fin de que en la formulación del universo de proyectos de interés nacional y los estratégicos integrales participen quienes mayor cercanía tienen con la problemática rural en el país.
En el conjunto de programas, el que tiene que ver con la adquisición de activos productivos tiene especial relevancia, para efectos de la capitalización de los productores, por lo que es indispensable que no se excluya de la población objetivo a ningún tipo de productor rural, particularmente a los hombres de edad intermedia, de las zonas de alta y muy alta marginalidad.
Los requisitos que establecen los programas para ser beneficiario revisten tal naturaleza, que se necesita ser productor capitalizado, con capacidad para pagar los servicios de despachos especializados en la formulación de proyectos de inversión, que sean rentables técnica, financiera y económicamente. Esto deja fuera de los beneficios de los programas a la inmensa mayoría de los productores mexicanos.
Es urgente que se establezcan mecanismos que acompañen a los productores más desprotegidos para que inicien sus procesos de organización económica y que se les apoye para adquirir los requisitos que fija la Sagarpa; entre otros, la obtención de las cartas de intención de compra de sus productos, y que esta dependencia sea menos rigurosa, pues actualmente establece requisitos incluso en exceso a los de la banca comercial para el otorgamiento de créditos.
Es necesario que tal acompañamiento se dé en las etapas del proceso de evolución de los productores en su camino hacia el mercado, de tal manera que se den los elementos para su capitalización.
Los plazos que van entre la recepción de solicitudes de apoyo y los establecidos para su dictaminación son demasiado largos, lo que provoca que sean inoportunos. Es por tanto indispensable que sean suficientemente ágiles para que sean útiles, en función de los ciclos de producción.
La asesoría técnica no sólo debe ser gratuita sino que debe preferenciar a los productores de zonas de alta y muy alta marginación para que accedan a los beneficios de los programas y estén en capacidad de ser competitivos en el mercado.
De no corregirse el conjunto de problemas señalados y otros de no menor importancia en las reglas de operación en vigor, los subejercicios del presupuesto seguirán ocurriendo y se pospondrán las soluciones de los graves problemas del campo mexicano.
Con fundamento en los elementos mencionados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoPrimero. La Cámara de Diputados, con respeto del principio de división de poderes, exhorta al Ejecutivo federal a modificar las reglas de operación de los programas comprendidos en el Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, a fin de que se garantice que
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a informar con la mayor brevedad a esta soberanía sobre las acciones que, en su caso, se deriven de este punto de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Procédase a insertarla en el Diario de los Debates, y túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Tiene la palabra el diputado Héctor Franco López ...
El diputado Gerardo Sánchez García (desde la curul): Presidente, le pido la autorización...
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputado, un momentito.
El diputado Gerardo Sánchez García (desde la curul): Sobre el mismo tema, para hablar en apoyo al punto de acuerdo de los compañeros diputados que se expuso anteriormente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No ha lugar, señor diputado, porque ya ha sido turnado. Hemos concluido el procedimiento y estamos en un nuevo punto del orden día.
El diputado Gerardo Sánchez García (desde la curul): Desde la curul, presidente, sobre todo porque había levantado la mano para pedir la palabra desde antes que se turnara el punto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Desde la curul, diputado.
El diputado Gerardo Sánchez García (desde la curul): Cómo no, presidente. Muchas gracias.Con relación a este punto relativo a las reglas de operación del Programa Especial Concurrente, el Grupo Parlamentario del PRI y el sector agrario compartimos los argumentos del compañero diputado que expuso este punto de acuerdo; sobre todo porque las reglas de operación tienen igual importancia que la aprobación del decreto del presupuesto de egresos, en razón de que esto implica el gasto público. Ahí es donde tenemos realmente el cuello de botella y debemos resolver esta controversia que, a lo largo y ancho del país, se han quejado del problema de las reglas de operación.
Nos preocupan, como grupo parlamentario ---al igual que lo hizo el PRD--- los compañeros que viven en pobreza y en pobreza extrema; los pequeños productores que, por falta de recursos que se señalan en las reglas de operación, no es posible que puedan acceder a los beneficios. Por eso exhortamos a que haya un entendimiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para que en reglas de operación tengamos un nuevo trato, un nuevo entendimiento y podamos culminar con este problema.
Lo que hoy, en cuanto al Programa Especial Concurrente hay de reglas de operación en el marco del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, y donde se ha dado una ruta crítica y se han consensuado las reglas de operación no ha operado, no se ha consesuado, y muchas de las veces las propuestas de las organizaciones campesinas y de las organizaciones civiles no se han llevado a feliz término.
Por eso es de la mayor importancia para que en el decreto de Presupuesto de Egresos de 2010, en los transitorios, pongamos ordenamientos generales que nos permitan darle claridad y viabilidad a las reglas de operación.
Por eso, nuestro grupo parlamentario quiere dejar constancia de que debemos involucrarnos, no solamente en lo que hoy se ha usado para la interpretación de las reglas de operación, sino también que participen los Consejos Estatales para el Desarrollo Rural Sustentable y todas aquellas figuras que se involucran en el Programa Especial Concurrente. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Se le tienen por hechas sus manifestaciones.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA 2010
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el señor diputado Héctor Franco López, para presentar proposición con punto de acuerdo con el que se exhorta a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Educación Públicay a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que no se retenga el presupuesto aprobado para la educación pública superior en el ejercicio 2009.
Asimismo, que en el PEF de 2010 no se disminuyan los recursos asignados al sector educativo en general, suscrita por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez y Héctor Franco López , del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Héctor Franco López: Con su permiso, diputado presidente.Compañeras diputadas y compañeros diputados, presento este punto de acuerdo en nombre de los diputados Rubén Moreira Valdez; el de la voz, diputado Héctor Franco López , y la fracción priista de Coahuila. A petición expresa, se adhieren a este punto de acuerdo las fracciones priistas de Oaxaca y Jalisco, representadas por los diputados Eviel Pérez Magaña y José Trinidad Padilla López . Asimismo, por las diputadas Araceli Vázquez y Mary Telma Guajardo, del Grupo Parlamentario del PRD.
No sobra recordar lo importante que para el desarrollo del país es la educación pública y desde luego, la educación superior. Desde la creación del Estado mexicano se ha luchado por eliminar la ignorancia, la superstición y los dogmas que destruyen las raíces que cimientan la fortaleza de nuestro país.
En estos días, el Ejecutivo federal ha amenazado con recortar los recursos a la educación pública superior como parte de su solución a la crisis que enfrenta el país. Costoso error sería si se le permite llevar a cabo esta acción. Sabedores todos de los intentos de privatización a la educación pública superior, debemos hacer un solo frente y derrotar cualquier pretensión que se encamine hacia este objetivo.
En esta soberanía se ha determinado defender a nuestras universidades con la ampliación del presupuesto que cada año envía el Ejecutivo federal y que nunca ha sido el suficiente y necesario para alcanzar la inversión mínima recomendada por los organismos internacionales en la materia.
Se pretende, desde el círculo gobernante, ignorar dichas recomendaciones argumentando el bajo nivel de recaudación del gobierno federal. Sería recomendable recordarle al Poder Ejecutivo que el ser un mal cobrador no lo exime de su obligación constitucional de brindar una educación pública de calidad.
Para la UNESCO es claro que a mayor inversión en educación, mayor fortalecimiento en la competitividad, el desa-rrollo cultural y la cohesión social. Al respecto se ha observado que el mercado laboral ha incorporado mayores responsabilidades en los puestos de trabajo, lo que obliga a crear constantemente nuevas actividades de formación en el nivel superior. La aceleración del cambio tecnológico permite suponer que también esto repercutirá en una mayor diversificación.
El Banco Interamericano de Desarrollo señala que la importancia de la educación superior en América Latina crecerá de manera significativa en el futuro inmediato. La política de la educación superior debe estar vinculada al desarrollo, a la construcción de sociedades más productivas, justas, satisfactorias y democráticas. Este organismo rechaza, por ello, la noción de que la educación superior pueda ser una actividad ajena al desarrollo nacional.
En el Presupuesto de Egresos de 2007, la Cámara de Diputados aprobó una ampliación presupuestal a la educación superior de 8 mil 206 millones de pesos; para el Presupuesto de Egresos de 2008 la ampliación fue de 6 mil 481 millones de pesos y para el Presupuesto de 2009 del orden de los 7 mil 87 millones de pesos; lo que da un total de 21 mil 774 millones de pesos en tres años, producto de la conciencia de esta Cámara de Diputados acerca de la importancia de la educación superior en nuestro país.
Debe quedarnos claro que la importancia presupuestal a la educación superior se la da esta soberanía y no quien debería de preservar y fortalecer a nuestras instituciones de educación superior. Es claro que el Ejecutivo federal no es congruente con sus discursos puesto que su política en materia de educación superior tiene que ser corregida, una y otra vez por la Cámara de Diputados.
Como ejemplo podemos destacar que ninguna universidad privada puede ocupar ahora el lugar de la Universidad Nacional Autónoma de México, que año con año ha sido considerada la mejor universidad de habla hispana del mundo. Sin embargo, este hecho no parece ser suficiente ya que continuamente tiene que sufrir los embates del gobierno federal, quien trata de manera recurrente de reducir el presupuesto de la universidad pública.
Es importante señalar que en las universidades públicas se realiza el 89 por ciento de la investigación científica y tecnológica de nuestro país. Ahí se encuentran nuestros académicos y científicos más destacados y reconocidos mundialmente.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRI seguirá impulsando con fuerza y decisión la educación pública y gratuita, porque ahí es donde se forja la nación y donde se forman los grandes hombres y mujeres que el país.
Por lo fundado y expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:
Único. Se exhorta a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que no se recorte el presupuesto aprobado a la educación pública superior, y que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 no exista una disminución a los recursos asignados al sector educativo, sino por el contrario, que se dé un incremento sustancial a dicho monto que permita mejorar la cobertura y la calidad de este importante rubro.
Compañeros, México necesita hoy más que nunca a sus universidades públicas, más presupuesto para las universidades públicas en 2010. Ni un peso menos a la educación. Muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Presidencia de la República, a la SEP y a la SHCP a no retener el presupuesto aprobado para la educación pública superior en el ejercicio de 2009 y a no disminuir en el PEF de 2010 los recursos asignados al sector educativo en general, suscrita por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez y Héctor Franco López , del Grupo Parlamentario del PRI
Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados de Coahuila, Rubén Moreira Valdez y Héctor Franco López del Grupo Parlamentario del PRI, presentamos ante esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, bajo el tenor de la siguiente
Exposición de MotivosNo sobra recordar lo importante que es, para el desarrollo del país, la educación pública y desde luego la educación superior. Desde la creación del Estado mexicano se ha luchado por eliminar la ignorancia, la superstición y los dogmas que destruyen las raíces que cimentan la fortaleza del país.
Combatir los dogmas que han desechado el conocimiento histórico del pueblo mexicano, impulsados a través de las instituciones eclesiásticas en tiempo de la Reforma y de la amenaza contemporánea del neoliberalismo privatizador, requiere de nosotros el preservar los logros de quienes nos han antecedido en la labor legislativa.
En estos días, el Ejecutivo federal ha amenazado con recortar los recursos a la educación pública superior como parte de su solución a la crisis que enfrenta el país, costoso error sería si se le permite llevar a cabo esta acción. Sabedores todos de los intentos de privatización a la educación pública superior, debemos hacer un solo frente y derrotar cualquier pretensión que se encamine a este objetivo.
En esta soberanía se ha determinado defender a nuestras universidades a través de ampliar el presupuesto que cada año envía el Ejecutivo federal y que nunca ha sido el suficiente y necesario para alcanzar la inversión mínima recomendada por los organismos internacionales en la materia.
Se pretende, desde el círculo gobernante, ignorar dichas recomendaciones argumentando el bajo nivel de recaudación del gobierno federal. Sería recomendable recordarle al Poder Ejecutivo, que el ser un mal cobrador no lo exime de su obligación constitucional de brindar una educación pública de calidad.
Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) es claro que a mayor inversión en educación, mayor fortalecimiento en la competitividad económica, el desarrollo cultural y la cohesión social. Al respecto, se ha observado que el mercado laboral ha incorporado mayores responsabilidades en los puestos de trabajo, lo que obliga a crear constantemente nuevas actividades de formación en el nivel superior. La aceleración del cambio tecnológico permite suponer que también repercutirá en una mayor diversificación.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que la importancia de la educación superior en América Latina crecerá de manera significativa en el futuro próximo. La política de la educación superior debe estar vinculada al desarrollo, a la construcción de sociedades más productivas, informadas, prósperas, justas, satisfactorias y democráticas. Este organismo rechaza, por ello, la noción de que la educación superior pueda ser una actividad ajena al desarrollo nacional o de que el Estado pueda ser marginal a la educación superior (BID, 1997).
En el Presupuesto de Egresos de 2007, la Cámara de Diputados aprobó una ampliación al presupuesto de educación superior de 8 mil 206 millones de pesos; para el Presupuesto de Egresos de 2008 se aprobó una ampliación de 6 mil 481 millones de pesos y para el Presupuesto de Egresos de 2009 se aprobó una ampliación de 7 mil 87 millones de pesos; lo que da un total de 21 mil 774 millones de pesos en tres años, producto de la conciencia de esta Cámara de Diputados acerca de la importancia de la educación superior en nuestro país.
Debe quedarnos claro que la importancia presupuestal a la educación superior se la otorga esta soberanía y no quien debería preservar y fortalecer a nuestras instituciones de educación superior. Es claro que el Ejecutivo federal no es congruente con sus discursos, puesto que su política en esta materia tiene que ser corregida, una y otra vez, por la Cámara de Diputados.
Cabe destacar que ninguna universidad privada puede ocupar ahora el lugar de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que año con año ha sido considerada la mejor universidad de habla hispana del mundo. Sin embargo, este hecho no parece ser suficiente ya que año tras año tiene que sufrir los embates del gobierno federal, quien trata, una y otra vez, de reducirle el presupuesto.
En las universidades públicas se realiza el 89 por ciento de la investigación científica y tecnológica de nuestro país, ahí se encuentran nuestros académicos y científicos más destacados y reconocidos mundialmente, sólo basta decir que ahí está nuestro premio nobel: Mario Molina.
Por lo anterior, nosotros los priistas seguiremos impulsando con fuerza y decisión la educación pública y gratuita, porque ahí es donde se forja la nación y donde se forman los hombres y mujeres que el país requiere.
Convocamos a esta honorable soberanía, que sin distinción partidaria y pensando en México, aprobemos este punto de acuerdo.
Por lo antes fundado y expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición de urgente y obvia resolución
Punto de AcuerdoÚnico. Se exhorta a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que no se retenga el presupuesto aprobado por esta Cámara de Diputados a la educación pública superior en el ejercicio de 2009. Asimismo, que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2010 no se proponga una disminución a los recursos asignados al sector educativo en general, sino por el contrario se dé un incremento sustancial a dicho monto que permita mejorar la cobertura y calidad en este importante rubro.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
COMISION ESPECIAL PARA LA REFORMA DEL ESTADO
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado José Luis Jaime Correa, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo con el que se crea la Comisión Especial para la Reforma del Estado.
El diputado José Luis Jaime Correa: Con su permiso, señor presidente.Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, es urgente impulsar la reforma del Estado y el cambio de modelo económico en México. A nadie le cabe duda que los trabajos de esta LXI Legislatura se insertan en un contexto de grave crisis en el país. El Grupo Parlamentario del PRD ha propuesto, desde el inicio de nuestros trabajos, un paquete de emergencia económica para hacer frente a lo más severo de esta situación que nos aqueja.
Sin embargo, advertimos desde hace mucho tiempo que la crisis no sólo es de carácter económico, sino también político y obviamente social. El Estado mexicano está en una situación de franca debilidad, nuestras instituciones están cuestionadas y la legitimidad del gobierno está erosionada.
No sólo necesitamos un cambio de motor en la economía, sino que necesitamos un cambio de modelo económico y, con la misma urgencia, un nuevo modelo político que reemplace al actual, que ya está agotado y que fue concebido y construido para un México que tenía otras características que ya quedaron en el pasado.
Necesitamos un nuevo pacto fundacional de la república, una verdadera y profunda reforma del Estado que le dé salida a esa transición prolongada y a veces regresiva y que nos permita arribar al Estado democrático, justo y vigoroso al que todas y todos los aquí presentes aspiramos.
El Estado neoliberal, impuesto desde la década de los ochenta, nos ha dejado como saldo un deterioro sin precedentes del nivel de vida de las mayorías; un crecimiento desmedido de la pobreza, del desempleo y de la migración e inseguridad.
Como grupo parlamentario de izquierda impulsamos la construcción de un estado de derecho, democrático, social y sustentable, que asuma su responsabilidad social y la rectoría de la economía para abatir los graves problemas de desigualdad y de injusticia que vive la mayoría de la población, proponiendo cambios en las políticas públicas que permitan el reconocimiento y la construcción de nuevos derechos; la redistribución del ingreso; medidas fiscales equitativas; el fomento a la producción y el fomento al abasto de alimentos; el desarrollo regional; el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas; la protección a las y los niños y jóvenes para que puedan seguir estudiando; la defensa de los derechos humanos; una mayor inversión en educación, ciencia y tecnología como propulsores del cambio; una política social a favor de los grupos más desprotegidos y una política exterior de Estado.
Proponemos por ello impulsar un gran debate nacional en donde se escuchen todas las voces, sin exclusión alguna, en torno al cambio de modelo económico y al cambio del régimen político, otorgándole al Poder Legislativo mayores atribuciones para la conducción y transformación del país; impulsando un federalismo renovado, es decir, descentralizando el poder público y el fortalecimiento y promoviendo el fortalecimiento de los municipios; una constitución política para el Distrito Federal y el reconocimiento de derechos políticos que promuevan mecanismos de participación ciudadana en decisiones fundamentales para la vida de la república, mediante el ejercicio real de la democracia directa.
Luchamos por un Estado mexicano que logre instaurar un nuevo régimen orientado al desarrollo con justicia social, con igualdad de derechos, oportunidades y de trato para todas las personas; con instituciones libres de prácticas discriminatorias y en donde sean hábito las prácticas éticas, honestas, de transparencia en el manejo de documentos y de recursos públicos y la rendición de cuentas de los servidores públicos y de los representantes populares.
Luchamos por consagrar los preceptos de laicidad y derechos humanos en nuestra Constitución Política; por una reforma laboral que democratice el mundo del trabajo y la vida sindical; por un Estado solidario que universalice los apoyos a los adultos mayores, la cobertura en materia de salud y el derecho a la educación en todos los niveles.
Abrazamos el precepto esencial del artículo 39 constitucional, en donde se reconoce que el pueblo es soberano y que tiene en todo tiempo el derecho de cambiar su forma de gobierno.
Insisto, México hoy requiere de un nuevo pacto fundacional que le ayude a acotar sustantivamente a los poderes fácticos y a orientarse hacia un desarrollo más igualitario, así como para superar la crisis política, económica y social, profundizada por la pérdida de legitimidad de sus instituciones fundamentales.
Requerimos de una nueva arquitectura constitucional que provea mecanismos para la gobernabilidad democrática, entre los cuales se propone superar al sistema presidencial rígido con un nuevo régimen en donde el Ejecutivo sea corresponsable con el Poder Legislativo para conducir el interés nacional, dentro del marco de pluralidad política con que se integren las Cámaras del Congreso de la Unión. Planteamos un gabinete ratificado por esta soberanía.
Requerimos una reforma democrática a la Ley de Radio y Televisión que garantice la pluralidad de medios y que fortalezca y amplíe el derecho a la información. Requerimos de un Ministerio Público autónomo que ayude a acotar los márgenes de impunidad y de corrupción, tanto de los malos servidores públicos como de los delincuentes organizados. Éstos son los planteamientos del PRD.
El pasado 2 de septiembre el Ejecutivo federal llamó a un diálogo a todos los diputados, y le tomamos la palabra. Por ello, el Grupo Parlamentario del PRD está consciente de que no podemos lograr estas transformaciones si no vamos todos juntos en la búsqueda urgente y honesta de los consensos que nos permitan arribar a la construcción del modelo político y económico que hoy requiere el país.
Por todo lo anterior es que desde esta tribuna convocamos a esta Cámara de Diputados y al Congreso de la Unión, en su conjunto, a que asumamos nuestra responsabilidad histórica en esta hora de profunda crisis, para que iniciemos un gran diálogo nacional entre todas las fuerzas políticas y sociales del país, y de cara a la sociedad, para impulsar una reforma del Estado de gran alcance...
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Concluya por favor, señor diputado.
El diputado José Luis Jaime Correa: Estoy por terminar, señor presidente.
Que nos permita cimentar, a 100 años de nuestra revolución y a 200 años de nuestra gesta independentista, las bases del Estado mexicano democrático, social y de derecho justo y sustentable, que nos brinde a todos y a todas las garantías de desarrollo, las condiciones de seguridad, de liberad y de bienestar para nuestra generación y las generaciones futuras.
El año 2010 debería ser motivo para que le demos continuidad a las gestas históricas que estaremos celebrando mediante la concreción de ese cambio de rumbo económico y de esa gran reforma del Estado mexicano.
Entrego, voy a hacer entrega a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta soberanía de nuestra proposición con punto de acuerdo para crear la Comisión Especial para la Reforma del Estado, reconociendo lo que sobre el tema se ha elaborado: sus logros, avances, limitaciones y contenidos, muchos a debate.
Refrendamos la convocatoria para que entre todas las fuerzas políticas, diputadas y diputados, senadoras y senadores integrantes de las Mesas Directivas y de las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras, impulsemos y conduzcamos este diálogo nacional para la urgente transformación económica, social, política y democrática de México. Necesitamos una reforma profunda del Estado mexicano que combata los privilegios e impulse a la igualdad. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para la reforma del Estado, a cargo del diputado José Luis Jaime Correa , del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con las siguientes
ConsideracionesEl 15 de noviembre de 2000 la LVIII Legislatura publicó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara para la integración de la Comisión Especial para la reforma del Estado, que se instaló el 6 de diciembre de aquel año y trabajó hasta el término de la legislatura.
En noviembre de 2003 se presentó ante el pleno de la Cámara la proposición con punto de acuerdo para reinstalar la comisión especial para la reforma del Estado durante la LIX Legislatura, para apoyar las reformas constitucionales y legales para lo que en su momento se pensó sería la consolidación del proceso de transición a la democracia en México.
El 5 de octubre de 2006, se presentó nuevamente una proposición con punto de acuerdo para reinstalar la Comisión Especial para la Reforma del Estado. Cabe destacar que dicha comisión se constituyó en un momento clave para la construcción de acuerdos porque de manera casi paralela se aprobó la Ley para la Reforma del Estado, que preveía un procedimiento para que los legisladores se comprometieran a buscar acuerdos entre sí y se centraran en la elaboración de propuestas en materia de régimen de Estado y gobierno; democracia y sistema electoral; federalismo; reforma del poder judicial; y garantías sociales.
La labor de la comisión especial fue fundamental para acompañar los trabajos de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, ya que participó activamente en todas las etapas previstas en la Ley para la Reforma del Estado, desde la elaboración de la consulta pública, hasta el proceso de construcción de acuerdos, redacción de los proyectos y la presentación de las iniciativas.
El balance de los trabajos logrados durante la LX Legislatura en materia de reforma del Estado muestra un avance sustancial en el tema de democracia y sistema electoral, que por cierto, era uno de los temas más sensibles en el ambiente político y, por lo tanto, uno de los que concentró la mayor atención de los grupos parlamentarios. En este tema se logró reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116, 122, 97 y 134. Adicionalmente se creó un nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Con dichas reformas se logró reducir el financiamiento público a los partidos políticos; prohibir el uso de medios de comunicación en los procesos de selección interna; constituir reglas sobre los procesos de selección interna y precampañas; también se estableció la prohibición de hacer publicidad gubernamental durante las campañas, se prohibió la contratación comercial de radio y televisión para fines electorales; se estableció que la contratación de la publicidad en medios para los partidos sea una facultad exclusiva de la autoridad electoral.
En el tema de las reformas al poder judicial se logró aprobar la reestructuración de los organismos de Seguridad Pública; reorientar la actuación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; crear Instrumentos legales para combatir el lavado de dinero y decomisar recursos financieros y materiales; y el reconocimiento constitucional del principio de presunción de inocencia.
Por otro lado, en el tema de Estado y gobierno no se logró avanzar en la mayor parte de lo propuesto, las únicas reformas constitucionales que se lograron aprobar se reducen al cambio del formato del informe y a fijar el límite máximo de los salarios de los servidores públicos con el salario del presidente de la república. Sin embargo, quedaron pendientes muchos temas, como eliminar el veto de bolsillo del Ejecutivo, la creación de un Tribunal Constitucional, introducir los instrumentos de participación ciudadana como referéndum y plebiscito y el fortalecimiento del poder legislativo, por mencionar solo algunos de los temas pendientes.
Finalmente, el balance al tema de garantías sociales es bastante negativo porque aunque se presentaron muchas propuestas y se discutieron ampliamente los temas, al final no se logró elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación como premisa para la soberanía alimentaria o el derecho al agua potable, tampoco se logró incorporar la transversalidad de los derechos de los pueblos indígenas en todos los niveles y ámbitos de la vida pública. Se había planteado que en el texto constitucional se diera reconocimiento a los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales, sin embargo, todos estos temas quedaron pendientes y el nuevo impulso de estas propuestas es tarea de la nueva Comisión Especial para la Reforma del Estado porque aún existe la necesidad de buscar la transformación democrática del Estado mexicano y de retomar el trabajo para procesar las iniciativas que en torno a estos temas existen ya en el seno de esta Cámara y así tratar de avanzar con mayor fuerza y con mayor celeridad en la agenda pendiente para la reforma del Estado.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido en el artículo 42, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo la siguiente proposición con
Puntos de AcuerdoPrimero. Se crea la comisión especial para la reforma del Estado de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en la LXI Legislatura, encargada de coadyuvar, dar seguimiento y retomar en el ámbito de las competencias del Poder Legislativo federal, las iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo encaminadas a proponer cambios en el régimen político del país y sus instituciones.
Segundo. La comisión especial para la Reforma del Estado estará integrada por diputados y diputadas, pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, su presidencia será rotatoria entre los tres grupos parlamentarios más numerosos de tal suerte que cada uno presida un año el ejercicio de esta comisión especial y cada grupo parlamentario que no ocupe la presidencia contará con un secretario; y funcionará durante la LXI Legislatura del Congreso de la Unión.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Acabamos de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política, por lo que pido a la Secretaría que proceda a dar cuenta de ésta.
ORDEN DEL DIA
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LXI Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.
Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.
Con fundamento en el artículo vigésimo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted atentamente consultar al pleno, tenga a bien aprobar la modificación al orden del día de la sesión de hoy, para realizar la inclusión en el primer turno posible del siguiente asunto:
• Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la liberación de las ciudadanas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas de la comunidad ñahñu, presas en el Cereso femenil de San José El Alto, QuerétaroEl Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias.
Consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.
Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Por tanto, proceda la Secretaría a leer la proposición.
JACINTA FRANCISCO MARCIAL, ALBERTA ALCANTARA Y TERESA GONZALEZ
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LXI Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinacíón Política, relativo a la liberación de las ciudadanas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas de la comunidad ñahñu, presas en el Cereso femenil de San Jose El Alto, Querétaro.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el siguiente
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de la República que, a la mayor brevedad y en estricto apego a la ley y la justicia, presente las conclusiones no acusatorias a las que el Ministerio Público de la Federación está obligado, ya que, como órgano de buena fe, tal y como lo señala la Constitución General de la República, ha podido constatar dentro de la causa penal seguida en contra de las ciudadanas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, que existe duda razonable respecto a la responsabilidad penal del delito que se les imputaba a las procesadas; asimismo se analice la procedencia de mecanismos de reparación del daño a favor de las personas señaladas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias.
Consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica se consulta a la asamblea. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En consecuencia, se considera de urgente resolución. Asimismo, está a discusión la proposición y se han registrado diversos oradores.
Se concede el uso de la palabra a la diputada Narcedalia Ramírez Pineda , del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Narcedalia Ramírez Pineda: Tengo la encomienda de mi fracción parlamentaria, el Partido Revolucionario Institucional, de fijar nuestra posición en torno a este importantísimo asunto.El 26 de marzo de 2006, durante un operativo policiaco irregular en el tianguis de Santiago Mexquititlán, comunidad ñahñú del sur de Querétaro, con el pretexto del combate a la piratería, un grupo de agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), que no acreditaron su condición de tales, ocasionaron daños que, luego, ante la actitud decidida de los tianguistas, se comprometieron a pagar, dejando a uno de sus compañeros como garantía de que volverían con el dinero.
No hubo maltrato de ningún género, ni contra el que quedó como garantía ni contra los que, en efecto, volvieron con el dinero y pagaron los daños que habían causado. Todo parecía arreglado.
Sin embargo, el 3 de agosto de ese mismo año, cinco meses después, Jacinta Francisco Marcial, una humilde y pacífica comerciante que contribuye al sustento de su familia vendiendo alimentos en el tianguis de su pueblo, fue conducida con engaños al Cereso femenil de San José el Alto, Querétaro. Allí, lo mismo que a sus compañeras Alberta Alcántara y Teresa González, le explicaron que le atribuían el secuestro de seis agentes de la AFI durante los hechos del 26 de marzo, porque aparecía junto con un grupo de sus compañeros en una foto panorámica del incidente en cuestión, tomada por un periódico local.
El juicio contra Jacinta, donde los mismos agentes que se dijeron víctimas de secuestro fueron los testigos y al mismo tiempo la parte investigadora del caso, culminó dos años después. El 19 de diciembre de 2008 se le dictó sentencia condenatoria a 21 años de prisión y 2 mil días de multa. Las otras dos acusadas, que también, como Jacinta, permanecían presas, fueron sentenciadas con la misma pena un mes después. La injusticia de este caso es patente.
Todas las evidencias de ese hecho señalan que no hubo secuestro alguno y que Jacinta Francisco Marcial ni siquiera participó en los incidentes y negociaciones provocadas por el grupo policial. Su error consistió en salir en la foto. Con esa única y endeble prueba fue condenada.
En vista de las muy evidentes irregularidades de un proceso judicial viciado, en el cual a Jacinta, que es iletrada y no habla español, se le negó el concurso de un intérprete, como manda la ley, y donde esta indígena ni siquiera pudo conocer al juez que la condenó en primera instancia; en segunda instancia, el magistrado López Muñoz revocó el proceso y, mediante la resolución fechada el 7 de abril último, ordenó la reposición el procedimiento; es decir, regresó el expediente al juez cuarto de distrito en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longhi, para que nuevamente desahogue las pruebas, con lo cual se insistió en criminalizar a una inocente, se le obligó a probar que es inocente, y la misma autoridad de primera instancia que condenó a Jacinta a más de veinte años de prisión tiene nuevamente en sus manos su libertad.
No me mueve a presentar estas consideraciones solamente como una motivación de género. Tampoco nada más un sentimiento de solidaridad con los indígenas. Este caso provocó un escándalo internacional y causó indignación en muchos sectores de la opinión pública que tuvo amplio eco en los medios de difusión. Seguramente son estas presiones las que han obligado a la PGR a declarar que presentará conclusiones no acusatorias y retirará los cargos contra Jacinta, ignorando a Alberta Alcántara y Teresa González.
Sin embargo, esto no es suficiente, ha habido delito policial y hay que dejarlo en evidencia. Han inducido a la justicia, con falsos testimonios, a cometer una injusticia. Por esto llamo a mis compañeros diputados y compañeras diputadas a no callar ni silenciar esta clase de atropellos, justamente cuando lo que el país necesita es dignificar sus instituciones, especialmente las encargadas de aplicar la ley y hacer justicia.
Esta legislatura tiene la gran oportunidad de defender los valores y los altos principios que están en el espíritu y la letra de nuestra Constitución; de oponernos a hechos que agravian, sobre todo, a los más humildes y en este caso concreto, los derechos humanos de las mujeres indígenas.
Por estas razones, señor presidente, me permito reiterar el siguiente punto de acuerdo:
Único. Solicitar a la Procuraduría General de la República que retire todos los cargos contra Jacinta Francisca Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas de la comunidad ñahñú, presas injustamente en el Cereso femenil de San José el Alto, Querétaro, y que se les indemnice debidamente.
Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Florentina Rosario Morales, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Florentina Rosario Morales: Con su permiso, señor presidente.Compañeras diputadas y compañeros diputados, me da mucho gusto que se haya establecido un acuerdo para dar una resolución respecto de las compañeras indígenas. Proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para que el Gobierno de la República dé libertad inmediata a las ciudadanas indígenas Jacinta Francisca Marcial, Teresa González, Alberta Alcántara.
El 26 de marzo de 2006, seis agentes de la AFI sin uniforme llegaron al mercado de la plaza central de Santiago Mexquititlán, afirmando que realizarían un operativo de incautación de sustancias estupefacientes y DVD piratas. Sin embargo, el hecho de no portar uniforme hace pensar que más que tener un propósito oficial, los agentes pretendían robar mercancías de los vendedores que ahí trabajan. Durante la operación confiscaron productos de los tianguistas y dañaron mercancías, lo cual generó una natural defensa de su propiedad, al no presentar oficio de diligencia y no identificarse para tales efectos.
Esa misma noche los agentes presentaron su denuncia ante la Procuraduría General de Justicia, en la que afirmaban que habían sido secuestrados durante varias horas por personas que estaban protestando en la plaza central de Santiago Mexquititlán.
Posteriormente, el 3 de agosto de 2006, Jacinta Francisca Marcial y dos ciudadanas más fueron detenidas y condenadas. Cabe mencionar que no existen elementos de prueba suficientes para acreditar la probable responsabilidad de Jacinta Francisca Marcial ni de las otras dos ciudadanas.
Es sumamente preocupante que el juez cuarto de distrito en Querétaro haya concedido fuerza probatoria a los testimonios de los agentes y que desde la averiguación previa hayan fungido como ofendidos, a pesar de sus contradicciones, imprecisiones e incongruencias, y con base en esas probanzas se haya privado de la libertad y condenado a Jacinta.
Hay que decir que el juez no analizó diversas probanzas que acreditan la inocencia, como testimoniales de descargo y el peritaje antropológico que realizó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y que la sentenciada no contó con traductor en el momento de su declaración preparatoria ni en diligencias posteriores, lo que constituye también una grave violación a la garantía del debido proceso.
Muchas organizaciones internacionales y nacionales creen que Jacinta ha sido encarcelada únicamente debido a su situación marginal de mujer pobre, indígena y con limitado acceso a la justicia. El proceso desde su origen está viciado. Muestra sin ninguna duda la parcialidad de la justicia y aun más grave, demuestra el Estado fallido que tenemos en materia de derechos humanos.
Por lo expuesto y fundado, presento a consideración del pleno la siguiente proposición con puntos de acuerdo de urgente u obvia resolución
Primero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a acelerar el proceso jurídico a fin de dar libertad inmediata a la ciudadana Jacinta Francisco Marcial, y que se repare el daño ocasionado.
Segundo. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a pronunciar conclusiones sobre las ciudadanas indígenas Teresa González y Alberta Alcántara, detenidas por los mismos cargos.
Tercero. Que se inicia una investigación sobre la conducta de los agentes federales en los hechos mencionados, del 26 de marzo de 2006, y funcionarios públicos que llevaron el proceso jurídico, con objeto de comprobar que hayan procedido en sus acciones conforme a la ley y en estricta sujeción a sus derechos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada.
Han solicitado el uso de la palabra y están inscritos los diputados Adriana Fuentes Cortés , Héctor Pedroza Jiménez , Leticia Quezada Contreras , Rosi Orozco, Elsa María Martínez Peña y Jaime Cárdenas Gracia. Al terminar solicitaré y consultaré a la asamblea si se considera suficientemente discutido. Se concede el uso de la palabra a la diputada Adriana Fuentes Cortés .
La diputada Adriana Fuentes Cortés: Con su permiso, señor presidente.Hoy quiero ser la voz de esas voces que no se han escuchado o que no se han querido escuchar. El Partido Acción Nacional ha sido siempre un firme defensor de los derechos humanos ya que éstos son el conjunto de facultades, prerrogativas y libertades inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para su desarrollo integral.
Por ello, ante el caso que nos ocupa manifestamos nuestro apoyo para que Jacinta Francisco Marcial recobre su libertad y se reincorpore a la vida social en las mejores condiciones. Nos manifestamos también porque cualquier mujer, en cualquier ámbito, tenga garantizados todos los derechos que nuestra legislación establece.
Hoy más que nunca resulta necesario que la mujer indígena no sea vista simplemente como víctima de los múltiples retos y adversidades que enfrentamos, sino como agente de cambio y promotora del desarrollo en todos los niveles.
Sin embargo, la realidad nos muestra que nos falta mucho por hacer a favor de las mujeres en nuestro país. De manera particular observamos que las mujeres indígenas siguen siendo objeto de maltrato y abuso, y que en muchas ocasiones son discriminadas, lo cual se agrava por el simple hecho de ser indígenas y pobres.
En el Partido Acción Nacional siempre hemos asumido el compromiso de buscar los mecanismos que otorguen pleno reconocimiento y respeto en defensa de la mujer. Desde distintos espacios trabajamos en acciones y hemos propuesto diversas iniciativas que permitan a las mujeres de nuestro país su pleno desarrollo, y que libremente puedan ejercer sus capacidades en igualdad de condiciones y en los diversos ámbitos de los que somos partícipes.
Nuestro partido rechaza toda forma de discriminación y desigualdad de oportunidades por cualquier motivo. Impulsa un respeto irrestricto a los derechos y dignidad de toda persona, en particular de aquellos que por diferentes situaciones y condiciones son rechazados o menospreciados.
Reconoce que los derechos humanos son una expresión clara y concreta de la dignidad de la persona humana y por ello está empeñado en su garantía y respeto.
El proceso judicial de Jacinta estuvo lleno de considerables irregularidades, la falta de un traductor que permitiera a Jacinta enfrentar una mejor condición en su proceso y las contradicciones en las declaraciones de los supuestos secuestrados, quienes nunca mostraron disposición a colaborar y permitir un trámite ágil.
La concesión de carácter de prueba a una imagen tomada por un fotógrafo de un diario local, cuyas declaraciones en las que asegura no haber visto nada parecido a un secuestro fueron desestimadas como prueba a favor de Jacinta.
Su caso es una clara muestra de la situación vulnerable de los indígenas ante el sistema judicial, lo cual se suma a la persistente discriminación y exclusión de las cuales son objeto en otras áreas, como la salud y la educación.
Por lo anterior, reconocemos y apoyamos la decisión de la Procuraduría General de la República, de presentar conclusiones no acusatorias en el caso de Jacinta Francisco Marcial, acusada de ser responsable del delito de privación ilegal de la libertad, en contra de 6 agentes federales, por lo que inicialmente fue sentenciada a 21 años de prisión.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, no podemos soslayar los atropellos de cualquier autoridad, sobre todo cuando el país necesita dignificar sus instituciones, especialmente las encargadas de aplicar la ley y hacer justicia. Los anteriores elementos son suficientes para que Jacinta Francisco Marcial obtenga su libertad inmediata. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Pedraza Olguín.
El diputado Héctor Pedraza Olguín: (Ndunthi di jamadi, ga´tho´ihu r´akägi ra paha ra payabye gä ñä ha nunä luga.)Traducción: ``Muchas gracias, me complace mucho estar con todos ustedes y poder llegar a este lugar.... la tribuna más alta del país.'' *
Seguramente nadie me entendió. Imagínense que nuestra compañera indígena haya sido juzgada en una lengua distinta de la que ella habla.
Por eso hoy no podía dejar pasar la oportunidad, como diputado federal por el segundo distrito de Hidalgo, en donde está asentada una población muy significativa del pueblo ñahñú, de solidarizarme con Jacinta y las demás compañeras indígenas, porque para los ñahñús todos somos Jacinta.
En ese tenor abordo esta tribuna con el ánimo, con el propósito de reconocer que a más de 500 años de conquista, a pesar de la marginación, a pesar de la exclusión social, los indígenas seguimos vigentes, defendiendo con orgullo nuestra cultura, nuestro origen y nuestra raíz.
Por eso con mucho gusto nos organizamos con más de esos 600 mil indígenas ñahñús que viven en el Estado de México, en Querétaro, en Guanajuato y, desde luego, en Hidalgo; porque sin duda, este tipo de actos de injusticia, de abuso a los derechos humanos, a todos nos laceran.
Por tanto, hago un reconocimiento en nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Apoyamos con mucho gusto este punto de acuerdo, recordando que ayer los indígenas, ante la falta de educación, ante la falta de oportunidades, nacíamos para callar, para obedecer. Pero hoy, con las instituciones, con el esfuerzo, con el trabajo tesonero y cotidiano que han hecho muchos indígenas a lo largo de nuestro país, estamos aptos y presentes para seguir defendiendo nuestra cultura, para seguir defendiendo la oportunidad de transitar en un estado con igualdad, en un estado con oportunidades. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra a la diputada Elsa María Martínez Peña.
La diputada Elsa María Martínez Peña: Con su permiso, señor presidente. ´Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la causa penal de la ciudadana Jacinta Francisco Marcial, por delitos contra la salud en su modalidad de posesión de narcóticos y de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro, motivó la detención de esta mujer indígena, junto con Alberta Alcántara y Teresa González.
Como respuesta a las irregularidades en la integración de la averiguación previa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación en julio con la que se pretende esclarecer los hechos que dieron origen, la indagatoria, y sean respetadas las garantías de las tres agraviadas.
No obstante las recomendaciones finales, a partir de las cuales se documentó la violación de derechos fundamentales, como el no haber contado con un traductor en el momento de su declaración preparatoria ni en las diligencias posteriores ---situación que también fue reconocida por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en otra recomendación---, así como la existencia de contradicciones sustanciales, imprecisiones, incongruencias en la versión de la parte acusadora y la responsabilidad del Ministerio Público de la Federación y de la Agencia Federal de Investigación, las agraviadas continúan en prisión.
Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, la situación jurídica que enfrentan Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, es un claro ejemplo de la ineficacia del sistema de procuración y administración de justicia en México. Es una muestra contundente de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres indígenas y al debido proceso penal contenido en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Numerosos son los pronunciamientos que han externado su preocupación por este caso, que visibiliza las injusticias que se cometen en perjuicio de quienes, por su identidad étnica, género o por su situación económica, viven en condiciones de marginalidad y discriminación.
Por ello, las diputadas y los diputados de este grupo parlamentario nos unimos a estos dos puntos de acuerdo con el propósito de que la Procuraduría General de la República resuelva el caso, conforme a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Mexicana y los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, y otorgue la libertad y la reparación del daño a mujeres, que como nosotras, hoy están en una situación crítica por ser indígenas, como son Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Teresa Incháustegui Romero.
La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero: Con su venia, diputado presidente.Uno de los problemas que son verdaderos flagelos que laceran severamente a las y los ciudadanos, y a la población en general de nuestro país, es sin duda la inseguridad; inseguridad en todas sus dimensiones: inseguridad económica, inseguridad ante los desastres naturales, inseguridad ante la delincuencia común y el crimen organizado, pero lo peor de todo; inseguridad ante las instituciones encargadas de procurar justicia e impartir justicia, que no hacen debidamente su tarea ni procuran ni cumplen escrupulosamente con los procedimientos que tienen que hacer en sus tareas.
Con mucha frecuencia los agentes encargados de cumplir y hacer cumplir las leyes se convierten, ellos mismos, en criminales, en agresores, en infractores de la población, sobre todo frente a los grupos más pobres y discriminados, como es el caso de las indígenas, y en este caso, además, mujeres indígenas que son simplemente incriminadas por agentes corrompidos, y enjuiciadas por jueces omisos y discriminatorios.
El caso de Jacinta, el caso de Alberta y el caso de Teresa son una pequeña muestra de lo que pasa todos los días en los juzgados del país, sobre todo en las regiones indígenas en donde hay muchísimas mujeres encarceladas, como en el caso de estas mujeres, que es completamente injusto.
En los casos de estas mujeres indígenas se ceban todas las formas de discriminación: de clase, de pertenencia étnica y de género, por eso Amnistía Internacional ha considerado que Jacinta ha sido encarcelada únicamente debido a la situación marginal de mujer pobre, indígena y con limitado acceso a la justicia.
Pero no son los únicos casos; también están muchísimas otras indígenas o pertenecientes a otros colectivos vulnerables o marginales, que están en la misma situación.
Nosotros no podemos estar inermes frente a esta situación, como diputadas y como diputados estamos obligados a que se garantice a los pobres de México el derecho a la justicia y el respeto a su dignidad, y sobre todo, para las mujeres indígenas.
Por eso, la fracción parlamentaria del PRD se suma al punto de acuerdo establecido por la Junta de Coordinación Política, para exigir la excarcelación de Jacinta y también la aceleración de los procesos de Alberta y Teresa, y para demandar no sólo la reparación del daño de estas mujeres, sino también una investigación acuciosa para los responsables de ese atropello. No dejemos que estas cosas sigan pasando en nuestro país. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra a la diputada Leticia Quezada Contreras.
La diputada Leticia Quezada Contreras: Muchas gracias, diputado presidente.Diputadas y diputados, creo que a nadie le queda duda, a ninguna diputada, a ningún diputado, sobre los hechos que reprobamos, y por lo cual nos solidarizamos con las compañeras indígenas.
La sociedad también reprueba la impartición de justicia, que en este caso ha violado el debido proceso de tres mujeres inocentes. El Grupo Parlamentario del PRD exige de manera inmediata su liberación y que se les indemnice por todos los daños que han sufrido en el proceso.
El Grupo Parlamentario del PRD se suma al punto de acuerdo de las compañeras y al punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política. El Grupo Parlamentario del PRD siempre ha exigido, y en este caso exigimos el respeto de los derechos de las mujeres, exigimos el respeto de los derechos de las mujeres indígenas.
El Grupo Parlamentario del PRD condena los hechos ocurridos y denuncia que a todas luces se denota que no han existido las garantías del debido proceso. Y exige, en consecuencia, dictar una sentencia absolutoria a las enjuiciadas.
Condenamos que Jacinta, Alberta y Teresa continúen privadas de su libertad en el Cereso femenil de San José El Alto, porque todas y todos somos Jacinta, Teresa y Alberta.
El Grupo Parlamentario del PRD denuncia que Jacinta, Alberta y Teresa han sido víctimas de discriminación racial y violencia institucional. En este caso persisten graves desigualdades del sistema de justicia, como la falta de acceso a un traductor y la negación del principio de presunción de inocencia.
Salen a relucir también las deficiencias de un modelo de justicia en el que subsisten elementos inquisitivos, como la preponderancia a las pruebas desahogadas por el propio Ministerio Público y que generan desigualdad procesal. También se pone de manifiesto la aplicación de tipos penales para procesar a quienes tienen alguna participación de manifestación pública, y esto es reprobable.
Como se ha acreditado públicamente, Jacinta, Alberta y Teresa no participaron en las acciones de los comerciantes. Sin embargo, es claro que la respuesta punitiva del Estado constituye una represalia a la manera en que los tianguistas se defendieron de los abusos de los agentes de la AFI, como ha sucedido en casos similares de protesta.
No obstante, una vez más han existido violaciones procesales que dejan en estado de indefensión a Jacinta y no le garantizan el derecho a un juicio justo; pero más aún: se ha violado el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el reconocimiento a la composición pluricultural de nuestra nación que se encuentra sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
En este caso no ponderaron, en su momento, las autoridades judiciales las circunstancias de vulnerabilidad social que tienen las mujeres sujetas a proceso. Es decir, su condición de mujeres indígenas en el caso particular de las tres, y su situación económica. Ésta constituye una de las violaciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, toda vez que se ejerció violencia institucional. Es decir, una de las manifestaciones más comunes de la violencia preparada desde los órganos estatales contra las mujeres.
Este hecho supone el reconocimiento de la inexistencia de pruebas contundentes y legales en contra de Jacinta y significará eventualmente, una vez más, cerrada la instrucción.
El Grupo Parlamentario del PRD exige a la Procuraduría General de la República que, en el ámbito de sus competencias, garantice la presencia de los agentes federales de investigación que deben comparecer en las diligencias citadas ante el juez cuarto de distrito, en Querétaro, en el proceso penal que se sigue en contra de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González.
Por último, pide que el punto de acuerdo que aquí se vota se publique en dos diarios de circulación nacional para su mayor difusión, y en la página de Internet de este órgano legislativo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Rosi Orozco.
La diputada Rosi Orozco: Con su venia, señor presidente.Antes que nada, me congratulo y celebro que en los primeros días de sesiones encontremos coincidencias y aceptemos esa invitación del presidente, Felipe Calderón Hinojosa, a estar a la altura de miras que hoy mexicanos y mexicanas exigen por tender puentes de diálogo y entendimiento entre quienes queremos lo mejor para México, como es el caso de las indígenas Jacinta Francisco Marcial, Teresa González y Alberta Alcántara.
La reciente reforma constitucional relativa al sistema de justicia penal y seguridad pública, aprobada por el Congreso de la Unión, tuvo entre sus principales objetivos la introducción de figuras como la presunción de inocencia que, según lo establecido en el artículo 8o. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el acceso a la justicia no se puede considerar como el simple deber del Estado de proveer en abstracto un recurso ante los tribunales, sino de proveer uno efectivo.
Hace referencia, el artículo 8o., que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
Como derecho humano, el acceso a la justicia debe ser un servicio público que el Estado debe garantizar a todos los habitantes de su territorio, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, pertenencia a un grupo indígena, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Entre los recursos contra violaciones manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos y las violaciones graves del derecho internacional humanitario, figuran los siguientes derechos de la víctima: acceder a la justicia, reparación del daño sufrido y acceso a la información pertinente sobre las violaciones.
El artículo 18 de la Declaración Americana y los artículos 8o. y 15 de la Convención Americana establecen que todas las personas tienen el derecho de acceder a recursos judiciales, es decir, a ser oídas en juicio con las debidas garantías dentro de un plazo razonable por un tribunal competente, independiente e imparcial, cuando creen que sus derechos han sido violados.
La protección de estos derechos se ve reforzada por la obligación general de respetar, impuesta por el artículo 1o., fracción I. Para prevenir la impunidad el Estado tiene la obligación, en virtud del artículo 1o. de la Convención Americana, de respetar y garantizar los derechos consagrados en la convención.
El Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca en cuanto sea posible la víctima, en plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a estas personas sujetas a su jurisdicción.
Lo mismo es válido cuando se cree que los particulares o grupos de éstos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos reconocidos en la convención.
Por lo señalado, de acuerdo con las organizaciones encargadas de la defensa de Jacinta, su excarcelamiento no significa que se le haya hecho justicia. El Estado está obligado a reparar el daño causado y tener las mismas consideraciones que tenga con Jacinta Francisco Marcial, con las indígenas Teresa González y Alberta Alcántara.
El Grupo Parlamentario de Acción Nacional pide lo siguiente:
a) Que se analice la procedencia del mecanismo para la reparación del daño.
b) Que se adopten medidas simbólicas o emblemáticas para la víctima, con impacto en su comunidad y entorno social.
c) Que se establezcan y ejecuten garantías de no repetición.
d) Que en seguimiento de la ejecución y en cumplimiento de las medidas de reparación, se cumplan y se dé seguimiento a estas medidas.
Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra al diputado Jaime Cárdenas Gracia.
El diputado Omar Fayad Meneses (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, ¿con qué objeto desea hacer uso de la palabra?
El diputado Omar Fayad Meneses (desde la curul): Ya hemos escuchado que nadie está en contra. Si no hay oradores inscritos en contra, por favor, consulte a la asamblea si el tema está suficientemente discutido, para proceder a la votación respectiva.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En atención a su comentario, diputado, habíamos señalado quiénes estaban inscritos y que al término de esta lista pondríamos a consideración de la asamblea si estaba suficientemente discutido. El último inscrito es el diputado que hará uso de la palabra.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, y con su venia, señor presidente.El asunto de las indígenas ñahñús de Querétaro Jacinta, Alberta y Teresa, como ya lo han señalado aquí las compañeras diputadas y el compañero diputado que me antecedieron en el uso de la palabra es muy preocupante en nuestro país, porque no tienen solución. Tiene que ver, desde luego, con la equidad de género, tiene que ver con las violaciones sistemáticas al principio que prohíbe la discriminación, tiene que ver con las condiciones de pobreza de las mujeres indígenas, tiene que ver también con las debilidades del sistema de justicia de nuestro país y con los derechos humanos.
Quiero primero referirme al tema del contexto. Llama mucho la atención que un presidente, un jefe de Estado como Sarkozy, venga a México y alce la voz a favor de una mujer francesa, que seguramente es responsable de delitos cometidos en nuestro territorio. Por eso la Cámara de Diputados debe levantar la voz por todas las mujeres indígenas, pobres, discriminadas y excluidas de nuestra sociedad.
También llama mucho la atención la contradicción existente en la vida fáctica; por un lado, inocentes en las cárceles de nuestro país, y por otro lado, los servidores públicos, algunos de ellos insensibles con las recomendaciones de derechos humanos, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que son propuestos como procuradores generales de la República.
Considero, como las diputadas lo han mencionado aquí, que no solamente se debe excarcelar a Jacinta, Alberta y Teresa, sino que se debe investigar la responsabilidad y la violencia institucional del Estado. Para ello es importante que se abra una investigación en torno a los policías, al Ministerio Público federal involucrado y al propio juez de primera instancia que dictó la sentencia. No basta la excarcelación. Es necesario, además de la libertad, la reparación del daño y la exigencia de responsabilidades a los que usaron el aparato de Estado para suprimir derechos fundamentales.
Es evidente que se violó casi todo el catálogo de garantías individuales previstas en nuestra Constitución. Se violó el artículo 1o., el artículo que prohíbe la discriminación; se violaron las garantías de legalidad y de seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16, que además establecen las bases del debido proceso; y se violó el artículo 20, principalmente las garantías de toda persona imputada. Además, desde luego, se violó el principio de presunción de inocencia, previsto en el artículo 20 de la Constitución.
¿Todo esto qué refleja? Refleja un sistema penal punitivo y no garantista. Por ejemplo, en las cárceles y en los centros penitenciarios del Distrito Federal, casi 70 por ciento de los procesados y reos tienen que ver con delitos de robo inferiores a cantidades de 2 mil pesos.
¿Qué significa esto? Que estamos castigando a los pobres que no tienen los suficientes medios de defensa. Significa también que el sistema penal de nuestro país no se rige por los principios de acceso a la justicia, de independencia y desde luego, de eficiencia y de eficacia.
Requerimos en las Cámaras de Diputados y de Senadores construir un sistema penal acusatorio, público, abierto y oral, y sobre todo, que exista un criterio de interpretación de derecho penal, siempre a favor del más débil.
En México la llamada ``transición a la democracia'' ha llegado a algunos ámbitos del poder, pero desde mi punto de vista y del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, aún no llega ni al Ministerio Público ni al Poder Judicial federal ni local. Hay que recordar, finalmente, que sin justicia no hay democracia ni estado de derecho. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Una vez que ha concluido la lista de oradores inscritos, pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada. Comuníquese.
HURACAN JIMENA
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado José Luis Marcos León Perea, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo para la atención inmediata de la situación provocada por el fenómeno hidrometeorológico denominado Jimena, en Sonora y Baja California Sur.
El diputado José Luis Marcos León Perea: Con su permiso, diputado presidente.Honorable asamblea, los suscritos, diputados de la LXI Legislatura, en su carácter de representantes populares de Sonora, pertenecientes al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ejerciendo su derecho para iniciar el proceso legislativo federal ante la Cámara de Diputados con objeto de que se emita un pronunciamiento para que las instancias gubernamentales federales aceleren el proceso de liberación de recursos que permitan atender oportunamente las necesidades de la población sonorense generadas por la tormenta tropical Jimena, con objeto de sustentar la procedencia de la proposición, remiten la siguiente parte expositiva:
Los desastres son alteraciones intensas de las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, causados por un suceso natural o generado por el hombre, que exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada.
La Organización de las Naciones Unidas clasifica los desastres de la siguiente manera: desastres tecnológicos y desastres naturales, que son los producidos por la fuerza de la naturaleza. Entre éstos tenemos los generados por fenómenos meteorológicos o hidrológicos, como los huracanes.
Año con año nuestro país enfrenta la llegada de huracanes por las costas de los océanos Pacífico y Atlántico, y son del conocimiento público las consecuencias de su paso por el territorio nacional. Infortunadamente, este año no ha sido la excepción y particularmente Sonora y Baja California Sur se vieron impactados por lo que en un principio fue el huracán Jimena, que posteriormente llegó a territorio sonorense en calidad de tormenta tropical.
Los municipios de Los Cabos, La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé, en Baja California Sur; y Guaymas, Empalme, Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa y San Ignacio Río Muerto, en Sonora, fueron los más afectados por el fenómeno climático.
En el caso de Sonora, no obstante que la Unidad Estatal de Protección Civil llevó a cabo el sistema de alertamiento temprano con la antelación necesaria para evacuar las zonas de riesgo de inundación, el fenómeno meteorológico dejó un saldo de 4 personas fallecidas, 72 mil damnificados y cerca de 113 mil con algún tipo de afectación en su vivienda.
Todo ello como consecuencia de las torrenciales lluvias que sumaron 711 milímetros en Guaymas y 365 en Empalme. Esto en un periodo de tan solo 38 horas, por citar 2 ejemplos.
La cantidad acumulada estableció un récord absoluto en todo Sonora, mientras que la lluvia de Empalme representa, en promedio, la cantidad de lluvia que se registra en un año en todo el estado. De esa magnitud es la problemática que estamos enfrentando, considerando el efecto en nuestra entidad, que es de clima semidesértico.
Los daños en infraestructura como carreteras, agua potable y drenaje ocasionados por las históricas lluvias que azotaron a Guaymas y a Empalme entre el miércoles 2 y viernes 4 de septiembre podrían rebasar los 500 millones de pesos.
Un fenómeno de esta naturaleza, además de los daños que hemos señalado, lleva aparejadas situaciones extraordinarias. En salud se corre el riesgo de brotes de enfermedades como dengue u otras derivadas de condiciones insalubres debido al mal funcionamiento del sistema de drenaje. En vivienda, por la destrucción o daño de viviendas de todo tipo en los municipios afectados, siendo los sectores vulnerables una vez más los más afectados con esta situación. En las actividades productivas se agravó la difícil situación que atraviesan las ramas turísticas y de pesca, que constituyen las principales actividades de los municipios afectados. En cuanto a infraestructura, fueron destruidas vías de comunicación municipales, estatales y nacionales.
Afortunadamente, en los últimos años nuestro país ha reforzado la forma de atender la problemática que este tipo de fenómenos naturales lleva aparejada; no sólo desde el aspecto preventivo, que ha ayudado a salvar un sinnúmero de vidas y a reducir en la medida de lo posible los daños económicos.
Para ello se aprobó la Ley General de Protección Civil, donde se definen reglas específicas para atender preventiva y paliativamente las emergencias que generan fenómenos hidrometeorológicos, como los huracanes. El artículo 29 de la ley establece que cuando la capacidad operativa y financiera de las entidades federativas para la atención de un desastre haya sido superada, éstas podrán solicitar el apoyo del gobierno federal para tales efectos. Las dependencias y entidades federales serán las instancias responsables de atender los efectos generados por un desastre en el patrimonio de la federación y, en su caso, de coadyuvar con los gobiernos de las entidades federativas.
A su vez, el artículo 30 de la misma ley previene que le competerá a la federación ---sin perjuicio de lo que en términos de las disposiciones locales le corresponda realizar a las entidades federativas y municipales--- realizar las acciones de emergencia para dar atención a las necesidades prioritarias de la población y destinar recursos del Fondo de Desastres Naturales autorizado para la atención de emergencias y desastres.
En ese sentido, el Fondo de Desastres Naturales es un instrumento financiero mediante el cual, dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, se tiende a atender los efectos de los desastres naturales cuya magnitud supere la capacidad financiera, dé respuesta a las dependencias y entidades paraestatales, así como a las entidades federativas.
Este fondo facilita recursos mediante reglas de operación y procedimientos derivados de las mismas; integra un proceso respetuoso de las competencias, responsabilidades y necesidades de los diversos órganos de gobierno que tiene como finalidad ---bajo los principios de corresponsabilidad, complementariedad, oportunidad y transparencia--- apoyar a las entidades federativas de la República Mexicana; así como a las dependencias y entidades de la administración pública federal en la atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural, de conformidad con los parámetros y condiciones previstas en sus reglas de operación.
Estas reglas de operación se encuentran previstas en los diversos acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación y son de cumplimiento obligatorio para poder extender los recursos, que son de dos tipos: el Fondo Revolvente y el Fondo de Desastres Naturales, del Ramo General 23.
El punto A sería canalizar los fideicomisos denominados Fondos de Desastres Naturales de las Entidades Federativas, los recursos en coparticipación correspondientes al gobierno federal por cuenta y orden de éstas, para todas aquellas obras y acciones donde incorpora el gobierno federal a los estados, municipios y al Distrito Federal.
Como vemos en el caso de este fideicomiso, en la ejecución de dichos recursos está condicionada la aportación de coparticipaciones de los gobiernos locales, en los porcentajes previstos en las reglas de operación.
A esta fecha tenemos puntual conocimiento de que el gobierno de Sonora ha remitido al gobierno federal la solicitud de declaratoria de zona de desastre para siete municipios del sur de Sonora debido a los daños de la depresión tropical Jimena: Guaymas, Empalme, Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa y San Ignacio Río Muerto.
Sin embargo, conviene aclarar que muy atinadamente el gobierno federal ha decidido aplicar en Sonora recursos del Fondo Revolvente del Fonden para atender la urgencia y las necesidades en la población afectados por el fenómeno hidrometeorológico: la disposición de despensas, agua, colchonetas y cobertores, entre otros artículos.
Agradecemos a la Comisión Federal de Electricidad que con su propia maquinaria dio paso de Guaymas a San Carlos, y la atención de la esposa del presidente de México, Margarita Zavala de Calderón.
Asimismo, reconocemos el apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante la IV Región Naval Militar y IV Zona Militar, y a la Comisión Nacional del Agua que ya se reunieron con las autoridades municipales y estatales.
Reconocemos también la intervención de la Secretaría de Desarrollo Social, a las autoridades locales que habilitaron 30 albergues en Guaymas, en Empalme, y albergaron casi 4 mil personas.
Lamentablemente esto no ha sido suficiente para mitigar los daños de la depresión tropical; la situación actual es de desastre pues el saldo, además de las pérdidas humanas, fue la devastación de las ciudades, la pérdida del patrimonio de las familias que no contaban con ningún tipo de seguro, la baja de la producción del sector pesquero y la caída de la cúpula del histórico monumento del templo de San Fernando, que data de 1857.
En contraparte, respecto a los recursos que deberán aplicarse en el futuro cercano, bajo el amparo del Fondo de Desastres Naturales, del ramo general 23, debemos tomar en cuenta la experiencia que se ha generado en los últimos años en las entidades federativas y ante la escasez de recursos, por la difícil situación económica no cuentan con la capacidad presupuestal para hacer frente a la responsabilidad.
Pasaré a los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, reconoce la participación de la Comisión Nacional del Agua, de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Comisión Federal de Electricidad, de la Secretaría de Marina, de la Defensa Nacional, mediante la IV Región Naval Militar y IV Zona Militar, por las labores realizadas para atender la emergencia presentada con motivo del paso del huracán Jimena.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación, a que, a la brevedad posible, desahogue el procedimiento de la declaratoria de desastre a que se refiere el artículo 32 de la Ley General de Protección Civil, con objeto de que pueda agilizarse la aplicación de los recursos del Fondo Nacional de Desastres en los municipios de Guaymas, Empalme, Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa y San Ignacio Río Muerto, Sonora; así como los de Baja California Sur, la aplicación de los recursos del fondo del ramo general 23, ``Provisiones salariales y económicas''.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las dependencias y entidades de la administración pública federal para el efecto de que, a la brevedad que el caso amerita, emita la opinión sectorial que le corresponde respecto a los apoyos que estima pertinente, que se deben destinar para atender el desastre generado por el fenómeno hidrometeorológico denominado Jimena.
Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las dependencias de la administración pública federal responsable, para que a la brevedad posible se aboquen a atender las necesidades extraordinarias que el fenómeno hidrometeorológico denominado Jimena ha provocado en los municipios mencionados.
Quinto. La Cámara de los Diputados del honorable Congreso de la Unión acuerda instruir la creación de un grupo de trabajo de diputados federales, para que den seguimiento y verifiquen la correcta aplicación y manejo de los recursos transferenciales o subsidios del Fonden.
Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y contemplando la necesidad de que se atiendan inmediatamente las necesidades de la población afectada que no admite demora alguna, en este Poder Legislativo solicitamos que el presente asunto se declare con carácter de urgente resolución, para lo cual solicitamos respetuosamente la solidaridad y el voto aprobatorio de nuestros compañeros diputados.
Atentamente, diputados José Luis Marcos León Perea , Miguel Ernesto Pompa Corella , Ernesto de Lucas Hopkins , Jesús Alberto Cano Vélez , Manuel Ignacio Acosta, Rogelio Manuel Díaz Brown, Onésimo Mariscales. Es cuanto, diputado presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar la atención inmediata de la situación provocada en Sonora y Baja California Sur por el fenómeno hidrometereológico Jimena, a cargo del diputado José Luis Marcos León Perea , del Grupo Parlamentario del PRILos suscritos, diputados integrantes de esta LXI Legislatura, en nuestro carácter de representantes populares del estado de Sonora pertenecientes al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ejerciendo nuestro derecho para incitar el proceso legislativo federal ante esta Cámara de Diputados, con el objeto de que se emita un pronunciamiento por parte de este órgano legislativo para que las instancias gubernamentales del ámbito federal, aceleren el proceso de liberación de recursos que permitan atender oportunamente las necesidades de la población sonorense generadas por la tormenta tropical Jimena. En ese sentido, con el objeto de sustentar la procedencia de nuestra solicitud, nos remitimos a la siguiente:
Parte Expositiva
Los desastres son alteraciones intensas de las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, causadas por un suceso natural o generado por el hombre, que exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada.
Según el criterio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los desastres se clasifican de la siguiente manera:
1) Desastres Naturales, y 2) Desastres Tecnológicos.Son los desastres producidos por la fuerza de la naturaleza. Entre estos tenemos a los desastres generados por fenómenos metereológicos o hidrológicos como los huracanes.
Uno de los desastres naturales que afecta al mayor número de personas en el mundo son las inundaciones provocadas por huracanes. De 1995 a 2008, de la población mundial que se vio envuelta en algún desastre natural (inundaciones, sismos, vientos, sequías entre otros), el 64 por ciento resultó afectado por las inundaciones derivadas de este tipo de fenómenos. De acuerdo a un estudio realizado en el 2005, el número de eventos extraordinarios ocurridos por década se ha incrementado partiendo de 6 y 7 en la década de los 50 y 60 respectivamente, a 18 y 26 casos para los 80 y 90, y donde las pérdidas económicas se han multiplicado por 10.
Año con año, nuestro país enfrenta la llegada de huracanes por la costa de los océanos Pacífico y Atlántico y son de conocimiento público las consecuencias de su paso por el territorio nacional.
Infortunadamente, este año no ha sido la excepción y, particularmente, los estados de Sonora y Baja California Sur se vieron impactados por lo que en un principio fue el huracán Jimena que posteriormente llegó a territorio sonorense en calidad de tormenta tropical.
Los municipios de Los Cabos, La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé del Estado de Baja California Sur; Guaymas, Empalme, Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa y San Ignacio Río Muerto, en Sonora, fueron los más afectados por el fenómeno climático.
Según los primeros datos, el paso de Jimena dejó al menos 8000 damnificados, cientos de viviendas dañadas y zonas sin electricidad en Baja California Sur.
En el caso de Sonora, no obstante que la unidad estatal de protección civil llevó a cabo el sistema de alertamiento temprano con antelación necesaria para evacuar las zonas de riesgo de inundación el fenómeno meteorológico dejó un saldo de 4 personas fallecidas, 72 mil damnificados y cerca de 113 mil con algún tipo de afectación en su vivienda, todo ello como consecuencia de las torrenciales lluvias que sumaron 711 milímetros, en Guaymas, y 365 en Empalme, esto en un periodo de tiempo de tan solo 38 horas, por citar dos ejemplos. La cantidad acumulada en Guaymas estableció un récord absoluto en todo Sonora, mientras que la lluvia de Empalme representa, en promedio, la cantidad de lluvia que se registra en un año en todo el Estado. De esa magnitud es la problemática que estamos enfrentando, considerando al efecto que nuestra entidad es de clima semi desértico.
Los daños en la infraestructura pública, como carreteras, agua potable y drenaje, ocasionados por las históricas lluvias que azotaron a Guaymas y Empalme, entre el miércoles 2 y viernes 4 de septiembre podrían rebasar los 500 millones de pesos.
Aunque Jimena se disipó desde el viernes 4 en la entidad se mantuvo la alerta naranja porque existía la posibilidad de lluvias durante el fin de semana, agravando con ello la difícil situación que prevalece en dichos municipios.
Un fenómeno de esta naturaleza, además de los daños que hemos señalado, lleva aparejado situaciones extraordinarias en materias como:
1. Salud. Se corre el riesgo de brote de enfermedades como el dengue u otras derivadas por condiciones insalubres debido al mal funcionamiento del sistema de drenaje. 2. Vivienda. Por la destrucción o daño de viviendas de todo tipo en los municipios afectados, siendo los sectores vulnerables, una vez más, los más afectados por esta situación. 3. Actividades productivas. En este caso, agravando la difícil situación que atraviesan las ramas turística y de pesca, que constituyen las principales actividades de los municipios afectados, sin dejar de lado el comercio y la actividad industrial que también, indirectamente, resentirán los efectos de un fenómeno de esta naturaleza. 4. Infraestructura. Ya que fueron destruidas vías de comunicación municipales, estatales y nacionales, así como instalaciones en materia de servicios públicos, principalmente: agua potable y drenaje, vitales para preservar la salud pública y la supervivencia como seres humanos; electricidad.Afortunadamente, en los últimos años, nuestro país ha reforzado la forma de atender la problemática que este tipo de fenómenos naturales lleva aparejado, no sólo desde el aspecto preventivo, que ha ayudado a salvar un sinnúmero de vidas y a reducir, en la medida de lo posible, los daños económicos. Para ello se aprobó la Ley General de Protección Civil, donde se definen reglas específicas para atender preventiva y paliativamente las emergencias que generan fenómenos hidrometereológicos como los huracanes.
Al efecto, el artículo 29 de la ley señalada, establece que cuando la capacidad operativa y financiera de las entidades federativas para la atención de un desastre haya sido superada, éstas podrán solicitar el apoyo del Gobierno Federal para tales efectos. Las dependencias y entidades federales serán las instancias responsables de atender los efectos generados por un desastre en el patrimonio de la Federación y, en su caso, de coadyuvar con los gobiernos de las entidades federativas.
A su vez, el artículo 30 de la misma ley previene que le competerá a la Federación, sin perjuicio de lo que en términos de las disposiciones locales les corresponda realizar a las entidades federativas y municipios, lo siguiente:
• Realizar las acciones de emergencia para dar atención a las necesidades prioritarias de la población, particularmente en materia de protección a la vida, salud, alimentación, atención médica, vestido, albergue temporal, el restablecimiento de las vías de comunicación que impliquen facilitar el movimiento de personas y bienes, incluyendo la limpieza inmediata y urgente de escombros y derrumbes en calles, caminos, carreteras y accesos, así como para la reanudación del servicio eléctrico y el abastecimiento de agua; • Destinar recursos del fondo de desastres autorizado para la atención de emergencias y desastres.En ese sentido, el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) es un instrumento financiero mediante el cual, dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, tiende a atender los efectos de los desastres naturales cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de las dependencias y entidades paraestatales, así como de las entidades federativas.
Este fondo facilita recursos a través de reglas de operación y procedimientos derivados de las mismas. Integra un proceso respetuoso de las competencias, responsabilidades y necesidades de los diversos órdenes de gobierno, que tiene como finalidad, bajo los principios de corresponsabilidad, complementariedad, oportunidad y transparencia, apoyar a las entidades federativas de la República Mexicana, así como a las dependencias y entidades de la administración pública federal, en la atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural, de conformidad con los parámetros y condiciones previstos en sus Reglas de Operación.
Estas reglas de operación se encuentran previstas en los diversos acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación y son de cumplimiento obligatorio para poder acceder a los recursos que contiene el Fonden, que son de dos tipos:
A). El Fondo Revolvente, que tiene por objeto proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia y de desastre, para responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población, generadas ante la inminencia o alta probabilidad de que ocurra un fenómeno natural perturbador; B). El Fondo de Desastres Naturales del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas del Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual tendrá como objeto, entre otras, la realización de las siguientes acciones: a) Canalizar a los fideicomisos denominados Fondos de Desastres Naturales de las entidades federativas, los recursos en coparticipación correspondientes al Gobierno Federal, por cuenta y orden de éstas, para todas aquellas obras y acciones donde concurran el Gobierno Federal, los estados, municipios y el Distrito Federal. b) Apoyar, de acuerdo con los porcentajes de coparticipación previstos en estas reglas, en la mitigación de los daños a las viviendas de la población de bajos ingresos que no tienen posibilidades de contar con algún tipo de aseguramiento público o privado, afectadas por un desastre natural; c) Apoyar de manera transitoria a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal de los tres órdenes de gobierno, de acuerdo a los porcentajes de coparticipación previstos en estas Reglas, la reparación de su infraestructura asegurada, en términos de lo dispuesto en el numeral 6 de estas reglas; d) Apoyar, de acuerdo con los porcentajes de coparticipación previstos en estas reglas, a la restitución parcial o total de los daños ocasionados por un fenómeno perturbador en la infraestructura (incluyendo los bienes de dominio público o privado) de las entidades federativas, municipios y delegaciones del Distrito Federal, cuyo uso o aprovechamiento no haya sido objeto de concesión o cualquier otra figura análoga por la cual se otorgue el uso, goce o explotación de un bien de dominio público, y que no se encuentre asegurada, de acuerdo con lo que establezcan las leyes respectivas y que correspondan a la infraestructura básica que se utiliza para prestar servicios a la población, siempre que la falta de aseguramiento se encuentre debidamente justificada en términos de lo dispuesto en el numeral 5 de estas reglas;Como vemos, en el caso de este fideicomiso, la ejecución de dichos recursos está condicionada a la aportación de las coparticipaciones de los gobiernos locales, en los porcentajes previstos en las Reglas de Operación.
A esta fecha, tenemos puntual conocimiento de que el Gobierno de Sonora ha remitido al Gobierno Federal la solicitud de declaratoria de zona de desastre para siete municipios del sur de Sonora, debido a los daños de la depresión tropical Jimena. Estos municipios son Guaymas, Empalme, Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa y San Ignacio Río Muerto.
De igual forma, es preciso dejar asentado que hasta el día lunes 7 de septiembre de 2009, la Secretaría de Gobernación ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Declaratoria de Emergencia por la inminencia de impacto del ciclón tropical Jimena para cinco municipios del Estado de Baja California Sur (Los Cabos, La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé).
Sin embargo, conviene aclarar que muy atinadamente, el Gobierno Federal ha decidido aplicar en el Estado de Sonora, recursos del fondo revolvente del FONDEN para atender la urgencia de necesidades en la población afectada por el fenómeno hidrometereológico como es la disposición de despensas, agua , colchonetas y cobertores, a la Comisión Federal de Electricidad que con su propia maquinaria, abrió paso de Guaymas a San Carlos, y la atención de la esposa del presidente de México, Margarita Zavala de Calderón; asimismo, reconocemos el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la IV Región Naval Militar y IV Zona Militar, y a la Comisión Nacional de Agua, que ya se reunieron con las autoridades municipales y estatales, reconocemos también la intervención de la Secretaría de Desarrollo Social, a las autoridades locales que habilitaron 30 albergues en Guaymas y en Empalme que albergaron casi 4 mil personas; lamentablemente esto no ha sido suficiente para mitigar los daños de la depresión tropical, la situación actual es de desastre, pues el saldo además de las pérdidas humanas, fue la devastación de las ciudades, la pérdida del patrimonio de las familias que no contaban con ningún tipo de seguro, la baja de la producción del sector pesquero y la caída de la cúpula del histórico monumento del templo de San Fernando que data de 1857 en Guaymas.
En contraparte, respecto de los recursos que deberán aplicarse en el futuro cercano bajo el amparo del Fondo de Desastres Naturales del Ramo General 23, debemos tomar en cuenta la experiencia que se ha generado en los últimos años en las entidades federativas, que ante la escasez de recursos por la difícil situación económica, no cuentan con la capacidad presupuestal para hacer frente a la responsabilidad de aportar recursos en calidad de coparticipación que las reglas de operación del Fonden le imponen, lo cual nos genera un temor fundado por la efectividad en la aplicación de recursos para resarcir los daños señalados con motivo del huracán Jimena. Ante tal situación, hacemos un llamado para que se reconsideren las referidas reglas de operación, considerando las circunstancias económicas excepcionales que nos encontramos padeciendo.
En ese sentido, conscientes de la obligación de las autoridades por cumplir y hacer cumplir la ley en todos sus sentidos, aún y tratándose de desastres naturales que ponen en riesgo la integridad de la población, por un principio de orden y legalidad, estimamos necesario que se activen de inmediato medidas conscientes de la situación económica que prevalece, de tal forma que posibiliten a los municipios de Guaymas, Empalme, Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa y San Ignacio Río Muerto, Sonora, así como los de Baja California, el recibir los recursos que agilicen la atención en materia de salud, alimentos, vivienda e infraestructura, así como la reincorporación a la vida productiva de sus habitantes, independientemente de si las entidades federativas involucradas, puedan o no realizar la aportación que las reglas de operación del Fonden les impone.
Independientemente de lo anterior, proponemos hacer un exhorto a las autoridades que por disposición de la ley están involucradas en el proceso de las reglas de operación del fondo antes señalado, para que a la brevedad que el caso amerita implementen, en el ámbito de sus facultades, las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a los requisitos previstos para poder liberar los recursos económicos que se requieren, para que los habitantes de los municipios afectados puedan contar con las herramientas mínimas necesarias para recuperar, hasta donde sea posible, las condiciones de vida vigentes hasta antes del fenómeno hidrometeorológico.
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por nuestra Ley Orgánica y Reglamento Interior, sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente propuesta con
Punto de AcuerdoPrimero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión reconoce la participación de la Comisión Nacional del Agua, de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Comisión Federal de Electricidad, de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la IV Región Naval Militar y IV Zona Militar, por las labores realizadas para atender la emergencia presentada con motivo del paso del huracán Jimena por el Estado de Sonora así como a la Secretaría de Gobernación por la rápida intervención para liberar recursos del fondo revolvente de FONDEN para atender las necesidades más apremiantes de la población durante dicha emergencia.
Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, a la brevedad posible, desahogue el procedimiento de declaratoria de desastre a que se refiere el artículo 32 de la Ley General de Protección Civil, con el objeto de que pueda agilizarse la aplicación de recursos del Fondo Nacional de Desastres en los municipios de Guaymas, Empalme, Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa y San Ignacio Río Muerto, Sonora, así como los de Baja California Sur. De igual manera, se exhorta a la referida Secretaría para que, considerando la difícil situación económica que prevalece en el país, determine la aplicación de los recursos del Fondo de Desastres Naturales del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas del Presupuesto de Egresos de la Federación, sin necesidad de que las entidades federativas de Sonora y Baja California Sur deban realizar la aportación que conforme a las reglas de operación de dicho fondo les corresponde.
Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el efecto de que, a la brevedad que el caso amerita, emitan la opinión sectorial, que les corresponde, respecto de los apoyos que estiman pertinente que se deben destinar para atender el desastre generado por el fenómeno hidrometereológico denominado Jimena, en los municipios de Guaymas, Empalme, Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa y San Ignacio Río Muerto, pertenecientes al Estado de Sonora así como en los de Comondú, Loreto y Mulegé del Estado de Baja California Sur.
Cuarto. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a las dependencias de la Administración Pública Federal, responsables, para que, a la brevedad posible, se aboquen a atender las necesidades extraordinarias que el fenómeno hidrometereológico denominado Jimena ha provocado en los municipios de Guaymas, Empalme, Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa y San Ignacio Río Muerto, Sonora, así como en los de Comondú, Loreto y Mulegé del Estado de Baja California Sur, conforme a las materias que legalmente les corresponde conocer y con independencia de las acciones que habrán de realizarse conforme a las disposiciones de la Ley General de Protección Civil.
Quinto. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión acuerda instruir la creación de un grupo de trabajo de diputados federales, para que de seguimiento y verifique la correcta aplicación y manejo de los recursos, transferencias o subsidios del FONDEN o de cualquier otra dependencia del Gobierno Federal, pudiendo requerir información detallada a las secretarías, dependencias y. fideicomisos del Gobierno Federal, estatal o municipal que reciban tales recursos, sobre el ingreso y en su caso, ejecución de los mismos, con motivo del fenómeno hidrometereológico citado en los puntos anteriores.
Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y considerando la necesidad de que se atiendan inmediatamente las necesidades de la población afectada que no admite demora alguna en este Poder Legislativo, solicitamos que el presente asunto se declare con el carácter de urgente resolución, para lo cual solicitamos, respetuosamente, la solidaridad y el voto aprobatorio de nuestros compañeros diputados.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. En virtud de ser presentada esta propuesta en los términos del artículo 59, se abre un registro de oradores en los términos del artículo 122.
Los que estén en pro del dictamen... Están registrándose los oradores en pro.
Oradores en contra... Al no haber oradores en contra, se señala lo establecido en el artículo 122, a fin de que cuando sólo son en pro serán hasta dos oradores.
Se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Castro, del PRD.
El diputado Víctor Manuel Castro Cosío: Compañeras diputadas y compañeros diputados, con el permiso del señor presidente, el jueves próximo pasado, de manera muy respetuosa nos dirigimos a ustedes con toda prudencia y a fin de evitar el debate que se generó apenas hace un par de horas en esta sala, y a fin de evitar cualquier politización de una tragedia donde a veces suele haber más oportunismo político que intenciones de resolver lo que la gente requiere y necesita.Lo planteamos con toda claridad y con la idea de generar un ambiente no de discordia sino un ambiente que dé soluciones, que es lo que reclama la gente.
Quiero, sin embargo, tomar aquí algunas consideraciones que son importantes. Primero, hoy hace ocho días que nuestro pueblo, particularmente en los municipios, vive en condiciones sumamente delicadas, y es necesario que esta soberanía se entere, por ejemplo, de un dato.
El responsable de los asuntos políticos internos se comunicó a Baja California Sur hasta el sábado próximo pasado, ni siquiera el señor secretario de Gobernación tuvo la delicadeza en los momentos más difíciles para nuestro estado, de establecer una comunicación, tal vez ocupado en los relevos ---que para ellos tal vez sean más importantes--- que en las necesidades de la gente en Baja California Sur y en Sonora.
Quiero aquí ratificar lo que planteamos. En primer lugar, que los fondos que están establecidos para este tipo de desgracias, en el Fonden, ratificamos el acuerdo que en esta Cámara se dio el jueves pasado para flexibilizar el uso de estos fondos y tomar en consideración las condiciones por las que atraviesa el gobierno de Baja California Sur y los ayuntamientos de Comondú, Loreto y Mulegé, que se dijo claramente que estos municipios carecían de los recursos necesarios para empatar los recursos que se necesitan en este momento en ellos.
Por eso ratificamos la postura de que, manera inmediata, el punto de acuerdo que se aprobó en este Congreso se haga realidad en Baja California Sur. Asimismo, estamos proponiendo que de manera inmediata el señor secretario de Economía y el señor secretario de Sagarpa, se trasladen a Baja California Sur y constaten de manera directa la afectación que ha tenido el sistema productivo agrícola, ganadero y comercial en nuestra entidad.
La parálisis económica en estos municipios es delicada, por eso desde esta tribuna urgimos, llamamos, a las autoridades federales a la sensibilidad que han tenido otras áreas. Particularmente a la Sagarpa, a la Secretaría de Economía y a la de Gobernación para que, de forma inmediata, respalden a Sonora y Baja California Sur. Es cuanto, señor presidente, y les agradecemos su atención.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Enrique Torres Delgado.
El diputado Enrique Torres Delgado: Con su permiso, señor presidente.Nuestra misión como representantes populares de la sociedad en su conjunto, es velar por los intereses de los mexicanos. Por ello, ante la aparición de fenómenos naturales que afectan de una manera significativa a un sinfín de comunidades en nuestro país, debemos actuar en consecuencia, y desde nuestra trinchera, para hacer llegar los recursos necesarios que permitan llevar a cabo las obras de reconstrucción de las zonas afectadas, y la reactivación de la actividad económica y social en esas comunidades.
En lo que respecta al huracán Jimena y los daños ocasionados en Sonora, y en concreto en los municipios de Guaymas y Empalme, nunca en la historia de estos municipios se había recibido tal nivel de lluvia como sucedió en días pasados. Se recibió en un solo día 2 veces más del promedio anual de precipitaciones en Sonora, sumándose 711 milímetros en el municipio de Guaymas y 365 milímetros en el de Empalme.
El volumen de agua fue tal, que se convirtió en un torrente que corría con enorme potencia sobre esas comunidades. Camiones de 18 toneladas, casas, puentes, carreteras y demás, fueron arrastrados por las corrientes. Son 7 personas las que perdieron la vida.
En estos momentos se está llevando a cabo la cuantificación y evaluación real de los daños pero, de acuerdo con la información con que se cuenta hasta este momento, se sabe que existen alrededor de 72 mil damnificados.
El sistema de drenaje de la ciudad de Guaymas se encuentra colapsado, poniendo en riesgo la salud de los habitantes de la población. Mil 400 viviendas afectadas aproximadamente. El sistema de agua potable tiene enormes daños que urge solucionar. El pavimento quedó completamente destrozado. La importantísima zona turística de San Carlos quedó seriamente afectada y el daño a las carreteras fue mayúsculo. Incluso edificios tan importantes como la parroquia de San Fernando sufrieron colapsos irreparables.
La primera dama, Margarita Zavala, estuvo presente desde el primer día después del huracán; al igual que el secretario de la Sedesol, la directora del Fonden, el director de la Conagua, así como funcionarios de varias dependencias locales y federales, para atender la emergencia cuanto antes.
La respuesta de las autoridades ha sido expedita y responsable. El alertamiento y la movilización de la población a lugares seguros, la atención de alimentación, agua y servicios de salud está siendo proporcionada intensamente por organizaciones e instancias del gobierno como Protección Civil, la Sedesol, la Conagua, el Ejército y la Armada de México, entre otros; y, por supuesto, por la generosidad de los sonorenses.
Situaciones tan lamentables como las que padecen nuestros hermanos de Guaymas y Empalme no deben ser motivo de división, de botines políticos o de partidización; requiere de la asistencia y solidaridad de todos los actores de la sociedad. No se vale querer lucrar con las tragedias; no deben pintarse de colores ni siglas partidistas.
Es el momento de que nos involucremos todos los mexicanos sumando esfuerzos con todos los niveles de gobierno para paliar en algo el dolor que padecen familias, mujeres y niños que han sido afectados, incluyendo, por supuesto, nuestro cuerpo legislativo.
Por ello Guaymas se convierte en un reto y símbolo para la LXI Legislatura y la gran oportunidad de demostrar nuestra unidad y solidaridad ante los grandes desafíos que enfrenta nuestro país.
Cabe puntualizar el hecho de que el gobierno del presidente Felipe Calderón, consciente de la urgencia de atención a las personas y comunidades que resultan damnificadas por la presencia de fenómenos naturales, convocó, mediante la Secretaría de Gobernación, y Protección Civil, a todos los involucrados en estas tareas, para que se modificaran las reglas de operación del Fonden en la búsqueda de facilitar la accesibilidad a los recursos destinados para la atención inmediata de la emergencia, así como para las obras de reconstrucción de las zonas afectadas. El 27 de mayo de este año fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación dichas modificaciones.
Se presenta en esta modificación el concepto del apoyo parcial inmediato (API) que debe ser solicitado por el Ejecutivo del estado, a partir del mismo día de la instalación del Comité de Evaluación de Daños y es hasta por 50 por ciento del monto total estimado de los daños.
La Secretaría de Hacienda tiene que radicar al fiduciario en la entidad Banobras al día siguiente de dicha solicitud, el monto solicitado, la cantidad que será deducida del importe real de los daños.
Cabe mencionar que ayer en Sonora se llevó a cabo la instalación del Comité de Evaluación de Daños. Se solicita la declaratoria de zona de desastre. Hoy se emitió dicha declaratoria; y hoy se envía para que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Los recursos solicitados como parte de ese API, hoy o a más tardar mañana, estarán radicados en el fiduciario Banobras. Todo esto es resultado de la modificación de dichas reglas que simplifican el acceso a los recursos del Fonden.
No obstante, el Grupo Parlamentario del PAN convoca a todos los integrantes de esta soberanía a generar con nuestra gestión y, con base en nuestras atribuciones, los apoyos que sean necesarios para restablecer la normalidad de las zonas afectadas que tanta importancia representan para sus habitantes y para los sonorenses en general.
Convocamos también en particular a los legisladores de Sonora, representativos de todos los partidos, para que continuemos estando cerca de las comunidades afectadas, apoyando en la recuperación para que ésta se dé con la mayor velocidad posible y la sociedad mexicana exprese mediante sus representantes populares la solidaridad con los sonorenses que han experimentado esta desgracia. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Una vez que ha finalizado la lista de oradores en los términos del artículo 122 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Suficientemente discutida. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada. Comuníquese.
PROGRAMA EMERGENTE CANASTA BASICA ESCOLAR
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, para presentarnos proposición con punto de acuerdo con el que se propone la creación del programa emergente Canasta Básica Escolar, como parte de las medidas para atemperar la crisis económica de las familias mexicanas, suscrita por las diputadas Mary Telma Guajardo Villarrealy Obdulia Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Mary Telma Guajardo Villarreal: Gracias, diputado presidente. Y además de quienes suscribimos este punto de acuerdo, también se adhieren los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdezy Héctor Franco López, del PRI.Compañeros y compañeras, es un hecho que la crisis económica ha provocado que las familias mexicanas enfrenten mayores dificultades para sufragar los gastos educativos de sus hijos. Tan sólo, un estudio elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México reveló que en el reciente regreso a clases, el gasto promedio de las familias mexicanas en útiles escolares ascendió a 4.2 salarios mínimos, es decir, aproximadamente 6 mil pesos.
El estudio dado a conocer el pasado 6 de agosto en la primera feria de útiles escolares de la UNAM 2009, también reveló que la mayoría de las familias han tenido que recurrir a sus ahorros, préstamos y al empeño de bienes para poder sufragar el gasto de los útiles escolares.
Pero no hay que culpar a la pobreza sino a las políticas públicas para atenderla. Por ello, es que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y quienes suscribimos este punto de acuerdo, propone crear el programa emergente Canasta Básica Escolar, consistente en la dotación de desayuno, útiles, uniformes escolares y bono de gratuidad en el transporte público.
Y en el caso de los estudiantes de secundaria, además de lo anterior, dotación de libros de texto gratuito. Conscientes de que cualquier política pública requiere de recursos y en particular el programa que estamos planteando, proponemos que se utilicen los recursos ociosos; es decir, no ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, pues de acuerdo con el anexo 17, Formato Único sobre Aplicaciones de Recursos Federales del informe trimestral, las entidades federativas reportaron que no ejercieron recursos por 3 mil 588.3 millones de pesos; es decir, 86.5 por ciento del presupuesto aprobado.
En el caso de la Secretaría de Educación Pública, en el Ramo 11, del informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del segundo trimestre de 2009, se desprende que esa dependencia es una de las que mayores subejercicios registra, por un monto de más de 900 millones de pesos.
La no ejecución de los recursos públicos que la Cámara de Diputados aprobó es reprobable e inadmisible en cualquier momento, pero más aún en la situación actual de crisis económica. Por ello, solicitamos que los recursos no ejercidos del FASP y de la Secretaría de Educación Pública sean reasignados para la creación del programa emergente Canasta Básica Escolar.
Por lo fundado y motivado, propongo a esta honorable asamblea los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. El pleno de la Cámara de Diputados acuerda como parte de las medidas para atemperar la crisis económica de las familias mexicanas, crear el programa emergente Canasta Básica Escolar, consistente en desayuno, útiles, uniformes escolares ---incluida vestimenta deportiva, de laboratorio y otras actividades educativas--- y bono de gratuidad en el transporte público para los escolares de educación básica, media superior y superior. En el caso de los estudiantes de secundaria, además de lo anterior, dotación de libros de texto gratuito.
Segundo. Para el pleno cumplimiento de lo anterior, esta honorable soberanía exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública a que los recursos asignados al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, del Ramo 33, que no han sido ejercidos conforme a lo dispuesto en el artículo 9o., fracción VII, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Coordinación Fiscal, sean reasignados en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
Tercero. La población objetivo a incluir en el programa será aquélla que no sea beneficiaria de otro programa social educativo y se determinará, en primer lugar, por escolares que se encuentren en situación de muy alta y alta marginación; en segundo lugar, por los de situación de media marginación, y en tercer lugar los de situación baja y baja marginación.
Cuarto. La Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social elaborarán y proporcionarán a las entidades federativas los instrumentos metodológicos para reunir y procesar la información necesaria para la selección de la población objetivo del programa emergente Canasta Básica Escolar, que se otorgará en el presente ciclo escolar, 2009-2010.
Señor presidente, solicito que este documento se publique íntegro en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se propone crear el programa urgente de canasta básica escolar, como parte de las medidas para atemperar la crisis económica de las familias mexicanas, suscrita por las diputadas Mary Telma Guajardo Villarreal y Obdulia Magdalena Torres Abarca , del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita diputada, Mary Telma Guajardo Villarreal , a nombre propio y de la diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, para solicitar la creación del programa emergente canasta básica escolar como parte de las medidas para atemperar la crisis económica de las familias mexicana al tenor de las siguientes
ConsideracionesLa educación pública no debe ser nunca disminuida en forma cualitativa o cuantitativa, pues no sólo constituye un mandato constitucional, sino que además su disminución sería un atentado ético contra el pueblo de México, en razón de que es el más eficiente instrumento del Estado para salvaguardar su identidad política y defender sus valores nacionales.
Todos los países que han logrado salir del subdesarrollo económico, político y social tienen como común denominador el hecho de haber explicado el máximo esfuerzo y sacrificio para dotar a la educación pública de los máximos recursos disponibles. Como resultado, existe la conciencia de que dicha inversión fue el detonante de su desarrollo.
Es un hecho que la crisis económica ha provocado que las familias mexicanas enfrenten mayores dificultades para sufragar los gastos educativos de sus hijos. Un estudio elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México reveló que en el reciente regreso a clases el gasto promedio de las familias mexicanas en útiles escolares ascendió a 4.2 salarios mínimos, es decir, alrededor de 6 mil pesos. Este gasto fue únicamente en útiles escolares, sin considerar uniformes escolares, vestimenta para deportes o bata para laboratorio, calzado, libros de texto, equipo de cómputo y otros insumos educativos.
El estudio de la máxima casa de estudios, dado a conocer el pasado 6 de agosto en la primera Feria de Útiles Escolares UNAM 2009, también reveló que la mayoría de las familias han tenido que recurrir a sus ahorros, préstamos y el empeño de bienes para poder sufragar el gasto de los útiles escolares. Hasta un estudio del Banco Mundial señala que la falta de recursos para la compra de materiales escolares genera el abandono de estudios en 77 de 79 países, entre ellos México.
En relación con nuestro país, esta afirmación del Banco Mundial lo corrobora el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, donde también se admite que las condiciones de pobreza originan que numerosas familias no lleven a sus hijos a las escuelas o quienes ya han ingresado tengan que desertar por las dificultades económicas para mantenerlos en las instituciones educativas.
Sin embargo, no basta que la población en edad escolar acceda a la educación sino también que permanezca en los circuitos educativos, para lo cual se requiere de una política integral que garantice el eficaz desarrollo de los educandos.
Es así, por ejemplo, que existe un vínculo entre educación y nutrición y se sabe que los niños desnutridos tienen un rendimiento escolar menor. Al respecto, el Instituto Nacional de Nutrición ha documentado que alrededor de 20 por ciento de los niños en edad escolar tienen anemia, lo cual impacta negativamente en su desempeño y aprovechamiento educativo.
Pero no hay que culpar a la pobreza sino a las políticas públicas para atenderla, por ello es que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática propone crear el programa emergente canasta básica escolar consistente en la dotación de desayuno, útiles, uniformes escolares y bono de gratuidad en el transporte público y, en el caso de los estudiantes de secundaria, además de lo anterior, dotación de libros de texto gratuito.
Conscientes de que cualquier política pública requiere de recursos y en particular el programa que estamos planteando, proponemos que se utilicen los recursos ociosos, es decir, no ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), pues de acuerdo con el anexo XVII, ``Formato único sobre aplicaciones de recursos federales del informe trimestral'', las entidades federativas reportaron que no ejercieron recursos por 3 mil 588.3 millones de pesos , es decir, 86.5 por ciento del presupuesto aprobado. Incluso, Baja California Sur, Coahuila, Jalisco, México, Nayarit y Oaxaca no ejercieron un solo peso de los recursos ministrados.
Pero más aún, concluye el citado centro de investigación, ``no hay una explicación de las causas que impidieron la aplicación de los recursos en tiempo y forma en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, correspondiente al segundo trimestre de 2009''.
En el caso de la Secretaría de Educación Pública, en el ramo 11, el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del segundo trimestre de 2009, esa dependencia es una de las que mayores subejercicios registra por un monto de más de 97 millones de pesos.
La no ejecución de los recursos públicos que esta Cámara de Diputados aprobó es inadmisible y reprobable en cualquier momento, pero más aún en la situación actual de crisis económica. Por ello, solicitamos que los recursos no ejercidos del FASP y de la Secretaría de Educación Pública sean reasignados para la creación del programa emergente canasta básica escolar.
Esta solicitud se fundamenta en la siguiente normatividad:
Pero también fundamentamos la solicitud de reasignación bajo la premisa que la delincuencia organizada o el peligro de que nuestros jóvenes estudiantes sean presa del narcotráfico se combaten con educación y con otorgarles las condiciones mínimas indispensables para ello.
Por lo anteriormente fundado y motivado, propongo a esta honorable asamblea el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. El pleno de la Cámara de Diputados acuerda como parte de las medidas para atemperar la crisis económica de las familias mexicanas crear el programa emergente canasta básica escolar, consistente en desayuno, útiles, uniforme escolares (incluida vestimenta deportiva, de laboratorio y otras actividades educativas) y bono de gratuidad en el transporte público para los escolares de educación básica, media superior y superior y, en el caso de los estudiantes de secundaria, además de lo anterior, dotación de libros de texto gratuito.
Segundo. Para el pleno cumplimiento de lo anterior, esta honorable soberanía exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública para que los recursos asignados al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) del ramo 33, que no han sido ejercidos conforme a lo dispuesto en el artículo 9, fracción VII, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Coordinación Fiscal, sean reasignados en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
Tercero. La población objetivo a incluir en el programa será aquella que no sea beneficiaria de otro programa social educativo y se determinará, en primer lugar, por escolares que se encuentren en situación de muy alta y alta marginación; en segundo, por los de situación de media marginación y, en tercer lugar, los de situación baja y baja marginación.
Cuarto. La Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social elaborarán y proporcionarán a las entidades federativas los instrumentos metodológicos para reunir y procesar la información necesaria para la selección de la población objetivo del programa emergente canasta básica escolar, que se otorgará en el presente ciclo escolar 2009-2010.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto, diputada, como lo solicita. Publíquese en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Seguridad Social. En tanto se integran las comisiones, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.
COMISION ESPECIAL SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Eduardo Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo con el que se crea la Comisión Especial sobre el Cambio Climático.
El diputado Eduardo Mendoza Arellano: Con su permiso, diputado presidente.Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el aumento de la emisión de gases con efecto invernadero ha generado un sobrecalentamiento de la tierra con consecuencias devastadoras, que han arrasado poblaciones en prácticamente todos los países del mundo y que han arrancado el patrimonio de numerosas familias.
Actualmente somos testigos de mutaciones climatológicas de grandes dimensiones. Nuestras generaciones han padecido el duro azote de los huracanes como Vilma, Mitch, Katrina, Dean o recientemente Jimena. También enfrentamos la dura experiencia de las sequías que amenazan la producción de alimentos.
Por otro lado, el derretimiento de los glaciares ha provocado deshielos prematuros en ríos y lagos, y también se prevé que influirán en el aumento del nivel de los océanos. En este sentido, genera mucha alarma saber que las inundaciones asociadas a la pérdida de hielo ponen en peligro a la cuarta parte de la población mundial.
El fenómeno del calentamiento global preocupa a la comunidad internacional desde hace varios años, incluso ha habido varios intentos por tejer una serie de compromisos que permitan disminuir las emisiones contaminantes responsables del efecto invernadero. Tal es el caso de la firma que hicieron 155 países en 1992 en la Convención sobre el Cambio Climático, y posteriormente la firma que hicieron 188 naciones al Protocolo de Kioto.
Nuestro país ha suscrito ambos compromisos internacionales; sin embargo, carece de una estrategia para enfrentar los grandes desafíos mundiales que plantea el cambio climático, como hemos podido constatar, sobre todo, por los devastadores acontecimientos que se suscitaron el fin de semana en el Estado de México y en el Distrito Federal.
Por eso propongo crear la Comisión Especial sobre el Cambio Climático, para que los legisladores empecemos a identificar estrategias y políticas, e instrumentar, en el ámbito de nuestras atribuciones, medidas efectivas de acción sobre el cambio climático. Necesitamos avanzar en la búsqueda de soluciones, tanto desde el punto de vista de la mitigación como desde el ámbito de la adaptación a las causas y efectos del cambio climático.
La comisión especial que hoy propongo nos permitirá proponer una serie de reformas tanto constitucionales como a leyes secundarias, que nos permitan encarar el problema del cambio climático, no sólo desde la perspectiva ambiental, sino abarcar el fenómeno de manera transversal, incluyendo áreas como son la económica y la energética.
En ese sentido quiero ser muy enfático en que una estrategia para enfrentar los desafíos del calentamiento global no puede estar desvinculada del tema de la utilización de las energías limpias. Es necesario impulsar el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía y proponer acciones afirmativas para incentivar económicamente a las empresas para que utilicen fuentes alternativas como el hidrógeno, la energía eólica y la energía solar, porque nuestro país no puede seguir abusando de la utilización de hidrocarburos.
Necesitamos desarrollar una vía alterna en materia energética que nos permita reducir el impacto sanitario y ambiental inhibiendo paulatinamente la utilización de los energéticos responsables de la contaminación atmosférica.
Por lo expuesto, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con puntos de acuerdo:
Primero. Se solicita de manera respetuosa a la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados que constituya la Comisión Especial sobre el Cambio Climático, que promoverá en el ámbito legislativo las medidas y acciones necesarias para estudiar, mitigar y adaptarse al fenómeno global del cambio climático en el país.
Segundo. La comisión especial contará con los recursos y personal necesario para su operación, y su duración será hasta el término de la actual legislatura, o cuando haya cumplido su objeto. Para estos efectos deberá presentar de manera periódica un informe de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso General.
Tercero. La comisión especial estará integrada en forma plural, reflejando la equidad y proporcionalidad conforme a la integración de esta legislatura, en la que estarán representados los diferentes grupos parlamentarios que la integran. Contará con una mesa directiva que se formará por un presidente y dos secretarios.
En espera de que esta comisión tan importante sea aprobada, quedo de ustedes. Muchas gracias, señoras legisladoras y señores legisladores. Es cuanto, señor presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial sobre el cambio climático, a cargo del diputado Eduardo Mendoza Arellano , del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con las siguientes
ConsideracionesEl cambio climático es identificado por los científicos como el principal problema ambiental del siglo XXI. Es, sin duda, un éxito para la ciencia el haber creado conciencia sobre las consecuencias de las cada vez mayores concentraciones de gases de efecto invernadero.
Los países del planeta así lo han reconocido. El 4 de junio de 1992, durante la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, se abrió, para la firma, la Convención sobre el Cambio Climático; 155 países la suscribieron y entró en vigor el 21 de marzo de 1994, cuando fue ratificada por 50 naciones; actualmente, más de 189 la han ratificado, entre ellas México.
La convención define en su artículo 1 lo siguiente:
En el artículo 2 de la convención es señalado con claridad el objetivo:
Estabilizar los gases de efecto invernadero (GEI) implica cambios en las actuales formas de crecimiento económico; compromisos para todas las partes, que son señalados en el artículo 4 de la convención. En forma general destacan los siguientes:
En 1995, en la primera conferencia de las partes (COP-1) en Berlín, conforme al citado artículo 4 de la convención, que plantea que en su primer periodo de sesiones evaluaría si los compromisos eran adecuados o no.
La COP-1 reconoció que eran insuficientes para estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y acordó poner en marcha el proceso de negociación de un protocolo que precisaría los compromisos cuantitativos ya adquiridos.
En 1997, en la tercera conferencia de las partes, en Kyoto, fue adoptado el protocolo. En el hoy llamado Protocolo de Kyoto se señala que para que éste entre en vigor se requiere que 55 países lo ratifiquen; y que entre las partes que lo ratifiquen haya suficientes países del anexo 1 de la convención que contribuyan con al menos el 55 por ciento de las emisiones registradas en 1990.
En el anexo I de la convención se encuentran los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hasta 1992, y los países de Europa central y del este con economías en transición a una economía de mercado. Estos son los únicos países que asumen compromisos cuantitativos en el marco de la convención.
Estos compromisos consisten en estabilizar sus emisiones y reducirlas hasta el nivel en que se encontraban en 1990. De acuerdo con el texto original de la convención, esta meta debía haberse alcanzado en el año 2000.
Con la ratificación en el 2004 por parte de la Federación Rusa, los países del anexo I que han ratificado el protocolo alcanzan el 61.6 por de las emisiones de 1990, con lo que se cumplió la condición que faltaba para su entrada en vigor, que fue el 16 de febrero de 2005.
El Protocolo de Kyoto no establece compromisos de reducción para los países en desarrollo. Esto conforme al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas.
Lo que hace el protocolo además de compartir los objetivos de la Convención sobre el Cambio Climático es comprometer a las partes del anexo I a cumplir, en lo individual, metas legalmente vinculantes para limitar o reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Esas metas representan una reducción en sus emisiones de gases de efecto invernadero de por lo menos 5 por ciento respecto de los niveles de 1990, a cumplirse durante el periodo 2008 a 2012.
La comunidad científica estudia permanentemente el fenómeno del cambio climático. El 2 de febrero del 2007 se presentó en París, Francia, la contribución del Grupo I al cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
El resumen para responsables de políticas de este grupo I del IPCC es de especial relevancia.
A través del mencionado informe, se sabe el estado del conocimiento científico de las causas dominantes del cambio climático, el cambio climático observado y un rango de cálculos del cambio climático futuro derivados de estos trabajos.
Entre los datos más relevantes del informe del IPCC se pueden mencionar los siguientes:
En el informe se dice que es muy probable que la actividad humana haya logrado la mayor concentración de gases de efecto invernadero --en especial dióxido de carbono-- en la atmósfera en 650 mil años.
El calentamiento del sistema climático es inequívoco, tal y como evidencian ahora las observaciones de los incrementos en las temperaturas medias del aire y los océanos, el derretimiento generalizado de hielo y nieve y el incremento medio global del nivel del mar.
Once de los últimos doce años (1995-2006) han sido de los doce años más calurosos en los registros de temperaturas de superficie instrumentalizados (desde 1850). La tendencia lineal actualizada para los últimos 100 años (1906-2005) es de calentamiento de 0.74 grados centígrados (oC), y la mayor parte de este incremento ha tenido lugar durante los últimos 50 años (0.13 ºC por década).
Los científicos del IPCC señalan, que la mayor parte del incremento observado desde la mitad del siglo XX en las temperaturas medias se debe, muy probablemente, a los aumentos observados en los gases de efecto invernadero antropogénico --principalmente uso de combustibles fósiles.
Se han observado sequías más largas y más intensas en áreas más amplias desde los años setenta, particularmente en los trópicos y subtrópicos. El aumento del desecamiento, vinculado a unas temperaturas más altas y a la disminución de las precipitaciones, ha contribuido a cambios en las sequías. Los cambios en las temperaturas de la superficie del mar, los patrones de viento, y la disminución de glaciares y de la capa de nieve se han vinculado también a las sequías.
La frecuencia de episodios de precipitaciones fuertes se ha incrementado en la mayoría de las áreas, en concordancia con el calentamiento y el incremento del vapor de agua observado en la atmósfera.
Se han observado grandes cambios en temperaturas extremas durante los últimos 50 años. Los días y las noches fríos y las heladas han empezado a ser cada vez menos, mientras las noches y los días calurosos y las olas cálidas se han hecho más frecuentes.
Las observaciones muestran la evidencia de un incremento en la actividad de ciclones intensos en el Atlántico Norte desde aproximadamente 1970, correlacionando con el calentamiento observado de la temperatura de la superficie del mar en los trópicos. Hay evidencias de un incremento en la intensidad de la actividad de los ciclones tropicales en otras regiones, donde la preocupación sobre la calidad de los datos es mayor.
Para las próximas dos décadas, las proyecciones apuntan a un calentamiento de unos 0.2 ºC por década para un rango de emisiones. Si las concentraciones se estabilizan en los niveles del 2000, podría esperarse un calentamiento de 0.1 ºC por década.
Los expertos del IPCC han presentado seis escenarios de temperatura. En el mejor de los casos calculan para el 2100 un calentamiento de 1.1 hasta 2.9 ºC. En el peor de los escenarios la temperatura puede subir de 2.4 hasta 6.4 ºC. En el mismo espacio de tiempo puede incrementarse el nivel del mar hasta 59 centímetros.
Es muy probable que los episodios de calor extremo, olas de calor y precipitaciones fuertes tiendan a ser cada vez más frecuentes.
De acuerdo con un rango de modelos, es probable que los ciclones tropicales (tifones y huracanes) tiendan a ser más intensos, con mayores picos en velocidades del viento y precipitaciones más fuertes, asociadas con los incrementos que están teniendo lugar en la temperatura superficial de los mares tropicales. Hay poca confianza en las proyecciones de un decrecimiento global en el número de ciclones tropicales. El incremento aparente en la proporción de las tormentas intensas desde 1970 en algunas regiones es mucho mayor que la simulada por los modelos actuales para ese periodo.
En la última semana de mayo del 2007, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático del gobierno federal, que está integrada por nueve secretarías de Estado, presentó la Estrategia nacional de cambio climático , como una respuesta del ``Poder Ejecutivo federal en relación con la mitigación del cambio climático y la adaptación a los efectos adversos de éste.'' 1
La estrategia es sin duda alguna un documento básico, en donde se tiene entre otros aspectos un diagnóstico sobre los impactos del cambio climático en su nivel global, como de país. Identifica y enumera diversas líneas de acción y oportunidades para la mitigación y adaptación en distintos temas relacionados con el cambio climático. Sin embargo, carece de metas concretas y calendarios específicos, de los recursos presupuestales para implementar todas estas acciones y oportunidades, así como del grado de responsabilidad de las distintas instituciones involucradas, que seguramente tienen que vincularse a acciones de reformas al actual marco legal del país. Por ello, se espera que con la presentación, este año, del Programa Especial de Cambio Climático 2008-2012 se atiendan por los menos algunos de estos aspectos para los próximos 3 años.
La estrategia señala que México durante el año 2000 contribuyó con alrededor de 1.5 por ciento de las emisiones anuales globales de gases de efecto invernadero, situándose en la posición número 13 entre los 25 principales emisores del mundo. 2
Continúa la cita de la estrategia:
Además de que México contribuye de manera importante con carbono al cambio climático, las consecuencias para el país son preocupantes. En general, el incremento de temperatura va afectar de manera negativa los múltiples servicios que nos proporcionan los ecosistemas, la producción de alimentos, la salud, la infraestructura y la seguridad de los asentamientos humanos.
En el caso específico de cómo afectará el cambio climático a México, existen trabajos de gran importancia; por ejemplo, en 2006, se presento el informe México, tercera comunicación nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Dicho informe es producto del trabajo de la Comisión Intersecretarial sobre Cambio Climático. En él se presenta el avance de las medidas para estudiar, mitigar y adaptarse al fenómeno global del cambio climático. En el informe se llegó a las siguientes conclusiones, que a continuación se citan textualmente:
El fenómeno amenaza además, por ejemplo, con propagar enfermedades transmitidas por vector, como el paludismo y el dengue, por el incremento de temperatura en áreas donde antes no se presentaban dichas enfermedades.
En la página electrónica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno Federal se encuentra el documento de síntesis del estudio La economía del cambio climático en México''. 4
Este estudio calcula que será de entre 3.5 y 4.2 por ciento del producto interno bruto (PIB) el costo anual previsible del cambio climático para nuestro país en función de la pérdida de producción agropecuaria, menor disponibilidad de agua, deforestación, efectos en la salud y pérdida de biodiversidad, mientras el cumplimiento de la meta indicada representaría un costo de 0.56 por ciento del PIB.
El estudio llega fundamentalmente a 5 conclusiones, que se citan textualmente:
Un párrafo del estudio señala algo esencial: ``la decisión estratégica fundamental consiste entonces no en reconocer la necesidad de enfrentar aquello que ya es inevitable sino descubrir la mejor forma de hacerlo'' (página 9).
Al respecto, el estudio plantea algunas políticas específicas para cumplir la meta de reducir de manera voluntaria las emisiones de gases de efecto invernadero en un 50 por ciento hacia el 2050 tomando como base el año 2000.
Finalizamos con la siguiente reflexión: para afrontar un fenómeno como el cambio climático es necesario que noso-tros, como legisladores, empecemos a identificar estrategias, políticas e instrumentos en el ámbito de nuestras atribuciones, que permitan desarrollar medidas efectivas de acción sobre el cambio climático. Necesitamos avanzar en la búsqueda de soluciones, tanto desde el punto de vista de la mitigación como desde el ámbito de la adaptación a las causas y efectos del cambio climático.
Por lo expuesto, sometemos a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Puntos de AcuerdoPrimero: Se solicita de manera respetuosa a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados que constituya la comisión especial sobre el cambio climático, que promoverá en el ámbito legislativo las medidas y acciones necesarias para estudiar, mitigar y adaptarse al fenómeno global del cambio climático en el país.
Segundo. La comisión especial contará con los recursos y personal necesario para su operación, y su duración será hasta el término de la actual legislatura o cuando se hay cumplido su objeto. Para estos efectos deberá presentar de manera periódica un informe de actividades ante el Pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso General.
Tercero. La comisión especial estará integrada en forma plural, reflejando la equidad y proporcionalidad conforme a la integración de esta legislatura, y estarán representados los diferentes grupos parlamentarios que la integran. Contará con una mesa directiva que se formará por un presidente y dos secretarios.
Notas: 1 CICC, 2007. Estrategia nacional de cambio climático. Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México, página 15. 2 CICC, Op. Cit., página 34. 3 Ídem. 4 http://www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/Publicacion/ Sintesis2009cambioclimatico.pdfEl Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
GABINETE PRESIDENCIAL
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El siguiente punto del orden del día es la agenda política relativa a los cambios recientes en diversas dependencias de la administración pública federal.
La coordinación política de todos los grupos parlamentarios ha llegado a un acuerdo, a fin de tener un único turno de oradores, donde intervendrán dos por cada grupo parlamentario. Se ha distribuido también el orden en que harán uso de la palabra; por tanto, iniciamos este punto del orden del día y se le concede el uso de la palabra al diputado Jorge Romero Romero , del PRI, hasta por 10 minutos.
El diputado Jorge Romero Romero: Con su permiso, diputado presidente.Ayer los medios de comunicación dieron cuenta del anuncio de diversos movimientos en el gabinete del gobierno federal. Es de llamar la atención que éstos se dan apenas después de siete días de que el presidente Calderón rinde su tercer informe de gobierno y a seis de haber formulado un mensaje que, si bien es cierto claramente convoca a las fuerzas políticas y sociales del país a un gran cambio de rumbo, también es cierto que implícitamente se reconocen fracasos, porque cuando se pretende cambiar las cosas es porque éstas no funcionaron.
Nos sorprenden varias cosas, la primera es que sólo sean tres cambios. El diagnóstico del estado actual de la administración pública es mucho más complejo. Sabemos de la severa crisis del campo, de la severa crisis de la inseguridad, de la severa crisis en el manejo de nuestros energéticos, pero también esta crisis es muy grave en la economía, en la salud, en las condiciones de justicia social, en prácticamente todos los renglones del gobierno federal.
Hoy, desde luego, no venimos a debatir las facultades del titular del Ejecutivo para remover y designar funcionarios, pero sí le pedimos al señor presidente nos haga algunas aclaraciones.
El movimiento campesino nacional buscó recurrentemente un cambio de actitud en el saliente secretario de Agricultura y éste no se dio; por tanto, esta remoción nos parece tardía. Pero son de mayor preocupación las declaraciones del nuevo secretario al afirmar que la Sagarpa no se utilizará más para acciones clientelares ni como mecanismo de presión electoral y tampoco será dadora de subsidios ni para tapar ineficiencias. Sin duda, este propio diagnóstico es la causa del grave empobrecimiento de los campesinos mexicanos.
El secretario Alberto Cárdenas demostró durante su responsabilidad más compromiso con su partido que con los hombres del campo. Pero queremos que el presidente de la República nos dé mayor información respecto de estos señalamientos expresos de su nuevo secretario y nos explique también cómo permitió que hoy esta secretaría esté totalmente desmantelada y requiera transformaciones de fondo y no sólo un cambio de titular.
En Pemex quisiéramos, además de explicaciones, un cambio de rumbo. Se han dado en completa opacidad incidentes como el derribe de una plataforma petrolera, atentados a una refinería, robo y contrabando de gas y combustible y a la fecha no sabemos qué pasó. Pero lo que más nos preocupa es que por ineficiencia e ineficacia se dio una caída de la producción petrolera, principal fuente de ingresos del gobierno federal.
Las credenciales del nuevo funcionario acreditan su estancia en la escuela de Chicago, cuyo principal exponente es Milton Friedman, quien sostiene la tesis de desarrollo a partir de la reducción del gasto público y la privatización de empresas energéticas. De una vez le decimos al señor Suárez Coppel que el PRI está pensando en modernizar Pemex, pero no sobre la base de privatizarlo.
Los mexicanos quisiéramos explicaciones más claras de los relevos. ¿En la Procuraduría General de la República este cambio obedeció, como lo manejaron algunos medios, a las diferencias con el secretario de Seguridad Pública o a un desempeño ineficiente del procurador?
El señor Medina Mora, hace algunas semanas, decía que el desempeño en el combate a la inseguridad era exitoso. Queremos saber, en opinión del presidente, cuál batalla perdió el procurador general de la República, ¿contra el crimen organizado o contra el secretario García Luna? Porque, a opinión nuestra, es clara la incapacidad del gobierno federal para combatir a la delincuencia.
El diagnóstico de inseguridad es evidente: homicidios, secuestros, decapitados, ejecuciones, levantones. La herencia del funcionario saliente es, por ejemplo, una ejecución cada dos horas; ser el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo. En concreto, nos hereda una sociedad con miedo y profundamente lastimada por la violencia.
La propuesta al presidente del Senado no nos genera optimismo. El señor Chávez carga en su haber en otros encargos diversas recomendaciones de derechos humanos, falta de resolución de los feminicidios y un actuar, por lo menos, polémico.
Los conceptos del presidente al anunciar los movimientos nos parecen de autocomplacencia y, por ende, engañosos, sin realismos ni objetividad. La pregunta en el ambiente es: ¿se van porque lo hicieron bien o se van porque lo hicieron mal?
Concluimos que con dichos relevos, aunque tardíos e insuficientes, el presidente reconoce la necesidad de cambios en las políticas públicas. Los priistas creemos que la república requiere de consenso y conciliación. Por tanto, sostenemos que la claridad y transparencia legitiman las decisiones del Ejecutivo; pero la estabilidad política se debe sustentar en el respeto a las instituciones de la república. Hoy hizo mal el presidente Calderón al presentar el paquete económico a los medios de comunicación, menospreciando la soberanía de la Cámara de Diputados. Aquí está la auténtica representación de la nación, eso dice la Constitución y el presidente Calderón debió apegarse a ella.
Finalmente, queremos creer en la palabra del presidente. Esperamos que no nos decepcione, por lo menos tan pronto. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Se concede el uso de la palabra a la diputada Laura Arizmendi Campos, hasta por cinco minutos.
La diputada Laura Arizmendi Campos: Con su permiso, diputado presidente.Señoras diputadas y señores diputados, ayer escuchamos el anuncio de los cambios en los titulares de la Procuraduría General de la República, en la Sagarpa y en Pemex, los cuales son un claro reflejo de lo que en este país sucede. La falta de resultados satisfactorios en la aplicación de los programas, la grave crisis económica, delicada nuestra situación social, incertidumbre en materia de seguridad pública, alarmante el incremento en el desempleo.
A la luz de estas decisiones en el gobierno federal, el Grupo Parlamentario de Convergencia se pregunta: ¿por qué en este momento estos cambios en áreas estratégicas? ¿Es el reconocimiento del Ejecutivo federal a la incompetencia de los funcionarios que salen?
Curiosamente, hace unos días, el 4 de septiembre pasado, el Consejo Coordinador Empresarial afirmó que esperaba cambios en el gabinete para lograr el acuerdo político en favor de las reformas, lo antes posible. Y ahora tenemos esos cambios.
En Convergencia no estamos en contra de renovar posiciones y asumir nuevas posturas, pero sí vemos en estos cambios una falta de coordinación y de respeto del Ejecutivo federal hacia el Poder Legislativo, ya que nos encontramos en la antesala de las comparecencias de estos servidores públicos, con el desglose que del informe de gobierno haremos en los próximos días.
Esta decisión pone en tela de juicio la voluntad del gobierno federal de establecer en su actuar cotidiano los principios de transparencia y rendición de cuentas sobre el uso y manejo de recursos públicos, signo distintivo de todo Estado democrático.
Insisto: esta posición no es un capricho de Convergencia; es hacer eco de un clamor generalizado ante la realidad que viven alrededor de 60 millones de mexicanos que transitan entre la pobreza y la miseria.
Esperamos que estos cambios tengan algún beneficio para el país y que, en la revisión que haremos del informe de gobierno, el hecho de no estar familiarizados con la responsabilidad que asumen los nuevos titulares no sea pretexto para no rendir cuentas claras al pueblo de México. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra al diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, hasta por cinco minutos.
El diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas: Con su venia, señor presidente.Honorable asamblea, iniciamos esta legislatura con el compromiso de todos los grupos parlamentarios de contribuir desde la Cámara de Diputados con acciones que aporten al Ejecutivo y a toda la sociedad los instrumentos y las políticas necesarios para superar la crisis económica que tiene hoy a nuestro país sumido en la incertidumbre. En el mismo sentido, el presidente Felipe Calderón expresó en su mensaje del 2 de septiembre su voluntad de impulsar un cambio de fondo en el país. La transformación la resaltó en 10 líneas estratégicas.
El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza comparte el diagnóstico del Ejecutivo sobre la urgencia de impulsar el país en estas áreas, y consideramos en nuestra agenda gran parte de este decálogo. Sin embargo, como muchos, en Nueva Alianza nos preguntamos qué alcances podría tener la propuesta del Ejecutivo. Es evidente que, además del discurso, la voluntad real de cambio debe ser puesta en la mesa y traducirla del papel a propuestas e iniciativas que nos permitan discutir la forma de hacer realidad la transición que propuso el Ejecutivo federal.
El anuncio de relevos en su gabinete y la desaparición de las Secretarías de Turismo, de la Reforma Agraria, y de la Función Pública parecen buenas señales. Ha sido evidente que la procuración de justicia, la política para el campo y la transformación de Pemex muestran aún rezagos, inaceptables, y es nuestra obligación pujar por un cambio necesario en ello.
En Nueva Alianza esperamos que los movimientos en el Ejecutivo federal no signifiquen sólo un cambio de titulares, y que junto con la desaparición de las secretarías mencionadas se dé paso a una nueva era, a una transformación que signifique un golpe de timón en estos sectores tan estratégicos para nuestra nación.
En Nueva Alianza vemos el cambio como una oportunidad para rectificar e imprimir una dinámica que fortalezca a las instituciones. En ese sentido, desde la Cámara de Diputados, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza aportará las propuestas y medidas que consideramos urgentes en materia de procuración de justicia, donde aún tenemos un rezago preocupante que hoy en día se refleja en la desconfianza de la sociedad hacia esta institución, percepción que se confirma con casos tan indignantes como el tratado en esta tribuna hace apenas unos momentos, el referente al encarcelamiento de Jacinta Francisco Marcial, quien ha pasado injustamente tres años en la cárcel acusada de secuestrar agentes federales.
En el campo seguimos con un país que no logra consolidar una política que le aporte a este sector los mecanismos institucionales que le den sustentabilidad, competitividad y sobre todo, que le permitan a nuestro país obtener la capacidad para constituirse como un país fuerte en esa materia.
En Pemex, a casi un año de la reforma, seguimos sin lograr recuperar el rumbo. No podemos hacer hasta el día de hoy de esta empresa, que es la más importante del país, la plataforma para la construcción de un sector energético que, además de ser competitivo, impulse el desarrollo de fuentes de energía alternativa, sustentables con el medio ambiente y generadora de divisas para el país.
Saludamos los cambios anunciados por el presidente, con la confianza de que vengan acompañados de nuevas estrategias, iniciativas y propuestas. Sin embargo, seremos enérgicos y que nuestra confianza no se confunda con complacencia al vigilar los avances en las materias, y en caso de que no funcionen solicitaremos se corrija el rumbo de las acciones de gobierno.
Vigilaremos que el turismo reciba la atención que requiere como uno de los sectores estratégicos para nuestra economía. Demandaremos que sean atendidos los rezagos en materia agraria y pugnaremos por el fortalecimiento de los mecanismos de modernización y eficiencia administrativa.
Esperamos en Nueva Alianza que no se pierda la oportunidad de cambiar el rumbo del país. Creemos que existe la voluntad de todos y ahora nos corresponde ser creativos y encontrar los consensos necesarios que la hagan realidad. Es la demanda de millones de mexicanos y es nuestra tarea cumplirla. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún , del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún: Señor presidente, señoras y señores diputados:Si todos los aquí presentes estamos interesados en saber qué hace o qué deja de hacer el titular del Ejecutivo federal en este país, es necesario ver la tele. No se presenta ante el Congreso. Sale en fotografías de su acto particular del 2 de septiembre. Reúne a 100 ciudadanos y les explica con todo detalle sus trabajos, sus deberes, sus análisis, sus preocupaciones, sus perspectivas. Acepta entrevistas de las televisoras en este país, pero ante el Congreso no nos explica. De hecho, creo que nunca ha explicado los cambios, los muchos cambios que ha hecho en el gabinete en estos tres años. Incluso ni siquiera el cambio en la Secretaría de Gobernación, cuando salió el ahora presidente de este Congreso, fue explicado. Él cree que no tiene que explicarle nada a nadie.
Ayer informó que iba a realizar cambios en su gabinete. Es interesante ver que en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ---es decir, el área responsable de asegurar la independencia alimentaria en este país--- se proponga colocar a Francisco Javier Mayorga, que, con todo respeto, parece ser más de lo mismo. En realidad es el subordinado del subordinado. Es gris, es inocuo el cambio.
En el caso de Pemex parece más riesgoso. El señor Juan José Suárez Coppel, alumno distinguido de Francisco Gil, vinculado a empresas donde parecen trabajar los hermanos Bribiesca, e incluso en el 2008 el señor tuvo indagatorias dirigidas por la Auditoría Superior de la Federación por asuntos de corrupción. Fue empleado de Televisa ---eso es lo importante--- y del Grupo Modelo también. Quizás eso también es importante.
En este sentido, las preguntas que podríamos hacernos son: ¿de veras van a volver intentar provocar el pueblo para privatizar Pemex? ¿De veras son tan testarudos que lo van a volver a intentar?
El que a veces puede ser más riesgoso es el procurador general de la República, es decir, el responsable de procurar justicia. El señor Arturo Chávez Chávez ya ha sido procurador de Justicia en Chihuahua en 96, precisamente con su amigo Francisco Barrio. Incluso es precisamente en esta época donde se viene toda la ola de los feminicidios.
Con esto de que el tema de la equidad de género parece preocuparnos mucho, valdría la pena preguntarle qué hizo para resolver estos asesinatos contra las que ahora son más de mil mujeres de Ciudad Juárez. Nada, nada, nada. Es más, resulta que la recomendación 044/98 de la CNDH decía que era posible su responsabilidad penal y administrativa, toda vez que se practicaron mal las diligencias legales y se manipularon las pruebas periciales. Entonces, dice uno: ¿ese señor qué justicia va a repartir?
Efectivamente, el señor Chávez Chávez es amigo de Diego Fernández de Cevallos y del señor Lozano Gracia, y también del señor Creel. Es decir, es una buena familia de funcionarios públicos.
La capacidad que tiene el titular del Ejecutivo federal ---esto lo demuestra---, en sus cambios y en su responsabilidad respecto a este país, como diría precisamente Sor Juana Inés de la Cruz, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra a la diputada Adriana Sarur Torre, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
La diputada Adriana Sarur Torre: Con su permiso, diputado.Compañeras diputadas y compañeros diputados, evaluar a los colaboradores de primera línea de la administración pública federal, cada determinado periodo, es bastante sano, y más aún cuando el panorama es tan desfavorable para el país, como actualmente ocurre. Hoy, mi grupo parlamentario está consciente de que los recientes cambios del gabinete del presidente Calderón fortalecerán el trabajo del gobierno federal en áreas prioritarias para los mexicanos.
Ésos son personajes que, por cierto, pertenecieron al equipo del ex presidente Fox. Esperemos que nunca más regrese el gabinete Montessori y sí el sentido común que requiere la conducción del país. Pero, ¿por qué esperar a que la situación del país se agrave? México requiere una transformación seria y profunda. México requiere que el poder del Ejecutivo se ejerza efectivamente. Decisiones como éstas demuestran la disposición del Ejecutivo federal a buscar resultados que lleven al país a superar la crisis económica, pero una decisión tan tardía ha llevado a México a niveles críticos que pudieron evitarse.
Ahora el reto es mayor. Por su parte, el Procurador General de la República se enfrentará al escrutinio de una opinión pública nacional que espera la eficacia ante los problemas de impunidad y resultados positivos de las políticas de confrontación de grupos delictivos, además de la disminución del clima de inseguridad y violencia, que mantiene con un sentimiento de vulnerabilidad a los ciudadanos.
El nuevo director general de Pemex tendrá que atender las dificultades derivadas de la disminución de las reservas petroleras, que afecta directamente la economía de los mexicanos. Deberá asegurar la eficiente construcción de una nueva refinaría en Tula, Hidalgo, y llevar a buen término los cambios administrativos derivados de la reforma energética, principalmente la coordinación de actividades con la recién creada Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Esperemos, y exigimos, que pronto se cumpla la norma oficial mexicana y se haga realidad el suministro de gasolina y diesel, con ultrabajo contenido de azufre.
El titular de la Sagarpa deberá dar transparencia a los programas sectoriales en que se han identificado irregularidades y subejercicios. Asimismo, deberá establecer medidas de solución para el problema de producción agroalimentaria deficitaria, así como el establecimiento de una política pública que considere los efectos del cambio climático.
Es crucial que se implanten tecnologías que optimicen el uso del agua y los insumos energéticos como estrategia para incrementar la eficacia en el sector agrícola. Pero hoy exigimos al Procurador General de la República, al director general de Pemex y al titular de la Sagarpa superar los obstáculos que impiden alcanzar el equilibrio dinámico entre las demandas sociales y la capacidad de respuesta gubernamental eficaz y legítima.
Es el momento de buscar nuevas formas de abordar los problemas nacionales. Un nuevo perfil de los titulares a cargo, junto con nuevas estrategias, será clave para mejorar los trabajos realizados. Esperemos que los nuevos funcionarios ejerzan un liderazgo en el país; sus políticas deberán responder al nuevo panorama que se vive actualmente. Debe recuperarse la capacidad de crecimiento del país. Ya no habrá tolerancia para los errores. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Arturo Santana Alfaro, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
El diputado Arturo Santana Alfaro: Muchas gracias. Con su venia, diputado presidente.Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy la nación enfrenta dos flagelos que directamente afectan a todos los mexicanos, y que lamentablemente se agudizan entre los que menos tienen: inseguridad y crisis económica.
Nosotros, todos los diputados federales electos, con independencia del principio del que provengamos, tenemos un compromiso con toda la sociedad, sin distingos de clases o credos, pues México reclama de nosotros proactividad para buscar soluciones para todos.
Desde esta tribuna, la más alta de la nación, yo les exijo un compromiso con todos mis electores y todos sus electores, que hoy confían en que ustedes, compañeros diputados y compañeras diputadas, velemos por brindar mejores condiciones de vida, con mayor seguridad y mayor desarrollo de vida para todos los mexicanos.
Compañeros legisladores y compañeras legisladoras, aquí generamos las leyes y analizamos los asuntos de Estado que afectan o favorecen directamente a todos los mexicanos, o de un punto de vista mezquino, a sólo unos cuantos que siguen enriqueciéndose a costa de los todos los mexicanos.
No olvidemos que hoy el país se encuentra al borde del colapso económico y político. Hay más de 70 millones de pobres en el país y algo tenemos que hacer en esta legislatura para coadyuvar en la gobernabilidad de México y evitar el estallido social. Claro está, con todo el respeto que debe existir entre los Poderes de la Unión, teniendo como único objetivo a México.
Hoy todos nos encontramos desconcertados por la escalada de violencia que afecta a la mayoría de las regiones de nuestro país. Más de 15 mil muertes ligadas a enfrentamientos y venganza del crimen organizado requieren nuestra atención pronta y expedita.
Tenemos que modificar el sistema normativo para castigar e inhibir a la delincuencia. El Ejército Mexicano ha tenido que salir de los cuarteles a enfrentarla con valor, porque los civiles no hemos podido exigir y obligar al cumplimiento de la ley.
Reconozco, desde esta tribuna, la labor noble que siempre ha realizado el Ejército Mexicano a favor de la sociedad. Pero el lugar que la ley les otorga dentro del Estado es los cuarteles, velando por la seguridad nacional, que no es la seguridad pública o la entrada de mercancías a las aduanas, por lo que debe ser retirado de inmediato de las calles el Ejército.
Nuestra fracción exige al Ejecutivo federal que se abstenga de seguir dando bandazos entre las instituciones en un país que demanda rumbo y seguridad. En este orden de ideas, someto a esta soberanía la propuesta de solicitar la comparecencia inmediata del Procurador General de la República, y que el Senado la apruebe, para conocer cuáles serán las líneas de acción en contra de la delincuencia y en favor de la tranquilidad y la estabilidad nacional.
Recordemos que una de las cartas de presentación de la propuesta del Ejecutivo federal es precisamente haber sido procurador en Chihuahua, en el tiempo precisamente ---como lo anotaba la compañera del PT--- del gobierno de Francisco Barrio, y es ahí donde le tocó participar en el más terrible tiempo de auge de los casos de feminicidios cometidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, sin dar respuesta ni solución a ninguno de ellos.
Por tanto, para nosotros, para el Partido de la Revolución Democrática, la reciente designación constituye una verdadera estampa de impunidad al más alto nivel político de este país. Por eso no estamos de acuerdo con la propuesta o el nombramiento que ha hecho el Ejecutivo federal.
También necesitamos revisar el Sistema de Seguridad Pública Nacional, que empieza con los delitos del fuero común, pasando por los delitos del fuero federal y terminando en las matanzas indiscriminadas, que dan la impresión de que estamos en un país en guerra. No olvidemos que la seguridad pública inicia con la prevención en la educación y termina con la readaptación social. Ambos, principio y fin, debemos exigirlos al Ejecutivo. Asimismo, mayor transparencia y atención, más estrategias e inteligencia para contener al hampa y no sólo dar golpes espectaculares que, si bien nos ayudan, no resuelven de fondo el problema.
Grupos paramilitares como los Zetas, La Familia o los carteles de Sinaloa, Tijuana y Juárez, en otras palabras la comunidad delictiva, hoy han llegado al grado no nada más de envenenar a los mexicanos, sino que ya se han constituido en empresas de extorsión, chantaje y muerte a nivel nacional.
Esto no lo podemos permitir, por lo que reitero la urgencia de citar al nuevo Procurador General de la República de este país, así como al secretario de Seguridad Pública federal, que en mi opinión particular también debería estar en estos momentos dimitiendo al cargo.
Ahora bien, combatir la inseguridad pública sin brindar mejores condiciones de vida y economía a las familias de México resulta insuficiente, toda vez que desigualdad social y delincuencia van de la mano.
Por último ---para los compañeros que están silbando--- resultan lógicos los relevos que se efectuaron ayer en el gobierno federal, lo que nos lleva a la conclusión de que los funcionarios que dejan el encargo fueron eminentemente ineficaces.
Lo que genera sospecha, compañeros legisladores y compañeras legisladoras, es el haberlos efectuado, es decir, haber efectuado estos cambios antes de que comparecieran ante este órgano legislativo a informar del estado en que lamentablemente dejan estas tres importantes instituciones de la república. Gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado José Gerardo de los Cobos Silva, hasta por cinco minutos.
El diputado José Gerardo de los Cobos Silva: Con su permiso, presidente.Compañeras y compañeros, por un lado se reconoce que hace unos días el presidente de México acaba de hacer una convocatoria a todos. Por otro lado, no se quiere hablar de que está ejerciendo sus facultades legales y creo precisamente que hay que centrar el tema, porque sí es su facultad.
El artículo 89 constitucional nos dice claramente, en su fracción II, que el presidente puede nombrar y remover libremente a todos los encargados del despacho. Y en la IX, precisamente en el caso del procurador, que hoy las fuerzas que tienen representación en el Senado podrán decir su parecer en cuanto a ese nombramiento, según lo dispone la fracción IX del mismo artículo.
Creo que precisamente la expresión de sus puntos de vista es muy respetable, con los que por supuesto no coincidimos los diputados de Acción Nacional, y no por una diferenciación política, sino porque creemos que es necesario que hoy por hoy, como el Poder Ejecutivo es unipersonal, y el responsable de los resultados finalmente es el presidente de la República, requiere que este Congreso mande un mensaje al pueblo de México.
¿Vamos a ir por las cosas de fondo, o no? ¿Vamos a ponerle los puntos a las íes o no? Estos nombramientos tendrán que dar resultados. Y, no solamente ustedes, sino todos debemos estar pendientes de esos resultados. Pero las medidas de los cambios en el gabinete del presidente no van solas, hay otras, las anunció. Son cosas concretas. El llamado es para todos.
En este paquete que se manda para 2010 se incluye una reforma profunda a la administración pública. Se reducen estructuras del gobierno, se promueven cambios en la manera de hacer las cosas, porque hay que hacer más con menos. Representa un esfuerzo inédito promoviendo un plan de austeridad para el ejercicio fiscal de 2010 que generaría ahorros aproximados de 80 mil millones de pesos.
Se suprimen tres secretarías de Estado: la de Turismo transfiere sus funciones a Economía; la Reforma Agraria transfiere sus funciones a Desarrollo Social y a Agricultura; la de la Función Pública transfiere sus funciones a la Contraloría, que dependa directamente del titular del Ejecutivo.
Se disminuye el gasto en muchísimos conceptos, la estructura de altos mandos y direcciones. Hay un actuar consecutivo en la reducción de ingresos en los altos funcionarios; se congelan sus sueldos, como lo hemos propuesto aquí mismo en este Congreso y lo haremos los diputados de Acción Nacional y convocamos a que todos los legisladores hagamos lo mismo. En esta medida se habrán disminuido, en el caso del gobierno federal, 40 por ciento en términos reales, los sueldos de los mandos medios y superiores.
Se debe disminuir el gasto en embajadas y representaciones, así como en delegaciones estatales de las secretarías de Estado; reducir gastos administrativos de representación y de operación, reduciendo viáticos, gastos de representación, asesorías y consultorías para que vea el pueblo de México que esto va en serio. Es muy importante trabajar en el sector público; debe ser significado de servicio y no de privilegios. Esto es muy importante.
No quisiera entrar a la confrontación con argumentos y aunque pudiéramos decir muchas cosas, no solamente hay que hablar del funcionario saliente; hay que hablar del sistema saliente, y antes de que lo malinterpreten tenemos que buscar un nuevo esquema de trabajo.
Tenemos que sacar a este país adelante, tenemos que olvidarnos de muchas diferencias. No tenemos tiempo. Hablamos de dejar un mejor México a nuestros hijos. A mí me gustaría que pudiéramos empezar por nosotros mismos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Buenas tardes, compañeros diputados y compañeras diputadas.El desprecio de Calderón al Poder Legislativo es tan grande que dice que va a desaparecer secretarías sin modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que le corresponde a esta soberanía modificar para que esas secretarías puedan desaparecer. Ésa es sólo una muestra del profundo desconocimiento, de su ignorancia y de su falta de respeto al Poder Legislativo.
Y luego nos dice Acción Nacional que hace un llamado al diálogo. Yo les recomiendo que no hagan caso de sus llamados. El comité de bienvenida está encabezado por la Policía Federal Preventiva y es un poco brusco ese comité de diálogo y de recepción de diputados.
Por otra parte, quiero comentar quiénes son los nuevos hombres del gobierno de facto: Francisco Mayorga Castañeda, acusado por la Auditoría Superior de la Federación de manejar de manera irregular 200 millones de pesos. Dio apoyos en demasía, pagos improcedentes en exceso duplicados, recursos depositados en cuentas bancarias improductivas y observaciones sin solventar. Éstas son sólo algunas de las irregularidades. Aquí está el informe ejecutivo de la Auditoría Superior de 2005.
Juan José Suárez Coppel es ---como aquí ya se mencionó--- un hombre de la iniciativa privada. Su función es liquidar Petróleos Mexicanos, acabar con esta importante empresa nacional, pilar de la actividad económica del país. Pero está acusado de otorgar contratos, mediante tráfico de influencias, por cientos de millones de pesos. Hay una investigación abierta en la Secretaría de la Función Pública que Calderón quiere desaparecer, y en la Auditoría Superior de la Federación de hechos de corrupción a favor de la arrendadora Ocean Mexicana, con contratos de adjudicación directa por más de 53 millones de pesos y otro por una licitación de 265 millones de pesos. Por cierto, esta empresa en el gobierno de Calderón ha obtenido contratos por 318 millones de pesos.
Sólo una perla más de este funcionario público. Hizo una licitación directa de un fletamento de un buque tanque por 44 millones, 127 mil pesos, éste es el tipo de hombre que hace negocios al cobijo del poder y que genera corrupción en el gobierno de facto.
De Arturo Chávez Chávez ya se dijo que fue procurador en Chihuahua en la época más oscura y de más asesinatos de mujeres en la frontera norte de nuestro país, en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero no se ha mencionado que fue subsecretario de Gobernación con Abascal, y que fue el negociador en Oaxaca con la APPO. Ése es más o menos el perfil de diálogo y de negociación que el gobierno de Calderón pretende hacer: un represor encubierto, un justificador de asesinatos de mujeres, un hombre que permitió la impunidad, que prefabricó delitos y que hizo tropelía y media al frente de la procuraduría en Chihuahua, y que hoy se suma a ``los cómplices del presidente'', como dice Anabel Hernández en su libro, para fomentar la corrupción y la ineficacia.
A mí me parece que tres son demasiados cambios. Creo que se podría sintetizar en uno sólo: Calderón debe renunciar, por su clara incompetencia, por su incapacidad, por su necedad en seguir con una línea que ha sumido al país en la crisis económica, política y social más grave de su historia moderna. Es el peor gobierno que haya tenido la república, el peor; eso sin contar su origen ilegítimo.
Qué hace la ciudadanía cuando tiene a alguien que no ganó la elección, que incumplió sus promesas de campaña, que está sumido en la corrupción, en la ineficacia, que no puede hacer contacto con la población del país, porque siempre va acompañado de un aparato de mal llamada ``seguridad'' que atropella derechos y garantías constitucionales.
Lo que debería hacer el pueblo de México es revocarle el mandato; pero como no hay el mecanismo de revocación de mandato, el mayor servicio que le podía hacer a la nación Calderón es renunciar al cargo que el pueblo de México no le otorgó.
Quiero terminar, diputado presidente, planteando mi respaldo a los coordinadores parlamentarios, pero planteando también que no debería ser limitado este debate. Éste es un debate político muy importante y debería estar abierta la lista de oradores y la lista de opiniones de manera libre en esta soberanía. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado.
Informo que no registraron segundo orador ni Convergencia, ni Nueva Alianza, ni el Partido Revolucionario Institucional, ni el Partido Verde Ecologista. Por tanto, se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Ramírez Rangel , del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
El diputado Jesús Ramírez Rangel: Con su venia, presidente.Está claro que el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados en particular, es sin duda la representación de la pluralidad que vivimos en nuestro país, y en Acción Nacional sin duda alguna somos respetuosos del debate, como siempre lo hemos sido en nuestra larga tradición parlamentaria.
Pero en nuestra función legislativa también es importante ser respetuosos de las facultades de cada poder de la Unión y, en consecuencia, de todos los niveles de gobierno. Respeto que el presidente Calderón sin duda ha tenido, y lo tiene, incluso con los cambios presentados hoy y que se habrá de traducir en una iniciativa de reforma que está próxima a llegar a la Cámara de Diputados.
En el artículo 89, fracción II, se otorga la facultad de nombrar y remover libremente al titular del Ejecutivo federal, a dos de los nombramientos que hiciere ayer y en los hechos hoy. En cuanto al nombramiento del Procurador General de la República, en el propio artículo 89, como lo diría mi compañero, el diputado De los Cobos, se establece, al igual que en el artículo 76, relativo a las facultades exclusivas del Senado de la República, que esa designación se habrá de hacer con la ratificación del Senado, que para tal efecto tendrá que valorar la propuesta hecha por el presidente Calderón; sin duda alguna es una propuesta honesta y acorde con los tiempos actuales. Por tanto, no coincidimos con lo dicho aquí.
Hace apenas unos días, compañeras diputadas y compañeros diputados, el presidente Calderón, en su mensaje, nos llamaba a redoblar esfuerzos, a corregir el rumbo que se tuviera que corregir y a acentuar los éxitos, que sin duda se han tenido. Estos cambios reflejan el mensaje del presidente. En los 10 puntos que fijó el presidente en su mensaje a la nación y en su programa de gobierno están las pautas que estos nuevos funcionarios habrán de seguir. No es el perfil de estos nuevos funcionarios lo que debemos estar discutiendo, salvo el que le corresponde al Senado de la República, que además es su facultad exclusiva.
Hoy el país espera respuestas de la Cámara de Diputados. Hoy las mexicanas y los mexicanos esperan ver si estamos dispuestos a responder al reto que a todas y a todos se nos planteó en el pasado proceso electoral, y al reto que el ciudadano presidente nos planteó en su mensaje. El pueblo de México espera saber si en la Cámara habremos de colaborar para facilitar y fortalecer el trabajo de estos nuevos funcionarios públicos. Un trabajo que, sin duda, será en favor de las mexicanas y los mexicanos bajo las órdenes del titular del Ejecutivo y con estricta sujeción al marco constitucional.
En Acción Nacional esperamos e invitamos cordialmente a alcaldes y gobernadores para que se sumen a esta batalla de austeridad y trabajo que hoy el presidente presentó. Los cambios que el presidente está encabezando son, sin duda, en beneficio de todos los mexicanos. Los invitamos a que participen de esta austeridad y en este trabajo. Los invitamos a que en los órdenes locales y en el orden estatal también se apliquen medidas de austeridad. Y lo mismo en la Cámara de Diputados todos estamos invitados. Los invito a seguir el ejemplo del presidente. Gracias, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Claudia Edith Anaya Mota: Con su permiso.Compañeros y compañeras, me preocupan los cambios anunciados ayer por el presidente, principalmente la designación de Arturo Chávez Chávez, quien además de estar al frente de un eje estratégico del país como es la procuración de justicia, cuenta con antecedentes que ponen en entredicho su capacidad y su trayectoria en este ámbito.
No podemos olvidar que él se desempeñó como subprocurador de Asuntos Internos de Chihuahua en 1992. Fue delegado de la PGR en 1994, y de 1996 a 1998 llegó a encabezar la Procuraduría General de Justicia de ese estado, tiempo en el que enfrentó diversas polémicas. Destaca el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, llegándose incluso a realizar una visita inocua por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a raíz de la denuncia que organismos no gubernamentales hicieran del incremento de asesinatos de mujeres a partir de 1993, protestando contra la ineficiencia de los servicios de seguridad pública y procuración de justicia, particularmente de la inaccesibilidad del recién designado procurador para aclarar estos crímenes, pues su omisión fue la cuna a la ominosa impunidad en los homicidios de mujeres y niñas en Ciudad Juárez.
La falta de respuesta de las autoridades, a cuyo frente se encontraba Arturo Chávez Chávez, llegó a denunciarse también mediante una recomendación que en 1998 emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, la cual se refirió a la insuficiencia de respuesta oficial frente a los asesinatos de mujeres. Se exigió la aclaración de crímenes y el procesamiento de sus perpetradores, así como la imposición de sanciones a los funcionarios que estaban involucrados por omisión de sus obligaciones conforme a la ley.
En este contexto, me pregunto: ¿cómo es posible ratificar a una persona con tal trayectoria, cuya falta de capacidad derivó no sólo en recomendaciones de organismos internacionales, sino también en la impunidad de crímenes de mujeres y niñas cuyos familiares fueron nuevamente victimizados por la falta de respuesta de las autoridades.
Es necesario que áreas estratégicas como ésta sean ocupadas por personas que, además de cumplir los requisitos mínimos que se establecen en el artículo 10, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destaquen por una trayectoria de buenos resultados en la materia, reconocida públicamente, que además tengan un compromiso con lograr el ejercicio pleno de los derechos humanos de hombres y mujeres, situación que por lo expuesto aquí dista mucho de cumplirse. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada.
BATALLA DEL MOLINO DEL REY
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Ha concluido el tema correspondiente en el orden del día y pasamos al siguiente punto, que es la efeméride relativa al aniversario de la Batalla del Molino del Rey. Tiene la palabra el diputado Jorge Venustiano González Ilescas, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Jorge Venustiano González Ilescas: Muchas gracias, diputado presidente. Muchas gracias, compañeras diputadas y compañeros diputados.El 8 de septiembre, en un día como hoy, pero de 1847, la capital del país es sitiada por el ejército estadounidense. La invasión, que había empezado en Palo Alto, en 1846, se encontraba a pocos kilómetros de la Ciudad de México. Sólo dos fortificaciones defendían la entrada a la capital del país: Casamata y el Molino del Rey. Durante la batalla cayeron valientes soldados mexicanos que se enfrentaron a la artillería estadounidense, dejando un legado de sacrificio y valor dignos de recordarse hoy.
México perdió vidas valiosas. Al fragor de la batalla en el Molino del Rey perdió la vida, entre otros, el valiente oaxaqueño mixteco, general Antonio de León, caudillo de la Independencia que dio su vida por defender a México de la invasión estadounidense.
Recordar esa fecha es tener presente que nuestro país y sus instituciones han sido construidos con sacrificio; que nuestro proyecto de nación no surge de un plan concreto, pero sí de una idea que fue defendida por gente que buscó nuevas oportunidades de desarrollo y que se sumó al proyecto de libertad y prosperidad.
Empezó como un grito amorfo y desordenado, inició como la reivindicación de una casta, pero concluyó con los colores triunfantes de las tres garantías. El grito de independencia finalizó con la unión de indígenas, zambos, mulatos, criollos y peninsulares.
Los oaxaqueños recordamos al general Antonio de León por su obra libertaria, por su profundo amor a nuestra patria, pero sobre todo por su clara visión de construir lo que más conviene. Así, él propuso el 1 de junio de 1823 que Oaxaca se uniera al sistema federal y proclamó al estado libre y soberano. Desde entonces, éste goza de sus facultades y obligaciones al hacer válido el pacto federal. El futuro de Oaxaca no está ---pensó--- en quienes posean coronas o títulos nobiliarios, sino descansará en las instituciones, en las libertades y en el consenso de cada uno de los actores que de manera pacífica deseen contribuir en su progreso.
Hoy es una fecha importante, porque coincide la gesta heroica del Molino del Rey con la entrega formal por parte del Ejecutivo federal a esta Legislatura del paquete fiscal para 2010. Los diputados de la LXI Legislatura habremos de revisarlo, analizarlo, discutirlo, modificarlo, acordarlo y finalmente aprobarlo ---espero--- para bien de México y de los mexicanos.
Los oaxaqueños esperamos del Ejecutivo la propuesta de un presupuesto federalista que entienda las necesidades regionales, los rezagos históricos como el que se tiene en la tierra del general Antonio de León.
Deseamos que con más, Oaxaca pueda en poco tiempo alcanzar los niveles de desarrollo del resto del país, por lo que pedimos respetuosamente a esta soberanía la consideración; y del Ejecutivo federal exigimos el respeto y su comprensión también, para alcanzar un presupuesto que permita salir a Oaxaca de sus rezagos en salud, educación, agricultura, comunicaciones, proyectos productivos y recuperación del medio ambiente. De manera muy significativa, exigimos atención para los más pobres, y al respecto destaco a las mujeres de la región mixteca que yo represento.
Recordemos la historia, recordemos que en 1847, como hoy, también vivíamos en crisis económica. Sin embargo, ésta hoy puede alcanzar dimensiones más graves, pues no hay consensos sociales ni acuerdos políticos.
Nuestra historia nos demuestra que las peores enemigas de México son las decisiones, las guerras y la violencia, y que nuestros mejores aliados siempre han sido los consensos, los acuerdos, el trabajo y el progreso.
No olvidemos, señoras diputadas y señores diputados, que la Independencia triunfó por un abrazo conciliador, como el de Acatempan, y no por guerras que impiden que los mexicanos gocemos de la calidad de vida que merecemos.
Hoy, compañeras diputadas y compañeros diputados, el pueblo de México nos exige cuentas. Nuestro trabajo hagámoslo bien, hagámoslo juntos, hagámoslo con responsabilidad; pero, sobre todo, hagámoslo con humildad y pensando en este pueblo que hoy espera mucho de nosotros. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra a la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal.
La diputada Mary Telma Guajardo Villarreal (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Solicito que se inserte íntegramente el texto que he preparado respecto a este tema. Declino mi participación en tribuna. Gracias.
«Efeméride del 8 de septiembre de 1847
Batalla del Molino del Rey
La historia nos obliga a recordar. El 8 de septiembre de 1847, la derrota sufrida por las nacionalistas tropas mexicanas en la guerra por la defensa del territorio nacional frente al ejército norteamericano, nos recuerda que, al día de hoy, México sufre nuevamente el embate imperialista que pretende adueñarse, por la vía de los acuerdos, de nuestra soberanía. Nos recuerda que el ASPAN y la Iniciativa Mérida pretenden, con la anuencia del gobierno federal y pasando por encima de la autoridad del Senado de la República para aprobar los tratados internacionales que México signe, entregar fácticamente nuestro territorio para configurar una zona de seguridad hemisférica que únicamente beneficia al gigante del Norte.
Resulta imprescindible recordar cómo la valentía de todos y cada uno de los soldados caídos en la Batalla del Molino del Rey, defendió hasta el final los terrenos aledaños a Chapultepec para retomar con la misma valentía y el mismo coraje, la defensa de nuestra patria, de nuestra soberanía y de nuestras instituciones democráticas. Es en estos momentos que las glorias pasadas de un ejército nacional, nacido del pueblo, debe traer a nuestra memoria que éste, el Ejército Mexicano, es una institución que debe servir a los mexicanos y mexicanas. Que se encuentra a su servicio y que, en este contexto, debe respetar, incólumemente, las disposiciones fundamentales que nos hemos dado.
Resulta imprescindible hacer una reflexión respecto a la actuación de nuestras fuerzas armadas. El débil y cuestionado Mando Supremo ha enviado al Ejército a una guerra sin cuartel, contra el crimen organizado, para defender el estado de derecho, sin tomar en cuenta que la guerra misma es la negación del propio estado de derecho y que toda guerra transgrede los principios básicos de la convivencia humana. No es gratuito el aumento en el número de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares. Ellos constituyen el último baluarte de la defensa de la patria y se encuentran entrenados para el uso indiscriminado de la violencia, cuando toda forma de resolución pacífica de los conflictos ha fracasado.
Es por ello que esta lucha, lejos de beneficiar a nuestro pueblo, lo pone en grave riesgo. Es el momento preciso de hacer un alto en el camino y valorar las estrategias implementadas en esta guerra. Es el momento de evaluar y diseñar una nueva táctica que incluya no sólo el combate armado, sino que incluya mecanismos que garanticen la justicia social, la integridad de las instituciones y, sobre todo, el respeto a los derechos humanos de todas y todos los habitantes del territorio mexicano.
Éste, compañeros legisladores, es el momento en que la responsabilidad que asumimos hace apenas unos días de frente a la ciudadanía, junto con la carga histórica que representa una conmemoración más de la Batalla del Molino del Rey, debe llevamos a reflexionar respecto del conjunto de las políticas públicas implementadas en materia de seguridad, procuración de justicia y combate al crimen organizado. Esta, compañeros legisladores, es la tarea que deberemos desarrollar en los próximos días y, como compromiso fundamental, durante los próximos tres años.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto, diputada. Como usted lo solicita, se inserta. Agradecemos su comprensión. Muchas gracias.
Secretaría, por favor infórmenos en qué condiciones está la asamblea.
ORDEN DEL DIA
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a leer el orden del día de la próxima sesión.
«Primer periodo de sesiones ordinarias.--- Primer año de ejercicio.--- LXI Legislatura.
Orden del día
Jueves 10 de septiembre de 2009.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
Oficio de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras
Con el que remite el Informe Estadístico sobre el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México (enero-junio de 2009).
Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, Secretaría.
FLORIBERTO GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Quiero informar a la asamblea que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se une a la pena de la familia del señor Floriberto Guadalupe Cruz Hernández, padre de nuestra compañera diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, a quien le expresamos nuestras más sentidas condolencias y le enviamos un abrazo solidario. Descanse en paz.
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se levanta la sesión (17:03 horas) y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves, 10 de septiembre, a las 11:00 horas. Se les informa que las listas de asistencia estarán disponibles a partir de las 9: 30 horas. Muchas gracias.
RESUMEN DE TRABAJOS
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)