PROYECTO DE DECRETO DE DECLARATORIA DE LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA EL AÑO 2010

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, DECLARA:

Primero.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social hace la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2010:

Segundo .- Publíquese la presente Declaratoria en el Diario Oficial de la Federación, junto con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

LEY FEDERAL DE DERECHOS

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña , Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Por este conducto y para los efectos de lo dispuesto por el inciso H) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en la fracción I del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; por instrucciones del Presidente de la República, me permito enviar iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

Asimismo, acompaño al presente copia del oficio No. 353.A.-1303 signado el día 3 del actual, así como del anexo que en el mismo se menciona, a través de los cuales la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remite el Dictamen de Impacto Presupuestario de la citada iniciativa. Por otro lado, se señala que no se sujeta a las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo por ser de carácter fiscal y que en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no se publicó en el sitio de Internet de la dependencia referida, toda vez que su publicación anticipada podría comprometer los efectos que se pretenden lograr con la misma.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Presidencia de la República.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

En el ejercicio de la facultad constitucional concedida al Ejecutivo Federal, se somete a la consideración del Congreso de la Unión, por su digno conducto, la presente Iniciativa de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

En los últimos años, la política fiscal en materia de derechos ha jugado un papel fundamental en la prestación de los servicios públicos, al establecer medidas que coadyuvan en la facilitación y el mejoramiento continuo de los mismos, mediante una estrecha colaboración entre ambos Poderes. En este sentido, al día de hoy es perceptible el beneficio obtenido con las medidas que durante las pasadas legislaturas se han aprobado, ya que con las mismas se ha logrado una mejora en la simplificación y en la operación en general de las distintas dependencias involucradas en la prestación de los servicios públicos que implican el cobro de derechos, lo cual ha redituado en que los contribuyentes, al momento de pagar sus derechos, encuentren menores impedimentos para la consecución de un rápido y eficiente servicio.

Es por ello que el propósito de esta Administración es continuar avanzando en esta materia, mediante diversas propuestas tendientes a inducir medidas que otorguen seguridad y certeza jurídica a los contribuyentes en el pago de este tipo de contribuciones, entre otras, la adecuación de algunos derechos a la legislación sectorial aplicable; continuar con la simplificación en el cobro de derechos mediante la derogación de algunos de ellos a efecto de colaborar con la política actual del Estado de promover algunos sectores como el turístico, así como a través del ajuste de algunos montos de derechos a fin de equilibrar los costos que le implican a las autoridades la prestación de determinados servicios.

En lo referente a los derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público de la Federación, se plantean en esta ocasión cambios menores pero coincidentes con la política señalada en párrafos anteriores, consistentes en la implementación de medidas que representen el valor real por el uso de los bienes y, a su vez, que contribuyan en la conservación de los mismos, así como en la precisión de algunos conceptos que den claridad a las autoridades encargadas de la administración de los bienes.

Disposiciones Generales

Con el propósito de homologar el procedimiento de actualización de las cuotas de los derechos con el previsto para las demás contribuciones, se propone modificar el artículo 1o. de la Ley Federal de Derechos a fin de establecer que las referidas cuotas se actualizarán cuando la inflación observada acumulada desde el último mes que se utilizó en el cálculo de la más reciente actualización llevada a cabo, exceda del 10%, considerando incluso la adecuación que al respecto se propone en la Iniciativa de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones fiscales que se presenta a consideración de esa Soberanía junto con la presente Iniciativa.

Servicios Migratorios

Uno de los principales objetivos del Grupo Interinstitucional sobre el Financiamiento a la Educación y Becas Internacionales, integrado por diversas dependencias de esta Administración, ha sido diseñar una política de Estado que promueva medidas que reditúen en una mayor accesibilidad a intercambios internacionales de estudiantes mexicanos a fin de que cuenten con la posibilidad de estudiar en instituciones de alto nivel en el extranjero. Es por ello que uno de los primeros pasos para llegar a tal finalidad, en un marco internacional de colaboración para el otorgamiento de becas, es la implementación de medidas internas que coadyuven a la eliminación de impedimentos para que estudiantes extranjeros arriben al país con fines educativos. En este sentido, la materia fiscal constituye una posibilidad para cumplir dichas metas, mediante la propuesta que se formula en el sentido de eliminar el cobro de derechos por la revalidación anual de la característica migratoria de estudiante.

Asimismo, atendiendo a la actual necesidad de atraer flujo turístico internacional a nuestro país, así como evitar cobros que obstaculicen el tránsito internacional de personas, se propone derogar el derecho por la reposición de la forma migratoria de no inmigrante, con lo cual se logrará facilitar el paso de aquellos extranjeros que por circunstancias fortuitas pierdan la forma migratoria antes descrita, ya que el actual pago de la reposición causa al extranjero complicaciones y demora en la atención de los asuntos que motivaron su internación a territorio nacional.

Igualmente, en virtud de la situación económica que atraviesa el país, no se considera oportuno aplicar el cobro del nuevo derecho por la prestación de servicios relativos a la verificación del cumplimiento de las disposiciones en materia migratoria a cargo de las empresas de transporte responsables de las embarcaciones marítimas turísticas comerciales que arriben a los puertos, cuyo inicio de vigencia está previsto para el 1 de enero del próximo año, lo cual además, resulta congruente con la política actual de incentivar el turismo. En este sentido, se propone derogar el referido derecho y mantener el derecho por servicios migratorios extraordinarios a que se refiere el artículo 14-A, fracción I, inciso b), de la Ley Federal de Derechos que actualmente se cobra y cuya derogación operaría en la fecha mencionada, en virtud de que se tenía previsto que el derecho citado en primer término se aplicara en sustitución de este último.

Cédula de Identificación Ciudadana

La Cédula de Identificación Ciudadana nace como un proyecto de cobertura nacional que además de representar un servicio público obligatorio destinado a todos los mexicanos independientemente de su edad y de su lugar de residencia, servirá para articular todas las estrategias de identificación y de consolidación de información sobre la identidad en una única base de datos nacional. Esta información proveerá a las políticas públicas del país con elementos indispensables para evaluar su aplicación, mejorar constantemente su diseño y ejecución, y calificar sus impactos sobre el desarrollo sustentable, de modo que se pueda alcanzar la Visión de México en el 2030 definida en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. En este sentido, la referida cédula será otorgada de manera gratuita a todos los ciudadanos, por lo que sólo se propone a esa Soberanía que se cobre una cantidad muy reducida cuando se solicite su reposición o, por su renovación cuando expire su vigencia o antes de esa fecha en caso de encontrarse deteriorada en su estado físico. Lo anterior, con el objeto de recuperar parte de los costos que le implicará a la autoridad la nueva expedición, debido al complejo procedimiento que la misma debe llevar a cabo para actualizar y verificar fehacientemente los datos respecto de la identidad del solicitante, todo ello en congruencia con lo establecido al efecto por la Ley General de Población y su Reglamento.

Secretaría de Relaciones Exteriores

A fin de facilitar el pago de los derechos vinculados con la promoción del establecimiento de empresas en México de acuerdo con el Programa Federal de Apertura Rápida de Empresas (TU EMPRESA), se propone derogar el derecho por la presentación del aviso de uso de permiso en la constitución de sociedades y asociaciones, unificando en una sola cuota ésta y la de los derechos relativos a la resolución o cambio del permiso de uso de denominación o razón social en la constitución de sociedades y asociaciones.

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Con fecha 31 de diciembre de 2003, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ``Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y de la Ley Federal de Derechos'', vigente a partir del año 2004, que incluyó una modificación al régimen previsto en la Ley Federal de Derechos para la determinación y cálculo de las cuotas correspondientes a los servicios prestados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Posteriormente, para los ejercicios fiscales de 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, el Congreso de la Unión aprobó diversos ajustes para la determinación del monto de las cuotas a cargo de las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por concepto de los servicios de autorización, inspección y vigilancia, que eran acordes con el régimen previamente aprobado para el ejercicio fiscal de 2004.

Ahora bien, la presente Iniciativa propone efectuar precisiones para algunos intermediarios de los mercados de valores y de instrumentos financieros derivados, debido a la experiencia observada en anteriores ejercicios fiscales. Esto es, se revisó la metodología para el cálculo relativo a los derechos pagados por estos intermediarios, por lo que se consideró necesario que las cuotas se encuentren referidas a un monto fijo, determinado de acuerdo a los costos que le implica a la autoridad el desarrollo de sus funciones y actividades de inspección y vigilancia hacia estas entidades financieras, además de que se homologa el tratamiento de dichas entidades con el de las demás señaladas en el artículo 29-E de la Ley Federal de Derechos y, a su vez, el gravamen atiende a las funciones y actividades que realiza cada uno de estos intermediarios, así como al esfuerzo de supervisión que ello representa para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Es de destacar que dicha supervisión procura la protección de los intereses de los inversionistas, el desarrollo de un mercado de valores equitativo, eficiente, transparente y líquido, al tiempo que minimiza el riesgo sistémico y fomenta una sana competencia en el mismo.

Así, la propuesta que se presenta plantea modificar las cuotas a pagar por las bolsas de futuros y opciones, bolsas de valores, cámaras de compensación, contrapartes centrales e instituciones para el depósito de valores. De esta forma, la cuota fija propuesta para cada entidad toma como base el esfuerzo de supervisión, inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con lo cual se considera que se constituye un régimen simplificado para el pago de las cuotas correspondientes a los referidos intermediarios.

Por otra parte, la presente Iniciativa propone reformar el artículo 29-H de la ley de la materia a fin de precisar que en caso de fusiones de entidades financieras o filiales de entidades financieras del exterior, las cuotas a pagar por la entidad resultante de la fusión será la suma de los derechos que se venían pagando por cada entidad, sin que en ningún caso dicha cuota exceda de los montos máximos o fijos establecidos en los artículos 29-D y 29-E de la propia Ley, según se trate.

Finalmente y en seguimiento a lo señalado en los primeros párrafos de este rubro, se propone establecer una disposición de carácter anual aplicable al cálculo para la determinación de las cuotas por concepto de los servicios de inspección y vigilancia que presta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las instituciones de crédito, banca de desarrollo, casas de bolsa y sociedades de inversión. Esta disposición tiene por objeto permitir que los contribuyentes puedan optar por pagar los derechos por estos conceptos conforme al procedimiento que más adelante se detalla, ya que debido a que dicho órgano desconcentrado ha implementado diversos mecanismos para la prestación de estos servicios y a que se han expedido regulaciones innovadoras, se han logrado eficiencias en costos para la supervisión de dichos sectores. Atento a lo anterior, con la presente Iniciativa se propone establecer en una disposición transitoria que para el ejercicio fiscal de 2010, en caso de que los derechos a pagar por la inspección y vigilancia de las entidades financieras mencionadas excedan en más de un 10% las cuotas pagadas para el ejercicio fiscal de 2008, los contribuyentes puedan optar por pagar los referidos derechos de inspección y vigilancia por el monto que resulte mayor entre la suma de la cuota determinada para el ejercicio fiscal de 2008 más un 10% de dicha cuota, o bien, la cuota mínima que corresponda pagar para el ejercicio fiscal de 2010. Igualmente, en caso de que las instituciones de crédito, banca de desarrollo, casas de bolsa y sociedades de inversión se hayan constituido en los ejercicios fiscales de 2008 ó 2009, se propone que los contribuyentes puedan optar por pagar los mencionados derechos de inspección y vigilancia por el monto que resulte mayor entre la suma de la cuota que hubiere sido aplicable en el ejercicio fiscal de 2008 para entidades de nueva creación más un 10% de dicha cuota o, en su defecto, la cuota mínima correspondiente para el ejercicio fiscal de 2010. Lo anterior, en congruencia con la eficiencia lograda y el esfuerzo de supervisión que ello representa para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Energía

Desde su creación, la Comisión Reguladora de Energía ha venido perfeccionando el ejercicio de sus atribuciones para regular las acciones que se llevan a cabo en materia de gas y de energía eléctrica. Esta acción reguladora se ha ejercido con un sentido promotor del desarrollo eficiente y efectivo de las actividades reguladas de la protección de los intereses de los usuarios, de una adecuada cobertura nacional y de la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro de gas.

Derivado de la publicación de diversas disposiciones en materia energética, se han ampliado las facultades de la Comisión Reguladora de Energía para incluir la regulación del transporte y distribución de bioenergéticos; de los productos que se obtengan de la refinación del petróleo y de los petroquímicos básicos, que se realicen por medio de ductos; de los sistemas de almacenamiento que se encuentran directamente vinculados a los sistemas de transporte o distribución por ducto, o que forman parte integral de las terminales de importación o distribución de dichos productos; del aprovechamiento de fuentes de energía renovables, y de las tecnologías eficientes para generar electricidad con fines distintos a la prestación del servicio público de energía eléctrica.

Considerando las diferencias técnicas que hay en el ejercicio de cada una de las actividades reguladas, existen para cada una de ellas distintas condiciones de prestación de los servicios del regulador y de la determinación de las contraprestaciones correspondientes, que se traducen en el pago de derechos.

El otorgamiento de un permiso y la supervisión del cumplimiento de las obligaciones regulatorias constituyen un servicio que de manera directa se traduce en beneficios específicos para los permisionarios, a los que corresponde, en términos de elemental equidad, el pago de derechos que reflejen auténticamente los costos que éstos implican para el Estado.

Por lo anterior, se somete a consideración de esa Soberanía la inclusión de distintos rangos para efectos del pago del derecho por supervisión de los permisos en materia de energía eléctrica con cuotas diferentes para cada uno de ellos, con lo cual se logra reflejar el tiempo y costo de análisis empleado en la supervisión de los permisos, ya que las cuotas que se plantean para cada uno de los rangos reconoce el trabajo empleado para la supervisión sin que se limite por ello la capacidad productiva de quien genera o importa energía eléctrica.

En este sentido, es de resaltar que a mayor número de cargas de energía eléctrica autorizadas en un permiso se incrementa el tiempo empleado para la supervisión de las mismas, lo cual se refleja en las cuotas que se proponen.

Por lo que se refiere a la regulación en materia de gas, es preciso subrayar que la contraprestación que se cobre por concepto de derechos debe guardar proporción con el esfuerzo que representa la ejecución del servicio correspondiente.

Conforme a la legislación de la materia así como a los Reglamentos de Gas Natural y de Gas Licuado de Petróleo, la citada Comisión otorga a los particulares que así lo soliciten, permisos para realizar las actividades de distribución, transporte y almacenamiento de gas natural y gas licuado de petróleo, y aprueba los términos y condiciones a los que se sujetan dichas actividades.

Así, como resultado de la creciente demanda de servicios a la mencionada Comisión en materia de gas natural y gas licuado de petróleo y en virtud de los costos que conlleva para la autoridad el análisis y, en su caso, el otorgamiento de los permisos correspondientes, resulta necesario proponer un reajuste a las cuotas de los derechos vigentes para los servicios relativos a los permisos señalados.

En adición a lo anterior, por tratarse de servicios diferenciados resultado de las nuevas atribuciones regulatorias de la Comisión Reguladora de Energía, se estima necesario incluir en la Ley Federal de Derechos el cobro por la supervisión de la operación y mantenimiento de las actividades de transporte y distribución por medio de ductos de los productos que se obtengan de la refinación del petróleo y de los petroquímicos básicos, así como de los sistemas de almacenamiento que se encuentren directamente vinculados a éstos. Lo anterior, distinguiendo entre los sistemas de transporte por ducto de dichos productos, la supervisión de las terminales de almacenamiento y recepción, y los ductos interconectados a las mismas, en virtud de las diferencias técnicas que se presentan en cada uno de los referidos servicios.

Asimismo, es preciso prever el pago de derechos respecto de los servicios derivados de las nuevas atribuciones de la Comisión Reguladora de Energía en materia de aprobación y expedición de los términos y condiciones de las ventas de primera mano del combustóleo y de los petroquímicos básicos, y de aprobación y expedición de los términos y condiciones en materia de transporte y distribución por medio de ductos de los productos que se obtengan de la refinación del petróleo y de los petroquímicos básicos, así como los sistemas de almacenamiento que se encuentren directamente vinculados a éstos, o que forman parte integral de las terminales de importación o distribución de dichos productos. Lo anterior, en los casos en que los interesados presenten propuestas al respecto para el análisis y, en su caso, aprobación de la citada Comisión.

Finalmente, derivado de la entrada en vigor de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos y de su Reglamento, mediante la cual se otorgaron diversas facultades a la Secretaría de Energía en la materia, se propone establecer los derechos relacionados con el análisis y expedición de permisos para la producción, almacenamiento, transporte y comercialización de bioenergéticos, mediante el cobro de una cuota, aplicable también a las solicitudes de autorización de prórroga, transferencia y modificación de los términos y condiciones originales de dichos permisos.

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

A fin de recuperar los costos que le implican a la autoridad la prestación de los servicios, se propone introducir el derecho relativo a la autorización para funcionar como laboratorio zoosanitario para diagnóstico o de constatación, según sea el caso, los cuales encuentran su fundamento en la Ley Federal de Sanidad Animal y tienen como finalidad prestar servicios relacionados con el diagnóstico para determinar la presencia o ausencia de una enfermedad o plaga de los animales o de constatación de productos para uso en animales o consumo por éstos, a fin de expedir un informe de resultados sobre su valoración.

Por otra parte, la nueva Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables otorga al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria diversas facultades en materia de certificación de sanidad acuícola, por lo que se propone incluir una nueva Sección Cuarta denominada ``Sanidad Acuícola'' al Capítulo VII del Título I de la Ley Federal de Derechos, a fin de contemplar los derechos por las diversas certificaciones que al amparo de dicha Ley General se otorgarán en materia acuícola. En virtud de la propuesta de creación de la sección señalada, se estima necesario derogar y reubicar los derechos que sobre la materia se encuentran actualmente contemplados en el artículo 191-A de la Ley Federal de Derechos, con lo cual los conceptos se encontrarán claramente agrupados y reordenados en la multicitada sección.

Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas

La Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas establece la obligación de efectuar la homologación de semillas con respecto a los esquemas de calificación internacionales. En este sentido, desde el año 2002, nuestro país se encuentra adherido a los esquemas internacionales para la certificación de semillas pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, mismos que contemplan la emisión de certificados de calidad o etiquetas entre las cuales se encuentran las categorías prebásica, básica, certificada y de semilla finalmente no certificada. A fin de dar cumplimiento a lo anterior, así como para desarrollar instrumentos que incidan en la competitividad del sector, se propone incluir los derechos relativos a la expedición del certificado internacional de calidad de semilla y del certificado internacional de calidad, para semilla finalmente no certificada.

Organismos Genéticamente Modificados

Derivado de la publicación de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y de su Reglamento, las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, adquirieron una serie de atribuciones en materia de regulación de la liberación de organismos genéticamente modificados con el fin de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que estas actividades pudieran ocasionar a la salud humana y a la diversidad biológica. Asimismo, las mencionadas disposiciones establecen nuevas actividades que deben realizarse en torno a dichos organismos con el fin de proteger a las especies de las cuales México es considerado centro de origen o diversidad genética, como es el caso del maíz.

En este sentido, la Ley antes señalada especifica los distintos permisos que ambas secretarías deben expedir a fin de cumplir con la estricta regulación que en esta materia se ha emitido, a saber: de liberación experimental, de liberación en programa piloto y de liberación comercial, de organismos genéticamente modificados.

Es por ello que se somete a la consideración de esa Representación un esquema de pago de derechos por la expedición de permisos que de acuerdo a las atribuciones de cada una de las secretarías mencionadas, se deben efectuar con el fin de regular, prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que esta actividad pudiera ocasionar a la salud humana o al medio ambiente.

Cabe hacer mención que la regulación de dichas actividades sólo es posible mediante la integración de un equipo técnico y científico altamente capacitado, a fin de que las resoluciones de permisos sean emitidas en estricto apego a la Ley y sin comprometer la salud pública, el medio ambiente ni la sanidad animal, vegetal o acuícola. En este sentido, es de señalar que precisamente para el caso de los derechos que se propone cobre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación las cuotas son relativamente más altas que las propuestas para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ya que los estudios que debe efectuar la primera para expedir los permisos correspondientes son más complejos e inclusive requieren en algunos casos la colaboración estrecha de la secretaría señalada en segundo término, además de que los organismos genéticamente modificados que regula la misma en la mayoría de los casos pueden ser consumidos por los seres humanos.

Salud

Con la reciente publicación de la Ley General para el Control del Tabaco y su Reglamento, se otorgaron facultades a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a fin de que expida las licencias sanitarias para establecimientos que realicen actividades relacionadas con la producción, fabricación o importación de productos del tabaco, por lo que se propone el establecimiento de un derecho que permita recuperar el costo del servicio por la emisión de las citadas licencias.

Cabe destacar que, además del objetivo señalado en el párrafo anterior, la propuesta de incluir el cobro de derechos por dichas licencias sanitarias tiene como propósito mantener un estricto control sobre los múltiples actores que intervienen en la producción y comercialización de los productos relacionados con el tabaco.

Servicios de Seguridad Privada

A fin de evitar confusión a los contribuyentes respecto del debido cumplimiento del pago de los derechos en materia de servicios de seguridad privada, se propone adecuar los conceptos contenidos en el capítulo correspondiente a los señalados en la vigente Ley Federal de Seguridad Privada.

Puertos

Con relación a los derechos por el uso, goce o aprovechamiento de puertos nacionales, se propone a ese Congreso de la Unión precisar que las cuotas correspondientes se pagarán cuando las embarcaciones arriben a puertos nacionales o a terminales de uso público fuera de puerto habilitado, toda vez que actualmente las embarcaciones que arriban a dichas terminales usan los referidos bienes de dominio público de la Federación sin el pago de los derechos correspondientes. Con esta propuesta se logrará resarcir los gastos que implica el mencionado uso, así como conservar los puertos nacionales y las terminales en óptimas condiciones para recibir las embarcaciones que arriben a los mismos.

Agua

Respecto de los derechos por los servicios a cargo del Registro Público de Derechos de Agua, se considera necesario precisar en qué situaciones el pago de derechos por la expedición de títulos de concesión, asignación, permisos o autorizaciones, incluye su posterior inscripción en el registro y en cuáles no, ya que de conformidad con las disposiciones que regulan la materia existen casos particulares en los que los documentos correspondientes deberán registrarse individualmente, a fin de surtir los efectos jurídicos correspondientes.

Asimismo, para los efectos del derecho por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales destinada a usos agropecuarios, se propone homologar la época de pago a la que actualmente rige para los demás casos sobre derechos de agua, mismos que se efectúan trimestralmente, lo cual incidirá directamente en una mejor recaudación de los derechos correspondientes.

Uso, Goce o Aprovechamiento de Bienes de Dominio Público de la Federación

A fin de homologar el tratamiento que actualmente se les otorga a los inmuebles de las capitanías de puerto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a los de las dependencias de los tres niveles de gobierno, respecto a la exención de los derechos por el uso de la zona federal marítimo terrestre, se propone extender el beneficio a fin de incluir dentro de la exención referida a la zona federal marítima que ocupen dichos inmuebles. Lo anterior, con la finalidad de no establecer cargas excepcionales hacia las dependencias señaladas que motiven erogaciones adicionales en detrimento de las funciones que como autoridades tienen bajo su responsabilidad.

Finalmente, en esta misma materia, se propone ampliar la exención de pago de derechos que actualmente se establece por las obras de protección de fenómenos naturales efectuadas en las playas, en la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o cualquier otro depósito de aguas marítimas, a las que se efectúen en la zona federal marítima en los puertos. En este sentido, la política de no cobro de derechos propuesta, resulta coincidente con las medidas de prevención contra riesgos por desastres naturales que durante ésta y las pasadas administraciones se ha determinado.

Con base en lo expuesto, por su digno conducto y con fundamento en los artículos 71, fracción I y 72, apartado H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de ese Honorable Congreso de la Unión la siguiente Iniciativa de

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 1o., cuarto y sexto párrafos; 3o., segundo párrafo; 6o., primer párrafo; 7o., primer párrafo; 25, fracciones I, II y V; 29-E, fracciones II, III, IV, V y XII; 29-H, primer párrafo; 56, fracción II; 57, fracciones I, incisos a), b), c) y d), II, incisos a), b), c), d) y e) y III; 58, fracciones I y II; 86-G; 88, fracción III; 184, fracción XII; 194-U, fracción VIII; 195-X, fracción I, incisos a), b), c), d) y e); 200; 200-A; 201, y 233, fracciones VII y IX, así como la denominación de la Sección Única del Capítulo V del Título I; se ADICIONAN los artículos 14-A, fracción I, con un inciso b); 19-I; 49, fracción VII, con un inciso e); 57, fracción II con un inciso f); 58-A; 58-B; 61-E; 86-D-1; 90, con las fracciones V y VI; 90-A; 90-B; 90-F; 151, con un último párrafo; 192, con un último párrafo; 192-A, con un último párrafo; 194-I; 195, fracción III, con un segundo párrafo, pasando los actuales segundo, tercero y cuarto párrafos a ser tercero, cuarto y quinto párrafos, respectivamente, y 233, con una fracción XI, así como las secciones Séptima, denominada ``Otros Servicios'' al Capítulo I del Título I, comprendiendo el artículo 19-I; Cuarta, denominada ``Sanidad Acuícola'' al Capítulo VII del Título I, comprendiendo los artículos 90-A y 90-B, y Quinta, denominada ``De los Organismos Genéticamente Modificados'' al Capítulo VII del Título I, comprendiendo el artículo 90-F, y se DEROGAN los artículos 8o., fracción V; 14, fracción I; 14-B; 25, fracción IX; 191-A, fracciones VIII, IX y X; 195-X, fracción I, inciso f), y 223, Apartado C, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue:

``Artículo 1o. ...

Las cuotas de los derechos que se establecen en esta Ley se actualizarán cuando el incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor desde el mes en que se actualizaron por última vez, exceda del 10%. Esta actualización entrará en vigor a partir del primero de enero del siguiente ejercicio fiscal a aquél en el que se haya dado dicho incremento. Para la actualización mencionada, se considerará el periodo comprendido desde el último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización y hasta el último mes del ejercicio en el que se exceda el porcentaje citado.

...

Para los efectos de los párrafos anteriores, se aplicará el factor de actualización que resulte de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior al más reciente del periodo, entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización, o bien, el del mes anterior a aquél en que entró en vigor la adición o modificación a que se refiere el párrafo anterior.

...

Artículo 3o. ...

El pago de los derechos que establece esta Ley deberá hacerse por el contribuyente previamente a la prestación de los servicios o previo al uso, goce, explotación o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Federación, salvo los casos en que expresamente se señale que sea posterior.

...

Artículo 6o. Para determinar las cuotas de los derechos establecidos en esta Ley se considerarán, inclusive, las fracciones del peso; no obstante lo anterior, para efectuar su pago, el monto se ajustará para que las que contengan cantidades que incluyan de 1 hasta 50 centavos se ajusten a la unidad del peso inmediata anterior y las que contengan cantidades mayores de 50 y hasta 99 centavos, se ajusten a la unidad del peso inmediata superior.

...

Artículo 7o. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a más tardar en el mes de marzo del ejercicio correspondiente, los montos de los ingresos por concepto de derechos que hayan enterado a la Tesorería de la Federación, durante el ejercicio fiscal inmediato anterior.

...

Artículo 8o. ...

...

Artículo 14. ...

...

Artículo 14-A. ...

...

Artículo 14-B. (Se deroga).

SECCIÓN SÉPTIMA Otros Servicios

Artículo 19-I. Por la reposición o renovación de la Cédula de Identificación Ciudadana, se pagará el derecho conforme a la cuota de $23.00

Artículo 25. ...

...

...

Artículo 29-E. ...

...

Artículo 29-H. En el caso de fusión de entidades financieras o de filiales de entidades financieras del exterior, el importe de los derechos por inspección y vigilancia a pagar por la entidad fusionante o la de nueva creación durante el resto del ejercicio en que se produzca este evento, será la suma de las cuotas que correspondan a las entidades participantes en la fusión, sin que en ningún caso el resultado de dicha suma exceda de la cuota máxima o fija que corresponda conforme a los artículos 29-D o 29-E de esta Ley, según sea el caso. Dichos derechos deberán ser pagados al momento de recibir la autorización correspondiente o, en su caso, a partir de que surta efectos la fusión cuando no se requiera autorización en términos de las disposiciones aplicables.

...

Artículo 49. ...

SECCIÓN ÚNICA Actividades Reguladas en Materia Energética

Artículo 56. ...

...

Artículo 57. ...

...

Artículo 58. ...

...

Artículo 58-A. Por la supervisión de la operación y el mantenimiento de las actividades de transporte y distribución por medio de ductos de los productos que se obtengan de la refinación del petróleo y de los petroquímicos básicos, así como de los sistemas de almacenamiento que se encuentren directamente vinculados a éstos, se pagarán anualmente derechos conforme a las siguientes cuotas:

Artículo 58-B. Por el análisis y, en su caso, la expedición de la resolución sobre las propuestas de los interesados, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas:

Artículo 61-E. Por la recepción y análisis de la solicitud y, en su caso, por la expedición de permisos para la producción, almacenamiento, transporte y comercialización de bioenergéticos, se pagarán derechos, por cada uno, conforme a la cuota de $10,848.00

Tratándose de solicitudes para la autorización de prórroga, transferencia y modificación de los términos y condiciones originales de los permisos señalados en el párrafo anterior se pagarán derechos, por cada una, conforme a la cuota a que se refiere el citado párrafo.

Artículo 86-D-1. Por el estudio y análisis de la solicitud y, en su caso, la autorización para funcionar como laboratorio zoosanitario para diagnóstico o laboratorio zoosanitario de constatación, se pagarán derechos conforme a la cuota de $4,990.00

Artículo 86-G. Por cada visita de inspección veterinaria oficial realizada a establecimientos Tipo Inspección Federal para obtener la autorización de exportación de carne y productos cárnicos, se pagará el derecho por inspección veterinaria oficial, conforme a la cuota de $983.53

Artículo 88. ...

...

Artículo 90. ...

SECCIÓN CUARTA Sanidad Acuícola

Artículo 90-A. Por la expedición de cada certificado de sanidad acuícola, se pagará el derecho de certificación de sanidad acuícola, conforme a las siguientes cuotas:

Artículo 90-B. Por el estudio de la solicitud y, en su caso, la expedición del certificado de libre venta o de origen o de regulación vigente para empresas y productos regulados, para especies acuáticas, sus productos y subproductos, productos biológicos, químicos, farmacéuticos o alimenticios para uso o consumo de dichas especies, se pagarán derechos, por cada uno, conforme a la cuota de $400.00

SECCIÓN QUINTA De los Organismos Genéticamente Modificados

Artículo 90-F. Por los servicios de recepción y análisis de la solicitud y, en su caso, la expedición de permisos en materia de organismos genéticamente modificados, se pagará el derecho por actividades relacionadas con la liberación al ambiente, conforme a las siguientes cuotas:

Tratándose de la solicitud de reconsideración de resolución negativa de cada permiso a que se refiere este artículo, se pagará la cuota de $129,905.00

Artículo 151. ...

No se pagará el derecho señalado en el Apartado F de este artículo, siempre y cuando la capacitación se proporcione para la formación teórica y práctica de personal del Gobierno Federal en materia de seguridad nacional y defensa nacional.

Artículo 184. ...

Tratándose de las subsecuentes audiencias, por la celebración de cada una se pagará el 50% de la cuota establecida en esta fracción.

...

Artículo 191-A. ...

Artículo 192. ...

Tratándose de los casos previstos en las fracciones IV y V de este artículo, los interesados pagarán además el derecho de la inscripción correspondiente en el Registro Público de Derechos de Agua en términos del artículo 192-C de esta Ley.

Artículo 192-A. ...

Tratándose del caso previsto en la fracción V de este artículo, los interesados pagarán además el derecho de la inscripción correspondiente en el Registro Público de Derechos de Agua en términos del artículo 192-C de esta Ley.

Artículo 194-I. Por los servicios de recepción y análisis de la solicitud y, en su caso, la expedición de permisos en materia de organismos genéticamente modificados, se pagará el derecho por actividades relacionadas con la liberación al ambiente, conforme a las siguientes cuotas:

Tratándose de la solicitud de reconsideración de resolución negativa de cada permiso a que se refiere este artículo, se pagará la cuota de $177,750.00

Artículo 194-U. ...

...

Artículo 195. ...

...

Artículo 195-X. ...

...

Artículo 200. Las personas físicas y morales que usen los puertos nacionales o las terminales de uso público fuera de puerto habilitado, pagarán por cada embarcación en tráfico de altura que entre a los mismos, el derecho de puerto de altura conforme a la cuota de $4.98, por unidad de arqueo bruto o fracción.

Tratándose de embarcaciones que realicen tráfico mixto, se pagará el 90% de la cuota correspondiente al derecho de puerto de altura, por cada puerto o terminal de uso público fuera de puerto habilitado en que entren.

Artículo 200-A. Las personas físicas y morales cuyas embarcaciones entren a los puertos nacionales o a las terminales de uso público fuera de puerto habilitado pagarán, por cada embarcación de altura dedicada exclusivamente a actividades turísticas, el derecho de puerto de altura, conforme a la cuota de $2.20, por unidad de arqueo bruto o fracción.

Tratándose de las embarcaciones que realicen exclusivamente actividades turísticas y que en un viaje entren a diversos puertos nacionales, se pagará el 90% de la cuota a que se refiere el párrafo anterior, por cada uno de los puertos o terminales de uso público fuera de puerto habilitado, siguientes al primero.

Artículo 201. Las personas físicas y morales cuyas embarcaciones usen los puertos nacionales o las terminales de uso público fuera de puerto habilitado, pagarán por cada embarcación en tráfico de cabotaje que entre a los mismos, el derecho de puerto de cabotaje conforme a la cuota de $1.58, por unidad de arqueo bruto o fracción.

Las embarcaciones dedicadas exclusivamente a actividades turísticas pagarán el 75% de la cuota del derecho de puerto de cabotaje, por cada puerto o terminal de uso público fuera de puerto habilitado en que entren.

Artículo 223. ...

C. ...

(Se deroga penúltimo párrafo).

...

Artículo 233. ...

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2010.

Segundo. Durante el año de 2010, se aplicarán en materia de derechos las siguientes disposiciones:

Tercero. No pagarán los derechos por la expedición de autorización en la que se otorgue la calidad migratoria de inmigrante bajo las características previstas en el artículo 9o., fracción I de la Ley Federal de Derechos, los extranjeros sujetos a los beneficios del ``Acuerdo que tiene por objeto establecer los criterios conforme a los cuales, los extranjeros de cualquier nacionalidad que se encuentren de manera irregular en territorio nacional y manifiesten su interés de residir en el mismo, puedan promover la obtención de su documentación migratoria en la calidad de inmigrante con las características de profesional, cargo de confianza, científico, técnico, familiares, artistas o deportistas o bien, en la característica de asimilado en los casos que de manera excepcional se establecen en el presente'', publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de noviembre de 2008.

Cuarto. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Federal de Derechos, durante el ejercicio fiscal de 2010, el pago del derecho por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales utilizadas en los municipios del territorio mexicano que a continuación se señalan, se efectuará de conformidad con las zonas de disponibilidad de agua como a continuación se indica:

Quinto. A partir del 1 de enero de 2010, y para efectos de los derechos señalados en los artículos 198, fracción I y 198-A, fracción I de la Ley Federal de Derechos, la cuota a pagar será de $50.00. Para el caso de los derechos señalados en los artículos 198, fracción II, 198-A, fracción II y 238-C, fracción I de la Ley Federal de Derechos, será de $25.00 y, para los derechos establecidos en los artículos 198, fracción III, 198-A, fracción III y 238-C, fracción II, la cuota del derecho a pagar para todas las áreas naturales protegidas será de $260.00.

Reitero a usted, ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Doctor Javier Laynez Potisek, procurador Fiscal de la Federación.--- Presente.

Me refiero al oficio 529-II-DGLCFP-703/09, por el que la Procuraduría Fiscal de la Federación remite a esta Subsecretaría los anteproyectos de la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley que Establece la Contribución para el Combate a la Pobreza; la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales; la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativa al Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos (iniciativas), así como la evaluación de impacto presupuestario correspondiente.

Sobre el particular, con fundamento en los artículos 18, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 18 a 20 de su Reglamento; 65-A y 65-B, fracciones III y VIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y con base en lo dispuesto en el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la elaboración, revisión y seguimiento de iniciativas de leyes y decretos del Ejecutivo federal (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2003), para los efectos del dictamen de impacto presupuestario a que se refieren las disposiciones de la ley anteriormente citada y de su reglamento, le informo lo siguiente:

Lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos de lo dispuesto en el artículo 20, último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual señala que la evaluación de impacto presupuestario y su dictamen se anexarán a la iniciativa de ley o decreto que se presente al Congreso de la Unión.

No omito mencionar que, en relación con la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, éstos se sujetan al procedimiento específico previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria --artículos 40, 41 y 42-- para su elaboración y presentación al Congreso de la Unión. En este sentido, en términos de las referidas disposiciones legales, las exposiciones de motivos de ambos ordenamientos junto con los criterios generales de política económica, comprenden toda la información sobre el impacto fiscal presupuestario del paquete económico para el siguiente ejercicio fiscal, incluyendo entre otros aspectos, la información detallada de las fuentes de ingresos y las asignaciones de gasto correspondientes pata el ejercicio fiscal 2010; los objetivos que se fijan para dicho periodo; así como diversa información macroeconómica, incluyendo información de ejercicios anteriores y proyecciones de mediano plazo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado David Arellano Cuan, director general adjunto de Análisis Jurídico de la Dirección General Jurídica de Egresos.--- Presente.

Me refiero al oficio No. 353.A.1.-1288 del 3 de septiembre de 2009, mediante el cual remite los anteproyectos de la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley que establece la Contribución para el Combate a la Pobreza; la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales; la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativa al Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos, así como la evaluación de impacto presupuestario correspondiente, con el propósito de obtener el dictamen de impacto presupuestario de esta área.

Al respecto, me permito informar que, de la revisión a los documentos en cuestión, y de conformidad con la evaluación de impacto presupuestario citada, no se requerirán recursos adicionales; no existe impacto adicional en los programas aprobados; no hay destinos específicos en leyes fiscales de gasto público, ni se establecen nuevas atribuciones.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 18, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 18 a 20 de su Reglamento: 65-A del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la elaboración, revisión y seguimiento de iniciativas de leyes y decretos del Ejecutivo federal, no se tiene inconveniente en que se continúe con los trámites conducentes, en el entendido de que no se incrementarán ni crearán estructuras ocupacionales para el presente ejercicio fiscal y subsecuentes.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciada Ana Brun Iñárritu, subprocuradora Fiscal Federal de Legislación y Consulta.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 18 a 20 de su Reglamento y con fundamento en los artículos 38 y 70 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a continuación se presenta la evaluación del impacto presupuestario de los documentos que integran el paquete económico para 2010 que a continuación se señalan:

I. Impacto en la estructura ocupacional de las dependencias y entidades por la creación o modificación de unidades administrativas y p1azas o, en su caso, creación de nuevas instituciones.

Las iniciativas que integran el paquete económico de 2010 no prevén la creación o modificación de unidades administrativas y plazas o instauración de nuevas instituciones, ni la modificación de las estructuras orgánicas y ocupacionales adicionales a las ya existentes.

Las iniciativas de mérito tienen como finalidad fortalecer los ingresos tributarios, mejorar la equidad en la distribución de la carga fiscal, simplificar y perfeccionar las disposiciones fiscales, así como cerrar áreas grises de la legislación tributaría que posibilitan prácticas de evasión y elusión fiscal.

II. Impacto presupuestario en los programas aprobados de las dependencias y entidades.

Las iniciativas de referencia no tienen un impacto presupuestario adicional en los programas aprobados de las dependencias y entidades de la administración pública federal. Toda vez que ya están diseñados los programas y acciones para administrar, recaudar, fiscalizar y contabilizar los ingresos tributarios de los contribuyentes. Cabe mencionar que a través de estas Iniciativas se busca mejorar y hacer más eficientes esas tareas.

III Establecimiento de destinos específicos de gasto público.

Las iniciativas antes mencionadas no prevén de manera alguna destinos específicos de gasto público, es decir, no establecen que el monto de los ingresos tendrá destino específico.

IV. Establecimiento de nuevas atribuciones y actividades que deberán realizar las dependencias y entidades.

Las iniciativas que se presentan tampoco establecen nuevas atribuciones y actividades que deban realizar esta dependencia o el Servicio de Administración Tributaria, ya que como anteriormente se mencionó, los programas y acciones para administrar, recaudar y fiscalizar el cumplimiento fiscal de los contribuyentes ya se encuentran diseñados.

V. Inclusión de disposiciones generales que incidan en la regulación en materia presupuestaria.

Finalmente, las iniciativas de mérito no contienen en sí mismas disposiciones generales que impacten en la regulación en materia presupuestaria.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

LEY FEDERAL DE DERECHOS, RELATIVA AL REGIMEN FISCAL DE PETROLEOS MEXICANOS

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña , Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Por este conducto y para los efectos de lo dispuesto por el inciso H) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en la fracción I del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por instrucciones del presidente de la república, me permito enviar la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativa al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos.

Asimismo, acompaño al presente copia del oficio número 353.A.-1303, signado el día 3 del actual, así como del anexo que en él se menciona, a través de los cuales la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remite el dictamen de impacto presupuestario de la citada iniciativa. Por otro lado, se señala que no se sujeta a las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo por ser de carácter fiscal y que, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental, no se publicó en el sitio de Internet de la dependencia referida, toda vez que su publicación anticipada podría comprometer los efectos que se pretenden lograr con ella.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Presidencia de la República.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

En el ejercicio de la facultad constitucional concedida al Ejecutivo Federal, se somete a la consideración del Congreso de la Unión, por su digno conducto, la presente Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativa al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Exposición de Motivos

México ha avanzado en fortalecer a PEMEX mediante la aprobación de diversas disposiciones que le permiten contar con un marco regulatorio y financiero más flexible para tener mayor capacidad de ejecución y así poder explorar y explotar de manera eficiente un mayor número de yacimientos en las distintas geologías que tiene el país. El objetivo de estos cambios ha sido maximizar el valor de la renta petrolera, así como mantener un equilibrio en el que dicho organismo pueda recuperar sus costos y sostener un nivel óptimo de inversión que permita una extracción eficiente.

En ese sentido, las reformas aprobadas por ese Honorable Congreso de la Unión en 2008 le permitieron a PEMEX instrumentar una plataforma sólida para iniciar los cambios que la paraestatal requiere para desarrollar toda la cadena productiva de la industria petrolera y con ello fortalecerla como la empresa más importante del país.

Es importante destacar que, dentro de la Reforma Energética que se llevó a cabo para la trasformación de PEMEX, se establecieron nuevas facultades al Consejo de Administración de la paraestatal para que ésta cuente con una visión estratégica de mediano y largo plazo; ejecute las líneas de acción que de dicha visión se deriven; dé seguimiento a la instrumentación de los proyectos aprobados; evalúe objetivamente el desempeño de las distintas áreas, proyectos y funcionarios, y retroalimente la visión estratégica con la información obtenida.

Asimismo, se estableció un nuevo régimen para el proceso de contratación tanto para las actividades sustantivas de carácter productivo, como para celebrar contratos con empresas con experiencia diversa, que proporcionen a PEMEX acceso a tecnologías de punta para complementar y extender el alcance de sus propias actividades, permitiéndole a la entidad planear y operar bajo un régimen más flexible de contratación, a fin de reaccionar con mayor oportunidad a los retos de un sector tan dinámico y exigente como lo es el petrolero.

Finalmente, con la emisión de Bonos Ciudadanos, se permitirá que todo ciudadano pueda apoyar a PEMEX con su programa de inversión y compartir los éxitos de la empresa, al tiempo que se genera un mecanismo externo, nacional y ciudadano que supervisará el actuar de la empresa para lograr un buen desempeño.

En conjunto, estas acciones establecen las bases para que PEMEX pueda enfrentar la difícil situación por la que atraviesa el sector petrolero del país y que se caracteriza por la declinación profunda y sostenida de la plataforma de producción. Ésta ha disminuido de 3,383 millones de barriles de petróleo crudo (MMBPC) en 2004 a 2,628 MMBPC a mediados de 2009, lo que se traduce en una baja de 755 MMBPC (22%), que representa una caída casi tres veces superior a la observada entre 1982 y 1986, que ha sido el único otro periodo en el que se observó una reducción sostenida en la producción desde que México se convirtió en productor y exportador de petróleo de importancia global. Estas circunstancias han contribuido a que la situación financiera de la paraestatal sea aún más precaria y que el Gobierno Federal enfrente fuertes presiones en las finanzas públicas.

Un elemento fundamental para orientar la política energética del país y en particular la inversión en nuevos proyectos se encuentra en el régimen fiscal que se aplica a PEMEX, el cual debe estar orientado a extraer los recursos necesarios tomando en consideración que existe una renta petrolera, un precio mucho mayor al costo de extracción, derivada de la oferta limitada de hidrocarburos en el mundo. Sin embargo, dicha extracción de renta debe alcanzarse sin desalentar la inversión que es necesaria para maximizar la generación de valor en el largo plazo. En años recientes, con el fin de promover mayores niveles de inversión en la industria petrolera y así acelerar la exploración y el desarrollo de nuevos pozos, se ha transformado de manera importante el régimen fiscal aplicable a dicho organismo.

En ese contexto, en 2008 se creó un régimen especial para la exploración y explotación en los campos en el Paleocanal de Chicontepec y en aguas profundas, con el establecimiento de dos nuevos derechos.

Sin embargo, ante las actuales circunstancias de menor producción y caída significativa en los precios del petróleo, es necesario seguir perfeccionando el régimen fiscal de PEMEX a fin de permitirle que mantenga los recursos necesarios para retomar su papel como uno de los principales ejes del desarrollo nacional. En el contexto actual de crisis económica internacional, un régimen fiscal que resulte atractivo para la inversión en nuevas áreas permitirá una mejor participación del sector petrolero nacional en la recuperación económica, que se traducirá en beneficios para el país.

De acuerdo con lo anterior, se proponen modificaciones al régimen fiscal de PEMEX que otorgan a la empresa mayor flexibilidad para explorar nuevos yacimientos en aguas profundas y en el Paleocanal de Chicontepec, al tiempo que se extrae mayor renta petrolera, en beneficio de todos los mexicanos, en escenarios favorables de costos y especialmente de precios.

La propuesta parte de la premisa de que, dado que los proyectos a desarrollarse son rentables en términos sociales, PEMEX debe tener recursos suficientes e incentivos para desarrollar campos de explotación de hidrocarburos de tamaño y costo similares a los que se han encontrado en las regiones de países vecinos del Golfo de México, a un nivel de precios razonable.

Unificación del régimen aplicable a los campos en el Paleocanal de Chicontepec y en aguas profundas.

En ese tenor, y con el propósito de simplificar lo más posible el régimen fiscal de PEMEX, eliminar distorsiones en las decisiones de inversión que hace el organismo y dado que la estructura de costos de producción por barril en los pozos que ha explotado la empresa en el Paleocanal de Chicontepec es al menos tan elevada como la que se puede esperar en aguas profundas, se propone establecer un solo régimen fiscal que aplique tanto a los campos en aguas profundas como a los del Paleocanal de Chicontepec.

Para los efectos anteriores se plantea que tratándose de los campos mencionados se apliquen tres derechos: sobre extracción de hidrocarburos, especial sobre hidrocarburos y adicional sobre hidrocarburos, que por su estructura y diseño, permitirían incentivar las inversiones en los referidos campos. Se propone aplicar los mismos derechos a todos los campos en las áreas mencionadas ya que, no obstante las grandes diferencias geológicas y de operación entre los campos en el Paleocanal de Chicontepec y aquellos en aguas profundas, los costos unitarios de exploración y producción de hidrocarburos son en ambos casos similares. Además, al aplicar los mismos derechos a los campos en las áreas mencionadas, se simplifica la carga administrativa que se aplica a PEMEX.

Se plantea que, como en los derechos vigentes aplicables a campos en aguas profundas y en el Paleocanal de Chicontepec, los nuevos derechos se apliquen anualmente por cada campo de explotación; sin embargo, a efecto de simplificar la administración de las contribuciones por parte de la paraestatal, tratándose del Paleocanal de Chicontepec, es de especial importancia proveer incentivos a PEMEX para el desarrollo de nuevas tecnologías de producción que ayuden a solventar los obstáculos que la difícil geografía del área, así como para simplificar la administración por parte de la paraestatal.

No obstante lo anterior, para el caso de que la productividad de los campos en algunas zonas del Paleocanal de Chicontepec aumente significativamente, o que se descubran yacimientos de gran tamaño, se plantea que dichas áreas sean expresamente segregadas como campos de extracción de petróleo crudo y gas natural, mediante declaración de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que PEMEX se encuentre obligado al pago de los tributos de manera específica.

Por lo anterior se propone reformar el artículo 257 Bis de la Ley Federal de Derechos, para establecer en él la obligación de cubrir los tres derechos mencionados y definir el concepto de campo para los efectos de dichos gravámenes.

Derecho sobre extracción de hidrocarburos.

El régimen actual considera un derecho anual por la extracción de petróleo crudo y gas natural de los campos en el Paleocanal de Chicontepec y de los campos en aguas profundas a cargo de PEMEX Exploración y Producción, que se calcula aplicando una tasa porcentual variable no mayor al 20% -que se determina de acuerdo con el rango de precio promedio ponderado anual de barril de petróleo crudo exportado en dólares de los Estados Unidos de América- sobre el valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año de los citados campos, inclusive sobre el valor de estos productos que consuma PEMEX Exploración y Producción o algún tercero al que esa entidad no cobre contraprestación por dicho consumo, así como las mermas por derramas o quema de dichos productos, por lo que a fin de simplificar este derecho, se somete a consideración de ese Honorable Congreso de la Unión la aplicación de una tasa porcentual fija del 15% sobre la misma base, mediante la reforma del artículo 257 Ter de la Ley Federal de Derechos.

Derecho especial sobre hidrocarburos.

Respecto del derecho especial sobre hidrocarburos, la modificación que se plantea busca reducir la tasa media impositiva vigente para los escenarios de precios más probables, de ahí que se proponen a esa Soberanía tasas bajas que se incrementarían gradualmente con el nivel de producción acumulada de cada campo, para evitar generar discontinuidades y permitir la instrumentación de un sistema impositivo sólido ante los cambios en los precios de los hidrocarburos, los costos de producción y los tamaños de yacimientos descubiertos. Las características principales del derecho que se propone son:

Por lo anterior se somete a consideración de ese Congreso de la Unión modificar los artículos 257 Quáter, 257 Quintus y 257 Sextus de la Ley Federal de Derechos.

Derecho adicional sobre hidrocarburos.

Con el propósito de lograr un incremento en la renta petrolera que se genera ante aumentos en los precios, se propone a esa Soberanía que cuando los precios de los hidrocarburos se encuentren por encima de 60 dólares de los Estados Unidos de América por barril, se aplique un derecho que se calcularía aplicando una tasa del 52% al resultado que se obtenga de calcular la diferencia entre el valor anual del petróleo crudo equivalente por barril extraído y 60 dólares de los Estados Unidos de América, que se multiplicaría por el volumen de petróleo crudo equivalente extraído en el año de cada campo, incluyendo el consumo que de este producto efectúe PEMEX Exploración y Producción, así como las mermas por derramas o quema de dichos productos.

Lo anterior se plantea teniendo en consideración la crítica posición actual de PEMEX, la delicada situación de la caída de producción y la situación financiera de la paraestatal. Las previsiones de este régimen contemplan la posibilidad de generar incentivos atractivos para que, en un entorno de eficiencia económica, se logre incrementar la capacidad de gestión de PEMEX y la capacidad de exploración, explotación y generación de renta petrolera, que coadyuvará a de-sarrollar la industria nacional petrolera, fortalecer las finanzas públicas y fomentar el desarrollo nacional.

Toda vez que el derecho adicional sobre hidrocarburos se plantea como un complemento a la recaudación del derecho especial sobre hidrocarburos, se propone que la recaudación por el derecho adicional sobre hidrocarburos se incluya en el cálculo de la Recaudación Federal Participable, en los mismos términos que los derechos de extracción sobre hidrocarburos y especial sobre hidrocarburos.

Por lo anterior, se propone adicionar los artículos 257 Séptimus, 257 Octavus y 258 Ter a la Ley Federal de Derechos.

Con base en lo expuesto, por su digno conducto y con fundamento en los artículos 71, fracción I y 72, apartado H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos

Artículo Único. Se REFORMAN los artículos 257 Bis; 257 Ter; 257 Quáter; 257 Quintus, párrafos primero, segundo, cuarto y quinto; 257 Sextus encabezado y fracción XVI; 258 Bis, encabezado, y 261 párrafos primero y segundo, y se ADICIONAN los artículos 257 Séptimus; 257 Octavus; 258 con un párrafo segundo, recorriéndose en su orden los párrafos subsecuentes, y 258 Ter, de la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue:

``Artículo 257 Bis. PEMEX Exploración y Producción estará obligado al pago anual de los derechos sobre extracción de hidrocarburos, especial sobre hidrocarburos y adicional sobre hidrocarburos, en los términos de los artículos 257 Ter, 257 Quáter y 257 Séptimus de esta Ley, respectivamente, por la extracción de petróleo crudo y gas natural de los campos siguientes:

PEMEX Exploración y Producción establecerá un registro de los costos y gastos de la exploración, desarrollo y extracción por cada uno de los campos a que se refieren las fracciones anteriores, así como de los tipos específicos de hidrocarburos que se obtengan y deberá enviar a la Cámara de Diputados y al Servicio de Administración Tributaria la información periódica que se incorpore en dicho registro, poniendo a disposición de ambos los datos, estudios, reportes, prospectivas y demás fuentes de información en que se sustente la información incorporada al registro, con objeto de que puedan llevarse a cabo los actos de fiscalización que se consideren pertinentes a través de la Auditoría Superior de la Federación y del Servicio de Administración Tributaria.

Artículo 257 Ter. Por la extracción de petróleo crudo y gas natural de cada uno de los campos a los que se refiere el artículo 257 Bis de esta Ley, PEMEX Exploración y Producción estará obligado al pago anual del derecho sobre extracción de hidrocarburos.

Para calcular el pago anual del derecho sobre extracción de hidrocarburos a que se refiere este artículo, se aplicará la tasa del 15% al valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en cada campo, incluyendo el consumo que de estos productos efectúe PEMEX Exploración y Producción, así como las mermas por derramas o quema de dichos productos.

El pago del derecho sobre extracción de hidrocarburos se hará mediante declaración anual, por cada campo, que se presentará a más tardar el último día hábil del mes de marzo del año siguiente al ejercicio de que se trate, en la que se podrán acreditar los pagos provisionales mensuales efectivamente pagados de ese derecho correspondientes al ejercicio a que se refiera la declaración anual.

La recaudación anual del derecho a que se refiere este artículo se destinará al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros.

A cuenta del derecho sobre extracción de hidrocarburos se harán pagos provisionales mensuales que se pagarán a más tardar el último día hábil del mes posterior a aquél al que correspondan dichos pagos provisionales.

El pago provisional se calculará aplicando la tasa del 15% al valor del petróleo crudo y gas natural extraídos en el campo de que se trate, desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponda el pago, incluyendo el consumo que de estos productos hubiera realizado PEMEX Exploración y Producción. Al pago provisional así determinado, se le restarán los pagos provisionales efectivamente pagados del derecho sobre extracción de hidrocarburos, realizados en los meses anteriores correspondientes a dicho ejercicio y la diferencia será el pago provisional a enterar.

Para la determinación del monto a pagar por el derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización a que se refiere el artículo 256 de esta Ley, así como de sus pagos provisionales, no se considerará el valor del petróleo crudo y gas natural extraídos de los campos a los que se refiere el artículo 257 Bis de esta Ley.

Artículo 257 Quáter. Por la extracción de petróleo crudo y gas natural de cada uno de los campos a los que se refiere el artículo 257 Bis de esta Ley, PEMEX Exploración y Producción estará obligado al pago anual del derecho especial sobre hidrocarburos, que se calculará aplicando la tasa del 30%, a la diferencia que resulte entre el valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el campo de que se trate, incluyendo el consumo que de estos productos efectúe PEMEX Exploración y Producción, así como las mermas por derramas o quema de dichos productos y las deducciones permitidas en este artículo.

Para los efectos del párrafo anterior, cuando la producción acumulada del campo de que se trate sea mayor a 240 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, se aplicará la tasa de 36% al valor de la producción que exceda de dicho monto.

El pago del derecho especial sobre hidrocarburos se hará mediante declaración anual, por cada campo, que se presentará a más tardar el último día hábil del mes de marzo del año siguiente al ejercicio de que se trate, en la que se podrán acreditar los pagos provisionales mensuales efectivamente pagados de ese derecho correspondientes al ejercicio a que se refiera la declaración anual.

La determinación del derecho especial sobre hidrocarburos, así como de los pagos provisionales a que se refiere el artículo 257 Quintus de esta Ley, se hará por cada campo de extracción de petróleo crudo y gas natural.

Para la determinación de la base del derecho especial sobre hidrocarburos, serán deducibles los siguientes conceptos para cada campo:

Las deducciones a que se refieren las fracciones III y IV de este artículo deberán ser ajustadas conforme a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El monto original de las inversiones a que se refieren las fracciones I a IV de este artículo comprenderá, además del precio de las mismas, únicamente los impuestos al comercio exterior efectivamente pagados con motivo de tales inversiones.

La deducción del monto original de las inversiones, con excepción de las indicadas en la fracción I de este artículo, se podrá iniciar a partir de que PEMEX Exploración y Producción realice las erogaciones correspondientes o a partir de que utilice los bienes de que se trate. En ningún caso las deducciones por dichas inversiones, antes de realizar el ajuste a que se refiere el sexto párrafo de este artículo, rebasarán el 100% de su monto original.

Cuando las inversiones, costos y gastos a que se refieren las fracciones II a V de este artículo correspondan a bie-nes, obras o servicios utilizados o que beneficien a dos o más campos, el monto de la deducción aplicable a cada campo será el que resulte de aplicar a los costos, los gastos o el monto original de las inversiones, el por ciento que las reservas probadas de petróleo crudo equivalente en el campo de que se trate represente respecto del total de reservas probadas en todos los campos en los que se utilicen dichos bienes, obras o servicios, a la fecha en que cualquiera de los campos que los utilicen inicie su producción.

Los montos que se deduzcan conforme al presente artículo no podrán deducirse en términos del artículo 254 de esta Ley.

El monto de la deducción por concepto de los costos, gastos e inversiones, relacionados con el petróleo crudo y gas natural extraídos del campo de que se trate, sin considerar los señalados en las fracciones VI a VIII del presente artículo, no podrá ser superior al 60% del valor del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año del campo de que se trate ni a 32.5 dólares de los Estados Unidos de América por barril de petróleo crudo equivalente extraído en el año de que se trate. El monto máximo de deducción a que se refiere este párrafo, se actualizará cada ejercicio empleando para tal efecto el índice de precios al productor de los Estados Unidos de América.

La parte deducible de los gastos, costos e inversiones que rebase el monto máximo de deducción conforme al párrafo anterior, se podrá deducir en los 15 ejercicios inmediatos posteriores a aquél al que correspondan de conformidad con las disposiciones de carácter general que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin que dicha deducción pueda aplicarse en la determinación de los derechos relativos a otro campo.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá, mediante disposiciones de carácter general, definir los conceptos que formarán parte de las deducciones autorizadas en las fracciones I a V de este artículo.

Para la determinación del monto a pagar por el derecho ordinario sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 254 de esta Ley, así como de los pagos provisionales a que se refiere el artículo 255 de este ordenamiento, no se considerará el valor del petróleo crudo y gas natural extraídos de los campos a que se refiere este artículo.

En ningún caso serán deducibles los intereses de cualquier tipo a cargo de PEMEX Exploración y Producción, la reserva de exploración, los gastos de venta y los pagos por pensiones que se hagan con cargo a la reserva laboral. En el caso de que la reserva laboral tenga remanentes en el ejercicio, dicho remanente se reducirá de las deducciones realizadas en el mismo ejercicio.

Artículo 257 Quintus. A cuenta del derecho a que se refiere el artículo 257 Quáter de esta Ley, se harán pagos provisionales mensuales, a más tardar el último día hábil del mes posterior a aquél al que correspondan los pagos.

El monto del pago provisional se calculará aplicando la tasa que corresponda conforme los párrafos primero y segundo del artículo 257 Quáter de esta Ley, al valor del petróleo crudo y gas natural extraídos del campo de que se trate, en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponda el pago. De dicho valor se podrá disminuir la parte proporcional de los conceptos deducibles en términos del artículo señalado, correspondiente al periodo de que se trate.

...

Al pago provisional determinado conforme a los párrafos anteriores, se le restarán los pagos provisionales del derecho especial sobre hidrocarburos efectivamente pagados en los meses anteriores correspondientes al ejercicio de que se trate y la diferencia será el pago provisional a enterar.

En la declaración anual del derecho especial sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 257 Quáter de esta Ley, se podrán acreditar los pagos provisionales mensuales efectivamente pagados por concepto del derecho respectivo, correspondientes al ejercicio de que se trate.

Artículo 257 Sextus. Para los efectos de los artículos 254, 257 Ter y 257 Quáter de esta Ley los siguientes costos y gastos no son deducibles:

...

Artículo 257 Séptimus. Por la extracción de petróleo crudo y gas natural de los campos a los que se refiere el artículo 257 Bis de esta Ley, PEMEX Exploración y Producción estará obligado al pago anual del derecho adicional sobre hidrocarburos cuando el valor promedio acumulado anual del petróleo crudo equivalente por barril extraído en el campo de que se trate sea mayor a 60 dólares de los Estados Unidos de América. Este último monto se actualizará cada ejercicio empleando para tal efecto el índice de precios al productor de los Estados Unidos de América. Este derecho se calculará aplicando una tasa de 52% al resultado que se obtenga de realizar el siguiente procedimiento:

El pago del derecho adicional sobre hidrocarburos se hará mediante declaración anual, por cada campo, que se presentará a más tardar el último día hábil del mes de marzo del año siguiente al ejercicio de que se trate, en la que se podrán acreditar los pagos provisionales mensuales efectivamente pagados de ese derecho correspondientes al ejercicio a que se refiera la declaración anual.

Cuando en la declaración anual resulte saldo a favor, PEMEX Exploración y Producción podrá compensar dicho saldo a favor contra el derecho especial sobre hidrocarburos. Si después de aplicar dicha compensación subsiste un saldo a favor, o en caso de que dicho saldo no hubiere sido compensado contra los derechos mencionados, éste se podrá compensar contra pagos posteriores del propio derecho o en los términos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria. Dicha compensación deberá realizarse conforme a lo previsto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, considerándose el periodo comprendido desde el mes en el que se obtenga el saldo a favor, hasta el mes en el que la compensación se realice.

La determinación del derecho adicional sobre hidrocarburos, así como de los pagos provisionales, se hará por cada campo de extracción de petróleo crudo y/o gas natural.

Artículo 257 Octavus. A cuenta del derecho adicional sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 257 Séptimus de esta Ley, se harán pagos provisionales mensuales que se pagarán a más tardar el último día hábil del mes posterior a aquél al que correspondan los pagos.

El pago provisional se calculará aplicando la tasa establecida en el artículo 257 Séptimus de esta Ley al resultado que se obtenga de realizar el siguiente procedimiento:

Al pago provisional determinado conforme al procedimiento anterior, se le restarán los pagos provisionales del derecho adicional sobre hidrocarburos efectivamente pagados, realizados en los meses anteriores correspondientes al ejercicio de que se trate, siendo la diferencia el pago provisional a enterar.

Artículo 258. ...

Los conceptos definidos en las fracciones anteriores no serán aplicables a los artículos 257 Bis, 257 Quáter y 257 Séptimus de esta Ley.

...

Artículo 258 Bis. Para los efectos de los artículos 257 Bis, 257 Ter, 257 Quáter, 257 Quintus, 257 Séptimus y 257 Octavus de esta Ley se considerará:

...

Artículo 258 Ter. Para los efectos de los artículos 257 Bis, 257 Ter, 257 Quáter, 257 Quintus, 257 Séptimus y 257 Octavus de esta Ley se considerará:

Artículo 261. Para los efectos del artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, a la recaudación obtenida por el derecho ordinario sobre hidrocarburos, por el derecho especial sobre hidrocarburos y por el derecho adicional sobre hidrocarburos a que se refieren los artículos 254, 257 Quáter y 257 Séptimus de esta Ley, respectivamente, se le aplicará la tasa de 85.31%; el monto que resulte de esta operación se considerará como recaudación federal participable.

El 3.17% de la recaudación obtenida por el derecho ordinario sobre hidrocarburos, por el derecho especial sobre hidrocarburos y por el derecho adicional sobre hidrocarburos a que se refieren los artículos 254, 257 Quáter y 257 Séptimus de esta Ley, respectivamente, se multiplicará por el factor de 0.0148; el monto que resulte de esta operación se destinará a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de los hidrocarburos.

...''

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2010.

SEGUNDO. Para los efectos de los artículos 257 Ter, 257 Quáter y 257 Quintus de la Ley Federal de Derechos sólo serán deducibles los gastos, costos e inversiones realizadas a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, así como el monto original de las inversiones realizadas con anterioridad a dicha fecha que no haya sido deducido de conformidad con el artículo 257 Ter vigente hasta el 31 de diciembre de 2009.

Reitero a usted, ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Doctor Javier Laynez Potisek, procurador Fiscal de la Federación.--- Presente

Me refiero al oficio 529-II-DGLCFP-703/09, por el que la Procuraduría Fiscal de la Federación remite a esta subsecretaría los anteproyectos de la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley que Establece la Contribución para el Combate a la Pobreza; la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales; la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativa al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (iniciativas), así como la evaluación de impacto presupuestario correspondiente.

Sobre el particular, con fundamento en los artículos 18, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad hacendaria; 18 a 20 de su reglamento; 65-A y 65-B, fracciones III y VIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y con base en lo dispuesto en el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la elaboración, revisión y seguimiento de iniciativas de leyes y decretos del Ejecutivo federal (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2003), para los efectos del dictamen de impacto presupuestario a que se refieren las disposiciones de la ley anteriormente citada y de su reglamento, le informo lo siguiente:

Lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos de lo dispuesto en el artículo 20, último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual señala que la evaluación de impacto presupuestario y su dictamen se anexarán a la iniciativa de ley o decreto que se presente al Congreso de la Unión.

No omito mencionar que, en relación con la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, éstos se sujetan al procedimiento específico previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria --artículos 40, 41 y 42- para su elaboración y presentación al Congreso de la Unión. En este sentido, en términos de las referidas disposiciones legales, las exposiciones de motivos de ambos ordenamientos junto con los criterios generales de política económica, comprenden toda la información sobre el impacto fiscal presupuestario del paquete económico para el siguiente ejercicio fiscal, incluyendo entre otros aspectos, la información detallada de las fuentes de ingresos y las asignaciones de gasto correspondientes para el ejercicio fiscal 2010; los objetivos que se fijan para dicho periodo; así como diversa información macroeconómica, incluyendo información de ejercicios anteriores y proyecciones de mediano plazo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado David Arellano Cuan, director general adjunto de Análisis Jurídico de la Dirección General Jurídica de Egresos.--- Presente.

Me refiero al oficio número 353.A.1.-1288 de 3 de septiembre de 2009, mediante el cual remite los anteproyectos de la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley que establece la Contribución para el Combate a la Pobreza; la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales; la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativa al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, así como la evaluación de impacto presupuestario correspondiente, con el propósito de obtener el dictamen de impacto presupuestario de esta área.

Al respecto, me permito informar que, de la revisión a los documentos en cuestión, y de conformidad con la evaluación de impacto presupuestario citada, no se requerirán recursos adicionales; no existe impacto adicional en los programas aprobados; no hay destinos específicos en leyes fiscales de gasto público, ni se establecen nuevas atribuciones.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 18, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 18 a 20 de su Reglamento: 65-A del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y el acuerdo por el que emiten los lineamientos para la elaboración, revisión y seguimiento de iniciativas de leyes y decretos del Ejecutivo federal, no se tiene inconveniente en que se continúe con los trámites conducentes, en el entendido de que no se incrementarán ni crearán estructuras ocupacionales para el presente ejercicio fiscal y subsecuentes.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciada Ana Brun Iñárritu, subprocuradora Fiscal Federal de Legislación y Consulta.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 18 a 20 de su reglamento y con fundamento en los artículos 38 y 70 del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a continuación se presenta la evaluación del impacto presupuestario de los documentos que integran el paquete económico para 2010 que a continuación se señalan:

I. Impacto en la estructura ocupacional de las dependencias y entidades por la creación o modificación de unidades administrativas y p1azas o, en su caso, creación de nuevas instituciones

Las iniciativas que integran el paquete económico de 2010 no prevén la creación o modificación de unidades administrativas y plazas o instauración de nuevas instituciones, ni la modificación de las estructuras orgánicas y ocupacionales adicionales a las ya existentes.

Las iniciativas de mérito tienen como finalidad fortalecer los ingresos tributarios, mejorar la equidad en la distribución de la carga fiscal, simplificar y perfeccionar las disposiciones fiscales, así como cerrar áreas grises de la legislación tributaría que posibilitan prácticas de evasión y elusión fiscal.

II. Impacto presupuestario en los programas aprobados de las dependencias y entidades

Las iniciativas de referencia no tienen un impacto presupuestario adicional en los programas aprobados de las dependencias y entidades de la administración pública federal, toda vez que ya están diseñados los programas y acciones para administrar, recaudar, fiscalizar y contabilizar los ingresos tributarios de los contribuyentes. Cabe mencionar que a través de estas iniciativas se busca mejorar y hacer más eficientes esas tareas.

III Establecimiento de destinos específicos de gasto público

Las iniciativas antes mencionadas no prevén de manera alguna destinos específicos de gasto público, es decir, no establecen que el monto de los ingresos tendrá destino específico.

IV. Establecimiento de nuevas atribuciones y actividades que deberán realizar las dependencias y entidades

Las iniciativas que se presentan tampoco establecen nuevas atribuciones y actividades que deban realizar esta dependencia o el Servicio de Administración Tributaria, ya que como anteriormente se mencionó, los programas y acciones para administrar, recaudar y fiscalizar el cumplimiento fiscal de los contribuyentes ya se encuentran diseñados.

V. Inclusión de disposiciones generales que incidan en la regulación en, materia presupuestaria

Finalmente, las iniciativas de mérito no contienen en sí mismas disposiciones generales que impacten en la regulación en materia presupuestaria.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Energía. En tanto se integran las comisiones, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

DISPOSICIONES FISCALES

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Por este conducto y para los efectos de lo dispuesto en el inciso h) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en la fracción I del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por instrucciones del presidente de la República me permito enviar iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales.

Asimismo, acompaño al presente copia del oficio número 353.A.-1303, signado el 3 del actual, así como el anexo que en él se menciona, a través de los cuales la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remite el dictamen de impacto presupuestario de la citada iniciativa. Por otro lado, se señala que no se sujeta a las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo por ser de carácter fiscal y que, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no se publicó en el sitio de Internet de la dependencia referida, toda vez que su publicación anticipada podría comprometer los efectos que se pretende lograr con ella.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Presidencia de la República.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

En ejercicio de la facultad constitucional concedida al Ejecutivo federal, se somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión, por su digno conducto, la presente iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El Ejecutivo federal a mi cargo, propuso al Congreso de la Unión una reforma integral de la hacienda pública como un instrumento para garantizar al Estado, entre otros objetivos, la captación de mayores recursos para atender las necesidades de financiamiento y, en consecuencia, alcanzar el desarrollo humano sustentable, que constituye un aspecto prioritario contenido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

Conforme a lo anterior en la ``Reforma Hacendaria por los que Menos Tienen'', se incluyeron propuestas y modificaciones orientadas a la atención de diversos temas en materia de finanzas públicas agrupados en cuatro vertientes: (i) mejorar la eficacia del gasto público y la rendición de cuentas; (ii) mejorar la administración tributaria; (iii) reforzar el federalismo fiscal, y (iv) establecer las bases de un sistema tributario para incrementar la recaudación mediante instrumentos impositivos flexibles y neutrales respecto de la inversión.

Por lo que corresponde a las medidas aprobadas tendientes a conformar un sistema tributario con instrumentos impositivos con la capacidad de generar mayores recursos sin afectar las decisiones de inversión, se puede afirmar que éstas han logrado su propósito, muestra de ello son los resultados de la recaudación tributaria alcanzados durante 2008, lo que confirma que la estrategia que el gobierno federal emprendió con la citada reforma ha sido efectiva, puesto que contribuyó a generar las condiciones para enfrentar los efectos derivados de un entorno económico mundial errático y adverso.

La descripción de las medidas mencionadas y la evaluación de los resultados de la aplicación de los nuevos impuestos vigentes a partir del ejercicio fiscal de 2008 se incluyen en la exposición de motivos de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, que se presenta a consideración de esa soberanía de manera paralela a esta iniciativa, los cuales, en obvio de reiteraciones, se tienen aquí por transcritos.

Por ello es conveniente continuar avanzando en el mismo sentido y mejorar tanto los instrumentos tributarios de reciente creación como los ya existentes, a través de modificaciones a las disposiciones fiscales orientadas al cumplimiento de los siguientes objetivos:

Fortalecer la recaudación tributaria

Considerando que es fundamental para el desarrollo y crecimiento económico del país mantener la solidez en las finanzas públicas y conservar la estabilidad de las principales variables macroeconómicas, se plantea modificar algunas disposiciones en materia del impuesto sobre la renta (ISR), tendientes a incrementar su eficiencia recaudatoria.

Mejorar el control y combate a la evasión fiscal

En línea con la vertiente de fortalecer la recaudación tributaria, se plantean ajustes a diversas disposiciones en materia del ISR y de los impuestos a los depósitos en efectivo (IDE), al valor agregado (IVA), así como del Código Fiscal de la Federación, orientadas a precisar el alcance de algunos beneficios fiscales en favor de los contribuyentes y para robustecer los mecanismos para el control del cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Simplificación de las disposiciones fiscales

Uno de los principios que debe prevalecer en todo diseño impositivo es la simplicidad y el menor costo administrativo relacionado con el pago de los impuestos. En este sentido, se proponen reformas en materia del esquema de intereses en el ISR y, en consecuencia, se precisa la mecánica para calcular los ingresos gravables provenientes de sociedades de inversión y para obtener la ganancia por la enajenación de acciones de la cartera accionaria de las sociedades de inversión.

Otorgar seguridad jurídica

Finalmente, también se presentan en esta iniciativa otro conjunto de modificaciones que otorgan mayor seguridad jurídica en beneficio de los contribuyentes respecto de la aplicación y alcance de las distintas obligaciones contenidas en las disposiciones fiscales, en materia del ISR e IDE, así como del Código Fiscal de la Federación.

Por ello y con el fin de continuar avanzando en la mejora y fortalecimiento del marco tributario, el Ejecutivo federal a mi cargo estima necesario someter a la consideración de ese Congreso de la Unión diversas modificaciones a las leyes de los impuestos sobre la Renta, a los Depósitos en Efectivo y al Valor Agregado, y al Código Fiscal de la Federación, que consisten en lo siguiente:

A. Propuestas para 2010 en materia del impuesto sobre la renta

Durante el ejercicio fiscal de 2008 la recaudación por concepto del ISR generó ingresos equivalentes al 5.2 por ciento del Producto Interno Bruto, lo cual representa un nivel superior al promedio observado de los últimos 28 años. La cifra mencionada incluye la recaudación de los impuestos al activo, empresarial a tasa única e IDE. ¹ Asimismo, la recaudación del ISR aportó el 51.8 por ciento al total de los ingresos tributarios no petroleros en 2008.

Cabe mencionar que del total de los ingresos generados por concepto del ISR, el 41 por ciento proviene de los ingresos percibidos por las personas físicas que tributan bajo el régimen de salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal subordinado, en tanto que el 59 por ciento restante proviene, entre otras, de actividades empresariales, prestación de servicios profesionales y de arrendamiento, realizadas por personas físicas y morales.

No obstante lo anterior, durante los primeros siete meses de 2009 se observó un debilitamiento en la recaudación. Al mes de julio la captación del ISR registró una disminución de 14.3 por ciento en términos reales respecto del monto observado en el mismo periodo de 2008; además, el nivel de recaudación total es 16.4 por ciento inferior a la meta presupuestada para el mes de julio del presente ejercicio fiscal.

Lo anterior se explica por la menor actividad económica registrada en el país debido al impacto de factores coyunturales como la crisis financiera internacional que se propagó al resto de la economía y las medidas adoptadas para atender la contingencia sanitaria ocurrida a finales de abril de 2009.

Por otra parte, se anticipa que la menor recaudación de ingresos tributarios ya no podrá ser compensada con ingresos petroleros, debido a la reducción en la plataforma de extracción y exportación de petróleo, así como a la volatilidad del precio internacional de este hidrocarburo; situación que ha impuesto un límite al modelo de financiamiento público sustentado en buena parte sobre la renta petrolera.

Considerando lo anterior, el gobierno federal está obligado a actuar de manera responsable proponiendo medidas tributarias que permitan hacer frente a esta situación y evitar el desorden económico, sin que con ello se vulneren los derechos constitucionales del contribuyente, siendo la intención del Estado velar por el interés público, a través de ajustes razonables, es por ello que la iniciativa en materia del ISR pretende, entre otros objetivos, fortalecer la recaudación. Las medidas que se proponen consisten en lo siguiente:

1. Ajuste temporal a la tarifa de personas físicas y tasa aplicable a las personas morales

Mediante el ``decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y establecen diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Activo y establece los Subsidios para el Empleo y para la Nivelación del Ingreso'', publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 2004, se estableció la reducción gradual de la tasa impositiva del ISR para las empresas, así como de la tasa marginal máxima para las personas físicas, a efecto de que a partir de 2007 dichas tasas fueran de 28 por ciento.

Si bien en la actualidad las razones de la reducción a la tasa y tarifa antes mencionadas son de interés para el gobierno federal, la actual situación económica exige adoptar medidas temporales que permitan contar con mayores recursos para hacer frente a las necesidades de gasto público y que contribuyan a mantener la estabilidad macroeconómica. Al respecto, es importante destacar que en los años recientes la estabilidad macroeconómica se ha mantenido como una de las fortalezas fundamentales de la economía mexicana, lo que ha resultado en menores tasas de inflación en beneficio de la sociedad.

Asimismo, cabe señalar que una mejor posición de las finanzas públicas permitirá al gobierno federal contar con ingresos suficientes para hacer frente a compromisos de gasto social y de infraestructura y evitar en lo posible el incremento en la deuda pública, así como el elevado costo financiero que implica esta alternativa.

Con base en lo anterior, entre las medidas que se someten a consideración de ese Congreso de la Unión para fortalecer los ingresos públicos y evitar un debilitamiento estructural en las finanzas del país, se plantea ajustar durante los ejercicios fiscales de 2010 a 2012 las tasas marginales de los últimos cinco tramos de la tarifa del ISR para las personas físicas en una proporción de 7.14 por ciento, con objeto de ubicar la tasa marginal máxima en 30 por ciento. Este ajuste no tiene un impacto en la carga fiscal de las personas físicas que obtienen ingresos hasta por 6,663 pesos mensuales, equivalentes a 4 salarios mínimos (SM); y un impacto moderado en la carga fiscal de las personas físicas con mayores ingresos, para quienes su ingreso disponible se reduce sólo entre 0.16 y 2.67 por ciento. Asimismo, para el ejercicio fiscal de 2013, se propone que las tasas marginales que se incrementarían se disminuyan proporcionalmente en 3.33 por ciento respecto a las vigentes en 2012, quedando la tasa máxima en 29 por ciento. Finalmente, a partir del ejercicio fiscal de 2014, las tasas marginales que se incrementarían regresarían a su nivel actual, ubicando la marginal máxima en 28 por ciento.

Es importante mencionar que se estima que alrededor del 61.6 por ciento del ajuste será absorbido por las personas con ingresos de 20 SM o más, que tributan a la tasa marginal máxima y que representan el 7.7 por ciento del total de asalariados, mientras que el 55.6 por ciento de los trabajadores con ingresos de hasta 4 SM no tendrán ninguna afectación. Con esta propuesta el ajuste a la tarifa se dará principalmente sobre aquellas personas físicas con mayor capacidad contributiva.

De manera adicional, con el objeto de no afectar el esquema de integración del impuesto corporativo con el impuesto personal, y evitar así el arbitraje tributario, se propone también incrementar la tasa del ISR empresarial a 30 por ciento durante los ejercicios fiscales de 2010 a 2012 y aplicar la tasa del 29 por ciento en el ejercicio fiscal de 2013, para regresar al 28 por ciento a partir del ejercicio fiscal de 2014.

No se omite señalar que a partir de 2002 se inició un proceso de reducción gradual de las tasas del ISR aplicables tanto a las empresas como a las personas físicas, ubicándose desde 2007 en 28 por ciento, lo que permite utilizar este espacio durante los ejercicios fiscales de 2010 a 2013 para fortalecer los ingresos tributarios, sin afectar el nivel de competitividad del ISR ni propiciar prácticas de evasión.

Por otra parte, también se hace necesario ajustar durante los ejercicios fiscales de 2010 a 2013 el porcentaje de reducción de la tasa de este impuesto aplicable a los contribuyentes del sector primario, a fin de que el diferencial en puntos de tasa en relación con el incremento en la tasa general del ISR que se propone a esa soberanía se mantenga.

Por ello, con el propósito de obtener recursos adicionales que permitan al Estado proporcionar a los gobernados servicios públicos y avanzar en una aplicación más generalizada de los gravámenes, en congruencia con la propuesta de aumento temporal en la tasa del ISR empresarial se plantea reducir durante los ejercicios fiscales de 2010 a 2013 el porcentaje de disminución de tasa para el sector primario, a fin de que ésta aumente de 19 a 21 por ciento; así mismo, se propone mantener este nivel de gravamen a partir de 2014, lo cual permitirá que este grupo de contribuyentes continúe beneficiándose de un subsidio de 25 por ciento en la tasa del ISR, dado que la tasa general será de 28 por ciento.

Es importante resaltar que los ajustes que se proponen en el nivel de las tasas del ISR, son consistentes con los aumentos de tasa que otros países han tenido que llevar a cabo como parte de sus medidas fiscales para hacer frente a la crisis económica internacional, ya que de no hacerlo, implícitamente se cede parte de la recaudación al extranjero.

Asimismo, como se mencionó anteriormente, la tasa del ISR ha sido objeto de significativas reducciones en el pasado reciente al pasar de 35 por ciento en 2001 a 28 por ciento a partir de 2007; dicha disminución de 20 por ciento en el nivel de tasa permite efectuar el ajuste propuesto sin comprometer la competitividad del gravamen.

Adicionalmente, se debe considerar que la solidaridad en el pago de las contribuciones es un principio inmerso en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al señalar dicho precepto que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional que fortalezca su régimen democrático y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

Ante las necesidades imperantes de recaudación, es necesario que todos los sectores de la sociedad, público y privado, concurran con responsabilidad social para mantener finanzas públicas sanas que permitan un desarrollo económico sostenido.

Con base en ello, los mexicanos tienen el deber de contribuir al gasto público, a fin de satisfacer necesidades colectivas, objetivos inherentes a la utilidad pública y al interés social, pero más aún aquéllos cuya riqueza es mayor, cumpliendo con el deber de solidaridad con los menos favorecidos, sin que se entienda que estos últimos no deban contribuir al gasto público.

El principio de solidaridad se traduce en ajustes de las tasas impositivas que tienen una incidencia mayor en las personas con mayores ingresos y una incidencia marginal en las personas que obtengan menores ingresos.

El ajuste de la tarifa del ISR aplicable a las personas físicas y a la tasa aplicable a las empresas, así como la disminución a la reducción de la tasa aplicable al sector primario se estima generarán ingresos adicionales en 2010 por 45 mil 397.3 millones de pesos (mdp).

Con base en lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de ese Congreso de la Unión reformar los artículos 11, segundo párrafo; 113, en su tarifa; 81, octavo párrafo, y 177, en su tarifa, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como emitir disposiciones de vigencia temporal a través de las cuales se establezca la tasa para las personas morales, las tarifas para las personas físicas, el porcentaje de reducción de tasa al sector primario y los factores a aplicar por los ejercicios fiscales de 2010 a 2013.

2. Nuevo esquema de intereses

La mecánica actual para la determinación de los intereses reales acumulables es compleja, sobre todo en el caso de las personas físicas, lo que conlleva a errores en el cálculo de los ingresos acumulables por intereses, aunado a que se generan cargas administrativas para las instituciones que componen el sistema financiero.

Actualmente las referidas instituciones realizan una retención provisional que es fija y que no depende del interés real obtenido, sino que se calcula conforme a la tasa anual que establece la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente sobre el monto del capital que da lugar al pago de los intereses.

El régimen de retención fija sobre el capital puede dar lugar a pagos del ISR por encima de la tasa máxima de dicho impuesto, generando mayores cargas administrativas para los contribuyentes y para la autoridad fiscal en virtud de los trámites que debe realizar para solicitar la devolución de la retención en exceso. Adicionalmente, para los contribuyentes que no están obligados a presentar declaración anual, la retención puede resultar diferente ya que ésta tiene el carácter de pago definitivo del impuesto, en cuyo caso se pueden generar faltantes o excedentes.

En otros casos, la retención fija sobre el capital puede resultar inferior al ISR que sobre dichos intereses le corresponde en definitiva al contribuyente, por lo que éste podría omitir la acumulación de los intereses en su declaración anual, con el fin de evitar el pago de la diferencia del impuesto a su cargo.

Cabe señalar que en la actualidad no exceden de cien mil los contribuyentes personas físicas que han presentado su declaración para acumular los intereses reales obtenidos, lo que denota un bajo índice de cumplimiento del régimen de acumulación de intereses reales. Un elemento que explica esta situación es que para las personas físicas, en algunos casos, significa una complicación obtener las constancias de retención para acreditar el impuesto correspondiente en el caso de que deban presentar declaración anual.

Asimismo, en las constancias que entregan a los contribuyentes las instituciones que componen el sistema financiero, resulta difícil conciliar el cálculo de los intereses reales y el de la retención debido a que la fórmula de cálculo es compleja, ya que varía para cada tipo de instrumento y requiere disponer de los saldos diarios de las inversiones, lo que provoca que las referidas instituciones incurran en errores al efectuar el cálculo en el que los contribuyentes basan el pago de sus impuestos.

Por otra parte, es importante mencionar que la mecánica actual para determinar los intereses reales acumulables, además de ser compleja y generar costos administrativos, no permite determinar de manera adecuada el monto del interés real, ya que lo hace con un método de aproximación.

De esta forma, con el propósito de simplificar la determinación de los ingresos por intereses, se propone a esa soberanía establecer un nuevo método para el cálculo de los intereses reales gravables devengados a favor de los contribuyentes a través de las instituciones que componen el sistema financiero, consistente en una mecánica de ``entradas menos salidas'' para determinar la base gravable de dichos ingresos, calculándose el ingreso por interés devengado.

El método propuesto haría neutral el régimen para los intereses provenientes de instrumentos de largo y corto plazo, es decir, no habría ventaja o perjuicio por diferir la acumulación del interés.

Cabe señalar que con el nuevo esquema, la retención sería mensual y tendría el carácter de pago definitivo a la tasa que corresponda sobre los intereses reales y la realizarían las instituciones que componen el sistema financiero en las que los contribuyentes tengan una o más cuentas. Dicha retención se realizaría con cargo al saldo final de las cuentas en el mes por el que se calcule el ISR y cuando dichas cuentas no tengan fondos líquidos disponibles suficientes para cubrir la obligación fiscal, el monto adeudado se consideraría ISR pendiente de retención que el contribuyente pagaría en el momento en el que realice un depósito o cuando cualquiera de las cuentas que tenga con la institución financiera genere flujos, entre otros, por intereses que en ella efectivamente se abonen. Esto implica que las instituciones que componen el sistema financiero pongan al ``cobro inmediato'' las cuentas del cliente por los impuestos no pagados.

Con el régimen propuesto se garantiza que los contribuyentes que están recibiendo un interés real negativo, no paguen ningún monto de ISR por este tipo de ingresos, lo que beneficiará principalmente a los pequeños ahorradores.

Con la propuesta que se formula los ingresos por intereses no se acumularán a los demás ingresos del contribuyente para la determinación del ISR y la mecánica de cálculo será más simple que la metodología actual. El nuevo método de cómputo para determinar el ISR por ingresos por intereses sería exactamente el mismo para cualquier tipo de cuenta o instrumento, ya que aplicaría para la totalidad de la cartera, el conjunto de cuentas o para instrumentos individuales. Ello simplificaría el cálculo de los intereses, ya que éste se puede hacer agregado y en base a los datos que un estado de cuenta reporta.

De esta forma, el método de cómputo de los intereses reales que se propone es aditivo en el tiempo y a través de instrumentos financieros, es decir, aplicar el método con datos anuales o agregados de una cartera, da el mismo resultado que la suma de aplicarlo mensualmente o de forma individual por instrumento. Esta propiedad disminuirá el costo administrativo del régimen, no sólo para las instituciones que componen el sistema financiero sino para la autoridad fiscal y, lo más importante, para el contribuyente.

Asimismo, con el propósito de que el ISR sea neutral y evitar con ello la posibilidad de que se pacte el pago de intereses en distinto tiempo, se establece una actualización del pago del impuesto desde la fecha en la que se cause y hasta aquélla en la que se pague ya que dicho pago podría ocurrir hasta que el interés es cobrado por el ahorrador, es decir, el impuesto corresponde a adelantos mensuales exigibles hasta que se genere el efectivo, tal como opera hoy en día, apegándose al principio económico de que se deben cobrar los impuestos en la forma y momento más cómodos para el contribuyente. De esta manera, la actualización del ISR por los intereses que se propone a ese Congreso sólo trata de evitar el diferimiento del ISR como un método de planeación fiscal.

Adicionalmente, se plantea que tratándose de personas físicas, en el caso de obtener una pérdida derivada de interés real negativo, ésta podrá ser aplicable a través de un crédito fiscal únicamente contra el monto del ISR generado por el interés real positivo, es decir, sólo se amortiza la pérdida contra ingresos de la misma naturaleza.

Asimismo, derivado del nuevo esquema que para la determinación de los intereses se propone a esa soberanía, es necesario realizar adecuaciones a la mecánica para la determinación de los ingresos gravables provenientes de sociedades de inversión, toda vez que en estas sociedades coexisten inversiones en instrumentos de deuda y en acciones.

De esta forma, dado que se propone a ese Congreso de la Unión un cambio en la mecánica para la determinación de los intereses reales, es necesario realizar cambios en el procedimiento para determinar la ganancia por la enajenación de acciones de la cartera accionaria de las sociedades de inversión.

Asimismo, un componente adicional derivado de la cartera accionaria de las sociedades de inversión, lo constituyen los dividendos, por lo que se requiere establecer un esquema fiscal para determinar qué proporción de éstos corresponden a cada accionista de la sociedad de inversión.

Por último, considerando que la determinación del interés real se efectuaría con un nuevo método, es necesario establecer un periodo de vacatio legis de un año calendario a fin de que las instituciones que integran el sistema financiero cuenten con tiempo suficiente para ajustar sus procesos y estar en posibilidad de aplicar el nuevo esquema fiscal de intereses.

En suma las modificaciones propuestas representan un importante avance en términos de simplificación fiscal y equidad del ISR.

Con base en lo expuesto, se propone reformar los artículos 50, primer y actual segundo párrafos; 58, primer y el encabezado del actual segundo párrafos y fracción VI; 59; 100; 103; 104; 105; 151, quinto párrafo; 154, cuarto párrafo; 158, segundo, tercer y actuales quinto fracciones II y III, sexto y octavo párrafos; 159; 160; 161; 171, segundo, tercer y sexto párrafos; 175, primer párrafo; 199, quinto párrafo, y 218, encabezado del primer párrafo y fracción II, así como adicionar los artículos 50, con un segundo, tercer y cuarto párrafos pasando los actuales segundo, tercer y cuarto párrafos a ser quinto, sexto y séptimo párrafos; 58, con un segundo, tercer, cuarto, quinto y séptimo párrafos pasando el actual segundo párrafo a ser sexto párrafo; 58-A; 58-B; 103-A; 158, con un cuarto, quinto y décimo primer a décimo cuarto párrafos, pasando los actuales cuarto a octavo párrafos a ser sexto a décimo párrafos, respectivamente, y derogar el artículo 175, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de establecer el nuevo esquema de intereses.

3. Régimen de consolidación fiscal

Actualmente, este régimen previsto en el Título II, Capítulo VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta permite que un grupo de empresas con intereses societarios (tenencia accionaria superior al 50 por ciento) y económicos comunes, pueda tributar como si fuera una sola unidad económica, lo que posibilita el diferimiento del pago del ISR, derivado de la disminución inmediata de las pérdidas fiscales obtenidas por una o varias de las empresas que conforman el grupo contra las utilidades fiscales generadas por otras sociedades pertenecientes al mismo.

Cabe señalar que el régimen de referencia beneficia los flujos de efectivo dentro del grupo que consolida al no pagarse el ISR al momento del pago de dividendos o la distribución de utilidades contables entre las sociedades que conforman el mismo.

Las anteriores características han definido a la consolidación fiscal como un régimen de diferimiento del pago del ISR.

En su origen, el régimen de consolidación fiscal se concibió como un sistema de incentivo para coadyuvar con la capacidad operativa y financiera de las empresas, pero con la condición de que no produjera un sacrificio fiscal o que, de producirlo, implicara un simple diferimiento en el pago del ISR, condición que se estableció claramente en el Decreto que concede estímulos a las sociedades y unidades económicas que fomenten el desarrollo industrial y turístico del país, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 1973, que constituye el origen del régimen de consolidación fiscal.

Ahora bien, cabe señalar que cuando se estableció el régimen de referencia aplicaba al 100 por ciento de la participación accionaria en las sociedades y a partir de su incorporación a la Ley del Impuesto sobre la Renta en el año de 1982, se efectuaron diversos cambios y adecuaciones a dicho régimen, sin que se hicieran modificaciones importantes y trascendentes al mismo durante casi 17 años, ya que fue hasta el año de 1999 que se llevó a cabo una reforma radical como parte de las medidas para fortalecer la capacidad recaudatoria del sistema tributario dentro del ámbito de combate a la evasión y elusión fiscal.

En efecto, en el año de 1999 se realizaron una serie de modificaciones al régimen de consolidación fiscal, cuyos objetivos fueron, entre otros: (i) limitar el diferimiento del ISR, acotando la consolidación de las utilidades y/o pérdidas fiscales hasta un 60 por ciento de la participación accionaria que tuviera la sociedad controladora en forma directa en sus sociedades controladas; (ii) lograr su simplificación; (iii) adecuarlo a las prácticas internacionales; (iv) corregir disposiciones y procedimientos que llevaban a los contribuyentes a interpretaciones que erosionaban la base del ISR; (v) adecuar tratamientos específicos, como los relacionados con la desincorporación e incorporación de sociedades a la consolidación fiscal, y (vi) establecer nuevos supuestos de desconsolidación del grupo.

Respecto de las modificaciones referidas en el párrafo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió diversas tesis de jurisprudencia entre las que destacan las siguientes:

No obstante los antecedentes favorables para la Hacienda Pública Federal emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el año del 2005 se permitió nuevamente la consolidación fiscal de las utilidades y/o pérdidas al 100 por ciento de la participación accionaria de la sociedad controladora en las sociedades controladas.

Cabe mencionar que conforme a lo dispuesto por la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, existen situaciones que originan el pago del impuesto diferido dentro de la consolidación fiscal, a saber cuando: (i) se enajenen acciones de una sociedad controlada a personas ajenas al grupo; (ii) varíe la participación accionaria en una sociedad controlada; (iii) sea desincorporada una sociedad controlada o se desconsolide el grupo, y (iv) la pérdida fiscal de un ejercicio fiscal no pueda disminuirse de las utilidades fiscales de la sociedad que la generó en un periodo de diez años.

Así, no obstante que existen situaciones precisas en la Ley de la materia para el pago del impuesto diferido, el esquema actual no prevé una fecha determinada para el pago del ISR diferido, lo que representa un sacrificio fiscal para el erario público federal, ya que por casi tres décadas el fisco federal ha venido financiando a los contribuyentes de este régimen, obteniendo una recaudación mínima.

En tal sentido, es posible advertir que el esquema actual del régimen de consolidación fiscal permite que las sociedades controladas empleen estrategias tales como la deducción inmediata, para generar pérdidas, las cuales serán disminuidas por la sociedad controladora contra las utilidades de empresas ganadoras integradas al mismo grupo o bien opten por incorporar empresas perdedoras al grupo y así prorrogar el entero del impuesto diferido por largos periodos de tiempo.

Actualmente existen 4,862 empresas que consolidan para efectos fiscales integradas en 422 grupos. Sin embargo, el pago agregado por concepto del ISR individual y consolidado y del IETU que efectuaron estas empresas y los grupos en los que consolidan, correspondiente al ejercicio fiscal de 2008, representó apenas el 1.78 por ciento del total de sus ingresos declarados para el ejercicio fiscal de 2007, y el diferencial se pagará hasta que se actualicen los supuestos de Ley y, en consecuencia, dichas empresas efectúen el entero del impuesto diferido. Por ello, la carga fiscal de estos contribuyentes es significativamente reducida por el diferimiento del impuesto, no obstante el tamaño de las empresas que conforman los referidos grupos, situación que cambiaría de aprobarse la propuesta de reforma que nos ocupa.

Asimismo, se destaca que la incidencia en el cobro del ISR por el grupo de consolidación ha sido marginal, lo que se agudiza con el diferimiento indefinido del impuesto, lo que además de mermar la recaudación, pone en desventaja a otros grupos que sin tener un interés societario común sí lo tienen económicamente y no pueden acceder al régimen multicitado.

El diferimiento en el pago del ISR sin fecha definida ha distorsionado radicalmente la ratio legis del régimen de consolidación fiscal como sistema de incentivo. Cabe destacar que, incluso, las normas que rigen las obligaciones en materia común, en concreto el Código Civil Federal, establecen que, en caso de no haberse fijado el tiempo en que deba hacerse el pago de la obligación, el acreedor podrá exigirlo después de los treinta días siguientes a la interpelación que se haga.

No obstante las anteriores consideraciones, se estima que el régimen de consolidación fiscal sigue siendo un instrumento importante para que las empresas recuperen sus pérdidas y reinviertan sus utilidades dentro de un periodo razonable y sobre todo durante los primeros años de su operación; sin embargo concebirlo como un régimen de diferimiento del ISR sin una fecha determinada no es justificable desde el punto de vista de la rentabilidad económica de un proyecto de inversión ni es acorde con las necesidades actuales de financiamiento del gasto público, además de que es contrario al principio de solidaridad a que ya se ha hecho referencia.

De esta forma, en las modificaciones al régimen de referencia que se proponen a esa soberanía se mantiene como beneficio la disminución inmediata de las pérdidas fiscales contra las utilidades generadas dentro del grupo, así como el flujo de dividendos o utilidades contables sin que se cubra el gravamen al momento en que éstos se paguen; sin embargo, se plantea que el ISR que se difiera por la aplicación de dichos beneficios se limite a cinco años, periodo que se considera razonable para el fortalecimiento de la capacidad operativa y financiera del grupo, objetivo primigenio del régimen, periodo que se extiende cinco años adicionales por el esquema de pago fraccionado que se propone, mismo que se detalla más adelante.

En tal sentido, el Ejecutivo federal a mi cargo estima necesario someter a consideración de ese Congreso de la Unión una reforma al referido Título II, Capítulo VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de establecer un límite al diferimiento del ISR generado por la consolidación fiscal, para lo cual se propone que los contribuyentes que consolidan enteren al fisco federal, en cada ejercicio fiscal, el impuesto actualizado que hubieran diferido con motivo de dicha consolidación en el sexto ejercicio fiscal anterior a aquel en que se deba efectuar el pago.

Con el fin de coadyuvar a los flujos de efectivo del grupo de consolidación para el entero del ISR diferido, se propone a esa soberanía un esquema de pago fraccionado consistente en efectuar un pago inicial del 60 por ciento del impuesto diferido correspondiente al sexto ejercicio fiscal anterior a aquel en el que se realice el pago y el remanente en partes iguales durante los siguientes cuatro ejercicios fiscales, mismas que se ajustarán en caso de que por cualquiera de las causas previstas en la legislación, el contribuyente pague el impuesto diferido remanente de las parcialidades. En ese sentido, el periodo establecido para el pago del ISR diferido en realidad se convierte en un periodo de diez años.

Respecto del saldo pendiente de pago del ISR al 31 de diciembre de 2009 se propone aplicar el beneficio mencionado a efecto de que el contribuyente pueda pagar el ISR diferido una vez transcurridos cinco ejercicios fiscales, favoreciendo su pago en cinco parcialidades, lo que se traduce en que en el año 2010 se pagaría el saldo del impuesto diferido al 31 de diciembre de 2004; el correspondiente a 2005 se pagaría a partir de 2011, el de 2006 a partir de 2012 y así sucesivamente en cada ejercicio fiscal.

Por lo anterior, las modificaciones propuestas implicarían que

De acuerdo con lo anterior, el citado esquema de pagos quedaría en la forma que se ejemplifica en el siguiente cuadro:

Por otra parte, es importante resaltar que el acotamiento propuesto rescata la esencia del régimen de consolidación fiscal, como un régimen de diferimiento del pago del ISR que implícitamente resulta en un financiamiento del fisco federal a favor del contribuyente y que le permite obtener una mayor liquidez al disminuir temporalmente su carga tributaria. Un diferimiento por largos periodos de tiempo, como es el esquema actual, convierte lo que debe ser considerado como un beneficio temporal en un beneficio permanente.

Asimismo, el establecimiento de un límite para el entero del impuesto diferido, da certeza respecto al tiempo en el que las empresas que difieren sus impuestos, deban cumplir con su obligación de pago, por lo que con esta propuesta se impedirá que los grupos que consolidan pospongan por largos periodos el pago del impuesto diferido, ya que enterarán en cada uno de los ejercicios futuros los saldos de impuestos diferidos con motivo de la consolidación fiscal, generados en el sexto ejercicio fiscal previo y que no se hubiera pagado con antelación, permitiendo el incremento de los recursos que el Estado requiere para su debido funcionamiento y con ello mejorar los servicios públicos.

De acuerdo con lo anterior, la esencia de la reforma al régimen de consolidación fiscal consiste en que el impuesto diferido por el grupo se pague una vez transcurridos cinco años de consolidación, para tal efecto, se plantea que la sociedad controladora deberá pagar el impuesto del sexto ejercicio fiscal anterior y así sucesivamente cada año.

Cabe señalar que con la propuesta se mantiene el carácter de opcional para el régimen de consolidación fiscal y la característica de que una vez que se opte por el mismo se deberá consolidar por un periodo no menor de cinco años. Asimismo, se continúa con el principio de que transcurrido dicho periodo, en tanto la sociedad controladora no presente, conforme a las disposiciones aplicables, aviso ante el Servicio de Administración Tributaria para desconsolidar, se entiende que el grupo de consolidación continúa voluntariamente en el régimen.

Por otra parte, se propone incorporar como supuesto de desconsolidación que la sociedad controladora no cumpla con su obligación de enterar el impuesto diferido que corresponda.

Se destaca que, a efecto de evitar un doble entero del tributo, la obligación de pago en cada ejercicio fiscal del ISR diferido en el sexto ejercicio fiscal anterior a aquel en el que se deba efectuar el entero será el que no se hubiera pagado al 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior a aquel en el que se deba efectuar el pago. En ese sentido, tratándose del impuesto diferido correspondiente a 2005 en el ejercicio fiscal del 2011 se deberá enterar la primera parcialidad del ISR diferido pendiente de pago al 31 de diciembre de 2010. Con esta mecánica los contribuyentes pagarán lo efectivamente adeudado, reconociendo los pagos del impuesto diferido que entre 2006 y 2010 se hubieran efectuado.

Asimismo, se plantea que el ISR diferido se pague en la fecha en que debe presentarse la declaración del ejercicio inmediato anterior a aquél al que corresponda el pago, actualizando el impuesto diferido desde el mes en que se debió haber pagado de no haberse consolidado en el sexto ejercicio fiscal anterior y hasta la fecha de presentación de la declaración, es decir, tratándose del impuesto del ejercicio fiscal de 2005, que debió enterarse a más tardar en el mes de abril de 2006, éste se actualizará a partir de dicho mes y hasta el mes de abril de 2011, fecha en que se deberá presentar la declaración del ejercicio de 2010.

Por otro lado, se propone aclarar que en el caso de la determinación del ISR sobre los dividendos o utilidades contables que las sociedades que consolidan se hubieran pagado entre sí, dicho impuesto no se incluirá para el cálculo de la actualización antes referida, cuando los contribuyentes opten por pagar ese impuesto diferido aplicando la mecánica vigente en las disposiciones fiscales del ejercicio al que corresponda el pago, en virtud de que, en este caso, los dividendos o utilidades base para el cálculo del impuesto diferido se encuentran ya actualizados.

Adicionalmente, se propone que para el cálculo del impuesto diferido se pueda aplicar la mecánica prevista en la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, en materia de desincoporporación o desconsolidación, con lo cual quedaría sin efectos cualquier disposición administrativa que establezca algún procedimiento que se oponga a lo dispuesto por la ley, o bien, que los contribuyentes puedan optar por un nuevo procedimiento que se plantea incorporar, mismo que prevé un mecanismo más sencillo de cálculo.

Para evitar que los resultados económicos de la mecánica elegida por el contribuyente se distorsionen, se propone establecer que dicha mecánica se mantenga por un plazo mínimo de cinco ejercicios fiscales.

Los conceptos respecto de los cuales los contribuyentes deberán pagar el ISR diferido conforme a la mecánica opcional, con las modificaciones que se proponen, son los siguientes:

El mecanismo opcional que se propone para determinar el impuesto diferido del citado sexto ejercicio fiscal anterior, prevé en resumen lo siguiente:

Se propone que la comparación antes citada, se efectúe con base en los saldos de los registros que para tal efecto se plantea a esa soberanía establecer que deberá llevar la sociedad controladora, a fin de determinar el impuesto diferido con la nueva mecánica.

Asimismo, se prevé que el registro de la cuenta de utilidad fiscal neta tendrá cero como saldo inicial correspondiente al ejercicio fiscal de 2005, pudiendo acumularse los saldos con los movimientos que ocurran a partir de dicho ejercicio. Congruente con el mecanismo de reversión de pérdidas, antes señalado, se somete a consideración de ese Congreso de la Unión que si en la determinación de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada se incorporaron pérdidas fiscales de las sociedades controladas que se revirtieron conforme al párrafo anterior, pagándose el impuesto, éstas se neutralicen al momento de hacer las comparaciones de los registros de utilidades fiscales netas.

Para evitar interpretaciones inadecuadas se plantea que las cuentas de utilidades fiscales netas que se incorporen a los registros citados se determinarán conforme a la mecánica establecida en diversos preceptos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que el objetivo de estos registros es permitir el control y otorgar seguridad en la determinación del impuesto diferido.

Se precisa que podrá acreditarse el impuesto diferido pagado previamente, en la medida en que la base para la determinación del impuesto incluya el resultado que ya se haya considerado en la determinación del impuesto diferido pagado previamente, sin que dicho acreditamiento exceda el impuesto a pagar y sin que dé lugar a devoluciones o compensaciones.

Registros contables

Los registros que, por cada ejercicio fiscal, se plantea a esa soberanía establecer que la sociedad controladora debe llevar, por los ejercicios fiscales por los que se esté obligado a conservar la contabilidad, son los relativos a: (i) el monto total del ISR diferido que se hubiera generado con motivo de la consolidación fiscal; (ii) el monto del ISR diferido enterado; (iii) el saldo del ISR diferido pendiente de enterar; (iv) la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada correspondiente al ISR diferido; (v) la cuenta de utilidad fiscal neta de las sociedades controladas y de la controladora correspondiente al impuesto diferido, y (vi) las pérdidas de las sociedades controladas y de la controladora correspondientes al impuesto diferido.

Es importante destacar que conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto sobre la Renta, se tiene la obligación de conservar los registros especiales de consolidación y demás documentación comprobatoria por todo el periodo en el que la sociedad controladora consolide su resultado fiscal con cada una de sus sociedades controladas, salvo que se obtenga autorización por parte del Servicio de Administración Tributaria, cada diez años, para no conservarla, por lo que la autoridad cuenta con facultades para solicitar tal información, sin importar la antigüedad de la misma, a menos de que se trate de la información que se haya autorizado dejar de conservarla.

Adicionalmente, como parte de las medidas de control, se propone incorporar la obligación de que en el dictamen correspondiente el contador público registrado revise y emita opinión respecto de la determinación del impuesto diferido.

En ese contexto, se propone a ese Congreso de la Unión regular en disposiciones transitorias el pago del impuesto diferido correspondiente a los ejercicios fiscales anteriores al 2005 que se encuentre pendiente de pago al 31 de diciembre de 2009, conforme a lo siguiente:

• Establecer que el ISR a pagar será aquél que se haya diferido desde el inicio de la consolidación de las utilidades y/o pérdidas fiscales de las sociedades que conforman el grupo y hasta el 31 de diciembre de 2004, considerando el impuesto pendiente de pago al 31 de diciembre de 2009.

• Precisar que la reversión de los conceptos que se incorporaron en la determinación del resultado fiscal consolidado o la pérdida fiscal consolidada y que dieron lugar a diferir el ISR, se hará en función de la participación consolidable vigente en el ejercicio inmediato anterior al que se deba realizar el entero del impuesto diferido, lo anterior obedece a que los contribuyentes tienen constantes variaciones en la participación accionaria, por lo que el llevarlos a determinar la participación accionaria del ejercicio en que se aplicó la pérdida, resultaría muy complejo, pudiendo originar datos inexactos, por lo que se considera conveniente utilizar la participación accionaria del último ejercicio anterior al del pago del diferido, además se tiene conocimiento de la información que reportan los contribuyentes, que la participación accionaria tiende a incrementarse, de tal forma que se trate de obtener el mismo impacto económico que se obtuvo en el momento en que se aplicaron dichas pérdidas.

• En el caso de la comparación de los registros de utilidades, se prevé la obligación de comparar las cuentas de utilidades fiscales netas reinvertidas que estuvieron en vigor durante los ejercicios de 1999, 2000 y 2001.

• Se establece que el saldo inicial al 1 de enero de 2005 del registro de las cuentas de utilidad fiscal neta consolidada e individuales, será de cero, en virtud de los cortes de ejercicios que se harán posteriormente, cada cinco años, en la determinación del impuesto diferido de los ejercicios de 2005 y posteriores, evitando la distorsión de los resultados económicos determinados al 31 de diciembre de 2004 respecto de los que se determinen en los siguientes ejercicios; es decir, se asume que la sociedad controladora pagará en su totalidad el impuesto diferido de ejercicios anteriores a 2005, existiendo un corte al 31 de diciembre de 2004.

Dividendos o utilidades contables

A partir de 1992, dentro del entonces artículo 10-A (actualmente artículo 11) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se estableció un mecanismo para determinar el impuesto sobre los dividendos o utilidades contables; es decir, aquéllos que no provenían de la cuenta de utilidad fiscal neta. De tal forma que las empresas que paguen o distribuyan dividendos o utilidades contables pagan el impuesto correspondiente.

El régimen de consolidación fiscal beneficia los flujos de efectivo provenientes del pago de dividendos o distribución de utilidades entre las sociedades que conforman el grupo, permitiendo que no se efectúe el pago del impuesto derivado de los mismos, sino hasta que tales dividendos o utilidades sean distribuidas a personas ajenas al grupo o cuando se enajenen las acciones de una sociedad controlada a personas ajenas al grupo, cuando se disminuya la participación accionaria en una sociedad controlada o cuando se desincorpore una sociedad controlada o se desconsolide el grupo.

En dichas circunstancias, a diferencia de las empresas que no consolidan fiscalmente, el pago del impuesto diferido por los dividendos o utilidades contables se efectúa hasta que ocurran las situaciones mencionadas, de manera que se favorece el flujo de efectivo para el grupo que consolida. Esto se traduce en un ahorro sustancial para el grupo, ya que a pesar de que exista un gasto por concepto del ISR, mismo que registran las sociedades que distribuyen o pagan tales dividendos o utilidades contables, no tienen obligación de erogarlos, precisamente por el beneficio de diferir su pago hasta que ocurran los supuestos señalados.

Lo anterior ha representado un beneficio extraordinario para el grupo de consolidación porque ha permitido el uso de los flujos de efectivo provenientes de tales dividendos para sus actividades productivas, traducido en un financiamiento para el grupo sin ningún costo de interés.

Así, al igual que para el caso del impuesto diferido por la aplicación de pérdidas, se propone a esa soberanía incorporar el mecanismo para el pago del ISR diferido por los dividendos o utilidades contables en cada sexto ejercicio fiscal.

Los mecanismos que se proponen para que la sociedad controladora pague el impuesto diferido por sus sociedades controladas, son los siguientes:

Bases constitucionales de la reforma

Se estima necesario precisar que el nuevo régimen de consolidación fiscal que se propone a ese Congreso de la Unión resulta acorde con lo dispuesto por nuestra Carta Magna, toda vez que

Precisamente, tomando en cuenta lo anterior, de aprobarse la presente iniciativa se plantea que los contribuyentes que se encuentren dentro del periodo obligatorio de cinco años, no tengan la obligación de pagar el impuesto diferido, sino hasta que transcurran los citados cinco ejercicios fiscales.

Además, se estima que, con esta medida, no existiría violación alguna a la garantía de irretroactividad, respecto a los contribuyentes cuyo periodo obligatorio de cinco años ha terminado y continúan tributando de manera consolidada, en virtud de que, una vez transcurrido dicho periodo, la estancia en el régimen es optativa.

Así lo sustentó también el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la referida ejecutoria del amparo en revisión 1037/99, en la que se indica:

De acuerdo con lo anterior, al ser voluntaria la permanencia en el régimen opcional de referencia, una vez transcurrido el periodo de permanencia obligatoria en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los contribuyentes no cuentan con derechos adquiridos respecto a las disposiciones para consolidar sus resultados fiscales, puesto que son ellos mismos quienes deciden permanecer en un régimen sobre el cual el legislador puede realizar modificaciones, contando con la total libertad de dejar de tributar de esta manera y hacerlo conforme al régimen general, lo cual encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 95/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes mencionada.

Por otro lado, se destaca que es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los contribuyentes no cuentan con derechos adquiridos sobre la forma de tributar año con año, ya que el legislador tiene reconocida constitucionalmente la facultad de modificar la forma de tributar. Dicho criterio se contiene en la tesis de jurisprudencia identificada con el número Tesis: 2a./J. 68/2004:

Adicionalmente, se considera que la propuesta de exigir a los contribuyentes enterar el impuesto actualizado no viola la garantía de irretroactividad, en virtud de que, además de que se trata del impuesto diferido que no corresponde a los cinco ejercicios antes mencionados, dicha exigencia únicamente contempla la actualización del impuesto diferido que los contribuyentes no han enterado al fisco federal con motivo de la consolidación, lo que sólo implica traer a valor presente el impuesto diferido.

Bajo este contexto, las modificaciones legales que se proponen a través de esta iniciativa buscan evitar el prolongado diferimiento en el pago del ISR, a través del establecimiento de periodos precisos de pago, con lo que se logra congeniar el régimen opcional y de incentivo que representa la consolidación fiscal con la obligación, prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de contribuir al gasto público.

Por las anteriores consideraciones, se propone reformar los artículos 64, tercer y sexto párrafos; 65, fracción I, cuarto párrafo; 71, décimo primer párrafo, así como adicionar los artículos 65, fracción II, con un segundo párrafo; 68, con un cuarto párrafo, pasando el actual cuarto a ser quinto párrafo; 70-A; 71-A; 72, fracciones I, con los incisos f), g), h), i), j) y k), con un segundo y tercer párrafos de la fracción, pasando los actuales segundo y tercer párrafos a ser cuarto y quinto párrafos y VI; 78, con un segundo, tercer, cuarto y quinto párrafos pasando el actual segundo párrafo a ser sexto párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

4. Donatarias autorizadas

El marco tributario actual no establece un tratamiento homogéneo en cuanto a las obligaciones que deben cumplir las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles para efectos del ISR, toda vez que a quienes se dedican a ciertas actividades por las que pueden obtener el carácter de donataria autorizada no le son aplicables las obligaciones fiscales que tienen las demás donatarias autorizadas, entre ellas, la determinación del equiparable a remanente a que se refiere el artículo 95, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esta situación limita las facultades de control y fiscalización de estas personas morales.

Con el fin de homologar las obligaciones fiscales de todas las donatarias, garantizar mayor certidumbre jurídica respecto de las actividades que pueden realizar las donatarias autorizadas y asegurar la transparencia de la información referente, entre otros, a los recursos públicos que de forma indirecta reciben vía los donativos de los particulares, así como sobre el uso y destino de los mismos, y de esta manera permitir a las autoridades fiscales contar con los elementos suficientes para que ejerzan sus facultades de comprobación, se plantean las siguientes medidas para todas las donatarias autorizadas:

Con base en lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de ese Congreso de la Unión reformar los artículos 31, fracción I, inciso a); 93, sexto párrafo; 95, segundo párrafo; 96, segundo párrafo; 97, fracción III y tercer y quinto párrafos; 101, tercer párrafo; 176, fracción III, inciso a), así como adicionar los artículos 93, con un séptimo párrafo; 96, con una fracción III, y derogar el artículo 101, quinto y sexto párrafos, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que rigen a las donatarias autorizadas.

5. Enajenación de casa habitación

El artículo 109, fracción XV, inciso a) de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, considera como ingresos exentos aquellos percibidos por el contribuyente como consecuencia de la enajenación de su casa habitación, siempre que el monto de la contraprestación obtenida no exceda de un millón quinientas mil unidades de inversión, lo que actualmente representa la cantidad de 6 mdp; así como que la operación sea formalizada ante fedatario público y se trate de la primera enajenación durante el mismo año calendario.

Asimismo, el límite de la exención antes señalado no aplica cuando el enajenante demuestre haber residido en la casa habitación durante un periodo de cinco años anteriores a la fecha en que se efectúa la enajenación del inmueble.

Al respecto, es importante destacar que el objetivo perseguido por la disposición en comento es exentar del ISR el ingreso percibido por el contribuyente, hasta un determinado monto, toda vez que dicho ingreso normalmente se destina a la adquisición de otra casa habitación para sustituir la anterior, por lo que de sujetarse al pago de este impuesto el contribuyente contaría con menores recursos para ello.

No obstante lo anterior, la exención a los ingresos de referencia prevista en la legislación vigente se ha utilizado para aprovechar este beneficio fiscal aun cuando no necesariamente se está enajenando la casa habitación del contribuyente con el fin de adquirir otra, sino cuando se trata de enajenaciones de bienes inmuebles con el ánimo de obtener un lucro derivado de un negocio inmobiliario.

Bajo esta perspectiva, se considera necesario limitar el beneficio fiscal a fin de que éste sea aprovechado sólo por aquellas personas que efectivamente enajenan su casa habitación, sin el ánimo de realizar continúas enajenaciones como parte de un negocio inmobiliario, por lo cual, el Ejecutivo federal a mi cargo somete a consideración de ese Congreso de la Unión que la exención por los ingresos derivados de la enajenación de casa habitación, sea aplicable siempre que durante los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de enajenación de que se trate el contribuyente no hubiera obtenido la exención referida y hasta por el límite que actualmente establece la Ley de una cantidad que no exceda de un millón quinientas mil unidades de inversión.

Asimismo, la propuesta prevé como obligación del fedatario público el informar al Servicio de Administración Tributaria de las enajenaciones de casa habitación que se protocolicen ante él, indicando el monto de la contraprestación y, en su caso, del impuesto retenido.

Adicionalmente, como medida de control, se propone que el enajenante deba manifestar, bajo protesta de decir verdad, que no ha enajenado durante los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de enajenación un inmueble que sea su casa habitación por la que hubiera gozado de la exención y que, además, el fedatario público ante quien se formalice la operación deba consultar al Servicio de Administración Tributaria, a través de la página de Internet de dicho órgano desconcentrado, si el contribuyente no ha obtenido el beneficio fiscal en el mencionado periodo.

Es importante destacar que con base al comportamiento promedio de los residentes en el país, la medida propuesta permitirá enfocar el referido beneficio a aquellas personas que efectivamente enajenan su casa habitación y no otros inmuebles, bajo la consideración de que la persona que cambia de casa habitación cada ejercicio fiscal no destina el bien adquirido a dicho fin, sino a fines de lucro en detrimento del fisco federal.

Con base en lo expuesto, se somete a consideración de ese Congreso de la Unión una reforma a los artículos 109 fracción XV, inciso a) y 154, tercer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

6. Deducibilidad de intereses de créditos hipotecarios

Actualmente, la Ley del Impuesto sobre la Renta prevé la deducibilidad de los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios destinados a casa habitación contratados por las personas físicas con los integrantes del sistema financiero, siempre que el monto de los mismos no exceda de un millón quinientas mil unidades de inversión.

Al respecto, es importante destacar que si bien la finalidad perseguida para el otorgamiento de dicha deducción ha sido apoyar a los contribuyentes personas físicas en la adquisición de un inmueble con el fin de habitar en el mismo, el actual diseño de la deducción puede generar beneficios excesivos, con el consecuente detrimento en la recaudación, toda vez que no se limita a un determinado número de créditos ni de casas habitación, por las que pudieran hacer deducibles dichos intereses.

En tal sentido, el Ejecutivo federal a mi cargo somete a consideración de esa soberanía establecer que la deducción personal de los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios únicamente aplicará tratándose de créditos contratados con los integrantes del sistema financiero destinados a la adquisición de la casa habitación del contribuyente y siempre que el monto total de los mismos no exceda de un millón quinientas mil unidades de inversión.

Es importante señalar que esta modificación no afectaría a la población en general, sino a las personas de altos ingresos que pudieran adquirir más de un inmueble.

Sobre este particular, de acuerdo con información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2006, se observa que el 85 por ciento del gasto en hipotecas se concentra en los hogares del décimo decil de ingresos, mientras que el 92 por ciento corresponde a los tres deciles de ingresos más elevados. Estas cifras son consistentes con la información fiscal sobre la distribución de las deducciones de intereses reales pagados por créditos hipotecarios, de la que se advierte que el 30 por ciento de la población con mayores ingresos acumulables, concentra aproximadamente 80 por ciento de las deducciones por este concepto.

Las modificaciones relativas a la deducción de los intereses reales antes señaladas, así como las relacionadas con la enajenación de casa habitación referida en el numeral 5 de este apartado, contribuyen a precisar el alcance de las disposiciones fiscales para acotar los beneficios a favor de los contribuyentes para los cuales fue originalmente diseñado; cerrando espacios que puedan dar lugar a prácticas de evasión o elusión fiscal.

Por las anteriores consideraciones, en materia de deducibilidad de intereses de créditos hipotecarios se propone reformar el artículo 176, fracción IV, primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

7. Estímulo fiscal a los gastos e inversiones en investigación y desarrollo de tecnología

El artículo 219 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente establece un estímulo fiscal por los gastos e inversiones en proyectos de investigación y desarrollo de tecnología, cuyo monto total a distribuir se incluye en la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente.

Por su parte, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 prevé que en dicho año, el apoyo a los proyectos de investigación y desarrollo de tecnología se asigne conforme lo establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación para ese mismo ejercicio fiscal.

En tal sentido, y toda vez que la mecánica para incentivar la investigación y desarrollo de tecnología establecida a partir de este ejercicio, ha permitido a las empresas obtener directamente recursos presupuestales para financiar sus gastos e inversiones en este rubro, que de otra forma no los hubieran obtenido, pues el esquema del estímulo fiscal requiere que los beneficiarios generen utilidades, el Ejecutivo federal a mi cargo propone a ese Congreso de la Unión la derogación del artículo 219 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Asimismo, a través de una disposición transitoria, se propone establecer que los contribuyentes que fueron beneficiados con el estímulo fiscal en comento, podrán continuar acreditando el monto pendiente de aplicar del estímulo fiscal que les haya sido autorizado en ejercicios anteriores, conforme a las disposiciones aplicables hasta el 31 de diciembre de 2009.

8. Otras medidas

La Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, establece la opción de que las entidades de financiamiento residentes en el extranjero en las que participe en su capital social el gobierno federal paguen el impuesto que se cause por enajenación de acciones o títulos valor a que se refiere el artículo 190 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con base en la ganancia determinada en los términos del sexto párrafo de dicho artículo.

En este sentido, se propone darle permanencia a la aplicación del citado mecanismo con la finalidad de fortalecer las actividades de financiamiento que realizan en México las referidas entidades, a través de la aportación de capital a las empresas mexicanas al permitir que en lugar de aplicar la tasa del 25 por ciento sobre el monto total de la operación y sin deducción alguna, se aplique una tasa del 28 por ciento únicamente sobre la ganancia obtenida por la enajenación de las acciones, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos para tales efectos en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La propuesta anterior otorga mayor certeza jurídica, respecto del tratamiento fiscal aplicado a las operaciones de enajenación de acciones o títulos realizadas por las entidades financieras del extranjero, en cuyo capital social participe el gobierno federal.

Por ello se plantea adicionar un vigésimo quinto párrafo al artículo 190 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Con objeto de dar continuidad al tratamiento fiscal aplicable a los intereses pagados a bancos, se propone a esa soberanía incluir una disposición en la que se prorrogue para el ejercicio fiscal de 2010 el tratamiento aplicable para dichos bancos en el ejercicio fiscal de 2009.

B. Propuestas para 2010 en materia del impuesto a los depósitos en efectivo

A partir de julio de 2008 entró en vigor el IDE, contribución que es auxiliar en el control de la evasión fiscal, toda vez que su finalidad primordial es crear un mecanismo que impulse el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia del ISR y desaliente las medidas de evasión que afecten su pago.

Este impuesto es un gravamen de control del flujo de efectivo, que impacta a quienes obtienen ingresos que no son declarados a las autoridades fiscales, lo que ha permitido ampliar la base de contribuyentes y lograr por tanto una mayor equidad tributaria. Lo anterior se logra sin afectar a los contribuyentes cumplidos, ya que mediante el acreditamiento de este impuesto contra el ISR propio o el retenido a terceros, la compensación contra impuestos federales o incluso por medio de su devolución, se evita que este impuesto represente una mayor carga fiscal para los contribuyentes cumplidos.

Si bien este impuesto no fue concebido como un instrumento recaudatorio, éste ha permitido mejorar la recaudación, tanto al promover un mejor cumplimiento del pago de otros impuestos, como al permitir obtener una recaudación mínima por parte de quienes realizan sus operaciones en la informalidad y que por no cumplir debidamente con sus obligaciones fiscales no pueden recuperar dicho impuesto. En este sentido, el gravamen que se analiza ha contribuido además a mejorar la equidad del sistema tributario.

La experiencia de más de un año de aplicación del impuesto en comento ha sido valiosa. Sin embargo, dado que el mismo evita la afectación de los contribuyentes cumplidos y permite obtener recursos adicionales para financiar el gasto público provenientes de grupos que tradicionalmente han evitado contribuir de acuerdo con su capacidad económica, se considera que su mecanismo de control puede ser fortalecido con el fin de que se cree un mayor incentivo a la formalización de la economía.

1. Tasa y monto de los depósitos exentos

Actualmente la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo prevé que el impuesto establecido en dicho ordenamiento se calcule aplicando una tasa del 2 por ciento al importe total de los depósitos gravados por la misma y considera como sujetos exentos del pago de dicho impuesto a aquellas personas físicas y morales que realicen depósitos en efectivo en sus cuentas, siempre y cuando el monto acumulado de los mismos no exceda de 25 mil pesos en cada mes del ejercicio fiscal, salvo por las adquisiciones en efectivo de cheques de caja.

En ese sentido, el Ejecutivo federal a mi cargo, somete a consideración de ese Congreso de la Unión reducir el umbral mensual de depósitos en efectivo sobre el cual las instituciones del sistema financiero recaudan el impuesto; así como señalar que no estarán obligadas al pago del impuesto respectivo las personas físicas y morales por los depósitos en efectivo que se realicen en sus cuentas hasta por un monto acumulado de 15 mil pesos, en cada mes del ejercicio fiscal.

Asimismo, se propone establecer que el IDE se calcule aplicando una tasa del 3 por ciento al importe total de los depósitos gravados por la misma.

Considerando que la aplicación de este impuesto ha permitido fortalecer la recaudación de otros impuestos, al constituirse como un anticipo en el momento en que el contribuyente tiene la disponibilidad de recursos, en la presente iniciativa se propone efectuar los ajustes en su tasa y nivel de exención, antes mencionados.

Se estima que, en conjunto, estas medidas permitirán obtener 2 mil 565 mdp de recaudación adicional neta, es decir, después de las recuperaciones que efectúen los contribuyentes mediante acreditamientos, compensaciones o devoluciones.

Es de señalar que el límite propuesto para los depósitos exentos es adecuado, toda vez que para los contribuyentes cumplidos, ni la disminución al límite ni el incremento en la tasa representarán una carga tributaria adicional, al poder recuperar el impuesto pagado por medio de los mecanismos de acreditamiento, compensación y devolución, establecidos en la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

Si bien los contribuyentes cumplidos podrían ver afectado en el corto plazo su flujo de efectivo, las medidas que se proponen les permitirán competir en condiciones más equitativas con sus pares del sector informal, para quienes este gravamen sí es un impuesto definitivo.

De tal forma, se considera que el límite propuesto, así como el incremento en la tasa, no afectarán a las personas de menores ingresos, ni a las operaciones que realizan los individuos o las familias para la satisfacción de sus necesidades básicas, no representando tampoco un desincentivo al sistema financiero y, en cambio, sí se fortalecería el incentivo que representa este impuesto para incorporar las actividades económicas informales a la formalidad.

Con base en lo expuesto, se somete a consideración de ese Congreso de la Unión reformar los artículos 2, fracción III, primer párrafo; 3, primer párrafo y 4, fracción I, tercer y cuarto párrafos, de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

2. Exención para depósitos para pagar adeudos

La Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo establece que las personas físicas y las morales no pagarán dicho impuesto por los depósitos en efectivo que se realicen en cuentas propias abiertas con motivo de los créditos que les hayan sido otorgados por las instituciones del sistema financiero, hasta por el monto adeudado a dichas instituciones.

Sin embargo, con la finalidad de continuar consolidando este impuesto como un instrumento de control del flujo de efectivo, auxiliar en el combate a la evasión fiscal, se propone a ese Congreso de la Unión modificar la citada exención para que no aplique en el caso de las personas morales, ni de las personas físicas que realizan actividades empresariales y profesionales, habida cuenta de que se trata de contribuyentes que de conformidad con las diversas leyes fiscales se encuentran obligados a presentar pagos provisionales o definitivos mensuales de impuestos contra los cuales pueden acreditar o compensar el IDE de manera inmediata.

Es importante resaltar que las personas antes mencionadas no se verán afectadas ya que, por un lado, tendrán derecho a la exención por los depósitos en efectivo que se efectúen en sus cuentas hasta por el monto de 15 mil pesos y, por el otro, podrán recuperar mensualmente el IDE que se les retenga por los depósitos que excedan dicho monto, acreditándolo contra el ISR de los pagos provisionales o compensándolo contra otros impuestos o solicitando su devolución.

Asimismo, a efecto de poder verificar que la exención en comento es aplicada únicamente por quienes tienen derecho a ella, se propone establecer la obligación de las personas físicas interesadas de proporcionar a la institución del sistema financiero de que se trate, su clave de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, a efecto de que dicha institución verifique con el Servicio de Administración Tributaria que esas personas físicas no son contribuyentes que tributen en los términos del Título IV, Capítulo II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Por lo anterior, se somete a consideración de ese Congreso de la Unión reformar el artículo 2, fracción VI de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

Adicionalmente, se propone establecer en una disposición transitoria que la reforma propuesta entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2010; así como que los contribuyentes para que les aplique la exención de referencia, deberán proporcionar a la institución del sistema financiero de que se trate, su clave de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, entre el 1 de enero y el 1 de julio de 2010, para que dicha institución verifique con el Servicio de Administración Tributaria si a dichas personas les aplica o no la mencionada exención; en caso de que el contribuyente no proporcione la información se considerará que son contribuyentes que tributan en los términos del Título IV, Capítulo II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y, por lo tanto, no les será aplicable la exención en comento.

3. Procedimiento para el cobro del IDE pendiente de recaudar

La Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo establece que si derivado de la información anual que deben proporcionar las instituciones del sistema financiero respecto del impuesto recaudado y del pendiente de recaudar, se comprueba que existe un saldo a pagar por el contribuyente por concepto del IDE, las autoridades fiscales determinarán el crédito fiscal correspondiente, lo notificarán al contribuyente y le otorgarán el plazo de 10 días hábiles para que manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido este plazo, las autoridades procederán al requerimiento de pago y posterior cobro del mismo, más la actualización y recargos, que se hayan generado desde que la cantidad no pudo ser recaudada y hasta que sea pagada.

Al respecto, el Ejecutivo federal a mi cargo propone modificar el procedimiento antes señalado, a fin de otorgar mayor seguridad jurídica y respetar la garantía de audiencia de los contribuyentes, para así evitar impugnaciones y agilizar e incrementar la recaudación por este concepto.

En tal sentido, se plantea establecer que cuando exista un saldo de IDE pendiente de recaudar, las autoridades fiscales notificarán al contribuyente dicha circunstancia, otorgándole un plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos dicha notificación, para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga y, en su caso, presente los documentos y constancias que desvirtúen la existencia del saldo a cargo.

Asimismo, se propone que en los casos en que el plazo antes mencionado haya transcurrido sin que el contribuyente logre desvirtuar la existencia del saldo a cargo o no haya ejercido el referido derecho, las autoridades procederán a la determinación del crédito fiscal correspondiente, así como al posterior requerimiento de pago y cobro del mismo, más la actualización y recargos correspondientes desde que la cantidad no pudo ser recaudada y hasta que sea pagada.

Con base en lo expuesto, se somete a consideración de ese Congreso de la Unión reformar el artículo 5 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

4. Conceptos de persona moral y sistema financiero

Actualmente, la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo considera como persona moral y sistema financiero, a los que la Ley del Impuesto sobre la Renta considera como tales, así como a las sociedades operadoras de sociedades de inversión y a las sociedades que presten servicios de distribución de acciones de sociedades de inversión.

Con motivo de la publicación de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, en el Diario Oficial de la Federación de fecha 13 de agosto de 2009, se reconoce a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo como parte del sistema financiero mexicano, con el carácter de integrantes del sector social sin ánimo especulativo y reconoce que no son intermediarios financieros con fines de lucro, motivo por el cual resulta innecesario hacer alusión en forma particular a ellas, siendo suficiente referir al ordenamiento legal que las contempla.

Por otra parte, en la publicación antes señalada, se dieron a conocer reformas a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, mediante las cuales se regulan las denominadas Sociedades Financieras Comunitarias y los Organismos de Integración Financiera Rural, a los que se propone incluir como recaudadores del IDE.

Por lo expuesto, se propone modificar la definición del sistema financiero para efectos del IDE, a fin de reflejar lo antes mencionado.

En ese sentido, se plantea reformar los artículos 12, fracción I, y 13, así como adicionar una fracción V al artículo 12 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

Por otra parte, en las disposiciones transitorias de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, se incluyen a las sociedades dedicadas a la captación y colocación de recursos entre sus socios y que se encuentren en proceso de autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar como sociedades cooperativas de ahorro y préstamo o de sujetos que se encuentran en vías para operar en los términos de la referida Ley de Ahorro y Crédito Popular, mismos que realizan operaciones de captación y colocación de recursos monetarios, por ello es necesario incorporar una disposición transitoria, a fin de lograr la completa inclusión, para efectos del IDE, de las sociedades en proceso de regularización y que realizan operaciones de captación y colocación de recursos.

C. Propuestas para 2010 en materia del impuesto al valor agregado

1. Intereses

La Ley del Impuesto al Valor Agregado contempla la exención de este gravamen, entre otros supuestos, a los servicios por los que deriven intereses por créditos otorgados a personas físicas que realicen actividades empresariales, presten servicios personales independientes u otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles, y sean para la adquisición de bienes de inversión para el desarrollo de dichas actividades o se trate de créditos refaccionarios, de habilitación o avío.

Con el fin de asegurar que quienes reciben ese beneficio sean personas registradas para efectos fiscales, se establece como requisito adicional el que estén inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes. Asimismo, aun cuando quienes tributan en el régimen de pequeños contribuyentes realizan actividades empresariales, al tener la opción de aplicar una cuota fija, la que constituye una mecánica distinta de pago a través de la cual se reconoce esta exención, se propone establecer que el mencionado tratamiento no les es aplicable.

2. Comprobantes fiscales

Con motivo del nuevo esquema de comprobantes fiscales que se propone incorporar al Código Fiscal de la Federación en esta iniciativa que presenta el Ejecutivo a mi cargo, en el caso de ser aprobada por esa soberanía, sería necesario ajustar lo dispuesto en la Ley del Impuesto al Valor Agregado para armonizarla con el citado esquema, por lo que se propone eliminar de este ordenamiento, la referencia que se hace de que los comprobantes fiscales deben ser impresos en establecimientos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria.

Por ello, el Ejecutivo a mi cargo propone reformar los artículos 15, fracción X, inciso b), segundo párrafo, y 32, fracción III del ordenamiento de referencia.

D. Propuestas para 2010 en materia de Código Fiscal de la Federación

Por lo que se refiere al Código Fiscal de la Federación, se proponen a ese Congreso de la Unión diversas modificaciones en la mecánica para actualizar las cantidades que el propio Código establece, para dotar a las autoridades fiscales de un procedimiento más ágil en las inspecciones que realizan para comprobar el acatamiento de las obligaciones formales por parte de las personas que cuentan con concesiones o autorizaciones en materia aduanera, así como para verificar que la operación de los sistemas y registros electrónicos se lleve a cabo conforme lo establecen las disposiciones fiscales. Las modificaciones que se proponen consisten en lo siguiente:

1. Mecánica para la actualización de cantidades

Actualmente, las cantidades que se establecen en el Código Fiscal de la Federación, conforme a lo previsto en el artículo 17-A de dicho ordenamiento, se deben actualizar cuando la inflación exceda del 10 por ciento desde el mes en que se actualizaron por última vez; para ello el citado precepto prevé dos elementos, a saber: (i) el periodo sujeto a actualización, y (ii) la forma para determinar el factor de actualización.

El periodo de actualización comprende del mes de enero en el que se actualizó por última vez la cantidad de que se trate, hasta el mes de diciembre del año en que la inflación superó el 10 por ciento. El factor de actualización se obtiene dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del mes inmediato anterior al más reciente del periodo, entre el INPC del mes anterior al más antiguo de dicho periodo, que son noviembre y diciembre, respectivamente. De lo anterior, se desprende que el mes de noviembre anterior al mes más antiguo del periodo de actualización, no será considerado en futuras actualizaciones, siendo que para que la actualización sea la adecuada se debe realizar desde el mes en que se haya llevado a cabo la última actualización.

En ese sentido y para que quede comprendido el mes de noviembre anterior al mes más antiguo del periodo de actualización, se propone modificar tanto el periodo como los meses cuyos INPC se toman en cuenta para la referida actualización. Así, se propone establecer que el periodo comprenda desde el último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización y hasta el último mes del ejercicio en que se superó la inflación del 10 por ciento. Asimismo, que el factor de actualización se obtenga dividiendo el INPC del mes inmediato anterior al más reciente del periodo entre el INPC del mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización, con lo cual no se perderá el referido mes de noviembre en el cálculo para actualizar las cantidades previstas en el ordenamiento en comento.

Igualmente, se considera importante precisar que las cantidades actualizadas conforme a dicho procedimiento entrarán en vigor a partir del 1 de enero del siguiente ejercicio en que la inflación haya superado el 10 por ciento.

Ahora bien, tratándose de cantidades que se incorporen al Código Fiscal de la Federación con posterioridad a la entrada en vigor de la propuesta anterior, en caso de que esa soberanía la apruebe, no existiría uno de los componentes del periodo que se plantea para calcular el factor de actualización, como lo es el INPC del último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización, puesto que no la ha habido, es por ello que se estima conveniente incorporar el supuesto correspondiente, por lo que, a fin de otorgar seguridad jurídica a la mecánica de actualización aplicable, se propone establecer que tratándose de cantidades que se establezcan en el Código Fiscal de la Federación que no hayan sido objeto de una actualización, para llevar a cabo la misma, cuando así proceda, se utilizará el INPC correspondiente al mes de noviembre del ejercicio inmediato anterior a aquel en el que hayan entrado en vigor dichas cantidades.

Adicionalmente, también en materia de actualización, se propone realizar las siguientes adecuaciones a diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación:

Adicionalmente, en la disposición de mérito, se propone sustituir la referencia a la Ley del Impuesto al Activo, la cual ha sido abrogada, por la de la Ley del Impuesto sobre la Renta que establece, en su artículo 9o.-A, el procedimiento para calcular el valor de los activos del contribuyente.

En virtud de las anteriores consideraciones se propone a esa soberanía reformar los artículos 17-A, cuarto, sexto y actual séptimo párrafos; 32-A, fracción I, primer párrafo; 70, cuarto párrafo, 80, fracción II, y 84, fracciones IV y VI, así como adicionar al artículo 17-A un séptimo y noveno párrafos, pasando los actuales séptimo y octavo párrafos a ser octavo y décimo párrafos, del Código Fiscal de la Federación.

2. Domicilio fiscal

Con el propósito de evitar que las personas morales evadan la acción de las autoridades fiscales al no ser ubicadas en su domicilio fiscal, se propone precisar que también constituye su domicilio, el de su representante legal.

Adicionalmente, se propone que el aviso de cambio de domicilio no surta efecto cuando no se acredite materialmente el nuevo domicilio manifestado por el contribuyente con el traslado de la administración principal del negocio.

Para los efectos anteriores, se propone reformar los artículos 10, segundo párrafo y 27, décimo cuarto párrafo, y adicionar el artículo 10, fracción II, con los incisos c) y d), del Código Fiscal de la Federación.

3. Medidas relacionadas con el ejercicio de las facultades de comprobación

Por otra parte, a fin de evitar que cuando las autoridades fiscales hayan iniciado el ejercicio de sus facultades de comprobación, los contribuyentes alteren datos que puedan incidir en el ejercicio fiscal que se está revisando, se propone a esa soberanía especificar que las declaraciones complementarias correspondientes a ejercicios anteriores al revisado no tendrán efectos cuando el contribuyente las presente una vez que las autoridades fiscales hayan iniciado el ejercicio de las referidas facultades.

Asimismo, como una medida que impida que los contribuyentes obstaculicen el ejercicio de facultades de comprobación de las autoridades fiscales, se propone prever que dichas autoridades puedan iniciar el ejercicio de las mismas notificando la diligencia a la persona que se encuentre en el domicilio del contribuyente, sin que sea necesario dejar un citatorio previo ante la ausencia del contribuyente o de su representante legal, lo anterior con la finalidad de poder proceder al aseguramiento de la contabilidad desde la primera diligencia, toda vez que actualmente la autoridad se ha percatado que cuando se deja citatorio para el día siguiente, se realizan actos que tienden a evadir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales como alterar la documentación, esconder parte de la contabilidad o incluso desocupar el domicilio fiscal.

Igualmente, con el propósito de que la autoridad levante en tiempo y forma el acta final de visita, se propone a ese Congreso de la Unión que ante la ausencia del contribuyente visitado o de su representante legal, dicha acta sea levantada con la persona que se encuentre al momento de su cierre, sin que sea necesario dejar un citatorio para que el contribuyente o su representante se presenten al día siguiente o que estos últimos suscriban la misma dándose por enterados del acto, siempre que las circunstancias correspondientes se establezcan en el acta respectiva y se asienten los nombres de las personas con que se haya entendido la diligencia.

Por otra parte, como una medida que permita evitar prácticas dilatorias tendientes a impedir que la autoridad fiscal pueda concluir sus visitas en el tiempo que señalan las disposiciones fiscales para ejercer facultades de comprobación, se propone precisar que los plazos para concluir el ejercicio de dichas facultades se suspenderán, además de los supuestos que se contemplan en la legislación vigente, cuando el contribuyente sujeto a revisión presente el aviso de cambio de domicilio fiscal, y se reanudarán hasta el momento en que la autoridad fiscal competente le notifique al contribuyente el oficio de sustitución de autoridad, lo cual deberá realizarse dentro del mes siguiente a la fecha de presentación del aviso.

En materia de caducidad del ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, en virtud de las prácticas dilatorias señaladas en el párrafo anterior, se propone señalar que éstas se ampliarán hasta por diez años cuando el contribuyente cambie de domicilio fiscal por más de dos ocasiones dentro de un mismo ejercicio fiscal.

Por las anteriores consideraciones, se propone a esa soberanía reformar los artículos 44, fracción II, primer párrafo; 46 fracción VI; 67, segundo párrafo, y adicionar los 32, con un sexto párrafo, pasando los actuales sexto y séptimo a ser séptimo y octavo, y 46-A, con una fracción VII, del Código Fiscal de la Federación.

4. Procedimiento para el cálculo de las unidades de inversión

Derivado de las modificaciones propuestas a esa soberanía para simplificar el cálculo del ISR por los ingresos derivados de intereses y dado que en dicho régimen fiscal se propone que para determinar la base sobre la cual las instituciones que componen el sistema financiero deben calcular la retención correspondiente, lo deben hacer considerando el valor que en unidades de inversión tengan las cuentas e instrumentos que den lugar al pago de intereses, se considera necesario establecer, para estos efectos, el procedimiento a través del cual el Banco de México calcula el valor diario de las unidades de inversión.

Lo anterior resulta importante para dar cumplimiento al principio de legalidad tributaria, ya que bajo el nuevo esquema de intereses que se propone a esa soberanía, la determinación de las unidades de inversión constituye un elemento esencial para el cálculo del referido impuesto, por lo que con el fin de dar certidumbre jurídica a los contribuyentes se considera necesario adicionar un artículo 20-Ter al Código Fiscal de la Federación en el que se precisen los componentes, bases, criterios o reglas que deberán considerarse para determinar el valor de las unidades de inversión.

5. Comprobantes fiscales

Con objeto de establecer medidas de simplificación administrativa que además apoyen la recaudación, se propone fortalecer los mecanismos de comprobación fiscal para obtener certeza de que los ingresos, deducciones y acreditamientos manifestados o aplicados por los contribuyentes son reales y correctos, y con ello procurar evitar la evasión y la defraudación fiscal. Lo anterior obedece a que el esquema actual de comprobación fiscal no ha permitido evitar las diferentes formas de evasión que impactan de manera considerable en la recaudación del erario federal.

Es importante destacar que cuando los contribuyentes realizan alguna operación de compraventa, prestación de servicios u otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, deben emitir comprobantes que amparen dicha operación y, en su caso, para que el comprador o usuario de que se trate pueda darle un efecto fiscal.

En la actualidad, existen tres formas de comprobación fiscal que pueden utilizarse de manera simultánea: (i) el comprobante fiscal en papel, que funciona mediante la impresión de los comprobantes, a través de impresores autorizados por la autoridad, siendo éste el principal mecanismo de comprobación; (ii) el comprobante fiscal digital, mediante un sello digital generado en medios electrónicos por los propios contribuyentes o a través de proveedores autorizados, y (iii) el estado de cuenta bancario como comprobante optativo para soportar erogaciones pagadas con cheque, tarjeta de crédito o de débito o traspaso electrónico entre cuentas bancarias.

Cabe señalar que las principales conductas de evasión fiscal que se tienen identificadas se originan, en su mayoría, tratándose de los comprobantes fiscales emitidos en papel, lo que da lugar a la aplicación de deducciones soportadas con facturas apócrifas o provenientes de operaciones inexistentes, derivadas de la reproducción, falsificación y comercialización ilegal de ese tipo de comprobantes fiscales, lo cual erosiona de manera significativa la base gravable del impuesto y, en muchos casos, origina la solicitud de devoluciones indebidas de impuestos.

Esta situación se ha agudizado por diversas razones, entre las que destaca la insuficiencia de elementos de seguridad en los comprobantes fiscales emitidos en papel, la facilidad de poder acceder a instrumentos tecnológicos (escáner, impresoras, fotocopiadoras, etc.) para su reproducción y falsificación, así como la dificultad con que cuenta la autoridad para controlar y rastrear ese tipo de comprobantes.

Por su parte, el estado de cuenta como comprobante fiscal tiene la problemática de que las entidades financieras aún no incorporan al mismo la clave de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas que enajenan bienes, prestan servicios u otorgan el uso o goce temporal de bienes, o presentan registros inválidos o con errores; además, las autoridades fiscales actualmente no tienen facultades para verificar en las bases de datos de las referidas entidades financieras la autenticidad del estado de cuenta que expidan.

Tratándose de los comprobantes fiscales digitales se ha detectado que los emisores omiten presentar el reporte mensual a que se encuentran obligados, o bien, lo presentan con información inválida o incompleta, situación originada por la falta de sanciones en la legislación actual, lo que conlleva a que la autoridad no tenga forma de verificar los montos y la clave de inscripción en el RFC de los receptores de los comprobantes que se emiten.

Por lo anterior, se plantea instrumentar un nuevo esquema que conlleve el fortalecimiento de los mecanismos de comprobación fiscal a efecto de disminuir la evasión fiscal, al evitar la falsificación y comercialización indebida de comprobantes fiscales, sin dejar de lado la simplificación administrativa que se impulsaría a través de la utilización de las nuevas herramientas tecnológicas, como el Internet.

En consecuencia, las propuestas que se formulan a ese Congreso de la Unión, se concentran en fortalecer los tres esquemas de comprobación fiscal antes mencionados que operarían de manera simultánea mediante nuevos comprobantes fiscales digitales a través de Internet, así como dispositivos de seguridad para los comprobantes en papel, consistentes en una etiqueta con elementos de seguridad y la eliminación de documentos adicionales para la validez del estado de cuenta emitido por las entidades financieras, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo o por las personas morales autorizadas para emitir tarjetas de crédito, de débito o de servicio o monederos electrónicos, como comprobante fiscal, lo que permitirá el control de las operaciones efectuadas por los contribuyentes reduciendo para éstos últimos los costos de facturación en papel, así como el beneficio del resguardo de la información y documentación en caso de que se presente alguna contingencia.

Comprobantes fiscales digitales a través de la página de Internet del SAT

Se propone permitir el empleo de comprobantes fiscales digitales emitidos a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, con las particularidades siguientes:

a) Mecánica

La operación de este tipo de comprobación se asemeja, en su emisión, con el procedimiento que se encuentra actualmente establecido en la legislación para la emisión de comprobantes fiscales a través de medios propios o proveedores de servicios; sin embargo, la variación esencial entre éste y el propuesto, radica en que el contribuyente no tendría que realizar erogaciones para la generación y envío de los comprobantes, pues sería el Servicio de Administración Tributaria quien proporcionaría las aplicaciones gratuitas y los estándares para generar el comprobante digital.

De aprobarse el esquema de mérito, el contribuyente descargará desde el portal de Internet del citado órgano desconcentrado la aplicación gratuita para generar el comprobante digital, siempre y cuando cuente con su firma electrónica avanzada y haya solicitado el certificado para el uso de sellos digitales, con lo cual el contribuyente iniciará el procedimiento que generará el documento digital y enviará al Servicio de Administración Tributaria, por Internet, dicho documento con la información correspondiente para su validación y almacenamiento.

Al momento de recibir el documento digital el Servicio de Administración Tributaria realizará la validación del cumplimiento de los requisitos señalados por el propio Código Fiscal de la Federación y, en su caso, asignará el folio, firmará digitalmente el documento, lo almacenará y lo regresará al contribuyente con folio y firma digital, con lo cual se concluye el procedimiento habiéndose generado y validado el comprobante fiscal digital, para que lo entregue a su cliente.

b) Obligaciones y multas

Se propone establecer como infracción el no enviar al Servicio de Administración Tributaria el comprobante fiscal digital a través de su página de Internet para su validación. Asimismo, se propone incluir la multa correspondiente a dicha infracción.

Comprobantes fiscales en papel

Se propone reforzar el actual esquema de comprobación fiscal en papel por uno que permita la impresión del comprobante por el propio contribuyente o a través de un tercero, con la diferencia de que a éste se le adicionará un dispositivo de seguridad que será proporcionado por proveedores autorizados por las autoridades fiscales, con la finalidad de que los contribuyentes puedan utilizar esta facilidad en las operaciones realizadas hasta por un importe de 2 mil pesos.

a) Mecánica

Para obtener el dispositivo de seguridad el contribuyente deberá ingresar al portal de Internet del Servicio de Administración Tributaria con su firma electrónica avanzada y solicitar los folios de sus comprobantes fiscales. Una vez que dichos folios sean autorizados, el contribuyente acudirá con un proveedor para adquirir los dispositivos de seguridad que estarán personalizados con los datos del contribuyente. Finalmente, el contribuyente adherirá los dispositivos a los comprobantes en papel e informará trimestralmente a la autoridad fiscal el detalle de la utilización de los folios autorizados. Para el caso de que no se presente dicha información, se plantea que no sea procedente la autorización de nuevos folios.

b) Obligaciones y multas

Se propone establecer infracciones para el caso en que el contribuyente no proporcione a la autoridad fiscal la información correspondiente a los comprobantes emitidos con dispositivo de seguridad, así como para el caso en que el proveedor de los dispositivos de seguridad no proporcione a la autoridad fiscal la información correspondiente de los dispositivos de seguridad emitidos.

Estado de cuenta como comprobante fiscal

Se propone incorporar que el estado de cuenta en el que se refleje el pago realizado mediante una tarjeta de servicio también pueda utilizarse como medio de comprobación fiscal sin necesidad de documentación adicional. Asimismo, se propone establecer que los estados de cuenta puedan obtenerse de manera electrónica y tengan los mismos efectos legales que los impresos.

Aunado a lo anterior, se propone establecer que para verificar que los datos contenidos en los estados de cuenta exhibidos por el contribuyente coincidan con los contenidos en las bases de datos de las entidades financieras, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo o de las personas morales que los emitan, éstas tengan la obligación de entregar la información del estado de cuenta a las autoridades fiscales.

a) Mecánica

Este esquema de comprobación fiscal opera de manera similar al actual, esto es, aquellos contribuyentes que adquieran bienes o servicios y paguen mediante cheque, tarjeta de crédito, de servicio o de débito o traspasos electrónicos, podrían utilizar los estados de cuenta proporcionados en papel o archivo electrónico como comprobantes fiscales, siempre que dichos estados de cuenta contengan la clave de inscripción en el RFC del enajenante, la descripción del bien o servicio adquirido, el precio, la fecha de emisión y el desglose de impuestos trasladados.

El contribuyente realizará sus deducciones con base en la documentación anterior y conservará como comprobante el original del estado de cuenta y, en su caso, los documentos que la autoridad le requiera para avalar la información a que se refiere el párrafo anterior.

En caso de alguna revisión por las autoridades fiscales, el contribuyente que expida tales estados de cuenta tendrá la obligación de permitir a los visitadores consultar, a través de medios electrónicos, la información relativa a los estados de cuenta.

b) Obligaciones y multas

Se propone establecer la obligación para las personas morales que emiten estados de cuenta (entidades financieras, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y personas morales que emitan tarjetas de crédito, de débito o de servicio o monederos electrónicos) de proporcionar al Servicio de Administración Tributaria información de los estados de cuenta a efecto de que verifique la autenticidad de los mismos, conforme a las reglas de carácter general que al efecto emita dicho órgano desconcentrado.

Asimismo, se plantea aclarar la obligación para las referidas personas morales de expedir los estados de cuenta en apego a lo previsto en el Código Fiscal de la Federación y en las reglas de carácter general que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria.

Por su parte, se plantea establecer como infracción para las citadas personas morales el que no proporcionen información de los estados de cuenta, así como las multas a que se harían acreedoras.

Beneficios de los tres esquemas de comprobación fiscal

Dentro de los beneficios que se obtendrían con la implementación de estos esquemas se encuentran una considerable disminución en costos administrativos para el contribuyente y la oportunidad de salvaguardar su información y documentación ante cualquier contingencia, como un desastre natural; así como un impacto favorable en la conservación del medio ambiente, derivado de la disminución en el uso de papel.

Por su parte, de aprobarse por ese Congreso de la Unión el esquema de comprobación propuesto por el Ejecutivo federal a mi cargo, la autoridad fiscal contaría con la totalidad de los comprobantes fiscales digitales emitidos en el país, incrementando de esta manera la información confiable de las operaciones realizadas.

Por otra parte, se propone incorporar beneficios adicionales para los contribuyentes que emitan sus comprobantes fiscales de manera digital a través de los medios que el Servicio de Administración Tributaria pone a disposición del contribuyente en su página de Internet, los cuales consisten en la obtención de las devoluciones en un plazo de 20 días hábiles, en sustitución del plazo de 40 días actualmente establecido; así como en la eliminación de la obligación de presentar la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros y, para quienes sean contribuyentes obligados a dictaminar sus estados financieros, la eliminación de la obligación de presentar su declaración anual, siempre y cuando hayan presentado su dictamen.

Dentro de los beneficios que obtendría el contribuyente con el nuevo esquema de comprobantes fiscales en papel está el poder imprimir sus comprobantes fiscales por medios propios o a través de proveedores autorizados, en operaciones menores a 2 mil pesos, cuya validez estará amparada con el número de folio que para esos efectos le emita la autoridad y el dispositivo de seguridad que se adquiera con un proveedor autorizado.

Por su parte, la autoridad fiscal evitará las deducciones improcedentes originadas con la reproducción de comprobantes fiscales emitidos en papel, toda vez que podrá rastrear con mayor facilidad los folios asignados y el dispositivo de seguridad que le hubiera enajenado un proveedor autorizado.

Asimismo, se destaca que con la modificación al esquema de comprobación fiscal a través del estado de cuenta, se tendrían más beneficios pues no se requeriría de documento adicional alguno para la comprobación de las operaciones reflejadas en dichos estados de cuenta.

Secreto fiscal

Como parte del nuevo esquema de comprobación fiscal se plantea establecer la obligación para los contribuyentes que deduzcan o acrediten un comprobante fiscal de verificar en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria la autenticidad de dichos comprobantes.

Por lo anterior, se propone que no opere el secreto fiscal cuando el citado órgano desconcentrado proporcione información al contribuyente que verifique la autenticidad de los comprobantes fiscales que hayan sido expedidos a su nombre a través de su página de Internet.

Presunción de veracidad de la información contenida en los comprobantes fiscales

Se propone otorgar presunción de veracidad a la información contenida en los comprobantes fiscales digitales, en los comprobantes en papel que tengan los dispositivos de seguridad antes mencionados y a la contenida en las bases de datos a las que las personas morales obligadas a expedir estados de cuenta permitan el acceso a la autoridad; lo que permitirá que los procedimientos de fiscalización sean más rápidos y eficientes.

Delitos fiscales

Se propone al Congreso de la Unión tipificar como delitos fiscales la falsificación y reproducción de comprobantes, la comercialización de dichas falsificaciones o reproducciones, así como el dar efectos fiscales a comprobantes apócrifos. Así, se propone

Por las anteriores consideraciones, se propone a esa soberanía reformar los artículos 22, sexto párrafo; 29; 29-A, fracciones II, VIII y IX y segundo y tercer párrafos; 29-C, encabezado del primer párrafo, segundo y actual séptimo párrafos; 32-B, fracción VII; 32-E; 63, primer párrafo; 69, primer párrafo; 81, fracción X; 82, fracción X; 84-G, y 113, encabezado y fracción III, y adicionar los artículos 29-C, con un tercer párrafo, pasando los actuales tercero a séptimo párrafos a ser cuarto a octavo párrafos; 32-E con un segundo párrafo; 63, con un sexto párrafo; 81, con las fracciones XXXII, XXXIII y XXXV; 82, con las fracciones XXXII, XXXIII y XXXV; 84-A, con la fracción X; 84-B, con la fracción X; 84-H; 84-I; 84-J; 84-K; 84-L; 108, séptimo párrafo, con un inciso h); 109, primer párrafo, con las fracciones VI, VII y VIII, y 113-A, del Código Fiscal de la Federación.

Transitorios

Se propone al Congreso de la Unión que la entrada en vigor de las modificaciones al Código Fiscal de la Federación en materia de comprobantes fiscales digitales en línea sea a partir del 1 de julio de 2010 a efecto de que los contribuyentes cuenten con un plazo razonable para la transición e implementación del nuevo esquema.

Adicionalmente, se propone una disposición transitoria que establezca que los comprobantes fiscales impresos por terceros autorizados vigentes, y que reúnan los requisitos del Código de mérito, podrán seguir siendo utilizados hasta agotar su vigencia.

6. Medidas en materia del procedimiento administrativo de ejecución

Como medidas complementarias a las disposiciones que regulan las facultades de las autoridades fiscales para asegurar el pago de los créditos fiscales, se proponen a esa soberanía modificaciones al Código Fiscal de la Federación que permitan a la autoridad contar con mayores y más eficientes herramientas a efecto de lograr mayor presencia recaudatoria.

Al respecto, con el fin de actualizar y hacer extensiva la referencia que se hace en el Código Fiscal de la Federación a las instituciones de crédito, se propone adicionar un artículo a fin de señalar lo que debe entenderse como entidad financiera, el que se considere a las instituciones de crédito, instituciones de seguros que ofrecen seguros de vida, administradoras de fondos para el retiro, uniones de crédito, casas de bolsa, sociedades financieras populares, sociedades de inversión de renta variable, sociedades de inversión en instrumentos de deuda, sociedades operadoras de sociedades de inversión y sociedades que presten servicios de distribución de acciones de sociedades de inversión. Asimismo, se plantea establecer que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo autorizadas para operar en los términos de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo deberán cumplir con todas las obligaciones aplicables a las entidades financieras señaladas.

Con el propósito de delinear la responsabilidad solidaria de los socios o accionistas respecto de las contribuciones causadas con motivo de las actividades realizadas por la sociedad en el tiempo en que tenían tal condición, se propone eliminar las condicionantes que limitan esa responsabilidad únicamente a los casos en que se actualicen determinados supuestos, tales como no solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes o no llevar la contabilidad, con lo cual la responsabilidad de los socios o accionistas que han dejado de serlo, quedaría abierta a cualquier supuesto; igualmente, como complemento de lo anterior, se plantea establecer la mecánica para determinar la participación en que dichos socios o accionistas responderán respecto de las contribuciones causadas cuando los bienes de la sociedad no sean suficientes para garantizar el crédito fiscal, situación que resulta acorde con el pronunciamiento de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 139/2007 emitida bajo el rubro: Socio o accionista responsable solidario del crédito fiscal derivado de la falta de aviso de cambio de domicilio de la sociedad contribuyente. Debe otorgársele garantía de audiencia para que alegue lo que a su interés convenga, tanto de la determinación de su responsabilidad como del procedimiento que culminó con la fijación del referido crédito.

Por otra parte, como una medida que contribuya a hacer más expeditas las facultades de las autoridades fiscales en materia de comprobación y cobro de contribuciones, se propone ampliar sus atribuciones a fin de que, además de obtener información relacionada con los contribuyentes a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, también puedan obtenerla de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, o bien, directamente de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, según corresponda. Tratándose de actos de fiscalización, se plantea establecer la posibilidad de que la autoridad fiscal pueda solicitar directamente a las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, información contenida en el estado de cuenta del contribuyente para efectos de comprobación.

De igual forma, se plantea establecer la infracción y sanción para los casos en que las referidas entidades y sociedades no cumplan con el requerimiento de información correspondiente.

Adicionalmente, a fin de facilitar la determinación y cobro de los créditos fiscales, en los casos en los cuales los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados, se oponen u obstaculizan el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales e imposibilitan con ello que éstas tengan acceso a la contabilidad del contribuyente, se propone incluir como medida de apremio el aseguramiento precautorio de los bienes o la negociación del contribuyente. Asimismo, se propone especificar el alcance al uso de la fuerza pública como medida de apremio.

Por otro lado, se ha observado que los medios de control y vigilancia actualmente previstos en las disposiciones fiscales han sido insuficientes para desmotivar el incumplimiento reiterado en la presentación de declaraciones de contribuciones, aún y cuando hayan mediado para tal efecto diversos requerimientos por parte de las autoridades fiscales y se hayan realizado otras acciones para tales fines como la imposición de multas o el aseguramiento precautorio.

Lo anterior, influye de manera negativa en la recaudación de ingresos federales, lo cual hace imperante la necesidad de crear mecanismos de control y vigilancia que doten a las autoridades fiscales de facultades más efectivas para que los contribuyentes den cumplimiento a sus obligaciones fiscales en materia de presentación de declaraciones, previo al ejercicio de las facultades de fiscalización.

En este contexto, se pone a consideración de ese Congreso de la Unión establecer un procedimiento mediante el cual, a partir del segundo requerimiento de presentación de declaraciones para el pago de contribuciones que se incumpla, las autoridades fiscales estén en posibilidad de cobrar a los contribuyentes o responsables solidarios omisos, una cantidad igual al monto mayor que se hubiera determinado a cargo, en cualquiera de las seis últimas declaraciones de la contribución respectiva.

Cabe destacar que se plantea que la cantidad a pagar será la mayor que se hubiera determinado a cargo en cualquiera de las seis últimas declaraciones de la contribución omitida, a efecto de desmotivar, por un lado, el incumplimiento del contribuyente mediante el cobro de una cantidad superior y, por el otro, para establecer una base objetiva que permita motivar correcta y suficientemente la razón por la cual se escogió en particular una de las seis últimas declaraciones para la determinación de dicho crédito fiscal.

Con objeto de que el procedimiento mencionado sea aplicable también en el caso de incumplimiento en la presentación de declaraciones relacionadas con el entero de contribuciones que tengan el carácter de pago definitivo, como es el caso del IVA, se plantea eliminar las referencias que se hacen en dicho procedimiento a pago provisional o del ejercicio, a fin de no limitarlo a este tipo de declaraciones.

Igualmente, en la propuesta de referencia se precisa que la cantidad determinada por las autoridades fiscales derivada del incumplimiento reiterado de los contribuyentes o responsables solidarios requeridos, tendrá el carácter de crédito fiscal y será susceptible de hacerse efectivo mediante el procedimiento administrativo de ejecución, a partir del tercer día siguiente a aquel en el que se haya notificado el adeudo correspondiente.

A fin de no duplicar ni contravenir el procedimiento que se plantea, en caso de que ese Congreso de la Unión lo apruebe, sería necesario eliminar el supuesto de la falta de presentación de declaraciones de los casos en los que se otorga al deudor del crédito fiscal la posibilidad de realizar el pago del mismo, toda vez que ese supuesto quedaría regulado en su totalidad en el procedimiento indicado en el párrafo anterior.

En concordancia con la propuesta anterior se plantea que el recurso de revocación sólo procederá en contra del citado procedimiento y que en el escrito de interposición podrán hacerse valer agravios contra la resolución determinante del crédito fiscal.

Asimismo, con el objeto de que los contribuyentes incumplidos presenten las declaraciones de pago de sus contribuciones, se propone que éstos no queden liberados del pago del crédito fiscal determinado por el incumplimiento en la presentación de declaraciones, a menos de que presenten su declaración antes de que dicho crédito sea notificado, ya que en caso contrario se procederá a hacer efectivo su cobro mediante el procedimiento administrativo de ejecución, a partir del tercer día siguiente a aquel en el que se haya notificado el adeudo.

Cabe destacar que en el supuesto de que el importe que se deba pagar con la declaración que se omitió presentar, sea menor al determinado por las autoridades fiscales y con el fin de que los contribuyentes no sufran un impacto o perjuicio económico, se plantea permitir recuperar la cantidad pagada mediante su compensación en declaraciones subsecuentes.

Por otra parte, a fin de que la autoridad tributaria esté en posibilidad de obtener en forma adecuada y oportuna la información que le permita planear y programar sus actos de fiscalización, se propone adicionar una infracción para el caso de que no se proporcionen los datos, informes o documentos que sean solicitados y, en congruencia con esta medida establecer la sanción correspondiente.

Adicionalmente, como una medida complementaria para evitar el incumplimiento de las obligaciones a cargo de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo respecto de la inmovilización de los depósitos de sus usuarios cuando la autoridad fiscal así lo solicite, se propone establecer la infracción y la sanción para el caso de que dichas instituciones no efectúen la inmovilización de los fondos, o bien, no informen a la autoridad fiscal sobre esa inmovilización o lo hagan extemporáneamente.

Asimismo, se propone eliminar como supuesto para no exigir garantía adicional a los casos en que en el procedimiento administrativo de ejecución ya se hubieran embargado bienes suficientes para garantizar el interés fiscal o cuando el contribuyente declare bajo protesta de decir verdad que son los únicos que posee, toda vez que queda en la autoridad fiscal la carga de la prueba para demostrar que el contribuyente no cuenta con bienes suficientes para garantizar el crédito fiscal o que los bienes embargados son insuficientes para cubrirlo y se otorga la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución sin que se haya resguardado debidamente el interés del fisco federal demeritándose, a la postre, el cobro de dicho crédito.

Por otro lado a efecto de dar certidumbre jurídica, se propone establecer que el aseguramiento precautorio podrá practicarse hasta por un monto igual a la cantidad que por concepto de adeudos fiscales presuntos haya determinado la autoridad, con lo que no necesariamente será asegurada la totalidad de los bienes del contribuyente, y establecer mecanismos para que en el caso de que el contribuyente considere que se aseguraron bienes en exceso, y compruebe su dicho, se liberen de manera expedita los bienes embargados en demasía.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se propone realizar precisiones en materia de embargo precautorio para que, si bien, el mismo funcione como una medida que permita a las autoridades fiscales realizar las acciones pertinentes para el cobro de los créditos fiscales a cargo de los contribuyentes éste no se efectúe ni los bienes se inmovilicen sin que antes haya una determinación presuntiva, y sin que se impida u obstaculice la operación del contribuyente, por lo que se plantea precisar que los bienes que sean asegurados por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación, pueden quedar en poder del propio contribuyente, quien fungirá como depositario de los mismos conforme a la regulación que al respecto prevé el Código Fiscal de la Federación.

Asimismo, se propone incorporar en el Código Fiscal de la Federación la obligación de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo de inmovilizar, no sólo los depósitos bancarios, sino también otras cuentas de inversiones y valores que tuviera el contribuyente y, congruente con ello, la obligación de la autoridad fiscal de notificar al contribuyente sobre dicha inmovilización en los casos en que el crédito no esté firme.

De igual manera, a fin de dar certeza jurídica a los contribuyentes, se propone precisar el momento en el que los fondos de las cuentas aseguradas, podrán ser transferidos al fisco federal, para lo cual se plantea establecer que las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, contarán con un plazo de tres días para informar a la autoridad fiscal sobre la transferencia efectuada una vez que los créditos fiscales hayan quedado firmes y se notifique la orden correspondiente a la entidad o sociedad que corresponda.

Por lo expuesto, el Ejecutivo federal a mi cargo propone a esa soberanía reformar los artículos 26, fracción X; 32-B, encabezado y fracción IV; 40, encabezado del primer párrafo; 41; 65; 81, encabezado; 82, encabezado; 84-A, encabezado y fracción VII; 84-B, encabezado y fracción VII; 143, segundo párrafo; 145, séptimo párrafo; 151, cuarto párrafo; 155, fracción I, y 156-Bis, así como adicionar los artículos 15-C; 26, fracción X con un segundo párrafo; 32-B, fracción IV con un segundo párrafo; 40, con una fracción IV y con un tercer párrafo, pasando el actual tercer párrafo a ser cuarto párrafo; 81, con la fracción XXXIV; 82, con la fracción XXXIV; 84-A, con las fracciones VIII y IX; 84-B, con las fracciones VIII y IX; 145-A con un tercer párrafo, pasando el actual tercer párrafo a ser cuarto párrafo, y con un quinto y sexto párrafos, y derogar el artículo 144, séptimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación.

7. Delitos fiscales

Uno de los principales problemas que enfrenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante los procesos penales en los que tiene interés es que no se le reconoce la calidad de víctima u ofendido. En ese sentido, resulta indispensable que, en congruencia con criterios jurisprudenciales, se reconozca legalmente que dicha Secretaría actúa como parte en los procesos penales en su carácter de víctima u ofendido por el delito fiscal de que se trate, no revestida de sus facultades de imperio, sino como cualquier particular que ha sufrido en su esfera jurídica la violación del bien jurídico tutelado, por lo que se somete a consideración de ese Congreso de la Unión el establecer en el Código Fiscal Federación claramente ese carácter.

En diversos procesos penales por delitos fiscales, se ha interpretado equívoca e infundadamente que por haberse cubierto el monto de los créditos fiscales respecto de los cuales se inició un proceso penal, se entiende otorgado tácitamente el perdón y, por ende, se decrete el sobreseimiento de los referidos procesos. Sin embargo, el pago espontáneo no es causa automática de extinción de la acción punible del Estado en esta materia, en razón de que a través de los delitos fiscales se ha pretendido sancionar también el engaño y la evasión de las obligaciones fiscales y no exclusivamente sus resultados económicos. La intención es generar una cultura del pago que permita a la hacienda pública contar con los recursos que el Estado requiere para el desarrollo social del país.

Por lo anterior, se propone a esa soberanía señalar en el ordenamiento de mérito que el pago del crédito fiscal no extingue la acción persecutoria del Estado respecto de la conducta típica y que es decisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como víctima de los delitos fiscales, el otorgamiento del perdón o solicitud del sobreseimiento del proceso penal, en su caso.

En materia de reparación del daño y de conformidad con el hoy derogado artículo 94 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad jurisdiccional tenía prohibido imponer sanciones pecuniarias, por lo cual no podía condenar a los sentenciados por un delito fiscal al pago de la misma, sin embargo, los jueces siguen aplicando dicho criterio en aquellos procesos penales en los que el delito que se persigue fue consumado con anterioridad a su derogación. La reparación del daño siempre ha estado reconocida en el Código Penal Federal como sanción y como derecho a favor de la víctima u ofendido del delito y la prohibición que contenía el derogado artículo 94, no puede ser considerada como un derecho adquirido por el delincuente al momento de la comisión de la conducta ilícita, pues la sanción siempre ha estado prevista en la norma general.

En ese sentido, se somete a consideración de ese Congreso de la Unión la inclusión de una disposición en el Código en comento que establezca expresamente la obligación de la autoridad jurisdiccional de condenar a la reparación del daño, así como la forma de calcularla.

En materia de prescripción de la acción penal por delitos fiscales, existe una notable disparidad de criterios emanados de autoridades ministeriales y jurisdiccionales, en cuanto a la aplicación e interpretación del artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, así como de los conceptos y reglas establecidas en dicho precepto. Esa diversidad de interpretaciones se traduce en un margen de opacidad normativa que, ante las consultas de no ejercicio de la acción penal o la negativa de órdenes de aprehensión fundadas en interpretaciones inadecuadas de las reglas de prescripción, dejan impunes conductas delictivas que lastiman sensiblemente al fisco federal y repercuten en la prestación de servicios básicos como salud, educación o seguridad pública.

Por esa razón, se propone a esa soberanía precisar en el ordenamiento de mérito el momento en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público toma conocimiento de los hechos delictivos y del probable responsable, con lo cual se tiene mayor certeza respecto del inicio el cómputo del plazo para la prescripción de los delitos fiscales.

De acuerdo con lo señalado, se somete a consideración de ese Congreso de la Unión reformar el artículo 92, segundo y tercer párrafos, y adicionar los artículos 94 y 100, con un segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación.

8. Facultades de comprobación en materia aduanera y en materia de sistemas y registros electrónicos

En materia aduanera, existen obligaciones a cargo de los particulares a los que se les han otorgado concesiones o autorizaciones, como lo es, por ejemplo, la relativa a que el prestador de los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías cuente con cámaras de circuito cerrado de televisión y que los vehículos con los que se presten dichos servicios reúnan determinadas características.

Asimismo, tratándose de los prestadores del servicio de traslado de las mercancías en tránsito, se exige que estén inscritos en el registro de empresas transportistas de mercancías en tránsito.

Por otra parte, en el nuevo esquema de control que se propone en la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, aplicable a los contribuyentes que realizan juegos con apuestas y sorteos, se impone a los contribuyentes que realizan estas actividades, la obligación de establecer sistemas de cómputo tales como los sistemas central de apuestas en el que se registran y totalizan las transacciones, y de caja y control de efectivo en el que se registran cada una de las cantidades efectivamente percibidas de los participantes.

Por lo anterior, en caso de que la medida señalada en el párrafo anterior fuera aprobada por esa soberanía, sería conveniente contar con un procedimiento de inspección ágil que permita corroborar el cumplimiento de las obligaciones formales mencionadas anteriormente, por lo que se propone establecer que las autoridades aduaneras o fiscales, según se trate, podrán comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones en materia aduanera derivadas de autorizaciones o concesiones y de cualquier padrón o registro establecido en las disposiciones aplicables a dicha materia, o verificar que la operación de los sistemas y registros electrónicos se realice conforme lo establecen las disposiciones fiscales, bajo un procedimiento similar al que hoy en día se establece para verificar el cumplimiento de obligaciones en materia de expedición de comprobantes fiscales.

En este sentido, el Ejecutivo federal a mi cargo propone a ese Congreso de la Unión reformar los artículos 42, fracción V, primer párrafo, y 49, fracción I del ordenamiento en cuestión.

Con base en lo expuesto, por su digno conducto y con fundamento en los artículos 71, fracción I y 72, apartado H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de ese Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales

Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Primero. Se reforman los artículos 11, segundo párrafo; 31, fracciones I, inciso a) y III, sexto párrafo; 50, primer y actual segundo párrafos; 58, primer y el encabezado del actual segundo párrafos y fracción VI; 59; 64, tercer y sexto párrafos; 65, fracción I, cuarto párrafo; 71, décimo primer párrafo; 81, octavo párrafo; 86, fracción VIII, primer párrafo; 93, sexto párrafo; 95, segundo párrafo; 96, segundo párrafo; 97, fracción III y tercer y quinto párrafos; 100; 101, tercer párrafo; 103; 104; 105; 109, fracción XV, inciso a); 113, en su tarifa; 151, quinto párrafo; 154, tercer y cuarto párrafos; 158, segundo, tercer y actuales quinto fracciones II y III, sexto y octavo párrafos; 159; 160; 161; 171, segundo, tercer y sexto párrafos; 172, fracción IV, quinto párrafo; 175, primer párrafo; 176, fracciones III, inciso a) y IV, primer párrafo; 177, en su tarifa; 199, quinto párrafo; 218, encabezado del primer párrafo y fracción II; se adicionan los artículos 50, con un segundo, tercer y cuarto párrafos pasando los actuales segundo, tercer y cuarto párrafos a ser quinto, sexto y séptimo párrafos; 58, con un segundo, tercer, cuarto, quinto y séptimo párrafos pasando el actual segundo párrafo a ser sexto párrafo; 58-A; 58-B; 65, fracción II, con un segundo párrafo; 68, con un cuarto párrafo, pasando el actual cuarto a ser quinto párrafo; 70-A; 71-A; 72, fracciones I, con los incisos f), g), h), i), j) y k), con un segundo y tercer párrafos de la fracción, pasando los actuales segundo y tercer párrafos a ser cuarto y quinto párrafos y VI; 78, con un segundo, tercer, cuarto y quinto párrafos pasando el actual segundo párrafo a ser sexto párrafo; 86, fracción VI, con un segundo párrafo; 93, con un séptimo párrafo; 96, con una fracción III; 103-A; 133, fracción VII, con un segundo párrafo; 158, con un cuarto, quinto y décimo primer a décimo cuarto párrafos, pasando los actuales cuarto a octavo párrafos a ser sexto a décimo párrafos; 190, con un vigésimo quinto párrafo, y se derogan los artículos 101, quinto y sexto párrafos; 175, segundo párrafo, y 219, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

``Artículo 11. ...

Tratándose de las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, para calcular el impuesto que corresponda a dividendos o utilidades distribuidos, en lugar de lo dispuesto en el párrafo anterior, deberán multiplicar los dividendos o utilidades distribuidos por el factor de 1.2658 y considerar la tasa a que se refiere dicho párrafo con la reducción del 25.00 por ciento señalada en el penúltimo párrafo del artículo 81 de esta ley.

...

Artículo 31. ...

...

Artículo 50. Las sociedades de inversión de capitales podrán optar por acumular las ganancias por enajenación de acciones que obtengan, en el ejercicio en el que las distribuyan a sus accionistas.

Tratándose de los intereses y del ajuste anual por inflación acumulables en el ejercicio, las sociedades de inversión de capitales podrán optar por acumular dichos conceptos en el ejercicio en el que los distribuyan a sus accionistas, siempre que en el ejercicio de inicio de operaciones mantengan en promedio invertido cuando menos el 20 por ciento de sus activos en acciones de empresas promovidas, que en el segundo ejercicio de operaciones mantengan en promedio invertido cuando menos el 60 por ciento de sus activos en las acciones señaladas, que en el tercer ejercicio de operaciones mantengan en promedio invertido como mínimo el 70 por ciento de los activos en las acciones referidas y que a partir del cuarto ejercicio de operaciones mantengan en promedio invertido como mínimo el 80 por ciento de los citados activos en acciones de las empresas señaladas. Para los efectos de este párrafo las sociedades de inversión de capitales actualizarán las ganancias por enajenación de acciones y los intereses, desde el mes en el que los obtengan y hasta el mes en el que los distribuyan a sus accionistas.

Las sociedades que ejerzan las opciones mencionadas en los párrafos anteriores deducirán el ajuste anual por inflación deducible, los intereses actualizados, así como las pérdidas actualizadas por enajenación de acciones, en el ejercicio en el que distribuyan la ganancia o los intereses señalados. Los intereses deducibles y la pérdida por enajenación de acciones se actualizarán por el periodo comprendido desde el mes en el que los intereses se hubieren devengado o la pérdida hubiere ocurrido y hasta el último mes del ejercicio en el que se deducirán.

El promedio invertido a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, en cada uno de los dos primeros ejercicios de operaciones, se obtendrá dividiendo la suma de las proporciones diarias invertidas del ejercicio, entre el número de días del ejercicio. A partir del tercer ejercicio de operaciones el promedio invertido se obtendrá dividiendo la suma de las proporciones diarias invertidas en el ejercicio de que se trate y las que correspondan al ejercicio inmediato anterior, entre el total de días que comprendan ambos ejercicios. La proporción diaria invertida se determinará dividiendo el saldo de la inversión en acciones promovidas en el día de que se trate, entre el saldo total de sus activos en el mismo día.

Cuando las sociedades de inversión de capitales que hayan optado por acumular el ingreso en los términos señalados en el primer párrafo de este artículo distribuyan dividendos, en lugar de pagar el impuesto a que se refiere el artículo 11 de esta ley, efectuarán un pago provisional que se calculará aplicando la tasa a que se refiere el artículo 10 de esta ley sobre el monto total distribuido, sin deducción alguna. Dicho impuesto se enterará conjuntamente con el pago provisional correspondiente al mes en el que se distribuyan los dividendos señalados.

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Artículo 58. Las instituciones que componen el sistema financiero, que efectúen pagos por intereses, deberán retener el impuesto sobre la renta el último día del mes de calendario de que se trate, aplicando la tasa establecida en el artículo 10 de esta ley sobre el monto de los intereses reales positivos devengados a favor del contribuyente durante dicho mes. La retención se considerará como pago definitivo del impuesto sobre la renta y se enterará ante las oficinas autorizadas dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en el que se hubiese efectuado la misma. Las personas morales residentes en México deberán considerar la citada retención como pago provisional del impuesto sobre la renta, en tanto que los residentes en el extranjero estarán a lo dispuesto en el artículo 195 de la presente ley por los ingresos por intereses que obtengan de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional.

La retención a que se refiere este artículo, se efectuará sobre los fondos líquidos disponibles que existan en las cuentas o activos financieros del contribuyente de que se trate en el mes por el que se calcula el impuesto. Cuando no existan fondos líquidos disponibles en las cuentas o activos financieros o estos fondos no sean suficientes para efectuar la retención del impuesto sobre la renta, las instituciones integrantes del sistema financiero efectuarán la retención del impuesto pendiente de retención que corresponda de manera inmediata, en el momento en el que por cualquier motivo existan fondos líquidos disponibles en las cuentas o activos financieros.

El impuesto pendiente de retención se actualizará conforme a lo establecido en el artículo 58-B de esta ley, hasta el día en el que se lleve a cabo su pago.

Las cuentas o activos financieros del contribuyente de que se trate no podrán cancelarse, enajenarse o traspasarse a otra institución, sociedad, entidad o persona, cuando no se hubiera pagado en su totalidad el impuesto a que se refiere este artículo por las cuentas o activos financieros que se cancelen, enajenen o traspasen.

Cuando se realice la cancelación, enajenación o traspaso de cuentas o activos financieros, el impuesto sobre la renta se causará en el momento en el que se efectúe dicha cancelación, enajenación o traspaso, por la cantidad cancelada, enajenada o traspasada. Los títulos de crédito o valores que se traspasen se deberán valuar para efectos fiscales por la institución integrante del sistema financiero, sociedad, entidad o persona receptora de los mismos, al valor de mercado que la institución, sociedad, entidad o persona que efectuó el traspaso, valuó los citados títulos o valores.

No se efectuará la retención a que se refiere el primer párrafo de este artículo, tratándose de

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Para los efectos de este capítulo, del Capítulo VI del Título IV y del artículo 103-A de esta ley, se consideran cuentas, entre otras, aquéllas que deriven de depósitos a la vista, depósitos de ahorro, depósitos retirables en días preestablecidos y depósitos a plazo o con previo aviso y se consideran activos financieros, entre otros, los títulos de crédito, valores, operaciones de reporto y préstamos de valores, así como las operaciones financieras derivadas de deuda.

Artículo 58-A. Para los efectos del artículo 58 de la presente ley, las instituciones que componen el sistema financiero, deberán calcular el monto de los intereses reales que se devenguen a favor de los contribuyentes a través de éstas, durante el mes de calendario que corresponda, conforme a lo siguiente:

Para los efectos de este artículo se entenderá como depósito cualquier entrega que represente un abono a la cuenta o activo financiero de que se trate, en dinero o en bienes y se considerará como retiro la entrega en dinero o en bienes que represente un cargo a la cuenta o activo financiero que corresponda.

También se consideran depósitos los recursos obtenidos por la enajenación de títulos de crédito o valores que esta ley considera exentos, así como el cobro de intereses de títulos o valores exentos en los términos de la misma Ley y el monto de los dividendos efectivamente percibidos por el contribuyente.

Se consideran retiros el monto de los recursos destinados a la compra de títulos de crédito o valores cuya enajenación se considere como ingreso exento para el contribuyente.

No se considerarán retiros las comisiones que cobren las instituciones que componen el sistema financiero a los contribuyentes por las cuentas o activos financieros que les administren. Estas comisiones se podrán disminuir del saldo final de la cuenta o activo financiero que las hubiese generado. Para estos efectos, se consideran comisiones las que define como tales el artículo 3, fracción IV de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Tratándose de cuentas denominadas en moneda extranjera, la conversión de los saldos se efectuará considerando el tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera que al efecto publique en el Diario Oficial de la Federación el Banco de México, correspondiente al día en el que se calculen los saldos inicial o final, se efectúen los depósitos o los retiros, se cancelen, enajenen o traspasen las cuentas o activos financieros, según se trate.

Artículo 58-B. Para los efectos de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 58 de esta ley, cuando exista impuesto sobre la renta pendiente de retención, las instituciones que componen el sistema financiero deberán actualizar el monto del referido impuesto que tenga cada uno de sus clientes con dicha institución, al día en el que se lleve a cabo el pago de éste.

El monto del impuesto sobre la renta pendiente de retención se actualizará multiplicando dicho monto por el factor de actualización. El factor de actualización será la multiplicación de los factores diarios de la tasa de interés, desde el día en el que se debió efectuar la retención correspondiente y hasta el día en el que ésta se realice.

El factor diario de la tasa de interés se calculará sumando a la unidad el cociente que resulte de dividir entre trescientos sesenta, la tasa de interés ponderada de fondeo de títulos bancarios que para el día de que se trate publique el Banco de México a través de su página de Internet, multiplicada por el número de días que existan desde el día al que corresponda la tasa y hasta el siguiente día en el que se publique nuevamente dicha tasa.

Cuando la tasa de interés a que se refiere el párrafo anterior no se publique por el Banco de México, se tomará la última tasa publicada durante los días naturales que transcurran hasta que se publique nuevamente dicha tasa de interés.

La tasa de interés ponderada de fondeo de títulos bancarios a que se refiere el presente artículo, es aquélla que se obtiene de sumar el producto resultante de multiplicar el monto de las operaciones con pagarés bancarios, con aceptaciones bancarias y con certificados de depósito, ya sea en directo o en operaciones de reporto, con plazo a vencimiento de un día hábil, realizadas entre instituciones que componen el sistema financiero el día por el cual se calcula la referida tasa, por la tasa de interés de cada una de dichas operaciones. El resultado obtenido, se divide entre la suma del monto total de las referidas operaciones que se hubiesen realizado ese mismo día.

El Servicio de Administración Tributaria podrá emitir reglas de carácter general que simplifiquen la determinación del factor de actualización a que se refiere el presente artículo con base en los índices sobre la tasa de interés ponderada de títulos bancarios publicados por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación.

Por el monto pendiente de retención por concepto de impuesto sobre la renta a que se refiere el presente artículo no se pagará la actualización ni los recargos a que se refiere el Código Fiscal de la Federación, desde el día en el que se debió efectuar la retención correspondiente y hasta el día en el que ésta efectivamente se realice.

Si las instituciones integrantes del sistema financiero realizan la retención del impuesto sobre la renta a que se refiere el primer párrafo del artículo 58 de esta ley, pero no efectúan el entero de dicho impuesto, la institución de que se trate, será responsable por el pago del impuesto, debiendo pagar las actualizaciones y recargos correspondientes conforme al Código Fiscal de la Federación.

Artículo 59. Las instituciones que componen el sistema financiero, tendrán, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, las siguientes:

Artículo 64. ...

Una vez ejercida la opción de consolidación, la sociedad controladora deberá continuar pagando su impuesto sobre el resultado fiscal consolidado por un periodo no menor de cinco ejercicios contados a partir de aquel en el que se empezó a ejercer la opción citada, y hasta en tanto no presente ante el Servicio de Administración Tributaria aviso para desconsolidar, de conformidad con las reglas de carácter general que emita dicho órgano desconcentrado y éste le notifique que dicho aviso cumple con las referidas reglas, o bien, cuando la sociedad controladora deje de cumplir alguno de los requisitos establecidos en este capítulo, o deba desconsolidar en los términos de los artículos 70, cuarto párrafo, o 71, octavo, décimo quinto y décimo sexto párrafos o 70-A, sexto párrafo, de esta ley. El plazo anterior no se reinicia con motivo de una reestructuración corporativa.

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El impuesto sobre la renta que se hubiera diferido con motivo de la consolidación fiscal se enterará, ante las oficinas autorizadas, cuando se enajenen acciones de una sociedad controlada a personas ajenas al grupo, varíe la participación accionaria en una sociedad controlada, se desincorpore una sociedad controlada o se desconsolide el grupo, en los términos de este capítulo. Asimismo, en cada ejercicio fiscal, se deberá enterar ante las oficinas autorizadas, el impuesto diferido a que se refiere el artículo 70-A de esta ley.

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Artículo 65. ...

Artículo 68. ...

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no procederá respecto de las pérdidas fiscales o las pérdidas en enajenación de acciones que se hayan considerado en la determinación y pago del impuesto diferido a que se refiere el artículo 70-A de esta ley.

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Artículo 70-A. Las sociedades controladoras deberán enterar, en cada ejercicio fiscal, el impuesto sobre la renta actualizado que hubieran diferido con motivo de la consolidación fiscal generado en el sexto ejercicio fiscal anterior a aquel en el que se deba efectuar el entero y que no se hubiera pagado al 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior a aquel en el que se deba efectuar el pago.

Para los efectos del párrafo anterior, las sociedades controladoras aplicarán el procedimiento previsto por el artículo 71 de esta ley o podrán optar por lo establecido en el artículo 71-A de la propia Ley. La opción que se elija conforme a este párrafo deberá aplicarse por un plazo mínimo de cinco ejercicios fiscales contados a partir de aquél en el que se empiece a ejercer la opción citada.

El impuesto sobre la renta diferido a pagar será la suma del impuesto determinado conforme a los artículos 71 ó 71-A y 78, párrafos segundo o tercero, de esta ley.

El impuesto diferido que resulte conforme a lo previsto en este artículo, deberá enterarse en la misma fecha en que deba presentarse la declaración de consolidación del ejercicio fiscal inmediato anterior a aquel en el que se deba pagar el impuesto diferido y se actualizará desde el mes en que se debió haber pagado el impuesto de no haber consolidado, correspondiente al sexto ejercicio fiscal anterior a aquel en que se deba pagar el impuesto, y hasta la fecha de presentación de la declaración antes señalada.

Cuando la sociedad controladora haya optado por aplicar lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 78 de esta ley para calcular el impuesto a que se refiere el segundo párrafo del mencionado artículo, dicho impuesto no se incluirá para la actualización prevista en el párrafo anterior.

El impuesto diferido que se determine conforme a los procedimientos señalados en el segundo párrafo de este artículo se deberá enterar conforme a lo siguiente:

Cuando la sociedad controladora no cumpla con su obligación de enterar el impuesto diferido a que se refiere este artículo, deberá desconsolidar a todas sus sociedades controladas y enterar la totalidad del impuesto respectivo como si no hubiera consolidado, incluso aquél que corresponda a la sociedad controladora, con los recargos correspondientes al periodo transcurrido desde la fecha en que se debió haber enterado el impuesto de cada sociedad de no haber consolidado fiscalmente y hasta que el entero se realice, de conformidad con el procedimiento previsto por el artículo 71 de esta ley.

Artículo 71. ...

En el caso en que el grupo deje de cumplir alguno de los requisitos establecidos en este capítulo, así como cuando deba desconsolidar en los términos del artículo 70, cuarto párrafo y del octavo, décimo quinto y décimo sexto párrafos de este artículo, la sociedad controladora deberá enterar el impuesto correspondiente dentro de los cinco meses siguientes a la fecha en que se efectúe la desconsolidación. Tratándose del caso en que el grupo hubiera optado por dejar de determinar su resultado fiscal consolidado, la sociedad controladora enterará el impuesto derivado de la desconsolidación dentro del mes siguiente a la fecha en que el Servicio de Administración Tributaria le notifique que el aviso para dejar de desconsolidar que haya presentado cumple con las reglas de carácter general que al efecto emita dicho órgano, lo cual deberá realizarse dentro de los cuatro meses siguientes a la presentación del aviso o al cumplimiento de los requerimientos que en relación con el mismo formule el citado órgano desconcentrado. En tanto no se realice la notificación señalada, el grupo de que se trate deberá continuar consolidando; en caso de que la autoridad no efectúe la notificación del comunicado referido dentro del plazo de cuatro meses, se tendrá por aceptado el aviso de desconsolidación.

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Artículo 71-A. La sociedad controladora que haya optado por el procedimiento previsto por este artículo para determinar el impuesto diferido a que se refiere el artículo 70-A de esta ley, estará a lo siguiente:

El impuesto diferido determinado y pagado en cada sexto ejercicio fiscal que resulte de las comparaciones de los saldos de los registros de las cuentas de utilidad fiscal neta podrá acreditarse contra aquél que se determine, por el mismo concepto, en el ejercicio inmediato siguiente a aquel en que se haya determinado su pago, hasta por el monto del impuesto determinado en ese ejercicio, en la medida en que la base sobre la que se calcula el impuesto diferido incluya aquélla sobre la que se haya pagado el impuesto en el ejercicio o ejercicios anteriores.

El resultado que se obtenga de aplicar lo dispuesto en las fracciones anteriores se sumará y se adicionará al impuesto que resulte en los términos del artículo 78 de esta ley.

Artículo 72. ...

La sociedad controladora que no cumpla con la obligación a que se refiere esta fracción deberá desconsolidar a todas sus sociedades controladas en los términos del artículo 71 de esta ley y enterar la totalidad del impuesto sobre la renta diferido, incluso aquel que corresponda a la sociedad controladora, pendiente de pago por todo el periodo en que se consolidó el resultado fiscal, con los recargos calculados por el periodo transcurrido desde el mes en que se debió haber efectuado el pago del impuesto de cada ejercicio de no haber consolidado en los términos de este capítulo y hasta que el mismo se realice.

Artículo 78. ...

El impuesto por los dividendos o utilidades que las sociedades que consolidan se hubieran pagado entre sí en el sexto ejercicio fiscal anterior a aquel en el que se deba efectuar el pago, y que no se hubiera pagado al 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior a aquel en el que se deba efectuar el pago del impuesto diferido de conformidad con el artículo 70-A de esta ley, se calculará conforme a lo dispuesto por las disposiciones fiscales vigentes en el ejercicio fiscal en que dichos dividendos fueron pagados o dichas utilidades fueron distribuidas.

La sociedad controladora podrá optar por calcular el pago del impuesto sobre la renta diferido por los dividendos o utilidades a que se refiere el párrafo anterior, conforme a lo dispuesto por las disposiciones fiscales vigentes en el ejercicio fiscal en que se deba efectuar el pago del impuesto diferido. Para tal efecto, los dividendos o utilidades se actualizarán desde el mes en que se pagaron o distribuyeron y hasta el mes en que deba pagarse el impuesto diferido de conformidad con el artículo 70-A de esta ley.

La opción que se elija conforme a los dos párrafos anteriores deberá aplicarse por un plazo mínimo de cinco ejercicios fiscales, contados a partir de aquel en que se empiece a ejercer la citada opción.

Una vez pagado el impuesto diferido a que se refiere este artículo, el saldo del registro de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada a que se refiere la fracción II del artículo 71-A de esta ley, se incrementará con el monto de los dividendos o utilidades de que se trate.

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Artículo 81. ...

Los contribuyentes de este capítulo que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, reducirán el impuesto determinado conforme a la fracción II de este artículo en un 25.00 por ciento.

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Artículo 86. ...

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Artículo 93. ...

En el caso de que las personas morales a que se refiere este título enajenen bienes distintos de su activo fijo o presten servicios a personas distintas de sus miembros o socios, deberán determinar el impuesto que corresponda a la utilidad por los ingresos derivados de las actividades mencionadas, en los términos del Título II de esta ley, a la tasa prevista en el artículo 10 de la misma, siempre que dichos ingresos excedan del 5 por ciento de los ingresos totales de la persona moral en el ejercicio de que se trate.

Las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles de impuestos podrán obtener ingresos por actividades distintas a los fines para las que fueron autorizadas para recibir dichos donativos, siempre que no excedan del 10 por ciento de sus ingresos totales en el ejercicio de que se trate. No se consideran ingresos por actividades distintas a los referidos fines los que reciban por donativos; apoyos o estímulos proporcionados por la Federación, las entidades federativas, o municipios; enajenación de bienes de su activo fijo o intangible; cuotas de sus integrantes; intereses; derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual; arrendamiento, o rendimientos obtenidos de acciones u otros títulos de crédito, colocados entre el gran público inversionista en los términos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria. En el caso de que sus ingresos no relacionados con los fines para los que fueron autorizadas para recibir dichos donativos excedan del límite señalado, las citadas personas morales deberán determinar el impuesto que corresponda a dicho excedente, de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior.

Artículo 95. ...

Las personas morales a que se refieren las fracciones V, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX de este artículo, las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles de impuestos, así como las sociedades de inversión a que se refiere este Título, considerarán remanente distribuible, aun cuando no lo hayan entregado en efectivo o en bienes a sus integrantes o socios, el importe de las omisiones de ingresos o las compras no realizadas e indebidamente registradas; las erogaciones que efectúen y no sean deducibles en los términos del Título IV de esta ley, salvo cuando dicha circunstancia se deba a que éstas no reúnen los requisitos de la fracción IV del artículo 172 de la misma; los préstamos que hagan a sus socios o integrantes, o a los cónyuges, ascendientes o descendientes en línea recta de dichos socios o integrantes salvo en el caso de préstamos a los socios o integrantes de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a que se refiere la fracción XIII de este artículo. Tratándose de préstamos que en los términos de este párrafo se consideren remanente distribuible, su importe se disminuirá de los remanentes distribuibles que la persona moral distribuya a sus socios o integrantes.

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Artículo 96. ...

Los requisitos a los que se refieren las fracciones I y II de este artículo, deberán constar en la escritura constitutiva de la persona moral de que se trate con el carácter de irrevocable.

Artículo 97. ...

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En todos los casos, las donatarias autorizadas deberán cumplir con los requisitos de control administrativo y de transparencia, que al efecto establezcan el Reglamento de esta ley y las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.

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Para los efectos del párrafo anterior, tratándose de las personas a las que se refieren los artículos 95, fracciones VI y XII, 96 y 99 de esta ley, salvo las instituciones de asistencia o de beneficencia autorizadas por las leyes de la materia, a las que se les revoque o no se les renueve la autorización, a partir de que surta sus efectos la notificación de la resolución correspondiente y con motivo de ésta, podrán entregar donativos a donatarias autorizadas sin que les sea aplicable el límite establecido por el artículo 31, fracción I, último párrafo de esta ley durante el ejercicio en el que se les revoque o no se les renueve la autorización.

Artículo 100. Para los efectos de los artículos 93 y 103 de esta ley, las sociedades de inversión de renta variable que distribuyan dividendos percibidos de otras sociedades deberán llevar una cuenta de dividendos netos.

La cuenta a que se refiere este artículo se integrará con los dividendos percibidos de otras personas morales residentes en México y se disminuirá con el importe de los dividendos pagados a sus accionistas, provenientes de dicha cuenta. Para los efectos de este artículo, no se incluirán los dividendos en acciones o los reinvertidos en la suscripción o aumento de capital de la misma persona que los distribuye, dentro de los treinta días siguientes a su distribución. El saldo de la cuenta prevista en este artículo se actualizará en los términos del artículo 88 de esta ley.

Las sociedades de inversión de renta variable a que se refiere la Ley de Sociedades de Inversión que en el ejercicio fiscal perciban dividendos por su cartera accionaria, deberán calcular el monto del dividendo que les corresponda a sus accionistas, de acuerdo a su inversión, conforme a lo siguiente:

Las sociedades de inversión de renta variable que hayan percibido dividendos deberán proporcionar información sobre los mismos a sus accionistas personas físicas, determinando el monto de los dividendos acumulables y el impuesto sobre la renta acreditable para cada accionista persona física, conforme se establece en el primer párrafo del artículo 165 de esta ley, en la proporción que corresponda a cada uno de sus accionistas personas físicas. Dicha información se consignará en la constancia a que se refiere el artículo antes citado.

Artículo 101. ...

Las personas a que se refieren las fracciones V a XIX del artículo 95 de esta ley, así como las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles de impuestos y las sociedades de inversión a que se refiere este Título, presentarán declaración anual en la que informarán a las autoridades fiscales de los ingresos obtenidos y de las erogaciones efectuadas. Dicha declaración deberá presentarse a más tardar el día 15 de febrero de cada año.

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Quinto párrafo. (Se deroga).

Sexto párrafo. (Se deroga).

Artículo 103. Las sociedades de inversión en instrumentos de deuda y las sociedades de inversión de renta variable, a que se refiere la Ley de Sociedades de Inversión, no serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y sus accionistas aplicarán a los rendimientos de estas sociedades el régimen que les corresponda de acuerdo a la presente ley a sus componentes de intereses, dividendos y de ganancia por enajenación de acciones.

Las sociedades de inversión referidas en el párrafo anterior, calcularán el rendimiento de sus accionistas en el ejercicio fiscal de que se trate, a partir de una asignación diaria por accionista de los ingresos gravables devengados a favor de la sociedad de que se trate.

Las sociedades de inversión a las que se refiere este artículo deberán retener y enterar el impuesto sobre la renta correspondiente a sus accionistas, conforme se establece en el primer párrafo del artículo 58 de esta ley, observando para ello lo dispuesto en el artículo 103-A de este ordenamiento. Las personas que paguen intereses a dichas sociedades quedarán relevadas de efectuar la retención a que se refiere el citado artículo 58.

Las sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión podrán acreditar a favor de los accionistas personas físicas de las sociedades de inversión a que se refiere este artículo, el crédito fiscal que se determine conforme al artículo 159 de esta ley, en los términos de dicha disposición.

Artículo 103-A. Para los efectos del artículo 103 de esta ley, las sociedades de inversión en instrumentos de deuda y las sociedades de inversión de renta variable, a que se refiere la Ley de Sociedades de Inversión, calcularán la retención sobre los intereses reales gravados devengados diarios de sus accionistas, conforme a lo siguiente:

Para los efectos de este artículo, se entenderá como depósito cualquier entrega que represente un abono a la cartera de instrumentos de deuda que estén gravados correspondiente a cada tipo de contribuyente, en dinero o en bienes y se considerará como retiro la entrega en dinero o en bie-nes que represente un cargo a la citada cartera.

Para determinar el valor final a que se refiere este artículo, se deberá considerar el saldo al final de cada día de los activos financieros y de las cuentas, así como de los intereses devengados no cobrados por la sociedad de inversión de que se trate. Los títulos de crédito y valores, colocados entre el gran público inversionista, deberán valuarse al final de cada día a precios de mercado en los casos en los que para los mismos exista un mercado secundario reconocido o a su valor de adquisición cuando no exista dicho mercado.

Los intereses devengados deberán incluir tanto los cobrados por la sociedad de inversión como la variación en la valuación diaria de los instrumentos de deuda, que no hayan sido incluidos como intereses devengados de días anteriores.

No se considerarán como retiros las comisiones que cobren las sociedades de inversión a sus accionistas personas físicas, personas morales y residentes en el extranjero, por la cartera de inversión de instrumentos de deuda que estén gravados para cada tipo de contribuyente. Estas comisiones podrán disminuirse del valor al final de cada día del portafolio de inversión de instrumentos de deuda gravados por tipo de contribuyente, calculado conforme a la fracción IV de este artículo. Para estos efectos, se consideran comisiones las que define como tales el artículo 3, fracción IV de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Tratándose de la cartera en instrumentos de deuda denominada en moneda extranjera, la conversión de los valores inicial y final de dicha cartera se efectuará considerando el tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera que al efecto publique en el Diario Oficial de la Federación el Banco de México, correspondiente al día en el que se calculen dichos valores, se efectúen los depósitos o los retiros o se enajenen las acciones de la sociedad de inversión de que se trate.

Artículo 104. Las sociedades de inversión de deuda y las sociedades de inversión de renta variable, además de calcular los intereses reales devengados diarios, conforme se establece en el artículo 103-A de esta ley, determinarán la ganancia por la enajenación de su cartera accionaria gravada y la variación en la valuación de dicha cartera, netas de gastos, conforme a lo siguiente:

Las personas físicas y los residentes en el extranjero, estarán exentos por los ingresos derivados de la ganancia por la enajenación de la cartera accionaria y la variación en la valuación de dicha cartera, de la sociedad de inversión de que se trate, siempre que las citadas acciones sean de aquéllas por cuya enajenación se encuentre exenta conforme a lo señalado por los artículos 109, fracción XXVI y 190, décimo tercer párrafo de esta ley, respectivamente. En este caso no serán deducibles los gastos administrativos derivados de la enajenación o valuación de la cartera accionaria que se considere exenta para efectos de esta ley.

Las sociedades de inversión a que se refiere el primer párrafo de este artículo deberán proporcionar a cada uno de sus accionistas, una constancia en la que se señale el monto de los ingresos que les corresponden derivados de la ganancia por la enajenación de acciones de la cartera accionaria gravada, así como por la variación en la valuación de dicha cartera al último día del ejercicio de que se trate o al día en el que el contribuyente hubiese realizado la enajenación de las acciones de la sociedad de inversión de que se trate, el más reciente.

Las personas físicas y morales, deberán considerar como ingresos acumulables el monto determinado conforme a la fracción VI de este artículo. Tratándose de residentes en el extranjero la sociedad de inversión de que se trate deberá efectuar la retención del impuesto sobre la renta conforme se señala en el artículo 190 de esta ley.

Las sociedades operadoras de las sociedades de inversión y las sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, serán responsables solidarios por las omisiones en el pago del impuesto sobre la renta en que pudieran incurrir los accionistas de dichas sociedades, cuando la información contenida en las constancias a las que se refiere este artículo sea incorrecta o incompleta.

La mecánica establecida en este artículo, será aplicable para cualquier otro tipo de ingreso que obtengan las sociedades de inversión de deuda o las sociedades de inversión de renta variable, distintos a intereses, dividendos o ganancias por enajenación de acciones.

Artículo 105. Las sociedades de inversión en instrumentos de deuda y las sociedades de inversión de renta variable a que se refiere el artículo 103 de esta ley, a través de las sociedades distribuidoras de sus acciones, deberán proporcionar mensualmente a los accionistas de la sociedad de inversión de que se trate, el estado de cuenta con la información que se señala en la fracción I del artículo 59 de esta ley. Las sociedades operadoras de las sociedades de inversión y las sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, serán responsables solidarios por las omisiones en el pago de impuestos en que pudieran incurrir los accionistas de dichas sociedades, cuando la información contenida en los estados de cuenta de que se trate sea incorrecta o incompleta.

Artículo 109. ...

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Artículo 113. ...

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Artículo 133. ...

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Artículo 151. ...

Tratándose de acciones, el costo promedio por acción se calculará conforme a lo dispuesto por el artículo 24 de esta ley; en el caso de enajenación de acciones de sociedades de inversión a que se refiere el artículo 103 del citado ordenamiento, se estará a lo dispuesto por dicho precepto.

Artículo 154. ...

En operaciones consignadas en escrituras públicas, el pago provisional se hará mediante declaración que se presentará dentro de los quince días siguientes a aquel en que se firme la escritura o minuta. Los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios, que por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el impuesto bajo su responsabilidad y lo enterarán en las oficinas autorizadas; así mismo deberán proporcionar al contribuyente que efectúe la operación correspondiente, conforme a las reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria, la información relativa a la determinación de dicho cálculo. Dichos fedatarios, en el mes de febrero de cada año, deberán presentar ante las oficinas autorizadas, la información que al efecto establezca el Código Fiscal de la Federación respecto de las operaciones realizadas en el ejercicio inmediato anterior.

Tratándose de la enajenación de otros bienes, el pago provisional será por el monto que resulte de aplicar la tasa del 20 por ciento sobre el monto total de la operación, y será retenido por el adquirente si éste es residente en el país o residente en el extranjero con establecimiento permanente en México, excepto en los casos en los que el enajenante manifieste por escrito al adquirente que efectuará un pago provisional menor y siempre que se cumpla con los requisitos que señale el Reglamento de esta ley. En el caso de que el adquirente no sea residente en el país o sea residente en el extranjero sin establecimiento permanente en México, el enajenante enterará el impuesto correspondiente mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los quince días siguientes a aquel en que se obtenga el ingreso. Tratándose de la enajenación de acciones de las sociedades de inversión a que se refiere el artículo 103 de esta ley, se estará a lo dispuesto en dicho precepto. En el caso de enajenación de acciones a través de la Bolsa Mexicana de Valores concesionada en los términos de la Ley del Mercado de Valores, se estará a lo dispuesto en el artículo 60 de esta ley.

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Artículo 158. ...

Se dará el tratamiento de interés a los pagos efectuados por las instituciones de seguros a los asegurados o a sus beneficiarios, por los retiros parciales o totales que realicen dichas personas de las primas pagadas o de los rendimientos de éstas, antes de que ocurra el riesgo o el evento amparado en la póliza, así como a los pagos que efectúen a los asegurados o a sus beneficiarios en el caso de seguros cuyo riesgo amparado sea la supervivencia del asegurado cuando en este último caso no se cumplan los requisitos de la fracción XVII del artículo 109 de esta ley. En estos casos para determinar el impuesto se estará a lo siguiente:

De la prima pagada se disminuirá la parte que corresponda a la cobertura del seguro de riesgo de fallecimiento y a otros accesorios que no generen valor de rescate, todos ellos valuados en unidades de inversión, el resultado que se obtenga se considerará como aportación de inversión en unidades de inversión. Para determinar la prima pagada, la cobertura del seguro de riesgo de fallecimiento y los accesorios que no generan valor de rescate, en unidades de inversión, el monto de dichos conceptos se deberá dividir, entre el valor de la unidad de inversión del día en el que se pagó la prima que corresponda.

De la suma del valor de rescate y de los dividendos a que tenga derecho el asegurado o sus beneficiarios, valuados en unidades de inversión, se disminuirá la suma de las aportaciones de inversión en unidades de inversión. El valor de rescate y los dividendos, en unidades de inversión, se determinarán dividiendo el monto de dichos conceptos, entre el valor de la unidad de inversión del día en el que se efectúe el retiro que corresponda.

El interés real se determinará multiplicando el resultado obtenido conforme al párrafo anterior, por el valor de la unidad de inversión del día en el que se realice el retiro de que se trate.

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El contribuyente deberá pagar el impuesto sobre el interés real aplicando la tasa a que se refiere el artículo 10 de esta ley. El impuesto que resulte conforme a este párrafo se retendrá y enterará por parte de las instituciones de seguros y tendrá el carácter de pago definitivo del impuesto sobre la renta, en los términos del artículo 58 de esta ley.

...

Para los efectos del párrafo anterior, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro calcularán para cada uno de sus inversionistas, el interés real devengado proveniente de la subcuenta de aportaciones voluntarias o de la subcuenta de aportaciones complementarias, según corresponda, conforme a lo siguiente:

Para determinar el saldo de la subcuenta de las aportaciones voluntarias y complementarias, según corresponda, se deberá considerar el saldo de los activos financieros y de las cuentas, así como de los intereses devengados no cobrados por la sociedad de inversión especializada de fondos para el retiro de que se trate. Los títulos de crédito y valores, colocados entre el gran público inversionista, deberán valuarse al final de cada día a precios de mercado en los casos en los que para los mismos exista un mercado secundario reconocido o a su valor de adquisición cuando no exista dicho mercado.

Los intereses devengados deberán incluir tanto los cobrados por la sociedad de inversión especializada de fondos para el retiro como la variación en la valuación diaria de los instrumentos de deuda, que no hayan sido incluidos como intereses devengados de días anteriores.

Para los efectos de este artículo se entenderá como depósito cualquier entrega que represente un abono a la subcuenta de aportaciones en dinero o en bienes y se considerará como retiro la entrega en dinero o en bienes que represente un cargo a dichas subcuentas.

No se considerarán como retiros las comisiones que cobren las administradoras de fondos para el retiro por las subcuentas de aportaciones voluntarias o complementarias. Estas comisiones se podrán disminuir de los retiros efectuados en dichas subcuentas.

Artículo 159. Se consideran intereses reales, el monto determinado conforme a la fracción V del artículo 58-A de esta ley.

Cuando el monto de los intereses reales sea negativo, éste podrá considerarse como pérdida. Esta pérdida multiplicada por la tasa establecida en el artículo 10 de esta ley dará lugar a un crédito fiscal que las instituciones que componen el sistema financiero podrán acreditar contra las retenciones que deban efectuarse al contribuyente de que se trate conforme al primer párrafo del artículo 58 de la misma ley. La parte del crédito fiscal que no se hubiese podido acreditar en el ejercicio, se podrá aplicar, en los diez ejercicios siguientes hasta agotarla, actualizada conforme al artículo 58-B de esta ley.

Artículo 160. Las instituciones que componen el sistema financiero, están obligadas a retener y enterar el impuesto aplicando la tasa establecida en el artículo 10 de esta ley, conforme a las disposiciones previstas por el artículo 58 de la misma ley.

Tratándose de intereses pagados por sociedades que no se consideren integrantes del sistema financiero en los términos de esta ley y que deriven de títulos valor que no sean colocados entre el gran público inversionista a través de bolsas de valores autorizadas o en mercados de amplia bursatilidad, la retención se efectuará a la tasa señalada en el artículo 10 de esta ley sobre el monto de los intereses reales positivos devengados a favor del contribuyente a la fecha en la que éstos se paguen.

Las retenciones efectuadas en los términos del párrafo anterior tendrán el carácter de pago definitivo del impuesto sobre la renta. Para estos efectos, las sociedades a que se refiere dicho párrafo determinarán el impuesto sobre la renta pendiente de retención que se hubiera causado al último día del mes calendario de que se trate, actualizado conforme al artículo 58-B de esta ley. El monto de los intereses reales se determinará conforme al artículo 58-A de este ordenamiento.

Artículo 161. Quienes obtengan los ingresos a que se refiere este capítulo, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, tendrán las siguientes:

Quienes paguen los intereses a que se refiere este capítulo, aun cuando no sean instituciones integrantes del sistema financiero, deberán proporcionar a las personas a las que paguen intereses la información a que se refiere la fracción I del artículo 59 de esta ley.

Artículo 171. ...

Las casas de bolsa o las instituciones de crédito que intervengan en las operaciones financieras derivadas de capital a que se refiere el artículo 16-A del Código Fiscal de la Federación o, en su defecto, las personas que efectúen los pagos a que se refiere este artículo, deberán retener como pago provisional el monto que se obtenga de aplicar la tasa del 25 por ciento sobre la ganancia acumulable que resulte de las operaciones efectuadas durante el mes, disminuidas de las pérdidas deducibles, en su caso, de las demás operaciones realizadas durante el mes por la persona física con la misma institución o persona. Estas instituciones o personas deberán proporcionar al contribuyente constancia de la retención efectuada y enterarán el impuesto retenido mensualmente, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en el que se efectuó la retención, de conformidad con el artículo 113 de esta ley. Tratándose de operaciones financieras derivadas de deuda la retención del impuesto sobre la renta se deberá efectuar conforme al primer párrafo del artículo 58 de esta ley, pudiendo acreditarse, en su caso, el crédito fiscal a que se refiere el artículo 159 de la presente ley.

Cuando existan pérdidas en las operaciones financieras derivadas de capital a las que se refiere el párrafo anterior, éstas podrán ser disminuidas de las ganancias en los meses siguientes que le queden al ejercicio, sin actualización, hasta agotarlas, siempre que no hayan sido disminuidas anteriormente.

...

Las ganancias que obtenga el contribuyente en operaciones financieras derivadas de capital deberán acumularse en su declaración anual, pudiendo disminuirlas con las pérdidas generadas en dichas operaciones por el ejercicio que corresponda y hasta por el importe de las ganancias. Contra el impuesto que resulte a su cargo podrán acreditar el impuesto que se les hubiera retenido en el ejercicio. Lo dispuesto en este párrafo también será aplicable respecto de las operaciones financieras a que se refiere el artículo 23 de esta ley, excepto tratándose de aquéllas operaciones financieras derivadas de deuda por las que se hubiese efectuado la retención conforme al primer párrafo del artículo 58 de esta ley.

Artículo 172. ...

...

Artículo 175. Las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario, a excepción de los exentos y de aquéllos por los que se haya pagado impuesto definitivo, están obligadas a pagar su impuesto anual mediante declaración que presentarán en el mes de abril del año siguiente, ante las oficinas autorizadas. Tratándose de los contribuyentes que emitan sus comprobantes fiscales digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria y se encuentren obligados a dictaminar sus estados financieros o hayan optado por hacerlo conforme a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, la declaración a que se refiere este párrafo se entenderá presentada cuando presenten el dictamen correspondiente en los plazos establecidos por el citado código.

Segundo párrafo. (Se deroga).

...

Artículo 176. ...

...

Artículo 177. ...

...

Artículo 190. ...

Las entidades de financiamiento residentes en el extranjero en las que participe en su capital social el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el Banco de México, podrán pagar el impuesto sobre la renta que se cause por la enajenación de acciones o títulos valor a que se refiere este artículo, con base en la ganancia determinada en los términos del sexto párrafo de este artículo, siempre que se cumpla con lo previsto en este precepto.

Artículo 199. ...

En el caso de operaciones financieras derivadas de deuda, liquidables en efectivo, el impuesto se calculará aplicando a la ganancia obtenida en dichas operaciones, sin actualización alguna, la tasa que corresponda de acuerdo con el segundo párrafo de este artículo al beneficiario efectivo de la operación.

...

Artículo 218. Los contribuyentes a que se refiere el Título IV de esta ley, que efectúen depósitos en las cuentas personales especiales para el ahorro, realicen pagos de primas de contratos de seguro que tengan como base planes de pensiones relacionados con la edad, jubilación o retiro que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante disposiciones de carácter general, o bien, adquieran acciones de las sociedades de inversión que sean identificables en los términos que también señale el referido órgano desconcentrado mediante disposiciones de carácter general, podrán restar el importe de dichos depósitos, pagos o adquisiciones, de la cantidad a la que se le aplicaría la tarifa del artículo 177 de esta ley de no haber efectuado las operaciones mencionadas, correspondiente al ejercicio en el que éstos se efectuaron o al ejercicio inmediato anterior, cuando se efectúen antes de que se presente la declaración respectiva, de conformidad con las reglas que a continuación se señalan:

...

Tratándose de intereses derivados de la cuenta personal especial para el ahorro, del contrato de seguro o de la sociedad de inversión de la que se hayan adquirido las acciones, la institución de que se trate deberá realizar la retención a la que se refiere el primer párrafo del artículo 58 de esta ley.

...

Artículo 219. (Se deroga).''

Disposiciones de vigencia temporal de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Segundo. Para los efectos de lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, se aplicarán las disposiciones siguientes:

Disposición de vigencia anual de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Tercero. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción I, inciso a), numeral 2, del artículo 195 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, durante el ejercicio fiscal de 2010, los intereses a que hace referencia dicha disposición podrán estar sujetos a una tasa del 4.9 por ciento, siempre que el beneficiario efectivo de esos intereses sea residente de un país con el que se encuentre en vigor un tratado para evitar la doble tributación celebrado con México y se cumplan con los requisitos previstos en dicho tratado para aplicar las tasas que en el mismo se prevean para este tipo de intereses.

Disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Cuarto. En relación con las modificaciones a que se refiere el artículo primero de este decreto, se estará a lo siguiente:

Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo

Artículo Quinto. Se reforman los artículos 2, fracciones III, primer párrafo y VI; 3, primer párrafo; 4, fracción I, tercer y cuarto párrafos; 5; 12, fracción I, y 13, y se adiciona el artículo 12, con una fracción V, de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, para quedar como sigue:

``Artículo 2. ...

Artículo 3. El impuesto a los depósitos en efectivo se calculará aplicando la tasa del 3 por ciento al importe total de los depósitos gravados por esta ley.

...

Artículo 4. ...

...

Artículo 5. Si de la información a que se refiere la fracción VII del artículo 4 de esta ley, se comprueba que existe un saldo a pagar de impuesto a los depósitos en efectivo por parte del contribuyente, las autoridades fiscales notificarán al contribuyente dicha circunstancia, otorgándole un plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos dicha notificación, para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga y, en su caso, presente los documentos y constancias que desvirtúen la existencia del saldo a cargo.

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, cuando el contribuyente no logre desvirtuar la existencia del saldo a cargo por concepto de impuesto a los depósitos en efectivo o no haya ejercido el derecho a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad determinará el crédito fiscal correspondiente y realizará el requerimiento de pago y cobro del mismo, más la actualización y recargos que correspondan desde que la cantidad no pudo ser recaudada y hasta que sea pagada.

Artículo 12. ...

Artículo 13. También se encontrarán obligadas al pago del impuesto establecido en esta ley, las personas físicas y morales respecto de todos los depósitos en efectivo que se realicen en cuentas que tengan abiertas a su nombre en cualquier institución, independientemente de la razón o denominación social que adopte, que tenga por objeto realizar operaciones de ahorro y préstamo con sus socios o accionistas o captar fondos o recursos monetarios de sus socios o accionistas para su colocación entre éstos, las cuales deberán cumplir con todas las obligaciones a que se refiere la presente ley.''

Disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo

Artículo Sexto. En relación con las modificaciones a que se refiere el artículo quinto de este decreto, se estará a lo siguiente:

Ley del Impuesto al Valor Agregado

Artículo Séptimo. Se reforman los artículos 15, fracción X, inciso b) segundo párrafo, y 32, fracción III, tercer párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

``Artículo 15. ...

...

Artículo 32. ...

...''

Disposición transitoria de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Artículo Octavo. En relación con las modificaciones a que se refiere el artículo séptimo de este decreto, se estará a lo siguiente:

I. Las reformas a los artículos 15, fracción X, inciso b), segundo párrafo, y 32, fracción III, tercer párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, entrarán en vigor a partir del 1 de julio de 2010.

II. Para los efectos del artículo 15, fracción X, inciso b), segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente a partir del 1 de julio de 2010, las personas físicas a que se refiere dicho precepto deberán proporcionar a la institución del sistema financiero de que se trate, entre el 1 de enero y el 1 de julio de 2010, su clave de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, a efecto de que dichas instituciones verifiquen con el Servicio de Administración Tributaria que las citadas personas físicas se encuentran inscritas en el citado registro y que no son contribuyentes que optaron por pagar el impuesto al valor agregado en los términos del artículo 2o.-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Cuando las personas físicas no proporcionen su clave de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes en los términos del párrafo anterior, se presumirá que no están inscritas en dicho registro o que optaron por pagar el impuesto al valor agregado en los términos del artículo 2o.-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Código Fiscal de la Federación

Artículo Noveno. Se reforman los artículos 10, segundo párrafo; 17-A, cuarto, sexto y actual séptimo párrafos; 22, sexto párrafo; 26, fracción X; 27, décimo cuarto párrafo; 29; 29-A, fracciones II, VIII y IX, y segundo y tercer párrafos; 29-C, encabezado del primer párrafo, segundo y actual séptimo párrafos; 32-A, fracción I, primer párrafo; 32-B, encabezado y fracciones IV y VII; 32-E; 40, encabezado del primer párrafo; 41; 42, fracción V, primer párrafo; 44, fracción II, primer párrafo; 46, fracción VI; 49, fracción I; 63, primer párrafo; 65; 67, segundo párrafo; 69, primer párrafo; 70, cuarto párrafo; 80, fracción II; 81 encabezado y fracción X; 82 encabezado y fracción X; 84, fracciones IV y VI; 84-A, encabezado y fracción VII; 84-B, encabezado y fracción VII; 84-G; 84-H; 92, segundo y tercer párrafos; 113, encabezado y fracción III; 143 segundo párrafo; 145, séptimo párrafo; 151, cuarto párrafo; 155, fracción I, y 156-Bis; se adicionan los artículos 10, fracción II, con los incisos c) y d); 15-C; 17-A con un séptimo y noveno párrafos, pasando los actuales séptimo y octavo párrafos a ser octavo y décimo párrafos; 20-Ter; 26, fracción X con un segundo párrafo; 29-C con un tercer párrafo, pasando los actuales tercer a séptimo párrafos, a ser cuarto a octavo párrafos; 32, con un sexto párrafo, pasando los actuales sexto y séptimo a ser séptimo y octavo; 32-B, fracción IV con un segundo párrafo; 32-E con un segundo párrafo; 40, con una fracción IV, y con un tercer párrafo, pasando el actual tercer párrafo a ser cuarto párrafo; 46-A, con una fracción VII; 63, con un sexto párrafo; 81, con las fracciones XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV; 82, con las fracciones XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV; 84-A, con las fracciones VIII, IX y X; 84-B, con las fracciones VIII, IX y X; 84-I; 84-J; 84-K; 84-L; 94; 100, con un segundo párrafo; 108, séptimo párrafo, con un inciso h); 109, primer párrafo con las fracciones VI, VII y VIII; 113-A, y 145-A, con un tercer párrafo, pasando el actual tercer párrafo a ser cuarto párrafo, y con un quinto y sexto párrafos, y se deroga el artículo 144, séptimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

``Artículo 10. ...

...

Cuando los contribuyentes no hayan designado un domicilio fiscal estando obligados a ello, o hubieran designado como domicilio fiscal un lugar distinto al que les corresponda de acuerdo con lo dispuesto en este mismo precepto o cuando hayan manifestado un domicilio ficticio, las autoridades fiscales podrán practicar diligencias en cualquier lugar en el que realicen sus actividades o en el lugar que conforme a este artículo se considere su domicilio, indistintamente. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el décimo cuarto párrafo del artículo 27 del presente código.

Artículo 15-C. Para los efectos de este código, se entenderá como entidad financiera a las instituciones de crédito, instituciones de seguros que ofrecen seguros de vida, administradoras de fondos para el retiro, uniones de crédito, casas de bolsa, sociedades financieras populares, sociedades de inversión en renta variable, sociedades de inversión en instrumentos de deuda, sociedades operadoras de sociedades de inversión y sociedades que presten servicios de distribución de acciones de sociedades de inversión.

Para ser consideradas como entidades financieras, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo autorizadas para operar en los términos de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo deberán cumplir con todas las obligaciones aplicables a las entidades financieras señaladas en el párrafo anterior.

Artículo 17-A. ...

Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. El monto de ésta, determinado en los pagos provisionales, definitivos y del ejercicio, no será deducible ni acreditable.

...

Las cantidades en moneda nacional que se establezcan en este código, se actualizarán cuando el incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor desde el mes en que se actualizaron por última vez, exceda del 10 por ciento. Dicha actualización entrará en vigor a partir del 1 de enero del siguiente ejercicio a aquel en el que se haya dado dicho incremento. Para la actualización mencionada se considerará el periodo comprendido desde el último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización y hasta el último mes del ejercicio en el que se exceda el porcentaje citado. Para estos efectos, el factor de actualización se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior al más reciente del periodo entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización.

Tratándose de cantidades que se establezcan en este código que no hayan estado sujetas a una actualización en los términos del párrafo anterior, para llevar a cabo su actualización, cuando así proceda en los términos de dicho párrafo, se utilizará el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de noviembre del ejercicio inmediato anterior a aquel en el que hayan entrado en vigor.

Para determinar el monto de las cantidades a que se refieren los párrafos sexto y séptimo de este artículo, se considerarán, inclusive, las fracciones de peso; no obstante lo anterior, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata superior.

El Servicio de Administración Tributaria realizará las operaciones aritméticas previstas en este artículo y publicará el factor de actualización así como las cantidades actualizadas en el Diario Oficial de la Federación.

...

Artículo 20-Ter. El Banco de México publicará en el Diario Oficial de la Federación el valor en moneda nacional de la unidad de inversión, para cada día. A más tardar el día 10 de cada mes el Banco de México deberá publicar el valor de la unidad de inversión correspondiente a los días 11 a 25 de dicho mes y a más tardar el día 25 de cada mes publicará el valor correspondiente a los días 26 de ese mes al 10 del mes inmediato siguiente.

El valor de la unidad de inversión se calculará conforme a lo siguiente:

Artículo 22. ...

Cuando se solicite la devolución, ésta deberá efectuarse dentro del plazo de cuarenta días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente con todos los datos, incluyendo para el caso de depósito en cuenta, los datos de la institución integrante del sistema financiero y el número de cuenta para transferencias electrónicas del contribuyente en dicha institución financiera debidamente integrado de conformidad con las disposiciones del Banco de México, así como los demás informes y documentos que señale el Reglamento de este código; tratándose de contribuyentes que dictaminen sus estados financieros por contador público autorizado en los términos del artículo 32-A de este código, el plazo para que las autoridades fiscales efectúen la devolución será de veinticinco días; cuando el contribuyente emita sus comprobantes fiscales digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, el plazo para que las autoridades fiscales realicen la devolución será de veinte días. Las autoridades fiscales, para verificar la procedencia de la devolución, podrán requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de veinte días posteriores a la presentación de la solicitud de devolución, los datos, informes o documentos adicionales que considere necesarios y que estén relacionados con la misma. Para tal efecto, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo máximo de veinte días cumpla con lo solicitado, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. Las autoridades fiscales sólo podrán efectuar un nuevo requerimiento, dentro de los diez días siguientes a la fecha en la que se haya cumplido el primer requerimiento, cuando se refiera a datos, informes o documentos que hayan sido aportados por el contribuyente al atender dicho requerimiento. Para el cumplimiento del segundo requerimiento, el contribuyente contará con un plazo de diez días y le será aplicable el apercibimiento a que se refiere este párrafo. Cuando la autoridad requiera al contribuyente los datos, informes o documentos, antes señalados, el periodo transcurrido entre la fecha en que se hubiera notificado el requerimiento de los mismos y la fecha en que éstos sean proporcionados en su totalidad por el contribuyente, no se computará en la determinación de los plazos para la devolución antes mencionados.

...

Artículo 26. ...

...

Artículo 27. ...

La solicitud o los avisos a que se refiere el primer párrafo de este artículo que se presenten en forma extemporánea, surtirán sus efectos a partir de la fecha en que sean presentados. Las autoridades fiscales podrán verificar la existencia y localización del domicilio fiscal manifestado por el contribuyente en el aviso respectivo a efecto de acreditar materialmente dicho cambio de domicilio con el traslado de la administración principal del negocio. El aviso no surtirá efectos cuando en el nuevo domicilio manifestado por el contribuyente no se le localice o cuando el mismo no exista.

...

Artículo 29. Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes por las actividades que se realicen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Los comprobantes fiscales digitales deberán contener el sello digital del contribuyente que lo expida, el cual deberá estar amparado por un certificado expedido por el referido órgano desconcentrado, cuyo titular sea la persona física o moral que expida los comprobantes. Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce, o usen servicios deberán solicitar el comprobante fiscal digital respectivo.

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, deberán cumplir además con las obligaciones siguientes:

Los contribuyentes que deduzcan o acrediten fiscalmente con base en los comprobantes fiscales digitales, incluso cuando dichos comprobantes consten en documento impreso, para comprobar su autenticidad, deberán consultar en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria si el número de folio que ampara el comprobante fiscal digital fue autorizado al emisor y si el certificado que ampare el sello digital se encuentra registrado en dicho órgano desconcentrado y no ha sido cancelado.

Los contribuyentes que mediante reglas de carácter general determine el Servicio de Administración Tributaria podrán emitir sus comprobantes fiscales digitales por medios propios o a través de proveedores de servicios, cumpliendo con los requisitos que al efecto establezca ese órgano desconcentrado.

Tratándose de operaciones cuyo monto no exceda de $2,000.00, los contribuyentes podrán emitir sus comprobantes fiscales en forma impresa por medios propios o a través de terceros, siempre y cuando reúnan los requisitos que se precisan en el artículo 29-A de este código, con excepción del previsto en las fracciones II y IX del citado precepto.

Para emitir los comprobantes fiscales a que se refiere el párrafo anterior, los contribuyentes deberán solicitar la asignación de folios al Servicio de Administración Tributaria a través de su página de Internet, y cumplir con los requisitos que al efecto se establezcan mediante reglas de carácter general.

Los contribuyentes deberán proporcionar trimestralmente al Servicio de Administración Tributaria a través de medios electrónicos, la información correspondiente a los comprobantes fiscales que hayan expedido con los folios asignados conforme al párrafo anterior. El Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general establecerá las especificaciones para cumplir con lo previsto en este párrafo. De no proporcionar la información señalada en este párrafo, no se autorizarán nuevos folios.

Para poder deducir o acreditar fiscalmente con base en los comprobantes a que se refiere el quinto párrafo de este artículo, quien los utilice deberá cerciorarse de que el nombre, denominación o razón social y clave de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de quien aparece en los mismos son los correctos, así como comprobar la autenticidad del dispositivo de seguridad y la correspondencia con los datos del emisor del comprobante, en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.

Los proveedores de los dispositivos de seguridad a que se refiere la fracción VIII del artículo 29-A de este código deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria la información relativa a las operaciones con sus clientes en los términos que fije dicho órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general.

Los contribuyentes con local fijo están obligados a registrar el valor de los actos o actividades que realicen con el público en general, así como a expedir los comprobantes respectivos conforme a lo dispuesto en este código, su reglamento y en las reglas de carácter general que para esos efectos emita el Servicio de Administración Tributaria. Cuando el adquirente de los bienes o el usuario del servicio solicite comprobante que reúna los requisitos para efectuar deducciones o acreditamientos de contribuciones, deberán expedir dichos comprobantes además de los señalados en este párrafo.

Los comprobantes que se expidan conforme a este artículo deberán señalar en forma expresa si el pago de la contraprestación que ampara se hace en una sola exhibición o en parcialidades. Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, en el comprobante que al efecto se expida se deberá indicar el importe total de la operación y, cuando así proceda en términos de las disposiciones fiscales, el monto de los impuestos que se trasladan, desglosados por tasas de impuesto. Si la contraprestación se paga en parcialidades, en el comprobante se deberá indicar, además del importe total de la operación, que el pago se realizará en parcialidades y, en su caso, el monto de la parcialidad que se cubre en ese momento y el monto que por concepto de impuestos se trasladan en dicha parcialidad, desglosados por tasas de impuesto.

Cuando el pago de la contraprestación se haga en parcialidades, los contribuyentes deberán expedir un comprobante por cada una de esas parcialidades, el cual deberá contener los requisitos previstos en las fracciones I, II, III, IV y, en su caso, VIII tratándose de comprobantes impresos o IX en el caso de comprobantes fiscales digitales, del artículo 29-A de este código, anotando el importe y número de la parcialidad que ampara, la forma como se realizó el pago, el monto de los impuestos trasladados, desglosados por tasas de impuesto cuando así proceda y, en su caso, el número y fecha del comprobante que se hubiese expedido por el valor total de la operación de que se trate.

Cuando los comprobantes no reúnan algún requisito de los establecidos en este artículo o en el artículo 29-A de este código no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente.

Para los efectos de este artículo, se entiende por pago el acto por virtud del cual el deudor cumple o extingue bajo cualquier título alguna obligación.

Artículo 29-A. ...

Los dispositivos de seguridad referidos en la fracción VIII de este artículo que no hubieran sido utilizados por el contribuyente en un plazo de dos años contados a partir de la fecha en que se hubieran adquirido, deberán destruirse y los contribuyentes deberán dar aviso de ello al Servicio de Administración Tributaria, en los términos que éste establezca mediante reglas de carácter general.

Los contribuyentes que realicen operaciones con el público en general, respecto de dichas operaciones deberán expedir comprobantes simplificados en los términos que señale el Servicio de Administración Tributaria en reglas de carácter general que para estos efectos emita. Dichos contribuyentes quedarán liberados de esta obligación cuando las operaciones con el público en general se realicen con un monedero electrónico que reúna los requisitos de control que para tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

Artículo 29-C. En las transacciones de adquisiciones de bienes, del uso o goce temporal de bienes, o de la prestación de servicios en que se realice el pago mediante cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario, mediante traspasos de cuenta en entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, tarjeta de crédito, de débito o de servicio o mediante monedero electrónico, podrá utilizar como medio de comprobación para los efectos de las deducciones o acreditamientos autorizados en las leyes fiscales, el original del estado de cuenta de quien realice el pago citado, siempre que se cumpla lo siguiente:

...

El original del estado de cuenta que se expida en términos del primer párrafo de este artículo deberá contener la clave de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de quien enajene los bienes, otorgue su uso o goce, o preste el servicio. En caso de que el estado de cuenta señale los datos a que se refiere la fracción II de este artículo, no será necesario contar con el documento a que se refiere la citada fracción.

Se presumirá que el estado de cuenta es original cuando el mismo sea exhibido de forma impresa, o bien de manera electrónica.

...

Ante el incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en este artículo, o bien, en el caso de que los datos contenidos en los estados de cuenta no correspondan con la información de los estados de cuenta proporcionados por las entidades financieras, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo o las personas morales autorizadas para emitir tarjetas de crédito, de débito o de servicio o monederos electrónicos que emitan los citados estados de cuenta, los mismos no serán considerados como comprobantes fiscales para los efectos de las deducciones o acreditamientos autorizados en las leyes fiscales.

Artículo 32. ...

Para los efectos de este artículo, una vez que las autoridades fiscales hayan iniciado el ejercicio de sus facultades de comprobación no tendrán efectos las declaraciones complementarias de ejercicios anteriores que presenten los contribuyentes revisados cuando éstas tengan alguna repercusión en el ejercicio que se esté revisando.

Artículo 32-A. ...

...

Artículo 32-B. Las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo tendrán las obligaciones siguientes:

...

...

Artículo 32-E. Las personas morales autorizadas para emitir tarjetas de crédito, de débito o de servicio o monederos electrónicos, deberán expedir los estados de cuenta, en términos de las disposiciones aplicables, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 29-C de este código, y en las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.

En aquellos casos en los que las autoridades fiscales hayan iniciado el ejercicio de sus facultades de comprobación respecto de un contribuyente, éstas podrán optar por solicitar directamente a las entidades financieras, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y las personas morales que emitan tarjetas de crédito, de débito o de servicio o monederos electrónicos, la información contenida en el estado de cuenta, siempre que dichas autoridades cuenten con la denominación de la institución o persona moral y especifique el número de cuenta y el nombre del cuentahabiente o usuario, para el efecto de verificar la información contenida en los mismos, de conformidad con las disposiciones aplicables.

El envío de la información señalada en el párrafo anterior será a través de los medios que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante disposiciones de carácter general.

Artículo 40. Cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, se opongan u obstaculicen el inicio o desarrollo del ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales, éstas podrán aplicar como medidas de apremio, indistintamente, las siguientes:

...

...

El apoyo a que se refiere el párrafo anterior consistirá en efectuar las acciones necesarias para que las autoridades fiscales ingresen al domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos, lugares en donde se almacenen mercancías y en general cualquier local o establecimiento que se utilicen para el desempeño de las actividades de los contribuyentes, para estar en posibilidad de iniciar el acto de fiscalización o continuar el mismo; así como en brindar la seguridad necesaria a los visitadores.

...

Artículo 41. Cuando las personas obligadas a presentar declaraciones, avisos y demás documentos no lo hagan dentro de los plazos señalados en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales exigirán la presentación del documento respectivo ante las oficinas correspondientes, procediendo de la siguiente forma:

En caso del incumplimiento a dos o más requerimientos respecto de la misma obligación, se pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad competente, para que se proceda por desobediencia a mandato legítimo de autoridad competente.

Artículo 42. ...

...

Artículo 44. ...

...

Artículo 46. ...

VI. Si en el cierre del acta final de la visita no estuviere presente el visitado o su representante legal, el acta final se levantará ante quien estuviere presente en el lugar visitado; en ese momento cualquiera de los visitadores que haya intervenido en la visita, el visitado o la persona con quien se entiende la diligencia y los testigos firmarán el acta de la que se dejará copia al visitado. Si el visitado, la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos no comparecen a firmar el acta, se niegan a firmarla, o el visitado o la persona con quien se entendió la diligencia se niegan a aceptar copia del acta, dicha circunstancia se asentará en la propia acta sin que esto afecte la validez y valor probatorio de la misma.

Artículo 46-A. ...

...

Artículo 49. ...

...

Artículo 63. Los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en este código o en las leyes fiscales, o bien que consten en los expedientes, documentos o bases de datos que lleven, tengan acceso o en su poder las autoridades fiscales, así como aquéllos proporcionados por otras autoridades, podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales.

...

Las autoridades fiscales presumirán como cierta la información contenida en los comprobantes fiscales digitales, en los comprobantes fiscales en forma impresa con dispositivo de seguridad y en las bases de datos que lleven, o tengan en su poder o a las que tengan acceso.

Artículo 65. Las contribuciones omitidas que las autoridades fiscales determinen como consecuencia del ejercicio de sus facultades de comprobación, así como los demás créditos fiscales, deberán pagarse o garantizarse, junto con sus accesorios, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que haya surtido efectos para su notificación, excepto tratándose de créditos fiscales determinados en términos del artículo 41, fracción II de este código en cuyo caso el pago deberá de realizarse antes de que transcurra el plazo señalado en dicha fracción.

Artículo 67. ...

El plazo a que se refiere este artículo será de diez años, cuando el contribuyente no haya presentado su solicitud en el Registro Federal de Contribuyentes, no lleve contabilidad o no la conserve durante el plazo que establece este código, en un mismo ejercicio fiscal haya presentado más de dos avisos de cambio de domicilio, así como por los ejercicios en que no presente alguna declaración del ejercicio, estando obligado a presentarlas, o no se presente en la declaración del impuesto sobre la renta la información que respecto del impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre producción y servicios se solicite en dicha declaración; en este último caso, el plazo de diez años se computará a partir del día siguiente a aquel en el que se debió haber presentado la declaración señalada. En los casos en los que posteriormente el contribuyente en forma espontánea presente la declaración omitida y cuando ésta no sea requerida, el plazo será de cinco años, sin que en ningún caso este plazo de cinco años, sumado al tiempo transcurrido entre la fecha en la que debió presentarse la declaración omitida y la fecha en la que se presentó espontáneamente, exceda de diez años. Para los efectos de este artículo las declaraciones del ejercicio no comprenden las de pagos provisionales.

...

Artículo 69. El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación. Dicha reserva no comprenderá los casos que señalen las leyes fiscales y aquellos en que deban suministrarse datos a los funcionarios encargados de la administración y de la defensa de los intereses fiscales federales, a las autoridades judiciales en procesos del orden penal o a los Tribunales competentes que conozcan de pensiones alimenticias o en el supuesto previsto en el artículo 63 de este código. Dicha reserva tampoco comprenderá la información relativa a los créditos fiscales firmes de los contribuyentes, que las autoridades fiscales proporcionen a las sociedades de información crediticia que obtengan autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad con la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia, ni la que se proporcione para efectos de la notificación por terceros a que se refiere el último párrafo del artículo 134 de este código, ni la que se proporcione a un contribuyente para verificar la información contenida en los comprobantes fiscales que pretendan deducir o acreditar, expedidos a su nombre en términos del artículo 29 de este ordenamiento.

...

Artículo 70. ...

Las multas que este capítulo establece en por cientos o en cantidades determinadas entre una mínima y otra máxima, que se deban aplicar a los contribuyentes que tributen conforme al Título IV, Capítulo II, Sección III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se considerarán reducidas en un 50 por ciento, salvo que en el precepto en que se establezcan se señale expresamente una multa menor para estos contribuyentes.

...

Artículo 80. ...

...

Artículo 81. Son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las contribuciones, así como de presentación de declaraciones, solicitudes, documentación, avisos, información o expedir constancias:

Artículo 82. A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones, solicitudes, documentación, avisos o información, así como de expedir constancias a que se refiere el artículo 81 de este código, se impondrán las siguientes multas:

...

Artículo 84. ...

...

Artículo 84-A. Son infracciones en las que pueden incurrir las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo en relación a las obligaciones a que se refieren los artículos 32-B, 32-E y 156-Bis de este código, las siguientes:

...

Artículo 84-B. A quien cometa las infracciones relacionadas con las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a que se refiere el artículo 84-A de este código, se le impondrán las siguientes multas:

...

Artículo 84-G. Se considera infracción en la que pueden incurrir las casas de bolsa, el no proporcionar la información a que se refiere el artículo 60 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, respecto de contribuyentes que enajenen acciones con su intermediación.

Artículo 84-H. A la casa de bolsa que cometa la infracción a que se refiere el artículo 84-G de este código se le impondrá una multa de $3,700.00 a $7,410.00 por cada informe no proporcionado.

Artículo 84-I. Se considera infracción en la que pueden incurrir las personas morales autorizadas para emitir tarjetas de crédito, de débito o de servicio o monederos electrónicos, en relación con las obligaciones a que se refiere el artículo 32-E de este código, el no expedir los estados de cuenta cumpliendo con lo previsto en el artículo 29-C de este código y en las reglas de carácter general que para tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.

Artículo 84-J. A las personas morales que cometan la infracción a que se refiere el artículo 84-I de este código, se les impondrá una multa de $70.00 a $140.00 por cada operación que no cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 32-E de este código, asentada en un estado de cuenta.

Artículo 84-K. Se considera infracción en la que pueden incurrir las entidades financieras, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y las personas morales a que se refiere el artículo 84-I de este código, el no proporcionar al Servicio de Administración Tributaria la información contenida en los estados de cuenta, a que se refiere el artículo 32-E de este código.

Artículo 84-L. A las entidades financieras, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y las personas morales a que se refiere el artículo 84-I de este código, que cometan la infracción a que se refiere el artículo 84-K de este código se les impondrá una multa de $50,000.00 a $60,000.00, por cada mes que transcurra sin que proporcionen la información del estado de cuenta que se haya requerido.

Artículo 92. ...

En los demás casos no previstos en las fracciones anteriores bastará la denuncia de los hechos ante el Ministerio Público Federal. En cualquier caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actuará en calidad de víctima u ofendida del delito, y gozará de la legitimación para hacer valer, con ese carácter, todos los derechos inherentes y medios de defensa previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás leyes aplicables.

Los procesos por los delitos fiscales a que se refieren las tres fracciones de este artículo se sobreseerán a petición expresa y por escrito del área competente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando los procesados paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos respectivos, o bien estos créditos fiscales queden garantizados a satisfacción de la propia Secretaría. La petición anterior se hará discrecionalmente, antes de que el Ministerio Público Federal formule conclusiones y surtirá efectos respecto de las personas a que la misma se refiera.

...

Artículo 94. Para los efectos de lo previsto por los artículos 24 y 29 del Código Penal Federal, los jueces estarán obligados a condenar al pago de la reparación del daño, la cual será equivalente al monto de las contribuciones omitidas, más la actualización y los recargos generados hasta el momento en que la sentencia cause ejecutoria.

Artículo 100. ...

Para los efectos del presente artículo, se entenderá que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público toma conocimiento del hecho delictivo y del probable responsable cuando la autoridad fiscal competente emita la cuantificación del perjuicio fiscal para los efectos penales previstos por el artículo 92 de este ordenamiento.

Artículo 108. ...

...

Artículo 109. ...

Artículo 113. Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión, al que

...

Artículo 113-A. Se sancionará de tres meses a seis años de prisión al que obtenga, posea, utilice, publique, revele, modifique, manipule, altere, edite, destruya, oculte, reproduzca, copie, sustraiga, transfiera, transmita, falsifique, comercialice, enajene onerosa o gratuitamente, distribuya, ostente como propia, guarde o almacene información de los contribuyentes contenida en los comprobantes fiscales digitales que hayan sido validados por el Servicio de Administración Tributaria.

Artículo 143. ...

Si la garantía consiste en depósito de dinero en alguna entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, una vez que el crédito fiscal quede firme se ordenará su aplicación por la autoridad fiscal.

...

Artículo 144. ...

Séptimo párrafo. (Se deroga).

...

Artículo 145. ...

Son aplicables al embargo precautorio a que se refiere este artículo, las disposiciones establecidas para el embargo y para la intervención en el procedimiento administrativo de ejecución que, conforme a su naturaleza, le sean aplicables.

Artículo 145-A. ...

El aseguramiento precautorio se practicará hasta por el monto de la determinación provisional de adeudos fiscales presuntos que, únicamente para estos efectos, la autoridad fiscal efectúe cuando el contribuyente se ubique en alguno de los supuestos establecidos en este artículo. Para determinar provisionalmente el adeudo fiscal, la autoridad podrá utilizar cualquiera de los procedimientos establecidos en los artículos 56 y 57 de este código.

...

Los bienes o la negociación del contribuyente que sean asegurados conforme a lo dispuesto por este artículo podrán, desde el momento en que se notifique el aseguramiento y hasta que el mismo se levante, dejarse en posesión del contribuyente, siempre que para esos efectos se actúe como depositario de los mismos en los términos establecidos en el artículo 153 de este código, con excepción de lo dispuesto en su segundo párrafo. En el caso de depósitos en entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo u otros bienes, éstos también podrán dejarse en posesión del contribuyente, como parte de la negociación.

El contribuyente que actúe como depositario designado en los términos del párrafo anterior, deberá rendir cuentas mensuales a la autoridad fiscal competente respecto de los bienes que se encuentren bajo su custodia.

Artículo 151. ...

Si la exigibilidad se origina por cese de la prórroga o de la autorización para pagar en parcialidades o por error aritmético en las declaraciones, el deudor podrá efectuar el pago dentro de los seis días hábiles siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación del requerimiento.

Artículo 155. ...

...

Artículo 156-Bis. La inmovilización que proceda como consecuencia del embargo de depósitos o seguros a que se refiere el artículo 155, fracción I del presente código, así como la inmovilización de depósitos bancarios, seguros o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se realice en cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre el contribuyente en las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, o de inversiones y valores, derivado de créditos fiscales firmes, sólo procederán hasta el monto del crédito fiscal determinado. La autoridad fiscal que haya ordenado la inmovilización, girará oficio a la unidad administrativa competente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, según proceda, o a la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo a la que corresponda la cuenta, a efecto de que esta última de inmediato la inmovilice y conserve los fondos depositados y, en el caso de créditos fiscales firmes, los transfiera a la Tesorería de la Federación.

Al recibir la notificación del oficio mencionado en el párrafo anterior por parte del Servicio de Administración Tributaria o la instrucción que se dé por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, según corresponda, la entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate deberá proceder a inmovilizar y conservar los fondos depositados, en cuyo caso, el Servicio de Administración Tributaria notificará al contribuyente de dicha inmovilización por los medios conducentes, salvo que la inmovilización de fondos derive de créditos fiscales firmes, en cuyo caso la notificación del cobro se llevará a cabo dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se haya ordenado la transferencia correspondiente.

En caso de que en las cuentas de los depósitos o seguros a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, no existan recursos suficientes para realizar la inmovilización, la entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate, deberá efectuar una búsqueda en su base de datos, a efecto de determinar si el contribuyente tiene otras cuentas con recursos suficientes, de ser el caso, la entidad o sociedad procederá de inmediato a inmovilizar y conservar los recursos depositados y, tratándose de créditos fiscales firmes, los transferirá a la Tesorería de la Federación hasta por el monto del crédito fiscal. En caso de que se actualice este supuesto, la entidad o sociedad correspondiente deberá notificarlo al Servicio de Administración Tributaria, dentro del plazo de dos días hábiles contados a partir de la fecha de inmovilización, a fin de que dicha autoridad realice la notificación que proceda conforme al párrafo anterior.

La entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo deberá informar a la autoridad fiscal a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el incremento de los depósitos por los intereses que se generen, en el mismo periodo y frecuencia con que lo haga al cuentahabiente.

Los fondos de la cuenta del contribuyente únicamente podrán transferirse al fisco federal una vez que el crédito fiscal relacionado quede firme, y hasta por el importe necesario para cubrirlo, en su caso, el Servicio de Administración Tributaria podrá solicitar a las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo la transferencia de los fondos depositados en las cuentas respectivas el día inmediato posterior a la inmovilización de los fondos, para lo cual, hará dicho señalamiento en el oficio a que se refiere el primer párrafo de este artículo. Si al transferirse el importe al fisco federal el contribuyente considera que éste es superior al crédito fiscal, deberá demostrar tal hecho ante el Servicio de Administración Tributaria con prueba documental suficiente, para que dicha autoridad proceda a la devolución de la cantidad transferida en exceso en términos del artículo 22 de este código en un plazo no mayor de veinte días. Si a juicio del Servicio de Administración Tributaria, las pruebas no son suficientes, se lo notificará al interesado haciéndole saber que puede hacer valer el recurso de revocación correspondiente.

La entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo deberá informar al Servicio de Administración Tributaria, dentro de los tres días posteriores a la fecha de la solicitud de transferencia, el monto transferido y acompañar el comprobante que acredite el traspaso de fondos a la cuenta de la Tesorería de la Federación.

En tanto el crédito fiscal garantizado no quede firme, el contribuyente titular de las cuentas aseguradas podrá ofrecer otra forma de garantía de acuerdo con el artículo 141 de este código, en sustitución del aseguramiento de las cuentas. La autoridad deberá resolver y notificar al contribuyente sobre la admisión o rechazo de la garantía ofrecida, o el requerimiento de requisitos adicionales, dentro de un plazo máximo de diez días. La autoridad tendrá la obligación de comunicar a la entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo el sentido de la resolución, enviándole copia de la misma, dentro del plazo de quince días siguientes a aquel en que haya notificado dicha resolución al contribuyente, si no lo hace durante el plazo señalado, la entidad o sociedad de que se trate levantará el aseguramiento de la cuenta.''

Disposiciones transitorias del Código Fiscal de la Federación

Artículo Décimo. En relación con las modificaciones a que se refiere el artículo noveno de este decreto, se estará a lo siguiente:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2010.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Doctor Javier Laynez Ptisek, Procurador Fiscal de la Federación.--- Presente.

Me refiero al oficio número 529-II-DGLCFP-703/09, por el que la Procuraduría Fiscal de la Federación remite a esta subsecretaría los anteproyectos de la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley que establece la Contribución para el Combate a la Pobreza; la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales; la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, y de la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativa al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (iniciativas), así como la evaluación de impacto presupuestario correspondiente.

Sobre el particular, con fundamento en los artículos 18, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 18 a 20 de su Reglamento; y 65-A y 65-B, fracciones III y VIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y con base en lo dispuesto en el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la elaboración, revisión y seguimiento de iniciativas de leyes y decretos del Ejecutivo federal (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2003), para los efectos del dictamen de impacto presupuestario a que se refieren las disposiciones de la ley citada y de su reglamento, le informo lo siguiente:

1. Esta área, con base en lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no tiene observaciones en el ámbito jurídico presupuestario sobre las disposiciones contenidas en los anteproyectos señalados.

2. Se anexa copia del oficio número 312.A.1.-3015, de fecha 3 de septiembre del año en curso, emitido por la Dirección General de Programación y Presupuesto ``B''.

Lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos de lo dispuesto en el artículo 20, último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual señala que la evaluación de impacto presupuestario y su dictamen se anexarán a la iniciativa de ley o decreto que se presente al Congreso de la Unión.

No omito mencionar que, en relación con la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, éstos se sujetan al procedimiento específico previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria --artículos 40, 41 y 42-- para su elaboración y presentación al Congreso de la Unión. En este sentido, en términos de las referidas disposiciones legales, las exposiciones de motivos de ambos ordenamientos, junto con los criterios generales de política económica, comprenden toda la información sobre el impacto fiscal presupuestario del paquete económico para el siguiente ejercicio fiscal, incluyendo, entre otros aspectos, la información detallada de las fuentes de ingresos y las asignaciones de gasto correspondientes pata el ejercicio fiscal de 2010, y los objetivos que se fijan para dicho periodo, así como diversa información macroeconómica, incluyendo información de ejercicios anteriores y proyecciones de mediano plazo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado David Arellano Cuan, Director General Adjunto de Análisis Jurídico de la Dirección General Jurídica de Egresos.--- Presente.

Me refiero al oficio número 353.A.1.-1288, del 3 de septiembre de 2009, mediante el cual remite los anteproyectos de la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley que establece la Contribución para el Combate a la Pobreza; la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales; la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos; y de la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativa al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, así como la evaluación de impacto presupuestario correspondiente, con el propósito de obtener el dictamen de impacto presupuestario de esta área.

Al respecto, me permito informar que, de la revisión de los documentos en cuestión, y de conformidad con la evaluación de impacto presupuestario citada, no se requerirán recursos adicionales, no existe impacto adicional en los programas aprobados, no hay destinos específicos en leyes fiscales de gasto público, ni se establecen nuevas atribuciones.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 18, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 18 a 20 de su Reglamento, y 65-A del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y en el acuerdo por el que emiten los lineamientos para la elaboración, revisión y seguimiento de iniciativas de leyes y decretos del Ejecutivo federal, no se tiene inconveniente en que se continúen los trámites conducentes, en el entendido de que no se incrementarán ni crearán estructuras ocupacionales para el presente ejercicio fiscal y subsecuentes.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciada Ana Brun lñárritu, Subprocuradora Fiscal Federal de Legislación y Consulta.--- México, DF.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 18 a 20 de su Reglamento; y con fundamento en los artículos 38 y 70 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a continuación se presenta la evaluación del impacto presupuestario de los documentos que integran el paquete económico para 2010 que a continuación se señalan:

I. Impacto en la estructura ocupacional de las dependencias y entidades por la creación o modificación de unidades administrativas y plazas o, en su caso, creación de nuevas instituciones

Las iniciativas que integran el paquete económico de 2010 no prevén la creación o modificación de unidades administrativas y plazas o instauración de nuevas instituciones, ni la modificación de las estructuras orgánicas y ocupacionales adicionales a las ya existentes.

Las iniciativas de mérito tienen como finalidad fortalecer los ingresos tributarios, mejorar la equidad en la distribución de la carga fiscal, y simplificar y perfeccionar las disposiciones fiscales, así como cerrar áreas grises de la legislación tributaría que posibilitan prácticas de evasión y elusión fiscales.

II. Impacto presupuestario en los programas aprobados de las dependencias y entidades

Las iniciativas de referencia no tienen un impacto presupuestario adicional en los programas aprobados de las dependencias y entidades de la administración pública federal, toda vez que ya están diseñados los programas y las acciones para administrar, recaudar, fiscalizar y contabilizar los ingresos tributarios de los contribuyentes. Cabe mencionar que a través de estas iniciativas se busca mejorar y hacer más eficientes esas tareas.

III Establecimiento de destinos específicos de gasto público

Las iniciativas mencionadas no prevén de manera alguna destinos específicos de gasto público; es decir, no establecen que el monto de los ingresos tendrá destino específico.

IV. Establecimiento de nuevas atribuciones y actividades que deberán realizar las dependencias y entidades

Las iniciativas que se presentan tampoco establecen nuevas atribuciones y actividades que deban realizar esta dependencia o el Servicio de Administración Tributaria ya que, como se mencionó, los programas y las acciones para administrar, recaudar y fiscalizar el cumplimiento fiscal de los contribuyentes ya se encuentran diseñados.

V. Inclusión de disposiciones generales que incidan en la regulación en materia presupuestaria

Finalmente, las iniciativas de mérito no contienen en sí mismas disposiciones generales que impacten en la regulación en materia presupuestaria.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña , Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Por este conducto y para los efectos de lo dispuesto por el inciso H) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en la fracción I del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; por instrucciones del Presidente de la República, me permito enviar la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Asimismo, acompaño al presente copia del oficio número 353.A.-1303, signado el día 3 del actual, así como del anexo que en él se menciona, a través de los cuales la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remite el Dictamen de Impacto Presupuestario de la citada iniciativa. Por otro lado, se señala que no se sujeta a las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo por ser de carácter fiscal y que, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental, no se publicó en el sitio de Internet de la dependencia referida, toda vez que su publicación anticipada podría comprometer los efectos que se pretenden lograr con ella.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Presidencia de la República.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

En ejercicio de la facultad constitucional concedida al Ejecutivo Federal se somete a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, por su digno conducto, la presente Iniciativa de Decreto que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Resulta claro que los nuevos gravámenes aprobados por esa Soberanía que entraron en vigor en 2008, a saber impuestos empresarial a tasa única, a los depósitos en efectivo, y especial sobre producción y servicios a los juegos con apuestas y sorteos, así como las demás modificaciones a la legislación fiscal descritas en la exposición de motivos de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, constituyen instrumentos adecuados para alcanzar un marco tributario más sencillo y equitativo y, a la vez, más efectivo para la recaudación de ingresos.

Sin embargo, cada vez son mayores las necesidades de financiamiento para atender los requerimientos del gasto público, por lo que es imprescindible avanzar en la referida renovación integral de la Hacienda Pública, con el propósito de fortalecer el actual sistema tributario y lograr la solidez de las finanzas públicas, a través de una estructura tributaria proporcional y equitativa que promueva la competitividad, favorezca la creación de empleos y minimice las distorsiones al obtener recursos, a efecto de que sea un instrumento que garantice la viabilidad del crecimiento y desarrollo económico de largo plazo.

En virtud de lo anterior, se estima necesario llevar a cabo diversas modificaciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Propuestas para 2010 en materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Con el fin de recuperar el potencial recaudatorio de los impuestos especiales, se estima necesario adoptar diversas medidas encaminadas a fortalecer este gravamen que permite dotar de progresividad al sistema impositivo, y que por el tipo de bienes y servicios que grava, frecuentemente persigue fines extrafiscales, tales como evitar el abuso en el consumo de diversos productos que pueden ocasionar daños a la salud de la población u otros problemas de carácter económico, ecológico o social.

Así, este impuesto grava, por lo general, productos cuya demanda es inelástica, por ello es posible establecer tasas o cuotas relativamente altas con respecto a otros bienes no gravados con este impuesto, para cumplir con el fin extrafiscal que se pretende. Por lo anterior, los impuestos especiales son también instrumentos recaudatorios efectivos, que permiten financiar tanto necesidades generales de la población, como los costos que pudieran asociarse al consumo de los bienes gravados.

Por lo anterior, tratándose de bebidas alcohólicas, tabacos labrados, servicios de telecomunicaciones, juegos con apuestas y sorteos y cerveza, se proponen las medidas siguientes:

Cuota adicional para bebidas alcohólicas

El abuso en el consumo de bebidas alcohólicas representa en México, como en otros países, un problema serio que no sólo afecta a la salud de sus consumidores, sino que también daña significativamente a la sociedad en general y en particular a la integración familiar.

El consumo excesivo de bebidas alcohólicas genera para la sociedad y el Gobierno Federal importantes costos económicos y sociales asociados, tales como mayor incidencia de enfermedades como la cirrosis hepática, alcoholismo, lesiones y muertes relacionadas con el consumo de este tipo de bebidas, así como desintegración familiar, lo que implica la necesidad de financiar los gastos necesarios para su atención.

En particular, el consumo de estas bebidas entre los grupos de menor edad constituye una importante preocupación para la sociedad y el Gobierno destacando, de acuerdo con la información de la Encuesta Nacional de Adicciones (2002), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que en el grupo de edad de entre 12 y 17 años, uno de cada cuatro menores de edad consumió bebidas alcohólicas durante el año previo al levantamiento de la encuesta.

Establecer niveles altos de impuestos a las bebidas alcohólicas para reducir su consumo y financiar los costos para la sociedad asociados al mismo, no es una práctica exclusiva de nuestro país; por el contrario, en la mayoría de los países se establecen cobros elevados a la enajenación de estos productos.

De acuerdo con estimaciones realizadas con información del reporte ``Excise Duty Tables, Part I Alcoholic Beverages, European Commission, Directorate General Taxation and Customs Union Tax Policy'' de julio de 2009, la carga fiscal promedio en México para bebidas con una graduación alcohólica de alrededor de 38° G. L. es relativamente baja frente a la que se observa internacionalmente. Así, mientras que en México la carga fiscal que actualmente significa el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) para el referido grupo de bebidas alcohólicas, utilizando un promedio ponderado de precios, equivale a 4.1 dólares de los Estados Unidos de América (USD) por litro de bebida, en los países de la Unión Europea la carga fiscal por impuestos especiales equivale a 8.5 USD por litro de bebida alcohólica de 38° G. L., en promedio.

Por otra parte, cabe apuntar que el Estado está legitimado para instaurar medidas de prevención para combatir el alcoholismo, tal como lo establece el artículo 117, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es por todo esto que se propone a esa Soberanía establecer de manera adicional al esquema de tasa ad valorem una cuota específica de 3 pesos por litro a las bebidas con graduación alcohólica de más de 20° G. L.

El establecimiento de la cuota adicional que se propone, tiene un fin extrafiscal, consistente en desincentivar el consumo de bebidas alcohólicas. En ese mismo sentido, la circunstancia de que se grave únicamente a las bebidas alcohólicas de más de 20° G. L., tiene un fin social adicional, que radica en desalentar el consumo específico de este tipo de bebidas, toda vez que son las que resultan más dañinas para el organismo humano.

De acuerdo con el documento emitido por la Organización Mundial de la Salud denominado ``Estrategias para reducir el uso nocivo del alcohol dictadas en la 122ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS del 10 de enero de 2008'', ``el concepto de uso nocivo del alcohol abarca diversos aspectos del fenómeno de la bebida. Uno es el volumen ingerido a lo largo del tiempo: de todos los factores pronóstico de muchas enfermedades crónicas que guardan relación con la bebida, el más directo es la cantidad total de alcohol consumida a lo largo de varios años. Entre otros factores del mismo tipo están las características del consumo, en particular: el hecho de beber, ocasional o regularmente, hasta la intoxicación; el contexto en el que se bebe, que puede elevar el riesgo de traumatismos no intencionados y de transmisión de ciertas enfermedades infecciosas; y la calidad de la bebida alcohólica o su contaminación con sustancias tóxicas como el metanol''.

El fin extrafiscal de la reforma que se propone se sustenta en motivos constitucionalmente objetivos y razonables, como es la protección a la salud al desincentivar el consumo del alcohol y obtener recursos para dotar de servicios médicos a las personas con enfermedades producidas por dicha sustancia, situación que torna constitucional la adición que se propone de un segundo párrafo al artículo 2o., fracción I, inciso A) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de acuerdo con el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis con el rubro ``IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL GRAVAMEN QUE ESTABLECE PARA LA ENAJENACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS OBEDECE AL MANDATO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL'' con registro No. 174246.

Además, el hecho de que se grave sólo a las bebidas alcohólicas de más de 20° G. L., no da un trato diferencial a las demás sustancias etílicas de diferente graduación, ya que se otorga un trato igual a quienes se encuentran en la misma categoría de contribuyentes, de acuerdo con el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis con el rubro ``IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL ARTÍCULO 2o., FRACCIÓN I, DE LA LEY RELATIVA, AL ESTABLECER PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO DISTINTAS TASAS EN LA ENAJENACIÓN O IMPORTACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS CONSIDERANDO SU GRADUACIÓN, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE DICIEMBRE DE 1998) con registro No. 186556.

Ahora bien, con objeto de tener un control adecuado y facilitar la aplicación de esta cuota, se propone establecer que este impuesto sea monofásico, por lo que sólo se gravaría a nivel del fabricante y del importador, tanto por la actividad de importación, como por la primera enajenación que realicen, en la que podrán acreditar el impuesto pagado en la importación.

De esta forma, se mantendría el cobro actual ad valorem que se aplica en toda la cadena de producción y comercialización de las bebidas alcohólicas, incluso hasta la venta al público en general, eslabón en el que los precios de estas bebidas es superior, ya que éstos incluyen conceptos que le dan un mayor valor agregado, tales como gastos de publicidad o ediciones especiales, entre otros.

Así, la cuota específica sobre las bebidas de mayor graduación alcohólica sería un complemento del actual sistema ad valorem , la cual permitiría establecer un gravamen que, en términos absolutos, tendría una carga similar entre diferentes bebidas alcohólicas con independencia de su precio, eliminando así el incentivo que pudieran tener algunos consumidores al sustituir el consumo de bebidas alcohólicas por otras de igual contenido alcohólico, pero de menor precio y calidad (posiblemente ilícitas), evitando así, no sólo el efecto negativo en materia de salud pública y recaudatorio que se deriva de esta sustitución de marcas, sino las distorsiones que se pueden generar en el mercado de las bebidas alcohólicas, dotando de mayor neutralidad a este impuesto y manteniendo la equidad y proporcionalidad del sistema impositivo.

Si bien las bebidas con graduación alcohólica de más de 20° G. L. tendrían una cuota específica que no se aplicaría al resto de las bebidas alcohólicas, ello no resultaría un trato inequitativo en la medida en que se asocia una mayor afectación en la salud y un mayor costo social con el consumo de bebidas alcohólicas de alta graduación. Esta relación entre carga fiscal y daño a la salud actualmente es reconocida en el IEPS al existir una diferenciación en la carga fiscal a las bebidas alcohólicas en función de su graduación alcohólica.

Se considera que al establecer una cuota específica se hace frente a la producción informal de bebidas alcohólicas, en la medida en que al ser un impuesto monofásico en la etapa de producción o importación, el número de contribuyentes se reduce considerablemente, lo que permite un mayor control para la autoridad en sus labores de fiscalización.

Así, con la aplicación de una cuota específica por litro se evita que la base del impuesto se traslade a otro eslabón de la cadena en la que no se paga el impuesto y que provoca que se enajenen bebidas alcohólicas a precios significativamente bajos como consecuencia de que se evadió el pago del impuesto en alguna etapa de la producción.

Debe destacarse que con la implementación de la cuota específica a las bebidas alcohólicas se minimiza en esta modalidad de imposición, la evasión fiscal que se presenta con la subfacturación u otros métodos de evasión que se han detectado con la modalidad de imposición ad valorem .

Por lo anterior, se propone a esa Soberanía gravar las bebidas alcohólicas con contenido alcohólico mayor a 20º G. L., con una cuota adicional de 3 pesos por litro de bebida, la cual significará un incremento en la carga fiscal de aproximadamente 3 por ciento sobre el precio de venta al público sin impuestos, y se estima generaría 166.2 millones de pesos (mdp).

Por otra parte, con motivo del establecimiento de la mencionada cuota adicional que se propone, se hace necesario modificar diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para establecer la forma en que se determinará la base gravable, el momento de causación y el cálculo del impuesto de la nueva cuota, toda vez que actualmente sólo se regulan los elementos anteriormente mencionados para la aplicación de las tasas ad valorem .

Tratándose de la base gravable, se plantea establecer que en las enajenaciones de las bebidas alcohólicas señaladas anteriormente que realicen los importadores o los fabricantes, la cantidad a pagar derivada de la nueva cuota que se propone se calcule tomando en cuenta el total de los litros enajenados.

En el caso de la importación de las bebidas alcohólicas mencionadas, también se propone establecer que la cantidad a pagar derivada de la cuota se calculará tomando en cuenta el total de litros importados.

Por lo que se refiere al momento de causación de la cuota, se plantea que éste sea en el mismo momento en que hoy día se causa la tasa ad valorem , es decir, en el momento en que se cobren las contraprestaciones por las bebidas alcohólicas enajenadas o importadas.

Respecto a la determinación del pago mensual del IEPS, se plantea establecer que en el caso de la nueva cuota que se propone, dicho pago sea la cantidad que se obtenga de aplicar la cuota que corresponda a las bebidas alcohólicas enajenadas en el mes, disminuida con el impuesto pagado en el mismo mes al aplicar dicha cuota con motivo de su importación.

Ahora bien, considerando que esta cuota únicamente se causará a nivel del fabricante e importador, se hace necesario establecer que solamente procederá el acreditamiento del impuesto pagado por el propio contribuyente en la importación de las citadas bebidas alcohólicas.

En materia de obligaciones a cargo de los contribuyentes, se propone establecer que en la contabilidad se deberán identificar las operaciones en las que se pague el impuesto mediante la aplicación de la nueva cuota y tratándose de la expedición de comprobantes, se plantea que en el caso de la nueva cuota, también se deberá trasladar en forma expresa y por separado, aun cuando el adquirente no sea contribuyente de dicha cuota ni pueda acreditarla. Lo anterior, para un mejor control de las operaciones de estos contribuyentes. Además, se propone establecer que en los comprobantes se deberá identificar el total de litros enajenados.

Respecto de las nuevas obligaciones administrativas que deberán cumplir los contribuyentes, cabe destacar que éstas no transgreden los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, toda vez que el hecho de que por el cumplimiento de sus diversas obligaciones fiscales se les generen gastos administrativos inherentes a la actividad que desarrollan y que tales obligaciones administrativas no se apliquen a otros contribuyentes, no torna inequitativo al impuesto, dado que el trato fiscal se justifica por razones de naturaleza extrafiscal, tendientes a lograr un estricto control en sus operaciones de enajenación, lo cual encuentra apoyo en las tesis emitidas por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente:

Actualmente, tratándose de las bebidas alcohólicas que se pretenden gravar con la nueva cuota, es decir, aquéllas con contenido alcohólico mayor de 20º G. L., se establece la obligación a cargo de los productores o envasadores de llevar un control volumétrico de producción y de presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe que contenga el número de litros producidos de conformidad con dicho control. Con el fin de reforzar esta medida de control, se propone establecer que el Servicio de Administración Tributaria fije las características de los controles volumétricos y que los productores o envasadores tengan un sistema de cómputo mediante el cual se proporcione la información en línea de los citados controles volumétricos, fijando también sus características técnicas, de seguridad y de requerimientos de información.

Adicionalmente, y toda vez que se plantea que esta nueva cuota entre en vigor a partir del 2010, se propone establecer, mediante una disposición transitoria, una regla que sea neutral en las condiciones contractuales celebradas en 2009, consistente en permitir que en las enajenaciones de las bebidas alcohólicas objeto del gravamen que se hayan celebrado en 2009, cuando la entrega se haya efectuado en dicho año, y el cobro se realice en los primeros 10 días de 2010, sólo se aplique la tasa vigente en 2009.

Por lo anterior, se propone reformar los artículos 2o., primer párrafo; 4o., segundo y cuarto párrafos; 5o., segundo párrafo; 10; 11, cuarto párrafo; 14, segundo párrafo, y 19, fracciones I y II, primer párrafo, y adicionar los artículos 2o., fracción I, inciso A) con un segundo párrafo, y 19, fracciones II, con un quinto párrafo, XVI, con un segundo párrafo, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Tabacos labrados

En México el tabaquismo representa uno de los mayores problemas en materia de salud pública. Muestra de ello es que los indicadores sobre el tabaquismo son cada vez más alarmantes en la medida en que conforme a la Encuesta Nacional de Adicciones (2002) que elabora el INEGI, existen en el país aproximadamente 16 millones de personas que tienen el hábito de fumar, cifra que según el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) se incrementó en aproximadamente 7 millones desde 1988.

Cabe señalar, que los resultados de la encuesta más reciente que elabora el INEGI todavía no se han publicado.

Por otra parte, respecto a los riesgos en la salud que el tabaquismo representa, además de incidir directamente en quienes consumen el tabaco, inciden de manera pasiva en la población que involuntariamente está expuesta al humo del tabaco, lo cual agrava los problemas de salud pública al ampliar la población que eventualmente debe ser atendida por enfermedades relacionadas con el tabaquismo.

Como consecuencia del elevado número de fumadores en nuestro país y del problema que significa esta adicción para la salud, incluso de los fumadores pasivos, según el Consejo Nacional contra las Adicciones, año con año se registran aproximadamente 65 mil muertes relacionadas con enfermedades que se asocian con el tabaquismo, entre las que se encuentran: cáncer de pulmón, tráquea, labio y lengua; enfermedades isquémicas del corazón y cerebro vasculares; enfisema y bronquitis crónica, entre otras.

Esta situación demanda que el sector salud destine aproximadamente 30 mil mdp anuales para atender las enfermedades asociadas con el tabaquismo, lo cual, aunado al incremento de fumadores que se muestra en los últimos años conforme a la Encuesta Nacional de Adicciones citada, implica dejar de destinar cada vez más recursos a la atención de programas sociales y a la inversión productiva, con objeto de atender las citadas enfermedades.

Cabe mencionar que los recursos para la atención de las enfermedades relacionadas con el tabaquismo que equivalen de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 al 73 por ciento del presupuesto que se destina al Seguro Popular, el 10 por ciento del gasto programable del Instituto Mexicano del Seguro Social, el 63 por ciento del presupuesto del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades o el 44 por ciento del gasto programable de la Secretaría de Desarrollo Social. Generar los recursos necesarios para atender dichas enfermedades requeriría establecer en el impuesto al valor agregado una tasa de 5.5 por ciento para alimentos o de 35 por ciento para las medicinas.

Además de los costos que significa para el sector salud la atención de las enfermedades relacionadas con el tabaquismo, debe considerarse que existen otros costos asociados, entre los cuales se encuentran aquéllos relacionados con la reducción de los años de vida productiva de la población, las pérdidas económicas que se generan, la reducción de la fuerza laboral por enfermedad y ausentismo, los problemas económicos familiares por muerte prematura de los padres, la reducción en el rendimiento académico y ausentismo escolar por enfermedades en las vías respiratorias, entre otros.

Ante el reconocimiento de que las medidas relacionadas con los precios e impuestos son un medio eficaz e importante para que diversos sectores de la población, en particular los jóvenes, reduzcan su consumo de tabaco, México firmó el 17 de mayo de 2004 el ``Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco'', el cual señala que sin perjuicio de que nuestro país establezca su propia política tributaria, adoptará o mantendrá medidas tendientes a reducir el consumo de tabaco, entre otras medidas.

Por lo anterior, es importante señalar que la Iniciativa que se propone a esa Soberanía contempla, además del fin recaudatorio, el fin extrafiscal de adoptar medidas para combatir el tabaquismo, esto es, el establecimiento de una política de salud pública que justifica la reforma a la Ley, tal y como ha sido resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión A.R. 1088/2007 al estimar que:

Con base en dicha resolución surgió la tesis aislada 1a. XL/2009, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 585 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Abril de 2009, que establece:

Amparo en revisión 1088/2007. Gestión Internacional de México, S. de R.L. de C.V. 30 de abril de 2008. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Paola Yaber Coronado.''

Por otra parte, el fin extrafiscal de la reforma que se propone se sustenta en motivos objetivos y razonables, como lo son el desincentivar el consumo de tabaco y obtener recursos para dotar de servicios médicos a las personas con enfermedades producidas por el tabaco, situación que torna constitucional la adición que se propone de un segundo párrafo al artículo 2o., fracción I, inciso C) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de acuerdo con el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis con el rubro ``PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL FIN EXTRAFISCAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 2o.-C DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO Y EXPLICADO EN LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, CONSTITUYE UNA JUSTIFICACIÓN OBJETIVA Y RAZONABLE (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2006)'' con registro No. 170920.

En materia tributaria, si bien en México durante los últimos tres años se incrementó gradualmente, en 50 puntos porcentuales, la carga fiscal de los cigarros, puros y otros tabacos labrados, al aumentar la tasa ad valorem de 110 a 160 por ciento, se ha observado que esta política ha modificado los patrones de consumo, en la medida en que las personas que tienen el hábito de fumar más que reducir el consumo de estos productos han migrado de adquirir productos caros a productos más baratos.

Este comportamiento ha propiciado una reducción de la recaudación del IEPS de tabacos labrados, lo cual además de no permitir financiar al sector salud, y atender las enfermedades relacionadas con el tabaquismo, ha afectado las finanzas públicas de la Federación y de las entidades federativas al ser éste un impuesto participable y de asignación directa en 8 por ciento.

Ante esta situación, se debe considerar la experiencia de la Unión Europea en cuanto al establecimiento de esquemas mixtos en este tipo de impuestos con objeto de evitar que el consumo de cigarros migre de productos caros a otros de menor precio. Dicho esquema consiste en que los Estados miembros están obligados a gravar los cigarros tanto con un tipo específico, expresado en euros por cada 1000 cigarrillos, como con una tasa ad valorem , expresada como un porcentaje aplicado sobre el precio de venta al público.

La razón de establecer un sistema de tributación mixto en la Unión Europea obedece a las políticas que los Estados con industrias tabacaleras nacionales caras y baratas suelen adoptar, ya que a través de la cuota específica se tienden a igualar los precios finales entre las labores del tabaco de diversos precios.

Con la cuota específica a los cigarros, se evita que la demanda se traslade de los cigarros caros a los baratos, ya que la tasa ad valorem dota, por si sola, a las labores del tabaco de bajo costo del atractivo de su menor precio de venta al público.

Con base en la información del reporte ``Excise Duty Tables, Part III Manufactured Tabacco, European Commission, Directorate General Taxation and Customs Union Tax Policy, 2009'' , la carga fiscal promedio respecto del precio de venta al público de los esquemas mixtos aplicados en los países de la Unión Europea es de 61.1 por ciento, mientras que en México, considerando la carga fiscal del esquema ad valorem y de la cuota específica propuesta en esta Iniciativa aplicable una vez terminada la transición, ascendería a 57.4 por ciento.

Por su parte, en los Estados Unidos de América, tanto la Federación como los Estados gravan a los cigarros con un impuesto especial bajo la modalidad de cuota específica. A partir de abril de 2009 se aprobó un incremento en el impuesto especial federal de 0.24 USD por cajetilla de 20 cigarros a 1.01 USD, mientras que el impuesto especial estatal promedio pasó de 0.327 USD por cajetilla de 20 cigarros a 1.20 USD de 1995 a 2009, lo cual implica que la carga combinada del impuesto a los cigarros, federal y estatal, pasó de 0.56 USD a 2.21 USD, es decir un aumento de 321 por ciento para el caso del impuesto federal y de 267 por ciento para el impuesto estatal.

Asimismo, es necesario considerar que aun cuando, con objeto de reducir la tasa de crecimiento del número de las personas que tienen el hábito de fumar y con ello los problemas asociados al tabaquismo, esa Soberanía aprobó la Ley General para el Control del Tabaco en 2008 y el Ejecutivo Federal a mi cargo publicó su reglamento en mayo de 2009, estas disposiciones deben ser complementadas, entre otras, con medidas tributarias que permitan reducir el consumo de tabaco.

Por lo anterior, con el propósito de dar cumplimiento a la obligación constitucional de garantizar la protección de la salud consagrada en el artículo 4o. de nuestra Ley Fundamental y ante la insuficiencia de recursos para financiar la atención de las enfermedades relacionadas con el tabaquismo, a fin de implementar acciones para reducir el consumo de tabaco y la inviabilidad de incrementar las tasas ad valorem debido al efecto de sustitución que genera, se propone incrementar la carga fiscal a los tabacos labrados a través de una cuota específica aplicable por su contenido en gramos de tabaco, ello a efecto de que la carga fiscal derivada de la cuota específica sea la misma con independencia de su precio y que ésta contribuya efectivamente a lograr reducir el consumo del tabaco.

Con el fin de evitar cualquier tipo de inequidad respecto a la carga fiscal que pudiera soportar cualquier tabaco labrado, ya sea por su presentación o por su peso, se plantea establecer en el IEPS la cuota específica en función del contenido en gramos de tabaco para todos los tabacos labrados.

Adicionalmente, con el objeto de no distorsionar el mercado de tabacos labrados, se propone a ese Honorable Congreso de la Unión introducir de manera gradual la aplicación de la cuota específica.

Tomando en cuenta las anteriores consideraciones se propone, mediante disposiciones transitorias, incorporar para el ejercicio de 2010 la cuota específica para todos los tabacos labrados de 0.0533 pesos por gramo de tabaco y a fin de aumentar paulatinamente el peso de la cuota específica en la carga fiscal de estos productos, incrementarla anualmente durante los siguientes 3 ejercicios fiscales, para ubicarse en 0.1333 pesos en el ejercicio de 2013.

Cabe señalar que la cuota que se plantea aplicar en el año de introducción significa, en promedio, un aumento en la tasa del impuesto de poco más de 10 puntos porcentuales, en tanto que la cuota del cuarto año representa 27 puntos porcentuales más de tasa. Se estima que los incrementos graduales en la carga fiscal de los tabacos propuestos no alteran el mercado de tabacos labrados en términos de contrabando o falsificación.

Con esta reforma se estima obtener una recaudación adicional en 2010 de alrededor de 1,690.8 mdp.

Ahora bien, tratándose de cigarros, tomando en cuenta las características de este producto, como una medida de facilidad administrativa, se propone a esa Soberanía que la referida cuota específica se pueda pagar considerando el promedio del peso del tabaco en los cigarros, así, si se considera que el promedio de tabaco en un cigarro es de 0.75 gramos, se propone establecer mediante disposición transitoria, una cuota por cigarro de 0.040 pesos en 2010 y aumentarla paulatinamente en forma anual durante los 3 ejercicios fiscales siguientes, para ubicarse en 0.100 pesos en 2013.

Cabe mencionar que este tratamiento sólo resulta aplicable para los cigarros, habida cuenta de que el peso del tabaco en el cigarro está predeterminado en la producción industrial de este producto.

Por lo que corresponde a la determinación de la base gravable, el momento de causación, el cálculo del impuesto, importación y determinación del pago mensual, se señala a esa Soberanía que a fin de evitar repeticiones innecesarias se tengan por reproducidas las consideraciones realizadas en el apartado de cuota adicional para bebidas alcohólicas, en lo conducente a tabacos labrados.

De igual manera, respecto de las propuestas que se formulan en materia de obligaciones a cargo de los contribuyentes, son aplicables las consideraciones que se formularon en el apartado de cuota adicional para bebidas alcohólicas por lo que respecta a tabacos labrados.

Por otra parte, en los últimos años ha aumentado considerablemente el contrabando de cigarros y productos de tabaco, así como su producción apócrifa, lo que constituye un importante problema de salud pública, además implica una pérdida de recaudación al no pagarse los impuestos a la importación correspondientes y daña a la industria tabacalera por la competencia desleal derivada de la venta de productos ilegales; sin embargo, las autoridades carecen de las herramientas necesarias para combatir estas prácticas, por ello, se propone modificar el artículo 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para dotarlas de dichas herramientas y con ello lograr prevenir la producción ilícita, y la distribución y venta de cigarros y productos de tabaco de contrabando y origen apócrifo en el territorio nacional. Lo anterior, se pretende lograr mediante la incorporación de un código de seguridad en este tipo de productos que permita verificar su autenticidad o su legal ingreso al territorio nacional.

Por lo anterior, se propone reformar los artículos 4o., cuarto párrafo; 5o., segundo párrafo; 10; 11, cuarto párrafo; 14, segundo párrafo, y 19, fracciones I y IX, y adicionar los artículos 2o., fracción I, inciso C) con un segundo párrafo, y 19, fracciones II, con un quinto párrafo y XXII, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Juegos con apuestas y sorteos

A partir de 2008 se modificó la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios con la finalidad de gravar con este impuesto a la realización de juegos con apuestas y sorteos, independientemente del nombre con el que se les designe, que requieran permiso de conformidad con la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento, con una tasa del 20 por ciento, cuya recaudación durante el primer año de aplicación fue de 1,451.3 mdp.

Los contribuyentes que más han aportado a la recaudación de este gravamen son la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y Pronósticos para la Asistencia Pública, a pesar de que su participación en el sector es cercana al 50 por ciento, y el resto de los contribuyentes han aportado aproximadamente un tercio de la recaudación, lo cual no corresponde a su participación en la industria de los juegos con apuestas y sorteos.

De lo anterior se desprende que es necesario mejorar la eficiencia recaudatoria del impuesto y generar mayor equidad en este gravamen.

Para formular la presente propuesta se ha considerado la tecnología que utiliza esta industria tanto en la realización de los juegos con apuestas y sorteos, como en el control y operación del negocio. Lo anterior es importante ya que los agentes no sólo compiten en precios sino también en lo novedoso y atractivo de sus juegos con apuestas y sorteos. Esta característica posibilita que en las referidas actividades se puedan establecer controles electrónicos que aseguren un cumplimiento adecuado en el pago del impuesto.

Por ello, con el fin de obtener información inmediata, tanto de los ingresos que reciben por el concepto señalado como en las operaciones que registran, se propone que, considerando los medios tecnológicos con que cuenta esta industria, se establezca la obligación de proporcionar la información en línea y en tiempo real de sus operaciones y registros en sus sistemas centrales de juegos con apuestas y sorteos, así como de caja y control de efectivo, de tal manera que la autoridad cuente con información que le permita verificar que el impuesto que se haya enterado, se haya determinado correctamente.

En efecto, de la revisión internacional de esta industria, se detectó que en países con una incipiente regulación de los juegos con apuestas y sorteos, como es el caso de México, se han establecido obligaciones de control a los contribuyentes consistentes en la utilización de registros y sistemas de cómputo que permiten obtener información en tiempo real, con resultados exitosos en cuanto al incremento en la recaudación y en el control fiscal de esta actividad. Por ejemplo, Argentina incrementó los ingresos tributarios provenientes de esta industria en un 110 por ciento de 2004 a 2008 en términos reales, mientras que en Perú se incrementó en un 500 por ciento de 2006 a 2008.

La referida información que proporcionen los contribuyentes en línea y en tiempo real permitirá a la autoridad fiscal conocer de manera directa e inmediata la información relacionada con los ingresos que se obtienen por juegos con apuestas y sorteos y tendrá efectos directos importantes en otros gravámenes a cargo de estos contribuyentes, como son el impuesto sobre la renta y el impuesto empresarial a tasa única.

Con la finalidad de cumplir con la garantía de legalidad y seguridad jurídica, que establece el artículo 16 constitucional, el Servicio de Administración Tributaria sería el encargado de establecer las características o especificaciones de los registros y sistemas de cómputo, mediante reglas de carácter general, lo anterior a efecto de facilitar a los realizadores de juegos con apuestas y sorteos la aplicación de la norma.

Cabe señalar que dicha atribución no delega ningún tipo de facultad legislativa a favor del Servicio de Administración Tributaria, ya que al emitir reglas generales de carácter técnico-operativo, únicamente se daría agilidad, prontitud, firmeza y precisión a los actos de aplicación de la norma expedida por el Congreso de la Unión. Lo anterior encuentra sustento en el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitido bajo el rubro: ``CONTROLES VOLUMÉTRICOS. EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL SEÑALAR QUE AQUÉLLOS SE LLEVARÁN CON LOS EQUIPOS QUE AUTORICE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, PUES ELLO NO IMPLICA DELEGACIÓN DE FACULTADES LEGISLATIVAS (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004)'' con registro No. 179631.

El establecimiento de la obligación de proporcionar la información en línea y en tiempo real, permitirá que esta industria contribuya adecuadamente al financiamiento del gasto público y, de esta manera, compense los costos sociales, económicos y de salud, vinculados con los juegos con apuestas. Además, se garantiza el tránsito hacia la consolidación de esta industria, tanto en su crecimiento potencial como en los mecanismos de fiscalización y control.

Es importante destacar que la obligación de proporcionar información en línea y en tiempo real no transgrede de manera alguna lo previsto en el artículo 16 constitucional, toda vez que la implementación de la obligación de proporcionar la información en línea y en tiempo real no constituye una acto de fiscalización, sino un simple medio de control en la recaudación a cargo de la autoridad administrativa, que no implica intrusión al domicilio de los contribuyentes, al ser una obligación formal con que deben cumplir los realizadores de juegos con apuestas y sorteos, a efecto de que la autoridad hacendaria cuente de forma inmediata con información veraz proporcionada por los contribuyentes sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

En efecto, dicha medida se apega a lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las siguientes tesis jurisprudenciales:

Con esta medida se avanzará hacia la transparencia de la información que proporcionan los contribuyentes que participan en la industria de juegos con apuestas y sorteos y, al mismo tiempo, se fortalecerá la recaudación de este impuesto y se permitirá que todos los que participan en esta industria sean gravados de acuerdo a su capacidad contributiva.

En este sentido, esta propuesta llevará a que los contribuyentes con establecimiento fijo que realicen juegos con apuestas y sorteos de forma habitual, tributen de manera correcta y, además, también evitará la competencia desleal entre los referidos contribuyentes, sustentada en un cumplimiento inadecuado en el pago que les corresponde.

De igual manera, se considera conveniente proponer a esa Soberanía que se establezca una sanción para aquellos contribuyentes que incumplan con las obligaciones de llevar los sistemas de cómputo y de proporcionar la información en línea y en tiempo real, consistente en la clausura de uno a dos meses de los establecimientos que tengan dichos contribuyentes en donde realicen las actividades de juegos con apuestas y sorteos y cuyas operaciones deban ser registradas en los referidos sistemas de cómputo. Asimismo, se propone una excepción en la aplicación de dicha sanción, cuando el incumplimiento se deba a fallas en los sistemas de cómputo cuyas causas no sean imputables a los contribuyentes y se dé aviso al Servicio de Administración Tributaria.

Cabe señalar que se propone que las obligaciones de llevar un sistema de cómputo y de proporcionar la información en línea a la que se ha hecho mención, no sean exigibles a las personas físicas que tributen conforme al régimen de pequeños contribuyentes en virtud de la baja capacidad administrativa con la que cuentan ni a las personas morales sin fines de lucro autorizadas a recibir donativos para los efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, entre otras, toda vez que los juegos con apuestas y sorteos no son su actividad principal.

Es importante resaltar que el IEPS a la realización de juegos con apuestas y sorteos ha sido materia de estudio por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha señalado que cumple con los principios constitucionales bajo los siguientes criterios:

Por otra parte, además de considerar necesario proponer que se establezca la obligación a los contribuyentes de proporcionar la información en línea y en tiempo real, se estima conveniente que se adecue la tasa aplicable a los juegos con apuestas y sorteos, de tal forma que guarde correspondencia con la que en promedio se aplica en el contexto internacional, cuidando de no afectar las expectativas de crecimiento de esta industria en los próximos años.

En los países cuyo impuesto se basa en la deducción de los premios de los ingresos obtenidos, sólo Costa Rica y Sudáfrica aplican tasas menores a la vigente en México. Chile y la República Dominicana aplican una tasa del 20 por ciento, mientras que en países donde la recaudación es elevada y los controles de fiscalización son eficientes, se aplican tasas superiores a la de nuestro país, lo cual parece indicar que el nivel del gravamen tiene relación directa con la madurez de la industria, como se observa en Hungría con 30 por ciento, Suiza 40 por ciento, Dinamarca 45 por ciento, así como Inglaterra en donde se aplican tasas progresivas que van del 15 por ciento al 50 por ciento, al igual que en España que son del 20 por ciento al 55 por ciento, y en Australia del 27.5 por ciento al 65 por ciento.

Ahora bien, como se mencionó anteriormente, la tasa vigente aplicable a la industria de juegos con apuestas y sorteos es del 20 por ciento, por lo que se somete a consideración de ese Honorable Congreso de la Unión un incremento de diez puntos porcentuales, pasando del 20 al 30 por ciento a partir del 2010, lo que permitirá acercarla a la que en promedio se aplica en el ámbito internacional, sin poner en riesgo el crecimiento y consolidación de esta industria.

Estas propuestas ayudarán al desarrollo integral de la industria al equilibrar las condiciones de competencia entre los organizadores de juegos con apuestas y sorteos, lo que permitirá aproximarse a los niveles de recaudación de los impuestos específicos en el contexto internacional y, de esta manera, compensar las externalidades negativas que se le atribuyen a esta industria ya que en nuestro país la recaudación por este impuesto asciende a 0.010 por ciento del PIB; en tanto que el promedio para los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico fue de 0.155 por ciento del PIB en el 2006. Los principales recaudadores miembros de este organismo son: Finlandia con 0.555 por ciento, Italia con 0.442 por ciento, Australia con 0.384 por ciento, Portugal con 0.341 por ciento y Hungría con 0.300 por ciento.

Se estima que las propuestas contenidas en esta Iniciativa en materia de juegos con apuestas y sorteos podrían generar ingresos adicionales por 1,169.5 mdp en el ejercicio de 2010.

Por lo anterior, se propone reformar el inciso B) de la fracción II del artículo 2o. y adicionar un artículo 20 a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Servicios de telecomunicaciones

Un impuesto especial a los servicios que se presten a través de una red pública de telecomunicaciones es común con la aplicación de impuestos a los servicios en el mundo, públicos o no, como los del agua o la electricidad.

Como ejemplo tenemos que en Turquía, los servicios de telecomunicaciones proporcionados por operadores de teléfonos celulares están sujetos a un impuesto especial sobre comunicaciones del 25 por ciento y en los Estados Unidos de América se gravan los servicios de telecomunicaciones en algunos Estados, conforme a lo siguiente: California 16.85 por ciento, Texas 18.46 por ciento, Nueva York 20.13 por ciento, Florida 20.42 por ciento, Washington 20.62 por ciento y Nebraska 22.54 por ciento.

Para el caso de América Latina, encontramos ejemplos como República Dominicana que grava a nivel local los ingresos derivados de actividades de telecomunicación a una tasa del 3 por ciento y Venezuela que grava con una tasa del 2.3 por ciento a los servicios de telecomunicaciones y la telefonía móvil celular con una sobretasa del 0.1 por ciento para el año 2001, misma que a partir del 2005 es de 0.5 por ciento.

Igualmente, puede citarse que en España, en el presente año, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, que establece un gravamen del 0.9 por ciento sobre los ingresos derivados de la prestación del servicio de telecomunicaciones.

Este gravamen tiene la virtud de ser efectivo en su capacidad recaudatoria, ya que se trata de servicios que presta un grupo reducido de empresas, dando lugar a un control y vigilancia muy estrechos y a una fuente segura de recursos fiscales.

Otra ventaja del impuesto que se propone es que conlleva un importante grado de progresividad, es decir, recae en mayor medida en los grupos de altos ingresos de la población.

Por otra parte, la incidencia de este impuesto en las actividades productivas es también sumamente reducida, al representar este gasto un porcentaje pequeño de los costos totales de las empresas y al ser deducible para efectos del impuesto sobre la renta.

Para el caso de los servicios de telefonía, se destaca que de conformidad con la ENIGH 2006, de los 26.5 millones de hogares que existen en el país, 21.9 millones (82.3 por ciento) tienen línea telefónica, ya sea fija o móvil: 11.2 millones solamente cuentan con línea fija; 10.6 millones con telefonía celular y 5.5 millones con ambas.

Por lo que hace a otros servicios de telecomunicaciones en los hogares, se destaca que alrededor de 230 mil (menos del 1 por ciento) reciben servicios de radiolocalización (como biper y fax); 3.3 millones (11.4 por ciento) reciben servicios de Internet y 4.4 millones (16.7 por ciento) cuentan con servicios de televisión restringida (por cable o vía satélite, entre otros).

Además, es importante mencionar que con las medidas que se están instrumentando para promover un uso más eficiente del espectro radioeléctrico, mediante la próxima asignación de bandas de frecuencia que está programada, así como con la participación de nuevos proveedores de redes públicas de telecomunicaciones, se espera que se genere una disminución en el precio de los servicios de telecomunicaciones.

Cabe mencionar que el impuesto que se propone no es novedad en nuestro país, ya que durante 2002 y 2003, estuvo vigente en México el IEPS de telecomunicaciones y conexos, aplicándose la tasa del 10 por ciento al monto de las contraprestaciones por el servicio, el cual se derogó por cuestiones de política fiscal mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2003.

Al respecto, la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas ejecutorias en forma reiterada, validaron como constitucional el citado impuesto a los servicios de telecomunicaciones y conexos, al considerar que cumplía con los principios de legalidad, equidad y proporcionalidad. Los criterios más relevantes que se emitieron por nuestro Máximo Tribunal son:

Por lo que se refiere a los servicios de telecomunicaciones en los que se utilizan bandas del espectro radioeléctrico, cabe destacar que en la reforma a la Ley Federal de Derechos aprobada por el Congreso de la Unión para 2003, se creó un nuevo esquema de derechos que gradualmente ha sustituido a los cobros que se han venido aplicando en dicho sector.

El esquema de derechos que aprobó esa Soberanía consiste en cuotas de derechos que se cobran en función del número de megahertz (MHz) concesionados a cada empresa. Dichas cuotas son diferentes en función de la región en la que se usan, gozan, explotan o aprovechan las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico y del tipo de bandas de que se trate, reflejando el valor de mercado del espectro radioeléctrico.

Con la aplicación de esa reforma se ha logrado:

Adicionalmente, es importante comentar que los derechos que hoy pagan los concesionarios por el uso, goce, explotación o aprovechamiento del espectro radioeléctrico tienen como finalidad generar un uso eficiente de este bien de dominio público de la Federación que es escaso, ya que el referido derecho se debe cubrir aun y cuando no se utilice el espectro radioeléctrico concesionado, lo que incentiva su uso eficiente e inhibe la especulación; asimismo, se destaca que dicho cobro ha sido validado como constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al cumplir con los principios de legalidad, equidad y proporcionalidad.

Sin embargo, por su participación en el mercado de la industria de telecomunicaciones en México, los concesionarios del espectro radioeléctrico de menor tamaño pagan más en proporción de sus ingresos que los que tienen mayor intervención en la prestación de servicios y, por ende, mayores ingresos, por lo que el impuesto que se propone agrega un elemento adicional encaminado a que el sector enfrente cargas fiscales semejantes y la Federación reciba una recaudación adecuada de este sector.

Cabe señalar, que los derechos por el uso, goce, explotación o aprovechamiento del espectro radioeléctrico representaron en promedio en los últimos 3 años el 1.55 por ciento de los ingresos de los concesionarios.

Es importante mencionar que en el periodo de 1998 a 2007, los ingresos de las empresas de telefonía celular se han multiplicado 12 veces en términos reales, mientras que los pagos que éstas realizan al Gobierno Federal por el uso, goce, explotación o aprovechamiento del espectro radioeléctrico sólo han crecido en términos reales 1.13 veces.

Sin embargo, el esquema vigente de derechos sólo grava a los concesionarios en función de la cantidad de MHz que utilizan, sin que se encuentren gravadas de manera específica las percepciones que se obtienen por la prestación de servicios, a través de una red pública de telecomunicaciones y sin que, en algunos casos, los concesionarios cubran aprovechamientos calculados sobre dichos ingresos, motivo por el que el impuesto especial a las telecomunicaciones que se propone resulta adecuado.

Por lo expuesto y dada la necesidad de recursos del país, se propone el establecimiento de un impuesto especial a los servicios que se presten a través de una red pública de telecomunicaciones con una tasa del 4 por ciento, por ser un gravamen que tendría una baja incidencia por peso recaudado, es decir, que menos afecta el gasto de las familias. La incorporación de este impuesto a los servicios que se prestan a través de las redes de telecomunicaciones generaría ingresos adicionales equivalentes a 13,911.1 mdp.

Es importante destacar, que se excluyen del impuesto que se propone a los servicios de telefonía pública y telefonía fija rural, así como a los de interconexión entre redes públicas de telecomunicaciones.

En el caso de los servicios de telefonía pública y telefonía fija rural, se considera indispensable fomentar el acceso a los servicios mencionados, tanto al público en general como a las comunidades con poblaciones reducidas en las que actualmente dichos servicios son limitados, con el fin de propiciar el desarrollo de dichas comunidades al facilitar su comunicación y que se logren integrar al país para alcanzar mayores estadios de desarrollo.

Ello es necesario para que los mexicanos puedan comunicarse de manera ágil y oportuna en todo el país, atendiendo la necesidad de garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de telefonía, tanto a nivel nacional como regional.

De acuerdo con lo anterior, se propone definir el servicio de telefonía fija rural como aquél que se preste en poblaciones reducidas de acuerdo con los resultados que se obtengan de los censos generales de población y vivienda que se lleven a cabo conforme a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica o, en su caso, de acuerdo con la información más actualizada del INEGI, como lo son los conteos de población y vivienda. A efecto de facilitar la aplicación del gravamen, se propone que, a través de su página de Internet, el Servicio de Administración Tributaria dé a conocer el nombre de las poblaciones en donde aplicaría el beneficio señalado.

De igual manera, se propone establecer mediante disposición transitoria que para aplicar la exención a partir de la entrada en vigor de este impuesto, se deberán tomar en consideración los resultados obtenidos en el II Conteo de Población y Vivienda 2005, que se levantó de conformidad con lo dispuesto en el ``Decreto por el que se declara de interés nacional la preparación, organización, levantamiento, integración, generación de bases de datos, tabulación y publicación del II Conteo de Población y Vivienda 2005'', publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 2005, por ser la información oficial más reciente sobre la población en México.

Por otra parte, en el caso de los servicios de interconexión entre redes públicas de telecomunicaciones, se considera que dado que no se utilizan para prestar un servicio final, con la exención propuesta se evitaría un doble gravamen por la prestación de estos servicios y con ello se propiciaría además, que éstos se proporcionen en condiciones recíprocas, lo que hace posible el incremento en la competencia en la prestación de dichos servicios, beneficiando directamente a los usuarios.

Cabe destacar que en la tesis aislada número 2a. LXXII/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estableció que la exención del gravamen a los servicios de interconexión entre redes públicas de telecomunicaciones, es constitucional porque existen razones objetivas que justifican el beneficio otorgado y, por ende, respeta el principio de equidad tributaria.

Por otra parte, toda vez que los servicios de telecomunicaciones que se gravarían son los que se proporcionen en territorio nacional, se propone adicionar una disposición a fin de establecer que se entenderá que se prestan dichos servicios en territorio nacional, cuando éstos se lleven a cabo en el mismo, total o parcialmente.

En virtud de que el impuesto a los servicios de telecomunicaciones que se propone entraría en vigor en 2010, se estima conveniente aclarar en una disposición transitoria que los servicios que se hayan proporcionado antes del establecimiento de este impuesto no están afectos al pago de este gravamen, aun cuando el pago se realice en 2010. Cabe mencionar que lo previsto en esta disposición no es aplicable a los servicios que se proporcionen a partir del 1 de enero de 2010, aun cuando se hayan prepagado.

Por lo anterior, se propone adicionar los artículos 2o., fracción II, con un inciso C); 3o., con las fracciones XIV y XV; 8o., con una fracción IV, y 18-A, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Momento de causación del impuesto.

Actualmente en la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, tanto en la enajenación de bienes como en la prestación de servicios a que la misma se refiere, se establece como momento de causación cuando se cobren las contraprestaciones; sin embargo, no existe previsión respecto del tratamiento que debe darse cuando el pago se realiza mediante cheque u otros títulos de crédito, vales o tarjetas electrónicas, situación que actualmente sí se encuentra regulada para el mismo propósito en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por lo que, para otorgar seguridad jurídica y armonizar la leyes tributarias sobre el efecto de pago que tienen estos medios, se propone establecer que se considera que se cobran efectivamente las contraprestaciones correspondientes a los actos o actividades gravadas cuando se realicen los supuestos que para tal efecto se establecen en la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Por lo anterior, se propone adicionar el artículo 5o.-C a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Cerveza

Es de destacar que en los últimos 8 años la recaudación del IEPS por la enajenación e importación de cerveza equivale, en promedio, a poco más de 76 por ciento de la recaudación que en su conjunto se obtiene en el IEPS por la enajenación e importación de bebidas alcohólicas y cerveza.

Así, ante la necesidad de fuentes de financiamiento del gasto público, el elevado potencial recaudatorio que tiene la cerveza respecto del resto de las bebidas alcohólicas y el hecho de que la cerveza no es un bien de primera necesidad y que por el contrario se trata de un bien cuyo consumo implica problemas de salud pública, se considera conveniente aumentar de manera temporal la tasa del IEPS aplicable a la enajenación e importación de cerveza.

Por ello, en la presente Iniciativa se propone incrementar transitoriamente la tasa del IEPS aplicable a la enajenación e importación de cerveza, para ubicarse en los ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 2012 en 28 por ciento, reduciéndose en un punto porcentual en 2013 para ubicarse en 27 por ciento y regresar a su nivel actual, de 25 por ciento, a partir del ejercicio de 2014.

Se estima que el incremento propuesto a la tasa del IEPS aplicable a la cerveza no afectará la operación de su mercado, en términos de contrabando y adulteración. Además, debido a que su esquema de comercialización se realiza a través de distribuidores con convenios, su instrumentación es más fácil de llevar a cabo.

Por otra parte, cabe señalar que el incremento a la tasa del IEPS aplicable a la cerveza tiene un componente de progresividad en la medida en que conforme a la ENIGH 2006, los tres deciles de más altos ingresos concentran poco menos de 60 por ciento del total del gasto en este producto.

Es de destacar que con esta propuesta se beneficiarían las finanzas públicas de los municipios y de las entidades federativas, ya que el 20 por ciento de la recaudación del IEPS de cerveza se asigna directamente a estas últimas y el resto de la recaudación forma parte de la Recaudación Federal Participable que se distribuye vía participaciones.

Se estima que esta modificación generaría en 2010 ingresos adicionales de 1,994.9 mdp.

Con base en lo expuesto, por su digno conducto y con fundamento en los artículos 71, fracción I y 72, apartado H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de ese Honorable Congreso de la Unión, la siguiente Iniciativa de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Artículo Único. Se REFORMAN los artículos 2o., encabezado y fracción II, inciso B); 4o., segundo y cuarto párrafos; 5o., segundo párrafo; 10; 11, cuarto párrafo; 14, segundo párrafo, y 19, fracciones I, II, primer párrafo y IX; y se ADICIONAN los artículos 2o., fracciones I, incisos A), con un segundo párrafo y C) con un segundo párrafo, y II, con un inciso C); 3o., con las fracciones XIV y XV; 5o.-C; 8o., con una fracción IV; 18-A; 19, fracciones II, con un quinto párrafo, XVI, con un segundo párrafo y XXII, y 20, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

``Artículo 2o.- Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

Artículo 3o.- ...

Artículo 4o.- ...

Únicamente procederá el acreditamiento del impuesto trasladado al contribuyente por la adquisición de los bienes a que se refiere el inciso A) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, con excepción del impuesto calculado conforme al segundo párrafo de dicho inciso. También procederá el acreditamiento del impuesto pagado por el propio contribuyente en la importación de los bienes a que se refieren los incisos A), C), D) y E) de dicha fracción, siempre que sea acreditable en los términos de la citada Ley.

...

El acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en esta Ley, las tasas a que se refiere la fracción I, inciso A) del artículo 2o. de la misma, o de la que resulte de aplicar las cuotas a que se refieren los artículos 2o., fracción I, incisos A), segundo párrafo y C), segundo párrafo y 2o.-C de esta Ley. Se entiende por impuesto acreditable, un monto equivalente al del impuesto especial sobre producción y servicios efectivamente trasladado al contribuyente o el propio impuesto que él hubiese pagado con motivo de la importación, exclusivamente en los supuestos a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, en el mes al que corresponda.

...

Artículo 5o.- ...

El pago mensual será la diferencia que resulte de restar a la cantidad que se obtenga de aplicar la tasa que corresponda en los términos del artículo 2o. de esta Ley a las contraprestaciones efectivamente percibidas en el mes de que se trate, por la enajenación de bienes o la prestación de servicios gravados por esta Ley; el impuesto pagado en el mismo mes por la importación de dichos bienes, así como el impuesto que resulte acreditable en el mes de que se trate de conformidad con el artículo 4o. de esta Ley. Tratándose de la cuota a que se refiere el segundo párrafo del inciso C) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, el pago mensual por este concepto será la cantidad que se obtenga de aplicar la cuota que corresponda a los tabacos labrados enajenados en el mes, ya sea por gramo o por cigarro, según se trate, disminuida con el impuesto pagado en el mismo mes al aplicar la cuota correspondiente con motivo de la importación de los tabacos labrados, en los términos del segundo párrafo del artículo 4o. de esta Ley. Tratándose de la cuota a que se refiere el artículo 2o., fracción I, inciso A), segundo párrafo de esta Ley, el pago mensual será la cantidad que se obtenga de aplicar la cuota correspondiente a los bienes enajenados en el mes, disminuida con el impuesto pagado en el mismo mes al aplicar dicha cuota con motivo de su importación, en los términos del segundo párrafo del artículo 4o. de esta Ley.

...

Artículo 5o.-C.- Para los efectos de esta Ley, se considera que se cobran efectivamente las contraprestaciones correspondientes a los actos o actividades gravadas, cuando se realicen los supuestos que para tal efecto se establecen en la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Artículo 8o.- ...

Artículo 10.- En la enajenación de los bienes a que se refiere esta Ley, el impuesto se causa en el momento en el que se cobren las contraprestaciones y sobre el monto de lo cobrado. Cuando las contraprestaciones se cobren parcialmente, el impuesto se calculará aplicando a la parte de la contraprestación efectivamente percibida, la tasa que corresponda en términos del artículo 2o. de esta Ley. Por las enajenaciones de cerveza en las que el impuesto se pague aplicando la cuota a que se refiere el artículo 2o.-C de esta Ley, el impuesto se calculará por los litros que hayan sido pagados con el monto de las contraprestaciones efectivamente percibidas. Tratándose de la cuota por enajenación de tabacos labrados a que se refiere el segundo párrafo del inciso C) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, el impuesto se calculará por los gramos o cigarros, según corresponda, efectivamente cobrados. En las enajenaciones de los bienes a que se refiere el artículo 2o., fracción I, inciso A), segundo párrafo de esta Ley, en las que el impuesto se pague aplicando la cuota establecida en dicho inciso, el impuesto se calculará por los litros efectivamente cobrados.

Artículo 11.- ...

Tratándose de las cuotas a que se refieren los artículos 2o., fracción I, inciso A), segundo párrafo y 2o.-C de esta Ley, los contribuyentes calcularán el impuesto sobre el total de litros enajenados. Tratándose de la cuota por enajenaciones de tabacos labrados a que se refiere el segundo párrafo del inciso C) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, el impuesto se calculará por el total de gramos enajenados o, en su caso, por la totalidad de cigarros enajenados.

Artículo 14.- ...

Por las importaciones de los bienes en las que el impuesto se pague aplicando las cuotas a que se refieren los artículos 2o., fracción I, inciso A), segundo párrafo y 2o.-C de esta Ley, los contribuyentes calcularán el impuesto sobre el total de litros importados afectos a las citadas cuotas. En las importaciones de tabacos labrados en las que el impuesto se pague aplicando la cuota a que se refiere el segundo párrafo del inciso C) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, el impuesto se calculará por el total de gramos importados o, en su caso, por la totalidad de cigarros importados.

Artículo 18-A.- Para los efectos de esta ley, se considera que se prestan los servicios en territorio nacional, a través de una o más redes públicas de telecomunicaciones a que se refiere el artículo 2o., fracción II, inciso C), de esta Ley, cuando éstos se lleven a cabo en el mismo, total o parcialmente.

Artículo 19.- ...

Artículo 20.- Los contribuyentes que en forma habitual realicen los juegos con apuestas y sorteos a que se refiere el inciso B) de la fracción II del artículo 2o. de esta Ley en establecimientos fijos están obligados a:

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este artículo será sancionado con la clausura de uno a dos meses del establecimiento o establecimientos que tenga el contribuyente en donde realice las actividades de juegos con apuestas y sorteos y cuyas operaciones deben ser registradas en los sistemas de cómputo a que se refiere el presente artículo.

No procederá la aplicación de la sanción establecida en el párrafo anterior cuando el incumplimiento se deba a fallas en los sistemas de cómputo cuyas causas no sean imputables a los contribuyentes y siempre que éstos presenten un aviso al Servicio de Administración Tributaria en el plazo y los términos que a través de reglas de carácter general emita dicho órgano desconcentrado.

Las obligaciones establecidas en este artículo no son exigibles a las personas que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8o., fracción III de esta Ley están exentas del pago del impuesto por las actividades mencionadas en el primer párrafo de este artículo, ni a los contribuyentes a que se refiere el artículo 29 de esta Ley.''

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2010.

Segundo.- Tratándose de las enajenaciones de cerveza que se hayan celebrado con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto, las contraprestaciones correspondientes que se cobren con posterioridad a la fecha mencionada, estarán afectas al pago del impuesto especial sobre producción y servicios de conformidad con las disposiciones vigentes en el momento de su cobro. No obstante lo anterior, los contribuyentes podrán calcular el impuesto correspondiente, aplicando la tasa que corresponda conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, siempre que dicho producto se haya entregado antes de la fecha mencionada y el pago de las contraprestaciones respectivas se realice dentro de los primeros diez días naturales de 2010.

Tercero.- Tratándose de las enajenaciones de los bienes a que se refieren los incisos A), numeral 3 y C) de la fracción I del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que se hayan celebrado con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto, las contraprestaciones correspondientes que se cobren con posterioridad a la fecha mencionada, estarán afectas al pago del impuesto especial sobre producción y servicios de conformidad con las disposiciones vigentes en el momento de su cobro. No obstante lo anterior, los contribuyentes podrán calcular el impuesto correspondiente, aplicando únicamente la tasa que corresponda conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, siempre que dichos productos se hayan entregado antes de la fecha mencionada y el pago de las contraprestaciones respectivas se realice dentro de los primeros diez días naturales de 2010.

Cuarto.- Para los efectos de lo dispuesto en el segundo párrafo del inciso C) de la fracción I del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, durante los ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 2012, en lugar de aplicar la cuota prevista en dicho párrafo, se estará a lo siguiente:

Quinto.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 2o., fracción II, inciso C) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, los servicios a que se refiere dicho inciso que se hayan proporcionado con anterioridad al 1 de enero de 2010, no estarán afectos al pago del impuesto establecido en dicha disposición, aun cuando el pago de los mismos se realice en la fecha mencionada o con posterioridad.

Sexto.- Para los efectos de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción IV del artículo 8o. de esta Ley, el beneficio previsto en dicha disposición se determinará tomando en cuenta los resultados del II Conteo de Población y Vivienda 2005, levantado de conformidad con lo dispuesto en el ``Decreto por el que se declara de interés nacional la preparación, organización, levantamiento, integración, generación de bases de datos, tabulación y publicación del II Conteo de Población y Vivienda 2005'', publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 2005.

Séptimo.- La adición de la fracción XXII del artículo 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, entrará en vigor el 1 de julio de 2010.

Octavo.- El Servicio de Administración Tributaria publicará las reglas de carácter general a que se refieren los artículos 19, fracción XVI y 20 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. Las obligaciones a que se refieren los mencionados artículos, serán exigibles a los contribuyentes a partir del 1 de julio de 2010.

Noveno.- Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 2o., fracción I, inciso A), numeral 1 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, tratándose de cerveza, en sustitución de la tasa establecida en dicho numeral, durante los años de 2010, 2011 y 2012, se aplicará la tasa de 28%, y durante 2013, la tasa de 27%.

Reitero a usted, ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Doctor Javier Laynez Potisek, procurador Fiscal de la Federación.--- Presente

Me refiero al oficio 529-II-DGLCFP-703/09, por el que la Procuraduría Fiscal de la Federación remite a esta subsecretaría los anteproyectos de la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley que Establece la Contribución para el Combate a la Pobreza; la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales; la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativa al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (iniciativas), así como la evaluación de impacto presupuestario correspondiente.

Sobre el particular, con fundamento en los artículos 18, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad hacendaria; 18 a 20 de su reglamento; 65-A y 65-B, fracciones III y VIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y con base en lo dispuesto en el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la elaboración, revisión y seguimiento de iniciativas de leyes y decretos del Ejecutivo federal (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2003), para los efectos del dictamen de impacto presupuestario a que se refieren las disposiciones de la ley anteriormente citada y de su reglamento, le informo lo siguiente:

Lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos de lo dispuesto en el artículo 20, último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual señala que la evaluación de impacto presupuestario y su dictamen se anexarán a la iniciativa de ley o decreto que se presente al Congreso de la Unión.

No omito mencionar que, en relación con la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, éstos se sujetan al procedimiento específico previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria --artículos 40, 41 y 42- para su elaboración y presentación al Congreso de la Unión. En este sentido, en términos de las referidas disposiciones legales, las exposiciones de motivos de ambos ordenamientos junto con los criterios generales de política económica, comprenden toda la información sobre el impacto fiscal presupuestario del paquete económico para el siguiente ejercicio fiscal, incluyendo entre otros aspectos, la información detallada de las fuentes de ingresos y las asignaciones de gasto correspondientes para el ejercicio fiscal 2010; los objetivos que se fijan para dicho periodo; así como diversa información macroeconómica, incluyendo información de ejercicios anteriores y proyecciones de mediano plazo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado David Arellano Cuan, director general adjunto de Análisis Jurídico de la Dirección General Jurídica de Egresos.--- Presente.

Me refiero al oficio número 353.A.1.-1288 de 3 de septiembre de 2009, mediante el cual remite los anteproyectos de la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley que establece la Contribución para el Combate a la Pobreza; la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales; la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativa al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, así como la evaluación de impacto presupuestario correspondiente, con el propósito de obtener el dictamen de impacto presupuestario de esta área.

Al respecto, me permito informar que, de la revisión a los documentos en cuestión, y de conformidad con la evaluación de impacto presupuestario citada, no se requerirán recursos adicionales; no existe impacto adicional en los programas aprobados; no hay destinos específicos en leyes fiscales de gasto público, ni se establecen nuevas atribuciones.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 18, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 18 a 20 de su Reglamento: 65-A del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y el acuerdo por el que emiten los lineamientos para la elaboración, revisión y seguimiento de iniciativas de leyes y decretos del Ejecutivo federal, no se tiene inconveniente en que se continúe con los trámites conducentes, en el entendido de que no se incrementarán ni crearán estructuras ocupacionales para el presente ejercicio fiscal y subsecuentes.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciada Ana Brun Iñárritu, subprocuradora Fiscal Federal de Legislación y Consulta.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 18 a 20 de su reglamento y con fundamento en los artículos 38 y 70 del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a continuación se presenta la evaluación del impacto presupuestario de los documentos que integran el paquete económico para 2010 que a continuación se señalan:

Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley que establece la Contribución para el Combate a la Pobreza.

I. Impacto en la estructura ocupacional de las dependencias y entidades por la creación o modificación de unidades administrativas y p1azas o, en su caso, creación de nuevas instituciones

Las iniciativas que integran el paquete económico de 2010 no prevén la creación o modificación de unidades administrativas y plazas o instauración de nuevas instituciones, ni la modificación de las estructuras orgánicas y ocupacionales adicionales a las ya existentes.

Las iniciativas de mérito tienen como finalidad fortalecer los ingresos tributarios, mejorar la equidad en la distribución de la carga fiscal, simplificar y perfeccionar las disposiciones fiscales, así como cerrar áreas grises de la legislación tributaría que posibilitan prácticas de evasión y elusión fiscal.

II. Impacto presupuestario en los programas aprobados de las dependencias y entidades

Las iniciativas de referencia no tienen un impacto presupuestario adicional en los programas aprobados de las dependencias y entidades de la administración pública federal, toda vez que ya están diseñados los programas y acciones para administrar, recaudar, fiscalizar y contabilizar los ingresos tributarios de los contribuyentes. Cabe mencionar que a través de estas iniciativas se busca mejorar y hacer más eficientes esas tareas.

III Establecimiento de destinos específicos de gasto público

Las iniciativas antes mencionadas no prevén de manera alguna destinos específicos de gasto público, es decir, no establecen que el monto de los ingresos tendrá destino específico.

IV. Establecimiento de nuevas atribuciones y actividades que deberán realizar las dependencias y entidades

Las iniciativas que se presentan tampoco establecen nuevas atribuciones y actividades que deban realizar esta dependencia o el Servicio de Administración Tributaria, ya que como anteriormente se mencionó, los programas y acciones para administrar, recaudar y fiscalizar el cumplimiento fiscal de los contribuyentes ya se encuentran diseñados.

V. Inclusión de disposiciones generales que incidan en la regulación en, materia presupuestaria

Finalmente, las iniciativas de mérito no contienen en sí mismas disposiciones generales que impacten en la regulación en materia presupuestaria.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

LEY QUE ESTABLECE LA CONTRIBUCION PARA EL COMBATE A LA POBREZA

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña , Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Por este conducto, y para los efectos de lo dispuesto en el inciso H) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en la fracción I del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por instrucciones del Presidente de la República me permito enviar la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley que establece la Contribución para el Combate a la Pobreza

Asimismo, acompaño al presente copia del oficio número 53.A.-1303, signado el 3 del actual, así como del anexo que en él se menciona, a través de los cuales la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remite el dictamen de impacto presupuestario de la citada iniciativa. Por otro lado, se señala que no se sujeta a las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por ser de carácter fiscal y que, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no se publicó en el sitio de Internet de la dependencia referida, toda vez que su publicación anticipada podría comprometer los efectos que se pretenden lograr con ella.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Presidencia de la República.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

En ejercicio de la facultad constitucional concedida al Ejecutivo Federal, se somete a consideración del honorable Congreso de la Unión, por su digno conducto, la presente iniciativa de Ley de la Contribución para el Combate a la Pobreza, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Es responsabilidad del Gobierno Federal conducir a México hacia el desarrollo humano sustentable, entendido como el proceso permanente de ampliación de capacidades y libertades de los mexicanos que les permita vivir mejor, sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras.

Para tal fin, esta administración ha adoptado una política social integral que busca igualar las oportunidades de vida digna para los mexicanos, especialmente para los más pobres que son los que más resienten los episodios de crisis económica. Esta política se ha materializado a través de los resultados de las siguientes acciones:

En suma, en los tres primeros años de esta Administración los recursos invertidos para la superación a la pobreza, como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), han aumentado en casi un punto porcentual en comparación con el mismo periodo de la Administración anterior, al pasar del 1.2 en 2003 al 2.2 por ciento en 2009.

Los resultados de los programas antes referidos, si bien son positivos, aún son insuficientes. El esfuerzo debe ser sostenido y, en la medida de lo posible, irse acrecentando, en especial en aquellos que tienen un mayor impacto en el combate a la pobreza y que garantizan los mejores resultados. En su Visión General de la Economía de México 2009 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló que en México, a pesar de la efectividad de las recientes reformas para ampliar la atención básica de salud a los grupos más desprotegidos, la cobertura de seguridad social es aún incompleta. Asimismo, aunque el gasto por habitante en salud ha aumentado en términos reales más de 100 por ciento desde la crisis de 1995, su nivel continúa siendo reducido de acuerdo con estándares internacionales.

Bajo ese contexto, la atención a la pobreza requiere de un compromiso presupuestal que no puede descansar solamente en ingresos petroleros sujetos a volatilidad de precio y a la cada vez menor cantidad de hidrocarburos. Por ello, el combate a la pobreza exige una base de ingresos públicos más estable y permanente.

Ahora bien, respecto al ámbito educativo, estudios de la OCDE advierten que un número importante de los niños provenientes de hogares en el decil de ingresos más bajo asiste a la secundaria. Ese organismo internacional reconoce la importancia del programa Jóvenes con Oportunidades pero señala que es imperioso aumentar su alcance para ampliar la cobertura y la eficiencia del gasto en educación.

Además, hoy 50.5 millones de mexicanos no obtienen un ingreso suficiente para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, vestido, calzado, vivienda, salud, transporte público y educación. Dentro de ese total, más de 19.5 millones de mexicanos se encuentran en tal situación de pobreza que no cuentan con los ingresos para cubrir los requerimientos de alimentación establecidos en la llamada canasta alimentaria INEGI-CEPAL.

Esta situación es inadmisible y el país no puede permitir que se agrave a causa de la crisis económica mundial y a consecuencia de la disminución de los recursos públicos, derivada no sólo de la coyuntura económica sino del inexorable agotamiento de la riqueza petrolera en los yacimientos actualmente susceptibles de ser explotados.

Sin perjuicio de las razones de justicia elemental que obligan a combatir la pobreza, existen poderosos motivos desde el punto de vista del desarrollo económico sostenido que hacen imperativo atenderla de forma urgente y prioritaria, con eficiencia y con mecanismos que verdaderamente redistribuyan el bienestar.

La pobreza encarece el desarrollo para todos, inclusive para aquéllos que disfrutan de mejores condiciones de vida. Un país con un alto índice de pobres que no disponen de los elementos para salir de esa condición y unirse al desenvolvimiento productivo del país, limita el crecimiento y las oportunidades que los mexicanos reclaman.

La experiencia nacional e internacional ha demostrado que, para países con altos índices de pobreza como México, el instrumento idóneo para mejorar las condiciones de vida y dotar de oportunidades a quienes padecen pobreza y carecen de opciones para salir de esa condición, es una política social decidida, sustentada en recursos públicos manejados con escrúpulo y transparencia, y focalizada justamente en aquellos grupos de población más necesitados para dotarles eficazmente de las herramientas para salir de su condición, tales como la salud, la educación, la vivienda, la infraestructura básica, el acceso a la cultura y al desarrollo físico.

Una mayor igualdad entre los mexicanos garantiza una convivencia armónica y un desarrollo económico y político con estabilidad social.

La presente Administración está consciente que para conducir a México hacia un desarrollo sostenible es necesario resolver las graves diferencias que imperan en el país. Se requiere el trabajo conjunto de Gobierno y sociedad para poder mejorar significativamente las condiciones de vida de quienes se encuentran en situación de pobreza, es decir: casi la mitad de la población. Nadie puede, en justicia, sustraerse a este esfuerzo urgente e imperioso.

En este contexto, dadas las grandes carencias de amplios segmentos de la población y las fuertes desigualdades en la distribución del ingreso, el Gobierno Federal debe impulsar una vigorosa política social para que el PIB, la productividad y los salarios reales puedan crecer más rápidamente. Sólo asegurando la igualdad de oportunidades en salud, educación, alimentación, vivienda y servicios básicos, las personas podrán participar activamente en esta economía dinámica.

La atención de los mexicanos que viven en condiciones de pobreza y marginación es un desafío y una prioridad a la que este Gobierno no renunciará por motivo alguno. Por el contrario, se hace obligatorio hacer mucho más a favor de quienes menos tienen. Para lograrlo, en las circunstancias actuales, es claro que se demanda un esfuerzo mayor de quienes sí pueden hacerlo, empezando por el Gobierno Federal que, al tiempo que disminuye su tamaño conforme a las propuestas que se plantean junto con la presente Iniciativa, debe aumentar sustancialmente su eficiencia.

En la actualidad, diversos factores ponen en riesgo los esfuerzos que se han realizado para dotar a los ciudadanos de una vida digna. 2008 fue especialmente un año complejo para quienes menos tienen; al inicio del año se enfrentó una crisis alimentaria y posteriormente a finales del mismo se produjo la caída económica global, misma que se intensificó en 2009 y se combinó con los efectos de la influenza A/H1N1.

Los efectos de la crisis económica sobre las familias con menos recursos son especialmente graves, lo que exige dar una atención más urgente a los más desprotegidos de la sociedad, quienes demandan la creación de un plan de respuesta a la crisis actual.

Uno de los problemas más graves que genera el alza de los precios en alimentos es el efecto que causa en el poder adquisitivo de las familias más pobres. Al destinar una mayor proporción de sus ingresos a la alimentación, las familias ven mermada su posibilidad de gasto en otras necesidades básicas como la educación y salud lo que genera un impacto negativo en sus niveles de desarrollo humano.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desa-rrollo Social considera que aun cuando los avances y los logros de los programas sociales han permitido ampliar los servicios de salud, de educación, de alimentación y de vivienda, particularmente entre quienes más lo necesitan, la pobreza por ingresos sigue siendo elevada en México y aumentó debido al entorno económico adverso a nivel internacional y nacional.

Es por esto que se vuelve indispensable redoblar esfuerzos para fortalecer el ingreso de las familias más pobres para que puedan mitigar estos efectos.

Por otra parte, los recursos petroleros, que permitieron a México disponer de ingresos y financiar su desarrollo hasta ahora, y que fueron relativamente abundantes, han comenzado a declinar. En los últimos años el yacimiento de Cantarell, que llegó a proveer más del 60 por ciento de todo el petróleo que producíamos, ha empezado a decaer y se agotará.

La plataforma de producción de petróleo se ha reducido en 700 mil barriles diarios de seis años a la fecha. Esto significa haber perdido, por lo menos y de manera permanente, 300 mil millones de pesos de ingreso por año, que tienen que ser sustituidos ahora por ahorro y por una mayor recaudación.

Como resultado de ello, de no realizar las reformas y transformaciones que México necesita, se tendrá una disminución sustancial de los recursos que se podrán destinar al financiamiento de los programas prioritarios de combate a la pobreza y desigualdad. Esta reducción implicará que se requiera más tiempo para sacar de la pobreza a quienes hoy enfrentan condiciones adversas por su condición de marginación.

A pesar de este escenario de difíciles restricciones presupuestales se deben encontrar los medios para que el gasto público indispensable destinado a la política social, al menos, se mantenga en sus niveles actuales, al tiempo que se torne más eficiente focalizando aún más su destino. No es una opción aceptable retrasar y postergar el combate a la pobreza. De ahí que el Gobierno Federal hará radicales ajustes al gasto en áreas no prioritarias o con menor impacto en el combate a la pobreza, lo que incluye una reestructuración a fondo de la Administración Pública Centralizada para hacerse más eficiente, con el objeto de realizar mucho más con muchos menos recursos.

Aún con este ajuste radical al gasto público los recursos disponibles para combatir la pobreza resultan insuficientes, lo que hace imperativo un esfuerzo adicional de la sociedad.

Dado este escenario, se requiere de una base sólida, confiable y permanente de ingresos tributarios, que sean suficientes no sólo para mantener en el mismo nivel al gasto social presupuestado en años anteriores, sino también para fortalecer los programas prioritarios que han demostrado ser más efectivos en el combate a la pobreza y la desigualdad.

En este sentido, y con el fin de concentrar la fuerza y los recursos del Estado mexicano en un esfuerzo de todos por frenar el crecimiento de la pobreza y por mitigar los impactos negativos que la crisis alimentaria y económica mundial ha dejado en la población de menores ingresos, se propone introducir la Contribución para el Combate a la Pobreza, a través de la cual todos contribuyamos de forma proporcional y equitativa a generar los ingresos públicos que hoy día reclama el cumplimiento de esta impostergable responsabilidad.

Al respecto, cabe destacar que la contribución que se propone a esa Soberanía es acorde con lo establecido en el artículo 31 constitucional sobre la responsabilidad de contribuir al financiamiento del gasto público, al tiempo que se cumple con el objetivo de satisfacer los requerimientos colectivos antes señalados, de acuerdo a la Tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), número 1a./J.65/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXX, julio de 2009, que señala:

Asimismo, se debe considerar que la solidaridad en el pago de las contribuciones es un principio inmerso en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al señalar dicho precepto que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional que fortalezca su régimen democrático y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una distribución del ingreso y la riqueza más justa, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

Ante las necesidades imperantes de recaudación, es necesario que todos los sectores de la sociedad, público y privado, concurran con responsabilidad social para mantener finanzas públicas sanas que permitan un desarrollo económico sostenido.

Con base en ello, los mexicanos tienen el deber de contribuir al gasto público, a fin de satisfacer necesidades colectivas, objetivos inherentes a la utilidad pública y al interés social, pero más aún aquéllos cuya riqueza es mayor, cumpliendo con el deber de solidaridad con los menos favorecidos, sin que se entienda que estos últimos no deban contribuir al gasto público.

En efecto, la motivación última de esta contribución es clara: México no puede dejar atrás o al margen del camino del desarrollo a casi la mitad de la población que vive hoy día en alguna condición de pobreza, sea de patrimonio o de capacidades o, peor aún, de pobreza alimentaria, condición en la que aún viven 19.5 millones de mexicanos.

El esfuerzo para superar esa condición vergonzosa y profundamente injusta corresponde a todos y recae especialmente en quienes tienen mayores medios para ser solidarios con los que menos tienen.

Por su parte, el Gobierno Federal se compromete a garantizar, mediante los mecanismos más eficaces y acuciosos de escrutinio del gasto público, un ejercicio eficiente y escrupuloso de los recursos que adicionalmente genere esta contribución, para que sean destinados en su integridad al combate a la pobreza. Este escrutinio quedará, desde luego, a cargo de los órganos de fiscalización previstos en nuestra Carta Magna, pero también es más que deseable que se realice, de forma puntual y oportuna, por toda la sociedad, por organismos especializados e independientes, así como por instituciones internacionales de renombre en esta materia.

En cumplimiento del compromiso de que todo incremento en los ingresos públicos deberá encaminarse a cubrir las prioridades en materia social, los aproximadamente 70 mil millones de pesos que, se estima, se generarían a partir de la contribución que se propone, sin duda serán utilizados a través del Presupuesto de Egresos de la Federación a los programas de combate a la pobreza y desigualdad. En especial, se haría énfasis en dos tipos de programas: los de transferencia de efectivo y los que integran la red de protección social.

Asimismo, los ingresos que generaría la contribución que se propone, permitirán mantener en 2010 a los principales programas de subsidio dirigidos al combate a la pobreza con asignaciones similares a las de 2009 e incrementar en forma significativa el presupuesto de aquellos que han demostrado tener la mayor incidencia en la superación de la pobreza, de conformidad con lo siguiente:

Como se aprecia, la recaudación derivada de la contribución que se propone permitirá reforzar el gasto en programas prioritarios efectivos para alcanzar los objetivos antes mencionados y mitigar el efecto de la crisis en esos grupos vulnerables.

La propuesta que se somete a consideración de ese Honorable Congreso de la Unión, permite pasar de la lógica de los cambios posibles a la de los cambios de fondo, rompiendo inercias y construyendo nuestro futuro con certeza.

Asimismo, la propuesta que se presenta permite concentrar la fuerza y los recursos del Estado Mexicano en un esfuerzo de todos por mitigar los impactos negativos que la crisis alimentaria y económica mundial han dejado en la población de menores ingresos. Además, esta Iniciativa permite fortalecer los ingresos públicos destinados a cubrir las necesidades del país en materia social.

Por otra parte, es menester señalar que se propone que la Contribución para el Combate a la Pobreza grave sobre una base de efectivo, al valor de la realización de todo tipo de actividades económicas, aplicándose en todas las etapas de la producción de manera no acumulativa, permitiendo su acreditamiento y evitando así múltiples tributaciones.

Dicha contribución sería un impuesto indirecto con Ley propia. La tasa sería del 2 por ciento y se aplicaría de forma general con el fin de que se graven actividades que hasta ahora no se encuentran sujetas a alguna contribución.

La contribución gravaría a la realización de todo tipo de actividades económicas, de tal manera que la carga fiscal no se concentre en sectores específicos, sino que se distribuya de la manera más amplia posible. De esta forma serán objeto de la misma la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, así como la importación de bienes y servicios.

Esta contribución brindará a toda la sociedad la oportunidad de cooperar de manera directa a los esfuerzos que realiza el país para tratar de erradicar lo más rápidamente posible la pobreza extrema en la que se encuentran muchos de nuestros compatriotas, en especial los que viven en las zonas rurales.

Lo que se pretende es cambiar el paradigma actual y que todas las actividades económicas contribuyan a cubrir las prioridades de la nación en materia social. Aunque se conservarían un mínimo de exenciones, algunas de ellas originadas por la complejidad que para ciertos grupos de contribuyentes entraña el cumplimiento de las obligaciones formales y los sistemas de control y registro y, en otros casos, por razones de carácter estrictamente técnico fiscal.

Con el fin de no afectar la competitividad de nuestras exportaciones se propone que la contribución las grave a la tasa del cero por ciento.

Se debe considerar que en términos generales la contribución no requiere que los contribuyentes cambien el método de facturación y declaración de impuestos, toda vez que los conceptos que se utilizarían para su cálculo se podrán agregar a los que se emplean para la determinación de otros impuestos que se trasladan, por lo que no se requerirán declaraciones o comprobantes fiscales especiales.

No obstante lo anterior, de aprobarse esta Iniciativa, el Ejecutivo Federal a mi cargo instruirá al Servicio de Administración Tributaria para que, de conformidad con el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, establezca mediante reglas de carácter general disposiciones que faciliten el cumplimiento de las obligaciones y con ello se eviten cargas administrativas que pudieran generarse en la comprobación fiscal.

Conforme a la presente Iniciativa se propone exentar de la Contribución para el Combate a la Pobreza a ciertas enajenaciones de bienes, así como a la prestación de algunos servicios. Estas exenciones no representan inequidad alguna y, como se anunció anteriormente, se justifican en algunos casos para evitar complicaciones administrativas a los contribuyentes, mientras que en otros se hace por cuestiones de técnica impositiva y para evitar prácticas de evasión fiscal. En determinados supuestos, la exención se considera para no complicar las tareas de fiscalización, las cuales podrían originar a la administración pública erogaciones iguales o mayores a la recaudación que se podría obtener de estos sectores.

Es una práctica internacionalmente aceptada, por más de ciento veinte países que han adoptado el Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas, no considerar ciertas transacciones o la revaluación de activos para el cómputo del PIB, que mide el ingreso agregado que se genera en una economía, ya que si bien esas transacciones o reevaluaciones podrían generar un ingreso para algunas personas, el mismo se cancela con las pérdidas o minusvalías que generan para sus contrapartes y por lo tanto sólo representan trasferencias más no agregan valor a la economía como un todo.

Si se aplica el principio antes citado, resulta conveniente exentar de la contribución que se propone en la presente Iniciativa a la enajenación de ciertos bienes en la que sólo se transmite la propiedad, sin que se genere un ingreso agregado para la sociedad como un todo. Tal es el caso del suelo, la compra de moneda nacional y extranjera, incluyendo las piezas de oro o de plata que hubieran tenido tal carácter y las piezas denominadas en onza troy, así como las partes sociales, los títulos de crédito y los documentos por cobrar.

En la Contribución para el Combate a la Pobreza que se propone se exenta el pago de intereses que cobran y pagan las instituciones financieras, ya que si bien gravar los intereses que éstas cobran sería relativamente sencillo, no lo es cuando se trata de los intereses que pagan, toda vez que el universo de ahorradores es de varias decenas de millones, lo que complica enormemente la operación de la contribución propuesta. De esta manera se estaría otorgando el carácter de contribuyentes a personas que no tienen capacidad administrativa para cumplir algunas obligaciones formales o bien se desalentaría el ahorro público.

En ese orden de ideas, con el objeto de que el sistema financiero también contribuya en la generación de los recursos para el combate a la pobreza se propone una excepción a la exención previamente señalada, relativa a los intereses cobrados y pagados por el sistema financiero, consistente en gravar a los intereses que se cobren al público en general que pueden considerarse accesorios de las contraprestaciones correspondientes a la adquisición de bienes o servicios en el consumo final, como son los intereses derivados de tarjetas de crédito, créditos hipotecarios y, en general, de créditos otorgados a compradores finales. Mediante esta propuesta se obtiene una recaudación equivalente, en el agregado, a que todos los intereses estuvieran gravados con esta contribución, pero se evita encarecer las operaciones de crédito y ahorro que son vitales para generar el crecimiento de la economía.

Asimismo, no se considera conveniente exentar de la contribución propuesta a los intereses que deriven del financiamiento entre particulares, toda vez que en este caso no se presenta el problema de gravar a un universo amplio de depositantes, como sucede en las instituciones del sistema financiero. Además, se consideró que de exentar a los intereses que se cobran y pagan entre particulares se propiciarían prácticas de evasión fiscal al manipular la composición entre el precio y los intereses, dándole un mayor peso a los intereses con el fin de evadir el pago de la contribución.

Por otra parte, se considera conveniente gravar las comisiones relativas a los créditos cuyos intereses están sujetos al pago de la contribución propuesta, así como las comisiones que cobran las instituciones financieras por prestar sus servicios, para evitar que se utilice la figura de la comisión como una forma de elusión fiscal, al simularla como la contraprestación por la adquisición de un bien o servicio y así eludir el pago de la contribución.

Se propone que las operaciones financieras derivadas reciban un tratamiento fiscal en esta contribución similar al de los intereses, toda vez que éstas derivan sus rendimientos de operaciones que, conforme a las razones expuestas, no les corresponde el pago de la contribución.

Asimismo, se propone exentar de la citada contribución a la enajenación de bienes muebles usados, excepto cuando son enajenados por empresas, en la medida en que la enajenación de este tipo de bienes es realizada esporádicamente por personas físicas que no serían contribuyentes, tales como los asalariados o las amas de casa, lo que los llevaría a cumplir una serie de obligaciones formales y a adoptar mecanismos de registro y control de la contribución que les fue trasladada al momento en que adquirieron dicho bien para identificar el grado de consumo que el mismo tuvo en su poder, a fin de acreditar la contribución que les fue trasladada, lo que resultaría muy complejo de cumplir y fiscalizar por parte de la autoridad.

De igual forma, se aclara que la exención antes referida tiene por objeto evitar la doble imposición, ya que cuando un bien mueble es enajenado por primera ocasión causa la contribución correspondiente y si es enajenado con posterioridad la contribución es incorporada como parte del precio, sin embargo el enajenante no podría acreditar la parte de la contribución que le fue trasladada cuando lo adquirió, correspondiente al consumo pendiente de realizarse por dicho bien, razón por la cual se daría una doble imposición sobre el mismo bien.

Por otra parte, es conveniente exentar de la contribución propuesta en la presente Iniciativa al transporte marítimo internacional de bienes prestado por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, en la medida en que este servicio, al ser considerado como exportación y gravarse a la tasa del 0 por ciento, daría lugar a que la empresa extranjera sin establecimiento permanente en México solicitara la devolución de la contribución que haya sido trasladada por la adquisición de todos los insumos adquiridos en el país, tales como combustibles, lubricantes, alimentos, uniformes de trabajo, herramientas, entre otros, aun cuando muchos de ellos se consumieran en el país y no estuvieran relacionados directamente con el transporte marítimo, lo cual significaría dejar de gravarlos con la contribución que corresponde.

En otro orden de ideas, derivado de que el oro es de fácil comercialización, ya sea al menudeo de manera informal o bien a través de las monedas, sin que por su enajenación se obtengan los comprobantes fiscales respectivos, esta situación podría ser aprovechada para que dicho material sea fundido y exportado en lingotes, dando lugar así a cuantiosas devoluciones indebidas de la contribución correspondiente por estar afecta la exportación a la tasa del 0 por ciento, lo que actuaría en detrimento del erario público.

Con el fin de evitar tales prácticas de defraudación fiscal, se propone exentar de esta contribución al oro y a sus productos derivados, cuyo contenido mínimo de dicho material sea del 80 por ciento, siempre que su enajenación no se efectúe en ventas al menudeo con el público en general, así como a los lingotes de oro con un contenido mínimo del 99 por ciento del citado material, siempre que su enajenación se efectúe en ventas al menudeo o con el público en general.

Por otro lado, toda vez que la contribución establece la tasa del 0 por ciento a la exportación, se propone exentar también a las importaciones temporales. Asimismo, y toda vez que en los recintos fiscales estratégicos contemplados en la Ley Aduanera se establecen empresas con programas de importación temporal, se extiende el régimen de exención en la transmisión de cualquier tipo de bienes que se encuentren sujetos al régimen aduanero de recinto fiscalizado estratégico.

Asimismo, se propone exentar a los servicios prestados en forma gratuita, excepto cuando los beneficiarios sean los miembros, socios o asociados de la persona moral que presta el servicio, debido a que al no realizar el cobro de cantidad alguna por la prestación del referido servicio no se determina contribución a pagar, lo que podría dar lugar a que los prestadores de estos servicios determinaran en cero la contribución a pagar y obtuvieran un saldo a favor por la contribución que les hubiera sido trasladada en los insumos adquiridos para prestar el servicio, mismo que podría ser solicitado mediante devolución, obteniendo así la liberación del gravamen latente que tendría el consumo final de dichos servicios.

Por otra parte, ante la posibilidad de que los contribuyentes argumenten que con esta contribución se gravan actividades que están afectas a otros gravámenes, por lo que se estaría actualizando una doble tributación que podría impugnarse ante los Tribunales Federales, es menester destacar que, dichos órganos jurisdiccionales han sostenido que para que la doble imposición sea inconstitucional, se debe demostrar que la carga tributaria que resulte sea ruinosa y de tal manera gravosa que, por tal motivo, agote la fuente de ingresos al ser desproporcional e inequitativa.

Asimismo, nuestro Máximo Tribunal ha sostenido que si la justicia fiscal se logra mediante los gravámenes y se demuestra que no se trata simplemente de acumular tributaciones de modo anárquico, si no que la creación del impuesto y la forma de su recaudación obedece a razones técnicas dentro de la organización fiscal imperante en el país, el impuesto se justifica.

Sin embargo, los supuestos que ha establecido la SCJN, no se actualizan para la contribución que se propone, toda vez que gravaría a actividades que, por el tratamiento fiscal que les es aplicable, hoy en día no generan recaudación alguna en términos de lo establecido por el artículo 31 constitucional.

Además, la tasa propuesta del 2 por ciento de la contribución no generaría una carga tributaria gravosa que pudiera resultar ruinosa, toda vez que resulta ser una tasa significativamente pequeña comparada con las tasas impositivas que de forma general aplican otros países.

La propuesta de incrementar los impuestos al consumo no es exclusiva en nuestro país, diversas experiencias exitosas se registran en otras naciones, tal es el caso de Chile, en donde se han aumentado las tasas a los impuestos para financiar los programas de combate a la pobreza extrema y asegurar que toda la población tenga acceso a una salud digna, a través de los programas ``Sistema Chile Solidario'' y ``Plan Auge''. Los resultados positivos de esta estrategia llevaron a que los aumentos de tasa, que inicialmente fueron transitorios, no sólo se volvieron definitivos sino que se incrementaron.

Un aspecto a destacar es que, en la medida en que la contribución que se propone resulte un vehículo eficaz para que el Estado obtenga los recursos que le permitan financiar el gasto social que demandan quienes menos tienen, en conjunto con esta Soberanía, se podrán proponer incrementos a su tasa a efecto de que gradualmente se sustituya la recaudación de impuestos que son más complejos y distorsionantes, con lo que se podrán eliminar estos impuestos en el futuro.

Por lo expuesto es que se propone a esa Soberanía la aprobación de la Iniciativa de Ley de la Contribución para el Combate a la Pobreza, la cual, como se ha mencionado, grava la realización en el territorio nacional de todo tipo de actividades económicas y que se aplicará en todas las etapas de la cadena económica. De esta forma, son objeto de la contribución la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, así como la importación de bienes y servicios.

La base de la contribución que se propone se integra por el precio o contraprestación pactados, así como por las cantidades que adicionalmente se carguen o cobren al adquirente por otros impuestos, derechos, intereses, penas convencionales o cualquier otro concepto. Debe destacarse que el impuesto al valor agregado y la propia contribución no forman parte de la base de este gravamen.

A la base de la contribución se le aplicará la tasa del 2 por ciento y el impuesto será enterado mensualmente.

Ahora bien, toda vez que la contribución se causa en todas la etapas de la cadena comercial, desde el productor hasta el consumidor final, para evitar el efecto acumulativo en cascada de la carga fiscal en las etapas intermedias, se permite el acreditamiento de la contribución que haya sido trasladada al contribuyente, por lo que éste pagará el diferencial entre la contribución causada y la que le haya sido trasladada, cuando ésta sea menor.

El esquema del acreditamiento de la contribución obedece a un criterio que se utiliza para la elaboración de las cuentas nacionales, consistente en que para evitar una múltiple contabilidad se resta la compra de insumos de otros sectores, a fin de determinar el valor agregado de cada sector, por lo que se evita la doble tributación de manera análoga.

Dada la relevancia que tiene contar con estos ingresos tributarios para fortalecer los programas para el combate a la pobreza resulta indispensable establecer mecanismos para asegurar el correcto pago de la contribución. Es por ello que se propone establecer que cuando el contribuyente omita el pago de la contribución, además de las otras consecuencias que se deriven del incumplimiento como son la actualización, recargos y multas, perderá el derecho a acreditar la contribución que se le haya trasladado en el mes de que se trate.

Por otra parte, cuando en el cálculo mensual se obtenga un saldo a favor, se establece que el contribuyente podrá acreditarlo contra la contribución que se cause en los meses posteriores, solicitar su devolución, o bien compensarlo. Como una medida de control administrativo se establece que cuando el contribuyente, para efectos del impuesto al valor agregado, obtenga un saldo a favor y ejerza alguna de las opciones mencionadas, la misma opción se deberá ejercer respecto al saldo a favor de la contribución del mismo mes.

Igualmente debe mencionarse que se establecen reglas para recuperar la contribución trasladada en el caso de devoluciones de bienes enajenados, descuentos y bonificaciones, así como cuando existan devoluciones de anticipos o depósitos.

Por lo que hace a la importación de bienes y servicios la contribución se pagará de la misma forma en que hoy se paga el impuesto al valor agregado por dicha actividad.

Por otra parte, en relación con la exportación de bienes o servicios, se debe mencionar que es la única actividad a la que se aplicará la tasa del 0 por ciento, considerando que el consumo de los mismos se realiza en el extranjero y que los bienes y servicios exportados están gravados con impuestos al consumo del país de destino. Adicionalmente, al aplicar el exportador la tasa antes citada se le permite recuperar la contribución pagada y mantener su competitividad económica.

Ahora bien, como una medida de simplificación para facilitar el cálculo de la contribución que se propone, el ordenamiento que la regularía se remite a las leyes conducentes para definir y aplicar diversos elementos que la conforman tales como la definición de las diversas actividades gravadas, la integración de la base, el momento de causación, las reglas de acreditamiento y el momento de pago, entre otras. Ello es así puesto que los elementos de otros gravámenes son ya ampliamente conocidos, tanto por los contribuyentes como por las autoridades fiscales y órganos jurisdiccionales, lo que facilitará ampliamente la aplicación de esta contribución al no incluir elementos novedosos que pudieran causarles dificultades en su aplicación. Cabe mencionar que no se establecen obligaciones adicionales a los contribuyentes puesto que aplicarán las que ya hoy día tienen en materia de otros impuestos.

Por lo que hace al régimen de pequeños contribuyentes no cambia su tratamiento con esta nueva contribución, ya que la misma deberá ser incluida en la estimación que para efectos de los otros impuestos deben realizar las autoridades fiscales.

Dado que la administración y la estimativa de este sector la llevan a cabo las entidades federativas, al igual que otros impuestos a cargo de los pequeños contribuyentes, la recaudación obtenida corresponderá al 100 por ciento a dichas entidades.

Finalmente, mediante disposiciones transitorias, además de proponer la entrada en vigor a partir del 1° de enero de 2010, se aclara que cuando se cobren contraprestaciones a partir de la fecha mencionada por enajenaciones o servicios en los que los bienes se hayan entregado con anterioridad a la fecha citada o los servicios se hayan prestado con antelación a dicha fecha, no estarán afectas al pago de la contribución y, en el caso del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, tampoco estarán afectas al pago las contraprestaciones que se reciban a partir del 1° de enero de 2010 por el uso o goce correspondiente a periodos anteriores a la citada fecha.

Con base en lo expuesto, por su digno conducto y con fundamento en los artículos 71, fracción I y 72, apartado H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de ese Congreso de la Unión la siguiente Iniciativa de

LEY DE LA CONTRIBUCIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA

CAPÍTULO I Disposiciones generales

Artículo 1. Están obligadas al pago de la contribución establecida en esta Ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:

La contribución se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 2%. En ningún caso se considerará que la contribución que este ordenamiento establece forma parte de dichos valores.

El contribuyente trasladará la contribución prevista en esta Ley, en forma expresa y por separado, a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente, o reciban los servicios. Se entenderá por traslado de la contribución el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente a la contribución establecida en esta Ley, inclusive cuando se retenga en los términos del artículo 18 de la misma.

El contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre la contribución a su cargo y la que le hubieran trasladado o la que él hubiese pagado en la importación de bienes o servicios, siempre que sean acreditables en los términos de esta Ley. En su caso, el contribuyente disminuirá de la contribución a su cargo, la contribución que se le hubiere retenido.

El traslado de la contribución a que se refiere este artículo no se considerará violatorio de precios o tarifas, incluyendo los oficiales.

Para los efectos de esta contribución, se consideran residentes en territorio nacional, además de los señalados en el Código Fiscal de la Federación, las personas físicas o las morales residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos en el país, por todos los actos o actividades que en los mismos realicen.

Artículo 2. La Federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios, los organismos descentralizados, las instituciones y asociaciones de beneficencia privada, las sociedades cooperativas o cualquiera otra persona, aunque conforme a otras leyes o decretos no causen impuestos federales o estén exentos de ellos, deberán aceptar la traslación a que se refiere el artículo 1 de esta Ley y, en su caso, pagar la contribución y trasladarla, de acuerdo con los preceptos del presente ordenamiento.

La Federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios, así como sus organismos descentralizados y las instituciones públicas de seguridad social, tendrán la obligación de pagar la contribución prevista en este ordenamiento únicamente por los actos que realicen que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos, salvo que se trate de derechos estatales o municipales por el servicio o suministro de agua potable y por el uso de la red de alcantarillado o drenaje, y sólo podrán acreditar la citada contribución que les haya sido trasladada en las erogaciones o la pagada en la importación, que se identifique exclusivamente con las actividades por las que estén obligados al pago de la misma. Para el acreditamiento de referencia se deberán cumplir con los requisitos previstos en esta Ley.

Artículo 3. El acreditamiento consiste en restar la contribución acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en esta Ley la tasa correspondiente.

Para los efectos del párrafo anterior, se entiende por contribución acreditable la contribución que establece esta Ley que haya sido trasladada al contribuyente y la propia contribución que él hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios, en el mes de que se trate.

El derecho al acreditamiento es personal para los contribuyentes obligados conforme a esta Ley y no podrá ser trasmitido por acto entre vivos, excepto tratándose de fusión. En el caso de escisión, el acreditamiento de la contribución pendiente de acreditar a la fecha de la escisión sólo lo podrá efectuar la sociedad escindente. Cuando desaparezca la sociedad escindente, se estará a lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 14-B del Código Fiscal de la Federación.

Artículo 4. El acreditamiento de la contribución que esta Ley establece será procedente en los mismos términos que para el acreditamiento del impuesto al valor agregado se prevén en la Ley que regula este último impuesto, y siempre que se cumplan los requisitos que la misma establece.

Los contribuyentes que omitan el pago de la contribución que esta Ley establece perderán el derecho a acreditar la contribución que se les haya trasladado en el mismo mes.

Artículo 5. La contribución prevista en este ordenamiento se calculará por cada mes de calendario, salvo los casos señalados en el artículo 16 de esta Ley.

Los contribuyentes efectuarán el pago de la contribución mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas y en el plazo en que se deba efectuar el pago del impuesto al valor agregado.

El pago mensual será la diferencia entre la contribución que corresponda al total de las actividades gravadas realizadas en el mes por el que se efectúa el pago, a excepción de las importaciones de bienes tangibles, y las cantidades por las que proceda el acreditamiento en los términos de esta Ley. En su caso, el contribuyente disminuirá de la contribución que corresponda al total de sus actividades, la contribución que se le hubiere retenido en dicho mes.

Tratándose de importación de bienes tangibles el pago se hará como lo establece el artículo 12 de este ordenamiento. Para los efectos de esta Ley son bienes tangibles los que se pueden tocar, pesar o medir e intangibles los que no tienen al menos una de estas características.

Artículo 6. Cuando en la declaración de pago resulte saldo a favor, el contribuyente podrá acreditarlo, solicitar su devolución o compensarlo en los mismos términos y condiciones que se establecen en la Ley del Impuesto al Valor Agregado respecto de los saldos a favor del impuesto a que se refiere dicho ordenamiento.

Cuando para los efectos del impuesto al valor agregado el contribuyente opte por alguna de las alternativas mencionadas respecto del saldo a favor determinado en el mes que corresponda, y determine en el mismo mes también un saldo a favor de la contribución que esta Ley establece, se deberá ejercer, respecto de esta última, la misma opción.

Artículo 7. El contribuyente que reciba la devolución de bienes enajenados, otorgue descuentos o bonificaciones, o devuelva los anticipos o los depósitos recibidos, con motivo de la realización de actividades gravadas por esta Ley, deducirá en la siguiente o siguientes declaraciones de pago del mes de calendario que corresponda, el monto de dichos conceptos del valor de los actos o actividades por los que deba pagar la contribución, siempre que expresamente se haga constar que la contribución que esta Ley establece que se hubiere trasladado fue restituida.

El contribuyente que devuelva los bienes que le hubieran sido enajenados, reciba descuentos o bonificaciones, así como los anticipos o depósitos que hubiera entregado, disminuirá la contribución restituida del monto de la contribución acreditable en el mes en que se actualice cualquiera de los supuestos mencionados; cuando el monto de la contribución acreditable resulte inferior al monto de la contribución que se restituya, el contribuyente pagará la diferencia entre dichos montos al presentar la declaración de pago que corresponda al mes en que reciba el descuento o la bonificación, efectúe la devolución de bienes o reciba los anticipos o depósitos que hubiera entregado.

Lo dispuesto en los dos párrafos precedentes no será aplicable cuando por los actos que sean objeto de la devolución, descuento o bonificación, se hubiere efectuado la retención y entero en los términos del artículo 18 de esta Ley. En este supuesto los contribuyentes deberán presentar declaración complementaria para cancelar los efectos de la operación respectiva, sin que las declaraciones complementarias presentadas exclusivamente por este concepto se computen dentro del límite establecido en el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación.

CAPÍTULO II De los elementos para determinar la contribución

Artículo 8. Para los efectos de esta Ley, se entiende:

La contribución que establece esta Ley en ningún caso formará parte del valor para los efectos del impuesto al valor agregado.

CAPÍTULO III De las exenciones

Artículo 9. No se pagará la contribución que esta Ley establece en los supuestos siguientes:

CAPÍTULO IV De la importación de bienes y servicios

Artículo 10. Para los efectos de esta Ley se considera:

La contribución que establece esta Ley en ningún caso formará parte del valor para los efectos del impuesto al valor agregado.

Artículo 11. No se pagará la contribución en las importaciones a que se refieren las fracciones I, II, IV, V, VI, VII y VIII del artículo 25 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Artículo 12. Tratándose de importación de bienes tangibles, el pago de la contribución que esta Ley establece se sujetará a las mismas disposiciones que para dicha actividad se establecen en la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

CAPÍTULO V De la exportación de bienes o servicios

Artículo 13. Las empresas residentes en el país calcularán la contribución aplicando la tasa del 0% al valor de la enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando unos u otros se exporten.

Para los efectos de esta Ley, se reputa exportación de bienes o servicios las actividades consideradas como tales en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con excepción de los supuestos previstos en las fracciones IV, inciso g) y h) y VII, del artículo 29 de dicho ordenamiento.

Artículo 14. Tratándose de los supuestos previstos en el artículo 9 de esta Ley, el exportador de bienes o servicios calculará la contribución aplicando la tasa del 0% al valor de la enajenación o prestación de servicios. También procederá el acreditamiento cuando las empresas residentes en el país exporten bienes tangibles para enajenarlos o para conceder su uso o goce en el extranjero.

La devolución en el caso de exportación de bienes tangibles procederá hasta que la exportación se consume, en los términos de la legislación aduanera. En los demás casos, procederá hasta que se cobre la contraprestación y en proporción a la misma.

CAPÍTULO VI De las obligaciones de los contribuyentes

Artículo 15. Las personas obligadas al pago de la contribución que esta Ley establece deberán cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para las actividades afectas al pago de dicho impuesto. Para tal efecto, en cualquier caso en que se aluda al impuesto citado, se entenderá hecha la referencia a la contribución que esta Ley establece.

Artículo 16. Cuando se enajene un bien o se preste un servicio en forma accidental, por los que se deba pagar la contribución en los términos de esta Ley, el contribuyente la pagará mediante declaración que presentará en las oficinas autorizadas, dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en el que obtenga la contraprestación, sin que contra dicho pago se acepte acreditamiento. En las importaciones ocasionales el pago se hará de acuerdo con lo que establece el artículo 12 de esta Ley. En estos casos el contribuyente no formulará declaración mensual ni llevará contabilidad, pero deberá expedir el comprobante respectivo y conservar la documentación correspondiente durante cinco años.

Tratándose de la enajenación de inmuebles por la que se deba pagar la contribución en los términos de esta Ley, consignada en escritura pública, los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios que por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán la contribución bajo su responsabilidad y la enterarán dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se firme la escritura, en la oficina autorizada que corresponda a su domicilio. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable al caso a que se refiere el artículo 1o.A, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Artículo 17. Cuando la contraprestación que cobre el contribuyente por la enajenación de bienes, la prestación de servicios o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, no sea en efectivo ni en cheques, sino total o parcialmente en otros bienes o servicios, se considerará como valor de éstos el de mercado o en su defecto el de avalúo. Los mismos valores se tomarán en cuenta tratándose de actividades por las que se deba pagar la contribución establecida en esta Ley, cuando no exista contraprestación.

En las permutas y pagos en especie, la contribución se deberá pagar por cada bien cuya propiedad se trasmita, o cuyo uso o goce temporal se proporcione, o por cada servicio que se preste.

Artículo 18. Cuando de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado deba realizarse la retención del impuesto que la misma regula, incluso la que debe efectuar la Federación y sus organismos descentralizados, también se deberá llevar a cabo la retención de la contribución a que se refiere esta Ley, a la cual le serán aplicables las mismas obligaciones, efectos y consecuencias que se prevén en la Ley primeramente citada.

CAPÍTULO VII De las facultades de las autoridades

Artículo 19. Al importe de la determinación presuntiva del valor de los actos o actividades por los que se deba pagar la contribución en los términos de esta Ley, se aplicará la tasa prevista en el artículo 2 de este ordenamiento y el resultado se reducirá con las cantidades acreditables que se comprueben.

CAPÍTULO VIII Del régimen de pequeños contribuyentes

Artículo 20. Los contribuyentes que de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado paguen dicho impuesto mediante estimativa que practiquen las autoridades fiscales, pagarán la contribución a que se refiere esta Ley también mediante estimativa.

La estimativa mencionada en el párrafo anterior se determinará aplicando en lo conducente lo dispuesto por el artículo 2o.C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Los contribuyentes respecto de la contribución que establece esta Ley, tendrán las obligaciones que se prevén en dicho artículo y se producirán los mismos efectos en caso de incumplimiento.

Las Entidades Federativas que tengan celebrado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público convenio de coordinación para la administración del impuesto sobre la renta a cargo de las personas físicas que tributen conforme al régimen de pequeños contribuyentes de acuerdo con lo previsto en el Título IV, Capítulo II, Sección III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, estarán obligadas a ejercer las facultades a que se refiere el citado convenio a efecto de administrar también la contribución que establece esta Ley a cargo de los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el artículo 2o.C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y deberán recaudar el impuesto mencionado dentro de la cuota a que se refiere dicho artículo. Las Entidades Federativas recibirán como incentivo el cien por ciento de la recaudación que obtengan por el citado concepto.

CAPÍTULO IX De la recaudación federal participable

Artículo 21. Para los efectos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, la contribución que se establece en la presente Ley, forma parte de la recaudación federal participable.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del 1° de enero de 2010.

SEGUNDO. Las contraprestaciones que efectivamente se cobren a partir del 1° de enero de 2010, no estarán sujetas al pago de la contribución a que se refiere la presente Ley cuando en la enajenación de bienes y la prestación de servicios, la entrega del bien de que se trate o la prestación del servicio se hayan realizado con anterioridad al 1° de enero de 2010.

Tratándose de las contraprestaciones por el uso o goce temporal de bienes que se cobren efectivamente a partir del 1° de enero de 2010, lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará cuando dichas contraprestaciones deriven del uso o goce temporal de bienes correspondiente a periodos anteriores a la fecha indicada.

TERCERO. En tanto no se expidan las disposiciones reglamentarias del presente ordenamiento se aplicarán, en lo que no se opongan a éste, las disposiciones del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.

Reitero a usted, ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

MATERIA ARANCELARIA

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo establecido por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; por instrucciones del Presidente de la República, me permito enviar informe sobre el uso de la facultad conferida al Ejecutivo federal en el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia arancelaria, durante el período comprendido de septiembre de 2008 a agosto de 2009.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Presidencia de la República.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Comercio Exterior, me permito someter a la aprobación de esa soberanía el informe sobre el uso de las facultades que en materia arancelaria ha ejercido el Ejecutivo federal a mi cargo, durante el periodo comprendido entre septiembre de 2008 y agosto de 2009.

Las modificaciones arancelarias realizadas en dicho periodo tuvieron como principales objetivos aminorar el impacto de la contracción en los mercados internacionales, promover el fortalecimiento de la competitividad nacional, a efecto de alentar la inversión, coadyuvar al desarrollo industrial equilibrado y preservar el empleo, así como otorgar mayor transparencia a las operaciones de comercio exterior a través de la racionalización de la estructura arancelaria, en congruencia con los objetivos y las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

Durante el periodo comprendido entre septiembre de 2008 y agosto de 2009, se realizaron las siguientes modificaciones a la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE):

En el periodo comprendido entre septiembre de 2008 y agosto de 2009, la Comisión de Comercio Exterior se reunió en 15 ocasiones para desahogar las 93 solicitudes que se recibieron, tanto del sector público como del privado.

Como resultado de las medidas señaladas, la TIGIE cuenta actualmente con 12 mil 142 fracciones arancelarias, mientras que los indicadores arancelarios, a junio de 2009, son los siguientes: la media arancelaria aritmética simple de la TIGIE es de 9.6 por ciento; la desviación estándar es de 14.85 por ciento; y el arancel ponderado promedio (por valor de importación) es de 0.92 por ciento.

Reitero a usted, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por instrucciones del Presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir la iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 77 Bis 12 y 77 Bis 13 de la Ley General de Salud, documento que el titular del Ejecutivo federal propone por el digno conducto de ese órgano legislativo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Presidencia de la República.

Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

El derecho a la protección de la salud es una de las garantías sociales por antonomasia, y su reconocimiento en la norma fundamental implica una serie de derechos correlativos de los ciudadanos, así como una serie importante de obligaciones para el poder público. El reconocimiento y el respeto de las garantías sociales, entre ellas la de la salud, representa un ejercicio de legitimación del poder estatal, derivado de la convicción social de que el Estado debe asumir la responsabilidad de garantizar a todos los individuos un mínimo de bienestar.

En este sentido, en relación con el derecho a la protección de la salud reconocido en la Constitución federal, la principal obligación del Estado mexicano reside en salvaguardar el bien jurídico protegido, es decir la salud. Lo que deriva en el establecimiento de los mecanismos necesarios que permitan a la población el acceso permanente a los cauces institucionales para la protección de ese derecho, los cuales deben observar básicamente tres principios fundamentales: universalidad, equidad y calidad.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece como uno de sus objetivos evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud mediante el aseguramiento médico universal, a través de la consolidación de la reforma financiera que haga efectivo el acceso universal a los servicios de salud.

Congruente con lo anterior, el Programa Sectorial de Salud 2007-2012, en su Sección 3, plantea la visión de la presente administración a través de cinco objetivos referidos a la atención de los retos en salud que enfrenta el país, y que para el cumplimiento se instrumentan, entre otras, la estrategia 7 de la Sección 4, relativa a la consolidación de la reforma financiera, a fin de hacer efectivo el acceso universal a los servicios de salud a la persona y de la consolidación del financiamiento equitativo a la atención médica y de los servicios de alta especialidad como se ha mencionado.

De particular atención resultan la universalidad y la equidad en la protección del derecho a la salud, en los sistemas políticos en los que la democracia conceptualmente se extiende a otras tareas del Estado, como ha sido preocupación y atención constante del Estado mexicano. En ese sentido, desde hace varias décadas, las acciones del gobierno se orientaron a garantizar el derecho a la protección de la salud, para lo cual se crearon los organismos públicos de seguridad social como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como un sistema de salud pública a cargo del gobierno federal y de los gobiernos estatales.

No obstante los esfuerzos anteriores, para el año 2000, un número significativo de mexicanos se encontraban fuera de la cobertura de las instituciones de seguridad social, lo que implicaba que para tener acceso a servicios de salud debían acudir a los prestadores privados del servicio, o bien a los servicios de salud del Estado, pagando el costo del servicio. Esta circunstancia representa para un importante sector de la población, por una parte una disminución sensible del derecho que en su favor consagra el artículo 4o. constitucional, en virtud de que la calidad de la atención, o la seguridad de su obtención se encontraba vinculada con la capacidad de pago de la persona. Por otra parte, el pago que millones de familias mexicanas realizaban por acceder a los servicios de salud ha implicado históricamente el quebranto de las finanzas personales y familiares.

Para superar dicha situación, en el año 2002 el titular del Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Senadores una iniciativa para reformar la Ley General de Salud con el propósito de establecer un Sistema Nacional de Protección Social en Salud, cuyo objetivo general es dar cobertura en materia de servicios de salud al vasto sector de la población que no tiene acceso a los servicios de seguridad social, y que por su condición socioeconómica no cuenta con los recursos para acceder a los servicios de salud privados.

Bajo esta tesitura, el 15 de mayo de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformó y adicionó la Ley General de Salud, el cual entró en vigor el 1 de enero de 2004, y cuyo objeto fue la creación del Sistema de Protección Social en Salud como materia de salubridad general, fortaleciendo con ello el derecho de la población a la protección de la salud, garantía constitucional contenida en el artículo 4o. de la Carta Magna. La reforma consideró aspectos fundamentales del sector salud para hacer frente a presiones financieras derivadas de las transiciones demográfica, epidemiológica, tecnológica, económica y política que atraviesan nuestro país.

Como resultado de lo anterior, el actual Título Tercero Bis de la Ley General de Salud regula al Sistema de Protección Social en Salud, conocido también como Seguro Popular, que contiene las disposiciones estructurales de financiamiento y prestación de los servicios de salud a la población del Sistema de Protección Social en Salud que no cuenta con algún esquema de seguridad social, haciendo con ello efectivo el derecho a la protección de la salud.

Para ello, se establecieron fuentes de financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud que consisten, por un lado, en una cuota familiar que es la aportación familiar anual y anticipada conforme a la condición socioeconómica de cada familia beneficiaria al sistema y, por el otro, a través de recursos públicos tanto federales como estatales, mismas que constituyen la fuente principal de financiamiento y, conforme a las cuales, se protege a las familias contra aquellas intervenciones que provocan gastos catastróficos, así como con un catálogo de servicios esenciales de salud que incluye, sin costo adicional, los medicamentos asociados a los tratamientos; asimismo, se proporciona a las entidades federativas una previsión presupuestal para apoyar la creación de infraestructura, así como el incremento en la demanda de los servicios médicos.

Así pues, el Sistema de Protección Social en Salud es definido como un mecanismo mediante el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de su utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud.

Con este nuevo esquema de aseguramiento, se garantiza efectivamente el acceso integral a los servicios de salud públicos bajo un nuevo sistema de aseguramiento universal en salud, sin distinción de condición social, laboral y económica, a aquéllas personas que, sin ser derechohabientes de alguna institución pública de seguridad social, se incorporen al Seguro Popular, que en términos de la propia Ley General de Salud, es coordinado por la federación y operado por los servicios estatales de salud de las entidades federativas.

Ahora bien, por lo que respecta al financiamiento público, actualmente el gobierno federal contribuye anualmente a la sustentabilidad del sistema, con una cuota social por cada familia beneficiaria, equivalente al quince por ciento de un salario mínimo general vigente diario para el Distrito Federal. Adicionalmente, el gobierno federal y los gobiernos de los estados, efectúan aportaciones solidarias: por un lado, una aportación estatal mínima por familia, y por el otro, una aportación federal a partir de la distribución de recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Persona conforme a la fórmula establecida en las disposiciones reglamentarias respectivas de la Ley General de Salud.

El gobierno federal transfiere a los gobiernos de los estados los recursos que por concepto de cuota social y aportación solidaria les correspondan, con base en los padrones de familias beneficiarias del Seguro Popular.

Si bien es cierto, que con la innovación del Sistema de Protección Social en Salud, también conocido como el Seguro Popular, se establecieron mecanismos financieros viables a los requerimientos del tiempo de la reforma del año 2003 para la cobertura de los servicios de salud, también lo es el considerar la importancia de analizar los costos derivados de los cambios que se han presentado durante la afiliación de beneficiarios y la operación del sistema, tanto en la demanda de los servicios, como en la introducción de nuevas tecnologías y la reposición de infraestructura y equipo.

Es así que, por lo que respecta a la demanda de los servicios de salud, reviste especial énfasis la necesidad de garantizar la cobertura universal de los servicios de salud, por ello el gobierno federal ha garantizado la cobertura completa y de por vida en servicios de salud a los niños nacidos a partir del 1 de diciembre de 2006, a través del Programa Federal denominado Seguro Médico para una Nueva Generación, que según el Plan Nacional de Desa-rrollo es una nueva vertiente del Seguro Popular, el cual es impulsado de manera prioritaria. En este sentido, el Seguro Médico para una Nueva Generación, busca garantizar los servicios médicos que se prestan en los centros de salud de primer nivel y las acciones hospitalarias, así como los medicamentos asociados, consultas y tratamientos.

De igual forma, resulta importante destacar la estrategia llevada a cabo por la actual administración, la cual fue el resultado de las demandas de la población, y el análisis de los aspectos operativos que el Seguro Popular ha presentado respecto de la cobertura de servicios; por ello, se tomó la decisión de llevar a cabo acciones contundentes para proteger efectivamente la salud de todos los niños desde su gestación, así como la de sus madres durante el embarazo, parto y puerperio, especialmente en cuanto a la merma que en muchas de las ocasiones presenta la economía familiar al presentarse complicaciones y enfermedades durante este periodo.

En efecto, a través de la estrategia de Embarazo Saludable se garantiza la protección efectiva a la salud de todos los niños desde su gestación, así como a la salud de sus madres durante el embarazo, parto y puerperio, ubicándolos dentro del régimen no contributivo del Sistema de Protección Social en Salud.

Por cuanto hace a la afiliación al sistema, se puntualiza expresamente la posibilidad de que los beneficiarios, ya sea de forma unipersonal o colectiva por el núcleo familiar que corresponda, se afilien, para lo cual se propone a esa soberanía que la incorporación al sistema continúe de forma familiar, para la protección de dicho núcleo cuál sea que resulte su integración, en el entendido de que la unidad de protección es la persona y constituirá la base para el financiamiento del sistema.

Por otra parte, y en acatamiento a las disposiciones reglamentarias en materia de protección social en salud, se han realizado las respectivas valuaciones financieras y actuariales del Sistema de Protección Social en Salud, cuyo objetivo ha sido proporcionar certeza y confiabilidad financiera en la operación del sistema y determinar en qué medida los ingresos son suficientes para soportar los servicios médicos señalados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes), mismo que año con año desde el momento de la publicación de la reforma, ha ido incrementándose en el número de intervenciones competencia del sistema, con el fin de actualizar la garantía de protección social en salud y permitir a las entidades federativas cumplir con sus atribuciones en materia de prestación de servicios en salud, al amparo del principio de cobertura universal.

La valuación actuarial parte de la determinación por un lado, de los ingresos asociados al Sistema de Protección Social en Salud, los cuales se obtienen como resultado de aplicar las aportaciones por familia afiliada que se establecen en la Ley General Salud y, por el otro, los egresos asociados a los costos de los servicios médicos señalados en el mencionado Causes.

En este sentido, resulta importante resaltar a esa soberanía, que en materia de afiliación, desde el inicio de la operación del Sistema de Protección Social en Salud en el año 2004, el número de integrantes por familia ha presentado una desviación, ya que de acuerdo con las estimaciones originales se esperaba que las familias estuvieran conformadas por 4.3 miembros por familia. ¹ Sin embargo, el Sistema de Administración del Padrón de Afiliados al Sistema presenta evidencia de que el número de integrantes por familia afiliada ha sido menor a lo estimado.

Entre las razones por las cuales las familias que se incorporan al sistema son ahora menos numerosas puede atribuirse a que no todos los integrantes de una misma familia se están afiliando en un mismo núcleo familiar, lo cual da lugar a la incorporación de familias conformadas por una sola persona. La proporción de las familias unipersonales fue de 24% en 2008. Esta proporción tiene una elevada variación, que va del 16% (estado de México) la proporción más baja, a 40.1% (Baja California) la proporción más alta; una diferencia de 2.5 a 1.

Ahora bien, es importante mencionar que el promedio de número de integrantes por familia en cada entidad federativa es diferente, por lo que existe además, una desigualdad en la distribución de recursos, ya que el financiamiento se realiza, como ha quedado señalado a esa soberanía, por familia afiliada sin considerar el número de miembros que tenga cada una de ellas.

Para ejemplificar lo descrito, se mencionan entidades federativas a las que se les asignan recursos por familia afiliada al Sistema de Protección Social en Salud para cubrir a 2.43 integrantes, siendo que en otros estados se les asignan recursos por familia afiliada para cubrir a 4.36 personas por familia, lo que provoca un desequilibrio a nivel estatal en el sistema.

En este sentido, a 6 años de evolución del sistema se hace necesario replantear el modelo de financiamiento para transitar de un esquema familiar a uno personal, a fin de fortalecer el principio actuarial de equidad, es decir, calcular y transferir las primas del Seguro Popular de acuerdo al riesgo que cada persona representa y a la siniestralidad registrada por cada asegurado.

Un elemento adicional para cambiar a esta estrategia es la heterogeneidad que existe en el país no solo en términos geográficos, sino de marginación y pobreza de la población, así como la diferencia que se ha observado en el número de miembros por familia en diferentes localidades. El esquema de financiamiento actual no ha privilegiado el apoyo a estas zonas ni diferenciado los apoyos que reciben las entidades federativas con una mayor marginación o una mayor población, ya que, por ejemplo, es una realidad que las familias que viven en entidades con mayor proporción de población que habita en zonas semiurbanas, rurales de mayor concentración indígena, tienen un mayor número de miembros por familia en comparación de aquéllas que viven en zonas urbanas, donde el promedio de miembros es menor al promedio nacional. Por lo que con este cambio se incentiva la solidaridad financiera de las contribuciones en el sentido de que los costos promedio en que incurren las entidades federativas para la prestación de servicios de salud a las familias de un mayor número de integrantes se compensarán con aquéllos de las que tengan menos miembros.

Derivado de esta realidad, la propuesta de modificación al esquema financiero tiene la ventaja de que los recursos se canalizarían de manera más equitativa, ya que éstos estarían asociados a las personas, lo que permitirá destinar mayores recursos hacia aquellas entidades federativas que tienen un mayor número de miembros por familia, lo que a su vez garantizaría una mejor suficiencia de recursos para la prestación de servicios salud.

En suma, dada la heterogeneidad geográfica, de marginación y pobreza, de diferentes condiciones de infraestructura física así como de diferencias en los miembros por familia que existen en el territorio nacional, las modificaciones a la Ley General de Salud proponen que el financiamiento se transforme de un esquema familiar a uno en el que los recursos se canalicen a las entidades federativas con base en las personas que tenga afiliadas. En ese sentido, se promueve la optimización de los recursos que la federación destina para la operación del Seguro Popular y permitirá avanzar hacia la cobertura universal de la salud, ya que con los mismos recursos asignados será posible afiliar a una mayor cantidad de personas. Esta situación no representa impacto negativo en las contribuciones del sistema ni para sus beneficiarios.

En este sentido, se propone a esa soberanía, que el financiamiento del sistema sea calculado con base en las personas afiliadas, haciendo hincapié que la afiliación continuará realizándose por familia.

Como consecuencia de lo anterior, se pretende establecer también que el gobierno federal cubrirá anualmente la cuota social por cada persona afiliada al Sistema de Protección Social en Salud, a través de la comisión nacional prevista por el artículo 77 Bis 35 de la Ley General de Salud, cuyo monto será determinado en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud.

Conforme a lo señalado, resulta necesario establecer reglas de financiamiento acordes a la realidad que vive nuestro país, a fin de que el financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud sea sustentable y equitativo, en cuanto a las transferencias federales y aportaciones estatales, con lo que se busca la consolidación, en el largo plazo, de los objetivos del propio Sistema y su participación en el Sistema Nacional de Salud.

Así pues, se presenta un área de oportunidad para el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, ya que es precisamente en éste donde se establece la consolidación de una reforma financiera que haga efectivo el acceso universal a intervenciones esenciales de atención médica.

Resulta importante destacar que continuarán en los mismos términos, los mecanismos de información de resultados que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud rinde al Congreso de la Unión, respecto de la operación del propio sistema.

La iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, que se somete a la consideración de esa soberanía, consiste en la distribución equitativa de los recursos que sustentan financieramente al Sistema de Protección Social en Salud.

Por las razones expuestas, por su digno conducto, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Decreto por el que se reforman los artículos 77 Bis 12 y 77 Bis 13 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforman los artículos 77 Bis 12 y 77 Bis 13 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 77 Bis 12 . El gobierno federal cubrirá anualmente una cuota social por cada persona afiliada al Sistema de Protección Social en Salud, la cual será determinada por la Comisión Nacional, conforme al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud.

Artículo 77 bis 13. Para sustentar el Sistema de Protección Social en Salud, el gobierno federal y los gobiernos de los estados y del Distrito Federal efectuarán aportaciones solidarias por persona beneficiaria conforme a los siguientes criterios:

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día 1 de enero de 2010.

Segundo. El Ejecutivo federal procederá a reformar y adicionar el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, en un plazo que no excederá de nueve meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Mientras tanto, las disposiciones de aquél se seguirán aplicando en lo que no se oponga al presente decreto.

Tercero. A partir de la entrada en vigor de este decreto, se podrán incorporar al Sistema de Protección Social en Salud la población susceptible de nueva incorporación, con el fin de alcanzar el 100% de cobertura en el año 2011.

Reitero a usted las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado David Arellano Cuan, director general adjunto de Análisis Jurídico.--- Presente.

Me refiero a su oficio número 353.A1.1297, mediante el cual se remite el anteproyecto de ``iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud'', así como la correspondiente evaluación de impacto presupuestario elaborada por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), a fin de recabar el dictamen del impacto presupuestario correspondiente.

Sobre el particular, con fundamento en las atribuciones que le confiere a esta Dirección General de Programación y Presupuesto ``A'' el artículo 65 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le informo que el anteproyecto de decreto de referencia ha sido analizado en el ámbito de competencia de esta dirección general, y sobre el cual se tienen los siguientes comentarios:

Tomando en consideración lo manifestado por la CNPSS en el documento denominado Evolución de impacto presupuestario del anteproyecto de iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, anexo al oficio CNPSS/451/2009, se considera que no se actualiza los supuestos señalados en las fracciones I, II, III IV y V, del artículo 19 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La opinión que se emite no prejuzga ni valida la información, los alcances de las acciones que propone el contenido del mismo, ni constituye opinión jurídica alguna con respecto a otras leyes y disposiciones.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Salud. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Informo a esta honorable asamblea que se encuentran de visita invitados del distrito 11 de Ecatepec; también tenemos como invitada esta tarde a la asociación civil Grupo Kairos. Bienvenidos sean todos ustedes.

ANALISIS III INFORME DE GOBIERNO, EN MATERIA DE POLITICA, DE ECONOMIA Y SOCIEDAD

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Continuamos con el orden del día, que es análisis correspondiente al Tercer Informe de Gobierno, en materia de política, economía y sociedad.

Para cumplir el punto tercero del acuerdo, los grupos parlamentarios han inscrito para la primera ronda a los siguientes diputados: Jaime Álvarez Cisneros , de Convergencia; Arturo Vázquez Aguilar, de Nueva Alianza; Juan Enrique Ibarra Pedroza , del Partido del Trabajo, Juan Gerardo Flores Ramírez , del Partido Verde Ecologista; Carlos Torres Piña , del Partido de la Revolución Democrática; José Luis Ovando Patrón , del PAN; y Rogelio Cerda Pérez , del PRI.

Por consiguiente, se concede el uso de la palabra al diputado Jaime Álvarez Cisneros , en los términos del acuerdo, hasta por 10 minutos.

Señoras diputadas y señores diputados, la política interior de todo gobierno descansa en dos aspectos fundamentales: la gobernabilidad y la legitimidad de las instituciones. En la primera el gobierno tiene la capacidad para presentar a los ciudadanos sus políticas públicas y obtener el respaldo social y político necesario para implantarlas. En la segunda, el origen de la autoridad es legítimo porque se respetan las reglas que se han establecido.

La actual administración deberá fortalecer estos dos aspectos fundamentales para el tránsito hacia el futuro. A la mitad de la presente administración vemos con preocupación que el presidente de la República ejecuta un programa de gobierno alejado de las necesidades reales del país, y que lo imposibilita para desarrollar un quehacer político con mejores resultados.

El Ejecutivo federal, mediante su gabinete, administra el país distante de la sociedad. El presidente llegó con un proyecto económico que viene impulsándose desde hace casi tres décadas, pero que éste no es precisamente el que ha dado mejores resultados a la sociedad nacional.

En México existe disonancia entre la agenda pública y los resultados que espera la gente. Hay 60 millones de mexicanos en pobreza extrema y desempleo, niveles significativos de inseguridad, ingobernabilidad, rezago social, falta de coordinación con los Poderes de la Unión y entidades federativas, ambigua relación y comunicación con organizaciones sociales, una muy costosa democracia, una reforma electoral regresiva y violaciones a los derechos humanos, entre otros aspectos.

Poco a poco la realidad actual ha ido separando a la sociedad y al poder público. No es posible hablar de gobernabilidad cuando se violan los más elementales derechos humanos, se coarta la libertad de expresión tolerando el asesinato de periodistas, se pacta con cacicazgos regionales y se rompe la función de mediación y conciliación de intereses que tradicionalmente han servido como válvula de escape de la presión social o se abandona el papel de conductor del interés general.

La carencia de una política interna que establezca puentes de comunicación entre el Ejecutivo y los distintos actores políticos y sociales se ha convertido en un factor de riesgo que sigue dirigiendo al Estado mexicano a una realidad en donde impera el desencuentro político y el hartazgo de la sociedad nacional.

En cuanto a la reforma del Estado, se venía trabajando con un objetivo claro de transformar las instituciones de la república, pero ésta encalló cuando fue llevada a una reforma electoral regresiva, que limita la posibilidad de tener una sociedad plural y que permitió que los espacios mediáticos se distribuyeran a conveniencia de la partidocracia, por lo que en materia de partidos políticos promovemos una legislación que regule específicamente el régimen nacional de partidos políticos para asegurar su funcionalidad como organismos de interés público, socialmente responsables y jurídicamente acotados en el ejercicio de sus facultades representativas.

Convergencia lo ha manifestado aquí en el Congreso de la Unión y en otros foros. Hoy más que nunca estamos convencidos que el poder público continúa secuestrado y lo único que puede rescatarlo es la acción ciudadana. Por eso hemos demandado que se fortalezca la democracia participativa mediante la instauración de vías legales como el referéndum, la consulta popular y la revocación de mandato, temas que han sido soslayados por las fuerzas mayoritarias de este Congreso.

Debemos abogar por reformas en materia de seguridad y justicia como las presentadas por nuestro partido en este mismo recinto en noviembre de 2003, que son las más completas e integrales en materia de impartición de justicia y que hasta la fecha se encuentran detenidas por diversos intereses ajenos al beneficio nacional. Es evidente que el actual gobierno está inmerso en una crisis de Estado, que se refleja en la anarquía que impera en la seguridad pública, en la procuración y en la administración de la justicia.

La expansión y poderoso avance del crimen organizado, el uso y abuso del sistema de impartición de justicia con fines políticos, el incremento de asesinatos y ejecuciones ---entre ellas las de carácter político---, y una crisis de violencia generalizada a lo largo y ancho del país es hoy una realidad.

La sociedad está harta de tanta impunidad y corrupción. Basta ya de solapar a funcionarios que actúan fuera de la ley. Por eso es urgente reestructurar los órganos encargados de la procuración e impartición de justicia para que nada quede impune, para que se aplique la ley; pero que también se haga justicia. No es posible que nuestro país esté ubicado en la sexta posición con mayor delincuencia organizada, por debajo de países como Afganistán y Pakistán.

La estrategia implantada por el gobierno federal para el combate al crimen ha sido fallida. Aun cuando se decidió utilizar al Ejército Mexicano hace tres años, se han incrementado los casos de consumo de drogas y triplicado el número de muertos y se han incrementado en 700 por ciento los delitos derivados del narcotráfico.

En nuestro país se cometen 12 millones de delitos al año, de los cuales 8 millones son por robo. Millón y medio son denunciados, y de éstos últimos sólo llegan a consignarse 250 mil delitos para que, finalmente, 150 mil obtengan sentencia condenatoria; lo que representa solamente 1.5 por ciento del total de los delitos.

Por otro lado, frente a decisiones de otros países, el gobierno federal ha respondido sin fuerza y claridad, a pesar de la magnitud de los asuntos que están sobre la agenda internacional.

No se advierte en la postura mexicana una línea definida que permita, más allá de los incidentes cotidianos, vislumbrar el futuro mediante la crisis actual. Se apuesta a combatir el proteccionismo, pero no hay una perspectiva que permita elaborar una nueva hipótesis sobre el libre comercio y la integración de temas cruciales, que ya no se resuelven con la reiteración de los argumentos aprobados hace más de dos décadas; siendo necesario acudir a los paneles internacionales por violaciones al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por parte de nuestros socios comerciales.

Tampoco existe una propuesta estratégica hacia América Latina, como si la relación bilateral con Estados Unidos le impidiera a México asumir compromisos y responsabilidades.

Nuestra política exterior demanda una urgente reestructuración para corregir las limitaciones de un manejo opaco de la diplomacia nacional, lastimando la imagen del país, sobre todo en América Latina, y los principios establecidos en nuestra Constitución.

México debe trabajar por establecer la cooperación internacional, considerando las asimetrías en nuestros acuerdos comerciales y los desequilibrios en las relaciones con otros Estados, bloques económicos, organismos financieros y organismos multilaterales.

Ante la actuación de nuestro país en el contexto internacional, nuestro grupo parlamentario propone modificar la estructura jurídica para sentar las bases de una política exterior, atender los principios generales del derecho internacional y los principios que establece nuestra Constitución General.

Sin duda, con una evidente crisis del estado de derecho y un modelo económico cuyos saldos de pobreza extrema y profunda desigualdad social son tangibles, nuestro país se encuentra sin un rumbo claro. No podemos engañarnos, hay un Estado fallido cuando la autoridad no es respetada, pero peor es cuando la autoridad no respeta.

Aún estamos a tiempo para reencauzar al país, definir una amplia estrategia que reposicione a la nación de la crisis de gobernabilidad en la que está inmersa. Debemos y podemos dar un rumbo que beneficie a todos y nos garantice estabilidad social. En el análisis del informe de gobierno habremos de estar atentos a que la realidad sea observada, que las cuentas sean claras y discutamos de cara a la sociedad mexicana.

La autoridad tiene el deber de conducirse con sujeción a la ley, y en este análisis veremos la voluntad del gobierno federal de dar cabal cumplimiento de los principios de transparencia y de rendición de cuentas.

Amigas diputadas y amigos diputados, gracias por su atención.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, de Nueva Alianza.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, la política social del Estado mexicano tiene su fundamento en el mandato establecido en la Constitución Política de 1917. En ésta se define el derecho a la educación, el reconocimiento a la composición pluricultural de la nación mexicana, el derecho a la salud y a la vivienda digna, al reparto agrario y a la propiedad, así como el derecho a un empleo socialmente útil.

En el último año, en medio de la crisis económica más grave que ha enfrentado nuestro país, la política social del gobierno mexicano y los programas orientados a combatir la pobreza han mostrado sus limitaciones al estar diseñados bajo un modelo que está muy lejos de cumplir con las demandas y necesidades de la sociedad.

Cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) nos muestran que entre 2006 y 2008 aumentó la incidencia de la pobreza de patrimonio, que pasó de 44.7 a 50.6 millones de personas. A su vez, la incidencia de la pobreza alimentaria pasó de 14.4 a 19.5 millones de personas.

Ante este panorama, aumentar la tasa del ISR es gravar nuevamente a quienes trabajan y pagan impuestos. Compartimos con el Ejecutivo la urgente necesidad de promover cambios, pero no podemos secundar que se castigue a quienes ya cumplen puntualmente con sus obligaciones fiscales.

Acciones implantadas, como el Acuerdo Nacional en favor de la Economía Familiar y el Empleo para Vivir Mejor, no han detenido la pérdida de empleos, el aumento en el endeudamiento de los hogares, así como el incremento de los precios en productos básicos.

Mientras que en 2006 los hogares destinaban 29.4 por ciento de su gasto al consumo de alimentos y bebidas, en 2008 el porcentaje se elevó a 33.6 por ciento, señal de que los precios continúan en ascenso en tanto los salarios se estancan, aumenta el desempleo y se constriñe al mercado laboral.

Los mexicanos ya no quieren vivir una economía de sustitución. Peor aún, hay familias que están preocupadas por sobrevivir y tienen problemas para llevar comida a su mesa, y ahora se propone 2 por ciento más al consumo general.

En el rubro de salud enfrentamos una grave falta de prevención y de planeación emergente, que se encuentra asociada con la organización del sistema y la centralización con la cual se maneja. Situaciones como la alerta por el virus AH1N1 nos muestran que el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación y su vinculación con sectores estratégicos como el de la salud requieren más apoyos y no de reducciones presupuestarias.

Es un hecho que en materia de justicia social nuestro país arrastra una deuda histórica al no ofrecer igualdad de oportunidades para todos; fenómeno que se manifiesta en el estado inaceptable en el que viven millones de mexicanos.

Al no encontrar respuesta a sus expectativas han venido rea-lizando un éxodo masivo que lastima a familias, vidas, pueblos, comunidades, y que en suma, laceran al corazón de nuestra nación.

En el presente año 750 mil personas emigraron, de las cuales 82 por ciento provienen del sector rural, y 300 mil regresaron a nuestro país por no haber encontrado empleo. Por tanto, urge generar alternativas que permitan aumentar la productividad en nuestro campo mexicano.

Las cifras de desempleo, subempleo e informalidad en nuestro país hoy son alarmantes. A julio se perdieron 400 mil empleos en el sector formal, y para lo que resta del año se estima que la cifra ascenderá a 735 mil.

La tasa de desempleo se ubica en 6.12 por ciento de la población económicamente activa, cifra mayor que la de 4.15 por ciento registrada en el mismo mes del año anterior. La población desocupada sumó 2.8 millones de personas, la cifra más alta desde 1987.

Nueva Alianza hoy más que nunca manifiesta su preocupación social. Estamos convencidos de que hay cuatro ejes fundamentales para enfrentar los problemas nacionales: responsabilidad en el gasto; educación de calidad y capacitación continua; responsabilidad social y uso de tecnologías; e investigación y conectividad.

Lo anterior significa una transformación de fondo, como lo propuso el Ejecutivo el pasado 2 de septiembre, intención que debe ser reflejada en iniciativas y políticas de Estado.

En el tercer informe, aun reconociendo los defectos de la crisis económica sobre nuestra sociedad, el gobierno federal resalta el éxito de la aplicación de programas como Oportunidades, principal instrumento de su estrategia de combate a la pobreza; sin embargo, queremos subrayar que ésta no debe ser la única vía de solución para resolver la problemática estructural que vive nuestro país. Necesitamos plantear estrategias y políticas públicas que resuelvan los problemas de fondo en el corto, mediano y largo plazos.

Para Nueva Alianza los desafíos de la política social van más allá de incrementar los recursos y la cobertura en programas asistenciales, esto sin descuidar la atención a los sectores vulnerables de nuestra sociedad. Los esfuerzos del gobierno federal deberán concentrarse en la creación de empleos bien remunerados; en fortalecer las instituciones de salud; en elevar la cobertura y la calidad educativa e impulsar el desarrollo regional.

La educación es una herramienta esencial para superar la pobreza y la desigualdad. La creación de un ambiente favorable al desarrollo económico y social de México supone una apuesta decidida por la educación.

Asimismo, la educación debe preparar a las personas para su plena participación en el mundo del trabajo, desarrollando los valores, las conductas y las competencias que permitan su prosperidad.

A las sociedades más avanzadas de nuestro tiempo se les ha bautizado como sociedades de la información, a algunas incluso se les llama sociedades del conocimiento. Hoy, paí-ses como Francia, Alemania y Japón anuncian al mundo que sus economías ya están en proceso de recuperación de la misma crisis que ha golpeado este país. Son sociedades de la información y del conocimiento y, sobre todo, tienen claro el rumbo de su país.

En este sentido, nos oponemos enérgicamente a la intención de aumentar con 4 por ciento la base gravable a los servicios de conectividad, y en general a las telecomunicaciones. Por el contrario, impulsaremos el uso de tecnolo- gías de la información y la comunicación y pugnaremos para que sean accesibles a todas las mexicanas y todos los mexicanos a bajo costo.

Como grupo parlamentario apoyamos e impulsamos la Alianza por la Calidad de la Educación, la cual sustenta un acuerdo amplio que permite impulsar acciones específicas, con la finalidad de construir la nueva escuela pública mexicana, permitiendo la convergencia de diversos actores del Estado en el diseño de un nuevo modelo educativo nacional.

Las bases son importantes, pero no podemos dejar de lado a la educación media y superior. La forma en que se orienta y especializa a las nuevas generaciones es determinante para lograr un óptimo relevo generacional. Este tema es primordial para nosotros y legislaremos en congruencia.

Ante esto, Nueva Alianza propone a esta soberanía que actuemos para blindar el gasto social, especialmente en educación, ciencia y tecnología. Proponemos defender consistentemente que el presupuesto para el 2010 cumpla el compromiso planteado en el artículo 25 de la Ley General de Educación, que obliga a la federación, entidades y municipios a invertir en educación por lo menos 8 por ciento del producto interno bruto, destinando 1 por ciento para investigación y conocimiento, y 1.5 para ciencia y tecnología.

La prioridad de la política social durante los últimos años ha sido el combate a la pobreza. En el discurso el gobierno federal puso énfasis en reducir la desigualdad, manteniendo el equilibrio macroeconómico, principio que se ha impuesto aun sobre las más urgentes necesidades de amplios sectores de la sociedad.

En la democracia es básico el respeto y la inclusión de las minorías, ya que una mayoría que no escucha y no incluye de hecho y de derecho no es democrática. Nuestro compromiso es con el funcionamiento de la sociedad liberal democrática, que requiere la responsabilidad cívica como un hábito, una práctica, un conjunto de actitudes y una forma de vida que debemos cuidar y fomentar en todos nuestros actos como ciudadanos.

En Nueva Alianza nos pronunciamos por un modelo de seguridad social integral de carácter público, que articule los esfuerzos económicos de toda la sociedad y del Estado. Somos una oposición constructiva que contribuye al debate de las ideas y, sobre todo, propositiva en la generación de nuevas leyes que permitan alcanzar al México próspero que todos deseamos. No es posible concebir una democracia sin justicia social. No es posible hablar de una sociedad democrática en donde la desigualdad y la pobreza golpean a millones de mexicanos.

Señoras legisladoras y señores legisladores, es momento de actuar y es momento de innovar. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo.

Tampoco puedo dejar de lamentar ---y lo digo sinceramente--- la verbalización despreciativa de mi amigo legislador Felipe Solís hacia los grupos parlamentarios diferentes al suyo. Ni dejar de mencionar la vena autoritaria que recurrentemente le aflora al presidente de la Mesa, violando el artículo 20 de la Ley Orgánica, al tratar de impedir la participación de los integrantes de esta asamblea.

En cuanto al tema que nos ocupa, en el Partido del Trabajo insistimos que Calderón incumplió la obligación legal de presentarse a informar al Congreso. Desde que se instituyó esa práctica republicana con Guadalupe Victoria en 1825, ningún gobernante había dejado de presentarse ante esta representación.

Inclusive presidentes con fuertes confrontaciones con el Legislativo, como Sebastián Lerdo de Tejada, que en 1867 envió un oficio al Congreso donde proponía informar por escrito, se tuvieron que ceñir a la negativa de su petición y comparecer ante los diputados. En aquel entonces el Congreso era unicameral.

En lugar de acudir aquí, ante los representantes que fuimos electos por la totalidad de los votantes del 5 de julio, Calderón armó un acto palaciego en compañía de subordinados, de empleados y correligionarios y, por supuesto, todo un despliegue mediático.

Si la forma en cuanto a su informe es cuestionable, el contenido de su mensaje es, por decir lo menos, efectista, omiso, lleno de imprecisiones, incongruencias y mentiras. Como botones de muestra, dos omisiones: el tema de los derechos humanos, que es fundamental en un Estado democrático constitucional. Ninguna mención le merecieron a Calderón los derechos humanos, pese al retroceso que en su periodo registra México en esa materia.

Calderón, en un afán de legitimarse, lanzó al Ejército Mexicano a efectuar acciones que no le corresponden. Ese despliegue, además de ser ineficaz en el combate al narcotráfico y de la delincuencia organizada, se ha traducido en violaciones por parte de nuestras fuerzas armadas a los derechos humanos y a las garantías individuales.

La Cámara debe próximamente hacer un debate serio y profundo sobre el fuero de guerra, no militar, como lo prevé el artículo 13 de la Constitución. Las violaciones a los derechos humanos se han disparado al amparo de la debilidad y la impunidad que propicia Calderón, y a la vocación autoritaria y represiva de un buen número de gobernadores que se sienten señores feudales en sus estados.

Se está volviendo una constante la criminalización de la protesta y la manifestación pública. Están los casos de 5 detenidos en Campeche, que luchan por la baja de las altas tarifas de energía eléctrica. El caso de los 2 maestros asesinados en San Pedro Jicayán, Oaxaca, que protestaban por demandas sindicales y fueron asesinados por un grupo paramilitar. El caso de 28 familias nahuas que hace 3 días acudieron a esta Cámara de Diputados, de San Andrés Azumiatla, Puebla, que no solamente fueron despojados de 150 hectáreas de su propiedad, sino que 20 de ellos fueron apresados, golpeados y vejados en la cárcel, y que actualmente sufren proceso penal.

El sábado pasado en Guadalajara ---un punto que hoy estaba agendado y que se difirió--- una manifestación de mujeres, niños, personas adultas que protestaban en contra del Macrobús, porque Emilio González Márquez no los ha recibido, fue brutalmente disuelta y seis de ellos apresados, y quieren incoarles proceso penal por seis diversos delitos, entre ellos a un señor octogenario.

Pese que a Calderón centró toda su atención en el combate al narcotráfico, los resultados están a la vista: de enero a agosto 548 ejecutados, y en su gobierno más de 14 mil.

Otro botón de muestra de la omisión calderonista es el campo. Para él, ni el campo, ni los campesinos existen. México ha incrementado su dependencia alimentaria. De acuerdo con las cifras del Inegi, este año vamos a pagar más de 25 mil millones de dólares en importar alimentos, en lugar de apoyar a nuestros productores.

Vamos a comprar en el extranjero 53 por ciento del trigo, 82 por ciento del arroz y 27 por ciento del maíz que consumimos. Cuando Calderón habla de sus medidas para combatir la pobreza y el éxito de la misma para evitar el deterioro del poder adquisitivo, hay que recordarle su ineficacia y sus mentiras. En dos años el número de pobres en cuestión alimentaria se incrementó en 6 millones; y en pobreza patrimonial en 5 millones.

Hay que decirle también que el poder adquisitivo del salario mínimo en ese periodo se ha depreciado 44 por ciento. Por ejemplo, el kilo de frijol en el gobierno actual se ha incrementado en 160 por ciento, el huevo en 130 y el arroz en 106 por ciento.

La parafernalia y el montaje de su mensaje no podían ocultar lo inocultable. En julio de este año el número de desempleados llegó a 2.8 millones, y el de subempleados a 12 millones.

En materia educativa resulta insostenible y ridículo lo que afirma Calderón. Cito: ``Construir una educación de calidad, sin el marasmo de intereses ni de inercias, que sea la puerta grande para salir de la pobreza''. Es una burla, cuando todo México sabe que en la Secretaría de Educación Pública nada más manda y gobierna Elba Esther Gordillo.

Y también cuando se olvida que en este país hay 7.5 millones de jóvenes entre 18 y 24 años que no tienen acceso a la educación media y superior. Dice Calderón que el mandato de las urnas fue que hubiera acuerdo entre actores políticos y entre Ejecutivo y Legislativo. Se nota que no anduvo en campaña, pues los sentimientos de la gente son de frustración, decepción, agobio por la pobreza en que se vive, decepción por las instituciones. No. El mandato de las urnas es: no más a la política neoliberal del panista Felipe Calderón.

El mandato de las urnas es reprobatorio a las acciones de Calderón, que ha puesto al Estado, a sus instituciones, al servicio de una minoría rapaz, voraz, insaciable, excluyendo de cualquier posibilidad de desarrollo y de oportunidades a las grandes mayorías. A esa minoría que quiere obsequiar el paquete económico que nos acaba de enviar, a todas luces, para enriquecer más a los muy ricos y empobrecer a los ya muy pobres. Por eso en el Partido del Trabajo estamos y estaremos tajantemente en contra del paquete y las propuestas económicas de Felipe Calderón.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México.

El Partido Verde quiere dejar asentado que votamos en contra del formato aprobado, hace un rato, para el análisis del Tercer Informe de Gobierno. Pues si bien reconocemos las posiciones de mayoría, exigimos respeto a las minorías, que en nuestro caso representan un poco más de 2.3 millones de mexicanos. Para fines del debate parlamentario no podemos aceptar que se limite la libertad de expresión de los grupos parlamentarios menos numerosos.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en los últimos 12 meses México ha sufrido una crisis sin precedentes. Una crisis que, como el presidente Calderón señaló en su mensaje con motivo del Tercer Informe de Gobierno, leído por cierto en el Palacio Nacional, se construyó a partir de factores de diversa índole.

Sabemos que en ello tuvieron que ver las crisis financiera y económica experimentadas a nivel mundial; la salud, con motivo de la influenza tipo AH1N1; e incluso la de seguridad pública.

El presidente Calderón nos informa que gracias a diversas acciones implantadas, en particular el programa de medidas contracíclicas, la economía de nuestro país evitó un desplome aún peor que la caída de 10 por ciento para el primer semestre de este año, reportada en el informe que hoy nos ocupa.

El Grupo Parlamentario del Partido Verde está convencido de que esta caída podría haber sido menor; sin embargo, la ausencia de un esquema de políticas públicas coherente, a la altura del reto que nos impone lo realizado en años recientes por otras economías para las que hasta hace algunos años fuimos referencia, ha sido clave para un desempeño de nuestra economía, muy por debajo de su potencial.

Si bien es cierto que algunas medidas implantadas por el gobierno federal contribuyeron a evitar que la tasa de desocupación aumentara a niveles sin precedentes, a niveles de suspenso para los anales de la historia económica de nuestro país, no podemos dejar de señalar que México hoy padece la tasa de desempleo más elevada de los últimos 13 años.

Mucho se ha dicho en los últimos años sobre la necesidad de introducir reformas estructurales para mejorar la competitividad de nuestra economía, desafío en el que, sin duda, el Poder Legislativo tiene una importante tarea que llevar a cabo.

En esta materia, el presidente Calderón destaca en su tercer informe algunas reformas; por ejemplo, la fiscal y la energética. La primera ha resultado a todas luces insuficiente para mejorar la estructura de las finanzas públicas de nuestro país.

Por ello, hoy tenemos frente a nosotros una propuesta fiscal bastante controvertida, que se basa en exigir mayor esfuerzo a los contribuyentes para cubrir un enorme hueco en las finanzas públicas, más que en generar estímulos para impulsar el crecimiento de nuestra economía en forma más decisiva.

La reforma energética, por su parte, está incompleta, pues sobra decir que el gobierno federal se ha retrasado en forma notable respecto a la expedición de la reglamentación prevista en el nuevo marco legal.

Ahora bien, no obstante que hay otras reformas que podrían haberse llevado a cabo, es necesario señalar que el Poder Ejecutivo ha tenido a su alcance un andamiaje legal que le habría permitido impulsar diversas políticas públicas, promotoras de la inversión en diversos ámbitos de la economía.

Sin embargo, la falta de credibilidad respecto a la eficacia de la actual administración para llevar a buen término una buena parte de los programas o proyectos que se ha propuesto impulsar ha sido un factor que ha inhibido muchas decisiones de inversión.

Ejemplo de lo anterior son el fallido proyecto Punta Colonet; el polémico, innecesario y desgastante proceso para definir el estado destinatario para la nueva refinería de Petróleos Mexicanos; el complicado contexto de relación institucional en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones han tratado de llevar a cabo la licitación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico; y la total falta de rumbo percibida por los empresarios en los programas bajo el paraguas de la Secretaría de Economía, por citar algunos.

En este contexto, el Partido Verde recibe con beneplácito la propuesta del presidente Felipe Calderón, para ---y cito textualmente--- pasar de la lógica de los cambios posibles, limitados siempre por los cálculos políticos de los actores, a la lógica de los cambios de fondo que nos permitan romper las inercias y construir en verdad nuestro futuro.

Pero quiero ser muy enfático. Si bien coincidimos con el presidente en cuanto al desafío que tenemos enfrente, en el Partido Verde consideramos que, desafortunadamente, dejó transcurrir tres valiosos años para impulsar los cambios de fondo que propone, y que tal vez ahora resulte más complicado lograr ese noble propósito.

De igual forma, consideramos que la propuesta de cambios del presidente Calderón tendría que haber sido mucho más ambiciosa. Por ejemplo, el Partido Verde ve con preocupación que, como parte de su decálogo de reformas hay una ausencia notable: la necesaria adecuación del marco legal para impulsar mejores medidas de protección y conservación del medio ambiente.

Por otro lado, las condiciones actuales de la economía mexicana y el panorama que se prevé en las condiciones actuales requieren un esfuerzo muy superior a un decálogo. Se requiere impulsar un acuerdo nacional para lograr la transformación que los mexicanos de hoy y los mexicanos del futuro requieren para vivir con mejores estándares de calidad de vida; es decir, con mayores niveles de bienestar, con una mucho mejor distribución del ingreso, con un medio ambiente sano y en un clima de paz social.

De otra forma, los mexicanos seremos testigos de cómo nos rezagamos frente a los avances logrados por otras economías. No podemos darnos el lujo de permitir que nuevamente veamos cómo otras naciones sí son capaces de mejorar el nivel de vida de sus habitantes muy por encima de lo que nosotros podemos lograr, tal como ocurrió con los casos de España, Irlanda y algunos países del sureste asiático que hace 30 años tenían prácticamente el mismo nivel de ingreso per cápita que los mexicanos y que hoy prácticamente lo duplican.

En virtud de la agenda que preocupa y ocupa al Partido Verde, quiero referirme en particular a las diversas acciones emprendidas por la administración del presidente Calderón por lo que hace a la protección del medio ambiente.

Dentro del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012 se han puesto en marcha 17 programas que desafortunadamente no han dado los resultados esperados. Tan sólo el Programa de Sustentabilidad Hídrica de la Cuenca del Valle de México ha tenido como cuestionamiento la falta del recurso agua en el valle de México y zona metropolitana. Apenas ahora se empieza a percibir un cambio en el enfoque respecto del valor del agua de lluvia.

El Programa Especial de Cambio Climático, que ha sido la nueva bandera del gobierno federal en materia ambiental, no ha sido publicado aún en el Diario Oficial de la Federación. El Partido Verde ha cuestionado esta omisión y el gobierno federal ha dado como respuesta que las acciones comprometidas en ese programa se están llevando a cabo, sin ser necesaria su publicación. Sin embargo, a fin de que tenga la credibilidad que antes hemos cuestionado, es necesario que el Ejecutivo federal no repare en la necesidad de que dicho programa se publique en el Diario Oficial de la Federación.

Por otra parte, por lo que hace a la aplicación de la justicia ambiental, en el primer semestre de 2009 la política integral de inspección y vigilancia realizó solamente 374 acciones de inspección y 704 de vigilancia, así como 42 operativos especiales, logrando la atención de 56 de los 97 sitios prioritarios programados para el año. Aunque estas acciones muestran un aumento del 100 por ciento respecto de los sitios atendidos en 2008, aún hay mucho por hacer.

Con todos los esfuerzos y participación de los gobiernos de los estados de México, Michoacán, Morelos y Distrito Federal, dentro del programa Cero Tolerancia se clausuraron sólo seis aserraderos clandestinos. No es suficiente el esfuerzo para proteger nuestros mermados recursos naturales. Tenemos todos los diagnósticos, conocemos todos los problemas, pero no logramos poner el énfasis en dar un giro definitivo a las políticas para la impartición de la justicia ambiental porque los operativos para este fin requieren un esfuerzo coordinado que complica la operación. En nuestras manos está simplificar los procedimientos.

Antes de concluir quiero que quede constancia de que el Partido Verde considera que es necesario corregir la desatinada modificación al marco legal que derivó en el hecho de que el titular del Ejecutivo no acuda a esta soberanía a cumplir con una responsabilidad republicana de rendir cuentas en persona al Congreso de la Unión sobre el desempeño de su administración.

El marco actual no puede considerarse como un arreglo institucional adecuado. El presidente de la República necesariamente tiene que acudir al Congreso, sede de la representación popular, a informar sobre las acciones emprendidas por su gobierno. Es aquí donde debe entregar y rendir cuentas del estado en que se encuentra la administración pública, no sólo mediáticamente o en la sede del Poder Ejecutivo.

Naturalmente, compañeros legisladores, el Congreso de la Unión debe contribuir en gran medida para que esta tarea pueda llevarse a cabo bajo un marco de civilidad y de respeto. Por ello, el Partido Verde impulsará una iniciativa de reforma al artículo 69 constitucional para establecer con precisión la obligación del titular del Ejecutivo para que acuda al Congreso de la Unión no sólo a presentar su informe por escrito, sino que de viva voz, ante esta asamblea manifieste el resultado de su gestión año con año. Eso sí, sin la pompa que esta ceremonia revestía en el pasado. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado.

Informo a la asamblea que se encuentran entre nosotros representantes de las Universidades de América y del Caribe. Sean ustedes bienvenidos. Asimismo, miembros del Sindicato de Músicos del Distrito Federal, y siete alcaldes electos de Nuevo León. Muchas gracias.

Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Torres Piña , del Partido de la Revolución Democrática.

Compañeros legisladores y compañeras legisladoras, el tercer informe de Felipe Calderón refleja que el gobierno federal vive una realidad muy distinta de la que percibimos los mexicanos. El aumento de la criminalidad, el fracaso que siente la sociedad para que el Estado brinde protección a los ciudadanos, salvaguarde su integridad, derechos y patrimonio, así como para que preserve las libertades y la paz, se ha convertido en uno de los temas pendientes de la actual administración. Y no se diga, también de la crisis que vivimos.

La construcción de un México dizque para vivir mejor sólo está en la mente de los funcionarios que integran el gabinete. Diariamente el número de ejecuciones se incrementa, los secuestros no disminuyen, los operativos no cesan y las cifras sobre criminalidad reflejan el grado de incertidumbre y zozobra en el que se encuentra la sociedad mexicana.

A tres años de iniciada la guerra de su gobierno contra la delincuencia organizada, la actuación del Ejecutivo federal ha sido reactiva más que propositiva en la planeación y la aplicación del estado de derecho.

El aumento de la delincuencia organizada, el número de efectivos caídos en esta lucha y la ola de ejecuciones nos permite afirmar que Felipe Calderón no tiene una estrategia para combatir eficazmente el crimen organizado. Ejemplo de ello es el hecho de que los grupos de delincuencia organizada han incursionado en diversos campos delictivos y no sólo en el trasiego de drogas, sino también en el narcomenudeo, en la extorsión, en la trata de personas, en el secuestro y la piratería.

Sin embargo, el gobierno federal no ha actuado para desmantelar la estructura financiera de los cárteles y sólo combate la vertiente del narcotráfico. Los resultados son lamentables y, al mismo tiempo, incompatibles con el incremento de recursos presupuestales y con la aprobación de leyes con que este mismo Congreso ha contribuido para que el gobierno federal enfrente, sin pretextos, la delincuencia organizada.

Resulta paradójico que cuando más dinero se ha tenido en las instituciones de seguridad pública, la violencia se ha incrementado.

Los operativos que el gobierno federal realiza de manera permanente y sistemática en distintas entidades del país son acciones planeadas y dirigidas, coordinadas y supervisadas por mandos militares en funciones de seguridad pública. En ese tipo de operativos las instituciones de seguridad pública desempeñan un papel marginal y testimonial. Los mandos que están al frente no reportan a ninguna autoridad civil, únicamente responden al secretario de la Defensa o al titular del Ejecutivo federal. Las líneas de mando son muy claras y en ellas se encuentran excluidos también los gobernadores. A ello, hay que agregar el enfoque del estado policiaco que prevalece por parte del Ejecutivo.

Como en las intervenciones del Ejército en el combate al crimen organizado, acciones que no están incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en ningún programa sectorial, situación que genera contradicciones, el discurso militarista en defensa de los derechos ciudadanos pretende generar confianzas en las inversionistas y en los ciudadanos en general, pero, por el contrario, la sensación de violencia afecta la confianza y ésta a la economía.

La práctica internacional muestra que la presencia del Ejército en estas tareas debe ser solamente temporal y en casos de emergencia; sin embargo, la constante de este gobierno ha sido en mantener permanentemente al Ejército en las calles.

Por otra parte, la campaña mediática para difundir información sobre el número de detenciones llevadas a cabo como prueba de la eficacia de las acciones realizadas, representa métodos engañosos para medir el éxito de los operativos y de las detenciones. Como parte de esta estrategia se ha tratado de impactar la percepción de la población mediante la manipulación, difundiendo una serie de medidas espectaculares, riesgosas e ineficaces. A propósito de las cifras del tercer informe, así lo demuestran.

Las sentencias condenatorias en materia de delincuencia organizada por cada 100 delitos son apenas 11 en 2008, y de enero a junio de 2009 apenas llegan a 10. Cifras muy menores si se comparan con el número de atenciones que diariamente se nos presentan.

La cifra de homicidios atribuidos al crimen organizado aumentó de mil 500 en 2005, a más de 2 mil 500 para 2006 y 2007, según datos de la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. A estos datos habría que aclarar las más de 14 mil personas ejecutadas de diciembre de 2006 a agosto de este año.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el Tercer Informe de Gobierno debería partir por el reconocimiento de que el problema de narcotráfico está fuera de control y que es producto, en buena medida, de los resabios del viejo sistema y de las complicidades políticas que protegen sus intereses ---directa o indirectamente--- con operaciones cotidianas en las que están involucrados un número indeterminado de sectores de las fuerzas públicas y armadas que responden a un doble mando.

Además, existe una complicidad evidente en el sistema financiero nacional y de la Secretaría de Hacienda, que es omisa para implantar acciones en contra del lavado de dinero, que reforzaban junto con las remesas de los migrantes y los ingresos petroleros la endeble macroeconomía de nuestro país, así como los bolsillos de una cantidad indeterminada de familias y jóvenes desterrados del sistema que carecen de la oportunidad económica y del bienestar social.

Para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el mensaje de Felipe Calderón con motivo del Tercer Informe de Gobierno, los ajustes de su gabinete y el paquete económico que envió a esta soberanía, son el reconocimiento implícito del fracaso de la primera mitad de su gobierno y a la necesidad urgente de un cambio en el modelo económico.

Es incongruente que en el proyecto económico plantee una disminución muy pequeña en el presupuesto para seguridad, y a la Presidencia entre 70 millones, y mil millones en el caso de Seguridad Pública. En cambio, para Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, prácticamente está planteando la disminución de 10 mil millones, y en Educación cerca de 4 mil millones de pesos.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, nosotros debemos exigir al Ejecutivo federal que combata las causas de origen de este mal y no los efectos; más prevención y menos acciones punitivas. Debemos tener mayores oportunidades los mexicanos. Por eso estamos convencidos de que, para combatir la violencia y el poder de las bandas criminales, resulta fundamental implantar políticas públicas encaminadas a la recuperación del campo mexicano, de promoción del empleo, de la reactivación de la economía y de la industria. Encaminadas a la consolidación de una política social integral, del combate a la pobreza, de desarrollo económico, de mejoramiento en los niveles de alimentación y nutrición, y en un mejor acceso a una educación de calidad y a un sistema de salud de amplia cobertura; así como de mayor oferta cultural en todo el territorio nacional.

Para nadie es desconocido que la mejor estrategia para el combate a la delincuencia no es invertir en millones en la compra de armamento de este país. No se necesitan armas, este país necesita empleos y políticas públicas eficientes. Por ello, y para contribuir a una mejor calidad de vida de los ciudadanos, se orientará la acción legislativa del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura a promover los cambios que la sociedad demanda para el modelo económico y el combate a la impunidad.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, quiero aprovechar esta tribuna para hacer una enérgica protesta a favor de la compañera Margarita García Flores, mujer comprometida con los derechos de las mujeres y defensora del Estado laico y liberal. Compañeras legisladoras, hace ocho días ustedes ganaban un debate aquí en este recinto legislativo a favor de los derechos de las mujeres para participar precisamente en este recinto legislativo. Ayer, el Congreso de Oaxaca aprobó una ley que penaliza el aborto, suprime la libertad de las mujeres para decidir su fecundidad en causas justificadas, y tácitamente declara la existencia de la persona jurídica con derechos desde el cigoto.

Con ésas son ya 16 iniciativas de este tipo que se aprueban en las entidades del país, con la certera intención de echar abajo el fallo de la Suprema Corte aprobado el año pasado. La legislación en comento es aberrante, pues suprime los derechos de una persona plenamente constituida, a favor de otros inexistentes, aún de la cual la mujer queda sólo en función de ser su recipiente o su domicilio, y se extiende a la lógica jurídica que presupone esta ley. Así, los derechos confesionales se reducen jurídicamente a las mujeres, a la función del útero. Dicen defender y proteger la vida de los que no han nacido, mientras condenan la ignorancia y la falta de oportunidades y de trabajo a los que ya viven.

Yo les pregunto a las diputadas y a los diputados del PRI aquí presentes, si para congraciarse con la derecha y el clero y tener su venia para llegar al poder de 2012 van a tirar por la borda su legado liberal, su vocación otrora progresista y laica, a favor de un Estado convencional que conculque los derechos logrados por la mujer.

La fracción parlamentaria del PRD hace un exhorto a las diputadas y los diputados...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido, diputado, que concluya, por favor.

El diputado Carlos Torres Piña: ... de este partido y de todos los que están aquí representados, a defender las libertades del Estado laico y a comprometerse con los derechos de la mujer. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Ovando Patrón, del Partido Acción Nacional.

Señoras legisladoras y señores legisladores, acudimos hoy a cumplir el mandato legal de analizar el Tercer Informe de Gobierno presentado por el presidente Felipe Calderón Hinojosa. Nuestro México es un país con gran historia, una gran historia que se va engrosando con las historias sociales o individuales que con los años, y que gracias al esfuerzo de muchas mexicanas y muchos mexicanos, hoy nos entregan un México que lucha, que busca mejores condiciones de vida, con una sociedad exigente que demanda de sus representantes acciones a la altura de los grandes retos que enfrentamos.

Como en cualquier etapa de nuestra historia nacional, es necesario primero conocer, después reconocer, y para el caso concreto, apoyar los esfuerzos que se realizan por transformar nuestras instituciones y mejorar nuestra vida comunitaria, como lo es sin duda el esfuerzo sin precedente histórico que desde los primeros días de su gobierno el presidente Calderón realiza para combatir al crimen organizado y al narcotráfico.

La lucha que hoy se desarrolla atiende el anhelo de muchas mexicanas y mexicanos, quienes durante varios años veíamos cómo las drogas se iban adentrando en nuestra sociedad rodeando a nuestros seres queridos, bajo la omisión y, en el peor de los casos, la complacencia y la complicidad de autoridades de todos los niveles de gobierno.

Garantizar el orden y la paz social es nuestra responsabilidad más importante como Estado; es la base misma de nuestro origen y la razón de nuestra existencia. Por ello, para el Grupo Parlamentario del PAN es objetivo fundamental de sus políticas, estrategias, planes y proyectos en seguridad pública, el salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes, así como preservar el orden y las libertades.

Los resultados que se informan en este periodo son muy favorables. También tenemos muy claro que aún quedan muchas cosas por hacer. Desde esta alta tribuna queremos hacer un reconocimiento a todas y cada una de las autoridades encargadas de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, quienes con valentía y disciplina ---las fuerzas armadas y los cuerpos policiacos--- han dado muestra de su lealtad irrestricta a nuestras instituciones, población y territorio para de esta forma mantener la soberanía nacional y la gobernabilidad.

Día con día observamos cómo se enfrentan contra el crimen organizado los cárteles de la droga, bandas de secuestradores y demás agrupaciones o personas que intentan desestabilizar a nuestro país. Con su labor, el Estado mexicano está presente en todos y cada uno de los rincones del país. Hay autoridad y se ejerce el estado de derecho.

Que no haya duda y que no se confunda nadie. En México hay conflictos, sí, pero también hay autoridad para resolverlos. En México, sí, tenemos problemas de inseguridad y violencia, pero el gobierno los enfrenta con toda la fuerza del Estado. Al gobierno no le intimida la delincuencia. Por el contrario, ejerce todas y cada una de sus facultades para enfrentarla, realizando acciones firmes para recobrar y otorgar a las mexicanas y a los mexicanos la seguridad y la convivencia social que nos merecemos.

De acuerdo con los datos proporcionados por el propio presidente Felipe Calderón, durante los dos primeros años de su gobierno se han asegurado cerca de 50 mil armas, y casi 22 mil vehículos utilizados por los criminales. Se ha capturado a 80 mil personas vinculadas a la delincuencia, a 70 lugartenientes de los cárteles de la droga, a mil 400 secuestradores, y se ha desarticulado a más de 200 bandas dedicadas al secuestro, entre otras grandes acciones y golpes asestados al crimen. Las acciones de seguridad ---por supuesto--- estarían incompletas si no se acompañaran de innovadoras acciones en materia de prevención.

Esta es la apuesta del futuro para garantizar el estado de derecho en México. Con el programa ---por ejemplo--- de rescate de espacios públicos se han recuperado 2 mil parques, plazas y jardines en todo el país para que sean las familias y no los delincuentes quienes los utilicen. Se han incorporado también 16 mil planteles educativos al programa Escuela Segura para dar a los estudiantes un ambiente escolar libre de violencia, armas y drogas, con la participación de maestros, padres de familia y estudiantes. Se han impulsado más de 300 centros Nueva Vida para la prevención y el manejo de las adicciones, con una base de trabajo comunitario.

En materia de política interior, el Ejecutivo federal ha sido promotor e impulsor del diálogo de los Poderes de la Unión, los partidos políticos, los gobernadores y munícipes en las entidades federativas; y, en general, se ha dialogado con todos los actores sociales y económicos de nuestro país, privilegiando el interés de la nación.

Vale la pena destacar también la atención y el seguimiento de los procesos electorales durante todo este año con profunda visión de respeto y sin injerencia alguna, instalando mesas de diálogo para distensión de cualquier conflicto que pudiera manifestarse. En materia de protección civil, reconocemos la labor desempeñada para cuidar a la población frente a emergencias derivadas generalmente de fenómenos naturales, como lluvias torrenciales, heladas atípicas, el impacto de huracanes y ciclones; asimismo, se ha actuado de forma pronta y eficiente en la atención a damnificados y en la autorización de los recursos para las comunidades afectadas.

La relación entre los Poderes de la Unión se ha dado en un clima de respeto y de amplio diálogo, particularmente con el Legislativo, gracias a lo cual se aprobaron reformas legislativas de mayor importancia entre las que se destacan, por su impacto económico y social, la reforma energética y la reforma al sistema de seguridad pública y justicia penal, entre otras de los más diversos temas que se presentaron por el Ejecutivo ante el Congreso de la Unión.

Es importante decir que estos logros se construyen porque hay voluntad política, porque se dejan a un lado las discrepancias irreconciliables para dar paso al diálogo y al debate generadores de acuerdos. A ello convoca el Partido Acción Nacional a todas las fuerzas políticas aquí representadas, a buscar las coincidencias que nos acerquen y a dejar a un lado las diatribas que nos alejen de los más grandes propósitos republicanos. En el PAN daremos pasos firmes para apoyar y lograr los cambios de fondo que ha propuesto el presidente Calderón, cambios que son inaplazables para el desarrollo de México y que requieren la disposición de todos los actores políticos y de la sociedad para llevarlos a cabo.

Es necesario profundizar y ampliar la lucha frontal contra el crimen por la seguridad de los ciudadanos. La seguridad pública es un asunto que requiere no únicamente de la voluntad política por parte de los actores y autoridades, sino a poner en marcha programas, políticas públicas, legislación, cambios al sistema de seguridad y justicia, que realmente sean soluciones viables ante la realidad que enfrentamos.

Señoras diputadas y señores diputados, un historiador señalaba que los políticos tímidos e interesados se preocupan más de la seguridad de sus puestos que de la seguridad de su país. Como lo decíamos al inicio de esta intervención, la gran historia de nuestra patria se va engrosando con las historias sociales o individuales que cada generación va forjando. Debemos hacer realidad estos cambios fundamentales, cambios de fondo que los legisladores de Acción Nacional impulsaremos. Es momento de construir una gran alianza entre los Poderes de la Unión, los gobiernos locales y la sociedad entera para hacer de México un país próspero y en permanente crecimiento.

Hoy más que nunca debemos dejar a un lado posiciones partidistas y cumplir las exigencias de la sociedad, ésa es nuestra tarea y responsabilidad como representantes de la nación. Veamos y construyamos hacia el futuro, con actitud republicana y con generosidad por el bien de México. Atendamos el momento histórico. Continuemos lucha contra el crimen. Escribamos juntos la historia, una historia que brinde a nuestras hijas, a nuestros hijos una patria segura, ordenada y generosa, que refleje con toda claridad la dignidad de nuestra gran nación. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Rogelio Cerda Pérez, del Partido Revolucionario Institucional.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, al cumplir el señor presidente su obligación de informar en los términos del artículo 69 constitucional, somete a escrutinio de esta soberanía popular las acciones que su gobierno ha realizado en los últimos 12 meses. Si bien es cierto que en la génesis del Poder Legislativo destaca la atribución de formular leyes, también lo es que entre sus señaladas responsabilidades está la de fiscalizar lo realizado por el Ejecutivo para identificar yerros y desatinos, a fin de que éstos sean finalmente enmendados. En este sentido, y más allá de filiaciones partidistas, el país nos demanda a plantear con objetividad nuestras observaciones y críticas al Poder Ejecutivo. Y al presidente le exige que valore nuestro trabajo con tolerancia.

Al hacer el balance del tercer informe de la presente administración federal, con decepción y juicio desapasionado concluimos que han transcurrido 12 meses con un evidente retroceso, producto de omisiones, incompetencias y de improvisaciones. Al gobierno federal le han preocupado más los resultados en las encuestas, ordenadas por él mismo, que los resultados y las metas alcanzadas. Así pues, la estrategia de este gobierno es más bien la de agradar, que no la de cumplir con el imperativo de un gobierno responsable. Ello explica que en el equipo del presidente de la República exista un importante número de aficionados a la política.

El pueblo demanda al gobierno el retiro de los funcionarios improvisados y que deje de ser el gobierno central una escuela de cuadros partidistas. Hoy los mexicanos exigen que se convoque a lo mejor de sus inteligencias y sus talentos, con perfiles que correspondan a los desafíos de la nación. Sólo así será posible encontrar, más pronto que tarde, sólido rumbo y destino seguro.

El informe del Ejecutivo federal evidencia que lo que nació como un proyecto colmado de programas y propuestas se ha convertido en un ente errático y a punto de derrumbarse. Es imperativo que el gobierno impulse vigorosamente la reactivación económica y con ello, la generación de empleos. Resultaría absurdo dejar de reconocer que el actual modelo económico está agotado. El desarrollo del país debe sustentarse en nuevas bases, ser más competitivo, pero, sobre todo, socialmente más justo.

En momentos como éste es preciso que todos actuemos con sensatez. Sumarnos todos para enfrentar juntos los nuevos desafíos del país. Sería inaceptable que alguien con perspectiva y visiones arrogantes pretendiera ignorar la pluralidad de las voces que encarnan en el seno de este Congreso la soberanía del pueblo de México. Hoy uno de los grandes retos de la nación es recuperar los espacios y el terreno perdido en materia de seguridad pública. La inseguridad es el drama que enfrentan diariamente millones de mexicanos. Aceptemos que es un asunto que a todos concierne; sin embargo, esto no es óbice para puntualizar con claridad que el mayor peso específico, en términos de responsabilidad, sin duda recae en el gobierno de la república.

En el cumplimiento de esta responsabilidad encontramos errores, negligencias y, en no pocas ocasiones, ausencia de coordinación de los responsables de la seguridad del país con las autoridades estatales y municipales.

El anterior gobierno, que concluyó hace tres años, no atendió con la debida diligencia el flagelo de la inseguridad, y con patético cinismo practicó la política del avestruz. Ha sido gracias al trabajo y al arrojo de las fuerzas armadas mexicanas que el país no ha sido finalmente secuestrado por la violencia generada por el crimen organizado. Este capítulo de responsabilidades demanda de todos nosotros la mayor y más obsequiosa colaboración cuando las propuestas que se nos presenten estén sólidamente sustentadas. La crisis económica, aunada al desempleo creciente, constituye un caldo de cultivo pernicioso que puede facilitar el reclutamiento por parte de grupos del crimen organizado, de gentes sin antecedentes delictivos, orillada por su propia desesperación.

Hablemos un poco de la reforma política. El tema de la reforma política es una divisa fundamental para todos. En el décimo punto del mensaje al país, a propósito del Tercer Informe de Gobierno, el presidente fue impreciso. Acepta por una parte la necesidad de emprender una reforma política a fondo, pero no define hasta qué punto pretende impulsarla. Cabe preguntarse si propondrá cambios sustanciales o si sólo serán menores y aislados. La vaguedad de su propuesta difumina su definición y su mismo propósito. El Tercer Informe de Gobierno está lleno de datos, cuadros y cifras. Este documento hojeado, con hache y sin hache, no nos alienta.

En un país en donde la mitad de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza y uno de cada cinco mexicanos no tiene recursos para adquirir los productos de la canasta básica, en donde se encarcela a los indígenas sin juicios justos, donde se discrimina a la mujer, a los discapacitados y a otros grupos vulnerables, no se puede hablar de un verdadero avance en la democracia participativa.

Por respeto al tiempo que se me concedió, no me será posible abordar otros temas importantísimos para la vida del país; no podremos hablar de derechos humanos, migración, protección civil, seguridad nacional, equidad de género, asuntos religiosos y otros más. Ello en el entendido de que los legisladores de mi partido revisarán estos temas con rigor académico y espíritu crítico.

Con el inicio de la presente legislatura, tras el resultado que arrojaron las últimas elecciones, hay un nuevo equilibrio de fuerzas políticas, un equilibrio renovado y distinto al interior de esta Cámara y desde luego, de ésta con su relación frente al Ejecutivo. Ello nos obliga a que todos repensemos nuestras obligaciones frente a 104 millones de mexicanos, a poner lo mejor de nosotros mismos buscando darle armonía y convivencia.

Son muchos los yerros que encontramos en estos tres años de la presente administración federal. Ante la ausencia de resultados y de eficacia, el gobierno federal ha impulsado intensas campañas mediáticas, explotando preferentemente temas relacionados con la seguridad pública y la procuración de justicia. Queremos pensar que las inconsistencias entre las propuestas del presidente, de hace tres años y la ausencia de resultados concretos, no son emanadas de una manipulación deliberada, que no gobierna basándose en su propia negación, estilo de gobierno que definen Jeambar y Roucaute, en su ya clásico ensayo Elogio de la traición.

Hoy en nuestro país hay incertidumbre en materia de seguridad pública, en la economía, en el empleo y en la salud. Es firme convicción del PRI que debemos ir al encuentro del futuro con claridad en el rumbo y con certeza en el destino que deseamos. A todos los actores políticos México nos demanda decisiones prontas y eficaces. En el PRI, sus grupos parlamentarios, su dirigencia nacional y sus organizaciones estamos decididos a hacer nuestra parte, asumiendo nuestro compromiso de cara a la nación.

Aquí y ahora, nosotros, miembros de esta Cámara de Diputados que representamos la suma de rostros y las voces que dibujan a la nación, debemos realizar el trabajo que la historia hoy nos demanda. Aceptemos, pues, el llamamiento del señor presidente de la República para iniciar un diálogo renovado y respetuoso, en tanto este diálogo no resulte uno de sordos.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, agotemos nuestros afanes buscando soluciones realistas a los múltiples problemas del país, conscientes de que es el único que tenemos y que legaremos a nuestros hijos. Apoyemos los proyectos y programas que la razón impone con la fuerza de su contundencia, sin importar de quién o de dónde provengan, y rechacemos con vehemencia lo que nos resulte chocante por carecer de sustento. En esta hora de nuestra historia la nación emplaza a todos sus hijos; nos observa con mirada crítica, y a gritos nos ratifica que nadie sobra en la tarea de buscar con empeño la solución a los grandes problemas del país.

Amigas diputadas y amigos diputados, si no lo intentamos nosotros, ¿quiénes? Y si no es hoy, díganme cuándo. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado.

Ha concluido la primera ronda, en cumplimiento al punto tercero del acuerdo. Iniciamos la segunda ronda, en cumplimiento del punto tercero del acuerdo de los grupos parlamentarios. Se concede el uso de la palabra a la diputada María Guadalupe García Almanza , de Convergencia.

Señoras diputados y señores diputados, hoy iniciamos con una de las tareas fundamentales que tiene encomendadas por la Constitución la Cámara de Diputados, que es el ejercicio de rendición de cuentas al que debe someterse ante esta soberanía el Ejecutivo federal. Convergencia, congruente con la filosofía política que nos inspira la socialdemocracia, refrenda la división de poderes, como lo señalaba Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes, como un elemento fundamental de pesos y contrapesos que debe existir entre el Ejecutivo y el Legislativo. Llegamos al Tercer Informe de Gobierno y al análisis del estado que guarda la administración pública federal a la mitad de sexenio, en medio de una profunda crisis que nos demanda un enorme compromiso con la nación para poder superarla.

Desde que se fundó Convergencia se enfatizó en la necesidad de encontrar un nuevo rumbo para la nación y una nueva política para una nueva sociedad. En 2006 planteamos, en el marco de la Coalición Por el Bien de Todos, Primero los Pobres, un proyecto alternativo de nación que permita un cambio a fondo en la conducción económica del país, con políticas públicas que incrementen la producción y el empleo, en el que Pemex, la empresa más importante de México y una de las más importantes de América Latina, sea eje y motor de nuestro desarrollo.

Advertimos en la campaña presidencial pasada que el país no podía seguir transitando hacia el aumento de la pobreza, la miseria la inseguridad y la exclusión social; pero, deliberadamente, el gobierno actual se ha empecinado en mantener intacto el mismo modelo económico de los últimos 27 años, a pesar de su evidente fracaso. Hoy, ante el choque financiero internacional y la tardía y tibia respuesta federal para paliar sus efectos, la producción nacional se ha derrumbado alrededor de 10 por ciento y las finanzas públicas se han colapsado. De 2006 a la fecha, 10 millones más de mexicanos han pasado a engrosar las filas de la pobreza, de los cuales 4 millones se han hundido en la miseria extrema y millones más se debaten cotidianamente en la desesperación por no encontrar fuentes de ingreso.

Debemos señalar que la actual crisis económica no tiene precedente histórico alguno. No se trata de una crisis consecuencia de la situación internacional, sino producto de la política económica neoliberal de las últimas dos décadas y media. En la administración de Felipe Calderón la canasta básica se ha incrementado el doble que la inflación, y en la propuesta del paquete económico de 2010 el gobierno federal plantea incrementar los impuestos y aplicar IVA a medicinas y alimentos, decisión que afectará aún más el bolsillo de los que menos tienen. En lo que va de 2009, más de 750 mil mexicanos han perdido su empleo, en la actual administración aproximadamente 1 millón 800 mil personas se han incorporado a las filas del desempleo, ésa es la realidad económica de nuestro país.

En este contexto de crisis económica y de desempleo se ha provocado la mayor depresión social de que se tenga memoria. Hoy 60 millones de mexicanos se encuentran en niveles de pobreza. Resulta necesario reorientar las políticas públicas en materia económica, de lo contrario vamos a continuar lamentado como nación el derrumbe de las estructuras sociales de nuestro país y el agravamiento y desesperación de la sociedad mexicana que no encuentra solución a sus problemas.

Las cifras nos muestran una grave situación en materia de educación en el gobierno actual. En más de cuatro pruebas hemos obtenido el último lugar en educación, comparados con otros países. El 46.3 por ciento de maestros reprobaron el último examen nacional. En 2007 México obtiene el último lugar en ciencias, matemáticas y lectura. En la evaluación de 2009, a los 30 países miembros de la OCDE sobre sus sistemas educativos, México muestra el último lugar en gasto por alumno. Por ello Convergencia, con una visión socialdemócrata, se pronuncia por un fortalecimiento de la educación pública superior, en donde no se limiten recursos para su desarrollo y sustento, y en donde se fortalezca, desde sus cimientos, la educación pública básica, y se revisen los contenidos educativos a fondo y con un carácter laico y científico.

En los próximos meses veremos agudizar la astringencia financiera que los otros órdenes de gobierno vivirán, siendo la mayor de las amenazas la misma paralización de servicios básicos municipales y, en algunos casos, de los propios estados. Estamos seguros que una vez más los buenos propósitos de recuperación que nos enuncian las autoridades hacendarias serán sólo eso, vanos designios que la ineludible realidad los cancelará. Vivimos una crisis dentro de la crisis. Por ello, las medidas que habremos de tomar deberán estar al tamaño de nuestros problemas; competen a la macroeconomía, a las finanzas públicas generales, a todos los órdenes de gobierno, a todos los sectores productivos. En esencia, al gobierno, al capital y al trabajo, hacer su tarea.

No podemos regresar al pasado. No debemos fingir, en el futuro mediato, que la coyuntura habrá terminado, cuando por los hechos es obvio que la estructura económica y social construida a contrapelo de toda racionalidad productiva ha sido antifuncional para el crecimiento y el desarrollo del país. No podemos negar que el contraproducente saldo social anula toda pretendida visión de que los mercados oligopolizados pueden operar eficientemente, de que la creciente concentración de la riqueza algún día generará un mercado interno boyante, que el hambre y la miseria deben ser costos circunstanciales que debemos pagar para que opere una economía ideal que sólo existe en la imaginación, supuestamente ilustrada, de los menos, mientras los más de los mexicanos ven cancelado todo atisbo de futuro y de esperanza.

México no es un país pobre, es un país empobrecido por mala planeación e ineficiente decisión de los gobernantes. Por ello, la discusión del presupuesto público y de su financiamiento deberá dar claros visos de nuevos derroteros, de cambios significativos en las prioridades del gasto público, de previsibles y promisorios impactos económicos y sociales que la sociedad urgentemente espera. Lo que avizoramos pública y políticamente en 2006, finalmente ha tocado la puerta. No podemos negar la realidad. El cambio nacional no es un sueño, es hoy una necesidad.

El presupuesto público, la orientación y la operación de las instituciones públicas deberán ser la palanca básica para dar un nuevo derrotero a la nación. De una vez por todas, la política fiscal de gasto y de ingresos públicos deberá estar funcional y operativamente enlazada a la política monetaria y cambiaria que asegure un crecimiento sano y sostenible de acuerdo con nuestros potenciales productivos. Trabajemos juntos por México. Luchemos por México. Comprometámonos por México por el bien de todos y por el bien de México. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Francisco Javier Salazar Sáenz

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Roberto Pérez de Alva, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

Compañeros legisladores, la historia nos ha demostrado que sólo la democracia ofrece un marco institucional que permite impulsar cambios y transformaciones en el uso de la violencia y con el privilegio de la razón de los asuntos públicos. Como grupo parlamentario, en Nueva Alianza valoramos los avances logrados en la consolidación de nuestra vida democrática. Respetamos nuestro pasado, sí; aprendimos de la historia pero no nos anclamos a ella. Somos conscientes que la democracia liberal que hoy alumbra a diferentes sociedades, exige, entre otras muchas cosas, un control efectivo del Estado que debe regir su acción por la ley, ajustándose a los preceptos constitucionales y manteniendo las condiciones para una relación coordinada y respetuosa entre los poderes y los órganos autónomos.

Para el Partido Nueva Alianza y su grupo parlamentario, los órdenes de gobierno deben estar sujetos, debidamente sujetos al escrutinio de una sociedad civil y de una prensa libre, objetiva y veraz. Las ciudadanas y los ciudadanos de México deben disfrutar de igualdad política con sujeción a la ley, y los grupos minoritarios tener la libertad de practicar su cultura, creencias y ejercitar sus derechos como plenos ciudadanos. Por ello, hoy es preocupante el hecho que nuestras instituciones estén sujetas a un desgaste, ya sea primordialmente por la ineficiencia en el cumplimiento de sus funciones o por cualquier otro factor.

En este sentido, la seguridad pública que el Estado debe y está obligado a proporcionar a la población, constituye una preocupación determinante para la gobernabilidad, y se ha convertido en un verdadero problema. A pesar del crecimiento de los índices delictivos, de la violencia que día con día dejan ya, inclusive, hasta de sorprendernos en los titulares de los diarios, en el tercer informe del Ejecutivo federal se manejan datos que no corresponden con la percepción social, en donde prevalece la sensación de que la estrategia implantada por el gobierno federal no ha logrado los resultados esperados, y que incluso las autoridades se han visto ampliamente rebasadas. En Nueva Alianza reconocemos el esfuerzo de los tres órdenes de gobierno en el combate a la delincuencia; sin embargo, es evidente que se requiere urgentemente revisar las estrategias que hasta hoy se han implantado, pues han resultado definitivamente ineficaces.

Hoy, ante este panorama, se suma también la profunda crisis económica que se vive en el país. Enfrentamos un crecimiento negativo del producto interno bruto, lo que es una situación verdaderamente de alarma. Como resultado, el consumo interno está cayendo y se han cerrado miles de empresas de distintas ramas productivas, con graves consecuencias en el empleo. Y no tan sólo en este periodo por el efecto en las familias, sino por el efecto en toda la cadena productiva que esto implica. En este cercano periodo tan sólo se han perdido más de 750 mil empleos.

La incertidumbre, como aquí se ha dicho ---y lo dicen los millones de mexicanos---, es creciente, y los resultados que reporta nuestra economía imposibilitan dar plena cobertura a nuestras necesidades de educación, infraestructura, ciencia y tecnología, empleo, ingreso y otros muchos servicios para nuestra población.

El gobierno federal, por un lado, aplica medidas contracíclicas para fortalecer infraestructura; sin embargo, por otro, de manera contraria presenta graves subejercicios y en especial recortes presupuestales en apoyo a sus planes de austeridad, que al mes de agosto suman alrededor de 85 mil millones de pesos.

Por si esto fuera poco, a esta difícil situación se suma ahora el paquete económico que se ha presentado para 2010, y que también presenta un perfil férreamente restrictivo en materia de gasto y probablemente regresivo respecto del ingreso. El proyecto de Presupuesto atenta contra la equidad y contra una política de apoyo al crecimiento y al mejoramiento de los niveles de bienestar social, haciéndolo económica y políticamente inaceptable. Se propone una reducción de 218 mil millones de pesos en el gasto programable respecto a lo aprobado en 2009, y presenta un ajuste equivalente o aproximado a 2 por ciento del PIB. Esto presenta pérdidas importantes en la asignación presupuestal para los diversos sectores, como la educación, la seguridad pública, la salud, la agricultura, entre otros no menos importantes.

Ramos como educación, ciencia, tecnología e innovación, que tienen una función estratégica para toda nación en su desarrollo, en su crecimiento y en su competitividad, se encuentran totalmente desfasados y rezagados. No existe para este sector una política de inversión sostenida por parte del Estado. Nuestro país vive, lamentablemente, un rezago tecnológico de 30 años, lo que nos lleva a comprar la tecnología desarrollada por otros países. Es urgente poner atención a este sector, que la crisis no sea un pretexto para regatearle recursos a la educación, a la ciencia, a la tecnología, a la innovación. Es nuestra obligación hacer el mejor de los esfuerzos para fortalecer nuestras universidades públicas y nuestros centros de investigación. En ello se sustenta, aunque muchos lo duden y no le apuesten por eso, el verdadero futuro de México.

Por otro lado, el campo mexicano, el baluarte, es sin duda una de las áreas que han venido enfrentando quizá los más graves problemas. Las consecuencias del progresivo deterioro de los productores se han introducido en una caída de sus ya precarias condiciones de vida. La política agrícola y la aplicación del presupuesto público destinado a este sector tienen repercusiones amplias, no sólo desde el punto de vista de la producción, sino de los subsectores productivos que lo integran, así como del nivel de ingreso y la vida de las familias que de él dependen. Y la verdad es que muchos de los problemas que se enfrentan es la corrupción asociada a la asignación y a la distribución de los productos y los apoyos.

Un solo dato: sólo 5 por ciento de los agricultores más ricos de México concentra 44 por ciento de los recursos totales entregados en la historia de Procampo entre 1994 y 2008. En contraste, 80 por ciento de nuestros campesinos, los más pobres, recibieron apenas 27 por ciento de los fondos de Procampo durante este periodo.

El Poder Legislativo, todos nosotros y nuestros compañeros senadores debemos evaluar la eficacia del gasto, su transparencia y garantizar que los recursos lleguen a quienes lo necesitan.

En materia de política exterior seguramente se abundará con mayor tiempo, pero habría que decir que no se han obtenido los avances. Hay algunos atisbos, pero falta mucho por hacer.

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza reconoce como necesaria, como urgente, la intervención de este Poder Legislativo, a fin de posibilitar el incremento económico. Disminuir las inequidades, propiciar la tan necesaria igualdad de oportunidades para todas y todos los mexicanos. El mecanismo fundamental, el instrumento por naturaleza para lograrlo es, sin duda, el Presupuesto. Por ello, es de suma importancia que el proyecto del paquete económico para 2010, que se nos envió, sea un verdadero instrumento para cubrir los requerimientos de justicia social del pueblo de México.

Sí, es cierto, México tiene que innovar. México tiene que encontrar reformas. México tiene que encontrar un camino, pero un camino que lleve a abatir desigualdades y contrastes que ya son inaceptables; nuevas fórmulas de concertación para transformar esta economía nuestra y superar obstáculos que impiden el progreso. En ello está la responsabilidad de todos nosotros. Ojalá que con esta voluntad, que con esta coincidencia, que con este aparejamiento de ideales que se han venido expresando ---y ojalá también que no fuese solamente eso: ideales---, logremos el crecimiento económico para que la justicia social para los millones de pobres en México, sea una realidad. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Se concede el uso de la palabra a la diputada Ifigenia Martínez y Hernández, del Partido del Trabajo.

Honorables miembros de esta Cámara de Diputados, el 1 de septiembre pasado, en relativo cumplimiento del mandato constitucional, el señor Felipe Calderón Hinojosa entregó por interpósito secretario de Gobernación el informe por escrito correspondiente al tercer año de su gestión. Es lamentable que el Congreso de la Unión, cuya LXI Legislatura entró en funciones en esa fecha, no pudo ser enterado personal y directamente de tal documento. Pero al día siguiente, ante una audiencia ---a modo--- de alrededor de mil personas, el licenciado Calderón dirigió un mensaje. En ese evento presentó su llamado mensaje político y su propuesta de decálogo para el futuro de la nación. En dicho mensaje se permite vislumbrar la agudización de las políticas neoliberales.

No cabe duda que dicha orientación está plasmada en la propuesta de paquete económico presentada a esta soberanía, integrada por cuatro documentos: los Criterios generales de política económica, la iniciativa de Ley de Ingresos, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y una propuesta de reforma tributaria. El mensaje se inicia convirtiendo una realidad palmaria en una verdad a medias; incompleto cuando enunció que la economía mexicana fue ---debe decir es--- una de las principales afectadas por la crisis internacional, agravada por la vinculación --- debió decir, dependencia--- a la economía de Estados Unidos, epicentro de una crisis que afecta a toda la economía internacional.

Aunada, como causa de nuestra propia depresión económica, la aparición de un nuevo virus de influenza humana, la mayor virulencia de los grupos del crimen organizado, como si ésta fuera de generación espontánea y no consecuencia de las condiciones económicas, sociales y culturales y del grave deterioro que todos padecemos; del impacto de una de las peores sequías y de la caída más severa en la producción del petróleo, también como si ésta fuera un fenómeno inesperado y no precisamente el resultado de una política imprevisora de explotación petrolera, en vez de industrializar el recurso, si ya no hablar de la inicua tributación que padece la empresa más grande de la república.

En esta ocasión, nuestros breves comentarios se referirán a la gravedad de la situación económica y al descenso del producto y del ingreso nacionales, cuya magnitud e implicación, sobre todo sus implicaciones, fueron prácticamente omitidas y que han alcanzado, y lo harán durante el año, caídas de 10 por ciento o más en los ingresos de la población. Caída nunca vista desde la gran depresión de 1929, cuando el país aún no alcanzaba los 20 millones de habitantes. Entre esas implicaciones está la agudización de la pobreza en todos los niveles, aún con el marco conceptual, en gran medida eufemístico, inventado y aplicado desde la época de Vicente Fox, de las llamadas ``tres pobrezas'': alimentaria, una; de capacidades, la segunda; y de patrimonio, la tercera. Que es más grave si se consideran los métodos para una medición integral de la pobreza, rectificación mediante la cual se aprecia que ésta alcanza a poco más de 50 por ciento de la población, de acuerdo con los expertos más calificados en el tema. O sea que en nuestro sistema económico existen de forma permanente los efectos de desarrollo insatisfactorio a más de 50 millones de habitantes y una excesiva concentración del ingreso.

En fin, esta discusión y la de los criterios generales de política económica nos deben conducir a analizar lo que debería ser una reforma fiscal de fondo; es decir, que afecte tanto al gasto como al ingreso y a la deuda, instrumentos capaces de coadyuvar un crecimiento superior a 6 por ciento, como el que tuvimos durante cerca de la mitad de medio siglo, y no una que sólo pretende ser más ``competitiva con el exterior'', sino, sobre todo, que atienda las necesidades de fortalecimiento del mercado interno, único medio de lograr el desarrollo y la generación de empleos productivos y adecuadamente remunerados. Aquí deberá analizarse qué significa la propuesta calderonista para ``avanzar más a fondo en reformas de segunda generación para fortalecer nuestra industria petrolera''.

Parece evidente que se quiere insistir nuevamente en introducir elementos de privatización en Pemex y en el sector eléctrico, pretensión ---en principio derrotada en la pasada reforma petrolera--- en la cual en sentido contrario a las intenciones privatizadoras de los neoliberales, debemos oponer la posición de fomentar una economía mixta, a fin de fortalecer al sector paraestatal, incluida la banca, como palanca del desarrollo económico y parte fundamental del patrimonio nacional, el cual debemos defender y no poner a subasta.

En este contexto, y considerando la reducción de tres secretarías: Función Pública, Reforma Agraria y Turismo, deberá analizarse la situación de las finanzas públicas que aquí mencionamos en la perspectiva de analizar todo el paquete económico y el proyecto de presupuesto. Estamos de acuerdo en la racionalización del gasto público para disminuir el gasto corriente innecesario y superfluo. Estamos de acuerdo en eliminar las dependencias inútiles, dependencias oficiales inútiles, para bajar el costo financiero de una deuda que tiene en gran medida orígenes fraudulentos. Recuérdese el Fobaproa. Estamos de acuerdo en orientar los recursos en forma más acorde con los principios del pacto federal, con una orientación programática de largo plazo, que dé prioridad a la creación de infraestructura pública, propicie la expansión productiva y la generación de empleos en toda la economía y en toda la república.

Del lado de los ingresos públicos, su fortalecimiento debe partir de recuperar la progresividad perdida del impuesto personal a los grandes contribuyentes, aumentar la eficiencia recaudatoria, eliminando los regímenes preferenciales que favorecen a las grandes empresas nacionales y trasnacionales, y hacer un esfuerzo para eliminar la evasión y la elusión fiscales, el contrabando y la corrupción. El incremento de la recaudación debe hacerse mediante medidas impositivas progresivas y no regresivas; que pague más quien más tiene. Que no se cargue el costo del fracaso y la crisis a los más pobres, con cargas generales que afectan en la misma proporción a los desiguales; que es lo que se está haciendo con la propuesta de la contribución para el combate a la pobreza: 2 por ciento a los ingresos por ventas de bienes y servicios de todo tipo, a todo mundo. Por ello, el compañero López Obrador recalcó que demandará al gobierno que a la brevedad dé a conocer cuánto pagan de impuestos las 100 empresas y bancos más grandes del país.

El aumento de la base gravable debe buscarse por otros caminos. No hay que crear nuevos impuestos, sino corregir el impuesto sobre la renta de las corporaciones y de las personas de altos ingresos, para que paguen más quienes poseen capacidad tributaria y no los pobres y más pobres. No al gravamen en alimentos y medicinas. Basta ya de un país de gente muy rica, con un pueblo muy pobre. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez, del Partido Verde Ecologista de México.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, en el Partido Verde consideramos que todas las fuerzas políticas, sin excepción, han sido y continúan siendo constructoras de nuestra joven democracia. Celebramos el valor de esta pluralidad que, sin embargo, presenta retos que hoy se hacen patentes. Tenemos que reflexionar no sólo sobre el contenido del informe, sobre los errores y aciertos del gobierno federal durante el último año, sino sobre el papel que a nosotros, como diputados, nos corresponderá asumir de cara al futuro respecto a la relación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, e incluso respecto a la relación entre nuestras propias fracciones parlamentarias.

Esta mañana, que debería de ser consagrada a un análisis de fondo sobre los grandes temas del informe, se convirtió en mitad clase de derecho, mitad concurso de oratoria. Nos la pasamos en un debate sobre cómo discutir, que resultó ser mucho más largo que lo que habría tomado la discusión de fondo: que a ciertos partidos se nos ha pretendido limitar en tiempo y temas. Son estas relaciones entre poderes y entre partidos, mucho más que cualquier otra cosa, más incluso que la guerra contra las mafias del narcotráfico, las que determinarán el grado de gobernabilidad, nuestra capacidad de acción y el poder para generar cambios que impulsen la justicia y el desarrollo.

Se ha hablado aquí de un Estado fallido, pero no se ha hablado de nuestra responsabilidad respecto a la gobernabilidad del país que pasa por nuestra voluntad para lograr acuerdos en este recinto. Esta legislatura, que apenas inicia, puede ser en teoría un sano contrapeso, un vigilante eficaz y, por supuesto, una fuente valiosa de iniciativas y cambios necesarios. Pero la historia que estamos por escribir puede ser diferente. Todos sabemos muy bien que las iniciativas y las reformas que más urgen han sido postergadas o trasquiladas. Es decir, podemos acabar simplemente como un laboratorio ineficaz, egoísta e inmóvil, como simples rehenes de la lucha político-electoral entre partidos.

Nuestras propias reglas del juego, la no reelección inmediata de legisladores y la saturación continua de procesos electorales en los estados, entre otros incentivos perversos, dificultan la generación de consensos entre grupos, y deberán ser revisadas pronto. Mientras tanto, todos vamos a tener que anteponer realmente la lógica de la conciliación, hoy tan necesaria, a la de las ambiciones partidistas.

Recordemos que no está muy lejos la lección aprendida en algunas naciones de Europa de principios del siglo XX que, autocomplacidas por su nuevo estatus como democracia, subestimaron las consecuencias de un presidente débil y parlamentos incapaces de generar acuerdos. La Tercera República en Francia, la Primera República italiana y la Alemania de Bismarck fueron caldo de cultivo para la ingobernabilidad, crisis económicas recurrentes, golpes de estado y hasta guerras mundiales.

Por eso, el Partido Verde quiere hacer del tercer informe presidencial un punto de partida para la construcción de acuerdos entre nosotros. Aunque no compartimos todas las estrategias seguidas por el gobierno ni aprobamos muchos de los resultados que se han obtenido, el Partido Verde no hará de la crítica una excusa para el inmovilismo político, que tanto daño está haciendo a nuestro país. Nuestro partido, por el contrario, será una fuerza constructora de mayorías. Sin embargo, no podemos dejar de observar la falta de una propuesta ecológica en el decálogo del presidente. Si no garantizamos un desarrollo sustentable, que tenga lugar cuidando del ambiente, simplemente no habrá un futuro donde lograrlo.

Destaca, por cierto, la ineficacia de algunos programas en curso del gobierno, como el de reforestación, que con una tasa de sobrevivencia de sólo 2 por cada 10 árboles plantados, no puede ofrecer los resultados que realmente se requieren. En otros casos observamos que el gobierno federal simplemente no ha vigilado el cumplimiento de iniciativas ya aprobadas por el Congreso, como el decreto de ``compras verdes'', que reformó la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público para promover el uso de papeles reciclados. En materia de energía han sido pocos los avances para dar impulso a la diversificación energética, realidad que además de desaprovechar nuestro potencial en energías renovables y limpias, pone en desventaja estratégica el potencial de crecimiento, dada la creciente reducción de la plataforma petrolera.

También debemos señalar que nos parece que las medidas anticíclicas del gobierno para enfrentar la crisis global empezaron tardíamente y fueron insuficientes. Los datos hablan por sí solos: diversos estudios especializados coinciden en situar a México como uno de los cinco países más afectados en el mundo por este choque externo. Sin embargo, resulta evidente que aunque la crisis perjudicó a varios países, lo hizo con fuerza distinta en cada caso, evidenciando las debilidades estructurales previas en los países en que el daño resultó mayor. Por eso sería demasiado fácil y de poca utilidad atribuir nuestra difícil situación actual a la crisis global o al desempeño del último año de gobierno.

La estrepitosa caída del PIB, que en el segundo trimestre del año se estimó hasta en 11 por ciento, o bien el actual boquete presupuestal de 300 millones de pesos, se deben entender a la luz de estadísticas que datan por lo menos de hace una década. En realidad, antes de la crisis ya se pronosticaba un crecimiento del PIB de apenas 3 por ciento en el orden del promedio de los últimos 10 años y muy inferior a 6 por ciento que requerimos para incorporar al mercado de trabajo al 1.5 millones de jóvenes que lo requieren cada año.

Antes de la crisis ya éramos un país con más de 50 millones de personas en situación de pobreza patrimonial, el sexagésimo lugar mundial en competitividad, sexto en la región y uno de los países con el más bajo nivel de recaudación tributaria no sólo de la OCDE, sino de América Latina. Ya antes de la crisis éramos una economía con un pobre mercado interno, malos resultados en las pruebas de desempeño escolar Enlace y PISA y peligrosamente dependiente de nuestros ingresos petroleros, a pesar de la observada disminución de nuestra capacidad de extracción. Esta crisis sólo ha sido una llamada de atención que nos obliga a actuar con un sentido de urgencia. No podemos seguir abocados a remedios de coyuntura. Necesitamos dedicar menos tiempo a administrar nuestras penurias y más a procurar el crecimiento de la economía.

Entendemos que se trata de un reto que el Partido Verde no podrá enfrentar en solitario. Sabemos que los necesitamos, o más bien que nos necesitamos mutuamente. Podemos tener éxito si decidimos empezar no por identificar las diferencias, sino por el reconocimiento de las posturas que nos acercan. Por ejemplo, el Partido Verde suscribe el compromiso expresado por todas las fuerzas políticas para el combate a la pobreza, que debe ser una prioridad del Estado. Asimismo, compartimos con el presidente y con la gran mayoría de ustedes la idea de alcanzar una cobertura universal de salud. De hecho, nos hemos comprometido ante nuestro electorado a defender una iniciativa que va en ese sentido, garantizando el abasto de medicinas cuando el IMSS no lo pueda hacer, mediante una modificación a la ley basada en un sistema de vales para medicinas. Se trata de un objetivo deseable y financieramente también posible y los invitamos desde ahora a apoyar esta propuesta para que sea un logro de todos nosotros.

Creemos también en el papel central de la educación de calidad. Por eso vamos a impulsar un programa de bonos educativos orientado a ser igualador de oportunidades, factor de movilidad social y generador de conocimiento para la competitividad y el desarrollo. Esperamos que en su momento nuestra propuesta de bono educativo para facilitar el aprendizaje de inglés y computación entre estudiantes también se convierta en un logro de todos nosotros. Nuestra campaña nos permitió recoger un sentido reclamo ciudadano: fortalecer la lucha contra los criminales. Por eso propusimos castigos ejemplares para ellos y tuvimos un eco muy importante entre los electores. Conocemos las posturas de todos los partidos frente a esta propuesta y estamos abiertos para encontrar un área de coincidencia que, en la lógica de conferir castigos ejemplares, nos permita a todos, entre otras medidas que también apoyaremos, atacar juntos la criminalidad y responder al mandato del electorado.

En el Partido Verde entendemos la responsabilidad que asumimos frente a los casi dos millones y medio de votos que hicieron de nuestro partido la tercera fuerza en 11 estados de la república. Entendemos también el compromiso con todos los mexicanos frente a la apremiante necesidad de impulsar verdaderos cambios de fondo. El Partido Verde será un factor de gobernabilidad. Lo seremos siempre que podamos impulsar reformas para combatir la pobreza, mejorar la justicia, elevar el nivel de vida de los mexicanos y proteger el medio ambiente. El Partido Verde debe, puede y quiere ser una fuerza constructora de mayorías. Seremos, con muchos de ustedes, una joven fuerza constructora de cambios. Aspiramos y trabajaremos para que, por fin, en esta legislatura podamos edificar entre todos nosotros una plataforma fundacional, la de los consensos que se requieren para ver surgir al México del futuro. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Ramón Jiménez López, del Partido de la Revolución Democrática.

Queremos comentar que en el resumen ejecutivo del Tercer Informe de Gobierno, en el apartado de economía competitiva y generadora de empleo se afirma, a partir de una política económica contracíclica y un programa de inversión sin precedentes, que se ha logrado mitigar los efectos de la crisis externa, impulsar la competitividad y productividad; así como fortalecer los motores internos de crecimiento y proteger el aparato productivo y los empleos de millones de mexicanos. Cuánto cinismo hay en esto.

Por lo que se refiere a competitividad, según datos del Foro Económico Mundial, México se encuentra en el lugar 60, igual que el año pasado. En lo relativo a la protección del aparato productivo, debemos decir que entre junio de 2008 y junio de 2009 se han cerrado miles de empresas.

El Instituto Mexicano del Seguro Social reporta la baja de más de 7 mil 500 patrones. En cuanto al tema de proteger el empleo de millones de mexicanos, tan sólo en el primer semestre del año se han perdido más de 850 mil empleos, teniendo un total de 2 millones 800 mil. Por eso decimos: qué cinismo en los planteamientos del resumen del informe.

Por otro lado, a contrasentido o con lo que se dice sobre la ejecución de un programa de inversión sin precedentes por este gobierno, debe recordarse que en el último recorte presupuestal el programa de inversión fue de los más afectados. Seguramente el resumen ejecutivo se preparó antes del recorte anunciado y ya no se corrigió, o simplemente no se contemplan los efectos de estos recortes. En ambos casos el informe deja de ser objetivo y se aparta de la realidad, sin generar empleos ni remuneraciones suficientes. La política económica de la presente administración federal ha fracasado en su propósito de elevar los niveles de bienestar y la calidad de vida de los mexicanos, así como de disminuir la pobreza y la exclusión social.

Consideramos también insuficiente el magro crecimiento económico alcanzado en promedio en los últimos 3 años, el cual, hasta el segundo trimestre refleja una reducción anualizada de 10.3 por ciento del producto interno bruto. Otras políticas sin éxito han sido, por ejemplo, el llamado ``primer empleo'', que hasta la fecha no ha reflejado resultados.

La presente administración federal se propuso dar impulso a la infraestructura mediante grandes proyectos como construcción de carreteras, puentes, aeropuertos, que requirieron de trabajadores; pero tampoco ha resultado una salida a la crisis debido a que en el primer semestre de 2009 se registraron dramáticos subejercicios. En este punto, para mayor abundamiento, queremos denunciar que de los 3 mil millones de pesos que la anterior legislatura aprobó para ampliación del Metro de la Ciudad de México, Carstens anunció de manera unilateral un recorte de 430 millones, reafirmando así la falsedad de lo afirmado en el tercer informe; dando con ello, además, una bofetada a los habitantes de la Ciudad de México.

Desde nuestra apreciación, existe un fracaso en la política económica a mitad del sexenio del autodenominado ``presidente del empleo''. Y este fracaso no solamente es producto de la crisis financiera y la recesión mundial, sino que es resultado de la falta de implantación de otras medidas que permitan a la población empleo, ingreso, consumo y ahorro.

Es pertinente mencionar que el grado de monopolización en la economía mexicana ha permitido ganancias extraordinarias para algunos empresarios. Los monopolios en sus ámbitos de acción están ocasionando graves perjuicios a la sociedad, sin que hasta la fecha las principales dependencias del gobierno federal hayan intervenido para evitarlo. Organismos como la Cepal reportan que el país no presenta en los años recientes una reducción significativa en sus niveles de desigualdad.

Es relevante señalar el fracaso de la política forestal, que ha dado prioridad en exceso a la reforestación, con malos resultados, por simple estrategia mediática. Igualmente, mediante la evaluación del impacto ambiental se ha propiciado la aprobación de un sinnúmero de proyectos turísticos, mineros e industriales cargados de conflictos ambientales y sociales.

Por otro lado, la decisión tardía de sustituir al titular de la Sagarpa, momentos antes de dar cuenta sobre la situación que está padeciendo la población del medio rural, contradice las cifras alegres que se han manejado en torno de la producción agropecuaria y pesquera de nuestro país. Los datos del déficit entre las exportaciones respecto a las elevadas importaciones agropecuarias reafirman el fracaso que ha tenido la política neoliberal impuesta desde hace más de 20 años en el país, que ha ocasionado mayor pobreza y abandono en el campo, en lugar de invertir en la producción nacional para garantizar el abasto del consumo nacional.

Es urgente además que la Sagarpa nos informe de manera detallada, pero con cifras reales, sobre las pérdidas de cultivos en el territorio mexicano, pues no coinciden los datos oficiales de millón y medio de hectáreas perdidas, mientras que diversas organizaciones campesinas han señalado cifras superiores. Tan sólo por lo que se refiere al maíz, se ha señalado afectación de más de 3 millones de hectáreas.

En materia de telecomunicaciones no hace el informe ninguna referencia al grado de concentración subsectorial debida a la presencia de pocas grandes empresas dominantes. A diferencia de los datos de la OCDE, el informe habla de tarifas bajas, lo cual es totalmente falso.

En política carretera, el informe muestra el crecimiento de la inversión y la construcción, pero oculta el manejo de los recursos del Fondo Nacional de Infraestructura y el estado actual del costo de rescate carretero. Además, refiere sobre tarifas bajas de peaje, que no existen. En infraestructura ferroviaria presumen del aumento del monto de la inversión tanto pública como privada en la materia, festinando que la inversión pública representa 70.6 por ciento, mientras que la privada solamente 29.4. Es increíble que en un sector dominado por empresas ferroviarias extranjeras, el Estado tenga que invertir tan cuantiosas cantidades. En los hechos, está subsidiando a las empresas extranjeras.

En suma, el informe de Felipe Calderón pretende ocultar una de las líneas estratégicas de su gobierno. Esta línea estratégica consiste en subsidiar, apoyar o beneficiar con el presupuesto nacional a un sector selecto de la oligarquía nacional y de los monopolios extranjeros para favorecer en plena crisis económica, la concentración de la riqueza en unas cuantas manos, pero muy pocas manos. Para ello está obrando como si fuera el Chucho el Roto de los ricos o el Robin Hood de los ricos, pues ellos robaban a los ricos para apoyar a los pobres, pero aquí pasa lo contrario; es decir, se sustraen recursos del presupuesto nacional para favorecer a los más ricos.

Hemos llegado a extremos que este poder autónomo no puede pasar por alto. No podemos ser cómplices de una táctica que va orientada a desinformar al pueblo y que se basa en la mentira y en el engaño. Esa táctica ha pasado paulatinamente de la mentira, acompañada de un gran despliegue publicitario, para llegar ahora al cinismo. Como muestra agregaremos sólo un elemento más. Ante la creciente y manifiesta oposición de los partidos políticos y grupos organizados contra el cobro de IVA en alimentos y medicamentos, ahora se pretende pasar de contrabando la propuesta de cobrar 2 por ciento generalizado, y para evitar el rechazo a este nuevo impuesto, se sugiere que los recursos recabados por esta vía serán utilizados para el combate a la pobreza. Esto nos recuerda cuando Fox propuso 15 por ciento de IVA y para convencer a la sociedad desa-rrolló todo un despliegue publicitario, en el que afirmaba burlonamente que los recursos económicos recaudados mediante este impuesto se regresarían copeteaditos a los ciudadanos.

Hoy, como ayer, sucede lo mismo con 2 por ciento, ya que se afirma que se regresará a los más pobres. Sólo le faltó decir que se regresará copeteadito. Qué cinismo. Es una calca de la forma de actuar cuando se obra en contra de los intereses del pueblo, pero el pueblo de México tiene memoria histórica y no olvida las experiencias recientes con que se le ha engañado. Ya basta de mentir al pueblo, señor Calderón. Si en estos momentos estuviera entre nosotros el presidente Benito Juárez seguramente le repetiría su frase histórica que decía: ``malditos aquellos que de palabra dicen defender al pueblo y que en los hechos lo traicionan''. Y yo afirmo: por el bien de la patria, no más mentiras a nuestro pueblo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba, del Partido Acción Nacional.

Compañeros legisladores y compañeras legisladores, desde finales de los setenta México volvió a ser una potencia petrolera, y a raíz del descubrimiento del yacimiento de Cantarell, uno de los más grandes depósitos de crudo que en el mundo se hayan encontrado, los ingresos por las exportaciones petroleras crecieron consistentemente, hasta convertirse en un importante recurso que llegó a representar 40 centavos de cada peso. Imposible desconocer los beneficios que el petróleo ha traído a México, pero tampoco se debe ignorar que como país y como sociedad adquirimos el síndrome petrolero y que nuestra economía paulatinamente se adaptó a esa circunstancia.

Hacer una reforma integral se volvió una tarea casi imposible, las grandes reformas estructurales necesarias para dinamizar la economía se dejaron a un lado y los grandes cambios se disfrazaron con tibias e insuficientes modificaciones. Los ingresos petroleros extraordinarios, en muchos años, gracias al precio del energético debilitaron la voluntad nacional para hacer cambios de fondo. Condujeron a la adopción de políticas tributarias con bases gravables estrechas y concentradas, y en algunos años el flujo de recursos petroleros fue más rápido que la capacidad nacional de invertirlos adecuadamente.

Así, llegamos a la crisis financiera más grande que el mundo ha conocido y que se originó en Estados Unidos, el socio comercial más importante del país. México está sufriendo el efecto de esa crisis. Nuestra economía cayó en más de 10 por ciento en el segundo trimestre del año, cuando tocó fondo. Haciendo una minuciosa revisión del tercer año de gobierno del presidente Felipe Calderón se identifican acciones contracíclicas cuyo objetivo ha sido la defensa del empleo, la protección a las familias de menores ingresos y, en general, aminorar lo más posible los peores efectos de la crisis financiera.

Por ejemplo, se amplió el Programa de Empleo Temporal, dando lugar a que más de medio millón de mexicanos tengan hoy un ingreso trabajando en actividades que beneficien a sus comunidades. Se extendió la vigencia de los servicios del Seguro Social, lo que ha permitido a aquellos trabajadores que perdieron su empleo que tengan, ellos y sus familias, acceso a los servicios de salud y otras prestaciones. En lo que respecta a nuestras empresas, este año se han detonado créditos por más de 94 mil millones de pesos redundando en beneficio tangible de más de 100 mil micro, pequeñas y medianas empresas.

Para el campo mexicano se ha logrado contar con un presupuesto para el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, que supera los 235 mil millones de pesos, monto que representa 50 por ciento más de lo que se canalizaba en 2006.

No debemos dejar de mencionar otros aspectos de mayor relevancia en el actual gobierno, referentes al programa de infraestructura más grande de la historia. En menos de 3 años hemos invertido más de 100 mil millones de pesos en proyectos carreteros.

Hoy llegó la necesidad de tomar en consideración todas las acciones del gobierno a fin de construir un país: el país que necesitamos. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional concuerda claramente con la política económica manifestada por el presidente de la República en el envío del paquete económico. En ese paquete se establecen dos diferentes vertientes: la primera es una reforma en el ámbito tributario que no representa la reforma integral y la reforma hacendaria que necesitamos, sino que representa la necesidad de hacer frente a una crisis financiera como la que estamos viviendo.

El presidente fue enfático en la necesidad de realizar reformas importantes en el plano estructural de nuestro país. Reformas en materia energética, reformas en materia de competencia económica, reformas en materia de infraestructura, la necesaria reforma laboral, reformas en materia agraria, en materia del campo, de vivienda. Una serie de reformas que serán necesarias dentro de esta legislatura. La propuesta económica del Ejecutivo representa 3 posibles vertientes. En primer lugar, cubrir el déficit mediante un endeudamiento temporal de 60 mil millones durante el ejercicio de 2010, 40 mil en 2011 y nula en 2012.

Asimismo, el presidente de la República ha tomado la firme decisión de disminuir el gasto programable. Ha reducido y se reducirán una serie de competencias y de atribuciones de diversas secretarías. Se congelarán los salarios de los servidores públicos de mayor jerarquía. Asimismo, por ser necesario, se requiere una reforma fiscal. Una reforma fiscal que a nuestro partido le parece en estos momentos la adecuada, una reforma que tiene tres diferentes vertientes, una reforma que es necesaria para nuestro país en este momento pero que, indudablemente, no representa la reforma que el país necesita.

Nosotros estamos convencidos de que es necesario llegar a una reforma hacendaria integral. No veamos, compañeras diputadas y compañeros diputados, en esta reforma la única voluntad del Poder Ejecutivo. Veamos, simple y llanamente, la necesidad de cubrir el déficit presupuestal. Mucho se ha hablado del impuesto de 2 por ciento para combatir la pobreza. Nuestra postura es que éste es un impuesto al consumo que está claramente dirigido a un fin específico; un fin específico que requiere el que la canalización de los recursos que de ahí se obtengan, se canalicen al programa Oportunidades, a la salud, a la alimentación, a la educación, a la ayuda a los más vulnerables: a los indígenas. En nuestro país hace más de 30 años no existía un impuesto destinado a un fin específico. Éste es un impuesto que está destinado para ello. No es un impuesto que tenga arbitrariedades, es un impuesto que debemos ver en el reflejo de un importante inicio que se debe dar en esta materia.

Uno de los principales puntos en el decálogo del presidente es precisamente el combate a la pobreza. Este impuesto pretende ser un paliativo importante para que nuestro país cada día sea mejor, y cada día nosotros, los mexicanos, sigamos con convicción nuestros anhelos. Ya llegó la hora de realizar las reformas necesarias. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos dispuestos a construir un México mejor; estamos dispuestos a debatir, a platicar, a charlar en forma responsable por el beneficio de nuestro país; un país de todos. Estamos convencidos de que la propuesta económica del presidente de la República es un buen principio para lograr los anhelos que todos deseamos. Por ello, en este momento los que integramos el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos en la mejor disposición de que todos juntos construyamos para un México mejor; que debatamos y platiquemos; que manifestemos las ideas con ánimo de responsabilidad y mejoría paulatina para nuestro país. Muchas gracias, compañeros.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, del Partido Revolucionario Institucional.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, el 5 de julio pasado la ciudadanía mostró su inconformidad por la grave situación que vive el país; lo hizo en paz, con serenidad y sabiduría. Siete de cada 10 mexicanos votaron en contra del presidente y de su partido. Este hecho dibujó una nueva realidad política en el país, un nuevo equilibrio de fuerzas, una nueva mayoría. En esta sesión expondremos nuestra primera evaluación del Tercer Informe de Gobierno que el Ejecutivo federal rinde al Congreso de la Unión. El análisis del texto y sus anexos deben ser materia de trabajo acucioso para esta Cámara. En su momento formularemos las precisiones, las observaciones y las preguntas parlamentarias pertinentes.

El tercer informe es una combinación de carta de buenas intenciones y una exposición de logros de muy difícil comprensión. Una lectura cuidadosa demuestra que se confunden los medios con los fines; resultados inerciales con metas cumplidas. El informe elude los problemas y, en todo caso, deforma la realidad. Realidad que sí observan, porque vive en los millones de mexicanos que le dijeron no al presidente, en virtud de que Acción Nacional utilizó su imagen y los programas de gobierno como estandarte, como lema y como arma electoral. De nada le valió. Y puede afirmarse con certeza que la mejor evaluación del informe la hizo la ciudadanía el 5 de julio. Los habitantes de 230 distritos, de los 300 distritos electorales de mayoría, rechazaron de manera clara y contundente a Felipe Calderón y a los programas y políticas que conduce su gobierno.

Ahora, ante el cambio vuelto a ofrecer el 2 de septiembre en el discurso del presidente en el Palacio Nacional, la abrumadora mayoría de los mexicanos confirmó sus sospechas. Los gobiernos panistas sólo han dado a México un catálogo de promesas y buenas intenciones, y también una década de fracasos severos y dolorosos. El gobierno del PAN ha resultado caro y ha resultado bastante malo. Pasamos del catarrito a la influenza, y ahora parece que nos quieren decir que estamos en terapia intensiva.

Un repaso de algunas acciones para enfrentar la crisis es una buena muestra de su ineficacia. La columna vertebral del paquete anticíclico consistió en un ambicioso programa de inversión en infraestructura. Se invertirían, en este año, 90 mil millones de pesos adicionales en infraestructura, para alcanzar 570 mil millones. Hoy, a septiembre de este mismo año, el ejercicio no alcanza 40 por ciento del monto presupuestado, ¿de qué sirve presupuestar grandes montos si al final no se ejercen?

La protección del empleo, que fue oferta de campaña del candidato Calderón, ha resultado en una de las tasas de desempleo que pasó de 3.2 por ciento en mayo de 2008, a 6.2 por ciento en julio de 2009. La más alta tasa de la última década. Según las estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social se perdieron 590 mil empleos en los últimos 12 meses.

En todos los indicadores de comparación a nivel mundial México ha perdido terreno; es menos competitivo, más inseguro, más pobre y se rezaga día con día. En suma, tenemos una economía devastada que en 2009 registra la mayor caída de la historia, una economía con niveles de desempleo muy altos, la que requerirá de al menos dos años para recuperar los niveles de empleo de antes de la crisis. Tenemos una economía de las más afectadas en América Latina, un gobierno que reaccionó muy tarde, con medidas anticíclicas que estuvieron muy por debajo de la magnitud de los retos. En síntesis, los resultados son más pobreza, más desigualdad, más concentración de la riqueza y más desempleo.

En contraste, el Partido de Acción Nacional ha multiplicado sus estructuras burocráticas, generando plazas por cierto muy bien pagadas. Su crecimiento en casi una década ha sido escandaloso. Las plazas con sueldos equivalentes a subsecretario o titular de entidad se incrementaron en más de mil 36 por ciento, pasando de 89 plazas en 2001 a mil 11 plazas en 2009. Las jefaturas de unidad o titular de entidad reportan un incremento de más de 16 veces, considerando que en 2001 se reportaron 69 plazas, y en tanto que en 2009 ascendieron a mil 212 plazas. Las plazas con sueldos equivalentes a los directores generales adjuntos se incrementaron de 2001 a 2009 en 390 por ciento. Y los puestos con ingresos equivalentes a direcciones de área aumentaron 764 por ciento, pasando de 4 mil 446 plazas en el 2001 a 38 mil 427 plazas en el 2009.

Los números son claros. Se dio un crecimiento promedio anual de 100 mil millones en gasto corriente, lo acaba de decir el diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Los gobiernos panistas malgastaron el crecimiento de los ingresos que se generaron por los altos precios del petróleo. En suma, hoy tenemos más burocracia federal, pero tenemos menos infraestructura, y como resultado un gobierno más caro y, sobre todo, un gobierno más ineficaz.

El pasado martes el Ejecutivo federal presentó el paquete económico para 2010. Ahí propuso la desaparición de las Secretarías de la Reforma Agraria, de Turismo y de la Función Pública. En el caso poco probable de que todos los puestos de dirección de área y superiores fueran suprimidos como resultado de la desaparición de las secretarías señaladas, se reducirían un total de mil 496 plazas, lo cual representaría tan sólo una disminución de 3 por ciento del total de los puestos de esos niveles que existen actualmente.

El nivel de ahorro de gasto corriente está en la desaparición de esto sólo en el papel, pues esas funciones, nos queda claro, alguien las tendrá que realizar y la mayoría, por su especialización, es muy difícil que sean absorbidas por otras dependencias. El ahorro de todo esto sería un poco más de 5 mil millones de pesos para las dependencias que cuestan, por cierto, el doble. Lamentablemente, en el paquete económico que se nos propone para 2010 el gasto corriente mantiene un crecimiento de 2.7 por ciento frente al presupuestado en 2009, y se advierte una caída del gasto de la inversión en 13.5 por ciento.

A la luz de lo expuesto, conviene señalar que la intención de desaparecer la Secretaría de la Reforma Agraria responde más a una prioridad ideológica que presupuestal. El PAN y su gobierno quieren desaparecer la Reforma Agraria, cualquier vestigio de la Revolución. El PRI se opone a la medida. Estamos por modernizar las estructuras y políticas públicas, pero por ningún motivo vamos a dejar indefensos a los campesinos de México.

Compañeras y compañeros, los diputados priistas nos pronunciamos por hacer más eficiente la atención al campo; nos pronunciamos por detener el crecimiento del gasto corriente del gobierno federal; nos pronunciamos por mayor gasto en inversión y más generación de empleos. Tenemos claro que somos parte del gobierno representado que consigna nuestra Constitución, pero sobre todo, somos representantes del pueblo y, como tales, a él nos debemos. Su interés es nuestro interés.

Que quede claro: el presidente Calderón y su partido tendrán en nosotros una oposición responsable, pero será una oposición crítica. No aceptaremos que se vulnere a quien menos tiene. Haremos buenas leyes. Los mexicanos esperan mucho de nosotros. Hoy es tiempo de cumplir la palabra empeñada por las colonias, por los barrios y por las fábricas. El pueblo de México está esperando un cambio de verdad. Ésta es la hora de todos los mexicanos y éste es el tiempo de la democracia y de la justicia social. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Ha concluido la segunda ronda.

El diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado. ¿Con qué objeto desea hacer uso de la palabra?

El diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (desde la curul): Por alusión personal, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Solamente, señor diputado, que en el acuerdo que fue aprobado por la asamblea, y que es con el que nos estamos normando en este momento, no están consideradas ni las interpelaciones ni ninguna otra participación. Por lo cual le ruego, señor diputado, que tome asiento.

El diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (desde la curul): Lo respeto, señor diputado.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Ha concluido la segunda ronda que establece el acuerdo que celebró y aprobó la asamblea. Iniciamos, en los términos del acuerdo aprobado por la asamblea, la tercera ronda. Por tanto, se concede el uso de la palabra al diputado Rigoberto Salgado Vázquez, del Partido de la Revolución Democrática.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, ¿podemos los mexicanos aspirar a la justicia social cuando más de 60 millones de mexicanos no saben si tendrán la posibilidad de tener un plato de comida al sentarse a la mesa en sus hogares? ¿Podemos aspirar a una vida digna si millones de mexicanos, sobre todo los más vulnerables, no cuentan con los mínimos de bienestar reflejados en una adecuada alimentación, un lugar para habitar, acceso al agua potable, infraestructura de saneamiento, enseres y mobiliarios básicos, fuentes de energía, vestimenta y calzado, transporte al trabajo o al lugar de estudio; si no alcanzan un determinado nivel educativo tanto para niños como para adultos, si no disponen de atención a la salud y mercados de trabajo?

A manera de ecuación se ha construido un modelo económico generador de pobreza permanente y progresiva, a la que se pretende dar salida mediante políticas asistencialistas, convirtiendo a la política social en un círculo de desigualdad que administra la pobreza de los mexicanos, pero no la elimina. Se pretende gravar más el consumo de los pobres para, paradójicamente, dar más a los pobres y luego cobrárselos como un favor electoral.

En materia presupuestal, el Tercer Informe de Gobierno es pródigo en vanagloriarse de los recursos destinados a la educación, pero omite reconocer que los recursos están muy por debajo de alcanzar lo establecido en la Ley General de Educación, de destinar cuando menos 8 por ciento del producto interno bruto, toda vez que el presupuesto educativo federal de 2009 representó apenas 3.7 por ciento del citado producto interno bruto.

En materia de política habitacional en este informe encontramos deficiencias, omisiones y ocultamiento de información, todo ello para preservar una política excluyente que favorece a empresas desarrolladoras, en detrimento del derecho a la vivienda digna y decorosa acotado en el artículo 4o. de la Carta Magna. Se oculta que todos los llamados financiamientos son créditos hipotecarios que, en el caso del Infonavit, implican plazos de 30 años para amortizar el adeudo. Esto significa que los adquirentes no son propietarios de las viviendas compradas y están con la presión de que el Infonavit continúe imponiendo medidas de coerción en la cobranza mediante despachos privados o vendiendo la cartera vencida, como lo hizo en 2006. El tercer informe también omite reconocer el problema de la cartera vencida.

Por otra parte, pese a los discursos oficiales y las estrategias mediáticas del gobierno federal en las que se anuncia la atención a los problemas de violencia y exclusión social que viven las mujeres, la realidad es otra. En nuestro país prevalece la violencia, la discriminación y la violación sistemática a los derechos humanos de las mujeres. Dan cuenta de ello cientos de mujeres asesinadas no sólo en Ciudad Juárez, sino en todo el territorio nacional. La inequidad y la exclusión en los servicios de salud y los retrocesos legislativos de las Constituciones locales, que a la fecha suman 16, que criminalizan a las mujeres y coartan su libertad para decidir libre e informadamente sobre su maternidad.

El Partido de la Revolución Democrática expresa su rechazo a las reformas realizadas que criminalizan la pobreza, anulan el derecho a decidir de las mujeres y las condenan irremediablemente a sufrir daños permanentes en la salud, incluso, a perder la vida por abortos inseguros en clínicas clandestinas. Por ello, fieles a los principios democráticos, en pro de los derechos humanos, nuestro partido impulsará las reformas legislativas necesarias y la organización social para hacer frente a una embestida misógina, oscurantista y conservadora de la ultraderecha en México.

Qué podemos decir de la situación de los indígenas en México, que siguen igual, que son, en su mayoría, parte de los 60 millones de pobres de la nación, que el futuro que Calderón les prevé es el de ser sujetos de un nuevo impuesto a alimentos y medicinas. Desde esta tribuna decimos: no pasarán. El gobierno piensa que mediante una oficina burocrática e ineficaz puede darse trato a los derechos de los pueblos originarios como objeto decorativo y no reconoce que es, precisamente en los indígenas, donde se basa la grandeza cultural de esta nación.

En el tercer informe, Calderón sólo se limita a detallar los programas y logros del Sistema Nacional de Empleo. Como es evidente, este sistema tiene una baja tasa de efectividad y es meramente asistencialista, por lo que no incide en la creación masiva de empleos permanentes y dignos, como lo requiere de manera urgente la clase trabajadora. Basta señalar que, en julio de 2009, el desempleo alcanzó la tasa histórica de 6.12 por ciento, equivalente a 2 millones 800 mil personas, lo que significa que el gobierno del empleo ha lanzado al desempleo a 1 millón 200 mil personas.

En cuanto al salario, el informe intenta esconder la grave pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores; sin embargo, partiendo de los datos del Inegi para 2009, no puede dejar de ocultar la pérdida de este poder adquisitivo en términos reales. Pero, sobre todo, no hace el comparativo indispensable entre los incrementos salariales, sobre todo de los mínimos y los incrementos a la canasta básica.

La ciencia y la tecnología simplemente para Calderón no existen, pues en su decálogo las excluyó. Obvio que tampoco menciona que en 2009 ambas actividades se redujeron más de 50 millones de pesos y que el presupuesto representó 0.37 por ciento respecto al producto interno bruto del país, con lo cual Calderón ha violado la Ley de Ciencia y Tecnología, que establece destinar cuando menos 1 por ciento del producto interno bruto para ambas actividades.

La política social del presente gobierno es deficitaria en todos los aspectos; deben entender que el problema central es el modelo económico y la política económica actual. No existe política social que corrija los errores de la política económica; si no la modificamos no podremos detener la progresión de la pobreza por más programas sociales que se inventen y por más recursos que se le destinen.

Concluyo, compañeras diputadas y compañeros diputados, compartiendo con ustedes la voz y el sueño de mexicanos pobres, la voz del pueblo que evalúa la política social de Calderón.

Sueña Antonio con que la tierra que trabaja le pertenece. Sueña que su sudor es pagado con justicia y con verdad. Sueña que hay escuela para curar la ignorancia y medicina para espantar la muerte. Sueña que su casa se ilumina y su mesa se llena. Sueña que su tierra es libre y que es razón de su gente gobernar y gobernarse. Sueña que está en paz consigo mismo y con el mundo. Sueña que debe luchar para tener ese sueño. Sueña que debe haber muerte para que haya vida. Sueña Antonio, y despierta; ahora sabe qué hacer y ve a su mujer en cuclillas atizar el fogón, mira el sol saludando al oriente y afila su machete mientras sonríe; un viento se levanta y todo lo revuelve, él se levanta y camina a encontrarse con otros, algo le ha dicho que su deseo es deseo de muchos y va a buscarlos.

Sueña el virrey con que su tierra se agita por un viento terrible que todo levanta. Sueña que lo que robó le es quitado. Sueña que su casa es destruida y que el reino que gobernó se derrumba. Sueña y no duerme. El virrey va adonde los señores feudales, y éstos le dicen que sueñan lo mismo. El virrey no descansa, va con sus médicos y entre todos deciden que es brujería india. Entre todos deciden que sólo sangre se liberará de ése hechizo. El virrey manda a matar y a encarcelar; construye más cárceles y cuarteles. Y el sueño lo sigue desvelando.

En este país, compañeras y compañeros, todos sueñan; y es la hora de despertar.

Desde las montañas del sureste mexicano. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Alba Leonila Méndez Herrera, del Partido Acción Nacional.

Compañeros diputados y compañeras diputadas, antes de dar inicio con el posicionamiento del tema que me compete, quisiera simplemente dar una respuesta al compañero del PRI que me antecedió. Él nos explica por qué no hay crecimiento en nuestro país. Él habla y critica a esta administración, cuando durante 10 años no han asumido su responsabilidad con las reformas estratégicas, tan necesarias para nuestro país. Y ahora sí, el presidente Felipe Calderón es el culpable; ahora él es el culpable.

Entonces me pregunto, amigos diputados y amigas diputadas, la mayoría de nuestra gente es gobernada ---valga la redundancia--- por los gobiernos de los estados. ¿Qué han hecho ellos? ¿Qué han hecho los gobernadores? Lo digo porque yo puedo hablar de mi estado. En mi estado en la televisión se habla de un paraíso; se habla de carreteras, de puentes, de combate a la pobreza. Somos el cuarto país más pobre y el gobernador habla de que ya ha combatido la pobreza. Simplemente lo vemos, pero en espectaculares. Creo que, como gobernadores, también son responsables. Asumamos nuestra responsabilidad.

Hablaba del petróleo. ¿Los excedentes del petróleo hacia dónde se van, amigos diputados y amigas diputados? Se van con los gobiernos de los estados...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señoras diputadas y señores diputados, por favor, guardemos silencio para escucharnos.

La diputada Alba Leonila Méndez Herrera: Se van para pagarle a Lucerito o a La Gaviota. Ahí están, amigos. Entonces, ¿por qué criticamos? Mejor pongámonos de acuerdo. Eso es lo que tenemos que hacer. En un estado republicano la responsabilidad y el destino del país se comparten entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Por ello, desde el Poder Legislativo compartimos la responsabilidad en los avances y retos que en materia social tiene nuestro país.

Afirmamos que hoy la responsabilidad es del gobierno ante la sociedad, se asumen en un esquema de corresponsabilidad, y en este sentido las diputadas y los diputados del Partido Acción Nacional sí asumimos la parte que nos corresponde en México.

En este sentido, es necesario reconocer los rezagos, pero también resaltar los avances, como el diputado que me antecedió del PRI, que sí lo reconoció, sobre todo porque en un escenario extremadamente complicado por la confluencia de diversos factores, que impactaron severamente la vida de nuestra nación y pusieron a prueba la fortaleza del gobierno y sus instituciones, de manera muy particular la fortaleza de nuestra sociedad.

Padecemos la crisis económica mundial más grave desde 1929, no provocada por la irresponsabilidad de esta administración; es la primera que no es provocada por esta administración. Es una crisis internacional, a lo cual...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputada, por favor.

Compañeras y compañeros, les pedimos mantener la calma y serenidad para permitir el desahogo de los asuntos en cartera. Estamos por terminar. Muchas gracias.

La diputada Alba Leonila Méndez Herrera: ... sumamos la aparición en el mundo de un nuevo virus de influenza humana, el cual se dio a conocer de manera responsable por México.

También al interior de nuestro país enfrentamos la mayor virulencia registrada de los grupos del crimen organizado, particularmente derivada de su disputa por el control de mercados, rutas y territorios en el país.

Tenemos que reconocer, entonces, que el presidente de México, Felipe Calderón, siempre ha presentado responsablemente los avances y los retos que enfrenta nuestro país. Reconocerle también la firme decisión y el coraje para enfrentar las enormes dificultades del presente. El gobierno del presidente Calderón se ha centrado en cuidar el estado de derecho, el empleo y en apoyar a las familias mexicanas. No obstante, ante los desafíos históricos que han puesto a prueba nuestro espíritu y nuestra fortaleza, la responsabilidad social del Estado se ha mantenido, y se ha actuado con prontitud y eficacia, lo que ha permitido mantener en operación la estructura gubernamental encargada de generar mejores oportunidades de desarrollo para todas y todos los mexicanos.

Hoy podemos afirmar que a pesar de las dificultades que enfrentamos como país, la política social cumple su cometido y avanza de manera firme para atender a los que más lo necesitan. De eso solamente nos damos cuenta los que vamos a los municipios, a las localidades y nos enlodamos los zapatos.

Las niñas y los niños...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputada, por favor.

Compañeras y compañeros, vamos manteniendo la calma, vámonos escuchando. Es importante el permitir que los oradores den su punto de vista y que nos escuchemos con respeto absolutamente todos. Continúe, diputada.

La diputada Alba Leonila Méndez Herrera: Las niñas y los niños, los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, las personas con discapacidad, los indígenas y todos aquellos grupos beneficiarios de la política social, y sus programas y acciones, siguen recibiendo los apoyos a que tienen derecho. Reconocemos el dolor social y conocemos el dolor social que viven miles de familias mexicanas y cómo sus proyectos de futuro se han tenido que posponer. No obstante, nos reconforta ver que nuestras niñas y niños siguen recibiendo apoyos que les permiten mantener la esperanza de tener mejores condiciones de vida a futuro.

En este sentido debemos reconocer los esfuerzos por mantener abiertas y por ampliar las oportunidades de educación, pues ésta constituye la mejor herramienta para generar oportunidades de desarrollo para nuestros niños y jóvenes. No podemos dejar de reconocer que durante la presente administración la expectativa de crecimiento de 98.4 por ciento en la cobertura de educación básica para el ciclo 2008-2009 fue superada al lograr atender a 99.5 por ciento de los niños de cuatro a quince años en todo el país.

En suma, la inversión física federal en educación al mes de junio no ha sido menor. Es de resaltar que se ubicó en más de 3 mil 800 millones de pesos que, acumulados a los ejercicios por este concepto durante los años 2007 y 2008 sumaron casi 41 mil millones de pesos. La inversión total de infraestructura del gobierno federal en los últimos años, en materia de infraestructura, es de más de cinco mil millones de pesos, beneficiando a más de 17 mil escuelas de educación básica del país.

En el marco de la Alianza por la Calidad de la Educación se ha impulsado la actualización permanente de los profesores y, por primera vez en la historia, se cuenta con un concurso nacional público para 25 mil plazas docentes. Hoy, las plazas de los maestros ni se venden ni se heredan. Se están capacitando y evaluando con más cuidado a los profesores para que quienes den clases a los niños mexicanos sean cada día los mejores maestros. Hoy lo estamos logrando.

Diez millones de familias cuentan con protección social en salud y han dejado de vivir con el temor de empobrecerse a causa de una enfermedad costosa. Además, 2.2 millones de niños constatan que la protección de su salud es un asunto prioritario. Sabemos que no es suficiente y que debemos continuar trabajando para que más mexicanos puedan obtener los beneficios y la felicidad que nuestros avances en salud les han proporcionado.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores. Diputado presidente, le pido que me permita concluir, ya que por las interrupciones solamente me falta un minuto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Concluya por favor, diputada.

La diputada Alba Leonila Méndez Herrera: Coincidimos con el gobierno federal que, frente a la adversidad económica que enfrentamos, la prioridad deben ser aquellos que más lo necesitan: los pobres. Por ello los invitamos a apoyar las reformas que nos permitan cumplir con ellos.

El pasado 2 de septiembre, el presidente de México hizo un llamado a romper con inercias y planteó en el área social tres grandes objetivos, a los cuales Acción Nacional suma su más decidido respaldo.

Uno. Destinar toda la fuerza y recursos del Estado para frenar el crecimiento de la pobreza. Por ello propondré un Presupuesto que no reduzca el gasto en el combate a la pobreza y que lo blinde para evitar desvíos en cualquier orden de gobierno.

Dos. Alcanzar la cobertura universal.

Tres. Alcanzar una educación de calidad y superar el marasmo de intereses, a fin de que la educación sea la puerta grande para salir de nuestra pobreza.

Nuestro reto es lograr el bien común. No hemos de darnos por satisfechos mientras existan familias en pobreza extrema; mujeres dando a luz a sus hijos sin atención médica.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pido a la diputada que concluya ya, por favor. Pedimos a los diputados que por favor no estén silbando. Respetemos.

La diputada Alba Leonila Méndez Herrera: Compañeros diputados, los exhorto a que presentemos planteamientos sustentados, que ofrezcan soluciones y alternativas concretas a esta gran problemática social que vive nuestro país, y de la que todos los que estamos aquí presentes somos corresponsables. Gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra al diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del Partido Revolucionario Institucional.

Poco hay que agregar. Quien abusa del tiempo y de las reglas, quien abusa de la tribuna y de las normas, abusa también del lenguaje y del comentario.

La mejor respuesta a lo aquí escuchado la dan los mexicanos que viven en condiciones de pobreza alimentaria: 19.5 millones. No sé qué tendría que decir para ellos quien me antecedió en el uso de la voz. No sé que tendría que decir para ellos que en el usufructo de un gobierno federal, no solo ha sacado provecho electoral de las políticas de combate a la pobreza, sino que también lo han hecho de manera patrimonial y de manera familiar.

Me da muchísimo gusto hablar aquí, con toda tranquilidad y limpieza, sobre el análisis del Tercer Informe de Gobierno. Ese análisis, compañeras diputadas y compañeros diputados, en su mejor expresión lo tienen los 26 millones de connacionales incapaces de solventar sus necesidades básicas de educación y de salud, o los 50.5 millones de personas sin acceso a vestido, a vivienda y a transporte.

La mejor opinión sobre el Tercer Informe de Gobierno la tiene 47.4 por ciento de la población nacional, para quienes el mañana no ilusiona porque el presente hiere demasiado, mata sus esperanzas y entierra los mejores momentos de su vida.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional fija su posición, en materia de política social, con una clara definición a favor de los grupos vulnerables de la sociedad. Aquellos que no vemos en el informe, diputado, aquellos que son marginados de los procesos productivos, aquellos que son desplazados del sistema educativo y que son castigados por la desnutrición y la morbilidad. Son ellos los olvidados de unos, quienes convocan el trabajo de los diputados del PRI en esta legislatura. A su llamado acudimos con la convicción de no fallarles y con el compromiso de encontrar acuerdos y resultados, aun ante las mentiras y las descalificaciones.

La glosa del Tercer Informe de Gobierno arroja conclusiones determinantes. Ilustra el fracaso del gobierno de la república en materia económica, fracaso con grandes repercusiones en la calidad de vida de la población. La pobreza se combate con crecimiento económico, con distribución del ingreso y con esquemas del desarrollo regional, temas que no forman parte ni de la agenda ni del informe gubernamental.

La pobreza crece más allá de las políticas públicas diseñadas para su contención, más allá del esfuerzo de quienes encabezan las dependencias encargadas de su abatimiento como consecuencia de un gobierno federal, incapaz de encontrar alternativas para un modelo económico rebasado. No sé qué más se puede decir cuando ese modelo económico rebasado produce 2.3 millones de desempleados, que mantiene a 12 millones de mexicanos ocupándose en la informalidad y que empuja a 1.8 millones de personas a subsistir en el subempleo.

Los programas sociales cumplen la función de mitigar los efectos de la marginación económica, y alivian la condición de vida de muchas familias, pero los programas sociales no son la solución a la pobreza, mucho menos cuando tenemos un gobierno de la república que con una mano da poco y con la otra quita mucho, en perjuicio de la población más desprotegida.

Con una mano beneficia el consumo de leche mediante el programa Liconsa, aunque con la otra, debido a la importación de leche en polvo, presione a los productores lácteos nacionales a un escenario de competencia desleal que amenaza con devastarlos. De seguir así seguramente pronto dejarán de producir, para engrosar las listas de beneficiarios de ese programa.

Con una mano, otorga un apoyo de 120 pesos mensuales a las familias inscritas en el programa de apoyo alimentario de Diconsa; pero con la otra, en pocos meses, permite el aumento de los precios de los productos de la canasta básica hasta 2 veces, en el mejor de los casos, y autoriza el alza constante en las tarifas de luz eléctrica y en los precios del gas y los combustibles. Cómo combatir así la pobreza.

Con una mano, compañeros diputados y compañeras diputadas, beneficia a 5 millones 200 mil familias con el programa Oportunidades; pero con la otra, castiga al poder adquisitivo de la clase trabajadora que debe conformarse con sólo 2.2 por ciento de aumento a su salario; ante la falta de crecimiento económico expulsa a más de 300 mil compatriotas a buscar en el extranjero, con todos sus riesgos, lo que en sus lugares de origen no pueden darles por falta de empleo, inversión e infraestructura.

Ciertamente el México desigual, que irrumpe todos los días, podría estar en peor situación, sin el gasto en desarrollo social, que en esta soberanía aprueban año con año. Habrá que analizar con buena disposición la propuesta presupuestal para el 2010. Los programas sociales forman parte proporcional del sustento de quien menos ingreso tiene. Pero los diputados del grupo legislativo del PRI pedimos a cambio un esfuerzo de transparencia en su aplicación. Mayor transparencia implica facilitar el acceso al padrón de beneficiarios de los programas de desarrollo social. Implica, también, integrarlo y coordinarlo, con el nivel de gobierno estatal. No más programas sociales instrumentados en territorio municipal sin conocimiento de las autoridades locales. No más facilitadores de programas federales facultados para empadronar con clara militancia partidaria o con antecedentes inmediatos en procesos electorales.

Al grupo legislativo del PRI lo anima participar en la construcción de una sociedad que responda a criterios de justicia social. Precisamente, no hace muchos días, diputadas del grupo legislativo de mi partido convertían su voz en la expresión insatisfecha de miles de beneficiarios del Seguro Popular, quienes transitan con su enfermedad entre la falta de equipo y el desabasto de medicinas. De nada sirven los 43 mil millones de pesos asignados al programa si el servicio se limita al simple diagnóstico; no obstante, la invariable entrega de doctores y enfermeras.

Lo mismo sucede en el ámbito educativo. Todos anhelamos una mejor educación. La Alianza por la Calidad de la Educación representa un buen comienzo, pero debe acompañarse con mayores recursos presupuestales, mejores espacios educativos, retornar a las normales como centros de formación magisterial y revisar el programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional, para que su instrumentación deje de ser escalonada.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, el tiempo pasa y muchas cosas permanecen iguales. Después de 9 años hay una política social vinculada a un ambiente macroeconómico que ha agraviado a la sociedad de este país.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Por favor, señores diputados, guarden compostura.

El diputado José Francisco Yunes Zorrilla: Después de 9 años, seguimos escuchando en tribunas, como en la que hoy estoy haciendo uso, una vara y una visión para medir las consecuencias y los enfoques locales y otra vara y otra disposición para, con mucha más amabilidad, tratar los mismos problemas desde el ámbito federal.

Esta tribuna requiere de ejercicio democrático, objetivo y comprometido. Ésa será la posición en materia de política social del Partido Revolucionario Institucional, que hoy, al finalizar prácticamente la glosa del Tercer Informe de Gobierno deja perfectamente claro que el gobierno de la república no ha cumplido con una sociedad que esperaba más de él...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se les suplica guardar compostura, señores diputados.

El diputado José Francisco Yunes Zorrilla: ... en sus expectativas y en sus posicionamientos. Gracias, señor presidente por el tiempo y muchas gracias, señores diputados, por su atención.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado.

Ha concluido la tercera ronda que fue acordada en el acuerdo aprobado por esta asamblea.

De conformidad con lo que establece el artículo 7o., numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al presidente de la República, para su conocimiento.

ESTADO DE MICHOACAN

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pasamos al siguiente punto del orden del día, proposiciones. Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Báez Ceja, para presentar proposición con punto de acuerdo con el que se crea un grupo de trabajo plural para dar seguimiento a la transparencia del proceso judicial a que han sido sometidos los funcionarios y ex funcionarios michoacanos detenidos por presuntos vínculos con organizaciones criminales, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Tiene hasta cinco minutos para su presentación.

Sé que están cansados, que ha sido una jornada larga, pero solicito su sensibilidad por el tema que vamos a abordar. No usaré más que algunos minutos.

Diputadas y diputados, como se ha establecido con claridad por diferentes fuerzas políticas, en esta tribuna y como lamentablemente lo constatamos día a día en nuestra vida cotidiana, el país se encuentra en una profunda crisis económica. El gobierno federal pretende subsanarla cargándole la mano al pueblo implantando 2 por ciento a las ventas de todos los bienes y servicios, incluyendo a alimentos y medicamentos, lo que no es más que un IVA de 17 por ciento disfrazado, con 2 por ciento generalizado que obviamente no puede ser parte de una estrategia de combate a la pobreza. Con el incremento de 2 y de 3 por ciento y la reducción de base gravable a los depósitos bancarios, no se hace otra cosa más que golpear a los micro y pequeños empresarios.

Pero no solamente vivimos una crisis económica, también estamos inmersos en una crisis de impartición y administración de la justicia con la creación de la denominada Siedo, organismo que se ha convertido en un vaso de represión que está generando una justicia de intimidación inquisitoria. Solicitamos se respete la autonomía del Ministerio Público.

Diputados y diputadas, tenemos la oportunidad de ser una legislatura diferente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputado. El diputado Carlos Pérez desea manifestarse. Adelante.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Es procedente la moción de orden que usted presenta.

Le pediríamos al señor diputado acatarla, ya que esta proposición es para efecto de presentar el acuerdo y crear un grupo de trabajo plural para dar seguimiento y vigilar todo el proceso judicial acerca de los ex funcionarios que fueron detenidos en el estado de Michoacán. Le pediría que, por favor, se centre en el tema por el que se apertura este espacio en el orden del día, señor diputado.

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja: Señor presidente, estoy en el tema y permítame proseguir. El motivo de mi presencia en esta tribuna es para expresar que los funcionarios de Michoacán han sufrido violaciones en sus garantías individuales y violación de sus derechos. Ejemplos, muchos.

Quiero hacer del conocimiento de esta soberanía que el pasado 4 de septiembre fue promovido un amparo a favor de Julio César Godoy, y que no fue promovido por el ciudadano César Godoy Toscano. Hoy me informa el apoderado legal de Julio César que se presentó a las 9:07 horas de la mañana un documento en el que niega que él haya hecho esta promoción. Me permito leer un párrafo del mismo:

``Tengo conocimiento de que en el juicio en que gestionó, aparentemente, mi poderdante la demanda que le dio origen. Sin embargo, con el presente vengo a manifestar que este juicio es fraudulento, pues la firma que calza la demanda relativa no fue puesta por el puño y letra de mi representante, Julio César Godoy Toscano , ni incluso éste dio su consentimiento para que dicho juicio se promoviera; máxime que ni conoce a los abogados que aparecen como autorizados en la misma. Le ruego no considerar este escrito como un desistimiento de la demanda de amparo, toda vez que mi representado no se puede desistir de algo que no instó ni promovió.''

Por ello, estamos aquí solicitando los suscritos, diputados federales integrantes de la fracción parlamentaria del PRD, a este honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones: el pasado martes 26 de mayo se desplegó un operativo en Michoacán en el que participaron conjuntamente la Policía Federal Preventiva y el Ejército, a fin de detener a 30 personas acusadas por presuntos vínculos con una organización criminal. Entre los detenidos se encontraban funcionarios, presidentes municipales, policías municipales y estatales de la entidad.

Tras su detención, estos funcionarios y ex funcionarios fueron trasladados a la Ciudad de México y presentados ante el agente del Ministerio Público federal adscrito a la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada, para que rindieran declaraciones. Tres días después, la Procuraduría General de la República anunció que los presentes permanecerán en arraigo durante 40 días ---tiempo que concluyó el 9 de julio---, en tanto se realizaban las investigaciones correspondientes.

Posteriormente, el 19 de julio, 27 de los detenidos fueron trasladados, previo pliego de consignación, al centro federal de readaptación social 4, en Tepic, Nayarit, quedando a disposición del juez primero de distrito de procesos penales federales. Desde entonces se han observado múltiples irregularidades como las detenciones realizadas mediante órdenes de aprehensión y por la vía y allanamiento sin orden judicial, y sin que existiera una previa notificación o lo declarado por parte de los abogados de algunos de los inculpados, en este sentido existen graves irregularidades en la integración de los expedientes de los detenidos.

Aunado a que el juez recibió el pliego de consignación, así como los soportes en tomos de los argumentos en los que se basó en la misma consignación, mismos que recibió el 17 de junio de 2009 y que resolvió siendo las 9:30 horas del 18 de junio de 2009, según reza el resolutivo primero del velocísimo acuerdo que pretende llenar los requisitos que exige el segundo párrafo del artículo 16 constitucional; cosa humanamente imposible ya que éstos contaban con 350 fojas.

Además de lo anterior, queremos enfatizar sobre el abuso recurrente que han hecho las autoridades federales de las figuras jurídicas de arraigo de actor y testigo colaborador o protegido, porque si bien estas figuras han sido plasmadas en los artículos 16 ---las dos primeras--- y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a raíz de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia realizado en junio de 2008, su aplicación ha sido muy cuestionada y, además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio jurisprudencial con relación a la veracidad de sus testimonios.

Por esta razón, los suscritos nos pronunciamos a favor de un manejo responsable de las figuras jurídicas en comento, y manifestamos nuestra preocupación porque este proceso se lleve con la mayor claridad posible...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido, señor diputado, que concluya, por favor.

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja: ... apego político partidista...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: La Presidencia ha sido tolerante, y estamos pidiéndole que concluya...

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja: Estoy solicitando sujetarme al artículo 103, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ... para que ya la proposición pueda ser...

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja: Concluyo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, por favor.

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja: Es importante destacar que entre los detenidos hay miembros de los partidos políticos del PAN, del PRI y del PRD.

Asimismo, nos pronunciamos por la integración de un grupo de trabajo plural encargado de darle seguimiento a este caso, auxiliado por abogados, peritos en la materia. Lo anterior en función de, si bien reconocemos, que durante los últimos años el combate a la delincuencia organizada, a la corrupción y a la impunidad han sido una prioridad del gobierno federal, también consideramos que la solución a estos problemas requiere de la cooperación y trabajo conjunto de los gobiernos estatales, los cuales sólo se dan mediante un entendimiento mutuo, coordinación y, sobre todo, de respeto a la soberanía de las entidades federativas.

Puntos de acuerdo. Primero. Solicitamos con el debido respeto al juez primero de distrito de procesos penales federales, con sede en Tepic, Nayarit, que conduzca con estricta sujeción a derecho y con absoluta imparcialidad, el proceso penal en contra de los ex funcionarios michoacanos detenidos en el operativo realizado el 26 de mayo pasado.

Segundo. Se constituya un grupo de trabajo plural integrado por legisladoras y legisladores de los distintos grupos parlamentarios aquí representados, encargados de dar seguimiento al proceso judicial a que han sido sometidos los ex funcionarios públicos de Michoacán, actualmente presos por presuntos vínculos con organizaciones criminales.

Tercero. Que el grupo de trabajo plural se auxilie de abogados peritos en la materia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2009. Diputados Alejandro Encinas Rodríguez , Jesús Zambrano Grijalva, Víctor Manuel Báez, Juventino Castro y Castro, Martín García Avilés , José María Valencia Barajas , María Dina Herrera, José María Torres Robledo, Emiliano Velázquez Esquivel , Uriel López Paredes , Dolores Nazares Jerónimo y Carlos Torres Piña . Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea un grupo de trabajo plural para dar seguimiento a la transparencia del proceso judicial a que han sido sometidos los funcionarios y ex funcionarios michoacanos detenidos por presuntos vínculos con organizaciones criminales, suscrito por diputados del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicitan que se someta a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

El pasado martes 26 de mayo se desplegó una operación en Michoacán en la que participaron la Policía Federal Preventiva y el Ejército, a fin de detener a 30 personas acusadas por presuntos vínculos con una organización criminal. Entre los detenidos se encontraban funcionarios, presidentes municipales, y policías municipales y estatales.

Tras su detención, esos funcionarios y ex funcionarios fueron trasladados a la Ciudad de México, y presentados ante el agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, para que rindieran declaraciones.

Tres días después, la Procuraduría General de la República anunció que los presentados permanecerían en arraigo durante 40 días --que concluyeron el 9 de julio-- en tanto se realizaran las investigaciones correspondientes.

Posteriormente, el 19 de julio, 27 de de los detenidos fueron trasladados, previo pliego de consignación, al centro federal de readaptación social número cuatro, en Tepic, Nayarit, y quedaron a disposición del juez primero de procesos penales federales.

Desde entonces se han observado múltiples irregularidades, como que las detenciones se realizaran mediante órdenes de presentación y por la vía del allanamiento, sin orden judicial y sin previa notificación; o lo declarado por los abogados de algunos de los inculpados en el sentido de que hay graves irregularidades en la integración de los expedientes de los detenidos.

El juez recibió el pliego de consignación y los soportes en tomos de los argumentos en los que se basó en la misma consignación. Los recibió el 17 de junio de 2009 y resolvió a las 9:30 horas del 18 de junio, según reza el resolutivo primero del velocísimo acuerdo que pretende llenar los requisitos que exige el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, algo humanamente imposible, ya que éstos contaban con 350 fojas.

Además, queremos hacer hincapié en el abuso recurrente que las autoridades federales han hecho de las figuras jurídicas de arraigo , cateo y testigo colaborador o prote gido porque si bien estas figuras han sido plasmadas en los artículos 16 (las dos primeras) y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos --a raíz de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia realizada en junio de 2008--, su aplicación ha sido muy cuestionada. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio jurisprudencial con relación a la veracidad de sus testimonios.

Por esas razones, los suscritos nos pronunciamos en favor de un manejo responsable de las figuras jurídicas en comento, y manifestamos nuestra preocupación porque este proceso se lleve con la mayor claridad posible y sin ningún sesgo político o partidista. Entre los detenidos hay miembros de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, y de la Revolución Democrática. Asimismo, nos pronunciamos por la integración de una comisión especial encargada de dar seguimiento a este caso, auxiliada por abogados peritos en la materia.

Lo anterior, en función de que si bien reconocemos que durante los últimos años el combate de la delincuencia organizada, de la corrupción y de la impunidad ha sido prioridad del gobierno federal, también consideramos que la solución de esos problemas requiere la cooperación y el trabajo conjunto con los gobiernos estatales, lo cual se da sólo a través de un entendimiento mutuo, la coordinación y, sobre todo, del respeto de la soberanía de todas las entidades federativas.

La lucha contra el narcotráfico no debe ser utilizada con fines políticos ni de manera partidista, como ha venido sucediendo, no sólo con el caso de los funcionarios detenidos el pasado 26 de mayo en Michoacán sino en todo el país.

Sabemos, sí, que la delincuencia organizada se ha infiltrado en todos los niveles de gobierno. Por ello estamos convencidos de la importancia de que se aplique todo el peso de la ley contra quien resulte culpable, pero igualmente subrayamos la importancia de que se reivindique la imagen de los servidores públicos cuya inocencia se compruebe.

Por ello exigimos el respeto de las garantías individuales de los inculpados, y nos pronunciamos en favor de un proceso pronto, justo y transparente, con arreglo a la ley, para cada uno de los ex funcionarios consignados.

El Grupo Parlamentario del PRD manifiesta su respeto irrestricto a la autonomía del Poder Judicial federal, pues considera que el juez o los jueces que están conociendo de las causas penales en comento emitirán su sentencia conforme a derecho.

Este punto de acuerdo es motivado por diversas solicitudes de las familias de los implicados. Los documentos están a disposición de los diputados.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la aprobación de los siguientes

Primero. Solicitamos con el respeto debido al juez de distrito de procesos penales federales con sede en Tepic, Nayarit, que conduzca con estricto arreglo a derecho y con absoluta imparcialidad el proceso penal contra los ex funcionarios michoacanos detenidos en la operación realizada el pasado 26 de mayo.

Segundo. Se constituye un grupo plural de trabajo, integrado por legisladores de los distintos grupos parlamentarios aquí representados, encargado de dar seguimiento al proceso judicial a que han sido sometidos los ex servidores públicos de Michoacán actualmente presos por presuntos vínculos con organizaciones criminales.

Tercero. Que la comisión se auxilie de abogados peritos en la materia.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Túrnese a la Junta de Coordinación Política. Continúe la Secretaría, por favor.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a leer el orden del día de la próxima sesión.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año de Ejercicio.--- LXI Legislatura.

Orden del día

Martes 15 de septiembre de 2009.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado Agustín Carstens Carstens, en el marco del análisis del III Informe de Gobierno en materia de Política Económica.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

ESTADO DE CHIAPAS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, secretaria.

Quiero comentarles a las señoras diputadas y a los señores diputados de la asamblea, que las diputadas y los diputados de Chiapas tienen el agrado de invitarnos, a todos, al festejo de la conmemoración del día más importante de la historia chiapaneca, denominado ``Federación de Chiapas a México''.

Deseamos conmemorar ---nos manifiestan--- 185 años en la decisión de los habitantes del sureste y que en esta fecha decidieron integrarse a México y a sus instituciones. Dicho evento contará con la presencia del señor gobernador, senadores y diputados de dicha entidad, y una fiesta poética de Sabines y la obra de Rosario Castellanos, con la cocina tradicional y la música de tierra de la marimba. Nos esperan a todos a las 13:00 horas del lunes 14 de septiembre en el Salón Legisladores de la República.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (a las 17:05 horas): Se levanta la sesión , y se cita a la que tendrá lugar el martes 15 de septiembre a las 9:00 horas, en la que se llevará a cabo la comparecencia del licenciado Agustín Carstens Carstens,secretario de Hacienda y Crédito Público. Se les informa que las listas de asistencia estarán disponibles a partir de las 8: 00 horas.

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RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 5 horas 26 minutos
• Quórum a la apertura de sesión: 418 diputados
• Minuto de silencio: 1
• Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1
• Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 3
Oradores en tribuna: 43PRI-11 PAN-8 PRD -6 PVEM-2 PT-12 Nueva Alianza-2 Convergencia-2
• Se recibieron:
• 1 punto de acuerdo de la Asamblea Legislativa delDistrito Federal;
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernacióncon el que se remite el III informe de labores de la Secretaría de Educación Pública;
• 1 oficio de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras;
• 10 oficios de la Secretaría de Gobernacióncon los que remite los siguientes documentos del Ejecutivo federal:
- Criterios Generales de Política Económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al año 2010;- Iniciativa con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010;- Iniciativa con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010;- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos;- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativa al Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos;- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, del Impuesto al Valor Agregado, y del Código Fiscal de la Federación;- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios;- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que Establece la Contribución para el Combate a la Pobreza;- Informe sobre el uso de la facultad conferida al Ejecutivo federal en el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia arancelaria, durante el periodo comprendido de septiembre de 2008 a agosto de 2009;- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 77 Bis 12 y 77 Bis 13 de la Ley General de Salud;
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite estimación sobre el monto de recursos federales requeridos para cumplimentar la política de subsidios del gobierno federal, en materia de vivienda y de suelo para los hogares en situación de pobreza y zonas de atención prioritaria, que envía el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, actuario Ernesto Javier Cordero Arroyo, de conformidad con los artículos 61 de la Ley de Vivienda; 30 de la Ley General de Desarrollo Social, y 29 de su reglamento;
• 1 proposición con punto de acuerdo.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Álvarez Cisneros, Jaime(Convergencia) Análisis III Informe de Gobierno, en materia de política, de economía y sociedad: 472, 475
• Báez Ceja, Víctor Manuel(PRD) Análisis III Informe de Gobierno - Comparecencias de funcionarios: 29
• Becerra Pocoroba, Mario Alberto(PAN) Análisis III Informe de Gobierno, en materia de política, de economía y sociedad: 18, 21
• Cárdenas Gracia, Jaime Fernando(PT) Análisis III Informe de Gobierno - Comparecencias de funcionarios: 24
• Cárdenas Gracia, Jaime Fernando(PT) Análisis III Informe de Gobierno - Comparecencias de funcionarios: 33
• Castillo Juárez, Laura Itzel(PT) Análisis III Informe de Gobierno, en materia de política, de economía y sociedad: 462
• Castro Cosío, Víctor Manuel(PRD) Análisis III Informe de Gobierno, en materia de política, de economía y sociedad: 468
• Cerda Pérez, Rogelio(PRI) Análisis III Informe de Gobierno, en materia de política, de economía y sociedad: 19
• Cinta Martínez, Alberto Emiliano(PVEM) Análisis III Informe de Gobierno - Comparecencias de funcionarios: 29, 31
• Fernández Noroña, José Gerardo Rodolfo(PT) Análisis III Informe de Gobierno, en materia de política, de economía y sociedad: 456
• Fernández Noroña, José Gerardo Rodolfo(PT) Análisis III Informe de Gobierno, en materia de política, de economía y sociedad: 464
• Flores Ramírez, Juan Gerardo(PVEM) Análisis III Informe de Gobierno - Comparecencias de funcionarios: 29
• García Almanza, María Guadalupe(Convergencia) Análisis III Informe de Gobierno - Comparecencias de funcionarios: 32
• Gil Zuarth, Roberto(PAN) Análisis III Informe de Gobierno, en materia de política, de economía y sociedad: 473
• Guerrero Castillo, Agustín(PRD) Análisis III Informe de Gobierno, en materia de política, de economía y sociedad: 454
• Hinojosa Ochoa, Baltazar Manuel(PRI) Análisis III Informe de Gobierno, en materia de política, de economía y sociedad: 470
• Ibarra Pedroza, Juan Enrique(PT) Análisis III Informe de Gobierno, en materia de política, de economía y sociedad: 467
• Jiménez López, Ramón(PRD) Análisis III Informe de Gobierno, en materia de política, de economía y sociedad: 477
• Martínez y Hernández, Ifigenia Martha(PT) Análisis III Informe de Gobierno - Comparecencias de funcionarios: 26, 27, 28, 32
• Méndez Herrera, Alba Leonila(PAN) Análisis III Informe de Gobierno, en materia de política, de economía y sociedad: 460
• Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, Porfirio Alejandro (PT) Estado de Michoacán: 481
• Ovando Patrón, José Luis(PAN) Análisis III Informe de Gobierno, en materia de política, de economía y sociedad: 465
• Pérez Cuevas, Carlos Alberto(PAN) Estado de Chiapas: 485
• Pérez de Alva Blanco, Roberto(Nueva Alianza) Margarita García Flores: 9
• Ramírez Acuña, Francisco Javier(PAN) Análisis III Informe de Gobierno - Comparecencias de funcionarios: 24, 25, 30
• Ramírez Acuña, Francisco Javier(PAN) Análisis III Informe de Gobierno, en materia de política, de economía y sociedad: 475
• Ramírez Marín, Jorge Carlos(PRI) Análisis III Informe de Gobierno, en materia de política, de economía y sociedad: 20
• Salgado Vázquez, Rigoberto(PRD) Análisis III Informe de Gobierno - Comparecencias de funcionarios: 26, 27, 29
• Solís Acero, Felipe(PRI) Análisis III Informe de Gobierno, en materia de política, de economía y sociedad: 458
• Solís Acero, Felipe(PRI) Análisis III Informe de Gobierno, en materia de política, de economía y sociedad: 452
• Torres Piña, Carlos(PRD) Análisis III Informe de Gobierno, en materia de política, de economía y sociedad: 479
• Vázquez Aguilar, Jaime Arturo(Nueva Alianza)
• Yunes Zorrilla, José Francisco(PRI)

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política:

Análisis III Informe de Gobierno, en materia de política, de economía y sociedad: 450 Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a las comparecencias de funcionarios del Ejecutivo federal para el análisis del III Informe de Gobierno del presidente de la república, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, y del paquete económico para el ejercicio fiscal de 2010:

Estado de Michoacán: 481 La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 7, numeral 4, 33 y 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes:

Considerandos

Primero. Que el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias de cada año de ejercicio del Congreso el presidente de la república presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país.

Segundo. Que el numeral 4 del artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que las cámaras analizarán el informe presentado por el presidente de la república. El análisis se desarrollará clasificándose por materias: en política interior, política económica, política social y política exterior.

Tercero. Que de acuerdo con el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara de Diputados y el órgano en el que se impulsan los entendimientos y convergencias políticas a fin de alcanzar los acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

Cuarto. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Junta de Coordinación Política presentar al Pleno proyectos de proposiciones con punto de acuerdo sobre asuntos que deban de ser desahogados en ese órgano.

Quinto. Que para profundizar el análisis del III Informe de Gobierno del presidente de la república y el diálogo constructivo entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, la Junta de Coordinación Política ha considerado pertinente citar a comparecer a los secretarios de Estado responsables de la política interior, la política económica, la política social, la política exterior y la seguridad pública.

Sexto. Que el día 8 de septiembre del presente año el Ejecutivo federal remitió a la Cámara de Diputados las iniciativas que comprenden el paquete económico fiscal, la iniciativa de Ley de Ingresos, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 y los Criterios Generales de Política Económica, que habrán de ser objeto de estudio y dictamen durante el actual periodo de sesiones.

Séptimo. Que en términos de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el secretario de despacho correspondiente debe comparecer a dar cuenta de los mismos.

Con base en los considerados expuestos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 69, 74 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el numeral 4 del artículo 7, así como en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados somete a la consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados acuerda la comparecencia ante el Pleno de los titulares de las dependencias responsables de la política interior, la política económica, la política social, la política exterior y de seguridad pública, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 4 del artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y dentro del marco regulado por los artículos 69, 74 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para los efectos de la comparecencia de servidores públicos, antes del inicio de la misma, rendirán ante el Pleno protesta de decir verdad, en términos del artículo 69 de la Constitución.

Segundo. Las comparecencias que deberán celebrarse son las siguientes:

Tercero. Las sesiones en que se desahoguen las comparecencias se desarrollarán conforme al siguiente formato:

Cuarto. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que haga del conocimiento del Ejecutivo federal los términos del presente acuerdo, a efecto de que se notifique a los secretarios correspondientes.

Quinto. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados.