XIX. Las demás establecidas en esta ley, en el estatuto orgánico y demás disposiciones aplicables.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

LEY DE VIVIENDA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Angélica Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Los diputados Rolando Zapata Bello, Enrique Castillo Ruz, Felipe Cervera Hernández , Éric Rubio Barthell, Jorge Carlos Ramírez Marín , Liborio Vidal Aguilar y Angélica Araujo Lara sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 2o.; adiciona las fracciones XVII y XVIII al artículo 8o.; reforma el artículo 17, apartados A, fracción II, y B, fracción II; reforma las fracciones IV y V; y adiciona la fracción XXIII al artículo 19, las fracciones VII y VIII y el último párrafo al artículo 22, así como el artículo 33 en su último párrafo y el artículo 74 de la Ley de Vivienda.

Compañeros, hago uso de esta tribuna como la humilde mensajera de la voz de Yucatán que les pide por el México de todos. Hago uso de la tribuna para hacerles llegar la petición que escuché durante casi dos años al frente de un Instituto de Vivienda. Este mensaje es muy claro, conciso y directo: necesitamos viviendas; necesitamos tener un patrimonio, un piso que garantice higiene, paredes de resguardo, un techo que proteja de las inclemencias del tiempo.

Sé y tengo la firme convicción de que cada ciudadano se encuentra en su total derecho de pedirles a las instituciones públicas que atiendan sus necesidades de vivienda. Como arquitecta siempre he tenido la visión de construir un entorno más justo y equitativo, con más razón ahora que nos encontramos en la peor crisis que hayamos atravesado en México desde hace décadas.

Como país, en décadas no habíamos estado ante una situación tan delicada. Pero precisamente éste es el momento en que podemos demostrar que el consenso y que la suma de voluntades va a ser más fuerte que cualquier reto ante el que nos encontremos. Tenemos que crear fuentes de empleo, y un medio rápido, eficaz y plenamente comprobado para lograrlo es mediante la edificación de viviendas.

Tenemos que distribuir los recursos de tal forma que sean catalizadores del crecimiento económico; necesitamos conocer el escenario real y actualizado de la demanda de vivienda en México. Por eso, parte de la iniciativa que hoy presento prevé brindar a la Comisión Nacional de Vivienda facultades para la realización de un censo que le permita conocer el número exacto de familias que no han tenido acceso a la vivienda, pero principalmente qué es lo que les ha impedido tener acceso a este patrimonio.

Los recursos deben ser canalizados a quienes se encuentren en mayor grado de marginación o de pobreza; deben llegar a la gente que más lo necesita. En ese sentido, para lograr programas de vivienda congruentes con la realidad se tiene que escuchar a los institutos de vivienda de los estados y a los municipios. Los institutos de vivienda y los municipios conocen las inquietudes y las necesidades de las familias.

Ahora queda en nuestras manos hacer que los escuchen; queda en nuestras manos invitar y dar voz a investigadores, a expertos, a la ciudadanía organizada para que sus opiniones se tomen en cuenta en las decisiones de la Comisión Nacional de Vivienda. Así, con la capacidad de invitar a la mesa a los actores que conocen de los temas a discutirse y a aquellos que tienen la necesidad, se pueden lograr casas para todos. Casas de calidad, amigables con el medio ambiente y con tecnología que apoye el gasto familiar. Casas cuyos requisitos para obtenerlas sean alcanzables por y para todos, especialmente para aquellos que más lo necesitan. Casas para la población marginada, para los núcleos indígenas, las madres solteras, los jóvenes y los que no tienen capacidad de comprobar ingresos. Casas para los que todos los días salen a trabajar para sacar adelante a su familia y a éste, nuestro gran país.

Estamos ante una economía que necesita reactivarse. Estamos ante las peticiones de vivienda de miles de familias de mexicanos, peticiones por las que les solicito nos unamos para darles respuesta y esperanza a miles y miles de familias.

Ahora es nuestro turno. Necesitamos respaldar con nuestro voto, su voto de confianza. Por lo expuesto y fundamentado sometemos a consideración de esta honorable asamblea esta siguiente iniciativa de ley con proyecto de decreto, misma que en este momento hago entrega al señor presidente. Es cuanto. Gracias y buenos días.

«Sinopsis de la iniciativa que modifica diversos artículos de la Ley de Vivienda, presentada por la diputada Angélica Araujo Lara.

La iniciativa tiene como propósito una revisión del marco jurídico que regula la vivienda en nuestro país, a partir de la inclusión de la vivienda como un elemento prioritario en el desarrollo de la vida del hombre y en el diseño de una nueva sociedad. Las necesidades de vivienda en el corto y mediano plazo, así como su importancia en el desarrollo económico y social del país, fundamentan la pertinencia de proponer diversas modificaciones a la Ley de Vivienda.

Se propone redefinir el concepto de vivienda incorporando nuevos elementos; fomentar la autoconstrucción, ordenando a las entidades federativas y los municipios la reducción de requisitos; introducir en el contenido del Programa Nacional de Vivienda líneas de acción y estrategias de vivienda para las y los jóvenes; y se priorice con atención preferente los programas de vivienda de las personas con discapacidad, con respeto absoluto a las comunidades y pueblos indígenas.

Asimismo, se busca el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Vivienda, dotándola de nuevas atribuciones a fin de procurar la organización y armonización de los planes y programas de vivienda federal, estatal y municipal, se realicen los diagnósticos que resulten necesarios periódicamente para evaluar la demanda de vivienda de la población que carece de prestaciones sociales, a fin de dirigir a éstos primordialmente las políticas públicas.

En cuanto a la Junta de Gobierno de la citada comisión, se incorpora a un representante por cada uno de los estados de la República y uno por el Distrito Federal, preferentemente por quien presida los institutos de la vivienda, así como a un coordinador de cada uno de los municipios de la República que tengan una población superior a 500,000 habitantes, procurando la presencia municipal.

Con estas modificaciones se contribuye sustancialmente a dotar de un marco jurídico mas propicio para las acciones en materia de vivienda que demanda con urgencia la sociedad.»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, a cargo de la diputada Angélica Araujo Lara y suscrita por diversos integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Angélica Araujo Lara, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican el artículo 2; se adicionan las fracciones XVII y XVIII al artículo 8; se reforma el artículo 17, Apartados A, fracción II, y B, fracción II; se reforman las fracciones IV y V y adiciona la fracción XXIII al artículo 19, las fracciones VII y VIII y el último párrafo al artículo 22, así como el artículo 33 en su último párrafo y el artículo 74 de la Ley de Vivienda, al tenor de la siguiente

Los últimos decenios del siglo XX, han puesto en aumento los riesgos que afectan a las ciudades, gracias a la dinámica del comercio, industria y actividad económica capitalista. ``El doble proceso de mundialización y de localización, afectan directamente los modos de vida y formas urbanas, es hoy cuando se requiere una respuesta que conjugue la transferencia y reproducción de formas y objetos propuestos por países más industrializados, pero valorando la elaboración de las formas y objetos locales, que nos identifican como mexicanos.'' ¹

En el crecimiento de las ciudades se observa nuestra cultura, forma de vida y la problemática que nos aqueja. Desde mi formación, identifico la falta de vivienda digna como causa de la delincuencia, el establecimiento en asentamientos ilegales, la falta de planeación urbana, contaminación y afectación de la calidad de vida, pero igualmente es ahí donde se encuentra la oportunidad para promover el desarrollo económico y social del país, al tener un efecto multiplicador en empleos y cantidad de bienes y servicios proveniente de aproximadamente 37 ramas industriales.

En este sentido, mi compromiso incluye el diseño de una nueva sociedad, donde se priorice la vivienda como el principal elemento de desarrollo en la vida del hombre, procurando la conservación y desarrollo del medio ambiente en concordancia con los avances tecnológicos y los fundamentos de la vida económica y social de cada uno de los mexicanos.

``La población mexicana va en aumento,'' ² lo cual indica que en breve se requerirá un incremento proporcional en bienes y servicios públicos, es entonces tiempo de prevenir para el futuro, es tiempo de valorar elementos como la cultura de cada grupo a fin de no alterar los espacios y la identidad del lugar.

Se estima que dentro del periodo de 2005-2030, los 24.8 millones de hogares existentes se agreguen alrededor de 16 millones que plantearán necesidades de vivienda, con lo que el número de hogares llegará a casi el doble de los registrados en el año 2000. Su ritmo promedio de incorporación oscilará alrededor del los 650 mil por año.

``Para el periodo 2006-2012 se requerirán 5.5 millones de viviendas nuevas para atender la formación de nuevas familias y otros 3 millones de mejoramientos para la conservación del mejoramiento del parque habitacional existente, lo que significa pasar de una producción anual de 750 mil viviendas en el 2007 a 841 mil para el año 2012, además de los mejoramientos existentes.'' ³

En principio, la propuesta estudia el marco jurídico el párrafo quinto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Vivienda publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 2006, el Programa Nacional de Vivienda 2007-2012, pero se puso especial énfasis en las necesidades reales que convergen en el contexto actual del país.

Se propone redefinir el concepto de vivienda incorporando elementos de: funcionalidad y los niveles superiores de calidad, estableciendo criterios de sostenibilidad ambiental y de ecoeficiencia en el proceso de edificación, así como la incorporación de características de la vivienda donde se contemplen espacios adecuados para salvaguardar la intimidad y comodidad personal, y la cultura como parámetro para el diseño de las ciudades. Se propone fomentar la autoconstrucción, ordenando a las entidades federativas y los municipios la reducción de requisitos e incluso el pago de impuestos, lo que permitirá garantizar a todas las personas el ejercicio del derecho a una vivienda digna.

Es en este ordenamiento donde se dará eficacia a la vivienda para las y los jóvenes; en este sentido, se propone incorporar al contenido del Programa Nacional de Vivienda líneas de acción y estrategias para ellos.

Se toma en cuenta que en la labor que esta ley encomienda a las entidades federativas y a los municipios, se priorice con atención preferente los programas de vivienda de las personas con discapacidad y con respeto absoluto a las comunidades y pueblos indígenas, escucharlos y tomar en cuenta sus características que le son propias.

Se propone el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Vivienda, dotándolo de nuevas atribuciones que debido a la concepción del país como una federación, deviene en obligaciones de apoyo a las instituciones de vivienda de las entidades federativas, a fin de procurar la organización y armonización de los planes y programas de vivienda federal, estatal y municipales procurando que todos los mexicanos en igualdad de condiciones disfruten de este derecho fundamental. Asimismo, se propone que se realicen los diagnósticos que resulten necesarios periódicamente para evaluar la demanda de vivienda de la población que carece de prestaciones sociales a fin de dirigir a éstos primordialmente las políticas públicas.

En cuanto a su Junta de Gobierno, se incorpora a un representante por cada uno de los estados de la república y uno por el Distrito Federal, preferentemente por quien presida los Institutos de la Vivienda, así como a un coordinador de cada uno de los municipios de la república que tengan una población superior a 500 mil habitantes, procurando la presencia municipal.

Considerando de primer orden la participación de la sociedad civil organizada, se posibilita su incorporación a través de invitaciones para asistir a sus sesiones, con voz pero sin voto, conforme lo acuerde la propia Junta de Gobierno y de conformidad con el tema.

El mismo esquema se sigue en cuanto a la comisión intersecretarial, que debido a su naturaleza, la incorporación de las entidades federativas se propone a través de los encargados de las instituciones de vivienda de las entidades federativas, de acuerdo con los temas de que se trate.

Para finalizar, en las acciones de vivienda que se realicen en las entidades federativas y municipios, se propone que se valoren igualmente los elementos de la cultura y los recursos naturales de cada lugar.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de ésta honorable asamblea, la siguiente iniciativa de ley con proyecto de

Artículo Único. Se reforma el artículo 2; se adicionan las fracciones XVII y XVIII al artículo 8; se reforma el artículo 17, Apartado A, fracción II y Apartado B, fracción II; se reforman las fracciones IV y V y adiciona la fracción XXIII al artículo 19, las fracciones VII y VIII y el último párrafo al artículo 22, así como el artículo 33 en su último párrafo y el artículo 74 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 2. Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, funcionabilidad , cuente con los servicios básicos y espacios adecuados, brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios de sostenibilidad ambiental y de ecoeficiencia en el proceso de edificación, así como para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.

Artículo 8. ...

Artículo 17. ...

A. ...

B. ...

Artículo 19. ...

Artículo 22. ...

Artículo 33. ...

Artículo 74. Las acciones de vivienda que se realicen en las entidades federativas y municipios, deberán ser congruentes con las necesidades de cada centro de población, su cultura y recursos naturales; así como con los planes y programas que regulan el uso y el aprovechamiento del suelo, a fin de garantizar un desarrollo urbano ordenado. Además, establecerán las previsiones para dotar a los desarrollos de vivienda que cumplan con lo anterior, de infraestructura y equipamiento básico y adoptarán las medidas conducentes para mitigar los posibles impactos sobre el medio ambiente.

Primero. Quedará sin efecto cualquier disposición que se ponga al presente ordenamiento.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Vivienda. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

LEY DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION Y GACETAS GUBERNAMENTALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Gregorio Hurtado Leija, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, tengan ustedes buenos días. La publicidad de las leyes es un presupuesto previo para su aplicación que tiene por objeto otorgar seguridad y certeza jurídica tanto a gobernados como a las instituciones de los gobiernos sobre su contenido y alcance.

Lo anterior constituye el principio de publicidad de las leyes y que materialmente se traduce en la existencia de diarios oficiales o gacetas gubernamentales como medios de difusión.

Ahora bien, como cualquier obra humana, las publicaciones que se realizan en estos medios de difusión no están exentas de errores u omisiones, lo que puede provocar una afectación en la interpretación o en el sentido mismo de la norma; tales errores se salvan o corrigen a través de una fe de erratas.

En tal tesitura, la pretensión de este proyecto de iniciativa es legislar en torno a la fe de erratas de las publicaciones que se realizan en el Diario Oficial de la Federación, institución que actualmente no está prevista o contemplada en la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, por lo que nos enfrentamos ante una grave laguna jurídica que socava los principios de publicidad y seguridad jurídica.

En consecuencia, consideramos necesario que existan normas que regulen la corrección de errores que se cometan en la publicación del Diario Oficial de la Federación, abundando que no sólo se trata de corregir errores en las leyes, sino también considerar que en el citado Diario Oficial se divulgan otras materias, tanto públicas como privadas, que no están exentas de errores de impresión o de imprecisiones en el contenido de dichos documentos.

De igual manera, debemos señalar que la fe de erratas resulta una figura de uso común en el Diario Oficial de la Federación. De manera enunciativa, tenemos que en el periodo de enero a junio de este año hubo al menos 8 publicaciones de correcciones a diversos instrumentos: acuerdos, declaratorias, reglas de facilidades fiscales e, inclusive, una fe de erratas al texto del artículo 16 constitucional publicada el 25 de junio de este año.

De tal manera, debe considerarse que la regulación de la fe de erratas se trata de una figura de trascendencia, por lo que debe existir un procedimiento explícito de corrección que debe ser regulado y reservado a la ley. No se trata de un simple ajuste de carácter administrativo.

Asimismo, debe referirse a este cuerpo colegiado que la figura propuesta no resulta extraña al orden jurídico nacional, ya que algunas entidades como Nuevo León, Aguascalientes, Colima, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Quintana Roo, Querétaro, entre otras, en sus respectivos ordenamientos legislan la actividad de los periódicos o diarios oficiales estatales, reglamentando la fe de erratas de forma similar a lo que se pretende en este proyecto.

Además, el derecho comparado nos otorga luces sobre la materia, pudiendo destacar el caso español a través del real decreto 181 de ordenación del boletín oficial del Estado. Específicamente, el artículo 26 que prevé la figura de correcciones; mientras que en la Unión Europea la materia se conoce como corrección de errores, por citar sólo algunas legislaciones extranjeras.

Por tanto, las inconsistencias en las publicaciones se pueden corregir de forma oportuna si se establecen procedimientos y plazos específicos en la ley, ya sea que se trate de errores de impresión o durante la elaboración o publicación del Diario Oficial de la Federación; o bien, errores en el contenido de los documentos originales que sean enviados al mismo.

Es por lo anterior que se propone señalar a la fe de erratas como materia de publicación en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de que se considere la obligatoriedad de su publicación para el Ejecutivo federal.

Asimismo, se distinguen los errores materiales que provienen del documento original, de aquellos errores cuya modificación implique un sentido distinto de las normas que corrige.

En ese caso no será procedente la fe de erratas, en razón de que sería inconstitucional permitir una corrección de dicha naturaleza. Si se ha seguido todo un procedimiento formal para establecer una ley, sería incorrecto que se cambie una disposición jurídica por la vía de la fe de erratas. Es de aclarar que se establece cuáles serán los efectos jurídicos de dichas normas, una vez que son aclaradas.

Finalmente, recalcamos que la inclusión legislativa formal de esta fe de erratas en el orden jurídico federal precisará con mayor claridad los alcances del principio de publicidad de las leyes, normas y demás actos que se publican en el Diario Oficial de la Federación, existiendo una mayor seguridad y certeza jurídica respecto sus alcances y vigencia, como un presupuesto necesario de cualquier estado de derecho.

Por su atención, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, a cargo del diputado Roberto Gil Zuarth , del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, en materia de regulación de la fe de erratas, al tenor de la siguiente

El objeto del presente proyecto es regular la figura de la fe de erratas en las publicaciones que se realizan en el Diario Oficial de la Federación; la justificación material deviene en la ausencia de normas jurídicas que rigen la materia lo que implica la utilización de la figura sin un marco jurídico definido, deviniendo en un grave problema de seguridad jurídica.

La estructura de la iniciativa se desglosa en: a) la incorporación de la fe de erratas como materia de publicación en el Diario Oficial de la Federación; b) definición de los supuestos de procedencia, ya sea por errores en la impresión o por errores provenientes del documento original; c) procedimientos y plazos; d) efectos jurídicos, y e) incorporación de un mecanismo de consulta de los documentos originales enviados para publicación, en atención a un principio de transparencia y máxima publicidad de conformidad con el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es necesario precisar que la materia que se pretende regular es competencia del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que el principio de publicidad de las leyes viene a ser la última etapa del proceso legislativo en términos del artículo 72 constitucional en relación con el artículo 89, fracción I, constitucional, relativo a la promulgación que debe realizar el Ejecutivo Federal, por lo que si hay normas expresas que contengan por objeto hacer efectiva la facultad de publicar leyes, igualmente debe haber normas respecto de la corrección de errores que se cometan en la publicación del Diario Oficial de la Federación, además de que existen otras materias públicas o privadas que igualmente se publican, y que no está exentas de errores de impresión o de errores en el contenido del documento que se envía para publicación.

Asimismo, resulta pertinente referir que el contenido de la presente iniciativa resulta acorde con el sentido y estructura que ordena la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, publicada el veinticuatro de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, igualmente existe concordancia con los artículos 3o., 4o. y 5o. del Código Civil Federal en cuanto a la publicidad e inicio de vigencia de las normas; asimismo, resulta acorde con las facultades de la Secretaría de Gobernación para administrar y publicar el Diario Oficial de la Federación en términos del artículo 27, fracciones II y III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y tampoco contraviene lo dispuesto en el Manual de Organización General de la Secretaría de Gobernación.

En seguimiento, debemos abundar que en la Cámara de Diputados de la LX Legislatura se presentaron diversos proyectos legislativos, a fin de adecuar la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, con el propósito de delimitar de mejor manera las materias objeto de publicación en el Diario Oficial de la Federación, así como sentar las bases generales para la creación y expedición de las gacetas gubernamentales de las entidades federativas, así como del Gobierno del Distrito Federal, reglar la difusión electrónica, entre otras materias.

Sin embargo, en ninguna de ellas se trató la materia de la fe de erratas, pese a que existe una anomia o laguna en Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, y sobra decir que resulta una figura de uso común, ya que, por ejemplo, del periodo de enero a junio de 2009, hubo al menos 8 publicaciones de corrección, a saber:

En la anterior relación se apreciará que las materias e instrumentos que se corrigen a través de la fe de erratas, son de diversa índole, inclusive destaca una errata al artículo 16 constitucional, cuya errata está íntimamente relacionada con el sentido y alcance de la garantía de legalidad en materia penal, textualmente tenemos:

En tal tesitura, debe colegirse que la fe de erratas no se trata de una figura menor, sino de un procedimiento de corrección que debe ser regulado y reservado a la ley, asimismo, del listado de erratas que precede, se observa que los plazos para su corrección son variados, por lo que igualmente resulta necesario regular los supuestos, procedimientos y plazos en atención a la seguridad jurídica de a quienes se dirigen los documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Por otra parte, la adecuación del orden jurídico deviene en un principio de seguridad jurídica en lo que atañe a la publicidad de las leyes, así como el derecho a la información pública en forma correcta y oportuna como una arista más del derecho a la información como pilar básico del estado de derecho democrático, tema que resultan de interés para la agenda legislativa nacional.

Asimismo, se debe referir a que la figura de la fe de erratas no resulta extraña al orden jurídico nacional, ya que en algunas entidades federativas, en forma enunciativa, como Aguascalientes, Colima, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, Querétaro, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, en sus respectivos ordenamientos que rigen a los periódicos y diarios oficiales estatales, se reglamenta la fe de erratas, en forma similar a como se pretende con el presente proyecto.

Inclusive, la figura propuesta, también ha sido materia de interpretación a través de criterios aislados del Poder Judicial de la Federación, donde se reconoce la existencia de errores de impresión en la publicación de las normas

Como se aprecia de las tesis aisladas transcritas, en nuestra práctica jurídica se reconoce la existencia de errores de imprenta al elaborar el Diario Oficial de la Federación, así como errores propios del documento original enviado para publicación, inconsistencias que se han venido a resolver a través de la aplicación judicial del derecho.

Sin embargo, tales incorrecciones se pueden corregir en forma oportuna si se establecen procedimientos y plazos específicos en la ley, ya sea que se trate de:

En apoyo de lo anterior, tenemos que dentro de la doctrina administrativista mexicana destaca la obra de don Miguel Acosta Romero, ¹ quien denodadamente externó su opinión en el sentido de regular la utilización de la fe de erratas en el Diario Oficial de la Federación, a continuación algunas líneas de interés:

En pocas palabras y parafraseando al maestro Acosta Romero, el presente proyecto vendría a ser una oportunidad para que el legislador regule debidamente la fe de erratas.

En cuanto a derecho comparado, tenemos que en España, a través del Real Decreto 181/2008, del 8 de febrero, de ordenación del diario oficial «Boletín Oficial del Estado», específicamente en el artículo 26 se previene la figura de correcciones, distinguiendo entre: los errores de composición que se produzcan en la publicación y los errores padecidos en el texto remitido para publicación, estableciendo procedimientos diversos para la corrección según sea el caso.

En la Unión Europea, cada institución tiene sus propios procedimientos legales, establecidos en sus respectivos reglamentos internos, y en lo que atañe a la publicación de una fe de erratas, que en el Diario Oficial de la Unión Europea se conocen con el nombre de ``Corrección de errores''; igualmente se distingue entre errores materiales que son corregidos a través de publicación en el Diario Oficial, así como errores sustanciales que son corregidos mediante publicación posterior a través de una corrección formal aprobada por la autoridad legislativa.

En Estados Unidos de América, ² la publicación de las leyes del Congreso le compete al Ejecutivo federal a través de la Oficina Federal de Registro y Archivos Nacionales que prepara una publicación conocida como slips laws, ³ mediante la cual cada leyes publicada por separado en una especie de panfleto, donde en el encabezado se indica si se trata de derecho público o privado, el número de la ley, fecha de aprobación y número de iniciativa, asimismo en la preparación de la publicación del slip laws se establecen notas editoriales que citan leyes relacionadas y otros detalles aclaratorios sobre las normas. Posteriormente, se incorporan al Código Federal de los Estados Unidos que viene a ser una consolidación y codificación general, permanente de las leyes de los Estados Unidos organizadas de acuerdo a materias en 50 encabezados en orden alfabético, donde se establece la vigencia o estado de la ley, así como las correcciones, sin repetir los términos en los cuales se enmendó o corrigió, excepto cuando sea necesario.

Jurídicamente, tenemos que el proyecto distingue expresamente la fe de erratas como materia de publicación en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de que se considere como una materia obligatoria de publicar para el Ejecutivo federal, se distinguen los errores en la impresión de los errores provenientes del documento original, estableciendo un tratamiento distinto, estableciendo mecanismos de solución previa, en forma inmediata o posterior, a la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es de aclarar que se establecen en forma clara las consecuencias jurídicas de normas con incorrecciones, así como los efectos de dichas normas una vez aclaradas o corregidas tales imprecisiones, en atención al principio de seguridad jurídica e irretroactividad de los efectos de la ley, asimismo se aclara la procedencia del cobro del pago de derechos por las publicaciones.

Además, destaca el supuesto de que cuando los errores provengan del documento original remitido para publicación, deberá distinguirse entre aquellos que supongan un mero error material de aquellos que establezcan una modificación real o sustancial del contenido publicado o del sentido de las normas jurídicas, ya que en ese caso no será procedente la fe de erratas, ya que sería inconstitucional permitir una corrección de dicha naturaleza, ya que si se ha seguido todo un procedimiento para establecer una ley, no es correcto que se cambie una disposición por la vía de la fe de erratas, ya que en ella no intervienen los órganos que constitucionalmente están facultados para determinar el derecho, pues conforme al artículo 72, inciso f), de la Constitución para la modificación de las leyes debe seguirse el mismo procedimiento que para su formación.

Cabe precisar que el proyecto tiene como principal beneficio la seguridad jurídica de los destinatarios de las normas, y no implica mayores costos para los órganos o sujetos obligados distintos o mayores a los que ya se realizan cuando se lleva a cabo actualmente para la publicación de una errata, salvo que con el proyecto se delimitan los procedimientos y se establecen plazos previamente establecidos al efecto.

Lo que antecede, estimamos, justifica materialmente y jurídicamente la emisión del siguiente

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, en materia de regulación de la fe de erratas

Único. Se reforman las fracciones VI y VII y se adiciona la fracción VIII del artículo 3o.; asimismo se adicionan los artículos 19 al 25 contenidos en un Capítulo Tercero, intitulado ``De la fe de Erratas'', todos ellos, de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, de acuerdo con lo siguiente:

Artículo 3o. Serán materia de publicación en el Diario Oficial de la Federación:

Artículo 19. La fe de erratas es la corrección de una publicación efectuada en el Diario Oficial de la Federación, misma que se hace de conformidad con las disposiciones que establece la presente ley.

Artículo 20. La fe de erratas será procedente:

Artículo 21. Cuando en la elaboración o publicación del documento se cometan errores de impresión que disientan con el contenido del documento original, el responsable del Diario Oficial de la Federación deberá actuar, según sea el caso, conforme a lo siguiente:

En este supuesto, la solicitud de corrección deberá estar suscrita por quienes aprobaron y remitieron el documento originalmente publicado, o en su caso, por quien tenga atribuciones para ello, o por el solicitante o su representante legal.

En los casos anteriores, la publicación de la fe de erratas será sin ningún costo o pago de derechos para el solicitante de la publicación.

Artículo 22. Las autoridades o particulares, solicitantes del servicio de publicación en el Diario Oficial de la Federación, dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación, para el efecto de realizar observaciones respecto de errores de impresión, mediante escrito dirigido al responsable del Diario Oficial de la Federación, quien en caso de confirmar la existencia de aquellos, actuará, en la forma y término previstos en la fracción II del artículo 21 de esta ley.

No obstante lo anterior, se podrán solicitar las correcciones de impresión en cualquier tiempo, pero el plazo para la publicación de la fe de erratas será de siete días hábiles, salvo que se trate de las materias contenidas en las fracciones I, II, IV, VI y VII del artículo 3 de esta ley, supuestos en donde el plazo será de tres días hábiles para realizar la publicación de la fe de erratas.

Cualquier ciudadano podrá hacer observaciones por escrito respecto de los errores del texto de escritura o impresión, mediante escrito dirigido al encargado del Diario Oficial de la Federación, sin que dichas observaciones resulten vinculantes de modo alguno.

Artículo 23. Cuando los errores provengan del documento original remitido para publicación, se estará a las siguientes reglas:

En ambos supuestos, los nuevos documentos donde conste la corrección que se solicite, deberán estar suscritos por quienes aprobaron y remitieron el documento originalmente publicado, o en su caso por quien o quienes tengan atribuciones para ello, o por el solicitante o su representante legal.

Siempre que los errores provengan del documento original se deberán pagar los derechos que correspondan por la nueva publicación.

Artículo 24. La fe de erratas surtirá sus efectos al día siguiente de su publicación y no tendrá efectos retroactivos en relación con actos o hechos jurídicos consumados antes de su entrada en vigor.

Artículo 25. Los particulares podrán solicitar al encargado del Diario Oficial de la Federación, copia certificada de los documentos originales entregados para publicación en el Diario Oficial de la Federación, siendo a cargo de éstos los derechos que originen su expedición.

Se reputa como documento original, salvo prueba en contrario, aquél que conteniendo las firmas autógrafas de los servidores públicos o del representante, que legalmente están facultados para su expedición, que haya sido presentado al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

Único. El presente decreto entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Gerardo Leyva Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 10 de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, comparezco a exponer iniciativa de decreto para agregar el artículo 10 a la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

Como consecuencia de la falta de mano de obra en los campos agrícolas y otros sectores de la economía de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, en 1942 los gobiernos de México y Estados Unidos crearon el Programa Bracero. Por medio de este programa miles de mexicanos trabajaron de manera legal en actividades relacionadas con la agricultura y la construcción de ferrocarriles entre 1942 y 1964.

El fondo bracero se creó de acuerdo con las leyes norteamericanas, con una cantidad equivalente al 10 por ciento de su salario, el cual fue administrado por cada patrón y le sería pagado al trabajador a su regreso a México, a través del desaparecido Banco de Crédito Agrícola. Sin embargo, por causas que no han sido suficientemente aclaradas, ese dinero, aunque fue entregado al gobierno mexicano, jamás llegó a sus verdaderos propietarios, los trabajadores del Programa Bracero.

El gobierno mexicano se negó durante décadas no sólo a pagar, sino a reconocer la existencia de un adeudo. Diversas organizaciones de ex braceros incluso demandaron ante cortes norteamericanas al gobierno mexicano. En 2003 la Secretaría de Gobernación abrió mesas de registro para elaborar el primer padrón de ex braceros. El 25 de mayo de 2005 el Congreso de la Unión aprobó la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. En los presupuestos de 2006 y de 2007 se aprobó una partida de 300 millones de pesos cada año para iniciar el pago de los adeudos. En 2008 y 2009 el presupuesto aprobado fue de 700 millones por año.

El comité técnico del fideicomiso publicó en las reglas de operación que cada ex bracero recibiría la cantidad de 38 mil pesos como único pago y en una sola exhibición; sin embargo, el 29 de junio de 2009 publicó unas reformas a las reglas de operación, que en su numeral 5 ahora dicen:

5o. El importe del apoyo social que se entregará por una sola vez a cada beneficiario será por la cantidad de 38 mil pesos, que será entregada en exhibiciones de acuerdo con los recursos disponibles en el fideicomiso de cada ejercicio fiscal, de conformidad con lo que establecen las fracciones II y III del artículo 5o. de la ley.

Es decir, no solamente se ha mantenido sin aumento alguno el monto total a pesar de la inflación acumulada de 2006 a la fecha, sino que se ha reducido el valor real del pago, con lo que se incurre en un trato discriminatorio e injusto a los ex braceros. Además, se establece una modalidad de pagos en parcialidades; es decir, lo que se conoce como abonos chiquitos, que acaba de manera arbitraria con el espíritu de lo que acordó el legislador en 2005.

Como consecuencia natural de estos cambios se ha generado una justa indignación entre los ex braceros, que en algunos casos se han negado a recibir su pago o lo han aceptado pero manifestando siempre su inconformidad.

Se han realizado manifestaciones en todo el país, incluyendo las puertas de esta Cámara, como fue el caso de ayer, cuando diversas organizaciones se manifestaron en esta Cámara.

Los ex braceros se sienten agraviados por estos cambios arbitrarios en las reglas de operación, que no benefician a nadie y sí afectan a todos. Ante esta situación de inconformidad social, el Congreso de la Unión, en uso de sus facultades, debe tomar medidas que obliguen a la autoridad a respetar la letra y el espíritu de la ley emitida en 2005.

Por lo expuesto y fundado, someto ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Artículo único. Se adiciona el artículo 10 a la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 10. El pago a los beneficiarios se realizará en una sola exhibición y será equivalente a la cantidad entregada en 2006, actualizada considerando la inflación acumulada según las cifras oficiales del Banco de México.

Transitorio. Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Solicito que se inscriba el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

«Iniciativa que adiciona el artículo 10 a la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Gerardo Leyva Hernández , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con base en la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de la República y el artículo 55, fracción II, del Reglamento General para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 10 a la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Braceros Mexicanos, al tenor de la siguiente

Como consecuencia de la falta de mano de obra en los campos agrícolas y otros sectores de la economía de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, en 1942 los gobiernos de México y Estados Unidos crearon el Programa Bracero.

Por medio de este programa miles de mexicanos trabajaron de manera legal en actividades relacionadas con la agricultura y la construcción de ferrocarriles entre 1942 y 1964. Dado que era un programa temporal y legal, de acuerdo con las leyes norteamericanas, se creó una cantidad equivalente al 10 por ciento de su salario. Este fondo fue administrado por cada patrón y le sería pagado al trabajador a su regreso a México a través del Banco de Crédito Agrícola.

Sin embargo, por causas que no han sido suficientemente aclaradas, ese dinero, aunque fue entregado al Gobierno mexicano, jamás llegó a sus verdaderos propietarios, los trabajadores del Programa Bracero.

A pesar de que los ex trabajadores braceros se organizaron desde hace muchos años para exigir la devolución de su dinero, el Gobierno mexicano se negó durante décadas no sólo a pagar, sino a reconocer la existencia de un adeudo.

Diversas organizaciones de ex braceros incluso demandaron ante cortes norteamericanas al Gobierno mexicano.

En el 2003 la Secretaría de Gobernación abrió mesas de registro para elaborar el primer padrón de ex braceros.

El 25 de mayo de 2005 el Congreso de la Unión aprobó la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Braceros Mexicanos.

En los presupuestos 2006 y 2007 se aprobó una partida de 300 millones de pesos cada año para iniciar el pago de los adeudos. En 2008 y 2009 el presupuesto aprobado fue de 700 millones por año.

El comité técnico del fideicomiso publicó en las reglas de operación que cada ex bracero recibiría la cantidad de 38 mil pesos como único pago y en una sola exhibición.

Sin embargo, el 29 de junio de 2009 publicó unas reformas a las reglas de operación, que en su numeral 5 ahora dicen:

El importe del apoyo social que se entregará por una sola vez a cada beneficiario será por la cantidad de $38,000.00 (treinta y ocho mil pesos 00/100 mn), misma que será entregada en exhibiciones de acuerdo a los recursos disponibles en el Fideicomiso en cada ejercicio fiscal, de conformidad con lo que establecen las fracciones II y III del Artículo 5o. de la ley.

Es decir, no solamente se ha mantenido sin aumento alguno el monto total, a pesar de que la inflación acumulada de 2006 a la fecha ha reducido el valor real del pago, con lo que se incurre en un trato discriminatorio e injusto a los ex braceros y a sus beneficiarios que han esperado más tiempo, sino que además se establece una modalidad de pagos en parcialidades, es decir, en ``abonos chiquitos'' que acaba de manera arbitraria con el espíritu de lo que acordó el legislador en el 2005.

Como consecuencia natural de estos cambios se ha generado una justa indignación entre los ex braceros que en algunos casos se han negado a recibir su pago o lo han aceptado pero manifestando siempre su inconformidad.

Se han realizado manifestaciones en todo el país, incluyendo las puertas de esta Cámara de Diputados, en las que las organizaciones de ex braceros declaran que se sienten agraviados por estos cambios arbitrarios en las reglas de operación que no benefician a nadie y si afectan a todos.

Los ex braceros se sienten tratados como personas menores de edad a las que les pagan en partes con el argumento de que es ``para que no se lo gasten rápido y les dure más''.

Ante esta situación de inconformidad social el Congreso de la Unión, en uso de sus facultades debe tomar medidas que obliguen a la autoridad a respetar la letra y el espíritu la Ley emitida en el 2005.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a esta soberanía

Artículo Único. Se adiciona un artículo 10 a la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Braceros Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 10. El pago a los beneficiarios se realizará en una sola exhibición y será equivalente a la cantidad entregada en 2006, actualizada considerando la inflación acumulada según las cifras oficiales del Banco de México.

Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Como lo solicita, inscríbase en el Diario de los Debates el texto íntegro, y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

REGLAMENTO QUE ORDENA EL REDISEÑO, PROFESIONALIZACION Y, QUE ESTABLECE LAS BASES EN MATERIA DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD Y CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide el Reglamento que ordena el Rediseño y la Profesionalización, y que establece las Bases en materia de Austeridad, Racionalidad y Control del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Diputados.

Buenos días, compañeras diputadas y compañeros diputados. Este reglamento propone tres cosas: el rediseño administrativo, técnico y legislativo de la Cámara; la profesionalización de los cuerpos administrativos y legislativos de la Cámara; y establece bases en materia de austeridad, racionalidad, disciplina y control del ejercicio presupuestal de la Cámara baja.

Como hemos escuchado hoy en la mañana, existe un debate muy interesante sobre qué tipo de reformas requiere el país. Si las grandes reformas del Estado de las que nos habló el licenciado Muñoz Ledo ---que yo creo que son adecuadas y oportunas---, pero también aquellas reformas puntuales de las que habló el diputado César Augusto Santiago, del Partido Revolucionario Institucional.

La Cámara de Diputados es un cuerpo muy grande, tiene más de 5 mil 745 empleados, una estructura mastodóntica, órganos de gobierno bastante autoritarios y verticales y tenemos poco contacto con la sociedad. Necesitamos una Cámara de Diputados mucho más ágil, más eficiente, más eficaz, en donde las comisiones y los comités tengan el peso determinante.

Además hay hechos muy graves. Desde el año 2000 la Cámara de Diputados cuenta con el Estatuto que regula la Organización Técnica, Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara. Este estatuto, que podría profesionalizar a la Cámara de Diputados, desgraciadamente no se ha implantado.

Tenemos también importantes centros de estudio en esta Cámara que no tienen una vinculación real con el trabajo legislativo, que podrían ser los asesores de los legisladores y no lo son, no sé por qué razón, habría que encontrar la explicación. El tamaño de la Cámara es excesivo.

Requerimos áreas administrativas, técnicas y legislativas más pequeñas, pero más eficientes. Hay por otro lado grandes salarios en esta Cámara, superiores a los de los legisladores, por ejemplo el salario que recibe el secretario general de la Cámara.

El reglamento que propongo tiene cuatro objetivos. El primero es ordenar la aprobación de una auditoría a todos los procedimientos de la Secretaría General, así como al desempeño y estructura de los centros de estudio, unidades administrativas, técnicas y legislativas de la Cámara. El segundo, redimensionar a la baja el tamaño de la Cámara de Diputados. El tercero, implantar el Estatuto que regula la Organización Técnica, Administrativa y de Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados. Y el cuarto, fijar bases en materia de austeridad, racionalidad, disciplina y control presupuestal de la Cámara.

Para ello, el reglamento propone dos tipos de auditoría, en dos fases. Una auditoría interna que correspondería a la Secretaría General, con el auxilio de la Contraloría Interna de esta Cámara, para que en 60 días presenten un plan del redimensionamiento adecuado de la Cámara. En segundo lugar, una vez que la Secretaría General y la Contraloría Interna terminaran con este trabajo de auditoría, una auditoría externa a cargo de la UNAM, para que la máxima casa de estudios revisara y nos propusiera los cambios necesarios en las estructuras administrativas, técnicas y legislativas de la Cámara baja.

Además se proponen importantes medidas de austeridad. Doy ejemplo de algunas de ellas: Reducir las dietas de los legisladores en 25 por ciento. En segundo lugar, derogar los seguros de gastos médicos mayores, de vida, y de separación individualizada; derogar los recursos que recibimos por asistencia y apoyo legislativo; gastar efectivamente los recursos que recibimos para la operación y atención de los módulos de atención ciudadana. Que los boletos de avión que son entregados a nosotros para comisiones oficiales sea reintegrado su pago, una vez que el viaje se ha realizado, entre otras importantes medidas.

Termino diciendo que la única manera en la que podemos ganar credibilidad y legitimidad frente a la ciudadanía consiste en realizar ajustes al tamaño administrativo de esta Cámara. Darle más eficacia, más eficiencia y utilizar los recursos públicos con mayor austeridad, racionalidad, disciplina y control. Ésa es la única manera que tenemos para conectarnos con la sociedad. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que expide el Reglamento que ordena el Rediseño, Profesionalización y, que establece las Bases en materia de Austeridad, Racionalidad y Control del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT Jaime Cárdenas Gracia , diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el proyecto de decreto que expide el Reglamento que ordena el rediseño, profesionalización y, que establece las bases en materia de austeridad, racionalidad y control del ejercicio presupuestal de la Cámara de Diputados.

Un reciente estudio del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) destaca lo siguiente: ``...Se estima que la Cámara de Diputados tiene 5,745 empleados de los cuales el 33 por ciento es de base sindicalizado, el 30 por ciento es personal temporal por honorarios y casi el 20 por ciento son funcionarios de mandos medios y superiores; a pesar que desde 2000 se cuenta con un Estatuto para la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, éste fue anulado por la LVIII Legislatura (2000-2003) con el fin de evitar controles internos para la asignación de puestos administrativos al interior de la Cámara mediante cuotas partidistas. La consecuencia de su anulación ha sido la poca profesionalización del personal administrativo y el sometimiento de los mismos a los intereses de los grupos parlamentarios...''

No es aventurado señalar que, en la Cámara de Diputados, al igual que en muchas instituciones públicas del país, la estructura administrativa de los entes públicos, el reparto de cargos y empleos, y el ejercicio del gasto en los mismos, no obedece a criterios de racionalidad, austeridad, profesionalismo o imparcialidad. La estructura pública del Estado es entendida como botín político, por parte de los partidos y, de otros poderes fácticos y formales. Ese grave hecho, no obliga a adoptar medidas para enfrentar la irracionalidad en el funcionamiento administrativo y presupuestal de las instituciones. Requerimos de un servicio civil de carrera, tanto administrativo y técnico, al igual que legislativo, que sea profesional y serio, además de fortalecer y consolidar estructuras administrativas que no sean obesas ni dispendiosas.

En el marco del proceso de modernización administrativa y fortalecimiento institucional en la Cámara de Diputados, conocemos que está vigente un convenio de donación, suscrito con el Banco Mundial. Asimismo, sabemos que entre los compromisos pendientes de la Cámara se encuentran los siguientes: Fortalecimiento institucional de los centros de estudios, y la puesta en marcha de los servicios de carrera. No obstante, poco se ha realizado en torno a esas tareas, al igual que respecto al redimensionamiento de la estructura administrativa, específicamente de los mandos medios y superiores de la Cámara.

El estudio del CIDE ya citado, establece que el presupuesto del Poder Legislativo en su conjunto ascendió a 9.3 mil millones de pesos en 2009, que representa el 0.3 por ciento del gasto total nacional. Aunque parece mínimo en términos porcentuales comparado con el monto que ejerce el gobierno federal, eso no justifica que los recursos no se ejerzan debidamente o que las instancias competentes actúen con dispendio, prodigalidad o discrecionalmente.

Para el ejercicio fiscal en curso, la Cámara de Diputados contó con un presupuesto de 5 mil 284 millones 534 mil 748 pesos. Los gastos más representativos se registran en los capítulos 1000 de Servicios Personales con un 55 por ciento y 3000 de Servicios Generales con un 39 por ciento. Ambos suman el 94 por ciento del total de recursos para el presente año.

Resulta, por ejemplo, excesivo el presupuesto de mil 528 millones 766 mil 235 pesos en el concepto 3800 Servicios Oficiales, ¹ según datos de la hacienda pública federal del 2008, en este rubro la Cámara de Diputados erogó el año pasado la cantidad de mil 575 millones 194 mil 56 pesos, cabe precisar que después de las erogaciones presupuestadas para el pago de servicios personales, este renglón es el segundo con mayor representación en el gasto total. No es posible seguir sosteniendo este esquema de gastos de orden social y de representación.

En el documento que obra en la página electrónica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de fecha primero de enero de 2009, con el nombre de Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, en el apartado de Estrategia Programática del Ramo 01 Poder Legislativo, se presenta un dato que llama la atención y que cito textual para una mejor ilustración del caso:

El dato a resaltar es el relativo a los ``criterios o lineamientos de racionalidad y austeridad presupuestal'' que se citan, y se subraya, porque simplemente no se nos han proporcionado hasta el momento. Lo he solicitado a la Secretaría General como área responsable de proponer y establecer la normatividad, objetivos, política y estrategias para la administración de la Cámara, así como la de someter a la aprobación de los órganos de gobierno el anteproyecto del presupuesto de egresos de este cuerpo legislativo. La respuesta hasta el momento, es que no se cuenta con un documento de tal naturaleza.

De igual forma, quiero destacar un asunto que parece menor, pero que no lo es, se trata de los fistoles de oro para los legisladores. Es superfluo que los diputados portemos esos aditamentos. Esos recursos pueden destinarse a tareas sustantivas o para generar ahorros significativos en el presupuesto de la Cámara. ¿Cuánto habrán costado 500 fistoles de oro?, ¿Por qué se compraron 500? ¿Cómo podemos los diputados hablar de racionalidad con este tipo de artículos adquiridos con recursos públicos y colgando de nuestras solapas?

Tampoco es dable decir, que en la Cámara existen medidas de racionalidad del gasto, cuando los viáticos que se otorgan a los diputados no son comprobados y --peor aún-- los lineamientos para la asignación de viáticos y pasajes aéreos en comisiones internacionales vigentes hasta el día de hoy, establecen que para la comprobación de los viáticos será suficiente el recibo de la transmisión electrónica o la firma de recepción del cheque por parte de los diputados. Esto es escandaloso y no podemos permitir que continúe sucediendo.

A los responsables de la formulación y presentación del presupuesto de la Cámara para 2009, les pareció un buen punto, señalar que en éste órgano legislativo se cuenta con ``lineamientos permanentes en materia de austeridad presupuestal''. Como mencionamos, no los hemos encontrado, que alguien tenga la decencia de explicamos en qué consistieron las medidas de disciplina presupuestal aplicadas y sus resultados concretos.

Lo anterior no es un asunto que puede adjetivarse dentro de términos políticamente correctos. Es un problema que debe ocupar a todos los diputados, a todos los grupos parlamentarios y a todos los trabajadores y servidores públicos del Poder Legislativo. Necesitamos con urgencia establecer un reglamento que regule, por fa vía de los hechos y los resultados, las medidas de racionalidad y austeridad presupuestal que deberá observar la Cámara de Diputados en su conjunto.

En días previos a la toma de protesta de la presente legislatura y, aún recientemente, se han escuchado voces de diferentes partidos en el sentido de reducir las remuneraciones de los diputados. Necesitamos que estas voces se traduzcan en voluntades y acuerdos; y estos a su vez en normas escritas, y que además se cumplan y se informen a la sociedad. Además precisamos, como ya se ha indicado aquí, contar con un Poder Legislativo moderno, racional, austero y funcional, que elimine la obesidad administrativa y que se oriente por los principios de imparcialidad, objetividad, certeza, independencia, legalidad, profesionalismo y transparencia.

Por lo expuesto, se expide el siguiente proyecto de

Decreto que expide el Reglamento que ordena el Rediseño y Profesionalización, y que establece las Bases en materia de Austeridad, Racionalidad y Control del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Diputados

Primero. Los objetivos del Reglamento son ordenar la aprobación de una auditoría a todos los procedimientos de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, así como al desempeño y estructura de todos los centros de estudio de la Cámara de Diputados; redimensionar el tamaño de la Cámara de Diputados; establecer un plazo máximo a los órganos competentes de la Cámara para la elaboración y aprobación del estatuto que regule la organización y funcionamiento de las secretarías y de los servicios de carrera; y, fijar las bases en materia de austeridad, racionalidad, disciplina y control presupuestal de la Cámara de Diputados.

Segundo. Para efectos de este Reglamento se entenderá por:

Tercero. El pleno de la Cámara de Diputados aprobará la celebración de un convenio con Universidad Nacional Autónoma de México, para que ésta con el apoyo del departamento de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la propia universidad, realicen una auditoría a todos los procedimientos de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, así como al desempeño y estructura de todos los centros de estudio de la Cámara de Diputados. La universidad entregará sus conclusiones en un plazo no mayor de 90 días naturales, una vez que la Secretaría de Servicios Administrativos haya entregado el análisis que se ordena en el siguiente artículo.

Cuarto. La Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros deberá presentar ante el pleno de la Cámara, en un término no mayor de 60 días naturales, un análisis para el redimensionamiento de las unidades administrativas y técnicas de la Cámara, con el fin de: justificar la existencia de cada una de las unidades administrativas técnicas y centros de estudio, en términos de atribuciones, número de trabajadores, sistemas y métodos de reclutamiento del personal, productividad indicadores del desempeño y su vinculación con las competencias constitucionales y legales de la Cámara de Diputados.

Quinto. Quedan suspendidas las altas y promociones del personal con adscripción a las unidades administrativas y técnicas de la Cámara, incluidos el personal adscrito a los cinco centros de estudio y a la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia, hasta en tanto se implanten los servicios de carrera de la Cámara previstos en los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Sexto . La Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política y la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos propondrán al pleno de la Cámara, el proyecto de estatuto que regirá la organización y funcionamiento de las secretarías, centros y unidades y, de los servicios de carrera de los cuerpos de la función legislativa y la función administrativa de la Cámara, en un plazo no mayor a seis meses, a partir de la entrada en vigor del presente reglamento.

La Secretaría General, la de Servicios Administrativos y Financieros, y la de Servicios Parlamentarios, adoptarán todas las medidas necesarias para la implantación de las disposiciones del estatuto para la organización y funcionamiento de las secretarías y de los servicios de carrera de la Cámara de Diputados.

Séptimo. Se reducen en un 25 por ciento las dietas de los diputados.

Octavo. Se derogan las aportaciones que se destinan para el pago de los seguros de gastos médicos mayores, de vida y de separación individualizado de los servidores públicos de la Cámara.

Noveno. Se derogan los recursos otorgados a los diputados por concepto de asistencia legislativa.

Décimo. Los recursos derivados de las reducciones señaladas en los numerales séptimo, octavo y noveno del presente reglamento se concentrarán en una cuenta bancaria, con la finalidad de que al término de cada ejercicio fiscal se informen a la sociedad por conducto del pleno y puedan ser destinados a algún programa social o institución de asistencia pública, de conformidad a los acuerdos que para tal efecto dicten en los grupos parlamentarios.

Undécimo. Los diputados deberán aplicar los recursos destinados al establecimiento y operación de sus módulos de atención ciudadana para dicho objeto del gasto, y los gastos se deberán realizar por conducto de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de la Cámara.

Decimosegundo. Los grupos parlamentarios deberán llevar un registro puntual de los gastos que sus diputados integrantes realicen, derivado del funcionamiento de los módulos de atención ciudadana.

Decimotercero. Los boletos de avión, proporcionados a los diputados derivados del apoyo para pasajes aéreos, serán pagados a éste una vez que el viaje sea realizado. Esto es, el pago se hará siempre sobre gasto devengado y será reembolsado al diputado por la Dirección General de Servicios a Diputados.

La Dirección General de Servicios a Diputados presentará un informe anual público de todos los boletos de avión pagados a diputados por cualquier concepto,

Decimocuarto. La Dirección General de Servicios a Diputados establecerá controles para que la tarjeta IAVE sólo pueda ser utilizada hasta por determinado monto, que deberá ser establecido conforme a los acuerdos de los órganos de gobierno.

Decimoquinto. De conformidad al artículo 16 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2009, se establecen las siguientes medidas de racionalidad en materia de recursos humanos:

Decimosexto. Los gastos administrativos y orden social se sujetarán a lo siguiente:

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

Compañeras y compañeros, los diputados federales de Coa-huila, en ejercicio de nuestra facultad que otorga la ley, presentamos una iniciativa que reforma la Ley de Coordinación Fiscal, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Hago una seria de reflexión aquí ante el pleno, que permita normar nuestras consideraciones ante la obvia falta de tiempo. La Ley de Coordinación Fiscal es el marco normativo que permite la coordinación de las haciendas de la federación. La centralización de la recaudación por parte de la administración pública federal ha hecho que se cree una serie de ordenamientos para que los estados y municipios generadores de estos ingresos participen de los recursos recaudados.

Haciendo una referencia cronológica en el caso específico de la ley referida de esta iniciativa, los estados y municipios a partir de 1992 podíamos recibir participaciones de los ingresos que se generen por el cobro de los puentes de peajes, nacionales e internacionales que se encuentren dentro de la demarcación.

A partir de esta reforma, los estados y municipios participan de 10 por ciento de los ingresos de la federación por los cobros de puentes de peajes, pero limitándolos hasta 1996. Esta participación solamente se otorgaba si los estados y municipios firmaban un convenio de participación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En diciembre de 1995 se reformó este ordenamiento para eliminar la fecha límite de aplicación. Se amplía la participación que la federación otorgaba de 10 a 25 por ciento de los ingresos obtenidos por la operación de los puentes.

En julio de 2003 se elimina a los puentes de peaje nacionales, al incluir solamente el término internacional, de la participación de los estados y municipios, reduciendo el universo de estados y municipios beneficiados. Pero se aumenta el porcentaje de la participación de la federación de 25 por ciento a 50 por ciento de los ingresos de operación.

Cinco meses después, en diciembre de 2003, se elimina, a su vez, la palabra internacional del término puente de peaje. Con esta acción se estableció, de manera definitiva, la inclusión de todos los puentes en territorio nacional operados por la federación en la participación del porcentaje establecido de los ingresos por el cobro de dichos puentes.

Pero es importante recordar que la comisión dictaminadora modificó, sin que viniera en la iniciativa, el porcentaje de participación vigente de la ley, ya que disminuyó de 50 a 25 por ciento el monto que la federación podía otorgar de los ingresos por los cobros de los puentes de peaje.

Debemos agregar que en los convenios que firman las entidades federativas y municipales con Hacienda, se reduce este monto al tomar como base este 25 por ciento, sólo 50 por ciento de los ingresos por operación, ya que se le resta el IVA y otros conceptos, contradiciendo al propio artículo vigente de la ley que establece el 25 por ciento del total de los ingresos brutos por operación de los puentes de peaje.

En esta iniciativa los diputados de Coahuila, proponemos:

Primero. Eliminar el término podrá y que se deje sólo crea-rá, para hacer obligatoria la participación de los estados y municipios en los ingresos del cobro por los puentes de peaje.

Segundo. Ampliar el porcentaje de participación de la federación a 50 por ciento del total de los ingresos por operación, como estaba establecido en 2003. Con esto eliminaríamos la discrecionalidad que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público viene aplicando en la definición del porcentaje de participación de la federación.

Por último, establecemos que los recursos que serán participables serán originados por los propios ingresos del reordenamiento del gasto corriente y del uso del Fondo Nacional de Infraestructura, el cual presenta un subejercicio superior a 60 por ciento.

Exhortamos a todos los legisladores a que demos un sentido a una verdadera reforma de Estado, el cual es el único fin del fortalecimiento de la federación.

Diputado presidente, solicito que se inscriba en el Diario de los Debates de manera íntegra, como viene en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro , del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados federales por el estado de Coahuila de Zaragoza del Grupo Parlamentario del PRI, en voz del diputado Francisco Saracho Navarro , presentan a esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal bajo la siguiente

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 40, establece que la República Mexicana está compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación. A su vez, los estados tendrán como base de su división territorial y, de su organización política y administrativa, el municipio libre.

En diciembre de 1978, para la distribución de las aportaciones y participaciones que integran, de manera federativa, los ingresos fiscales, se definieron tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal.

La Ley de Coordinación Fiscal es el instrumento que permite la coordinación de las haciendas de la federación. A lo largo de sus reformas, en el caso específico del artículo referido en esta iniciativa, ha variado el concepto y monto de la distribución de los recursos generados en los puentes de peaje, entre estos tres órdenes de gobierno.

En la reforma de 1992 se incluye a los estados y municipios a la participación de los ingresos de la federación con un porcentaje de 10 por ciento de los ingresos en los puentes de peaje, limitada hasta el año 1996.

Posteriormente, en diciembre de 1995, se modifica esta limitación para dejar la participación de los estados y municipios sin limitante de tiempo en la ley. Al mismo tiempo, se amplía la participación del monto de la federación de 10 por ciento a 25 por ciento de los ingresos obtenidos por la operación de los puentes.

En julio de 2003, la reforma a este artículo elimina a los puentes de peaje nacionales al incluir el término ``internacional'' de la participación de los estados y municipios, dejando así reducido el universo de beneficiados. Además, se aumenta el porcentaje de participación de la federación de 25 por ciento a 50 por ciento de los ingresos de operación.

El 30 de diciembre de 2003 fue publicado el decreto por el que se reformaba el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, eliminando la palabra ``internacionales'' del artículo en comento. Con esta acción se estableció de manera definitiva la inclusión de todos los puentes en territorio nacional operados por la federación, de manera que los estados y los municipios, donde se encuentran estos puentes, gozarán de un fondo con la participación de un porcentaje de los ingresos de dichos puentes.

En la reforma de diciembre de 2003, la comisión dictaminadora modificó el porcentaje de participación de la federación, que no venía en la iniciativa presentada, de 50 por ciento a 25 por ciento del monto total de los ingresos de operación.

Estas reformas, que se insertan en el marco de la coordinación fiscal tanto el universo como el monto, se han modificado de acuerdo a las distintas posiciones de los proponentes y a las necesidades de las entidades comprometidas.

Es por eso que la iniciativa que se presenta pretende el fortalecimiento del gasto federativo; es decir, ante las nuevas realidades y paradigmas de la reforma del Estado se hace necesario establecer como prioritaria la premisa de la política fiscal, la distribución de estos ingresos para fortalecer a las entidades federativas y a los municipios del país.

Es por esto que se propone la eliminación del sentido casuístico para darle un sentido definitivo a este ingreso destinado a las entidades federativas y municipales. El establecimiento de la participación de un fondo sujeto al espíritu que define el artículo 1 de esta ley permitiría dar sentido a la federalización de los ingresos de la administración pública federal, que tiene ya establecida esta ley y que se sumaría al resto de los fondos de participación que actualmente existen.

Se han presentado ante esta soberanía una infinidad de iniciativas que, a través de las diferentes legislaturas, han solicitado aumentar el monto de participación de la federación en este artículo. Es decir, si revisamos desde la última reforma de 2003, se ha demostrado que no es suficiente el monto de 25 por ciento de los ingresos brutos que reciben, de la federación, los estados y municipios por la operación de los puentes de peaje. A esto debemos agregar, a favor de esta propuesta, que en los convenios que firman las entidades federativas y municipales todavía se reduce este monto al tomar, como base de este 25 por ciento, sólo 50 por ciento de los ingresos por operación y, una vez deducido el IVA, contradiciendo al propio artículo vigente de esta ley que establece el 25 por ciento del total de los ingresos brutos por operación de los puentes de peaje.

En esta iniciativa proponemos ampliar el porcentaje de participación de la federación a 50 por ciento del total de los ingresos por operación, una vez descontado el IVA. Con esto eliminaríamos la discrecionalidad que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha aplicado en la definición del porcentaje de participación de la federación, mismo que se observa en todos y cada uno de los convenios firmados hasta este momento.

De acuerdo a la obligación establecida por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría expresamos que esta iniciativa no generaría un egreso extra sino que se obtendría de los mismos ingresos de los puentes, recortando el gasto corriente generado en la administración de estos.

De acuerdo con el informe 2008 de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, al cierre de ejercicio la entidad enteró a la Tesorería de la Federación 335.3 millones de pesos que entregó a los estados y municipios, cantidad que representó una variación de 3.4 por ciento menor a la autorizada de 347.2 millones de pesos, variación que, según este informe, se explica por la disminución en los ingresos de los puentes nacionales e internacionales, por el ajuste aplicado a las tarifas de peaje a partir del 20 de diciembre de 2007. Por lo que hace a la Red del Fondo Nacional de Infraestructura, al mes de diciembre de 2008 se ejercieron 4 mil 531 millones de pesos, equivalentes a 69.5 por ciento de lo programado (6mil 516 millones de pesos). Del total de recursos erogados por este fondo, 66.1 por ciento correspondió a gasto corriente y 3.9 por ciento restante a gasto de inversión.

Con base en lo anterior, desde esta tribuna exhortamos a todos los legisladores del Congreso de la Unión de esta LXI Legislatura a que demos sentido a una verdadera reforma de Estado, con el único fin del fortalecimiento de la federación, que es la unión de soberanías bajo una ley suprema.

Por lo expuesto, presento a esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que modifica el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Único. Se modifica el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 9-A. La federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los estados y municipios en donde existan puentes de peaje operados por la primera, crearán fondos cuyos recursos se destinen a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos municipios donde se ubiquen dichos puentes o, en su caso, a la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión, de impacto regional directamente en la zona donde se encuentre el cobro del peaje, sin que en ningún caso tales recursos se destinen al gasto corriente.

La aportación a los fondos mencionados se hará por el estado, por el municipio o, cuando así lo acuerden, por ambos, en 20 por ciento del monto que aporte la federación, siendo esta de 50 por ciento del monto total de los ingresos brutos que obtenga por la operación del puente de peaje de que se trate. La aportación federal se distribuirá como sigue: municipios 50 por ciento y estados 50 por ciento.

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Artículo Primero. La presente iniciativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Para el ejercicio presupuestal del año en curso, la federación, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, seguirá entregando las aportaciones de conformidad con los convenios signados con los estados y municipios, siendo hasta el 1 de enero del año del inicio del siguiente ejercicio presupuestal cuando sea aplicada esta reforma.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto, señor diputado. Como lo solicita, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Informo a ustedes, honorable asamblea, que se encuentran entre nosotros los alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Gracias, por visitarnos.

ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 12 del Estatuto de Gobierno delDistrito Federal.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, me presento ante este órgano del Poder Legislativo federal para que por su conducto se incite al honorable Congreso de la Unión, a la discusión y aprobación de un proyecto de iniciativa de reforma al artículo 12 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que tiene como propósito fundamental eficientar la gestión gubernamental de dicho orden de gobierno, mediante la implementación del servicio profesional de carrera en los órganos públicos del Distrito Federal.

La Constitución General nos obliga a nosotros, como legisladores federales, a supervisar y, en su caso, emprender las acciones legislativas adecuadas para mejorar el desempeño de las acciones de gobierno en la Ciudad de México. De igual manera, nos obliga a la congruencia y los compromisos asumidos ante el electorado; algunos firmados incluso con notario público, para hacer de este país un México más justo, más eficaz y más seguro.

En efecto, los legisladores de Acción Nacional, atendiendo a la convocatoria de la sociedad civil, nos sumamos, como ningún otro partido, al reclamo de emprender acciones en materia de seguridad y de rendición de cuentas. Con la presente iniciativa se da un paso, de los muchos que seguirán, para mejorar nuestro sistema de gobierno, mediante la obligación de establecer el servicio de carrera en todos los órganos del Distrito Federal.

Ciertamente, como una medida ante la crisis económica que se desarrolla en el ámbito internacional y para mejorar nuestra democracia, es plausible emprender medidas para racionalizar y eficientar el gasto público en la entidad federativa que tiene la mayor densidad poblacional.

Una de estas medidas se refiere a la implantación del servicio profesional de carrera en los diversos órganos públicos que forman la estructura de gobierno en el Distrito Federal. Debe tenerse presente que sin un servicio de carrera profesional el gobierno es visto como un botín político, como espacios de impunidad para acomodar amigos o familiares. De lo que se trata es de eliminar el principio perenne en los espacios públicos, consistente en que echando a perder se aprende, pero ese aprendizaje es muy costoso para los mexicanos.

Es necesario racionalizar y hacer eficientes los recursos públicos, y se reitera que una vía para ello es que en el sector público se encuentren los mejores hombres y mejores mujeres para llevar a cabo la gestión de las acciones de gobierno. Basta ya de improvisaciones, basta de compadrazgos, basta de pago de favores y basta de prácticas patrimonialistas y clientelares en el ejercicio del poder. Nuestro país requiere ahora de servidores públicos profesionales, honestos, transparentes, eficaces y eficientes.

Con base en estas condiciones, se hace imperativo implantar en los diversos órganos de gobierno en el Distrito Federal el servicio profesional de carrera de los servidores públicos. El servicio profesional de carrera, entendido como el instrumento a partir del cual se garantiza el adecuado otorgamiento de los servicios públicos y la eficacia de los mismos y de la administración en beneficio de la ciudadanía, se ha convertido paulatinamente en una tarea de urgente resolución.

Sabemos bien de la existencia de una ley que norma el servicio de carrera en la administración pública del Distrito Federal, pero aún falta mucho qué recorrer. Toda vez que la legislación actual está orientada únicamente a una franja de servidores públicos que no rebasa siquiera 30 por ciento del total del personal público en las dependencias del sector central.

Es de vital importancia, por ello, implantar el modelo del servicio profesional de carrera en la totalidad de los órganos de gobierno en el Distrito Federal, pues de ello dependerá la transformación real del servicio público en aras de una mayor eficacia en el empleo y destino de los recursos públicos.

En este sentido, la propuesta que se somete a consideración ante este órgano del Poder Legislativo federal, con aptitudes jurídicas para reformar el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal tiene como finalidad que la organización, el funcionamiento y el desarrollo del servicio profesional de carrera de los servidores públicos se constituya como uno de los principios estratégicos que deban observar en este orden de gobierno.

Sin duda habrá que superar inercias, romper paradigmas, promover cambios de actitud, desarrollar aptitudes en los servidores públicos y sentar las bases para que esta propuesta no sea letra muerta y, en caso de aprobarse esta iniciativa, entreguemos, sin duda alguna, mejores resultados a los vecinos de la capital de nuestro país. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 12 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Gabriela Cuevas Barrón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 y 122, Apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona una fracción tercera al artículo 12 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a efecto de implantar el servicio profesional de carrera en los órganos de gobierno de dicha entidad federativa al tenor de la siguiente

Nos presentamos ante este órgano del Poder Legislativo Federal, para que por su conducto se incite al honorable Congreso de la Unión, a la discusión y posterior aprobación de un proyecto de iniciativa de reforma al artículo 12 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que tiene como propósito fundamental, eficientizar la gestión gubernamental de dicho orden de gobierno, mediante la implementación del servicio profesional de carrera en los órganos públicos del Distrito Federal.

Esta claro que la Constitución General nos obliga a nosotros como legisladores federales, a supervisar y en su caso emprender las acciones legislativas necesarias, para mejorar el desempeño y desarrollo del gobierno de la Ciudad de México.

De igual manera, nos obliga la congruencia y compromisos asumidos por escrito ante el electorado y organizaciones de la sociedad civil, por hacer de este país un México más justo, más seguro y más eficaz. En efecto, los legisladores de Acción Nacional atendiendo a la convocatoria de la sociedad civil, nos sumamos como ningún otro partido, al reclamo de emprender acciones en materia de seguridad y rendición de cuentas, y con la presente iniciativa, se da un paso de los muchos que irán dando, para mejorar nuestro sistema de gobierno, a través de la obligación de implementar el servicio de carrera en todos los órganos del Distrito Federal.

Por lo anterior, someto a consideración del honorable Congreso de la Unión, a través de esta Cámara de Diputados, una iniciativa que tiene el propósito de fortalecer la eficacia, eficiencia y economía en el empleo de los recursos públicos; y qué mejor manera de hacerla que a través de un mandato en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para que los órganos públicos de este orden de gobierno implanten el servicio profesional de carrera.

En efecto, habrá mayor eficiencia, eficacia y economía en el destino y uso del dinero de todos nosotros, si eliminamos el principio que ha imperado en el sector público, que es el ``echando a perder se aprende''.

No es tiempo de bonanzas en nuestro país, por el contrario, nos encontramos en una situación crítica generada por el entorno internacional, que nos compele a establecer mecanismos que optimicen el uso de los recursos públicos, y una manera de hacerla es evitando la costosa curva de aprendizaje que como práctica usual se ha preservado en algunos órganos del Estado, mediante la rotación continua de servidores públicos en los cargos técnicos; pero no sólo se trata de eso, sino que también se trata de desterrar de una vez y para siempre el concepto arraigado de que el gobierno es un botín político, un espacio de posiciones para acomodar a los amigos, familiares o incondicionales.

Es tiempo de encarar la adversidad con medidas ejemplares, como la propuesta de desaparición de diversos órganos públicos, que en el ámbito federal puso en el transcurso de esta semana a consideración del Congreso de la Unión, el titular del Poder Ejecutivo federal. Es necesario racionalizar y eficientizar los recursos públicos, y se reitera que vía para ello es que en el sector público se encuentren los mejores hombres y mujeres para llevar a cabo la gestión de las acciones de gobierno.

Basta de improvisaciones, basta de compadrazgos, basta de pago de favores, nuestro país requiere ahora, de servidores públicos profesionales, honestos, transparentes, eficaces y eficientes.

Bajo estas condiciones se hace imperativa instrumentar en los diversos órganos de gobierno del Distrito Federal el servicio profesional de carrera de los servidores públicos. Durante mucho tiempo, el servicio profesional de carrera fue un anhelo de la sociedad mexicana, una aspiración para mejorar las estructuras y funciones gubernamentales.

Los cambios de administración representaban una auténtica reinvención de las estructuras, planes, programas y políticas gubernamentales, con el consecuente costo provocado por desechar aquello con lo que ya se contaba y que nunca llegaba a consolidarse.

Derivado de ello, al inicio de esta década se expidieron en los ámbito federal y del Distrito Federal, las leyes que norman el servicio de carrera en las administraciones públicas respectivas, a efecto de contar con sistemas modernos e imparciales de reclutamiento, selección, contratación y evaluación del personal público, y así evitar de esta manera, que los nombramientos en determinados órganos públicos, se den en función una decisión superior, de un compromiso político, o bien como respuesta a una presión sindical.

Por estas razones, el servicio profesional de carrera, entendido como el instrumento a partir del cual se garantiza el adecuado otorgamiento de los servicios públicos y eficacia de los mismos y de la administración en beneficio de la ciudadanía, se ha ido convirtiendo paulatinamente en una tarea de urgente resolución.

Es necesario reconocer, que pese a lo avanzado, aún faltan mayores distancias por recorrer, toda vez que las bases únicamente están sustentados para ciertos órganos, y la política de la eficacia, economía y honradez no se ha vistos reflejada en la totalidad de órganos públicos del Distrito Federal

En efecto, la legislación actual esta orientada únicamente a una franja de servidores públicos que no rebasa 30 por ciento del total de personal público en las dependencias del sector central.

Por lo que es de vital importancia en los tiempos actuales, implantar el modelo del servicio profesional de carrera en la totalidad de órganos de gobierno del Distrito Federal, pues de ello dependerá la transformación real del servicio público, en aras de una mayor eficacia en el empleo y destino de los recursos públicos.

Sin duda habrá que superar inercias, romper paradigmas, promover cambios de actitud, desarrollar aptitudes en los servidores públicos y sentar las bases para que esta propuesta no sea letra muerta.

En tal sentido, se hace necesario, ``concebir un servicio civil de carrera que permita a la función pública desenvolverse en un marco de certidumbre y permanencia: La reforma de la función pública, es tan urgente como necesaria, no sólo por su trascendencia política, de por sí importante, sino porque este tema juega día a día con la vida y con las ilusiones de miles de ciudadanos y también de funcionarios, quienes quieren hacer de su paso por la administración pública, no una coyuntura rentable sino un horizonte de servicio permanente a la sociedad donde el propio servidor encuentre su espacio para su desarrollo y superación personal''. ²

Así, la propuesta que se somete a consideración ante este órgano del Poder Legislativo federal, con aptitudes jurídicas para reformar el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, tiene como fin el que la organización, funcionamiento y desarrollo del servicio profesional de carrera de los servidores públicos del Distrito Federal, se constituya como uno de los principios estratégicos que deban observar este orden de gobierno.

Es preciso señalar que el servicio de carrera únicamente deberá funcionar en las áreas técnicas, y no en aquellos cargos que por su naturaleza son políticos, y requieren de la lealtad, confianza y compromiso con los órganos decisorios gubernamentales.

De igual manera, y debe destacarse de sobremanera, la implantación de los servicios de carrera en los órganos del Distrito Federal, deben orientarse en base a determinados principios que garanticen que los cargos públicos, sean ocupados por los mejores mexicanos.

Pero no sólo ello, sino que en las fases que se implementen se respete a toda costa la equidad de género y abatir de una vez por todas, el que las estructuras de gobierno se conviertan en un nido o grupo de gobernantes machistas que no pueden entender que la mujer tiene las mismas capacidades y condiciones que el hombre.

Por lo expuesto, se presenta a este órgano colegiado, representante de la diversidad nacional, el presente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 12 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal

Artículo Único. Se adiciona la fracción III al artículo 12 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, recorriéndose en su orden la actual fracción III para convertirse en la IV, y así sucesivamente hasta la fracción XVI.

Artículo 12. La organización política y administrativa del Distrito Federal atenderá los siguientes principios estratégicos:

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberá llevar a cabo las adecuaciones legales que sean necesarias para dar cumplimiento a lo señalado en este decreto, en un plazo máximo de 180 días naturales, contados a partir de la fecha de publicación del presente decreto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión del. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

LEY REGLAMENTARIA DEL DERECHO DE REPLICA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica.

Esta iniciativa de Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica se une a otras iniciativas presentadas en esta Cámara sobre el mismo tema, y sobre temas similares que tienen que ver con los medios, con la regulación necesaria de los medios de comunicación electrónica en México, para detener la influencia de ese poder fáctico en nuestro país.

El derecho a la información, como sabemos, es un derecho complejo, comprende muy diversos derechos. Desde el ángulo del ciudadano uno de los derechos que comprende el derecho a la información es tener o contar con derecho de réplica.

Desgraciadamente, este derecho de réplica no se ha podido implementar en nuestro país, a pesar de que es una obligación que se encuentra prevista en el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución, a pesar de que el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, desde 1981 que ratificó México el tratado, establece que los estados signatarios regularían el derecho de réplica. También estamos incumpliendo las propias normas del Cofipe, porque en la reforma electoral de 2008 estableció el artículo décimo transitorio que el Congreso de la Unión tenía hasta el 30 de abril de 2008 para regular el derecho de réplica.

El derecho de réplica en México no ha sido regulado. ¿Por qué? Desde el punto de vista de los medios de comunicación electrónica, porque los medios de comunicación electrónica no quieren perder su alianza con la clase política mexicana más retardataria, porque no podrían imponer los medios de comunicación a la sociedad una sola verdad si estuviese regulado el derecho de réplica. Y porque jugar con las reglas del mercado y las reglas de la democracia es mucho más difícil que jugar con las reglas del duopolio.

En cuanto a la clase política retardataria, ¿por qué no desea regular el derecho de réplica? Porque no sabe participar con las reglas de la democracia, porque el pluralismo de informaciones y de opiniones los avasallarían y porque una sociedad libre y bien informada desmantelaría las estructuras autoritarias del país.

¿En qué consiste el derecho de réplica? Es el derecho de todo ciudadano, de toda ciudadana, de toda persona moral, de todo grupo social a hacer aclaraciones, rectificaciones o respuestas a los medios de comunicación y a las agencias de noticias por informaciones falsas, agraviantes, discriminatorias, cuya difusión genere afectaciones, agravios políticos, económicos, sociales o afectaciones en el derecho al honor, a la vida privada o a la imagen.

Esta iniciativa, desde mi punto de vista, tiene algunas virtudes. Entre ellas señaló las siguientes: por ejemplo, maximiza por parte de los aplicadores del derecho de réplica el derecho a la máxima réplica o aclaración frente a los medios.

Además, frente a otras iniciativas del pasado el derecho de réplica, como lo estoy proponiendo, puede ser ejercido no solamente por personas físicas, sino también por personas morales o grupos sociales. Es decir, tutela una especie de interés difuso o colectivo a favor de la información veraz.

También establece que es obligación, tanto de los medios como de las autoridades, garantizar el derecho de réplica. Además, establece un procedimiento judicial ante una sola instancia. Es decir, en caso de que los medios no quisieran aceptar la réplica del ciudadano, de la persona moral o del grupo social, se puede recurrir directamente ante un tribunal colegiado en materia administrativa para que, mediante un procedimiento oral y sumario, se resuelva lo conducente.

Asimismo, establece medidas cautelares. Por ejemplo, una vez que se reciba la demanda ante el tribunal colegiado, el tribunal colegiado y el medio están obligados a difundir que una persona física, moral o grupo social presentó una aclaración respecto a una información. Creo que este procedimiento es más expedito que los anteriores que han sido propuestos.

Llamo a mis compañeros diputados y a mis compañeras diputadas a que aprobemos cuanto antes el derecho de réplica por el bien de México, para satisfacer plenamente el derecho a la información que nos merecemos todos los mexicanos y todas las mexicanas. Muchas gracias, señor presidente.

«Iniciativa que expide la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia , del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Jaime Fernando Cárdenas Gracia , Diputado Federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica.

I. Introducción

El derecho de réplica es un derecho fundamental previsto en el primer párrafo del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tratados internacionales celebrados y ratificados por nuestro Estado, en diversos preceptos de la legislación secundaria y hasta en disposiciones administrativas dispersas y sin orientación. El legislador no ha dado cumplimiento a lo ordenado por el poder revisor de la Constitución, que le ordenó legislar en la materia para garantizar plenamente el derecho de réplica. En efecto, el país requiere de una ley reglamentaria del primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución que de vigencia a ese derecho para hacer posible y real el derecho a la información. Toda persona física, moral o grupo social, tienen derecho a dar su propia versión de los hechos cuando son aludidos negativamente por los medios de comunicación o agencias, pues de otra manera sólo rige y prevalece el punto de vista de los medios de comunicación y de las agencias hegemónicas y dominantes o ambas. Requerimos de una opinión pública libre y plural que proteja los derechos de las minorías, así como los derechos a la intimidad, el honor y la imagen de las personas.

El avance en esta materia, es un paso adelante en la construcción de la democracia mexicana. La diversidad de puntos de vista sobre la información es lo que caracteriza a una sociedad libre y bien informada, en donde el derecho a saber debe ser una realidad tangible y no una aspiración incumplida.

II. Antecedentes

1. La reforma constitucional electoral publicada el día 13 de noviembre de 2007, estableció en el primer párrafo del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de réplica.

2. En la legislación secundaria nacional, desde la Ley sobre Delitos de Imprenta, publicada el 12 de abril de 1917, se garantizaba en su artículo 27, el derecho de réplica respecto a los medios de comunicación escritos.

3. Las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que fueron publicadas el 14 de enero de 2008, regularon el derecho de réplica en los párrafos tercero y cuarto del artículo 233 en el siguiente tenor:

4. En el artículo décimo transitorio de la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicada el 14 de enero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, se señaló:

A más tardar el 30 de abril de 2008, el Congreso de la Unión deberá expedir la ley reglamentaria del derecho de réplica establecido en el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución.

5. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por nuestro país desde el 3 de febrero de 1981, determina en su artículo 14 lo siguiente:

6. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 29 de agosto de 1986, emitió opinión consultiva mediante la que interpretó el contenido del artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ella indicó: que los Estados Parte tienen la obligación de respetar y garantizar el libre y pleno ejercicio del derecho de réplica a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción; que los Estados Parte deben adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la propia convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias; y, que el derecho de réplica puede ejercerse a través de ley formal o, por medio de otras disposiciones, siempre y cuando, en el caso de las últimas, no se restrinja el derecho.

7. En diversos Estados europeos y latinoamericanos, el derecho de réplica se encuentra establecido, tanto en las constituciones como en leyes o en disposiciones administrativas y se garantiza procesalmente, mediante acciones constitucionales, civiles, penales o administrativas.

8. En el Congreso de la Unión se han elaborado y presentado distintas iniciativas respecto al derecho de réplica. Destacan las siguientes:

9. Las iniciativas y documentos anteriores desarrollan los conceptos básicos sobre el derecho de réplica. En las propuestas del PAN se insiste en procedimientos administrativos para garantizar el derecho de réplica y, en el documento de la Comisión para la Reforma del Estado y, en las iniciativas de los ex diputados del PRD, se exigen procedimientos jurisdiccionales para su protección. Destaca la iniciativa de la ex diputada Valentina Valia Batres Guadarrama porque propone un amparo contra actos de particulares (medios de comunicación y agencias) en la tesitura del derecho comparado que protege, en algunos países, a los gobernados contra actos de grupos de presión y poderes fácticos a través de figuras como la Drittwirkung der Grundrechte, del derecho alemán.

III. Nuestra propuesta

La iniciativa que propongo se nutre del derecho comparado y de las iniciativas y documentos anteriormente presentados, pero se distingue de las anteriores, por lo siguiente:

Por lo anterior, estimo que la presente, es una iniciativa que supera los inconvenientes, tanto los de un procedimiento administrativo para garantizar el derecho de réplica en manos de la Secretaría de Gobernación o de cualquier otra dependencia, como los de un procedimiento judicial tortuoso, poco ágil y práctico, que haría en los hechos, nugatorio el derecho de réplica. Esta propuesta rechaza el procedimiento administrativo porque el solicitante de rectificación, aclaración o respuesta, promueve un litigio en contra de los medios y no un procedimiento administrativo y, porque los medios de comunicación y las agencias no son parte de la administración pública federal. Además, la autoridad administrativa no es la más indicada en México para proteger los derechos fundamentales, en tanto que su finalidad es realizar acciones dirigidas al bienestar común de la sociedad.

Proteger los derechos individuales y colectivos, es competencia de los tribunales. Sin embargo, nos oponemos a la aplicación integra del juicio de amparo, porque como se mencionó, el derecho de réplica se quedaría, por el transcurso del tiempo que se requiere en este tipo de procesos y por los laberintos procesales existentes en el amparo, sin posibilidad de hacerse cumplir satisfactoriamente. En este sentido, es preferible, más allá de que en México sea una realidad próxima, la tesis de la eficacia frente a particulares de los derechos fundamentales, que el conocimiento de las demandas en contra de los medios o de las agencias para reclamar el derecho de réplica, esté a cargo de un tribunal de alzada federal de carácter colegiado y que, en lo fundamental, durante el procedimiento se prescinda de la aplicación de la Ley de Amparo por su obsolescencia y su carácter excesivamente técnico.

Con base en las anteriores consideraciones y fundamentos, propongo ante esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por la que se expide la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica

Artículo 1. La presente ley es de orden público y de observancia general en toda la República. Es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tiene por objeto establecer las autoridades competentes, procedimientos y sanciones, para garantizar el ejercicio del derecho de réplica en los medios de comunicación social, según lo establece el primer párrafo del artículo 6o. de la Carta Magna.

La interpretación y aplicación de esta ley se hará conforme a lo establecido en los principios constitucionales, en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, celebrados y ratificados por nuestro país, así como en otras leyes o disposiciones que maximicen el ejercicio del derecho de réplica.

Artículo 2. El derecho de réplica podrá ser ejercido por toda persona física, moral o por cualquier grupo social, respecto a informaciones transmitidas, difundidas o publicadas por cualquier medio de transmisión o soporte de mensajes sonoros, escritos, visuales, audiovisuales o digitales, que se pongan a disposición de una pluralidad de sujetos.

Los mensajes de los medios mencionados en el párrafo anterior pueden: aludir, dar a conocer información inexacta, incompleta, falsa, agraviante o discriminatoria en contra de personas físicas, morales o, grupos sociales, cuya difusión puede causar agravios políticos, económicos, sociales, o en el honor, vida privada e imagen de las personas y grupos.

Es responsabilidad de los medios, al igual que de las autoridades competentes previstas en esta ley, garantizar el derecho de réplica.

Artículo 3. Todo medio de comunicación debe designar públicamente un responsable y señalar un domicilio para atender a las solicitudes que ejerciten el derecho de réplica, las que pueden presentarse por escrito o por vía electrónica. Los medios difundirán, para estos efectos, además de lo anterior, el domicilio postal, teléfono, fax y, correo electrónico.

Artículo 4. Para los efectos de esta ley, se entiende por:

Artículo 5. El derecho de réplica podrá ser ejercido directamente por las personas físicas o sus representantes legales y, en el caso, de personas morales y grupos sociales, por representantes legales. En el caso de las personas físicas, si éstas han fallecido, por su cónyuge, concubina, concubinaria, o sus parientes en línea ascendente o descendente hasta el tercer grado, o parientes consanguíneos en línea colateral hasta el segundo grado. En caso de que distintas personas legitimadas presenten solicitudes de réplica, el primero en tiempo, ejercerá el derecho.

Artículo 6. La crítica periodística y ensayística también será sujeta al derecho de réplica cuando la información este sustentada en información falsa o inexacta y cuya difusión cause un agravio político, económico, social, en el honor, en la vida privada e imagen o ambas.

Las rectificaciones, aclaraciones, y respuestas formuladas en ejercicio del derecho de réplica, deberán ser difundidas en los medios de comunicación en la misma medida que la alusión, y de manera gratuita.

Artículo 7. Se aplicarán de manera supletoria a la presente ley, las disposiciones conducentes, contenidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley de Amparo y, en la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal.

Artículo 8. La persona o el grupo social aludido o el representante legal para ejercer el derecho de réplica, enviará a través de los medios previstos en el artículo 3 de esta ley, la solicitud de réplica. Si el responsable del medio se niega a expedir la constancia de recepción de la solicitud, el promovente podrá acudir a ejercer el derecho de réplica ante el tribunal competente sin ningún otro trámite.

Artículo 9. El contenido de la réplica se sujetará a las siguientes reglas:

Artículo 10 . Recibida la solicitud de réplica, el medio de comunicación:

Artículo 11. Las agencias de noticias que difundan información susceptible de réplica en los términos de esta ley, deberán sujetarse a las mismas obligaciones de los medios de comunicación social previstas en esta ley.

Si la información motivo de la réplica difundida por el medio de comunicación proviene de agencias de noticias, el medio de comunicación podrá solicitar al tribunal competente, que la sanción le sea aplicada a ésta, independientemente de que queden a salvo sus derechos para promover las acciones legales que correspondan en contra de la agencia.

Artículo 12 . El medio de comunicación o la agencia de noticias, podrán negarse a llevar a cabo la rectificación, aclaración o respuesta, en los siguientes casos:

En los anteriores casos, el medio de comunicación y la agencia o ambos, deberán justificar su decisión y notificarla al solicitante en un plazo no mayor de 72 horas, por el mismo medio por el que se ejercitó el derecho de réplica.

Artículo 13. Transcurridas las 72 horas de la solicitud si no se hiciere la aclaración, rectificación o respuesta; o, en el caso de programas o publicaciones de emisión o de impresión con intervalos superiores a 72 horas, no se publicará la réplica en la siguiente transmisión o edición; o, el interesado no está de acuerdo con la decisión del medio o de la agencia; o, la réplica se difunde o publica en contravención a lo dispuesto en esta ley; éste podrá interponer ante el tribunal competente, la demanda correspondiente en contra los medios de comunicación o las agencias.

Artículo 14. La persona física, moral o grupo social legitimado para ejercer el derecho de réplica, podrá presentar la demanda ante el tribunal colegido que corresponda al circuito en donde se hayan difundido o publicado las informaciones motivo del derecho de réplica. Serán competentes los tribunales colegiados de circuito en materia administrativa o los tribunales colegiados de circuito de competencia genérica, ahí donde no exista uno especializado en la materia administrativa. Si se publicaron o difundieron las informaciones en toda la república o en distintas entidades federativas que comprendan más de un circuito, quedará a la elección del interesado determinar el tribunal colegiado de circuito administrativo o genérico competente.

Artículo 15. La demanda se presentará por escrito dentro de un plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que se den los supuestos contemplados en el artículo 13 de esta ley. Ésta deberá contener los siguientes requisitos:

Artículo 16. Recibida y admitida la demanda, el Tribunal Colegiado de Circuito competente, notificará al medio de comunicación o a la agencia y le correrá traslado de la demanda para que dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha de notificación conteste.

El Tribunal competente, como medida cautelar al admitir la demanda, ordenará al medio de comunicación o a la agencia, que difundan públicamente, el nombre de la persona que ha promovido en su contra demanda para exigir el derecho de réplica, así como la información que sea motivo de la reclamación.

La contestación contendrá:

Recibida la contestación, el tribunal colegiado de circuito competente citará, a través del magistrado que haya sido designado ponente, a una audiencia de pruebas y alegatos, que se desahogará en forma oral y sumaria, dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la recepción de la contestación. Concluida la audiencia, el tribunal dictará en un plazo no mayor de cinco días hábiles la sentencia.

Durante el procedimiento ante el tribunal colegiado de circuito competente, no cabe recurso alguno.

Artículo 17. Si la sentencia es estimatoria, el tribunal ordenará la publicación o difusión de la aclaración, rectificación o respuesta motivo de la réplica, señalándole al medio de comunicación o a la agencia, el plazo perentorio para ese fin. Además impondrá, de acuerdo a la gravedad de la falta, las sanciones previstas en el artículo 19 de esta ley.

Si la sentencia desestima la pretensión, el asunto se considerará concluido.

Artículo 18. Las sentencias de los tribunales de circuito competentes, podrán ser recurridas ante el tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se impugne por las partes la inconstitucionalidad de esta ley, de un tratado o, cuando las acciones, excepciones y defensas hayan planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se limitará al análisis de las cuestiones constitucionales pero no sobre el fondo de la resolución dictada por el tribunal colegiado de circuito.

Artículo 19. El medio o la agencia pueden ser sancionados por el tribunal competente con multa de doscientos a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, atendiendo a la importancia del medio o la agencia, al carácter intencional de la negativa a difundir la réplica, a los daños y/o perjuicios que se hayan ocasionado y, al ámbito territorial de la difusión de la información.

En caso de reincidencia del medio o la agencia, la sanción podrá consistir en la suspensión de la publicación o programa radiofónico, televisivo o digital hasta por tres ediciones o tres días consecutivos.

Si el demandado no cumple los términos de la sentencia, el demandante está legitimado para promover incidente de inejecución, aplicándose supletoriamente para tal fin y sólo en este caso, lo previsto en la Ley de Amparo.

Artículo 20. Las sanciones anteriores serán aplicadas por el tribunal de circuito competente, con independencia de otras que conforme a las leyes corresponda aplicar al medio o a la agencia infractora y de las responsabilidades civiles o penales que resulten.

Artículo 21. Corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la ejecución de las sanciones pecuniarias impuestas en aplicación de la presente ley.

Primero. La presente ley entrará en vigor treinta días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo . Se deroga el artículo 27 de la Ley sobre Delitos de Imprenta publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 1917, así como todas aquellas disposiciones legales y administrativas que se opongan a la presente ley.

Tercero . Los medios de comunicación y las agencias o ambas designar e informar al público los datos del representante a que alude el artículo 3 de esta ley dentro del plazo señalado en el artículo transitorio primero.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integran las comisiones, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

ARTICULO 69 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado David Hernández Vallín, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, el suscrito, diputado federal David Hernández Vallín, y la diputada federal Margarita Gallegos Soto , de la Coordinación de Aguascalientes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución General de la República, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución General de la República, con base en la siguiente exposición de motivos:

Ha sido una tradición republicana en México que el presidente de la República cada 1 de septiembre rinda su informe de gobierno en el Palacio Legislativo de San Lázaro, habilitado como sede del honorable Congreso de la Unión.

Este acto debe convertirse en un evento democrático que haga valer el equilibrio de poderes, los pesos y los contrapesos del poder al que se refería Montesquieu en El espíritu de las leyes. Hans Kelsen expresaba que dentro de la república democrática parlamentaria el problema del parlamentarismo es de importancia trascendental.

La existencia de la democracia moderna depende de la cuestión de que si el parlamento es un instrumento útil para resolver las necesidades sociales de nuestra era. Aunque la democracia y el parlamentarismo no son idénticos, no cabe dudar en serio que el parlamentarismo es la única forma real en que se puede plasmar la idea de la democracia.

Si bien todavía no somos una república parlamentaria, nuestra democracia, junto con el Poder Legislativo, ha venido avanzando. Hoy, en esta Cámara de Diputados y en el Senado de la República se debaten, se discuten ideas, se defienden tesis, muchas veces con pasión; se dialoga, se buscan los acuerdos y consensos por encima de los disensos.

¿Por qué escatimar, entonces, un acto que significa la rendición de cuentas del mandatario de la nación y la posibilidad de que los legisladores que representan la pluralidad del pueblo, no puedan hacer uso de la palabra para preguntar o cuestionar lo expuesto por el presidente?

Por ello, compañeras diputadas y compañeros diputados, creemos que es necesario reformar el artículo 69 de la Constitución General de la República para que quede plasmado en nuestra ley máxima que el presidente de la República tendrá la obligación constitucional de asistir a la apertura de sesiones del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso de la Unión y dará cuenta del estado que guarda la administración pública del país. De la misma manera, entregará por escrito a esta soberanía un informe detallado de su gestión.

No se trata de volver al pasado con actos faraónicos, incluso ofensivos y dispendiosos, donde el exhibicionismo y el besamanos de los lacayunos fuera lo importante. Se trata de fortalecer la vida democrática y parlamentaria de la república y que los legisladores tengamos la oportunidad de discutir, debatir, y dialogar con el presidente de la República, de cara a la nación, temas tan sustanciales para el país que se deriven del informe.

Para nadie es un secreto que la administración del presidente Calderón llega a la mitad del camino con muchos pendientes. La encuesta Mitofsky así lo confirma. Si bien, como presidente, en su imagen como mandatario no le fue tan mal según la encuesta, en general la ciudadanía observa retrocesos en la economía del país, en la economía familiar, corrupción, empleo, pobreza, entre otros.

Hubiera sido deseable tener un diálogo franco con el mandatario ahora que dio inicio la LXI Legislatura. Pero estoy seguro, señoras diputadas y señores diputados, que ustedes estarán de acuerdo con nosotros que en la vida parlamentaria hay que fortalecer el diálogo entre poderes y no limitarlo.

Por lo anterior, sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución General de la República, para quedar como sigue:

Artículo único. En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso de la Unión, el presidente de la República asistirá y presentará un informe en el que manifieste el estado que guarda la administración pública del país. Adicionalmente, entregará por escrito al Congreso un informe ampliado de su gestión.

Ruego a usted, señor presidente, que esta iniciativa sea turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Asimismo, le solicito que la intervención sea publicada íntegramente en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado David Hernández Vallín, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal David Hernández Vallín, integrante del Grupo Parlamentario del PRI a la LXI Legislatura, con fundamentos en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de la República, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 constitucional, de acuerdo con la siguiente

Había sido una tradición en México que el presidente de la República rindiera cada 1 de septiembre su informe de gobierno en el Palacio Legislativo de San Lázaro, habilitada como sede del honorable Congreso de la Unión. Ese acto debe convertirse en un evento democrático, que haga valer el equilibrio de poderes y los pesos y contrapesos del poder al que se refería Montesquieu en el Espíritu de las Leyes.

Hans Kelsen expresaba que dentro de la república democrática el problema del parlamentario es de importancia trascendental.

La existencia de la democracia moderna depende de la cuestión de sí el parlamento es un instrumento útil para resolver las necesidades sociales de nuestra era.

Aunque la democracia y el parlamentarismo no son idénticos, no cabe dudar en serio que el parlamentarismo es la única forma real en que se puede plasmar la idea de la democracia.

Si bien todavía no somos una república parlamentaria, nuestra democracia, junto con el Poder Legislativo, ha venido avanzando. Hoy en esta Cámara de Diputados y la del Senado de la República se debate, se discuten ideas, se defienden tesis muchas veces con pasión, se dialoga, se buscan los acuerdos y consensos por encima de los disensos.

Por qué escatimar entonces un acto que significa la rendición de cuentas del mandatario de la nación y la posibilidad de que los legisladores que representan la pluralidad del pueblo no puedan hacer uso de la palabra para preguntar o cuestionar lo expuesto por el presidente.

Por ello, compañeros y compañeras diputados, creo que es necesario reformar el artículo 69 de la Constitución de la Republica para que quede plasmado nuestra la ley máxima que el presidente de la Republica tendrá la obligación constitucional de asistir a la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio y dar cuenta del estado que guarda la administración pública del país. De la misma manera, entregará por escrito a esta soberanía un informe detallado de su gestión.

No se trata de volver al pasado con actos faraónicos, incluso ofensivos y dispendiosos donde el exhibicionismo y el ``besamanos'' de los lacayunos fuera lo importante.

Se trata de fortalecer la vida democrática y parlamentaria de la Republica y que los legisladores tengamos la oportunidad de discutir, debatir, dialogar con el presidente de cara a la nación temas sustanciales para el país que se deriven del informe.

Para nadie es un secreto que la administración del presidente Calderón llega a la mitad del camino con muchos pendientes. La reciente encuesta de Mitofsky así lo confirma. Si bien como presidente en su imagen como mandatario sale bien liberado, en general la ciudadanía observa retrocesos en la economía del país, en la economía familiar, corrupción, empleo, pobreza, entre otros.

Hubiera sido deseable tener un dialogo franco con el mandatario ahora que dio inicio LXI Legislatura. Pero estoy seguro, señoras y señores diputados que ustedes estarán de acuerdo conmigo que en la vida parlamentaria hay que fortalecer el diálogo entre poderes, no limitarlo.

Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Derecho que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la República asistirá y presentara un informe en el que manifieste el estado que guarda la administración pública del país. Adicionalmente entregará por escrito al Congreso un informe ampliado de su gestión...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

LEY DE PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 11 y 82 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, medios de comunicación, considerando que la presente iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, respetuosamente solicito a usted que esta intervención y la correspondiente iniciativa se incorporen de manera íntegra en el Diario de los Debates.

En enero de 1999 se publicó la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, que creó la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). En ese año las condiciones económicas, sociales y financieras eran diferentes a las actuales. Por ponerles un ejemplo: en 2000 existían 7 mil 39 sucursales bancarias y 22 millones 783 mil cuentas de ahorro. En contraparte, al cierre de 2008 se registraron 10 mil 354 sucursales bancarias y 75 millones 113 mil cuentas de ahorro.

Estos incrementos han propiciado que las actividades realizadas por la Condusef se multipliquen, pasando de 162 mil acciones de atención a usuarios en 2000, a 636 mil acciones en 2008.

Así, en la medida en que las instituciones financieras han adquirido presencia ante la creciente demanda de productos y servicios, las normas que garantizan la protección, defensa e igualdad entre los actores del sistema financiero se han visto rebasadas.

Por ello, la iniciativa que les presento tiene como objetivo principal fortalecer a la Condusef. Actualmente la comisión se enfrenta a grandes cargas de trabajo debido a que sólo puede representar a un grupo de usuarios de servicios financieros que hayan suscrito un contrato colectivo; de no ser así, sólo podrá representarlos en casos particulares, aun cuando se enfrenten a problemáticas comunes.

Por ello, se propone que la comisión pueda representar individualmente o en grupo a los usuarios que se enfrenten a una problemática común, aun cuando éstos no hayan suscrito un mismo contrato. Asimismo se propone que la Condusef, en coordinación con la Secretaría de Hacienda, promueva la formulación, difusión y uso de códigos de ética en las instituciones financieras, con la finalidad de evitar que éstas continúen empleando prácticas agresivas intimidatorias o incorrectas al realizar las gestiones de cobro.

También se propone dotar de facultades a la comisión para que pueda requerir a las instituciones financieras que apliquen medidas para combatir, detener, modificar o evitar prácticas que lesionen los intereses de los usuarios o afecten el sano desarrollo del sistema financiero, dando atribuciones en tiempo presente a la Condusef a fin de prevenir prácticas que a futuro puedan ocasionar desajustes al sistema financiero y perjuicios a los usuarios; facultad que se maximiza con la obligación de que dichos requerimientos sean publicados.

Asimismo, se establece la facultad de la comisión de ser observadora del cumplimiento de las tasas de interés y comisiones máximas; que, en caso de que no exista competencia efectiva, fije el Banco de México por ser la institución que de forma más ágil pueda percatarse de la falta de cumplimiento a los valores fijados. Así, además de ser una observadora puntual, tendrá la obligación de denunciar ante las autoridades correspondientes el incumplimiento.

Por último, se propone que la Condusef pueda realizar apercibimientos a las instituciones financieras, medida que puede ser aplicada como forma de prevención de actos que no merecen, por su naturaleza o elementos constitutivos, la aplicación de una multa o el uso de la fuerza pública.

Por todo lo expuesto y fundado, y a fin de fortalecer las atribuciones de la comisión robusteciendo su actuación en la mediación y equilibrio de las relaciones entre las instituciones financieras y los usuarios de los servicios financieros, someto a esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 11 y 82 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de los Servicios Financieros. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 11 y 82 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo del diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal de la LXI Legislatura integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la Ley de Protección y Defensa al Usuario de los Servicios Financieros, al tenor de la siguiente

En enero de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Protección y Defensa al Usuario de los Servicios Financieros que, tal como se planteó en el dictamen respectivo, busca proteger y defender los derechos e intereses de los usuarios de los servicios financieros a través de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), organismo que además procura la creación de una mayor cultura, información y educación financiera para que los usuarios tomen mejores decisiones en la contratación de servicios financieros.

Sin embargo, la creación de esta ley respondió al contexto de esos años y, a pesar de que es vigente y aplicable, requiere que se incorporen en ella disposiciones capaces de dar protección ante los problemas a los que actualmente se enfrentan los usuarios.

Por citar sólo algunos ejemplos, en el año 2000 existían 7 mil 39 sucursales bancarias y 22 millones 782 mil 798 cuentas de captación (ahorro), en contraparte, al cierre del 2008, se registraron 10 mil 354 sucursales y 75 millones 113 mil 13 cuentas de captación.

Asimismo, el crédito al consumo pasó de 35.9 miles de millones de pesos en el año 2000 a 486.3 miles de millones de pesos al cierre del 2008 que, en términos reales, muestra una tasa promedio anual de crecimiento del 31.7 por ciento, sin embargo, el índice de morosidad no se incrementó en igual medida, al contrario, disminuyó de 10.8 a 8.04 por ciento en el mismo período.

A partir del incremento en el número de operaciones, tal como se hizo evidente en los datos anteriores, la Condusef se enfrenta a más casos a los cuales debe brindar atención: en el año 2000 la Condusef realizó 162 mil 602 acciones de atención a usuarios, de los cuales 136 mil 491 correspondieron a asesorías técnico-jurídicas, 21 mil 297 reclamaciones, 32 arbitrajes, 4 mil 713 solicitudes de defensoría legal y 69 defensorías.

Mientras tanto, durante el 2008, se realizaron 636 mil 779 acciones de atención a los usuarios de servicios financieros, de las cuales 399 mil 399 correspondieron a asesorías técnico-jurídicas, 142 mil 493 controversias, 2 mil 455 dictámenes técnicos, 4 mil 606 defensorías legales y 1 arbitraje.

Este incremento en las acciones de la Condusef para la atención de los usuarios se suscita por una mayor participación de usuarios del sistema financiero, la creciente difusión de las funciones de dicha comisión, además por el incremento de operaciones que no se ajustan a los principios de transparencia y ordenamiento de los servicios financieros.

En este sentido, la Condusef juega un papel fundamental para evitar prácticas que pudiesen dañar a los usuarios, así como para procurar la equidad entre éstos y las instituciones financieras.

Las atribuciones de la Condusef están localizadas en reaccionar ante posibles abusos de las instituciones financieras, a brindar protección a los usuarios que lo soliciten, sin embargo, existen algunas oportunidades para favorecer el eficiente cumplimiento del objeto de la comisión.

En la presente iniciativa se busca fortalecer las facultades de la Condusef, de ahí que se propone que esta comisión esté facultada para que represente, ya sea individualmente o en grupo, a los usuarios ante el Ministerio Público o cualquier otra instancia donde exista alguna controversia con las instituciones financieras, buscando que ésta favorezca una equilibrada relación entre las instituciones financieras y sus usuarios, así como para que en un acto se represente a un gran número de personas que se enfrentan a la misma problemática.

Por otro lado, se propone que la Condusef, de manera coordinada con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, formule y difunda códigos de ética para que las instituciones financieras los utilicen en las operaciones con los usuarios, considerando para ello las sanas prácticas para favorecer una relación más equitativa entre las entidades financieras y los usuarios de sus servicios.

Asimismo, la presente iniciativa propone que la Condusef esté facultada para requerir a las instituciones financieras medidas para combatir, detener, modificar o evitar prácticas que lesionen los intereses de los usuarios o afecten el sano desarrollo del sistema financiero, con esta propuesta se busca que la comisión actúe de manera más activa y reduzca la probabilidad de que se lesionen los intereses de los usuarios. En el mismo sentido, se propone que se publiquen dichos requerimientos para que, la exposición de esas prácticas ante los usuarios reales y potenciales, las inhiba.

En materia de tasas de interés y comisiones, se propone que la Condusef juegue un papel de observador del cumplimiento de las tasas y comisiones máximas que, en caso de que no exista competencia efectiva, el Banco de México establezca, dado que por las atribuciones de la Condusef ésta tiene acceso a la información relativa a las condiciones contractuales, entre ellas comisiones y tasas de interés, a las que se enfrentan los usuarios de los servicios financieros. Es de puntualizar que además de ser un observador, tendrá la obligación de denunciar ante las autoridades correspondientes el incumplimiento en la materia.

Por último, se propone que la Condusef, en materia de arbitraje, se encuentre facultada para realizar apercibimientos a las instituciones financieras, dado que actualmente sólo se establece la aplicación de multas y el auxilio de la fuerza pública, así con tal medida se pueden prevenir actos que no son meritorios de multas pero que dada su naturaleza e impacto podrían generar lesiones a los intereses de los usuarios de servicios financieros.

A través de estas propuestas se busca fortalecer las atribuciones de la Condusef para que ésta pueda cuidar más íntegramente los intereses de los usuarios de los servicios financieros y equilibrar las relaciones entre éstos y las instituciones financieras.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Artículo Único. Se reforman los artículos 11 y 82 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de los Servicios Financieros, para quedar como sigue:

Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Artículo 11. La Comisión Nacional está facultada para:

Artículo 82. La Comisión Nacional, para el desempeño de las facultades establecidas en este capítulo, podrá emplear las siguientes medidas de apremio:

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito.

Compañeros diputados y compañeras diputadas, millones de mexicanos desde 2008 estamos sufriendo los embates de la brutal crisis económica donde los trabajadores han visto perder el poder adquisitivo de su salario, ya de por sí raquítico que perciben, y donde los ingresos de la población ya no alcanzan para sostener a una familia. Al mismo tiempo, podemos notar un creciente desempleo abierto que hoy en día abarca a más de 2 millones 800 mil personas, según datos confirmados por el Inegi.

Ahora, un gran número de estas personas no cuentan con los recursos para pagar las deudas que contrajeron con instituciones financieras o por otros medios. Esta situación deja en desventaja a los deudores, ya que la cartera vencida se ha convertido en una trampa para que los bancos puedan seguir haciendo negocios con sus clientes.

Es tan grave el problema de insolvencia de los deudores, que en sólo 6 meses 3 millones y medio de mexicanos dejaron de pagar tarjetas bancarias equivalentes a 30 mil 660 millones de pesos. En conjunto, la cartera vencida ya llegó a más de 73 mil millones de pesos, englobando los créditos de empresas, crédito hipotecario y al consumo.

Asimismo, más de 3 mil empresas han sido embargadas por los bancos por carecer de solvencia financiera y cientos de empresas se han declarado en concurso mercantil; entre otras se encuentran el Grupo Industrial Durango, Metrofinanciera y otros grandes monopolios como Cemex y Comercial Mexicana, que han tenido que ser rescatados por el gobierno para evitar su quiebra.

Debemos decir que lo anterior ha sido consecuencia de la aplicación de políticas neoliberales irresponsables, para permitir la expansión internacional de los grandes monopolios u oligopolios, mediante estrategias de control de la inflación y de las variables financieras, todo a costa de sacrificar el crecimiento económico y la creación de empleos.

La manera indiscriminada de ofrecer y autorizar tarjetas de crédito por los bancos desde mediados de 1998 a la fecha ha provocado que los usuarios se sobreendeuden, donde los banqueros tienen una enorme responsabilidad, toda vez que alentaron el riesgo moral ofreciendo tarjetas de crédito hasta en las estaciones del Metro, según lo dijo Felipe Calderón.

Como ahora no pueden cobrar, porque la mayoría de las deudas son incobrables, se valen de despachos jurídicos que se dedican a recuperar la cartera vencida utilizando una serie de argucias que van desde la amenaza al chantaje, los insultos, llamadas telefónicas día y noche, e incluso utilizan señuelos y garlitos que rayan en el cinismo y en la torpeza.

Siendo así, debemos recordar que los banqueros, de 1992 a 1996, cometieron una serie de fraudes que terminaron en la panza del Fobaproa, y ese fraude hoy lo pagamos todos los mexicanos y lo seguiremos pagando en los próximos 30 años. Aunque parezca paradójico, ningún funcionario público de este país le llama por teléfono a los banqueros para pedirles que paguen esa deuda, y que si no tienen recursos para hacerlo que se dediquen a vender chicles o gelatinas, o a limpiar parabrisas en la vía pública, como sí lo hacen los despachos jurídicos con los clientes morosos.

A estos banqueros se les olvida que ellos provocaron esta situación al ampliar la línea de crédito de muchos clientes, sin la autorización previa de ellos. Se hacen pasar como desapercibidos al haber aprobado el otorgamiento de plásticos a personas sin solvencia económica, o bien, con bajos ingresos, que de antemano representaban la crónica anunciada de un pasivo impagable.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, en este sentido la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, que propone el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, prohíbe a los bancos contratar despachos jurídicos externos para recuperar los pasivos que sus clientes no pueden pagar. Proponemos que cada banco deba de utilizar su área jurídica para realizar esta función, además de sujetarse a los códigos de ética profesional y de alcance legal que sobre el tema de cobranzas se establecen en nuestra Constitución, y de las demás leyes secundarias en materia financiera.

Debemos decir que, arbitrariamente, al delegar en otras empresas como bufetes jurídicos, la responsabilidad de cobrar a los clientes y usuarios morosos los respectivos contratos para adquisición de créditos, violentan nuestra Constitución y demás leyes secundarias en esta materia.

No está de más señalar que para poder capitalizar el esfuerzo de estos despachos jurídicos son acordados convenios en los que se llegan a estipular como pago hasta un 30 por ciento de entrega del monto recuperado, por lo que a manera de pago por destajo las firmas representantes de dichos despachos se ven incentivadas a lograr obtener el pago total de una deuda, sin importarles cómo hacerlo.

Sometemos a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, para adicionar diversas disposiciones a la Ley de Instituciones de Crédito, para prohibir la participación de despachos jurídicos externos a ellas, en sus operaciones de recuperación de cartera vencida.

Diputado presidente, me permito solicitarle atentamente que la presente iniciativa se inserte íntegra en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria de esta Cámara. Es cuanto, y muchísimas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Pedro Vázquez González , del Grupo Parlamentario del PT

Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, para garantizar la operatividad de las áreas de cobranza de las instituciones de crédito y que prohíbe la participación de despachos jurídicos externos a ellas en sus operaciones de recuperación de cartera vencida, de acuerdo con la siguiente

Millones de mexicanos estamos sufriendo los embates de la brutal crisis económica que enfrenta desde 2008 la economía de nuestro país, donde los trabajadores han visto perder el poder adquisitivo del salario raquítico que perciben y donde los ingresos de la población ya no alcanzan para sostener a una familia.

Asimismo, el creciente desempleo abierto, que abarca a más de 2 millones 800 mil personas, conforme a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), no tienen la posibilidad de hacer frente a sus obligaciones como jefes de familia y mucho menos para pagar las deudas que contrajeron con instituciones financieras o por otros medios.

A este creciente desempleo abierto tenemos que sumarle a más de 17 millones de mexicanos que están ocupados en actividades informales y con ingresos que en algunos casos no llegan ni a un dólar, conforme lo documenta el Banco Mundial en sus informes anuales.

Además, tenemos que decir que, conforme a datos del INEGI, 4 millones de mexicanos trabajan para empresas de manera gratuita, en actividades como restaurantes, gasolineras, estacionamientos de tiendas departamentales, franeleros, entre otras, que viven a base de las propinas que les proporcionan los clientes.

En este contexto, la actual crisis no sólo ha hecho mella en las condiciones de vida de nuestro pueblo, sino también ha afectado el tejido social y amenaza con exacerbar las contradicciones entre poseedores y desposeídos.

Esta crisis económica, también es consecuencia de la aplicación de políticas neoliberales irresponsables para permitir la expansión internacional de los grandes monopolios y oligopolios mediante estrategias de control de la inflación y de las variables financieras, a costa de sacrificar el crecimiento económico y la creación de empleos.

Incluso, la Comisión Económica para América Latina sostiene que México es el único país de América Latina que no crece, porque su crecimiento la basa en la expansión de las grandes empresas en el extranjero.

Esta crisis tiene una faceta financiera que se expresa en que los bancos que prestaron a familias, empresas y gobiernos estatales y municipales no pueden cobrar ahora, porque las condiciones económicas no permiten que halla empleos, que los gobiernos puedan cobrar el monto de impuestos que habían proyectado y las empresas tienen problemas para vender lo que producen.

El resultado de todo lo anterior es que hoy más de 6 millones 600 mil mexicanos no pueden pagar los créditos que contrataron con la banca, ya sea de tarjeta de créditos, automóviles e hipotecarios. Es decir, la cartera vencida se convirtió en una trampa para que los bancos puedan seguir haciendo negocios con sus clientes.

La manera indiscriminada de ofrecer y autorizar tarjetas de crédito por los bancos, desde mediados de 1998 a la fecha, provocó que los usuarios se sobreendeudaran, en lo cual los banqueros tienen una enorme responsabilidad, toda vez que alentaron el riesgo moral ofreciendo tarjetas de crédito hasta en las estaciones del metro, como lo dijo Calderón Hinojosa.

Como ahora no pueden cobrar, porque la mayoría de estas deudas son incobrables, se valen de despachos jurídicos que se dedican a recuperar la cartera vencida utilizando una serie de argucias que van desde la amenaza, el chantaje, los insultos, llamadas telefónicas durante todo el día y toda la noche, e incluso utilizando señuelos y garlitos que rayan en el cinismo y la torpeza.

En este sentido, el artículo 16 de nuestra Carta Magna establece que ``nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento''.

De igual manera, los banqueros y los despachos jurídicos saben muy bien que no existe ninguna disposición para que alguien pueda ser remitido a prisión, ya que con base en el artículo 17 constitucional, en su párrafo séptimo, se establece que ``nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil''.

Saben que de 1992 a 1996 cometieron una serie de fraudes que terminaron en la panza del Fondo Bancario de Protección al Ahorro y este fraude hoy lo pagamos todos los mexicanos y lo seguiremos pagando en los próximos 30 años, y aunque parezca paradójico, ningún funcionario público de este país llama a los banqueros por teléfono para pedirles que paguen esa deuda y que si no tienen recursos para hacerlo, que se dediquen a vender chicles o gelatinas o a limpiar parabrisas en la vía pública, como sí lo hacen los despachos jurídicos con los clientes morosos.

A estos banqueros se les olvida que ellos contribuyeron a esta situación, porque ampliaron la línea de crédito de muchos clientes, sin la autorización previa de ellos. Aprobaron el otorgamiento de plásticos a personas sin solvencia económica; o bien, con bajos ingresos que de antemano representaban la crónica anunciada de un pasivo impagable.

En este sentido, la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que proponemos prohíbe a los bancos contratar despachos jurídicos externos para recuperar los pasivos que los clientes no pueden pagar.

Proponemos que cada banco utilice su área jurídica para realizar esta función y sujetarse a los códigos de ética profesional y de alcance legal que sobre el tema de cobranzas se establecen en nuestra Constitución y de más leyes secundarias en materia financiera.

Incluso, es positivo la figura que han creado algunas instituciones financieras denominada ombudsman, ejemplo de figura conciliadora que actualmente ya ponen en práctica los bancos, cabe señalar que adicionalmente a las áreas jurídicas, realiza una labor de conciliación entre el cliente y el banco, que en ocasiones obtiene mejores resultados que la coerción directa.

Arbitrariamente, al delegar en otras empresas, como bufetes jurídicos, la responsabilidad de cobrar a los clientes y usuarios morosos, los respectivos contratos para adquisición de créditos violentan nuestra Constitución y demás leyes secundarias en la materia.

No está por demás señalar que para poder capitalizar el esfuerzo de estos despachos jurídicos son acordados convenios en los que se llegan a estipular como pago hasta un 30 por ciento de entrega del monto recuperado, por lo que, a manera de pago por destajo, las firmas representantes de dichos despachos se ven incentivados a lograr el pago total de una deuda, sin que les importe cómo lo logran.

Compañeras y compañeros legisladores: actualmente existen 43 instituciones bancarias en nuestro país, todas ellas utilizan el mismo sistema de recuperación de la cartera vencida, a través de los servicios ofrecidos por despachos jurídicos ajenos a las instituciones crediticias.

Del total de dichas instituciones, Banamex, Bancomer, HSBC y Grupo Salinas o Banco Azteca son quienes encabezan la lista y presentan mayor coerción frente a los clientes deudores, de tal suerte que, por sólo referir un ejemplo, este último ya cuenta con un área especializada en ``gestores de cobranza'', donde su principal estrategia es la visita domiciliaria, utilizando amenazas, chantajes y generando miedo a los deudores.

De igual forma, cerca de los 60 despachos jurídicos y de cobranza que operan en auxilio de todos estos bancos sólo la mitad están reconocidos por alguna asociación representativa de sus labores, como es de esperarse, el resto realiza sus tareas en la clandestinidad y el delito.

En este sentido, debemos recordar que en agosto de 2007 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la inconstitucionalidad de la venta y su entrega de la cartera vencida por parte de los bancos a las empresas especializadas en la adquisición de deuda, prevista en el amparo número AR388/2007, donde con toda claridad y precisión podemos observar que son incluidos los despachos jurídicos y de cobranza.

Siendo esto así, vemos con repudio que los propios bancos, con el afán de recuperar todo lo perdido y a pesar de ser víctimas de sus propios errores, no escatiman en buscar mecanismos para alcanzar sus objetivos, sin importarles el tipo de formas o lo ilegal de ellas.

Compañeras y compañeros legisladores: por lo expuesto, sometemos a su consideración la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona diversos artículos de la Ley de Instituciones de Crédito

Artículo Primero. Se adicionan una fracción IX al artículo 46, pasando la actual IX a ser la X, y las demás se recorren en su orden; una fracción IV al artículo 46 Bis, pasando la actual IV a ser la V, y las demás se recorren; un segundo párrafo al artículo 46 Bis 1, pasando el actual segundo a ser el tercero, y los demás corriéndose en su orden; un tercer párrafo al artículo 46 Bis 2; un segundo párrafo al artículo 48 Bis 3 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 46. ...

Artículo 46 Bis. ...

Artículo 46 Bis 1. ...

Queda excluido el pacto o contratación de terceros como despachos jurídicos externos cualesquiera, derivado de las necesidades requeridas por alguna institución de crédito. En ningún caso y por ningún motivo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá disponer u otorgar permisos para la contratación de dichas áreas o empresas para litigar a nombre de alguna institución de crédito, ni aún por acuerdo de su Junta de Gobierno.

Artículo 46 Bis 2. ...

...

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá solicitar a las instituciones de crédito, toda información referida a los resultados y desempeños de las actuaciones jurídicas derivadas de las necesidades requeridas para su buen desempeño. Asimismo, la Comisión estará facultada para realizar observaciones y amonestaciones, cuando el área jurídica de la institución de crédito de la que se trate cometa actos que causen demérito al código de ética de dicha institución.

Artículo 48 Bis 3. ...

Para el área jurídica de cualquier institución de crédito, el modo de proceder en sus actuaciones legales, para el buen desarrollo interno de la empresa y para todo tipo de relación con los clientes, deberán apegarse al código de ética que les corresponda, de tal suerte que deberán prever en todo momento daños y perjuicios a terceras personas.

Primero. Las reformas y adiciones contenidas en el presente decreto, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto, diputado, le agradecemos. Como lo pide, tanto en la Gaceta como en el Diario de los Debates quedará el texto íntegro. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.

Compañeras y compañeros diputados. En México es común cuando hablamos del federalismo, ligarlo a la construcción de mecanismos de asignación de recursos federales que fortalezcan las finanzas públicas de los gobiernos locales.

En este sentido y ante la crisis financiera que están viviendo nuestros municipios es imperativo que el Congreso incremente, asegure y transparente las asignaciones de los recursos federales que actualmente reciben las entidades federativas. Al respecto existen planteamientos orientados a que el federalismo exige, por su esencia, que el gobierno federal auxilie a los estados y municipios y que se promueva en todos los órdenes de gobierno una cultura tributaria, reforzando con ello el federalismo. Asimismo, dar respuesta a los reclamos de los municipios con respecto al tema de la autonomía de los recursos, permitiéndoles mayor libertad en la planeación y ejecución de los programas.

Es conocido por todos nosotros que los municipios son la base fundamental para la efectiva ejecución de los programas de gobierno. Sin embargo, en la práctica no se toman en cuenta sus intereses, solamente el gobierno les endosa obras al grado de que llega el momento que ni siquiera sus ingresos, provenientes de sus estados, pueden darle mantenimiento a las obras asignadas por el gobierno federal.

Debido a que el municipio es la entidad más cercana al individuo, resulta trascendental conocer los problemas para estar en condiciones de plantear las soluciones que permitan encaminar las acciones de gobierno para satisfacer las necesidades de las comunidades.

Es imprescindible revitalizar la institución del municipio haciendo descender los procesos de descentralización hacia los propios municipios. Es preciso fortalecer los presupuestos de los estados y del Distrito Federal, con el único objetivo de brindar la seguridad jurídica en la asignación de los recursos, en donde ---por eso creo--- es indispensable que al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se le incremente hasta llegar a 2.5 por ciento de la recaudación federal participante.

No olvidar que en nuestro país la dinámica de la descentralización opera bajo las características de establecer espacios discrecionales en la atribución de competencias, lo cual ha traído una subordinación de la institución municipal al centro.

Nosotros como legisladores debemos promover una cultura de evaluación, donde los ciudadanos sean vigilantes de la acción municipal. Evalúen la adecuada aplicación de los recursos, así como la eficacia en su aplicación.

Los municipios han demostrado tener la capacidad de ser interlocutores con el estado, con la federación y no debido a la famosa descentralización que tanto se pregona en el gobierno federal. Lo que hace la descentralización mexicana es aumentar las capacidades institucionales del municipio, pero ese incremento de la capacidad institucional ha sido decidido totalmente por el centro.

Es momento de plantear un verdadero federalismo renovado que no se traduzca en la cantidad de formalismos, sino que, por el contrario, que se pueda dar origen a una institución democrática en el que el orden de gobierno municipal recobre verdaderamente la importancia que en nuestro país tiene el municipio.

Muchas gracias, señor presidente. Gracias, compañeras y compañeros diputados.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada María del Carmen Izaguirre Francos , del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero del artículo 46; segundo del artículo 47, fracción IV; el cuarto y el quinto del artículo 49, y el sexto del artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente

En México es común, cuando hablamos del federalismo, ligarlo a la construcción de mecanismos de asignación de recursos federales que fortalezcan las finanzas públicas de los gobiernos locales. En este sentido, y ante la crisis financiera que están viviendo nuestros municipios, es imperativo que el Congreso incremente, asegure y haga transparentes las asignaciones de los recursos que actualmente reciben las entidades.

Al respecto existen planteamientos orientados a que el federalismo exige, por su esencia, que el Gobierno de la República auxilie a los estados y municipios, y que se promueva en todos los órdenes una cultura tributaria, reforzando con ello el federalismo; asimismo, dar respuesta a los reclamos de los municipios con respecto al tema de la autonomía de los recursos, permitiéndoles mayor libertad en la planeación y ejecución de los programas. De igual manera, en ese marco se hace indispensable contar con instrumentos para transparentar el ejercicio de los recursos presupuestados, así como tener mecanismos de evaluación y promover una cultura de rendición de cuentas.

Es conocido por todos nosotros que los municipios son la base fundamental para la efectiva ejecución de los programas de gobierno, sin embargo en la práctica no se toman en cuenta sus intereses, solamente el gobierno le endosa obras, al grado de que llega el momento que ni siquiera sus ingresos provenientes de sus estados pueden darles mantenimiento a las obras asignadas por el gobierno federal.

Debido a que el municipio es la entidad más cercana al individuo, resulta trascendental conocer los problemas para estar en condiciones de plantear las soluciones que permitan encaminar las acciones de gobierno para satisfacer las necesidades de la comunidad, con el único objetivo de propiciar las condiciones para la transformación de la vida de los ciudadanos de la manera más rápida, dentro de una eficiente planeación y programación de los programas sociales. Por eso es imprescindible revitalizar la institución del municipio haciendo descender los procesos de descentralización hacia los municipios.

Es preciso fortalecer los presupuestos de los estados y del Distrito Federal, con el único objetivo de brindar la seguridad jurídica en la asignación de los recursos, donde es indispensable que al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se asigne un monto equivalente a 2.5 por ciento de la recaudación federal participable.

Ante estos acontecimientos de crisis económica mundial, la cual está afectando drásticamente a nuestra economía, concretamente a nuestros municipios, es prioritario privilegiar la inversión en infraestructura en todos los niveles, modernizar los sistemas de recaudación, los registros públicos de la propiedad y del comercio locales con respecto a actualizar la recaudación relativa al impuesto predial; así como agilizar el ejercicio, transparencia y rendición de cuenta respecto a los recursos públicos transferidos a las entidades federativas y a los municipios.

La descentralización es la capacidad de gestión de las diversas instancias gubernamentales, reconociendo como indispensable la capacidad y participación de los implicados en el ámbito estatal y municipal al momento de implantar los programas. Sin embargo, en nuestro país la dinámica de la descentralización opera bajo la característica de establecer espacios discrecionales en la atribución de competencias, lo cual ha traído una subordinación de la institución municipal al centro.

Para lograr el cometido de fortalecer las finanzas públicas de las entidades federativas y los municipios, es necesario establecer un mecanismo de garantías para que las entidades federativas obtengan financiamiento y con ello cubran sus obligaciones contraídas con el respaldo de las asignaciones que anualmente reciben.

En el tema de transparencia es indispensable que tanto la sociedad como la propia Cámara de Diputados tengan conocimiento de la aplicación de los recursos públicos por parte de las autoridades ejecutoras de éstos; por ello, se establecerá la obligación de entregar la información detallada sobre el ejercicio del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. Las entidades federativas informarán trimestralmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio y destino de los recursos que por concepto de aportaciones federales reciban del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Nosotros como legisladores debemos promover una cultura de evaluación, donde los ciudadanos, sean vigilantes de la acción municipal, evalúen la adecuada aplicación de los recursos, así como la eficacia de su aplicación.

Los municipios han demostrado que tienen la capacidad de ser interlocutores con el estado, con la federación, y no tanto debido a la famosa descentralización, que tanto pregona el gobierno federal; lo que hace la descentralización mexicana es aumentar las capacidades institucionales del municipio, pero ese incremento de la capacidad institucional ha sido decidida centralmente. Es momento de plantear un federalismo renovado, que no se traduzca en formalismo, sino por el contrario: que se pueda dar origen a una institucionalidad democrática, en el que el orden de gobierno municipal recobre su importancia.

Por todo lo anterior, presentó al pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el cual se reforman los párrafos primero del artículo 46; segundo del artículo 47, fracción IV; cuarto y quinto del artículo 49, y sexto del artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Único. Se reforman los párrafos primero del artículo 46; segundo del artículo 47, fracción IV; cuarto y quinto del artículo 49, y sexto del artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 46. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente con recursos federales por un monto equivalente al 2.5 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta ley. Las entidades federativas tendrán la obligación de enviar trimestralmente a la Cámara de Diputados, y en caso de receso a la Comisión Permanente, un informe sobre los recursos asignados y ejercidos en dicho periodo.

...

Artículo 47. ....

Artículo 48. Los estados y el Distrito Federal enviarán al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Cámara de Diputados, y en periodo de receso a la Comisión Permanente, con independencia de la obligación de la Secretaria de Hacienda de remitir informe al Congreso de la Unión, informes sobre el ejercicio y destino de los recursos de los fondos de aportaciones federales a que se refiere este capítulo.

...

Artículo 49. ....

...

...

Artículo 50. ...

Las entidades federativas y municipios efectuarán los pagos de las obligaciones contraídas en los términos de este artículo, con cargo a las aportaciones que les correspondan de los fondos a que el mismo se refiere, a través de mecanismos de garantía o de fuente de pago, sin perjuicio de los instrumentos y sistemas de registro establecidos, en su caso, en las leyes estatales de deuda, dando conocimiento inmediato de estos pagos al Poder Legislativo local que corresponda, y a la Contaduría Mayor de Hacienda u órgano equivalente conforme a lo que establezcan sus propias leyes.

Único. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2010.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Edgardo Melhem Salinas, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Desde que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de diciembre de 1978, la entonces nueva Ley del Impuesto al Valor Agregado tuvo en el espíritu del artículo 2o. la excepción inscrita de una diferente tasa impositiva de 10 por ciento para los municipios que se encontrasen en el territorio comprendido en la franja fronteriza de 20 kilómetros, paralela a la línea divisoria internacional del norte del país, reconociendo la autoridad la difícil situación impositiva de las economías regionales de los municipios cercanos a la frontera con Estados Unidos.

En Tamaulipas, Valle Hermoso es frontera física y territorial con Estados Unidos de América; sin embargo, su cabecera municipal se encuentra a 40 kilómetros de la frontera. Pero para efectos reales y prácticos ya se considera este municipio región fronteriza, geográficamente hablando. En Valle Hermoso los comercios se han visto afectados en su economía por el desplazamiento de los consumidores hacia las ciudades vecinas de Estados Unidos de América, fenómeno que ha deprimido de forma significativa y grave la economía de dicho municipio.

La petición de que Valle Hermoso, Tamaulipas, forme parte de la región fronteriza, aun cuando se encuentre en la franja de los 20 kilómetros y la cabecera a 40, se justifica también, porque ya hay antecedentes donde se declaró, por decreto presidencial, que el municipio de Caborca y otra región parcial del terreno en Sonora quedaran comprendidos en la región fronteriza fiscal por las mismas circunstancias. Por ello, se estima necesario proponer que se aplique el tratamiento fiscal en materia del impuesto al valor agregado de la región fronteriza a la totalidad del territorio del municipio citado, con la finalidad de promover el comercio y el empleo en el propio municipio, mejorando así su desarrollo y situación económica competitiva y evitando la salida de divisas.

Han sido innumerables las peticiones al respecto que en las diferentes legislaturas de los Congresos federal y en Tamaulipas se han formulado para resolver de manera definitiva esta situación. Y tan es reconocida esta gravedad económica por la autoridad hacendaria, que desde el ejercicio fiscal de 1996, mediante sendas cartas de la autoridad competente, se ha permitido a este municipio el tratamiento diferenciado como frontera fiscal.

Pero también es cierto que el vía crucis de las autoridades municipales y de las cámaras empresariales del municipio, ante las autoridades hacendarias y el Congreso federal, cada fin de año y ante los diferentes actores del presupuesto anual se ha vuelto inadmisible e incongruente, pues la autoridad debería de promover, finalmente, una resolución definitiva.

Por todo lo expuesto, y tratando de que los diputados y las diputadas de esta legislatura resolvamos finalmente, después de trece años este problema repetitivo anual de Valle Hermoso, Tamaulipas, que otorga certidumbre jurídico económica. Primero, dictaminando de manera positiva esta iniciativa y, luego de votarla, solicitar al Ejecutivo que publique el decreto solicitado en ella.

Por eso, los diputados y las diputadas federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de Tamaulipas proponemos la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Artículo único. Se reforma el último párrafo del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Para los efectos de esta ley se considera región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo; los municipios de Caborca y Cananea, Sonora; la región parcial de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco Elías Calles, de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco, de ahí siguiendo al cauce de ese río hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional; asimismo, el municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas.

Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Edgardo Melhem Salinas , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Edgardo Melhem Salinas , diputado federal del distrito III de Tamaulipas, en nombre propio y de los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de nuestro estado en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que conceden la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración y aprobación de esta soberanía iniciativa de ley que reforma el último párrafo del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Desde que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de diciembre de 1978, la entonces nueva Ley del Impuesto al Valor Agregado tuvo en el espíritu del artículo 2o. la excepción inscrita de una diferente tasa impositiva, de 10 por ciento, para los municipios que se encontrasen en el territorio comprendido en la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional del norte del país, reconociendo la autoridad la difícil situación impositiva de las economías regionales de los municipios cercanos a la frontera con Estados Unidos.

En la primera reforma de esta ley, del 31 de diciembre de 1979, se extendió el beneficio de la aplicación de la tasa menor para la franja fronteriza sur de 20 kilómetros colindante con Belice, Centroamérica. Y en la exposición de motivos de la decimoquinta reforma se propuso ``la desaparición del tratamiento diferencial que existe para las franjas fronterizas y zonas libres del país'', derogando el artículo 2o. de la ley y homologándose la tasa del IVA en todo el territorio nacional en noviembre de 1991.

Sin embargo, nuevamente en la vigésima reforma de la ley, publicada en el Diario Oficial el 27 de marzo de 1995, se regresó al tratamiento diferenciado anterior a la derogación; estableciéndose en el último párrafo del artículo 2o. lo siguiente: ``Para los efectos de esta ley, se considera región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, el municipio de Cananea, Sonora, así como la región parcial del estado de Sonora''. Estableciendo ya desde entonces excepciones geográfico-económicas. Se incluyó en ese tratamiento Caborca, Sonora, en diciembre de 2002.

En Tamaulipas, Valle Hermoso es frontera física y territorial con Estados Unidos de América; sin embargo, su cabecera municipal se encuentra a 40 kilómetros de la frontera con dicho país. Pero para efectos reales y prácticos ya se considera este municipio región fronteriza geográficamente hablando.

Pese a ello, la cabecera municipal de Valle Hermoso se encuentra ante una grave desventaja económica frente a otras ciudades fronterizas, debido a que no obtiene los beneficios de ser considerada región fronteriza para los efectos de esta ley.

El artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece que los contribuyentes residentes en la región fronteriza aplicarán una tasa de 10 por ciento, y no la general de 15 por ciento, a los actos o a las actividades por los que debe pagarse el IVA, siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en esa región.

La aplicación de la tasa de 10 por ciento en los casos mencionados se ha justificado porque debido a las condiciones geográficas existentes en la región fronteriza, los consumidores nacionales adquieren bienes y servicios en las ciudades fronterizas limítrofes de Estados Unidos de América, con el subsiguiente efecto desfavorable en la economía de la región.

En Valle Hermoso, los comercios han visto afectada su economía por el desplazamiento de los consumidores hacia las ciudades vecinas de Estados Unidos de América, fenómeno que ha deprimido en forma significativa y grave la economía de dicho municipio.

Esa situación se explica por su ubicación geográfica y por las vías de comunicación con que cuenta, haciendo muy difícil el consumo del comercio nacional y facilitando el desplazamiento comercial referido.

La petición de que Valle Hermoso, Tamaulipas, forme parte de la región fronteriza, aun cuando se encuentra en la franja de los 20 kilómetros y la cabecera municipal a 40, se justifica también porque ya hay antecedentes donde se declaró por decreto presidencial que el municipio de Caborca, y otra región parcial de terreno en Sonora, quedaran comprendidos en la región fronteriza fiscal, por las mismas circunstancias.

Por ello se estima necesario proponer que se aplique el tratamiento fiscal en materia de impuesto al valor agregado de la región fronteriza a la totalidad del territorio del municipio citado, con la finalidad de promover el comercio y el empleo en el propio municipio, mejorando así su desarrollo y la situación económico-competitiva, y evitando la salida de divisas.

Han sido innumerables las peticiones al respecto que, en las diferentes legislaturas de los Congresos federal y de Tamaulipas, se han formulado para resolver de manera definitiva la situación. Y tan es reconocida esta gravedad económica por la autoridad hacendaria que, desde el ejercicio fiscal de 1996, mediante sendas cartas de la autoridad competente, se ha permitido a este municipio el tratamiento diferenciado como frontera fiscal.

Pero también es cierto que el vía crucis de las autoridades municipales y de las cámaras empresariales del municipio ante las autoridades hacendarias y el Congreso federal, cada fin de año y ante los diferentes actores del Presupuesto anual, se ha vuelto inadmisible e incongruente, pues la autoridad debería promover finalmente una resolución definitiva.

Por todo lo expuesto, y tratando de que nosotros, los diputados de la LXI Legislatura, resolvamos finalmente, después de 13 años, este problema repetitivo anual de Valle Hermoso, otorgando certidumbre jurídico-económica: primero, dictaminando de manera positiva esta iniciativa; y, luego de votarla, solicitar al Ejecutivo que publique el decreto solicitado en ella.

Por eso, los diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de Tamaulipas proponemos la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el último párrafo del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Artículo Único. Se reforma el último párrafo del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

Para efectos de esta ley, se considera región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, la región parcial del estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional, así como el municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas .

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Miguel García Granados, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, los hemos visto arrastrando penosamente el apeñuscarse de sus años, con impotencia por la indolencia de las distintas administraciones. Son los sobrevivientes de los cerca de 4 millones de trabajadores mexicanos que de 1942 a 1964 se trasladaron a trabajar a los Estados Unidos de Norteamérica, amparados por el Programa Bracero.

Como bien lo señalaba el compañero diputado Gerardo Leyva Hernández , que me ha antecedido en el uso de la palabra, en esos años al entrar en vigor el programa una agencia estadounidense empezó a retener el 10 por ciento del salario de cada trabajador migrante, con lo cual se integró el Fondo de Ahorro Campesino, estimado en ese entonces, en esa fecha, en un poco más de 11 mil millones de pesos.

Dichos recursos fueron depositados en el entonces Banco de Crédito Agrícola de México, después Banco de Crédito Rural (Banrural), hoy Financiera Rural. Sin embargo, los recursos ahorrados y enterados no fueron regresados a los trabajadores migratorios toda vez que ninguna instancia asumió responsabilidad alguna.

Es más, pudiera decirse que el gobierno mexicano ocultó la existencia de dichos recursos, y fue sólo a través de la lucha y de la investigación de esos ex trabajadores migratorios que se reconoció su existencia.

Así, en abril de 2005, el Congreso de la Unión aprobó la creación del fideicomiso respectivo. A la fecha la Secretaría de Gobernación ha abierto dos etapas para la recepción de documentos, e inscripción, para quienes, y de acuerdo con las reglas de operación del fideicomiso, se ha establecido un importe de pago por el monto de 38 mil pesos.

Durante la primera etapa del programa se inscribieron 42 mil 633 ex trabajadores migratorios. Se benefició con el pago a 40 mil 198.

En una segunda etapa se registró un número de 172 mil 178. Recordemos que hablamos de cerca de 4 millones de trabajadores migratorios en aquella época; de esa lista solamente se han beneficiado a 2 mil 575.

Incluso y contraviniendo lo dispuesto en el numeral 5 de las reglas de operación del fideiocomiso, que establece un pago por el orden de 38 mil pesos, se cubrió sólo un pago parcial por un monto de apenas 4 mil pesos para estos 2 mil 575 beneficiados.

La Secretaría de Gobernación, según el decir de los propios ex trabajadores migratorios, les ha señalado que este pago lo recibirán en forma parcial durante 10 años.

Resulta injusto no sólo haber retrasado la atención a un sector de la población que durante muchos años dio lo mejor de sí, sino también la morosidad con la que ahora se le hace efectivo un pago al que con elemental sentido de justicia tiene derecho.

Son personas, todas ellas ancianos, muchos ya fallecidos, que en los campos agrícolas dejaron los mejores años de su vida productiva y a quienes hoy estamos obligados a atender por un mínimo espíritu de justicia social.

Las organizaciones demandan, incluso, una nueva apertura de ventanilla de registro, ya que existen ex braceros que por diversas razones, ajenas a su voluntad, no pudieron obtener su inscripción en las primeras dos etapas.

Entendemos que hay múltiples necesidades en materia de gasto social. Sin embargo, por el número y rango de edad que representan los ex trabajadores migratorios no deben seguir esperando una pensión por tanto tiempo postergada.

Ante ello, los convoco a que desde el Legislativo impulsemos gestiones ante las comisiones correspondientes, de tal suerte de que en el decreto de Presupuesto de Egresos para este año próximo, 2010, sean aprobados recursos económicos suficientes para cubrir de forma definitiva el pago que demandan los ex trabajadores.

La inversión requerida es de sólo 6 mil 542 millones de pesos, sólo eso. Muy inferior a los 11 mil millones de pesos que en 1962 recibió el gobierno mexicano, esto sin indexarlo. Por ello, les pido su aprobación y comprensión. Muchísimas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 5 de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Miguel Ángel García Granados , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Miguel Ángel García Granados , somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción III del artículo 5o. de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, con el más firme propósito de hacer justicia a personas de la tercera edad, al tenor de la siguiente

En abril de 2005, y a partir de iniciativas de legisladores, el Congreso de la Unión aprueba el dictamen de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos; ordenamiento que surge en atención a múltiples protestas y demandas presentadas por organizaciones de ex braceros.

Con la vigencia del ordenamiento referido, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2005, la Secretaría de Gobernación inició el proceso para la integración de un padrón de ex trabajadores migratorios mexicanos del periodo 1942-1964, cuya lista de beneficiarios empezó a integrarse a partir de la exhibición de pruebas documentadas, con las que los ex trabajadores o, en su caso, familiares con legítimo derecho a recibir los recursos acreditaban que aquéllos habían laborado en Estados Unidos de América de 1942 a 1964.

Se trata de trabajadores beneficiados con el programa Bracero, para quienes se procuró una fuente de trabajo en Estados Unidos de América y que estuvo vigente de 1942 a 1964, y en el que quedaron inscritos alrededor de 4 millones de mexicanos.

Una vez que entró en vigor este programa, una agencia estadounidense empezó a retener 10 por ciento del salario de cada trabajador migrante, con lo cual se integró el Fondo de Ahorro Campesino. Los fondos retenidos fueron transferidos al entonces Banco de Crédito Agrícola de México, que después cambió su nombre a Banco de Crédito Rural (hoy Financiera Rural).

Sin embargo, los recursos ahorrados y enterados no fueron regresados a los trabajadores migratorios, toda vez que ninguna instancia asumió responsabilidad alguna.

A la fecha, y una vez vigente la Ley que crea el Fidecomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios, el cual es operado por la Secretaría de Gobernación a través de un comité técnico, han sido abiertas dos etapas para la recepción de documentos e inscripción de ex trabajadores migrantes, para quienes y, de acuerdo con las reglas de operación del fideicomiso, se ha establecido un importe de pago por un monto de 38 mil pesos.

Conforme a cifras oficiales, durante la primera etapa del programa de recepción de documentos, fueron inscritos 42 mil 633 ex trabajadores migratorios y se benefició con el pago a un número de 40 mil 198.

Una segunda etapa, que concluyó en enero del presente año, registró 172 mil 178 inscritos. De esta lista, han sido beneficiados únicamente 2 mil 575, conforme a la más reciente publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Incluso, y contraviniendo lo dispuesto en el numeral cinco de las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106, que establecen un pago por el orden de los 38 mil pesos, se cubrió un pago parcial por un monto de apenas 4 mil pesos para estos 2 mil 575 beneficiados.

Resulta injusto no sólo haber retrasado la atención a un sector de la población que durante muchos años dio de sí lo mejor, sino también la morosidad con la que ahora se le hace efectivo un pago al que, con elemental sentido de justicia, tiene derecho.

Son personas, todas ellas ancianas, muchas ya fallecidas, que en los campos agrícolas de la Unión Americana dejaron los mejores años de su vida productiva y a quienes hoy estamos obligados a atender por un mínimo espíritu de justicia social.

Miles de estas personas, a través de sus organizaciones, demandan incluso una nueva apertura de ventanillas de registro, ya que existen ex braceros que, por diversas razones ajenas a su voluntad, no pudieron obtener su inscripción en las primeras dos etapas.

Entendemos que hay múltiples necesidades en materia de gasto social y que son muchos los sectores que demandan de la autoridad gubernamental una atención presupuestal pronta. Sin embargo, por el número y rango de edad que representan, los ex trabajadores migrantes no deben seguir esperando una atención por tanto tiempo postergada.

Ante ello, los convoco a que, desde el Legislativo, impulsemos a la par gestiones ante las correspondientes comisiones de dictamen, de tal suerte que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 sean aprobados recursos económicos suficientes al Fideicomiso que opera el Comité Técnico para el propósito en referencia, para cubrir en forma definitiva el pago que demandan, al menos, los ex trabajadores migratorios ya inscritos en la lista levantada en su oportunidad.

Por lo expuesto, y con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción III del artículo 5o. de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos

Artículo 5o. El comité técnico tendrá, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes facultades:

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Le pediría que permanezca en la tribuna. Este trámite para la propuesta a la que acaba de leer el diputado Miguel Ángel García Granados se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

LEY FEDERAL DE DERECHOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pediría al señor diputado que nos presente su iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 14-B de la Ley Federal de Derechos, suscrita por los diputados Miguel Ángel García Granadosy Felipe Cervera Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI.

Los suscritos, diputados Miguel Ángel García Granados y Felipe Cervera Hernández , someten a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 14-B de la Ley Federal de Derechos, con el firme propósito de alentar el arribo de cruceros turísticos a México y fortalecer así esta industria importante para el país. Esto es a raíz de la diversa exposición de motivos.

A raíz de la emergencia sanitaria internacional ocurrida en la reciente primavera, derivado de la contingencia que de-sató el surgimiento del virus de la influenza humana AH1N1. México y en particular sus destinos turísticos, cuya derrama económica está ligada al arribo potencial de visitantes, despertaron a una inesperada realidad.

Por efecto de la emergencia sanitaria, las empresas navieras que operan cruceros turísticos prácticamente suspendieron el arribo de sus embarcaciones a puertos mexicanos.

Esto afectó a miles de trabajadores que directa e indirectamente se benefician de la derrama económica que deja la llegada de turistas.

Como muestra de ello, los 27 destinos tradicionales de México para el arribo de cruceros turísticos, tanto del Caribe como del Pacífico, resultaron afectados por las cancelaciones de llegada y registraron por esta causa fuertes pérdidas económicas.

Aun más, informes oficiales revelan que a raíz de la emergencia sanitaria, en mayo del presente año, fueron canceladas un promedio de 278 visitas de cruceros. Ello implicó para nuestro país la pérdida directa de 56 millones de dólares de divisas.

Cabe precisar que durante el mismo mes del año anterior México registró la llegada de 276 visitas de cruceros, con un promedio general de 590 mil pasajeros, de estos la derrama calculada fue de 77 dólares diarios por pasajero.

Si bien, la estancia de los cruceros turísticos es de un día en promedio en cada puerto que visitan, no se deben minimizar los beneficios económicos que dejan a empresarios y prestadores de servicios que directa o indirectamente guardan relación con la industria turística.

Incluso, coincido con aquella apreciación por la que se afirma que los beneficios del arribo de los cruceros turísticos deben ser vistos desde dos perspectivas fundamentales: la primera por lo que representa en cuanto a la derrama económica; y la segunda, como una oportunidad más de promoción entre los visitantes para arribos próximos con estadías de mayor tiempo.

Al respecto vale decir que, derivado de lo anterior, el sector inmobiliario, así como el de venta de tiempo compartido, hotelería de hospedaje regular, restaurantes en general, vendedores de artesanías y transportistas, entre otros, reportan incrementos en sus ventas. Muchos de los clientes son visitantes que conocieron de las ofertas del destino cuando arribaron por primera vez, precisamente, a través de cruceros turísticos.

La conveniencia para México de generar condiciones para un arribo sostenido y creciente de cruceros turísticos es verdaderamente impostergable, toda vez que los turistas que viajan a través de este medio son personas procedentes de algunos países que son los principales proveedores de turismo de este país.

Las expectativas de llegada de cruceros turísticos a puertos mexicanos para el presente año son de 2 mil 257 arribos. Un estimado de seis y medio millones de turistas pasajeros.

Por éstas y otras condiciones es necesario procurar medidas que alienten a las navieras a mantener en la lista de sus destinos a los puertos mexicanos.

En el caso que nos ocupa urge la eliminación del gravamen por concepto del pago de derechos de no inmigrante por cada turista que arribe en cruceros, que entrará en vigor, según lo aprobado por esta soberanía, el próximo mes de enero.

Retomando y fortaleciendo planteamientos legislativos que sobre el particular han sido presentados, es que hago propia esta inquietud de que, como candidatos, nos hemos expuesto ante empresarios que operan arribos de cruceros turísticos a puertos mexicanos, quienes han venido demandando la derogación del artículo 14-B de la Ley Federal de Derechos.

Agradeceré muchísimo la comprensión de esta soberanía. Muchas gracias, señor presidente.

«Iniciativa que deroga el artículo 14-B de la Ley Federal de Derechos, suscrita por los diputados Miguel Ángel García Granados y Felipe Cervera Hernández , del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados Miguel Ángel García Granados y Felipe Cervera Hernández , somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 14-B de la Ley Federal de Derechos, con el firme propósito de alentar el arribo de cruceros turísticos a México y fortalecer así la industria sin chimeneas de nuestro país, al tenor de la siguiente

A raíz de la emergencia sanitaria internacional, ocurrida en la reciente primavera, derivada de la contingencia que de-sató el surgimiento del virus de la influenza humana AH1N1, México y en particular sus destinos turísticos, cuya derrama económica está íntimamente ligada al arribo potencial de visitantes, despertaron a una inesperada realidad.

Por efecto de la emergencia sanitaria en comento, las empresas navieras que operan cruceros turísticos prácticamente suspendieron el arribo de sus embarcaciones a puertos mexicanos. Esta situación afectó a miles de trabajadores que directa e indirectamente se benefician de la derrama económica que deja la llegada de turistas.

Como una muestra de ello, los 27 destinos tradicionales de México para el arribo de cruceros turísticos, tanto del Caribe como del Pacífico, resultaron afectados por las cancelaciones de llegada y registraron por la causa referida fuertes pérdidas económicas.

Aún más, informes oficiales revelan que a raíz de la contingencia sanitaria, en mayo del presente año, fueron canceladas un promedio de 278 visitas de cruceros de transportación turística. Ello implicó para nuestro país la pérdida directa de 56 millones de dólares en divisas, únicamente por este concepto.

Cabe precisar que durante el pasado mes de abril, México registró la llegada de 276 visitas de cruceros con un promedio general de 590 mil pasajeros. De estos, la derrama calculada fue de 77 dólares por pasajero.

Si bien la estancia de los cruceros turísticos es de un día en promedio en cada puerto que visitan, no se debe minimizar los beneficios económicos que dejan a empresarios y prestadores de servicios que directa e indirectamente guardan relación con la industria turística.

Incluso, coincido con aquella apreciación por la que se afirma que los beneficios del arribo de cruceros turísticos deben ser vistos desde dos perspectivas: la primera, por lo que representa en cuanto a la derrama económica y, la segunda, como una oportunidad más de promoción entre los visitantes para arribos próximos con estadías de mayor tiempo.

Derivado de lo anterior, el sector inmobiliario, el de venta de tiempo compartido, la hotelería de hospedaje regular y restaurantes en general reportan incrementos en sus ventas. Muchos de los clientes son visitantes que conocieron de las ofertas del destino cuando arribaron por primera vez precisamente a través de cruceros turísticos.

La conveniencia para México de generar condiciones para un arribo sostenido y creciente de cruceros turísticos es impostergable, toda vez que los turistas que viajan a través de este medio son personas procedentes de Estados Unidos, país por cierto en el que se origina 90 por ciento del turismo que tradicionalmente tiene a México como su destino vacacional.

Las expectativas de llegada de cruceros turísticos a puertos mexicanos para el presente año son de 2 mil 257 arribos, con un estimado de 6 millones y medio de pasajeros.

Por estas y otras condiciones es necesario procurar medidas que alienten a las navieras a mantener en la lista de sus destinos los puertos mexicanos. En el caso que nos ocupa, con la eliminación del gravamen por concepto del pago de derecho de no inmigrante, por cada turista que arribe a través de cruceros.

Retomando y fortaleciendo planteamientos legislativos que sobre el particular han sido presentados, hago propia la inquietud que, como candidato y ahora diputado, me han expuesto empresarios que operan arribos de cruceros turísticos a puertos mexicanos, quienes han venido demandando la derogación del artículo 14-B de la Ley Federal de Derechos.

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se deroga el artículo 14-B de la Ley Federal de Derechos

Artículo 14-B. Se deroga.

Artículo Único. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Germán Contreras García, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9o. de la Ley General de Educación.

Honorable Congreso de la Unión, los diputados Diva Hadamira Gastélum Bajo, Alfredo Villegas Arreola , Óscar Lara Salazar , Óscar Lara Aréchiga, Rolando Bojórquez Gutiérrez , Miguel Ángel García Granados , Rolando Zubía Rivera, Aarón Irizar López, Óscar Levín Coppel, y un servidor, Germán Contreras García , diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que les confiere la fracción II del artículo 71, con relación al segundo párrafo del artículo 6o., ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9o. de la Ley General de Educación, al tenor de lo siguiente:

El tema de educación, mitos, realidades, pero sobre todo necesidades que requieren reorientación, reordenamiento que dé certeza y certidumbre a millones de niñas, niños y jóvenes que aspiran a una calidad de ésta; que sueñan con un mañana mejor o cuando menos con una esperanza que se vea a través de esta misma educación y que lo puedan lograr.

El tema de educación media superior es un asunto que cada vez cobra mayor relevancia, pero sobre todo mayor exigencia, sobre todo cuando se tiene una tasa baja en escolaridad obligatoria.

Es importante dejar asentado que en México se aplazó la obligatoriedad constitucional de la educación, sobre todo la educación media superior, por lo que consideramos necesario retomar esta exigencia para que sea obligatoria y universal.

Además, también es de justicia incluir a la educación especial destinada a alumnos con necesidades educativas especiales debidas a sobredotación intelectual o discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales.

Es pertinente agregar también a la educación inicial, que tiene como propósito favorecer el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social de los niños menores de cuatro años de edad e incluye orientación para padres de familia o tutores para la educación de sus hijos.

Por ello consideramos preciso cubrir este vacío que la Ley General de Educación tiene al respecto, al enumerar la promoción y atención educativa en México se omite lo referente a la educación inicial, la educación especial y a la educación media superior, que no incluye así a millones de mexicanos a esta ley.

Por esto presentamos este proyecto de decreto:

Artículo único. Se realiza las siguientes modificaciones al artículo 9o. de la Ley General de Educación:

Artículo 9o. Además de impartir la educción preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio, todos los tipos y modalidades educativas, incluida la educación inicial, la educación especial y la educación media superior y superior, necesarias para el desarrollo de la nación; apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará el vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, DF, a 23 de septiembre de 2009. Por su atención, y sobre todo su interés, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 9 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI

Diva Hadamira Gastélum Bajo, Óscar Lara Salazar y Germán Contreras García , diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que les confiere la fracción II del artículo 71, en relación con el segundo párrafo del artículo 6o., ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 9o. de la Ley General de Educación. Al tenor de la siguiente

El tema de la educación media-superior es asunto que cada vez cobra mayor relevancia y exigencia, sobre todo cuando se tiene una tasa baja en escolaridad obligatoria.

Es importante dejar asentado que en México se aplazó la obligatoriedad constitucional de la educación media superior, consideramos necesario retomar esta exigencia, para que sea obligatoria y universal.

Además es de justicia, incluir la educación especial destinada a alumnos con necesidades educativas especiales debidas a sobredotación intelectual o discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales.

Es pertinente agregar La educación inicial que tiene como propósito favorecer el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social de los niños menores de cuatro años de edad e incluye orientación para padres de familia o tutores para la educación de sus hijos.

Por ello consideramos preciso cubrir este vacío que la Ley general de Educación tiene al respecto, al enumerar la promoción y atención educativa en México, omite lo referente a la educación inicial, especial y media-superior.

Artículo Único. Se realiza la siguientes modificaciones al artículo 9o. de la Ley General de Educación.

Artículo 9o. Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el estado promoverá y atenderá --directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio-- todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación inicial, especial, media-superior y superior, necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

LEY DE SEGURO SOCIAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Diva Hadamira Gastélum, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.

Haciendo uso de las facultades que me da la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el reglamento interior de esta Cámara, presento esta iniciativa con proyecto de decreto que reforman los artículos 202, 203, 204 y 213 de la Ley del Seguro Social, referente al apartado de guarderías, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

El duelo por los niños de la guardería de Sonora tiene que ser redimido con un profundo reclamo al Estado para que se responsabilice de sus tareas fundamentales. No puede dejar sin protección a las niñas y los niños mexicanos, ni dejar de cumplir a la sociedad para garantizarle los derechos básicos que establecen la Constitución y las diversas leyes.

En México trabajan más de 16 millones de mujeres y 5 millones 717 mil 659 hogares son sostenidos por ellas. Además, en todos los casos cooperan con su trabajo doméstico y muchas veces con el gasto. También mantienen y cuidan a los padres ancianos y a los enfermos de las familias, supliendo las omisiones del gobierno en los aspectos de protección social y salud.

De las mujeres que laboran, menos de la mitad tienen seguridad social, pues se encuentran entre los más de 13 millones de trabajadores informales. Esta cifra ha ido aumentando, porque el modelo de país actual tiende, desde hace varios años, a abaratar el costo del trabajo, sacrificando garantías y derechos laborales.

El Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS) sólo puede atender a uno de cada cuatro niños que requieren guarderías; es decir, apenas si cubre 24 por ciento de la posible demanda. Aun con las guarderías subrogadas dio servicio sólo a 228 mil infantes, frente a una demanda potencial de 935 mil.

En los primeros años, después que esta prestación fue inscrita en la Ley del Seguro Social se construyeron y operaron 145 guarderías basadas en un modelo de atención de alta calidad. Fueron durante un tiempo orgullo de la seguridad social mexicana.

Hace varios años el IMSS inició un proceso de privatización y de pauperización de las guarderías. Se decidió que el costo por niño era muy alto y que debía ahorrarse en este rubro, por lo que se optó por disminuir el presupuesto por infante e iniciar el proceso de subrogación.

Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el promedio mensual de costo de atención por niño en las guarderías operadas por el IMSS es de 3 mil 781 pesos y en las subrogadas de mil 627.

Estas guarderías son operadas como negocio y tienen que dejar utilidades, pese a que la Ley del Seguro Social sólo permite, según especifica el artículo 213, que la subrogación o reversión de cuotas se realice con los patrones que tengan instaladas guarderías en sus empresas o establecimientos, cuando éstas reúnan los requisitos señalados en las disposiciones relativas.

Actualmente hay mil 417 guarderías subrogadas. La lista de sus propietarios llama la atención enormemente, lo cual habla de una falta inaceptable de control y de transparencia. Lo más grave es que, según hemos visto después de la tragedia, no había un modelo de atención ni de supervisión que garantizara la seguridad de los niños ni la calidad de los servicios que describe con precisión la Ley del Seguro Social en los artículos 201 a 204.

Los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los niños y de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad deben ser garantizados por el gobierno. Por ello, nuestra propuesta se basa en garantizar primeramente la seguridad e integridad de nuestros niños y niñas mexicanas, y ponderar la transparencia en el manejo de la subrogación de las guarderías.

Proyecto de decreto. Artículo único. Se realizan las modificaciones siguientes a la Ley del Seguro Social:

Artículo 202. Estas prestaciones deben proporcionarse atendiendo a cuidar y fortalecer la salud del niño y su buen desarrollo, pero primeramente, el presente y futuro, su seguridad e integridad física y emocional, así como a la formación de sentimientos de adhesión familiar y social, a la adquisición de conocimientos que promuevan la comprensión, el empleo de la razón y de la imaginación.

Artículo 203. Los servicios de guardería infantil incluirán el aseo, la alimentación, el cuidado de la salud, la educación y la recreación de los menores a que se refiere el artículo 201, pero especialmente, su seguridad e integridad física y emocional.

Artículo 204. Para otorgar la prestación de los servicios de guardería, el instituto establecerá instalaciones adecuadas y seguras.

Artículo 213. El instituto podrá celebrar convenios de reversión de cuotas o subrogación de servicios con los patrones que tengan instaladas guarderías en sus empresas o establecimientos, cuando reúnan los requisitos señalados en las disposiciones relativas y mediante licitación pública, atendiendo la Norma Oficial 167-SSA1-1997.

Por su atención, gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI

Diva Hadamira Gastélum Bajo, diputada a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional , en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71, en relación con el segundo párrafo del artículo 6o., ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 202, 203, 204 y 213 de la Ley del Seguro Social, referente al apartado de guarderías, al tenor de la siguiente

El duelo por los niños de la guardería de Sonora tiene que ser redimido con un profundo reclamo al Estado para que se responsabilice de sus tareas fundamentales. No puede dejar sin protección a los niños mexicanos, ni dejar de cumplir a la sociedad para garantizarle los derechos básicos que se establecen en la Constitución y en las diversas leyes.

En México trabajan más de 16 millones de mujeres, y 5 millones 717 mil 659 hogares son sostenidos por ellas. Además, en todos los casos cooperan con su trabajo doméstico y muchas veces con el gasto. También mantienen y cuidan a los padres ancianos y a los enfermos de las familias, supliendo las omisiones del gobierno en los aspectos de protección social y salud.

De las mujeres que laboran, menos de la mitad tienen seguridad social, pues se encuentran entre los más de 13 millones de trabajadores informales. Esta cifra ha ido aumentando porque el modelo de país actual tiende desde hace varios años a abaratar el costo del trabajo, sacrificando garantías y derechos laborales.

El Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS) puede atender sólo a uno de cada cuatro niños que requieren guarderías; es decir, apenas si cubre 24 por ciento de la posible demanda. Aun con las guarderías subrogadas dio servicio sólo a 228 mil infantes, frente a una demanda potencial de 935 mil.

En los primeros años después que esta prestación fue inscrita en la Ley del Seguro Social se construyeron y operaron 145 guarderías basadas en un modelo de atención de alta calidad. Fueron durante un tiempo orgullo de la seguridad social mexicana.

Hace varios años, el IMSS inició un proceso de privatización y de pauperización de las guarderías. Se decidió que el costo por niño era muy alto y que debía ahorrarse en este rubro, por lo que se optó por disminuir el presupuesto por infante e iniciar el proceso de subrogación.

Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el promedio mensual de costo de atención por niño en las guarderías operadas por el IMSS es de 3 mil 781 pesos y en las subrogadas de mil 627. Estas guarderías son operadas como negocio y tienen que dejar utilidades, pese a que la Ley del Seguro Social sólo permite, según especifica el artículo 213, que la subrogación o reversión de cuotas se realice con los patrones que tengan instaladas guarderías en sus empresas o establecimientos, cuando éstas reúnan los requisitos señalados en las disposiciones relativas.

Según los resultados de las auditorías realizadas por la ASF en 2002, 2003 y 2005, es evidente la falta de calidad de los servicios y de seguridad básica en las edificaciones.

Actualmente hay mil 417 guarderías subrogadas. La lista de sus propietarios llama la atención enormemente: habla de una falta inaceptable de control y de transparencia. Lo más grave es que, según hemos visto después de la tragedia, no había un modelo de atención ni de supervisión que garantizara la seguridad de los niños ni la calidad de los servicios que describe con precisión la Ley del Seguro Social en los artículos 201 a 204.

Es muy claro que todos estos cambios responden a los paradigmas del Estado neoliberal de desmantelar el Estado benefactor, de socializar los ahorros y cargar las pérdidas a los más desprotegidos para privatizar las ganancias y los privilegios entre muy pocos.

Es momento de reflexionar a fondo. Esta tragedia es el reflejo de una serie de fallas y omisiones en la planeación y realización de políticas públicas. El problema radica en que el Estado ha ido abdicando de sus responsabilidades. La privatización y la subrogación de los servicios han implicado prácticamente la no supervisión y la falta de modelos de operación que garanticen la calidad de los servicios y la seguridad de las personas asistidas.

Los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los niños y de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad deben ser garantizados por el gobierno. Por ello, nuestra propuesta se basa en garantizar primero la seguridad e integridad de los niños mexicanos, y ponderar la transparencia en el manejo de la subrogación de las guarderías.

Artículo Único. Se realizan las modificaciones siguientes a la Ley del Seguro Social:

Artículo 202. Estas prestaciones deben proporcionarse atendiendo a cuidar y fortalecer la salud del niño y su buen desarrollo presente y futuro, su seguridad e integridad física y emocional, así como a la formación de sentimientos de adhesión familiar y social, a la adquisición de conocimientos que promuevan la comprensión, el empleo de la razón y de la imaginación y a constituir hábitos higiénicos y de sana convivencia y cooperación en el esfuerzo común con propósitos y metas comunes; todo ello, de manera sencilla y acorde con su edad y con la realidad social, y con absoluto respeto de los elementos formativos de estricta incumbencia familiar.

Artículo 203. Los servicios de guardería infantil incluirán el aseo, la alimentación, el cuidado de la salud, la educación y la recreación de los menores a que se refiere el artículo 201, así como su seguridad e integridad física y emocional, y serán proporcionados por el instituto, en los términos de las disposiciones que al efecto expida el consejo técnico.

Artículo 204. Para otorgar la prestación de los servicios de guardería, el instituto establecerá instalaciones adecuadas y seguras , por zonas convenientemente localizadas con relación a los centros de trabajo y de habitación, y en las localidades donde opere el régimen obligatorio.

Artículo 213. El instituto podrá celebrar convenios de reversión de cuotas o subrogación de servicios con los patrones que tengan instaladas guarderías en sus empresas o establecimientos cuando reúnan los requisitos señalados en las disposiciones relativas y mediante licitación pública, atendiendo la Norma Oficial Mexicana NOM-167 SSA1-1997.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Seguridad Social. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Hemos concluido el capítulo de iniciativas. Continuamos con el capítulo de proposiciones. Pero acabamos de recibir, señoras diputadas y señores diputados, una comunicación de la Junta de Coordinación Política; por lo que le pido a la Secretaría que proceda a dar cuenta de ésta.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directivade la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo vigésimo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted, atentamente, consultar al Pleno la modificación al orden del día para la inclusión correspondiente en el primer turno posible del siguiente asunto:

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Por favor, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: En votación económica, se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Es mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Aprobado. En consecuencia, proceda la Secretaría a leer la comunicación.

PODER LEGISLATIVO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se nombra a los representantes del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para dar cumplimiento al numeral 4 del artículo 110 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, la Junta de Coordinación Política emite el siguiente

Acuerdo

Primero. Los representantes del Poder Legislativo de la LXI Legislatura ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, son los siguientes:

Partido Revolucionario Institucional

Propietario: Senador Fernando Castro Trenti

Suplentes:

Partido Acción Nacional

Propietario: Diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín

Suplentes:

Partido de la Revolución Democrática

Propietario: Senador Pablo Gómez Álvarez

Suplentes:

Partido Verde Ecologista de México

Propietario: Senador Arturo Escobar y Vega

Suplentes:

Partido del Trabajo

Propietario: Diputado Óscar González Yáñez

Suplentes:

Partido Nueva Alianza

Propietario: Diputado Roberto Pérez de Alva Blanco

Suplentes:

Partido Convergencia

Propietario: Senador Dante Delgado Rannauro

Suplentes:

Segundo. Comuníquese a la Mesa Directiva y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. De enterado. Comuníquese. Continuamos con el orden del día.

COMISION ESPECIAL PARA LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIAS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: La Presidencia recibió de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo con el que se crea la Comisión Especial para la niñez, adolescencia y familias.

La suscrita, María de Jesús Aguirre Maldonado , diputada federal por Nuevo León e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de esta honorable Cámara proposición con punto de acuerdo de conformidad con los motivos que a continuación se exponen:

La LIX Legislatura de la Cámara de Diputados demostró su gran compromiso con la niñez mexicana al instalar, en abril de 2004, la Comisión Especial para la Niñez, Adolescencia y Familias. El objetivo de esta comisión era muy claro, tal como se señaló en el punto de acuerdo que la creó: ``garantizar la transversalidad de la legislación federal en función del reconocimiento de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, y lograr la protección, prevención, promoción y participación de sus derechos''.

En el marco de los trabajos de la comisión, presidida por la legisladora Angélica de la Peña Gómez, y en la cual me siento muy orgullosa de haber colaborado como secretaria de la mesa directiva, se participó emitiendo opiniones importantes en iniciativas y puntos de acuerdo relacionados con este tema. Se realizaron diversas actividades, reuniones y acciones en pro de la niñez, la adolescencia y las familias mexicanas.

A partir de una agenda sólida basada en los temas más importantes para la protección de los derechos de la infancia, se trabajaron de manera seria, constante y comprometida asuntos como el combate contra la explotación sexual infantil, lográndose incluso una reforma histórica al Título Octavo del Código Penal Federal, los derechos de la infancia indígena, el tratamiento de los menores de edad infractores, los derechos de las niñas, el tráfico de infantes, la salud de las niñas, niños y adolescentes, las acciones necesarias para mejorar la calidad de vida de las familias, entre otros.

Con el apoyo de expertas y expertos en los diferentes temas que involucran a la infancia, así como con organismos internacionales como el UNICEF y nacionales como el Sistema DIF, además de legisladoras y legisladores de todos los grupos parlamentarios, se realizaron foros y actividades que derivaron en propuestas de ley y puntos de acuerdo, enfocados a fortalecer el marco jurídico mexicano de protección de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y familias.

Pese a lo que se ha avanzado, aún sigue siendo mayor la tarea pendiente y la deuda que tenemos con la infancia y con las familias en México. Ahora que somos legisladoras y legisladores, tenemos la oportunidad inmejorable de trabajar para lograr avances en el reconocimiento y garantía plena de los derechos humanos de todas y todos, en especial de ese sector de la población menor de 18 años que, según datos del Inegi para 2006, representa alrededor de 38 por ciento de los más de 103 millones de mexicanas y de mexicanos; esto es, tutelar y salvaguardar los derechos de aproximadamente 39 millones de niños y adolescentes.

Una de las herramientas óptimas para realizar, coordinar y organizar estos trabajos es, sin duda, contar nuevamente con una comisión especial en la materia, sin perder de vista que, con un sentido elemental de justicia, debe de trabajarse porque ésta se consolide como una comisión ordinaria.

La comisión especial, cuya creación les propongo hoy, será no sólo heredera de la importante labor realizada por la comisión de la LIX Legislatura, sino innovadora, dinámica, propositiva y encauzadora de la labor de ésta LXI Legislatura en materia de infancia, adolescencia y familias. Esta nueva comisión coadyuvará en la incorporación de los derechos humanos de la infancia al marco normativo mexicano, realizará actos de promoción de éstos, servirá de enlace entre especialistas en la materia y la Cámara de Diputados, emitirá opiniones acerca de las iniciativas que se presenten sobre temas que atañen a la infancia, la adolescencia y las familias, sensibilizará a las diputadas y los diputados al respecto e impulsará la presentación de iniciativas de ley que fortalezcan el marco jurídico mexicano aplicable a la personas menores de edad y las familias. Adicionalmente, será un foro permanente en el que se aborden y discutan estos temas, entre los cuales destacan, por su importancia y urgencia, la trata de niñas y niños y todas las formas de explotación sexual, la agilización de los trámites de adopción --tema que, dicho sea de paso, debe posicionarse en la agenda nacional, como lo han señalado ya diversas voces, desde el gobierno hasta organizaciones de la sociedad civil--, el trabajo infantil, la infancia indígena, el acceso a la salud y a la educación, el seguimiento a las observaciones que el Comité de la Convención sobre los Derechos del Niño ha realizado a México, y de la propia Convención y su protocolo facultativo. Lo anterior me lleva a recordar que el 20 de noviembre de este año se cumple el vigésimo aniversario de la adopción de esta convención, la cual fue ratificada por México en 1990, entrando en vigor al año siguiente, tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En este sentido, es importante cuestionamos, qué cuentas está rindiendo hoy México tras 18 años de vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño en el territorio nacional. Es claro que ha habido avances, pero que aún no podemos responder como país en materia de cumplimiento pleno de las disposiciones de ésta.

El artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos señala que el Pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico. Asimismo, de acuerdo con la normatividad que rige esta Cámara de Diputados, corresponde a la Junta de Coordinación Política dar los pasos necesarios para la creación de una comisión especial. En razón de lo anterior, ahora que estamos inaugurando esta LXI Legislatura, presento esta propuesta de creación de la Comisión Especial para la Niñez, Adolescencia y Familias y agradezco de antemano su disposición a trabajar juntas y juntos por mejorar las condiciones de vida y fortalecer los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes de México.

Primero. Se crea la comisión especial para la niñez, adolescencia y familias.

Segundo. La comisión especial estará conformada por 20 integrantes, que serán elegidas y elegidos con los criterios de pluralidad y proporcionalidad.

Tercero. La comisión especial existirá durante la LXI Legislatura, en tanto se reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para constituirse en comisión ordinaria.

Cuarto. La comisión especial deberá rendir de manera periódica un informe ante el Pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Junta de Coordinación Política.

AGAVE

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: La Presidencia recibió del diputado Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI, punto de acuerdo con el que se exhorta a la Secretaría de Economía, a Normex, Sociedad Civil y al Comité Técnico de Normalización Nacional para Bebidas Alcohólicas NBAL-02, a que sigan permitiendo y no se impida el uso de la palabra agave.

El que suscribe, diputado Francisco Alberto Jiménez Merino , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo fundada en los siguientes antecedentes y consideraciones.

Empresas ciento por ciento mexicanas dedicadas a la producción de destilados de agave han advertido de prácticas de competencia desleal en su contra, con el fin de desacreditar sus productos y prohibirles el uso del término ``agave''.

Estas empresas, en muchos casos, debido a las condiciones ambientales, son la única posibilidad productiva en algunas regiones áridas y semiáridas. El agave, en sus diferentes especies y tipos, es una planta de muy bajo requerimiento de humedad, adaptada a suelos pobres.

Esta campaña golpearía sensiblemente a este sector productivo, que representa una oportunidad de agronegocios exitosos, para los productores del campo mexicano de casi todo el país, especialmente en los 12 estados de la república que cuentan las condiciones para el cultivo y producción de agave: Puebla, Oaxaca, Morelos, Tamaulipas, Guerrero, Zacatecas, Aguascalientes, Durango, Veracruz, Hidalgo, Aguascalientes y Michoacán.

Como representantes populares, es nuestra responsabilidad promover la inversión lícita de todas las fuentes existentes, pero es nuestro deber proteger la planta productiva nacional, el desarrollo de la agricultura mexicana e impulsar oportunidades para los campesinos que, a través de los agronegocios, generen empleos y riqueza.

Para este propósito, es urgente defender los intereses y derechos legítimos de todos los productores de destilados de agave, que han cumplido con cada una de las normas establecidas por las autoridades, así como pedir que se convoque a la figura jurídica competente, para establecer una norma específica que proteja a consumidores y productores, y evite que sean víctima de competencia desleal.

La industria productora de los destilados de agave es un gremio formal que, aun sin contar con el beneficio de una norma que permita su certificación, se apega a normas emergentes y a las normas oficiales mexicanas, demostrando con ello su total acuerdo con su regulación.

Los destilados de agave han cumplido con las especificaciones y criterios establecidos por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, la Norma Oficial Mexicana 142-SSA1-1995 Bienes y Servicios Bebidas Alcohólicas, Especificaciones Sanitarias, Etiquetado Sanitario y Comercial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 1997; sin embargo, en el contexto de la competencia desleal, se ha emprendido una campaña para que se les prohíba utilizar el término ``agave''.

La industria de los destilados de agave es una realidad de desarrollo para el campo mexicano, pues genera ingresos y empleos para este importante sector, por lo que es urgente protegerla.

Sumado a las especificaciones técnicas debemos destacar que cualquier bebida producida o destilada a partir de agave es propiamente dicho un destilado de agave. Este es el nombre de la planta, un tesoro genético, derivado de su clasificación botánica.

En ningún momento existe confusión o dolo o mala fe en la utilización del término, por lo que no hay razones técnicas, históricas, jurídicas o comerciales, para modificar la denominación, ya que los destilados de agave son ciento por ciento de agave.

En mérito de lo expuesto y fundado, solicito atentamente la aprobación de los siguientes

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía, a Normex, SC, y al Comité Técnico de Normalización Nacional para Bebidas Alcohólicas NBAL-02, a que se siga permitiendo y no se impida el uso de la palabra o término ``agave'' en los destilados, licores y elíxires provenientes de este cultivo, en beneficio del campo mexicano, sobre todo de aquellos campesinos y productores que viven de este noble cultivo.

Segundo. Se convoca a estas autoridades a crear la figura jurídica competente, para que se emita una norma que determine las especificaciones físico-químicas, la información comercial y los métodos de prueba a que deban someterse los destilados de agave, para asegurar su naturaleza y calidad, en beneficio de la salud del consumidor.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Economía. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y GEOGRAFIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: La Presidencia recibió del diputado David Hernández Pérezy de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, punto de acuerdo por el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicoy el Inegi reasignen recursos económicos en las partidas presupuestales correspondientes, para dar cumplimiento a los laudos emitidos por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Los que suscriben integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, pertenecientes a la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 58 fracciones I, II y III, y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo

El siguiente asunto, es conocido por todos nosotros, se trata de la problemática y violación de derechos que viven miles de trabajadores y ex trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El 26 de octubre del 2004, la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución presentado por el diputado Pedro Ávila Nevares, por medio del cual solicita la creación de 2,300 plazas de base para ser ocupadas por los trabajadores despedidos por el ex titular del INEGI.

La Cámara de Diputados en atención a esta problemática ha solicitado a las partes informes de la situación actual de este conflicto entre el INEGI y los trabajadores que integran la Coalición Nacional de Trabajadores del INEGI.

El doctor Gilberto Calvillo Vives, ex presidente del INEGI, remitió en su momento a la Cámara de Diputados informes que difieren con la situación real que se vive en el INEGI con los trabajadores en conflicto, retrasando las tarea parlamentarias para considerar los recursos económicos que dieran suficiencia presupuestaria a fin de resolver el conflicto en comento.

Es nuestro deber realizar los trámites y acciones necesarias para llevar justicia a este grupo de trabajadores.

Es inconcebible que un grupo de trabajadores que ha luchado 7 años por su reinstalación y el pago de sus prestaciones, se encuentren amenazados o encarcelados.

Ya que por disposición expresa del artículo 11 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, se observa claramente que los ex trabajadores del INEGI tienen derecho al reconocimiento de su calidad de trabajadores de base y su reinstalación.

Primeramente tienen derecho a que se les reconozca como trabajadores de base en atención a lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que dispone: Los trabajadores se dividen en dos grupos de confianza y de base y al no haber demostrado el INEGI que los trabajadores fueran de confianza, entonces les corresponde el derecho a que se les reconozca como de base, tal y como ha establecido el Octavo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito para el caso de los ex trabajadores de los estados de Chihuahua y Durango en el que se ha condenado al INEGI a reconocer a los trabajadores su categoría de base.

En segundo lugar los trabajadores tienen derecho a que se les reconozca como trabajadores de base y a su reinstalación, porque el INEGI no ha demostrado dentro de juicio la naturaleza de la contratación, es decir no demostró cuales fueron las causas que le impulsaron a realizar contrataciones por tiempo determinado o por tiempo fijo y tampoco demostró la culminación de los trabajos para los cuales fueron contratados los trabajadores, lo anterior encuentra su fundamento en los siguientes artículos de La Ley Federal de Trabajo:

El INEGI es el mejor ejemplo de subcontratación y violación de los derechos laborales básicos, como la estabilidad en el empleo y la seguridad social.

El INEGI no demostró la naturaleza de la contratación y por esta razón fue condenado en los juicios números 835/98 y 547/98 que se tramitan ante la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en cuyos laudos se estableció que el INEGI no había demostrado la naturaleza de la contratación y por lo tanto se le condenó a otorgar a los trabajadores sus nombramientos con carácter definitivo y el reconocimiento de su antigüedad, sin que hasta este momento el INEGI haya cumplido con el laudo del primer expediente mencionado, ya que esto implicaría reinstalar a los trabajadores.

Los trabajadores adscritos al INEGI no contaron con nombramiento o contrato alguno de los años 1992 a 1998, por lo que se entiende que la relación laboral entre ellos y el instituto es por tiempo indeterminado, por otra parte los programas donde esos trabajadores laboraban continúan vigentes y esta soberanía año con año ha aportado los recursos suficientes para la continuidad de dichos programas, por lo que la materia de trabajo subsiste y no existe razón alguna para el despido de los trabajadores, el titular de dicho instituto ha argumentado disminución de recursos difiriendo según los datos que el propio instituto ha enterado al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, por el contrario el instituto incrementó el número de trabajadores contratados del año 2000 a la fecha.

Por otra parte nada impide que estos trabajadores puedan ser contratados en los diversos programas que realiza el instituto, como lo son los censos, ya que los trabajadores se encuentran capacitados para la realización de éstos y porque el instituto cada año contrata trabajadores eventuales para tales fines dándoles capacitación y sin que requieran de estudios especiales para ello, es por eso que podría otorgárseles su reinstalación para que desempeñen sus labores dentro del Procede y una vez concluido éste en los diversos programas que implementa el instituto y claro debiendo acreditar los trabajadores que son aptos para el desempeño de los trabajos encomendados.

Es de nuestro conocimiento que en la administración del ex titular del instituto se destinaron millones de pesos para el pago de finiquitos de diversos ex trabajadores mediante acuerdos conciliatorios, causa extrañeza que existiendo de por medio diversos laudos no se les dé total cumplimiento.

Les informo que la gran mayoría de los trabajadores que fueron liquidados por el ex titular del INEGI y que desistieron de sus demandas laborales contra este instituto fueron contratados nuevamente por el INEGI para realizar las mismas actividades y dentro del mismo programa donde se desempeñaban.

Es claro que no se puede erogar cantidad alguna que no esté contemplado en el Presupuesto de Egresos, por lo que las liquidaciones que el instituto entregó en los años 2002, 2003 y 2004 son ilegales, tal es el caso de la propia Auditoría Superior de la Federación, la cual determinó que estas liquidaciones de trabajadores causan un daño patrimonial al instituto.

Es importante destacar que con base en la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el titular del INEGI, no puede ganarle a los trabajadores un solo juicio, ya que éste no demuestra la naturaleza de la contratación de los mismos, no demuestra que la obra para la que fueron contratados los trabajadores concluyó, y si la Cámara de Diputados le ha entregado año con año los recursos suficientes para continuar con cada uno de los programas donde estos trabajadores se desempeñaban no existe, pues, razón alguna ni justificación para que el titular del INEGI haya ganado un juicio en contra de los trabajadores.

Es momento de hacer justicia a los trabajadores del INEGI y dar cumplimiento cabal a las resoluciones dictadas por los órganos impartidores de justicia.

Es la hora del estado de derecho.

Es la hora de los trabajadores.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

De obvia y urgente resolución

Primero. Para que tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) reasigne recursos económicos suficientes en las partidas presupuestales correspondientes para dar cumplimiento cabal a los laudos números 835/98, 547/98, 886/99, 1376/2000, 3431/2001 y 4009/2001 emitidos por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en los que condenó al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) al otorgamiento sea de contrato por tiempo indefinido o nombramientos de base, así como al pago de diversas prestaciones laborales.

Segundo. Para que asignen recursos económicos suficientes para permitirle al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) de estar en posibilidades económicas para llegar a acuerdos conciliatorios con los más de 1,800 trabajadores en todo el país que demandaron al INEGI por diversas prestaciones laborales y despidos injustificados, mismos que conforman la Coalición Nacional de Trabajadores del INEGI.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

COMISION ESPECIAL DE LA AGROINDUSTRIA MEXICANA DE LA CAÑA DE AZUCAR

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: La Presidencia recibió del diputado Luis Félix Rodríguez Sosa, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo con el que se crea la Comisión Especial para el análisis y estudio de la problemática de la agroindustria azucarera en el país y relacionada con las acciones llevadas a cabo por el gobierno federal en detrimento de la agroindustria azucarera.

El suscrito, diputado Luis Félix Rodríguez Sosa , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, incisos a), b), c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del honorable Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

La agroindustria de la caña de azúcar es una actividad de alto impacto social por el valor de su producción y por el empleo que genera en el campo mexicano; que el azúcar como producto es un bien de consumo necesario por su alto contenido energético; y que las actividades que comprende, desde la siembra, el cultivo, la cosecha y la industrialización, son de interés público.

La producción promedio es de actualmente 4.9 millones de toneladas de azúcar con la molienda de 42.5 millones de toneladas de caña. Esta actividad representa el 11.6 por ciento del valor del sector primario, y el 2.5 por ciento del producto interno bruto manufacturero, generando más de 450 mil empleos directos, y beneficios directos a más de 2.2 millones de personas.

El cultivo de la caña representa 745 mil hectáreas, de las cuales 663 mil abastecen a 54 ingenios de 15 estados cañeros. Es, por tanto, una actividad de alto impacto en 227 municipios, donde habitan 12 millones de mexicanos.

La agroindustria azucarera sigue manteniéndose como un referente en lo que se refiere al sector agrario nacional, producto del esfuerzo de toda la cadena productiva que va desde los abastecedores de caña hasta los industriales que fabrican el endulzante para llevarlo listo a los supermercados y las demás industrias que lo usan como insumo.

En nuestro país no ha sido nada fácil esta situación, lo que llevó al cierre de 3 ingenios para este año al pasar de 57 ingenios que operaron el ciclo anterior a tan solo 54 ingenios; sin embargo, los que nos encontramos inmiscuidos en esta agroindustria hemos dado nuestro mayor esfuerzo en aras de mejorar nuestra producción de caña de azúcar, a pesar de las adversidades climatológicas y de las condiciones económicas.

Para este año los resultados a nivel nacional han sido difíciles; los productores de caña nos hemos enfrentado a los altos precios a niveles que nunca habían estado, por mencionar algunos ejemplos, de las semillas, fertilizantes, refacciones y de los combustibles que usamos en esta actividad.

Producto de esta falta de apoyos se han reflejado en una disminución en varios de nuestros indicadores. Según datos de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, y del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, la superficie sembrada destinada a la producción de azúcar que para este ciclo alcanzó una extensión de 663 mil 57 hectáreas (20 mil menos que la zafra pasada); nuestro rendimiento por hectárea también cayó en 6 toneladas al situarse en 64.12 toneladas por hectárea, lo cual trajo consigo una disminución en la cantidad de azúcar producida por hectárea sembrada de caña de 7 mil 484 kilogramos, el precio de referencia para el pago de la caña de azúcar se fijo para esta zafra en 5 mil 500 pesos por tonelada de caña, sin embargo, a la fecha el precio final cerro en aproximadamente 6 mil 330 pesos por tonelada de caña producto del incremento en el nivel de precios internacional y doméstico; diferencia que los industriales azucareros tendrán que pagar a sus abastecedores de caña en concordancia con el acuerdo suscrito en junio de 2008 en el seno del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

Los factores principales que incidieron en la caída de la producción de azúcar fueron la sequía, el incremento en el precio de los fertilizantes y de los combustibles, la falta de pago oportuno de la materia prima de la zafra anterior, manejo indiscriminado y anárquico de los financiamientos, entre otros.

Todos estos factores originaron que al final de esta zafra 2008/2009 la producción de azúcar pasara de 5.5 millones de toneladas de azúcar que se estimaron producir a tan sólo 4.9 millones de toneladas de azúcar, provocando un faltante de aproximadamente 590 mil toneladas del producto, con la consecuente alza de precios y la aprobación de cupos de importación por parte de la Secretaría de Economía.

Un primer estimado para la zafra 2009/2010 prevé una producción final de 4.905 millones de toneladas según el pronóstico del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, el cual debe ser ratificado por el Comité de Producción y Calidad Cañera de cada ingenio azucarero.

Esta situación no es exclusiva para México, pues diversos acontecimientos, tanto en el mercado nacional como en el entorno mundial, han modificado sustancialmente las expectativas para este sector. Existe un déficit relevante en el mercado mundial del azúcar; en otras palabras, se espera que el consumo supere a la producción, pero no sólo ocurrirá este año, sino también el siguiente. En agosto de este año se llevó a cabo el vigésimo sexto Sweetener symposium en Park City, Utah, donde se calculaba un déficit para este año de 7.8 millones de toneladas; sin embargo 2 semanas después la Organización Internacional del Azúcar dio una nueva cifra de 9.3 millones de toneladas; este déficit en la producción de azúcar y su alza de precios en el mundo se ha debido principalmente a 2 factores: primero la fuerte demanda por parte de la India, el mayor consumidor mundial de azúcar, que vio disminuida su producción domestica del endulzante debido a una terrible temporada de monzones; y segundo los menores niveles de producción por parte de Brasil del endulzante debido al uso alterno que se le da a la caña de azúcar con la producción de etanol.

En el mercado doméstico es donde queremos llamar la atención de las deficientes políticas que han llevado a cabo los responsables de la Secretaría de Economía, pues han sido ellos los causantes de la escasez de azúcar al día de hoy, a principios de este año México exportó al mercado estadounidense aproximadamente 900 mil toneladas de azúcar al amparo del TLCAN, cifra que en este momento sería más que suficiente para cubrir la demanda del mercado doméstico, no teniendo la necesidad de importar.

La importación de azúcar puede ser muy dañina para nuestro mercado, pues si bien tiene por objeto balancear el mercado interno, muchas veces se presta a la especulación por parte de los importadores, quienes la sacan al mercado o la guardan en bodegas en función de sus intereses personales

El principal objetivo de la Secretaría de Economía es el de, independientemente de empatar la oferta con la demanda, disminuir lo mayor posible el precio del endulzante en detrimento de toda la cadena completa de la agroindustria azucarera, y por otra parte no hace nada por atacar uno de los verdaderos factores del problema que es el manejo que los intermediarios hacen del producto desde que la sacan del ingenio hasta que la llevan a los anaqueles, pues en esa fase es donde los precios se incrementan de manera alarmante.

La semana pasada se realizó la primera subasta de 100 mil toneladas para importar azúcar con arancel preferencial, el cual quedó en manos de 22 empresas entre las que destacan grupo Cargill, Sucden Trading México, Czarnikow Sugar México, Nestlé México y Embotelladora Mexicana, quienes venderán el bulto de 50 kilogramos a 570 pesos; también la misma Secretaría de Economía ya prepara para la segunda mitad de septiembre la licitación de 150 mil toneladas de azúcar refinada y de 200 mil de estándar, con un precio que se pagará casi al doble del precio al que México exportó a Estados Unidos de América a finales del año pasado y en lo que va de este año, efecto que es parte de ese incremento de precios actual y que afecta directamente a la agroindustria azucarera.

Por lo anterior, con objeto de equilibrar el mercado azucarero nacional y de cimentar las fortalezas de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar, me permito proponer a esta soberanía con base en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos los siguientes

Primero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara a que constituya la Comisión Especial para el análisis y estudio de la agroindustria azucarera por parte de esta soberanía, con el propósito de analizar las opciones de solución que deriven en las acciones oportunas y necesarias para la transformación del campo cañero mexicano, que tengan como finalidad elevar la producción nacional de azúcar y los ingresos de sus productores.

Segundo. Que se formule a la Secretaría de Economía un atento exhorto a explicar a esta soberanía el porqué primero permitió la exportación de azúcar al mercado norteamericano y posteriormente tuvo la necesidad de autorizar la importación de azúcar a precios mayores de los de exportación en detrimento de la agroindustria azucarera nacional, cuando se supone que existe un balance azucarero nacional que indica oportunamente las tendencias de producción, consumo y excedentes de exportación, para equilibrar el mercado nacional, sin provocar los desajustes que se observan en el actual ciclo azucarero, y que genera afectación a la agroindustria azucarera nacional y al consumidor final de azúcar de caña en nuestro país.

Tercero. Que se formule a la Secretaría de Economía un atento exhorto para que explique a esta soberanía el porqué si existe un acuerdo del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar para importar 390 mil toneladas de azúcar refinada, motu propio, emite cupos de importación hasta por un total de 693 mil toneladas de dicho producto y 207 mil toneladas de azúcar estándar, lo que puede causar mayores desequilibrios en el mercado del endulzante.

Cuarto. Que el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar informe que acciones correctivas se tomarán para revertir la actual caída de la producción de azúcar en nuestro país.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Junta de Coordinación Política.

COMISION ESPECIAL PARA SOLUCIONAR EL CONFLICTO LABORAL EN LA MINA DE COBRE DE CANANEA, SONORA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos, el diputado Miguel Ernesto Pompa Corella, para presentar punto de acuerdo con el que se crea la Comisión Especial para solucionar el conflicto laboral en la mina de cobre de Cananea, Sonora, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión especial para solucionar el conflicto laboral en la mina de cobre de Cananea, Sonora, a cargo del diputado Miguel Ernesto Pompa Corella y suscrita por diversos integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los diputados que abajo suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del estado de Sonora de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59, 60 y 90 del Reglamento Interior para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, en términos de las siguientes:

El 30 de julio de 2007, los trabajadores de la mina de cobre Mexicana de Cananea, Sonora, pertenecientes a la sección 65 del SNTMMSRM emplazaron a huelga a la Empresa Industrial Minera México, SA de CV (IMM), subsidiaria de Grupo México. Su principal demanda fue relativa a mejores condiciones de seguridad e higiene.

El 7 de agosto de 2007, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró inexistentes las huelgas de Cananea, Taxco y Sombrerete, mencionando la circunstancia de que el titular de la STPS anunció tal declaratoria horas antes que lo hiciera la junta competente.

La misma Junta Federal de Conciliación y Arbitraje volvió a declarar inexistente la huelga el 11 de enero de 2008, pese a que el 16 de agosto de 2007 los trabajadores habían logrado un amparo emitido por el Juzgado Quinto de Distrito en materia Laboral y una determinación de legalidad de la huelga el 17 de diciembre del mismo año, por parte del Primer Tribunal Colegiado en materia de Trabajo. La inexistencia se sustentó en que la huelga ``no inició en el minuto exacto que fue señalado para su emplazamiento''.

En la misma resolución, la Junta Federal reconoce que hay condiciones de inseguridad laboral, y la STPS declaró en un boletín de prensa del 11 de enero de 2007 que ``se mantendrá atenta a los esfuerzos que se lleven a cabo para reforzar las condiciones de seguridad e higiene en las instalaciones de la mina de Cananea y, una vez que sean normalizadas las actividades en este centro de trabajo, se dispondrá el de-sahogo de una inspección extraordinaria en la materia para verificar que Mexicana de Cananea, SA de CV, cumpla las normas aplicables''.

Ya van más de dos años de conflicto entre el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), lo que ha ocasionado pérdidas por casi $4,800 millones.

La importancia de la actividad de Cananea, es que genera 12 por ciento de la producción minera del país, 46 por ciento de la producción de cobre y una derrama económica de 150 millones de pesos mensuales.

En suma, desde el 30 de julio de 2007 hay un conflicto colectivo de trabajo, con emplazamiento y estallamiento de huelga, entre el SNTMMSRM y la empresa minera de cobre Mexicana de Cananea, SA de CV.

La situación procesal que persiste con relación a dicho conflicto es la siguiente:

Con sustento en lo anterior, tenemos básicamente la evidencia de la existencia de un conflicto colectivo de trabajo con suspensión de labores (huelga), que no ha sido resuelto a casi más de dos años del conflicto; que esta suspensión de labores a generado una gran pérdida económica para el País, por lo que resulta importante la creación de una Comisión Especial de la Cámara de Diputados que abone a resolver dicho conflicto dado el interés y trascendencia nacional que reviste.

Por todo lo anteriormente expuesto, y en términos de los preceptos legales invocados, sometemos a la consideración de ese H. Pleno el siguiente:

Primero. Se crea la Comisión Especial para solucionar el conflicto laboral en la Mina de Cobre de Cananea, Sonora.

Segundo. La Comisión Especial se integrará por diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios con base en el criterio de proporcionalidad, entre la integración del pleno y su conformación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra hasta por tres minutos el diputado César Mancillas Amador, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo con el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportesy a la Semarnat, respecto de la construcción y operación del puerto multimodal de Punta Colonet, en Ensenada, Baja California.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, en el marco de la Conferencia internacional en defensa de la calidad del cielo nocturno y el derecho a observar las estrellas, se concluyó en la necesidad de garantizar a las generaciones venideras, su derecho a un cielo limpio que permita la observación nocturna del firmamento mediante el control de la contaminación lumínica, que es la emisión de flujo luminoso de fuentes artificiales nocturnas en intensidades u horarios innecesarios.

La contaminación lumínica afecta la actividad de la ciencia astronómica que requiere de cielos alejados de las fuentes lumínicas que les permitan contar con la obscuridad propicia para poder observar regiones lejanas de nuestro universo.

En este sentido, nuestro país es privilegiado al contar con el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir, dependiente de la UNAM, y el cual acaba de cumplir el pasado 17 de septiembre 30 años de su inauguración.

Sus cualidades han influido en la decisión de impulsar la modernización de las instalaciones del observatorio. Ahora mismo se construye un nuevo telescopio que se inaugurará en el 2014, y la robotización de sus dos telescopios para 2010. Éstos registrarán datos del cielo de manera permanente.

Como se podrá observar, el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir, es una institución en constante modernización y en pleno desarrollo; sin embargo, su actual situación pudiera, de no tomarse las medidas adecuadas, verse afectada por la construcción y posterior operación del puerto multimodal de Punta Colonet, el más importante de América Latina y el proyecto de infraestructura más relevante del sexenio, por su tamaño, por su actividad logística y los 50 mil millones de pesos que la iniciativa privada habrá de invertir en su construcción.

Por tal motivo se deben tomar todas las medidas adecuadas a fin de salvaguardar el entorno ambiental de la zona y la convivencia de este megaproyecto con la operación del observatorio.

Por lo cual se hace necesaria la aplicación de medidas administrativas que regulen la iluminación de los centros urbanos, parques industriales y desarrollos turísticos en el estado, ya que un control adecuado de la contaminación lumínica mediante la sustitución de equipo de alumbrado de última generación, traerá como consecuencia un significativo ahorro energético y la salvaguarda del cielo nocturno de la sierra de San Pedro Mártir.

Preocupado por la problemática aquí planteada, el 10 de agosto de 2006 tuve la oportunidad, como presidente municipal de Ensenada, de aprobar el Reglamento para la Prevención de la Contaminación Lumínica en el Municipio de Ensenada, y me encuentro trabajando en la elaboración de una iniciativa de Ley Federal para la Prevención de la Contaminación Lumínica.

Por lo expuesto y en el marco del Año Internacional de la Astronomía es que someto a la consideración de este pleno el siguiente proyecto de puntos de acuerdo:

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, exijan las medidas técnicas y ambientales necesarias a las empresas encargadas de la construcción y posterior operación del puerto multimodal de Punta Colonet, en Ensenada, Baja California, a fin de prevenir la contaminación lumínica que pudiera generar dicho proyecto, con las consecuentes afectaciones para la operación del Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo estatal y a los gobiernos municipales de Baja California, para que en aras de conservar la calidad del cielo nocturno de la entidad procedan a expedir reglamentos para la prevención de la contaminación lumínica en todo el estado de Baja California.

Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la Semarnat respecto a la construcción y operación del puerto multimodal de Punta Colonet, en Ensenada, Baja California, a cargo del diputado César Mancillas Amador , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, César Mancillas Amador , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

En abril de 2007, con el apoyo de la UNESCO, se celebró en La Palma, Islas Canarias, España, la Conferencia internacional en defensa de la calidad del cielo nocturno y el derecho a observar las estrellas, al final de la cual se suscribió la Declaración de La Palma por el Derecho a Observar las Estrellas.

En dicha conferencia los participantes coincidieron en la necesidad de garantizar a las generaciones venideras su derecho a un cielo limpio, que permita la observación nocturna del firmamento que representa un soporte de la historia de la humanidad, de la cultura y de los lazos sociales, que asegura a cada generación y a cada individuo su pertenencia a la gran familia humana.

Asimismo, reconocieron el grave deterioro que ha venido sufriendo la nitidez de la obscuridad nocturna y de cómo esto afecta una adecuada observación astronómica; igualmente, identificaron la necesidad de priorizar la protección y recuperación de los cielos nocturnos como medio excepcional para el desarrollo de la ciencia, el conocimiento y el entendimiento común, para lo cual, propusieron alianzas eficaces y urgentes entre los actores político sociales que pueden influir con sus decisiones a revertir el proceso de degradación de la calidad de la noche, con el fin de forjar la esperanza de recuperar y garantizar la continuidad de este patrimonio de la humanidad.

La contaminación lumínica es definida como la emisión de flujo luminoso de fuentes artificiales nocturnas en intensidades, direcciones, rangos espectrales u horarios innecesarios para la realización de las actividades previstas en la zona en la que se instalan las luces.

En este sentido, un ineficiente y mal diseñado alumbrado exterior; la utilización de proyectores y cañones láser; la inexistente regulación del horario de apagado de iluminaciones publicitarias, monumentales u ornamentales; son algunas de las causas más comunes generadoras de la contaminación lumínica.

La contaminación lumínica tiene, como manifestación más evidente, el aumento del brillo del cielo nocturno por reflexión y difusión de la luz artificial en los gases y en las partículas del aire, de forma que se altera su calidad y condiciones naturales hasta el punto de hacer desaparecer estrellas y demás objetos celestes.

Es indudable que el alumbrado exterior es un logro que hace posible desarrollar múltiples actividades en la noche, pero es indispensable iluminar de forma adecuada, evitando la emisión de luz directa a la atmósfera empleando la cantidad de luz estrictamente necesaria. Toda luz enviada lateralmente, hacia arriba o hacia los espacios en donde no es necesaria, no proporciona seguridad ni visibilidad y es una fuente de contaminación lumínica y ambiental, además de ser un despilfarro de energía y dinero.

Sobre este grave problema, hasta el momento existe escasa conciencia social, pese a que genera efectos nocivos tanto en materia ambiental como económica, como son: el aumento del gasto energético y económico, inseguridad vial, dificultad en el tráfico aéreo y marítimo, daño a los ecosistemas nocturnos y la degradación del cielo nocturno, entre otros.

Los perjuicios producidos por la contaminación lumínica no se limitan al entorno del lugar donde se produce dicha contaminación; es decir, no sólo afecta a los poblados, polígonos industriales, áreas comerciales y carreteras, por el contrario, la luz se propaga por la atmósfera y su efecto se deja sentir a centenares de kilómetros a la redonda de su fuente de emisión.

Dicha situación afecta de manera muy particular la actividad de la astronomía que, cada vez más, se está abocando a la observación de objetos más lejanos; por tal razón, requiere de observatorios que cuenten con grandes telescopios y de cielos alejados de las fuentes lumínicas que les permitan contar con la obscuridad propicia para poder observar regiones lejanas de nuestro universo.

En este sentido, nuestro país es privilegiado al contar con el observatorio astronómico nacional de San Pedro Mártir, ubicado en Ensenada, Baja California, que el próximo 17 de septiembre cumplirá 30 años de su inauguración oficial.

La calidad de cielo óptimo para la observación astronómica, el gran número de noches despejadas, los bajos niveles de contaminación lumínica, aunado a su privilegiada ubicación geográfica y climatológica, lo coloca como uno de los mejores lugares del mundo para la investigación astronómica.

Debido a las cualidades que presenta para la observación de los astros el observatorio de San Pedro Mártir contará para 2014 con un nuevo telescopio capaz de realizar una cartografía rápida del espacio. Con un espejo primario de 6.5 metros capaz de completar el rango de observación para los astrónomos, quienes actualmente cuentan con tres telescopios de 0.84, 1.5 y 2.1 metros de diámetro cada uno. Con un equipo de semejante envergadura en unos años se ampliará la capacidad de observación y se incrementará el trabajo científico al contar con la capacidad de captar más luz para concentrarla en un punto, por lo que se ampliará la observación.

Al mismo tiempo, el observatorio se encuentra trabajando en la robotización de los dos telescopios más pequeños, los cuales para 2010 no necesitarán ya ser operados por personas y registrarán datos del cielo por sí mismos, lo cual permitirá captar datos de forma permanente y aportan información estadística que sólo se logra con largos periodos de observación.

Como se podrá observar, el observatorio astronómico nacional de San Pedro Mártir es una institución en constante modernización y pleno desarrollo; sin embargo, su actual situación pudiera, de no tomarse las medidas adecuadas, verse afectada por la construcción y posterior operación del proyecto del puerto multimodal de Punta Colonet, el más importante de América Latina y el proyecto de infraestructura más relevante del sexenio por su tamaño, conectividad logística y los 50 mil millones de pesos que la iniciativa privada invertirá en su construcción.

Se trata de un proyecto muy ambicioso que traerá desarrollo y bienestar a los mexicanos y, en particular, a los bajacalifornianos; el proyecto incluye la construcción y operación de la administración portuaria integral (API), una terminal para el manejo anual de 6 mil contenedores de carga, lo cual representa el doble de lo que se mueve ahora en todo el país, una frecuencia radioeléctrica y la construcción de al menos dos vías férreas que conectarán a México con Estados Unidos, lo cual abarcará 2 mil 600 hectáreas ubicadas en el municipio de Ensenada, Baja California.

Son indudables los beneficios económicos y sociales que traerá la construcción y operación de este megaproyecto; por tal razón, se deben tomar todas las medidas adecuadas a fin de salvaguardar el entorno ambiental de la zona.

Una de las medidas que se tendrán que tomar en cuenta para asegurar la convivencia de este megaproyecto con la operación del observatorio de San Pedro Mártir será la de prevenir por todos los medios y tecnologías disponibles la contaminación lumínica que pudiera afectar en la disminución de la obscuridad del cielo de la sierra de San Pedro Mártir.

En este sentido se hace necesaria la aplicación de medidas administrativas que regulen la iluminación de los centros urbanos, parques industriales, y desarrollos turísticos en todo el estado de Baja California. Es importante señalar que, un control adecuado de la contaminación lumínica mediante la sustitución de equipo de alumbrado de última generación traerá como consecuencia un significativo ahorro energético, el cual permitirá recuperar en pocos meses la inversiones hechas; aunado a lo anterior, Baja California y en particular la sierra de San Pedro Mártir podrán seguir contando con las condiciones de obscuridad necesarias para seguir siendo considerado como uno de los mejores sitios para la observación astronómica.

Actualmente es posible aplicar técnicas y medidas para mantener un correcto nivel de iluminación y, con ello, prevenir y mitigar el problema de la contaminación lumínica, como son las siguientes:

Consciente de la problemática aquí planteada, el 10 de agosto de 2006 el pleno del honorable ayuntamiento de Ensenada aprobó el Reglamento para la Protección de la Contaminación Lumínica en el Municipio de Ensenada; dicho reglamento tiene como finalidad la de atender el problema de la contaminación lumínica y el adecuado consumo de la energía utilizada en la iluminación exterior de todo el municipio, permitiendo la buena calidad astronómica del cielo en Ensenada.

Por lo expuesto y en vista de que el 20 de diciembre de 2007 las Naciones Unidas en su LXII asamblea general proclamaron a 2009 Año Internacional de la Astronomía a iniciativa de la Unión Astronómica Internacional y de la UNESCO, es que someto a la consideración de este pleno los siguientes

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales exijan las medidas técnicas y ambientales necesarias a las empresas encargadas de la construcción y posterior operación del puerto multimodal de Punta Colonet en Ensenada, Baja California; a fin de prevenir la contaminación lumínica que pudiera generar dicho proyecto con las consecuentes afectaciones para la operación del observatorio astronómico nacional de San Pedro Mártir.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo estatal y a los gobiernos municipales del estado de Baja California para que, en aras de conservar la calidad del cielo nocturno de la entidad, procedan a expedir reglamentos para la protección de la contaminación lumínica de todo la entidad.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Transporte, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En tanto se integran las comisiones, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

PROGRAMAS DE APOYO A PERSONAS DISCAPACITADAS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra hasta por tres minutos, la diputada Claudia Edith Anaya Mota, para presentar proposiciones con punto de acuerdo por el que solicita a las dependencias gubernamentales que manejan programas de apoyo a discapacitados que flexibilicen las reglas de operación de los mismos; y a las que no las contemplen, que los establezcan en su próximo programa operativo con el propósito de beneficiar a un mayor número de integrantes de esta población. Esta propuesta es suscrita por las diputadas Claudia Edith Anaya Motay Yolanda de la Torre Valdez, de los Grupos Parlamentarios del PRD y del PRI, respectivamente.

El derecho a la igualdad y el principio de la no discriminación se encuentran consagrados en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a ellos, todas las personas que nos encontramos en este país gozamos de los derechos fundamentales previstos en el orden jurídico mexicano, independientemente de las características particulares propias de la condición humana.

La noción de igualdad es inseparable de la dignidad humana. Frente a la cual es incompatible todo trato hostil o discriminatorio que afecte el goce de derechos que sí se les reconoce a quienes no se consideran incursos en ciertas situaciones de inferioridad.

Por lo anterior, debemos reconocer que las personas con discapacidad somos sujetos de derechos fundamentales en igualdad de condiciones que cualquier otro individuo y que incluso pueden y deben hacerse acciones para facilitar el ejercicio de sus derechos en atención a la situación de desventaja en que se encuentran.

La experiencia nos permite identificar que las instituciones de la administración pública aún no logran diseñar políticas públicas en las que se involucre a las personas con discapacidad y a sus familias.

De ahí que el acceso a los fondos o programas públicos continúe centralizado y no esté abierto a todos los sectores de la sociedad. Ya que no se considera la diversidad geo-gráfica, social, económica y antropológica existente, lo que trae como consecuencia la exclusión de particularidades espaciales, culturales y sanitarias.

De ahí la necesidad de que el aparato gubernamental se replantee la responsabilidad que tiene frente a las personas con discapacidad, para acceder a todos los programas pues están estos destinados siempre a los que están en lugares y regiones que no están en condiciones accesibles a las personas con discapacidad.

Por ello, demandamos a los titulares de la administración pública federal coordinar esfuerzos de vinculación con la sociedad civil, para adecuar las reglas de operación de los programas ya existentes o, en su caso, se generen acciones afirmativas y medidas compensatorias acompañadas de recursos económicos que garanticen la no discriminación y la inclusión de las personas con discapacidad.

Sólo así se brindará a éstas la posibilidad de desarrollar plenamente sus capacidades y su inserción plena en la comunidad.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente punto de acuerdo:

Único. Se solicita a las dependencias gubernamentales que manejan programas de apoyo a discapacidad, flexibilicen las reglas de operación de los mismos y a las que no los contemplan, los establezcan en su próximo programa operativo con el propósito de beneficiar a un mayor número de integrantes de esta población.

Quienes suscriben Claudia Edith Anaya Mota y Yolanda de la Torre Valdez . Palacio Legislativo, a los 14 días del mes de septiembre de 2009.

Y a propósito de las acciones afirmativas y medidas compensatorias que se deben tener hacia las personas con discapacidad, le quiero pedir a todos los compañeros de este honorable Congreso de la Unión y a quienes integran la junta directiva, consideren a la compañera Yolanda de la Torre o a mí para ser las presidentas, cualquiera de las dos, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a las dependencias gubernamentales que manejan programas de apoyo a personas discapacitadas que flexibilicen las reglas de operación de éstos; y a las que no los consideren, que los establezcan en su próximo programa operativo, con el propósito de beneficiar a un mayor número de integrantes de esta población, suscrita por las diputadas Claudia Edith Anaya Mota y Yolanda de la Torre Valdez , de los Grupos Parlamentarios del PRD y del PRI, respectivamente

Quienes suscriben, Claudia Edith Anaya Mota y Yolanda De la Torre Valdez, diputadas federales integrantes respectivamente de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional ante la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las dependencias gubernamentales que manejan programas de apoyo a personas con discapacidad, flexibilice las reglas de operación de los mismos, y a las que no los contemplen los establezcan en su próximo programa operativo, con el propósito de beneficiar a un mayor número de integrantes de esta población, conforme a las siguientes:

El derecho a la igualdad y el principio de no discriminación se encuentran consagrados en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conforme a ellos, todas las personas que nos encontramos en el país, gozamos de los derechos fundamentales previstos en el orden jurídico mexicano, independientemente de las características particulares propias de la condición humana.

La noción de igualdad se desprende directamente de la naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad.

En lo que corresponde a la discriminación, debemos tener en cuenta que ésta no siempre se expresa de manera extrema, pero no deja de implicar un factor de exclusión que opera restringiendo derechos.

Por lo anterior, debemos reconocer que las personas con discapacidad son sujetos de derechos fundamentales en igualdad de condiciones que cualquier otro individuo; y que incluso, pueden hacerse acciones para facilitar el ejercicio de sus derechos, en atención a la situación de desventaja en que se encuentran.

La experiencia nos permite identificar que las instituciones de la administración pública aún no han logrado diseñar políticas públicas en las que involucren a las personas con discapacidad y a sus familias. De ahí, que el acceso a los fondos o programas públicos continúe centralizado y no esté abierto a todos los sectores de la sociedad, ya que no se consideran; la diversidad geográfica, social, económica y antropológica existentes. Situación que trae como consecuencia la exclusión de particularidades espaciales, culturales y sanitarias.

De ahí, la necesidad de que el aparato gubernamental se replantee la responsabilidad que tiene frente a las personas con discapacidad. Si bien es cierto, que algunas instituciones han establecido programas de apoyo para este sector, otras han mantenido distancia a las necesidades específicas de este tema. Por otra parte, las exigencias burocráticas han complicado y entorpecido la relación entre las instituciones y las y los beneficiados. Pues los requisitos plantean un escenario ajeno a la realidad que viven las personas con discapacidad, lo que ha frenado experiencias reales de desa-rrollo integral.

En adición, para acceder a estos beneficios se toma en cuenta el Índice de Desarrollo Humano (IDH) establecido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El cual tiene como limitación importante, no contar con estadísticas del PIB per cápita para esta unidad de análisis geográfico y para la estimación de los IDH por municipio. De manera que, si una persona con discapacidad vive en un estado con IDH elevado, independientemente de que viva en condiciones de pobreza, esta persona no tiene posibilidades de acceso al programa.

Es fundamental que los programas destinados a la atención de las personas con discapacidad sean flexibilizados con la reducción de los requisitos que se establecen en las reglas de operación definidas por diversas secretarías de estado (Sagarpa, Sedesol, Fonaes, DIF, entre otros). Sólo así, se contribuirá a eliminar las barreras que éstas encuentran a diario, debido a una sociedad carente de una educación adecuada para tratarlas.

Por ello, demandamos a los titulares de la Administración Pública Federal coordinar esfuerzos de vinculación con la sociedad civil para adecuar las reglas de operación de los programas ya existentes, o en su caso, generen acciones afirmativas como medidas compensatorias, acompañadas de recursos económicos, que garanticen la no discriminación y la inclusión de las personas con discapacidad, independientemente del lugar en donde vivan. Sólo así, se brindará a éstas la posibilidad de desarrollar plenamente sus capacidades y su inserción plena en la comunidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente

Único. Se solicita a las dependencias gubernamentales que manejan programas de apoyo a discapacitados flexibilicen las reglas de operación de los mismos, y las que no los contemplen, los establezcan en su próximo programa operativo, con el propósito de beneficiar a un mayor número de integrantes de esta población.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

MINA DE COBRE MEXICANA DE CANANEA, SONORA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra hasta por tres minutos el diputado Carlos Samuel Moreno Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo, relativo al retiro de la concesión de la mina de cobre Mexicana de Cananea a la empresa Minera México, SA de CV, subsidiaria del Grupo México.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, después de más de 2 años de huelga en la mina de cobre Mexicana de Cananea, los 35 mil habitantes del lugar viven una situación socialmente dramática, que rebasa el conflicto jurídico motivado por la huelga y amenaza seriamente la convivencia armónica en esta ciudad; no sólo para Sonora, sino para todo el país.

Por todos es conocido que la actividad minera es el motor de la economía del municipio y de la región, con un impacto muy importante en la actividad minera nacional.

Ahí se concentra el 12 por ciento de la producción minera del país, el 46 por ciento de la producción nacional de cobre y una derrama económica estimada en 150 millones de pesos mensuales, de acuerdo con datos de las autoridades laborales.

Ante el largo periodo de paro en su principal fuente de actividad económica, los habitantes de Cananea, que por más de un siglo han contribuido al desarrollo de la industria minera del país, viven hoy una crisis que, si no se resuelve a la mayor brevedad, puede llevar a un estallido social.

Ésta no es una afirmación exagerada. La economía de Cananea se ha ido a pique, cierre de comercios, pérdida de empleos en otras áreas asociadas a la actividad minera en una amplia región del estado, migración de jóvenes, deserción escolar y cierre de escuelas.

Son éstos sólo algunos de los elementos que se han ido acumulando hasta llegar hoy al extremo de la suspensión de los servicios de gas, de agua y de energía eléctrica, los más elementales para la vida cotidiana de la población.

Los mineros y sus familias, es decir, gran parte de la población en la localidad, se han quedado sin servicios médicos por el cierre del hospital que antes los atendía.

La inactividad, el abandono y la crisis generalizada han traído como consecuencia el incremento de la inseguridad en el municipio.

El gas, que por más de 70 años se ha distribuido por tubería subterránea en la localidad, mucho antes de que se empezara a hacer en las zonas urbanas del país, ahora se ha cancelado y se intenta sustituir en los hogares con tanques de gas LP, lo que representa un retroceso en sus sistema de vida. Si falta el agua, el gas y la luz, se están tocando extremos indeseables que propician una justificada irritación social.

Se equivocaría quien piense que se trata de un problema local, sin repercusiones en la vida nacional. Hay suficiente evidencia histórica que muestra lo contrario. Cananea es un asunto de interés nacional y así debe de ser abordado. Ningún interés particular o de grupo puede estar por encima del interés nacional.

Por su parte, la Ley Minera dispone en su artículo 55, fracción XIII, como una de las causales por las que se puede cancelar una concesión, la de perder la capacidad para ser titular de concesiones, como parece ser el caso de la empresa titular de la concesión de la mina de cobre de Mexicana de Cananea.

Por tal razón, resulta procedente exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Economía para que proceda al retiro de la concesión de la mina de cobre Mexicana de Cananea, a la empresa Minera México, SA de CV, subsidiaria del Grupo México, ante la incapacidad manifiesta de sostener la titularidad de la concesión, en perjuicio de los habitantes de Cananea y de la industria minera del país.

Estimamos que, de igual forma, debemos exhortar al Ejecutivo para que esta decisión se acompañe por un programa emergente de reactivación económica de la región.

Asimismo, es indispensable que se aplace el actual programa de conversión de gas que se está llevando a cabo, ya que significa un gran retroceso para la población, en vez de ser una solución al problema.

Para Cananea es tiempo de definiciones, de acciones concretas, de posturas que representen una modificación al estatus de inmovilidad que hoy prevalece. Ya se ha gastado mucho tiempo en litigios y estudios al respecto. No más, señores. Lo que se requiere es una decisión ejecutiva y quien puede accionarla es el titular de ese poder de la Unión.

Finalmente, compañeros y compañeras, los grandes males requieren grandes remedios y es necesaria una firma decisión política para actuar en beneficio de México y de la mayoría de sus ciudadanos. Es por eso que propongo a esta asamblea la aprobación, con carácter de urgente u obvia resolución, de la presente proposición con punto de acuerdo.

Señor presidente, con fundamento en el artículo 148 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar que sea sometida al pleno en votación nominal, tal como lo establece la citada disposición normativa, acompañada de mis compañeros diputados.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al retiro de la concesión de la mina de cobre Mexicana de Cananea a Minera México, SA de CV, subsidiaria de Grupo México, a cargo del diputado Carlos Samuel Moreno Terán , del Grupo Parlamentario del PVEM

El diputado Carlos Samuel Moreno Terán , integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente

Hace apenas tres años los habitantes de Cananea celebraron el centenario del movimiento de huelga que en 1906 fue uno de los precursores de la Revolución Mexicana de 1910.

Hoy, después de más de dos años de huelga en la Mina de Cobre Mexicana de Cananea, los 35 mil habitantes del lugar viven en una situación socialmente dramática, que rebasa el conflicto jurídico motivado por la huelga, y amenaza seriamente la convivencia armónica en esa ciudad emblemática, no sólo para Sonora, sino para todo el país.

Por eso vengo a esta tribuna a hacerme eco, una vez más, de la voz de los habitantes de Cananea, para no dejarlos solos ante la crisis que enfrentan.

Para todos es conocido que la minería es el motor de la economía del municipio y de la región, con una influencia muy importante en la actividad minera nacional: Ahí se concentra el 12 por ciento de la producción minera del país; el 46 por ciento de la producción de cobre y una derrama económica estimada en 150 millones de pesos mensuales, de acuerdo con datos de las autoridades laborales. ¹

Ante el largo periodo de paro en su principal fuente de actividad económica, directa e indirecta, los habitantes de Cananea, que por más de un siglo han contribuido al desa-rrollo de la industria minera del país, viven hoy una crisis que si no se resuelve a la mayor brevedad, puede llevar a un estallido social. Esta no es una afirmación exagerada.

En estos poco más de dos años, la economía de Cananea se ha ido a pique: cierre de comercios; pérdida de empleos en otras áreas asociadas a la actividad minera en una amplia región del estado; migración de hombres y mujeres jóvenes; deserción escolar y cierre de escuelas, son sólo algunos de los elementos que se han ido acumulando hasta llegar hoy al extremo de la suspensión de los servicios de gas, de agua y de energía eléctrica, los más elementales para la vida cotidiana de la población. Los mineros y sus familias, es decir, gran parte de la población en la localidad se han quedado sin servicios médicos, por el cierre de la clínica que antes los atendía.

La inactividad, el abandono y la crisis generalizada han traído como consecuencia el incremento de la inseguridad en el municipio.

El ayuntamiento sufre una crisis financiera que lo ha llevado a no pagar a la Comisión Federal de Electricidad el consumo de energía para operar los pozos de agua potable, con lo que el servicio se dejó de ofrecer a un gran número de hogares, constituyendo un círculo vicioso que está llevando al colapso a Cananea.

El gas, que por 70 años se ha distribuido por tubería subterránea en la localidad --mucho antes de que se empezara a hacer en las zonas urbanas del país-- ahora se ha cancelado y se intenta sustituirlo en los hogares con tanques de gas LP, a lo que la gran mayoría de la población no está acostumbrada y representa un retroceso en su sistema de vida.

Si falta el agua, el gas y la luz, se están tocando extremos indeseables que propician una justificada irritación social.

El gobierno federal no puede dejar correr más tiempo para entrar a una solución de fondo al problema de Cananea, pues el deterioro a que ha llegado la situación está erosionando aceleradamente el tejido social, amenazando la convivencia armónica de los sonorenses, así como la cohesión social del país, en momentos de crisis económica. Se equivocaría quien piense que se trata de un problema local, sin repercusiones en la vida nacional. Hay suficiente evidencia histórica que muestra lo contrario.

Cananea es un asunto de interés nacional y así debe ser abordado. Ningún interés, particular o de grupo, puede estar por encima del interés nacional, ni una población histórica puede ser rehén de interminables litigios que han puesto en riesgo su propia sobrevivencia.

No podemos olvidar que los recursos minerales son propiedad de la nación y que el Estado Mexicano es responsable del aprovechamiento de las riquezas del subsuelo, cuya explotación en el caso de la minería es concesionada a particulares, tal como lo marca la Constitución General de la República.

El artículo 27 de nuestra carta magna señala con nitidez que el dominio de la nación sobre sus recursos, entre ellos los del subsuelo, es inalienable e imprescriptible e, incluso, que ``la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.'' Si esto es así para la propiedad privada, con mayor razón debe aplicarse el interés público para el caso de la explotación concesionada de recursos propiedad de la nación.

La propia Ley Minera establece, en el artículo 55, las causales por las que puede cancelarse una concesión, entre ellas señala, en la fracción XIII (decimotercera): ``perder la capacidad para ser titular de concesiones'', como parece ser el caso de la empresa titular de la concesión de la mina de cobre Mexicana de Cananea.

Esta decisión del Ejecutivo debe ser acompañada por un programa emergente de reactivación económica de la región, que incluya, por supuesto, el suministro de los servicios indispensables para la vida de la población, particularmente el servicio de gas que la empresa ha dejado de suministrar, como lo hizo durante 70 años. Es indispensable que se aplace el actual programa de reconversión de gas que se intenta aplicar, ya que significa un gran retroceso para la población, en vez de ser una solución real del problema. La gente de Cananea se ha ganado el derecho de aprovechar un recurso del subsuelo, que no es de la empresa concesionaria, sino propiedad de la nación.

Lo que está pasando en Cananea debe servir de experiencia y ser considerado en el planteamiento que se haga para una reforma laboral, realmente integral, que concilie los derechos de los trabajadores con los de una comunidad que, como Cananea, tiene en la explotación de esa fuente de recursos, su sustento y forma de vida.

Los grandes males requieren grandes remedios y es necesaria una firme decisión política para actuar en beneficio de México y de la mayoría de sus ciudadanos. Por eso propongo a esta asamblea la aprobación, con carácter de urgente y obvia resolución, de la presente proposición con punto de acuerdo.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia, la siguiente proposición con

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Economía para que proceda a retirar de la concesión de la mina de cobre Mexicana de Cananea a la empresa Minera México, SA de CV, subsidiaria del Grupo México, ante la incapacidad manifiesta de sostener la titularidad de la concesión, en perjuicio de los habitantes de Cananea y de la industria minera del país; asimismo, para que dicha dependencia promueva un programa especial de reactivación económica integral para el municipio y región de Cananea, Sonora, que incluya la garantía de dotación de servicios básicos a los habitantes de dicha ciudad.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir al secretario de Gobernación, licenciado Fernando Gómez Mont, para que se aplace el programa de conversión de gas natural a gas LP que se lleva a cabo actualmente en Cananea, Sonora.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado.

En virtud de que fue solicitado como urgente resolución y hay solicitud expresa para que sea en votación nominal, lo que es aplicable en estos casos es una votación económica. Para efecto de poder tener claridad en ese sentido, le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si lo sometemos a votación nominal. Dígame usted, diputado.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Proceda la Secretaría leer el artículo 148 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Artículo 148. Las votaciones serán precisamente nominales: primero, cuando se pregunte si ha o no lugar a aprobar algún proyecto de ley en lo general; segundo, cuando se pregunte si se aprueba o no cada artículo de los que compongan el indicado proyecto o cada proposición de las que formen el artículo, y tercero, cuando lo pida un individuo de la propia Cámara y sea apoyado por otros cinco. También serán nominales en el caso del artículo 152.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor secretario. La solicitud presentada por el diputado Carlos Samuel Moreno Teránestá siendo apoyada por cinco diputados. Por tanto, en los términos del artículo 148, proceda la Secretaría a levantar la votación nominal para que determine si es de urgente resolución el tema que nos ocupa. Sí, diputado.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Respecto al primero, diputado, no lo tenemos aún implementado. Se están concluyendo los procedimientos, por lo cual no lo podríamos utilizar. Y en su segunda pregunta, se están utilizando los sistemas de llamado a todos los diputados para que estén presentes en sus curules.

El diputado Javier Corral Jurado (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Corral, está solicitando el uso de la palabra. ¿Con qué objeto, señor diputado?

Yo propondría, y no creo que haya imposibilidad de que la Mesa se cerciore de las dos terceras partes que el reglamento requiere para aprobar un trámite de obvia o urgente resolución, que lo pudiéramos hacer en votación económica, y si existiera realmente una votación tan empatada, entonces bueno, fuéramos a la votación nominal.

Pero si ello es evidentemente, que lo pudiéramos hacer de forma económica, señor presidente. Es una respetuosa proposición a la Mesa Directiva; para ahorrar tiempo, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le agradecemos, diputado. Solamente que tenemos nosotros, la Mesa, como tenemos disposición expresa en el 148, tenemos que atenderlo...

El diputado Carlos Samuel Moreno Terán (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ...pero estaremos atentos al comentario que nos realice el promovente, en este caso es el diputado Carlos Samuel Moreno Terán, que quiere hacer uso de la palabra. Adelante, diputado.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Bien. Por favor, la Secretaría que proceda de inmediato a ir tomando la votación nominal desde la propia curul, que se vaya manifestando el sentido de la votación.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Vamos a proceder a levantar la votación por instrucciones de la Presidencia, solicitándoles a las señoras legisladoras y a los señores legisladores, nos hagan favor de levantarse y decir su nombre completo, por favor, para efectos de que la gente de Registro Parlamentario pueda ir levantando el sentido de esta votación.

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa será quien levante la votación de las diputadas y los diputados que estén por la negativa. El de la voz, por las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, empezando por el lado derecho.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Primeramente, señor secretario, les pediríamos a todas las señoras diputadas y a todos los señores diputados, por favor, tomen su lugar para efecto de que tengamos claridad en la manera de tomar la votación, iniciando por el lado derecho de esta sala de sesiones, para que podamos ir teniendo orden.

Les pedimos a todas las diputadas y a todos los diputados tomen su lugar en sus asientos para poder tomar la votación. Recuerden que la votación es si se considera este tema de urgente resolución, si esta proposición se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Iniciamos, diputado.

El diputado Gumercindo Castellanos Flores (desde la curul): El sentido de mi voto es en contra.

El diputado Juan José Cuevas García (desde la curul): En contra.

El diputado Alberto Esquer Gutiérrez (desde la curul): En contra.

El diputado José Ignacio Seara Sierra (desde la curul): En contra.

La diputada Yolanda del Carmen Montalvo López (desde la curul): En contra.

La diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata (desde la curul): En contra.

La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (desde la curul): En contra.

La diputada María Yolanda Valencia Vales (desde la curul): En contra.

El diputado Daniel Gabriel Avila Ruiz (desde la curul): Por la negativa.

El diputado Ricardo Sánchez Gálvez (desde la curul): Por la negativa.

El diputado Benigno Quezada Naranjo (desde la curul): En contra.

El diputado Agustín Torres Ibarrola (desde la curul): En contra.

El diputado Alfonso Jesús Martínez Alcázar (desde la curul): En contra.

La diputada Yolanda de la Torre Valdez (desde la curul): En contra.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota (desde la curul): A favor.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho (desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Armando Meza Castro (desde la curul): A favor.

El diputado Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor (desde la curul): A favor.

El diputado Gustavo González Hernández (desde la curul): En contra.

El diputado José Luis Iñiguez Gámez (desde la curul): En contra.

El diputado César Octavio Madrigal Díaz (desde la curul): En contra.

El diputado Guadalupe Eduardo Robles Medina (desde la curul): En contra.

El diputado Javier Corral Jurado (desde la curul): No.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes (desde la curul): En contra.

La diputada Guadalupe Valenzuela Cabrales (desde la curul): En contra.

El diputado Pablo Rodríguez Regordosa (desde la curul): En contra.

La diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (desde la curul): No.

La diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (desde la curul): En contra.

El diputado José Manuel Hinojosa Pérez (desde la curul): En contra.

El diputado Sergio Arturo Torres Santos (desde la curul): En contra.

La diputada Laura Margarita Suárez González (desde la curul): En contra.

La diputada Hilda Esthela Flores Escalera (desde la curul): En contra.

El diputado Héctor Fernández Aguirre (desde la curul): En contra.

El diputado Melchor Sánchez de la Fuente (desde la curul): En contra.

El diputado Ramón Jiménez Fuentes (desde la curul): A favor.

El diputado Balfre Vargas Cortez (desde la curul: A favor.

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja (desde la curul): A favor.

El diputado José M. Torres Robledo (desde la curul): A favor.

El diputado José María Valencia Barajas (desde la curul): A favor.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Luis Meillón Johnston (desde la curul): Por la negativa.

La diputada María Joann Novoa Mossberger (desde la curul): En contra.

El diputado Gregorio Hurtado Leija (desde la curul): No.

El diputado Francisco Javier Orduño Valdez (desde la curul) En contra.

El diputado Juan Huerta Montero (desde la curul): No.

La diputada María Elena Pérez de Tejada Romero (desde la curul): En contra.

EL diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila (desde la curul): No.

La diputada María Dolores del Río Sánchez (desde la curul): En contra.

El diputado Leonardo Arturo Guillén Medina (desde la curul): En contra.

El diputado Marcos Pérez Esquer (desde la curul): En contra.

El diputado Enrique Torres Delgado (desde la curul): No.

La diputada Dora Evelyn Trigueras Durón (desde la curul): En contra.

La diputada María del Pilar Torre Canales (desde la curul): En contra, para que se turne a comisión para su debido análisis.

El diputado Héctor Franco López (desde la curul): No.

El diputado Francisco Saracho Navarro (desde la curul): No.

El diputado Miguel Angel Riquelme Solís (desde la curul): No.

El diputado Hugo Héctor Martínez González (desde la curul): No.

El diputado Gerardo Leyva Hernández (desde la curul): A favor.

El diputado Sergio Ernesto Gutiérrez Villanueva (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Carlos López Fernández (desde la curul): A favor.

El diputado Martín García Avilés (desde la curul): A favor.

El diputado Emiliano Velázquez Esquivel (desde la curul): A favor.

La diputada María Guadalupe Silerio Núñez (desde la curul): A favor.

La diputada Esthela Damián Peralta (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos (desde la curul): A favor.

El diputado Felipe de Jesús Rangel Vargas (desde la curul): En contra.

El diputado Ignacio Téllez González (desde la curul): En contra.

El diputado Arturo García Portillo (desde la curul): No.

El diputado Baltazar Martínez Montemayor (desde la curul): No.

El diputado Julio Castellanos Ramírez (desde la curul): No.

El diputado Roberto Gil Zuarth (desde la curul): En contra.

El diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (desde la curul): En contra.

El diputado Carlos Bello Otero (desde la curul): En contra.

El diputado Sergio Octavio Germán Olivares (desde la curul): No.

El diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez (desde la curul): En contra.

El diputado Roberto Pérez de Alva Blanco (desde la curul): No.

La diputada Elsa María Martínez Peña (desde la curul): En contra.

La diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso (desde la curul: En contra. Que se turne a comisiones para su debido análisis.

El diputado Reyes S. Tamez Guerra (desde la curul): En contra.

El diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas (desde la curul): En contra.

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (desde la curul): En contra.

El diputado Rolando Bojórquez Gutiérrez (desde la curul): En contra.

El diputado Germán Contreras García (desde la curul): No.

El diputado Tereso Medina Ramírez (desde la curul): No.

La diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz (desde la curul): Sí.

El diputado Arturo Santana Alfaro (desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Jaime Correa (desde la curul): A favor.

El diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (desde la curul): A favor.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Claro que a favor.

La diputada Leticia Robles Colín (desde la curul): A favor.

El diputado Pedro Vázquez González (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): A favor.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (desde la curul): A favor.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): A favor.

La diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández (desde la curul): A favor.

El diputado José Manuel Marroquín Toledo (desde la curul): En contra.

El diputado Ovidio Cortázar Ramos (desde la curul): En contra.

El diputado Carlos Martínez Martínez (desde la curul): En contra.

El diputado Jesús Giles Sánchez (desde la curul): En contra.

La diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz (desde la curul): En contra.

El diputado Jesús Ramírez Rangel (desde la curul): En contra.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): En contra.

La diputada Gloria Romero León (desde la curul): En contra.

La diputada Gabriela Cuevas Barrón (desde la curul): En contra.

La diputada Paz Gutiérrez Cortina (desde la curul): En contra.

El diputado César Daniel González Madruga (desde la curul): En contra.

La diputada Silvia Esther Pérez Ceballos (desde la curul): En contra.

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo (desde la curul): En contra.

El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín (desde la curul): En contra.

El diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez (desde la curul): En contra.

El diputado Rolando Zubia Rivera (desde la curul): En contra.

El diputado Miguel Angel García Granados (desde la curul): En contra.

El diputado Aarón Irízar López (desde la curul): En contra.

El diputado Oscar Javier Lara Aréchiga (desde la curul): En contra.

La diputada Mary Telma Guajardo Villarreal (desde la curul): A favor.

El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (desde la curul): A favor.

La diputada Leticia Quezada Contreras (desde la curul): A favor.

La diputada Florentina Rosario Morales (desde la curul): A favor.

El diputado Rigoberto Salgado Vázquez (desde la curul): A favor.

El diputado Avelino Méndez Rangel (desde la curul): A favor.

El diputado César Francisco Burelo Burelo (desde la curul): A favor.

El diputado Rodolfo Lara Lagunas (desde la curul): A favor.

El diputado Camilo Ramírez Puente (desde la curul): En contra.

El diputado Víctor Alejandro Balderas Vaquera (desde la curul): En contra.

El diputado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (desde la curul): En contra.

La diputada Adriana Fuentes Cortés (desde la curul): En contra.

El diputado Miguel Martínez Peñaloza (desde la curul): En contra.

La diputada María Sandra Ugalde Basaldua (desde la curul): En contra.

La diputada María Marcela Torres Peimbert (desde la curul): En contra.

La diputada María Felicitas Parra Becerra (desde la curul): En contra.

La diputada Tomasa Vives Preciado (desde la curul): En contra.

El diputado Sergio Gama Dufour (desde la curul): En contra.

El diputado Rafael Pacchiano Alamán (desde la curul): A favor.

La diputada María del Rosario Brindis Alvarez (desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): No.

El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar (desde la curul): No.

El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida (desde la curul): No.

El diputado Andrés Massieu Fernández (desde la curul): En contra.

El diputado José Ramón Martel López (desde la curul). No.

El diputado Raúl Domínguez Rex (desde la curul): No.

El diputado Eduardo Mendoza Arellano (desde la curul): A favor.

La diputada Ana Luz Lobato Ramírez (desde la curul): A favor.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul): A favor.

El diputado Domingo Rodríguez Martell (desde la curul): A favor.

La diputada Martha Angélica Bernardino Rojas (desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Torres Piña (desde la curul): A favor.

La diputada Martha Elena García Gómez (desde la curul): A favor.

El diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez (desde la curul). A favor.

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo (desde la curul): No.

La diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz (desde la curul): No.

El diputado Adolfo Rojo Montoya (desde la curul): No.

La diputada Ana Elia Paredes Arciga (desde la curul): En contra.

El diputado Oscar Saúl Castillo Andrade (desde la curul): Por la negativa.

El diputado Leandro Rafael García Bringas (desde la curul): No.

El diputado Miguel Martín López (desde la curul): No.

El diputado José Antonio Arámbula López (desde la curul): En contra.

El diputado Raúl Gerardo Cuadra García (desde la curul): En contra.

La diputada Nancy González Ulloa (desde la curul): En contra.

La diputada María de Lourdes Reynoso Femat (desde la curul): En contra.

La diputada Kenia López Rabadán (desde la curul): En contra

El diputado César Octavio Pedroza Gaitán (desde la curul): En contra.

La diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza (desde la curul): En contra.

El diputado Enrique Octavio Trejo Azuara (desde la curul): En contra.

El diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (desde la curul): A favor.

La diputada Rosalina Mazari Espín (desde la curul): No.

El diputado Emilio Chuayffet Chemor (desde la curul): No.

El diputado Héctor Guevara Ramírez (desde la curul): No.

El diputado Héctor Eduardo Velasco Monroy (desde la curul): En contra de la urgente resolución.

El diputado Sergio Mancilla Zayas (desde la curul): No.

El diputado Sergio Fausto Saldaña del Moral (desde la curul): No.

La diputada Sandra Méndez Hernández (desde la curul): No.

El diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (desde la curul): No.

El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez (desde la curul): No por la urgente resolución.

El diputado Noé Martín Vázquez Pérez (desde la curul): En contra de la urgente resolución.

El diputado Jorge Herrera Caldera (desde la curul): No.

La diputada María Guadalupe García Almanza (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Felipe Eguía Pérez (desde la curul): A favor.

El diputado Ramón Jiménez López (desde la curul): A favor.

La diputada Laura Piña Olmedo (desde la curul): A favor.

El diputado Rubén Arellano Rodríguez (desde la curul): No.

La diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa (desde la curul): No.

El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (desde la curul): No.

La diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (desde la curul): No.

La diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena (desde la curul): No.

El diputado José Gerardo de los Cobos Silva (desde la curul): No.

La diputada Silvia Isabel Monge Villalobos (desde la curul): No.

El diputado Bernardo Margarito Téllez Suárez (desde la curul): En contra.

La diputada Rosi Orozco (desde la curul): En contra.

El diputado Sergio González Hernández (desde la curul): No.

La diputada Oralia López Hernández (desde la curul): No.

La diputada María Elena Perla López Loyo (desde la curul): En contra.

El diputado Cruz López Aguilar (desde la curul): En contra de la urgente resolución.

El diputado Edgardo Melhem Salinas (desde la curul): En contra.

El diputado José Francisco Rábago Castillo (desde la curul): En contra.

La diputada Norma Leticia Orozco Torres (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Carlos Natale López (desde la curul): A favor.

La diputada Adriana Sarur Torre (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (desde la curul): En contra.

El diputado Humberto Lepe Lepe (desde la curul): En contra.

El diputado Oscar Guillermo Levin Coppel (desde la curul): Por la negativa.

El diputado Luis Videgaray Caso (desde la curul): No.

El diputado Roberto Rebollo Vivero (desde la curul): No.

El diputado Felipe Borja Texocotitla (desde la curul): No.

El diputado Josué Cirino Valdés Huezo (desde la curul): No.

El diputado Amador Monroy Estrada (desde la curul): Contra la urgente resolución.

El diputado David Ricardo Sánchez Guevara (desde la curul): En contra de la urgente resolución.

El diputado Pedro Jiménez León (desde la curul): A favor, porque el país está cansado de demasiada lentitud.

El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): A favor.

La diputada Indira Vizcaíno Silva (desde la curul): A favor.

La diputada Bélgica Nabil Carmona Cabrera (desde la curul): A favor.

El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera (desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Hugo Círigo Vasquez (desde la curul): A favor.

El diputado Ramón Merino Loo (desde la curul): Negativo.

El diputado Tomás Gutiérrez Ramírez (desde la curul): No.

El diputado Jaime Oliva Ramírez (desde la curul): No.

El diputado Juan de Jesús Pascualli Gómez (desde la curul): No.

El diputado Julio Saldaña Morán (desde la curul): Por la negativa.

El diputado Oscar Martín Arce Paniagua (desde la curul): No.

El diputado Francisco Javier Martín Gil Ortiz (desde la curul): En contra.

El diputado Jesús Everardo Villarreal Salinas (desde la curul): En contra.

La diputada Cristabell Zamora Cabrera (desde la curul): No.

La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (desde la curul): No.

El diputado Liborio Vidal Aguilar (desde la curul): Afirmativa.

El diputado Carlos Samuel Moreno Terán (desde la curul): Por Sonora y por Cananea, por supuesto que sí.

El diputado Juan José Guerra Abud (desde la curul): A favor.

El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): A favor.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez (desde la curul): No.

El diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (desde la curul): No.

El diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (desde la curul): No.

El diputado Sami David David (desde la curul): Por la negativa.

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (desde la curul): No.

El diputado José Ignacio Pichardo Lechuga (desde la curul): No.

El diputado Héctor Hernández Silva (desde la curul): No.

El diputado Miguel Angel Terrón Mendoza (desde la curul): No

El diputado Germán Osvaldo Cortez Sandoval (desde la curul): No.

El diputado Rodrigo Reina Liceaga (desde la curul): En contra de urgente resolución.

El diputado Héctor Pedroza Jiménez (desde la curul): No.

El diputado Omar Rodríguez Cisneros (desde la curul): No.

El diputado José Alfredo Torres Huitrón (desde la curul): En contra.

El diputado José Luis Velasco Lino (desde la curul): No.

El diputado Fernando Ferreyra Olivares (desde la curul): No.

La diputada Guillermina Casique Vences (desde la curul): No.

La diputada Lizbeth García Coronado (desde la curul): A favor.

El diputado Filemón Navarro Aguilar (desde la curul): A favor.

La diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (desde la curul): No.

El diputado Martín Rico Jiménez (desde la curul): No.

La diputada Norma Sánchez Romero (desde la curul): No.

El diputado J. Guadalupe Vera Hernández (desde la curul): No.

El diputado Sixto Alfonso Zetina Soto (desde la curul): No.

La diputada Laura Elena Estrada Rodríguez (desde la curul): No.

El diputado Bonifacio Herrera Rivera (desde la curul): No.

La diputada Guadalupe Pérez Domínguez (desde la curul): Por el no.

El diputado Maurilio Ochoa Millán (desde la curul): Por la negativa.

El diputado Manuel Guillermo Márquez Lizalde (desde la curul): Por la negativa.

El diputado José Alberto González Morales (desde la curul): No.

El diputado Ardelio Vargas Fosado (desde la curul): No.

La diputada María del Carmen Izaguirre Francos (desde la curul): No.

El diputado José Oscar Aguilar González (desde la curul): No.

El diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla (desde la curul): No.

El diputado Alejandro Carabias Icaza (desde la curul): A favor.

El diputado Diego Guerrero Rubio (desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): En contra de la urgente resolución.

El diputado Carlos Flores Rico (desde la curul): No.

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (desde la curul): No.

El diputado Alejandro Canek Vázquez Góngora (desde la curul): A favor.

La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu (desde la curul): No.

El diputado Manuel Humberto Cota Jiménez (desde la curul): Por la negativa.

El diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (desde la curul): En contra.

El diputado Francisco Herrera Jiménez (desde la curul): En contra de la urgente resolución.

El diputado Genaro Mejía de la Merced (desde la curul): En contra de la urgente resolución.

La diputada Jeny de los Reyes Aguilar (desde la curul): En contra.

La diputada Yulma Rocha Aguilar (desde la curul): No.

El diputado Sabino Bautista Concepción (desde la curul): En contra.

La diputada Sara Gabriela Montiel Solís (desde la curul): En contra.

El diputado Federico Ovalle Vaquera (desde la curul): A favor.

El diputado Guillermo José Zavaleta Rojas (desde la curul): En contra.

El diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid (desde la curul): En contra.

El diputado José Luis Ovando Patrón (desde la curul): En contra.

El diputado Sergio Tolento Hernández (desde la curul): En contra.

El diputado Carlos Cruz Mendoza (desde la curul): En contra.

La diputada Hilda Ceballos Llerenas (desde la curul): En contra.

El diputado Jorge Venustiano González Ilescas (desde la curul): En contra.

El diputado Jaime Flores Castañeda (desde la curul): No.

El diputado Alejandro Cano Ricaud (desde la curul): No.

El diputado Luis Carlos Campos Villegas (desde la curul): No.

El diputado Sergio Lobato García (desde la curul): En contra.

El diputado Eviel Pérez Magaña (desde la curul): En contra.

La diputada María Isabel Merlo Talavera (desde la curul): Por un no a la urgente resolución.

La diputad Janet Graciela González Tostado (desde la curul): En contra de la urgente resolución.

El diputado Juan Pablo Jiménez Concha (desde la curul): No.

El diputado Francisco Ramos Montaño (desde la curul): En contra.

El diputado Leobardo Soto Martínez (desde la curul): No.

El diputado Onésimo Mariscales Delgadillo (desde la curul): Por Cananea y por su gente adelante.

El diputado Ernesto de Lucas Hopkins (desde la curul): Por supuesto que sí.

El diputado José Luis Marcos León Perea (desde la curul): A favor.

El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella (desde la curul): Sí.

El diputado Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh (desde la curul): Sí.

El diputado Jesús Alberto Cano Vélez (desde la curul): Sí.

La diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas (desde la curul): No.

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (desde la curul): No.

El diputado José Tomás Carrillo Sánchez (desde la curul): En contra de la urgente resolución.

La diputada Luz Carolina Gudiño Corro (desde la curul): En contra.

El diputado José Francisco Yunes Zorrilla (desde la curul): En contra de la urgencia resolución.

La diputada María Isabel Pérez Santos (desde la curul): En contra.

El diputado Uriel López Paredes (desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro (desde la curul): En contra de la urgente resolución.

El diputado Oscar Román Rosas González (desde la curul): En contra de la urgente resolución.

El diputado Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (desde la curul): En contra de la urgente resolución.

El diputado Carlos Manuel Joaquín González (desde la curul): En contra.

El diputado Roberto Borge Angulo (desde la curul): En contra de la urgente resolución.

La diputada Rosario Ortiz Yeladaqui (desde la curul): En contra.

El diputado Miguel Antonio Osuna Millán (desde la curul): En contra.

El diputado César Mancillas Amador (desde la curul): En contra.

La diputada Margarita Gallegos Soto (desde la curul): En contra.

El diputado David Hernández Vallín (desde la curul): En contra.

El diputado Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín (desde la curul): En contra

El diputado José Antonio Yglesias Arreola (desde la curul): En contra.

La diputada Margarita Liborio Arrazola (desde la curul): En contra.

El diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano (desde la curul): En contra.

El diputado Teófilo Manuel García Corpus (desde la curul): En contra.

El diputado Hernán de Jesús Orantes López (desde la curul): En contra.

El diputado Francisco Alberto Jiménez Merino (desde la curul): En contra.

La diputada Julieta Octavia Marín Torres (desde la curul): En contra.

La diputada Blanca Estela Jiménez Hernández (desde la curul): En contra de la urgente resolución.

El diputado Fernando Morales Martínez (desde la curul): En contra.

El diputado Martín Enrique Castillo Ruz (desde la curul): No.

La diputada María Cristina Díaz Salazar (desde la curul): En contra.

La diputada Angélica del Rosario Araujo Lara (desde la curul): No.

El diputado Felipe Cervera Hernández (desde la curul): No.

El diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello (desde la curul): No.

La diputada Olivia Guillén Padilla (desde la curul): No.

La diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño (desde la curul): No.

La diputada Georgina Trujillo Zentella (desde la curul): No.

El diputado José Antonio Aysa Bernat (desde la curul): No.

El diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (desde la curul): No.

El diputado Salvador Manzur Díaz (desde la curul): En contra de la urgente resolución.

El diputado Fidel Kuri Grajales (desde la curul): A favor.

La diputada Judith Fabiola Vázquez Saut (desde la curul): No.

El diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo (desde la curul): En contra.

El diputado Jesús María Rodríguez Hernández (desde la curul): En contra.

El diputado Alfredo Francisco Lugo Oñate (desde la curul): En contra.

El diputado Reginaldo Rivera de la Torre (desde la curul): En contra.

La diputada Alicia Elizabeth Zamora Villalva (desde la curul): En contra.

El diputado Cuauhtémoc Salgado Romero (desde la curul): En contra.

El diputado Esteban Albarrán Mendoza (desde la curul): En contra de la urgente resolución.

El diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza (desde la curul): En contra.

El diputado Alejandro Bahena Flores (desde la curul): En contra.

La diputada Narcedalia Ramírez Pineda (desde la curul): En contra.

El diputado Heriberto Ambrosio Cipriano (desde la curul): En contra.

El diputado Emilio Andrés Mendoza Kaplan (desde la curul): En contra.

El diputado Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (desde la curul): En contra.

El diputado Rodolfo Torre Cantú (desde la curul): En contra.

El diputado Rogelio Cerda Pérez (desde la curul): En contra.

El diputado Felipe Enríquez Hernández (desde la curul): En contra.

El diputado Benjamín Clariond Reyes Retana (desde la curul): En contra.

El diputado Fermín Montes Cavazos (desde la curul): En contra.

El diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo (desde la curul): En contra.

La diputada Marcela Guerra Castillo (desde la curul): En contra.

El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal (desde la curul): En contra.

El diputado Arturo Zamora Jiménez (desde la curul): En contra.

La diputada Clara Gómez Caro (desde la curul): En contra.

La diputada Ana Estela Durán Rico (desde la curul): En contra.

El diputado José Trinidad Padilla López (desde la curul): No.

El diputado David Hernández Pérez (desde la curul): No.

El diputado Rafael Yerena Zambrano (desde la curul): No.

El diputado Jorge Arana Arana (desde la curul): En contra.

El diputado Salvador Caro Cabrera (desde la curul): Por la negativa.

El diputado Joel González Díaz (desde la curul): No.

El diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave (desde la curul): No.

El diputado Armando Jesús Báez Pinal (desde la curul): Por la negativa.

La diputada Elvia Hernández García (desde la curul): En contra.

El diputado Silvio Lagos Galindo (desde la curul): En contra de la urgente resolución.

El diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa (desde la curul): No.

El diputado Patricio Chirinos del Angel (desde la curul): En contra.

El diputado Luis Antonio Martínez Armengol (desde la curul): En contra de la urgente resolución.

El diputado Angel Aguirre Herrera (desde la curul): En contra.

El diputado Mario Moreno Arcos (desde la curul): No.

El diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández (desde la curul): En contra.

La diputada María Dina Herrera Soto (desde la curul): A favor.

El diputado Miguel Alvarez Santamaría (desde la curul): En contra.

El diputado Luis Alejandro Guevara Cobos (desde la curul): En contra.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: ¿Faltan algunos diputados de emitir su voto?

El diputado Ariel Gómez León (desde la curul): A favor.

El diputado Samuel Herrera Chávez (desde la curul): A favor.

El diputado Antonio Benítez Lucho (desde la curul): En contra.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva. El de la voz, diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar , en contra de la urgente resolución.

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: A favor.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: A favor del pueblo de Cananea.

El Vicepresidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A favor.

El Vicepresidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: En contra.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En contra.

Le pido a la Secretaría que nos dé los resultados de la votación.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Señor Presidente, le informo que votaron un total de 390 legisladores. En pro se registraron 85 legisladores; en contra, 305.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Por tanto, no se considera de urgente resolución, y se turna a la Comisión de Economía. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra hasta por tres minutos el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federaciónque realice una auditoría de desempeño al funcionamiento programático de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Compañeros diputados y compañeras diputadas, este proyecto de decreto con punto de acuerdo requiere una auditoría de desempeño al funcionamiento programático de la Ley Orgánica de la Administración Pública.

Sabemos por los medios de comunicación que hace algunas horas el Ejecutivo federal propuso una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, en donde pide la desaparición de tres secretarías de Estado: la Secretaría de la Función Pública, la de la Reforma Agraria y la de Turismo, y además propusieron previamente la fusión de la Lotería Nacional y de Pronósticos para la Asistencia Pública.

Yo creo, a reserva de conocer en detalle la iniciativa del Ejecutivo, que carecen de razones, que se trata, obviamente, de motivos puramente de coyuntura, que no hay razones de Estado, que para resolver los huecos de las finanzas públicas hay que acudir a otras vías, como ha propuesto nuestro grupo parlamentario, y que estas medidas, como el propio Carstens lo ha reconocido, van a afectar a la baja y a la mediana burocracia, pero no a la alta burocracia.

Todos sabemos, y aquí lo han sostenido distintos diputados, de diversos grupos parlamentarios, cómo durante los gobiernos del PAN, Calderón y Fox han aumentado exponencialmente la administración pública, se han creado más de 100 subsecretarías, más de mil direcciones generales adjuntas y una buena cantidad de oficinas homólogas a las anteriores.

Yo creo que ya se requiere, para analizar la administración pública de este país, una política seria, una política de Estado, una política profesional. Debemos preguntarnos, ¿cuál debe ser el tamaño que debe tener la administración pública, para que la administración pública federal sea eficiente, eficaz y económica?

Y yo creo que la vía solamente es a través de una auditoría de desempeño al funcionamiento programático de la Ley Orgánica de la Administración Pública.

¿Qué objetivos tendría esta auditoría de desempeño? Tendría seis objetivos: de eficacia, para medir si las actuales estructuras orgánicas de la administración pública cumplen con las obligaciones legales y constitucionales; de eficiencia, para sabe si se cuenta con los recursos necesarios y óptimos para alcanzar esos fines legales; de economía, para determinar si el costo de la burocracia es el adecuado; de calidad de servicio, para conocer si la administración pública actúa con transparencia y permite la participación social; un análisis también de la relación ciudadano-usuario, para saber qué tanto representa la administración pública al ciudadano; y finalmente, de competencia, si los servicios públicos que presta la administración pública federal han sido bien diseñados y operan adecuadamente.

En síntesis, desde nuestro punto de vista y antes de la iniciativa que presentó Calderón en el Senado, lo que se requiere es una auditoría de desempeño realizada por la Auditoría Superior de la Federación para recortar la obesidad en la administración pública federal y tengamos la administración pública que el siglo XXI requiere. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que realice una auditoría de desempeño al funcionamiento programático de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia , del Grupo Parlamentario del PT

Jaime Fernando Cárdenas Gracia , diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados como asunto de urgente y obvia resolución el proyecto de decreto con proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación una auditoría de desempeño al funcionamiento programático de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El titular del Poder Ejecutivo federal y, posteriormente, el secretario de Hacienda y Crédito Público anunciaron el 8 de septiembre de 2009 ``transformaciones mayores en la administración pública federal, lo que implica la desaparición de tres secretarías de Estado: las Secretarías de la Función Pública, de la Reforma Agraria, y de Turismo. Las funciones que han venido desempeñando serán absorbidas dentro del propio aparato gubernamental, generando ahorros significativos por la eliminación de duplicidades, por las sinergias que se obtendrán y por la desaparición de áreas administrativas o de insuficiente productividad. Asimismo, se considera fusionar la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y Pronósticos para la Asistencia. Estas medidas de cambio estructural permitirán obtener ahorros de hasta 6 mil 500 millones de pesos en 2010 y, una vez que concluya la reestructura, a partir de 2011 dichos ahorros regularizables podrían ascender a 8 mil millones de pesos''. ¹

Felipe Calderón y el secretario de Hacienda, en sus intervenciones públicas, jamás han explicado ni mucho menos justificado las razones de racionalidad, de administración pública o de Estado que animan la propuesta. Por el contexto de sus intervenciones, parece más bien una manera de resolver un problema de coyuntura para resolver los huecos en las finanzas públicas, a fin de reducir el gasto público sin ulteriores argumentos. Es verdad que esa medida de reducción del gasto público viene acompañada en el paquete fiscal con otras. Sin embargo, el gobierno federal nunca abunda de manera consistente y coherente en otras alternativas ellos ofrecidas. Exclusivamente, nos presentan una opción y no razonan sobre diversas posibles soluciones, tales como la supresión o derogación de privilegios de la alta burocracia en materia de pago de seguros de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizada o seguros de vida, así como otros privilegios que reciben algunos servidores públicos, que podrían generar mayores ahorros a los considerados con la supresión parcial de tres secretarías de Estado y la fusión de dos organismos descentralizados. Además, de paso, se podrían cumplir con objetivos de equidad y de justicia social nada desdeñables.

En México necesitamos decisiones que constituyan auténticas políticas públicas, que no miren a la coyuntura sino a largo plazo. Es muy probable que la administración pública centralizada y descentralizada en México, al igual que el resto de los poderes públicos, órganos constitucionales autónomos y órdenes de gobierno requieran ajustes, racionalidad y modernidad. El gobierno mexicano en su conjunto es muy obeso, poco racional, moderno, eficiente, profesional y eficaz.

Requerimos un análisis de fondo, serio, de Estado y no coyuntural para atender a problemas como los siguientes: cuál es el tamaño correcto de las estructuras gubernamentales, cuáles deben ser sus funciones para ser eficientes y eficaces, cómo podemos racionalizar y modernizar al gobierno y en la actualidad preguntarnos si las dependencias y entidades de la administración pública cumplen sus objetivos constitucionales y legales.

Todos sabemos, y las propias autoridades gubernamentales reconocen algunos de estos problemas, tales como el crecimiento desmesurado en los últimos nueve años de subsecretarías de Estado, direcciones generales y oficinas homólogas a las anteriores. Ese crecimiento ha impactado enormemente en el gasto corriente. Los excedentes del petróleo, cuando los tuvimos, sirvieron para atender la voracidad de esas estructuras administrativas. Todo ello con una concepción profundamente patrimonialista, sin visión de Estado, sin un servicio civil de carrera serio y profesional.

Nuestro país no se puede dar esos lujos; es preciso que adoptemos medidas estructurales, de largo aliento, que nos permitan tener la administración pública que efectivamente requieren los ciudadanos para proteger sus derechos fundamentales y que necesita el funcionamiento constitucional del Estado y no la administración pública que desea la alta burocracia sin justificación alguna.

Qué razones tienen Calderón o Carstens para desaparecer la Secretaría de Turismo cuando el turismo en uno de los pocos rubros que genera divisas en la economía nacional; qué razones hay para desaparecer la Secretaría de la Reforma Agraria, cuando esta dependencia ha sido durante décadas el árbitro de primera instancia de las disputas agrarias, ha proveído de paz social en el ámbito rural al país y más, cuando todavía ahora en el campo viven cerca de 30 millones de mexicanos; y qué propósito persiguen al de- saparecer la Secretaría de la Función Pública, será que ya no les interesa la modernización de la administración, su profesionalización o el control y fiscalización interno gubernamental. Las medidas anunciadas parecen ser tomadas al bote pronto, sin reflexión y análisis. Prueba de esto último es que ni siquiera se conoce una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Este proyecto de decreto con proposición con punto de acuerdo pretende que una institución respetable del Estado, como lo es la Auditoría Superior de la Federación, lleve a cabo una auditoría de desempeño al funcionamiento programático de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y nos diga cuál es el estado de la administración pública que tenemos y cuál es el que debería tener, a la luz del cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales y de los objetivos y fines de los programas que orientan el funcionamiento administrativo del gobierno federal.

Una auditoría de desempeño ``es una evaluación del quehacer público, en la que se miden la eficacia a través de resultados, con base en indicadores estratégicos y de impacto; la eficiencia, por medio de la fidelidad de la operación del programa y con apoyo en indicadores de gestión; la economía se mide por el costo de la política o programa público contra los resultados obtenidos. Además, la auditoría de desempeño comprueba el impacto de los resultados en la población objetivo a través de indicadores de calidad y de satisfacción del ciudadano.

Similares auditorías y estudios se requieren, como se dijo anteriormente, para el resto de los poderes públicos, órganos constitucionales autónomos y órdenes del gobierno. Sin embargo, es preciso comenzar por la administración pública federal, porque es la que consume el mayor presupuesto del país y es la que requiere de atención inmediata por ser la puerta de entrada de los ciudadanos a la actividad del gobierno y, por lo mismo, la que suele estar más cerca de sus intereses y necesidades.

Es obvio que las competencias constitucionales y legales le corresponden a esta Cámara de Diputados y a la Auditoría Superior de la Federación. La fracción II del artículo 74 de la Constitución establece como facultades exclusivas de la Cámara de Diputados ``coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las funciones de la entidad de fiscalización superior de la federación, en los términos que disponga la ley''. Por su parte, el párrafo segundo de la fracción VI del mismo artículo 74 de la ley fundamental indica, en su parte conducente, ``en el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha entidad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de éstos en los términos de la ley''.

Además, la fracción II del artículo 79 de la Carta Magna dice en la parte correspondiente que al entregar el informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de febrero del año siguiente al de su presentación, la Auditoría Superior en dicho informe incluirá las auditorías practicadas ``y la verificación del desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas federales''. Igualmente, el primer párrafo del artículo 134 de la ley suprema indica que ``los recursos económicos de que dispongan la federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a tos que están destinados''.

La Ley da Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación señala en el artículo 2, fracción II, que por auditoría sobre el desempeño se entiende la verificación en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales mediante la estimación o cálculo de los resultados obtenidos en términos cuantitativos o cualitativos, o ambos. El artículo 12, fracción III, de esa ley federal, en los incisos a) y b), determina que la fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, ya sea a través de la realización de auditorías del desempeño de los programas, verificando la eficiencia, la eficacia y la economía de éstos y su efecto o la consecuencia en las condiciones sociales, económicas y, en su caso, regionales en el país durante el periodo que se evalúe, y si se cumplieron las metas de los indicadores aprobados en el Presupuesto y si dicho cumplimiento tiene relación con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales. El artículo 13, fracción II, de la Ley de Fiscalización precisa que las observaciones que, en su caso, emita la Auditoría Superior de la. Federación, derivadas de la fiscalización de la Cuenta Pública, podrán derivar en recomendaciones, incluyendo las referentes al desempeño.

El artículo 15 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación establece que la Auditoría Superior de la Federación tiene, entre otras, las atribuciones siguientes: ``IV. Evaluar el cumplimiento final de los objetivos y metas fijados en los programas federales, conforme a los indicadores estratégicos y de gestión establecidos en el presupuesto de egresos y tomando en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo, los planes sectoriales, los planes regionales, los programas operativos anuales, los programas de las entidades fiscalizadas, entre otros, a efecto de verificar el desempeño de éstos y, en su caso, el uso de los recursos públicos federales conforme a las disposiciones legales. Lo anterior, con independencia de las atribuciones similares que tengan otras instancias; XIV. Formular recomendaciones al desempeño para mejorar los resultados, la eficacia, eficiencia y economía de las acciones de gobierno a fin de elevar la calidad del desempeño gubernamental; y XX. Elaborar estudios e investigaciones relacionadas con las materias de su competencia y publicarlos''. Por su parte, el artículo 77 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación menciona, en la fracción I, que la Comisión de Vigilancia de la es el conducto de comunicación entre la Cámara de Diputados y la entidad superior de fiscalización.

Por lo expuesto y fundado, se propone a esta soberanía la siguiente proposición con

Para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación una auditoría de desempeño al funcionamiento programático de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Primero. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que en el ámbito de sus competencias constitucionales y legales y con pleno respeto a la autonomía técnica y de gestión realice una auditoría de desempeño al funcionamiento programático de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Segundo. La Comisión de Vigilancia de la será el conducto con esta institución para que en los términos de los artículos 76 y 77 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación dé seguimiento puntual a las auditorías, visitas, inspecciones, trabajos, informes, evaluaciones, observaciones y recomendaciones que sean motivo de esta auditoría.

Tercero. La Auditoría Superior de la Federación formulará las recomendaciones al desempeño en la aplicación e interpretación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para mejorar los resultados, la eficacia, eficiencia y economía de las acciones de gobierno, a fin de elevar la calidad, del desempeño gubernamental. En concreto, la auditoría de desempeño que se propone se ocupará

Cuarto. Los resultados de la auditoría de desempeño al funcionamiento de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se entregarán a más tardar por esta única y extraordinaria vez el 31 de marzo de 2010, con independencia del informe de resultados sobre la Cuenta Pública de 2008, que deberá ser entregado por la entidad superior de fiscalización a más tardar el 20 de febrero del próximo año. Para tal efecto, la Auditoría Superior de la Federación presentará el costo estimado de dicha auditoría de desempeño, que se cubrirá, por lo que respecta a 2009, con una transferencia de la Tesorería de la Cámara de Diputados y, por lo que respecta a 2010, se considerará el costo en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación en los rubros correspondientes a la Auditoría Superior de la Federación.

Quinto. Las recomendaciones que arroje la auditoría de desempeño al funcionamiento programático de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se turnarán a las instancias competentes de la Cámara, pero también a la Comisión de Puntos Constitucionales de este cuerpo legislativo, para que esta instancia proceda a desahogar las iniciativas de reforma constitucional y legal que correspondan.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias a usted, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

CENTROS COMUNITARIOS DE ATENCION A LA INFANCIA EN EL DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra hasta por tres minutos la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Públicaa agilizar los trámites para la aprobación del acuerdo 358, por el que se extiende la vigencia del Programa Especial 2005-2009 para la acreditación de la educación preescolar que reciben las niñas y los niños que asisten a centros comunitarios de atención a la infancia en elDistrito Federal.

Señoras legisladoras y señores legisladores, el mejor presente a la niñez y juventud es que tengan acceso a la educación.

El 12 de noviembre de 2002, con la publicación del decreto que reforma los artículos 3o. y 31 constitucionales, la educación preescolar en México es obligatoria y es deber de los padres de familia enviar a sus hijos a cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria.

En el artículo sexto transitorio del decreto citado, se establece que las autoridades educativas federales, en coordinación con las locales, pondrán en marcha programas especiales para cumplir con la prestación del servicio de educación preescolar en las zonas donde no ha sido posible establecer la infraestructura para la prestación de ese servicio.

Como parte de ese esfuerzo en el Distrito Federal se crearon, con la participación de padres de familia que trabajan en establecimientos sin fines de lucro, centros comunitarios que proporcionan diversos servicios asistenciales, como el cuidado, alimentación y atención médica a favor de niñas y niños, de familias en condiciones económicas y sociales en desventaja.

La creación de los centros comunitarios fue reconocida por la Secretaría de Educación Pública en el Distrito Federal con el establecimiento del Programa Especial 2005-2009, para la acreditación de la educación preescolar que reciben los niños que asisten a centros comunitarios de atención a la infancia, a través del Acuerdo 358 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 2005, al cual se unieron 231 centros comunitarios pertenecientes a la Ciudad de México.

El programa señalado terminó al concluir el periodo escolar 2008-2009, por lo que en el presente ciclo los centros comunitarios se encuentran impedidos para impartir educación preescolar con reconocimiento oficial.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos conscientes de que en nuestro país es insuficiente la infraestructura para la prestación del servicio de educación preescolar para todos los niños y las niñas que lo requieren.

Más aún, no tenemos un sistema federal de educación preescolar que posibilite la atención de las necesidades de guarda, seguridad y alimentación para todos las niñas y los niños, cuyos padres trabajan y que no tienen apertura al sistema de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social o del Instituto de los Trabajadores del Servicio del Estado y que, por sus condiciones económicas y sociales, no pueden contar con los servicios de guardería a instancias.

En este marco, las diputadas y los diputados de Nueva Alianza solicitamos que esta soberanía haga un atento y respetuoso llamado al titular de la Secretaría de Educación Pública, para que se agilicen los trámites de la aprobación del Acuerdo 358, por el que se extiende la vigencia del Programa Especial 2005-2009, para acreditar la educación preescolar que reciben las niñas y los niños que asisten a centros comunitarios de atención a la infancia en el Distrito Federal. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a agilizar los trámites relativos a la aprobación del Acuerdo 358, por el que se extiende la vigencia del programa especial 2005-2009 para la acreditación de la educación preescolar que reciben los niños que asisten a centros comunitarios de atención a la infancia en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Elsa María Martínez Peña , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Elsa María Martínez Peña , integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, diputada federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita la aprobación del Pleno de esta soberanía para la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

1. El 12 de noviembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que fueron adicionados el artículo 3o., en su párrafo primero, fracciones III, V y VI, y el artículo 31, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la obligatoriedad de la educación preescolar y el congruente deber de los padres de familia o tutores de enviar a sus hijos o pupilos a cursar la enseñanza preescolar, la primaria y la secundaria.

2. En el artículo sexto transitorio del citado decreto se estableció que las autoridades, educativas federales, en coordinación con las locales, pondrían en marcha programas especiales para cumplir con la prestación del servicio de educación preescolar en las zonas donde no haya sido posible establecer la infraestructura para la prestación de ese servicio educativo.

3. En el Distrito Federal fueron creadas, con la participación de padres de familia que trabajan en establecimientos no lucrativos, centros comunitarios que proporcionan diversos servicios asistenciales, como son la custodia, alimentación y atención médica a favor de niñas y niños de familias en condiciones económicas y sociales en desventaja.

En estos centros comunitarios se proporciona atención a las niñas y niños en horarios más amplios que aquellos con los que operan las escuelas públicas. Permitiendo con ello que los padres que trabajan realicen sus actividades sin preocupaciones, ya que sus hijos reciben atención y seguridad.

4. La situación especial de los centros comunitarios fue regularizada por la Secretaría de Educación Pública en el Distrito Federal, al establecer el Programa Especial 2005-2009, para la Acreditación de la Educación Preescolar que reciben los niños que asisten a los centros comunitarios de atención a la infancia en el Distrito Federal, a través del Acuerdo 358 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de junio de 2005, en virtud del cual se adhirieron 231 centros pertenecientes a la Ciudad de México.

El programa referido llegó a su término, al concluir el ciclo escolar 2008-2009, por lo que actualmente los centros comunitarios de atención a la infancia en el Distrito Federal se encuentran impedidos para impartir educación preescolar con reconocimiento oficial.

5. A partir del 12 de agosto del presente año, 12 mil familias de esta capital viven la problemática de la falta de enseñanza preescolar para sus hijos, situación que vulnera su derecho a la educación, consagrado por el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, conculca los Objetivos de Desarrollo del Milenio, adoptados por la comunidad internacional en el año 2000, en virtud de los cuales México se comprometió a ir más allá del objetivo de la enseñanza primaria universal y lograr que todos los niños y niñas alcancen 12 años de educación efectiva para el año 2015.

6. La falta de alternativas que garanticen la educación a niñas y niños en edad preescolar obstaculiza el cumplimiento del Programa Nacional de Educación 2001-2006, en el que fue establecida la atención educativa con calidad y equidad en aspectos formales y no formales para grupos de población infantil que han quedado excluidos de los programas actuales y cuya educación constituye una condición necesaria para mejorar los aprendizajes durante la vida.

7. La Comisión Federal de Mejora Regulatoria, a solicitud de la Secretaría de Educación Pública, emitió, el 20 de mayo de 2009, un dictamen de manifestación de impacto regulatorio para analizar la viabilidad y oportunidad de extender la vigencia del acuerdo 358, en general, bajo las mismas reglas y procedimientos con los que operaba, mismos que no se limitan a sólo establecer la prórroga para el programa, sino también a requerir a los centros educativos el cumplimiento de condiciones mínimas para su funcionamiento, con la finalidad de evitar poner en riesgo la salud y el desarrollo de los menores.

8. En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos conscientes de las deficiencias en la infraestructura para la prestación del servicio de educación preescolar, más aún, de la carencia al no contar con un sistema federal de educación preescolar que posibilite la atención de las necesidades de guarda, custodia y alimentación para padres que trabajan y cuyas condiciones económicas y sociales no les permite acceder a servicios de guarderías o instancias infantiles; por ello estamos convencidos de que la Educación debe concebirse como el eje articulador del concepto de construcción de ciudadanía y no como una variable dependiente de la economía, consideramos que es urgente impulsar la continuidad de procedimientos que contribuyan a garantizar el acceso equitativo a la educación desde los primeros años y una de las vías lo constituye el Programa Especial para la Acreditación de la Educación Preescolar que reciben 12 mil niñas y niños que asisten diariamente a los diversos centros comunitarios de atención a la infancia en el Distrito Federal.

En este marco, hacemos un atento y respetuoso llamado al titular de la Secretaría de Educación Pública para que se agilicen los trámites de la aprobación del acuerdo 358, por el que se extiende la vigencia del Programa Especial 2005-2009 para acreditar la educación preescolar que reciben las niñas y niños que asisten a centros comunitarios de atención a la infancia en el Distrito Federal.

Con esta acción, la Secretaría de Educación Pública beneficiará a más de 12 mil menores de 6 años en situación de exclusión, riesgo y vulnerabilidad que viven en colonias urbanas marginadas y comunidades indígenas que habitan en la Ciudad de México, además de garantizar por parte del Estado mexicano la igualdad de oportunidades de acceso y la permanencia de las niñas y niños que asisten a centros comunitarios con la finalidad de recibir educación básica obligatoria; finalmente se evitará que 12 mil niños queden sin escuela, que 800 docentes pierdan el empleo y que padres de familia trabajadores carezcan de los servicios que les ofrecen dichos centros comunitarios.

Por lo expuesto y fundado, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXI Legislatura, someto a consideración de esta honorable soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a agilizar los trámites para la aprobación del Acuerdo 358, por el que se extiende la vigencia del Programa Especial 2005-2009 para la acreditación de la educación preescolar que reciben las niñas y niños que asisten a centros comunitarios de atención a la infancia en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 2005.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

COMISION ESPECIAL ENCARGADA DEL ANALISIS Y ESTUDIO DE LA PROBLEMATICA DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra hasta por tres minutos la diputada María Guadalupe García Almanza, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea una Comisión Especial encargada del análisis y estudio de la problemática de la agroindustria azucarera en nuestro país.

Compañeros legisladores y compañeras legisladoras, en nuestro país la industria azucarera es una actividad agroindustrial con tradición en el desarrollo económico y social del país. Participa con 0.5 por ciento del producto interno bruto. Su importancia en la vida económica del país es tal que da origen a núcleos de población, crea polos de desa-rrollo en áreas rurales y genera empleo en el campo.

Actualmente dependen directamente de esta industria alrededor de 160 mil productores, 440 mil trabajadores jornaleros, agricultores y transportistas, así como sus dependientes económicos, que en total suman aproximadamente 2.5 millones de mexicanos.

México ocupa el séptimo lugar en producción de azúcar y el quinto lugar en la producción de caña de azúcar a nivel mundial, entre más de 100 países con la operación de 60 ingenios en 227 municipios de 15 estados de la república.

De la producción nacional de azúcar, el 58 por ciento es para uso industrial; el 32 por ciento para uso doméstico y el 10 por ciento restante se destina a la exportación. Veracruz, Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí y Tamaulipas producen más del 60 por ciento de la producción nacional.

En México, las actividades asociadas a la agricultura, cultivo, cosecha, comercialización e industrialización, etcétera, y su integración sustentada en la caña de azúcar, sus productos y derivados son de interés público y orden social, de conformidad con lo establecido por la Ley de De-sarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. Considerando la importancia de esta industria y su impacto en la economía nacional, Convergencia demanda la necesidad de fomentar esta rama de la producción a fin de generar certidumbre y condiciones que la vuelvan rentable y generadora de empleos.

Tenemos un sector azucarero con una excesiva producción, frente a un mercado restringido con la caída de los precios de exportación del azúcar y una mayor utilización de los sucedáneos del azúcar, que han deprimido el consumo industrial y doméstico. Igualmente, enfrentamos fuerte endeudamiento de los ingenios, excesiva regulación, elevadas tasas de interés, escasez de créditos, saturación del mercado y desventajas ante las alcoholeras, por no encontrarse debidamente reguladas por la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

En este contexto es que Convergencia considera urgente que el pleno de esta Cámara apruebe la constitución de una comisión especial, en términos del artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para retomar los trabajos que se alcanzaron en la LX Legislatura.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. Se solicita al pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la constitución de una comisión especial encargada del análisis y estudio de la problemática de la agroindustria azucarera en nuestro país, con el objeto de encontrar alternativas de solución que permitan sanear a dicha industria, instrumentando una política integral azucarera que involucre a todos los sectores que intervienen en esta actividad.

Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión especial encargada del análisis de la problemática de la agroindustria azucarera en el país, a cargo de la diputada María Guadalupe García Almanza , del Grupo Parlamentario de Convergencia

La suscrita, María Guadalupe García Almanza , diputada de Grupo Parlamentario de Convergencia de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en el artículo 23, numeral 1, inciso f; 34 inciso C y 42, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por la que se solicita a la Cámara de Diputados la constitución de una Comisión Especial encargada del análisis y estudio de la problemática de la agroindustria azucarera en nuestro país, que proponga soluciones para elevar su productividad, al tenor de las siguientes

En el país la industria azucarera es una de las actividades agroindustriales de mayor tradición y trascendencia en el desarrollo económico y social del país, con una tradición de quince años de historia y participación con medio punto porcentual del producto interno bruto.

Su importancia en la vida económica del país es tal, que da origen a verdaderos núcleos de población, crea polos de desarrollo en áreas rurales y proporciona empleo en el campo. Actualmente, dependen directamente de esta industria alrededor de 160 mil productores, 440 mil trabajadores, jornaleros, agricultores y transportistas, así como sus dependientes económicos que en total suman aproximadamente 2.5 millones de mexicanos.

Otros datos que nos permiten ver el alcance y fuerza que la industria azucarera tiene en el país, son los siguientes:

En México, las actividades asociadas a la agricultura de contrato y a la integración sustentada de la caña de azúcar, de los procesos de siembra, el cultivo, la cosecha, la industrialización y la comercialización de la caña de azúcar, sus productos y derivados, por su carácter básico y estratégico para la economía nacional son de interés público y orden social, de conformidad a lo establecido por la Ley de Desa-rrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

Dada la manifiesta importancia de esta industria y su impacto dentro de la economía nacional, para Convergencia es necesario fomentar esta rama de la producción a fin de darle a quienes en ella intervienen, certidumbre y las condiciones que la vuelva a ser rentable, incremente su capacidad para generar empleos e impulse su propio crecimiento.

Con la apertura comercial del sector en 2008 con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy más que nunca el sector azucarero requiere de una protección adecuada, pues su supervivencia se encuentra amenazada por las condiciones en que nuestro país firmó cartas paralelas.

Por lo anterior, entre otras medidas, es necesario asegurar el abasto permanente de azúcar; otorgar equidad a todos los participantes dentro de la cadena de producción y se debe de realizar un esfuerzo sostenido para mejorar la eficiencia del campo cañero y de la planta industrial azucarera.

Tenemos un sector azucarero con una excesiva producción frente a un mercado restringido, con la caída de los precios de exportación del azúcar, las disputas sobre la negociación de las cuotas en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y una mayor utilización de los sucedáneos del azúcar (jarabes de maíz de alta fructuosa y edulcorantes sintéticos como el aspartame, entre otros), que han deprimido el consumo industrial doméstico.

Igualmente enfrentamos fuerte endeudamiento de los ingenios, excesiva regulación, elevadas tasas de interés, escasez de crédito, saturación del mercado, elevadas obligaciones contractuales y desventajas ante las alcoholeras por no encontrarse debidamente reguladas por la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, etcétera, que complican la situación del sector.

En este contexto, es que Convergencia considera necesaria y urgente la constitución de una de una comisión especial, pues en términos del artículo 39 párrafo I de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones son órganos constituidos por el pleno que contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales; por su parte el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, faculta al pleno de esta Cámara para acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico.

Sería importante que retomáramos los trabajos y avances que en la LX Legislatura se alcanzaron con la constitución de la Comisión Especial de Vigilancia y Seguimiento de la Industria Azucarera, la que dio por terminados sus trabajos al final de esa legislatura sin haber superado los problemas en este sector.

Por lo anteriormente expuesto es que someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Único. Se solicita al pleno de la honorable Cámara de Diputados la constitución de una Comisión Especial encargada del análisis y estudio de la problemática de la agroindustria azucarera en el país, con el objeto de encontrar alternativas de solución que permitan sanear a dicha industria, instrumentando una política integral azucarera que involucre a todos los sectores que intervienen en esta actividad.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

COMISION ESPECIAL PARA EL ANALISIS Y ESTUDIO DE LA PROBLEMATICA DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra hasta por tres minutos, el diputado José Tomás Carrillo Sánchez, para presentar un punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para analizar los problemas de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar, suscrito por los diputados José Tomás Carrillo Sánchezy Luis Félix Rodríguez Sosa, del Grupo Parlamentario del PRI.

El sector azucarero se forma por 58 ingenios que se encuentran operando en la actualidad en 15 entidades federativas, con influencia en 227 municipios donde habitan más de 12 millones de personas, de las cuales 160 mil son productores. En dicha actividad se generan 2.5 millones de personas empleadas, de las que se benefician 440 mil en empleos directos, lo que representa el 0.5 por ciento del producto interno bruto agropecuario y un 8.4 por ciento del PIB alimentario.

Cada año, en promedio, de la transformación de la materia prima se obtiene producción de 5 millones de toneladas de azúcar, equivalentes a 2 mil 500 millones de dólares, alcanzando con ello un impacto nacional que se traduce en la participación del 0.4 por ciento del producto interno bruto del país, que aunada al amplio consumo de azúcar de manera directa o como materia prima, su producción y nivel de precio resultan estratégicos para favorecer el bienestar de amplios sectores de la población y la competitividad de diversas industrias del país. Es tal la importancia del sector, que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable considera a la caña de azúcar un producto básico, estratégico y de interés público.

Para su proceso se requiere de mano de obra en el campo para la siembra, el cultivo y la cosecha. Y en el proceso industrial los obreros, los empleados y todos los que intervienen en el transporte, el almacenamiento, la comercialización y factores financieros, entre otros no menos relevantes.

De igual manera, el cultivo de caña de azúcar es visto como un nicho de oportunidad de gran impacto nacional para su aprovechamiento en el ámbito de los bioenergéticos, jugando un papel central en la producción de etanol y biodiesel, temas inaplazables por tratar en la LXI Legislatura, ya que generaría de manera inmediata fuertes inversiones que producirían empleos directos en el sector agrícola o industrial, lo que vendría a atenuar el agudo desempleo nacional que produce diariamente alrededor de más de mil 500 nuevos connacionales sin trabajo, según datos publicados recientemente por el Inegi.

En este contexto, la LVIII, la LIX y la LX Legislaturas, en el ámbito de las facultades del pleno de la honorable Cámara de Diputados, aprobaron los acuerdos de las respectivas Juntas de Coordinación Política para la creación de la Comisión Especial para analizar los problemas de la agroindustria mexicana de caña de azúcar.

Particularmente para los diputados federales veracruzanos es de gran interés que se continúen los esfuerzos que realizaron las comisiones especiales de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar de las mencionadas legislaturas, en razón de que el estado de Veracruz genera, dentro de la industria azucarera, el 40 por ciento de los empleos en todo el país y más del 40 por ciento de la producción nacional de este endulzante, y que de 58 ingenios azucareros, 22 están en nuestro estado. Tres de ellos con fuertes problemas económicos y legales que les imposibilitó participar al 100 por ciento en la zafra por la grave situación que enfrentan.

Por ello, ante esta etapa que vivimos en el país de agudo desempleo, nos genera una gran preocupación que a esta agroindustria se le rezague del desarrollo nacional, pues de su óptimo rendimiento en el campo y la fábrica dependen miles de familias directa e indirectamente.

Asimismo, estimamos incuestionable que, como resultado de la crisis económica global, es imprescindible que exista un trabajo conjunto y coordinado entre el Ejecutivo federal y el Legislativo para definir, establecer y operar mecanismos efectivos que permitan a los productores nacionales hacer frente al nuevo entorno económico, para lograr que tan adverso escenario, lejos de afectar su condición actual se transforme en una oportunidad de desarrollo para ellos y sus familias.

En esa tesitura es necesario impulsar una agresiva y visionaria política pública de Estado que atienda de manera prioritaria a este trascendente sector de la agroindustria en nuestro país, pivote de la economía nacional.

Por lo expuesto y considerando que la Cámara de Diputados en las tres Legislaturas anteriores ha reconocido la importancia de intervenir, revisar y proponer e impulsar soluciones a los problemas de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar, me permito someter a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo:

Único. Conforme al artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a este honorable pleno y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se constituya la Comisión Especial de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar y cuente para su desempeño con los recursos financieros, materiales y humanos necesarios, y se solicita respetuosamente que el periodo de las funciones de esta comisión especial, comprenda desde la aprobación hasta el término de esta LXI Legislatura.

Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para analizar los problemas de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar, suscrita por los diputados José Tomás Carrillo Sánchez y Luis Félix Rodríguez Sosa , del Grupo Parlamentario del PRI

Los legisladores que firmamos al calce, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, incisos a) y b), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:

El sector azucarero se forma por 58 ingenios, que se encuentran operando en la actualidad en 15 entidades federativas, con influencia en 222 municipios.

Cada año, en promedio, de la transformación de la materia prima se obtiene producción de 5 millones de toneladas de azúcar, equivalentes a 2 mil 500 millones de dólares, alcanzando con ello un impacto nacional que se traduce en una participación del 0.4 por ciento del producto interno bruto del país, que aunada al amplio consumo de azúcar, de manera directa o como materia prima, su producción y nivel de precio resultan estratégicos para favorecer el bienestar de amplios sectores de la población y la competitividad de diversas industrias del país. Es tal la importancia del sector, que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable considera la caña de azúcar un producto básico estratégico y de interés público.

Para su proceso se requiere mano de obra: en el campo, para la siembra, el cultivo y la cosecha; y en el proceso industrial, los obreros, los empleados y todos los que intervienen en el transporte, el almacenamiento, la comercialización y factores financieros, entre otros no menos importantes.

De igual manera, el cultivo de la caña de azúcar es bien visto como una oportunidad de gran impacto nacional para su aprovechamiento en el ámbito de los bioenergéticos, jugando un papel central en la producción de etanol y biodiesel, con temas pendientes por tratar en la LXI Legislatura, ya que se observa generaría de manera inmediata fuertes inversiones y miles de empleos directos en el sector agrícola e industrial.

En este contexto, las LVIII, LIX y LX Legislaturas en el ámbito de las facultades del pleno de la honorable Cámara de Diputados aprobaron los acuerdos de las respectivas Juntas de Coordinación Política para la creación de la Comisión Especial para analizar los problemas de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar.

Particularmente para los diputados federales veracruzanos es de gran interés que se continúen los esfuerzos que realizaron las Comisiones Especiales de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar de las mencionadas legislaturas, en razón de que el estado de Veracruz genera dentro de la industria azucarera el 50 por ciento de los empleos en todo el país en este sector y el 50 por ciento de la producción nacional de este endulzante, 22 de los 58 ingenios azucareros están en nuestro estado (tres de ellos actualmente están en una difícil situación) que incluso les impidió participar al 100 por ciento en esta zafra por la grave problemática que enfrentan, esto nos genera una gran preocupación, pues de su óptimo rendimiento en campo y fábrica, dependen cientos de familias Veracruzanas directa o indirectamente.

Asimismo, debe considerarse que como resultado de la crisis económica global, es indispensable que exista un trabajo conjunto y coordinado entre el Ejecutivo federal y el Legislativo para definir, establecer y operar mecanismos efectivos que permitan a los productores nacionales hacer frente de manera efectiva al nuevo entorno económico, logrando que dicha situación lejos de afectar su condición actual se transforme en una oportunidad de desarrollo para los productores y sus familias.

Otro aspecto que debe considerarse es el conocido proceso polémico que se suscitó entre el Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión en la aprobación y promulgación de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, que por lo mismo y ante la gama de aspectos que contiene la producción, comercialización y distribución de azúcar, así como la relación de productores y de ellos con los propietarios de los ingenios resulta de particular importancia que la Cámara de Diputados contribuya, desde su perspectiva, al mejor desenvolvimiento del sector y sus actores.

Por lo anteriormente expuesto y considerando que la Cámara de Diputados, en las tres legislaturas anteriores, ha reconocido la importancia de intervenir, revisar y proponer soluciones a los problemas de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar, me permito someter a esta honorable asamblea el siguiente:

Único. Conforme al artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a este honorable pleno y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, se constituya la Comisión Especial de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar y cuente para su desempeño los recursos materiales y humanos necesarios y se solicita respetuosamente que el periodo de funciones de esta Comisión Especial comprenda toda la LXI Legislatura.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

COMISION ESPECIAL CON LA FINALIDAD DE DAR CUENTA DE LA PROBLEMATICA QUE AQUEJA A LA CUENCA LERMA-CHAPALA-SANTIAGO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra hasta por tres minutos el diputado César Octavio Madrigal Díazpara presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea una Comisión Especial con la finalidad de dar cuenta de la problemática que aqueja a la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

La cuenca Lerma-Chapala es una de las más importantes del país no sólo porque concentra el 16 por ciento de la población nacional, de acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología, sino también por el preocupante grado de contaminación que presenta.

Diferentes estudios manifiestan que, aunado a la contaminación, la sobreexplotación y el deficiente aprovechamiento de la cuenca provocan serios daños al ecosistema, graves enfermedades en su población piscícola, serios niveles de azolvamiento y gran cantidad de nutrimentos que genera la sobrepoblación del lirio acuático, que tiene por consecuencia que la calidad del agua para consumo humano no sea la óptima.

Cabe señalar que 60 por ciento del agua que se utiliza en la zona metropolitana de Guadalajara proviene de esta cuenca. La complejidad de problemas interrelacionados en esta cuenca vuelve de primordial importancia el mayor conocimiento, tanto de su funcionamiento como de los intereses de los agentes involucrados para, de esta manera, conseguir un alineamiento del desarrollo económico de la región, al mismo tiempo que se promueve su desarrollo social y sustentable.

Por esta razón, durante la anterior legislatura, mediante un acuerdo de la Junta de Coordinación Política y la aprobación del pleno de la Cámara de Diputados, se creó una comisión especial destinada a atender la problemática de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago.

Así, podemos observar que las tareas fundamentales de esta comisión consistían en la formulación tanto de un diagnóstico sobre la situación de la cuenca como de sus subcuencas, la revisión y análisis de la calidad del agua de fuentes superficiales y subterráneas, de la dotación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con los que cuenta la población de las aguas residuales, que no reciben tratamiento previo a su descarga a los cuerpos receptores.

Y el análisis de la posibilidad de crear políticas e instrumentos para la protección ambiental y el equilibrio ecológico de la cuenca. Esta situación, aunada al deterioro ambiental que presenta esta cuenca, vuelve de primordial importancia la creación de una comisión especial durante esta LXI Legislatura, con la finalidad de vigilar y atender los aspectos relacionados con la satisfacción de las necesidades, el desarrollo social, económico y sustentable de las comunidades que habitan en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago.

Por lo expuesto y fundado, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. Se hace un atento exhorto a la Junta de Coordinación Política para que se forme una comisión especial, con la finalidad de dar cuenta de la problemática que aqueja a la cuenca Lerma-Chapala-Santiago.

Suscriben el presente punto de acuerdo los diputados federales de Jalisco, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Gumercindo Castellanos Flores , Juan José Cuevas García , Alberto Esquer Gutiérrez , Gustavo González Hernández , José Luis Iñiguez Gámez , Carlos Luis Meillón Johnston , María Joann Novoa Mossberger , Ana Elia Paredes Arciga , Francisco Javier Ramírez Acuña , Felipe de Jesús Rangel Vargas , Ignacio Téllez González y el de la voz, César Octavio Madrigal Díaz . Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea una Comisión Especial para dar cuenta de la problemática que aqueja la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados federales de Jalisco, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, presentan ante la honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo, que tiene como finalidad hacer un exhorto a la Junta de Coordinación Política para que se forme una comisión especial con el objetivo de dar cuenta de la problemática que aqueja a la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, basado en las siguientes

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Ecología (INE), la cuenca comprendida entre el río Lerma, el lago de Chapala y el río Santiago se encuentra en 204 municipios en 5 entidades, distribuidos de la siguiente manera: Guanajuato (43.75 por ciento), Michoacán (30.26 por ciento), Jalisco (13.42 por ciento), estado de México (9.8 por ciento) y Querétaro (2.76 por ciento).

La cuenca Lerma-Chapala es una de las más importantes del país, no sólo porque concentra el 16 por ciento de la población nacional, de acuerdo al INE, sino también por el preocupante grado de contaminación que presenta. Diferentes estudios manifiestan que aunado a la contaminación, la sobreexplotación y el deficiente aprovechamiento de la cuenca provocan serios daños al ecosistema, graves enfermedades en su población piscícola, serios niveles de asolvamiento y gran cantidad de nutrimentos que genera la sobrepoblación del lirio acuático, que tienen por consecuencia que la calidad del agua para consumo humano no sea óptima.

La complejidad de problemas interrelacionados en esta cuenca, vuelve de primordial importancia el mayor conocimiento tanto de su funcionamiento, como de los intereses de los agentes involucrados para, de esta manera, conseguir un alineamiento del desarrollo económico de la región al mismo tiempo que se promueve su desarrollo social y sustentable.

Por esta razón, durante la LX Legislatura, mediante un acuerdo de la Junta de Coordinación Política y la aprobación del pleno de la Cámara de Diputados, se creó una comisión especial destinada a atender la problemática de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago.

Así, podemos observar que las tareas fundamentales de esta comisión consistían en la formulación de un diagnóstico sobre la situación tanto de la cuenca como de sus subcuencas; la revisión y análisis de la calidad del agua de fuentes superficiales y subterráneas, de la dotación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento con los que cuenta la población, de las aguas residuales que no reciben tratamiento previo a su descarga a los cuerpos receptores; y el análisis de la posibilidad de crear políticas e instrumentos para la protección ambiental y el equilibrio ecológico de la cuenca.

Dentro de los principales logros de esta comisión especial destacan: las reuniones celebradas con la Comisión Nacional del Agua, con el Grupo de Seguimiento y Evaluación del Consejo de Cuenca Lerma-Chapala y con el director del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago Pacífico, así como la puesta en marcha del primer Foro Nacional rumbo al Saneamiento Integral de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, y la presentación de un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, a la Secretaría de Energía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a aplicar las tarifas de energía eléctrica 09-CU y 09-N a las plantas de tratamiento de aguas residuales situadas en los municipios ubicados en la cuenca Lerma-Chapala.

No obstante lo anterior, sólo se publicó el informe semestral de las labores de esta comisión correspondiente al periodo del 21 de diciembre de 2006 al 22 de junio de 2007, lo que dificulta conocer la magnitud del rezago existente. Esta situación, aunada al deterioro ambiental que presenta esta cuenca, vuelve de primordial importancia la creación de una comisión especial, durante la LXI Legislatura, con la finalidad de vigilar y atender los aspectos relacionados con la satisfacción de las necesidades, el desarrollo social, económico y sustentable de las comunidades que habitan la cuenca Lerma-Chapala-Santiago.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con

Único. Se hace un atento exhorto a la Junta de Coordinación Política para que se forme una Comisión Especial con la finalidad de dar cuenta de la problemática que aqueja a la cuenca Lerma-Chapala-Santiago.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra hasta por tres minutos el diputado Ílich Augusto Lozano Herrera, para presentar proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, se consideren recursos adicionales para el municipio de Cochoapa el Grande, estado de Guerrero, con el objetivo de sacarlo del último lugar de marginación a nivel latinoamericano, suscrito además por la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, María Guadalupe Silerio Núñezy Filemón Navarro Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El municipio de Cochoapa el Grande, está ubicado en el estado de Guerrero, en la región de la Montaña Alta. Hasta el 9 de noviembre de 2002 fue parte del municipio de Metlatónoc, declarado este último por las Naciones Unidas como el municipio más pobre de los 2 mil 462 municipios de México, y que su nivel de vida sólo era comparable en el mundo a los países del África Subsahariana. El 10 de noviembre del 2002 el Congreso del estado de Guerrero decidió crear el municipio de Cochoapa el Grande.

En un reporte de la Organización de las Naciones Unidas se ubica a este ayuntamiento guerrerense como el más pobre de la entidad y de América Latina, categoría en la que ha desplazado a Metlatónoc. Por su división en la parte más pobre pertenece al municipio de Cochoapa el Grande.

El nivel de vida de Cochoapa es como el de Burundi. El informe de la ONU sobre el desarrollo humano destaca que países del África Subsahariana como Angola, Burundi o República del Congo, no alcanzarán, al ritmo actual de vida, un nivel de vida aceptable de vida, hasta el año 2147.

Entre los indicadores se señala que la probabilidad de vivir más de 40 años de edad llega a ser superior al 50 por ciento. La tasa de analfabetismo adulto es superior a 70 por ciento. En tanto la población sin acceso a fuentes de agua mejorada es de más de 60 por ciento y el porcentaje de niños menores de cinco años, con peso insuficiente, es de 45 por ciento.

Como si la realidad anterior no fuera suficiente, los habitantes de Cochoapa tienen que aguantar también las mentiras oficiales. Así el 6 de diciembre de 2006, a cinco días de estrenarse como presidente Felipe Calderón, anunció que pondría pisos de cemento a todas las casas de los municipios pobres de La Montaña de Guerrero.

Luego, el 2 de julio de 2008 ratificó su compromiso desde Metlatónoc, acompañado del secretario de la Sedesol, Ernesto Cordero. Como era de esperarse, ninguna de estas promesas se han cumplido, y las casas de los habitantes de Cochoapa y Metlatónoc siguen con pisos de tierra.

El abandono y la burla de las autoridades continúa siendo una cotidianidad de estos municipios donde la gente vive menos y tiene menos oportunidades de salir de la miseria.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, la situación de miseria y atraso que sufren los habitantes del municipio de Cochoapa el Grande es una vergüenza nacional. Es una realidad que nos golpea, nos lacera y nos exhibe ante el mundo como un estado insensible ante los pueblos más necesitados.

Por esta razón, compañeras diputadas y compañeros diputados, hago ese exhorto a esta honorable asamblea, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se incremente el presupuesto para este municipio de La Montaña de Guerrero.

Pese a todo, este año se propone reducir 38.61 por ciento del programa para el desarrollo de zonas marginadas del Ramo 20, lo que representa 68 millones menos para Guerrero.

Por lo expuesto y fundado, someto al pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. Con el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que dentro del análisis del Presupuesto de 2010 se asignen recursos adicionales para el municipio de Cochoapa el Grande, con el objetivo de sacarlo del último lugar de la marginación en este país y en Latinoamérica.

Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos adicionales para Cochoapa El Grande, Guerrero, con el objetivo de sacarlo del primer lugar latinoamericano de marginación, suscrita por los diputados Ilich Augusto Lozano Herrera , Mary Telma Guajardo Villarreal , María Guadalupe Silerio Núñez y Filemón Navarro Aguilar , del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados Ilich Augusto Lozano Herrera , Filemón Navarro Aguilar , Mary Thelma Guajardo Villarreal, José Narro Céspedes y María Guadalupe Silerio Núñez , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentan a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes

Cochoapa el Grande se encuentra en Guerrero, en la región de La Montaña alta, que pertenecía hasta el 9 de noviembre de 2002 a Metlatónoc, declarado éste por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el más pobre de los 2 mil 426 municipios de México y con el nivel de vida sólo comparable con los del África subsahariana. El 10 de noviembre de 2002, el Congreso de Guerrero decidió crear el municipio de Cochoapa el Grande.

De acuerdo con un reporte de la ONU, esa localidad guerrerense es la más pobre de la entidad y de Latinoamérica, categoría en la que ha desplazado a Metlatónoc, ya que en su división la parte más pobre pertenece a Cochoapa.

Según la Conapo, apenas 50 por ciento de los habitantes cuenta con agua potable. El resto la acarrea en cubetas desde un río cercano, que se adelgaza más cada día debido a la sequía, pero que trae agua que la baja desde la serranía.

El nivel de vida de Cochoapa el Grande es como el de Burundi. El informe de la ONU sobre el desarrollo humano destaca que países del África subsahariana como Angola, Burundi o República del Congo no alcanzarán, al ritmo actual de vida, un nivel aceptable hasta 2147. Entre los indicadores se señala que la probabilidad de vivir más de 40 años de edad llega a ser superior a 50 por ciento. La tasa de analfabetismo adulto es superior a 70 por ciento. En tanto, la población sin acceso a fuentes de agua mejorada es más de 60 por ciento y la proporción de niños menores de 5 años con peso insuficiente es de 45 por ciento.

Como si la realidad anterior no fuera suficiente, los habitantes de Cochoapa tienen que aguantar también las mentiras oficiales. Así, el 6 de diciembre de 2006, a cinco días de estrenarse como presidente, Felipe Calderón anunció el encementado masivo de pisos de tierra de las casas de algunos municipios de La Montaña de Guerrero. El anuncio lo hizo en el municipio panista de Tlacoachistlahuaca. Luego, el 2 de junio de 2008, ratificó su compromiso; esta vez desde Metlatónoc, acompañado del titular de la Sedesol, Ernesto Cordero.

Como era de esperarse, ninguna de las promesas se ha cumplido, y las casas de los habitantes de Cochoapa y Metlatónoc siguen con pisos de tierra. El abandono y la burla de las autoridades continúan siendo una cotidianidad en estos municipios, donde la gente vive menos y tiene menores oportunidades de salir de la miseria, y donde el presidente Felipe Calderón y el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, empeñaron su palabra de encementar todas las casas.

Compañeras y compañeros diputados, la situación de miseria y atraso que sufren los habitantes del municipio de Cochoapa es una vergüenza nacional. Es una realidad que nos golpea, nos lacera y nos exhibe ante el mundo como un Estado insensible ante los pueblos indígenas más necesitados. Por esa razón, compañeras y compañeros, hago este exhorto a esta honorable asamblea para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se incrementen los recursos para este municipio de La Montaña de Guerrero, que en 2008 fue de 29 millones de pesos, pero que fueron insuficientes para mitigar los efectos de la miseria ancestral que sufren sus habitantes.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a asignar dentro del análisis del Presupuesto de 2010 recursos adicionales para el municipio de Cochoapa El Grande, con el objetivo de sacarlo del primer lugar latinoamericano de marginación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

ESTADO DE JALISCO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar punto de acuerdo relativo a la averiguación previa que enfrentan seis ciudadanos en Guadalajara por su participación en la manifestación pública en contra del sistema de transporte denominado Macrobús.

Hace pocas semanas, ciudadanas y ciudadanos tapatíos, entre los que se encontraban un buen número de mujeres, de niños y de personas de la tercera edad que trataban de ejercer su libertad y sus garantías individuales para protestar, porque el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, se ha negado a recibirlos para escuchar sus argumentos de oposición a la línea 2 del denominado Macrobús, fueron recibidos en las cercanías de palacio de gobierno, no con argumentos, no con ideas ni con razones; fueron, ese conjunto de tapatíos brutalmente reprimidos por la policía estatal.

Aquí están, en estas gráficas, cómo personas de la tercera edad, esa señora que debe de ser una abuela con sus nietos, siendo empujada y sufriendo vejaciones con sus infantes acompañantes, por la policía.

Gráficas como ésta, que deben avergonzar a cualquier autoridad gubernamental. Los policías, cargando como si fuera un fardo a un octogenario, que lo pueden ustedes ver, con un cuerpo, lo digo, respetuosamente, esquelético y sujeto a los golpes. O esta señora, siendo literalmente cargada por varios jenízaros represores, para alejarla de la manifestación.

Varones ensangrentados que simplemente querían ser escuchados por Emilio González Márquez. Eso es lo que vengo a excitar aquí, a esta representación, porque luego de la golpiza y de esas vejaciones seis manifestantes, entre ellos ese octogenario, fueron ilegalmente detenidos y dejados en una indefinición e indefensión jurídica durante 48 horas.

A un mes de los abominables acontecimientos esos seis tapatíos: Saúl Cotero, Salvador Lugo, Rubén Contreras, Eduardo Orendáin, Gerardo Bañuelos y David Ramírez están a punto de ser procesados, acusados de seis delitos.

Imagínense ustedes, acusados de asociación delictuosa, de pandillerismo, de daño a instalaciones y a vías de comunicación. ¿Qué es lo que pretende el gobierno represor de Emilio y qué personifica Fernando Guzmán Pérez Peláez? Tiempo es el que hay que tener para acabar con estas injusticias, compañeros panistas.

El propósito de mi intervención es que esta Cámara eleve un respetuoso exhorto a Emilio González Márquez, para que él instruya al Ministerio Público y que se dicte el resolutivo ministerial que decrete el no ejercicio de la acción penal en contra de esos seis tapatíos que simple y sencillamente ejercían y seguirán ejerciendo su libertad, sus derechos y sus garantías. Gracias y dejo a la Secretaría, ciudadano presidente, para lo correspondiente en turno a mi petición.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la averiguación previa que enfrentan seis ciudadanos en Guadalajara por participar en la manifestación pública contra el sistema de transporte Macrobús, a cargo del diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza , del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado Enrique Ibarra Pedroza, en uso de las facultades que confieren los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por este medio presenta a esta soberanía proposición con de punto de acuerdo, para que se considere de urgente resolución, que pide que se envíe atenta excitativa al Poder Ejecutivo de Jalisco a fin de que no ejerza acción penal contra ciudadanos detenidos con motivo de la manifestación pacífica realizada el pasado 29 de agosto en desacuerdo con la ampliación del servicio de transporte público Macrobús, para lo cual expresa las siguientes

1. El 29 de agosto, un grupo de ciudadanos jaliscienses salió a las calles de Guadalajara para expresar su inconformidad con el gobierno del estado por su pertinaz insistencia de construir una línea de camiones articulados que, de llevarse a cabo, traerá más problemas que soluciones.

Los vecinos han argumentado la inviabilidad del trazo de dicha línea de transporte público, toda vez que obstruiría --taponaría-- las calles que conectan sus colonias con el centro de la ciudad y otros puntos.

Toda vez que el gobierno del estado, que encabeza el licenciado Emilio González Márquez, se ha negado a recibirlos para exponer sus puntos de vista, los vecinos y una diversidad de organizaciones no gubernamentales de Guadalajara decidieron asociarse en la Coordinadora Ciudadana de Opositores al Macrobús para hacer una manifestación pacífica que dejara en claro el repudio ciudadano respecto a un proyecto que atenta contra la movilidad urbana. Así, se invitó a las familias asentadas en las zonas que se afectarán con el proyecto de la línea del Macrobús, y a la ciudadanía en general, a participar en la manifestación referida.

2. Los ciudadanos opositores al proyecto marcharon por la calzada Independencia hacia el centro de Guadalajara. Portaban pancartas y proferían consignas alusivas a su intención. Al llegar al cruce con la avenida Juárez --según el dicho de numerosos testimonios--, los manifestantes fueron agredidos por elementos de seguridad pública del estado.

La agresión consistió en golpes con toletes y puntapiés contra hombres, mujeres y niños. Fue tal la desproporción en el ejercicio de la fuerza, que muchos de los manifestantes que lograron huir, no obstante no haber sido golpeados, cayeron presa de crisis nerviosa.

El cuerpo policiaco actuó como un verdadero brazo represor de la manifestación ciudadana y detuvo a seis personas, sobre las que pende la amenaza de fincarles responsabilidad penal por seis diferentes delitos.

Fueron detenidos los siguientes ciudadanos, que ejercían su derecho de expresar sus ideas, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Saúl Cotero Bernal, Salvador Lugo, Rubén Contreras Luna, David Ramírez Mariscal, Gerardo Bañuelos Presa y Eduardo Orendáin Ávila.

En una verdadera estrategia de criminilización de la protesta social, en la que están coludidos los más altos mandos del gobierno de Jalisco, como lo el gobernador, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia, el temor de los organismos ciudadanos es que se falsifiquen los hechos y documentos para justificar la consignación de los detenidos ante un juez penal.

3. En este punto debemos detenernos para advertir que estamos a tiempo de interrumpir lo que podría ser otro caso de culpables inventados --chivos expiatorios--. En este asunto se trata sólo de marcar una advertencia, un precedente de lo que pasará en Jalisco a quienes salgan a la calle para manifestarse contra el gobierno de González Márquez.

Uno de los delitos por los que integra la averiguación previa contra los seis manifestantes es el de ataques a las vías de comunicación, previsto y sancionado en el artículo 125 del Código Penal del fuero común, que impone hasta seis años de prisión al que por cualquier medio destruya, deteriore, obstaculice o impida el funcionamiento de las vías de comunicación o medios de transporte de uso público de jurisdicción estatal o municipal. Sin embargo, resulta incongruente por parte de las autoridades locales de Jalisco, que en julio y agosto pasados, un grupo de militantes panistas --en reyertas internas-- cerraron la calle Vidrio --rúa céntrica de Guadalajara-- por 45 días, durante los cuales no pudo pasar ningún tipo de transporte público ni privado. En ese caso, el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, mostró su rostro amable y tolerante, al grado de que no obstante los cuantiosos daños económicos a los comerciantes de la zona y el ataque mismo a la funcionalidad de una vía urbana, no hubo siquiera una amonestación contra sus correligionarios del Partido Acción Nacional.

Por lo anterior propongo a esta soberanía que nos solidaricemos con los seis ciudadanos, quienes tuvieron el valor de ejercer sus libertades constitucionales, y ahora el Estado los quiere reducir a calidad de delincuentes. Es importante que la honorable Cámara de Diputados sea una institución dinámica en la defensa de las libertades ciudadanas y de la democracia. En este caso, es oportuno que se envíe una atenta excitativa al gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, a instruir a la Procuraduría General de Justicia para esclarecer los hechos a la luz de la verdad histórica y resolver la averiguación previa fincada contra los seis manifestantes inconformes con el Macrobús, dictando el resolutivo ministerial que decrete el no ejercicio de la acción penal.

En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que se considere de urgente resolución, propongo a esta asamblea la siguiente proposición con

Único. La honorable Cámara de Diputados envía atenta excitativa al gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, y solicita su intervención ante la Procuraduría General de Justicia del Estado a fin de que se esclarezcan los hechos suscitados en la marcha ciudadana del 29 de agosto pasado contra la Línea 2 del Macrobús y --con fundamento en el artículo 112 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco-- se determine en la averiguación previa fincada contra los seis manifestantes, dictando el resolutivo ministerial que decrete el no ejercicio de la acción penal.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

VIRUS DE LA INFLUENZA HUMANA AH1N1

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Reyes Tamez Guerra, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Saludinicie una campaña de vacunación contra el virus de la influenza humana AH1N1, de todos los alumnos y alumnas incorporadas al sistema educativo nacional y de todos los docentes y trabajadores administrativos.

Asimismo, se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que lleve a cabo una campaña de información para toda la población estudiantil docente y administrativa del sector, con énfasis en las medidas preventivas e indicando los lugares e instituciones en las cuales se podrá acudir a la vacuna.

Lo anterior, ante el riesgo de un rebrote de la epidemia con el inicio del ciclo escolar y la proximidad de la temporada invernal.

El exhorto tenía su fundamento en las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud, sobre las acciones que se deben tomar y los grupos prioritarios que deben de ser atendidos en casos de epidemia.

Hoy es evidente que enfrentamos un incremento preocupante, donde destaco solamente que el 7 de septiembre se detectaron 379 nuevos casos en el país que, comparados con el punto más alto de la epidemia dado el 27 de abril con 410 casos, nos demuestran que es urgente cumplir con las recomendaciones de la OMS y dar atención a la comunidad educativa como sector prioritario.

En las escuelas es donde se propicia con mayor facilidad la transmisión y es en donde se puede cortar un brote epidémico que pueda traernos consecuencias muy importantes si no actuamos a tiempo.

El 22 de septiembre, en el informe más reciente de la Secretaría de Salud, se reportan 27 mil 660 nuevos casos y 222 fallecimientos; destacando por su importancia el porcentaje de casos en Chiapas, el Distrito Federal, Yucatán y Jalisco.

En este sentido, y ante el aumento de las cifras por este rebrote de influenza, es urgente que se tomen medidas inmediatas para proteger la salud de niños y niñas, y evitar que el sector educativo sea un lugar de riesgo.

Por lo expuesto y fundado en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con puntos de acuerdo:

Primero. Se exhorte al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud, en el momento en que se cuente con la vacuna específica se inicie la campaña de vacunación contra el virus de la influenza AH1N1, de todos los alumnos y las alumnas incorporados al sistema educativo nacional, de todas las docentes y todos los docentes, las trabajadoras y los trabajadores administrativos, con el propósito de prevenir el contagio en escuelas y centros de trabajo escolar.

Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Educación Pública, se fortalezca la campaña de información para toda la población estudiantil, docente y administrativa del sector, haciendo énfasis en las medidas preventivas e indicando los lugares e instituciones en las cuales se podrá acudir a recibir la vacuna.

Tercero. Se informe a esta soberanía de los resultados obtenidos.

Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a iniciar a través de la Secretaría de Salud la campaña de vacunación contra el virus de la influenza humana AH1N1 de los alumnos incorporados al sistema educativo nacional y de los docentes y trabajadores administrativos; y a la SEP, a llevar a cabo una campaña de información para la población estudiantil, docente y administrativa del sector, con énfasis en las medidas preventivas y con el señalamiento de los lugares y de las instituciones en que se podrá acudir a recibir la vacuna, a cargo del diputado Reyes Tamez Guerra, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El pasado 22 de julio, en los últimos meses de la LX Legislatura, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, presentó un punto de acuerdo, a través del cual se solicitaba que se hiciera un exhorto al Gobierno Federal, para que se tomaran las medidas preventivas y estar en condiciones de proporcionar a todos los miembros de la comunidad educativa, la vacuna contra el virus de la Influenza Humana A H1Nl.

Lo anterior, ante el riesgo de un rebrote de la epidemia, con el inicio del ciclo escolar y la proximidad de la temporada invernal.

El exhorto, tenía su fundamento en las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud, sobre las acciones que se deben tomar y los grupos prioritarios que deben ser atendidos en caso de epidemia.

Hoy es evidente que enfrentamos un incremento preocupante, destaca que tan sólo el 7 de septiembre se detectaron 379 casos, mismos que comparados con el punto más alto de la epidemia dado el 27 de abril con 410 casos, demuestra que es urgente cumplir con las recomendaciones de la OMS y dar atención a la comunidad educativa como sector prioritario.

El 22 de septiembre se publicó un informe de la Secretaría de Salud sobre la evolución de la epidemia en todos los estados de la República, en éste se reportan 27,660 casos y 222 fallecimientos, destacando que 13 por ciento de los nuevos contagios se dieron en Chiapas; Distrito Federal el 11 por ciento; Yucatán, con 11 por ciento y Jalisco con 6 por ciento.

En este sentido y ante el aumento en las cifras por el ``rebote de la influenza'', es urgente que se tomen medidas inmediatas para proteger la salud de niños y niñas y evitar que el sector educativo sea un lugar de riesgo.

Por lo expuesto y fundado en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXI Legislatura, someto a consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente proposición con

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud, en el momento en que se cuente con la vacuna, se inicie la campaña de vacunación contra el virus de la Influenza A H1N1 de todos los alumnos y. alumnas incorporados al Sistema Educativo Nacional y de todos los docentes y trabajadores administrativos, con el propósito de prevenir el contagio en escuelas y centros de trabajo del sector.

Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Educación Pública se fortalezca la campaña de información para la toda la población estudiantil, docente y administrativa del sector, haciendo énfasis de las medidas preventivas e indicando los lugares e instituciones en las cuales se podrá acudir a recibir la vacuna.

Tercero. Se informe a esta soberanía de los resultados obtenidos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra el diputado Pedro Jiménez León , del grupo parlamentario... Ha solicitado se posponga para otra sesión esta iniciativa. Por tanto, atendiendo la petición del grupo parlamentario, se pospone la intervención del señor diputado y la propuesta de la iniciativa.

ESTADO DE JALISCO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra hasta por tres minutos el diputado Salvador Caro Cabrera, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Saludpara que, de manera urgente, realice acciones para combatir la crisis epidemiológica que azota al estado de Jalisco; particularmente, a la zona metropolitana de Guadalajara, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

En principio, como es de su conocimiento, Jalisco ocupa el cuarto lugar nacional en casos de influenza del tipo AH1N1, con más de mil 600 casos reconocidos.

En lo relacionado con el dengue, se estima por parte de la Secretaría de Salud del gobierno federal, a través del Cenavece, que podríamos estar rebasando los 14 mil casos, aunque la Secretaría de Salud del estado reconoce poco más de mil. Además, tenemos un brote de paludismo que afecta al pueblo wirrárica en el norte del estado de Jalisco.

Esta crisis sanitaria viene a sumarse a una crisis de seguridad que por supuesto azota a todo el país y por supuesto a la crisis económica.

Jalisco se encuentra en este momento entre las entidades más vulnerables en materia de salud, de acuerdo con el Cenavece. Prácticamente todos los registros de enfermedades contagiosas transmisibles han tenido un incremento en los últimos dos años.

El ocultamiento de datos y las decisiones erráticas reiteradas han sido la divisa del secretario de Salud local y su censurable desempeño ha originado que académicos, gremios y organizaciones sociales reclamen su destitución.

La negligencia y la tendencia anómala en las políticas sanitarias en Jalisco se ejemplifican al propagarse el dengue a tasas casi exponenciales, a pesar de la extensión en el tiempo que tiene el brote original.

Tengo aquí, en mi poder, oficios de distintas escuelas que han acudido a la región sanitaria correspondiente, jardines de niños como el Ignacia Encarnación, la secundaria mixta número 6, que en los primeros días de septiembre solicitaban se fumigaran sus planteles. Al día de hoy esos centros escolares, donde un porcentaje muy significativo de los estudiantes y profesores están ya infectados, lamentablemente no han tenido ninguna respuesta de las autoridades locales. Esto hace urgente la intervención de la Secretaría de Salud del gobierno federal para tomar adecuadas decisiones.

En 2002, en Río de Janeiro se soslayó un brote similar y llegó al millón de personas afectadas con el mal del dengue, tal como está pasando en estos momentos en una zona de Bolivia.

Por eso hoy en Guadalajara son comunes expresiones tales como ``todos se están enfermando y nadie hace nada''.

Por lo anterior, presento ante este pleno, solicitando su turno a la Junta de Coordinación Política para su inmediata resolución, el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se exhorta al doctor José Ángel Córdova Villalobos, titular de la Secretaría de Salud, para que tome acciones de manera urgente para combatir la crisis epidemiológica que azota al estado de Jalisco y particularmente a la zona metropolitana de Guadalajara.

Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Salud a realizar de manera urgente acciones para combatir la crisis epidemiológica que azota Jalisco, particularmente la zona metropolitana de Guadalajara, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Salvador Caro Cabrera , diputado por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, a efecto de exhortar al doctor José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud, a tomar acciones de manera urgente para combatir la crisis epidemiológica que azota Jalisco, particularmente la zona metropolitana de Guadalajara.

En este momento, Jalisco se halla entre las entidades más vulnerables del país en materia de salud, por enfermedades de distinto tipo, que van desde los males prevenibles por vacunación, como hepatitis aguda tipo b, enfermedades respiratorias, aparato digestivo, zoonóticas y contagiosas, así como otras transmisibles por vector, conforme al reciente reporte del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades.

Conforme a los datos emitidos por el citado centro, prácticamente en todos los registros Jalisco va al alza en los últimos dos años. El dengue, enfermedad viral aguda que puede afectar a personas de cualquier edad, siendo más susceptibles los niños y las personas mayores y cuyo vector o agente transmisor es el mosquito Aedes aegypti (clase: insectos, orden: dípteros), reporta un brote inusual de fiebre hemorrágica por dengue, localizándose principalmente en la costa sur del estado y en la zona metropolitana de Guadalajara.

Actualmente se presenta en sus dos formas: fiebre del dengue, enfermedad de tipo gripal, rara vez causal de muerte; y fiebre hemorrágica del dengue: enfermedad más grave que puede ocasionar hemorragias y hasta la muerte, sumamente grave en niños.

En una secuencia de datos oficiales se reporta el brote más importante este año en Guadalajara, que reporta 371 casos al pasado 5 de septiembre, 316 clásicos (80 de ellos nuevos) y 55 hemorrágicos (37 nuevos). En segundo lugar está Tlaquepaque, con 144 casos del tipo clásico y 7 hemorrágico. El tercer lo ocupa Tonalá, con 90 casos clásicos y 8 hemorrágicos. Todos, situados en una misma región geográfica.

En Jalisco, esta enfermedad ya acumula de manera oficial mil 84 casos, de los que 99 de tipo hemorrágico. La Secretaría de Salud de Jalisco reconoce en sus registros tan sólo 55 contagios de los 99, por lo que se advierte que dicha institución de salud estatal oculta o trata de minimizar las cifras de contagio. Las medidas sanitarias que la autoridad ha tomado para revertir el mal han sido selectivas e insuficientes para combatirlo, pues tan sólo ha realizado nebulizaciones y fumigaciones.

Jalisco ocupa el cuarto lugar de nuevos reportes de dengue hemorrágico. El nivel de dispersión del brote epidémico se presenta en 84 colonias tapatías (del sur, oriente y nororiente de la ciudad), por lo que para su control se requiere una acción contundente coordinada por los distintos niveles de gobierno, pero teniendo como eje la Secretaría de Salud del gobierno federal; de lo contrario, y conforme a epidemiólogos consultados, tomará varias semanas controlar la epidemia.

En consecuencia, los reportes de contagio han sido recurrentes. Son ejemplos por resaltar el realizado por padres de familia del jardín de niños Ignacia Encarnación, en la colonia El Zalate, donde 15 niños y 2 profesoras están contagiados. De la misma magnitud, el caso del comité de vecinos de la unidad habitacional Javier Mina, que ha reportado a las autoridades sanitarias del estado desde hace más de 15 días la existencia del contagio; la escuela secundaría mixta número 6, en la zona de Oblatos, entregó un primer oficio de tres el pasado 4 de septiembre, ante un brote creciente en el plantel. En todos los casos, hasta el 17 de septiembre no se había dado atención.

La desesperación de vecinos y directivos de colonias es generalizada, dado que han solicitado la intervención de las autoridades en materia de salud para que éstas realicen nebulizaciones y fumigaciones a efecto contener el brote, sin obtener respuesta a su petición.

Hay razones fundamentales e imperiosas para ocuparnos de la cuestión, ya que es muy alarmante que en Jalisco concurran tantos y tan diversos padecimientos de salud, que si no son atendidos a tiempo pueden causar males mayores que los que ya padecen mujeres, niños y adultos mayores.

En adición de lo anterior, Guadalajara acumula 33.7 por ciento del total estatal en materia de influenza humana, seguido por Zapopan, con 25.9 por ciento. Son de hecho los que tienen el mayor volumen de los casos hasta ahora confirmados, mientras que Tlaquepaque, con 88 casos, es el tercero en incidencia.

En cuanto a la influenza estacional, se han presentado tres nuevos casos de ésta, que llega a 913 registros.

En lo que va del año, Jalisco ha presentado seis casos de paludismo, enfermedad que, igual que el dengue, se transmite a través de un mosquito, pero del tipo Anopheles. Esto afecta principalmente a la comunidad wixárica. Desde 2005, la entidad venía presentando, en promedio, dos casos por año, pero hasta 2008 no se tuvo un repunte, con 10 contagios, los cuales se dieron a conocer a finales del año.

Aunque es una enfermedad ``controlada'' en el estado, la vigilancia epidemiológica permanente, después de las experiencias locales con la influenza y el dengue, preocupa y nos hace exigir medidas mayores.

Por lo anterior, presento ante el pleno, como de urgente y obvia resolución, el siguiente

Único. Se exhorta al doctor José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud, a tomar acciones de manera urgente para combatir la crisis epidemiológica que azota Jalisco, y particularmente la zona metropolitana de Guadalajara.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Salud. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo. Sí diputado, dígame.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Es para rectificar el turno, su fuera tan amable la Mesa, porque el diputado lo solicitó a la Junta, en razón de la urgencia del asunto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias. Con mucho gusto, diputado. Se turna a la Junta de Coordinación Política para fin de que tenga la misma ruta; con mucho gusto.

ADMINISTRACION PUBLICA EN ENTIDADES FEDERATIVAS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Miguel Martín Lópezpara presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales y delDistrito Federala que apliquen medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública en cada una de las entidades federativas y mejoren sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo a la que ya hizo referencia el presidente de la Mesa Directiva.

Al tenor de las siguientes consideraciones:

El gobierno federal en colaboración con el Congreso de la Unión se ha esforzado arduamente por apoyar a los gobiernos estatales y municipales, con el objetivo de continuar con su contribución en el desarrollo local y regional de cada uno de ellos.

Durante los últimos 9 años hemos sido testigos de que los recursos provenientes de participaciones y aportaciones federales se han incrementado sustancialmente. Sin embargo, compañeros legisladores, los trabajos se han enfocado también a legislar en materia de administración y fiscalización de estos recursos.

Ante un tema tan relevante como éste, a finales de 2007 se presentó por parte del Ejecutivo y se aprobó por parte del Legislativo, la reforma hacendaria que incluía, entre otros aspectos de igual relevancia, reformar el artículo 79 constitucional, con el objetivo de otorgar mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar en el ámbito de lo local los recursos provenientes de la federación.

También en noviembre de 2008 fue dictaminada y aprobada la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que tuvo por objetivo establecer los criterios generales para la homologación contable y lograr que la emisión de información financiera de los tres órdenes de gobierno contara con una adecuada armonización.

Finalmente, el 16 de abril de 2009 se aprobó en esta Cámara de Diputados el dictamen que expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; es decir, durante los últimos 10 años la federación y el Congreso de la Unión se han esforzado no sólo por presupuestar mayores recursos a estados y municipios, sino también por tratar de brindar las herramientas necesarias y adecuadas para su correcto y eficaz ejercicio.

Sin embargo, tal voluntad no se observa por parte de los gobiernos locales; en cambio, sí somos testigos de la falta y casi nula corresponsabilidad y compromiso de dichos órdenes de gobierno en la administración responsable de sus finanzas.

Es así como podemos ver que gobiernos priístas, como en el caso de Veracruz, despilfarran recursos federales para campañas políticas truculentas y sin apego a la legalidad, con el objetivo de conservar a como dé lugar el gobierno.

Somos testigos también...

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: A ver, permítame, señor diputado. Está pidiendo usted la palabra ¿con qué objeto, diputado?

El diputado Miguel Martín López: Tiene que ver con el tema.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Habla de medidas de austeridad, no con respecto a críticas al comportamiento de gobiernos estatales.

El diputado Miguel Martín López: Transparencia en el manejo de recursos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pediríamos, señor diputado, si está usted de acuerdo, el tema que fue registrado es para hablar de medidas de austeridad para reducir el tamaño del costo de la administración pública, para que podamos concluir con su ponencia.

El diputado Miguel Martín López: Espero me recuperen el tiempo, señor presidente.

Somos testigos del uso de bienes muebles e inmuebles estatales para fines políticos, ¿y la corresponsabilidad ante épocas de crisis dónde queda, compañeros? ¿Y qué hay de las medidas de austeridad para solventar los compromisos futuros? Ninguna, por lo visto, en el estado de Veracruz. Mi estado, lamento decirlo, es un ejemplo claro de esto.

Es una lástima que durante muchos años un gobierno como el de Veracruz haya sido incapaz de generar sistemas de fiscalización local eficientes, que redunden en la aplicación correcta de los recursos. En cambio, mi estado se caracteriza y se especializa en época de crisis por malgastar los recursos.

Los problemas que genera la crisis se resuelven con trabajo, con compromiso, olvidando partidos políticos, intereses personales y beneficios propios.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente, tiempo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame diputado. Con todos los participantes hemos tenido tolerancia a efecto de que puedan concluir, señor diputado. Entonces estaríamos en las mismas condiciones, teniendo la tolerancia con el señor diputado e invitándolo a que concluya. Con mucho gusto.

El diputado Miguel Martín López: El Ejecutivo federal y el Congreso hemos puesto hasta ahora...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Concluya, por favor, señor diputado.

El diputado Miguel Martín López: El Ejecutivo federal y el Congreso hemos puesto, hasta ahora, el ejemplo de las transformaciones de fondo. Esperamos que las autoridades estatales actúen en forma similar.

Es momento para dejar a un lado los intereses y las reticencias que pudiera haber en materia de recursos, para emprender acciones contundentes en beneficio de nuestro país.

Por lo anterior, se presentan los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a las entidades federativas, a través de sus legislaturas locales, para que aprueben lo antes posible la nueva Ley Federal de Contabilidad Gubernamental, para mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos ejercidos.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los 31 gobiernos estatales y al Distrito Federal, así como a las diversas entidades públicas del mismo orden, para que consideren las medidas de austeridad necesarias; así como lo ha hecho el gobierno federal, para hacer frente a la eventual carencia de recursos para el ejercicio fiscal de 2010.

Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales y del Distrito Federal a aplicar medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública local, y a mejorar sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales a través de sus legislaturas locales, para que aprueben lo antes posible la Nueva Ley Federal de Contabilidad Gubernamental para mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos ejercidos y apliquen medidas de austeridad para reducir el tamaño y costo de la administración pública, al tenor de las siguientes

El gobierno federal, en colaboración con el Congreso de la Unión, se ha esforzado arduamente por apoyar a los gobiernos estatales y municipales con el objetivo de continuar con su contribución en el desarrollo local y regional de cada uno de ellos.

Durante los últimos 9 años hemos sido testigos de que los recursos provenientes de participaciones y aportaciones federales, se han incrementado sustancialmente.

Mientras que en el año 2001 el monto de las participaciones ascendía a 267,992.4 millones de pesos (mdp) de 2009, en el presente año se estima serán al menos de 436,670.9 mdp.

Por lo que corresponde a las aportaciones federales, también observamos un crecimiento. En el 2001 se asignó un presupuesto de 338,002.7 mdp, en 2009 éste será, de acuerdo al Proyecto de Presupuesto de 423,221.7 mdp.

Sin embargo compañeros legisladores, los trabajos no se han enfocado única y exclusivamente al tema de la asignación presupuestal, sino también a legislar en materia de administración y fiscalización de estos recursos.

Ante un tema tan relevante como éste, a finales de 2007 se presentó por parte del Ejecutivo y aprobó por parte del Legislativo, la reforma hacendaria que incluía, entre otros aspectos de igual relevancia, reformar el artículo 79 constitucional con el objetivo de otorgar mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para fiscalizar en el ámbito de lo local, los recursos provenientes de la Federación.

Por si esto fuera poco, en el año 2008 fuimos testigos del arduo trabajo de nuestros compañeros integrantes de la LX Legislatura respecto al tema de la homologación contable.

Es así como en noviembre de 2008 fue dictaminada y aprobada la Ley General de Contabilidad Gubernamental que tuvo por objetivo, establecer los criterios generales para la homologación contable y lograr que la emisión de información financiera de los tres órdenes de gobierno, contara con una adecuada armonización.

Finalmente podemos señalar que, el pasado jueves 16 de abril de 2009 se aprobó en esta honorable Cámara de Diputados, el dictamen que expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Es decir, que durante los últimos 10 años, la Federación y el Congreso de la Unión, se han esforzado no sólo por presupuestar mayores recursos a estados y municipios, sino también, por tratar de brindar las herramientas necesarias y adecuadas para su correcto y eficaz ejercicio.

Un último esfuerzo por parte del gobierno federal para hacer frente a la crisis, tiene que ver con la desaparición de tres dependencias de gobierno y la propuesta de ajuste al gasto que asciende a 218 mil millones de pesos.

Sin embargo, tal voluntad no se observa por parte de los gobiernos locales; en cambio, sí somos testigos de la falta y casi nula corresponsabilidad y compromiso de dichos órdenes de gobierno en la administración responsable de sus finanzas.

Es así como podemos ver que gobiernos priístas, como el caso de Veracruz, despilfarran recursos federales para campañas políticas truculentas y sin apego a la legalidad, con el objetivo de conservar como sea, el gobierno.

Somos testigos, del uso de bienes muebles e inmuebles estatales para fines políticos. ¿Y la corresponsabilidad ante épocas de crisis dónde queda compañeros? ¿Y qué hay de las medidas de austeridad para solventar los compromisos futuros? Ninguno por lo visto. El estado de Veracruz, mi estado lamento decirlo, es un ejemplo claro.

Esto sin duda, es reflejo de una falta de compromiso y corresponsabilidad administrativa; una falta de compromiso a ejercer cabalmente lo que las leyes federales y secundarias marcan respecto al ejercicio, transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos.

Es una lástima que los esfuerzos del gobierno federal y el propio Congreso de la Unión en materia de rendición de cuentas y actualmente, de medidas de ahorro, no sean replicados en los gobiernos estatales.

Es una lástima que durante muchos años, un gobierno como el de Veracruz haya sido incapaz de generar sistemas de fiscalización local eficientes, que redunden en la aplicación correcta de los recursos. En cambio, mi estado se caracteriza y se especializa en época de crisis, por mal gastar.

Es necesario que entendamos que la crisis financiera por la que atraviesa nuestro país, no se resuelve con ``estirar la mano y gastar sin rendir cuentas''.

Los problemas que genera la crisis, se resuelven con trabajo, con compromiso, olvidando partidos políticos, intereses personales y beneficios propios.

Este es un exhorto a los gobiernos estatales para sumarse a un esfuerzo nacional con el fin de preservar la estabilidad y cuidar la economía de las familias y el Estado Mexicano, así como para adecuar sus estructuras a las nuevas realidades y brindar mejores y más eficientes servicios a la ciudadanía.

El Ejecutivo federal y el Congreso, hemos puesto hasta ahora, el ejemplo de las transformaciones de fondo; esperamos entonces, que las autoridades estatales actúen de forma similar. Es momento para dejar a un lado los intereses y las reticencias que pudiera haber en materia de recursos, para emprender acciones contundentes en beneficio de nuestro país.

Por lo anterior se presenta el siguiente

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a las entidades federativas a través de sus legislaturas locales, para que aprueben lo antes posible la Nueva Ley Federal de Contabilidad Gubernamental para mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos ejercidos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los 31 gobiernos estatales y al Distrito Federal, así como a las diversas entidades públicas del mismo orden para que consideren las medidas de austeridad necesarias, así como lo ha hecho el gobierno federal, para hacer frente a la eventual carencia de recursos para el ejercicio fiscal 2010.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado.Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra la diputada Esthela Damián Peralta , del grupo parlamentario....

El diputado José Francisco Yunes Zorrilla (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, ¿con qué objeto? A ver, denle sonido ahí al señor diputado para que nos diga con qué objeto.

El diputado José Francisco Yunes Zorrilla (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Con el propósito de rectificar hechos, en términos de lo que acabamos de escuchar.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Discúlpeme, diputado, no ha lugar a rectificación de hechos porque es una iniciativa que se está turnando a comisión; ni está a discusión ni está abierto el debate. Por tanto, y habiéndose turnado, es improcedente, diputado.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Dígame usted, diputado.

Estamos de acuerdo en pactar debates y en respetar el acuerdo legislativo que rige las sesiones y que dice que en las proposiciones de puntos de acuerdo no ha lugar a rectificación de hechos, pero cuando se procede dentro del marco del propio acuerdo. Lo que está publicado es diferente a lo que dijo el diputado que hizo uso de la palabra hace un momento.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señor diputado, los puntos de acuerdo solicitados fueron a efecto de que se hicieran las adecuaciones legislativas correspondientes, de acuerdo con lo que fue listado. Por eso es el tema que está señalado en la agenda correspondiente, diputado.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Dígame diputado.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto se toma en consideración y se hace mención en el acta correspondiente.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Carlos Pérez, por favor. ¿Con qué objeto, diputado?

Ellos se refieren a una moción de orden que tiene otro tipo de naturaleza jurídica, es decir, nos hemos apegado estrictamente a lo que establece el punto de acuerdo, y lo que expresan nuestros compañeros diputados es sobre la argumentación de ese punto de acuerdo, que es libertad de cada uno de los legisladores que integran esta Cámara para poderlo expresar en los términos que consideren pertinentes.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Ha quedado determinado y el texto está perfectamente definido, y la solicitud hecha para que quede el señalamiento correspondiente en el acta ha sido aceptado; por tanto es como quedaría, diputado. ¿Desea hacer uso de la palabra, diputado?

Solamente para ratificar lo solicitado, y es que se borren del acta las partes no incluidas en la Gaceta, en la argumentación, que ciertamente es libre, pero el objeto de pactar esos puntos de acuerdo es no abrir una discusión.

Cuando los compañeros de Acción Nacional quieran discutir un tema político, vamos a la agenda política y con mucho gusto lo discutiremos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Consideramos que está perfectamente determinado, de acuerdo con lo planteado tanto en la lista del asunto a tratar como lo expresado en la propia iniciativa, por tanto continuaremos con la sesión, señor diputado.

DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Esthela Damián Peralta, por el Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al jefe del Gobierno delDistrito Federaly al Ejecutivo federal, para que de manera coordinada, a través de la Secretaría de Gobernación, otorguen los beneficios del Fondo para la Prevención de Desastres Naturalespara apoyar a los ciudadanos delDistrito Federalafectados por las inundaciones del pasado 6 de septiembre del año en curso.

Diputadas y diputados, me presento ante esta tribuna para solicitar su apoyo a este punto de acuerdo, que busca fundamentalmente solicitar al jefe del Gobierno del Distrito Federal y al Ejecutivo federal su intervención, para que se otorguen los beneficios del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, para apoyar a los ciudadanos del Distrito Federal afectados por las inundaciones que se sufrieron en esta ciudad.

Soy diputada por el distrito 9, ubicado en la delegación que hospeda a esta Cámara de Diputados, y lamentablemente varias colonias fueron afectadas por las lluvias, no solamente el 6 de septiembre pasado, sino también por los recientes eventos hidrometeorológicos que se han suscitado.

Veinte fueron las colonias más afectadas en esta demarcación política, entre ellas Moctezuma, Primera y Segunda Sección; Pensador Mexicano, Puebla, Ignacio Zaragoza, Aviación Civil, por citar algunas, pero no sólo los fenómenos hidrometeorológicos han afectado a esta delegación, sino también a la delegación Benito Juárez, en las colonias Moderna y Álamos; en la delegación Azcapotzalco, en la colonia Electricista; en la delegación Iztacalco, en la colonia Agrícola Oriental; en la delegación Gustavo A. Madero, en la colonia Acueducto de Guadalupe, y las recientes lluvias que causaron daños en la delegación Magdalena Contreras.

El Fondo de Prevención de Desastres Naturales tiene como finalidad proporcionar recursos a las dependencias y entidades de la administración federal y entidades federativas, destinados a la realización de acciones y mecanismos tendientes a reducir los riesgos, evitar o disminuir los efectos destructivos originados por fenómenos naturales, sobre la vida y bienes de la población, los servicios públicos y el medio ambiente.

Por lo expuesto, compañeros diputados, les solicito su apoyo para que se generen las condiciones administrativas, para que el gobierno federal y de esta ciudad se coordinen, a efecto de que toda la población afectada logre, de manera inmediata, apoyos económicos para subsanar los daños causados, así como para prevenir este tipo de afectaciones a los muebles e inmuebles de las familias en comento.

Por economía parlamentaria, solicito que se inserte de manera íntegra el texto del punto de acuerdo presentado por la de la voz, en el Diario de los Debates, y con fundamento en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito que se turne a la Junta de Coordinación Política. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al jefe del Gobierno del Distrito Federal y al Ejecutivo federal que otorguen de manera coordinada, a través de la Segob, los beneficios del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, a fin de apoyar a los ciudadanos de la capital del país afectados por las inundaciones del 6 de septiembre del año en curso, a cargo de la diputada Esthela Damián Peralta , del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Esthela Damián Peralta , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente al jefe del Gobierno del Distrito Federal y al del Ejecutivo federal, para que de manera coordinada, a través de al Secretaría de Gobernación se otorguen los beneficios del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, para apoyar a los ciudadanos del Distrito Federal afectados por las lluvias del pasado 6 de septiembre del año en curso, bajo los siguientes

Es sabido que el Distrito Federal es una entidad propensa a inundaciones. Justamente el pasado 6 de septiembre del año en curso, se trató de una lluvia intensa, principalmente concentrada en las zonas oriente y centro de esta ciudad en un área de 640 kilómetros cuadrados, sobre la que cayeron en menos de tres horas 27 mil millones de litros de agua.

Si bien es cierto, el sistema de drenaje del Distrito Federal trabaja de manera eficiente, no es suficiente para una mancha urbana de más de 20 millones de habitantes.

Considerada por el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, como la precipitación pluvial más alta ocurrida en los últimos 10 años por su concentración urbana que causó mil afectados en la colonia Acueducto de Guadalupe, en la delegación Gustavo A. Madero, por la ruptura y desbordamiento del río Tlalnepantla.

Asimismo en las colonias Moderna y Álamos de la delegación Benito Juárez hubo 120 afectados debido a los niveles altos en el interceptor oriente.

La colonia Electricistas, en Azcapotzalco, registró 50 afectados por el derrame en la lumbrera cinco del interceptor centro-poniente, y en la colonia Agrícola Oriental, en Iztacalco, hubo 10 afectados al derramarse la lumbrera seis del interceptor oriente-sur. Lo que da un total de mil 450 afectaciones.

En Venustiano Carranza, se contabilizaron más de 20 colonias afectadas; entre las que sobresalen por el impacto las siguientes colonias: Moctezuma primera y segunda sección, Pensador Mexicano, Aviación Civil, Puebla, Ignacio Zaragoza, Valle Gómez, Federal, Michoacana, Morelos, Madero Progresista, 20 de Noviembre, Popular Rastro, Cuatro Árboles, Peñón de los Baños, Revolución, Romero Rubio, Arenal segunda y tercera sección, Simón Bolívar y Jardín Balbuena.

En todas ellas, el nivel del agua llegó a los 80 centímetros y, en otros casos, al metro de altura. Por lo que vehículos, sótanos de edificios, estructura de viviendas, muebles y aparatos electrodomésticos de más de 2 mil familias principalmente de la colonias Moctezuma primera y segunda sección quienes sufrieron daños irreparables.

Los trabajos para abatir los niveles de lluvia se continuaron desarrollando durante el transcurso del siguiente día, ya que la intensidad de la lluvia cuadruplicó la capacidad de desalojo del sistema de drenaje, con lo que no se hicieron esperar los encharcamientos. Al grado que el sistema de drenaje capitalino trabajo a su máxima capacidad para de-salojar 27 millones de metros cúbicos de agua.

El sistema de drenaje profundo trabajó totalmente lleno con presión de carga desde las 22:00 horas; aún el día posterior de la lluvia, había bastante presión de agua, porque todos los sistemas se saturaron.

Ante esta desgracia, que afecto a miles de ciudadanos, es prioritario que las autoridades del gobierno del Distrito Federal y del Ejecutivo federal, se coordinen a efecto de valorar los daños sufridos en las demarcaciones afectadas.

Que de manera coordinada recurran al Fondo de Prevención de Desastres Naturales que tiene como finalidad proporcionar recursos a las dependencias y entidades de la administración federal y entidades federativas, destinadas a la realización de acciones y mecanismos tendentes a reducir riesgos, evitar o disminuir los efectos destructivos originados por fenómenos naturales sobre la vida y bienes de la población, los servicios públicos y el medio ambiente.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados los siguientes

Primero. Se solicita al jefe del Gobierno del Distrito Federal, que por medio de la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, se evalúen y se valoren los daños materiales que sufrieron los habitantes del Distrito Federal, directamente ocasionados por la lluvia del domingo 6 de septiembre de 2009.

Segundo. Que de la valoración realizada por la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, el jefe del Gobierno del Distrito Federal y el Ejecutivo federal, de manera coordinada, aprueben y pongan en marcha acciones para promover la reducción de la vulnerabilidad física de la ciudad ante fenómenos de orden hidrometereológico. Asimismo, impulsen una cultura de la autoprotección y mejoren las tecnologías para mitigar riesgos.

Tercero. Que se otorguen beneficios para apoyar a los ciudadanos del Distrito Federal afectados en sus bienes materiales por las lluvias del 6 de septiembre de 2009.

Cuarto. Se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal y al Ejecutivo federal, a que den prioridad a la construcción del túnel emisor oriente, con el propósito de complementar los sistemas del interceptor poniente, de drenaje profundo y el del Gran Canal, a efecto de evitar este tipo de desastres materiales, ocasionados por las lluvias en el Distrito Federal.

Quinto. Asimismo se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, que de conformidad al artículo 94 de la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal, a la brevedad posible, cree el Fondo de Apoyo Económico que permita el desarrollo de los programas y el cumplimiento de los objetivos del sistema de protección civil, enfocados a la prevención, generación y cosolidación de la cultura de protección civil.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

COMISION ESPECIAL ENCARGADA DE DAR SEGUIMIENTO A LA CORRECTA APLICACION DE LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO 2106

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial encargada de dar seguimiento a la correcta aplicación de los recursos del Fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

El propósito de dicho convenio fue permitir que trabajadores agrícolas mexicanos tuvieran la oportunidad de laborar legalmente, contando con todas las garantías jurídicas en los Estados Unidos y se dispuso la creación del fondo de ahorro denominado Fondo de Ahorro Campesino. Dichos fondos serían transferidos al Banco de Crédito Agrícola de México y que el monto de dicho ahorro se destinaría, por parte de los trabajadores agrícolas a su regreso a México, en la adquisición de implementos agrícolas.

Desafortunadamente para los trabajadores migratorios, el monto de sus ahorros se perdió o se lo robaron. Lo real es que cuando se creó el Banco Nacional de Crédito Rural, al que se integró el Banco de Crédito Agrícola, los recursos aportados por los trabajadores nunca se encontraron.

Esto ha traído como consecuencia que los trabajadores ex braceros y sus familias se organizaran para exigir se les devuelva el monto de sus ahorros. Con el propósito de enmendar esta situación, la LIX Legislatura del Congreso de la Unión aprobó la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2005.

Desafortunadamente en un acto de nula sensibilidad política, el comité técnico determinó modificar las reglas de operación en el punto 5, importe del apoyo social, mismas que ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de junio para quedar en los siguientes términos:

5. ``Importe del Apoyo Social. El importe del apoyo social que se entregará por una sola vez a cada beneficiario será por la cantidad de 38 mil pesos, misma que será entregada en exhibiciones de acuerdo con los recursos disponibles en el fideicomiso en cada ejercicio fiscal, con lo que se establece en las fracciones I y III del artículo 5 de esta ley''.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, con base en el numeral cinco de las reglas de operación del Fideicomiso 2106, modificadas en junio de este año, el comité técnico pretende entregar a cada beneficiario 4 mil pesos mensuales, lo que estamos seguros que no servirá ni siquiera para pagar un entierro, si tomamos además en consideración que el promedio de edad de los trabajadores ex braceros oscila entre los 75 y 85 años y muchos de ellos ---por desgracia--- no vivirán para recibir el recurso que se les robó.

En opinión de los diputados que suscribimos la siguiente proposición con punto de acuerdo de esta Cámara de Diputados, es que se les debe dar continuidad a las tareas rea-lizadas por las Comisiones Especiales de Seguimiento a los Fondos de ex Trabajadores Mexicanos Braceros que en las legislaturas anteriores se han creado.

De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción IV, de nuestra norma fundamental, esta Legislatura tiene la obligación de aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación y en él establecer la partida presupuestal para el Fideicomiso 2106 y de ahí pagar a los ex braceros la cantidad que les corresponde.

Por las razones antes expuestas, proponemos el siguiente punto de acuerdo:

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acuerda la creación de la Comisión Especial encargada de darle seguimiento a la correcta aplicación de los recursos del Fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964.

Hago entrega de la proposición a la Secretaría de esta Cámara. Agradezco su atención. Buenas tardes.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial encargada de dar seguimiento a la correcta aplicación de los recursos del Fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del Grupo Parlamentario del PT

Los suscritos, integrantes de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo para que, en términos de lo que se establece en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se acuerde la creación de la comisión especial para dar seguimiento a la correcta aplicación de los fondos del fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos de 1942-1964, bajo las siguientes

En 1942, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, se firmó por parte de representantes del gobierno de México y el de Estados Unidos de América el denominado convenio sobre la contratación de trabajadores mexicanos para ser empleados en labores agrícolas en Estados Unidos.

El propósito de dicho convenio fue permitir que trabajadores agrícolas mexicanos tuvieran oportunidad de laboral legalmente contando con todas las garantías jurídicas en Estados Unidos y se dispuso la creación del fondo de ahorro campesino, dichos fondos serían transferidos al Banco de Crédito Agrícola de México y el monto de dicho ahorro se destinaría, por parte de los trabajadores agrícolas a su regreso a México, en la adquisición de implementos agrícolas.

Desafortunadamente, para los trabajadores migratorios, el monto de sus ahorros se perdió o se lo robaron. Lo real es que cuando se creó el Banco Nacional de Crédito Rural al que se integró el Banco de Crédito Agrícola los recursos aportados por los trabajadores no se encontraron.

Esto ha traído como consecuencia que los trabajadores ex braceros y sus familias se organizaran para exigir que se les devuelva el monto de sus ahorros.

Con el propósito de enmendar esta situación la LIX Legislatura del Congreso de la Unión aprobó la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2005.

Con base en esta ley, el Comité Técnico del Fideicomiso 2106 emitió las reglas de operación en las que en el punto cinco ``Importe del apoyo social'' se estableció lo siguiente: ``El importe del apoyo social que se entregará a cada beneficiario será por la cantidad de 38 mil pesos, de acuerdo con los recursos disponibles en el patrimonio del fideicomiso, de conformidad con el orden de prelación que se establece en el artículo 5, fracción III, de la ley ''.

Desafortunadamente, en un acto de nula sensibilidad política el comité técnico determinó modificar las reglas de operación en el punto cinco ``Importe del apoyo social'', mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de este año, para quedar en los siguientes términos:

Con base en el numeral 5 de las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106, modificadas en junio de este año el comité técnico pretende entregar a cada beneficiario 4 mil pesos mensuales, lo que no sirve ni para pagar un entierro.

Si tomamos en consideración que el promedio de edad de los trabajadores ex braceros oscilan entre los 75 y 85 años, muchos de ellos, por desgracia, no vivirán para recibir el recurso que se les robó.

En opinión de los diputados que suscribimos la siguiente proposición con punto de acuerdo esta Cámara de Diputados debe dar continuidad a las tareas realizadas por las comisiones especiales de seguimiento a los fondos de trabajadores mexicanos braceros, que en las legislaturas anteriores se han creado. Esta Cámara de Diputados de conformidad de lo que se dispone en el artículo 74, fracción IV, de nuestra norma fundamental, tiene la obligación de aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación en donde se debe establecer la partida presupuestal para el Fideicomiso 2106 y de ahí pagar a los ex braceros la cantidad que les corresponde.

No podemos negar que se trata de una tarea de justicia social, resulta vergonzoso que en todo el tiempo transcurrido no se les haya hecho justicia y ellos tengan que venir a las afueras de esta Cámara de Diputados a reclamar lo que en estricto derecho les corresponde.

En la comparecencia del secretario de Gobernación, el pasado 17 de septiembre, el diputado Enrique Ibarra Pedroza le preguntó sobre el por qué no se han pagado en una sola exhibición los 38 mil pesos autorizados a los ex braceros, a lo que el secretario de Gobernación contestó con evasivas. También fue cuestionado por la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente sobre el mismo tema y la respuesta fue, de nueva cuenta, evadir el fondo del problema.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para que se turne a la Junta de Coordinación Política, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acuerda la creación de la Comisión Especial encargada de dar seguimiento a la correcta aplicación de los recursos del Fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964.

La Junta de Coordinación Política determinará el número de sus integrantes, debiendo estar representados todos los grupos parlamentarios.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra hasta por tres minutos, la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren recursos para la creación de un fondo contra contingencias epidemiológicas.

Es importante señalar que la atención médica temprana y el control con los recursos para los insumos son de vital importancia para frenar la evolución de estos padecimientos y evitar o disminuir la mortalidad.

La influenza AH1N1 ha presentado un verdadero reto para el sistema de salud en nuestro país y diversos países en todos los continentes se han visto afectados por la presencia de brotes epidémicos, convirtiéndose así en un problema mundial que ha dejado en evidencia, en muchos de los casos, de la escasa capacidad de respuesta ante situaciones catastróficas.

En lo que respecta a nuestro país, hasta el día de hoy, 18 de septiembre de este año, la Secretaría de Salud ha confirmado más de 27 mil casos de influenza AH1N1 y un lamentable saldo de 222 personas fallecidas por dicha causa.

Esta urgencia prioritaria de controlar la contingencia fue determinante para iniciar acciones con los recursos propios del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, el cual es parte del Sistema de Protección de Salud.

Para atender la emergencia epidemiológica derivada de esta influenza se han utilizado recursos del fondo del Fideicomiso de Protección Social en Salud. Este fondo tiene como finalidad atender enfermedades graves, que son el principal factor de empobrecimiento de las familias, y se constituye con el 8 por ciento de los recursos totales que se destinan a financiar las primas de los beneficiarios del Seguro Popular.

Aun cuando la finalidad del fondo es atender a los mexicanos sin seguridad social, hasta este momento se han destinado 3 mil 750.8 millones de pesos para hacer frente de inmediato a esta emergencia, dejando desprotegido a un número importante de familias.

Por lo que se considera importantísimo no solamente la adquisición de vacunas, se contempla la necesidad de contar también con los laboratorios suficientes, con los reactivos, la hospitalización, etcétera.

Puntos de acuerdo. Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Salud de la honorable Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 se considere la creación, con carácter permanente, de un fondo para la atención de urgencias epidemiológicas, para el ejercicio presupuestal 2010, con un monto de 6 mil millones de pesos.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal para que destine recursos adicionales a la Secretaría de Salud, para la creación de un fondo para la atención de manifestaciones de la influenza AH1N1 en el presente año, por un monto de 2 mil 500 millones de pesos.

Se considera este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren recursos para crear un fondo contra contingencias epidemiológicas, a cargo del diputado Rodolfo Torre Cantú , del Grupo Parlamentario del PRI

Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Salud de la honorable Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 la creación, con carácter permanente, de un fondo para la atención de urgencias epidemiológicas y que para el ejercicio presupuestal de 2010 se forme con un monto de 6 mil millones de pesos, y se exhorte al Ejecutivo federal a destinar recursos adicionales a la Secretaria de Salud para la creación de un fondo para la atención de las manifestaciones de la influenza A (H1N1) en el presente año de 2009, por un monto de 2 mil 500 millones de pesos con base en los siguientes

La presencia a nivel mundial de nuevos riesgos sanitarios y enfermedades emergentes que afectan a todos los sectores de la población, conforman un panorama complejo que requiere a corto plazo necesidades de servicios que van más allá de las acciones y programas con que actualmente cuenta el sistema nacionales de salud.

En México, se puede advertir que los principales motivos de demanda de servicios se concentran en las enfermedades crónico-degenerativas infecciosas; estas últimas, al no ser tratadas a tiempo evolucionan hasta convertirse en brotes epidémicos, pudiendo llegar a pandemias. Es importante señalar que la atención medica temprana y el contar con los recursos para los insumos, es de vital importancia para frenar la evolución de estos padecimientos y evitar o disminuir la mortalidad.

Algunos de los padecimientos que pueden generar una carga alta de enfermedades y urgencias epidemiológicas son el dengue, paludismo, cólera, hepatitis viral, tuberculosis, dengue, entre otros, y enfermedades prevenibles por vacunación tales como tosferina, tétanos y sarampión. Destacan además las urgencias epidemiológicas por infecciones nosocomiales, las cuales provocan problemas sociales, gastos catastróficos y altas tasas de mortalidad hospitalaria.

Cada año se atiende una gran variedad de urgencias epidemiológicas; tan sólo en 2009 se atiende la emergencia epidemiológica por rickettsiosis, transmitida por garrapata que inició en Mexicali, Baja California, y que se ha extendido a otros estados como Sonora, Baja California Sur, Hidalgo y Tamaulipas. Asimismo, se atiende el incremento de tosferina, lo que constituye emergencias epidemiológicas que no pueden ser postergadas para su atención.

Por otro lado, la influenza A (H1N1) ha representado un verdadero reto para el sistema de salud para nuestro país y diversos países en todos los continentes que se han visto afectados por la presencia de brotes epidémicos, convirtiéndose en un problema mundial que ha dejado en evidencia, en muchos de los casos, la escasa capacidad de respuesta ante situaciones catastróficas.

El virus que se registró apenas en el mes de marzo pasado afecta ya a 168 países con unos 209 mil 438 casos y más de 2 mil 185 defunciones en el mundo , a pesar de que la Organización Mundial de la Salud la declaró pandemia en junio pasado, a fin de que se tomaran las previsiones necesarias.

En este sentido, nuestro país tuvo que enfrentar este problema inédito con el surgimiento del virus con potencial y evolución desconocidos, por lo que sin duda se buscó en todo momento proteger la salud y la vida de los mexicanos por encima de cualquier consideración económica.

En lo que respecta a México, al 3 de septiembre del presente año, la Secretaría de Salud confirmó 22 mil 363 casos de influenza A/H1N1 y un lamentable saldo de 199 personas fallecidas por dicha causa.

Esta urgencia prioritaria de controlar la contingencia fue determinante para iniciar acciones con los recursos propios del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, el cual es parte del Sistema de Protección Social en Salud.

Dicho fondo busca otorgar servicios médicos de alta especialidad a las personas que no cuentan con Seguridad Social y que padecen enfermedades de alto costo que pueden poner en riesgo su vida y patrimonio familiar, tales como cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino, cáncer de próstata, cáncer en niños, VIH-sida, entre otros.

En este sentido, cabe señalar que el artículo 77 Bis 17 de la Ley General de Salud establece que la Secretaría de Salud debe canalizar a este fondo el 8 por ciento del total de recursos correspondientes a la cuota social y aportaciones solidarias, es decir, el 8 por ciento de lo que se destina al Seguro Popular.

De esta forma este fondo, al primer trimestre de 2009, cuenta con recursos por 17 mil 826.8 millones de pesos, de acuerdo al informe trimestral del fideicomisos que rinde la Secretaría de Salud.

Si bien el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos se destina también a cubrir emergencias sanitarias, como la que hemos estado viviendo, este fondo cubre muchas otras cosas más, por lo que es importante valorar la creación de un fondo específico que atienda emergencias epidemiológicas y así se permita garantizar la continuidad de los programas que se llevaban a cabo con otros fondos.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, para la atención de la contingencia sanitaria, se han gastado mil 400 millones de pesos provenientes del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y se tienen previstos otros 350 millones de pesos para el resto del año, además, de ahí saldrán los 2 mil 100 millones de pesos para la compra de las 20 millones de vacunas contra la influenza, que en número de 5 millones de dosis se espera adquirir para diciembre y a partir de enero de 2010 los restantes 15 millones. El Instituto Mexicano del Seguro Social aplicó también recursos por 500 millones de pesos, entre otras muchas instituciones federales, locales y municipales que le destinaron recursos.

Los impactos económicos, diversos a los derivados de los recursos que destinaron las instituciones del sector salud, aún ahora no se sabe realmente cuáles han sido; se habla desde un impacto de 8.0 del producto interno bruto o bien, de 4 mil millones de dólares ; o la caída de 90 por ciento del turismo, estimado en 366 millones de dólares ; la pérdida de 70 por ciento de los 21 mil 400 millones de pesos que representa la producción porcina; se estima que el turismo bajo en 90 por ciento en Oaxaca; en Ensenada se estima la perdida de 10 millones de dólares sólo por la falta de llegada de cruceros; o bien, que a nivel nacional, esta ausencia de llegada de cruceros en número de 290 significaba la perdida de 60 millones de dólares.

En el Distrito Federal se estimaban perdidas en el sector turístico por 15 mil millones de pesos y en Jalisco de 12 mil 500 millones de pesos; en Yucatán de 650 millones de pesos. Menciono estos casos sólo a manera de ejemplo, entre otros muchos estados afectados de igual forma importante.

Otros sectores como el turismo hablan de la quiebra de 6 mil 500 restaurantes y el despido de 55 mil trabajadores . En otros análisis se habla de una perdida económica de 65 mil millones de pesos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la calculaba en 30 mil millones de pesos. Con todo lo anterior, sólo se pretende dejar en claro que los efectos de la influenza A (H1N1), aunado a la crisis económica, significó la perdida de vidas, muchos miles de millones de pesos y de empleos, de afectación de los niveles de vida y elemento de tensión social, por lo que se ha convertido en un verdadero problema de seguridad nacional; por ello es conveniente invertir 6 mil millones, como aquí se pretende, para acciones de carácter preventivo que mitiguen de forma sustancial estos efectos que nos pueden llevar nuevamente a la perdida de miles millones de pesos, pero sobre todo que nos permitan evitar la muerte de más mexicanos.

Debemos reconocer que el sector salud actúo de manera responsable tomando las medidas que el momento reclamaba, pero es claro que a pesar de estas medidas no se puede aseverar que la emergencia ha pasado, ya que en diversos países se han presentado diversas manifestaciones que amenazan a la población mundial e, incluso, en nuestro país se ha manifestado en diversas entidades federativas. Lo cual indica que la influenza A (H1N1) sigue presente entre la población, por lo que existe una alta posibilidad de una presencia importante en el mes de diciembre.

En ello radica la importancia de trabajar en la creación de mecanismos de respuesta inmediata que aseguren un rápido acceso a recursos económicos, que permitan implantar medidas de prevención y mitigación por parte de los gobiernos estatales, así como para apoyar la capacidad de la salud pública nacional.

De ahí la necesidad de la conformación de un fondo con carácter de permanente para hacer frente a las manifestaciones epidemiológicas que cuente con los recurso necesarios que vayan más allá de la adquisición de vacunas y que contemple las necesidades de contar con laboratorios suficientes, de reactivos, que prevea los costos elevados que representa la hospitalización ante el eventual agravamiento de las personas y el incremento en general de los gastos de operación de quienes atienden este tipo de manifestaciones medicas .

Es en este mismo sentido que se hace necesario contar de inmediato con recursos para la atención medica de las manifestaciones que ya se están presentando de la influenza A (H1N1), que como han reconocido las autoridades en materia de salud, se han venido incrementando considerablemente, que se ha estimado podrían producir un número de muertes cercano a las dos mil personas. Ello hace necesario contar con al menos un fondo para ejercer durante lo que resta de 2009, recursos estimados en al menos 2 mil 500 millones de pesos, que se insiste, su aplicación va mucho mas allá de la compra sólo de vacunas, ya que tiene que ver como ya se mencionó con el tratamiento integral de quien se ve afectado por la infección con este virus.

Por todo lo anterior se propone la creación de un fondo para la atención de urgencias epidemiológicas, que cuente con recursos suficientes y oportunos, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, que se está discutiendo, pero también para la atención inmediata para este 2009, de la presencia de la influenza A (H1N1), para lograr acciones preventivas y de control que reduzcan sustancialmente, los daños económicos y las perdidas de vidas humana en nuestra nación.

Por lo expuesto, y en ejercicio de mis atribuciones, pongo a consideración de esta LXI Legislatura los siguientes

Primero. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y a la Comisión de Salud de la honorable Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 la creación, con carácter permanente, de un fondo para la atención de urgencias epidemiológicas, que para el ejercicio presupuestal de 2010 se forme con un monto de 6 mil millones de pesos.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a destinar recursos adicionales a la Secretaria de Salud para la creación de un fondo para la atención de las manifestaciones de la influenza A (H1N1), en el presente año, por un monto de dos mil quinientos millones de pesos.

Tercero. Se considere este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

COMISION ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS AGRESIONES A PERIODISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACION

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada María Yolanda Valencia Vales, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en diciembre de 2006 la LX Legislatura publicó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para crear la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación.

Fue instalada dos días después y trabajó hasta el término de la legislatura. Su objetivo, la importancia que tiene la información como un bien público, la libertad de expresión constituye una de las garantías más sólidas de la democracia y el desarrollo moderno de los estados. Esta libertad exige que los individuos sean libres de transmitir ideas e información, y en donde la sociedad las reciba de manera objetiva y oportuna.

Esta libertad es reconocida en diversas declaraciones y tratados internacionales como un derecho humano fundamental. En nuestro México la libertad de expresión se encuentra protegida por el artículo 6o. y la libertad de prensa está garantizada por el artículo 7o. de la Carta Magna.

Dicho lo anterior, el periodismo es una manifestación perfecta de la libertad de información y de prensa. En esa tesitura, los medios de comunicación y los periodistas tienen el derecho de informar, y el estado la obligación de protegerlos.

El asesinato, el secuestro, las amenazas, la destrucción del material de los periodistas o de los medios de comunicación y la impunidad de los agresores coartan la libertad de expresión y de prensa, por lo que estos actos deben ser investigados y sancionados.

En nuestro país es largo el recuento de las agresiones cometidas contra la labor periodística, resultando indispensable la coordinación entre instancias federales, estatales y municipales, organismos autónomos, organizaciones de periodistas y medios de comunicación, y el Poder Legislativo, para garantizar la protección de la labor informativa.

Al comenzar esta LXI Legislatura presento esta propuesta de creación de la Comisión Especial para dar seguimiento a la agresión a los periodistas y medios de comunicación, con el compromiso de elevar la voz para que este tema sea encumbrado a la agenda nacional y se cuente con plena libertad de expresión, de prensa, y al derecho a la información en México.

Por lo expuesto, presento a esta soberanía el siguiente puntos de acuerdo:

Primero. Se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación.

Segundo. Estará conformada por trece integrantes que serán elegidas y elegidos con los criterios de pluralidad y proporcionalidad.

Tercero. Existirá durante la LXI Legislatura.

Cuarto. Rendirá su informe de actividades anual ante el pleno de la Cámara de Diputados o ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Dado el tiempo asignado para la lectura de este punto de acuerdo, le solicito, señor presidente, que sea insertado el texto íntegro en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, a cargo de la diputada María Yolanda Valencia Vales , del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

El 19 de diciembre de 2006, la LX Legislatura publicó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara sobre la integración de la comisión especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, que fue instalada el 21 de diciembre de aquel año y trabajó hasta el término de la legislatura, con el objetivo de establecer un marco legal que institucionalizará y garantizará la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa en el país y que, a su vez, permitiera la construcción de un ambiente social donde se asumiera la importancia de la información como bien público.

La libertad de expresión constituye una de las garantías más sólidas de la democracia y el desarrollo moderno de los Estados. Esta libertad no sólo exige que los individuos sean libres de transmitir ideas e información, sino que también que toda la sociedad pueda recibir información lo más oportuna y objetiva posible.

La violación de la libertad de expresión y de prensa constituye una violación de la democracia, marco necesario para la realización de los derechos humanos. Libertad de expresión es reconocida en diversas declaraciones y tratados internacionales, como la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como un derecho humano fundamental.

En el país, la libertad de expresión se encuentra tutelada en el artículo 6o., y la libertad de prensa se garantiza en el artículo 7o. de la Carta Magna. Por tanto, hay definición sobre la función de los comunicadores, partiendo de la base de que toda persona tiene derecho a ser informada, además de la libertad para comunicar pensamientos y opiniones incluso publicándolos; y se considera que los comunicadores tienen como profesión recabar datos y analizarlos, y con base a ello informar a los demás sobre los temas que les interesan.

Resulta evidente que la práctica del periodismo es una manifestación perfecta de la libertad de información y de prensa. Los medios de comunicación masiva, los periodistas y los demás comunicadores tienen el derecho de informar a los habitantes; de manera correlativa surge la obligación de que los órganos del Estado tutelen dichos derechos.

El asesinato, el secuestro, el abuso de autoridad, las amenazas, la prisión injusta de periodistas, el robo y la destrucción del material de los periodistas o de los medios de comunicación y, en general, la violencia de cualquier tipo, así como la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa, por lo cual estos actos deben ser investigados y sancionados con oportunidad.

Los periodistas cumplen una función importante, ya que ofrecen al público una fuente informativa independiente, por lo que debe brindárseles la mayor protección posible. Es deber del Estado prevenir, investigar y castigar a los responsables del asesinato y otros actos de violencia perpetrados con objeto de obstruir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Las agresiones contra el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión restringen los derechos de los demás ciudadanos, ya que limitan su derecho a la información. Se trata por consiguiente de evidentes violaciones de los derechos humanos, que se manifiestan algunas veces de manera grosera y criminal, y otras de forma sutil y disimulada, pero igualmente dañina.

Es largo el recuento de las agresiones cometidas contra diversas personas en el ejercicio de la labor periodística, por lo que resulta indispensable la adopción de mecanismos que garanticen la coordinación entre instancias federales, estatales y municipales, organismos autónomos, organizaciones de periodistas y medios de comunicación, así como el Poder Legislativo, a fin de garantizar la seguridad y el pleno ejercicio de su labor de informar a la sociedad.

Con el establecimiento de la comisión especial para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación continúa el compromiso de seguir elevando la voz y hacer que el tema sea encumbrado en la agenda nacional, a fin de crear un ambiente social propicio para el ejercicio periodístico, dotado de un marco legal que garantice la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa en México.

El artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos señala que el pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico. Asimismo, de acuerdo con la normatividad que rige la Cámara de Diputados, corresponde a la Junta de Coordinación Política dar los pasos necesarios para crear una comisión especial. Ya que comienzan los trabajos de la LXI Legislatura, presento esta propuesta a fin de crear la comisión especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación.

Primero. Se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación.

Segundo. La comisión especial estará formada por 13 integrantes, que serán elegidos con los criterios de pluralidad y proporcionalidad.

Tercero. La comisión especial existirá durante la LXI Legislatura.

Cuarto. La comisión especial rendirá su informe anual de actividades ante el Pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Como usted lo solicita, insértese en el Diario de los Debates, y túrnese a la Junta de Coordinación Política. Señor diputado, con qué objeto.

El diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello: Hacerle una solicitud a usted, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: A ver díganos, diputado.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto. Le preguntamos a la diputada Valencia si está de acuerdo en que los señores diputados de Yucatán, del Grupo Parlamentario del PRI, se sumen a la proposición que usted acaba de hacer.

La diputada María Yolanda Valencia Vales: Acepto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Acepta la diputada, por tanto envíese el documento correspondiente.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Mary Telma Guajardo Villarrealpara presentar punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren mayores recursos al sector educativo en especial a las universidades e instituciones de educación superior, suscrito por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdezy Mary Telma Guajardo Villarreal, de los Grupos Parlamentarios del PRI y PRD, respectivamente.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, la UNESCO considera que la riqueza global está concentrada cada vez más en el capital humano, donde el conocimiento, las habilidades y la creatividad de las personas son de mayor importancia para la economía mundial.

Por tanto, la educación no es un lujo, sino factor clave para que la población mejore sus condiciones de vida y contribuya al desarrollo nacional. Pero ahora, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, el Ejecutivo federal disminuye a la educación pública el 4.2 por ciento, cerca de 5 mil millones de pesos en comparación con el presupuesto aprobado para el 2009.

Con este nuevo recorte a la educación pública las universidades e instituciones de educación superior son las más castigadas, con cerca de 3 mil 500 millones de pesos. Desa-parecen 10 fondos de apoyo extraordinario y otros disminuyen más del 60 por ciento.

La determinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de disminuir los recursos a la educación pública es equívoca y un desacato al mandato establecido en la Ley General de Educación, que en sus artículos 25 y 27 dispone de manera puntual que el Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad en todo momento destinarán recursos presupuestales crecientes para la educación pública. Y precisa que el incremento de los recursos educativos debe ser en términos reales.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, recortar el presupuesto de educación, en comparación al año pasado, habla de una visión errática sobre el México que queremos. Sin educación no hay desarrollo.

Apostemos por la educación pública y asignemos mayores recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010. Por ello, les pido que aprobemos los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. El pleno de la Cámara de Diputados mandata a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, a la de Cultura, a la de Ciencia y Tecnología y a la de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 restituyan a las universidades e instituciones de educción superior, las de cultura y a las de ciencia y tecnología los recursos que les recortaron en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, y les incrementen sus presupuestos cuando menos el 8 por ciento de la inflación estimada para 2010.

Segundo. En el caso de la educación superior, la restitución deberá comprender los cerca de 3 mil 500 millones de recorte presupuestal, otorgando prioridad a los programas y fondos de apoyo extraordinario, que son estratégicos para las universidades e instituciones públicas estatales de educación superior, y los mil millones de pesos a su subsidio ordinario y un incremento de 4.8 por ciento de la inflación.

En lo referente a las universidades e instituciones federales de educación superior, el resarcimiento comprende un incremento adicional de 4.8 por ciento de la inflación. Y para la Universidad Autónoma Metropolitana, el resarcimiento de 228.4 millones de pesos. A la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la restitución del presupuesto federal por 100 millones de pesos. Y a la Universidad Autónoma de Chapingo, el resarcimiento de los 130.9 millones disminuidos, además de un incremento de 4.8 por ciento de inflación.

Tercero. En lo relativo al sector cultural, el resarcimiento comprende los 3 mil 667.1 millones de pesos de recorte presupuestal y un incremento de 4.8 por ciento de la inflación, otorgando prioridad a las instituciones del subsector cultural, cuyos presupuestos fueron recortados de acuerdo con el cuadro referido en las consideraciones del presente punto de acuerdo.

Cuarto. En cuanto a la ciencia y la tecnología, el incremento comprende el 4.8 por ciento de la inflación para los centros públicos de investigación y a los programas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Muchas gracias, presidente. Solicito que se inserte íntegro en el Diario de los Debates. Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para el sector educativo, en especial para las universidades e instituciones de educación superior, suscrita por los diputados Mary Telma Guajardo Villarreal y Rubén Ignacio Moreira Valdez , de los Grupos Parlamentarios del PRD y del PRI, respectivamente

Los suscritos, diputada Mary Telma Guajardo Villarreal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para mandatar a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y a la de Presupuesto y Cuenta Pública a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación asignen mayores recursos que las propuestas por el Ejecutivo federal en su proyecto de presupuesto para el año 2010 a la educación pública, en especial a las universidades e instituciones de educación superior, al tenor de las siguientes

La educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable para realizar otros derechos humanos. Así, para la UNESCO la educación ``es el principal medio que permite a menores y adultos marginados económica y socialmente salir de la pobreza y participar activamente en sus comunidades''.

En consecuencia, la importancia de la educación como un derecho humano fundamental y bien público está fuera de duda. Dicho de otra manera la educación no es lujo, sino factor clave para que la población mejore sus condiciones de vida y contribuya al desarrollo nacional.

Adicionalmente, en la actualidad, el carácter estratégico de la educación está en la órbita de las prioridades políticas a corto y mediano plazo en todo el mundo, pues además de continuar con sus deberes de promover la cohesión y la equidad social, tiene que ser pivote de la competitividad económica y el progreso tecnológico.

Incluso a nivel mundial se ha planteado que los sistemas educativos pueden convertirse en pocos años --si no es que ya lo son-- en la industria del conocimiento de mayor potencialidad del crecimiento económico.

Al respecto, la UNESCO considera que la riqueza global está concentrada cada vez menos en el capital físico (fábricas, tierras, herramienta y maquinarias, entre otras cosas) y cada vez más en el capital humano, donde el conocimiento, las habilidades y la inventiva de las personas son de mayor importancia para la economía mundial.

Sin embargo, como es del dominio público, en días pasados el gobierno federal impuso un recorte presupuestal a la educación pública cercano a los mil millones de pesos.

Este recorte presupuestal afectó principalmente a las universidades e instituciones de educación superior, a las cuales se les aplicó una disminución de más de 800 millones de pesos, siendo una de las más castigadas la Universidad Nacional Autónoma de México; que tendrá una disminución en su presupuesto de más de 200 millones de pesos.

Ahora, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, el Ejecutivo federal disminuye a la educación pública cerca de 5 mil millones de pesos, lo que significa 4.2 por ciento menos en comparación con el presupuesto aprobado para 2009.

Con este nuevo recorte a la educación pública, las universidades e instituciones de educación superior resultan nuevamente las más afectadas, dado que les aplica una disminución de alrededor de 3 mil 500 millones de pesos. Pero además, en la propuesta presupuestal del Ejecutivo se cancelan diez fondos de apoyo extraordinarios y a otros se les reducen los recursos hasta en más de 60 por ciento. Cabe mencionar que estos fondos son fundamentales para el de-sarrollo y la consolidación de la educación superior, en particular para las instituciones educativas estatales.

Así, entre otros fondos que aparecen con cero pesos están: el de apoyo para saneamiento financiero de la universidades por abajo de la media nacional en subsidio por alumno; el de reconocimiento de plantillas; el de incremento a la matrícula en educación superior; el de consolidación de las universidades públicas estatales y de apoyo solidario; Ampliación de la oferta educativa de los institutos tecnológicos.

El recorte no termina ahí. A otros fondos se les castiga otorgándoles menos recursos que el 2009. Entre ellos, los siguientes: el de apoyo para reformas estructurales para abatir pasivos contingentes derivados de pensiones y jubilaciones, con 700 millones de pesos menos; el modelo de asignación adicional al subsidio federal ordinario, con 800 millones de pesos menos; el programa de mejoramiento del profesorado, con 200 millones de pesos; el Fondo de de Modernización para la Educación Superior, con 50 millones de pesos.

La disminución de los presupuestos a la educación superior implica un atentado más contra la investigación científica y tecnológica del país, cuyos beneficios para la población han sido plausibles, pues las universidades e instituciones de educación superior públicas realizan el 90 por ciento de la investigación que se produce en el México.

Las implicaciones negativas son múltiples. No únicamente se pone en riesgo las actividades de docencia, investigación científica y difusión de la cultura de las universidades e instituciones de educación superior, sino además las precipita hacia una asfixia financiera que les impedirá cumplir con las obligaciones que la sociedad les exige, como es satisfacer la demanda de cada vez más miles de jóvenes de acceder a la educación.

No incrementar los recursos a la educación pública, a nuestras universidades e instituciones de educación superior, e imponerles recortes presupuestales es condenar a miles de jóvenes a la ignorancia y a empleos sin superación, es condenar al país permanentemente al subdesarrollo y la dependencia de quienes sí gastaron en educación, es condenar al país a permanecer en el rezago en términos de competitividad. Hacerlo es actuar contra México. Mientras el 23 por ciento de la fuerza laboral tiene estudios superiores a la secundaria, en otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos el índice es de 67 por ciento. Con recortes a la educación, la distancia entre nuestro país y los países altamente industrializados y en crecimiento se volverá abismal.

Además, la determinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de disminuir los recursos a la educación pública por demás equívoca, prefigura un desacato al mandato establecido en la Ley General de Educación, que en sus artículos 25 y 27 dispone de manera puntual que el Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad en todo momento destinarán recursos presupuestales crecientes para la educación pública. Y no sólo eso, también al mandato legal que precisa que el incremento de los recursos educativos debe ser en términos reales, mayores recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010. Por ello, les solicitamos que se apruebe de urgente y obvia resolución la proposición con los siguientes

Primero. El pleno de la Cámara de Diputados mandata a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y a la de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010; se ajusten al mandato legal de la Ley General de Educación en su artículo 25 que establece: El monto anual que el Estado -federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1 por ciento del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas.

Segundo. Asignen mayores recursos al sector educativo, en particular a las universidades e instituciones de educación superior públicas, que están en peligro de asfixia financiera por los ilegales recortes presupuestales aplicados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, tanto en sus funciones sustantivas como en programas y fondos de apoyo extraordinario.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo pide, se inserta en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección de Proceso Legislativo.

COMPARECENCIAS SERVIDORES PUBLICOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra hasta por tres minutos el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar punto de acuerdo por el que se determina que los secretarios de Estado, el procurador general de la República, los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como los titulares de los órganos constitucionales autónomos, al comparecer ante la Cámara de Diputados y rendir informes bajo protesta de decir verdad, serán advertidos por el presidente de la Mesa Directiva o de las comisiones, para conducirse con verdad y de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante la autoridad distinta de la judicial.

Con la venia de las compañeras diputadas y de los compañeros diputados. Este proyecto de proposición con punto de acuerdo tiene por objetivo, por finalidad, señalar que no basta rendir el informe o la comparecencia que han efectuado los secretarios de Estado, bajo protesta de decir verdad ante el pleno, tal como lo establecen los artículos 69 y el 93, párrafo segundo, de la Constitución.

Significa que solamente tenemos el antecedente, pero hace falta la consecuencia jurídica de ese informe o comparecencia, bajo protesta de decir verdad.

Por eso, la propuesta que hago a esta asamblea, a esta soberanía, insiste en que los servidores públicos que informan y comparecen deben, además, ser advertidos de conducirse con verdad y de las penas en que incurren los falsos declarantes; tal como lo establece el artículo 247, fracción I, del Código Penal Federal que señala penas, tanto pecuniarias como de prisión, a los que incurren en falsedad ante autoridad distinta a la judicial.

La obligación de advertir conducirse con verdad y de las penas en que incurren los falsos declarantes ante autoridad distinta a la judicial, corre a cargo o debería correr a cargo del presidente del pleno de esta Cámara o de la comisión correspondiente.

El punto de acuerdo que estoy proponiendo pide que se amplíe esta advertencia de conducirse con verdad y del señalamiento de las penas en las que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial. Debe ampliarse a las conferencias e informes ante las comisiones, tal como lo establecen los artículos 53 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

La finalidad es salvaguardar las formalidades jurídicas plenamente y también garantizar a plenitud los derechos fundamentales de los comparecientes.

Es decir, el propósito de esta proposición con punto de acuerdo es que los comparecientes, los secretarios de Estado, el procurador, los titulares de los órganos autónomos tengan la plenitud de derechos en las comparecencias ante esta Cámara de Diputados; ya sea ante las instancias del pleno o ante las comisiones.

Por su atención, muchas gracias. Pido también que se inserte en el Diario de los Debates. Con permiso.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se determina que los secretarios de Estado, el procurador general de la República, los directores y los administradores de las entidades paraestatales, y los titulares de los órganos constitucionales autónomos, al comparecer ante la Cámara de Diputados y rendir informes bajo protesta de decir verdad, serán advertidos por el presidente de la Mesa Directiva o de las comisiones acerca de conducirse con verdad y de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad distinta de la judicial, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia , del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado federal Jaime Fernando Cárdenas Gracia , integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se someta a consideración de esta asamblea, como asunto de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

El párrafo segundo de los artículos 69 y 93 de la Constitución establecen para los secretarios de Estado, el procurador general de la República, los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como para los titulares de los órganos constitucionales autónomos, la obligación de comparecer ante las Cámaras y rendir informes bajo protesta de decir verdad.

En la obligación anterior, los servidores públicos mencionados deben rendir los informes bajo protesta de decir verdad y, además, deben ser advertidos para conducirse con verdad y de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridades distintas de la judicial.

Lo anterior, porque se trata de una obligación constitucional en la que no se puede mentir al pueblo ni a sus representantes y, porque las advertencias mencionadas son necesarias para proteger los derechos constitucionales de los informantes, tal como se ha establecido en el derecho nacional y comparado.

En el derecho comparado, por ejemplo, en el caso Miranda versus Arizona (1966) 384 US 436, vertido en 13 de junio de 1966 por la Suprema Corte de los Estados Unidos, siendo ponente el Chief Justice Earl Warren, se determinó que quien declara ante cualquier autoridad debe ser consciente de las consecuencias jurídicas de sus informes y declaraciones, pues de otra manera sus derechos de defensa en el futuro se verían vulnerados y, además, cualquier investigación ulterior, derivada de esos informes y declaraciones, sin las advertencias previas y, sin tener conciencia jurídica plena de las consecuencias de las declaraciones, puede anular o invalidar cualquier proceso o procedimiento que se pudiera instaurar, en contra de esos servidores públicos, por esas manifestaciones.

La obligación de rendir informes bajo protesta de decir verdad debe también ampliarse a las conferencias e informes ante las comisiones de la Cámara, pues los artículos 53 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos facultan a las comisiones para citar a altos servidores públicos del país a comparecer ante las mismas. En consecuencia, los presidentes de las comisiones deben advertirles para que se conduzcan con verdad, así como de las penas en que incurren los falsos declarantes ante autoridades distintas de la judicial.

El artículo 247 del Código Penal Federal señala que:

Se impondrá de dos a seis años de prisión y de cien a trescientos días multa:

I. Al que, interrogado por alguna autoridad distinta de la judicial, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad.

La obligación de advertencia de las consecuencias jurídicas de los informes y declaraciones, se encuentra, por tanto, prevista en las normas de nuestro país. Se debe garantizar para no violar los derechos fundamentales de nadie. No tendría sentido normativo establecer exclusivamente la obligación de rendir informes o comparecer bajo protesta, sin establecer al mismo tiempo todas las consecuencias jurídicas de ese deber.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente

Único. En las comparecencias de los secretarios de Estado, del procurador general de la República, de los directores y de los administradores de las entidades paraestatales, así como de los titulares de los órganos constitucionales autónomos para rendir informes en los términos de los segundos párrafos de los artículos 69 y 93 de la Constitución, la protesta de decir verdad se realizará ante el Pleno o las comisiones, y el presidente de la Mesa Directiva o de la comisión respectiva de la Cámara les advertirá que deben conducirse con verdad, así como de las penas en que incurren los falsos declarantes ante autoridad distinta de la judicial.

Esta proposición entrará en vigor el día de su aprobación en la Cámara de Diputados. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Como lo solicita, insértese el texto en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Señoras diputadas y señores diputados, acabamos de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política, por lo que le pido a la Secretaría que proceda a dar cuenta de ésta.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña , Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en el artículo vigésimo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted atentamente consultar al Pleno tenga a bien aprobar las siguientes modificaciones en el orden del día de la sesión de hoy.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la modificación, diputado.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada. En consecuencia, se retira del orden del día la proposición del diputado Eviel Pérez Magaña .

CALENDARIO OFICIAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado José Francisco Rábago Castillo, del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, incorpore en el calendario oficial el 11 de septiembre como Día de la Victoria del Pueblo de Tampico y del Ejército Mexicano sobre el Ejército de la Corona Española y declararlo día de fiesta nacional, suscrito por los diputados del estado de Tamaulipas, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

Honorable asamblea, fue hace casi 200 años que se desató el proceso que dio origen al gobierno representativo, a la Independencia, y posteriormente a la democracia en Hispanoamérica.

Festejaremos los mexicanos aquella fecha bicentenaria fundamental, que parece haber transcurrido sin que su significado histórico sea reconocido en estos momentos con el alto valor de sus protagonistas.

España, había perdido en ese entonces la posibilidad de generar riqueza para competir con otras naciones que se encontraban en creciente desarrollo económico; por ello trató de recuperar la Nueva España, por su gran territorio, riquezas nuevas y litorales con el Pacífico y el Atlántico, que habían sido el soporte durante siglos de la economía española.

Por ejemplo, pocos recuerdan que las calles del hoy centro histórico de la ciudad y puerto de Tampico fueron el escenario de una batalla cruenta, un 21 de agosto de 1829, donde el pueblo y Ejército mexicano combatieron con valor y heroísmo, marcando con su sangre la Plaza de la Libertad hombres y mujeres que dieron su vida defendiendo la incipiente patria.

Pero todo inició el 27 de julio de 1829 cuando las tropas comandadas por el brigadier Barradas desembarcaron en Punta Jerez, al sur de Tampico, y el 31 de julio tuvieron la primera batalla con las fuerzas mexicanas.

Cuarenta y seis días exactamente después del desembarco de las tropas, al capitular los españoles el heroico pueblo de Tampico y el Ejército mexicano truncaron con sangre y sacrificio los sueños de la monarquía de reconquistar la Nueva España.

Fue en consecuencia que, en la actualidad, el honorable Congreso del estado de Tamaulipas a iniciativa del ayuntamiento de Tampico expidió decreto para decretar el día 11 de septiembre de 1829 como fecha histórica oficial, pero rememorando y reconociendo esos hechos, concedió además la distinción de heroica a la ciudad y puerto de Tampico.

Para nuestra población en general existe el mayor interés en la difusión y examen de aquellos acontecimientos. Ahí se encuentra el origen de la democracia representativa en Hispanoamérica. Por eso proponemos unas conmemoraciones bicentenarias que signifiquen el recuerdo con dignidad y reconocimiento de los que, en su momento, con gran arrojo y prestancia prescindieron de lo vital para dar paso al México de nuestros días.

Por ello sometemos a la consideración de este alto cuerpo colegiado, para el estudio y elaboración del veredicto correspondiente, los siguientes punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que en el ámbito de sus atribuciones y con motivo de los festejos del bicentenario de la Independencia nacional, con fundamento en la fracción XXVI del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, incorpore al calendario oficial el 11 de septiembre como Día de la Victoria del Pueblo de Tampico y del Ejército Mexicano sobre el Ejército de la Corona Española, por ser fecha histórica para el pueblo mexicano y la declare como fiesta nacional.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que en el ámbito de sus facultades, con fundamento en el artículo 3o. constitucional y en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, incluya dentro de los libros de texto gratuitos, de manera más profunda y elaborada, los sucesos del 11 del septiembre de 1829 acaecidos en la heroica ciudad y puerto de Tampico, Tamaulipas.

Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incorporar en el calendario oficial, a través de la Segob, el 11 de septiembre como Día de la Victoria del Pueblo de Tampico y del Ejército Mexicano sobre el Ejército de la Corona Española y declararlo de fiesta nacional, a cargo del diputado José Francisco Rábago Castillo y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

El honorable Congreso del estado de Tamaulipas, por iniciativa del ayuntamiento de Tampico, expidió dos decretos, siendo el primero el número LIX-34, de fecha 2 de septiembre, para declarar el 11 de septiembre de 1829 fecha histórica oficial para la entidad, así como para conceder la distinción de heroica a la ciudad y puerto de Tampico, Tamaulipas, y el número LIX-36, para declarar como recinto oficial del Congreso local el espacio cultural metropolitano del municipio de Tampico, a fin de dar a conocer en sesión solemne el decreto mediante el cual se le concede tal distinción.

Los argumentos por los que el Congreso del estado ha otorgado el merecido reconocimiento al municipio en mención, los cuales invocamos para que sea declarado en el ámbito nacional, están suficientemente documentados por los historiadores locales y nacionales, lo cual nos permitimos reproducir a continuación.

México y su Independencia

En 1521, con la caída de Tenochtitlán, España obtuvo grandes beneficios económicos de esta tierra, convirtiéndola en la joya más importante de la corona. México tuvo que recorrer un camino largo y difícil de casi 300 años para lograr su independencia.

Con el grito de Dolores, en 1810, se provocaba el inicio de un cambio social radical que en 1821, con la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, se consumó la Independencia.

En 1824 tomó posesión como Presidente de la República Guadalupe Victoria, enfrentándose a serios problemas para impulsar la marcha institucional de la nación. Ese mismo año se promulgó la Constitución Política de México, integrada por un presidente de la República, o Poder Ejecutivo, el Congreso de la Unión y una Suprema Corte de Justicia.

La sucesión de Guadalupe Victoria fue en 1829; el general Vicente Guerrero tomó posesión. En su breve gestión promulgó el decreto de la abolición de la esclavitud en 1829, estableció tratados diplomáticos con países amigos para consolidar a México y ratificó tratados de amistad, navegación y comercio con varias naciones.

Intento de reconquista de México

Con la independencia de sus colonias americanas, España había perdido la posibilidad de generar riquezas para competir con otras naciones que se encontraban en creciente desarrollo económico, por ello trató de recuperar la Nueva España, por su gran territorio, riquezas nuevas y litorales con el Pacífico y el Atlántico que habían sido el soporte durante siglos de la economía española. En este tiempo y de manera preventiva en México se organizó la milicia nacional, especialmente en los puntos fronterizos.

En 1827 el diputado tamaulipeco Manuel Tudor avaló una propuesta para que el Congreso General expidiera una Ley de Expulsión de los Residentes Ibéricos, dando lugar a una Ley General de Expulsión. A su vez, en 1828 el gobernador de Tamaulipas, Lucas Fernández, expidió un decreto incitando a los tamaulipecos a que rechazaran cualquier posible invasión de los españoles.

Inicia la campaña militar

El 27 de julio 1829 las tropas comandadas por el Brigadier Barradas desembarcaron en Punta de Jerez, al sur de Tampico, y el 31 de julio tuvieron la primera batalla con las fuerzas mexicanas. Dado el cansancio, el clima, y la falta de agua potable, las tropas sufrieron bajas notables.

El 5 de agosto de 1829, el Brigadier Barradas solicitó una entrevista con el general Felipe de la Garza, éste accedió y se dirigió hacia el paso de Doña Cecilia, hoy Ciudad Madero; al día siguiente se realizó la entrevista.

Propuso tranquilizar el país, unir al ejército español con el mexicano previo juramento de fidelidad de este último a la monarquía española; le presentó al General condecoraciones de los reyes españoles y prometió ascensos a los jefes y oficiales de las tropas mexicanas.

El general De la Garza respondió que no quebrantaría el juramento que había prestado a la República, dejando en claro que ni toda España era capaz de alterar el orden del gobierno mexicano destruyendo la República.

No obstante, la negociación fracasó, por lo que el 7 de agosto de 1829 Tampico fue ocupado por el ejército español. Las tropas ibéricas combatieron en Pueblo Viejo, Veracruz, y en Doña Cecilia y posteriormente se dirigieron a la Villa de Altamira, donde no encontraron agua potable ni comida. Previamente el Ejército Mexicano estratégicamente se había replegado.

Triunfo del Ejército Mexicano

Las calles del hoy centro histórico de la Ciudad y Puerto de Tampico fueron el escenario donde además de suscitarse la Batalla de Tampico, el 21 de agosto de 1829, el Ejército Mexicano y el pueblo combatieron con valor y heroísmo; es así que la Plaza de la Libertad, antes Plaza del Muelle, está marcada con la sangre de los hombres y mujeres que dieron su vida defendiendo la patria.

Después de 46 días de arduos combates en toda la zona, el Ejército Mexicano hizo firmar la capitulación al ejército de la vanguardia española, el 11 de septiembre de 1829; dicho documento fue ratificado por la plana mayor del ejército invasor en la Plaza de la Libertad del puerto de Tampico, terminando así con las intenciones de reconquistar el territorio mexicano, y consolidando la independencia del pueblo de México.

Hace casi 200 años que se desató el proceso que dio origen al gobierno representativo, a la Independencia y, en últimas, a la democracia en Hispanoamérica. Festejaremos los mexicanos aquella fecha bicentenaria fundamental que parece haber transcurrido sin que su significado histórico sea reconocido con el alto valor de sus protagonistas.

Para nuestra población en general, existe el mayor interés en la difusión y examen de aquellos acontecimientos. Allí se encuentra el origen de la democracia representativa en Hispanoamérica. Por eso proponemos unas conmemoraciones bicentenarias que signifiquen recuerdo con dignidad y reconocimiento, de los que en su momento prescindieron de lo vital para dar paso al México de nuestros días.

Con motivo de los argumentos expuestos, sometemos a consideración de este alto cuerpo colegiado, para su estudio y elaboración del veredicto correspondiente, el siguiente

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, en el ámbito de sus atribuciones, y con motivo de los festejos del bicentenario de la Independencia nacional, con fundamento en la fracción XXVI del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a incorporar al calendario oficial el 11 de septiembre como Día de la Victoria del Pueblo de Tampico y del Ejército Mexicano sobre el Ejército de la Corona Española, por ser fecha histórica para el pueblo mexicano y la declare como fiesta nacional.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus facultades, con fundamento en el artículo 3o. constitucional y en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a incluir dentro de los libros de texto gratuitos de manera más profunda y elaborada la fecha del 11 de septiembre de 1829.

Presidencia del diputado Felipe Solís Acero

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado José Francisco Rábago Castillo, por su propuesta.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

COMISION ESPECIAL PARA EL IMPULSO Y DESARROLLO DE LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO Y DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: El siguiente punto corresponde al diputado Sixto Alfonso Zetina Soto, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para el impulso y desarrollo de los festejos del bicentenario de la Independencia de México y centenario de la Revolución Mexicana, que suscriben diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, un aspecto trascendente en los tiempos que atravesamos me ha movido a ocupar esta honorable tribuna. Dicho aspecto consiste en la integración de una Comisión Especial de apoyo a los festejos del bicentenario de la Independencia nacional y centenario de la Revolución Mexicana.

Como es de todos bien sabido, el pueblo de México sufre una de las peores crisis económicas de los últimos años; crisis económica de gestación extranjera y que de conformidad al sistema globalizado que impera en la mayor parte del mundo, lesionó gravemente a nuestra ya sensible economía.

Esta situación que, más allá de fincar responsabilidades y que únicamente nos conduciría a un interminable intercambio de opiniones, podría tristemente ocasionar que en 2010 pasen inadvertidos dos grandes eventos que jamás volverán a repetirse.

Ante momentos y escenarios tan críticos ---no desde nuestro particular enfoque, punto de vista, sino desde la perspectiva y el sentir de aquellos ciudadanos a quienes noso-tros representamos, aquéllos que sufren en carne propia y cotidianamente los estragos más crudos de la crisis a la que me he referido--- se corre el riesgo de que pierdan por completo la confianza y la fe en las instituciones y en la identidad de nación que, como mexicanos, nos une o al menos debería de unirnos y que debería comenzar por noso-tros mismos.

Porque más allá de los colores, los escudos o los partidos políticos con los cuales simpatizamos cada uno de noso-tros; más allá de las convicciones políticas y religiosas de cada quien, una condición nos une a todos por igual: el hecho de ser mexicanos.

Reforcemos en la ciudadanía, en los jóvenes, en las niñas y en los niños, en los adultos y en la sociedad en su conjunto la historia que nos contempla. Rindamos respeto a nuestros símbolos y valores patrios recordando la historia, entendiéndola, analizándola, a efecto de lograr un mejor presente y un brillante futuro.

Nuestra historia nos contempla, amigas diputadas y amigos diputados, y nos demanda recordarla como merece. Si actuamos adecuadamente y de manera objetiva, dejando nuestros apasionamientos políticos, personales o grupales a un lado, será la historia misma la que nos recompensará en un futuro y, por ende, esto significará que las personas a quienes representamos sean beneficiadas.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía la propuesta con punto de acuerdo para crear la Comisión Especial para el impulso y desa-rrollo de los festejos del bicentenario de la Independencia de México y centenario de la Revolución Mexicana, de la Cámara de Diputados.

Esta comisión habrá de impulsar, coadyuvar, organizar, desarrollar y dar seguimiento a todas las actividades conmemorativas de divulgación, edición, celebración y cualquier otra que sea realizada en honor a los magnos eventos de conmemoración.

Habrá de coordinar sus actividades con la Comisión Especial de la misma naturaleza, de la Cámara de Senadores, de las dependencias del Ejecutivo federal, del Poder Judicial de la Federación, de los Congresos de las entidades federativas, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como por los Poderes Ejecutivos de los estados y sus respectivos municipios.

Por lo expuesto, y en virtud de que la presente propuesta con punto de acuerdo es realizada por las diputadas y los diputados federales de Guanajuato, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, solicito, señor secretario, sea sustituido el presente documento porque está publicado en la Gaceta Parlamentaria, el cual contiene la firma de todos los proponentes. Por lo anterior, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para el impulso y desarrollo de los festejos del bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución Mexicana, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Un aspecto trascendente en los tiempos que atravesamos me ha movido a ocupar esta honorable tribuna. Dicho aspecto, de suma importancia para todos los mexicanos, consiste en el sometimiento a la aprobación de esta honorable asamblea la integración de una Comisión Especial de apoyo a los festejos de bicentenario de la Independencia nacional y el centenario de la Revolución Mexicana.

Como es de todos bien sabido, el pueblo de México sufre una de las peores crisis económicas de los últimos años; crisis económica de gestación extranjera y que, de conformidad al sistema globalizado que impera en la mayor parte del mundo, lesionó gravemente a nuestra ya sensible economía.

La crisis económica, sin embargo, en muchas ocasiones constituye el origen de problemas de otra naturaleza, verbigracia: la desintegración familiar, la pobreza, la desnutrición, problemas de salud como la depresión y la ansiedad, la incredulidad y carencia de respeto de la sociedad hacia las instituciones, la desigualdad social, entre otras.

Esta serie de problemas, más allá de fincar responsabilidades que únicamente nos conducirían a un interminable intercambio de opiniones, podrían tristemente ocasionar que el próximo año 2010 pasen desapercibidos dos grandes eventos que jamás volverán a repetirse: El festejo del bicentenario del inicio del movimiento de Independencia de México, así como el festejo del primer centenario del inicio de la Revolución Mexicana.

La Independencia de México, señores diputados, jamás volverá a cumplir doscientos años, lo mismo se afirma al decir que la Revolución Mexicana nunca cumplirá de nuevo cien años.

Por supuesto sabemos, compañeros legisladores, que los festejos de este par de magnos acontecimientos, en poco colaboran si no es que en nada, en dar solución a la crisis económica nacional y mucho menos a la global. Empero, ante momentos y escenarios tan críticos no desde nuestro particular enfoque o punto de vista, sino desde la perspectiva y el sentir de aquellos ciudadanos a quienes nosotros representamos en este honorable recinto, quienes sufren en carne propia y cotidianamente los estragos más crudos de la crisis a la que me he referido, se corre el riesgo de quien pierdan por completo la confianza y la fe, si no es que ya lo hicieron, en las instituciones y en la identidad de nación que como mexicanos nos une o al menos nos debería de unir.

Resulta de esta guisa necesario reforzar e impulsar de nueva cuenta esa identidad de nación, estimados colegas, debe comenzar por nosotros mismos, porque más allá de los colores, los escudos o los partidos políticos con los cuales simpatizamos cada uno de nosotros, más allá de las convicciones políticas personales o de grupo, de las creencias políticas y religiosas de cada quien, una condición nos une a todos por igual: el hecho de ser todos mexicanos.

A través de esta comisión especial, que coordinaría sus planes y trabajos con las comisiones especiales de la misma naturaleza del Senado de la República, del Ejecutivo federal, así como con las actividades que para tal efecto desa-rrollen los Congresos de las entidades federativas, impulsaría los valores que han englobado a cada uno de estos acontecimientos históricos.

Esa comisión especial, de la cual propongo su integración, tuvo su origen en el año 2007, mediante acuerdo de la LX Legislatura, sin embargo, como es de todos conocido, en días pasados, mediante la Gaceta Parlamentaria fue publicado el acuerdo sobre la declaratoria de extinción de comisiones especiales, sin embargo, tras la trascendencia de los eventos que se avecinan en año que sigue a éste, pongo a punto de consideración de esta soberanía, su reactivación.

A través de esta comisión especial, de la cual propongo su integración, impulsaremos los valores patrios que parecen cada vez más ausentes en la cultura nacional.

Permitamos que la ciudadanía conozca a quienes lo han hecho, o que recuerde, para quienes ya los conocía, los valores pilares de nuestro movimiento independentista, tales como la libertad y la igualdad.

Recordemos a los grandes hombres y mujeres que fincaron la primera piedra de nuestro país y sus instituciones.

Demos un giro histórico hacia nuestra propia historia, conozcamos a las personas que dieron su vida física e intelectual para tener todo aquello de lo que ahora gozamos. Desde el cura Hidalgo y su proscripción de la esclavitud, la fase de Morelos y de López Rayón, fase toral y de mayor importancia en este movimientos, conozcamos los diarios que gesta ron la Independencia nacional, como el Despertador americano, los documentos políticos que se gestaron como base del constitucionalismo mexicano, como los Sentimientos de la Nación de 1813 o la Constitución de Apatzingán de 1814.

Conozcamos la historia objetivo y real de nuestros personales sin realzarlos mágicamente o condenarlos inhumanamente. Más que indagar en las batallas que derramaron sangre, analicemos los instrumentos e instituciones que emanaron de ellos.

Lleguemos a la fase de donde Iturbide, Guerrero y Victoria consiguen consumar aquél movimiento que diez años antes inició Hidalgo, Allende y Aldama, que tendría un período intermedio imperial, que caería con el republicano y la promulgación del primer texto constitucional del México independiente en 1924.

Por otra parte, una serie de principios que resultan vigentes hasta el momento en que vivimos se gesta ron como producto de la Revolución Mexicana que tuvo como fecha de nacimientos el 20 de noviembre de 1910, pero lo más importante, sin lugar a dudas, lo constituye la Constitución Política de 1917, como producto de este movimiento revolucionario, no únicamente por la creación de una Carta Magna que supliría a la de 1857, sino que, por primera vez no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, serían incluidos en el mismo texto constitucional, en su parte dogmática primordialmente, los derechos individuales y los derechos sociales, como aquellos que protegen a los grupos sociales en estado de invulnerabilidad. Este texto constitucional, que aún nos rige actualmente, mediante un gran número de reformas, fue en su momento objeto de innumerables elogios por la comunidad política y jurídica mundial.

Rendir tributo a la Revolución Mexicana no significa cosa distinta que rendir tributo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que nos continúa rigiendo.

Conozcamos y recordemos aquellos personajes que fueron pilares en este movimiento histórico, como Madero, Carranza, Obregón, Flores Magón, pero sobre todo aquél colegio notable de personas que configuraron el Constituyente originario de nuestra actual Ley Suprema.

Reforcemos en la ciudadanía, en los jóvenes, los niños, los adultos y en la sociedad en su conjunto, la historia que nos contempla. Rindamos respecto a nuestros símbolos y valores patrios respetando y recordando la historia, entendiéndola, analizándola para efecto de lograr un mejor presente y un brillante futuro.

Quien no conoce la historia se encuentra condenado a repetirla con todo y los errores que se cometieron en el pasado. Nuestra historia nos contempla, distinguidos colegas diputados, nos contempla y nos demanda recordarla como merece, si actuamos adecuadamente y de manera objetiva, dejando nuestro apasionamientos políticos personales o grupa les a un lado, será la historia misma la que nos recompensará en un futuro y por ende, esto significará que las personas a quienes representamos, sean beneficiadas.

Reforcemos, mediante la memoria y la conciencia histórica de nuestro amado país, la identidad que como nación nos une a todos los mexicanos. Únicamente mediante esta característica común de identidad, podremos partir hacia el proyecto de nación que la sociedad tanto nos demanda.

Por lo antes expuesto, estimados compañeros legisladores, el suscrito diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 74 y 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 39 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta honorable Soberanía, la siguiente propuesta con:

Primero. Se crea la Comisión Especial para el impulso y desarrollo de los festejos del bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana de la Cámara de Diputados.

Segundo. La Comisión Especial para el impulso y desa-rrollo de los festejos del bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana se integrará por el número de diputados que así lo determine la Junta de Coordinación Política y de manera proporcional a la representación de cada una de las fracciones parlamentarias con representación en la Cámara de Diputados y que tendrá como funciones las siguientes:

Tercero. La Comisión Especial para el impulso y desarrollo de los festejos del bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana de la Cámara de Diputados tendrá vigencia a partir del día de Publicación de su creación en la Gaceta Legislativa y Diario Oficial de la Federación hasta la conclusión de los festejos del Centenario de la Revolución Mexicana en noviembre de 2010.

Cuarto. La Comisión Especial para el impulso y desarrollo de los festejos del bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana de la Cámara de Diputados impulsará la organización, desarrollo, coadyuvancia y participación en la realización de todos aquellos actos y acciones que sirvan de contribución al fortalecimiento del espíritu de identidad nacional, a los valores de tolerancia, respeto, libertad, igualdad, tanto en el territorio nacional, por conducto de su colegisladora federal, así como del Ejecutivo Federal y sus respectivas dependencias, como al exterior, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y las representaciones diplomáticas mexicanas.

Quinto. La Comisión Especial para el impulso y desarrollo de los festejos del bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana contará con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para la realización de sus atribuciones, con apego a la normatividad aplicable de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Por lo antes expuesto y fundado, ciudadano presidente, solicito a usted que la presente propuesta con punto de acuerdo, sea turnada a la Junta de Coordinación Política; así como que mi intervención sea insertada íntegramente para su debida constancia, en el Diario de los Debates.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted diputado y, como lo solicita, insértese el texto integro en el Diario de los Debates.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra el diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a las diversas fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados, con el fin de otorgar mayores recursos para los municipios de todo el país.

Quiero solicitar que al término de mi lectura se pueda integrar esto, el texto integro en la grabación del Diario de los Debates.

Proposición con punto de acuerdo que presenta el diputado Samuel Herrera Chávez , perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar a las diversas fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados, con el fin de obtener mayores recursos para los municipios de todo el país.

Hoy, hace unos momentos, estuvimos en una reunión con la Conamm, Aamac, Anac, AALMAC, Fedamex, donde hicimos este planteamiento.

El suscrito, diputado federal de la LXI Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones:

Que, en nuestra calidad de ex alcaldes o presidentes municipales, varios de los diputados federales de la LXI Legislatura somos testigos de las enormes dificultades financieras por las que atraviesan los municipios de todo el país. La crisis económica, las condiciones adversas del entorno económico y financiero mundial, así como la mala conducción del gobierno federal para afrontarla agravan más la situación.

Que la LX Legislatura hizo enormes esfuerzos presupuestales, lo cual permitió que de 2006 a 2009 los Presupuestos de Egresos de la Federación fueran los más grandes en la historia de nuestro país.

Que de igual forma, los recursos participables para las entidades federativas crecieron de manera sustantiva, particularmente los Ramos 28 y 33, así como lo que hoy se conoce como el PAFEF.

Que a pesar de que los gobiernos de las entidades federativas, como es el caso de Zacatecas, han hecho su mayor esfuerzo para obtener más captación de recursos y tener una mejor distribución entre sus municipios, esto ha sido insuficiente.

Estamos ciertos que, de acuerdo con las previsiones oficiales, se anticipa que el precio de referencia promedio para la mezcla mexicana de petróleo será para 2010 de 53.9 dólares por barril y la plataforma de producción de crudo disminuirá a 2 mil 500 millones de barriles.

Que el gobierno federal ha hecho público que si bien los ingresos petroleros y tributarios no petroleros esperados para 2010 serán mayores que los observados en 2009, estarán por debajo de los que se elaboró en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009.

Por tanto, la tentación de argumentar que la ausencia de medidas fiscales tendrá como consecuencia una situación insostenible en el gasto y en las participaciones federales para estados y municipios, no la toleraremos.

Por ello hacemos extensivo su reclamo de no hacerlos partícipes, a los alcaldes en mayor medida, de la discusión presupuestal de cada año.

Para que los municipios del país tengan más herramientas para responder al rezago social de sus habitantes se propone flexibilizar las reglas de operación, los destinos de inversión establecidos para el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

Es fundamental incrementar el monto destinado a entidades del Fondo General de Participaciones, lo que obliga a establecer reglas claras en cuanto a la mecánica de la operación del gasto federalizado.

En este sentido, el PRD propone el fortalecimiento de la recaudación federal participable replanteando los criterios y fórmulas de distribución de las participaciones.

Actualmente las organizaciones de los municipios agrupados en la Conamm, Aamac, Anac, AALMAC y Fedamex han llegado a un consenso en el que es necesario fortalecer el nivel del gobierno municipal a través de la iniciativa de fortalecimiento municipal. Para ello proponemos la formación de la Comisión para la Reforma del Estado.

En la actual propuesta de presupuesto los montos asignados a los municipios son un capialce del Presupuesto 2009, los cuales se mantuvieron estáticos, regresivos, si consideramos la inflación esperada de 8 por ciento para este año.

En lo que respecta al sistema recaudatorio de impuestos, distribución y facultades, nuevamente no se proponen modificaciones importantes. El Presupuesto sólo muestra una centralización fiscal de parte del gobierno federal que no resuelve el problema, por lo que hoy tenemos una gran responsabilidad.

Para ello hacemos un llamado a todas las fracciones parlamentarias, para que cambie el modelo económico centralista de manejo y recaudación de los recursos y detonar la apertura de un verdadero municipalismo, donde el ser humano sea lo más importante; hecho que por desgracia el proyecto de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda no contempla.

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 presupone tan sólo del Ramo 33, para el estado de Zacatecas, 7 mil 931 millones 485 mil 445 de pesos, de un total de 423 mil millones 711 mil 104 millones de pesos, muy por debajo de Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Puebla y Veracruz. No pedimos disminución de otras entidades, pero sí una distribución más equitativa.

Por lo expuesto, propongo a esta soberanía los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a que se aumenten los recursos a los municipios del país a través de los fondos para su desarrollo (Ramo 33, Ramo 28, Ramo 20, Ramo 30, Ramo 23 y demás fondos complementarios), y que éstos sean distribuidos de manera equitativa.

Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las fuerzas políticas representadas en esta soberanía a otorgar mayores recursos para los municipios, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura y perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Que en nuestra calidad de ex alcaldes, varios de los hoy diputados federales a la LXI Legislatura, somos testigos de las enormes dificultades financieras por las que atraviesan los municipios de todo el país. La crisis económica, las condiciones adversas del entorno económico y financiero mundial, así como la mala conducción del gobierno federal para afrontarla agravan más la situación.

Que la LX Legislatura hizo enormes esfuerzos presupuestales lo cual permitió, que de 2006 a 2009, los Presupuestos de Egresos de la Federación fueran los más grandes en la historia de nuestro país. Que de igual forma, los recursos participables para las entidades federativas crecieron de manera sustantiva, particularmente el ramo 28 y 33, así como lo que hoy se conoce como el PAFEF.

Que a pesar de que los gobiernos de las entidades federativas han hecho su mayor esfuerzo por obtener más captación de recursos y tener una mejor distribución entre sus municipios, esto ha sido insuficiente.

Estamos ciertos que, de acuerdo a las previsiones oficiales, se anticipa que el precio de referencia promedio para la mezcla mexicana de petróleo será para 2010 de 53.9 dólares por barril y la plataforma de producción de crudo disminuya a 2 mil 500 millones de barriles.

Que el gobierno federal ha hecho público que si bien los ingresos petroleros y tributarios no petroleros esperados para 2010 serán mayores que los observados en 2009, estarán por debajo de los que se elaboró en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009, debido a dos factores: menores ingresos no petroleros de forma transitoria, a causa de que la actividad estará por debajo de su nivel potencial y menores ingresos petroleros, resultado de un menor precio y de la curva continua de disminución de la producción en nuestro país.

Por tanto, no toleraremos la tentación de argumentar que la ausencia de medidas fiscales tendrá como consecuencia una situación insostenible en el gasto y en las participaciones federales para estados y municipios.

La administración federal argumenta que sus prioridades son el combate al crimen organizado, y la infraestructura, al paso de sus tres años ya en ejercicio, ha demostrado una sola cosa: gasta mucho y gasta mal, el empleo ha disminuido y los índices de delincuencia así como el grado de violencia se han incrementado exponencialmente.

Ante esta situación, los gobiernos municipales se han organizado de manera conjunta y permanente para hacernos llegar sus requerimientos presupuestales, sus proyectos de inversión, información de los niveles de recaudación propia, así como de sus propuestas para hacerse de más recursos en beneficio de la ciudadanía.

Por ello hacemos extensivo su reclamo de no hacerlos partícipes en mayor medida de la discusión presupuestal de cada año, así como de los excedentes petroleros, de la devolución del IVA a ellos y sí a empresarios que sólo acumulan a favor de su patrimonio, además de que la descentralización de recursos en materia de seguridad son temas que no pueden soslayarse en estos momentos.

Para que los municipios del país tengan más herramientas para responder al rezago social de sus habitantes se propone flexibilizar los destinos de inversión establecidos para el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, avanzando en las fórmulas de asignación a fin de hacer progresiva la retribución.

Es fundamental incrementar el monto destinado a entidades del Fondo General de Participaciones, lo que obligaría a establecer reglas claras en cuanto a la mecánica de la operación del gasto federalizado tanto en su ejercicio como en su fiscalización, además de hacer viable la evaluación de la calidad del gasto, así como la rendición de cuentas. Hoy hay poca sensibilidad de las necesidades de los municipios, una mala distribución de los recursos y tentación a disminuirlos.

En este sentido, el PRD propone el fortalecimiento de la recaudación federal participable replanteando los criterios y fórmulas de distribución de las participaciones, así como el reconocimiento de las potestades tributarias a estados y municipios que obligará a responsabilizarlos en el aumento de la recaudación. A su vez, reconocer como materia municipal el impuesto sobre la renta derivado del cambio en el valor de los inmuebles y pelear porque el subejercicio por obstáculos burocráticos de ciertos funcionarios merme el futuro de nuestros municipios.

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 presupone en el ramo 33, para el estado de Zacatecas, 7 mil 931 millones 485 mil 445 de un total de 423 mil 221 millones 711 mil 104 millones de pesos, muy por debajo de Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Puebla o Veracruz. No pedimos disminución a otras entidades pero si una distribución más equitativa.

Por lo expuesto propongo a esta soberanía el siguiente

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que se aumenten los recursos a los municipios del país a través de los fondos para su desarrollo (ramo 33, ramo 28, ramo 20, ramo 30 y demás fondos complementarios) y distribución.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputado Samuel Herrera Chávez . Como se solicitó al inicio de la intervención, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y en tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

ESTANCIAS INFANTILES

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita a las instituciones públicas responsables de establecer y operar estancias infantiles, que envíen a esta soberanía los parámetros y los resultados de las evaluaciones que lleven a cabo en dichas instancias.

Compañeras y compañeros, quienes suscribimos, diputados y diputadas federales integrantes de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes consideraciones:

La tragedia de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora puso en evidencia que es necesario hacer una revisión de los esquemas a través de los cuales se prestan servicios de guarda y custodia de niños y niñas, hijos de madres trabajadoras de México.

La disparidad existente en los estándares exigidos en el esquema de guarderías del IMSS, en relación con los servicios que prestan el ISSSTE, el DIF y la Sedesol, entre otros esquemas vigentes operados por gobiernos locales y municipales es abismal, lo que exige revisar las políticas y los recursos que se destinan para ellos.

El Estado mexicano no puede avalar ni mucho menos operar una política de atención a la niñez, discriminatoria desde su origen: mejores servicios para los más favorecidos y servicios de mala calidad para los más pobres.

Debido a la ausencia de una política integral de protección de los derechos de la niñez en México, se ha comprometido seriamente el principio de protección de interés superior de la infancia.

El presente gobierno renunció a construir una política integral de atención a la niñez y desarticuló los instrumentos del Estado para vigilar y garantizar el cumplimiento de sus derechos, por lo que es urgente revisar los esquemas de guarderías desde la perspectiva de los derechos de las niñas y los niños.

Las evaluaciones construidas por el propio gobierno federal a través del Coneval, en 2008, establecen en sus puntos susceptibles de mejoras la necesidad de generar sinergias entre los programas para la protección, guarda y custodia de niños y homologar la calidad de los servicios, lo cual no ha ocurrido.

Es evidente la necesidad de contar con un mecanismo efectivo de control que no maquille cifras y que permita supervisar que el mecanismo de seguimiento diseñado para el cumplimiento de las recomendaciones de mejora de los programas federales opere de verdad, se mejore y tenga un mecanismo adicional de seguimiento desde esta soberanía.

Por lo anterior, se propone a consideración de esta soberanía la aprobación de los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se solicita a las instituciones públicas, en los tres niveles de gobierno, responsables de establecer y operar estancias infantiles, guarderías o centros de guarda y custodia en cualquiera de sus modalidades, envíen a esta soberanía los criterios de evaluación y supervisión, así como los resultados de las evaluaciones que lleven a cabo las estancias infantiles existentes, acorde con el sistema de evaluación del desempeño y su conjunto de elementos metodológicos.

Segundo. Se aprueba la creación de la comisión especial de esa honorable Cámara de Diputados que revise la política general de estancias infantiles del Estado mexicano, su marco jurídico, los programas institucionales existentes y convoque a las instancias que sean necesarias para realizar las verificaciones pertinentes, a efecto de proponer las modificaciones que se requieran para garantizar la cobertura y calidad de los servicios y seguridad de los niños mexicanos.

Finalmente, quiero agradecer a las diputadas y los diputados de las diferentes expresiones políticas que suscribieron el presente punto de acuerdo y a la diputada Claudia Anaya del PRD. Agradezco a todos los integrantes del grupo parlamentario que suscribieron este acuerdo.

En la diputada María Esther Scherman, a mis compañeros y compañeras del Partido Revolucionario Institucional, en la diputada Laura Corona Valdés al Partido Verde Ecologista, en la diputada Ifigenia Martínez y Hernández al Partido del Trabajo, en la diputada Cora Cecilia Pinedo a Nueva Alianza y en la diputada Guadalupe García en Convergencia.

Finalmente solicitarle, presidente a la Mesa Directiva, se inserte y se integre en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria el presente punto de acuerdo. Y aprovechar el momento para pedirle y sumarme, pedirle a la Junta de Coordinación Política, en la propuesta que hizo aquí la diputada Claudia Anaya del PRD en cuanto a la Comisión de Grupos Vulnerables, sumarme y pedirle que lo tomen a consideración.

Ambas venimos de la lucha social, del movimiento asociativo, tenemos la capacidad, el talento, la experiencia, la percepción y la sensibilidad suficiente para entender la trascendencia que este país tiene y requiere, en cuanto a la defensa de los derechos humanos, de los grupos más vulnerables. Por su atención, muchísimas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a las instituciones públicas encargadas de establecer y operar estancias infantiles que envíen a esta soberanía los parámetros y los resultados de las evaluaciones que lleven a cabo en dichas estancias, a cargo de la diputada Yolanda de la Torre Valdez , del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales integrantes de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se solícita a las instituciones públicas en los tres niveles de gobierno responsables de establecer y operar estancias infantiles, en cualquiera de sus modalidades, envíen a esta soberanía los parámetros de evaluación, y los resultados de las evaluaciones que llevan a cabo en las estancias infantiles existentes, acorde con el sistema de evaluación del desempeño y su conjunto de elementos metodológicos; y la creación de una Comisión Especial de esta honorable Cámara de Diputados, que revise la política general de estancias infantiles del estado mexicano, su marco jurídico, los programas institucionales existentes, y convoque a las instancias que sean necesarias para realizar las verificaciones pertinentes, a efecto de proponer las modificaciones que se requieran para garantizar la cobertura y calidad en los servicios y seguridad para los niños de México.

Con base en las siguientes

1. La tragedia de la Guardería ABC en Hermosillo. Sonora, puso en evidencia que es necesario hacer una revisión de todos los esquemas a través de los cuales se prestan servicios de guarda y custodia de niñas y niños hijos de madres trabajadoras en México.

2. La disparidad que existe en los estándares exigidos en el esquema de guarderías del IMSS, en relación con los servicios que prestan el ISSSTE, el DIF y la SEDESOL, entre otros esquemas vigentes operados por gobiernos locales Y municipales, es abismal, lo que exige revisar las políticas y recursos que se destinan a ellos.

3. El estado mexicano no puede avalar ni mucho menos operar una política de atención a la niñez, discriminatoria desde su origen: mejores servicios para los más favorecidos, y servicios de mala calidad para los pobres.

4. Debido a la ausencia de una política integral de protección de los derechos de la niñez en México, se ha comprometido seriamente el principio de protección del interés superior de la infancia. El presente gobierno renunció a construir una política integral de atención a la niñez y de-sarticuló los instrumentos del estado para vigilar y garantizar el cumplimiento de sus derechos, por lo que es urgente revisar los esquemas de guarderías desde la perspectiva de los derechos de los niños.

5. Las evaluaciones construidas por el propio Gobierno federal a través del CONEVAL, en 2008, establecen en sus ``puntos susceptibles de mejoras'' la necesidad de generar sinergias entre los programas para la protección, guarda y custodia de niños, y homologar la calidad de los servicios, lo que no ha ocurrido.

6. Es evidente la necesidad de contar con un mecanismo efectivo de control, que no maquille cifras y que permita supervisar que el mecanismo de seguimiento diseñado para el cumplimiento de las recomendaciones de mejora a los programas federales, opere de verdad, se mejore y tenga un mecanismo adicional de seguimiento desde esta soberanía.

Por lo anterior, se propone a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente:

Primero. Se solicita a las instituciones públicas en los tres niveles de cualquiera de sus modalidades, envíen a esta soberanía los parámetros de evaluación, y los resultados de las evaluaciones que llevan a cabo en las estancias infantiles existentes, acorde con el sistema de evaluación del desempeño y su conjunto de elementos metodológicos.

Segundo. Se aprueba la creación de una Comisión Especial de esta honorable Cámara de Diputados, que revise la política general de estancias infantiles del estado mexicano, su marco jurídico, los programas institucionales existentes, y convoque a las instancias que sean necesarias para realizar las verificaciones pertinentes, a efecto de proponer las modificaciones que se requieran para garantizar la cobertura y calidad en los servicios y seguridad para los niños de México.

Tener acceso a una estancia infantil para sus hijos, es un derecho para las madres trabajadoras.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputada De la Torre. Como lo solicitó, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, en la Gaceta Parlamentaria ya ha sido publicado. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, en tanto se integra la comisión consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

JOSE HERNANDEZ MORENO - JOHN DANIEL OLIVAS

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene ahora la palabra el diputado Guadalupe Eduardo Robles Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política, para que en una sesión ordinaria del mes de octubre se haga un reconocimiento público a los astronautas de origen mexicano José Hernández Moreno y John Daniel Olivas por su destacado desempeño en la misión del transbordador espacial Discovery.

El suscrito diputado federal Guadalupe Eduardo Robles Medina , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes consideraciones.

Cito textual: ``Me encontraba limpiando con azadón una fila de remolacha azucarera, en un campo de cultivo cerca de Stockton California. Y escuché en la radio de transistores que Franklin Chang Díaz había sido seleccionado como astronauta ---dice José Hernández, recordando la selección del hispanoamericano Chang Díaz---. Ese fue el momento que dije, quiero viajar al espacio. Desde entonces, algo por lo que he luchado cada día para hacerlo''. Fin de la cita.

Ese fue quizá el momento mágico en el que José Hernández tomó la decisión más importante de su vida, en lo que se constituyó en un reto que tiempo después lo transformó en una historia de éxito.

El pasado viernes 28 de agosto del presente año, un poco antes de la media noche, una noticia que pareciera normal estremeció al país, el despegue del transbordador espacial Discovery desde el Centro Espacial Kennedy, en los Estados Unidos, rumbo a la Estación Espacial Internacional.

Lo importante de la noticia fue que dos astronautas de ascendencia mexicana formaban parte de los siete tripulantes de la misión. Por primera vez en la historia dos astronautas de origen mexicano, John Olivas y el ingeniero de vuelo José Hernández de padres mexicanos, forman parte en un vuelo de esta naturaleza de manera conjunta.

John Daniel Olivas, nacido el 25 de mayo de 1965 en North Hollywood, California, ingeniero de profesión, reclutado como astronauta por la Administración Nacional para la Aeronáutica y el Espacio en 1998.

José Hernández Moreno, nacido el 7 de agosto de 1962 en French Camp, California, ingeniero seleccionado como astronauta por la NASA en 2004. Hijo de padres mexicanos que algún día salieron del bello estado de Michoacán, atravesando el río Bravo en la búsqueda de mejores horizontes para su familia.

Dos orgullos para los mexicanos y dos ejemplos en especial para los más jóvenes, quienes tienen la ilusión de cumplir sus más grandes sueños. Dos astronautas de gran dedicación en los estudios y de brillante trayectoria, tanto académica como profesional, que encontraron oportunidades de desarrollo más allá de nuestras fronteras, pero que no olvidan sus orígenes.

Tanto John Olivas como José Hernández son la muestra de que en la sangre mexicana corre mucho talento y dedicación. Ellos, como muchos otros mexicanos que se encuentran en otros países, son la prueba fehaciente de que el esfuerzo, la entrega y la disciplina son virtudes que rinden sus frutos en cualquier latitud.

Es un orgullo saber que dos personas de origen mexicano desempeñan tareas de gran relevancia en el mundo y, como es el caso, más allá de él. El caso de José Hernández es algo especial al convertirse en un lapso de 35 años de recolector de fresas, pepino y remolacha, en ingeniero de vuelo y operador del brazo robótico del transbordador espacial Discovery.

Hace más de dos décadas los mexicanos nos sorprendimos ante la noticia de que Rodolfo Neri Vela había sido seleccionado como el primer mexicano en viajar en una misión al espacio. Este importante acontecimiento... y les pido respeto porque yo se los he dado a los compañeros que están silbando, les pido respeto porque esto es algo verdaderamente importante, que debe tomarse en cuenta en este recinto legislativo. Otros han traspasado también el tiempo que se les ha impuesto en situaciones de mucha menor trascendencia que la que yo creo que tiene esta postura.

Este importante acontecimiento...

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputado, le ruego, por favor, concluya.

El diputado Guadalupe Eduardo Robles Medina: ...sin duda renueva también el entusiasmo de los mexicanos por temas como la ciencia y la tecnología, materias en la que México debería poner mucho más atención dentro de sus planes académicos y educativos ya que son, la ciencia y tecnología, elementos centrales para el desarrollo económico y social de las sociedades contemporáneas. Nuestro deber es que este tema pueda estar alejado de los forcejeos políticos tan comunes en estos días y pase a ser apoyado por todas las fuerzas políticas que integran esta soberanía.

Por lo expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política para que, en sesión ordinaria en octubre, se haga un reconocimiento público a los astronautas de origen mexicano: José Hernández Moreno y John Daniel Olivas, por su destacado desempeño en la misión del transbordador espacial Discovery.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a fin de que realice la invitación correspondiente a los mencionados astronautas, para que nos honren con su presencia en dicha sesión.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 23 de septiembre de 2009. Diputado federal Guadalupe Eduardo Robles Medina , Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política que en una sesión ordinaria de octubre realice un reconocimiento público a los astronautas de origen mexicano José Hernández Moreno y John Daniel Olivas por su destacado desempeño en la misión del transbordador espacial Discovery, a cargo del diputado Jesús Ramírez Rangel , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Guadalupe Eduardo Robles Medina integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Ese fue, quizá el momento mágico en el que José Hernández tomó la decisión más importante de su vida en lo que se constituyó en un reto que tiempo después lo transformó en una historia de éxito.

El pasado viernes 28 de agosto del presente un poco antes de la media noche, una noticia que pareciera normal estremeció al país: El despegue del transbordador espacial Discovery desde el Centro Espacial Kennedy en los Estados Unidos rumbo a la Estación Espacial Internacional.

Lo importante de la noticia fue que dos astronautas de ascendencia mexicana formaban parte de los siete tripulantes de la misión. Por primera vez en la historia, dos astronautas de origen mexicano, John Olivas y el ingeniero de vuelo, José Hernández, de padres mexicanos, forman parte en un vuelo de esta naturaleza de manera conjunta.

John Daniel Olivas, nacido el 25 de mayo de 1965 en North Hollywood, California, ingeniero de profesión, reclutado como astronauta por la Administración Nacional para la Aeronáutica y el Espacio (NASA, en Estados Unidos) en 1998.

José Hernández Moreno, nacido el 7 de agosto de 1962 en French Camp, California, ingeniero, seleccionado como astronauta por la NASA en 2004. Hijo de padres mexicanos que algún día salieron del bello estado de Michoacán atravesando el río Bravo, en la búsqueda de mejores horizontes para su familia.

Dos orgullos para los mexicanos, y dos ejemplos en especial para los más jóvenes quienes tienen la ilusión de cumplir sus más grandes sueños. Dos astronautas de gran dedicación en los estudios y de brillante trayectoria tanto académica como profesional, que encontraron oportunidades de desarrollo más allá de nuestras fronteras pero que no olvidan sus orígenes.

Tanto Danny Olivas como José Hernández son la muestra de que en la sangre mexicana corre mucho talento y dedicación. Ellos, como muchos otros mexicanos que se encuentran en otros países son la prueba fehaciente de que el esfuerzo, la entrega y la disciplina, son virtudes que rinden sus frutos en cualquier latitud.

Es un orgullo saber que dos personas de origen mexicano desempeñan tareas de gran relevancia en el mundo, y como es el caso, más allá de él. El caso de José Hernández es algo especial, al convertirse en un lapso de 35 años de recolectar de fresas, pepino y remolacha a ingeniero de vuelo y operador del brazo robótica del transbordador espacial Discovery.

Hace más de dos décadas los mexicanos nos sorprendimos con la noticia de que Rodolfo Neri Vela había sido seleccionado como el primer mexicano en viajar en una misión al espacio. Como en aquellos años, hoy vuelve a surgir un renovado ánimo por saber y conocer la experiencia de estos dos nuevos navegantes del espacio.

Este importante acontecimiento sin duda renueva también el entusiasmo de los mexicanos por temas como la ciencia y la tecnología; materias en las que México debería poner mucho más atención dentro de sus planes académicos y educativos. Ya que son la ciencia y tecnología elementos centrales para el desarrollo económico y social de las sociedades contemporáneas. En donde además el potencial humano de un país es fundamental en la implementación de esas nuevas afluencias de tecnología.

José Hernández ha propuesto y ello ha sido recibido con beneplácito por la sociedad científica, la creación de la Agencia Espacial Mexicana, la cual con un bajo costo operativo, redundaría en un amplio beneficio en el futuro inmediato.

Nuestro deseo es que este tema pueda estar alejado de los forcejeos políticos tan comunes en estos días y pase a ser apoyados por todas las fuerzas políticas que integran esta soberanía.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política para que en sesión ordinaria, en octubre, se haga un reconocimiento público a los astronautas de origen mexicano José Hernández Moreno y John Daniel Olivas por su destacado desempeño en la misión del Trasbordador Espacial Discovery.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a fin de que realice la invitación correspondiente a los mencionados astronautas para que nos honren con su presencia en dicha sesión.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren mayores recursos para educación pública, y en particular a las instituciones públicas de educación superior. Tiene la palabra diputada Vázquez.

He encontrado, en todos los grupos parlamentarios, maestros que están decididos a que formemos un frente común por la defensa de la educación pública y por la defensa de la educación superior y me han ayudado, de manera muy amable, a platicar con los coordinadores de grupo. Y este punto de acuerdo, que no quiero quitarles el tiempo, porque es un tema que ya ha subido el grupo parlamentario del PRI en dos o tres ocasiones con el diputado Moreira, que también me permitió signar su documento; que ya ha subido también por el PRD la diputada Telma y que también me permitió signar su documento y que quiero comentar que todos los partidos estamos en la misma sintonía y que todos, en diferentes momentos, vamos a subir puntos de acuerdo esencialmente semejantes. Estamos pidiendo que la educación pública no vea mermado su presupuesto.

Quiero pedirle al diputado presidente que se integre el punto de acuerdo en el Diario oficial de los Debates.

Solamente le voy a leer, para que lo tengan definido puntualmente:

``Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta y solicita a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco del análisis, discusión, modificación y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, se considere el mismo monto asignado al ramo de educación del 2009 y, en caso de ser procedente, se asignen mayores recursos del Ramo 11, correspondiente a la educación, y en particular a las instituciones de educación superior públicas, así como del Ramo 33.''

Todos tenemos diferentes ideologías, diferentes ópticas, diferentes proyectos, pero el problema lo tenemos enfrente todos nosotros y ese problema es que el 10 por ciento, casi el 10 por ciento de nuestra población es analfabeta.

Todos tenemos presente el problema de que de cada 10 niños que se inscriben en primaria, solamente cuatro obtienen su título en la profesión y el 0.4 tienen estudios de postgrado y a todos nos lacera la situación que padecen los jóvenes entre 20 y 24 años, que de 10 jóvenes 6 no tienen ni trabajo ni escuela.

Yo quiero decirles que este punto de acuerdo fue signado por todos los coordinadores de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara de Diputados, a los cuales les agradezco y voy a leer, para que quede asentado.

El diputado Francisco Rojas, coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Del Partido Acción Nacional me firmaron varios diputados, a los cuales les agradezco. Ya no pudo firmarme la diputada Josefina Vázquez Mota, pero aquí está Paz Gutiérrez Cortina , gracias, diputada. Gracias Kenia López Rabadán , Maricela Torres, diputada Silvia Pérez Ceballos, diputado Jesús Ramírez Rangel .

Del Grupo Parlamentario del PRD, Alejandro Encinas. Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, Juan García; del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo el diputado Pedro Vázquez; del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, el doctor Reyes Tamez Guerra, que le agradezco mucho; y del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia, el diputado Pedro Jiménez León .

Vamos a hacer un frente común, los invito a todos, por la defensa de la educación pública y la defensa de la educación superior. Muchísimas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para educación pública y, en particular, para las instituciones de educación superior, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho , del Grupo Parlamentario del PRD

María Araceli Vázquez Camacho y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta y solicita a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Publica de la Honorable Cámara de Diputados a que en el marco del análisis, discusión, modificación y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, se considere que el monto asignado al ramo de Educación, sea el mismo monto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 y, en caso de ser procedente, se asignen mayores recursos al ramo 11 correspondiente a la educación pública y en particular a las instituciones de educación superior públicas, así como del ramo 33 al tenor de los siguientes

Primero. El artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra como garantía de todo individuo, el recibir educación. El Estado representado por la Secretaría de Educación Pública, tiene la responsabilidad de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, además de promover y atender todos los tipos y modalidades educativas incluyendo la educación superior, necesarios para el desarrollo de la Nación. Esta educación debe ser laica, democrática, nacional, debe de contribuir a la mejor convivencia humana y sobre todo debe ser gratuita.

Segundo. Desafortunadamente crisis económicas recurrentes y prolongadas, han provocado que el sistema educativo se encuentre en una situación delicada, entre otros factores la orientación del gasto público y el bajo presupuesto que han destinado sucesivos gobiernos.

Así, en pleno Siglo XXI podemos dar cuenta de la existencia de:

Tercero. En el terreno de la docencia, el maestro ha sido abandonado y desatendido durante muchos años, así, más de la mitad de los maestros requieren tener dos plazas u otro empleo para de esta forma estar en posibilidad de poder vivir dignamente.

Cuarto. En una nación donde más del 50% de los mexicanos sufre de pobreza y donde 6 de cada 10 jóvenes mexicanos entre 20 y 24 años, no tienen una actividad fija que realizar, porque sólo el 14% está inscrito en alguna institución de educación superior y únicamente el 26% está ubicado en el sector formal del trabajo.

Quinto. El que no se tenga acceso a una educación de calidad, da como resultado la agudización de la desigualdad social. La sociedad mexicana ha enfrentado una serie de transformaciones estructurales en los ámbitos político, económico, cultural y social, muchas de estas transformaciones han respondido a intereses y prioridades globales. La transformación que está sufriendo el Estado, ha sido un elemento fundamental de los cambios impuestos en estos años, de fin y de principio de siglo. Uno de los efectos más importantes de estos cambios ha sido la falta de acuerdo entre los actores políticos para garantizar debidamente a la población los derechos sociales y universales, entre ellos el derecho a la educación.

Sexto. La educación es precursora del desarrollo y no consecuencia de éste. Los países que han logrado un mayor desarrollo han invertido notablemente en educación, incluso en situaciones económicas adversas.

Séptimo. La proporción del PIB que nuestro país destina a la educación, es menor que la destinada en promedio por los países miembros de la OCDE.

Octavo. Es importante considerar la recomendación de la UNESCO de destinar como mínimo un monto anual equivalente a 8% del Producto Interno Bruto del país al gasto público federal en educación, no obstante que la Ley General de Educación dispone en su artículo segundo transitorio de la Reforma del 30 de diciembre de 2002 que los presupuestos del Estado, contemplarán un incremento gradual anual, a fin de alcanzar en el año 2006, recursos equivalentes al 8% del Producto Interno Bruto del país para el financiamiento de la educación, del cual al menos el l% debe ser destinado a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas.

Noveno. Las instituciones públicas de educación superior resultan ser de las más afectadas por no contar con los recursos suficientes que garanticen la realización de sus múltiples actividades académicas, de investigación, de difusión de la cultura, etcétera.

Décimo. Debe de entenderse señoras diputadas y señores diputados, y sobre todo quedar en claro el papel estratégico de la educación en general y sobre todo en la educación superior y la generación de conocimientos a través de las actividades científicas y tecnológicas, debe ser una prioridad nacional para lograr el desarrollo económico y social, son los profesionistas que con su talento, conocimiento, y experiencia apoyan grandes ideas para el cambio de nuestro país.

Decimoprimero. El apoyo que este órgano de representación ha brindado a la educación superior no es sólo en el discurso, muestra de ello es que de los años 2000 a 2009 los diputados y diputadas han aprobado por ejemplo para la UNAM más de 5 mil millones de pesos adicionales.

Decimosegundo. Esta nueva LXI legislatura NO puede ni debe ser la excepción; es nuestro deber y compromiso aprobar un presupuesto digno y suficiente para la educación y sobre todo para la educación superior que además de preparar a los individuos para las tareas sociales más complejas y relevantes, es el espacio en el que se desarrollan quienes tienen la capacidad y la vocación para producir conocimientos significativos y ponerlos al servicio de la sociedad. Debemos de actuar en consecuencia con las diversas instituciones de educación superior públicas de todo el país que como la UNAM, cuyo nombre esta inscrito en letras de oro en el muro de honor de este recinto, han aportado mucho a esta gran Nación.

En virtud de las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno la siguiente proposición con

Único. Se exhorta y solicita a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Publica de la Honorable Cámara de Diputados a que en el marco del análisis, discusión, modificación y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, se considere que el monto asignado al ramo de educación, sea el mismo monto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 y, en caso de ser procedente, se asignen mayores recursos al ramo 11 correspondiente a la educación pública y en particular a las instituciones de educación superior públicas, así como también el ramo 33.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputada. Como lo solicitó, se ordena insertar el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

LEY DE PLANEACION PARA LA SOBERANIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra el diputado Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Senado de la Repúblicadictamine la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Planeaciónpara la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, aprobada por la Cámara de Diputados el 30 de marzo de 2006.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a dictaminar la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, aprobada el 30 de marzo de 2006.

Los suscritos diputados Cruz López Aguilar y Gerardo Sánchez García del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Francisco Hernández Juárez , Federico Ovalle y José Narro Céspedes del Partido de la Revolución Democrática; Valdemar Gutiérrez Fragoso del Partido Acción Nacional y Roberto Pérez de Alba del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, sometemos a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, donde se exhorta al Senado de la República para que dictamine la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, aprobada por esta Cámara de Diputados el 30 de marzo del 2006, bajo las siguientes

Con fecha 7 de noviembre de 2005 fue presentada al Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa que crea la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional. El 30 de marzo de 2006 fue aprobado el dictamen de dicha iniciativa por la mayoría absoluta de esta soberanía. Desde entonces han pasado casi tres años y medio y la minuta no ha sido dictaminada por la colegisladora.

Hoy que México atraviesa por una crisis económica de enormes dimensiones y donde más de 50 millones de mexicanas y mexicanos viven por debajo de la línea de pobreza, es decir, no cuentan con lo necesario para garantizar su sobrevivencia cada día que pasa, nos parece que es prioritario contar con esta ley que significa por un lado contar con una herramienta de planeación que ubica en su justa dimensión el problema de seguridad y soberanía alimentaria.

Dicho proyecto significa replantear los temas del campo mexicano a partir de la creación de nuevos instrumentos institucionales para darle certidumbre al desarrollo del sector rural de nuestro país. Al mismo tiempo se exige la revisión de convenios comerciales internacionales como el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUE) con la finalidad de que haya una mayor protección para nuestro país, toda vez que los subsidios indiscriminados a la agricultura por parte de nuestros socios comerciales constituye, en la práctica, una competencia abusiva y desleal en contra de los productores rurales y campesinos mexicanos.

Como ejes centrales de la Ley se establece que:

Los diputados de esta LXI legislatura que suscribimos este punto de acuerdo, estamos convencidos de la importancia de esta ley y la necesidad de contar con nuevos instrumentos de planeación para darle viabilidad y desarrollo al sector rural de la República, que cada día muestra el desdén de las autoridades, y el atraso y marginación en que viven millones de familias mexicanas.

Por ello es que le hacemos un exhorto muy respetuoso a nuestros compañeros legisladores del Senado de la República para aprobar la minuta que fue turnada por esta Cámara de Diputados el 30 de marzo de 2006.

Por lo anterior, sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la Siguiente proposición con

Único. Se exhorta respetuosamente al Senado de la República para que dictamine la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, turnada a esa Soberanía el 30 de marzo de 2006.

Ruego a usted, diputado presidente, se turne el punto de acuerdo con la Junta de Coordinación Política para los efectos conducentes. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Gerardo Sánchez García . El turno que la Presidencia tiene dispuesto es remitirlo al Senado de la República, dado que se trata de un exhorto al mismo Senado.

TURISMO

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra el diputado Miguel Martínez Peñaloza, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a seguir considerando al turismo como eje primordial para el desarrollo económico y cultural de México.

Es tiempo de debate y entendimiento político. Es necesario participar constructivamente, desde las diferentes ideologías, para el bien de nuestro país.

El turismo es un tema que debe ocupar a todos. Es una actividad económica que se está convirtiendo en un motor trascendente de nuestro país, una industria sin chimeneas, sin contaminación y que supera por mucho el ingreso obtenido de manera conjunta por varias actividades de la economía como la agricultura, la ganadería, pesca, bebidas, tabaco, industria del vestido, entre otras, que a veces preocupan más y aportan menos.

En 2008 el sector generó 2.4 millones de empleos y éstos son mejor pagados hasta en un 30 por ciento. Los ingresos por esta actividad representan el 8 por ciento del producto interno bruto. El año pasado se captaron más de 88 mil millones de dólares, colocando a nuestra nación en el primer destino de América Latina y octavo a nivel mundial, con 21 millones de visitantes extranjeros.

El turismo funciona como promotor de desarrollo regional y patrimonio de miles de comunidades, y en México se ha consolidado como la tercera fuente de ingresos.

Sabemos que este sector ganará terreno, a pesar de una condición de crisis internacional y una reducción de ingresos petroleros, por lo que debemos apostar a que se convierta en la primera actividad económica involucrando a los tres niveles de gobierno, a los empresarios y a la sociedad organizada.

El sector turístico genera empleos sin distinción de género, de situación geográfica o condición social. Por ello podemos asegurar que el turismo es una actividad que combate frontalmente a la pobreza que tanto buscamos erradicar.

Es de celebrar que el gobierno federal pretenda adelgazar la nómina de la Secretaría de Turismo y no así los recursos que impactan directamente en la promoción y desarrollo en nuestro país. Sabemos que se puede hacer más con menos, como la historia lo ha demostrado en países como España, con la creación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en donde se atiende a gran parte del sector económico; o Francia, donde la actividad está a cargo del Ministerio de Economía, Finanzas e Industria.

Es así que hago un llamado para que, mediante el diálogo, se logren los acuerdos necesarios, ya que hoy tenemos un reto que debe cumplirse. Las decisiones que hoy tomemos reflejarán el futuro que queremos ver.

Por lo expuesto y dada la oportunidad de crecimiento económico y desarrollo regional que ofrece el sector turismo, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. Solicitar al Ejecutivo federal que siga considerando al turismo, sin importar su situación dentro de la administración pública federal, como una de las principales políticas del Estado mexicano, eje primordial para el desarrollo económico y cultural de nuestro país, y continúe otorgándole la importancia necesaria, manteniendo su impulso y desarrollo constante.

Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a seguir considerando el turismo como eje primordial para el desarrollo económico y cultural de México, a cargo del diputado Miguel Martínez Peñaloza , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Miguel Martínez Peñaloza de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita al Ejecutivo federal siga considerando al turismo como eje primordial para el de- sarrollo económico y cultural de México, bajo las siguientes:

El sector turístico en México está considerado como la tercera fuente generadora de divisas, sólo después del petróleo y las remesas, y está llamado a ser la segunda fuerza, ya que a diferencia del petróleo éste es sustentable y tiene la característica de dar empleo sin distinción de género, situación geográfica o condición social.

Nuestro país recibió en 2008 por concepto de divisas de visitantes internacionales 13 mil millones de dólares que sumados a los 75 mil millones de dólares que se generan por turismo nacional, nos dan aproximadamente un total de 88 mil ¹ millones de dólares en ingresos por turismo, colocando a México en octavo lugar a nivel mundial en términos de llegadas de turistas internacionales, con poco más de 21 millones de visitantes siendo el primer destino para turistas extranjeros dentro de América Latina ² .

En la pasada administración el turismo en México llego a ubicarse en 8.8 por ciento, cifra superior a la del producto generado de manera conjunta por actividades económicas como la agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca, caza y captura; la industria de las bebidas y del tabaco; la minería (excluida la extracción de petróleo y gas); electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final; equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos; y las relativas a prendas de vestir. ³

Del 2003 al 2006, las actividades relacionadas con el turismo registraron en promedio 2.4 millones de empleos, representando el 6.8 por ciento del total del país. ⁴

No sorprende que, al inicio de la presente administración, el turismo fuera catalogado como prioridad nacional, ya que esta actividad siempre se ha considerado como una de las más grandes alternativas para el desarrollo del país. De esta forma, se planteó un nuevo modelo de participación del gobierno federal como promotor, coordinador y orientador de las políticas y acciones para posicionar a México como uno de los principales destinos turísticos en el mundo.

El turismo puede potenciar el desarrollo de diferentes regiones, es decir, utilizar el turismo nacional como motor para el desarrollo del mercado interno y apostar por la complementariedad de destinos, mediante el fomento de sitios culturales e históricos regionales, así como los grandes destinos turísticos del país.

Cabe mencionar que actualmente, de cada dólar que entra a México por divisas de turismo, 44 centavos son generados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo el cual se encuentra hasta ahora bajo la coordinación sectorial de la Secretaría de Turismo y por cada millón de pesos que invierte el órgano, genera 981 empleos directos y 314 empleos indirectos.

Para ello, no sólo se debe consolidar la oferta turística existente, sino que se requiere ofrecer más y mejores servicios de turismo tales como: transporte, telecomunicaciones, comercio, entretenimiento y alimentación, entre otros, por lo que es necesario que la política pública mantenga a éste sector como una actividad prioritaria del Estado.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo, en 2008 los visitantes internacionales, tanto turistas como excursionistas, acumularon 13 mil 28 millones de dólares, cifra superior en 3.4 por ciento con respecto al año anterior. Empero, la desaceleración económica mundial fue uno de los principales problemas que afectaron al sector, en otros países y en México.

Las principales demandas del país van encaminadas a que al turismo se le siga dando la importancia que hasta hoy ha tenido, y que se posicione al país como uno de los lideres en el mercado regional y mundial, explotando de forma adecuada y sustentable sus recursos naturales y culturales para el desarrollo regional sustentable.

Con motivo del paquete económico presentado por el presidente Felipe Calderón, y tocante a la propuesta de fusionar la Secretaría de Turismo con la Secretaría de Economía, es necesario destacar la importancia del sector turístico, ya que el hecho de fusionar esta secretaría no necesariamente debe implicar un retroceso o desatención en las actividades turísticas, por el contrario debemos apostar para que el turismo en México se convierta en la primera fuente generadora de ingresos del Estado. No podemos ante una contingencia, resolver un problema causando otro de mayor magnitud, al contrario, debemos buscar una solución para mantener la actividad turística como un pilar importante de la economía del país.

Seguro estoy de que de darse dicha transmisión de atribuciones, la Secretaría de Economía no quitará el dedo del renglón, y cumplirá de forma eficiente y oportuna con las necesidades del sector turístico en todo el país, formulando y conduciendo la política de desarrollo de la actividad turística en todo el territorio, mediante la constante promoción de zonas de desarrollo turístico regional y nacional, así como fomentando el crecimiento de éste sector, apoyando y estimulando en todo momento la participación de los sectores social y privado.

Fusionar por tanto la Secretaría de Turismo con la Secretaría de Economía no significa precisamente limitar y frenar la actividad turística, sin embargo, urge la necesidad de seguirle dando al sector la importancia que merece, cumpliendo con el despacho de las funciones de la Secretaría de Turismo, así como realizar una constante búsqueda de crecimiento de éste sector.

Considero necesario, mantener vigente la labor del sector turístico, además hacer esfuerzos y diversificar la oferta turística, impulsando la participación de los prestadores de servicios turísticos, así como trabajando en conjunto con gobiernos locales y municipales para mejorar la infraestructura básica del sector.

Sin una afectación considerable al presupuesto del sector turístico, el país podría mantener un promedio de 25 millones de visitantes extranjeros, con la generación de empleo y la derrama económica que se ha venido dando.

Llamo por tanto a todos los legisladores, al Poder Ejecutivo federal a los empresarios y a las autoridades en general a mantener e impulsar el turismo nacional mediante acciones eficientes que restablezcan la confianza de los mercados, es necesario que el presupuesto para el sector no sufra una disminución considerable en el Presupuesto de Egresos que habrá de aprobarse para 2010, ya que con los recursos suficientes, el sector tendrá las herramientas necesarias para determinar las acciones que se seguirán con el fin de maximizar los beneficios del turismo nacional e internacional.

De acuerdo con estimaciones en el año 2030, México será un país líder en la actividad turística, es hora de reconocer al turismo como pieza clave del desarrollo económico de nuestra nación y hacer que estas estimaciones se reduzcan y conseguir que nuestro país se convierta en líder del ramo a partir de ahora.

Por último, pero no por ello menos importante, es necesario destacar la importancia del turismo como el mejor medio para estrechar las relaciones existentes entre nuestra nación y el resto del mundo.

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía para que sea considerado de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con:

Único. Solicitar al Ejecutivo federal siga considerando al turismo, sin importar su situación dentro de la administración pública federal, como una de las principales políticas del Estado mexicano, eje primordial para el desarrollo económico y cultural de nuestro país y le otorgue la importancia necesaria manteniendo su impulso y desarrollo constante.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Martínez Peñaloza. Túrnese a la Comisión de Turismo. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene el uso de la palabra, la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren mayores recursos para la atención de las adultas y los adultos mayores, con el propósito de crear un programa integral que cubra las necesidades y demandas de este grupo poblacional.

Para alterar esta realidad de vida de las adultas y de los adultos mayores que se observan tanto en la población urbana como en la rural es necesario difundir en nuestra sociedad la cultura de reconocimiento y respeto para ellas y para ellos.

En México los adultos mayores enfrentan hoy situaciones adversas que debemos revertir, y como muestra mencionaremos los siguientes datos:

En México hay casi 5 millones de personas de 65 y más años. Los adultos mayores representan 4.9 por ciento de la población de México. Entre la población de 60 años o más, uno de cada 10 tiene alguna condición física o mental que no le permite desarrollar sus actividades cotidianas.

Alrededor de 26 por ciento de las personas adultas mayores no reciben ingresos, mientras que 60 por ciento apenas percibe entre medio y tres salarios mínimos.

En 2050, una de cada cinco personas tendrá 60 años o más y la población de personas mayores de 65 años casi se habrán cuadruplicado.

Vemos en nuestro entorno, con mucha frecuencia, que el grupo de personas de la tercera edad es víctima de abuso y discriminación en todos los terrenos; misma que es doblemente grave ante la situación de vulnerabilidad del grupo.

Muchos adultos mayores subsisten en una situación económica difícil, pues las pensiones de jubilación que reciben son insuficientes para darles un buen nivel de vida. Además, se les niegan servicios de salud, se les dificulta el acceso al empleo y, en caso de obtenerlo, se les da una remuneración de desigualdad.

En la actualidad, las instituciones públicas encargadas de brindar atención a las adultas y a los adultos mayores carecen de la infraestructura adecuada, así como de programas que satisfagan de manera integral la problemática de las personas mayores de 60 años.

Las estadísticas sugieren que en veinte años un tercio de las mexicanas y los mexicanos serán adultos mayores, por tanto, urge instrumentar un programa integral de atención a esta población, bajo la conducción y ejecución de una sola institución.

Por ello, en el Partido de la Revolución Democrática consideramos que es urgente contar, en principio, con un programa de atención integral para las adultas y los adultos mayores, donde puedan incluirse una mejor calidad de vida y la garantía de seguridad que necesitan para este periodo de su vida.

Dentro de los componentes de dicho programa se encontrarían: la creación de hospitales geriátricos, estancias de día, la pensión alimenticia, la distribución de medicamentos, programas de esparcimiento y recreación, así como lograr la cobertura total a nivel nacional de una pensión universal.

El mundo, y en particular la sociedad mexicana, tienen deudas con sus adultos mayores. Por eso el PRD continuará impulsando su valorización, reconocimiento y reivindicación para ellas y ellos, reconociendo su derecho a una mayor y mejor calidad de vida.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente punto de acuerdo:

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados se incremente la partida presupuestal destinada a la atención de las y de los adultos mayores, con el propósito de crear un programa integral que cubra las necesidades y demandas de este grupo poblacional.

Es todo, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos para la atención de los adultos mayores, con el propósito de crear un programa integral que satisfaga las necesidades y demandas de este grupo poblacional, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez , del Grupo Parlamentario del PRD

Quién suscribe, Martha Elena García Gómez , diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se incremente la partida presupuestal destinada a la atención de los adultos mayores, con el propósito de crear un programa integral que cubra las necesidades y demandas de este grupo poblacional, conforme a las siguientes

En México, como en muchas partes del mundo, ser adulto mayor es en general, sinónimo de pasividad, deterioro físico y mental, también de desamparo, exclusión y marginación. Para alterar esta realidad de vida de los adultos mayores que se observa tanto en la población urbana como en la rural, es necesario lograr difundir en la sociedad y que ésta asuma la cultura de reconocimiento y respeto para ellas y ellos.

Actualmente en el mundo hay más de 600 millones de personas de más de 60 años y para el 2050 se espera que dicha cantidad se haya más que triplicado, sumando 2 mil millones de seres humanos en esa edad. El aumento de la población adulta mayor en el mundo es uno de los mayores desafíos que enfrentan las sociedades en la actualidad; especialmente en cuanto a la prestación de servicios sociales y de salud, hecho que afecta aún más a países como el nuestro. En México, los adultos mayores enfrentan hoy situaciones adversas que debemos revertir y como muestra mencionaremos los siguientes datos:

La pobreza es un elemento decisivo en el destino de las personas adultas mayores, que al igual que millones de seres humanos en el planeta, los condena a situaciones degradantes e injustas. Sin embargo, la pobreza no es el único factor que influye, existe también un prejuicio profundamente arraigado en la sociedad, que lleva a ver a estas personas como gente incapaz de valerse por sí misma; gente que ha agotado su ciclo de vida laboral y no aportará más al grupo social en el que se encuentra, es considerada entonces, como una carga.

Vemos en nuestro entorno, con mucha frecuencia, que el grupo de personas de la tercera edad es víctima de abuso y discriminación en todos los terrenos, lo que es doblemente grave ante la situación de vulnerabilidad del grupo. Muchos adultos mayores subsisten en una situación económica difícil, pues las pensiones de jubilación que reciben son insuficientes para darles un buen nivel de vida además, se les niegan servicios de salud, se les dificulta el acceso al empleo y, en caso de obtenerlo, se les da una remuneración desigual, se les impide ascender, cuando --en muchos casos-- son perfectamente capaces de continuar laborando aplicar su experiencia y ser independientes. También es cierto que en otras personas, la vejez y las enfermedades que la acompañan minan su capacidad, lo cual, no es razón para condenarles al abandono y ostracismo. ³

Así también, persiste la creencia, aplicada por varios sectores de la población nacional, de que las personas adultas mayores carecen de importancia en un mundo acelerado, globalizado y cada vez más industrializado como el actual, negándoles entonces el respeto, atención y cariño que merecen y que son principios básicos para mantener la relación con los adultos mayores, respeto a su momento psicofísico, a sus valores, su comportamiento y concepciones, a sus deseos y querencias, a su propia organización y forma de vida, en resumen respeto a sus derechos humanos y su libertad.

En la actualidad, las instituciones públicas encargadas de brindar atención a los adultos mayores carecen de la infraestructura adecuada, así como de programas que satisfagan de manera integral la problemática de las personas mayores de 60 años. Las estadísticas sugieren, que en veinte años un tercio de las y los mexicanos serán adultos mayores, por tanto, urge instrumentar un programa integral de atención a esta población, bajo la conducción y ejecución de una sola institución, evitando así la perjudicial duplicidad de funciones.

Por ello, en el Partido de la Revolución Democrática, consideramos que es urgente contar --en principio-- con un programa de atención integral para las y los adultos mayores, donde puedan incluirse el mayor número de requerimientos y demandas que les generen una mejor calidad de vida y la garantía de seguridad que necesitan para este periodo de la vida, dentro de los componentes de dicho programa, se encontrarían; la creación de hospitales geriátricos, estancias de día, la pensión alimenticia, la distribución de medicamentos, programas de esparcimiento y recreación y también, lograr la cobertura total a nivel nacional de la pensión universal.

El diálogo y la solidaridad intergeneracional son factores fundamentales para promover la valoración y aprovechamiento de la riqueza cultural y la experiencia de las personas adultas mayores, ser mayor no debe constituir un obstáculo para vivir a plenitud, el camino deseable sería ir hacia un envejecimiento tranquilo, seguro y saludable, el hacernos mayores no debe ser sinónimo de tristeza, enfermedad o soledad. Este es un reto de nuestra época y de la sociedad actual, vivir más pero también vivir mejor.

El mundo y, en particular, la sociedad mexicana tienen deudas con los adultos mayores, por ello, el PRD continuará impulsando su valoración, reconocimiento y reivindicación para ellas y ellos, reconociendo su derecho a una mayor y mejor calidad de vida, ya han caminado mucho para lograrlo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que se incremente la partida presupuestal destinada a la atención de las adultas y los adultos mayores, con el propósito de crear un programa integral que cubra las necesidades y demandas de este grupo poblacional.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputada García Gómez. Como lo solicita, se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integra la comisión, se conserva en la Dirección General de Proceso Legislativo.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra el diputado Ángel Aguirre Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren mayores recursos para incentivar la generación de empleos para los jóvenes mexicanos. Tiene la palabra, diputado Aguirre hasta por tres minutos.

Compañeros diputados y compañeras diputadas, en México la población de jóvenes presenta la tasa de desempleo más alta en los últimos años. La falta de oportunidades afecta a jóvenes con distintos perfiles, tanto a los que tienen niveles educativos básicos, como a los altamente calificados con títulos de maestría o doctorado.

De acuerdo con cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, este fenómeno ha generado recientemente que amplios grupos de jóvenes con alto nivel académico hayan comenzado a emigrar a causa de que el país carece de una estructura que les permita insertarse en el mercado laboral.

La magnitud del fenómeno demográfico mexicano y la falta de oportunidades de estudio y de trabajo están representadas en 35 millones de jóvenes, de los cuales el 22 por ciento no cuentan con estudios ni trabajo.

La preocupación por parte de las autoridades educativas e instituciones de educación superior no existe o no se ha expresado como se debiera. Asimismo, se registró que en 2006 la población joven económicamente activa fue de 13.9 millones. Los jóvenes representaron en este periodo el 33.6 por ciento de la fuerza de trabajo total.

Aunado a esto, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, señaló que el 40 por ciento de los presuntos delincuentes del fuero federal y el 59 por ciento de los del fuero común son jóvenes de entre 15 y 29 años.

¿Opciones? Caminar hacia el sector informal, donde nada es seguro, o al mismo sector formal en donde la situación es compleja, con bajos salarios y las expectativas futuras canceladas.

Siendo el diputado más joven de la bancada del PRI, es mi responsabilidad expresar que el Programa de Empleo Temporal no cumple con el objetivo de su creación, ya que se creó con el fin de apoyar temporalmente en el ingreso a una nueva generación, prometiendo entregar apoyos económicos a hombres y mujeres en periodos de baja demanda laboral y en emergencias naturales o económicas, complementando las estrategias de otros programas sociales en el desarrollo de infraestructura social básica o actividad productiva.

Como candidato del VIII distrito de la Costa Chica de Guerrero, percibí el reclamo latente de los jóvenes por la falta de empleos y oportunidades. El no atender las demandas de los jóvenes en México y no darles un papel prioritario como parte del desarrollo nacional nos enfrentará a un futuro de jóvenes inmersos en problemas de drogadicción, alcoholismo, inseguridad y mayor índice de suicidios.

Por lo expuesto, presento ante el pleno de esta soberanía, los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se tenga por presentada la proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal, que ante la crisis económica incentive la generación de empleos para los jóvenes y destine mayores recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, generando programas efectivos de apoyo al empleo, proyectos productivos y microempresas, con mayor énfasis de ayuda a jóvenes como factor indispensable del desarrollo nacional en México.

Segundo. Que el titular del Ejecutivo federal instruya al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para incentivar de manera urgente los programas actuales de generación de empleos para los jóvenes, así como para espacios deportivos y centros de rehabilitación, para evitar el consumo de droga y alcohol.

Tercero. Que el titular del Ejecutivo federal instruya al titular de la Secretaría de Educación Pública, para que se vinculen los programas educativos nacionales a la demanda de empleo y a la realidad nacional, generando con ello mayores opciones para los jóvenes.

Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se consideren mayores recursos que fomenten la generación de empleos para los jóvenes, a cargo del diputado Ángel Aguirre Herrera, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Ángel Aguirre Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal que ante la actual crisis económica incentive la generación de empleos para los jóvenes mexicanos y destine mayores recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, generando programas efectivos de apoyo al empleo, proyectos productivos y microempresas con mayor énfasis de ayuda a jóvenes, como factor indispensable del desarrollo nacional en México.

El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la recomendación hecha por la Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos de la Juventud, declarando el 12 de agosto Día Internacional de la Juventud. Esta conmemoración se realizó por primera vez en el año 2000. Visita la página oficial de la ONU, uno de los objetivos de la celebración es tener una ocasión para revisar lo que ha sido alcanzado después del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes. El Día Internacional de la Juventud brinda la oportunidad para concentrar la atención en los problemas que se relacionan con los jóvenes a través de foros, discusiones públicas y campañas de información.

En las últimas décadas las sociedades latinoamericanas han recibido las nuevas tecnologías de computación, telefonía móvil, reproductores de video y música. Todas, tecnologías muy atractivas y demandadas entre los jóvenes para tener acceso a una serie de alternativas de educación, información y entretenimiento.

El impacto de las nuevas tecnologías entre las poblaciones latinoamericanas aún no se evalúa a detalle por instituciones educativas, de investigación y mucho menos por los gobiernos.

Algunos paises latinoamericanos han optado, en los últimos cinco años, vía elecciones, por transformaciones políticas para recuperar el control de rubros determinantes en la economía y el desarrollo nacional. Otros han apostado a ceder a los capitales foráneos el control de recursos estratégicos, en un círculo de dependencia globalizada, que hoy está en crisis.

La construcción de ``sociedades'' o ``economías'' de ``conocimiento'' ha aparecido como una pretensión institucional, una alternativa para el desarrollo de las sociedades, y como la mayor ambigüedad y vacío sobre los beneficios y el mejoramiento de las condiciones de vida para la mayoría de las poblaciones latinoamericanas y en particular para los jóvenes, arrinconados entre un mercado informal en crecimiento y la producción, distribución y consumo de narcóticos y estupefacientes.

En México la población de jóvenes presenta la tasa de desempleo más alta del país, además de que hay un número significativo de jóvenes que no cuenta con experiencia en el mercado de trabajo. La falta de oportunidades afecta a jóvenes con distintos perfiles, tanto a los que tienen niveles educativos básicos como a los altamente calificados (con títulos de maestría o doctorado). De acuerdo con cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, este fenómeno ha generado que en los últimos años amplios grupos de jóvenes con alto nivel académico hayan comenzado a emigrar, a causa de que el país carece de una estructura que les permita insertarse en el mercado laboral para aplicar sus conocimientos.

Según un estudio del grupo de trabajo en materia migratoria del Partido Revolucionario Institucional de la Cámara de Diputados, en los últimos dos años emigraron a Estados Unidos un millón 300 mil mexicanos, lo cual evidencia la falta de empleo y de oportunidades de estudio para los jóvenes en el país. El año pasado el Fondo de Población de las Naciones Unidas, informó del abandono, cada año, del país de cerca de 225 mil de los jóvenes más preparados, con la esperanza de vivir una vida más digna y algún trazo claro del futuro.

La magnitud del fenómeno demográfico mexicano y la falta de oportunidades de estudio y de trabajo están representados en 35 millones de jóvenes, de los cuales el 22 por ciento no cuentan con estudios ni un trabajo. La preocupación por parte de las autoridades educativas y instituciones de educación superior o no existe o no se ha expresado como debiera. El único caso visible es del rector de la UNAM, José Narro Robles quien se ha expresado por la necesidad de educar con valores a los jóvenes para que no se dejen llevar por fincar el éxito en hacer dinero de manera ilícita, en un país que vive actualmente una de las situaciones más difíciles de seguridad, desempleo y uso de drogas. En el espectro de los medios de comunicación, otro caso es el del periódico La Jornada, que ha expresado su preocupación por este sector de la población, sus condiciones de vida y sus encrucijadas actuales.

Una proporción de los jóvenes mexicanos, aunque desempleados, sí están ocupados, desgraciadamente, en otros asuntos. Según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 40 por ciento de los presuntos delincuentes del fuero federal y 59 por ciento de los del fuero común son jóvenes entre 15 y 29 años.

El escenario de violencia en el país, es ya de tal magnitud que la segunda causa de muerte entre los jóvenes de esas edades son las lesiones relacionadas con la violencia, proporciona también información para entender más allá de cualquier discurso político o justificación, que más de la mitad de los desempleados del país está constituida por jóvenes de entre 14 y 29 años. Pero no se trata sólo de jóvenes que no han tenido acceso a la educación media y superior, sino de quienes también cuentan con estudios de bachillerato o educación superior.

Opciones: caminar hacia el sector informal, donde nada es seguro o al sector formal de la economía donde, en las circunstancias actuales, lo es menos, con los bajos salarios y las expectativas futuras canceladas.

Los siguientes son algunos datos acerca de la juventud en México.

El hecho de que la población joven crezca menos que la población total es uno de los factores fundamentales del envejecimiento poblacional del país.

El Programa de Empleo Temporal no cumple con el objetivo de su creación, ya que se creó con el objetivo de apoyar temporalmente en el ingreso a la población objetivo, prometiéndole a la población entregar apoyos económicos temporales a hombres o mujeres en periodos de baja demanda laboral y en emergencias naturales o económicas, complementando las estrategias de otros programas sociales, en el desarrollo de infraestructura social básica y actividad productiva.

Como candidato del distrito VIII de la Costa Chica de Guerrero, percibí el reclamo latente de los jóvenes por la falta de empleos y oportunidades, sin que se vea reflejado un apoyo del gobierno federal al respecto de los programas que se dicen, se están implantando hasta el momento.

El no atender las demandas de los jóvenes en México y no darles un papel prioritario como parte del desarrollo nacional, nos enfrentará a un futuro de jóvenes inmersos en problemas de drogadicción, alcoholismo, inseguridad y mayor índice de suicidios.

Como ya lo refleja la Secretaría de Salud, la problemática es real y latente, y no se está haciendo nada por atender a un sector tan importante en nuestro país, como los son los jóvenes.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta ante el pleno de esta soberanía el siguiente

Primero. Se me tenga por presentada la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal que ante la crisis económica incentive la generación de empleos para los jóvenes mexicanos y destine mayores recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, generando programas efectivos de apoyo al empleo, proyectos productivos y microempresas con mayor énfasis de ayuda a jóvenes, como factor indispensable del desarrollo nacional en México.

Segundo. Que el titular del Ejecutivo federal, instruya al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para incentivar de manera urgente los programas actuales de generación de empleos para los jóvenes mexicanos, así como para espacios deportivos y centros de adicciones para evitar el consumo de droga y alcohol.

Tercero. Que el titular del Ejecutivo federal, instruya al titular de la Secretaría de Educación Publica para que se vinculen los programas educativos nacionales a la demanda de empleo y a la realidad nacional, generando con ello mayores opciones para los jóvenes.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Aguirre. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y en tanto se integra la comisión, se conserva en la Dirección General de Proceso Legislativo.

SISTEMAS DE MANEJO AMBIENTAL

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a los tres poderes del Estado y a sus áreas administrativas, para que formulen, establezcan o evalúen sistemas de manejo ambiental para 2010. Tiene la palabra, diputada, hasta por tres minutos.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, sin duda los temas de medio ambiente han cobrado una relevancia sin precedentes en las agendas de los gobiernos durante los últimos años, por lo que se vuelve obligatorio replantearnos cómo debemos llevar a cabo nuestras actividades.

El sector público no es una excepción, por el contrario; debe procurar que sus operaciones se guíen, entre otros, por criterios y estándares de calidad y cuidado ambientales.

México ha establecido numerosos compromisos internacionales en materia ambiental, relacionados con los sistemas de manejo ambiental. Los más importantes corresponden a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, a la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, y a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que tuvo lugar en Río de Janeiro, en junio de 1992.

En 2002, y para mejorar el desempeño ambiental de los mercados, se trató de integrar consideraciones ambientales en todas las facetas de las operaciones gubernamentales y sus estructuras, en particular del establecimiento de programas, objetivos y metas para que el uso de la energía, del agua y de los materiales en las operaciones cotidianas sea eficiente y sustentable.

Un sistema de manejo ambiental se puede definir como el conjunto de iniciativas y acciones tendientes a mejorar el desempeño ambiental de una institución o de un organismo, creando las bases de eficiencia administrativa para promover una nueva cultura ambiental entre su personal, y mejorar su imagen institucional.

Lo anterior implica para la entidad, la instrumentación de acciones como reuso de papel, ahorro de agua, ahorro de energía eléctrica, manejo de residuos y compras verdes.

Con las modificaciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, del 13 de junio de 2003, todas las dependencias de los tres poderes de la Unión están obligadas a expedir sus respectivos manuales de sistema de manejo ambiental, que tendrán por objeto la optimización de los recursos materiales que se emplean para el desarrollo de sus actividades, con el fin de reducir costos financieros y ambientales.

Dada su capacidad de gasto y obra públicos, establecer sistemas de manejo ambiental en las instituciones públicas influirá en el comportamiento de mercados y proveedores para que, poco a poco, pero crecientemente, configuren una oferta de bienes y servicios cuyos insumos, procesos de producción y gestión de residuos protejan la integridad de los ecosistemas y contribuyan a un desarrollo sustentable, generando a la vez economías en las adquisiciones que se realicen partiendo del uso racional y responsable de los materiales.

En el marco de la aprobación del Presupuesto económico 2010, la implantación de sistemas de manejo ambiental es una medida que, además de contribuir con el cuidado del medio ambiente, aporta racionalidad al gasto público y contribuye con las medidas de austeridad que necesariamente habrá que incluir en la discusión.

Por lo antes fundado y expuesto me permito someter a la elevada consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. Exhortar a los tres poderes del Estado y a sus áreas administrativas para que formulen, establezcan o evalúen sistemas de manejo ambiental para el año de 2010.

Muchas gracias por su atención. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres poderes del Estado y a sus áreas administrativas a formular, establecer o evaluar sistemas de manejo ambiental para 2010, a cargo de la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández , del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al tres Poderes del Estado y sus áreas administrativas para que formulen, establezcan o evalúen sistemas de manejo ambiental para el año 2010, al tenor de la siguiente:

El nuevo contexto económico global, en el cual las políticas nacionales e internacionales se influyen cada vez más recíprocamente mientras las empresas se disputan mercados globales, está generando una sociedad civil crecientemente atenta y demandante de información sobre las políticas públicas y sobre el comportamiento de los gobiernos. Con diferencias de grado ---dependiendo del país y del sector de la población---, la percepción pública en el mundo ha empezado a reconocer que las formas de desarrollo económico y social dominantes implican un riesgo de deterioro ambiental creciente.

A principios de los años 1970, esta percepción condujo a que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creara el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y, en el curso de aquélla y la siguiente décadas, a que los gobiernos establecieran organismos específicos (institutos, ministerios, secretarías) para desarrollar políticas públicas ambientales e integrar criterios ecológicos en el diseño de las políticas públicas en general. Por su parte, para mantener, diversificar y ampliar sus clientelas, las empresas empezaron a incorporar también criterios ambientales en el diseño y fabricación de sus productos.

Durante la década de los 90, este nuevo orden de ideas condujo al establecimiento de grandes acuerdos ambientales multilaterales así como al concepto de enverdecer las operaciones cotidianas de las dependencias gubernamentales y de las empresas. En el caso de las empresas, se trata de un nuevo requerimiento para poder prosperar en una economía cada vez más globalizada, cuyos mercados están premiando crecientemente a los productos considerados más favorables para el medio ambiente (más ``eco-amigables''). En tanto que los gobiernos, en virtud de su capacidad de gasto y obra públicos, pueden promover la formación y desarrollo de mercados emergentes de bienes y servicios que ahorren y utilicen eficientemente la energía y el agua, que elijan insumos de acuerdo con criterios ambientales, y que manejen ``eco-amigablemente'' sus residuos.

Sin duda los temas de medio ambiente han cobrado una relevancia sin precedentes en las agendas de los gobiernos durante los últimos años. La situación ambiental, por lo que se vuelve obligatorio replantear cómo debemos llevar a cabo nuestras actividades. El sector público no es una excepción. Por el contrario debe procurar que sus operaciones se guíen --entre otros-- por criterios y estándares de calidad y cuidado ambiental.

En este sentido, cabe hablar de la mejora en el desempeño ambiental de los gobiernos, la cual representa el compromiso hacia la mitigación de los costos ambientales generados por su propia existencia y operación. Una herramienta utilizada a nivel internacional para estos fines son las adquisiciones de bienes con menor impacto ambiental y el consumo responsable de estos.

La adquisición de productos con menor impacto ambiental o, también llamados con ventaja ambiental, han observado un aumento constante en los últimos años. Con frecuencia las empresas públicas empiezan a tomar en cuenta los atributos ecológicos de los productos en sus procedimientos de compra debido a que se apegan a una disposición o consigna específica sobre las adquisiciones verdes.

Sin embargo, la utilización generalizada de las adquisiciones con menor impacto ambiental enfrenta grandes obstáculos, tales como: que voluntariamente las entidades o dependencias atiendan los atributos ambientales de los productos en el momento de decidir las compras, el desconocimiento sobre el impacto negativo al medio ambiente por cada acción realizada.

Con frecuencia, la conciencia de las consideraciones ambientales se deriva de un requisito de obligatoriedad y no así de una real cultura ambiental intrínseca de los funcionarios involucrados en las compras.

En México, el gobierno federal ha instrumentado varias acciones en pro de la adquisición de bienes con menor impacto ambiental y de consumos responsables, sin que esto sea suficiente pues dichas acciones se han visto obstaculizadas por que no existen las reformas necesarias a los diversos ordenamientos de adquisiciones y de bienes nacionales.

Por otro lado hay que señalar que México ha establecido numerosos compromisos internacionales en materia ambiental. Relacionados con los sistemas de manejo ambiental, los más importantes corresponden a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE; OECD, por sus siglas en inglés); a la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) de América del Norte; y a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que tuvo lugar en Río de Janeiro en junio de 1992.

Derivado de la adhesión a la OCDE, México ha tenido que suscribirse y cumplir con diversas disposiciones y recomendaciones en materia ambiental.

En febrero de 1996, el Consejo de la OCDE recomendó a todos los países miembros, mejorar el desempeño ambiental de los gobiernos a través de la incorporación de criterios ambientales en los procesos de toma de decisiones y operaciones cotidianas de los mismos.

Asimismo, en 1998 la OCDE realizó un reporte orientado a medir los avances obtenidos a su recomendación emitida en el año 2006. En este reporte, los países identificaron los factores y motivaciones que condujeron a que su gobierno estableciera políticas tendientes a lograr una gestión más sustentable de sus gobiernos, entre las cuales se señalan: mejoramiento y ahorro de los recursos, responder a un cuidado ambiental cada vez más demandado por la opinión pública, convertirse en ejemplo ante la sociedad para incrementar la credibilidad de las instituciones públicas y modernizar el sector público, generando mayores niveles de credibilidad, eficiencia y transparencia.

Este reporte, sirvió para que México tomara en cuenta los problemas expresados por otros países miembros en el diseño del Programa de Sistemas de Manejo Ambiental de la Administración Pública Federal y tratar de anticipar algunos de ellos como por ejemplo, la existencia de sistemas de medición e información estandarizados.

Para el enero del año 2002 para mejorar el desempeño ambiental de los mercados, se trató de integrar consideraciones ambientales en todas las facetas de las operaciones gubernamentales y sus estructuras; en particular, del establecimiento de programas, objetivos y metas para que el uso de la energía, del agua y de los materiales en las operaciones cotidianas sea eficiente y sustentable. En 2005, el Comité de Política Ambiental (EPOC, por sus siglas en inglés) deberá reportar al Consejo de la OCDE los avances logrados por los países miembros (México incluido) en el cumplimiento de estas dos recomendaciones.

Más aún, la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) de la cual México es miembro junto con los Estados Unidos de América y Canadá, ha recomendado que se siga el programa de la EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos de América) para adquirir bienes con ventaja ambiental (environmentally Preferable Purchasing, EPP) con base en la OE 12873 (OE: orden ejecutiva) dicho programa ofrece orientaciones a las dependencias federales para estimular la adquisición de bienes y servicios que implican menos costo para el medio ambiente.

En el contexto de la Comisión de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, el capítulo 18 de la Agenda 21 plantea objetivos, acciones y medios de implementación para la protección de la calidad y la cantidad de los recursos hídricos. Los párrafos 25 y 26 del Plan de Acción de Johannesburgo indican que deberán tomarse medidas de prevención y protección para promover el aprovechamiento sostenible del agua y lograr un aprovechamiento eficiente para el año 2005.

Además, el capítulo 9 de la Agenda 21 plantea objetivos, acciones y medios de implementación para la protección de la atmósfera y el consumo eficiente de la energía. El párrafo 38 del Plan de Acción de Johannesburgo ---a propósito de acciones de mitigación del cambio climático--- indica que habrán de aplicarse tecnologías para un uso más eficiente de la energía.

En su conjunto, estos instrumentos internacionales contribuyen a que en México avance y se desarrolle el establecimiento de Sistemas de Manejo Ambiental en la Administración Pública Federal; en el caso de compromisos vinculantes, porque ejercen cierta presión sobre los tomadores de decisiones para que cumplan con ellos; en general, porque ofrecen orientaciones y estrategias para que los poderes públicos asuman sus responsabilidades respecto al cuidado y la protección del medio ambiente en el ejercicio de sus operaciones cotidianas.

Un Sistema de Manejo Ambiental se puede definir como el conjunto de iniciativas y acciones tendentes a mejorar el desempeño ambiental de una institución u organismo, creando las bases de eficiencia administrativa para promover una nueva cultura ambiental entre su personal y mejorar su imagen institucional.

Lo anterior implica para la entidad, la instrumentación de acciones como: reuso de papel, ahorro de agua, ahorro de energía eléctrica, etcétera, introduciendo cambios prácticos y factibles a los procesos operativos a fin de alcanzar a mediano plazo los objetivos de control ambiental propuestos.

Los principales elementos que caracterizan y conforman a un Sistema de Manejo Ambiental, se desagregan de la siguiente forma:

Energía eléctrica

Agua

Manejo de documentación

Manejo de papelería

Manejo de residuos

Adquisiciones de menor impacto ambiental (compras verdes)

Los Sistemas de Manejo Ambiental son instrumentados y evaluados generalmente como técnicas de gestión eficiente, misma que además de ayudar al manejo del ambiente, reducen futuros costos de operación; por lo que su aplicación debe realizarse como una actividad cotidiana en los poderes públicos del Estado.

Los Sistemas de Manejo Ambiental constituyen un instrumento para lograrlo, ya que permiten mejorar el desempeño ambiental real de toda institución, así como desarrollar la conciencia y responsabilidad de quienes en ella trabajan. De aquí la propuesta por integrar criterios ambientales en la administración y formas de operación cotidiana del los tres Poderes del Estado y sus áreas administrativas.

Asimismo, estos sistemas pueden ser una herramienta para compartir el compromiso de este Congreso de promover y fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como detener y revertir el deterioro del medio ambiente, por medio de acciones y medidas al interior de los tres Poderes del Estado y sus áreas administrativas se propicien una conducta ambiental respetuosa por parte de los que lo conforman.

En este sentido se debe entender como administración sustentable a la práctica de consumir con responsabilidad los bienes materiales y servicios que utilizamos para desarrollar nuestras actividades laborales, la cual tiene como principal objetivo el de minimizar el impacto negativo al medio ambiente, a través de la incorporación de criterios ambientales en el funcionamiento cotidiano.

La aplicación de los Sistemas de Manejo Ambiental en la Administración Pública Federal se originó en 1997, complementando los acuerdos de austeridad que desde 1996 mismos que establecían disposiciones administrativas para el ahorro en el consumo federal de bienes y servicios.

En el año 2000 los Sistemas de Manejo Ambiental se establecieron por primera vez en toda la administración pública federal al publicarse los Lineamientos y Estrategias Generales para Fomentar el Manejo Ambiental de los Recursos en las Oficinas Administrativas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Los Acuerdos de Austeridad Presupuestal se han establecido disposiciones para que el uso de recursos fuera lo más eficiente posible, y definieron metas de ahorro específicas, por dependencia y entidad, en materia de agua, energía y materiales de oficina. La Conae planteó un Programa de Ahorro de Energía (PAE17) y el IMTA promovió un Programa para el Uso Eficiente y Racional del Agua (PUERA18). La entonces Semarnap diseñó y desarrolló un primer Sistema de Manejo Ambiental aplicable a las entidades de la administración pública federal que incluía al PAE, al PUERA y un Programa de Consumo Responsable de Materiales de Oficina (PCRMO), desarrollado por la entonces Semarnap. Estos tres programas dieron pie para crear el Programa de Administración Sustentable (PAS, nombre interno del sistema de manejo ambiental de la Semarnat).

Con las modificaciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 13 de junio de 2003, todas las dependencias de los tres poderes de la Unión están obligadas a expedir sus respectivos manuales de Sistemas de Manejo Ambiental que tendrán por objeto la optimización de los recursos materiales que se emplean para el desarrollo de sus actividades, con el fin de reducir costos financieros y ambientales, como se enuncia en el artículo 17 Bis 3. La ley en ese momento no estableció tiempos perentorios, además que la obligación imperativa señalada en la norma antes descrita obligaba exclusivamente a expedir manuales de los Sistemas de Manejo Ambiental, no así a fijar el compromiso de implantar dichos procesos como una práctica cotidiana.

En julio del año 2005 la Semarnat emitió el Manual de Sistemas de Manejo Ambiental dando con ello cumplimiento con lo establecido en el artículo 17bis de la LGEEPA y, en tal sentido, este instrumento es aplicable a las instituciones gubernamentales. La Semarnat formalizo así la existencia de su propio Sistema de Manejo Ambiental mismo que databa de 1999, denominado internamente Programa de Administración Sustentable (PAS). El PAS está conformado por un conjunto de acciones específicas y medidas orientadas a mejorar el desempeño ambiental de la institución, tales como uso eficiente del agua, ahorro de energía eléctrica, ``compras verdes'', uso durable de materiales de oficina, y manejo integral de residuos, entre otros.

El Manual de Sistemas de Manejo Ambiental emitido por Semarnat es una guía para que en el servicio público se mejore el desempeño ambiental de sus actividades laborales cotidianas. Se trata de desarrollar hábitos sustentables mediante un consumo responsable y eficiente de los materiales de oficina, así como de otros bienes y servicios asociados a las actividades laborales. El Manual presenta los lineamientos generales para que todas las unidades responsables del sector medio ambiente y recursos naturales diseñen, implementen y evalúen los programas y acciones que formarán parte de sus Sistema de Manejo Ambiental, teniendo en cuenta el marco normativo vigente y la información que sobre el impacto ambiental de las operaciones gubernamentales se vaya desarrollando. Como señala el citado manual es solo para las unidades responsables de sector medio ambiente y recursos naturales, pero es necesario hacer extensivo la aplicación del mismo a las demás dependencias de la administración pública federal.

No obstante que este Manual es de y para la Semarnat, se pone a consideración de las demás dependencias de los tres poderes de la Unión para que lo utilicen como referencia o modelo, lo adapten o lo adopten, para materializar la aplicación de los Sistema de Manejo Ambiental.

Por otro lado es relevante señalar que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) en su artículo 2721 establece que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia energética, el uso responsable del agua y demás circunstancias pertinentes.

Asimismo la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas (LOPSR) en su artículo 2822 establece que ``Los contratos de obras públicas y los de servicios relacionados con las mismas se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia energética, el uso responsable del agua y demás circunstancias pertinentes''.

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) establece entre las facultades de la Federación, en su artículo 7, fracción 17, Formular, establecer y evaluar los sistemas de manejo ambiental del gobierno federal que apliquen las dependencias y entidades de la administración pública federal. Esta disposición se vuelve complementaria a la del artículo 17 Bis 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, pues ya que no sólo se habla de hacer manuales para los Sistemas de Manejo Ambiental, pues con esta última de la Ley de Residuos se habla de formular, establecer y evaluar esta política pública.

La renovada Ley de Aguas Nacionales (LAN) en su artículo 47bis establece que La ``Autoridad del Agua'' (a CNA) promoverá entre los sectores público, privado y social, el uso eficiente del agua en las poblaciones y centros urbanos, el mejoramiento en la administración del agua en los sistemas respectivos, y las acciones de manejo, preservación, conservación, reúso y restauración de las aguas residuales.

En el sector gobierno, en virtud de su capacidad de gasto y obra públicos, establecer Sistemas de Manejo Ambiental en sus instituciones influirá en el comportamiento de mercados y proveedores para que, poco a poco pero crecientemente, configuren una oferta de bienes y servicios cuyos insumos, procesos de producción y gestión de residuos protejan la integridad de los ecosistemas y contribuyan a un desarrollo sustentable, generando a la vez economías en las adquisiciones que se realicen partiendo del uso racional y responsable de materiales.

Además, habrá consecuencias pedagógicas positivas entre los empleados públicos y entre los ciudadanos en general. En este orden de ideas, los Sistemas de Manejo Ambiental constituyen un poderoso instrumento para que las instituciones, privadas o gubernamentales, disminuyan el impacto que sus operaciones cotidianas tienen sobre el medio ambiente y, así, reduzcan sus externalidades ambientales negativas, además de que permiten reducir costos de operación.

Con los Sistemas de Manejo Ambiental, las instituciones públicas y privadas mejoran la eficiencia en el uso de sus recursos, así como su desempeño ambiental. Las normas de operación ``eco-amigables'' por así llamarlas permiten utilizar de manera más eficiente energía, materiales y agua en el curso de las operaciones cotidianas; los filtros de entrada permiten condicionar la cantidad y la calidad de energía, materiales y agua utilizados en el proceso; y los filtros de salida permiten disminuir los volúmenes, reducir la toxicidad y mejorar el control sobre los contaminantes liberados al medio ambiente en forma de emisiones, desechos sólidos y aguas residuales.

La aplicación de los Sistemas de Manejo Ambiental en las instituciones gubernamentales tiene consecuencias multiplicadoras positivas entre sus empleados y en los ciudadanos en general ---al predicar con el ejemplo---, además de impactar el comportamiento de ciertos mercados y de ciertos proveedores que, poco a poco pero crecientemente, configuran una oferta de bienes y servicios cuyos insumos y procesos de producción protegen al medio ambiente y contribuyen a mantener la estructura y los procesos de los ecosistemas.

Por otro lado es necesario señalar que el Ejecutivo federal ha entregado ya a esta Cámara de Diputados el paquete económico para el ejercicio fiscal 2010, mismo que incluye medidas estructurales de austeridad y un programa de ahorro, señalando en dichas medidas son con el fin de fortalecer y garantizar la solidez de las finanzas públicas, impulsado reformas para ejercer el gasto público de manera eficiente y con transparencia ante la ciudadanía, logrando destinar mayores recursos a atender las necesidades más apremiantes de la población, reforzar las tareas de seguridad e incrementar la inversión en infraestructura, al mismo tiempo que se logra reducir el gasto en administración haciendo más eficiente la operación de los programas.

Dentro de las medidas de austeridad planteadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el año 2010 se plantea el ahorro del gasto administrativo y de operación, mismo que se generaría con la regularización de ahorros generados por ajustar los conceptos de materiales y suministros, servicios básicos, servicios oficiales y otros gastos corrientes, entre otros.

Estas medidas de austeridad propuestas por el Ejecutivo son para dar cumplimiento al mandato dado por esta Cámara de Diputados establecido en el Capítulo II del paquete económico fiscal 2009, correspondiente a las disposiciones de austeridad, mejora y modernización de la gestión pública, las dependencias y entidades del gobierno federal deberán integrar en el Programa de Mediano Plazo, conforme a lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con una serie de medidas de racionalidad para el ejercicio fiscal del año próximo.

En este marco de discusión del paquete económico 2010, la implantación de Sistemas de Manejo Ambiental es una medida que aparte de contribuir con el cuidado del medio ambiente aporta a la racionalidad del gasto público y que sirve para dar cumplimiento a las medidas de austeridad que este Congreso determine para el próximo año.

Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Único. Exhortar a los tres Poderes del Estado y sus áreas administrativas para que formulen, establezcan o evalúen Sistemas de Manejo Ambiental para el año 2010.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputada Díaz de Rivera. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

LEY QUE CREA EL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA EL ESTIMULO DEL EMPLEO

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Esta Presidencia recibió solicitud de excitativa del diputado Pedro Jiménez León, del Grupo Parlamentario de Convergencia, a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

El que suscribe, Pedro Jiménez León , diputado federal de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en lo estipulado en los artículos 21, fracción XVI, 87, 94 y demás relativos y aplicables al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito al Pleno, tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, a fin de que emita el dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto que establece la Ley que crea el Programa de Emergencia para el Estímulo del Empleo, presentada por el entonces diputado Alejandro Chanona Burguete, en la LX Legislatura, en razón de los siguientes

I. En las sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del 3 de junio de 2009, el entonces diputado Alejandro Chanona Burguete y el senador Dante Delgado Rannauro, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que establece la Ley que crea el Programa de Emergencia para el Estímulo del Empleo, la cual fue turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. De su contenido cabría resaltar lo siguiente:

La Constitución Mexicana garantiza, en el artículo 123, que ``toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley''.

No obstante, hoy esto no es posible, debido a las consecuencias de la actual crisis económica que se equiparan a las de la gran depresión.

Ante la gravedad de las expectativas de la economía mundial y el desempleo, las principales economías del mundo han instrumentado planes anticíclicos orientados a reactivar la actividad económica, pero primordialmente a proteger y estimular el empleo, sobre todo a partir de la confirmación de los datos sobre el desempleo en el mundo.

Varios de esos programas son enumerados en la iniciativa referida, como la Ley de Recuperación y Reinversión, del gobierno de Estados Unidos de América, que prevé un fondo de 4 mil millones de dólares para capacitación y empleo. De los cuales, 500 millones son subsidios a los estados para capacitación y empleo de las personas mayores; mil 200 millones de subsidios estatales para apoyar el empleo entre los jóvenes, incluido los trabajos de verano; 750 millones se dedican a un programa de subsidios para capacitación de trabajadores en sectores industriales de alto crecimiento y competitividad, que incluye investigación, movilidad laboral y proyectos de capacitación en industrias del sector energético.

Las principales economías que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico están aplicando de forma responsable programas de emergencia para estimular la economía, proteger el empleo y generar más fuentes de trabajo.

Desafortunadamente, en México no se ha atendido con la celeridad y la profundidad que se requiere el problema de la crisis económica. Mientras que en otras naciones ya se hablaba de programas emergentes; aquí las autoridades se empecinaron en negar la existencia misma de la crisis y sus consecuencias en la población. En México ha reinado la confusión y la inmovilidad en las autoridades. Se han perdido momentos críticos para emprender acciones decisivas.

Las deficiencias del modelo económico, adoptado desde hace un cuarto de siglo, sólo se han hecho más evidentes en la actual coyuntura económica. Hoy somos testigos del fracaso del gobierno en diversos órdenes de la actividad económica.

La tasa de crecimiento de 1.8 por ciento establecido por el gobierno en los criterios generales de política económica para 2009, ha tenido que ser revisada constantemente a la baja.

El pueblo de México está sufriendo una contracción de su ingreso y de su bienestar. Nuestro país requiere generar un promedio de 1.2 millones de empleos al año para absorber la mano que se incorpora al mercado laboral. Sin embargo, de acuerdo con Citigroup-Banamex, la generación de empleos promedio en 2008 fue equivalente a la mitad del registrado en 2007.

Además, la tasa de desempleo entre el segmento de la población desocupada que cuenta con experiencia y antecedentes laborales, y que presupone un activo para el mercado laboral, fue de 92.43 por ciento en abril de 2009, nivel superior al mismo mes de 2008 que fue de 85.85 por ciento. Este segmento poblacional, que corresponde a la fuerza laboral mayor a 35 años, está padeciendo las promesas incumplidas del Ejecutivo de encabezar un gobierno por el empleo.

Los programas que ha establecido el Ejecutivo federal sólo son paliativos coyunturales que no resuelven de forma las diversas manifestaciones de desempleo. No existe un eje articulador entre ellos, y sus efectos han sido mínimos, como se observa por los datos del comportamiento económico.

El Programa de Empelo Temporal (PET) ha sido insuficiente, tanto por su monto como por su cobertura. Hace diez años, el PET contaba con recursos del orden de 7 mil 500 millones de pesos. En el Presupuesto de 2009, los recursos asignados ascienden a sólo mil 700.6 millones de pesos, privilegiándose el empleo rural y dejando fuera el empleo urbano, que comprende la mayor parte del sector laboral.

Ante las perspectivas desalentadoras del desempeño de la economía mexicana y el agravamiento en las tasas de desempleo, particularmente en sectores sensibles, como los jóvenes recién egresados de las universidades y adultos mayores de 40 años, que ven lastimados sus derechos laborales, así como sus oportunidades de vida y dignidad; es urgente aprobar un marco normativo que promueva las condiciones de un verdadero impulso al empleo, que genere el millón de empleos al año que México requiere.

Se requiere de otorgar a los ciudadanos la garantía de acceder a un empleo, independientemente de su condición social, económica o de cualquier índole. La declaración de un derecho si no se tiene la efectiva posibilidad de ejercerlo es igual a no contar con él.

Por esas razones, los legisladores de Convergencia sometieron a consideración del Congreso la iniciativa de Ley que crea el Programa de Emergencia para el Estímulo del Empleo, Reglamentaria del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el siguiente objeto:

El Fondo del Programa de Emergencia para el Estímulo del Empleo contaría con un presupuesto de 50 mil millones de pesos. El 70 por ciento de este monto será cubierto por el gobierno federal, con recursos provenientes de programas de ahorro en sus diferentes dependencias y constarán de manera específica en el Presupuesto de Egresos de la Federación; el 30 por ciento restante provendrá de aportaciones de la iniciativa privada, las cuales serán deducibles de impuestos.

Los gobiernos locales podrán participar con recursos adicionales para sus proyectos específicos.

El fondo apoyará la contratación de jóvenes profesionistas recién egresados de escuelas, institutos y universidades, así como de adultos mayores de 40 años, para insertarse en el mercado laboral, cubriendo, previo acuerdo con la iniciativa privada, un porcentaje de un salario durante un periodo de un año, y se apoyará la capacitación y el entrenamiento de los jóvenes y personal adultas mayores de 40 años en los sectores industriales y servicios de gran dinamismo económico, alta generación de empleo y avance tecnológico.

Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, 87 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito, atenta y respetuosamente, a esta honorable asamblea tenga a bien formular la siguiente

Único. Se excite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social a efecto de que, con la mayor brevedad, someta a consideración del pleno el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que establece la Ley que crea el Programa de Emergencia para el Estímulo del Empleo, presentada por el entonces diputado federal Alejandro Chanona Burguete y turnada para su atención.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la comisión mencionada para que emita el dictamen correspondiente.

COMISION ESPECIAL ENCARGADA DE ESTUDIAR, ANALIZAR, EVALUAR Y SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ADUANAS, PUERTOS Y AEROPUERTOS NACIONALES, EN RELACION CON LA ENTRADA DE MERCANCIA ILEGAL, EL TRAFICO Y CONTRABANDO DE ARMAS, ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS ADICTIVAS

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene ahora la palabra el diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial encargada de estudiar, analizar, evaluar y supervisar el funcionamiento de las aduanas, puertos y aeropuertos nacionales, en relación con la entrada de mercancía ilegal, el tráfico y contrabando de armas, estupefacientes y sustancias adictivas. Tiene la palabra, diputado Hernández, hasta por tres minutos.

Señoras legisladoras y señores legisladores, como todos sabemos, el país se encuentra inmerso en una grave crisis económica que se ha profundizado en el último año, con efectos devastadores para la industria, el comercio, la agricultura y la sociedad en su conjunto.

Para salir adelante requerimos fortalecer la economía interna, mejorar la distribución de la riqueza y elevar la eficiencia y transparencia en la administración pública federal.

En la Administración General de Aduanas existen un sinfín de problemas que ponen en riesgo la economía, la seguridad y la salud de la república. Nos referimos específicamente a las mercancías reguladas, restringidas y prohibidas que ingresan con toda impunidad a nuestro país; generan competencia desleal, afectan la inversión, el empleo, los ingresos fiscales, dañan a la salud, la seguridad pública, la industria y la economía.

El problema de las aduanas es un problema de seguridad nacional derivado del tráfico y comercialización de armas que se traduce en un aumento en la inseguridad, la criminalidad y la drogadicción.

Es tarea de esta soberanía trabajar juntos a favor de México y generar esquemas que endurezcan las sanciones por subfacturación, doble facturación y alteración de las declaraciones de mercancías en las aduanas.

Para dimensionar la magnitud de este problema, el 58 por ciento del mercado nacional de prendas de vestir es abastecido vía contrabando, falseando datos de origen, precios, clasificación arancelaria; o haciendo mal uso de los programas vinculados con la industria.

En lo que respecta a la importación ilegal de sustancias restringidas, recordemos el caso del empresario chino mexicano Zhenli Ye Gon, sus dólares y las 50 mil toneladas de seudoefedrina.

Según la Procuraduría General de la República, el tráfico de armas es el segundo problema de seguridad nacional. Se estima que por minuto ingresa un arma de manera ilegal a nuestro país. Ante esto, de poco han servido los miles de militares desplegados en la frontera norte, pues ya son más de 7 mil muertos en el último año y la tendencia no decrece.

Por su parte, en 2007 el SAT reconoció corrupción, sobornos y amenazas de la delincuencia organizada en las 49 aduanas de la república. Es preciso generar las propuestas legislativas y presupuestarias necesarias para su saneamiento, eficiencia y eficacia.

Es por lo antes propuesto y fundado que propongo el siguiente punto de acuerdo, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Que se cree una Comisión Especial encargada de estudiar, analizar, evaluar y supervisar el funcionamiento de las aduanas, puertos y aeropuertos nacionales, con relación a la entrada de mercancía ilegal, el tráfico y contrabando de armas, estupefacientes y sustancias adictivas.

Con un sector aduanero eficiente y comprometido con el desarrollo de México tendremos mejores condiciones para estimular el desarrollo local y fortalecer la economía interna.

Concluyo, no sin antes agradecer la disposición, solidaridad y consideración para este punto de acuerdo, de los integrantes de la Junta de Coordinación Política de esta honorable soberanía.

Diputado presidente, solicito que la propuesta se publique íntegra en el Diario de los Debates. Compañeras diputadas y compañeros diputados, con responsabilidad, sensibilidad y compromiso construyamos juntos el México que tanto necesitamos. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial encargada de analizar, evaluar y supervisar el funcionamiento de las aduanas, y de los puertos marítimos y aéreos nacionales en relación con la entrada de mercancía ilegal, y el tráfico y contrabando de armas, de estupefacientes y de sustancias adictivas, a cargo del diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal Héctor Hugo Hernández Rodríguez , integrante del Grupo Parlamentario del PRD a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica y 58, 60, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Señoras y señores legisladores: el país se encuentra en una grave crisis económica que se ha profundizado en el último año, sus efectos negativos han sido devastadores para la sociedad.

El desempleo, la pobre inversión productiva, la caída en el consumo interno y las exportaciones afectan negativamente la producción nacional y debilitan aún más las posibilidades de desarrollo para los sectores más vulnerables, los más pobres, que, como siempre, son quiénes se llevan la peor parte.

Pese a la gravedad de la situación, el gobierno federal insiste en que la crisis ``viene de afuera'' y que por lo tanto es poco lo que los instrumentos de política económica y social pueden hacer para contrarrestarla.

El gobierno se niega sistemáticamente a reconocer los subejercicios, el despilfarro, el uso faccioso de los recursos y programas, la falta de transparencia y la pobre rendición de cuentas que alimentan y profundizan la problemática.

Es tarea de esta soberanía trabajar juntos a favor de México con independencia de nuestras diferencias ideológicas. Entre nosotros debe darse un trato respetuoso, igualitario y transparente, que permita establecer las bases de una relación sana y productiva que ayude al país a enfrentar los enormes desafíos.

Sabemos que para salir adelante es indispensable fortalecer la economía interna y mejorar la distribución del capital. Necesitamos diseñar políticas públicas que incentiven el desarrollo económico local, en cada municipio y delegación, pero para tener mejores resultados requerimos mejorar la seguridad en nuestros puertos, fronteras y aduanas para reducir la competencia desleal y alentar la inversión productiva.

Por lo anterior, me permito poner a consideración de la Junta de Coordinación Política así como de las y los legisladores de esta LXI Legislatura la siguiente propuesta:

En el sector de aduanas existe un problema que urge evaluar y solucionar con el propósito de evitar una situación de mayor vulnerabilidad para la economía, y la salud de la república. Me refiero específicamente al libre tránsito de mercancías ilícitas, armas, estupefacientes y demás sustancias prohibidas, que cada año ingresan al país por las garitas, puertos y aeropuertos, sin control suficiente por parte de las autoridades aduanales.

Las mercancías reguladas, restringidas y prohibidas que con toda impunidad ingresan a nuestro país generan daños a la salud, la seguridad pública, la industria, el fisco, la economía y la sociedad en su conjunto.

Uno de los más graves problemas para la deteriorada planta productiva nacional lo constituye el tráfico de mercancías reguladas tales como zapatos, juguetes, textiles y prendas de vestir, entre otros, que ingresan a precios de dumping , libres de impuestos y aranceles. Esto genera competencia desleal para nuestros empresarios y afecta la inversión, el empleo y los ingresos fiscales.

Por tales motivos, diversos sectores de nuestro país han manifestado su interés en que el gobierno mejore el funcionamiento del sector aduanero, refuerce las aduanas, cambie y profesionalice a su personal, y para que, la Administración General de Aduanas, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, endurezca las sanciones por subfacturación, doble facturación y alteración de las declaraciones de mercancías en las aduanas.

Para hacer evidente la magnitud del problema pongo como ejemplo la industria textil, donde, según el Centro de Estudios Sociales de la Cámara de Diputados, el 58 por ciento del mercado nacional de prendas de vestir es abastecido por la vía del contrabando.

En el contrabando se incluye tanto el ``bronco'', que implica la introducción de mercancías extranjeras al país sin pasar por las aduanas, como el ``documentado'' que consiste en la introducción de mercancías mediante el falseamiento de la declaración de origen, subvaluación, clasificación arancelaria incorrecta o mal uso del Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación), maquila (subcontratación de los procesos de producción) y el Programa de Promoción Sectorial para evadir el pago de impuestos o cuotas compensatorias correspondientes, entre otros.

También es un problema de seguridad nacional y de seguridad pública, generado por el tráfico y comercialización de armas, con el consiguiente incremento en la inseguridad, la criminalidad y la drogadicción.

Se estima que por minuto ingresa un arma de manera ilegal a nuestro país. De acuerdo con Eliot Engel, presidente de la Subcomisión para América Latina de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, más del 90 por ciento de las armas incautadas en México entre 2006 y 2008 provienen de Estados Unidos, y pueden adquirirse en más de 10 mil puntos a lo largo de la frontera sin ninguna restricción.

Sí compañeros legisladores, son esas armas con las que se perpetran los arteros asesinatos de los que hemos tenido noticia en los últimos días.

Según la Procuraduría General de la República, el tráfico de armas es el segundo problema de seguridad nacional. Un problema que aviva la violencia de la delincuencia organizada, que ha dejado más de 7 mil muertos desde inicios del 2008, no obstante el despliegue de 36 mil militares en la frontera norte.

En lo que respecta específicamente a la importación ilegal de sustancias restringidas, basta mencionar lo acontecido con la importación de las 50,000 toneladas de pseudoefedrina ingresadas por el empresario chino mexicano Zhenli Ye Gon.

En 2007 el SAT reconoció que la percepción sobre la corrupción en las 49 aduanas de la República Mexicana aumentó en cinco puntos porcentuales, y reconoció sobornos y amenazas de la delincuencia organizada a los agentes aduanales.

Cabe mencionar que en los últimos meses la Secretaría de Hacienda informó de un cambio en el personal de Aduanas, pero eso de ninguna manera es garantía para que las malas prácticas, vicios e indolencia que existen en las aduanas de México se erradiquen de la noche a la mañana.

Ante esto la pregunta es, ¿a quién se debe recurrir para exigir mayores controles al SAT?

Este problema ha propiciado la ``necesidad'' por parte del gobierno federal de firmar un acuerdo de colaboración con Estados Unidos, el llamado Plan México o Plan Mérida, similar al Plan Colombia, que podría incluir el envío de asesores y agentes extranjeros a nuestras fronteras y aduanas, comprometiendo así nuestros intereses y soberanía.

Por tales motivos, se hace indispensable que este órgano legislativo asuma un compromiso para estudiar, analizar, evaluar y supervisar las actividades de este sector gubernamental, tanto por las implicaciones y repercusiones en la actividad económica y comercial, como por la seguridad y el bienestar de las y los mexicanos.

Con un sector aduanero eficiente y comprometido con el desarrollo de México tendremos mejores condiciones para estimular el desarrollo local, fortalecer la economía interna, proteger el empleo, fomentar el autoempleo, el desa-rrollo de empresas sociales y el fomento al cooperativismo con enfoque sustentable, entre muchas acciones necesarias para mejorar los ingresos y calidad de vida de la población.

Así las cosas, los diputados de la LXI legislatura tenemos una oportunidad histórica, por ello debemos ser un congreso que luche siempre por la justicia social, la viabilidad económica y la responsabilidad ambiental. Demostremos, de cara a la nación, que en este Congreso existe capacidad, sensibilidad y voluntad política para realizar los cambios necesarios, y para mantener una actitud que proponga soluciones reales a los problemas del país.

Por tales motivos se requiere establecer urgentemente una comisión que se encargue de estudiar, evaluar y supervisar el sector de aduanas, puertos y aeropuertos, con el propósito de generar las propuestas legislativas y presupuestales necesarias para impulsar su saneamiento, su eficiencia y eficacia en la consecución de sus propósitos y objetivos institucionales.

Compañeras y compañeros diputados: esta tarea, la de legislar, es nuestra responsabilidad histórica, cumplamos nuestro compromiso y hagámoslo bien, con ánimo, decisión, pasión y unidad en torno a los problemas neurálgicos del país, que como éste, que se sintetiza en las malas prácticas del sector aduanero y la permisividad de las autoridades, representan un reto y una oportunidad para trabajar juntos a favor de la nación.

Con responsabilidad, sensibilidad y compromiso ¡construyamos juntos el México que tanto necesitamos!

Por lo antes expuesto y fundado sometemos a consideración de la Junta de Coordinación Política y de las y los diputados de esta LXI legislatura, el siguiente

Primero. Se crea la Comisión Especial encargada de estudiar, analizar, evaluar y supervisar el sector de aduanas, puertos y aeropuertos nacionales, en relación con la entrada de mercancía ilegal, el tráfico y contrabando de armas, estupefacientes y sustancias adictivas, con el propósito de generar las propuestas legislativas y presupuestales necesarias para impulsar su saneamiento, su eficiencia y eficacia en la consecución de sus propósitos y objetivos institucionales.

Segundo. La comisión especial cumplirá en su integración los requisitos señalados en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. La comisión especial se integrará de manera puntual y equitativa, por todos los grupos parlamentarios y funcionará por la duración de la LXI Legislatura, o hasta en tanto quede agotado su objeto, si esto sucediere antes.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado. Como lo solicitó, insértese íntegro en el Diario de los Debates ytúrnese a la Junta de Coordinación Política.

COMISION ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS INVESTIGACIONES SOBRE LA DESAPARICION DE MENORES QUE SE ENCONTRABAN EN LOS ALBERGUES DENOMINADOS CASITAS DEL SUR, LA CASITA Y CAIFAC

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra el diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial que dé seguimiento a las investigaciones sobre la desaparición de menores que se encontraban en los albergues denominados Casitas del Sur, La Casita y Caifac, ubicados en elDistrito Federal, en Quintana Roo y Nuevo León, respectivamente. Hasta por tres minutos, diputado.

Precisamente hoy, que conmemoramos el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, acudo a esta tribuna para abordar un tema que ha indignado a la sociedad durante los últimos meses: la desaparición de cuando menos 22 niñas y niños de los albergues denominados Casitas del Sur, en el DF; La Casita, en Cancún, y Caifac, en Monterrey. Todos ellos administrados por la misma organización delincuencial a la que se le conoce como la secta de Los Perfectos, de acuerdo con las valientes investigaciones de las periodistas Lydia Cacho y Sanjuana Martínez.

Han transcurrido poco más de 10 meses en que desde la Asamblea Legislativa denuncié, en compañía de su abuela, aquí presente, la desaparición de Ilse Michelle, cuyo rostro seguramente muchos de ustedes recuerdan. Poco después supimos de 10 casos similares en el Distrito Federal y que se relacionan estrechamente con 11 más en Cancún y en Monterrey.

Ante estos hechos resulta inevitable preguntarnos por qué en tanto tiempo las procuradurías locales no resolvieron estos casos. Y lo más importante, ¿dónde están estos pequeños? ¿Qué han hecho con ellos? ¿Cuántos más pudieran estar también desaparecidos e incluso, cuántos se encuentran en riesgo en este preciso momento?

Ciertamente lo ignoramos, pero lo que sí sabemos es que estamos ante una red criminal transnacional que cuenta con una amplia capacidad económica, operativa y de manipulación.

Lo mismo administra albergues en diversas entidades de la república como Veracruz, San Luis Potosí o el Estado de México, que en países como Tailandia, Ruanda, El Salvador, Guatemala o Colombia.

Al igual que realiza manifestaciones en el Distrito Federal, Ginebra o Nueva York, publica desplegados para atacar a quienes los acusan y persigue, amenaza, denuncia, a periodistas y activistas sociales.

Es pues, una organización criminal muy bien estructurada y con un alto grado de peligrosidad y fanatismo. Compañeras diputadas y compañeros diputados, coincidirán conmigo en que estos hechos no pueden quedar impunes y que por tanto esta soberanía tampoco puede permanecer al margen.

Sin duda, no estamos ante un asunto menor, pues como ustedes saben el crimen organizado está diversificando sus actividades. Y la trata de personas, así como la explotación sexual, comercial, infantil, se han convertido en uno de sus negocios más redituables.

Tan sólo algunos datos. Se habla de 16 mil millones de dólares producidos en América Latina en un año, producto de la trata de mujeres; y 47 bandas se encuentran operando en territorio nacional en estos momentos.

Por ello, someto a su consideración la creación de una comisión especial para que demos seguimiento puntual al trabajo de la Procuraduría General de la República, que si bien ha tenido algunas acciones importantes como la consignación de tres miembros de esta organización, esto es a todas luces insuficiente.

Como representantes de la nación no podemos descansar hasta en tanto no se conozca el paradero de todos y cada uno de los menores, hasta que no se desarticule esta red delincuencial y se castigue ejemplarmente a los responsables.

Es indispensable que mandemos un mensaje claro y firme de que la trata de personas, y sobre todo de niños, no es tolerada en nuestro país y que haremos todo lo necesario para su prevención y combate.

Aprovecho, por último, para hacer un respetuoso llamado a todos los grupos parlamentarios, a efecto de que revisemos el marco jurídico que regula los albergues públicos y privados en México, y nos aseguremos de que hechos como el de Casitas del Sur no se repitan. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial que dé seguimiento a las investigaciones sobre la desaparición de menores que se encontraban en los albergues Casitas del Sur, La Casita y Caifac, situados en el Distrito Federal, Quintana Roo y Nuevo León, respectivamente, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado Agustín Castilla Marroquín integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica y 58, 59 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, de conformidad con las siguientes:

Derivado de las denuncias presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por presuntos actos de abuso sexual y violencia intrafamiliar en perjuicio de la menor Ilse Michel Curiel Martínez, ésta ingresa en abril de 2005 al albergue temporal de la Procuraduría en tanto se realizaban las investigaciones correspondientes.

En el mes de enero de 2007, la Procuraduría Capitalina canaliza a Ilse Michel al albergue privado denominado Casitas del Sur sin mediar notificación previa a sus familiares, quienes no vuelven a tener contacto con la menor debido a la prohibición establecida por las autoridades de dicha casa hogar.

Posteriormente, el 20 de agosto de 2008 la juez 16 de lo Familiar resuelve otorgar la guarda y custodia de Ilse a favor de la señora Ardelia Martínez Estrada, abuela materna de la menor quien solicita a las autoridades de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal la entrega de su nieta.

Ante la falta de respuesta de la Procuraduría capitalina, a finales del mes de noviembre del mismo 2008 los familiares de la menor acudieron a la oficina del suscrito, quien en ese entonces se desempeñaba como diputado local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para solicitar apoyo pues después de realizar diversos operativos la Procuraduría no logró ubicar a Ilse Michel quien presumiblemente había sido trasladada a otro lugar por los directivos de esa casa hogar administrada por la asociación civil Reintegración Social quienes se negaron a entregarla a las autoridades.

En virtud de lo anterior, el 3 de diciembre se presentaron las denuncias correspondientes y se dio a conocer ante los medios de comunicación la desaparición de Ilse Michel Curiel Martínez, a partir de lo cual se comenzó a recibir información sobre otros casos de menores desaparecidos de ese mismo albergue Casitas del Sur, así como de las similitudes que se presentaban con los hechos acontecidos en 2005 en el albergue denominado La Casita en Cancún, Quintana Roo y más recientemente en el Centro de Adaptación e Integración Familiar CAIFAC en Monterrey, Nuevo León.

El 29 de enero de 2009, la Procuraduría capitalina realizó operativos simultáneos en dos albergues de Reintegración Social AC, ambos denominados Casitas del Sur ubicados en San Miguel Xicalco y en San Pedro Mártir en la delegación Tlalpan.

En estos albergues se encontraron 126 menores que mostraban signos evidentes de violencia psicológica, adoctrinamiento y fanatismo, sin embargo Ilse Michelle no fue localizada.

A raíz de estos operativos se confirmó que además de Ilse, existían cuando menos otros 10 menores desparecidos tan sólo en el Distrito Federal tal y como lo señaló la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, entre los que se encuentran los tres hermanos de apellido Juárez Ojeda, tres hermanos Cuadrilla Trejo y Jesús Alejandro Espinoza Sánchez de 2 años de edad.

A la fecha se tiene conocimiento de cuando menos 22 menores desaparecidos en tres entidades de la República, todos ellos en albergues dirigidos por Reintegración Social AC, a quien se le ha vinculado con una organización pseudo religiosa a la que, de acuerdo a las investigaciones de la periodista Lydia Cacho se le conoce como la secta de Los Perfectos, y de la cual forma parte entre otros Leydi Yolanda Campos Vera relacionada también con el caso de Jean Succar Kuri.

Asimismo se ha señalado que esta organización administra albergues en otras entidades como Veracruz, San Luis Potosí y el estado de México e incluso en países tales como Tailandia, Ruanda, el Salvador, Guatemala o Colombia por lo que, ante la información obtenida y la falta de resultados concretos por parte de las Procuradurías del Distrito Federal, Quintana Roo y Nuevo León, el pasado 13 de abril la Procuraduría General de la República determinó atraer las investigaciones por el delito de delincuencia organizada y trata de personas.

Derivado de dichas investigaciones realizadas por la SIEDO, en el mes de agosto un juez federal dictó auto de formal prisión contra algunas personas entre las que destaca la ex directora de Casitas del Sur, Elvira Casco Majalca, por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de menores.

No obstante que la Procuraduría General de la República ha llevado a cabo algunas acciones concretas como las ya señaladas y que existen avances en las investigaciones, aún sigue pendiente la localización y recuperación de los menores desaparecidos.

Adicionalmente y de acuerdo a la información disponible, es muy probable que el número de menores desaparecidos sea mayor a lo que se conoce hasta el momento, y que muchos más se encuentren en un riesgo inminente dada la gran capacidad económica y operativa de esta red delincuencial trasnacional.

En tal virtud y ante la urgencia de que se esclarezcan estos hechos que han tenido incluso repercusiones de alcance internacional, se desarticule a esta organización delincuencial y se revise el marco jurídico para que los albergues públicos y privados cuenten con mejores sistemas de control y supervisión, es que se hace necesaria la participación activa de esta soberanía para que se le dé seguimiento puntual a las investigaciones a cargo de la Procuraduría General de la República y casos como este no queden en la impunidad.

Por lo anteriormente expuesto y en virtud de lo establecido en los artículos 34, incisos b) y c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos me permito someter a su consideración la siguiente proposición con:

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que con fundamento en los artículos 34, incisos b) y c), y 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, determine la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones sobre la desaparición de menores que se encontraban en los albergues denominados Casitas del Sur, La Casita y CAIFAC.

Segundo. Someta a consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones sobre la desaparición de menores que se encontraban en los albergues denominados Casitas del Sur, La Casita y CAIFAC.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Castilla.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

COMISION ESPECIAL DE LA CUENCA DE BURGOS Y APROVECHAMIENTO DEL CARBON MINERAL

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra el diputado Hugo Héctor Martínez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos, suscrito por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez, Eduardo Alonso Bailey Elizondo, Rodolfo de la Torre Cantú y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por tres minutos, diputado.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, la Cuenca de Burgos es el yacimiento de gas natural no asociado más importante de México. En junio de 2009 su producción alcanzó 1 billón 521 mil millones de metros cúbicos diarios, equivalente al 21.36 por ciento de la producción nacional total de gas. El proyecto Pemex de Cuenca de Burgos cubre una superficie aproximadamente de 120 mil kilómetros cuadrados del territorio de los estados de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León.

Comprende dos de las cuencas productoras de gas natural no asociado: la Cuenca de Burgos y la Cuenca de Sabinas, así como el área de Piedras Negras, lo que aumenta la prospectiva de explotación de este energético.

Este proyecto ha generado más de 6 mil empleos directos y más de 21 mil indirectos, de los cuales 2 mil 854 son a través de los contratos de obra pública financiada, y con una proyección de 40 mil empleos para 2012.

El proyecto considera la perforación de mil 559 pozos, para recuperar alrededor de 7 mil 279 millones de pies cúbicos de gas, mediante una inversión de 257 mil millones de pesos.

Uno de los recursos energéticos no renovables más preciados para la humanidad es el carbón. Ha tenido un gran impacto en la sociedad, como la generación de electricidad con bajo costo. Pasó de ser una fuente de energía única, a ser un complemento energético que está cobrando importancia en la generación de electricidad y gas metano.

La mayor cantidad de producción de carbón se concentra en la región norte del país, específicamente en el estado de Coahuila, donde la producción es de más de 15 millones de toneladas anuales, representando cerca del 95 por ciento de la producción nacional.

La región con yacimientos de carbón más importante del país se ubica en la denominada región carbonífera, en el centro norte del estado de Coahuila, alcanzando hasta el territorio del vecino estado de Nuevo León. Actualmente, las plantas que utilizan carbón como combustible están al 98 por ciento de su producción, ya que el carbón es el energético más barato para la producción de electricidad.

En nuestro vecino país del norte, se produce el 67 por ciento del total de su electricidad usando carbón. La región de la Cuenca de Burgos, que es de vital importancia para la generación de gas natural no asociado se encuentra, al mismo tiempo, sobre la conocida región carbonífera del norte del estado de Coahuila. Lo que hace que ambas sean una región estratégica para la producción de energía en el contexto nacional.

Por lo anteriormente descrito, todos los diputados federales de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, del Grupo Parlamentario del PRI, y también agradezco al diputado Jesús Ramírez, diputado coahuilense, que también se suma a este punto de acuerdo, proponemos a la soberanía la creación de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos y aprovechamiento del carbón mineral. Cuyo objetivo es dar seguimiento al proyecto integral de la Cuenca de Burgos que desarrolla Petróleos Mexicanos, así mismo de la explotación del carbón mineral y del gas asociado al mismo.

Garantizando el marco normativo que permita nuevas reglas de explotación de los recursos energéticos, en beneficio del país y de las comunidades alrededor de estos yacimientos, y la aplicación de nuevas tecnologías de generación limpia de energía.

Diputado presidente, le solicito respetuosamente sea publicado el texto integro de este punto de acuerdo en el Diario de los Debates, como fue publicado en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos, suscrito por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez , Eduardo Alonso Bailey Elizondo , Rodolfo de la Torre Cantú e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como, de los artículos 58, 60, 65, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados federales por los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas abajo firmantes, miembros del Grupo Parlamentario del PRI, presentamos a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, bajo la siguiente:

La LIX y LX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, propusieron, cada una en su momento, la creación de la Comisión Especial de la Región Cuenca de Burgos, cuyo objetivo fue dar seguimiento al Proyecto Integral de la Cuenca de Burgos y realizar las acciones legislativas que aseguraran un desarrollo sustentable y equilibrado de la región, ante la explotación de los yacimientos de energéticos realizada por Pemex.

La Cuenca de Burgos es el yacimiento de gas natural no asociado más importante de México, su aprovechamiento inició en 1945 en el campo Misión. En junio de 2009 su producción llegó a 1 billón 521 mil millones de metros cúbicos diarios, equivalente al 21.36 por ciento de la producción nacional total de gas. El proyecto Pemex de Cuenca de Burgos cubre una superficie aproximada de 120,000 kilómetros cuadrados del territorio de los estados de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. Geológicamente comprende dos de las cuatro cuencas productores de gas natural no asociado de México: la Cuenca de Burgos y la Cuenca de Sabinas, así como el área de Piedras Negras, lo que aumenta la prospectiva de explotación de este energético.

La infraestructura de Pemex se integra por 2,771 pozos en aprovechamiento, 127 estaciones de recolección, 28 estaciones de trasiego y 10 de entrega, 17 sistemas de inyección de agua y 5 de bombeo de condensados. Además se tienen 22 puntos de transferencia donde se mide la producción de gas que corresponde a los bloques en explotación a través de diferentes compañías privadas por medio de los Contratos de Obra Pública Financiada (COPF).

Hasta la fecha, el proyecto Cuenca de Burgos ha generado más de 6 mil empleos directos por parte de Pemex Exploración y Producción y más de 21 mil indirectos; 2,854 a través de los Contratos de Obra Pública Financiada, con una proyección de 40 mil empleos para 2012.

El Proyecto Integral Cuenca de Burgos considera, para el lapso 2010-2027, la perforación de mil 559 pozos para recuperar alrededor de 7 mil 279 millones de pies cúbicos de gas, mediante una inversión de 257 mil millones de pesos.

La expansión reciente del sector eléctrico mexicano ha estado basada en la instalación de plantas generadoras con ciclo combinado que utilizan gas natural. Algo similar está sucediendo en la Unión Americana provocando que la oferta se vea rebasada por la demanda, produciendo volatilidad y aumento en el precio del combustible. Por la estructura de costos se puede demostrar que el proceso de gasificación es un complemento para la tecnología de ciclo combinado que permite la utilización de combustibles como el carbón y el coque de petróleo. El precio del gas natural en México justifica la realización de estudios serios de generación de gas de síntesis que pueda sustituir al gas natural.

El gas de síntesis puede ser obtenido a partir de varios combustibles, como el coque de petróleo y el carbón mineral, mediante el proceso de gasificación. Al gas natural le seguirá el carbón, ya que el combustóleo disminuirá considerablemente su presencia, de 31.1 por ciento que registró en 2006 a 14.1 por ciento en 2016, además de que solo habrá un requerimiento marginal del diesel.

Uno de los recursos energéticos no renovables más preciados para la humanidad es y sigue siendo el carbón. Ha tenido un gran impacto en la sociedad; como la generación de electricidad con bajo costo. Pasó de ser una fuente de energía única a ser un complemento energético que está cobrando importancia en la generación de electricidad y gas metano.

La mayor cantidad de producción de carbón se concentra en la región norte del país, específicamente en el estado de Coahuila, donde la producción, en promedio, es de más de 15 millones de toneladas al año, representando cerca del 95 por ciento nacional. Este mineral se utiliza básicamente para la generación de electricidad en plantas carboeléctricas y para la producción de acero, mediante el denominado ``coque de petróleo''. La región con yacimientos de carbón más importante del país, se ubica en la denominada ``región carbonífera'', en el centro-norte del Estado, alcanzando hasta territorio del vecino Estado de Nuevo León, es decir del centro-norte al oriente. Esta región carbonífera se conforma por dos sub-regiones; ``Cuenca de Sabinas'' (representa aproximadamente 10,000 km²) y la ``Zona de Fuentes-Río Escondido'' (representa aproximadamente 2,000 km²).

Las plantas que utilizan carbón como combustible siempre están al 98 por ciento de producción, esto obedece a que el carbón es el energético más barato que tenemos para la producción del fluido eléctrico, el costo de producción comparado con las fuentes de energía convencionales como el combustóleo, representa un 20 por ciento menos, además de una serie de ventajas.

En nuestro vecino país del norte, el más desarrollado del globo terráqueo, se produce el 67 por ciento del total de su electricidad usando el carbón y esta situación le ha permitido desarrollar una gran cultura de carbón, en el que existe un plan de restauración de las tierras muy estricto, y existe una fuerte normatividad al respecto.

Estas definiciones sostienen la importancia de desarrollar estrategias y políticas que permitan que, tanto el carbón como el gas, sean recursos energéticos estratégicos para la satisfacción de la demanda de energía.

Como se observa, la región de la Cuenca de Burgos, que es de vital importancia en la generación de gas natural no asociado, se encuentra al mismo tiempo sobre la conocida Región Carbonífera del norte del estado de Coahuila, lo que hace de ambas una Región estratégica para la producción de energía en el contexto nacional.

Por lo anterior descrito, se propone a esta soberanía el siguiente:

Primero. Se crea la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos y aprovechamiento del carbón mineral.

Segundo. El objetivo de la Comisión que crea este decreto, es dar seguimiento al proyecto integral de la Cuenca de Burgos que desarrolla Petróleos Mexicanos, así mismo de la explotación del carbón mineral y del gas asociado al mismo.

Tercero. Garantizar el marco normativo que permita nuevas reglas de explotación de los recursos energéticos en beneficio del país, y de las comunidades alrededor de estos yacimientos, y la aplicación de nuevas tecnologías de generación limpia de energía.

Cuarto. La Comisión Especial de la Cuenca de Burgos y aprovechamiento del carbón mineral, funcionará en la totalidad del periodo de la LXI Legislatura o en tanto quede agotado su objeto, si éste sucediere antes.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputado. Como lo solicita, insértese el texto integro en el Diario de los Debates.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a los partidos políticos representados en esta soberanía a respetar y acatar las resoluciones del Instituto Electoral delDistrito Federal, y del Tribunal Electoral delDistrito Federal, respecto de las elecciones para jefes delegacionales en las delegaciones Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo delDistrito Federal.

El Instituto Electoral del Distrito Federal ejerció sus atribuciones de fiscalización, investigando los gastos efectuados por los candidatos y los partidos políticos durante las campañas electorales y, posteriormente, el Tribunal Electoral de la capital emitió sendas resoluciones anulando las elecciones en las delegaciones Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo.

Estas resoluciones fueron emitidas principalmente por irregularidades graves y rebase en los topes de campaña, por parte de los candidatos del Partido Acción Nacional. Los antecedentes, todos los conocemos muy bien. Ambas resoluciones, la de Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, fueron emitidas por los órganos jurisdiccionales competentes, cuyas atribuciones son conferidas por mandato de ley.

Un estado de derecho se basa en principios fundamentales, uno de ellos es la legalidad, entendida ésta como una razón superior en la que descansan nuestros procesos electorales y las instituciones. Tal parece que el Partido Acción Nacional, a través de sus representantes en esta Cámara y sus candidatos, hoy sancionados, quiere hacernos creer que son parte de la voluntad popular: la violación de la ley, las campañas inequitativas y el dispendio.

No importando si los resultados obtenidos por sus candidatos, en sí irregulares, fueron producto del gasto excesivo, de las amenazas o intimidación a los electores, como consta en diversas averiguaciones previas en el caso de Cuajimalpa, es éste parte del doble discurso y la doble moral. Son, pues, parte de las contradicciones en las que incurren.

Es por lo anterior que surge la necesidad de solicitar a los actores políticos que intervinieron en el proceso electoral pasado, a las y los legisladores de esta Cámara, que eviten las descalificaciones y manifestaciones que tienen por objeto cuestionar la legalidad e imparcialidad de las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del Distrito Federal y el Instituto Electoral del Distrito Federal, con el falso argumento de defensa de la voluntad popular.

Las resoluciones que emitió el Tribunal Electoral de la capital determinaron anular las elecciones en dichas demarcaciones territoriales, debido a que se acreditaron irregularidades graves de los candidatos. Desconocerlas y pretender influir desde este órgano legislativo no tiene otro objetivo que tender una cortina de humo y presionar políticamente cuando no existen argumentos jurídicos para su defensa.

Por lo expuesto presento esta proposición con punto de acuerdo:

Único. Se exhorta a los partidos políticos representados en esta honorable Cámara de Diputados a respetar y a acatar las resoluciones del Instituto Electoral del Distrito Federal y del Tribunal Electoral respecto de las elecciones para jefes delegacionales en las delegaciones Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo, del Distrito Federal.

Por economía parlamentaria solicito se reproduzca íntegramente el presente punto de acuerdo en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los partidos políticos representados en esta soberanía a observar las resoluciones del Instituto Electoral y del Tribunal Electoral del Distrito Federal respecto a las elecciones para jefes delegacionales en Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Leticia Quezada Contreras , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta a los partidos políticos representados en esta honorable Cámara de Diputados a respetar y acatar las resoluciones del Instituto Electoral del Distrito Federal y del Tribunal Electoral del Distrito Federal respecto a las elecciones para jefes delegacionales en Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo, al tenor de los siguientes

1. Que con motivo del proceso electoral local pasado, y derivado de las atribuciones conferidas a la autoridad electoral, bajo la premisa de las facultades de fiscalización que tiene en el caso que nos ocupa el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), ejerció dicha atribución a través de su Unidad Técnica Especializada de Fiscalización investigando los gastos efectuados por los candidatos y los partidos políticos durante el lapso de tiempo que duraron las campañas electorales.

2. En ese orden de ideas, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Convergencia, interpusieron los juicio electorales: TEDF-JEL-073/2009 y TEDF-JEL-063/2009, impugnando la validez de la elección del jefe delegacional en Cuajimalpa, principalmente por irregularidades graves y rebase en los topes de campaña, que fueron resueltos por el Tribunal Electoral de Distrito Federal en plenitud de competencia, el pasado viernes 4 de septiembre del presente año.

3. Que en la ponencia presentada por el magistrado electoral Alejandro Delint García, se modificó el computo original del rebase del tope de gastos que realizó la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del IEDF, y confirmó la existencia del rebase de los topes de gastos de campaña en los que incurrió el candidato Carlos Orvañanos Rea y el Partido Acción Nacional, en el que se concluyó que habían rebasado por 226 mil 30 pesos los topes de campaña fijados.

4. El órgano jurisdiccional resolvió que el uso excesivo de los recursos públicos influyeron en la voluntad de por lo menos 8 mil 193 votantes, lo cual es superior a los 4 mil 454 votos de diferencia que existe entre el primer y el segundo lugar de la elección de mérito y, por lo tanto, determinante para el resultado de la elección. La actualización de la sanción por esta infracción a la norma electoral trajo como consecuencia la nulidad de la elección, con el efecto de revocar la constancia de mayoría entregada al candidato y que se ordenará al IEDF convocar a una elección extraordinaria sin el candidato y el partido infractores. Otro resolutivo fue en consecuencia también notificar al jefe del Gobierno y a la Asamblea Legislativa para que se designe un jefe delegacional provisional. En tanto exista una nueva elección producto de los comicios extraordinarios.

5. Posteriormente, el Tribunal Electoral resolvió los juicios electorales TEDF-JEL-098/2009 y TEDF-JEL-103/2009 interpuestos por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo, Convergencia y Acción Nacional, este último juicio fue interpuesto contra el dictamen realizado por la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del IEDF; por otra parte, los primeros accionantes mencionados solicitaron como efecto de la revisión de los topes de campaña del candidato Demetrio Sodi de la Tijera, la nulidad de la elección para jefe delegacional en Miguel Hidalgo.

6. El pleno del órgano jurisdiccional (TEDF) consideró fundado el agravio relativo a la cuantificación de los gastos derivados de la entrevista televisiva realizada al candidato panista el pasado 23 de mayo, durante la transmisión del partido de futbol Pumas de la UNAM-Puebla, por lo que, en plenitud de jurisdicción, modificaron el dictamen impugnado para contabilizarla en 972 mil pesos, cifra que forma parte del rebase de 1 millón 62 mil pesos, considerando su duración total de un minuto con 19 segundos. A partir de un análisis exhaustivo, los magistrados realizaron un estudio comparativo entre los votos que obtuvo Acción Nacional y los que pudo haber alcanzado si se hubiera ajustado al tope de gastos determinado por el IEDF, llegando a la conclusión de que la conducta del candidato influyó en la voluntad de los electores para el resultado de la elección, de manera determinante cualitativamente.

7. Ambas resoluciones, la de Cuajimalpa y la de Miguel Hidalgo en el Distrito Federal fueron emitidas por el órgano jurisdiccional competente, cuyas atribuciones son conferidas por mandato de Ley, y los ciudadanos encargados de impartir justicia electoral, su designación deviene de un procedimiento de selección legalmente establecido en el que se evaluaron sus trayectorias profesionales y la ética profesional que han demostrado en otros encargos.

8. Por otra parte, la función de fiscalización es producto de una amplia y consensuada reforma electoral, en la que todos los partidos políticos nacionales y, en el caso del Distrito Federal, los que tenían representación en la Asamblea Legislativa votaron esta reforma que incluía la autonomía en la fiscalización de gastos de campaña a los candidatos, en aras de lograr que existiera equidad en las contiendas electorales.

9. En este punto, conviene invitar a todos los actores políticos para que hagan un compromiso para darle vida plena a esta reforma, observando sus disposiciones y cumpliendo las sanciones que deriven de su aplicación.

10. Un estado de derecho, se basa en principios fundamentales, uno de ellos es la legalidad, entendida esta como una razón superior en la que descansan los procesos electorales y las instituciones, debido a que son producto del pacto social, en el que estamos todos inmersos.

11. Tal parece que el Partido Acción Nacional a través de sus candidatos, hoy sancionados, quiere hacernos creer que es parte de la voluntad popular --las campañas inequitativas y el dispendio. Cuando por otra parte su dirigencia local arremete contra el Partido de la Revolución Democrática y pide respeto a los ``resultados en las casillas'', no importando si estos resultados en si irregulares, fueron producto de amenazas o intimidación a los electores, como consta en diversas averiguaciones previas en el caso de Cuajimalpa, es este parte del doble discurso y la doble moral de dicho partido, son pues parte de las contradicciones en las que incurren.

12. Es por lo anterior, que surge la necesidad de solicitar a los actores políticos que intervinieron en el proceso electoral pasado y a las los legisladores de esta Cámara que eviten toda la clase de descalificaciones y manifestaciones que tienen por objeto cuestionar la legalidad e imparcialidad de las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del Distrito Federal y el Instituto Electoral del Distrito Federal, con el falso argumento de ``defensa de la voluntad popular''. Las resoluciones que emitió el Tribunal Electoral de la capital determinaron anular las elecciones en dichas demarcaciones territoriales, debido a que se acreditaron irregularidades graves de los candidatos del Partido Acción Nacional, desconocerlo y pretender influir desde este órgano legislativo no tiene otro objetivo que tender una cortina de humo y presionar políticamente cuando no existen argumentos jurídicos para su defensa.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto ante el pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo por considerarse de urgente u obvia resolución

Único. Se exhorta a los partidos políticos representados en esta honorable Cámara de Diputados a respetar y acatar las resoluciones del Instituto Electoral del Distrito Federal y del Tribunal Electoral del Distrito Federal respecto a las elecciones para jefes delegacionales en Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputada Quezada. Como lo solicita, se insertará en el Diario de los Debates yse turna a la Junta de Coordinación Política.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo para que se consideren de alta prioridad los programas de Diconsa, Liconsa y el Progama Alimentario para Zonas Marginadas, y se proponga un incremento a las asignaciones presupuestarias para el año 2010. Tiene la palabra, diputada Ramírez, hasta por tres minutos.

Liconsa hace llegar diariamente 4 millones 300 mil litros de leche enriquecida a 6 millones de beneficiarios. Diconsa tiene una presencia en el 90.4 por ciento de los municipios del país y en el 95 por ciento de los municipios indígenas, a través de más de 22 mil tiendas comunitarias, 272 almacenes rurales y 28 almacenes centrales.

El Programa Alimentario para Zonas Marginadas opera en 31 estados de la república y según la última información disponible, en el 2007 apoyó a 143 mil 423 hogares en extrema pobreza. No me referiré en este punto de acuerdo a las ineficiencias de estos programas, que son innumerables. Lo que me importa ahora es destacar la dimensión de su importancia social.

Ningún país progresa y se desarrolla si antes no resuelve el problema de los alimentos de su población. Para asegurar este objetivo, invierten y dan incentivos a sus productores o, como sucede ahora, los países más ricos o emergentes revisan sus estrategias agropecuarias y replantean su legislación de desarrollo agrícola para asegurar su producción alimentaria.

Lo primero es, pues, la comida. Me preocupa por eso que se le reduzcan, en el proyecto de Presupuesto de Egresos enviado por el Ejecutivo federal, a Diconsa casi 200 millones de pesos de su presupuesto, a Liconsa 500 millones y el Programa Alimentario para Zonas Marginadas simplemente ya no aparece en el proyecto del Ejecutivo.

Señores legisladores, estamos ante la gran oportunidad de servir a la causa de los pobres. A nosotros nos corresponde aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación. Estamos conscientes que la coyuntura económica que vive nuestro país es delicada, pero no será sacrificando la alimentación de los que tienen poco o nada como podremos salir adelante, sino entendiendo que es con ellos, con su decidida incorporación al desarrollo, como debemos encarar nuestro futuro como nación.

Por estas consideraciones me permito proponer el siguiente punto de acuerdo:

Único. Pido a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados considere de alta prioridad los programas de Diconsa, Liconsa y el Programa Alimentario para Zonas Marginadas y proponga en su oportunidad a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que reconsidere e incremente las asignaciones presupuestarias para el año 2010 a estos programas de apoyo a los más pobres.

Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que se consideren de alta prioridad los programas de Diconsa, Liconsa y el Alimentario para Zonas Marginales, y se proponga un incremento a sus asignaciones presupuestarias para 2010, a cargo de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda , del Grupo Parlamentario del PRI

El 10 de septiembre apareció en los medios de comunicación la dramática información de que el presidente de Guatemala había decretado el estado de emergencia en ese país vecino, para hacer frente a la crisis alimentaria que ya había cobrado la vida de centenares de guatemaltecos, entre ellos 54 niños que murieron por hambre y desnutrición en los últimos días.

A esta grave noticia se suma la denuncia que hizo el director de la FAO, organismo especializado de las Naciones Unidas, de que más de mil millones de personas pasan hambre en el mundo. En lo que va de este año ya han muerto 340 mil personas por deficiencias alimentarias. Ha señalado también ese organismo internacional, que en muchos países en vías de desarrollo, la población no cuenta con los recursos económicos necesarios para tener acceso a los productos básicos que ya son artículos de lujo que van de-sapareciendo de la mesa de los pobres, mientras las cosechas campesinas están siendo siniestradas por una alarmante sequía, como no se había sentido en más de medio siglo.

Nuestro país no escapa a esta dura realidad. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, Coneval, organismo gubernamental, en México, sólo entre el 2006 y el 2008, los pobres alimentarios aumentaron de 14.4 a 19.5 millones, la mayoría de ellos en el sector rural, y 50.6 millones de personas están oficialmente debajo de la línea de pobreza, mientras las estructuras que la generan, no sólo no han sido tocadas sino se fortalecen con las políticas públicas que se orientan a las acciones asistencialistas en lugar de las actividades productivas que son las únicas que pueden vencer esa anomalía social de la sociedad.

Por eso he pedido la palabra para presentar este punto de acuerdo, compañeros diputados. Para manifestar mi inquietud acerca de este serio flagelo que es el hambre y que está tocando ya a las puertas de la nación. No tranquiliza la afirmación gubernamental de que en México no tendremos problemas de abasto y que la población más pobre tendrá acceso a los alimentos, cuando bien sabemos que, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del 2008, una familia pobre dedica 48.9 por ciento de su ingreso a la compra de alimentos, mientras al mismo tiempo desciende el poder adquisitivo de su salario. En 1982, con un salario mínimo se podía adquirir 94 por ciento de los productos que integran la canasta básica, mientras que durante el 2008, sólo se pudo comprar menos del 10 por ciento de esos productos.

Para asegurarse que no falten los alimentos en las zonas más pobres y marginales del país, se crearon programas de gran profundidad social como Diconsa y Liconsa y, el Programa Alimentario para Zonas Marginadas, entre otros. Liconsa hace llegar diariamente 4 millones trescientos mil litros de leche enriquecida a 6 millones de beneficiarios. Diconsa tiene una presencia en el 90.4 por ciento de los municipios del país, y en el 95 por ciento de los municipios indígenas, a través de más de 22 mil tiendas comunitarias, 272 almacenes rurales y 28 almacenes centrales. El Programa Alimentario para Zonas Marginadas opera en 31 estados de la república y, según la última información disponible, en el 2007 apoyó a 143 mil 423 hogares en extrema pobreza.

No me referiré en este punto de acuerdo a las deficiencias de estos programas que son innumerables, porque importa destacar la dimensión de su importancia social. Quizá vale la pena mencionar que ante el creciente deterioro de las tiendas comunitarias de Diconsa, van surgiendo por las sierras y pequeñas comunidades, miles de tiendas y decenas de grandes almacenes de empresas transnacionales claramente interesadas en ganar esos mercados de la pobreza.

Es verdad que golpea severamente una profunda crisis económica. Pero he preguntado con insistencia si en medio de ella no podríamos asegurar las reservas alimentarias del pueblo. Lo primero es la comida y la salud de la población. Me inquieta por eso que se le reduzca, en el proyecto de Presupuesto de Egresos enviado por el Ejecutivo federal, a Diconsa casi 200 millones de pesos de su presupuesto; a Liconsa 500 millones, y el Programa Alimentario para Zonas Marginadas, simplemente ya no aparece en el proyecto del Ejecutivo.

Señores legisladores: Estamos ante la gran oportunidad de servir a la causa de los pobres. Nos corresponde aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación. Estamos conscientes que la coyuntura económica que vive el país es delicada. Pero no será sacrificando la alimentación de los que tienen poco o nada como podremos salir adelante, sino entendiendo que es con ellos, con su decidida incorporación al desarrollo, como debemos encarar nuestro futuro como nación.

Por estas consideraciones me permito proponer el siguiente

Único . Pido a la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados, considere de alta prioridad los programas de Diconsa, Liconsa y el Programa Alimentario para Zonas Marginadas, y proponga en su oportunidad a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que reconsidere e incremente sus asignaciones presupuestarias para 2010.

Presidencia del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Diputada, a sus órdenes. Con qué objeto.

La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (desde la curul): Señor presidente, pido se me adhiera al punto de acuerdo que acaba de presentar la diputada, por favor.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto. Está a su disposición en la Secretaría.

Señoras, señores diputados: hemos llegado a más de cinco horas de trabajo en esta sesión y por acuerdo parlamentario se ha establecido que las sesiones no deben tener una duración mayor de cinco horas. En tales condiciones, estaríamos aplicando dicho acuerdo para estar en las condiciones de trabajo de manera permanente.

Por tal motivo, le pido a la Secretaría que lea el orden del día de la próxima sesión.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: «Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año de Ejercicio.--- LXI Legislatura.

Orden del día

Jueves 24 de septiembre de 2009.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica conmemorativa del 244 aniversario del natalicio del Generalísimo José María Morelos y Pavón, que tendrá lugar el 30 de septiembre a las 10 horas, en la Columna de la Independencia.

Comparecencia del ingeniero Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, en el marco del análisis del III Informe de Gobierno en materia de seguridad pública.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, secretaria.

LORENZO YERENA PEÑA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Les informo, señoras diputadas y señores diputados, que los temas que han quedado pendientes en esta sesión se verán en la siguiente, en el orden en que estaban establecidos. Asimismo, deseo transmitirles a ustedes una comunicación que nos hace presente el señor diputado Rafael Yerena Zambrano, que manifiesta un saludo respetuoso a todas y a todos ustedes, solicitando transmitamos su agradecimiento al pleno de esta Cámara por el noble gesto que tuvieron todos ustedes con el señor diputado Yerena Zambrano con motivo del fallecimiento de su padre, el señor Lorenzo Yerena Peña.

Al contrario, señor diputado, todo mundo estuvimos atentos. Reciba nuestras condolencias.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (a las 17:02 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana, jueves 24 de septiembre, a las 11 horas, en la que se llevará a cabo la comparecencia del ingeniero Genaro García Luna,secretario de Seguridad Pública. Se les informa que las listas de asistencia estarán disponibles a partir de las 9:30 horas.

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RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 6 horas 28 minutos
• Quórum a la apertura de sesión: 325 diputados
• Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado: 1
Oradores en tribuna: 73PRI-31 PAN-15 PRD-11 PVEM-3 PT-8 Nueva Alianza-3 Convergencia-2
• Se recibieron:
• 1 oficio del Congreso de Nuevo León, con el que remite acuerdo respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010;
• 10 iniciativas del PRI;
• 4 iniciativas del PAN;
• 2 iniciativas del PRD;
• 1 iniciativa del PVEM;
• 4 iniciativas del PT;
• 1 iniciativa de Nueva Alianza;
• 40 proposiciones con puntos de acuerdo;
• 1 excitativa a la Cámara de Senadores

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Aguirre Herrera, Ángel (PRI) Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 243
• Aguirre Maldonado, María de Jesús(PRI) Comisión Especial para la niñez, adolescencia y familias: 142
• Anaya Mota, Claudia Edith(PRD) Programas de apoyo a personas discapacitadas: 156
• Araujo Lara, Angélica del Rosario(PRI) Ley de Vivienda: 76
• Ávila Ruiz, Daniel Gabriel (PAN) Ley de Protección y Defensa al Usuario de los Servicios Financieros: 116
• Cárdenas Gracia, Jaime Fernando(PT) Auditoría Superior de la Federación: 175
• Cárdenas Gracia, Jaime Fernando(PT) Comparecencias servidores públicos: 215
• Cárdenas Gracia, Jaime Fernando(PT) Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica: 106
• Cárdenas Gracia, Jaime Fernando(PT) Reglamento que ordena el Rediseño y la Profesionalización, y que establece las Bases en materia de Austeridad, Racionalidad y Control del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Diputados: 93
• Caro Cabrera, Salvador(PRI) Estado de Jalisco: 195
• Carrillo Sánchez, José Tomas (PRI) Comisión Especial para el análisis y estudio de la problemática de la agroindustria azucarera: 184
• Castilla Marroquín, Agustín Carlos(PAN) Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones sobre la desaparición de menores que se encontraban en los albergues denominados Casitas del Sur, La Casita y Caifac: 259
• Contreras García, Germán(PRI) Ley General de Educación: 135
• Corral Jurado, Javier(PAN) Mina de Cobre Mexicana de Cananea, Sonora: 162
• Cuevas Barrón, Gabriela (PAN) Estatuto de Gobierno del Distrito Federal: 101
• Damián Peralta, Esthela(PRD) Distrito Federal: 202
• De la Torre Valdez, Yolanda (PRI) Estancias infantiles: 228
• Díaz de Rivera Hernández, Augusta Valentina(PAN) Sistemas de manejo ambiental: 247
• Díaz Salazar, María Cristina(PRI) Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 206
• Escudero Morales, Pablo(PVEM) Artículos 19 y 73 constitucionales - Código Penal Federal - Código Federal de Procedimientos Penales: 45
• García Almanza, María Guadalupe(Convergencia) Comisión Especial encargada del análisis y estudio de la problemática de la agroindustria azucarera: 182
• García Gómez, Martha Elena(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 240
• García Granados, Miguel Ángel(PRI) Ley Federal de Derechos: 133
• García Granados, Miguel Ángel(PRI) Ley que Crea el Fideicomiso que Administrara el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos: 130
• Gastélum Bajo, Diva Hadamira (PRI) Ley de Seguro Social: 137
• Guajardo Villarreal, Mary Telma(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 212
• Hernández Pérez, David(PRI) Instituto Nacional de Estadística y Geografía: 145
• Hernández Rodríguez, Héctor Hugo(PRD) Comisión Especial encargada de estudiar, analizar, evaluar y supervisar el funcionamiento de las aduanas, puertos y aeropuertos nacionales, en relación con la entrada de mercancía ilegal, el tráfico y contrabando de armas, estupefacientes y sustancias adictivas: 255
• Hernández Vallín, David (PRI) Artículo 69 constitucional: 114
• Herrera Chávez, Samuel(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 225
• Hurtado Leija, Gregorio(PAN) Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales: 81
• Ibarra Pedroza, Juan Enrique(PT) Estado de Jalisco: 191
• Izaguirre Francos, María del Carmen(PRI) Ley de Coordinación Fiscal: 124
• Jiménez León, Pedro(Convergencia) Ley que crea el Programa de Emergencia para el Estímulo del Empleo: 253
• Jiménez Merino, Francisco Alberto(PRI) Agave: 144
• Kahwagi Macari, Jorge Antonio(Nueva Alianza) Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación: 73
• Leyva Hernández, Gerardo(PRD) Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos: 90
• Lozano Herrera, Ilich Augusto(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 189
• Madrigal Díaz, César Octavio(PAN) Comisión Especial con la finalidad de dar cuenta de la problemática que aqueja a la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago: 187
• Mancillas Amador, César(PAN) Estado de Baja California: 153
• Martín López, Miguel(PAN) Administración pública en entidades federativas: 197
• Martínez González, Hugo Héctor(PRI) Comisión Especial de la Cuenca de Burgos y aprovechamiento del carbón mineral: 261
• Martínez Peña, Elsa María(Nueva Alianza) Centros Comunitarios de Atención a la Infancia en el Distrito Federal: 179
• Martínez Peñaloza, Miguel(PAN) Turismo: 238
• Melhem Salinas, Edgardo(PRI) Ley del Impuesto al Valor Agregado: 127
• Mendoza Arellano, Eduardo(PRD) Ley Federal de Reinserción Social: 31
• Moreno Terán, Carlos Samuel(PVEM) Mina de Cobre Mexicana de Cananea, Sonora: 159, 163
• Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, Porfirio Alejandro (PT) Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 50
• Pérez Cuevas, Carlos Alberto(PAN) Administración pública en entidades federativas: 201
• Pompa Corella, Miguel Ernesto(PRI) Comisión Especial para solucionar el conflicto laboral en la mina de cobre de Cananea, Sonora: 151
• Quezada Contreras, Leticia(PRD) Distrito Federal: 264
• Rábago Castillo, José Francisco(PRI) Calendario oficial: 218
• Ramírez Marín, Jorge Carlos(PRI) Estado de Jalisco: 197
• Ramírez Marín, Jorge Carlos(PRI) Mina de cobre Mexicana de Cananea, Sonora: 162
• Ramírez Marín, Jorge Carlos(PRI) Administración pública en entidades federativas: 201
• Ramírez Pineda, Narcedalia(PRI) Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010: 267
• Robles Medina, Guadalupe Eduardo(PAN) José Hernández Moreno - John Daniel Olivas: 231
• Rodríguez Sosa, Luis Félix(PRI) Comisión Especial de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar: 149
• Sánchez García, Gerardo(PRI) Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional: 236
• Santiago Ramírez, César Augusto(PRI) Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 24
• Saracho Navarro, Francisco(PRI) Ley de Coordinación Fiscal: 98
• Tamez Guerra, Reyes S.(Nueva Alianza) Virus de la influenza humana AH1N1: 193
• Valencia Vales, María Yolanda(PAN) Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación: 210
• Vázquez Camacho, María Araceli(PRD) Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: 233
• Vázquez González, Pedro(PT) Comisión Especial encargada de dar seguimiento a la correcta aplicación de los recursos del fideicomiso 2106: 204
• Vázquez González, Pedro(PT) Ley de Instituciones de Crédito: 119
• Vives Preciado, Tomasa(PAN) Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil: 27
• Yunes Zorrilla, José Francisco(PRI) Administración pública en entidades federativas: 201
• Zapata Bello, Rolando Rodrigo(PRI) Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación: 212
• Zetina Soto, Sixto Alfonso(PAN). Comisión Especial para el impulso y desarrollo de los festejos del bicentenario de la Independencia de México y del centenario de la Revolución Mexicana: 221