SUMARIO

ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de la Presidencia el resultado del registro de asistencia de las señoras diputadas y los señores diputados.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Pedimos a los diputados y a las diputadas que no han firmado la lista de asistencia que se sirvan pasar a hacerlo.

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 304 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (a las 11:19 horas): Se abre la sesión.

Respetuosamente se invita a todos los representantes de los medios de comunicación a que ocupen sus lugares para cumplir su tarea.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año de Ejercicio.--- LXI Legislatura.

Orden del día

Jueves 24 de septiembre de 2009.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica conmemorativa del 244 aniversario del natalicio del Generalísimo José María Morelos y Pavón, que tendrá lugar el 30 de septiembre, a las 10:00 horas, en la Columna de la Independencia.

Oficios de la Cámara de Senadores

Con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 17 y 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Carlos Sotelo García y suscrita por la senadora María Rojo e Incháustegui, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (Turno a Comisión)

Con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción I del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Carlos Jiménez Macías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y al titular de la Sagarpa a constituir el Programa Emergente para la Producción de Alimentos, presentada por el senador Arturo Herviz Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a integrar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 un fondo nacional de apoyo a becarios de estudios de postgrado en México y en el extranjero, presentada por el senador Carlos Lozano de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados a no aprobar en el paquete fiscal de 2010 un aumento a los depósitos en efectivo, presentada por la senadora Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados que reasigne recursos al Instituto Mexicano de Cinematografía y a los fideicomisos Fidecine y Foprocine para el ejercicio 2010, presentada por la senadora María Rojo e Incháustegui, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por los senadores Francisco Arroyo Vieyra, Ricardo García Cervantes, Carlos Sotelo García y Rubén Fernando Velázquez López, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados a no aprobar un impuesto de 4 por ciento a las telecomunicaciones, presentada por el senador Francisco Javier Castellón Fonseca y suscrita por los senadores Rubén Fernando Velázquez López, José Luis García Zalvidea, Carlos Sotelo García y Lázaro Mazón Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados a aprobar en el Presupuesto de Egresos para 2010 más recursos a la educación, con la finalidad de alcanzar paulatinamente el 8 por ciento del PIB nacional, presentada por la senadora independiente Irma Martínez Manríquez y suscrita por el senador independiente Fermín Trujillo Fuentes. (Turno a Comisión)

Comparecencia del ingeniero Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, en el marco del análisis del III Informe de Gobierno en materia de seguridad pública.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales y a sus municipios, al Gobierno del Distrito Federal y a sus delegaciones, así como a las diversas entidades públicas a aplicar medidas de austeridad y previsión, con el objeto de hacer frente, en términos de la ley a la obligación de pagar aguinaldos al personal correspondientes al ejercicio 2009, a cargo del diputado Pablo Rodríguez Regordosa , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México, a cargo del diputado Juan Carlos López Fernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la reclasificación de las tarifas eléctricas, a cargo del diputado Salvador Manzur Díaz , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a presentar conclusiones en favor de Teresa González y Alberta Alcántara, acusadas injustamente, al igual que Jacinta Francisco Marcial, para que el juez cuarto de distrito en materia penal del estado de Querétaro restituya la libertad corporal, reconozca la inocencia y se repare el daño ocasionado a estas mujeres, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SHCP y al director del Fideicomiso para el Rescate a Autopistas Concesionadas a anular la aplicación del incremento del 4.1% al peaje en la autopista del Sol, y a realizar un descuento de hasta el 50% en el tramo Chilpancingo-Acapulco, en el estado de Guerrero, a cargo del diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México, a cargo del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a y supervisar los resultados y avances del proyecto Aceite del Terciario del Golfo, en el paleocanal Chicontepec, a cargo del diputado Genaro Mejía de la Merced , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita se incluya a Ciudad Juárez, Chihuahua, como beneficiaria de los apoyos del Fondo Metropolitano en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 y subsecuentes, a cargo de los diputados Jaime Flores Castañeda , Adriana Terrazas Porras , Manuel Guillermo Márquez Lizalde , Alejandro Cano Ricaud , Graciela Ortiz González, Luis Carlos Campos Villegas , Guadalupe Pérez Domínguez , Maurilio Ochoa Millán y Héctor Agustín Murguía Lardizábal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se consideren mayores recursos financieros para el Programa de Nivelación Salarial de los Profesores de Educación Media Superior de la República Mexicana, a cargo del diputado Pedro Jiménez León , Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Agenda política

Comentarios sobre el Bordo Poniente, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Efemérides

Con motivo del aniversario luctuoso de Salvador Allende, a cargo del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles veintitrés de septiembre de dos mil nueve, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.

Presidencia del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 325 diputadas y diputados, a las 10 horas con 34 minutos del miércoles 23 de septiembre de 2009, el presidente declaró abierta la sesión.

En sendas votaciones económicas, la asamblea dispensó la lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior, y de la misma manera aprobó esta última.

Se recibió oficio del Congreso de Nuevo León, con el que remite acuerdo para que las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados, analicen y reconsideren la asignación presupuestal, establecida en el apartado Fondo Metropolitano dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integra la comisión, se conservará en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Se concedió el uso de la tribuna para presentar iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

Se recibió el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari , de Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Se concedió el uso de la tribuna para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

En tanto se integran las comisiones, se conservarán en la Dirección General de Proceso Legislativo.

Se recibió de la Junta de Coordinación acuerdo por el que se nombra a los Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral. De enterado. Comuníquese.

Se recibieron las siguientes proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

Se concedió el uso de la tribuna para presentar proposiciones con punto de acuerdo a los diputados:

Se aprobó en votación económica solicitud de la Junta de Coordinación Política para modificar el orden del día y sustituir la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del gobierno federal a efecto de que, a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes, de Turismo, y de Economía, así como del titular de la Comisión Nacional del Agua, se elabore un plan integral de reactivación económica para el estado de Oaxaca; y se concedió la palabra al diputado José Francisco Rábago Castillo , en nombre propio y de integrantes del Partido Revolucionario Institucional, para que presentara proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incorporar en el calendario oficial, a través de la Secretaría de Gobernación, el 11 de septiembre como Día de la Victoria del Pueblo de Tampico y del Ejército Mexicano sobre el Ejército de la Corona Española, y declararlo día de fiesta nacional.

Presidencia del diputado Felipe Solís Acero

Se turnaron a la Junta de Coordinación Política

Se recibió solicitud de excitativa del diputado Pedro Jiménez León , de Convergencia, a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Se excitó a la comisión mencionada para que se emitiera el dictamen correspondiente. Se concedió el uso de la tribuna para presentar proposiciones con punto de acuerdo a los diputados.

Presidencia del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña

La presidencia informó que el diputado Rafael Yerena Zambrano agradeció las expresiones de diputadas y de diputados con motivo del fallecimiento de su señor padre, el señor Lorenzo Yerena Peña, asimismo el presidente ofreció condolencias.

La secretaría dio lectura al orden del día de la próxima sesión.

El presidente clausuró la sesión a 17:02 horas y citó para la sesión que tendrá lugar el jueves 24 de septiembre de 2009, a las 11:00 horas, en la que se llevará a cabo la comparecencia de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada el acta.

Procedamos con el siguiente punto del orden del día, que es el de comunicaciones. De la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal.

SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: «Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 244 aniversario del natalicio del Generalísimo José María Morelos y Pavón, el próximo 30 de septiembre a las 10:00 horas, en la Columna de la Independencia, situada en Paseo de la Reforma y Río Tíber, delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Para asistir en representación de la Cámara se designa a los diputados Jeny de los Reyes Aguilar, César Daniel González Madrugay Emiliano Velázquez Esquivel, además de Avelino Méndez.

El diputado Pedro Vázquez González (desde la curul): Presidente, para proponer a la diputada Guadalupe Reyes.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto la consideramos en la comisión. Continuamos con los oficios. De la Cámara de Senadores.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Carlos Sotelo García y María Rojo e Incháustegui, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 17 y 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

«Iniciativa de decreto que reforma y adiciona los artículos 17 y 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a efecto de establecer que el estímulo fiscal al cine no constituye un ingreso acumulable.

Los que suscriben, senadores Carlos Sotelo García y María Rojo e Incháustegui, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que les otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante la honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, iniciativa de decreto que reforma y adiciona los artículos 17 y 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a efecto de establecer que el estímulo fiscal al cine no constituye un ingreso acumulable, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La protección y promoción de las industrias culturales son temas estratégicos para el país: construyen la identidad nacional y aportan al desarrollo económico. Son recursos igualmente trascendentales para la comunicación y participación de la ciudadanía.

En particular, la cinematografía es una actividad cultural y educativa prioritaria para el desarrollo de México y, a la vez, es industria con potencial para producir una importante derrama económica y una significativa fuente generadora de empleos directos e indirectos; al tiempo que se constituye en un medio de comunicación que refleja la identidad e idiosincrasia de nuestro pueblo.

Sin embargo, el eslabón inicial de la industria cinematográfica mexicana (el de la producción) afronta debilidades estructurales; entre otras, la baja capacidad desde el punto de vista de la oferta, los necesarios altos capitales de riesgo y limitada expectativa de obtención de márgenes de utilidad, el intrincado acceso al crédito preferencial y al sistema de garantías, la sujeción a altos costos financieros, la dificultad de constitución empresarial para esta actividad encargada de congregar y organizar un conjunto de creaciones, recursos y necesidades logísticas.

En los eslabones siguientes de la cadena se dan también graves elementos perturbadores: las distribuidoras y exhibidoras de películas no tienen interés en promover las producciones mexicanas, enfocadas como están en sacar jugosas ganancias de las cintas estadunidenses. Es por ello que piden pocas copias de filmes nacionales, les dan escasa publicidad y los exhiben en salas lejanas, lo que inhibe al espectador.

No existe una infraestructura industrial accesible a la cinematografía mexicana, no existen cadenas ni medios de distribución adecuados, el cine mexicano se produce en difíciles condiciones y, no obstante, las películas tienen un alto valor.

Lo más lamentable es que México cuenta con todos los elementos para lograr una cinematografía pujante: además del talento y la gran tradición fílmica del país, el mercado es muy rentable, con sólida asistencia a las salas.

Con más de 5 mil pantallas, México ocupa el quinto lugar mundial en asistencia de público a sus salas con 182 millones de boletos vendidos y el décimo tercero en recaudación de ingresos en taquilla, con alrededor de 7 mil millones de pesos.

No obstante, de los 165 millones de boletos que se venden cada año en el territorio nacional, sólo el cinco por ciento de ellos toca a la exhibición de películas hechas por cineastas mexicanos.

Se estima también que el mercado cinematográfico, tan sólo en su sector primario (ingresos en salas cinematográficas, dulcería, comisión por estacionamiento, etcétera) puede valer 10 mil millones de pesos; o sea, sin contabilizar el volumen que representa su distribución y promoción en otras ventanas como el DVD y la televisión abierta y de paga.

Por esto, resulta inconcebible que desde el Ejecutivo federal no se vislumbre que una política pública adecuada de fomento al cine produciría enormes beneficios para el país: actualmente, el sector de la cultura aporta 7 por ciento del PIB, porcentaje que aumentaría considerablemente con una industria cinematográfica sana y vigorosa.

Inmersa así en una absurda ausencia de políticas públicas para su promoción, en la década pasada, la industria cinematográfica nacional estuvo al borde de la extinción. En 1977 se produjeron sólo 9 películas, la cifra más baja en 65 años, cuando en la denominada época de oro producía un promedio de 122 películas al año que se exhibían en toda América Latina.

Como respuesta, aunque tardía, en 1998, el Estado mexicano creó el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (Foprocine) y, en 2001, el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), fideicomisos de apoyo a un cine de arte y documentales, el primero, y de un buen cine comercial, el segundo. Empero, durante los años subsecuentes, quedó evidenciada la insuficiencia de las aportaciones fiscales que se canalizaron al sector, por medio del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), del Foprocine y del Fidecine.

Asimismo, en esa etapa, el capital privado nacional observó con desaliento por un mercado que aunque potencialmente rico en oportunidades, no ofrecía incentivos fiscales como en las industrias similares en el extranjero.

Atendiendo a esta difícil situación de la industria cinematográfica, el 11 de noviembre del 2004 el Congreso de la Unión aprobó una adición al artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, consistente en otorgar un estímulo fiscal para proyectos de inversión productiva por las inversiones en la producción cinematográfica nacional, hasta por un monto de 500 millones de pesos, a las personas físicas o morales, con independencia de la actividad que desempeñen, por los proyectos de inversión productiva que realicen en el ejercicio fiscal correspondiente.

Pero a pesar que la adición a la Ley del Impuesto sobre la Renta recogió la voluntad unánime de todos los partidos políticos representados en el Congreso y recibió el beneplácito de amplios sectores sociales que vieron en ella un paso fundamental para recuperar el papel del Estado en el fomento de la cultura nacional, por una actitud negativa e ilegal de las autoridades hacendarias, el artículo 226 ha presentado difíciles problemas en su aplicación para la comunidad cinematográfica y los potenciales inversionistas.

En principio, el Servicio de Administración Tributaria pretendió hacer nugatorios los beneficios del estímulo fiscal mediante la dilación en la publicación de las reglas de operación, lo que hizo ineficaz la aplicación del recurso por parte de los Comités Técnicos del Fidecine y del Foprocine, en términos de sus respectivas competencias y en base a sus reglas de operación e indicadores de gestión y evaluación.

Al mismo tiempo, la norma contenida en el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, desde su instauración 1 de diciembre del 2004, y su correspondiente reforma, en diciembre del 2005, fue objeto de innumerables interpretaciones contradictorias tanto por parte de las autoridades fiscales, como por parte de los órganos técnicos encargados de su aplicación, que hicieron prácticamente inaplicable la disposición, ya que el Servicio de Administración Tributaria no definió a lo largo de dos años, contra qué actividades se debía acreditar el 10 por ciento del impuesto sobre la renta.

Como respuesta a esta resistencia de parte de las dependencias del Ejecutivo federal para aplicar el incentivo fiscal, el 28 de noviembre de 2006, senadores de la República de los distintos grupos parlamentarios presentamos iniciativa de decreto para efectuar la interpretación auténtica del primer párrafo del artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Estableciendo que en el texto del primer párrafo del artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2005, y en vigor a partir del 1 de enero de 2006, la voluntad y espíritu del legislador fue

Y el 7 de diciembre de 2006, también senadores de los distintos grupos parlamentarios, presentamos otra iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar nuevamente el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El objeto de dicha iniciativa fue eliminar la ambigüedad en la interpretación de la norma mencionada, y estar en consecuencia, en plena aptitud de aplicar el recurso establecido en la ley, por la vía de inversiones a los productos cinematográficos que sean calificados por los Comités respectivos, brindando así plena seguridad jurídica a los posibles inversionistas, para evitar colocarlos en estado de indefensión ante las amenazas de las autoridades fiscales por una interpretación adversa al espíritu de la ley en ese momento vigente, y por ende, de correr el riesgo de incurrir en inversiones poco seguras y sujetas a los procedimientos de fiscalización respectivos y la imposición de sanciones administrativas que deriven de tales procedimientos.

También, con el objeto de no dejar en estado de indefensión a los inversionistas que participaron en los más de cuarenta proyectos cinematográficos en 2006, ante la posible interpretación adversa de la disposición vigente en ese momento por parte de las autoridades, en la iniciativa se estableció una disposición transitoria, con la finalidad de hacer retroactiva en beneficio de los contribuyentes, el nuevo texto de la disposición.

Por tanto, aprobada la iniciativa y publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma, en el texto vigente del artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta quedaron establecidas con precisión las características legales del estímulo fiscal a proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional:

De esta manera, con la aprobación de esa iniciativa de dejó perfectamente claro que los contribuyentes del impuesto sobre la renta que sean residentes en México, ya sean personas físicas o morales, sin perjuicio que se dediquen a otra actividad que no sea la industria cinematográfica, y que aporten en efectivo un monto que no exceda del 10 por ciento del impuesto sobre la renta pagado en el ejercicio inmediato anterior, y que no sea superior a los 50 millones de pesos, podrán acreditar dicho monto contra el impuesto sobre la renta a pagar en el ejercicio en que se efectúe la aportación correspondiente.

Sin embargo, aún cuando el contenido normativo del artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta fue establecido de manera muy precisa, hoy nuevamente las autoridades fiscales hacen una interpretación ilegal para aplicarlo, que pone en riesgo la misma vigencia y la futura aplicación del estímulo fiscal al cine mexicano.

El 12 de diciembre de 2008, el Servicio de Administración Tributaria dio a conocer a través de su sitio de Internet el criterio normativo 2/2008/ISR2, en cuyo texto, bajo el título ``Los estímulos fiscales constituyen ingresos acumulables para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta'', se señala:

De ahí que según el erróneo criterio del Servicio de Administración Tributaria (SAT), al constituir el estímulo fiscal a proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional un ingreso en crédito y no encontrarse exceptuado en el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el estímulo fiscal al cine debe considerarse un ingreso acumulable para efectos del ISR. Porque según la apreciación del SAT el estímulo fiscal a proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional siempre modifica positivamente el patrimonio de los contribuyentes que lo aplican, pues disminuye la cuantía del ISR a pagar y, de esta manera, extingue parcialmente la obligación de pagar del ISR del ejercicio.

Es absolutamente ilegal esta interpretación. Del mismo texto del artículo 226 se desprende que el estímulo fiscal a la producción cinematográfica no es de pleno derecho un impuesto acumulable para el que lo utiliza, sino hasta que modifique positivamente su patrimonio.

Quien recibe el estímulo y lo acredita contra el impuesto sobre la renta a su cargo, no está recibiendo de inmediato ningún incremento patrimonial, porque si bien es cierto que cubre menos impuesto; también es cierto que tuvo que erogar obligatoriamente el importe de la misma cantidad ahorrada en la inversión efectuada en la obra cinematográfica.

No hay ninguna duda, el estímulo fiscal al cine es de los que están condicionados a erogar la misma cantidad ahorrada fiscalmente, por lo que de inmediato no puede considerarse un ingreso acumulable para efectos del impuesto sobre la renta.

Asimismo, la interpretación que pretende la Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria, violenta la esencia, naturaleza y finalidad jurídicas de los estímulos fiscales. Efectivamente, como acertadamente los establecen las licenciadas María Fernanda Cervantes Estrada y Gabriela Valencia Ayala, un subsidio es un apoyo de carácter económico que el Estado concede a las actividades productivas de los particulares con fines de fomento durante períodos determinados.

Los estímulos fiscales, además de ser benéficos para el sujeto pasivo, se emplean como instrumentos de política financiera, económica y social en aras de que el Estado, como rector en el desarrollo nacional, impulse, oriente, encauce, aliente o desaliente algunas actividades o usos sociales, con la condición de que la finalidad perseguida con ellos sea objetiva y no arbitraria ni caprichosa, respetando, asimismo, los principios de justicia fiscal que les sean aplicables cuando incidan en los elementos esenciales de la contribución, como sucede en el impuesto sobre la renta en el que el estímulo puede revestir la forma de deducción que el contribuyente podrá efectuar sobre sus ingresos gravables, una vez cumplidos los requisitos previstos para tal efecto.

De esta manera, como estímulo fiscal, el estímulo fiscal a proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional constituye una ayuda económica que otorga el legislador a aquellos contribuyentes del impuesto sobre la renta, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se trate, aporten a proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional, contra el impuesto sobre la renta o el impuesto al activo que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se determine el crédito.

Este apoyo económico no desaparece la obligación tributaria, sino que tiene como efecto que sea el Estado quien absorba la carga fiscal. Lo que se entiende y justifica en virtud de que con la instauración de dicho estímulo fiscal se busca la consecución de un fin parafiscal específico, que consiste en la promoción y desarrollo de la industria cinematográfica nacional.

El hecho de que el Estado asuma la obligación impositiva del beneficiario del estímulo fiscal a proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional, implica que el contribuyente pueda aplicarlo en contra del impuesto sobre la renta a su cargo y por ende que este último se vea disminuido. Esto en concordancia con el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que los estímulos fiscales pueden traducirse en un impuesto negativo o en un no pago del impuesto a cargo.

En consecuencia, resultaría contrario al espíritu de la ley que si la aplicación del estímulo fiscal a proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional se traduce en una disminución del impuesto a cargo de los contribuyentes o en un no pago del impuesto, también sea considerado simultáneamente como un ingreso acumulable para efectos del Impuesto sobre la Renta.

La intención de considerar el estímulo fiscal a proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional como un ingreso acumulable implicaría que el estímulo deje de ser un beneficio para los contribuyentes que aportan para el desarrollo del cine mexicano, puesto que por un lado, el Estado no estaría asumiendo la carga contributiva respectiva y, por otro, el contribuyente no vería reflejada la disminución del impuesto correspondiente.

Es evidente, bajo ningún criterio de interpretación, el estímulo fiscal al cine establecido en el artículo 226 debe ser considerado un ingreso acumulable para efectos del Impuesto sobre la Renta. No obstante, la interpretación que se pretende en la Secretaría de Hacienda, se traduciría en que los contribuyentes que aportaran a un proyecto cinematográfico para acreditar 20 millones de pesos tendrían que desembolsar el 28 por ciento adicional, que equivale a erogar 5.6 millones de pesos, lo que indudablemente implicará la disminución sustancial del número de empresas dispuestas a utilizar el estímulo fiscal este año, produciendo un daño irreversible para la industria cinematográfica.

La experiencia de los años recientes y las cifras del Imcine demuestran que aún con las grandes dificultades que hubo que superar para lograr su instrumentación y aplicación, el estímulo fiscal a proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional ha sido trascendente para la industria cinematográfica. En el mismo 2007, la producción de películas mexicanas aumentó a 70 largometrajes, de las cuales 41 fueron apoyadas por el Estado, la cifra más alta de los 18 años anteriores.

Respecto a la exhibición, en 2007, se estrenaron 43 películas mexicanas de las cuales 34 fueron apoyadas por el Estado. La asistencia al cine nacional fue 13.4 millones de asistentes, la cifra más alta en los 5 años anteriores, con un ingreso de 500 millones de pesos.

En 2008, la producción de películas mexicanas también fue de 70 largometrajes, de las cuales 57 fueron apoyadas por el Estado. En relación con la exhibición, en 2008, se estrenaron 49 películas mexicanas de las cuales 38 fueron apoyadas por el Estado. La asistencia al cine nacional fue 13.3 millones de asistentes, con un ingreso de 533 millones de pesos.

De acuerdo con estimaciones también del Imcine, los 500 millones de pesos del estímulo fiscal a proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional han tenido un efecto multiplicador en más de 2500 millones de pesos en la economía cinematográfica. Además, la inversión cinematográfica genera empleos directos e indirectos.

Atendiendo a información estadística del Imcine, los proyectos cinematográficos apoyados por el estímulo fiscal a proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional del 2006 al 2008 han generado al menos 17 mil 500 empleos directos, sólo en el proceso de producción de la película, aparte de los empleos y beneficios económicos indirectos que conlleva la realización de un filme. Cifras que no consideran la distribución y exhibición cinematográfica, que representa la mayor proporción del ingreso de la industria.

Del mismo modo, con datos duros del Fidecine, se demuestra que todo lo que el Estado ha invertido en apoyo a la producción cinematográfica, ha sido recuperado vía de impuestos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otro de los efectos positivos de la aplicación del estímulo fiscal a proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional es la formación de nuevas sinergias en el sector cinematográfico con empresas privadas, pues corporaciones que participan en el financiamiento de proyectos cinematográficos han utilizado sus diferentes nichos de mercado para promocionar el cine mexicano. Además de que ha logrado incorporar nuevos sectores productivos a la inversión cinematográfica y ha aumentado la participación de los inversionistas privados.

Por ello, en aras de preservar y mantener todos los efectos positivos y multiplicadores producidos por el estímulo fiscal a proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional a favor no sólo de la industria cinematográfica sino de la cultura y de la economía nacionales, resulta urgente reformar y adicionar los artículos 17 y 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para establecer de manera expresa en el texto legal que el estímulo fiscal al cine no constituye un ingreso acumulable para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

En este orden, conforme al contenido de la iniciativa, se proyecta estatuir en el párrafo segundo del artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que para efectos del título relativo, no se consideran ingresos los que obtenga el contribuyente por la disposición del estímulo fiscal a la producción cinematográfica.

Asimismo, se propone adicionar el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta con el siguiente contenido normativo

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de

Decreto que reforma y adiciona los artículos 17 y 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Único. Se reforman y adicionan los artículos 17 y 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como siguen:

Artículo 17. Las personas morales residentes en el país, incluida la asociación en participación, acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. El ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas.

Para los efectos de este título, no se consideran ingresos los que obtenga el contribuyente por aumento de capital, por pago de la pérdida por sus accionistas, por primas obtenidas por la colocación de acciones que emita la propia sociedad o por utilizar para valuar sus acciones el método de participación ni los que obtengan con motivo de la revaluación de sus activos y de su capital o por la disposición del estímulo fiscal a la producción cinematográfica.

Las personas morales residentes en el extranjero, así como cualquier entidad que se considere como persona moral para efectos impositivos en su país, que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país, acumularán la totalidad de los ingresos atribuibles a los mismos. No se considerará ingreso atribuible a un establecimiento permanente la simple remesa que obtenga de la oficina central de la persona moral o de otro establecimiento de ésta.

No serán acumulables para los contribuyentes de este título, los ingresos por dividendos o utilidades que perciban de otras personas morales residentes en México. Sin embargo, estos ingresos incrementarán la renta gravable a que se refiere el artículo 16 de esta ley.

Artículo 226. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se trate, aporten a proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional, contra el impuesto sobre la renta o el impuesto al activo que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se determine el crédito. Este crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. En ningún caso, el estímulo podrá exceder del 10 por ciento del impuesto sobre la renta a su cargo en el ejercicio inmediato anterior al de su aplicación.

Los contribuyentes podrán acreditar el importe del estímulo fiscal contra los pagos provisionales del impuesto sobre la renta.

Cuando dicho crédito sea mayor al impuesto sobre la renta o al impuesto al activo que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la diferencia que resulte contra el impuesto sobre la renta o el impuesto al activo que tengan a su cargo en los diez ejercicios siguientes hasta agotarla.

Los contribuyentes que consolidan su resultado fiscal, estarán a lo siguiente: a) La sociedad controladora podrá acreditar el estímulo fiscal aplicado por cada una de las sociedades controladas o por ella misma, contra el impuesto sobre la renta consolidado del ejercicio, en la participación consolidable; b) La participación consolidable será la que se determine conforme a los dispuesto por el artículo 68 de esta ley; c) El monto del estímulo fiscal acreditado por la sociedad controladora no podrá exceder del importe que cada una de las sociedades controladas, que hayan tenido derecho al mismo, apliquen de manera individual en cada ejercicio, en la participación consolidable, ni del impuesto sobre la renta consolidado del ejercicio.

Para los efectos de este artículo, se considerarán como proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional, las inversiones en territorio nacional, destinadas específicamente a la realización de una película cinematográfica a través de un proceso en el que se conjugan la creación y realización cinematográfica, así como los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para dicho objeto.

Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, se estará a lo siguiente:

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2010.

Segundo. Las personas físicas o morales que hayan efectuado inversiones utilizando el estímulo fiscal a la producción cinematográfica durante el ejercicio de 2009, podrán aplicar para el ejercicio fiscal de 2009, lo dispuesto en el presente decreto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Carlos Jiménez Macías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan cuatro párrafos a la fracción I del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

«Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción I del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del senador Carlos Jiménez Macías, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Carlos Jiménez Macías, senador de la República a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan cuatro párrafos a la fracción I del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La práctica altruista de la donación en tiendas comerciales de autoservicio o en cajeros automáticos de las instituciones financieras del país, conocida popularmente como ``redondeo'', es un ejemplo de la creciente alianza entre empresas y organizaciones civiles de asistencia social para cumplir con el objetivo principal de estas últimas de acercar recursos a los sectores más vulnerables que requieren de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

Esta práctica de solidaridad ciudadana ha venido asentándose cada vez más como una forma ágil, consistente y duradera para recaudar recursos económicos de carácter privado, al grado tal que las organizaciones civiles de socorro social han encontrado en ella un nicho importante de financiamiento para el cumplimiento de sus fines.

Así, vemos un cúmulo de asociaciones de asistencia privada, fundaciones y otras similares que a través de programas como el Teletón, Bécalos, Compu-redondeo, Un Kilo de Ayuda, Del Amor Nace la Vista y otros más, realizan campañas intensas, muchas de ellas permanentes, de recaudación entre la población en general a través de la figura del ``redondeo'', cuyos recursos obtenidos representan una buena parte de los aproximadamente 40 mil millones de pesos que en 2006 los ciudadanos, fundaciones y empresas aportaron como donativos a las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles de impuestos, según un informe del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

El programa de ``redondeo'', como su nombre lo dice, consiste en redondear las cuentas de los clientes para ser donadas a favor de una causa de beneficencia determinada: becas para estudiantes de escasos recursos económicos; alimentos básicos a familias en situación de pobreza y pobreza extrema; computadoras para aulas, especialmente de zonas rurales; tratamiento y aparatos ortopédicos para niños con problemas de discapacidad o necesidades especiales; en general, para la atención de personas en situación de riesgo o afectadas por desnutrición; deficiencias en su desarrollo físico o mental; maltrato, abuso o abandono; por encontrase en situación de calle; ser víctimas de tráfico de personas, pornografía y comercio sexual; infractores y víctimas de delito; mujeres en estado de gestación y lactancia; adultos mayores en desamparo, entre otras vulnerabilidades más.

Sin duda que este esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil de asistencia social es loable y digno de reconocerse por la función que persiguen, pues no podemos dejar de reconocer que cuando una sociedad civil se organiza debidamente puede verdaderamente obtener mucho en beneficio de los que menos tienen.

Desafortunadamente, hay instituciones que no llevan en sus procesos de recaudación medidas que permitan transparentar sus actos, lo que provoca descredito para el resto de las asociaciones que ven en este ejercicio una buena estrategia para hacerse llegar de recursos y ayudar así a los más desamparados. Pero más importante aún, generan un desaliento entre la población en general que dona aunque sea unos centavos de su gasto diario en apoyar estas campañas de beneficencia social.

Efectivamente, son numerosas las voces en la sociedad que se han manifestado en contra de estas prácticas que en la mayoría de las veces no se realizan con ánimo altruista, sino más bien de forma inducida, casi forzada; y cada vez son más los proveedores de productos o servicios que ``invitan al redondeo'' por intermediación de ellos, sin que trabajen directamente con los grupos en situación de vulnerabilidad, dedicándose en todo caso a apoyar la labor de las organizaciones civiles que se ocupan de estos grupos.

Se ha observado en algunas oportunidades que quienes organizan distintas colectas con fines determinados, muchas veces al entregar a sus destinatarios las cosas o bienes que reciben lo hacen en nombre propio, es decir, sin especificar el origen de los bienes donados, con lo cual la irregularidad del acto queda sin ser detectada.

Peor aún, se tiene la sospecha de que muchas veces estas empresas los deducen de impuestos como si fueran recursos propios.

Por si esto fuera poco, cuando en la tienda de autoservicio solicitamos un recibo deducible de impuestos de la donación realizada, la respuesta inmediata que recibimos es la devolución al momento de los centavos o pesos donados sin que se molesten siquiera en dar al donante la información suficiente sobre dónde y cómo obtener el recibo correspondiente.

Es verdad que ninguna empresa propietaria de tiendas de autoservicio o instituciones financieras está exenta de que las organizaciones civiles de asistencia social a quienes apoyan hagan mal uso de los recursos que recolectan para ellos, como tampoco estas últimas están libres de que las intermediarias en la captación de los donativos los deduzcan como propios, haciendo ``caravana con sombrero ajeno'' --como dice el dicho--, pero ello no exime que en sus procesos de recolección no implanten procedimientos que transparenten la recepción, uso y destino de los recursos que les han sido donados.

Es así que el presente proyecto de reformas que hoy pongo respetuosamente a la consideración de esta soberanía, tiene como finalidad acabar con los excesos y abusos, por un lado, así como con los privilegios, por el lado opuesto, de los que gozan algunas empresas que haciendo uso de prácticas como el redondeo permiten la evasión fiscal, la triangulación o la desviación de los recursos captados, buscando así con esta iniciativa regular la donación de cosas y bienes o ambos, que se reciben por parte de terceras personas, a través de campañas de donación creadas y operadas por organizaciones civiles de asistencia social con el apoyo de tiendas de autoservicio o instituciones financieras.

Con ella se pretende que quienes organizan con fines benéficos y altruistas campañas de redondeo a favor de las distintas organizaciones civiles de asistencia social legalmente constituidas, llámense asociaciones civiles, fundaciones, patronatos, asociaciones de asistencia privada, sociedades civiles y, en general, de todas aquellas organizaciones donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles, registrarán en el comprobante simplificado o nota de venta respectiva la cantidad donada y la denominación o razón social de la entidad beneficiaria.

Con la reforma a la fracción I del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se propone, los establecimientos que presten servicios o enajenen productos estarán obligados a registrar por separado en su contabilidad los recursos obtenidos por virtud de la campaña de donación realizada, de los que informarán al Servicio de Administración Tributaria a más tardar el 15 de febrero de cada año.

Se prevé asimismo que cuando estos establecimientos que organizan campañas de redondeo entreguen los recursos obtenidos por virtud de la campaña de donación, exigirán a la organización civil de asistencia social beneficiaria el recibo correspondiente, la que en todo caso estará obligada a expedirlo a nombre del público en general.

Siguiendo una preocupación de usuarios de cajeros automáticos de bancos o instituciones financieras que al realizar operaciones ``donan'' por error cierta cantidad a favor de algún programa altruista, sin haber tenido plena conciencia de la operación realizada, se propone se establezca en la ley que toda donación del público en general esté sujeta a aclaración, de conformidad con las reglas que para el efecto determine el Sistema de Administración Tributaria.

Luego entonces, aquellas personas que hayan contribuido para llevar adelante el fin propuesto, podrán enterarse con certeza cuánto y a quién han sido entregado los recursos donados por terceros, esencialmente particulares, y que han suministrado para llevar a cabo con éxito la loable campaña de beneficencia social.

Si bien es cierto que debemos estimular el que organizaciones y entidades de distintos tipos de asistencia social lleven a cabo campañas de donación a favor de aquellos que más lo necesitan, a través de la figura del redondeo, como por ejemplo, también es cierto que se debe dotar a estas prácticas de un marco regulatorio para evitar anomalías y opacidades, previniendo con ello la evasión fiscal a partir de la triangulación de utilidades de las empresas.

En ese contexto, es necesario sujetar los donativos obtenidos a un régimen más transparente. Si exigimos que tanto los establecimientos que realizan las campañas de donación como las organizaciones de asistencia social beneficiarias de las mismas informen clara y oportunamente acerca de la recepción, uso y destino de los recursos recolectados por virtud de las campañas de redondeo, se promovería mucho más la cultura de la donación al generar confianza entre la población acerca del uso que a sus contribuciones se les está dando, con lo que se estaría legitimando mucho más sus acciones.

La transparencia y la rendición de cuentas debe ser un principio fundamental en este tipo de prácticas altruistas. Mientras más información ofrezcan las organizaciones civiles de asistencia social sobre sus actividades, resultados y fuentes de financiamiento, la ciudadanía tendrá mayor confianza y participará mucho más activamente, lo que contribuirá a que existan más donantes informados y comprometidos con las organizaciones que buscan el desarrollo social de México.

No está por demás advertir que, por desconfianza, a la sociedad no le gusta invertir ni dar donativo alguno sino sabe a ciencia cierta a dónde va a parar su dinero. No saben si ese donativo es realmente para ayudar a un niño o grupo de niños en situación de vulnerabilidad o ha sido desviado para otros fines; y es aquí precisamente en donde la transparencia debe hacerse presente para que la organización civil y la tienda, establecimiento o institución financiera participante de la campaña de redondeo rindan cuentas sobre los donativos recolectados y sobre su uso y destino final.

Como ejemplo de ello, permítanme citar un estudio que el ITAM presentó en marzo 2005, del que se observa que un 74 por ciento de los mexicanos tiene poca o nula confianza en el sector de la filantropía; del que podemos ver también que un 79 por ciento prefiere dar su apoyo directo a una persona necesitada que a una institución legalmente constituida y autorizada para recibir donativos deducibles, y solo un 13 por ciento a una institución.

Esta desconfianza ha dado como resultado la creencia generalizada, muchas veces injustificada, pero desconfianza al fin y al cabo, de que los recursos obtenidos por virtud de campañas de donación a través de la práctica del redondeo son utilizados para fines distintos para los que fueron solicitados.

El espíritu de esta reforma es justamente asegurar que las campañas de donación se realicen en un marco de plena transparencia y rendición de cuentas, que además brinde total certidumbre al donante de que sus recursos y bienes o ambos, son utilizados correctamente en la causa para los que fueron otorgados.

No deseo pase por desapercibido el hecho de que la presente iniciativa no tiene en ningún momento como finalidad limitar o acotar las prácticas filantrópicas bajo los mecanismos tradicionales de financiamiento, como en todo caso lo es el redondeo. Por el contrario, se trata de que se conozca con claridad el origen de los recursos provenientes de donativos, así como que éstos lleguen en tiempo y forma a sus destinatarios, y no sea un pretexto para que las grandes empresas utilicen la buena voluntad de la sociedad con el fin de evitar el cumplimiento de una obligación fiscal, como lo es el contribuir a los gastos públicos.

Lejos de ello, el debate central debe estar en cómo generar movimientos solidarios y de apoyo a las causas que defienden las organizaciones de la sociedad civil, en este caso de las de asistencia social, sostenidas en mayor medida por las aportaciones ciudadanas, con lo que dejaríamos atrás la cultura paternal y omnipresencia del Estado. Esto significa que las organizaciones de la sociedad civil pueden dar a conocer sus acciones y la eficacia de su trabajo apoyándose en instrumentos de transparencia y rendición de cuentas, con lo que estarían contribuyendo a generar una cultura de la solidaridad por los caminos institucionales, como en todo caso lo es la creación y el crecimiento de fundaciones y patronatos de asistencia privada que, sin duda alguna, fomentan el desarrollo, coadyuvan a disminuir las desigualdades y promueven mejores niveles de bienestar social.

Creemos que de aprobarse esta iniciativa estaríamos logrando, primeramente, sacar del ambiente hostil en que se encuentra actualmente la práctica altruista del redondeo, debido a la desconfianza que le gente tiene sobre ella, estableciendo mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas a fin de fomentar relaciones de confianza y participación; pero también estaríamos consiguiendo que las organizaciones sociales autorizadas para recibir donativos deducibles salgan más que fortalecidas, pues obtendrían un mecanismo asegurado de financiamiento, debidamente regulado por supuesto, para poder cumplir la difícil labor que realizan, que es el ayudar a los sectores más vulnerables del país.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se adicionan cuatro párrafos a la fracción I del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

``Artículo 31. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

PROGRAMA EMERGENTE PARA LA PRODUCCION DE ALIMENTOS

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a usted que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Arturo Herviz Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a constituir el Programa Emergente para la Producción de Alimentos.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

«El suscrito, Arturo Herviz Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Senado de la República, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 67, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a constituir el Programa Emergente para la Producción de Alimentos al tenor de las siguientes

Consideraciones

Para el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa no es un problema de seguridad nacional la crisis alimentaria que se presentan en países con un alto nivel de pobreza como México; los precios de los productos básicos hoy son manipulados por los países ricos: algunos alimentos básicos han ido en aumento, aún cuando no existen indicios de un incremento de la demanda.

Esta crisis alimentaria fue anunciada por los legisladores que se opusieron a que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari incluyera el Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los resultados están a la vista; hoy la mayoría de los productos básicos que comemos los mexicanos los importamos de Estados Unidos de América.

Recientemente el Banco Mundial anunció que la crisis alimentaria provocó un incremento de 100 millones de pobres, diez millones de estos pobres son de países latinoamericanos, según datos proporcionados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Los organismos como el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y la mayoría de los gobiernos ricos impusieron la industrialización de la agricultura con la liberación de los mercados que se rigen por la competencia y la especulación, destruyeron en los últimos 25 años las bases de la seguridad alimentaria de América Latina.

La crisis alimentaria se agudizará por el problema de la sequía que se presenta en diversas regiones del mundo. En México, el 2009 es el primer aviso de este fenómeno, producto del cambio climático, otro factor que impactará en la manipulación de los precios de los productos básicos es el problema de la escasez del agua.

La sequía ha afectado en México aproximadamente 1.5 millones de hectáreas, de las cuales 850 millones están comenzando a recibir apoyos del gobierno federal, 329 mil fueron decretadas como pérdida total. Los principales productos afectados por la falta de lluvias son maíz, con 500 mil hectáreas; sorgo, con 250 mil hectáreas; trigo, 40 mil hectáreas; y frijol 50, mil hectáreas.

Hoy la alimentación de los mexicanos depende de las empresas transnacionales como Cargill y Monsato, organismo que imponen y manipulan el mercado interno de los productos básicos, teniendo como aliados a las empresas mexicanas productoras de alimentos como Bimbo, Maseca, Minsa, ADN, entre otras.

El gobierno de Felipe Calderón debe de investigar a estos consorcios empresariales que manipulan y especulan el mercado interno y los precios internacionales de los alimentos; esto es resultado del desmantelamiento de las agencias y empresas como Conasupo. La liberación de los precios de los alimentos en México ha provocado que la pobreza se incremente y que empresas como Cargill, Monsato, Bimbo, Maseca, Minsa, ADN, entre otras, incrementen sus millonarias ganancias.

Por todo esto, el Estado mexicano deberá declarar como un problema de seguridad nacional la crisis alimentaria e incluir en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 recursos suficientes para reactivar el mercado interno en la producción de los alimentos.

Si el gobierno federal anuncia en sus discursos que defiende a los más pobres, deberá de aplicar los criterios de las políticas económicas keynesianas, para proteger la alimentación de los mexicanos. Para garantizar la producción y el consumo de los productos del campo se tiene que establecer los precios de garantía.

En otras palabras, tenemos que aplicar subsidios a los productores del campo mexicano para que la producción garantice el consumo interno de los alimentos. El Programa Emergente para la Producción de Alimentos tiene como principio fundamental alimentar a más mexicanos en el futuro, evitar que la sequia y la escases del agua provoquen desabasto o hambruna.

En el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable de 2010 se tiene que establecer la partida presupuestal para la creación del Programa Emergente para la Producción de Alimentos y garantizar que la manipulación de los productos básicos no provoquen más pobreza en nuestro país.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a constituir el Programa Emergente para la Producción de Alimentos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en la sesión celebrada en esta fecha, el senador Carlos Lozano de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a crear un fondo nacional de apoyo a becarios de programas de posgrado en México y el extranjero.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

«Proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a integrar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 el fondo nacional de apoyo a becarios de estudios de posgrado en México y el extranjero, presentada por el senador Carlos Lozano de la Torre, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Carlos Lozano de la Torre, senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por el que somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los programas oficiales sobre ciencia y tecnología, la participación de México en el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos y su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), no han sido suficientes para que nuestro país juegue un papel relevante en el desarrollo de la ciencia y la tecnología mundiales.

Igualmente se ha mantenido un papel de subordinación en la adquisición tecnológica, aunque se generó un proceso de diferenciación en áreas tecnológicas obsoletas y otras de punta, ambas dependientes del consumo de conocimiento externo. El factor que explica esta situación es, sin duda, la falta de políticas de educación superior y de ciencia y tecnología.

El crecimiento de la comunidad científica de México es ``microscópico, en rigor, minúsculo'', de ahí la urgencia de crear los mecanismos que permitan aumentar el número de graduados de posgrado y garantizar que se incorporen al sistema de investigación científica y tecnológica del país.

México es el país de la OCDE que menos invierte en ciencia y tecnología y, al no invertir seriamente en la formación de sus jóvenes y el desarrollo científico y tecnológico, no tiene un futuro promisorio.

Asimismo, las empresas modernas requieren, cada vez más, contar con áreas de investigación y desarrollo que permitan incorporar nuevas tecnologías o desarrollar las propias para mantener y mejorar su nivel de competitividad.

En abril del presente año se decretó en el país una contingencia sanitaria por la aparición del virus de la influenza AH1N1 que puso en evidencia la falta de investigación y desarrollo científico y tecnológico en el país, al grado de que tuvieron que recurrirse a laboratorios extranjeros para que analizaran las muestras obtenidas.

También, el país está siendo afectado por una sequía que ha acabado con varias hectáreas de cosechas y ocasionado la muerte de cabezas de ganado. El problema del agua debe ser atendido de manera inmediata sino se quieren enfrentar mayores inconvenientes en el futuro.

Si México contara con la capacidad intelectual suficiente para desarrollar nuevas tecnologías que coadyuven en la solución de esta problemática podríamos contar con una solución alternativa viable.

Del mismo modo, en materia de desarrollo de patentes tenemos un gran retraso y los laboratorios de origen extranjero están aprovechando la falta de recursos económicos y talento en el país para apropiarse de nuestros recursos.

Por otro lado, resulta incongruente que después de que el presidente Felipe Calderón Hinojosa manifestara el compromiso de su gobierno para apoyar a la ciencia en México, anunciara la reducción en el presupuesto destinado a las becas de nivel de posgrado.

En general, el sector educativo sufrió un recorte presupuestal por la cantidad de 800 millones de pesos, equivalente a 1 por ciento del presupuesto aprobado.

Las becas para los estudios de posgrado a nivel nacional son otorgadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), aunque también lo hacen para el extranjero, quien recientemente informó sobre el nuevo sistema de asignación de apoyos, que afecta principalmente a los posgrados en desarrollo o de reciente creación con la implementación del nuevo tabulador.

En este rubro también podemos mencionar el Fideicomiso para el Desarrollo de Recursos Humanos (Fiderh) del Banco de México, que otorga préstamos para el estudio de posgrados en materia de administración y finanzas; la Fundación Mexicana para la Educación, Ciencia y Tecnología (Funed); y la Comisión México-Estados Unidos (Comexus), que administra los programas de becas internacionales Fulbright-García Robles.

Existen otras fundaciones y asociaciones civiles que también ofrecen este tipo de apoyos a los estudiantes mexicanos.

Para beneficiarse de los procesos de internacionalización es necesario que México cambie sus modelos educativos para abatir los rezagos lo más pronto posible. Si bien es cierto que se ha logrado tener avances significativos en la materia, los problemas torales continúan.

Los programas que existen actualmente se enfocan en el área económico administrativa y de humanidades, si bien es cierto que repercuten en la economía del país, no solucionan los problemas actuales; es decir, conforme a las circunstancias que imperan actualmente en el mundo, como es la escasez de agua, la falta de alimentos y la aparición de nuevas enfermedades, es necesario impulsar la investigación en la ciencia que nos permita afrontar este tipo de dificultades.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta, en el ámbito de sus respectivas facultades, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que integre, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, un fondo nacional de apoyo a becarios de estudios de posgrado en México y el extranjero con el objetivo de fomentar e impulsar la competitividad en el país, así como el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y para que los actuales becarios no sean afectados por la crisis económica y los recortes presupestales.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto se integra la comisión, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

DEPOSITOS EN EFECTIVO

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a no aprobar en el paquete fiscal de 2010 un aumento del impuesto a los depósitos en efectivo.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

«Proposición con punto de acuerdo, que presenta la senadora Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, para exhortar a la Cámara de Diputados a no aprobar en el paquete fiscal de 2010 un aumento del impuesto a los depósitos en efectivo

La suscrita, senadora Claudia Sofía Corichi García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El 1 de julio de 2008 entró en vigor el impuesto a los depósitos en efectivo (IDE), creado para combatir la economía informal y que grava con una tasa de 2 por ciento los depósitos en efectivo realizados en las cuentas bancarias de una persona y que superen 25 mil pesos en un mes. Este impuesto recaudó 17 mil 756 millones de pesos en los 6 meses de 2008 en que operó, contra los 2 mil 906.3 millones esperados. Para este año, las autoridades tributarias confiaban en obtener 7 mil 511.5 millones de pesos, en todo el año, pero en los primeros 7 meses ha recaudado aproximadamente 16 mil 872 millones de pesos, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2. La creación de este impuesto fue muy cuestionada, ya que el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna establece textualmente: ``Son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la federación como del Distrito Federal o del estado y municipio en el que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes''. La proporcionalidad no es respetada en este impuesto, ya que grava los depósitos en efectivo, y no los efectuados por otros medios. Además, es contrario a la garantía de certeza jurídica de la Constitución, toda vez que se apoya en la presunción de que las personas que realizan depósitos en efectivo llevan a cabo actividades informales o evaden impuestos, sin que se permita desvirtuar tal presunción.

3. En el proyecto de paquete fiscal para el ejercicio de 2010, que propone el Ejecutivo, se incluye un incremento de 1 punto porcentual de la tasa del IDE (3 por ciento) y disminuir de 25 mil a 15 mil pesos mensuales el monto de los depósitos en efectivo exentos.

4. El aumento de la tasa de este impuesto y la disminución del monto exento traerán como resultado un aumento de los precios de los artículos expedidos al menudeo por pequeños comercios, que son los que preferentemente reciben efectivo, y con ello se afectará aún más la competitividad del pequeño comercio ante los grandes centros comerciales, que reciben pagos por otros medios y que, por sus volúmenes pueden efectuar mediante convenios depósitos en efectivo a las cuentas de instituciones financieras para que éstas las transfieran electrónicamente a sus cuentas bancarias, evadiendo así el pago de este impuesto.

5. Al disminuir de 25 mil a 15 mil pesos el monto exento para la aplicación de este impuesto, la afectación mayor será para las microempresas; y debemos recordar que en México, las micro, pequeñas y medianas empresas generan 64 por ciento de la ocupación y contribuyen con 40 por ciento del producto interno bruto. Una de las principales preocupaciones del gobierno mexicano debe ser conservar y fomentar el empleo, y aumentar el IDE no abona en ese camino.

6. Como vimos en el primer considerando, la recaudación del IDE ha superado en 400 por ciento las expectativas de las autoridades fiscales; y este tiempo de recesión económica, de aumento del desempleo y de empobrecimiento de las mayorías, no es el mejor para aumentar impuestos, y menos para aumentar un gravamen que perjudica a los actores económicos de menores ingresos. Otro efecto negativo previsible del aumento del IDE será la disminución del ahorro bancario y el aumento de la economía informal, ya que muchos de los pequeños ahorradores y de los pequeños empresarios optarán por no depositar en instituciones bancarias el dinero en efectivo que manejen.

Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados a no autorizar en la aprobación del paquete fiscal de 2010 ningún incremento de la tasa del impuesto a los depósitos en efectivo, ni disminución alguna del monto exento de ese impuesto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra la comisión, resguárdese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

INSTITUTO MEXICANO DE CINEMATOGRAFIA

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores María Rojo e Incháustegui, Francisco Arroyo Vieyra, Ricardo García Cervantes, Carlos Sotelo García y Rubén Fernando Velázquez López presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a reasignar recursos al Instituto Mexicano de Cinematografía y a los fideicomisos Fidecine y Foprocine para el ejercicio de 2010, con objeto de fortalecer la industria cinematográfica nacional.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

«Propuesta con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, que presenta la senadora María de Lourdes Rojo e Incháustegui, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual se resuelve exhortar a la Cámara de Diputados para que, en ejercicio de sus atribuciones en materia presupuestal, reasigne recursos al Instituto Mexicano de Cinematografía y a los fideicomisos Fidecine y Foprocine para el ejercicio de 2010, con objeto de fortalecer la industria cinematográfica nacional.

La suscrita, senadora de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

En reiteradas ocasiones he tenido la oportunidad de dirigirme a esta soberanía con objeto de presentar iniciativas y puntos de acuerdo tendentes a fortalecer el cine mexicano. En cada una de esas acciones he contado con el apoyo de mis compañeros de todos los partidos, pues los integrantes de este cuerpo legislativo estamos conscientes de la importancia de la cinematografía como industria.

Sin embargo, de nuevo me veo en la urgente necesidad de llamar su atención sobre el tema, ya que con motivo de la presentación del paquete económico para el ejercicio de 2010, particularmente el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, hemos encontrado que en él se hace un recorte al subsector cultura, de casi 25 por ciento, y el Instituto Mexicano de Cinematografía se afecta en casi 50 por ciento de su presupuesto, y los recursos destinados a los dos fideicomisos creados para apoyar la producción cinematográfica nacional.

La gravedad del caso debe advertirse en el siguiente dato: las industrias culturales en el país representan 7 por ciento del PIB, y en particular la industria cinematográfica significa 1.7 por ciento del PIB, lo cual supone que la cultura en sus diferentes manifestaciones, que son fomentadas y con frecuencia apoyadas por el Estado, están muy lejos de representar un gasto improductivo.

La actividad cinematográfica ha dado muestra constante de ser un gran detonante de inversión, que crea empleos y genera valor agregado, además de ser un vehículo de transmisión de identidad y como un bien cultural de gran difusión, penetración y efecto en la sociedad. Por ello se debe considerar sector estratégico que debe ser incentivado para coadyuvar a la reactivación de la economía y en crear y mantener empleos en el país.

Para dar una idea de la importancia de la producción cinematográfica y de su efecto en la vida económica y cultural del país, además de su reconocimiento mundial, es importante tomar en cuenta algunos datos:

Hasta aquí, las cifras nos hablan de logros, pero para dimensionar el problema que podemos afrontar si no se reconsidera el presupuesto es necesario referirnos a lo que puede hacerse y lo que sucedería si no se actúa con responsabilidad.

Por lo expuesto, me permito someter a consideración del Senado de la República el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Senadores LXI Legislatura resuelve exhortar a la Cámara de Diputados para que, en ejercicio de sus atribuciones en materia presupuestal, reasigne recursos al Instituto Mexicano de Cinematografía y al Fidecine y al Foprocine para el ejercicio de 2010, con objeto de fortalecer la industria cinematográfica nacional.

IMPUESTO A TELECOMUNICACIONES

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Francisco Javier Castellón Fonseca, Rubén Fernando Velázquez López, José Luis García Zalvidea, Carlos Sotelo García y Lázaro Mazón Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a no aprobar un impuesto de 4 por ciento a las telecomunicaciones.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

«Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a no aprobar un impuesto de 4 por ciento a las telecomunicaciones

Los que suscriben, Francisco Javier Castellón Fonseca, Rubén Fernando Velázquez López, José Luis Máximo García Zalvidea, Carlos Sotelo García y Lázaro Mazón Alonso, senadores de la República de la LXI Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 67, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a no aprobar un impuesto de 4 por ciento a las telecomunicaciones con base en las siguientes

Consideraciones

El desarrollo de la sociedad de la información, a partir de la expansión de la red de Internet, ha generado innumerables ventajas en la disponibilidad de información de todo tipo, cambiando patrones de comportamiento entre los usuarios y transformando formas de organización de la sociedad.

En México, cerca de 30 por ciento de los hogares tiene acceso a Internet. Además, la mayoría de las universidades públicas del país cuentan con acceso masivo a dicha red y un gran número de mexicanos acceden a ella gracias a diversos servicios públicos, como son los ``ciber''.

En el caso de la educación, Internet se ha convertido en una herramienta de comunicación para la difusión del conocimiento. La educación en la era de Internet ha resultado fuertemente alterada por el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación, por lo que hoy día es impensable separar a la educación del desarrollo de la sociedad del conocimiento.

Asimismo, muchas de las comunicaciones financieras actualmente se realizan por Internet y, de manera creciente, la actividad económica se desplaza a través de las comunicaciones que conlleva la red.

Las tendencias nos indican que el número y diversidad de operaciones que actualmente se desarrollan a través de Internet, así como los servicios que se prestan a través de ella, seguirán multiplicándose de forma importante en el corto plazo.

Según el estudio Communications outlook 2009, publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México tiene la banda ancha más cara por megabit por segundo de los 30 países que conforman dicha organización, al tener tarifas que van desde los 18 dólares por mes y que se elevan hasta los 115 dólares.

La OCDE expone que en septiembre de 2008, el precio más bajo por megabit estaba situado en Japón en 0.07 dólares por mes, seguido de Francia con 0.22 dólares, Corea con 0.31 dólares, Suecia con 0.32 dólares y Finlandia con 0.38 dólares.

En cuanto a la telefonía, el mismo estudio indica que las llamadas en el segmento empresarial menos caras están disponibles en Alemania con un precio de 0.10 dólares, Turquía con 0.18 dólares y Noruega con 0.21 dólares.

Mientras que las llamadas más caras de negocio son en México, donde cuesta 2.43 dólares, en términos de poder de paridad de compra (PPP) o 1.77 dólares que usan tasas de cambio nominales. Además, refiere que la llamada internacional cuesta 22 veces más en México que en Alemania, en términos de PPP, e incluso en términos nominales, el precio en México es 12 veces más alto que en Alemania.

De acuerdo con la Comisión Federal de Telecomunicaciones, hasta diciembre de 2008 existían en nuestro país alrededor de 23 millones de usuarios de Internet, lo que representa que, de cada 100 mexicanos, 23 tienen acceso a la red, en cualquiera de sus modos, ya sea de manera pública o privada, personal o de forma corporativa.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el gobierno federal planteó como meta incrementar la penetración de la conectividad a Internet a niveles superiores a 60 por ciento de la población.

En la estrategia 14.4 de dicho plan se establece modernizar el marco normativo, a fin de permitir el crecimiento de las telecomunicaciones, el uso y desarrollo de nuevas tecnologías y la seguridad sobre el uso de la información, los servicios y las transacciones electrónicas.

El pasado 8 de septiembre del año en curso, el gobierno federal entregó a la Cámara de Diputados la propuesta del paquete económico para 2010, la cual incluyó los criterios generales de política económica, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos.

En dicho paquete, el Ejecutivo federal planteó un impuesto especial sobre productos y servicios (IEPS) de 4 por ciento a las telecomunicaciones, lo que tendría un gran efecto en toda la población, ya que se gravarían servicios como celulares, teléfonos fijos (con excepción de la telefonía rural, los teléfonos públicos y los servicios de interconexión), televisión por cable y el uso de Internet.

Además, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens Carstens, al entregar el paquete económico, declaró ante la prensa que el impuesto a las telecomunicaciones gravaría básicamente todos los servicios de telecomunicación, por tanto, el servicio de Internet sí estaría incluido.

Para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el impuesto especial a las telecomunicaciones que propone es adecuado, ya que el esquema vigente de derechos sólo grava a los concesionarios en función de la cantidad de los megahertz que utilizan, sin que se encuentren gravadas de manera específica las percepciones que se obtienen por la prestación de servicios, a través de una red pública de telecomunicaciones y sin que, en algunos casos, los concesionarios cubran aprovechamientos calculados sobre dichos ingresos.

Continuando con los argumentos de la SHCP, el IEPS a las telecomunicaciones será efectivo en su recaudación por tratarse de un servicio que presta un número reducido de empresas, por lo que recaerá en grupos con altos ingresos dentro de la población.

Además del impuesto en cuestión, la Secretaría de Hacienda propuso al Congreso de la Unión la creación de un nuevo impuesto general a las ventas, con una tasa de 2 por ciento, denominado ``contribución para el combate a la pobreza'', el cual incluye las transacciones de todo tipo de bienes y servicios, es decir, un gravamen de aplicación general.

Lo anterior nos muestra que la propuesta del Ejecutivo federal representa un ``impuesto sobre impuesto'', pues implica un incremento real de 6 por ciento a los servicios de telecomunicación, pues al 4 por ciento del IEPS se sumaría 2 por ciento del ``impuesto a la pobreza'', además de 15 por ciento del IVA.

En días pasados, un grupo de empresas dedicadas a las telecomunicaciones en el país publicó un desplegado, en algunos diarios nacionales, en el que consideran que la nueva propuesta del Ejecutivo implicará encarecer la competitividad, retrasar el modernización tecnológica, ampliar la brecha digital, desincentivar la inversión de nuevos oferentes de este tipo de servicios, castigar a pequeñas y medianas empresas que pagarán más por mantenerse comunicadas, así como salir de la crisis económica por la que atraviesa nuestro país.

Coincidimos con el sector de las telecomunicaciones en México, en el sentido de que el nuevo impuesto atenta contra un sector estratégico que impulsa la modernización y el desarrollo económico del país, lesionando la economía de las familias y de las empresas mexicanas, pues la comunicación constituye un servicio de primera necesidad.

El uso de Internet, al igual que el de la telefonía, no puede ser considerado un lujo, pues la realidad nos muestra que este tipo de servicios cada vez son más usados por los mexicanos, atendiendo necesidades básicas y actividades prioritarias de millones de familias y empresas; además de que el desarrollo de las telecomunicaciones contribuye al desarrollo de la economía nacional y permite cerrar la brecha de desigualdad que tanto daña a nuestro país.

La creación de un impuesto especial que grave las telecomunicaciones será un golpe más para los consumidores, pues seremos nosotros, más que las empresas de este sector, quienes carguemos con un aumento de este tipo.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados para que, en el análisis y discusión del paquete económico para 2010, no apruebe la creación de un impuesto especial sobre productos y servicios de 4 por ciento a las telecomunicaciones.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En tanto se integra, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LXI Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Irma Martínez Manríquez, en nombre propio y del senador Fermín Trujillo Fuentes, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos para 2010, se aprueben recursos crecientes a la educación, con la finalidad de alcanzar paulatinamente el 8 por ciento del PIB nacional, establecido en la Ley General de Educación.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

«Senador Carlos Navarrete Ruiz, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Senadores.--- Presente.

La suscrita senadora Irma Martínez Manríquez, en nombre propio y del senador Fermín Trujillo Fuentes, del Partido Nueva Alianza, e integrantes de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, se aprueben recursos crecientes a la educación, con la finalidad de alcanzar paulatinamente el 8 por ciento del PIB nacional, establecido en la Ley General de Educación, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El derecho a la educación de todas y todos los mexicanos, consagrado en la Carta Magna y en infinidad de instrumentos internacionales suscritos por nuestro país, sólo puede ejercerse a condición de que el Estado mexicano cumpla con su obligación de garantizar el acceso a una educación pública bajo criterios de gratuidad, calidad y equidad.

En el momento actual, el ejercicio del derecho a la educación se encuentra en entredicho, toda vez que entre las estrategias del gobierno federal para enfrentar la crisis económica y el déficit en las finanzas públicas, se ha planteado una disminución de los recursos destinados a la educación en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados, el cual contempla un recorte por 4 mil 712 millones de pesos en el rubro educativo. De aprobarse dicho proyecto, se asignarían 473 mil 883 millones de pesos, en comparación con los 478 mil 595 millones destinados para el actual ejercicio fiscal.

La disminución del presupuesto educativo para el 2010 constituiría una decisión equivocada, ya que pondría en riesgo una de las áreas más sensibles del bienestar social y el desarrollo nacional, como lo es la educativa; contribuyendo a perpetuar las causas que inciden en la desigualdad social y la inequidad, las cuales consisten --entre otras cosas-- en ofrecer malos servicios a quienes más padecen los flagelos de la vulnerabilidad y la pobreza.

Desde esta tribuna queremos expresar que estamos de acuerdo con las decisiones del gobierno federal, en el sentido de recortar el gasto público en actividades y áreas que no son sustantivas, y en proteger el gasto social. Precisamente porque estamos a favor de estas medidas, es que no justificamos la pretensión de recortar el gasto educativo, el cual forma parte del denominado ``gasto social''.

La eventual aprobación de un recorte presupuestal de los recursos destinados a la educación afectaría a cientos de miles de estudiantes, pues como todos sabemos la educación es decisiva para superar la pobreza, igualar oportunidades, promover una mayor equidad de género y de bienestar entre las nuevas generaciones, además de que constituye la base para la formación de recursos humanos para el futuro.

Considerando la grave afectación que un eventual recorte presupuestal supondría para los estudiantes y sus familias, así como para los docentes y las instituciones educativas en su conjunto, es que nos pronunciamos a favor de una estrategia que ponga el énfasis en una reforma hacendaria que incremente las finanzas públicas, y en contra de un recorte al presupuesto destinado a la educación, ya que con ello sólo se agravarían aún más las precarias condiciones de millones de compatriotas que viven en condiciones de pobreza y de falta de acceso a los más elementales servicios públicos, entre los que destacan los educativos.

Como todos sabemos, el porcentaje del producto interno bruto, PIB, que el gobierno federal destina a la educación en México, es muy inferior al 8 por ciento que recomienda la UNESCO como mínimo. Dicho porcentaje es vergonzosamente bajo, si lo comparamos con el que destinan el resto de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a la que México también pertenece.

Para el ejercicio fiscal del presente año, el presupuesto aprobado en los ramos que atienden el sector educativo representó apenas 3.71 por ciento del PIB nacional. Muy lejos aún nos encontramos del 8 por ciento recomendado y mandatado en los artículos 25 y 27 de la Ley General de Educación. De ahí la necesidad de renovar esfuerzos para evitar cualquier intento por reducir los recursos destinados al sistema educativo nacional.

Ante ello, proponemos exhortar a nuestra colegisladora para que se realicen los ajustes necesarios para que se apruebe un presupuesto con equidad social, que privilegie el lugar fundamental que la educación ocupa como base del desarrollo nacional; y que si el gobierno federal carece de la capacidad para generar mayores ingresos, y se ve obligado a recortar, que sea en el gasto corriente de las dependencias y alta burocracia federales.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 se aprueben recursos crecientes destinados a la educación, con la finalidad de alcanzar paulatinamente el 8 por ciento del PIB nacional establecido en la Ley General de Educación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En tanto está integrada, consérvese en la Dirección General de Proceso Legislativo.

ANALISIS III INFORME DE GOBIERNO - MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 7o. de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, y en el marco regulado por los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se llevará a cabo el análisis del Tercer Informe de Gobierno, en materia de seguridad pública.

Señoras diputadas y señores diputados, se encuentra en el salón de recepción de la Cámara de Diputados el ingeniero Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública del Gobierno de la República.

Se designa por esta Presidencia en comisión para recibirlo e introducirlo a este recinto, a los diputados Rolando Rodrigo Zapata Bello , Sergio González Hernández , José Luis Ovando Patrón , César Daniel González Madruga , Norma Leticia Orozco Torres y Jaime Arturo Vázquez Aguilar . Pido a la comisión que cumpla su cometido.

(La comisión cumple su cometido)

Se pide a la Secretaría que lea los resolutivos del acuerdo parlamentario aprobado en la sesión del 10 de septiembre de 2009 por la Cámara de Diputados, que norma el procedimiento para esta comparecencia.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Junta de Coordinación Política

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a las comparecencias de funcionarios del Ejecutivo federal para el análisis del III Informe de Gobierno del presidente de la República, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, y del paquete económico para el ejercicio fiscal de 2010

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 7, numeral 4, 33 y 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero. Que el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias de cada año de ejercicio del Congreso el presidente de la República presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país.

Segundo. Que el numeral 4 del artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que las cámaras analizarán el informe presentado por el presidente de la República. El análisis se desarrollará clasificándose por materias: en política interior, política económica, política social y política exterior.

Tercero. Que de acuerdo con el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara de Diputados y el órgano en el que se impulsan los entendimientos y convergencias políticas a fin de alcanzar los acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

Cuarto. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Junta de Coordinación Política presentar al Pleno proyectos de proposiciones con punto de acuerdo sobre asuntos que deban de ser desahogados en ese órgano.

Quinto. Que para profundizar el análisis del III Informe de Gobierno del presidente de la República y el diálogo constructivo entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, la Junta de Coordinación Política ha considerado pertinente citar a comparecer a los secretarios de Estado responsables de la política interior, la política económica, la política social, la política exterior y la seguridad pública.

Sexto. Que el día 8 de septiembre del presente año el Ejecutivo federal remitió a la Cámara de Diputados las iniciativas que comprenden el paquete económico fiscal, la iniciativa de Ley de Ingresos, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 y los Criterios Generales de Política Económica, que habrán de ser objeto de estudio y dictamen durante el actual periodo de sesiones.

Séptimo. Que en términos de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el secretario de despacho correspondiente debe comparecer a dar cuenta de los mismos.

Con base en los considerados expuestos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 69, 74 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el numeral 4 del artículo 7, así como en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados somete a la consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados acuerda la comparecencia ante el Pleno de los titulares de las dependencias responsables de la política interior, la política económica, la política social, la política exterior y de seguridad pública, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 4 del artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y dentro del marco regulado por los artículos 69, 74 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para los efectos de la comparecencia de servidores públicos, antes del inicio de la misma, rendirán ante el Pleno protesta de decir verdad, en términos del artículo 69 de la Constitución.

Segundo. Las comparecencias que deberán celebrarse son las siguientes:

Tercero. Las sesiones en que se desahoguen las comparecencias se desarrollarán conforme al siguiente formato:

Cuarto. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que haga del conocimiento del Ejecutivo federal los términos del presente acuerdo, a efecto de que se notifique a los secretarios correspondientes.

Quinto. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada secretaria.

Sea usted bienvenido, ingeniero Genaro García Luna, a este recinto, a la LXI Legislatura. Hago de su conocimiento que comparece ante esta soberanía bajo protesta de decir verdad, de conformidad con el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, le pido a usted, ingeniero Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, ponerse de pie.

(De pie el ciudadano Genaro García Luna)

Ciudadano Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública del Gobierno de la República, en los términos del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿protesta usted decir verdad ante esta Cámara de Diputados, ante la que comparece para ampliar el análisis correspondiente a la glosa del Tercer Informe de Gobierno del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el ramo de su competencia?

El secretario Genaro García Luna: Sí, protesto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Enterado usted de los alcances y consecuencias de ello, si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Muchas gracias.

Para cumplir el punto tercero, fracción I, del acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, tiene la palabra el ingeniero Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, hasta por 10 minutos.

El secretario Genaro García Luna: Distinguidos integrantes de la Cámara de Diputados, muy buenos días. Es un honor dirigirme a esta soberanía.

La seguridad pública como una política de Estado

La experiencia internacional muestra que la única forma en que un país democrático pueda transitar a un modelo eficiente de seguridad pública es tratar este tema con una lógica de Estado. En este momento nos encontramos ante la oportunidad histórica de transformar el modelo de seguridad en nuestro país, desde los tres órdenes de gobierno, para garantizar la seguridad pública que nuestra gran nación merece.

En las últimas décadas se han realizado en el país esfuerzos importantes para transformar las instituciones encargadas de la seguridad; sin embargo, han sido aislados, desarticulados e insuficientes. En el pasado el esquema político en el país permitía suplir las diferencias de facultades y atribuciones entre instancias de gobierno. La actual composición política pluripartidista en el país pone de manifiesto la división de facultades y atribuciones en los tres niveles de gobierno. Por esto, es necesario que hoy cada nivel de gobierno asuma su responsabilidad de manera plena para complementar el esfuerzo nacional en contra del delito. Sólo así, evitando la evolución del delito, aparentemente menor, se logra el combate eficaz al crimen.

La delincuencia organizada ha basado su operación en la violencia extrema, la corrupción y su articulación con el hampa local, aprovechando la débil vinculación entre la sociedad y la autoridad.

A lo anterior se suma el deterioro estructural de las policías, las cuales durante décadas fueron abandonadas. Se dejó de invertir en ellas, se dejó de desarrollarlas, se dejó de cuidarlas y se dejó de castigarlas en los casos donde sus miembros o elementos faltaran a su deber en su operación.

En el país, en este momento operan 2 mil 22 corporaciones de policías municipales, con distintos marcos normativos y diferentes procedimientos de operación. Más de 50 por ciento de estas corporaciones cuentan con menos de 20 elementos. Por ello, para atender este fenómeno, el gobierno federal puso en marcha la estrategia integral de prevención del delito y combate a la delincuencia. Esta estrategia incluye etapas de corto, mediano y largo plazos en dos vertientes: operativa y estructural.

En la vertiente operativa, la ofensiva en el despliegue territorial ha tenido resultados récord, con el mayor aseguramiento de dinero en efectivo, armas, presuntos delincuentes y drogas.

En un comparativo con las 2 últimas administraciones, los resultados son considerablemente superiores. Por ejemplo, hasta ahora hemos asegurado 52 mil 698 armas de alto poder. En municiones hemos asegurado casi 6 millones de unidades. Se han asegurado 3 mil 686 granadas fragmentarias y ofensivas. En mariguana se han asegurado casi 5 mil toneladas. En cocaína se han asegurado casi 90 toneladas. Y en coadyuvancia con los estados en el delito de secuestro, la Policía Federal ha liberado a 518 víctimas, desarticulado 99 organizaciones dedicadas a este delito y asegurado a 756 presuntos secuestradores.

Es claro que estas acciones representan un fuerte golpe a la delincuencia, a sus aliados y a sus redes de protección institucional, que se resisten a que continuemos con este combate que afecta a los intereses, en particular a los económicos.

En cuanto a la vertiente estructural se realiza una transformación en cinco ejes:

Primer eje. Nuevo marco jurídico para contar con herramientas para el combate integral al delito, en particular a su logística operativa. Es decir, a sus comunicaciones, dinero, bienes y protección institucional.

Segundo eje. Un nuevo modelo de policía con nuevos sistemas de inteligencia, operación y programas exhaustivos de reclutamiento y capacitación. Cabe resaltar que el estado de fuerza de la Policía Federal pasó de 11 mil elementos, en diciembre de 2006, a 32 mil en agosto de 2009.

Es de destacar que desde 1999 la Policía Federal Preventiva integró a su estructura operativa una brigada del Ejército mexicano, este apoyo de las fuerzas armadas fue sustantivo en tanto la secretaría tuvo capacidad para generar sus propios cuadros.

Como parte del trabajo para impulsar el fortalecimiento de la Policía Federal en esta administración, a partir del 30 de junio de este año culminó el convenio que desde hace 10 años se venía celebrando con la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto, como resultado de que hemos logrado que la Policía Federal cuente con cuadros propios de inteligencia, investigación, fuerza y operación.

Aprovecho la ocasión para hacer un reconocimiento a la gran labor de las Fuerzas Armadas y agradecer el gran apoyo brindado del Ejército mexicano a la Policía Federal durante este proceso.

Además del crecimiento numérico, es importante señalar que el perfil de nuevos cuadros de policía incluye mayores niveles académicos, cumplimiento de estrictos controles de confianza, capacidades superiores para tareas de inteligencia e investigación. Por primera vez se preparan extensiva e intensivamente policías con perfil de investigadores, para la seguridad pública del país.

Tercer eje. Acciones de policías articuladas con tareas sociales y de prevención. Se desarrolla un esquema que, además de la ofensiva contra el crimen, suma un programa integral que articula políticas de prevención de adicciones, atención de escuelas y su entorno, y la recuperación de espacios públicos. Esto, con la participación de las Secretarías de Salud, de Educación, y de Desarrollo Social, con enfoque integral de atención a la comunidad.

Cuarto eje. Tecnologías de información. Plataforma México, una herramienta fundamental en el combate a la delincuencia son los sistemas y la tecnología. En ese sentido se desarrolló y se utiliza la Plataforma México, un concepto avanzado de telecomunicaciones y sistemas de información que integra todas las bases de datos relativas a la seguridad pública del país, y que le da acceso a los tres órdenes de gobierno para empatar los sistemas de comunicación, información, registro de datos y generación de inteligencia contra el crimen.

En el ámbito internacional, en 2008 se suscribió un convenio de colaboración entre la Interpol, en Lyon, Francia, y Plataforma México, para incorporarse al sistema mundial de comunicación policial. Esto convierte a México en el primer país en el mundo en intercambiar y alimentar automáticamente su base de datos con la información de la Interpol.

En este año, Plataforma México liberará todas sus aplicaciones para beneficio de los tres órdenes de gobierno, entre ellos el Sistema Único de Información Criminal, que cuenta con una base de datos de más de 350 millones de registros de orden criminal.

Quinto eje. Sistema penitenciario. La Secretaría de Seguridad Pública Federal ha emprendido acciones para el control en penales de alta seguridad y fortaleció las capacidades para la generación de inteligencia de orden criminal a partir de una efectiva vigilancia legal de los internos, para combatir la corrupción y la operación delictiva intramuros.

A nivel nacional se diseñó una estrategia con acciones para el corto, mediano y largo plazo a fin de atender las deficiencias del sistema penitenciario.

A fin de ampliar la infraestructura penitenciaria del país se iniciaron los trabajos para la puesta en marcha de centros penitenciarios federales en Papantla, Veracruz; Huimanguillo, Tabasco; Guasave, Sinaloa; Monclova, Coahuila, y la construcción de nuevos módulos para las Islas Marías.

Uno de los principales ejes de esta estrategia es la construcción de 12 centros federales de readaptación social en las entidades con mayor índice de población penitenciaria federal. Para ello se analizó el esquema de participación de la iniciativa privada en países con vanguardia penitenciaria, para establecer un modelo propio para México, compatible con la legislación mexicana.

En suma, una prioridad para la evolución del modelo de seguridad pública del país es la transformación de las policías y su esquema de operación. Por ello hoy, con respeto a esta soberanía, propongo que se analice la conveniencia de que las 2 mil 22 corporaciones de policía municipales que operan en el país se integren en 32 policías estatales.

Lo anterior con el objetivo de alinear, articular y eficientar las capacidades institucionales y recursos, así como homologar métodos y procedimientos sistemáticos de operación para todas las policías del país.

Están en marcha las acciones que se requieren para la construcción de una perspectiva de Estado en seguridad pública. En este proceso tenemos que aprender de los errores y siempre aprovechar las experiencias de éxito para transformarlas en procesos y sistemas institucionales.

Atentamente los invito a que, juntos, con una visión de Estado, continuemos en la transformación del modelo de seguridad pública que esta gran nación merece. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor secretario.

Honorable asamblea, los grupos parlamentarios han inscrito a los siguientes diputados: Pedro Jiménez León , de Convergencia; Cora Cecilia Pinedo Alonso , de Nueva Alianza; Jaime Fernando Cárdenas Gracia , del Partido del Trabajo; Adriana Sarur Torre , del Verde Ecologista; Leticia Quezada Contreras , del Partido de la Revolución Democrática; César Octavio Pedroza Gaitán , del PAN, y Jesús Alfonso Navarrete Prida , del PRI.

Por tanto, se concede el uso de la palabra al diputado Pedro Jiménez León , de Convergencia.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Presidente, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Perdóneme, diputado. Sí, diputado, está pidiendo el uso de la palabra. ¿Con qué objeto?

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Con objeto de llamar a moción de orden. Está perfectamente reglamentado que en esta cámara se respetará el debate parlamentario, pero no habrá jamás injurias ni agresiones directas contra ninguna persona.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto, diputado.

Les pedimos a todos los compañeros diputados y compañeras diputadas que mantengamos la calma para tener la oportunidad de escuchar y poder desahogar esta comparecencia, que está perfectamente reglamentada por los acuerdos tomados por esta asamblea. Sí diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): El artículo 107 dice: ``No podrá llamarse al orden al orador que critique o censure a funcionarios públicos por faltas o errores cometidos en el desempeño de sus atribuciones. Pero en caso de injurias o calumnias, el interesado podrá reclamarlas en la misma sesión''.

El secretario del gobierno de facto tiene oportunidad en la sesión para desmentir que es un asesino, lo que sostengo con toda responsabilidad, y remito al diccionario de la Real Academia Española para ver lo que es un asesino, lo cual sostengo que es.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido a usted, diputado, y todos los diputados y diputadas mantengamos la tranquilidad para desahogar esta comparecencia que está perfectamente acordada por todos los grupos parlamentarios. Diputado Roberto Gil.

El diputado Roberto Gil Zuarth (desde la curul): Señor presidente, nada más para que quede claro y conste en actas que la disposición a la que hizo referencia el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, desde la curul no es aplicable, en virtud de que la expresión que hizo no la hizo desde la tribuna; no estaba en calidad de orador, lo que tiene una diferencia fundamental.

Señor presidente, en consecuencia le ruego llame usted al orden a todos los diputados y específicamente al diputado que tuvo una expresión en la más alta dignidad de esta asamblea, porque la expresión que tuvo el señor es una cobardía.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De acuerdo con lo que usted está solicitando quedará en el acta. Estamos solicitando a todas las diputadas y diputados que mantengamos la calma para poder desahogar esta comparencia.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Ningún diputado puede ser reconvenido por sus expresiones, y mucho menos en este pleno. Puedo subir a tribuna a sostener que García Luna es un asesino y se lo estoy diciendo en su cara, así es que no hay ningún acto de cobardía; se lo sostengo con elementos, con pruebas y con argumentos y se lo estoy diciendo de frente. No es ningún acto de cobardía.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido que mantengamos la calma. Si usted tiene todos esos elementos, señor diputado, creo que no es el lugar para manifestarlo sino a través de los ministerios públicos para poder hacer las denuncias correspondientes.

Mantengamos la tranquilidad para poder desahogar nuestra sesión. El señor Cárdenas Gracia ha pedido la palabra. Discúlpeme diputado, la había pedido el diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Perdón, señor presidente, pero no puede ser reconvenido, ni aun por usted, un legislador. Usted no tiene por qué indicarle a qué oficina debe acudir para presentar una denuncia o una queja. Los legisladores somos inviolables en nuestras opiniones, según lo señala el artículo 61 de la Constitución y lo confirma el artículo 11 de la Ley Orgánica de este Congreso General. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Diputado, tiene usted la palabra.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Diputado presidente, sólo quiero sostener que no iré a la Procuraduría General de la Repúblicaporque ahí puso un empleado suyo García Luna: a Chávez Chávez, a quien lamentablemente el Senado va a ratificar. Así es que la impunidad va a seguir en este país y ningún sentido tiene que vaya a meter la denuncia penal por la que está protegido por sus cómplices, incluido quien usurpa la Presidencia de la República.

Por tanto, considero su sugerencia; no lo considero una reconvención. Y sostengo que García Luna es un asesino.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Les pedimos de nueva cuenta, señoras diputadas y señores diputados, escuchemos a nuestros compañeros que intervendrán dando sus posicionamientos, como así fue acordado.

Le pido, al señor diputado Pedro Jiménez León , que continúe con su intervención, y a todos, calma para poder desahogar nuestra sesión. Muchas gracias.

El diputado Pedro Jiménez León: Compañeras diputadas y compañeros diputados.

Señor secretario, el brindar seguridad pública a la población ocupa un lugar preponderante en el campo de acción de las instituciones democráticas. Desafortunadamente, en nuestro país desde hace algunos años dicha encomienda no ha podido ser cumplida por las autoridades responsables de su aplicación.

Muchos son los factores que se han mencionado como los responsables del incumplimiento de esta tarea, sin embargo, lo que es un hecho incontrovertible es la insatisfacción de amplios sectores sociales, por considerar que existe una situación en la que se encuentran expuestos de manera impune a la violación sistemática de la ley por personas que de forma individual u organizada atentan contra la convivencia pacífica, la integridad y el patrimonio de los ciudadanos.

No obstante, la estrategia mediática del gobierno federal ha intentado mostrar que lo que ocurre es un combate entre las fuerzas militares y policiales en contra de los delincuentes, cuando en realidad se trata de una verdadera crisis de seguridad que pone en riesgo la paz y la convivencia de más de 100 millones de mexicanas y mexicanos que habitamos este país.

El doble discurso empleado por el gobierno que usted representa reiteradamente manifiesta, bajo una inaceptable costosa campaña publicitaria, que se va ganando esta lucha, lo cual contrasta con los pobres resultados y con la percepción ciudadana de que la inseguridad en todo el país crece cada día más.

Se cuestionan no solamente los procedimientos, también los resultados, a la luz de la interminable lista de ejecuciones de civiles, de policías y efectivos de las fuerzas armadas que, bajo una estrategia del gobierno federal sin rumbo, sólo sirve para avivar el temor, construir miedo y generar desconfianza en la sociedad mexicana con las secuelas de violencia actual. La exigencia impostergable es la revisión a fondo de la estrategia adoptada.

Preocupa que, ante los señalamientos provenientes de algunos sectores políticos y sociales nacionales sugiriendo que se evalúen las medidas adoptadas en esta lucha, se responda, más por obstinación que por una estrategia planeada, con actitudes que intentan diseñar una realidad a modo, sin dar paso a la revisión que permita conocer realmente cuál es el balance de las políticas adoptadas.

El hartazgo de la ciudadanía considera que las dependencias y los organismos responsables de la seguridad pública han sido absolutamente rebasados por la delincuencia. La sociedad exige una respuesta contundente alejada de la autocomplacencia con la que ustedes evalúan su desempeño.

El gobierno federal le ha tenido miedo a las reformas porque le restan poder al presidente, como es la exigencia de consolidar una real y efectiva autonomía del Ministerio Público o modificar el procedimiento de designación del titular de la Procuraduría General de la República.

El país presenta señales evidentes de ingobernabilidad. Una muestra de ello es la impunidad con la que opera la delincuencia organizada y la colusión de ésta en todos los niveles de los cuerpos policiacos. En la actual administración suman ya 14 mil muertes.

En particular, los delitos derivados del narcotráfico se han incrementado en un 700 por ciento, lo que genera una lucha de la delincuencia por ganar calles y lugares de distribución de droga. Tenemos un número mayor a 500 mil policías, pero nos encontramos con un muy bajo grado de eficacia.

Quiero recordar, señor secretario, que en México se cometen anualmente alrededor de 12 millones de delitos al año. De eso, sólo millón y medio se denuncian ante el Ministerio Público. De éstos, sólo se consignan 250 mil y obtienen sentencia condenatoria 190 mil, lo que representa el 1.5 por ciento de los delitos totales. ¿Usted cree que con estos niveles de impunidad y de delitos es como se avanza en el combate a la inseguridad?

Entre las opiniones que se han vertido en torno al incremento de la delincuencia y las dificultades que acompañan a su combate se encuentra la que considera que el actual marco legal ha sido ampliamente rebasado. Por ello Convergencia presentó un paquete de iniciativas en la LIX Legislatura de esta soberanía, a fin de contribuir a subsanar los vacíos jurídicos que existen en la materia.

En este sentido se inscriben las iniciativas que proponen que se legisle en materia penal en toda la República para poder promulgar leyes cuya aplicación alcance a todo el territorio nacional, como sería el caso de aprobarse un Código Penal Único y un Código de Procedimientos Penales Único.

De esta manera, Convergencia no sólo cuestiona; propone ---y lo ha hecho desde el 2003 en esta Cámara de Diputados--- una reforma integral a todo el sistema de seguridad y justicia del país, que resuelva a fondo y de raíz uno de los problemas que más agobian a los mexicanos: la inseguridad pública.

Existen medidas eficaces que son dignas de tomarse en cuenta también, como la opinión que postula y exige una mayor profesionalización de los elementos que integran las corporaciones policiacas en las que se contemple mejor capacitación, mejores salarios y estímulos que inhiban la incidencia de prácticas corruptas.

Sobre este particular, queremos hacer mención que resulta fundamental dar un nuevo rostro a la policía, pues su relación con la ciudadanía es constante y ésta exige una respuesta inmediata ante el clima de violencia que prevalece en un gran número de ciudades del país.

Lamentablemente a lo que seguimos asistiendo es a la falta de coordinación de las corporaciones policiacas, en los tres niveles de gobierno. Esto se ha evidenciado a lo largo y ancho del territorio nacional.

Lejos de adoptarse las medidas que posibilitarían el combate a la inseguridad pública, como podría ser la verdadera coordinación de las dependencias encargadas de la seguridad en todo el país, privilegiar el trabajo científico sustentado en resultados, la creación de bases de datos de delincuentes por entidad federativa a fin de obtener una rápida identificación y diagnóstico para la adopción de las medidas correctivas conducentes.

Ustedes han optado por el recurso de ceder a las tentaciones de generar rivalidades entre corporaciones de seguridad federales, estatales y municipales, en la rebatinga por ver quién maneja la mayor parte del presupuesto destinado a seguridad pública.

Ustedes han provocado múltiples manifestaciones sociales por asesinatos, por secuestros y por la violencia que impera en el país. Además, se han encargado de construir un verdadero estado policiaco inútil, costoso e ineficiente, que representa una involución en la vida democrática de la nación.

Convergencia se manifiesta por la vigencia plena de un estado de derecho que garantice la seguridad, la justicia y la convivencia pacífica entre los mexicanos. Rechazamos de manera categórica el estado policiaco, inútil y corrupto por el que está apostando el gobierno federal. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso, de Nueva Alianza.

La diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Con su permiso, presidente.

Sea bienvenido, señor secretario, ingeniero Genaro García Luna.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la seguridad pública y la procuración de justicia constituyen los ejes de seguridad nacional y hoy una de las demandas más sentidas de los mexicanos. Sin seguridad, sin paz y orden en México no puede haber crecimiento económico, generación de empleos productivos y estables, no puede generarse bienestar en la población. El derecho humano a la justicia es una exigencia básica para la convivencia ciudadana. Garantizar la seguridad pública es deber y obligación exclusiva del Estado. Su eficaz cumplimiento fortalece la gobernabilidad y el estado de derecho.

Está claro que la estrategia emprendida en contra del crimen organizado, a partir de diciembre de 2006, se basa en el imperativo del Estado de recuperar la confianza de la sociedad y recuperar territorio donde cientos de familias mexicanas viven a diario la amenaza latente de la violencia, que ha invadido las calles de nuestro país. Le expresamos al presidente de la República y a la institución que usted representa, nuestro reconocimiento y apoyo permanente a esta lucha.

En el informe que se ha entregado a esta soberanía destacan los avances en le combate a la delincuencia, sin duda los números y datos que se presentan merecen el reconocimiento general; sin embargo, la percepción social continúa permeando por la incertidumbre, el miedo y la desconfianza.

De acuerdo con la Encuesta Nacional 2009 sobre Inseguridad, del Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad, AC, la prevalencia y la incidencia delictiva en el país no han observado cambios sustanciales en esta década. En México se denuncian, en promedio, uno de cada cinco delitos y sólo el 15 por ciento de éstos se registran en la estadística oficial.

Las víctimas que no denuncian motivan su abstención, principalmente, en que acudir al Ministerio Público les parece una pérdida de tiempo, como lo manifiesta el 39 por ciento de los encuestados, o en desconfianza hacia esta autoridad, de acuerdo con 16 por ciento. De los delitos denunciados, sólo en el 6 por ciento de los casos se puso al presunto delincuente a disposición del juez.

Por temor a la inseguridad, en 6 de cada 10 hogares ya no se permite salir a los menores a la calle. Por el mismo motivo, la mitad de los mexicanos evita salir en las noches. Los cuerpos policíacos de todas las esferas de gobierno aún son vistos con desconfianza por la gran mayoría de la población.

Señor secretario, nos preguntamos, junto con cientos, miles y millones de ciudadanas mexicanas y ciudadanos mexicanos, ¿dónde está la política integral que articule un adecuado sistema nacional de seguridad pública? ¿Qué ha hecho y hace el actual gobierno para cambiar una situación que hoy se vuelve cada vez más preocupante?

Estamos de acuerdo y apoyamos las acciones reactivas de las autoridades de seguridad; sin embargo, éstas no van acompañadas de eficaces procesos preventivos que anulen conductas antes de cometerse un delito.

Carecer de una política preventiva integral ha llevado a que los resultados obtenidos en estos operativos conjuntos contra el crimen organizado se ubiquen por debajo de las expectativas generadas, ya que se han realizado basadas, fundamentalmente, en acciones punitivas de carácter militar, que no policial, y con una labor de inteligencia insuficiente, sin coordinación con otras áreas del gobierno, tanto del orden federal como estatal y municipal, sin contar con elementos que permitan el intercambio de información y, finalmente, sin la participación activa de la sociedad civil.

El aumento de la inseguridad pública es un problema crítico, no sólo por el uso cotidiano de violencia sino también por la creciente complejidad del accionar delictivo. Pareciera que los mexicanos nos estamos acostumbrando a vivir con la violencia. Cada vez más escuchamos a nuestras familias o vecinos decir: ``fui asaltado, robado o despejado. Pero no me pasó nada, nada a mi persona''. De eso le dan gracias a Dios. Esto es grave. Estamos entrando a una etapa tolerada de la violencia por ser cada vez más cotidiana en nuestras vidas.

La presencia del crimen organizado en la mayoría de las entidades federativas del país ha puesto de manifiesto las carencias estructurales de las diversas instituciones vinculadas con la justicia, dentro de las que se encuentra la dependencia a su cargo, señor secretario.

Las policías han mostrado su fragilidad institucional, permitiendo que prevalezca la impunidad. En ese sentido, la falta de un sistema de procuración de justicia eficiente y confiable ha provocado en la sociedad un sentimiento de indefensión.

Hay contradicciones aparentes que deben ser resueltas. Por un lado, la delincuencia organizada es una figura de carácter federal; pero, por otro, se reprocha a estados y municipios su pasividad ante el fenómeno.

A pesar del esfuerzo leal de nuestras fuerzas armadas, no advertimos que exista suficiente coordinación entre las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública y las corporaciones policíacas de los otros niveles de gobierno.

Al principio de la administración se habló de una Policía Nacional que unificaría a la Policía Federal Preventiva con la Agencia Federal de Investigaciones, pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y a la Procuraduría General de la República, respectivamente.

¿Por qué a tres años de la administración, como el propio señor presidente lo señaló el pasado 2 de septiembre, no se ha podido convenir un diseño de la policía para enfrentar este problema, que junto con la economía, son los grandes retos del México del siglo XXI?

Quiero manifestarle una preocupación muy particular, señor secretario. Tiene que ver con la administración y funcionamiento de nuestro sistema penitenciario. Día con día la opinión pública es informada de la detención de delincuentes de alta peligrosidad, y éstos son remitidos a los diversos penales del país.

Aprovecho la oportunidad, siendo una diputada del estado de Nayarit, para plantear un problema que nos ocupa a los nayaritas: el penal El Rincón. En Nayarit fue diseñado como un penal de mediana seguridad; sin embargo, han sido remitidos a éste, presuntos delincuentes considerados de alta peligrosidad por sus vínculos con el crimen organizado.

La presencia de este penal federal representa una amenaza permanente para la seguridad de los nayaritas. Hechos violentos, como los ocurridos en abril pasado, son acontecimientos inusuales para los que ahí vivimos. El traslado permanente de reos al penal federal de El Rincón, ha venido a alterar la paz, el orden y la seguridad de los nayaritas. Exigimos actuar con responsabilidad por el bien de nuestras familias y su seguridad. No más reos de alta peligrosidad en Nayarit. Éste es un reclamo de un millón de nayaritas.

Sólo con la garantía efectiva de la seguridad jurídica y la existencia de coherencia entre la ley y la realidad, podemos decir con orgullo que vivimos en un estado de derecho; no nada más declarado en un discurso reiterado y oportunista, sino cotidiano y evidente. Que se cumpla con lo prometido. Es una exigencia de todas las mexicanas y todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el señor diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Con su venia, señor presidente.

Señores diputados, señoras diputadas, escuchamos de parte del señor García Luna un parte de guerra, no un informe de rendición de cuentas a la Cámara de Diputados.

El señor García Luna nos hace saber con sus acciones y despliegues mediáticos que la seguridad pública consiste en la transmisión en vivo de espectáculos televisivos y en el empleo de la fuerza del Estado, hasta los dientes y con todo. La seguridad pública queda reducida a acciones de manipulación y simulación en los medios, como la última implantada con motivo del presunto secuestro del avión de Aeroméxico.

Señor García Luna, no hay lógica de Estado. La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, columna vertebral del gobierno de Calderón, constituye un gran fracaso. Los presuntos narcotraficantes que son presentados ante el Ministerio Público salen por la puerta que entran.

El 80 por ciento de los que fueron aprehendidos entre 2006 y febrero de 2009 ya están en libertad; y las 78.3 toneladas ---García Luna dice 90--- de cocaína recogidas en lo que va del sexenio, no representan ni la mitad de los confiscado en toda la administración de Carlos Salinas de Gortari, con quien la cifra llegó a 243 toneladas.

Sólo en la incautación de marihuana, droga barata, el gobierno de Calderón ha tenido éxitos. De acuerdo con información proporcionada por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, para fines de este año se habrán denunciado mil 300 secuestros en todo el país. Esto significa 108 secuestros al mes, 3 al día y uno cada 8 horas, esto sin contar a los cientos de víctimas que no presentan denuncias, y sin mencionar los más de 10 mil centroamericanos secuestrados, vejados, violados, que pasan por nuestros territorio al ir a Estados Unidos.

En Ciudad Juárez, de 38 secuestros denunciados en 2008, la cifra subió a 200 en lo que va de 2009. Se han incrementado en 65 por ciento las cifras de ejecuciones entre enero y julio de 2009, en comparación con el 2008.

Para julio de este año había 4 mil un muertes violentas con motivo de la lucha contra el crimen organizado. El gobierno de Calderón tiene en su haber, al mes de julio de 2009, más de 12 mil muertes relacionadas con esta lucha.

El consumo de drogas entre los mexicanos ha aumentado en varios puntos porcentuales en relación a 2002. Y existen en nuestro país más de 395 presos políticos o de conciencia.

Ninguna de las bandas ha sido desmantelada totalmente. Todas permanecen en activo. Existen, además, acusaciones públicas de distintos sectores, muy duras, contra García Luna y su equipo por la presunta protección a algunas de las bandas, especialmente a la de los Beltrán Leyva y a los Zetas.

Queremos conocer la verdad, ¿protege usted, señor García Luna, o ha protegido su equipo a alguno de estos grupos? ¿Por qué no existen resultados evidentes de éxito en esa lucha?

Los centros penitenciarios de alta seguridad se colman de detenidos y los narcotraficantes continúan ejerciendo sus actividades, ¿tendrá fin esta guerra? ¿Cuántos muertos más se necesitan? ¿Por qué no se replantea la totalidad de la estrategia?

¿Qué opina usted de la legalización de las drogas? ¿No residirá la solución en otra parte? ¿En el crecimiento del empleo y en la garantía plena de los derechos económicos, sociales y culturales de todos los habitantes del país? ¿Por qué esta guerra existe en México y no en Estados Unidos, cuyos habitantes son los principales consumidores de droga en el mundo? ¿No será que esta guerra se le ha ordenado al gobierno de Calderón, debido a su carencia de legitimidad democrática? ¿Por qué no se habla con la verdad?

Calderón con usted se va a hundir. A pesar de los millonarios recursos que se destinan al crimen organizado, las violaciones a los derechos humanos en su lucha son tan enormes que me temo que usted y Calderón terminarán siendo procesados en la Corte Penal Internacional. La impunidad no es para siempre, señor García Luna, y si las instancias nacionales son inoperantes, tal vez las internacionales no lo sean.

La seguridad, a diferencia de lo que sostiene la posición gubernamental, tiene relación directa con cuestiones diferentes a la fuerza, como la legitimidad democrática de los gobernantes, como la existencia de una democracia no solamente representativa, sino también participativa y deliberativa, y con mecanismos adecuados de derechos humanos para garantizar, sobre todo, el empleo, la educación, la salud, la vivienda y la cultura en México. Sin estos elementos, sin educación, sin cultura, sin desarrollo económico, sin igualdad social, es mejor olvidarse de la seguridad.

Señor García Luna, si usted concibe la seguridad pública como empleo exclusivo de la fuerza y el uso de la pura represión, sólo generamos más violencia social. Ése no es el camino de México.

Según criterios internacionales, el uso de la fuerza debe ser de carácter excepcional y proporcional, requiere del respeto a la confidencialidad de datos personales, exige la prohibición de la tortura, exige proteger y garantizar la salud de los detenidos, prohíbe cualquier acto de corrupción, se deben reducir al mínimo los daños y lesiones, y se debe proteger la vida humana. Se debe notificar a los parientes y amigos íntimos cuando existan detenidos, y el uso de la fuerza es para fines absolutamente necesarios: en defensa de una persona, contra una agresión ilegítima o para detener a una persona, conforme a derecho o para impedir la evasión de un preso, entre otros criterios internacionales.

En México se hace todo lo contrario: la fuerza pública se blande libremente y con total impunidad. Además, las fuerzas de seguridad pública deberían prevenir socialmente el delito. Esto significaría que la policía se integre a la comunidad, y en ella, de manera activa y no pasiva, promueva cambios a su favor en el orden social, educativo, cultural, deportivo, de protección al medio ambiente, de fomento a los derechos humanos y de respeto a los principios democráticos.

En México observamos lo contrario. La faceta y la concepción que tenemos los mexicanos de la seguridad es sólo fuerza, sin rostro humano o social, trato digno.

Además, la seguridad pública en este país ha subordinado anticonstitucionalmente al Ministerio Público. Le recuerdo lo que dice el primer párrafo del artículo 21 de la Constitución: ``La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y las policías, las cuales actuarán bajo conducción y mando del Ministerio Público''.

Lo anterior es en los hechos, en México, algo que no ocurre desde que usted se encuentra al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Se ha colocado por encima de los procuradores, de Medina Mora, primero, y ahora seguramente de Chávez Chávez. Quiere tener un procurador dócil en la Procuraduría General de la República.

Termino señalando en esta intervención que usted, la dependencia a su cargo y en las dependencias donde ha estado, tienen el récord en el país de las acusaciones e imputaciones en contra de los servidores públicos.

Voy a enumerar algunas de las muchas imputaciones. El asunto de Guillermo Vélez, que fue torturado antes de morir y cuyo asunto consta en el expediente 5092003 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso Herrera Valles, que fue despedido de la Policía Federal, hostigado y sometido a proceso penal por haber hecho acusaciones contra usted. No solamente ha sido hostigado Herrera Valles, sino otros miembros de su familia.

El espionaje a Manuel Espino Barrientos y a otros destacados panistas. En donde usted le confesó a Espino, por escrito que se había hecho un reporte policiaco y se había abierto una averiguación previa. La averiguación previa que, por corrupción, tiene usted en la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción de la PGR, según datos del IFAI.

El hostigamiento a su vecino Vidal Méndez, que lo ha cuestionado por su gestión al frente de la Secretaría de Seguridad Pública.

Los vínculos no explicados con suficiencia entre Cárdenas Palomino ---hombre de sus confianzas--- con Lorena González Hernández, involucrada en el secuestro del joven Fernando Martí; donde usted negó, en primera instancia, que Lorena González fuera servidora pública de la Secretaría de Seguridad Pública.

El cúmulo de imputaciones es numeroso. Queremos su renuncia. Usted representa la peor parte del gobierno ilegítimo de Calderón. Muchas gracias a todos ustedes.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Adriana Sarur Torre, del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Adriana Sarur Torre: Con el permiso de la Presidencia; compañeras legisladoras y compañeros legisladores.

Secretario, sea usted bienvenido. Me dirijo a usted, a nombre de millones de jóvenes mexicanos que reprueban su actuación al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, porque la realidad de los hechos refleja la realidad de su gestión.

El gobierno federal no está garantizando la integridad, el patrimonio y mucho menos la vida de millones de mexicanos. A tres años de haber iniciado esta administración todavía subsiste la ola de violencia que el presidente de la República dijo que iba a contener con el Ejército en las calles.

Hoy soy la voz de una juventud preocupada y agraviada que vive una inseguridad pública que cada día es peor, porque se está perdiendo la batalla contra el crimen organizado. Los índices delictivos se han incrementado al grado de poner en riesgo la gobernabilidad del país, y con ello, el riesgo de que la sociedad se sumerja en umbrales de anarquía.

La acción del gobierno federal en contra del crimen organizado sólo se ha convertido en una acción de supervivencia de un gobierno que creyó tener la fuerza necesaria para controlar los cárteles de la droga y cuyo fracaso sólo ha provocado daños severos a los mexicanos.

La percepción de inseguridad que se vive en el país va en aumento. El 65 por ciento de la población se siente insegura, lo que ha dado lugar a que la ciudadanía perciba que las medidas aprobadas por el gobierno federal para hacer frente a la delincuencia no están funcionando, ni son suficientes.

Prueba de ello es el incremento del índice delictivo, particularmente en los delitos de portación de armas de fuego, homicidio y secuestro, que de enero a junio del presente año registran una mayor tasa de crecimiento; eso sin considerar el 85 por ciento de la cifra negra de delitos.

Por otra parte, el número de ejecuciones relacionadas con el narcotráfico y los delitos de alto impacto del fuero común, no han disminuido. Simplemente este año han sido ejecutadas más de 5 mil personas, y en lo que va del gobierno del presidente Felipe Calderón se han cometido ya más de 13 mil homicidios relacionados con la delincuencia organizada.

Pareciera entonces que la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, a través de los operativos conjuntos, no está logrando el objetivo de restablecer la paz ni la seguridad pública, y mucho menos ha frenado la escalada de violencia que se vive actualmente en el país.

Pareciera entonces que esas ejecuciones ocurren a todas horas y donde sea, y van en aumento pese al despliegue mensual, en promedio, de más de 56 mil efectivos militares y navales en varios estados del país; al creciente aseguramiento de bienes inmuebles, vehículos, armas y dinero en efectivo; además de la detención de líderes, operadores y sicarios de cárteles de la droga.

Peor aún, a pesar de la estrategia de combate al crimen organizado, sigue aumentando la cantidad de enervantes que circulan en el país, la cantidad decomisada y el número de personas que se dedican a este ilícito.

Señor secretario, ¿acaso usted cree que es más eficiente el crimen organizado que la Secretaría de Seguridad Pública para generar información de inteligencia? ¿Cómo es posible que las bandas criminales puedan recomponerse de forma inmediata y conectar con los procesos de producción, traslado y distribución de drogas en el país; y peor aún, sostener el tráfico ilícito de armas?

El crimen organizado ha demostrado una fuerte capacidad de reacción y enfrentamiento, no sólo contra los integrantes de cárteles enemigos, sino contra corporaciones policiacas.

La capacidad de fuego de la delincuencia organizada pone en duda las acciones del gobierno federal para contener el tráfico ilícito de armamento; y peor aún, motiva el incremento de la violencia, de la comisión de ilícitos del fuero común mediante el uso de armas de fuego.

Señor secretario, de acuerdo con la información proporcionada en el Tercer Informe de Gobierno, los cárteles de la droga han sufrido grandes pérdidas tanto en producción como en su distribución; entonces, ¿por qué el consumo de drogas va en aumento? Tan sólo en seis años creció 50 por ciento el número de personas adictas a las drogas ilegales.

El fácil acceso a las drogas está contribuyendo a una mayor vulnerabilidad hacia su uso, a la desintegración de las estructuras sociales y a generar conductas destructivas, violentas y de transgresión.

En otro aspecto, llama la atención que si su mayor crítica ha sido el modelo reactivo de la policía, que data de la década de los ochenta, ¿por qué la Policía Federal sigue actuando de forma igual? Sobre todo porque la corporación sigue desplazando personal y equipo de manera reactiva, tal y como sucedió en el Operativo Michoacán.

Señor secretario, las ejecuciones en contra de policías federales revelan la ineficacia en la generación de inteligencia policial, ya que no se está operando con oportunidad.

Lo conminamos a evitar la muerte de más elementos de las fuerzas federales, sobre todo de policías emboscados que, por no operar de forma eficaz y oportuna la información de inteligencia que genera la secretaría a su cargo, están perdiendo la vida. Cuide a sus elementos, señor secretario.

En otro tema, recién evaluábamos los cambios del gabinete efectuados por el presidente de la República con la renuncia de Eduardo Medina Mora, cuando sucede algo inesperado en materia de seguridad que acapara la atención de la opinión pública y del secretario de Seguridad Pública para coordinar el operativo para el rescate de 104 pasajeros del vuelo de Aeroméxico procedente de Cancún.

Señor secretario, el inexistente secuestro de la aeronave sólo demuestra que es suficiente la acción de un solo hombre para poner en alerta máxima a la Secretarías de Seguridad Pública, Defensa y Marina, por lo que el éxito del operativo para el rescate de 104 pasajeros del vuelo de Aeroméxico no es motivo de orgullo, sino de pena para los mexicanos.

La guerra contra el narcotráfico ha generado una ola criminal que ha contaminado a todo el territorio nacional y ha creado un campo fértil para la delincuencia común que, ante la falta de sanciones efectivas, ha favorecido a la delincuencia.

Vivimos en un país donde la decapitación y calcinación de cuerpos, así como la amputación de dedos y otros órganos son actos habituales. Señor secretario, estamos aprendiendo a vivir entre muertos, con los más de 13 mil homicidios relacionados con la delincuencia organizada que se han cometido desde el inicio de esta administración.

¿Cómo podemos vivir en una sociedad donde las muertes violentas aumentan día con día, pero no aceptamos vivir con la pena de muerte para secuestradores y homicidas? Hoy la pena de muerte adquiere aceptación entre un mayor número de mexicanos como medida extrema que el Estado se ve obligado a reimplantar para la protección de la vida y seguridad de las personas.

Reconocemos y celebramos el esfuerzo por contener el delito de secuestro y lo felicitamos por el éxito de los últimos operativos.

Señor secretario, se empiezan a vislumbrar ciertos destellos de luz. Ojalá que en un futuro se den más aciertos que desaciertos, porque año con año el secuestro registra una mayor tasa de crecimiento. Por ello, la pena de muerte ha adquirido una mayor aceptación social.

De acuerdo con Consulta Mitofsky, el 56 por ciento de los mexicanos tiene temor al secuestro, incluso 7 de cada 10 mexicanos se han pronunciado a favor de la pena de muerte en delitos como el homicidio y el secuestro. No podemos ignorar que de la Sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad se desprende que el temor a la inseguridad ha hecho modificar hábitos y conductas a la mitad de la población. Incluso el 65 por ciento de los encuestados manifestó que se siente inseguro en su estado y el 49 por ciento en su municipio. Por ello, mi grupo parlamentario buscará en esta Legislatura la reinstalación de la pena de muerte, porque no es un reclamo partidista, sino un reclamo social. El peor crimen debe ir acompañado del peor castigo.

Ya basta de recluir en centros de readaptación social a secuestradores y homicidas, psicópatas incurables que disfrutan de la impunidad y poder para someter y humillar a sus víctimas sin remordimiento. Además, no se readaptarán jamás, señor secretario.

Ha llegado el momento de evitar que un delincuente que comete delitos del orden común haga carrera en un sistema que va desde la ineptitud policiaca hasta la profesionalización delictiva en las cárceles.

Es claro que los reclusos no están sujetos a auténticos procesos de resocialización y que la mayoría de las 433 cárceles del país se han convertido en verdaderas universidades del crimen.

Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Verde impulsará, además de la reinstalación de la pena de muerte, políticas públicas que permitan atender el sistema penitenciario nacional con un enfoque integral al sistema penitenciario, para convertir estas universidades del crimen en verdaderos centros de readaptación social.

Finalmente, señor secretario, reconocemos el compromiso que ha mostrado con la nación en materia de seguridad pública para modificar el modelo policial del país. Sin embargo, lo exhortamos a poner todo su empeño para evitar que este nuevo modelo policial fracase como el modelo de la Agencia Federal de Investigación, del cual usted fue creador durante su paso por la Procuraduría General de la República.

El Congreso ha cumplido y seguirá cumpliendo con su responsabilidad republicana. Hemos aprobado las reformas necesarias. Esperamos del Ejecutivo federal una estrategia funcional y responsable que contribuya a un combate eficaz del crimen organizado. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Leticia Quezada Contreras, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Leticia Quezada Contreras: Con el permiso de la Presidencia.

Es el tercer año del gobierno de facto, mismo periodo de usted al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal ---sin contar, por cierto, su lamentable paso por la AFI---, y en el balance general los resultados del gobierno ilegítimo así como su desempeño son, por decir lo menos, insignificantes. Mientras usted viene aquí y nos dice que la política de seguridad va por buen camino, en México la gente vive aterrada, angustiada y con la incertidumbre de que sus hijos e hijas, padres o hermanos estén seguros, con vida. Viven en el temor de ser secuestrados. Esto no puede seguir así.

En el territorio nacional se incrementa la delincuencia organizada, el narcotráfico, levantones, las desapariciones, las decapitaciones, los secuestros y las agresiones contra periodistas.

En este rubro, de 2006 a 2009 se han cometido 32 homicidios contra periodistas y se han presentado de 2007 a la fecha al menos 478 agresiones contra comunicadores. México es el país más peligroso del mundo para los reporteros, incluso más que Irak. ¿Dónde queda la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas? En México, no existe. Ser periodista es una profesión de alto riesgo.

Que nos escuche bien el señor Calderón y su comparsa de misóginos, que hoy en el Senado de la República pretenden dar un golpe más a las mujeres del país. Ésos que se burlan del dolor de las miles de madres, padres y hermanos, familiares y amigos de cada una de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez

Señor Calderón, rechazamos la intentona de colocar a un violador de derechos humanos, a un títere de usted y su grupo al frente de la PGR. No queremos tener como procurador al mayor misógino e incapaz. ¿Cree usted que las mujeres en el país nos sentiremos seguras?

¿Cree usted que con comentarios misóginos, como los expresados por Chávez Chávez en Ciudad Juárez, vamos a esclarecer los hechos y a castigar a los responsables? Cito, señores diputados: ``A las mujeres las violan y las matan por la actividad a la que se dedican. Si las violan y matan, no es porque iban a misa. Ellas tienen la culpa de que las agredan, por su forma de vestir provocativa''. Palabras de Chávez Chávez. La respuesta es no.

Nos oponemos y desde la máxima tribuna del país decimos: ni una muerta más, señor Chávez. Ellas no tienen la culpa. La culpa la tienen funcionarios que como usted, secretario, no quieren ver la realidad del país. Porque no quieren reconocer ni ver los 25 asesinatos contra perredistas en 2009, ni las 11 agresiones graves contra militantes de mi partido. Todo esto se da en Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, y la mayoría de ellos en Guerrero, con Chavarría.

La impunidad y la tolerancia delincuencial son el estigma de su gobierno. ¿Cuántos miles de muertos más necesita para darse cuenta de que su política de combate a la delincuencia es errónea? ¿Qué no se dan cuenta que es la pobreza y la falta de alternativas lo que se convierte en un caldo de cultivo para la delincuencia? Aunado a la miopía de usted y su jefe, que ven en México a un México de Calderolandia. Para ustedes aquí no pasa nada.

A Calderón, a usted y a su Procuraduría les preguntamos: ¿Acaso dentro de las estadísticas de delincuentes aprehendidos y procesados se encuentran Jacinta, Alberta y Teresa, que por el hecho de ser mujeres indígenas y pobres son detenidas, procesas y encarceladas por un delito fabricado en contra de policías federales?

En el exterior su jefe se empecina en vender a México como un paraíso para las inversiones, como un México seguro, de oportunidades, de respaldo a los derechos humanos, de exención de impuestos para los que tienen, y se olvida que es aquí donde apenas sobreviven 60 millones de pobres, 45 de ellos en pobreza extrema. Traiciona a la patria aquel que sacrifica a su pueblo en aras de seguir llenando los bolsillos de los saqueadores de la riqueza nacional. Nuestras diferencias no sólo son ideológicas. Los resultados van más allá. Nuestras diferencias son de fondo.

La diferencia es que no tenemos la misma visión de país. En mi partido, que representa la izquierda, defendemos y velamos por los derechos humanos, denunciamos las injusticias, trabajamos por la seguridad, combatimos la impunidad, la corrupción y la pobreza; y usted y su partido, lo contrario. Y esto lo demuestran en la forma de gobernar.

Calderón ha dicho que se quiere politizar el tema de la inseguridad para atacar al gobierno federal. No somos nosotros los que politizamos el tema de la inseguridad. Fue el PAN, su partido, el que quiso convertir la elección de 2009 en un referendo a su política de seguridad, y los resultados electorales, señor secretario, están a la vista.

La población no respaldó ni respaldará su guerra contra la delincuencia, sus métodos ni sus resultados para vivir mejor, acéptelo. La ciudadanía en las urnas dijo no a su estrategia y rechazó su política de seguridad. Creyeron que atemorizando a la población, lograrían sus oscuros fines; le apostaron a la desinformación y la población los reprobó.

Si quiere tomar una verdadera acción responsable, si no puede con el encargo, haga caso de las voces que desde la sociedad civil piden su renuncia. En este momento le entrego a usted, a nombre los cientos de familias, civiles, mujeres, periodistas, militares y perredistas muertas, su petición de renuncia para que se la presente a su jefe Calderón.

Su continuidad al frente de esta secretaría es un monumento a la falta de resultados. México ocupa el primer lugar en el mundo en donde se cometen secuestros, secuestros rápidos o de los llamados exprés, y extorsiones telefónicas. Cabe señalar que muchas de éstas se realizan desde centros de reclusión. Entonces, ¿estamos o no estamos seguras?

Más de 90 mil millones de pesos en orden, seguridad y justicia, y ¿qué hicieron? Nada. La inseguridad sigue aumentando. Secretario, no se gaste el dinero solamente en costosísima tecnología. Eso no hace que la genta se sienta y esté protegida. Invierta en una política eficiente de prevención.

Señor secretario, ¿cuántos funcionarios de medio y alto nivel han sido cesados, detenidos y son investigados por sus vínculos con el crimen organizado? ¿Hasta dónde han sido penetradas las instituciones encargadas de la seguridad pública? ¿Puede usted meter las manos al fuego por sus colaboradores? La respuesta salta a la vista.

Secretario, México no se reinventa con la privatización de las cárceles ni concesionando una función pública fundamental ni mucho menos entiende el problema de fondo. Para el Partido de la Revolución Democrática la seguridad pública es una de nuestras prioridades; pero también sabemos que no es con un Estado policiaco como se resolverá la inseguridad.

Señor secretario, la violencia, la corrupción, el desempleo, la crisis económica, la deserción escolar, la violación de derechos humanos, los asesinatos, la inseguridad y la falta de programas sociales integrales en beneficio de toda la población, son resultado del modelo económico del gobierno usurpador, de sus políticas represivas y su desprecio por la Constitución y por el pueblo de México. Sus acciones hablan por sí mismas.

Lo peor, es que en su embestida en contra de los que menos tienen, en contra del pueblo de México, tienen planeado impulsar una serie de reformas mediante las cuales pretenden entregar el país al capital extranjero, sangrar al pueblo con más impuestos. Muestra de ello son las reformas de Pemex, porque no están dispuestos a cejar en su intento privatizador; no están satisfechos los jefes de Calderón. El PRD no cederá en la defensa del patrimonio nacional.

Señor secretario, sus nulos resultados se reflejan en la desesperanza para la gente, la de carne y hueso, los que están afuera, en las calles, los sin nombre, ¿y a todos estos pretenden sumar el 2 por ciento del impuesto al consumo? Y ustedes en cambio, brindan protección a los grandes evasores.

¿Usted cree que con los resultados que nos presenta su gobierno tiene cara para pedir un impuesto más a los que menos tienen? Este gobierno los ha dejado en la miseria, y si no es suficiente con ello, ahora intentará reposicionarse con una millonaria campaña mediática, en la que se presumirá el supuesto combate a la corrupción y la impunidad y se difundirán resultados inexistentes. Todo ello para buscar la aceptación y el apoyo ciudadano.

Porque nos asiste la razón, nuestra lucha es por las mexicanas y los mexicanos y no por un pequeño grupo de interés; por la defensa de los derechos humanos; por el esclarecimiento de los feminicidios y por la erradicación de la inseguridad, la tortura y la represión. Ni una muerta más. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado César Octavio Pedroza Gaitán, del Partido Acción Nacional.

El diputado César Octavio Pedroza Gaitán: ``Vivir en justa paz en este México amado y amable, digno y capaz de un destino deslumbrante; ver el porvenir y sus riesgos sin angustia; luchar, que ése es el patrimonio del hombre, contra los ataques de los violentos, sea el destino del pueblo mexicano'', Manuel Gómez Morín.

Con su anuencia, señor diputado presidente. Señoras y señores legisladores. Señor secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en el Partido Acción Nacional concebimos como fin último, trascendente, ontológico, de toda acción del ser humano, la búsqueda indeclinable del desa-rrollo y la plenitud del individuo en su dignidad. Esta aspiración de perfección dirigida hacia su bienestar adquiere superlativa dimensión cuando es el bien de la comunidad lo que se persigue; el anhelado bien común.

Desde las más ancestrales organizaciones sociales, los individuos que las conformaban elegían a aquellos que eran capaces de ofrecerles protección y seguridad, depositaban en ellos su confianza.

A lo largo de la historia de la humanidad no sólo evolucionó el hombre mismo; también lo hizo la sociedad, y con ella los factores que vulneran la integridad y la tranquilidad de los seres humanos. Lo que no debe cambiar, lo que no puede perderse es lo que dio origen al principio de la autoridad en las sociedades, la confianza que otorga la comunidad para quienes serán responsables de proveerle la seguridad y la paz.

Hoy, desde la perspectiva del Partido Acción Nacional, con profunda preocupación observamos cómo nuestra nación se enfrenta a los efectos de una creciente descomposición social. México sufre los embates de una ola delictiva a la que no estábamos acostumbrados los ciudadanos; a la que no queremos jamás acostumbrarnos.

Hoy la nación se debate en un duelo sin pausa, en una lucha sin tregua contra fenómenos criminógenos que lesionan y socavan las estructuras de nuestra sociedad. Diversas son sus causas y su etiología, que ameritan por igual nuestra atención y nuestra ocupación; la del Estado entero.

En este sentido, las políticas de preservación son indispensables para atacarlas desde su origen. Desde la desintegración familiar hasta el hacinamiento urbano y habitacional; desde la pérdida de los valores fundamentales hasta la iniquidad del crimen organizado...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputado. Está pidiendo la palabra el señor diputado. ¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Con fundamento en los artículos 104 y 105 del reglamento, sin violentar el derecho que respetamos de manifestarse de cualquier legislador, que lo hagan desde un lugar donde no obstruyan al orador que se está dirigiendo al pleno y que está en el uso de un derecho constitucional.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, señor diputado.

En los términos de los artículos 104 y 105 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, les solicitamos a los señores diputados mover su presencia para no distraer a los oradores y, además, para no estar cubriendo el Escudo Nacional. Por tanto, les solicitamos respetuosamente, señores legisladores, compañeros. No se les impide que manifiesten ustedes sus puntos de vista, pero sí que lo hagan de una manera que no interrumpan al orador.

El diputado César Octavio Pedroza Gaitán: Señor presidente, yo no tengo problema con que los compañeros permanezcan aquí. Eso sólo es para la fotografía.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Continúe, señor diputado.

El diputado César Octavio Pedroza Gaitán: La impunidad que con frecuencia prevalece en nuestro sistema de impartición de justicia es tierra fértil para que prolifere el crimen y la delincuencia.

Señor secretario García Luna, al inicio de la gestión del presidente Felipe Calderón, cuando tomó la decisión de emprender el combate frontal contra las organizaciones criminales, nos vaticinó que la lucha sería larga, de altos costos y, sobre todo, que cobraría muchas vidas.

El presidente Calderón nos auguró que los criminales, los sin escrúpulos, los que envenenan a nuestra juventud en su mayúscula perversidad, intentarían corromper, infiltrar, socavar nuestras instituciones, y en la mayor de sus depravaciones, pretenderían colocar a la sociedad en contra de su autoridad, minando así la confianza de la que es depositaria.

Las 50 mil armas decomisadas, más de 5 mil toneladas de droga incautadas, 80 mil delincuentes capturados, 200 bandas desarticuladas, son datos que avalan los avances logrados.

En Acción Nacional reconocemos, valoramos y aplaudimos el inconmensurable esfuerzo sin precedente que están realizando las distintas dependencias del Gobierno de la República, incluyendo a nuestras Fuerzas Armadas en el combate decidido y responsable, valiente y perseverante contra el crimen organizado en sus diversas modalidades: el narcotráfico, el secuestro, la trata de menores, de indocumentados, el tráfico de armas, la extorsión.

Señor secretario, pese a las injurias y al denuesto que denigra más a quien las profiere, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional lo alienta a usted y a la secretaría a su cargo a no desmayar en esta cruzada, por brindarnos a los mexicanos la seguridad, la tranquilidad y la paz que anhelamos la sociedad entera.

De manera preponderante los diputados de Acción Nacional hoy queremos solicitar a esta honorable asamblea hacer el más alto reconocimiento a los centenares de agentes, oficiales, militares, marinos, funcionarios y civiles inocentes que han perdido la vida como resultado de esta encarnizada lucha por la preservación de la paz en nuestra nación.

Solicito, respetuosamente, a la Presidencia de la Mesa Directiva detener la cuenta del cronómetro por un minuto, para tributar en silencio, el mayor homenaje a todos los caídos en el cumplimiento de su deber.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Concedido el minuto de silencio y pedimos a todos ponernos de pie.

(Minuto de silencio)

Muchas gracias.

El diputado César Octavio Pedroza Gaitán: Señor secretario García Luna, por mi voz recoja usted el sentimiento de los diputados de Acción Nacional, y seguro estoy que el de la mayoría de los legisladores de esta soberanía, para reconocer el valor, la determinación y el patriotismo con los que enfrenta esta cruzada el presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Señor secretario, valoramos lo avanzado, lo conseguido, celebramos las aprehensiones, los decomisos, los desmantelamientos y las incautaciones. Lo felicitamos y nos felicitamos por la liberación de las víctimas de los secuestros, del arresto de los criminales, por los laboratorios y los plantíos destruidos.

Pero al mismo tiempo, señor secretario, los diputados de Acción Nacional respetuosamente le pedimos que continúe trabajando, desde la institución que usted representa, en el respeto irrestricto a los derechos humanos y de las garantías individuales, porque un solo caso, aunque fuese la excepción, para nosotros, es todavía demasiado.

En un combate a fondo, hasta las últimas consecuencias, contra la corrupción y las infiltraciones en las instituciones de seguridad, en propiciar, señor secretario, una cada vez mayor coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad, a través de los diversos programas de colaboración.

Finalmente, señor secretario García Luna, en nombre de los legisladores de Acción Nacional y de miles de mexicanos que clamamos por mayor seguridad, le exhortamos a no dar ni un paso atrás, a no ceder ni un milímetro en este combate contra el crimen, a no arrear banderas en esta lucha atávica del bien contra el mal, no podemos, no debemos claudicar. Así lo ha comprometido el presidente de la República, y el país entero lo respalda.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, en este tema, en materia de seguridad nacional, les invito, les convoco, en nombre de todos los diputados de Acción Nacional y de todos los mexicanos, a dejar de lado nuestras diferencias, a guardar para otra ocasión nuestras divergencias ideológicas. Está de por medio la seguridad, la soberanía, la integridad de la nación. Que en este objetivo sublime de lucha por la paz y la tranquilidad de los mexicanos no prevalezca la mezquindad de intereses políticos, económicos y menos, mucho menos electorales sobre los supremos intereses de la patria.

Esta guerra la libramos por nuestros hijos, por los hijos de ellos. La mejor manera de honrar la memoria de los que han ofrendado su vida en esta lucha es que los políticos y los partidos estemos a la altura de su entrega y de su patriotismo.

Termino mi intervención. Designios superiores harán el desenlace de este drama, pero designios que en vías de prodigio se cumplen a través de nuestra razón libre y de nuestra libre voluntad. Y por ello nos abrazamos a la resolución de buscar y de decir la verdad, y de luchar hasta el cabo de nuestras fuerzas por crear...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Concluya, señor diputado, por favor.

El diputado César Octavio Pedroza Gaitán: ... los medios y el clima socialmente necesarios, para que esa verdad impere y el bien se cumpla en la paz justa, que es nuestro anhelo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida: Señor presidente de la Mesa Directiva, señoras diputadas y señores diputados de la LXI Legislatura.

Señor secretario de Seguridad Pública, ingeniero Genaro García Luna, usted acude hoy a este recinto legislativo para cumplir con una obligación constitucional consagrada en el artículo 63 de la nuestra Carta Magna. La seguridad pública es una gran responsabilidad del Estado. Analizarla requiere seriedad y profundidad. No es tema que admita especulación ni lucro político por nadie, partido o grupo de interés, incluye a todos, y particularmente al Ejecutivo federal y a usted.

A usted, secretario, se le reconoce capacidad policiaca, formado y experimentado en ese campo, y creador de un nuevo modelo de actuación policial basado en compartimentar información, analizar modos de operación delictiva y actuar con procedimientos tácticos y operativos que mejoran la eficacia policial.

En ese plano, táctico y operativo de actuación policiaca, se está en el camino correcto. Por eso no me voy a referir a la pléyade de anécdotas operativas que incluye el informe que se presenta.

No obstante, si se tiene una visión clara de Estado, como la tiene el PRI, se perciben errores en la estrategia del Ejecutivo. Errores que se traducen en mayor inseguridad, zozobra en la vida, en los valores, en la salud y el patrimonio.

Hay que decirlo con toda claridad, el Ejecutivo federal ha estado y sigue estando equivocado en el planteamiento estratégico en materia de seguridad, tanto en la pública como en la de seguridad nacional.

En el capítulo de seguridad presentado es imposible analizarlo seriamente. Las cifras que contiene son parciales, sólo abarcan de enero a junio de 2009 y se omitieron cuatro meses de 2008 y más de dos meses de 2009 del informe, y esto es irresponsable.

Con cifras que llaman ustedes preliminares, hay que preguntarnos todos cómo se elaboró la Cuenta Pública, y cómo presupuestaron su ejercicio de gasto para 2010.

Nuestra Constitución, en el artículo 93, nos ordena a los diputados hacer un análisis por ramos de la administración pública. El informe enviado sobre seguridad pública es una mezcla arbitraria de programas de muy diversos ramos, lo que viola la Constitución e imposibilita analizarlo con seriedad. Más aún, el informe presentado destaca en acciones que son competencia de otros poderes.

Mi partido se sorprende de que se señale que la Policía Federal, a su cargo, realizó el mayor decomiso de la historia, cuando esa figura jurídica el decomiso le corresponde al Poder Judicial, después de agotar todo un proceso penal y determinar la imposición de una pena, que es el decomiso de bienes. Esta confusión no es semántica, es una confusión estratégica. Quizá por ello habla de sus más de 80 mil delincuentes detenidos y nos esconden los mínimos resultados obtenidos cuando se refiere a sentenciados, a los que se les comprobó la comisión de delitos.

En el informe presumen que se confiscó el mayor cargamento de droga, cuando esta figura jurídica está prohibida por la Constitución. Cuando existió fue uno de los detonantes en las luchas sociales que ha tenido nuestro país, por tanto, el PRI no puede compartir esta expresión anticonstitucional.

La estrategia contenida en el informe señor secretario se basa en el desprecio a nuestra Constitución que, a fin de cuentas, es el desprecio a nuestra historia. Así, el PRI contempla con asombro y rechazo la concepción y lineamientos del informe.

Si las libertades de los individuos estorban la acción policíaca, limitémoslas. Si el respeto a la Constitución impide realizar cateos o detenciones arbitrarias, cambiemos la Constitución. Si la compra venta de droga al menudeo se convierte en una pesada carga para la federación, que sólo se dedica a combatir el trasiego de drogas a Estados Unidos, trasladémosle la carga a los estados; pero no recursos para atenderla.

Si los municipios no tienen recursos para fortalecerlos en las tareas de seguridad pública, ahora vienen a proponer desaparezcan las policías municipales. Si necesitamos penales de muy alta seguridad, hay que mandárselas a Veracruz por ejemplo, que ahí les quedan muy bien.

Así, si la policía es ineficaz, metamos al Ejército en tareas que no le son propias. Las que, sin acciones complementarias de carácter social, sólo arriesgan la vida y el prestigio de nuestras Fuerzas Armadas y posibilita la acción de derechos humanos. El PRI, hace un reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas por su entrega, valor, coraje y sacrificio de su investidura institucional.

El PRI reitera que la llamada estrategia de seguridad muestra confusión y está profundamente equivocada, lo cual nos está llevando cada vez más a un país de corte policíaco autoritario, que amenaza gravemente los derechos humanos y esto es a lo que el PRI se opone.

Las iniciativas de ley presentadas al Congreso dan cuenta exacta de ello. Afortunadamente, no todas han sido aprobadas en sus términos, gracias a nuestra intervención partidaria. Pero el intento de modificar lo que estorba: la ley, las instituciones y las libertades, ha quedado documentado como la más peligrosa intentona de debilitar al Estado, desde el Estado mismo.

Como no funcionan, lo que proponen... alegan necesitar cambio de leyes. El PRI ha apoyado algunos de estos aspectos con el objetivo de que no existan pretextos, para no alcanzar la seguridad pública que merece la sociedad. Como nunca, este gobierno ha tenido modificaciones a la ley; incluso, a la Constitución para apoyar sus tareas en arraigo, cateos, facultades para investigar a las policías preventivas, medidas cautelares, extinción del dominio de bienes, negar acceso a información pública y detenciones en delincuencia organizada, apoyos en la aprobación de nuevos marcos normativos, aumentos de penas, apoyo para recibir recursos económicos de otros países, pagar recompensas, infiltrar agentes, irregular los llamados testigos protegidos, modificaciones al Código Penal, leyes de Seguridad Pública, amparo y procedimientos penales.

Como nunca, el Ejecutivo federal ha tenido recursos económicos para modernizar equipos, personal, instalaciones, salarios y tecnología. Sólo en el 2008 la Secretaría de Seguridad Pública tuvo un presupuesto cercano a los 33 mil millones de pesos, sin aclarar cuánto en realidad se ejerció, y si creció su nómina de altos funcionarios.

Sólo se informa la vergüenza de que en los programas conjuntos para seguridad, de casi 9 mil millones de pesos, únicamente se ejerció el 6 por ciento. La federación tiene en eso una enorme responsabilidad. Como nunca, el Ejecutivo ha apoyado la operación policíaca en detrimento de la actividad ministerial, que ya cobró como víctima al ex Procurador General de la República, de quien hubiera sido importante su comparecencia antes de renunciarlo.

Sí, es verdad que la Secretaría de Seguridad Pública está en guerra. Ahí, en la salida del procurador, se encuentra su única victoria. Frente a todos estos apoyos hay que hablar de los resultados: más de 6 mil ejecutados sólo en este año, con menos del 1 por ciento de casos esclarecidos. El PRI se pregunta ¿es ineficacia o estrategia dolosa?

Aumento en ocho años en 70 por ciento del número de adictos en México; el debilitamiento institucional, donde el órgano investigador constitucional asume el papel de maquilador de la investigación policiaca; el surgimiento de nuevas organizaciones criminales que compiten con autoridades municipales, y en algunos casos estatales, y mucho es por concentrar parte de esta estrategia en combatir solamente el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, con el epitafio publicitario ``que la droga no llegue a nuestros hijos''. Al menos pónganlo en inglés, porque aquí en México creció 70 por ciento el número de adictos durante los gobiernos del PAN.

En nuestro país, si hay jóvenes que pretenden salir de las adicciones, los ejecutan, como en el caso de Ciudad Juárez, y en eso la estrategia del Ejecutivo federal parece no tener la menor importancia.

El PRI tiene una visión de Estado muy distinta a la debacle que hoy nos presenta. Afirmamos que la inseguridad está asociada a los factores que generan crisis económica y pobreza; a la ausencia real de oportunidades para el desarrollo personal, a la educación cuando deja de ser formadora de valores y promotora de permeabilidad social, a la coordinación de esfuerzos entre estados y municipios que potencie su capacidad de respuesta y no su agresión permanente; al respeto a las garantías individuales y sociales, a ver el tema de la seguridad como un tema de Estado y no de polarización en materia de campañas electorales.

En conclusión, para mi partido la errática estrategia de gobierno sigue presentando un fracaso en la política de prevención del delito, fracaso en el combate al crimen, fracaso en el sistema carcelario y el gran fracaso de la rehabilitación social. El PRI propuso una agenda de seguridad en el marco de la reforma del Estado que sigue vigente: fortalecer a las autoridades sanitarias creando una instancia contra las adicciones que actúe con firmeza contra el consumo de drogas. Si logramos frenar una epidemia de influenza invisible, ¿no podríamos hacerlo con una epidemia de drogas visible, la autonomía funcional del Ministerio Público, y otras más?

Señoras diputadas y señores diputados, con toda responsabilidad y seriedad, el PRI ratifica una visión distinta para resolver los graves problemas nacionales, que para fortuna de todos, la sociedad mexicana reconoció el pasado 5 de julio depositando con su voto su esperanza renovada. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado.

Hemos concluido el punto tercero, fracción I, de posicionamientos, del acuerdo parlamentario.

Les informo, señoras diputadas y señores diputados, que contamos con la visita de alumnos de la Preparatoria Regional de Tamazula, Jalisco. Sean ustedes bienvenidos.

Para cumplir las fracciones II y IV del punto tercero del acuerdo que norma esta comparecencia, los grupos parlamentarios han inscrito para la primera ronda de preguntas, respuesta, comentario, a los diputados Pedro Jiménez León , de Convergencia; Roberto Pérez de Alva Blanco , de Nueva Alianza; Pedro Vázquez González , del Partido del Trabajo; Diego Guerrero Rubio , del Partido Verde Ecologista; Nazario Norberto Sánchez , del PRD; María Antonieta Pérez Reyes , del PAN; Alma Carolina Viggiano Austria , del PRI.

Por tanto, se concede el uso de la palabra al diputado Pedro Jiménez León , de Convergencia, por tres minutos para formular su pregunta.

El diputado Pedro Jiménez León: Señor secretario, seis de las siete fuerzas políticas representadas aquí, coincidimos en que la estrategia de seguridad pública, que es la competencia a su cargo, ha sido un fracaso. La supuesta inquebrantable dureza presidencial no ha dado resultados ni con la aprobación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ni con sus bases de operación, ni con los programas, ni los operativos territoriales referidos en el Tercer Informe de Gobierno.

Es evidente que a tres años de administración panista no hay coordinación entre las corporaciones policiacas que operan en el país. La sociedad se da cuenta de ello, sabe que esta coordinación no existe y, si existe, como usted dice, avanza muy lentamente.

Se da cuenta también de la competencia que hay entre las fuerzas políticas que detentan el gobierno federal y los gobiernos estatales de otro signo partidario y muchas veces es en realidad, como aquí ha quedado claro, por el manejo de los recursos que opera su secretaría, la propia Procuraduría General de la República y que no están sujetos a rendición de cuentas. Por eso me permito formularle las siguientes preguntas.

¿Cuáles son los indicadores de que dispone la Secretaría de Seguridad Pública para evaluar los avances obtenidos en materia de combate efectivo a la delincuencia? Sobre este particular es conveniente señalar que dichos instrumentos deben ser claros y lo que vemos y escuchamos, hasta hoy, es un juego de cifras ofrecidas sólo para aminorar críticas, pero imposibles de corroborar, lo cual es inaceptable.

Señor secretario, ¿qué se está haciendo para recuperar la confianza de la ciudadanía en las corporaciones policiales? ¿Se tienen identificados los tipos de delitos ocurridos por entidad federativa? Y de ser así, ¿cuáles son las acciones emprendidas para contrarrestarlos? ¿Existe un padrón nacional confiable y completo de elementos policiales que impida, como ha ocurrido, que cuando son sancionados en alguna entidad se trasladen a otra para delinquir? ¿Cuáles son los compromisos que se han establecido entre los gobiernos de México y otros países para controlar el circuito financiero del cual se beneficia el crimen organizado? Porque de eso no se ha dicho nada. ¿Existen algo más que declaraciones de buenas intenciones para detener el flujo de armas provenientes de nuestra frontera norte? Por sus respuestas, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor ingeniero Genaro García Luna,secretario de Seguridad Pública, hasta por cinco minutos.

El secretario Genaro García Luna: Con su venia, señor presidente.

Gracias, diputado, por sus preguntas. Dentro del esquema actual de la secretaría se han impulsado indicadores de medición para cada rubro.

En la parte sustantiva de operación policial tenemos indicadores específicos para cada tarea, desde detenciones en la operación dura, en el combate al crimen, el alcance de aseguramiento de droga, personas, dinero y también, sin duda un tema importante, en el combate a la corrupción. Un eje importante de este esfuerzo, sin duda, es reconstruir el vínculo con la comunidad y en ese sentido la perspectiva para esta secretaría es fortalecer la interacción con la comunidad. Para ello se han implantado tareas específicas en la parte de prevención y, en particular, un trabajo conjunto con la comunidad para tareas del cuidado de adicciones y ahora, con un nuevo esquema, un sistema compartido con salud, educación y desarrollo social, el tema de espacios públicos y también escuela segura.

Respecto de la referencia específica de cuál es el delito que prevalece en el país, debo decir que en todo el país el registro nacional identifica como mayor índice delictivo al robo y éste, en promedio, fluctúa entre 60 por ciento, según entidad federativa. Aquí habría que distinguir, de manera puntual, que el caso del Distrito Federal fluctúa entre 7.5 por ciento y 8 por ciento en toda una década.

Respecto al circuito financiero, sin duda es un tema de relevancia. Hoy debo decir que, gracias al trabajo de esta soberanía, la Policía Federal cuenta con facultades para poder participar en el trabajo específico de combate al delito de lavado de dinero.

Hoy estamos trabajando para fortalecer capacidades nuevas en la Policía Federal, estamos reclutando cuadros nuevos, con perfiles nuevos para atender y tener alcance en el combate a este delito. Para ello hemos formado cuadros nuevos de policías investigadores que provienen de escuelas universitarias, tanto de economía, contaduría, e inclusive, en la parte financiera. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra hasta por cinco minutos para hacer comentarios el señor diputado Pedro Jiménez León, de Convergencia.

El diputado Pedro Jiménez León: Con un ánimo verdaderamente republicano, en el que con respeto al principio de la división de poderes esperaba de usted respuestas veraces y puntuales; sin embargo, no ha sido así. Por eso, en esta intervención quisiera poner en evidencia ante esta soberanía la austeridad con la que usted y el gobierno federal manejan los recursos financieros del erario público destinados a la seguridad.

Usted, señor secretario, y sus invitados, al igual que el procurador general de la República y sus invitados, cuando se trasladan a otras partes del país usan tres jets Grumman 2, que son los mismos que utilizan los jeques árabes y que son los más caros del mundo en su costo y en su operación. ¿Para eso quieren más nuestros impuestos?

Ustedes dedican miles de policías como escoltas y guaruras de los favoritos del régimen, a los favoritos del gobierno, mientras millones de mexicanos sufren la inseguridad y la violencia en sus casas y en sus calles, sin que haya quien los defienda. ¿Para eso quieren ustedes nuestros impuestos?

Ustedes disfrutan del presupuesto más grande en seguridad en la historia del país y nos dan como resultado la inseguridad más alta en la historia del país. ¿Para esos resultados de ineficiencia quieren nuestros impuestos?

Su secretaría y la Procuraduría General de la República son las únicas instituciones que ejercen el presupuesto sin licitación, sin transparencia y sin rendición de cuentas. A ustedes no se les puede exigir cuentas ni hacerles críticas porque, curiosamente, eso los fortalece frente a su jefe. A la mejor será porque las funciones de espionaje y el ejercicio sin rendición de cuentas, por el desmesurado presupuesto, los hacen intocables.

Nunca hemos tenido una crisis de seguridad como la que hoy sufre el país durante los últimos 3 años, en los que usted ha estado encargado de la seguridad pública. Y quiero repetir la cifra: llevamos más de 14 mil ejecutados y los delitos siguen en aumento. Por eso, señor secretario, cuando le pregunté cuál era el delito de mayor incidencia por entidad federativa, usted respondió: más de 60 por ciento de los delitos es el robo. Por eso, Convergencia sostiene que éste no es un asunto de policías y de ladrones, que es un tema del modelo económico que no solamente genera mayor pobreza, mayor desigualdad e inseguridad.

Cambiemos el modelo económico. Hagamos que la economía se ponga en crecimiento. Separemos o eliminemos los regímenes de excepción que favorecen a las grandes trasnacionales y a los grandes empresarios de este país. No gravemos más la economía de la clase media mexicana, y a lo mejor con eso logramos en realidad disminuir los índices delictivos y nos evitaríamos tener que estar pagando un presupuesto tan alto, del que nadie rinde cuentas al país, y no será necesario crear nuevos impuestos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra, hasta por tres minutos para formular su pregunta, el señor diputado Roberto Pérez de Alva Blanco, de Nueva Alianza.

El diputado Roberto Pérez de Alva Blanco: Gracias, diputado presidente.

Con todo respeto y con toda seriedad, me gustaría empezar con una pregunta que ilustraría seguramente más que mil renglones que leyera, lo que hoy estamos viviendo. Les preguntaría a todos los que estamos en esta sala, diputados, medios de comunicación, asistentes, visitantes, pero sobre todo, a los cientos de miles, millones ---ojalá--- de mexicanos que nos ven en el Canal del Congreso, ¿se sienten seguros en sus casas? ¿Se sienten seguros cuando van al trabajo? ¿Se sienten seguros al enviar a sus hijos a la escuela? ¿Se sienten seguros, sienten paz en el desarrollo diario de su vida? Que la respuesta quede en el aire, e insisto, puede ilustrar más que mil renglones que leamos.

Señor secretario, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza considera que la política de combate a la delincuencia que ha impulsado el gobierno federal, no ha logrado un avance sustantivo en materia de seguridad pública. El Estado mexicano no está cumpliendo en su lucha contra el crimen organizado. La violencia en el país se mantiene como un indicador alarmante, más allá de cifras que lo pretenden encubrir.

En el informe se manejan ciertos avances en la lucha anticrimen y Nueva Alianza reconoce algunos paliativos, pero siendo objetivo sería necio negar que los mexicanos estamos insatisfechos con los resultados. Las estructuras de los cárteles de la droga cubren cada vez más entidades. Las ejecuciones registran datos impresionantes. El robo, en todas sus modalidades, es hoy el delito más frecuente, según la Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2009 ---es la sexta---, y el delito más frecuente. Destacan ahora además, una alta incidencia en la extorsión, uno de cada 10 delitos es extorsión, y qué decir del secuestro, uno de los delitos que más lastima a la sociedad y que se estima que ocurre, en sus diferentes modalidades, alrededor de 50 mil anualmente.

Se proporcionaron instrumentos legales al Ejecutivo federal para que pudiera enfrentar estos retos, pero se proporcionaron, también, importantes recursos económicos en 2009, más de 2 mil millones de pesos, por lo que cabe preguntarle, señor secretario, ¿qué pasa? ¿Por qué se está fallando de esta manera tan inaceptable en el combate a la delincuencia? ¿De qué manera fueron utilizados los recursos que esta Cámara aprobó para la seguridad pública? ¿Cuáles son los verdaderos logros que se han alcanzado en la aplicación de las reformas legales? Y sobre todo, ¿qué debe esperar una sociedad muy desalentada como resultado de su combate a la delincuencia? Por sus respuestas, de antemano, gracias, señor secretario.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra hasta por cinco minutos para dar respuesta, el señorsecretario de Seguridad Pública.

El secretario Genaro García Luna: Con su venia, señor presidente.

Gracias diputado Roberto Pérez de Alva. En principio, los recursos que se usaron para la Secretaría de Seguridad Pública federal fueron aplicados esencialmente a estructura operativa de la Policía Federal. Debo precisar que estos recursos están dirigidos para preparar cuadros nuevos de policías universitarios, para potenciar las capacidades profesionales en la Policía Federal.

En ese sentido, la plantilla, como ya se ha señalado en el informe, pasó de 11 mil elementos de la Policía Federal a 32 mil elementos actualmente. De los cuales ---como ya se presentaba en el informe--- se concluyó el acuerdo que se tenía con la Sedena, respecto al respaldo que había de una brigada militar.

Lo segundo, en la perspectiva que hay de la aplicación en logros para cada rubro, debo decir ---y está acreditado, son datos oficiales--- el avance que ha habido en cada uno de ellos, sin duda no hay precedente en la operación policial, de que lo que hoy hay en la Policía Federal respecto al combate al crimen, detenciones, aseguramientos.

Sin duda el tema de secuestros ha sido un tema sustantivo. Hoy por hoy la Policía Federal combate de manera frontal el secuestro en todo el país, y coadyuva con los estados y municipios en el combate a la extorsión. El tema del robo es un tema recurrente. Debo señalar que es un tema que toma mayor registro dentro del esquema delictivo. Y ahí estamos buscando fórmulas para sumarnos con los estados y municipios para combatir este fenómeno.

Un tema clave aquí, en el tema de extorsión, ha sido el trabajo preventivo para evitar, y a casi un año de que esto tuvo un pico importante en el registro nacional, se redujo casi al 48 por ciento de extorsiones en el país, respecto al año pasado. Y esto, debo precisarlo, con un trabajo mano a mano con la comunidad, donde la parte sustantiva fue el informe, la interacción con la comunidad, a través de las ONG, a través inclusive del trabajo comunitario para evitar e informar a la comunidad respecto a ese fenómeno. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor secretario. Tiene la palabra hasta por cinco minutos, para hacer comentarios, el señor diputado Roberto Pérez de Alva Blanco, de Nueva Alianza.

El diputado Roberto Pérez de Alva Blanco: Con su permiso, diputado presidente. La seguridad pública es un derecho y una garantía. El Estado debe proporcionarla a la sociedad y, en ese sentido, constituye un inexcusable factor de gobernabilidad para la tranquilidad social. Se ha convertido en la más alta prioridad de las políticas públicas del país, dado el crecimiento de los índices delictivos que dañan y ponen en riesgo la cohesión y el tejido social.

El narcotráfico, el secuestro, el robo, la trata de personas y la violencia son fenómenos que se vuelven cotidianos y ya ni nos sorprenden las noticias de descabezados, las noticias de muertos empaquetados, en los periódicos, que amanecen día con día. Esto, señor secretario, no lo podemos admitir.

Los datos que se manejan en el tercer informe del Ejecutivo federal, a nuestro juicio no corresponden a la realidad. En casi todos los sectores sociales se tiene la percepción de que las políticas implantadas por el gobierno federal han sido un fracaso.

En Nueva Alianza reconocemos el esfuerzo de los tres órdenes de gobierno en el combate a la delincuencia, pero no basta la disculpa de que hace falta mucho por hacer. Estamos conscientes de que la responsabilidad no está depositada única y exclusivamente en una sola autoridad, pero no hay excusas que valgan para delegar responsabilidades y justificar ineficiencias que prevalecen.

Consideramos que una estrategia certera y contundente para combatir al crimen debe partir, entre otras muchas estrategias, de un ataque frontal a sus finanzas. Para ello, el gobierno federal tiene cómo implantar los mecanismos financieros para que lleven a cabo esta acción de supervisión de los recursos económicos.

También proponemos que se ponga un mayor énfasis en acciones como el desarrollo de programas, estudios, diagnósticos y, sobre todo, cómo estudiar el hecho delictivo; en instrumentar y aplicar políticas cuyo contenido sea la prevención en la promoción de una cultura de la legalidad y la denuncia ciudadana, sobre todo en la administración y la procuración de justicia.

La sociedad reclama que los operativos realizados por las corporaciones policíacas, sean con apego verdadero a los derechos humanos y llevados a cabo con profesionalismo. Y de veras, también es insultante saber que en muchos de esos actos delictivos hay involucramiento de corporaciones policíacas.

También es importante en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, y estamos convencidos de ello, que una solución integral de largo plazo a éste y otros fenómenos pasa por la educación, forzosamente. La sociedad mexicana vive una situación en la que los valores se trastocan por actitudes contrarias al respeto a la legalidad.

El estado de impunidad asociado con la inseguridad que se vive, fomenta la falta de disposición para respetar el estado de derecho, desde los aspectos más simples hasta los más complejos de la vida cotidiana. Los procesos de ilegalidad aumentan día con día. Vivir sin respeto a las leyes equivale a estar en una sociedad caótica en la que la convivencia deja de ser pacífica y respetuosa. Así pareciera ser que nos encontramos.

Ante este panorama, es urgente que se entienda que la educación debe ser el espacio insustituible para fomentar la cultura de la legalidad entre los alumnos, sus familias y la sociedad. El objetivo es, para todo nosotros, construir una sociedad que privilegie los valores como un entorno fundamental para su convivencia.

Este sin duda es un tema en que la sociedad civil, el poder público, todos nosotros, tenemos que caminar de la mano para hacer un frente común a una realidad que ya no podemos aceptar. En tanto, señor secretario, es imperativo que el área que usted atiende cumpla verdadera y profesionalmente con su encargo constitucional. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos, para formular su pregunta, el diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del PT.

El diputado Pedro Vázquez González: Con la venia de la Presidencia.

Señor García Luna, en el informe de la dependencia a su cargo se dedica el capítulo 2.3 a los Derechos Humanos. En la página 65 se señala que uno de los objetivos esenciales de la Secretaría de Seguridad Pública es formar una cultura institucional de derechos humanos que garantice la actuación de sus servidores públicos y que esté apegada a la legalidad. A su vez, el artículo 3o. de la Ley de la Policía Federal establece que los principios rectores en el ejercicio de las funciones de esa corporación, entre otros, menciona el respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos. La realidad es que hoy los operativos han dejado secuelas de violencia y vejación a ciudadanos y ciudadanas que nada tienen que ver con el crimen organizado.

Entre 2007 y 2008 se han recibido en la Comisión Nacional de Derechos Humanos poco más de mil 900 quejas por violaciones a los derechos humanos. Organismos protectores de los derechos humanos de carácter internacional han documentado también casos de abuso de la fuerza y violación de derechos humanos, como resultado de los operativos de la presente administración. ¿Qué responde a ello? Esto demuestra, señor García Luna, que estos principios de respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos, en la Secretaría de Seguridad Pública no se cumplen.

El pasado 8 de septiembre en curso en el supuesto secuestro del avión de Aeroméxico que volaba de Cancún a la Ciudad de México, uno de nuestros compañeros, diputado local al Congreso de Quintana Roo, Hernán Villatoro, fue esposado e incomunicado en total violación al principio de presunción de inocencia previsto en el artículo 20, apartado B, de nuestra norma fundamental. Si eso hacen ustedes con alguien que se identificó plenamente como diputado, ¿qué no harán con cualquier otro ciudadano?

En el montaje televisivo que armaron, los últimos en enterarse del secuestro fueron los propios pasajeros del avión. ¿Acaso pretendían ustedes hacer un montaje igual al de Florence Cassez para demostrarle a la ciudadanía lo eficaces que son en el combate al crimen organizado?

Por otra parte, señor secretario, el Partido del Trabajo se ha opuesto a que el Ejército sea utilizado en tareas policíacas del país tanto de forma abierta como encubierta, a través del traspaso de elementos del Ejército y de la Armada en la Política Federal.

Señor García Luna, sea puntual e infórmenos, ¿cuántos militares se han incorporado a la Policía Federal? ¿Cuántos han desertado? Y de los elementos policíacos, ¿cuántos ya se estima que se han pasado a organizaciones delictivas?

Queremos destacar que a la secretaría a su cargo y a la Policía Federal les corresponde la prevención de los delitos. Y en esta tarea, el saldo le es claramente desfavorable. El narcomenudeo es un fenómeno que se da en el país y las inmensas utilidades, producto de esta actividad, no se han decomisado. Estos recursos se blanquean en el sistema financiero mexicano.

Es preciso señalar que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, el gobierno propone la disminución del presupuesto de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Termino, señor presidente, preguntando: ¿no le parece, secretario, un total contrasentido, porque esta falta de coordinación entre autoridades en cuestiones tan delicadas como el combate a la delincuencia y al crimen organizado? Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra hasta por cinco minutos, para dar respuesta, el señor ingeniero Genaro García Luna,secretario de Seguridad Pública.

El secretario Genaro García Luna: Con su venia, señor presidente.

Gracias diputado por sus preguntas. Bien, respecto a derechos humanos, debo precisar que se han recibido en esta secretaría, efectivamente, diferentes denuncias. Sin embargo, con toda puntualidad debo referir que únicamente se atienden porque así se está haciendo de manera pronta y específica, 12 casos, donde de manera muy en particular se está dando seguimiento a este fenómeno.

Respecto al evento del 8 de septiembre, debo precisar a ustedes que hay un procedimiento internacional para el tema de seguridad aeroportuaria. Debo decir que la alerta, el inicio de la alerta no la hace la autoridad, la hace el piloto que venía en vuelo de la compañía aérea. En ese sentido, y así está dentro del esquema de registro oficial de la grabación de la aeronave, el piloto refiere a torre de control la emergencia de un secuestro aéreo con la perspectiva de que venía a bordo una persona con una bomba activa.

Esta referencia, insisto, la inicia el piloto de la compañía aérea y no la autoridad. Dicha alarma o alerta obliga a un procedimiento internacional, del cual México está obligado a atender en virtud de privilegiar la vida de los pasajeros. En ese sentido, la Policía Federal y en general elementos de seguridad pública atendió esta alerta. Y con toda prontitud y profesionalismo se enviaron unidades específicas para esta atención.

Debo decir que en esta operación, efectivamente a bordo venía el señor diputado, el cual en su momento se explicó que el procedimiento, sin excepción para un caso de emergencia de ese tipo implica que todos los pasajeros, todos, sean llevados y conducidos a un área segura, en tanto se identifica quien pueda ser responsable, en virtud de que había la referencia de que eran tres los presuntos responsables de este hecho.

De manera particular debo decir que en esta acción México mostró capacidades institucionales para atender este tipo de emergencias. Y hay una referencia importante a nivel internacional de procedimientos atendidos de manera puntual y eficiente.

Respecto del esquema donde hace referencia de cuántos militares en activo están en la Policía Federal, acabo de precisar que el convenio, donde la Secretaría de Defensa Nacional nos da un gran respaldo en términos de operación a la Policía Federal, culminó este año. Y, en ese sentido, el actual estado de fuerza de la Policía Federal corresponde a policías en activo de la Policía Federal. Sin duda tenemos personal calificado con una experiencia personal retirado del Ejército mexicano y de la Armada de México que dan respaldo también a esta acción, pero sin tener la perspectiva de estar en activo en las fuerzas armadas.

Esa experiencia para la Policía Federal es muy importante, en virtud de que estamos construyendo y tomando lo mejor de experiencias que hay de policía, en las Fuerzas Armadas; la mejor experiencia de investigación que se aplicó y se generó a través de las policías de investigación y también, la mejor experiencia que tenemos hoy en despliegue territorial en la Policía Federal. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra hasta por cinco minutos, para hacer comentarios, el señor diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del PT.

El diputado Pedro Vázquez González: Con su autorización, señor presidente.

Señor García Luna, sus respuestas como su trabajo: nulo, nulo, nulo. Queremos señalarle, señor García Luna, que para el Partido del Trabajo ninguna estrategia de combate a la delincuencia tendrá éxito mientras no se sustituya radicalmente el modelo de política económica neoliberal, adoptado en México desde los años ochenta del siglo pasado, y que se ha traducido en el empobrecimiento de gran parte de la sociedad mexicana.

Mientras no existan en el país empleos suficientes y debidamente remunerados, las organizaciones criminales tendrán siempre a personas dispuestas a incorporarse a las organizaciones delictivas, pues éstas sí las emplean en sus actividades ilícitas.

Ponemos, por ejemplo, las declaraciones de Rafael Sedeño Hernández, detenido en abril de este año, en Michoacán, quien reclutaba personal para la organización criminal La Familia.

También al interior de las instituciones encargadas de combatir la delincuencia, priva la mezquindad y el enfrentamiento. Prueba de ello es que usted le ganó la batalla intestina al ex procurador Medina Mora y, en consecuencia, obtuvo la preferencia, la simpatía y los favores de Calderón. Pero el gran perdedor es el pueblo de México.

En opinión del Partido del Trabajo y su grupo parlamentario, las actuales autoridades administrativas no han francamente respondido con eficacia a sus tareas. La ciudadanía se ve agraviada por la comisión de diversos delitos. El hecho irrefutable es que sufrieron una agresión en su persona o en su patrimonio, y que los órganos del Estado encargados de prevenir la delincuencia no han tenido la capacidad para perseguir y castigar a los culpables. Lo que más lastima al pueblo de México es la impunidad, porque la Policía Federal Preventiva, el Ministerio Público y la policía ministerial no investigan y no detienen a los delincuentes.

La administración de justicia ha sido infiltrada por la corrupción, los hechos son más que evidentes. Es indudable que la administración federal no tiene una estrategia coherente y realista para resolver los graves problemas de inseguridad pública que padecemos. El crimen organizado se apoderó del país y de las instituciones públicas. Queremos decirle, señor García Luna, que desde la reforma al artículo 21 constitucional de 1994, en la presidencia de Ernesto Zedillo, cuando se crea el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Poder Legislativo mexicano ha cumplido con cabal responsabilidad, puesto que ha dotado al gobierno de innumerables leyes que le deben permitir un combate efectivo a la delincuencia.

Mencionaré sólo algunas: la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de la Policía Federal, la Ley de Extinción de Dominio, e innumerables reformas al Código Penal Federal. No pasamos por alto la reforma constitucional a diversos artículos de nuestra norma suprema en materia penal, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo de 2008. Con esto destacamos que los legisladores han cumplido su tarea y ustedes están obligados a hacer la propia.

A la sociedad mexicana no le pasa inadvertido el nivel de infiltración por parte de las organizaciones delictivas a todas las corporaciones policiacas en lo fundamental. Los centros de control de confianza no han hecho su tarea y la sociedad mexicana se entera de que altos mandos policiacos han estado al servicio del crimen organizado. En esta materia debemos mejorar sus evaluaciones, porque tienen como quien dice coloquialmente al enemigo en casa.

En materia de combate a la delincuencia tenemos un estado fallido, sea por omisión o por complicidad, la que pierde es la sociedad mexicana.

Señor García Luna, termino. Ya va a hacer un año en donde la Policía Federal a su cargo cateó de manera inconstitucional en Culiacán, Sinaloa, a los habitantes de Residencial Campestre. Hasta la fecha no tenemos resultado de ese cateo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra hasta por tres minutos, para formular su pregunta, el diputado Diego Guerrero Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Diego Guerrero Rubio: Con el permiso de la Presidencia; compañeras legisladoras y compañeros legisladores.

Bienvenido, secretario García Luna. Después de tres años del gobierno del presidente Felipe Calderón, la seguridad pública sigue siendo una de sus mayores promesas incumplidas. La actividad criminal ha resultado un negocio rentable, que se refuerza con un alto nivel de impunidad. Actualmente, tan sólo el 54 por ciento de la población asegura que denunciaría un delito. La cifra negra sólo refleja la desconfianza social en un sistema que ha sido incapaz de garantizar la prevención, la readaptación social y la procuración de justicia. Por cada plagio denunciado existen tres que no lo son.

Señor secretario, de cada 3 mexicanas y mexicanos más de 2 consideran que la situación de seguridad pública en el país es peor que la que vivíamos hace un año. El secuestro es uno de los delitos que representa mayor tasa de crecimiento en lo que va del año y preocupa más a las mexicanas y los mexicanos. Simplemente, el 55 por ciento de la población siente temor de ser víctima de un secuestro. Ante la ineficacia de las autoridades para disminuir el índice delictivo, un importante sector de la población se ha pronunciado a favor de la pena de muerte en nuestro país como medida para frenar su alta incidencia.

Le pregunto: si el número de secuestros, de homicidios en el país no ha disminuido y los criminales, a pesar de la desarticulación de las bandas, le sigue pareciendo más rentable actuar fuera que dentro de la ley. ¿Por qué no recurrir a la pena capital para aquellos criminales que, a fin de obtener su objetivo, secuestren, mutilen o hasta asesinen a inocentes? ¿O qué piensa usted, qué no es un castigo justo?

Si el nuevo modelo de actuación policial tiene entre sus principios una estrategia de prevención y combate al delito basada en la inteligencia policial, ¿no le parece ingenuo que la secretaría a su cargo difunda en conferencias de prensa la forma como explotó para propinar golpes importantes a las duras del crimen organizado, como es el caso de la captura de líderes y operadores de narcotráfico?

Si la Secretaría de Seguridad Pública ha reconocido la necesidad de apoyar los esfuerzos que llevan los estados para enfrentar la delincuencia, ¿por qué desde el inicio de su gestión ha impulsado, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de cada año, la disminución de los recursos destinados a las entidades federativas y, en contraste, el presupuesto de la seguridad pública sólo se ha fortalecido?

¿No le parece que debemos de destinar mayores recursos que permitan a las entidades federativas y al Distrito Federal mayor efectividad en el combate frontal a la delincuencia? Por sus puntuales respuestas, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra hasta por cinco minutos, para dar respuesta, el ingeniero Genaro García Luna,secretario de Seguridad Pública.

El secretario Genaro García Luna: Con permiso, presidente; con su venia.

Gracias, señor diputado, por sus preguntas. Respecto a la parte del secuestro debo decir que ahí está el registro oficial de este combate que se ha dado, un combate sin precedentes en el esquema de operación de Policía Federal, y debo también señalar las capacidades que se han ido incrementando a los estados para unidades específicas contra secuestro.

En este sentido debo precisar que el registro actual que tenemos en términos de delincuentes muestra que el secuestrador no nace secuestrador o parte de un esquema a ese nivel. Hay una evolución delictiva permanente que inicia con el robo a transeúntes, robo a casa habitación, robo a transportes, robo de carga, inclusive robo bancario y después el secuestro.

Esta evolución criminal implica ---y ahí estamos trabajando con los estados y los municipios--- la obligación de atender plenamente cada etapa del delito, y así combatir de manera pronta y expedita este flagelo.

Sin duda hoy la masa delictiva vinculada con el secuestro, su origen es el delito aparentemente menor, donde se repite: el delincuente que estuvo o en la cárcel o vinculado con alguna actividad delictiva aparentemente menor, hoy está vinculado con el tema del secuestro.

La segunda parte, respecto a la perspectiva de informar a la comunidad. Una obligación de esta secretaría es informar a la comunidad, y sin duda, debo precisarlo, generar un vínculo más efectivo con la comunidad. Parte de este esfuerzo está dirigido para que la autoridad tenga mayor alcance, porque hay una máxima dentro del esquema de seguridad.

Los Estados más seguros en el mundo parten de la premisa de tener la capacidad de recuperación de datos que genera la comunidad en la detección temprana del delito. Esto es, cuando un Estado es capaz de recuperar información básica generada por la comunidad, respecto de la detección temprana de estos delitos, su capacidad es superior en el combate al delito. En este caso, secuestro.

Sin duda para quitar el secuestro del país se requiere de un respaldo de la actividad que ellos tienen para casas de seguridad, para tener impunidad en la movilidad de vehículos robados, e inclusive, debo decirlo, para tener un respaldo específico para el movimiento que tienen en el país.

Respecto de la pena de muerte debo decir que hoy estamos obligados a hacer cumplir a cabalidad la ley, y en ese sentido mi posición es que debemos tener mayor alcance, ser más eficientes en este rubro, antes de pedir la pena de muerte, porque estamos obligados a cumplir hoy, a cabalidad, todo el esquema que tiene la ley mexicana para castigar a un criminal.

La experiencia internacional en la pena de muerte varía. Hay experiencias en donde esta aplicación ha generado más violencia, y hay experiencias donde también ha sido un esquema preventivo, de inhibición delictiva. Sin duda es un tema de debate, de análisis; el cual, por supuesto, estamos dispuestos a llevar a cabo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra hasta por cinco minutos para hacer comentarios, el señor diputado Diego Guerrero Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Diego Guerrero Rubio: Con el permiso de la Presidencia.

Señor secretario, muchas gracias por sus respuestas. En el Partido Verde creemos que es necesario debatir la pena de muerte y que la sociedad demanda mayores acciones en contra de la delincuencia. El gobierno no está garantizando la seguridad pública ni fortaleciendo el estado de derecho. El aumento presupuestal autorizado a la Secretaría de Seguridad Pública no es proporcional a los resultados que reporta. Sólo hemos comprobado, durante tres años, que mayor presupuesto a la dependencia no garantiza la seguridad de los mexicanos y sí está sacrificando los recursos que pudieran destinarse a la educación, salud y al campo.

La falta de recursos destinados a los programas sociales está sumiendo al país en profundas desigualdades que sólo generan mayores espacios y fracturas en el tejido social y favorecen a las condiciones de vulnerabilidad que sitúan a la población en mayores riesgos de cometer, o ser víctimas de un delito.

Señor secretario, ¿no ha servido el apoyo que en materia presupuestal esta Cámara le brindó en la legislatura anterior? Esperamos que tenga conciencia del compromiso adquirido ante el pueblo de México. La secretaría a su cargo ha sido la única dependencia en esta administración que ha obtenido un presupuesto que ha sido el triple de los recursos autorizados para 2006. En 2007, 2008 y 2009 las variaciones reales son de las más altas en los últimos ocho años: 47.3 por ciento, 44.3 por ciento y 67 por ciento, respectivamente.

Hasta la fecha, con estas variaciones reales sólo hemos comprobado que a mayor presupuesto, los resultados empeoran. A manera de ejemplo cito lo siguiente: aun cuando se han modernizado los recursos tecnológicos para la prevención del delito y el combate a la delincuencia, los homicidios relacionados con el crimen organizado van en aumento, al igual que la portación ilegal de armas y el secuestro. No obstante las actividades de sensibilización para la prevención del delito de la secretaría a su cargo, que iniciaron desde el 2007 en coordinación con organizaciones estatales y municipales, el porcentaje nacional de ciudadanos que reportan haber estado cerca de un delito durante los meses de junio a agosto de este año aumentó en 8 por ciento en relación con el mes de enero.

A dos años no ha logrado articular su estrategia de prevención del delito; tampoco ha logrado detener la recomposición de los cárteles de la droga. No está cumpliendo con los propósitos del Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012, porque después de dos años la sociedad no reconoce a las corporaciones policiales como instituciones a su servicio y tiene baja confianza en ellas.

A pesar de los resultados, reporta que en materia de secuestro, en su tercer informe de labores, como la realización de más de 140 operativos y la detención de integrantes de importantes organizaciones criminales, no hay resultados contundentes, porque el secuestro sigue en aumento. Peor aun, nuestro país ya ocupa el primer lugar mundial en materia de secuestros y extorsiones telefónicas. En este contexto no podemos ignorar que a consecuencia del combate frontal al crimen organizado, la diversificación de los delincuentes ha ocasionado que muchas bandas participen en el narcotráfico o que los grupos delictivos de secuestradores se estén ligando a los cárteles de la droga.

Señor secretario, lo que preocupa es la capacidad de la delincuencia para reorganizarse y recomponer sus estructuras; lo que preocupa es cómo se están diversificando sus actividades ilícitas, no sólo en delitos del orden federal, sino también en delitos del orden común.

Es fundamental hacer un reconocimiento al Ejército y a la Armada de México mexicanos, quienes no obstante no tener la responsabilidad de desarrollo en las políticas en materia de seguridad, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, han contribuido con valor y esfuerzo republicano para combatir de manera frontal a los enemigos del Estado mexicano.

El Partido Verde apoya el combate frontal a la delincuencia y por ello lo exhortamos a que valore y determine los cambios que requiere la estrategia integral de prevención del delito y combate a la delincuencia, porque la sociedad ya no aguanta más seguir viviendo en un país que está sumido en la inseguridad. Le recuerdo, señor secretario, que en sus manos está la seguridad de cada uno de nosotros los mexicanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra hasta por tres minutos, para formular su pregunta, el diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Nazario Norberto Sánchez: Con su permiso, diputado presidente; señoras y señores diputados.

Ingeniero Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal, comenzaré por expresarle que el pueblo de México, representado por esta soberanía, se encuentra primero atemorizado, irritado y con un profundo sentimiento de impotencia, al percatarse de que las luchas enfrentadas durante el devenir de dos siglos pueden ahora tornarse estériles ante la ineficacia de las instituciones encargadas de la seguridad pública.

Además de la protección de los derechos, patrimonio e integridad de los ciudadanos, todos los días se dan a conocer a la opinión pública operativos, enfrentamientos, capturas de presuntos delincuentes, decomisos de droga y de dinero, que se califican como procedentes de actividades ilícitas; pero el peligro no termina. Las drogas y los estupefacientes se siguen comercializando; continúa la inducción de jóvenes y niños para convertirlos en adictos; el secuestro no se reduce; las extorsiones telefónicas continúan; las personas siguen siendo asesinadas. En suma, los ciudadanos no perciben reducción en los índices delictivos ni se sienten seguros en las calles u hogares.

Asimismo...

El diputado Agustín Torres Ibarrola (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, señor diputado. ¿Qué desea hacer usted, señor diputado?

El diputado Agustín Torres Ibarrola (desde la curul): Deseo formularle una pregunta al diputado.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le recuerdo, señor diputado, que estamos dentro de un procedimiento especial que fue acordado por esta Cámara, en el cual no se consideran las preguntas a los que están interviniendo.

El diputado Agustín Torres Ibarrola (desde la curul): Sí se permitió en la comparecencia del secretario de Desarrollo Social.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No está considerado dentro del acuerdo parlamentario, señor diputado. Continúe el orador, por favor.

El diputado Nazario Norberto Sánchez: Muchas gracias, diputado presidente.

Le hacemos, por su conducto, como integrante del Consejo de Seguridad Pública Nacional, un extrañamiento a la Secretaría de Marina, que no ignorando el grado de invulnerabilidad de nuestras fronteras fluviales y lacustres, ha hecho caso omiso a la petición expresa de los gobiernos estatales para asumir su responsabilidad, garantizando la seguridad de estas zonas de su competencia. Para mayor precisión, me refiero a la solicitud reiterada por los habitantes de Chiapas, de que la Secretaría de Marina haga acto de presencia en el río Usumacinta y en el vaso de la presa de La Angostura, en donde día a día se viola la ley y la soberanía nacional. Hasta hoy brillan por su ausencia.

Por esos motivos me permito preguntarle ¿cuál es el objeto, desde el punto de vista de la dependencia a su cargo, de presentar ante los medios de comunicación la grabación y transmisión de supuestas declaraciones de los probables delincuentes asegurados por el personal a su cargo? Conforme a las atribuciones, como secretario de Seguridad Pública, ¿cuáles son las políticas de prevención de delito que actualmente se vienen reglamentando? ¿Cuál es el esquema de coordinación que utiliza actualmente la Secretaría de Seguridad Pública y el Ministerio Público de la Federación, a efecto de coordinar nuevas atribuciones y facultades de investigación en los delitos? Agradezco sus respuestas, señor secretario.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra hasta por cinco minutos, para responder, el señorsecretario de Seguridad Pública, ingeniero Genaro García Luna.

El secretario Genaro García Luna: Con su venia, señor presidente.

Gracias, diputado Nazario Norberto Sánchez , por sus preguntas. Respecto de informar a la opinión pública, es un compromiso formal, institucional, que ha hecho esta secretaría. Por supuesto, la perspectiva es transparentar la operación policial y también generar un vínculo importante que requiere la autoridad con la comunidad.

Respecto de la perspectiva de la parte de prevención, debo decir que estamos trabajando para poder fortalecer la operación policial vinculada con el trabajo de educación, salud y el desarrollo social. Hoy estamos sumando un esquema articulado con las Secretarías de Salud, Educación y De- sarrollo Social para generar programas y espacios seguros. Es un tema muy importante el de la escuela segura y su entorno, y aquí le voy a precisar que hay un trabajo directo, activo, con la Secretaría de Educación Pública y con los maestros en todo el país para crear el pivote que necesitamos de articulación social en la parte de prevención.

Algo muy importante son las adicciones. Sin duda un reto importante es generar estas capacidades de Estado para tener alcance en la prevención de adicciones en todo el país y, en particular, a los jóvenes y niños de esta gran nación, que es México. La perspectiva que hay de coordinación entre el Ministerio Público y la policía es, en sentido estricto, institucional. Estamos obligados, y así lo señala la ley, a ser un auxiliar del Ministerio Público y, en ese sentido, la Policía Federal así ha operado y así será.

Para ello, hemos generado esquemas de interface con el Ministerio Público para ser eficientes y crear capacidades nuevas para poder formalizar evidencia que sirva para los procesos que tienen que ver con la consignación de delincuentes en el ámbito federal.

También debo decir que en el nuevo esquema de tecnología para los sistemas de la policía se están generando capacidades nuevas para tener alcances superiores en el registro de cualquier referencia de datos criminales y ser más eficientes así, para el Ministerio Público. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra hasta por cinco minutos para hacer comentarios, el diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Nazario Norberto Sánchez: Con su permiso, diputado presidente.

Señor secretario, de manera constante somos testigos de una campaña mediática implantada desde su secretaría. Diariamente los medios de comunicación nos presentan una serie de personas que son detenidas en los operativos. Estos presuntos narcotraficantes son presentados hoy día como logros de la dependencia a su cargo.

También hay cuestiones sobre las cuales debemos llamar la atención y me permito señalar que desde el inicio de su administración Felipe Calderón tomó la decisión de que las Fuerzas Armadas serían las instituciones en las que se apoyaría la lucha contra el crimen organizado.

Por tanto, este tipo de operativos son acciones planeadas, dirigidas, coordinadas y supervisadas por mandos del Ejército. Las estrategias son de tipo militar y no policiacas, y dirigidas a obtener un control territorial en donde éstos se están desarrollando.

En este tipo de operativos, las instituciones de seguridad pública desempeñan un papel testimonial. Las autoridades locales de la misma manera, igual que los mandos militares que están al frente, no reportan a ninguna autoridad civil. Únicamente responden al secretario de la Defensa o al titular del Ejecutivo federal. La línea de mando es muy clara y en ella se encuentran excluidos los gobernadores de los estados, como pudimos constatar en los operativos de Michoacán.

A todo lo anterior habrá que agregar los daños colaterales que este tipo de operativos traen consigo y que tienen que ver con los ataques con armas de fuego, tortura, cateos ilegales y agresiones en contra de civiles y de grupos vulnerables.

Para darnos una idea del tamaño de la problemática que estamos abordando, cabe recordar que la Sedena dio a conocer que son por los menos 934 las quejas que le han sido notificadas en su contra hasta julio de 2009, en las que se dijeron afectados por lo menos 888 civiles, dentro de un total de más de 2 mil quejas en lo que va del sexenio.

Sin embargo, aunque la decisión de utilizar el Ejército en el combate al narcotráfico y ante la creciente ola de asesinatos y ejecuciones vinculadas al crimen organizado, no hay que olvidar que la batalla que enfrenta al Estado mexicano es contra un fenómeno de naturaleza transnacional. Por tanto, para su combate se requiere de medidas que desmantelen su estructura financiera, industrial y comercial, las cuales hemos visto en las dependencias a su cargo.

Señor secretario, la institución que usted encabeza no actúa bajo el diseño de una estrategia efectiva para combatir el crimen organizado, ni una política de prevención del delito, y es preciso recordarle que el artículo 21 de la Constitución señala que, el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes del gobierno, deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública; sin embargo, el desempeño es contrario al mandato judicial.

En lo personal, he tenido conocimiento directo de la averiguación previa integrada en contra del diputado federal electo Julio César Godoy Toscano , y pude constatar la manera vergonzosa en cómo se abusa de la figura de los testigos protegidos. Dentro del expediente ni siquiera se acredita si esta persona tuvo la intervención en un hecho delictivo, pero se utiliza nuevamente a los medios de información para generar en la opinión pública que existen pruebas contundentes de su responsabilidad, lo cual hasta este momento no ha sido acreditado en dicho expediente.

Señor secretario, hemos sido testigos de la liberación de indígenas en Acteal, que estuvieron recluidos durante 12 años, tiempo que tuvo que transcurrir para que llegara su caso a manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y determinara que las pruebas en su contra fueron confeccionadas ex profeso. Y qué decir del caso de la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, quien después de dos años de estar interna en la prisión tuvieron que ser retirados los cargos porque no había pruebas que la inculparan en el supuesto secuestro.

Ya sabemos que no existieron pruebas de la culpabilidad de Jacinta Francisco Marcial, pero debemos preguntar, ¿qué fue lo que sucedió en este caso?

También así, deseo manifestar que en la madrugada del 16 de mayo del año en curso se fugaron 53 internos del Centro de Readaptación Social de Cieneguillas, en el estado de Zacatecas. La fuga fue perpetrada por un comando de más de 20 sujetos fuertemente armados con fusiles de alto poder y con una vestimenta de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones, dependiente de la Procuraduría General de la República, sí, como 14 vehículos con torretas e insignias de la Policía Federal Preventiva.

La fuga implicó un elevado grado de planeación, corrupción, pero sobre todo secrecía. La acción de la evasión duró sólo 5 minutos; sin embargo, la huída vía terrestre del convoy compuesto de 14 vehículos con torretas encendidas y con más de 80 personas armadas y a exceso de velocidad, pasó inadvertida para los elementos de la Procuraduría General de la República, cuya sede estatal se encontraba a 700 metros del lugar.

La fracción parlamentaria ---con esto concluyo, compañeras diputadas y compañeros diputados--- a la que pertenezco estará dispuesta, sin reticencias, a realizar las acciones legislativas y políticas que sean necesarias para resolver conjuntamente la problemática en que se ha sumido a las instituciones, con motivo del grave aumento de la delincuencia.

Estará también pendiente de la actuación de la secretaría a su cargo, con el propósito de garantizar a la sociedad un clima de tranquilidad, en todo el país, que dé paso a las labores productivas encaminadas a la reactivación de la economía y a la seguridad de la ciudadanía. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra hasta por tres minutos, para formular su pregunta, la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Partido Acción Nacional.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes: Compañeras diputadas y compañeros diputados, no sólo en la memoria debe un legislador guardar la ley y la Constitución, sino que debe hacerla suya en los hechos, en el respeto a las personas. Qué fácil, qué fácil es lanzar en amenaza o en ofensa lo que no se puede sostener con argumentos ni con pruebas.

Qué ligero, qué ligero es acusar a alguien de asesino, al mismo tiempo que se reclama el fuero como patente de impunidad y de inviolabilidad. Los diputados del PAN rechazamos tajantemente esa conducta.

Con permiso de la Presidencia. Señor secretario de Seguridad, sea usted bienvenido. Desde el inicio de su mandato el presidente de la República, Felipe Calderón, emprendió combate frontal contra los grupos criminales. Es irrebatible, se ha sentado el precedente de combate firme contra la delincuencia organizada, quien por sexenios, casi intocable se fortaleció y se multiplicó, atentando contra la paz y la seguridad de nuestra nación.

No volvamos, señores, a los tiempos en los que la paz se conseguía negociándola con los delincuentes. No queremos ese tipo de paz nunca más; ni al precio, siquiera, de la impunidad.

Pese a que los delitos denunciados en mi estado ---Chihuahua--- son del fuero común en un 94 por ciento, el gobierno federal ha enfrentado la problemática delictiva con responsabilidad y compromiso.

El Ejército Mexicano no debería combatir el crimen organizado, es cierto. Pero es cierto también que su presencia en las calles hoy es un acto solidario del gobierno federal, a petición expresa de las autoridades de los estados.

Es difícil, como juarense se los digo, aceptar la necesidad de tener temporalmente al Ejército en nuestras calles; pero es peor tener que vivir en la zozobra por la inexistente protección de los policías municipales y estatales, incapaces, señores, de brindarnos seguridad alguna.

En mi ciudad, en Ciudad Juárez, hemos visto morir valientes soldados combatiendo en la lucha que no les correspondería. Hemos visto morir ciudadanos honestos en una guerra que no se merecen.

Termino, señor presidente.

Como chihuahuense, pregunto respetuosamente, primero al señor gobernador José Reyes Baeza, al presidente municipal de Ciudad Juárez: ¿hasta cuándo cumplirán con su obligación de brindar paz y seguridad a mi comunidad?

Segundo. Al señor secretario de Seguridad Pública: ¿cómo y cuándo se replanteará la estrategia del operativo conjunto Chihuahua? Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, dígame con qué objeto desea hacer uso de la palabra.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Por alusiones. La diputada del PAN que acaba de hacer uso de la palabra hizo una amplia alusión a mi persona y pido intervenir para aclarar, con base en el artículo 96. Además, está violentando el artículo 107 del Reglamento para el Gobierno Interior.

Escuchen, yo los he escuchado; no se desesperen. Yo creo que, frente a los ataques que está haciendo la diputada, tengo derecho a fijar mi posición.

Ya que García Luna no ha dicho absolutamente nada sobre la acusación que le hice y es quien debería defenderse, no mandar a la claque a defenderlo, es que exijo el uso de la palabra para responder a esta intervención.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado, con todo respeto, pero la diputada en ningún momento señaló ni su nombre ni hizo referencia a usted. Por tanto, diputado, vamos a ajustarnos a los términos del documento que fue aprobado por esta honorable asamblea. Dígame, diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Diputado presidente, el único que en este pleno ha llamado asesino a García Luna es un servidor, y lo he sostenido.

La diputada dijo claramente que me escudo en el fuero y que sin pruebas digo que es asesino. Voy a presentar a la tribuna una sola de esas pruebas. Quiero dejar muy en claro también que Al Capone acabó en la cárcel por evasión de impuestos y no por los muchos crímenes que desarrolló. No he acusado a García Luna de tonto, lo he acusado de asesino.

Por tanto, insisto, hubo una alusión; es una alusión clara. Es un acto incorrecto que se aluda a alguien que ha hecho una crítica a un funcionario. El funcionario no ha respondido y el artículo 107 del reglamento está siendo violentado por la diputada...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Lo hemos escuchado con toda libertad, señor diputado, pero tenemos que ajustarnos al esquema que fue aprobado por esta honorable asamblea.

Por tanto, continuamos con el desarrollo de nuestra comparecencia, y tiene la palabra hasta por cinco minutos para dar respuesta el ingeniero Genaro García Luna.

Sí, señor diputado González. Permítame, señor secretario.

El diputado Óscar González Yáñez (desde la curul): Gracias, señor presidente. Solamente para comentarle, para éstos y otros momentos, que la alusión es diferente a la mención. La mención es decir claramente el nombre de un compañero; la alusión es hacer referencia a hechos que se relacionan a un compañero con un comentario. Solamente para rectificarle ese hecho, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tomamos en cuenta lo que usted nos indica, señor diputado.

Tiene la palabra el señor secretario de Seguridad... Sí, diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Con base a la precisión que ha hecho mi compañero de bancada, el diputado Óscar González, vuelvo a pedir, con fundamento en el artículo 96, por alusiones personales, el uso de la tribuna, como me corresponde, hasta por cinco minutos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le vuelvo a repetir, señor diputado, que estamos dentro de un mandato normativo y bajo reglas establecidas por esta asamblea, por el cual nos vamos a conducir... Diputado, por favor.

El diputado Óscar González Yáñez (desde la curul): Solamente para hacerle una pregunta a usted. ¿Qué está por encima de qué: nuestra Ley Orgánica, nuestro reglamento, o un acuerdo de la Junta? Sólo para hacerle esa pregunta a usted.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con toda claridad, señor diputado, ha sido tema que hemos estado comentando en diferentes sesiones, quienes hoy estamos bajo una normativa que aprobamos todos los diputados en esta asamblea. Por tanto, estaremos realizando la sesión en los términos establecidos. Con mucho gusto, diputado, dígame.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Sólo quiero que quede constancia que Acción Nacional quiere debate y me alude permanentemente escudándose en ese acuerdo, sabiendo que no puedo hacer uso de la palabra. Eso sí que es una actitud cobarde y no la acusación que yo mantengo con toda firmeza sobre García Luna. Quiero que quede constancia en el acta de esta situación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Atendemos su comentario, señor diputado. Diputado, dígame usted, ¿con qué objeto desea hacer uso de la palabra?

El diputado Adán Augusto López Hernández (desde la curul): Es únicamente para pedirle, señor presidente, con todo respeto, que responda a la pregunta que le hizo mi compañero Óscar González Yáñez.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se la he respondido con toda puntualidad: Estamos de acuerdo con lo que estuvimos en acuerdo general de esta asamblea, diputado.

Continúe, señor secretario, en los términos planteados por favor. Tiene el uso de la palabra el señor secretario Genaro García Luna.

El secretario Genaro García Luna: Señor presidente, con su venia.

Gracias, diputada María Antonieta Pérez Reyes por sus comentarios y pregunta. Bien, debo decir que he insistido y es una premisa para este esfuerzo, que la seguridad pública tiene perspectiva de Estado. Implica la suma de capacidades institucionales tanto de policías municipales, estatales y federales.

Para ello, en el caso de Ciudad Juárez en particular, se ha hecho un esquema de coordinación con el estado y los municipios ---y el municipio, en particular de Ciudad Juárez--- para tener, primero, capacidades propias: fortalecer el esquema que hoy tiene la policía municipal, de las cuales ya cuenta con capacidades superiores en personal calificado para tareas preventivas del municipio.

En segundo lugar, Ciudad Juárez ha sido históricamente un punto de trasiego de droga, y hoy la nueva variable es el consumo. En Ciudad Juárez se ha convertido en una actividad, que además de ser trasiego de droga, también tiene el consumo de droga, y es un punto importante en este esfuerzo.

Para ello, la nueva etapa que se plantea en Ciudad Juárez, sin duda, es mantener la coordinación entre estados, municipios y la federación; y por supuesto un tema muy importante: el combate a los giros negros. Los giros negros se han convertido en el punto, en el pivote de la actividad criminal tanto para delitos del fuero común como del fuero federal y, sin duda, para ello requiere de un esquema integral tanto del Estado, la federación y el municipio.

Debo reiterar que en el caso de la federación, la convicción, la perspectiva es total. Sumar, coordinar el esfuerzo con los estados, con los municipios y particularmente con Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, sin duda, implica un reto importante para el Estado mexicano y para ello estamos trabajando en cada vertiente estructural para la policía municipal, por el estado inclusive, y también en la parte operativa ---reitero--- para combatir el consumo de droga a nivel local. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor secretario. Tiene el uso de la palabra, hasta por 5 minutos para hacer comentarios, el señor diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del Partido Acción Nacional.

El diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez: Con su venia, diputado presidente. Hay quienes quieren ver un gobierno débil ante el narcotráfico, para venir ante esta tribuna a reclamar lo que en sus estados, en sus municipios y en el propioDistrito Federalno han sido capaces de hacer.

El gobierno federal está apostando por la seguridad y la recuperación de los espacios apoderados por la delincuencia organizada. Son la ineficacia, las omisiones, las complicidades de algunas autoridades estatales con el crimen organizado, lo que tiene al Ejército en la calle y desatada la guerra contra el narcotráfico.

Ni toda la saliva de los discursos, ni toda la pinta de las lonas pueden ocultar lo que los ciudadanos reconocen y apoyan: el esfuerzo sin precedente histórico de un combate contra el crimen organizado que no puede ni debe detenerse por intereses políticos o coyunturas electorales.

Las tres entidades federativas con mayor presupuesto y el mayor índice delictivo que se registran en el país son el Estado de México, el Distrito Federal y Veracruz. En el caso del Estado de México se han cometido 134 mil 819 delitos, de los cuales 132 mil son del fuero común, donde por cierto nuestro hoy compañero, que hoy viene aquí a hacer una alocución en contra del gobierno federal, cuando fue procurador dejó un importante rezago en el número de averiguaciones previas iniciadas en esa entidad.

Fue el tercer estado con el número de secuestros, y cuando él era procurador aumentó al doble el número de los mismos. Se engrosó el número de los altos funcionarios de la procuraduría, impidió la creación de una Secretaría de Seguridad Pública estatal, aumentaron los feminicidios durante su gestión a tal grado que se tuvo que crear la Fiscalía Especial para los Delitos Dolosos contra las Mujeres.

Procesó y exoneró al ex gobernador Arturo Montiel por los cargos de presunto enriquecimiento ilícito. Dejó inconcluso el expediente del asesinato de Enrique Salinas de Gortari. En el caso del Distrito Federal se han cometido 102 mil 608 delitos, de los cuales 91 mil...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, señor diputado, permítame. Están pidiendo el uso de la palabra. A sus órdenes, diputado, dígame.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Señor presidente, es una moción de tema. El tema de esta comparecencia es el informe presidencial. Instruya usted al señor diputado, en esa visible ignorancia, de qué es lo que se vino a tratar a esta asamblea.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El señor diputado está haciendo uso de la palabra. Vamos dejándolo continuar para que pueda exponer sus puntos de vista. Continúe, señor diputado.

El diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez: Gracias, diputado.

En el caso del Distrito Federal se han cometido 102 mil 608 delitos, 91 mil 651 son del fuero común y esto tiene que ver con una alta responsabilidad en el tema de la seguridad pública, que es competencia del gobierno federal. Pero también los estados, los municipios y el Distrito Federal tienen la ineludible obligación de atender este tema para toda la República Mexicana.

Quiero refrendar el compromiso del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

La seguridad pública es una responsabilidad de todos, obliga a todos y llama a todos sin lucha y sin cuartel. Y esta lucha contra la inseguridad pública que se lleva a cabo en todo el país no tiene precedentes. No vamos a ceder, ni vamos a dar un paso atrás en la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado. Es cuanto, diputado.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Tiene... Diputado Alfonso Navarrete, ¿con qué objeto, señor diputado?

El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida (desde la curul): Alusiones personales. Alusiones personales, señor presidente, si usted me permite.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Desde la curul, señor diputado.

El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida (desde la curul): ¿Por qué? Si me permite, paso a tribuna.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Desde la curul, porque no podemos romper el marco que hemos establecido para la sesión.

Si no nos escuchamos, señoras diputadas y señores diputados, no podemos avanzar. El planteamiento, ustedes lo saben muy bien, es de acuerdo con la regla que establecimos para las comparecencias y en las cuales no se consideran alusiones personales. Por eso, le estoy pidiendo que haga uso de la palabra desde la curul, señor diputado.

Les voy a pedir, por favor, que nos escuchemos y es el tema para poder ponernos de acuerdo. No están consideradas alusiones personales. Permítanme por favor. Diputado Javier Corral, dígame.

El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida (desde la curul): Le estamos pidiendo el uso de la palabra.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se la concedí y no la quiso usar desde ahí, por eso... Permítanme, señor Javier Corral.

El diputado Javier Corral Jurado (desde la curul): Señor presidente, basta ya de este formato absurdo. Vamos a entrar al debate parlamentario, vamos a entrarle a las alusiones personales.

Señor presidente, vamos a contestarle a Navarrete Prida. Vamos a darle el debate en esta tribuna. No tiene ninguna calidad moral ni política para estar diciendo lo que está diciendo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame por favor. Para poder cambiar el formato, señor diputado, requeriríamos que esta asamblea sea la que decida el cambio de formato, porque en este momento estamos en un formato que hemos aprobado todos; por tanto, tenemos que conducirnos en ese sentido. Señor diputado, está usted pidiendo una moción.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Señor presidente, dos aclaraciones. En primer lugar, el formato que votamos, y puede usted solicitar a la Secretaría que lo lea, en ningún momento restringe las alusiones personales.

Las alusiones personales están en el reglamento y forman parte de la práctica parlamentaria. El problema es que el diseño está hecho para analizar el informe; no para un debate abierto de agenda política.

El problema es que quienes han pretendido usar el informe y su glosa para hacer agenda política, lo cual requeriría un debate abierto, liso y llano, sin ninguna cortapisa y ninguna restricción a los señores diputados.

Lo que procedería, señor presidente, es que se conceda la palabra por las alusiones personales que son la referencia directa a un legislador o su mención a través del nominativo; es decir, que se diga su nombre, no cuando le venga el saco, sino cuando se diga su nombre, o el orador diga: ``el que me antecedió en el uso de la palabra'', el orador que lo dijo, es decir, cuando lo invoca directamente.

No tenemos ninguna idea de restringir el debate, queremos que se ordene; eso hizo la Junta de Coordinación Política en el diseño. Lo que pasa es que estamos violentando ese diseño para tratar de decir lo que no queremos que nos respondan. Cuando sean alusiones, presidente, tenemos que dejar que el aludido conteste.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Usted acaba, precisamente de dar respuesta a lo que corresponde, señor diputado. Efectivamente se norma la comparecencia, y las alusiones personales vienen en el capítulo del debate. Por tanto, es éste un trabajo de comparecencia en el que debemos de conducirnos.

En tales condiciones usted ha tenido la respuesta. No estamos en un debate; sino en una comparecencia, con lo que debemos de conducirnos, y por ello señalo que para abrir estos otros mecanismos, requeriría de manera específica la aprobación de la asamblea, para poder abrir ese capítulo. Sí, diputado Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Entiendo perfectamente el punto y tiene usted razón en cuanto a eso, señor presidente, en que está normado y en que están normadas las intervenciones; pero lo que regula el reglamento, que es parte de esta discusión, lo que normó el acuerdo de la Junta, fue el orden de las intervenciones.

La intervención, que es la parte sustancial de cualquier discurso en el parlamento, sí incluye alusiones personales, tenemos que ir a la referencia del reglamento. Cuando haya alusiones personales en la intervención, por cualquier motivo, en cualquier debate, si hay alusiones personales, es imposible dejar sin el derecho de respuesta a quien es aludido, sobre todo cuando es aludido en esa forma.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Por supuesto, simplemente que no estamos en las condiciones de debate, pero para efecto, señoras diputadas y señores diputados, en virtud de lo expresado... Diputado Prida.

El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida (desde la curul): Señor presidente, independientemente de que nuestro punto de vista siga vigente, en aras de continuar con la comparecencia del secretario, haré la alusión personal desde mi lugar, si usted, en este caso, lo permite; y si no, le pedimos y sostenemos que me permita pasar a tribuna.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No. Permítame, señor diputado. En virtud de lo que se ha expresado por los diferentes grupos en este momento, voy a someter a votación de esta asamblea sobre si hacemos el espacio y recibimos las intervenciones por alusiones personales. Esto es lo que procede en razón de que estamos en una comparecencia y no en un debate común y corriente. Por favor les pedimos tomar su lugar para proceder. Había pedido el uso de la palabra Víctor Castro.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío (desde la curul): Con todo respeto, creo que el señor diputado Corral, señor presidente, en su intervención pasada quedó muy claro que era trascendental para este Congreso el que respetáramos la ley y la ley no puede estar por debajo de acuerdos políticos.

Yo solamente le suplico, señor presidente, ya que usted ha estado muy atento a esto, que aplique el reglamento. Tiene razón el señor Corral, vamos a no votar la ley y a debatir, con todo respeto, entre nosotros. Yo le propongo a los compañeros que les demos la oportunidad a quienes sean aludidos a que por ley hagan uso de la tribuna, independientemente de los acuerdos políticos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Yo tengo que cumplir, como presidente del Congreso, de lo que se nos ha indicado por la asamblea y es lo que estamos llevando a cabo. Adelante, diputado.

El diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (desde la curul): Efectivamente, la ley no se vota, pero tomando en cuenta y con la voluntad política que usted está solicitando a esta soberanía, solicite que lo votemos, que se ponga a consideración y que se respete la ley. También solicitamos que se le dé el uso de la palabra al diputado y a los diputados que han sido nombrados en varias ocasiones, en este caso al diputado Noroña y al diputado Navarrete Prida.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Ha pedido la palabra el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Señor presidente, por supuesto que, apegados estrictamente a los reglamentos, vamos a hacer lo que este pleno determine, como determinó el acuerdo político anteriormente. No es un acuerdo sólo de la Junta de Coordinación Política, sino validado por la mayoría de este pleno. Si hoy cambia, nosotros estamos de acuerdo, porque no le rehuimos al debate. Pero queremos dejar constancia de que las bancadas no pueden decir no a las palabras cuando algo no les conviene y querer cerrar el debate o abrirlo cuando sí les conviene. Hay que ser congruentes, señores diputados.

Por la misma naturaleza jurídica tendría que abrirse para rectificación de hechos, como un debate total y pleno.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Ha pedido la palabra el diputado Navarrete, el diputado Javier Corral y el diputado Gerardo Fernández Noroña. Ramírez Marín también lo solicitó.

Permítanme. Le pido a la Secretaría pregunte a la asamblea si se acepta el que sean aceptadas las intervenciones por preguntas, por alusiones personales y por rectificaciones. Señora secretaria, por favor.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se aprueba la propuesta que fue presentada por el presidente de la Mesa. Quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano.Quiénes estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. En consecuencia, queda aprobado por esta asamblea que se aceptarán las preguntas, las alusiones personales y las rectificaciones a lo que esta Mesa se somete. Se concede el uso de la palabra, en primer término, al diputado Alfonso Navarrete.

El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida: Gracias, señor presidente. Quisiera reiterar que la posición del PRI es ver al tema de la seguridad como un tema de Estado, donde no se vale lucrar políticamente.

Aquí se hicieron planteamientos que tienen que ver con el Estado de México, con Veracruz, con claro propósito electoral. Ojalá los señores diputados asumamos una actitud más responsable.

Con relación a mi persona, sí fui procurador y se hicieron tres alusiones: secuestros, ex gobernador Montiel y caso Salinas. Procedo a aclarar puntualmente.

De los secuestros, valdría la pena que vieran las gráficas del Poder Judicial; cuántas bandas se desarticularon y cuántos secuestradores fueron a prisión. Fueron mil secuestradores y 300 bandas. Si quiere un testigo, director de la AFI, aquí está el señor secretario de Seguridad Pública, que se los puede decir.

Segundo. Se habló de la exoneración del caso Montiel. Debo decirle que las pruebas que hay en ese expediente tienen que ver con la Cuenta Pública aprobada por el Congreso del estado donde, por cierto, se aprobó por unanimidad con el concurso de los diputados de Acción Nacional y no había falla alguna.

Adicionalmente, se le pidió a la Procuraduría General de la República si tenía alguna investigación o algún caso contra el ex gobernador Montiel y lo que mandó por escrito fue un ``no ejercicio de acción penal'', después de cuatro años de investigación, bajo la Ley de Delincuencia Organizada.

Como procurador le puedo decir que, por más que hubiera gritos, sombrerazos o escritos, si no hay pruebas ---porque ése es un asunto de pruebas--- no hay consignaciones. En eso radica la justicia. Le recuerdo que las elecciones son un asunto de votos y la justicia es un asunto de pruebas, y no las había.

Con relación al caso del homicidio de quien en vida llevaba el nombre de Enrique Salinas ---y que no era un tema que su servidor quisiera tocar---, debo decir que llegamos hasta donde la ley lo permitió y hasta donde pudimos presentar a los presuntos responsables ante un juez.

Recaía esa responsabilidad en lo que arrojaba el expediente, y por declaraciones de familiares y amigos, en gente de la Agencia Federal de Investigaciones, en la cuestión de la extorsión.

Desafortunadamente, cuando algunos pedimos que comparecieran, los mandaron a un curso a Washington y ya no regresaron. Cuando pedimos llamadas telefónicas para poder descubrir de dónde habían salido algunas llamadas que venían de la PGR a casa del ingeniero Salinas, se nos contestó por escrito que, desafortunadamente, se había descompuesto el conmutador en esas fechas.

Adicionalmente, los presuntos responsables que se señalaban en la parte de la extorsión han sido varios de ellos ejecutados, entiendo que por crimen organizado. Ojalá se resuelva ese caso. No tengo nada más que decir.

Reitero: las elecciones son un asunto de votos, si los consiguen. Pero la justicia es un tema de pruebas, cuando las hay.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Gerardo Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Compañeros diputados, compañeras diputadas, celebro que se haya dejado atrás el formato que violentaba derechos de los diputados y las diputadas, porque de manera incorrecta se estaba haciendo uso de la tribuna por diputados de Acción Nacional, a quienes incomoda que se les generalice, pero que tienen que reconocer que han estado haciendo el triste papel de venir a defender a quien se debe defender solo.

Cada uno de los secretarios, que aquí están para dar cuenta de su responsabilidad pública de cara a la nación; y que su jefe, quien usurpa la Presidencia de la República, ni siquiera puede venir a dar la cara y hacer uso de la tribuna.

Quiero plantear que el artículo 107 dice: ``No podrá llamarse al orden al orador que critique o censure a funcionarios públicos por faltas o errores cometidos en el desempeño de sus atribuciones; pero en caso de injurias o calumnias, el interesado podrá reclamarlas en la misma sesión, cuando el orador haya terminado su discurso, o en otra que se celebre en día inmediato...'', y luego prosigue.

No ha escuchado esta soberanía un solo reclamo de García Luna a mi persona, donde diga que he mentido, uno solo; y, el que calla otorga. El que calla, otorga. Yo no tengo que probar que es un asesino, pues él lo ha reconocido con su silencio. Pero además, por si esto no fuera suficiente, expondría un solo caso.

En Sinaloa, en un retén fueron asesinados Griselda Galaviz Barraza, de 25 años; Alicia Esparza Parra, de 17; los niños Joniel, Griselda y Juana Esparza Galaviz, de 7, 4 y 2 años de edad, respectivamente. ¿Qué le van a decir a esas familias: que fue un error, que fue un daño colateral? ¿Que, qué pena les da? Fueron asesinados por las fuerzas militares que en los hechos están bajo la conducción y la responsabilidad de García Luna.

¿Qué ha ganado, en la visión de este gobierno usurpador? La represión, la militarización y la violación a derechos y garantías constitucionales. De eso estamos hablando, de esos hechos graves que han enlutado a familias mexicanas donde estoy poniendo un solo ejemplo.

Aquí está el cuadro de asesinatos, de muertos, por miles. Porque antes se les llamaba comunistas y luego terroristas y ahora narcotraficantes. ¿Quién dice que ellos están combatiendo al hampa, si son el crimen desorganizado?

¿Quién dice que ellos están actuando con apego a derecho, cuando vivimos una simulación de República donde no hay división de poderes, donde no hay respeto al estado de derecho, donde la Suprema Corte de Justicia sesión tras sesión, sentencia tras sentencia, justifica el atraco, el robo, el asesinato, la impunidad?

Podríamos hacer una larga lista de agravios de la población del país en esta materia muy, muy larga. Pero además sostengo que no sólo es asesino, sino corrupto. Yo le pregunto, García Luna: ¿cómo construye una casa de 20 millones de pesos, cuando su sueldo no da para eso? Si su casa actual vale 7.5 millones de pesos, y decía, todavía el año pasado, debía 6, casi 7 millones de pesos. ¿De dónde sale ese dinero? ¿De los decomisos? ¿De dónde? ¿Del crimen organizado? ¿Del crimen desorganizado que encabeza? ¿De dónde sale todo esto?

Y quiero aquí hacer un público reconocimiento a una mujer valentísima, valentísima, que ha hecho un trabajo excepcional de investigación y que ha sido acosada por este funcionario del gobierno usurpador: Anabel Hernández. Ahí está el libro de Los cómplices del presidente. Ahí están sus denuncias sólidas, su trabajo profesional, su seguimiento con toda firmeza y valentía, a pesar de la impunidad, a pesar del acoso, a pesar del atropello, a pesar de que se viven tiempos canallas.

Y son tan canallas los tiempos que se viven que cuando alguien critica, pone el dedo en la llaga, denuncia, desnuda lo que este gobierno usurpador realiza, se le vitupera, se le tergiversa, se le hacen campañas de estigmatización permanente, se le acosa, se le acusa. Pero ninguna de esas cosas va a detener nuestra determinación de hablar con verdad, de hablar con honestidad, de hablar con firmeza y de representar con dignidad al pueblo de Iztapalapa y al pueblo de México, a quienes mucho agradezco que me hayan honrado con sus votos para estar en esta tribuna.

Lo digo de frente y lo digo con claridad. Este gobierno debe renunciar por incapaz, por corrupto, por asesino, por violador, por irresponsable, por desvergonzado. Muchas gracias, compañeros y compañeras.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Pidió el uso de la palabra el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, ¿con qué objeto, señor diputado? ¿Le cede su lugar a Javier Corral? ¿Con qué objeto, diputado? Se había inscrito Javier Corral también, lo había señalado. Recuerden ustedes. ¿Con qué objeto, diputado? Tiene el uso de la palabra, diputado. Sí, diputado. Dígame, diputado.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Con objeto de solicitarle, sin ningún demérito de que haga uso de la tribuna, siempre será un placer escucharlo, pero queremos saber con qué objeto pidió la palabra el diputado Corral, porque ni fue aludido ni ha pedido para rectificación de hechos. Entonces, ¿con qué objeto lo enlistó usted?

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Discúlpeme, diputado. Había solicitado la palabra el diputado Javier Corral hace bastante tiempo, y el diputado había manifestado que era para rectificación de hechos, y estaba listado. Inclusive lo había mencionado yo ya en el listado de los que iban a hacer uso de la palabra. Adelante, diputado.

El diputado Javier Corral Jurado: Gracias, señor presidente.

He escuchado a lo largo de las intervenciones de los diputados del PRI, y fundamentalmente de la del diputado Navarrete Prida, concepciones, deslindes y culpas en el tema del combate al narcotráfico.

Cuando los escucho pienso en la desmemoria que acompaña a la acusación, pero sobre todo pienso que no sólo no se hacen cargo de la mayoría de los gobiernos estatales que encabezan, sino que no se hacen cargo de la historia de impunidad, de corrupción y de vinculación política de altos personajes de su partido con las mafias del narcotráfico.

Voy a plantearle a usted el debate. No es una acusación nuestra, no es un dicho nuestro. El ex presidente Miguel de la Madrid, que gobernó el país de 1982 a 1988, concedió hace tres meses con 17 días una entrevista a una de las periodistas más importantes del país.

No fue el PAN el que acusó el origen de la vinculación de la política con el narcotráfico; fue el ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado el que dijo, y dijo sentirse decepcionado, no sólo haberse decepcionado por haberse equivocado en la decisión de la sucesión presidencial, dice el presidente de la Madrid que Salinas de Gortari cometió errores muy serios...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señores diputados, vámonos escuchando, vamos teniendo orden, vamos teniendo calma para poder conducir...

El diputado Javier Corral Jurado: ¿Cómo no va a ser tema dónde ha empezado la vinculación...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, señor diputado...

El diputado Javier Corral Jurado: ... de la política con el narcotráfico?

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputado, permítame; diputado Corral, por favor permítame.

Estamos, está en rectificación de hechos, por tanto, vámonos escuchando todos y cada uno de nosotros. Adelante, señor diputado.

El diputado Javier Corral Jurado: ¿Cómo no va a ser tema de esta Cámara, cuando se habla del combate a la corrupción y del fracaso ante la corrupción? ¿Cómo no va a ser tema de esta sesión, cuando ha venido el licenciado Navarrete Prida a hablar del aumento de las adicciones en los gobiernos del PAN, pero ha omitido, con mucho cuidado, decir dónde se ha originado el principal vínculo de complicidad de las mafias del narcotráfico con la política? Claro que se le ha olvidado, porque han declarado: acepten el debate político.

Plantearon debatir. La hora de las comparecencias en el debate pactado abrió la hora de los valientes. Acepten ahora debatir y escuchar los argumentos. Tienen una historia de vinculación y de complicidad con las mafias del narcotráfico, en los más altos niveles de la política, que no les permite venir aquí a dar clases de moral, de derecho ni de pureza política. Se necesita realmente cinismo político para venir aquí a tratar de dar lecciones sobre el combate al narcotráfico.

Si algún presidente de la República ---y eso no se lo pueden negar ni sus adversarios--- ha dado la batalla frontal al narcotráfico, es Felipe Calderón; quien ha venido a poner remedio a las complicidades del poder político que generó la Presidencia de Carlos Salinas de Gortari, hijo predilecto del PRI, hoy más vivo que nunca en su operación política en esta misma Cámara.

No, señores. No les permite su pasado venir a tratar aquí de insultar, de dar clases de derecho, de moral. Están batidos. Pero no lo dice el PAN, lo dice el señor licenciado Miguel de la Madrid.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Su tiempo ha terminado, señor diputado; por tanto, concluya de manera inmediata.

El diputado Javier Corral Jurado: Voy a terminar, señor presidente, con una pregunta y una respuesta.

Le preguntó la periodista Carmen Aristegui al ex presidente Miguel de la Madrid ---aunque les duela, señores---: ``¿Qué del hermano, qué de Raúl Salinas le molesta más?'' Contestó Miguel de la Madrid: ``Negocios ilícitos''.

``¿Cuál de todos?'', preguntó Aristegui de nueva cuenta. ``Conseguía contratos de gobierno. Se comunicaba con los narcotraficantes'', contestó.

``¿Con quién, con cuál?'', preguntó la periodista. ``No recuerdo exactamente'', dijo De la Madrid.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Por favor concluya, señor diputado. Si no, ordenaré que le quiten el sonido.

El diputado Javier Corral Jurado: Termino, señor presidente.

``No recuerdo exactamente, pero con los que le dieron el dinero para llevárselo a Suiza''. He dicho.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene el uso de la palabra el diputado Vidal Llerenas Morales.

El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Navarrete, ¿con qué objeto?

El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida (desde la curul): Por alusiones, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Es preferente. Por favor, haga uso de la palabra.

El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida: Gracias, señor presidente.

Yo le diría al señor diputado Corral que va a ser inútil tratar de cubrir con un velo oratorio lo que aquí estamos analizando el día de hoy, que es una comparecencia sobre seguridad, del ramo de seguridad en este Tercer Informe; y va a ser inútil porque los resultados, y lo que opinamos los señores diputados y señoras diputadas, creo que ha sido extraordinariamente claro.

No es un tema de memoria. Por supuesto que recuerdo muy bien lo que hicimos nosotros, en los gobiernos priístas, pero aquí lo que estamos analizando hoy es un informe de gobierno, y quiero decirle a usted, con toda claridad, que seguramente nosotros tendremos oportunidad de hacer remembranza, en unos pocos años, cuando estemos aquí, analizando con ustedes lo que hagamos nosotros en un informe de gobierno.

Solamente le diría esto, y tengo que hablar por mí. En el tiempo que estuve al servicio del gobierno federal, en materia de seguridad, la responsabilidad que tuve fue Procesos Penales. Sería importante que revisara usted las memorias de todo un sexenio, el último priísta, las 75 sentencias más importantes de ese sexenio, ¿en qué subprocurador recayeron?

Solamente les voy a dejar una como dato, de 27 años de prisión, a quien hoy es un dolor de cabeza en el país, y a quien desafortunadamente, inmediatamente después de la llegada del gobierno panista, se les fugó y al día de hoy no lo pueden encontrar. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. A ver diputado Corral, ¿con qué objeto su intervención?

El diputado Javier Corral Jurado (desde la curul): El señor diputado Navarrete Prida me aludió personalmente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene el uso de la palabra. Adelante.

El diputado Javier Corral Jurado: Gracias.

El diputado Javier Corral Jurado: Fíjense que no. Tengo en mi haber que, cuando incluso pueda estar más candente el debate es cuando uno menos debe enojarse o arderse, porque pierde la concentración.

Voy ahora, señor licenciado, a dos temas. Dicen que no es un asunto de memoria, porque hemos recordado aquí la memoria de Miguel de la Madrid. Un asunto que no sólo a nosotros, ahora el PRI, nos quiere atajar; se lo atajaron a él mismo. Llegaron al extremo de declarar casi interdicto a Miguel de la Madrid. Llegaron al extremo bochornoso de declarar casi loco al ex presidente de la República, al que muchos de ustedes le deben tantas cosas.

Un dictamen casi médico de urgencia fue sacado para decir que lo que Miguel de la Madrid había declarado no había sido cierto, sino sólo fruto de su estado de senilidad. Ése es el hecho que más los describe. Ése es el hecho que más ilustra a la nación. El país sabe perfectamente qué mandatario tomó la decisión valiente y patriótica de enfrentar a las mafias del narcotráfico.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, señor diputado. La diputada Teresa Incháustegui, pretende hacer uso de la palabra. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero: Una pregunta al señor diputado.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Acepta usted una pregunta de la diputada?

El diputado Javier Corral Jurado: Con muchísimo gusto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Proceda, diputada.

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero: Muchas gracias, señor presidente.

Señor diputado, ya que usted conoce y defiende con tanta enjundia la política de seguridad actual, que es fallida, cara y desdeñosa de los derechos humanos, explíqueme usted una cosita que quiero que usted me diga, ¿cómo explica usted que en los 766 operativos contra el combate al narcotráfico que se han llevado a cabo de 2006 a 2009, sólo se ha logrado el desmantelamiento de dos laboratorios clandestinos? Eso está en la página 34.

El documento también señala, en la página 38, que hay mil 124 elementos en los aeropuertos internacionales, pero en tres años solamente han detenido a 12 contrabandistas y recabado 5 maletas de dinero, ¿a esto le llama usted eficacia, señor diputado? ¿A eso le llaman ustedes batalla frontal contra el narcotráfico?

El diputado Javier Corral Jurado: Sí, diputada. Voy a darle respuesta, con mucho gusto. Me ha hecho una pregunta la compañera diputada, y por supuesto que voy a satisfacer su inquietud, en términos de lo que es mi opinión sobre el combate a la inseguridad pública y el combate al narcotráfico, porque hay datos estadísticos imbatibles de los mayores decomisos en esta administración en materia de dinero en efectivo, de armas, de drogas y la mayor detención de capos y delincuentes, y esos datos más allá de que no se quieran reconocer por los propios y por los nacionales, han sido reconocidos, incluso, por otros países y por otros mandatarios de otros países...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputado. Sí, señor, ¿qué tipo de moción pretende hacer, diputado?

El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar (desde la curul): Al presidente de la Mesa Directiva nada más le quiero recordar que el compareciente es el señorsecretario de Seguridad Pública, no el diputado Corral. Ésa es una precisión, para que se aboque el diputado Corral, para lo que pidió la palabra. Nada más.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le quiero comentar a usted, señor diputado, que el diputado Corral aceptó una pregunta que le formuló la diputada Incháustegui y está dándole respuesta.

La comparecencia ha sido suspendida para dar paso a lo que esta asamblea aprobó, el poder darle paso a las preguntas, a las alusiones personales y a la rectificación de hechos, señor diputado. Continúe, diputado Corral.

El diputado Javier Corral Jurado: Gracias. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputado. Sí, diputado Gil.

El diputado Roberto Gil Zuarth (desde la curul): Señor presidente, únicamente para recordar que este pleno acaba de votar, como usted bien lo ha dicho, que se dé posibilidad a los diputados para participar en vía de rectificación de hechos y alusiones personales. Hemos solicitado ya la inscripción de otros oradores, si ya se arrepintieron, que lo pidan y que esta asamblea lo vote. Podemos seguir debatiendo y aquí seguiremos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado, yo he manifestado precisamente que esta asamblea fue la que aperturó la posibilidad de modificar lo que veníamos realizando. Entonces estamos en esas condiciones y le pediría...

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Perdón, diputado. Adelante, diputado.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Señor presidente, no estamos enterados de que haya usted abierto una lista de oradores, y escuchamos con asombro que el diputado Gil dice que tienen otros oradores inscritos. Queremos saber en qué momento se abrió la lista. Tenemos la lista. No nos hemos arrepentido. Nos queda muy claro que no quieren que comparezca García Luna. Sigamos el debate.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señor diputado, no tenemos lista de oradores, porque los temas y para lo que esta asamblea aprobó es para las intervenciones que los diputados lo fueran solicitando, porque requerimos que nos den la razón del por qué quieren intervenir. Continúe, señor diputado Corral, para concluir su tiempo.

El diputado Javier Corral Jurado: Señor presidente, quisiera, si usted me permite, concluir la pregunta que me hicieron.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Adelante, termine usted la respuesta, señor diputado.

El diputado Javier Corral Jurado: Gracias, muy amable, señor diputado.

Es lógico que un asunto que toca tantos y tan variados intereses, y tantas redes de complicidad de los niveles de la política con las bandas del narcotráfico; es lógico que un tema como éste quiera ser descalificado, embatido; quiera ser incluso borrado, en términos de resultados.

No tengo la menor duda, diputada de que en este rubro del combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada....

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputado.

Nada más para aclararles a las señoras diputadas y a los señores diputados que está dando respuesta a la pregunta que fue formulada por la compañera diputada. Por eso el reloj está parado, porque tiene que concluir la respuesta y luego concluir su tiempo. Concluya, señor diputado.

El diputado Javier Corral Jurado: No me han dejado concluir quienes estaban interesados en que esto tuviera la posibilidad de la réplica. Estoy en el ejercicio no sólo del derecho de réplica, sino ahora de una respuesta a una pregunta concreta.

Por eso digo que no me sorprende que un asunto que entraña tantos intereses, que genera tantas redes de complicidad entre tantos niveles de la política y las bandas de narcotráfico, quiera ser embatido de esta manera.

Aquí se ha criticado ---por ejemplo, diputada--- la presencia del Ejército en las calles. Se ha dicho que ésa es una presencia indebida, porque no cumple la función constitucional el Ejército. Estoy de acuerdo de que el Ejército mexicano no debiera cumplir esa función y que sería bueno, positivo, que pronto el Ejército mexicano regresara a las calles.

Lo que nos tenemos que preguntar es ¿por qué hemos tenido o por qué se ha tenido que sacar al Ejército a las calles en los estados de la República? Por las redes de complicidad, por las omisiones, por la connivencia de muchas autoridades estatales en donde se han concentrado las mafias del narcotráfico.

Le voy a dar un dato. Por ejemplo señora diputada, en mi estado se concentra el 54.7 por ciento de las ejecuciones del narcotráfico en México. La pregunta que le voy a formular a usted y a todos a la vez es: ¿por qué creen que en Chihuahua se concentró el 54.7 por ciento de las ejecuciones del país? ¿Por qué creen que en Juárez y en Chihuahua está prácticamente...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Corral, permítame por favor. Diputado Omar Fayad, ¿con qué objeto?

El diputado Omar Fayad Meneses (desde la curul): Para hacer una moción de orden, presidente. El diputado Corral no está dando respuesta a la pregunta de la compañera diputada, ya está en otra cosa. Por favor, ponga orden. Ya acabó este asunto, no respondió. Conecte el reloj y demos pie a que los demás compañeros que pidieron el uso de la palabra.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señor diputado, si no dejamos concluir al diputado, no va a concluir su respuesta. Discúlpeme, pero quien debía estar diciendo lo que usted dice es la diputada, al sentir que no le están dando respuesta. Por tanto, vamos a permitir que concluya el señor diputado. Concluya, señor diputado. Diputada que hizo la pregunta. Por favor díganos, diputada.

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero (desde la curul): Le pido al diputado que me conteste lo que pregunté.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Por favor, diputado. Una vez que la que formuló la pregunta le pide que dé respuesta, le pedimos que dé respuesta. Permítame para ver qué nos manifiesta el diputado Omar Fayad. Diputado, dígame.

El diputado Omar Fayad Meneses (desde la curul): Le recuerdo que no puede reconvenirme y no puede poner en su boca palabras que debieran ser de la diputada. Usted no está pensando por la diputada. Tiene que atender lo que dice la ley, el reglamento y los acuerdos parlamentarios.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con todo respeto, diputado, no lo estoy reconviniendo. Simplemente estoy dirigiendo la sesión y ésa es la forma en la que debiera haberse procedido. Adelante, señor diputado.

El diputado Javier Corral Jurado: Voy a terminar de responder a la pregunta de la diputada. Lo digo abierta y claramente, no hay un dato comparativo con ninguna administración anterior ---anterior y anteriores---, de combate frontal al crimen organizado, como en esta administración.

No hay precedente, no hay cifra comparable que pueda traer ninguna administración, de ninguna época del PRI; mucho menos cuando presidía el licenciado Salinas de Gortari. Su hermano, según el ex presidente De la Madrid, andaba llevándose tajadas de las mafias del narcotráfico. No hay dato comparativo alguno con relación a la actual administración del presidente de la República.

Lo que a mí me puede ---lo digo sinceramente---, lo que a mí me puede es que vengan a medrar con el tema de la inseguridad pública y del combate al narcotráfico. Lamento, porque es triste que esta Cámara, viendo la crisis de la inseguridad, viendo cómo son rebasadas en los estados las corporaciones policiacas, viendo cómo caen soldados del ejército, cómo mueren policías en ese combate, todavía traten de medrar políticamente con un tema como ese. Por eso les he recordado que no les asiste la razón, ni la historia los prestigia, para venir a hablar con esa fuerza. No, señores del PRI.

Gobiernan más de la mitad de los estados de este país y son hoy...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputado Corral, permítame. Diputada Incháustegui.

El diputado Javier Corral Jurado: Quiero que me permita también, señor presidente, terminar mi discurso.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputado, por favor. Diputada Incháustegui.

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero (desde la curul): Diputado Corral, le recuerdo que le hice preguntas concretas, que además están justamente en la información que nos entregan para la glosa. Es decir, no estoy inventando datos. Estos datos que muestran la ineficacia de la política de seguridad pública, a pesar de todos los recursos que hay, están en el informe. Yo no los saqué de ninguna otra parte.

El diputado Javier Corral Jurado: A ver, diputada, le contesto ahora.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, señor diputado.

En consideración de la Presidencia, se ha tomado bastante tiempo en dar respuestas a las preguntas que formuló la diputada Incháustegui. Le pido que concluya en dos minutos, para poder ordenar que el cronómetro continúe en su participación inicial. Por favor, diputado.

El diputado Javier Corral Jurado: Señoras y señores; señora diputada, la ineficacia de la seguridad pública, las cifras en materia de delitos, de secuestro. ¿En dónde está fundamentalmente la función y la competencia de la seguridad pública en el país si no es en los estados y en los municipios? ¿De qué naturaleza jurídica es el delito de secuestro si no es del fuero local? ¿De qué naturaleza jurídica es el robo de automóviles, el asalto a casa habitación, a comercios? Varias de las cifras y de las estadísticas que aquí trajeron.

A lo que me opongo no sólo es al medro político con el discurso o con relación al tema del combate al narcotráfico. Me opongo a que abandonen las consecuencias de su propia responsabilidad como gobiernos locales, como gobiernos municipales. Son corresponsables no solamente de la política de seguridad nacional y de seguridad pública.

Particularmente, esta bancada de en medio, es corresponsable y responsable directa del desastre del país durante muchos años.

A poco ya se les olvidó la impunidad, la corrupción de los sexenios, de los que les podemos repetir con nombre y apellido, con datos y cifras, con acontecimientos.

¿De dónde les proviene esa fuerza ahora? Eso es lo que rechazamos, señores diputados y señoras diputadas del PRI. Voy a continuar mi intervención, señor presidente Ramírez Acuña, y por supuesto, que voy a terminar con el asunto de Montiel.

``¿Algún cártel en particular le dio el dinero que se llevó a Suiza? ---le pregunta la periodista al ex presidente de la República--- Recuerde que un grupo de empresarios reconocieron dinero''.

Miguel de la Madrid dijo: ``Lo reconocieron por complicidad''.

Preguntó la periodista: ``¿Y ellos pusieron su nombre para acompañar el dinero de Raúl a Suiza?''

Y respondió el ex presidente Miguel de la Madrid: ``Y para llevarse una tajada''. ``¿Se le debería investigar?'', continuó la periodista.

Y dijo el ex presidente De la Madrid: ``Es que son informaciones muy difíciles de obtener. Fue más fácil que se le procesara por la muerte de Ruiz Massieu''.

¿Por qué, señor secretario de Seguridad Pública; por qué, señor presidente Calderón, con declaraciones tan contundentes como la de un ex presidente de la República y en medio del mayor combate al narcotráfico que ha conocido la historia de México, no se ha iniciado la investigación contra el ex presidente priista Carlos Salinas de Gortari?

¿Por qué, señor presidente de la República, en medio del mayor combate a la corrupción, no se ha terminado por desmantelar el tráfico de complicidades, las redes de complicidades entre políticos priistas y el narcotráfico en México? ¿Por qué no se ha dado seguimiento a esas declaraciones de Miguel de la Madrid? ¿Por qué no se le llama a declarar ante el Ministerio Público?

Por eso, por eso señor presidente Calderón, por eso secretario García Luna, porque no se actúa. Precisamente por eso los señores del PRI quieren venir a darnos lecciones de moral, de derecho, de combate a la corrupción, de combate al crimen organizado.

Nosotros les hemos dado no sólo pretextos sino argumentos. Por eso están envalentonados a la hora de los debates pactados y luego quieren acallar con chiflidos y con insultos a quienes les responde. Ésa es la calidad del debate que quieren dar.

No tengan la menor duda. De aquí en adelante les vamos a contestar una por una a uno por uno.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene el uso de la palabra el diputado Porfirio Muñoz Ledo para rectificación de hechos.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega: Ciudadano presidente, quiero felicitarlo porque, a pesar de ser un novato en las artes parlamentarias, ha demostrado al fin sentido común y estudios de derecho, permitiendo que esto se convierta en un verdadero debate parlamentario.

Hay, sin embargo, aquí un convidado de piedra. Y no digo porque tenga una piedra en la cabeza o porque traiga piedras en las manos. El señor Genaro García Luna debe salir de este recinto, y lo voy a fundamentar.

Una cosa son los derechos de la Cámara, consagrados en los artículos 69 y 93 de la Constitución para llamar, podrá llamar a los secretarios de Estado y a otros funcionarios a que expliquen partes del informe o rindan cuenta sobre las actividades y responsabilidades a su cargo; y otra, es la glosa del informe presidencial. Glosa que es una antigua práctica parlamentaria.

Desde tiempos de don Guadalupe Victoria es un acto parlamentario, es una reflexión de Cámara sobre el informe que deposita el Ejecutivo.

En México, entre 1933 y 1973, no vino un solo secretario de Estado a la Cámara por razones de un régimen que se volvió más y más autoritario. En 33, don Narciso Bassols, a la sazón secretario de Educación Pública, decidió presentar su proyecto de educación socialista.

Por tanto, no debemos confundir la glosa que, por cierto, quiere decir en el diccionario ``interpretación de un texto oscuro con la comparecencia''.

Punto número dos. Yo propongo a esta soberanía que continuemos el debate parlamentario sobre los temas que están aquí sobre la mesa. ¿Cómo México, en sólo 25 años, pasó de ser un débil productor de drogas ligeras, un consumidor de baja intensidad y sólo un lugar de tránsito, hasta convertirse prácticamente en el corazón de la mafia y de los hampones del crimen? Tendremos que discutir.

Fui miembro de la comisión senatorial que investigó el asesinato de un candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio. Mientras no esclarezcamos el asesinato de Colosio ---que es, a mi entender, una combinación entre fuerzas del poder público y fuerzas del crimen--- este país no recuperará ni su verdad ni su legitimidad.

Quiero solicitar, en apoyo a los argumentos, que salga de esta sala el señor Genaro García Luna; que haya un eclipse de luna. ¿Por qué? Si no viene su jefe, ¿por qué recibimos a sus empleados?

Yo no he participado en esta comparecencia, y lo sabe mi grupo parlamentario, porque me niego a dialogar con los empleados que suplen para tener ventajas en la televisión manipulada y en el fondo burlan la inquisitoria a esta Cámara.

Vienen instruidos ---como lo he visto con los cuatro que han pasado por aquí--- para decir vaguedades, para flotar, para no contestar a nada. Seis fracciones parlamentarias han pedido la renuncia de Genaro García Luna.

Por vergüenza, por dignidad, por respeto a los millones de mexicanas y mexicanos que representamos, sírvase renunciar. Lo damos nosotros por renunciado.

Yo quiero pedirles a mis compañeras y compañeros, ya que no está en la agenda un voto simbólico, que quienes estén aquí por la renuncia de García Luna, sírvanse ponerse de pie.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señor diputado...

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega: ¿El PRI no está por la renuncia de García Luna?

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le recuerdo que no es el orador el que tiene que solicitar una votación.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega: Muchas gracias. Reanudemos el debate parlamentario. El señor está de sobra. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene el uso de la palabra el diputado Vidal Llerenas Morales, del Partido de la Revolución Democrática, quien solicitó el uso de la palabra para rectificación de hechos.

El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Navarrete, ¿con qué objeto solicita usted la palabra?

Sonido para el diputado Navarrete.

El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida (desde la curul): Señor presidente, es para fijar posición del Grupo Parlamentario del PRI.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muy bien. Lo dejamos registrado y estaremos escuchando al diputado Vidal Llerenas.

El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida (desde la curul): ¿Por qué no de una vez?

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Porque ya le habíamos otorgado la palabra, diputado.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, ¿dígame? Diputado Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Gracias, señor presidente. Es para fijar posición del grupo parlamentario. Nos parece de suma importancia y será muy breve. Desde el lugar del licenciado Navarrete, con relación a la propuesta que hizo el diputado Muñoz Ledo en pleno uso de sus derechos. Quisiéramos solamente, señor presidente, subrayar nuestro punto de vista de manera muy breve, para que pueda usted continuar con el desarrollo de la sesión.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Les pediría, señores diputados, que escuchemos, primeramente, al diputado Vidal Llerenas, quien había pedido la palabra para rectificación de hechos.

El diputado Muñoz Ledo, ciertamente, en rectificación de hechos, haciendo uso de su derecho, hizo algunas proposiciones, pero estaríamos escuchando posteriormente el posicionamiento de su partido. Con mucho gusto. Le pedimos al diputado Vidal Llerenas que haga uso de la palabra.

El diputado Vidal Llerenas Morales: Gracias, señor presidente.

Hace un momento el diputado Rétiz hizo alusión a una supuesta coalición del gobierno de la ciudad de México con la delincuencia. Esto es completamente falso. Lo sabe el diputado Rétiz, que fue diputado local, sabe que el gobierno de la ciudad de México inició acciones como la extinción de dominio, en contra de delincuentes, y me extraña porque yo he oído palabras elogiosas de Felipe Calderón a la acción del gobierno de la ciudad en materia de seguridad pública.

Por eso me permito preguntarle al secretario de Seguridad Pública, ¿suscribe lo que dijo el diputado Rétiz sobre que ha habido problemas de coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México?

¿Qué es lo que él considera que el Gobierno de la Ciudad de México está haciendo bien o no en materia de seguridad pública? Porque lo que quiere la gente que está afuera es coordinación. Y eso es lo que ha tenido el gobierno de la ciudad, a pesar de lo difícil que es ejercer recursos de seguridad pública en este país y a pesar de que existen 200 millones de pesos aprobados por esta soberanía en el presupuesto del año pasado, que no han sido entregados al Gobierno de la Ciudad de México para su proyecto de cámaras de seguridad pública.

Espero que el diputado Rétiz nos apoye para que el gobierno federal, en algún momento pueda cumplir el mandato del Congreso, y apoyar las acciones del gobierno de la ciudad en esta materia. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida.

El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida (desde la curul): Señor presidente sería conveniente, nosotros, como fracción parlamentaria tenemos una intervención más en el debate acordado y sería en este momento que fijaríamos nuestra posición para que pueda continuar la comparecencia.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muy bien, con mucho gusto, diputado.

El diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señor diputado, ¿con qué objeto solicita la palabra?

El diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez (desde la curul): Por alusiones personales, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene usted el uso de la palabra, diputado.

El diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez: Con su venia, diputado presidente. Simplemente para hacer la aclaración al diputado que me antecedió en la palabra, que en ningún momento yo señalé una complicidad, como tal, expresa, entre el gobierno delDistrito Federaly el crimen organizado.

Lo que yo he señalado, inclusive, como diputado local, y hemos respaldado algunas políticas como la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, es precisamente para el combate en el tema de inseguridad pública. Y ahí adquiere relevancia la responsabilidad del Distrito Federal, todos los estados de la República y el gobierno federal.

Acción Nacional no le apuesta a que fracasen las políticas en materia de seguridad pública, ni del Gobierno del Distrito Federal, ni de ningún otro estado. A lo que le apuesta es a que haya una corresponsabilidad de todos y cada uno de los órdenes del gobierno, y desde luego, también, del Gobierno de la República. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Diputado Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Con su permiso, señor presidente. Señores diputados, qué valioso es el Congreso para la sociedad, qué virtud le encuentra el pueblo de México a gobernarse, a hacer leyes, que cuando crea la figura de los diputados, además les da la inviolabilidad del fuero, no ser reconvenidos; crea las autoridades que deben exigir el uso, que deben exigir el respeto a esos derechos.

Imaginémonos, señores diputados, cuál es la virtud que un pueblo con pobreza, con malas autoridades, con miles de problemas respalda la figura del diputado y le otorga la inviolabilidad, el respeto a sus opiniones.

Precisamente eso es lo que debemos tomar en cuenta cuando se vierten opiniones y cuando usamos el tiempo de los contribuyentes en esta Cámara con dos posibilidades: caer en la tentación seductora de quienes, con arrogancia vienen a pontificarnos cómo lo debemos hacer; caer en la ilusión seductora de quienes, con esa flauta mágica de tantos años de experiencia nos vienen a decir cómo nos debemos portar, o atender un momento a ese pueblo o atender un momento a su miseria; atender un momento a lo que necesita y venir a dar cifras, datos, hechos, señalamientos.

Qué orgulloso me siento de ser compañero de Navarrete Prida. Qué orgulloso me siento de no haber venido a escuchar que se viertan injurias, porque no se necesitan para señalar lo que está mal. Qué orgulloso me siento, porque quien así se conduce está criticando ---no os confundáis---, está criticando, pero también está tendiendo los puentes de la legalidad para que corrijamos lo que necesitamos corregir, porque ningún gobierno es perfecto, aunque hay gobiernos más malos que otros.

No se trata, amigos, de venir a hacer una competencia de remembranzas de lo malo, porque un pasado frecuente nos podría recordar que, así como hay entrevistas malas, hay presidentes declarados locos en pleno ejercicio de su presidencia.

No es el caso, no es el caso; es a ese pueblo al que tenemos que escuchar. ¿Necesitamos que se vaya el secretario de Seguridad Pública? ¿Necesitamos que abandone el salón para que nosotros podamos seguir teniendo un debate parlamentario? ¿Necesitamos hacer alguna clase de alusión o de mención especial para sentirnos más diputados? No, señores.

El valiosísimo concepto en el que la sociedad tuvo la idea de los diputados, cuando la creó, el valiosísimo concepto que nosotros le podemos dar a la acción legislativa, ahí está todo lo que podemos hacer con la Secretaría de Seguridad o con la de Hacienda o con la de Relaciones Exteriores, que vienen no sólo por gusto; vienen por mandato de ley, vienen porque entre ésas muchas facultades que nos dan como diputados está la de llamarlos a comparecer, y tienen que venir. Hoy, hacer que se vayan sería una grave contradicción.

Fijo la postura de nuestro grupo parlamentario. El PRI, con hechos, señalamientos, datos precisiones, hizo uso de ese derecho que le otorga la Constitución. La salida de García Luna y las muchas otras cosas que tienen que cambiarse en seguridad las vamos a debatir en las comisiones y ahí vamos a lograr los efectos legislativos y a honrar el voto del pueblo de México que nos dio y nos otorgó con su confianza. Seremos diputados, no solamente histriones de la tribuna.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Muñoz Ledo, dígame con qué objeto desea hacer uso de la palabra.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega (desde la curul): Por alusiones claras.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Adelante, diputado.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega: A propósito, señor presidente, del debate anterior, es un asunto de explorado derecho parlamentario. Hay legislaciones donde este derecho se ejerce sólo cuando hay mención, por nombre. Nuestra legislación adoptó el modelo latino que es por alusión porque los latinos son más mañosos ---o somos--- y podemos aludir sin nombrar. Y en el diccionario es ``referirse a una cosa o persona de modo incontrovertible''. Me aludió.

Yo tengo varias diferencias. Aludió a mi postura de que se vaya el señor García Luna. Es aludir al orador que la propuso. Me permite, licenciado, con todo el respeto que le tengo. Yo le voy a contestar.

Aquí hay una enorme trampa y la voy a explicar con claridad. La obligación del presidente de la República de acudir a la inauguración del periodo de sesiones nos viene de la Constitución de Cádiz, que fue la primera Constitución democrática y que obligaba al monarca a presentarse en la apertura de sesiones de las Cortes y dar un discurso adecuado a las circunstancias.

Esa presencia del Ejecutivo la mantiene la Constitución de 24, la de 36, la de 43, la de 57 y la de 17. En 17, los diputados obregonistas que le tienen mucho recelo al primer jefe, Venustiano Carranza, lo quieren obligar, además, a rendir un informe de gobierno.

Por eso la Constitución de 17 es híbrida. Decía: ``...asistir, como jefe de Estado, a la apertura de sesiones y rendir por escrito un informe''. Éste es el único caso en el mundo donde acude una persona a la vez como jefe de Estado y como jefe de gobierno. Como jefe de Estado, con la Banda, no puede ser controvertido; como jefe de gobierno, debe estar sujeto al debate público.

En una combinación de toma y daca de la legislatura anterior ---verdaderamente lamentable y hecha a medias--- se le quitó la palabra asistir y se le dejó presentar el informe. Eso ya lo discutimos, ha creado un vacío legal en el país.

Quiero afirmar, porque lo he consultado con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad, que no hay ningún país sobre la Tierra en el cual el jefe de Estado no asista a la apertura del periodo de sesiones del Congreso. Es el símbolo mismo de la relación entre los poderes. Entonces, ¿por qué recibimos a sus empleados? La tradición de esta Cámara ---y he sido algunas veces legislador--- era recibirlos en comisiones.

Mientras no definamos el gran tema de la reforma del Estado ---cuál es nuestra forma de gobierno, si vamos a un régimen parlamentario o semipresidencial--- estamos en un vacío legal.

Yo he propuesto por razones jurídicas, históricas y políticas ---e insistiré--- a que venga el próximo periodo de sesiones el titular del Ejecutivo o el que ejerza sus funciones, aunque haya llegado a ellas de modo ilegal. Y seguiré insistiendo: que no inquiramos, es una facultad. Coincido con el señor diputado, es un magnífico jurista, pero no en la más alta tribuna de la nación.

Mientras no haya dos cosas: la moción de censura o la revocación de su mandato, los ministros van a los parlamentos porque los parlamentos tienen la facultad de censurarlos. Si no, es una burla para nosotros.

El 80 o 90 por ciento de esta Cámara está convencido, en su foro interno y en su convicción política, de que la actuación del señor ha sido absolutamente desastrosa. Y mi gran amigo Javier Corral, incluso tuvo un lapsus y le llamó ``señor presidente''.

¿Por qué no lo llamaste ``García Pinochet''? Es de lo que estoy hablando.

Este señor es un peligro para la nación y es un peligro para la vida de todos nosotros. Debe salir por la puerta que entró.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El señor diputado Carlos Pérez Cuevas desea hacer uso de la palabra para rectificación de hechos.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas: Con su venia, señor presidente.

Señores legisladores, el uso de la palabra que su servidor ha pedido es para fijar la postura del Partido Acción Nacional en torno a este tema que nos ha llevado algunas horas de acalorado debate.

Primero empezar por decir que no es el presidente de la República el que rehúye al debate; decir que es el presidente de la República, como Ejecutivo, el que respeta una determinación de esta soberanía en torno a la entrega del informe y sus comparecencias.

Si el tema es diferente, justo, señores diputados, aquí estamos para ello; para que debatamos, nos pongamos de acuerdo, lleguemos a los consensos. Si la forma de presentar el informe y las comparecencias tiene que cambiar discutámoslo, analicémoslo, lleguemos a un acuerdo.

Señores diputados, el tema que hoy tenemos aquí, que la bancada de Acción Nacional quiere fijar es la seguridad pública de la nación. Una labor de todos y cada uno de los que estamos aquí. Una labor de todos y cada uno de los que están allá afuera, porque no hay un México amarillo, ni tricolor, ni azul, ni de ningún otro color. Hay un solo México.

Dicen muchos en esta tribuna que hagamos caso del mandato de las urnas. Éste, señores diputados, éste es el mandato de las urnas, con sus mayorías, con sus medianías y con sus minorías. Ése es el dictado de las urnas; y el dictado de las urnas es: trabajen, acuerden, debatan, pero logren el desarrollo y el bien de México.

El pasado pesa, y pesa mucho; y pesan más los hechos. Pudiéramos debatir en un sentido o en otro muchos hechos, pero la realidad nos obliga a que aun a pesar de esas diferencias busquemos, encontremos, por el bien de México, los caminos que nos pueden unir para hacer ese país, que estoy seguro que desde una visión u otra, todos anhelamos, como una patria de paz, de respeto, como siempre hemos sido los mexicanos.

Señor secretario, la bancada de Acción Nacional le reconoce el trabajo y el esfuerzo, como lo reconoce a todos aquellos que en el combate a la delincuencia, y con un deber que nos debe unir a todos, más allá de distingos o colores partidistas, como mexicanos, hoy necesitamos.

La seguridad pública no admite distingos ni colores de partido, la seguridad pública es un deber ineludible de conciencia y de acción. La seguridad pública, por el bien de los mexicanos, es tema de todos y ninguno podemos rehuirle.Muchas gracias, señores diputados.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. No habiendo quien más haga uso de la palabra... Señor diputado ¿Con qué objeto desea hacer uso de la palabra? Rectificación de hechos. Tiene usted el uso de la palabra, señor diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: He escuchado aquí que tanto los diputados del PRI como los del PAN han fijado posición sobre el tema de la permanencia o no del señor García Luna, eso significa que todos los grupos parlamentarios debemos también fijar posición y pronunciarnos a favor de que permanezca en este recinto parlamentario o que lo abandone, para que nosotros sigamos debatiendo y glosando el informe que se ha presentado.

Entonces, fijar posición entraña que esta decisión de si permanece o se va debe ser votada, señor presidente, porque el PRI fijó posición, el PAN fijó posición y nosotros también fijamos posición como Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y estamos pidiendo que se vote la permanencia o no del señor García Luna en esta Cámara.

Hay que recordar, y lo dijo muy bien el diputado Muñoz Ledo, que el artículo 69, párrafo segundo, y el artículo 93, párrafo segundo, ambos de la Constitución, indican que la comparecencia y el informe de los secretarios del despacho son potestativos.

La Constitución utiliza el verbo podrá. No es obligatorio que esté aquí. Así como lo invitamos a venir, lo podemos desinvitar. No es obligatorio que esté en este recinto parlamentario. Es potestativo.

Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Quiero decir simplemente, que la posición del Partido del Trabajo es que el señor García Luna abandone este recinto parlamentario.

Ha evadido las preguntas que se le han hecho. No ha presentado una estrategia adecuada de combate al crimen organizado. Presenta su informe una concepción de la seguridad basada exclusivamente en la fuerza, en la represión, y no en la garantía plena de los derechos económicos, sociales y culturales de este país, ni en la ampliación de la democracia.

Podríamos decir que el señor García Luna ha guanajuatizado a México, porque en México, en el territorio nacional la vida no vale nada.

Y en cuanto a lo que señalaba Corral, Javier Corral, nuestro amigo diputado, de que los priístas eran los maestros del crimen organizado y del narcotráfico, quiero decirle que estoy de acuerdo con usted. Pero ellos son los maestros y los gobiernos panistas han sido alumnos aventajados. Han sido alumnos aventajados y no han sabido combatir el crimen organizado adecuadamente.

Por eso nos pronunciamos para que el señor García Luna se retire de este recinto parlamentario y seguir debatiendo entre nosotros el informe sobre seguridad que ha presentado. Eso es lo que corresponde.

Y como cada partido ha fijado su posición, cada grupo parlamentario, entonces lo debemos votar. Y yo le pido al presidente de esta Mesa Directiva que someta a votación la permanencia del señor García Luna en este recinto. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con toda atención, señor diputado, es un tema que ya fue votado en su oportunidad. Y fue votado por esta asamblea, cuando se acordó por el pleno que para efecto de la glosa del informe se invitaría al señor presidente para que comparezcan diferentes secretarios de Estado. Por tanto, ese acuerdo es la razón por la que se citó a comparecer alsecretario de Seguridad Pública.

No habiendo otros oradores en este sentido... Tiene el uso de la palabra el señor diputado Muñoz Ledo.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega: Ciudadano presidente, me permito recordarle que hay varias naturalezas jurídicas de los acuerdos de las asambleas parlamentarias, suficientemente exploradas.

Los votos sobre leyes, aprobación o rechazo de leyes no son revocables. Los acuerdos administrativos son revocables y los acuerdos de formato parlamentario son revocables también.

Esta asamblea es soberana, no vemos la razón por la cual usted niegue el derecho de la asamblea a revocar una decisión. No en materia legislativa, sino en materia puramente parlamentaria, cuando la asamblea tiene todo el derecho a hacerlo.

Voy a añadir tres o cuatro consideraciones. La primera. Es obvio para todos nosotros que el señor García Luna no tiene ya nada más que decir. El escarnio tampoco es un buen procedimiento político, creo que lo ha recibido y en demasía. También existe la dignidad personal.

Creo, y se lo pido a García Luna, al ingeniero García Luna, que por su propio decoro abandone este recinto. Nada vamos a obtener de quien no quiere decir nada, quien no ha respondido a ninguna de las imputaciones fundadas que se le han hecho y quien no se ha atrevido ni al más somero análisis sobre las causas de la criminalidad en México.

Efectivamente, el narcotráfico, por el cual ingresan a este país 27 mil millones de dólares ---a decir de la Secretaría de Estado de la Unión Americana y según cálculos internacionales, 33 mil millones de dólares--- se inicia arriba. Es un proceso de arriba a abajo.

Hace 17 años hubo en Italia la famosa Convención de Palermo. En esta convención se determinó que la única posible y exitosa batalla al narcotráfico consistía en crear una comisión parlamentaria que se llamó la Comisión Antimafia. Hubo varios muertos, pero limpiaron de arriba abajo; desde los más altos niveles de la administración de los partidos y de las alcaldías; de quienes pecan por acción, pecan por amenaza o pecan por omisión.

Mientras nosotros no evitemos el lavado del dinero, mientras no lleguemos al verdadero corazón de las complicidades políticas que hacen posible el crimen organizado, no lo estaremos combatiendo; estaremos engañando a la gente y traicionando al país.

No creo que nadie aquí sensatamente piense que va a obtener algo más del señor García Luna. Quedémonos en un debate entre parlamentarios. Utilicemos el tiempo que sea necesario para discutir con hechos, con cifras, con argumentos inobjetables, que el discurso ---estoy de acuerdo--- no sea partidista, sea nacional. Pero la defensa de la nación es la defensa de la verdad.

Solicito al ingeniero García Luna que se retire de este recinto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está solicitando la palabra el diputado Heliodoro Díaz. ¿Con qué objeto diputado? Tiene el uso de la palabra el diputado Heliodoro Díaz.

El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Con su permiso, señor presidente.

Señoras legisladoras y señores legisladores, este país está esperando que asumamos una de nuestras responsabilidades primordiales que tenemos como legisladores: evaluar el desempeño del gobierno. En este caso, de los asuntos en materia de seguridad pública.

Este país está esperando que aportemos propuestas, que señalemos con claridad nuestras diferencias, pero que no caigamos en vacíos ni en discusiones que, queda claro en esta sesión, no están conduciendo a ningún lado.

Son totalmente respetables todas las opiniones, todos los puntos de vista; pero mi fracción parlamentaria, el Partido Revolucionario Institucional, considera que tenemos que avanzar para cumplir esas obligaciones y esas responsabilidades que tenemos.

No seamos descorteses; seamos firmes, pero atengámonos a lo que hemos venido acordando y a nuestra práctica parlamentaria. Honremos para lo que estamos aquí reunidos.

Quisiera, señor presidente, con la modesta experiencia que me da el haber ocupado esa alta responsabilidad que tiene usted, sugerirle que en próximas ocasiones de esta naturaleza haya una estrecha comunicación entre la Presidencia de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación, para fijar con claridad meridiana los alcances de este tipo de eventos y no estemos aquí discutiendo asuntos que debieron haber sido conducidos con precisión y con claridad por el presidente de la Mesa Directiva, y en su caso, formulados con claridad en su contexto, por la Junta de Coordinación Política.

En este sentido propongo señor presidente, que pregunte usted a esta honorable asamblea, si este asunto, en todas sus vertientes, está suficientemente discutido y permitamos, en consecuencia, que esta comparecencia continúe. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Diputado Ríos Píter, pase a hacer uso de la palabra, por favor.

El diputado Armando Ríos Píter: Con su permiso, señor presidente.

Compañeros diputados, sin duda alguna esta comparecencia, esta presencia de un funcionario del gobierno federal, por lo acalorado que se ha visto este debate en comparación con las otras presencias, nos habla sin duda alguna del interés que tiene para nosotros el tema de la seguridad pública; pero sobre todo, que siendo nosotros representantes populares, lo vemos en la gente, en la sociedad, y que cuando regresamos a nuestros distritos, eso es lo primero que nos pide la gente.

``Señores diputados ---nos dicen---, señoras diputadas, arreglen ese problema de la inseguridad que nos está dejando sin empleo. Arreglen ese problema de la inseguridad que nos tiene en la zozobra y que no permite que el país avance''.

Por eso está aquí hoy el secretario García Luna, porque fuimos nosotros quienes lo invitamos a que viniera a dar la cara sobre una política pública que no está dando resultados para la gente, y que está colapsando al país. Los números son escandalosos, en términos de muertos, en términos del miedo que tiene la gente.

Creo, y la posición del Grupo Parlamentario del PRD, es que no podemos dejar que el señor se vaya y que no dé la cara a la nación. Tiene que dar respuestas puntuales ante la crítica que tenemos desde los distintos territorios del país, de una política que está totalmente fallida. Y precisamente para eso tenemos que estar presentes el día de hoy escuchando. Si dice poco, esta soberanía hará una crítica puntual que será del conocimiento de la nación. Y si esta presencia deriva en una renuncia, esperemos que el presidente de la República escuche las voces de los diputados y escuche lo que cada uno de nosotros está diciendo por la voz de mucha gente que no puede estar en este recinto.

Pero si nosotros invitamos a García Luna no podemos simplemente decir que se retire. Estamos con la intención de que usted nos dé respuestas, secretario. Estamos con la intención de escucharlo y por eso precisamente el PRD estará aquí presente para, de cara a la nación, decirle lo mal que está funcionando la secretaría a su cargo y la política que usted encabeza. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Señor diputado, con qué objeto desea hacer uso de la palabra.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Para rectificación de hechos, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pase, diputado. Después de esta participación, diputado, estaremos poniendo a consideración de la asamblea la propuesta del diputado Heliodoro.

El diputado Emilio Serrano Jiménez: Con la venia, señor presidente. Efectivamente, la seguridad pública no es de partidos ni de colores. Es una preocupación de todos los mexicanos: gobierno, diputados, senadores, el pueblo, que es el que padece la inseguridad.

Es mucho muy importante el trabajo que se debe hacer en torno a la seguridad pública, que no hemos visto que funcione en este régimen; no hemos visto en el Ejecutivo federal que funcione la seguridad pública.

Pero no se trata de que nada más critiquemos; también nosotros aportamos propuestas, sugerencias y acciones.

Señor secretario, ojalá y escuche la demanda y la petición que hacen miles, millones de vecinos de este México. Los vecinos sabemos quiénes son los delincuentes, cómo se les apoda, qué coches, qué colores, qué placas, cómo operan y hasta quiénes son sus padrinos, que están en el propio gobierno.

El día que escuchen ustedes las denuncias de los vecinos y las atiendan, ese día va a bajar el índice delictivo. Los vecinos saben en dónde están las narcotienditas. Eso es responsabilidad de ustedes atenderlo y, sin embargo, denuncian a los vecinos, quienes son los que acusan dónde está el narcomenudeo o el narcotráfico.

Deben ser más responsables ustedes, señor secretario. Hay falta de credibilidad en el gobierno, falta de confianza en el gobierno y la credibilidad y la confianza solamente se logran con trabajo, con acciones, con hechos y los hechos de ustedes no se han visto.

Qué casualidad que cuando está en juego la posición del secretario de Seguridad Pública aparece una gran acción del gobierno, una gran aprehensión de narcos, de secuestradores y se salva la cabeza del secretario de Seguridad Pública.

Aquí se ha dicho que, por dignidad, si no se puede renuncien. Por vergüenza, si no se puede con el paquete y la gran responsabilidad renuncie, señor secretario. Habrá quien de entre esos millones y millones de mexicanos, quien pueda hacer mejor el trabajo que ustedes no han podido hacer.

Reflexione, señor secretario, hay que tener dignidad y hay que tener vergüenza.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. No habiendo quien haga uso de la palabra, continuamos con la sesión y se le concede el uso de la palabra hasta por tres minutos para formular su pregunta a la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Alma Carolina Viggiano Austria: Con su permiso, señor presidente.

Compañeros diputados y compañeras diputadas, creo que si nuestros compañeros siguen mirando sólo por el retrovisor, será muy difícil que puedan ver los peligros que tienen enfrente. Mientras estamos teniendo este debate ---que es muy probable no nos lleve a ningún lado--- han asesinado a un periodista en Chihuahua, de nombre Norberto Miranda.

Quiero señalarle, señor secretario, que los supuestos logros plasmados en el Tercer Informe, distan mucho de las metas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo, en materia de prevención del delito. Le voy a decir por qué.

Entre los indicadores de resultados del Programa Sectorial de Seguridad Pública sólo se contemplan 2 que tienen que ver con la implantación de la estrategia: Limpiemos México y el programa Fortalecimiento de Redes Ciudadanas. Sus logros, según sus anexos estadísticos, no alcanzan ni el 15 por ciento de la población total del país.

No es posible que una política de prevención social de delito se reduzca a una estrategia y siete programas, fragmentados en cinco dependencias federales, dejándole a la Secretaría de Seguridad Pública la operación de sólo tres de ellos.

¿No es más conveniente, señor secretario, tener una bolsa única destinada a operar los programas específicos sobre este tema? Francamente, su estructura actual no permite una evaluación integral, y eso usted lo debe saber. Así lo demuestra el reporte de avance del subprograma sectorial.

Le voy a dar otro ejemplo de este asunto, para demostrar la importancia que le dan a la prevención del delito. En la subsecretaría que tiene encomendada para eso ---que es de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos---, en 2007 estuvo al frente Alejandro Rubido; en septiembre de 2008, Víctor Hugo Pérez, encargado del despacho; en diciembre de 2008, Facundo Rosas; en junio de 2009, Víctor Hugo Pérez; nuevamente.

En septiembre de 2009, este mes, nuevamente Alejandro Rubido. Cinco movimientos en tan sólo 3 años. ¿Por qué englobar en una subsecretaria algo que han dicho que es una prioridad para el gobierno?

Mucho se ha hablado en esta tribuna sobre la urgencia de eficientar el tamaño de la burocracia federal. Señor secretario ¿qué no hay la creatividad suficiente para redimensionar la dependencia a su cargo y hacerla más eficiente, más orientada a la revisión de cuentas y al logro de resultados, antes que incrementar el costo de operación?

Le digo esto porque el presupuesto asignado desde 2007, y aun el proyecto para el 2010, reflejan un constante crecimiento entre 2007 y 2009. El monto para prevención del delito ha crecido en un 195 por ciento, es decir, en 3 años casi se ha triplicado el presupuesto para dicha función.

Para el próximo año se propone que el 56 por ciento del monto total para seguridad pública sea destinado a prevención del delito, pero el PEF marca que este rubro es prácticamente para pagar salarios, servicios, prestaciones, y únicamente el 11 por ciento es para gasto de inversión. ¿Le parece esto correcto, secretario?

Recordemos que la prevención social del delito es mucho más que cursos, que redes ciudadanas, y más que una raquítica construcción de centros de tratamiento de adicciones.

Una política de prevención social del delito implica una fuerte inversión en infraestructura, en planes y programas educativos y de inserción laboral, y en la especialización de recursos humanos.

Mientras que en otros países la prevención del delito descansa en secretarías, institutos y consejos especializados, aquí la hemos convertido en un apéndice de la actuación policial.

Finalmente, señor secretario ---y concluyo---, ¿podría explicarnos por qué en lugar de fortalecer la estrategia de prevención del delito con un amplio plan nacional, sólo se incluye en el Presupuesto de Egresos como un concepto para justificar fuertes sumas de gasto corriente? Muchas gracias por sus respuestas.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos para dar respuesta, al señorsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

El secretario Genaro García Luna: Gracias presidente, con su venia.

Gracias diputada, con todo gusto respondo a su pregunta. Sin duda compartimos la perspectiva de que un tema sustantivo y prioritario es la prevención. Es un tema de prioridad nacional el cual, efectivamente, no sólo tiene que ver con la parte de policía. Ésta ha sido una circunstancia que hemos tenido que enfrentar y, justamente, con toda prontitud combatir la parte criminal para dar paso a un esquema integral en la parte de prevención.

Como señalaba, la primera parte de esta estrategia implica una ofensiva frontal en contra del crimen y, por supuesto, por supuesto ---reitero--- un esquema donde existan programas integrales para la comunidad en tres líneas: la parte de prevención de adicciones; el esquema especifico del cuidado para escuelas y su comunidad, su entorno específico; y tercero, un tema de prioridad nacional que es, sin duda, una visión de desarrollo social donde la comunidad recupere espacios públicos y se reincorpore a un esquema de paz social.

En ese sentido, como usted señalaba, hemos buscado articular programas con diferentes secretarías de Estado, dentro de ellas Sedesol, SEP, Salud y, en ese sentido, el gasto para esta función o para esta tarea se ha incrementado de manera sustantiva en trabajos con la comunidad en la parte de prevención, en comunidades específicas donde hay un alto índice delictivo, y también, un trabajo muy importante en la parte de prevención en escuelas donde hay un alto índice delictivo registrado.

Un tema importante que usted señalaba y que también compartimos es que, sin duda, una referencia en este ejercicio es tener capacidad de evaluación y seguimiento de indicadores y, por supuesto, una perspectiva integral para la parte de prevención con la comunidad.

Y en ese sentido se ha impulsado un esquema permanente de observatorios ciudadanos donde con la comunidad se tengan alcance específicos de vigilancia de indicadores; y es más importante la recuperación del tejido social que dé resistencia, que dé fortaleza a México para evitar las adicciones. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor secretario. Tiene la palabra hasta por cinco minutos para hacer comentarios, la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Alma Carolina Viggiano Austria: Gracias, señor presidente.

Reconocer las deficiencias, señor secretario, de manera franca, siempre será un buen indicador, pues aceptar la realidad es una primera condición para revisar, rectificar y fortalecer cualquier acción de gobierno para que pueda valorarse por sus resultados tangibles y no por sus intenciones.

Porque así como de manera espectacular a usted le gusta presentar sus detenciones, que además tiene la obligación de hacer, sería bueno que de la misma forma nos muestre qué hay después de las detenciones, porque desde los centros de internamiento siguen delinquiendo con privilegios tolerados por las propias autoridades.

En estos momentos en que se discute también el presupuesto para el próximo año, creemos que el asunto no es si reducimos o no este monto. El asunto es saber qué resultados estamos teniendo con ese gasto.

De acuerdo con el PEF, en promedio se gasta más de 11 mil millones de pesos al año en el sistema penitenciario, donde se encuentran detenidas 227 mil personas, cada una de ellas tiene un costo promedio para los contribuyentes de 130 pesos diarios; es decir 30 millones de pesos diarios, casi 900 millones de pesos al mes.

La pregunta es, ¿en dónde están los logros, si es ahí donde se multiplican los contactos peligrosos, y una vez que quedan libres comienzan una nueva carrera en el hampa, pero esta vez a nivel profesional y con mayor grado de sofisticación?

Señor secretario, opinar sobre las sensibles deficiencias de la política de seguridad nos obliga a ser propositivos, por eso quiero llamar su atención para recomendar algunos puntos que los priístas impulsaremos.

Primero. Actualmente el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene la intención de dejar la carga financiera por concepto de homologación salarial de personal ligado a los sistemas de seguridad en las entidades de la República, a los gobiernos locales, a pesar de que es un gasto contemplado y permitido por la Ley de Coordinación Fiscal.

Segundo. Los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública presentan anomalías en su asignación y seguimiento. Se solicita a las secretarías locales que firmen con fecha de enero, cuando en realidad firman cinco o seis meses después, para después acusar subejercicios.

Tercero. Que los recursos del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal se asignen directamente en el Ramo 33, ya que actualmente su distribución queda a discreción de la Secretaría de Seguridad Pública.

Cuarto. Ajustar la fórmula de asignación de recursos del Fondo de Asignaciones para la Seguridad Pública, ya que actualmente el 35 por ciento de este monto corresponde al criterio poblacional y no a nivel de incidencia delictiva, con la finalidad de lograr un esquema más equitativo y acorde con nuestra realidad.

Quinto. Reconsiderar la ubicación del Centro Federal de Reclusión en Papantla, Veracruz, ya que esto afectaría las actividades económicas y turísticas de esa hermosa región.

Tenemos la fundada esperanza de que desde esta Cámara se logre una afortunada coincidencia entre prioridades, gasto público y alineación de objetivos. Tenemos la obligación de enfrentar el momento con prudencia, sensatez y transparencia.

No sólo se trata de combatir el delito; combatimos también una amenaza a la democracia y a la viabilidad del Estado mexicano. Con la presencia del narcotráfico al interior de las cárceles enfrentamos un problema adicional; un adversario trasnacional, rico, moderno y poderoso. Gracias por su atención.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada.

Hemos concluido la primera ronda, continuamos con la segunda ronda de preguntas, respuestas y comentarios. Los grupos parlamentarios han registrado a los siguientes diputados: Convergencia declina esta ronda. María del Pilar Torre Canales , de Nueva Alianza; Jaime Cárdenas Gracia, del PT; Alberto Cinta Martínez, del Partido Verde Ecologista; Enoé Margarita Uranga Muñoz , del PRD; Sergio González Hernández , del PAN y Ardelio Vargas Fosado , del PRI.

Por tanto, se concede el uso de la palabra, hasta por tres minutos para formular su pregunta, a la diputada María del Pilar Torre Canales , de Nueva Alianza.

La diputada María del Pilar Torre Canales: Con su permiso, señor presidente.

Señor secretario, a partir de las reformas en materia de justicia, aprobadas en la LX Legislatura, además de la federalización de delitos como el secuestro se contemplaron acciones en materia de prevención, persecución y sanción, incluyendo también medidas de atención y protección a las víctimas, a los familiares, a los testigos, así como programas de capacitación y control de confianza para el Ministerio Público y la policía.

Consideramos que el combate al crimen organizado y a todo tipo de delincuencia es una prioridad, por lo que no se pueden escatimar recursos. Sin embargo, cualquier acción que se emprenda debe estar siempre apegada a la ley, con pleno derecho de los derechos humanos.

Hagamos a un lado el falso dilema. Los derechos humanos constituyen una garantía inalienable para todos. La capacitación, profesionalización y certificados de los integrantes de las fuerzas de seguridad pública constituyen una condición necesaria para la erradicación de las prácticas que atentan contra los derechos humanos, que han sido elementos que dañan a las instituciones.

Tenemos la confianza en que la institución a su cargo continuará corrigiendo los rezagos en materia de profesionalización de las fuerzas de seguridad pública. Sabemos reconocer los aciertos. Por ello, felicitamos a la secretaría a su cargo y a los agentes que hicieron posible la desarticulación de una de las bandas más peligrosas de los últimos años, como la de los Petriciolet.

Quedan otras bandas, pero creemos que con una acción dedicada del Estado y la erradicación de la impunidad se logrará recuperar la confianza y la seguridad de todas las mexicanas y de todos los mexicanos.

En este esfuerzo, la situación del sistema penitenciario es un asunto que urge ser revisado. Hablar de cárcel es referirse a hacinamiento, a motín, a corrupción, fenómenos que han derivado en situación de crisis que concluyen con la pérdida de vidas y el deterioro de las instituciones ante la sociedad.

Díganos, señor secretario, ¿existe algún planteamiento para reformar el sistema penitenciario para que éstas sean, efectivamente, instituciones de readaptación social y cumplan con la función que ha encomendado la sociedad? ¿Cuenta con algún diagnóstico sobre las necesidades en esta materia? Por sus respuestas, señor secretario, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra hasta por cinco minutos el señorsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, para dar respuesta.

El secretario Genaro García Luna: Con su venia, señor presidente.

Gracias, diputada, por sus preguntas. Efectivamente, existe una estrategia específica para el sistema penitenciario. Hemos planteado un esquema coordinado con los estados y municipios, inclusive para poder recuperar capacidades de control de operación en penales locales y federales.

Sin duda en el esquema federal hoy tenemos un esquema mucho más fortalecido para el control específico de delincuentes que están hoy en custodia federal, y también vía un esquema coordinado con los estados. Se ha ido impulsando y trabajando para poder fortalecer los esquemas para cada estado y municipio.

Debo decir que en este esquema algunos estados ---en el caso de Sinaloa, Tabasco, Coahuila--- hemos trabajado de manera específica para poder tomar el control federal de penales que estaban en control estatal, a efecto de poder migrar internos federales a estos penales y tener el control específico, vía el gobierno federal, para coadyuvar en la custodia de internos federales.

También está un esquema donde estamos fortaleciendo módulos en Islas Marías, para tener un alcance superior de un esquema muy importante que usted señalaba, que es la reinserción social. Aquí debo decir que hay un esquema muy importante de trabajo en esta área. Hemos trabajado de manera específica, inclusive con grupos sociales, para tener un alcance superior de reinserción en este ejercicio.

Sin duda, falta algún tramo por recorrer. El esfuerzo está ahí. Vamos a fortalecer el esquema hoy que hay a nivel federal. Se plantea construir 12 penales federales para poder tomar control de internos federales que hoy están en cárceles locales. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra hasta por cinco minutos para hacer comentarios la diputada María del Pilar Torre Canales, de Nueva Alianza.

La diputada María del Pilar Torre Canales: En Nueva Alianza tenemos la confianza en que la Policía Federal, a partir de su nuevo marco jurídico, contará con mejores elementos para cumplir su misión.

Apostamos por la prevención a través de la cultura de la legalidad. Estamos convencidos de que a través de la educación, la enseñanza y el respeto a los valores sociales y cívicos, México contará con una generación de mexicanos y mexicanas respetuosos de la ley.

Debemos, señor secretario, unificar esfuerzos todas las instituciones para hacer un frente de toda la sociedad contra el crimen organizado y contra la ilegalidad. Se deben combatir los factores que condicionan la inseguridad pública como la pobreza, la corrupción y la impunidad.

Las nuevas capacidades de investigación científica de la Policía Federal fortalecen y robustecen que el combate sea integral en contra de la delincuencia. Con ello, se satisface la transparencia y la rendición de cuentas, y se alienta el cumplimiento de los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos; principios con los que deben operar los cuerpos policiacos de este país.

En este sentido, la actuación de los cuerpos de seguridad pública constituye un motivo de preocupación en amplios sectores de la sociedad, pues en muchas ocasiones han sido denunciados por el abuso de fuerza y violación de los derechos humanos de la población.

Por ello, nos preocupa que no se haya logrado la evaluación semestral de 400 mil policías del país; esto significa que no se está cumpliendo con lo que mandata la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Se argumenta, por funcionarios a su cargo, lo siguiente: Esto no ha sido posible efectuarse porque no hay quien pueda hacerla, ni hay forma de realizarla porque no hay capacidad instalada para ello; y es que cada año se presenta una rotación del 30 por ciento por falta de recursos económicos.

Dicho esto, esperamos señor secretario, que se corrijan estos rezagos, que la institución a su cargo cumpla con su responsabilidad.

En los últimos años la sociedad se ha manifestado exigiendo seguridad y demandando justicia en lo que hoy hagamos, que va a ser la base del futuro de nuestro país. En este sentido, hoy nos preocupa especialmente la situación de los jóvenes. La expansión de la delincuencia organizada ha implicado un mayor reclutamiento de éstos, que atraídos por diferentes métodos y ante la falta de oportunidades deciden ingresar a las bandas delictivas.

No podemos perder tiempo. Tenemos que impulsar acciones destinadas a generar oportunidades de empleo y educación para los jóvenes. Éste es un esfuerzo que nos involucra a todos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra hasta por tres minutos para formular su pregunta, el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente.

Le quiero hacer al señor García Luna unas preguntas muy puntuales, que han sido publicadas tanto en libros como en periódicos. Ojalá me las pueda contestar; espero que éstas sí me las conteste.

La primera pregunta es la siguiente: ¿Es verdad que una de sus hermanas labora en la secretaría a su cargo y recibe un salario casi como el de Calderón?

La segunda pregunta: ¿Por qué señaló a la revista Proceso, ante la opinión pública, como integrante de los recursos con que opera la organización delictiva La Familia?

Tercera pregunta: ¿Fue Mario Arturo Velarde Martínez su secretario particular; y si esta persona fue involucrada con la delincuencia organizada?

Cuarta pregunta: ¿Qué vínculos de complicidad tiene usted con Carlos Slim y con Calderón?

Quinta pregunta: ¿Es verdad que usted desea la liberación de Lorena González Hernández, involucrada en el secuestro de Fernando Martí para que no lo denuncie a usted y a su equipo?

Sexta pregunta: ¿Por qué no respondió la pregunta de mi compañero Gerardo Fernández Noroña, acerca de la construcción de su casa de 20 millones de pesos, cuando sus ingresos no alcanzan para ello?

Siguiente pregunta, el señor Alejandro Martí duda que Abel Silva sea el jefe de los Petriciolet, esto lo publica el Diario de Yucatán. ¿Qué opina usted al respecto?

Y finalmente, la última pregunta. El periódico El Financiero ha publicado que en las bases de datos de las computadoras dentro de la Procuraduría General de la República existe información de que usted, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, que ya no labora en la Procuraduría General de la República, aparece como coordinador general de la AFI, con su clave presupuestal; y por tanto, puede recibir un salario vigente. ¿Es verdad que usted cobra doble, tanto en la Secretaría de Seguridad Pública como en la Agencia Federal de Inteligencia, como lo señala el periódico El Financiero?

Y finalmente quiero señalarle un reclamo. La agresión que sufrimos cinco diputados del PRD y del Partido del Trabajo, el 2 de septiembre de 2009, en el Zócalo capitalino, a manos de la Policía Federal a su cargo, cuando ejercíamos solamente la libertad de expresión, reunión y manifestación, ¿qué tiene usted que decir acerca de esa agresión que sufrimos distintos diputados en el Zócalo de esta Ciudad? Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos para dar respuesta, el señor ingeniero Genaro García Luna, secretario de Seguridad.

El secretario Genaro García Luna: Gracias, presidente, con su venia. Con todo gusto, señor diputado, voy a contestar una a una a sus preguntas, de manera puntual.

Respecto de mi hermana estar actualmente en la Secretaría es falso. Quiero decirle a usted que ella estuvo antes de que yo fuera secretario de Seguridad Pública, en la Secretaría de Seguridad Pública federal. Y por supuesto, siendo falso, no percibe ese salario.

Segunda pregunta. Respecto a la fotografía a que hace referencia en la revista Proceso, quiero decir a usted, que se aseguró a un presunto narcotraficante que entre sus bienes, al momento de ponerlo a disposición del Ministerio Público traía diferentes artículos, y dentro de ellos esta revista.

No tiene ningún sentido, no es una referencia específica, sólo es de obligación institucional que tenemos de poner a disposición del Ministerio Público todos los objetos que tenga el presunto delincuente.

Usted pregunta respecto a Arturo Ugalde, debo decirle que él fue colega de trabajo efectivamente en PGR, y por lo que entiendo él, en lo que estaba referido en una indagatoria de la PGR, hasta donde tengo esta referencia, él fue a declarar, y hasta donde tengo entendido, insisto, no tiene ninguna referencia en este hecho.

Siguiente tema respecto al señor presidente Calderón. Es mi jefe y el vínculo es institucional y de trabajo.

La siguiente pregunta respecto de Lorena, en el caso Martí, decirle a usted que no. En sentido contrario debo decir a usted que, la detención física de ella la hizo la policía a mi cargo, y la puso a disposición de la Procuraduría del Distrito Federal.

Hay registro de la detención física de ella, puesta, insisto, por la policía a mi cargo. Por supuesto que no, en sentido contrario hemos trabajado de manera coordinada con el Distrito Federal en ese sentido, y seguiremos sumando esfuerzos y capacidades institucionales para combatir el crimen.

Respecto a mi casa. Falso, por supuesto que no obedece a este monto. Reitero y tengo, y está acreditado, un crédito hipotecario y está ya ante la gente que me lo pidió, es un esquema realmente que se ha hecho mediático. Sin embargo, ahí están los documentos, son oficiales, son bancarios, y eso está a su disposición.

Lo siguiente respecto a Abel Silva Petriciolet. Debo decirle a usted que en todos los casos, sin excepción, mi convicción, mi instrucción a mis colegas de la Policía Federal es siempre combatir el crimen sin excepción y, por supuesto, la Policía Federal no distingue si en ese momento es el responsable el jefe o el que detuvo, está obligada a ponerlo a disposición del Ministerio Público correspondiente, y será éste quien determine el alcance, la vinculación por su responsabilidad en tal hecho.

Debo explicarle a usted, que en este caso en particular, Abel Silva está referido por diferentes criminales que hoy están ya en cárceles de alta seguridad, y ellos lo han imputado ---ojo---, no la Policía Federal, los delincuentes, parte de la estructura criminal, a la cual él pertenece, e inclusive víctimas que fueron liberadas en flagrancia al momento que estaban en custodia de gente relacionada con este grupo criminal.

Respecto a la base de datos de la PGR, no tendría yo alcance para darle esa referencia, por supuesto que no. No cobro doble, mi salario que hoy devengo corresponde sólo al salario que me da mi responsabilidad en esta Secretaría.

Y respecto a la agresión. Reiterarle a usted mi respeto institucional, personal, por supuesto. Sólo señalarle que el fuero constitucional es un privilegio que evita, a quien lo posee, pueda ser sujeto de un procedimiento penal. Pero en ningún caso exime de cumplir las leyes, deberes y obligaciones de todo ciudadano mexicano.

En ese sentido, cuando no es invitado a un acto, no trae invitación, simplemente el caso nuestro, y así le reitero nuestro respeto pleno, institucional y personal, fue simplemente esa referencia. Es todo, gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra hasta por cinco minutos, para hacer comentarios, el señor diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el fuero no solamente es lo que dice el señor García Luna, no solamente consiste en la autorización de la Cámara, para que un legislador sea procesado penalmente. El fuero tiene que ver con la libertad y la independencia en nuestras funciones, con la inviolabilidad de nuestras opiniones. Entonces, el fuero es un concepto mucho más amplio que el que él indica.

Le quiero decir señor García Luna, como desde el principio usted tiene consciencia de ello. Usted está aquí bajo protesta de decir verdad. De las respuestas que me dio me llamó la atención que no me contestara nada acerca de los vínculos con Telmex.

Según la periodista Anabel Hernández, usted llega a este cargo de secretario de Seguridad Pública con el apoyo de los Slim. Usted a cambio, al parecer, ha entregado a Telmex el control de cuatro de los instrumentos base de inteligencia y seguridad nacional del país: la Plataforma México, el Centro Operativo de Mando de la Policía Federal, el Registro Público Vehicular, un servicio de protección federal y además de lo anterior, Telmex obtuvo el contrato por adjudicación directa, para la construcción y desarrollo tecnológico y equipamiento integral de la Academia de Formación de Policía localizada en San Luis Potosí.

La pregunta que me gustaría hacerle, ya no va a haber tiempo para que la conteste, ojalá en otra ocasión, la pregunta es, ¿si quiere entregarle a Slim el monopolio de las áreas más sensibles de la seguridad pública del país? Dentro de poco, todo México será efectivamente territorio de Telmex, y usted habrá colaborado para poner por encima de las instituciones públicas del Estado, a un poder de facto.

Respecto de las complicidades con Calderón, usted contesta diciendo que son solamente relaciones institucionales y que Calderón es su jefe, que es el presidente. Sin embargo, se dice que usted y su equipo infiltraron al IFE y realizaron labores de espionaje durante el proceso electoral de 2006. Esto consta en el libro de Anabel Hernández Los cómplices del presidente.

En ese libro se dice que existen 36 casetes obtenidos ilegalmente de conversaciones privadas de diferentes actores políticos del país, de diversos partidos, incluidos del PAN, realizadas por su equipo como un servicio a Calderón. Tal vez por eso Calderón lo protege y le teme.

Le pido que nos diga si es verdad que existieron esas labores de espionaje e infiltración y si existen los 36 casetes de los que habla el libro de Anabel Hernández, porque lo mantiene Calderón cuando su gestión al frente de la Secretaría de Seguridad Pública es desde el punto de vista de muchos de nosotros deficiente e irregular. No lo entiendo, tal vez sea por la historia de los 36 casetes que usted tiene en su poder.

Finalmente, me gustaría señalar lo siguiente. Me gustaría decir que en México necesitamos arribar a una nueva concepción de la seguridad nacional y pública. No basada solamente en la fuerza, sino en los derechos, en la maximización de los derechos, sobre todo de los derechos económicos, sociales y culturales.

Necesitamos, también un entendimiento nuevo de lo que es la seguridad pública, no de carácter represivo, sino sobre todo preventivo, de fuerte carácter social en donde el uso de la fuerza sea la última razón de la seguridad. Donde la fuerza esté perfectamente regulada y orientada a la protección de los derechos humanos de todos, incluyendo a las de los sujetos activos del delito.

Desde nuestro punto de vista, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para ello se requiere de una policía profesional, ética. La que tenemos ahora, me parece y nos parece a muchos, no reúne esas dos condiciones, ni es profesional ni es ética y pensamos que en buena medida esto no ocurre por su pasado, trayectoria y complicidades. Por eso le volvemos a pedir que renuncie. Le exigimos su renuncia como secretario de Seguridad Pública. Por su atención, gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra hasta por tres minutos para formular su pregunta, el diputado Alberto Cinta Martínez, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez: Con su venia, señor presidente. Compañeros legisladores, después de esta larga tarde, el Partido Verde reitera su compromiso por participar en este honorable Congreso a la construcción de acuerdos y propuestas y mayorías que son indispensables para rescatar la armonía, la gobernabilidad y el futuro de México.

El Partido Verde ofrecerá apoyo a cualquier esfuerzo encaminado a ganar la guerra contra la delincuencia. Sabemos que el reto que enfrenta nuestro país es enorme y nos convoca a todos. No son tiempos ni de una crítica absoluta y sin destino, ni de una alabanza absoluta que por sólo ver los aciertos ni corrige ni permite imaginar soluciones nuevas hoy tan necesarias.

No le apostemos al fracaso ni del pasado ni del presente. Si lo hacemos, solamente estaremos apostando al fracaso de nuestro propio futuro. Reconocemos en los esfuerzos de su secretaría, señor secretario, trabajo y compromiso, táctica, valor y, por supuesto, el heroico sacrificio de quienes perdieron la vida en el cumplimiento del deber.

Si se evalúa su desempeño con base en las acciones emprendidas por su secretaría, vemos que hay muchas que no sólo son adecuados, sino necesarias.

Un sistema de información nacional sobre delitos, un nuevo modelo policial que contemple el servicio civil de carrera, controles de confianza entre las fuerzas y la capacidad para realizar investigación policial. Esas aportaciones legales e institucionales de carácter estructural, tendrá que suceder, rendirán fruto en el mediano plazo.

Sin embargo, señor secretario, si uno evalúa su desempeño desde la perspectiva de los resultados obtenidos, queda claro que los mexicanos seguimos padeciendo una situación alarmante de inseguridad que resulta escandalosa e insostenible.

Su secretaría se ha beneficiado del presupuesto más alto en la historia y sin embargo nos enfrentamos a las peores condiciones en materia de seguridad desde que se tiene registro. Esto se puede y ya se ha ilustrado con cifras y varios ejemplos esta tarde. Se ha avanzado en la planeación y diseño institucional, tenemos que reconocerlo pero se ha supeditado esto a una estrategia absolutamente equivocada.

En vías de adelantar alternativas de solución, señor secretario, le pregunto, ¿cuenta usted con un estimado desglosado del total de recursos humanos y materiales invertidos por su dependencia en la prevención del delito y cómo contrasta esta cifra con el total de recursos destinados a la operación policial? ¿Cómo comparan estos datos de prevención versus operación policial respecto de los de otros países en el mundo?

Dentro de la acción policial de la dependencia a su cargo ¿cómo definió la cantidad de recursos destinados a atender delitos directos contra los ciudadanos bis a bis los recursos destinados a combatir organizaciones de tráfico de drogas. ¿Sabe cómo compara su estrategia contra lo que hace los países con menores índices delictivos en el mundo?

Y dentro de la lucha directa contra de las organizaciones delictivas ¿cómo definió su estrategia en cuanto a los recursos destinados a combatir en las calles bis a bis los necesarios para atacar sus finanzas y mermar su capacidad operativa?

Espero que las respuestas a estas preguntas anuncien la lógica no de un fracaso, que ya mucho nos lastima, sino para descubrir alternativas que permitan superar las deficiencias actuales. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Se concede la palabra, hasta por cinco minutos, para dar respuesta, al señorsecretario de Seguridad Pública.

El secretario Genaro García Luna: Gracias, señor presidente, gracias, señor diputado. Efectivamente, como está referido en el presupuesto que ustedes hicieron favor de autorizar, se privilegiaron dos ejes: la parte estructural y la parte institucional que sin duda implicaba e implica todavía el cambio de modelo de policía federal.

Aquí se ha apostado a un esquema institucional de policía con mejores capacidades de investigación policial, mejor perfil de policías y, sin duda, migrar a un modelo transparente, eficiente de policía. Para ello hemos tenido que reclutar y contratar a jóvenes universitarios para traer lo mejor de México a la policía.

En ese sentido, un eje importante del gasto está dirigido justo a eso, a poder potenciar las capacidades institucionales de la Policía Federal. También debo decir que hemos trabajado para poder fortalecer de manera coordinada con nuestros colegas de los estados y los municipios, donde...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, señor secretario. Dígame, señor diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Con fundamento en el artículo 106 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso, le reclamo el quórum. Pido al señor presidente que se verifique si existe el quórum constitucional.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto, diputado. Para esta Presidencia tenemos quórum en este momento y vamos a continuar, señor diputado. Continúe, señor secretario, por favor.

El secretario Genaro García Luna: Con su venia, señor presidente. Como señalaba, esta inversión que se ha hecho corresponde a un esquema coordinado con estados y municipios para fortalecer el esquema de seguridad en el país. La perspectiva de seguridad en el país tiene...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, señor secretario. Le he dicho que para esta Presidencia tenemos quórum, señor diputado. Continúe por favor, señor secretario.

El secretario Genaro García Luna: Gracias, señor presidente. Señalaba que para este esquema sin duda la perspectiva en la seguridad pública es de Estado y ello implica sumar capacidades institucionales en estados, municipios y la federación.

Por ello, atendiendo a la pregunta del señor diputado, la perspectiva de sumar capacidad policial en el país versus la parte preventiva en esta primera etapa ha implicado fortalecer la policía en estados, municipios y federación.

La etapa que estamos hoy fortaleciendo está en tres ejes que ya comentaba. También hay que ver la parte prevención y sin duda ahí el esfuerzo es compartido con fondos inclusive del área social, de salud y de educación.

Respecto a la parte de finanzas, hemos reclutado y estamos fortaleciendo las unidades que atienden la parte financiera para la investigación científica en el tema de lavado de dinero. Para ello hemos, reitero, desarrollado nuevas capacidades institucionales en tecnología, en personal e incluso se nos facultó para tener ya nuevas facultades para infiltración en el tema de lavado de dinero. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor secretario. Sí, diputada, dígame.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (desde la curul): Una vez más solicitamos se revise el quórum. Me permito leerle el artículo 106 del Reglamento para el Gobierno Interior que dice:

``Si durante el curso de una sesión alguno de los miembros de la Cámara reclamare el quórum y la falta de éste fuera verdaderamente notoria, bastará una simple declaración del presidente de la Cámara sobre el particular para levantar la sesión. En todo caso y cuando dicha falta de quórum sea dudosa, deberá procederse a pasar lista y comprobada aquélla se levantará la sesión''.

Señor presidente, es una situación sumamente dudosa, toda vez que la mayoría de las curules se ven vacías. Le solicito pase lista y no calcule de manera personal si hay o no quórum.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Es facultad de esta Presidencia, en los términos del artículo 112, que usted tiene también ahí a la mano y que le pido a la Secretaría dé lectura. Para esta Presidencia no es dudosa. Tenemos quórum, pero le pido a la Secretaría que lea el artículo 112.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Artículo 112. La falta de quórum se establece cuando es verdaderamente notoria por una simple declaración del presidente de la Cámara y, cuando es dudosa, por la lista que pasará la Secretaría por acuerdo de la Presidencia o a petición de un miembro de la asamblea.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Repito, para esta Presidencia no es dudosa. Por tanto, tiene la palabra hasta por cinco minutos para hacer comentarios, el señor diputado Alberto Cinta Martínez, del Partido Verde Ecologista.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto, diputada. Dígame.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (desde la curul): Una vez más, del mismo texto. ``Artículo 18. El presidente, en sus resoluciones, estará subordinado al voto de su respectiva Cámara''

Le solicito a usted no nos informe si en su opinión personal hay o no quórum, sino que haga el pase de lista, por favor.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto, diputada. Le comento, eso sería aplicable en el caso en que estuviera levantando la sesión bajo ese concepto, por eso digo que para esta Presidencia no hay duda que tenemos quórum. Por tanto, continuaríamos con la sesión correspondiente. Tiene la palabra, señor diputado.

El diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez: Con su permiso, señor presidente; honorable asamblea.

Señor secretario, la Sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad, del ICESI, establece que una persona de cada 10 mexicanos fue víctima de algún tipo de delito el año pasado. Un estudio también del año pasado del BID calcula que el costo directo o indirecto de la inseguridad en México se aproxima al 15 por ciento del PIB.

En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, según datos de los respectivos informes de gobierno, en los primeros 2 años del sexenio 88-94, hace 10 años, se aseguraron en promedio 50 toneladas de cocaína, mientras que en los primeros 2 años del sexenio de Felipe Calderón sólo se aseguraron 34 toneladas.

Según la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, entre 2002 y 2008 el número de adictos graves en México se incrementó 51 por ciento, llegando a la cifra récord de 307 mil. Todo lo anterior resulta aún más preocupante si consideramos que el presupuesto para el Sistema Nacional de Seguridad Pública entre 98 y 2008 ya se multiplicó por 3.

De igual forma que desde 2001, también se multiplicó por 3 la fuerza de la Policía Federal. Lo anterior, sin considerar la participación relativamente reciente de las Fuerzas Armadas en ese tipo de operaciones de lucha contra el crimen organizado, en las que antes no participaba.

Señor secretario, los números no mienten. No dudemos sobre la ineficacia de la actual estrategia. Llegó el sano momento de seguir construyendo lo que sí sirve y de replan-tear lo que no. Proponemos, primero, una nueva mezcla que aumente el peso relativo de los recursos destinados a la prevención del delito, bis a bis, los recursos destinados a la operación policial.

Hoy, mientras aumentamos los efectivos policiales y sus equipos, la prevención, por ejemplo en materia de lucha contra el narcotráfico, parece desproporcionadamente limitada a algunos talleres, y la distribución a estudiantes de información en un modesto encarte de una página en materiales distribuidos dentro del programa Escuela Segura.

No existe, a pesar de la feroz guerra contra el crimen organizado, una verdadera campaña de comunicación que eduque a los más vulnerables: los jóvenes, y ayude así a debilitar las estructuras criminales, reduciendo el tamaño de la demanda de droga y mercado que les da recursos para operar.

No sorprende que, lejos de reducirse el consumo de drogas, éste se haya incrementado radicalmente. ¿No resultaría tal vez más efectivo impedir el crecimiento en el número de personas que se drogan, en vez de anular a un traficante sólo para ver que al día siguiente ya fue reemplazado por otro?

Tenemos que apoyarnos en esta lucha con una fuerza enorme, con la fuerza de la educación cuando logra informar y sensibilizar, corregir prácticas y actitudes, y transmitir valores de amor a la vida y repudio a las drogas, así como una verdadera cultura de la legalidad y respeto del ambiente.

Proponemos en segundo lugar un análisis estratégico, serio, respecto a la mezcla de recursos que deben destinarse para combatir delitos contra los ciudadanos frente a los destinados a atacar la operación de organizaciones criminales: primero, porque creemos que resulta más eficiente atacar estas últimas, como dije, por el lado de la prevención; y, segundo, porque aunque entendemos que ambas luchas son esenciales, no somos ajenos a la impunidad que enferma a México, con sólo 2 de cada 100 delitos que se castigan.

Hagamos análisis sin dogmas ni nociones a priori, estudios internacionales, y veamos en otros países qué tanto del total de la fuerza policiaca se destina a perseguir delitos directos contra los ciudadanos y qué tanto se destina a combatir las mafias de la distribución de drogas.

La actual estrategia no sólo descuida la seguridad del ciudadano común sino que propone una embestida frontal contra organizaciones criminales, que se combaten mejor cuando se vulneran sus finanzas, no con muertos en la calle.

Seamos razonables: ¿cuándo podrá nuestra Policía Federal estar preparada en cantidad, capacidades y recursos para mantener una guerra a la escala de la que ya se lleva, sin éxito, y con la importante y valiosa ayuda del Ejército?

Dicho de otra forma: ¿cuánto tiempo más tendremos al Ejército mexicano en las calles exponiendo su prestigio y vulnerando su fuerza? Necesitamos por fin una estrategia enfocada a atender de forma directa los problemas de inseguridad, ahí donde los ciudadanos comunes más los enfrentan.

Urge que adoptemos un sistema más eficiente que privilegie la razón y no la fuerza como factor principal de orden y convivencia entre nosotros. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra hasta por tres minutos para formular su pregunta la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor secretario.

Montado en un avión, con La Biblia en una mano y con una bomba de utilería en la otra, un seguidor de los consejos del presidente Calderón ya mostró que no es a retos como se resolverá el problema de las drogas en los hogares o la crisis en el país.

Rezar mucho y hablar con Dios no necesariamente te hace más bueno, más cuerdo o menos adicto. Pero, en todo caso, rezar o drogarse son elecciones que deberían hacerse libremente por cada individuo.

¿No cree usted que en este país laico el presidente no debería mentir públicamente sosteniendo que por falta de rezos y no debido a la falta de una política pública eficaz ha aumentado el consumo de drogas en el país?

Recuerde que cifras del Inegi indican que la mayoría de los consumidores de drogas son creyentes, específicamente católicos. Por favor, dígame que tiene planes para que los delincuentes de cuello blanco, los jefes de jefes, esos que son los más ricos del planeta, paguen en vida sus crímenes y que sí tiene una estrategia para atacar la impunidad en la que se amparan. ¿Es así?

Lo pregunto porque nuestro Estado laico se vuelve cada día más irrelevante para el gobierno, y me preocupa que sólo se cuente con el castigo divino y que, como hemos visto repetidamente, los villanos, en su mayoría creyentes, que van a misa, rezan y son bendecidos por los curas, queden impunes.

Si la influencia de la iglesia funciona como en el siglo antepasado, con los millones de narcolimosnas que pueden desembolsar los delincuentes organizados, fervientes devotos, tienen aseguradas muchísimas más indulgencias que cualquier virgen en eterna oración.

Bueno. Aparte, la ciudadanía que sufre agresiones ilegales por la Secretaría de Seguridad Pública tiene miedo de presentar denuncias en su contra. Más aun cuando se trata de víctimas de violaciones y abusos homofóbicos.

Sin embargo, le afirmo que la violencia y la extorsión hacia los disidentes sexuales son una constante en su secretaría. Sabemos de los abusos y las violaciones del personal a su cargo dirigidos a personas por el solo hecho de ser homosexuales y lesbianas.

Estoy segura de que usted se sentirá avergonzado de que la homolesbofobia esté presente en una institución que está especialmente obligada a luchar contra la discriminación y perseguir los abusos, y que seguramente se comprometerá a revertirlas con medidas efectivas.

Veo en el informe que le gustan los talleres, ha invertido muchos recursos en ellos. De darle razón a mi optimismo respecto de su compromiso, ¿estaría dispuesto a poner el ejemplo e impulsar la implantación de talleres de sensibilización sobre el tema, para que sean recibidos por todos los mandos, empezando por usted?

Los feminicidios son un asunto de Estado, y por tanto requieren de una respuesta integral desde el propio Estado para terminar con la impunidad. Sin embargo, la designación del nuevo procurador indica que se procurará muy poco o nada respecto de la justicia hacia las mujeres.

Por ello concluyo señalando que dado que la secretaría a su cargo ahora tiene facultades de investigación, será determinante para poner alto a este oprobio nacional, que ustedes asuman con firmeza esas atribuciones y lo hagan con una estrategia nacional, eficaz y verificable, pero nada de eso se refleja en la glosa.

Le pregunto, ¿por qué es tan bajo y qué detiene el avance del establecimiento del Banco Nacional de Datos e Información sobre los Casos de Violencia contra las Mujeres? ¿Qué medidas tiene planteadas para hacer frente a esta criminal aberración? Muchas gracias por sus respuestas.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra hasta por cinco minutos para dar respuesta, elsecretario de Seguridad Pública, ingeniero Genaro García Luna.

El secretario Genaro García Luna: Gracias, señor presidente. Gracias, diputada, por la pregunta. Efectivamente, respecto a capacidades nuevas para tener alcance en el combate de delitos de cuellos blancos, sin duda es un tema que tenemos en la agenda prioritaria de la secretaría.

Reitero, estamos fortaleciendo capacidades nuevas en la Policía Federal, inclusive contratando jóvenes expertos en contaduría y economía, justo para tener mayor alcance en ese flagelo, y por supuesto, el tema de capacidad de seguimiento e investigación.

En este sentido, debo decir que se ha escalado la capacidad actual para combatir el crimen, y en ese sentido un punto clave en esta ofensiva en contra del crimen es combatir la parte de logística operativa, y esto implica, sin duda, enlaces operativos del crimen, comunicaciones, dinero, bienes, que sin duda son la base que financia la actividad criminal, y en ese sentido, diputada, le ofrezco y reitero, y está a su disposición para que usted también pueda verificarlo, lo que hoy hacemos en el esfuerzo cotidiano, y por supuesto, en el nuevo esquema que estamos fortaleciendo.

Segundo. Le reitero de manera personal e institucional, un respeto pleno, pleno, y si hubiera alguna referencia específica con todo gusto lo vería, respecto a la definición personal de la conducción de cada miembro de la secretaría.

Estoy a sus órdenes en ese sentido, y si hubiera esa referencia, con todo gusto la atiendo y la veo para poder dar respuesta a ello.

Respecto al análisis de un taller para esas tareas, por supuesto, si esto coadyuva a este ejercicio, estoy dispuesto a ello y vería de qué manera poder articularlo y, por supuesto, que usted fuera parte de este esfuerzo que así se haría.

En el banco nacional de datos a que usted hace referencia, debo decirle que la secretaría tiene la responsabilidad de dar respaldo a esta base de datos. En ese sentido ya está listo y tenemos un sistema a disposición de estas tareas. Ya hay carga específica para esas tareas y están a su disposición justo de los miembros que son parte de este esquema de operación. Y por supuesto, estamos con las capacidades plenas para que así sea y está a disposición de cada miembro de esta estructura orgánica. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos para hacer comentarios, la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: Gracias, señor presidente. Señor secretario, es indispensable que en el nuevo modelo de Policía Federal se ponga énfasis en que refleje efectivamente los compromisos del gobierno para que los crímenes como los feminicidios se investiguen profesionalmente. Le insisto en que esto no se refleja así.

Para lograr acceso a la justicia es necesaria la conformación de protocolos relativos a la investigación que garanticen el seguimiento nacional de los asesinatos de mujeres. No basta con que se detenga a los culpables, aspecto en el que la impunidad va a la alza; requerimos además medidas federales de prevención para evitar que se reproduzca y crezca en todo el país, y para que éste gran problema se erradique.

El presidente ha desplegado una insistente campaña para convencer a la población de que le van a ganar a los malos, incluso con claros tintes proselitistas en periodo electoral.

Como se ha señalado antes, le han dejado indebidamente al Ejército y a la Armada una tarea que no era suya y, de acuerdo con lo señalado por usted en el informe, también le han endosado parte de la solución a la misma ciudadanía a través de acciones de prevención basadas en autoestima, autocuidado y en la sospecha hacia los demás.

Lastimosamente, en varias ocasiones, a la hora de la persecución ustedes confunden dónde está la maldad en el mundo. Ser sospechoso de ser ateo, sospechoso de ser joven, sospechoso de ser distinto. La criminalización al diferente, a la pobreza, a la lucha social no es el objetivo ni el camino para ir a las causas del clima de inseguridad.

La falta de seguridad pública es la principal barrera para ir a la senda del crecimiento y desarrollo que permita superar la desesperada carencia de oportunidades que enfrenta el país. Un primer paso en ese camino es ubicar y atacar las causas de la delincuencia.

El asunto de las violaciones a los derechos humanos en materia de seguridad es tan serio, que el actual presidente de esa comisión ---que no se distingue por su firmeza a la hora de denuncias contra el gobierno, sino por todo lo contrario--- consideró, entre otras cosas, que el gobierno federal debe replantear su estrategia de seguridad pública y combate a la criminalización, para que los resultados esperados reflejen un respeto a los derechos humanos.

Sin embargo, en el informe no se refleja este replanteamiento como una propuesta hacia delante. Y no es por falta de dinero ---ya se ha mencionado aquí el importante presupuesto que como gasto per cápita se puede apreciar---, ya que, mientras en 2001 se destinaban 76.7 pesos por persona, este año se destinan 306 pesos por persona, sin que esto implique una percepción ciudadana de vivir en un clima de mayor seguridad. En pesos reales, la prioridad presupuestal del tema de seguridad en este año es 4 veces mayor al que existía en 2001.

Depositarle a las creencias de la gente la responsabilidad del gobierno en materia de adicciones es inadmisible. No sólo por la lamentable agresión a la laicidad, sino por la tramposa maniobra que evidencia la carencia de estrategias gubernamentales en materia de seguridad que salgan del esquema represivo.

Sólo con buenas instituciones se puede ganar la batalla contra el crimen organizado y el país, lamentablemente, no cuenta con ellas. Es necesario limpiar al Estado de la corrupción y aún no tenemos instituciones que garanticen que podremos lograrlo. Ojo, no estoy negando que se hagan esfuerzos en ese sentido, pero aceptémoslo, ¿cuánto dura la limpia del aparato? ¿Cuánto en que la gente nueva caiga en la corrupción?

Estoy afirmando que esto no será reversible si no se generan los instrumentos que ahora el gobierno no tiene para evitar la sabida disyuntiva de te haces rico o te mueres. Se requiere, por ejemplo, crear una institución técnica al mando de alguien a quien todos reconozcamos por su honorabilidad; que se dedique a contratar y dar seguimiento al comportamiento de los funcionarios encargados de combatir al crimen organizado.

La estructura de la delincuencia organizada opera con aparatos con vida propia, con una lógica y una dinámica que le permite sobrevivir mediante la diversificación de las actividades delictivas. No la van a ahogar jugando a las guerritas.

Mientras, por ejemplo, se proteja el secreto bancario, ---a los delincuentes, me temo--- no pasarán ustedes de perseguir empleados de menor y mediano rango de la mafia.

No se atraparán a los delincuentes de cuello blanco, a los magnates, a los dueños del dinero que, aunque sucio, sean los que sostienen algunas de las economías del mundo en medio de la crisis y que por ello duermen tranquilos, sabiendo que nuestra policía abre fuego; pero que Seguridad Pública no pasa por frenar el lavado de dinero que se mueve en el mercado y menos por tocar los grandes intereses financieros de esa élite. Si no se le entra al tema de fondo, la violencia crecerá.

Concluyo diciendo que usted va a seguir sin poder resolver ese problema que lo rebasó hace rato y vamos a tener un Ejército de planta haciendo el trabajo que no le toca, usando a privilegio un fuero con el que se da permiso de caminar por los derechos humanos de una ciudadanía.

De seguir distrayendo cuantiosos recursos económicos que hoy son fundamentales para atender otras necesidades sociales, en un país al que día a día le amanecen más pobres, más dolores, más urgencias; menos quimeras y menos sueños. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Tiene la palabra hasta por tres minutos para formular su pregunta el diputado Sergio González Hernández, del Partido Acción Nacional.

El diputado Sergio González Hernández: Con su venia, señor presidente. Señor secretario, bienvenido a esta soberanía.

Compañeros diputados: hace un momento nos enfrascamos en un debate, defendiendo posiciones personales, posiciones de partido. Y al pueblo, a las familias mexicanas, ¿quién los defiende?

Afuera hay miedos, afuera hay temores por la actuación de los delincuentes; y nosotros aquí, sin hacer nada sustantivo para el pueblo de México. Recuerden, señores diputados: muchos de ustedes, como candidatos y para ganarse los votos, firmaron un compromiso público y ante notario para trabajar por la justicia y por la seguridad.

Pero también les pregunto: como candidatos, ¿quién de los aquí presentes no recibió una petición o un reclamo de los ciudadanos en materia de seguridad pública; y qué vamos hacer próximamente? El pueblo nos lo va a tener que demandar.

Hoy, en este ejercicio constitucional, señor secretario, de análisis respecto al estado que guarda la administración pública federal, toca a esta soberanía examinar una de las asignaturas más sensibles y demandantes en toda acción de gobierno, la seguridad pública.

Debemos destacar que con la reforma del sistema de justicia y seguridad pública se cambió el paradigma de la pena, dejando atrás el concepto de readaptación social por el de reinserción social; y en tanto se implanta la citada reforma, el gobierno federal se da a la tarea de atender la problemática que reviste el sistema penitenciario a través de acciones muy concretas, como la modernización del sistema penitenciario.

Si bien es cierto que los establecimientos penitenciarios muestran un deterioro y carencias importantes, también lo es que la mayoría son problemas que se deben resolver junto con las autoridades estatales. No permitamos que se excusen argumentando que el gobierno federal no aumenta el socorro de ley para la atención de sus reos, pues cifras oficiales demuestran que en este momento contamos con 174 mil internos del fuero local y 53 mil del federal.

La verdad, señor secretario, nos preocupa porque algún día estos internos van a recobrar su libertad. Por ello le pregunto --en consecuencia, es importante que informe a esta soberanía--: ¿cuál es el balance hasta el momento de las acciones implantadas por la secretaría a su digno cargo en materia penitenciaria? ¿Qué acciones deberán seguir implantándose para lograr el correcto funcionamiento del sistema penitenciario a escalas federal y estatal? ¿Qué índice de reincidencia se tiene de quienes han recobrado la libertad? Por sus respuestas, señor secretario, muchísimas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra hasta por cinco minutos el señor ingeniero Genaro García Luna.

El secretario Genaro García Luna: Gracias, presidente.

Gracias, diputado, por sus preguntas. Bien; como señaló, hay una estrategia específica para el tema penitenciario. Y tiene varias variables; una de ellas es actualmente articular el esfuerzo con los estados y los municipios respecto a penales locales y federales.

Este ejercicio implica, en primera instancia, coadyuvar para fortalecer la capacidad de custodia de internos, tanto locales como federales. Ya comentaban que hay un ejercicio importante en algunos estados de la República, en particular Sinaloa, Tabasco y Coahuila, donde bajo un esquema coordinado hubo la transferencia de penales locales, bajo un esquema coordinado para control federal.

En ese sentido el planteamiento es que la autoridad federal tome el control y la custodia de internos federales, para que sea a costo y seguimiento de la autoridad federal estos reos.

Segunda. Respecto al balance, también debo decir que para tener un mayor alcance, e inclusive capacidad de reinserción, también se acordó con los estados y municipios transferir a Islas Marías aquellos internos con bajo perfil de peligrosidad y con bajo perfil de violencia para que estos tengan ventaja de reinserción bajo un esquema semiabierto.

Actualmente las Islas Marías tienen un esquema ventajoso en ese sentido, dado que da y privilegia la interacción familiar de algunos reos de baja peligrosidad, que rápido serán reinsertados en la comunidad.

Por último señalar lo que ya se precisó, que también estamos en esquema para construir 12 penales federales para poder recoger en todo el país la masa que hoy está dispersa en penales locales con reos federales. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor secretario. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos para hacer comentarios, el señor diputado Camilo Ramírez Puente, del Partido Acción Nacional.

El diputado Camilo Ramírez Puente: Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes, señor secretario. Compañeros diputados y compañeras diputadas, creo que hoy, para todos y principalmente para nuestro Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacionalha quedado muy en claro cuál es el sentir de nuestro país, es su seguridad.

Señor secretario, la encomienda que tiene usted es difícil; sin embargo, tengo la certeza de que toda la sociedad está atenta al desempeño que lleve la secretaría, y está convencida que no se ha equivocado el presidente Felipe Calderón al establecer como una de sus prioridades de gobierno precisamente la seguridad en nuestro país.

Hoy por hoy, mexicanos y mexicanas reclaman precisamente esa paz y esa tranquilidad personal, familiar, patrimonial. Verdaderamente vemos alentador y esperanzador que esta política de seguridad continúe, y aún con mayor empeño, a través de las siguientes semanas, meses y años.

Éste, para nuestro partido, para nuestro grupo parlamentario, no es una labor de pocos días, pocas semanas. Es una labor que lleva tiempo dada la altísima descomposición que llegamos a tener en los años precedentes.

Por ello, queremos enfatizar nuestra firme convicción de que se sigan apoyando los avances que se han tenido en materia de prevención del delito y combate a la delincuencia. Particularmente, que no cese el combate al narcotráfico, que hoy por hoy es la divisa en el país, como una de las formas más grandes de impunidad y de falta de legalidad que desgraciadamente ha permeado, no tan sólo en la sociedad, sino en las instituciones.

Por tanto, es muy importante que esta materia no ceje en el combate. De igual manera, todos aquellos delitos que han venido siendo subsidiarios de esta actividad principal, como lo es el secuestro, la extorsión, el crimen organizado e inclusive la corrupción policial.

Los esfuerzos y los avances que se tienen hasta hoy, se ha dado cuenta cabal y los tiene a la vista la ciudadanía. El ejercicio de hoy nos da cuenta clara de que todos estamos involucrados en la sociedad, y en la medida en que todos participemos en ella vamos a tener mayores beneficios.

Nunca va a ser con divisiones ni nunca va a ser con señalamientos de unos contra otros como podamos avanzar en un tema que hoy por hoy es recurrente y es una exigencia a la sociedad, a la que tenemos que darle cabida y tenemos que darle respuesta.

Tenemos necesariamente que continuar con ese cambio radical en la operación policial con base en un modelo, que es la profesionalización. Los controles de confianza que se vienen llevando a cabo en mucho nos dan tranquilidad, pero falta todavía mucho por hacer.

La inteligencia policial debe ser atendida, así como la capacidad, la homologación de procedimientos para información policial, el cambio de modelo penitenciario, nueva infraestructura, mayor tecnología, equilibrio en el sistema penitenciario y la homologación de procedimientos.

Señor secretario, creo que el camino es correcto, creo que el camino es que debemos continuar. Apoyamos decididamente esta postura de seguridad del presidente Calderón y, por otro lado, le decimos que ni el Ejército, ni las Fuerzas Armadas, ni la Policía Federal podrán, con la tranquilidad de los ciudadanos, dejar las calles y dejar nuestras ciudades y estados.

No las podrán dejar hasta que los estados y municipios recobren la autoridad que deben tener en sus territorios. Ésa no es una petición del Grupo Parlamentario del PAN, es una exigencia de toda la sociedad. Hoy por hoy la refrendamos aquí.

De igual manera, desde aquí hacemos un exhorto a gobiernos estatales y municipales para que cumplan su responsabilidad, también inmersa en la Constitución, de velar por la seguridad en la materia de su competencia.

No arrojarnos cada vez la pelotita entre unos y otros, de eso está harta la sociedad mexicana. Los mexicanos y las mexicanas ya no pueden esperar más excusas ni más pretextos. Felicitaciones, señor secretario. Apoyo al presidente. Es lo que tiene nuestro Grupo Parlamentario del PAN. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra hasta por tres minutos para formular su pregunta, el señor diputado Ardelio Vargas Fosado, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Ardelio Vargas Fosado: Con su permiso, señor presidente.

Señor secretario, en el informe enviado a esta soberanía el Ejecutivo reconoce los logros legislativos con la aprobación de la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de la Policía Federal.

Presume la eficacia de Plataforma México y el Sistema Único de Información Criminal y valora la contribución de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado. Admite un incremento presupuestal de 346 por ciento entre 2003 y 2009.

Lo anterior nos llevaría a concluir que disponemos de instituciones sólidas, recursos y marco jurídico suficiente para garantizar seguridad y certidumbre a la población. Evitar la impunidad, la corrupción y prevenir el delito.

No pueden negarse los resultados obtenidos en el combate al crimen organizado. Se ha informado de más de 80 mil, 84 mil presuntos delincuentes detenidos. Al respecto señor secretario, ¿cuántos fueron consignados? ¿Cuántos procesados? Y más aun, ¿cuántos están sentenciados?

Les recuerdo que la cocaína sólo se produce en América del Sur y llega a México en tránsito vía puertos marítimos, vía aérea y por tierra a través de la frontera sur. ¿Quiénes son los responsables de esta vigilancia?

Se reportan más de 50 mil armas aseguradas y 6 millones de municiones que ingresaron por la frontera norte. ¿Tiene idea de cuántas más se encuentran en poder de las organizaciones criminales?

Además está el otro lado de la moneda. La magnitud y crueldad de la violencia registrada en lo que va del sexenio, expresada en más de 15 mil asesinatos, la muerte de mil 147 elementos de las fuerzas armadas y corporaciones policíacas, y más de 400 decapitaciones. El incremento, por supuesto, del secuestro.

Los motines en centros de reclusión pasaron de 14, en el periodo 2001-2006, a 65 entre 2007-2009. Esto refleja el evidente incremento de la violencia, la alteración del orden y la paz, así como del debilitamiento del Estado. Cabe preguntarle, señor secretario, ¿qué hace falta para lograr la certidumbre y seguridad que la sociedad demanda? ¿Cuándo cambiará la dinámica reactiva de los cuerpos de seguridad ante la ofensiva del crimen organizado? ¿Qué iniciativas, acuerdos y consensos se requieren para responder a la percepción social de un Estado errático en el combate al crimen organizado? ¿Cuándo contaremos con una corporación policial sólida que posibilite a nuestras Fuerzas Armadas regresar a cumplir sus misiones y tareas constitucionales?

¿Quién va a atender a las zonas rurales si la estructura de la Policía Federal es eminentemente urbana? ¿Puede usted asegurar, señor secretario que Plataforma México y el Sistema Único de Información Criminal cuentan con suficientes candados de seguridad para evitar su infiltración? ¿Cree usted que la corrupción existente ponga en riesgo la relación bilateral con Estados Unidos, concretamente la Iniciativa Mérida?

¿Por qué al mes de junio de este año solamente se ejerció 6.55 por ciento del presupuesto asignado al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, y 16 estados muestran cero ejercicio? ¿A qué se debe el incremento de los motines, asesinatos y fugas de reos de alta peligrosidad en los centros penitenciarios? Parecieran ya espacios bajo el control de las organizaciones criminales. ¿A qué responde la nueva ola de violencia en contra de jóvenes en proceso de rehabilitación y qué hacer para evitarlo? Muchas gracias, señor secretario, por sus respuestas.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra hasta por cinco minutos para dar respuesta, elsecretario de Seguridad Pública, ingeniero Genaro García Luna.

El secretario Genaro García Luna: Gracias, presidente.

Gracias, diputado, por sus preguntas. Respecto a la referencia específica de consignados, procesados, sentenciados, con todo gusto lo requiero para en su momento y en todo caso la Fiscalía de la República, o en su momento los jueces, podrían dar esta referencia. Le ofrezco procesarlo y ponerlo a su disposición.

Efectivamente, la actual circunstancia que hay en el país para el tráfico de drogas, en el caso de cocaína se ha identificado un nuevo precepto para el tráfico. En el pasado la masa de flujo de esta droga era aérea; hoy hemos encontrado que gran parte de este tráfico se da vía marítima y en particular en puertos de gran calado, usando una cobertura de mercancías que se exportan e importan para el país.

En ese sentido se están fortaleciendo las capacidades institucionales tanto de la Policía Federal en la parte correspondiente, y también debo decirlo, lo está haciendo también el área de Aduanas, para tener mayor alcance, mayor despliegue en la detección temprana de este delito.

Respecto a la perspectiva de cuántas armas más, no tendría alcance para poder decir cuántas están en el mercado, lo que sí es que el combate en este sentido ha sido frontal. Lo que hoy hay es aseguramiento de armas, es un número importante; muestra el esfuerzo para este esquema y sin duda retirar del mercado armas, granadas fragmentarias, inclusive, debo decir, con la perspectiva de que ya existía ese antecedente de tener armas de alto poder, como las granadas, por ejemplo. En ese sentido la perspectiva del gobierno federal es total; estamos tomando capacidades para tener mayor presencia en la frontera norte, de detección, tanto en el paso fronterizo como en rutas que van de norte-sur para México.

Respecto a la dinámica reactiva, efectivamente, hemos migrado a un esquema donde privilegiamos el esquema de inteligencia para tener alcance operacional con la información sustantiva para combatir el crimen.

En ese sentido se ha privilegiado formar cuadros en el área de investigación e inteligencia, para transformar un modelo reactivo de policía a un esquema nuevo de investigación.

Ahí hemos apostado a un perfil diferente de policía con jóvenes, con mejores capacidades técnicas, mejor formación, e inclusive, con convicciones diferentes para combatir el crimen.

Respecto del esquema de despliegue territorial, efectivamente hoy las que tienen mayor presencia en el despliegue territorial en las áreas rurales son las Fuerzas Armadas. Por ello es que el esfuerzo que hoy se hace integral para combatir el crimen sin duda tiene un gran respaldo de las Fuerzas Armadas y en particular en esas áreas específicas.

Respecto de los sistemas de información, debo decirle que, efectivamente, el diseño que se ha hecho para la Plataforma México tiene y cuenta con esquemas de seguridad específicos para carga, consulta e inclusive define tipos de acceso para cada usuario.

Por ello, con los estados y municipios hemos trabajado para poder crear un esquema articulado de control de confianza para cada uno de los que van a estar conectados en el sistema para este esquema de interconexión y de operación de los sistemas de información.

Por último, respecto de motines y fugas, lo que hemos identificado en todos estos casos ha sido que en todos ellos el factor común es corrupción. En el caso de fugas lo que tenemos en investigación policial muestra cómo hay una colusión entre la gente que está como responsable de estas tareas con internos, a los cuales les da ventaja operacional y les permite tener, inclusive, la fuga. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor secretario. Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos para hacer comentarios, el diputado Ardelio Vargas Fosado, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Ardelio Vargas Fosado: Gracias, señor presidente. Señor secretario, permítame resumir el sentir de la mayoría de los mexicanos: no debe diferirse el combate frontal y definitivo a las plataformas de impunidad que faciliten la operación del crimen organizado, a riesgo de que la contaminación y descomposición de las corporaciones termine por transformarlas en sucursales del crimen.

Debe actuarse con decisión y firmeza para evitar que más elementos de las corporaciones policiacas se sumen a las estructuras de la delincuencia. El aniquilamiento del crimen organizado depende, en última instancia, de la toma de decisiones y voluntad gubernamental para destruir de una vez por todas sus estructuras financieras que le otorgan amplia capacidad operativa de reproducción y expansión.

El escandaloso ingreso de armamento, municiones y cocaí-na a nuestro país obliga a redefinir urgentemente nuestra política en materia de fronteras, así como las relaciones bilaterales, los mecanismos de control terrestre y marítimo para desarticular y aniquilar la enorme capacidad de fuego alcanzada por el crimen organizado.

Necesitamos una relación y cooperación internacional cimentadas en la colaboración real, no simulada, defender nuestra soberanía evitando la intromisión en nuestros asuntos internos, como lo hemos hecho históricamente.

Se requiere una planeación y vigilancia profesional en aeropuertos, puertos, aduanas y vías de comunicación en general. No basta el cuestionamiento, la desconfianza y las exigencias de corresponsabilidad hacia las entidades federativas para el combate delincuencial. Es indispensable un trato diferente y de fondo para hacer realidad la homologación integral de las corporaciones.

Es urgente establecer mecanismos para obligar al cumplimiento del mandato constitucional de la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Si aspiramos al combate integral del crimen necesitamos igual una política y estrategia integrales con visión de largo plazo, que eliminen toda posibilidad de recomposición y reactivación.

No existen verdades absolutas, se requiere hacer a un lado los protagonismos, la simulación y las cifras alegres. Acudir al encuentro y la colaboración con fuerzas armadas y las policías de los estados con verdadero espíritu de cooperación; pero, ante todo, reconocer en primera instancia que las cosas no han ido bien, que se han cometido errores y que falta mucho para alcanzar la verdadera profesionalización policial en el país.

La homologación judicial y en particular el Código Penal no pueden diferirse más, ya que su estado actual es vulnerable a las actividades delincuenciales. Para ello se necesita de la participación coordinada de los tres niveles de gobierno y las entidades federativas, la construcción de una agenda común y el inicio de tareas encaminadas a lograr la base jurídica que cierre las rutas de protección legal a la delincuencia.

La investigación debe avanzar. La profesionalización de nuestras policías necesita de calidad más que de cantidad para ofrecer resultados en correspondencia con la magnitud de los retos. Se necesita rediseñar la estructura gubernamental y los modelos de selección, capacitación y formación.

Es fundamental avanzar en la consolidación de las áreas de inteligencia policial que dan precisión, certeza y eficacia a las operaciones en contra del crimen organizado, para garantizar en el mediano y largo plazo la construcción de una verdadera corporación policíaca nacional, eficaz y acorde con los retos del futuro. Se necesitan replantear los esquemas de control de confianza.

No es posible que instituciones que tienen más de 15 años aplicando estos procedimientos sean objetos de infiltración de la delincuencia organizada, como ha sucedido con altos mandos que fueron certificados, tanto en México, como por agencias de otros países.

Coincidimos que nuestras Fuerzas Armadas no pueden ni deben permanecer en la realización de tareas de seguridad pública, sin un marco legal que los faculte plenamente para esas actividades. Se requieren ahora compromisos, resultados y credibilidad de las corporaciones policíacas; sobre todo, confianza para nuestros soldados retornen a sus cuarteles.

Si partimos de la premisa de que la violencia se registra con más crudeza en los estados, debemos asignarles mayores recursos, evitarles excesiva centralización y flexibilizar la normatividad que sólo produce subejercicio.

Señor secretario, sólo una gran cruzada nacional que articule recursos, esfuerzos, compromisos y facultades permitirá cerrarle el paso, definitivamente, a las intenciones expansionistas del crimen organizado.

Si continuamos con más de lo mismo, con el discurso trillado y manejo de cifras alegres, tenga usted por seguro que las generaciones siguientes se enfrentarán a un futuro en donde la descomposición y la violencia masificada será la constante. Nadie quiere un estado policiaco autoritario y omiso.

Esta soberanía no debe aprobar leyes para tolerar más impunidad, corrupción, exclusión y descomposición.

Señor secretario, sin duda tenemos una gran responsabilidad y un gran compromiso con nuestra patria. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado.

Hemos concluido la segunda ronda y estamos iniciando la tercera ronda de preguntas, respuestas y comentarios. Los grupos parlamentarios han registrado a los siguientes diputados: Arturo Santana Alfaro , del PRD; Silvia Esther Pérez Ceballos , del PAN; y Omar Fayad Meneses , del PRI.

Tiene, por tanto, la palabra por tres minutos para formular su pregunta el diputado Arturo Santana Alfaro , del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Arturo Santana Alfaro: Con su venia, diputado presidente.

Ingeniero García Luna, no sé si llamarlo secretario de Seguridad Pública o mister reality show. Pareciera que no hubiese más temas, pareciera que ya todo se tocó en esta comparecencia; pero creo que es más extensa.

Acude usted a esta soberanía justamente cuando el problema de la inseguridad en el país se ha desbordado. Diariamente somos testigos de cómo el crimen organizado sigue actuando en distintas regiones del país, lo podemos constatar por el número de ejecuciones, los secuestros y la constante de los operativos que se vienen efectuando a lo largo del territorio nacional.

En el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática consideramos que abatir el crecimiento inusitado de la delincuencia organizada y la violencia que la acompaña, auspiciar que los ciudadanos denuncien los delitos de los que son víctimas, combatir la impunidad y prevenir el delito, son los temas que han estado ausentes en la dependencia a su cargo.

Para ocultar la falta de resultados se recurre a montar una campaña mediática, que difunde una serie de medidas espectaculares, riesgosas, ineficaces e irresponsables, como lo que plasma en la página 34 de su informe respecto a la realización de 766 operativos; pero sólo dando como resultado el desmantelamiento de 2 laboratorios.

Advertimos desde un principio, y comprobamos ahora, que la gran mayoría de las estrategias del gobierno no pasarán de ser meros anuncios espectaculares con un innegable fondo mediático.

No observamos, después de un sinfín de ofrecimientos y promesas, ningún indicio de que las cosas estén marchando a favor de la tranquilidad de los mexicanos; y por el contrario, notamos una clara violación a los derechos humanos, así como desánimo y miedo entre la ciudadanía frente a las expectativas no cumplidas.

A lo anterior tiene que sumarse el impacto acumulado de los secuestros, práctica delictiva que no cesa a pesar del notorio incremento de anuncios oficiales sobre detenciones de plagiarios y desmantelamiento de bandas organizadas de secuestradores.

Con relación a los diversos operativos que señala en su informe y en donde establece que fueron detenidas 24 mil 855 personas, le pregunto, señor secretario: de estas 24 mil 855 personas detenidas que señala, ¿cuántas, y con precisión, han sido sentenciadas? Ya se lo han preguntado, y no ha sido preciso en esta respuesta, ¿o enfrentan un proceso penal? ¿Qué opina de las más de 15 mil muertes ocurridas hasta hoy por el combate contra la delincuencia organizada? ¿Se siente responsable o elude su responsabilidad?

Respecto del tráfico de armas, podría informarnos las acciones de cooperación que la Secretaría de Seguridad Pública lleva a cabo para combatir el contrabando de armas de fuego que pasan a través de las aduanas y por nuestras fronteras ingresan al territorio nacional.

Quiero decirle que nuestra fracción acaba de proponer una proposición con punto de acuerdo precisamente para vigilar el desempeño de su secretaría en estos temas. Por sus respuestas, gracias, secretario.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra hasta por cinco minutos para dar respuesta, el ingeniero Genaro García Luna.

El secretario Genaro García Luna: Gracias, señor presidente, con su venia.

Gracias señor diputado, por su pregunta. Efectivamente debo referir que el esfuerzo en el área de secuestros ha sido muy importante respecto al trabajo que se ha hecho coordinado con los estados y los municipios en este fenómeno.

Como ya di cuenta, la Policía Federal ha combatido de manera frontal este fenómeno, que sin duda, tiene que ver con una evolución criminal constante, sobre la cual estamos trabajando de manera coordinada con los estados y municipios para combatir en cada etapa del delito, este flagelo. En todos los casos hemos identificado que los secuestradores son la evolución criminal del delito patrimonial y, en particular, el robo.

Respecto de los sentenciados, mi obligación institucional, y por supuesto lo hago para este ejercicio, se limita simplemente a poner a disposición de la autoridad competente a los presuntos delincuentes. Le corresponde a la Procuraduría la consignación de ellos y a los jueces determinar la sentencia. Con todo gusto hago este ejercicio para ponerlo a su disposición, requiriendo esos datos a estas instituciones, para dar cuenta de esas cifras.

Respecto de las muertes y la violencia, sin duda, ya lo comentaba, que la violencia ha sido uno de los ejes con el que el crimen organizado ha buscado amedrentar a la comunidad y por supuesto generar una perspectiva de miedo.

En ese sentido debo decir que la violencia ha sido la herramienta histórica de narcotráfico para buscar replegar a la autoridad y buscar generar una perspectiva de violencia extrema que repliegue a la autoridad y a la comunidad.

En ese sentido, y eso está muy claro, se está buscando bajo todas las maneras que hay actualmente en el tema policial y, por supuesto, con nuevas perspectivas de prevención, tener alcance con los estados, con los municipios, para tener mayores esquemas de prevención y evitar así estos homicidios, aun cuando éstos se dan en torno a la actividad criminal donde los delincuentes, en venganzas, en busca del control de la actividad criminal, buscan generar esta perspectiva de violencia extrema y de homicidios.

Respecto al tráfico de armas, como ya señalaba, es un tema importante, donde se ha hecho un esfuerzo importante, también, del gobierno federal, y ahí están los siguientes factores. Uno de ellos, como usted señalaba ---y estamos ahí trabajando de manera específica--- es coadyuvar con Aduanas para fortalecer el esquema de detección de paso en fronteras, en particular, la frontera norte de México, para poder evitar la introducción de esas armas al país.

También debo decir, que estamos trabajando con Estados Unidos para que desde origen podamos rastrear e identificar a los posibles compradores o posibles operadores de tráfico de armas para el país, y en este sentido ya hay un esquema articulado de detección para buscar estos operadores de tráfico de armas.

En la pregunta respecto a la frontera, sin duda un tema importante para esta gestión, es fortalecer el esquema de detección en las fronteras. Reitero, estamos trabajando con Aduanas para poder incrementar las capacidades de detección en fronteras, inclusive, como señalaba, en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, porque ahí es donde ubicamos el tránsito de armas e inclusive de drogas en el esquema sur-norte. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos para hacer comentarios, el señor diputado Arturo Santana Alfaro, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Arturo Santana Alfaro: Con su venia, diputado presidente. Acabo de escuchar y le agradezco, una de las respuestas a una de las preguntas o cuestionamientos que le formulé, y me resulta verdaderamente preocupante escuchar nada más, cuando usted ha venido peleando desde hace tres años por esas facultades de investigación que se le tienen que otorgar, en su concepto, a la policía a su cargo. Y me preocupa porque dice que sólo les corresponde poner a disposición del Ministerio Público o de la autoridad a los presuntos responsables, y digo presuntos responsables.

Pero tal pareciera que, por las cifras de detenciones y el número de sentenciados que salen penalmente responsables, sólo se fabrican los delitos, en la mayoría de los casos, en este escenario. Porque usted, con las cifras que nos manifiesta de 2006 a 2009, nos dice: son 260 mil detenidos, 260 mil asegurados, y luego, por un informe que nos da la PGR resulta que 207 mil fueron liberados. Es decir, casi el 80 por ciento, lo que quiere decir que entonces la Secretaría de Seguridad Pública es un instrumento para fabricar delitos.

Con las demás respuestas que usted nos da me confirma que México vive secuestrado, tanto por la delincuencia como por un gobierno ineficaz en materia de seguridad pública.

De la actuación de la Secretaría podemos advertir que de los más de 30 mil millones de pesos de presupuesto asignado este año no se reflejan en las cifras mencionadas en su informe de labores. Tal pareciera que a mayor presupuesto, mayor violencia.

Ante esta realidad, poco consuelo aportan los cotejos auto complacientes frente a los índices delictivos de otros países. Los anuncios de que las autoridades están ganando la guerra, o peor, las fantasías de que la generalización y profundización de la violencia son consecuencia de la desesperación de los criminales ante el accionar, pretendidamente eficaz, de las fuerzas públicas.

Para colmo, el jugueteo del discurso oficial con la fraseología militar lleva implícita la apreciación de que la delincuencia organizada no es un complejo e indeseable fenómeno social, sino un enemigo a exterminar. Política errónea del gobierno federal.

Diariamente los medios de comunicación nos presentan una serie de personas que son detenidas en los operativos que se realizan en todo el país. Estos presuntos delincuentes son presentados día a día como logros de la dependencia a su cargo; presentaciones, que dicho sea de paso, violan el principio constitucional de presunción de inocencia, por lo que acabo de mencionar.

Nosotros consideramos que mucho de esto tiene bastante show y poca efectividad. Mire usted, el 78 por ciento de los presuntos narcotraficantes aprehendidos ---y es lo que decía--- entre 2006 y 2009, fueron puestos en libertad. Sólo 22 por ciento de los detenidos han sido consignados, y de éstos, nada más el 13 por ciento ha sido sentenciado.

La PGR informa que de 2006 a febrero de 2009, de los 266 mil ---también un dato que mencionaba--- presuntos narcotraficantes detenidos, el gobierno federal ya liberó a 207 mil. Es decir ---y reitero---, casi el 80 por ciento.

Cifras muy menores, señor secretario, si se compara al número de detenciones que diariamente nos presentan en los medios de comunicación.

Estos datos únicamente dejan evidencia de la ineficiencia del gobierno federal en el combate contra la delincuencia organizada, ya que las 15 mil muertes que hasta el momento se han perpetrado en México, equivalen a las de un país en guerra. La diferencia es que aquí casi nadie parece tener claro de qué guerra se trata, cuáles son los bandos rea-les en pugna y qué pretenden.

Sea como fuere, la población empieza a habituarse a las expresiones más salvajes de la violencia, lo cual no puede considerarse precisamente como un logro de las autoridades. En este país estamos cansados de la corrupción, el dispendio y, sobre todo, la falta de sensibilidad del gobierno federal en el trato para los habitantes de esta nación.

Los diputados del Partido de la Revolución Democrática sabemos que cuando las instituciones se manejan y administran correcta y honestamente, funcionarán y habrán de cumplir las facultades, atribuciones y deberes que la ley les marca.

Deben estar ciertos, señor secretario, que el combate a la delincuencia es una tarea indivisible que obliga a la construcción efectiva entre todas las instancias federales, todos los órdenes de gobierno y todos los poderes. Debe estar sustentada en una coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales, articulando acciones conjuntas; ya que así es como se puede lograr el cumplimiento de la tarea constitucional. Muchas gracias, secretario.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra hasta por tres minutos para formular su pregunta la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos, del Partido Acción Nacional.

La diputada Silvia Esther Pérez Ceballos: Con su venia, señor presidente.

Señor secretario, bienvenido. Quiero reconocerle el ejercicio republicano que está usted ejerciendo y agradecerle ante todo la respuesta que nos está dando a todas nosotras y a todos nosotros. Acción Nacional reconoce su presencia.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, sin lugar a dudas una de las principales acciones que esta administración ha llevado a cabo en apoyo a las entidades federativas, Distrito Federal y municipios, sin deslindarse de su responsabilidad, ha sido el combate frontal contra la delincuencia organizada.

Como parte de ello, obedece la creación de Plataforma México, en que se involucra y beneficia a los tres órdenes de gobierno. Este programa sectorial tiene la intención de que la federación cuente con una herramienta más y que sea de utilidad en las entidades federativas y municipios. Recordemos que brindar seguridad a los ciudadanos no es exclusivo de la federación, sino también corresponde a los estados, Distrito Federal y municipios.

Dentro del presupuesto que se confirió a la implantación del programa Plataforma México se asignó la cantidad de 2 mil 561 millones 102 mil 36 pesos, presupuesto que permite a la fecha que las 32 entidades federativas, incluyendo el Distrito Federal, se encuentren interconectados teniendo acceso al Sistema Único de Información Criminal; interconexión que se ha venido ampliando en comandancias regionales, comisarías, así como centros de rehabilitación social municipal, sitios con instancias de seguridad pública en diferentes municipios y secretarías de Seguridad Pública municipales.

También se resalta que más municipios se ven beneficiados por el programa Plataforma México, gracias al subsidio para la seguridad pública municipal (Subsemun).

Por lo anterior, señor secretario:

Número uno. ¿Cuál ha sido el balance que ha arrojado la implantación del programa Plataforma México?

Número dos. ¿Cuál ha sido la colaboración de las entidades federativas y municipios para el buen funcionamiento de este programa?

Tres. ¿Se cuenta con propuestas de las entidades federativas y de los municipios tendentes a la mejora del servicio que ahora presta el programa?

Cuatro. ¿Cuál es el resultado que han arrojado los operativos a cargo de la Policía Federal contra la delincuencia organizada, derivados de la aplicación del programa Plataforma México? ¿Cuáles son también los resultados comparativos con otras administraciones en materia de detenciones, aseguramiento y decomisos? ¿A cuánto asciende el número de registros en la base de datos del programa Plataforma México en materia criminológica derivado del informe policial homologado y de las consultas al Sistema Único de Información Policial?

Finalmente, señor secretario, sabemos que hay estados con una gran intolerancia, o, más bien, perdón, tolerancia e incluso complicidad con las redes de trata de mujeres y de niños. Por ello le solicito atentamente que se lleven a cabo acciones contundentes de parte de la Policía Federal para acabar con estos flagelos.

Por sus respuestas, señor secretario, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Tiene la palabra hasta por cinco minutos para dar respuesta el ingeniero Genaro García Luna.

El secretario Genaro García Luna: Gracias, presidente; con su venia.

Gracias, diputada, por sus preguntas. Respecto a la parte específica del sistema de enlace para todo el país, debo precisar que, efectivamente, ese sistema es una vanguardia en tecnología para todo el país donde, sin excepción, estados y municipios, con la federación, hemos sumado capacidades técnicas, humanas e incluso experiencias de éxito que hay en estados y municipios donde ha habido trabajo coordinado.

El esquema de Plataforma México implica un sistema de vanguardia en comunicaciones, en bases de datos y generar inteligencia en personal para cada nivel de gobierno; y por supuesto, implica un esquema superior para procesar datos contra el crimen.

Este esfuerzo institucional prevé que en el presente año se liberen todas las variables que hay de este sistema de información para que cada nivel de gobierno tenga acceso a base de datos nacionales, donde tengamos por primera vez en el país un sistema único de datos criminales, donde tengamos registro desde un delito básico hasta datos de Interpol a nivel internacional.

El sistema ha sido integrado con todas las variables que señalábamos prevé también capacidades nuevas de vigilancia y seguimiento a la policía. Algo importante aquí es tener indicadores de medición, de operación, de seguimiento; y para ello ha creado sistemas de vigilancia y seguimiento para tener alcance a indicadores operativos para cada una de estas áreas. También prevé mapas referenciados del delito para tener capacidad de registro, detección con vanguardia en el combate de este delito.

Respecto a la mejora del sistema debo decir que esto fue una suma de experiencias de éxito que hay en el país. También recurrimos a experiencias internacionales para poder evaluar y tomar experiencias de éxito de otros países, en particular en España, en Francia, en Canadá, en Alemania, en Chile. Y esto ha sumado una experiencia para México importante, donde este sistema de vanguardia prevé tener mayor alcance, como señalaba, en el combate del crimen.

En todos los casos ha habido y hay un trabajo coordinado con estados y municipios; todos han participado para este esquema de interconexión para el país. Estamos buscando potenciar, fortalecer el esquema de interconexión para que todos, sin excepción, estén conectados a esta plataforma, que es para el país.

Este sistema de información es un sistema, como comentábamos, con una lógica de Estado, donde todos, sin excepción, tengamos la capacidad de tener registros nacionales delictivos, la capacidad de tener registros incluso del cariz policial para cada nivel de gobierno, donde todos tenemos alcance y registro en el país acerca de delincuentes y de futuros delincuentes que están, o internos en un penal local o federal de manera permanente.

Para ello también recoge, y estamos en ese trabajo, los datos de internos en penales locales y federales para anexar registros de todos ellos en un sistema que, además de tener el nombre, prevé huellas y voz para tener alcance en la prevención del delito de secuestro. Eso es todo, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos para hacer comentarios, el diputado Bonifacio Herrera Rivera, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Bonifacio Herrera Rivera: En Acción Nacional sostenemos que el sentido ético profundo de la política consiste en destruir el mal que hacen los hombres y no a los hombres que hacen el mal.

Con el permiso de la Presidencia, compañeras diputadas y compañeros diputados. Ingeniero Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, a los diputados de Acción Nacional nos complace mucho su presencia y su responsabilidad republicana en este recinto.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artículo 2o. señala que esta es una función a cargo de la federación, del Distrito Federal, los estados y los municipios, que tienen como fines salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

Corresponde, pues, a los tres órdenes de gobierno esta tarea, que tiene la necesidad urgente de mejorar los mecanismos de coordinación en materia de recursos y estrategias, que nos permitan pasar de la indignación y la condena, a las acciones concretas para combatir a la delincuencia y al crimen en todo el país.

A pesar de estos esfuerzos, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional mantiene una seria preocupación por la realidad que viven particularmente las corporaciones policiacas a nivel estatal, y en algunos casos estatales y municipales.

Son los agrupamientos de las policías locales a quienes les toca encarar en primera línea las acciones de los criminales, que en la mayoría de los casos cuentan con organización y armamento suficiente para superar en número y capacidad a quienes valientemente les hacen frente con menor adiestramiento, sin el equipo necesario y en muchas ocasiones con salarios indignos, para quienes exponen sus vidas a cambio de defender las nuestras.

Es por ello indispensable que el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el marco de las atribuciones que le establece su propia ley en el artículo 14, continúe la tarea de propiciar y alentar esquemas de cooperación y compromiso que permitan atender de manera eficaz la inseguridad que priva en muchas localidades del país.

La corresponsabilidad y coordinación entre la federación, estados y municipios es determinante para la obtención de resultados positivos en la salvaguarda del patrimonio y la vida de los mexicanos.

La sociedad está urgiendo a sus autoridades a ponerse de acuerdo, especialmente en un tema tan sentido y que causa tanto dolor a tantas familias, que deberíamos tener la capacidad de evitar, pues como dijo don Manuel Gómez Morín: ``éste es el propósito fundamental de la política, evitar el dolor evitable''.

Estoy seguro, compañeras diputadas y compañeros diputados, que a los ciudadanos poco les importa si un delito es del fuero común o del fuero federal. Lo que esperan es que sus hijos estén fuera del alcance de las garras de la drogadicción. Esperan poder transitar por las calles sin ser asaltados. Esperan poder vivir sin miedo a una posible extorsión o secuestro.

Es un imperativo evitar a toda costa que nuestras autoridades sean vulneradas por las organizaciones criminales y que nuestras comunidades sean blanco fácil de la práctica más deleznable de la cultura y la contracultura de la violencia.

Hagamos de la prevención del delito y de la paz pública virtudes que caractericen a nuestra sociedad. Recuperar nuestras calles, ofrecer tranquilidad necesaria que propicie el bien común de nuestros pueblos y comunidades.

La sociedad no se beneficia en nada con debates estériles que sólo buscan el protagonismo y los encabezados de los diarios. De nosotros depende convertirnos en la generación que enfrentó y derrotó con decisión, unidad y firmeza a los enemigos de México.

Si la pobreza es el rostro de la injusticia social, la inseguridad es el rostro del odio y la violencia. Con compromiso solidario combatamos, sin reticencias, estos flagelos sociales. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra hasta por tres minutos para formular su pregunta el señor diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Omar Fayad Meneses: Muy buenas tardes. Gracias, señor presidente; amigas diputadas y amigos diputados.

Señor secretario, qué mal le ha ido esta mañana y esta tarde, y en verdad lo lamentamos. No es un asunto que nos dé gusto, pero tiene usted que reflexionar por qué le fue tan mal hoy.

En primer lugar, porque es muy posible que haya grandes logros en materia de seguridad pública que, desgraciadamente, este informe no refleja. En segundo lugar, porque quienes dicen que lo vienen a ayudar, quienes intentan ayudarlo, le descompusieron el ambiente político y solamente picaron crestas para tratar así, quizá, de ocultar aquello que no se quería que se dijera. Pero, señor secretario salió peor.

Enséñeles. Usted sí les puede decir las cosas para que puedan subir con fundamento a esta tribuna. Recuerdo que se vitoreaban aquí arriba de que esta es la administración de los grandes logros y que han detenido a los grandes capos. Secretario, enséñeles.

Los grandes capos se han llamado Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca, los hermanos Malerve, Joaquín Guzmán Loera. Ésos eran verdaderos líderes de los cárteles de la droga y no El Chiquipiorcas, El Tuercas, El Cara Limpia, El Cara Sucia y aquellos que quieren hacerse pasar como grandes capos de la droga. Dígaselos. Usted sí lo sabe, porque también ha trabajado en ello.

Es importante que les diga a cuántos periodistas han matado durante el transcurso de los últimos 10 años. Porque los compañeros que están allí, en ese corral, van a tener mucho interés en saberlo.

¿Y sabe de qué me da la impresión secretario? Tengo la impresión de que quieren tratar el problema de la inseguridad como el caso de la influenza. Si hoy comparamos cómo le fue en la influenza al gobierno federal en años pasados, pues le fue muy bien, porque no existía el fenómeno como existe hoy. Hoy el fenómeno de la delincuencia ha tomado otra connotación.

Pero quiero preguntarle puntualmente, señor secretario, respecto a los operativos federales en materia de seguridad pública en los estados de la República. Los apoyamos, estamos de acuerdo, pero de conformidad con lo que dice este informe que nos presenta, se actuó con 200 servidores y ex servidores públicos en las entidades de Tabasco, Michoacán, Hidalgo, Baja California y Morelos. ¿Por qué solamente se le dio tanto juego a las entidades de Tabasco, Hidalgo y Michoacán?

No se desesperen, compañeros, que su compañero Corral abusó del tiempo en esta tribuna ante la complacencia del presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pedimos a todos los señores y señoras diputadas que mantengan el orden para escuchar al orador.

El diputado Omar Fayad Meneses: Así es que estos operativos se realizaron antes del 5 de julio. ¿Tiene eso un matiz electoral? Y en el caso particular de Morelos, el gobierno federal detuvo al secretario de Seguridad Pública y contó el gobierno del estado con esa información antes. Qué casualidad que en la mañana le pide la renuncia y en la tarde se lo lleva el gobierno federal. ¿No tiene eso un matiz político?

Sin embargo ¿saben qué? No sirvió de nada. El 5 de julio vimos que denostar, con el tema de la seguridad pública, no les sirve.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra hasta por cinco minutos para dar respuesta, el ingeniero Genaro García Luna.

El secretario Genaro García Luna: Gracias, presidente, con su venia.

Bien, quisiera aprovechar este tiempo, como es mi última intervención, aprovechar para primero señalar que la perspectiva en seguridad pública, reitero, debe ser una lógica de Estado. En ese sentido tenemos que sumar capacidades institucionales, cada nivel de gobierno y por supuesto, el gobierno federal.

En ese sentido la convicción, el esfuerzo institucional es pleno. Así continuaremos, así seguirá y, por supuesto, la convicción en contra del crimen es total.

Debo reiterar que el combate al crimen no está vinculado con una actividad de índole partidista. Puedo darle detalles específicos del combate frontal en todos los sentidos y por supuesto, la perspectiva de esta secretaría se limita a combatir a los delincuentes.

Reitero que la perspectiva del gobierno federal ---quisiera aprovechar porque es mi última intervención--- es de Estado. Mi convicción personal, profesional, así lo determina, así será y, por supuesto, reitero mi posición institucional en el combate permanente al crimen. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor secretario. Tiene la palabra hasta por cinco minutos para hacer comentarios, el diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo parlamentario del PRI.

El diputado Omar Fayad Meneses: Gracias, señor presidente, compañeros diputados.

Secretario, según sus declaraciones, asevera que las poli-cías están infiltradas por la delincuencia, la cual coopta, corrompe e inclusive intimida a sus policías y que la premisa es sanear, limpiar y depurarlas.

Sin embargo, todos los días vemos a los agentes de la policía, que son los responsables o están inmiscuidos en los secuestros, homicidios, robos, ejecuciones, organización de bandas, en todos los delitos.

Esto penosamente nos indica que ha fracasado la metodología del modelo del sistema de control de confianza que se tiene establecido en nuestro país, pues los filtros no son los adecuados y si son, no están funcionando o no los aplican o los aplican mal, lo que representa un grave peligro en la estabilidad de las instituciones y un divorcio cada vez más marcado con la ciudadanía.

¿Qué propuesta tiene entonces para enfrentar un verdadero y eficaz esquema sistemático y permanente de control de confianza? ¿Cómo lo evaluamos, secretario, cómo le ayudamos?

El tema de la prevención y readaptación social, particularmente el de la readaptación social. Nos da la impresión de que nuestras cárceles, salvo sus contadas excepciones, están en un absoluto descontrol, hay hacinamiento, drogas, motines, fugas, corrupción, asesinatos, un sinfín de problemas. Nadie puede creer que estos son centros de readaptación social. Secretario, éstas son universidades del crimen y no pueden seguir volteando al espejo retrovisor, porque ya tienen 10 años manejando este asunto.

No hay una propuesta real para la readaptación social. ¿Y sabe cuánto nos cuesta? Cuatro mil 500 millones, de los cuales mil millones sirven para darles de comer a los delincuentes. No se ha encontrado hasta hoy un esquema productivo y de autofinanciamiento de los centros de reclusión para que los delincuentes de este país sean autosuficientes y no sigan siendo una carga para este país.

¿Qué propuesta tiene el gobierno federal para que los recursos de los contribuyentes no sigan destinándose al mantenimiento de delincuentes, algunos verdadera escoria de esta sociedad?

Aunado a este tema, veo con tristeza que al informe del presidente de la República no le mereció una sola cuartilla la delincuencia de los menores, los menores infractores. Casos que verdaderamente han lastimado a la sociedad mexicana están totalmente fuera del informe y totalmente fuera de las políticas que se pueden tener para enfrentarlos.

Por eso nos llama especialmente la atención saber qué va a hacer el Gobierno de la República con aquellos delincuentes de menos de 18 años que han incurrido en delitos graves con extrema violencia y que hoy no vemos qué va a pasar.

La verdad es que más allá de las críticas y cuestionamientos que aquí podamos hacer colegiadamente, yo prefiero referirle aquéllas que devienen de un grito desesperado de una sociedad sedienta de seguridad y justicia que todos los días y en todos los espacios no cesa de aclamar: ``basta ya, no más muerte, no más impunidad, no más violencia, no la merecemos, basta ya''.

Hoy día no se requiere ser abogado, ni perito, ni criminólogo, ni criminalista para describir el fenómeno. Nos ocupa a todos y todos conocemos de sobra la realidad, realidad que no puede ser ocultada, ni siquiera maquillada con colores triunfalistas de ningún color, sea cual fuere esto. La realidad es sólo eso, es realidad.

Hoy los estudiantes, los campesinos, las amas de casa, los empresarios, todos sabemos cómo estamos: preocupados, temerosos, asesinados, secuestrados, robados, lesionados y cuánta cosa más. Ya resulta interminable y ociosa la retahíla de calificativos como reflejo de nuestra desgracia.

El fenómeno no es simple, pero sí lo entendemos, sin duda lo entendemos. Falta educación, comida, servicios de salud, empleo y oportunidades, cultura y esparcimiento. ¿Cómo enfrentar este rezago? ¿Sólo con pistolas, metralletas y tanquetas? No, no es suficiente. Si así lo fuera, los presupuestos serían el arma y bastaría con ampliarlos, como se ha hecho hasta en tres veces más en los últimos años. Y si así fuera, los empresarios de este país ya nos hubieran resuelto el problema.

¿Cuándo trazaremos el perfil de mexicano que queremos en este territorio? ¿Cuándo construiremos el sistema educativo para formarlo? ¿Cuándo reformaremos el poder, sus estructuras anquilosadas? ¿Cuándo reformaremos al Estado para lograr nuestros objetivos? La pregunta, secretario, es: ¿cuándo, cuándo, cuándo? Y no obstante eso, todavía se atrevieron el día de hoy en esta tribuna a hablar del caso Chihuahua. Qué lamentable.

Finalmente, permítame referirle que los delitos que se hablaron el día de hoy en esta tribuna corresponden al orden federal, son parte del crimen organizado y cuando quieran echarle la bolita a los estados recuerden que efectivamente, cuando esa bolita estaba del lado de los estados, el gobernador era Pancho Barrio y además el procurador de Justicia es hoy la propuesta del Ejecutivo federal. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señor diputado, con qué objeto desea hacer uso de la palabra. Sonido, por favor.

El diputado Pablo Rodríguez Regordosa (desde la curul): Señor presidente, en la inteligencia de que el debate está abierto por acuerdo de esta Cámara, pedimos rectificación de hechos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra, señor diputado, para rectificación de hechos.

El diputado Pablo Rodríguez Regordosa: Con su permiso, señor presidente. Señor secretario, le vamos a robar unos minutitos más de su tiempo, y reconozco la paciencia que ha tenido aquí.

Señoras y señores, nos parece una gravísima irresponsabilidad el venir a hacer unos señalamientos, todos de orden político, para después de la respuesta del secretario, venir caritativamente a ofrecer su mejor ayuda.

El tema de fondo no es, ni es el tema político, ni el orgullo que a unos representa el 5 de julio y la esperanza de un 2012 que todavía hay tiempo para verla, ni tampoco de qué lado pueden o no haber más delincuentes.

Los 15 mil muertos que están referidos ahí, y que respetuosamente habríamos de referirlos, no fueron muertos por las armas ni del gobierno, ni del Ejército, sino mayormente cabezas que han aparecido por aquí y por allá, y cuerpos por aquí y por allá.

Y no se trata de echar culpas, sino de juntos encontrar soluciones a todos estos problemas que nos aquejan a todos y que hoy nos pone en el predicamento de decidir si a nuestros hijos les permitimos ir al antro con seguridad o no, si pueden ir a la calle con tranquilidad o no, y de si el problema de la droga, que no nació en los sexenios administrados por el Partido Acción Nacional, sino que viene de tiempo atrás, hoy lo tenemos que atender.

Señoras y señores, estamos ya cansados, yo también, y no pretendo abusar de su tiempo. Tampoco quisiera hacer alusiones personales, porque eso abriría el debate de manera más larga, pero quizá hace falta hacer un proceso de reflexión, porque gente de Pachuca me ha dicho que los Zetas llegaron a Pachuca en una administración de alguna gente que aquí conocemos, y es un tema lamentable.

Así es que, señoras y señores, la lucha y el combate contra la delincuencia debiera ser tema, no de polarización de esta mesa, y no de gritos y de insultos de los unos con los otros, sino un punto en donde todos debiéramos de converger. O qué, ¿alguien tiene algún interés de no converger en esta lucha?

Nosotros estamos comprometidos, agradecemos el esfuerzo del gobierno. Reconocemos a la policía. Reconocemos la dificultad de que la línea es muy esbelta y que los seres humanos son corruptibles y que hay más dinero del lado de la delincuencia que del lado del sueldo de los policías, y eso hace todavía más difícil la lucha. Y reconocemos que ese esfuerzo lo hacen por unas condiciones a las que quizás muchos de nosotros no estaríamos dispuestos a entrarle. Muchas gracias.

El diputado Omar Fayad Meneses (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Está solicitando la palabra el diputado Omar Fayad. Dígame, diputado.

El diputado Omar Fayad Meneses (desde la curul): Quiero el uso de la palabra para rectificación de hechos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto diputado, pase usted, por cinco minutos.

El diputado Omar Fayad Meneses: Gracias, presidente. Compañeros diputados, secretario. Compañeros diputados, de verdad no quisiera que ustedes creyeran que venimos a esta tribuna o a esta Cámara con una actitud caritativa para ayudar alsecretario de Seguridad Pública; no es así.

Lo hacemos con gran responsabilidad. Lo hacemos con la responsabilidad que implica, se los digo de verdad, que en este tema nos vaya bien a todos los mexicanos. Lo hacemos para mejor transitar.

No fuimos hoy nosotros quienes abrimos un debate político como aquí se ha señalado. No lo hicimos nosotros. Ustedes orillaron a él; se dio. Dejémoslo así. Ésta es la máxima tribuna del país, aquí vamos a debatir las ideas, aquí vamos a tratar de buscar juntos soluciones.

No quisiera que pareciera, de ninguna manera, que nuestro interés es minimizar o ridiculizar el trabajo de nadie; al contrario, yo hoy le explicaba al secretario porque creo que le fue mal ---y le fue mal---, sino por las razones que ya expuse en esta tribuna. Admítamelo, por favor, en estos términos, y de esta forma como ahora yo lo explico.

A mí me parece que en el tema no se trata de ver quién encuentra más rencillas, quién se encuentra más cosas para ver qué trapos más sucios se pueden sacar. Ésa no es la forma de construir los consensos.

Yo los invito a que reflexionen en ello y a que con respeto construyamos juntos las alternativas que requiere la seguridad pública en nuestro país. No se trata de buscar cronológicamente, y para los que pasan la información por las BlackBerry, ver cómo denostamos a la persona que pasa y habla, porque usted me orilló a aclarar un hecho y aquí está quien puede aclararlo.

Aquí, yo hoy le pido al secretario que les diga a ustedes, de verdad, si hemos actuado con responsabilidad, que él diga si hemos actuado con apego a derecho. Que él diga si hemos colaborado, porque tenemos esa firme convicción de hacer bien las cosas.

Y si hicimos algunos señalamientos fue porque no podemos dejar el vituperio al aire, porque dicen que de calumnia a calumnia, algo queda. Aquí no se trata que vengamos en un esquema de calumnias a ver quién calumnia más a quién.

Aquí de lo que se trata es de que con objetividad le respondamos a los mexicanos. Les pregunto: ¿de veras creen que todos los mexicanos hoy estamos contentos con el tema de la seguridad pública? Si contestan afirmativamente, no se preocupen de mi juicio, no se preocupen de mis expresiones. Preocúpense de las expresiones de los mexicanos. Ésas son las que nos deben importar.

Si ellos aprueban lo que aquí se ha señalado, estaremos nosotros convencidos y tranquilos de que las estrategias en materia de seguridad pública están rindiendo sus frutos; pero si esos ciudadanos que votaron por los que estamos aquí, todos, de todos los partidos, hoy nos exigen un imperativo de trabajo, y de ponernos de acuerdo. Yo los conmino: mejor pongámonos de acuerdo.

Es éste el tema en que debemos tener el mayor número de coincidencias. Por qué no dejamos atrás la política de echarnos la bolita los unos a los otros. Eso no nos va a llevar a ningún lado, porque entonces aquí podríamos tener un debate interminable de horas y horas, a ver hasta qué horas queda demostrado cuál tiene más o cuál tiene menos, y asumamos la responsabilidad.

Yo sé que hoy es muy difícil asumir la responsabilidad que es un gobierno. Nosotros lo fuimos muchos años y asumimos la responsabilidad y los costos políticos. Ahora asúmanlos con responsabilidad y, reitero, la invitación aquí no es dadivosa ni es caritativa. Vamos, pues, juntos, a construir las alternativas que se requieren en el tema que más sienten y que más le importa a todos los mexicanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado.

El diputado Roberto Gil Zuarth (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Gil. ¿Me informa cuál es el motivo de su intervención?

El diputado Roberto Gil Zuarth (desde la curul): Para rectificación de hechos, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pase usted, señor diputado.

El diputado Roberto Gil Zuarth: Compañeras diputadas, compañeros diputados, hemos escuchado a lo largo de esta sesión, distintos tonos del debate. Nosotros apreciamos desde Acción Nacional los llamados a la corresponsabilidad, los llamados a la serenidad, los llamados a no pontificar sino a actuar; los llamados a asumir nuestra responsabilidad democrática, y también la responsabilidad que cada uno tenemos donde gobernamos.

Acción Nacional nunca ha rehuido a sus responsabilidades. Hemos estado aquí planteando el debate; hemos estado aquí dando la cara; hemos estado aquí ofreciendo argumentos para defender no solamente la estrategia que nosotros compartimos y respaldamos, sino también la misión histórica que tenemos en este momento, de resolver uno de los mayores flagelos que aquejan a la sociedad mexicana.

No debemos confundirnos, no podemos evadir con discursos, a propósitos de comparecencia, nuestras responsabilidades. Las han tenido, no se les olvide. Y tampoco se les olvide que hay algunos resultados que están a la vista de todos: la policía del municipio de Pachuca ha sido depurada por las fuerzas de seguridad pública federal.

Están todos convocados a asumir nuestra responsabilidad, no solamente en el ejercicio de funciones de gobierno, sino también nuestra responsabilidad en el debate parlamentario; nuestra responsabilidad histórica que no puede tener ocasiones de evasión ni tampoco momentos de olvido.

Este flagelo ---insisto---, el problema de la inseguridad nos debe convocar y unir a todos. Todas las fuerzas democráticas de este país, sin distingo de colores, tienen que asumir la parte de responsabilidad y el mandato que nos han otorgado los ciudadanos. No hay más tiempo.

La condición de posibilidad del desarrollo de esta nación tiene que ver justamente con resolver el problema de la seguridad y fortalecer el estado de derecho. No nos equivoquemos, no lograremos nada evadiendo nuestras responsabilidades ni acusando a los otros.

Podemos pasarnos aquí meses enteros, meses enteros analizando las gestiones de cada uno de los que están aquí presentes y no vamos a acabar. Tenemos que pensar en el futuro, debemos acabar con las coberturas institucionales a los delincuentes; tenemos que fortalecer las instituciones; tenemos que dar instrumentos a las autoridades para esa lucha, y para esos propósitos, para esta misión histórica, se necesita la concurrencia serena, pero también responsable de todos y cada uno de los que estamos aquí sentados, porque estamos aquí sentados no por nuestra filiación partidaria; estamos aquí sentados por mandato de las urnas, y asumir actitudes de cooperación en la lucha contra la delincuencia no es un favor, no es una concesión graciosa que la oposición le da al gobierno; es su responsabilidad, que para eso los votaron, y es la responsabilidad que ustedes tendrán que ir a explicar a los ciudadanos. Los ciudadanos quieren resultados. A dar resultados vino a esta Cámara de Diputados Acción Nacional.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Fayad.

El diputado Omar Fayad Meneses (desde la curul): Presidente, le pido el uso de la palabra para rectificación de hechos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pase usted y tome uso de la palabra por cinco minutos, diputado.

El diputado Omar Fayad Meneses: Gracias, presidente. Compañeros diputados. Secretario.

Diputado, lamento mucho que quizá no me haya yo dado a entender, o a lo mejor simplemente usted no me entendió. El sentido de esta comparecencia no era revisar las personalidades de quienes subimos a la tribuna; no era ver qué tipo de curriculum había antecedido a quienes han hecho uso de la palabra. Era la glosa del informe y nosotros quisimos en todo momento sumar a la glosa del informe.

Yo quisiera que ésta fuera la última intervención. Yo creo que todos ustedes están cansados y creo que en poco han contribuido a la glosa del informe, al análisis detallado de los datos, de las cifras y de los asuntos que teníamos que arreglar con el secretario.

Yo los conmino, de veras los conmino, a que con civilidad política, con conciencia ciudadana, con valor cívico, con ganas de entrarle al debate, qué les parece si el debate político lo trasladamos a la agenda política, lo trasladamos a comisiones o al pleno, pero no usemos las comparecencias de los secretarios para que nosotros saquemos la agenda política.

Por favor, les ruego que lo piensen, que ustedes reflexionen sobre este asunto y vean si lo que ustedes traen a la tribuna suma o no al análisis político, de las cifras, de la glosa y, además, a que podamos salir adelante en esta tarea que nos importa a todos. No es un problema de partidos, es un problema de los mexicanos, es el problema que más le importa a los mexicanos. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias. No habiendo...

El diputado Javier Corral Jurado (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Corral, dígame para qué objeto. No lo escuché, diputado.

El diputado Javier Corral Jurado (desde la curul): Para rectificación de hechos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Rectificación de hechos. Tiene usted el uso de la palabra hasta por cinco minutos, diputado. Ahora que esté en tribuna señalará el hecho para efecto de conocimiento. Le pedimos, diputado, que precise los hechos que pretende rectificar, por favor.

El diputado Javier Corral Jurado: Voy a rectificarle los hechos parlamentarios asentados aquí por el diputado Omar Fayad, con relación a no más rencillas, a que no es la forma de concretar los acuerdos, de buscar los consensos, que no hay que denostar a las personas. Voy a rectificar hechos parlamentarios que son dichos parlamentarios. ¿Por qué no me permiten debatir?

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señor diputado.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): No es para que se omita la intervención del diputado Corral, solamente para subrayar que no hay ningún hecho parlamentario y los dichos de los diputados. Si no está inscrito en la lista de oradores, no debería tener derecho al uso de la palabra, pero usted dirige la sesión, señor presidente, y lo respetamos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Corral.

El diputado Javier Corral Jurado: Gracias, señor presidente. Yo creo que es la hora de tomar conciencia de a dónde nos pueden conducir todas las formas del debate que aquí se propicien.

El PRI tiene que hacerse cargo de la responsabilidad cuando interpela a un legislador de Acción Nacional, cuando le formula una pregunta o cuando le replica una posición. Si no quieren que se propicie y se dé un debate o se abran temas distintos a los que son convocados para el debate, asuman entonces en realidad la coordinación de su propio debate parlamentario y entonces eviten realizar las alusiones indebidas o colocar los temas que no traemos nosotros.

El señor diputado Omar Fayad, que es mucho mejor haciendo preguntas que interviniendo en la tribuna, ha colocado todos los temas distintos a los que fueron convocados a la tribuna parlamentaria.

Nos reprochan Oaxaca. Fue el diputado Fayad el que trajo Oaxaca. Esa es la estrategia parlamentaria del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, muy bien. Dice Fayad, en un cambio de 48 horas, no más rencillas, no más expresiones sucias, esta no es la forma de concretar los consensos, no hay que denostar a las personas, no hay que hacer señalamientos al aire.

¿Qué no fue Fayad el que anteayer habló de prostitución política, llamándole así a las coaliciones electorales?, que rápido cambia de criterio el diputado Fayad. Ni reconvine, ni censuré a Fayad, le pedí respeto por sus compañeros de grupo parlamentario, que acababan de salir de una coalición electoral con el Partido Verde Ecologista de México.

Ah, pero hoy habla en otro tono de no más rencillas, que no hay que aventarnos la bolita. Ah, ahora sí es la bolita. Todo ha sido una acusación al gobierno federal de toda la responsabilidad sobre el tema de la inseguridad pública, del combate al narcotráfico.

Pero ahora sí ya hablan de corresponsabilidad, de que no es la hora de estarnos echando la bolita para arriba, para abajo y para los lados. Eso es lo que hemos venido a reclamar durante todo este día en este debate. Un debate que ustedes irán poniendo el tono y el ritmo también, y nosotros lo vamos a responder con toda seriedad, con toda formalidad y con toda puntualidad.

A nosotros no nos van a estar chantajeando que les tenemos que aguantar todo tipo de insultos y de injurias, porque depende de su voto el paquete económico. A nosotros no nos van hacer chantajes de eso, no les vamos a permitir que nos insulten, que nos injurien, o que nos descalifiquen. Les vamos a contestar, para que sepan que les vamos a responder con toda puntualidad, y que la pregunta que nos hagan se las vamos a responder.

Y el tema que nos coloquen en tribuna se los vamos a abordar. En la lista de capos que mencionó el diputado Fayad, le faltó el más importante. No vino a decir... ---antes, antes, dos sexenios antes--- Carlos Salinas de Gortari. No sabemos qué opina el diputado Fayad de las declaraciones del presidente Miguel de la Madrid, por qué no nos viene a platicar qué opina de lo que dijo el ex presidente de la República.

Sé que opinan varios de los diputados que están sentados aquí, porque aquí tengo las declaraciones de lo que dijeron sobre las expresiones de Miguel de la Madrid. Recuperó una lista muy larga de capos del narcotráfico. Le faltó el que presidió a la República en un sexenio bajo su partido, señalado por un ex presidente. Así es que, lo que quieran venir a traer a la tribuna, bienvenidos.

¿Qué tanto pueden traer que no se deban de llevar?

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Ha terminado su tiempo, señor diputado. Señor diputado Omar Fayad.

El diputado Omar Fayad Meneses (desde la curul): Una rectificación de hechos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pase usted.

El diputado Omar Fayad Meneses (desde la curul): Desde mi lugar si me permite para obviar tiempo. Si usted me lo permite hacer desde aquí la rectificación de hechos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Desde ahí? Con mucho gusto diputado, adelante.

El diputado Omar Fayad Meneses (desde la curul): El diputado Corral refiere que le dije prostitución política a las coaliciones. Eso es erróneo, no es así; jamás se le dijo a una coalición prostitución política. Referí el término de prostitución política porque el señor diputado se ofrecía al PT para hacer una alianza para vencer al PRI en Oaxaca. Y el PT se le negaba, por eso dije que había prostitución política. Pero no hablé de las coaliciones ni insulté a ningún partido, ni a ningún compañero en lo particular.

En segundo lugar, presidente, ya no admitimos la provocación. Creo que son intenciones de seguir y seguir adelante con un debate en el que ---como he dicho anteriormente--- pongámoslo en la agenda política, porque tenemos mucho que decir al respecto. Y creo que esto no abona al desarrollo de las comparecencias y a esta forma de hacer las cosas, en las que hoy desgraciadamente no pudimos llevar a cabo la comparecencia como hubiéramos querido, para hacer un análisis muy puntual de las cosas. Solo eso, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado.

El diputado Jorge Romero Romero (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Diputado, su nombre cuál es?

El diputado Jorge Romero Romero (desde la curul): Jorge Romero.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Jorge Romero. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Jorge Romero Romero (desde la curul): Para rectificación de hechos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pase usted, señor diputado. Le pedimos que señale los hechos que pretende rectificar, diputado, por favor.

El diputado Jorge Romero Romero (desde la curul): Con mucho gusto, presidente. Sin conflicto no hay política. Pero sin conciliación, tampoco la hay. México requiere conciliación, a eso venimos los priístas, a cumplir una responsabilidad histórica. No queremos más confrontaciones de argumento, de momento, de circunstancia.

Hoy venimos con la representación de los mexicanos a analizar el Tercer Informe de Gobierno en materia de seguridad pública. Los priístas traemos la consigna de hacer cuestionamientos que están en la calle, en la sociedad, que está profundamente lastimada por ese desorden que hay en materia de seguridad. Yo haría una pregunta, señor secretario, ¿están ustedes satisfechos, van a salir de cara a la sociedad a decirles que están haciendo bien las cosas en materia de seguridad? Ése es el tema.

Finalmente, yo les quiero decir que no vamos a juzgar la condición histórica, ni de nuestro partido ni de los gobiernos anteriores. El 5 de julio la sociedad lo juzgo y nos puso a cada quien en su lugar.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En virtud de que no hay ninguna otra diputada o diputado que desea hacer uso de la palabra, de conformidad con lo que establece el artículo 7, numeral 5, de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al ciudadano presidente de la República para su conocimiento. Se pide a la comisión encargada de acompañar al ingeniero Genaro García Luna,secretario de Seguridad Pública, lo haga cuando decida abandonar el recinto.

(La comisión cumple con su encargo)

Señoras diputadas y señores diputados, en razón de que se han cumplido las cinco horas de duración de la presente sesión, que establece el artículo primero del acuerdo relativo a los lineamientos de asistencia a las mismas, y que hasta el momento llevamos 7 horas con 45 minutos de actividad parlamentaria, con fundamento en las atribuciones que nos confiere el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General, le pido a la Secretaría proceda a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Primer Año de Ejercicio.--- LXI Legislatura.

Orden del día

Martes 29 de septiembre de 2009.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica conmemorativa del izamiento de bandera a media asta con motivo del Día de Duelo en el Distrito Federal, por las víctimas de la masacre del 2 de octubre de 1968.

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que informa que en el mes de agosto de 2009 el Servicio de Aministración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, únicamente dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquélla que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Comparecencia de la licenciada Patricia Espinosa Cantellano, secretaria de Relaciones Exteriores, en el marco del análisis del III Informe de Gobierno en materia de política exterior.

Los asuntos no abordados en esta sesión y los demás con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (19:04 horas): Gracias, secretaria. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 29 de septiembre a las 11 horas, en la que se llevará a cabo la comparecencia de la licenciada Patricia Espinosa Castellano, secretaria de Relaciones Exteriores. Y se les informa que las listas de asistencia estarán disponibles a partir de las 9: 30 horas, y los temas pendientes en esta sesión se trasladan a la siguiente que realizaremos.

--------------- O ---------------

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 7 horas 45 minutos
• Quórum a la apertura de sesión: 304 diputados
• Comisiones reglamentarias y protocolarias: 2
• Minuto de silencio: 1
Oradores en tribuna: 115PRI-28 PAN-21 PRD-13 PVEM-5 PT-23 Nueva Alianza-5 Convergencia-3Ingeniero Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública-17
• Se recibieron:
• 1 invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno delDistrito Federala ceremonia cívica conmemorativa;
• 1 iniciativa de un senador del PRI;
• 1 iniciativa de un senador del PRD;
• 6 proposiciones con puntos de acuerdo de senadores

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Cárdenas Gracia, Jaime Fernando(PT) Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 46, 50, 89, 96, 97, 99
• Castro Cosío, Víctor Manuel(PRD) Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 76
• Cinta Martínez, Alberto Emiliano(PVEM) Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 98, 100
• Corral Jurado, Javier(PAN) Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 75, 78, 80, 81, 82, 83, 119
• Díaz Escárraga, Heliodoro Carlos(PRI) Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 90
• Fayad Meneses, Omar(PRI) Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 82, 114, 115, 117, 119, 120
• Fernández Noroña, José Gerardo Rodolfo(PT) Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 45, 46, 72, 73, 77
• García Luna, Genaro (Secretario de Seguridad Pública) Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 43, 61, 62, 65, 67, 69, 73, 93, 95, 96, 99, 101, 104, 106, 109, 112, 115
• Gil Zuarth, Roberto(PAN) Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 46, 81, 118
• González Hernández, Sergio(PAN) Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 103
• González Yáñez, Óscar(PT) Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 72, 73
• Guerrero Rubio, Diego(PVEM). Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 66, 67
• Herrera Rivera, Bonifacio(PAN) Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 113
• Incháustegui Romero, Teresa del Carmen(PRD) Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 81, 82, 83
• Jiménez León, Pedro(Convergencia) Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 46, 60, 61
• López Hernández, Adán Augusto(PRD) Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 73
• Llerenas Morales, Vidal(PRD) Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 85
• Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, Porfirio Alejandro (PT) Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 84, 87, 89
• Navarrete Prida, Jesús Alfonso(PRI) Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 58, 74, 76, 80, 85, 86
• Norberto Sánchez, Nazario(PRD) Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 68, 70
• Pedroza Gaitán, César Octavio(PAN) Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 56
• Pérez Ceballos, Silvia Esther(PAN) Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 100
• Pérez Cuevas, Carlos Alberto(PAN) Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 45, 56, 76, 88
• Pérez de Alva Blanco, Roberto(Nueva Alianza) Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 62, 63
• Pérez Reyes, María Antonieta(PAN) Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 71
• Pinedo Alonso, Cora Cecilia(Nueva Alianza) Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 48
• Quezada Contreras, Leticia(PRD) Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 54
• Ramírez Marín, Jorge Carlos(PRI) Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 74, 75, 78, 81, 85, 86, 119
• Ramírez Puente, Camilo(PAN) Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 105
• Rétiz Gutiérrez, Ezequiel(PAN) Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 74, 86
• Reyes Sahagún, Teresa Guadalupe(PT) Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 100
• Ríos Píter, Armando (PRD) Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 90
• Rodríguez Regordosa, Pablo(PAN) Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 116
• Romero Romero, Jorge(PRI) Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 121
• Rubí Salazar, José Adán Ignacio(PRI) Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 81
• Santana Alfaro, Arturo(PRD) Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 108, 110
• Sarur Torre, Adriana(PVEM) Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 51
• Serrano Jiménez, Emilio(PRD) Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 91
• Toledo Gutiérrez, Mauricio Alonso(PRD) Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 76
• Torre Canales, María del Pilar(Nueva Alianza) Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 94, 95
• Torres Ibarrola, Agustín(PAN) Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 69
• Uranga Muñoz, Enoé Margarita(PRD) Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 100, 102
• Vargas Fosado, Ardelio(PRI) Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 105, 107
• Vázquez González, Pedro(PT) Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 64, 65
• Viggiano Austria, Alma Carolina(PRI). Análisis III Informe de Gobierno - materia de seguridad pública: 92, 93