SUMARIO

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Presidencia del diputado  Francisco Javier Ramírez Acuña

ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 281 diputados. Por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña(a las 11:37 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.— Primer Año de Ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Miércoles 28 de abril de 2010.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Mesa Directiva.

De la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Minuta

Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional. (Turno a Comisión)

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Teófilo Manuel García Corpus, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 222 Bis a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Ana Estela Durán Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 46 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 80 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Arana Arana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 12 y 17 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado el 9 de febrero de 2009, a cargo del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que expide la Ley General del Sistema Nacional de Promoción del Uso de la Bicicleta, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del Código Penal Federal y de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Jorge Arana Arana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 29, 31, 35 y 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 57, 58 y 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Jeny de los Reyes Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado José Alberto González Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 19 de la Ley General de Desarrollo Social y 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Melchor Sánchez de la Fuente y suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 25 y 47-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo de la diputada Guadalupe Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Francisco Rábago Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7 de la Ley General de Población, a cargo del diputado Jorge González Ilescas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, a cargo del diputado Rafael Pacchiano Alamán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley General para la Práctica de Auditorías Sociales, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Alfredo Francisco Lugo Oñate, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y 6o. de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, a cargo de la diputada Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 57 y 58 del Código de Justicia Militar, a cargo del diputado Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 74 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Jaime Sánchez Vélez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por los diputados José de Jesús Zambrano Grijalva y Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Miguel Martínez Peñaloza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Luis Velasco Lino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los artículos 2 y 12, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 1, 2-A y 3 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 35, 40 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Roberto Rebollo Vivero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Mary Telma Guajardo Villareal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mary Telma Guajardo Villareal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 80 y 82 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

De las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Seguridad Pública de esta soberanía que consulte a la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto a lo señalado por la Conferencia Nacional de Gobernadores con relación al pronunciamiento para crear mandos únicos de policía en las entidades federativas, a efecto de tomar las medidas legislativas pertinentes, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat a verificar el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios o, en su caso, permisionarios de la zona federal marítimo-terrestre, a cargo del diputado Carlos Manuel Joaquín González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la situación migratoria y a la defensa de los derechos humanos de nuestros compatriotas en Estados Unidos, a cargo de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea un grupo plural de trabajo para dar seguimiento puntual al proceso penal de las indígenas Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, a fin de verificar el cumplimiento de la ley y el respeto de sus derechos humanos, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sagarpa, de la Semarnat y de la Conagua a revisar y, en su caso, complementar el Sistema Nacional de Estaciones Meteorológicas, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Conanp a agilizar el proceso de recategorización del área natural protegida del parque nacional Los Mármoles como área de protección de flores y fauna, en el estado de Hidalgo, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a congelar el precio del diesel y de las gasolinas en el territorio nacional para evitar la escalada de precios de bienes y de servicios, a cargo del diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal para que, a través de la SCT, tome las medidas pertinentes a efecto de detectar e impedir la prestación del servicio de transporte de personas por autobuses “pirata” dentro del territorio nacional, a cargo de la diputada Guadalupe Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria a elaborar con las instituciones de educación superior vinculadas al sector rural los planes de desarrollo de los núcleos ejidales y comunales de la república, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la SCT a programar recursos para la modernización del tramo carretero Campeche-Mérida, a cargo del diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Conagua a implantar acciones que faciliten la obtención de concesiones para los productores acuícolas del país, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reducir en 50 por ciento mediante la SHCP, la SCT, Capufe y el Fondo Nacional de Infraestructura el peaje correspondiente a las motocicletas, a cargo del diputado Jorge Arana Arana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Senado de la República a analizar de forma exhaustiva la negociación del tratado de libre comercio México-Brasil para garantizar igualdad de condiciones comerciales, a cargo del diputado Jorge Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a prohibir mediante la SCT, la SSP, la SHCP y la Segob la circulación por carreteras federales de vehículos siniestrados, con remolques o en malas condiciones mecánicas carentes de concesión, a cargo del diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al titular del Sistema Nacional de Protección Social en Salud a fin de que celebre convenios específicos con las entidades federativas sobre el anticipo de recursos para la acreditación de unidades de salud a cuenta de la atención de beneficiarios del Seguro Popular, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que la Conagua coordine un programa de condonación de adeudos y recargos para usuarios que inviertan en tratamiento, reutilización y recolección de agua, a cargo de la diputada Janet González Tostado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se requiere la comparecencia del presidente del Inegi ante esta soberanía para explicar el contenido del informe de actividades y resultados de 2009, recién entregado al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión; y se solicita a la ASF que practique una auditoría de desempeño a la Junta de Gobierno del instituto, a cargo del diputado David Hernández Vallín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente y a la Junta de Gobierno del Inegi a iniciar ajustes presupuestarios y administrativos para resarcir el poder adquisitivo del personal técnico operativo de base, de confianza y eventual, y garantizar su profesionalización, a cargo del diputado David Hernández Vallín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a reformar diversas disposiciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2008, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer mediante la Secretaría de Salud y la Cofepris, con la participación del Consejo Nacional de Salud, el sistema nacional de proveedores certificados de medicamentos, productos biológicos, dispositivos médicos, suplementos, sustancias químicas y material de curación, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a investigar la venta del padrón electoral; y al Consejo General del IFE, a tomar medidas para garantizar la seguridad de la información de los ciudadanos, a cargo de la diputada Jeny de los Reyes Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la liberación de recursos del Fonden para atender los efectos de las lluvias suscitadas en Praxedis G. Guerrero, Chihuahua, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a elaborar mediante la Sagarpa y la Secretaría de Economía un programa nacional de sustitución de importaciones alimentarias, suscrita por los diputados Cruz López Aguilar y Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP a reorientar los estímulos fiscales y canalizarlos a empresas nacionales para apoyar el desarrollo de cadenas de proveedores nacionales del sector turismo, a cargo del diputado Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP y del SAT a ajustarse de inmediato a lo establecido en la Ley del IVA y realizar las devoluciones a que por ese concepto tienen derecho los municipios con saldo a favor, a cargo del diputado Emilio Andrés Mendoza Kaplan, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a publicar en el DOF el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; de Instituciones de Crédito; para regular las Sociedades de Información Crediticia; de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado; y del Banco de México, a cargo del diputado Jesús Alberto Cano Vélez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Seguridad Pública federal a establecer en acatamiento del laudo dictado por la autoridad competente una mesa de negociación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la dependencia, a cargo del diputado Amador Monroy Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a Pemex para la integración de un grupo multidisciplinario de evaluación de las acciones que, en materia de resarcimiento del entorno ecológico y de investigación ha realizado dicho organismo en materia de impacto y riesgo ambiental con criterio de sustentabilidad, en particular lo concerniente al estado de Veracruz, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la integración de una comisión legislativa de intermediación para el diálogo y la paz en la región triqui de la zona mixteca, en Oaxaca, a cargo de la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea una Subcomisión Especial para la Conservación del Parque Nacional Nevado de Toluca, a cargo del diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la SCT, se formen mesas de negociación y de verificación de perjuicios con la finalidad de que sea resarcido el daño provocado a las viviendas circundantes a la autopista México-Pachuca, en el tramo que atraviesa el municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México, a cargo del diputado Jorge Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía reprueba los actos de intimidación realizados el pasado 3 de abril en contra de los ciudadanos que apoyan al movimiento contra la construcción de la presa El Zapotillo, en el estado de Jalisco, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en relación con el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar en el nuevo modelo de Oficialía Mayor en el marco del Programa Nacional de Gasto Público las áreas de tecnologías de la información acorde con los objetivos de la agenda digital, a cargo del diputado Rodrigo Pérez Alonso González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP, de la Secretaría de Salud y al Gobierno del Estado de Guerrero a construir un hospital general para la atención de la población indígena de la región de La Montaña de esa entidad, a cargo del diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a investigar las desapariciones y el fallecimiento de periodistas en el estado de Michoacán, a cargo de la diputada Jeny de los Reyes Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP una ampliación presupuestaria de la partida de excedentes petroleros a fin de crear el Centro Nacional de Investigaciones en Metalurgia Extractiva, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que la Semarnat, la Segob y la SRE mejoren sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos obtenidos a través de préstamos internacionales, así como de las actividades de ciudadanos extranjeros en nuestro país, a cargo del diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al GDF a analizar la posibilidad de exentar del Programa Hoy No Circula a los vehículos con permisos de internación temporal, a cargo del diputado Gumercindo Castellanos Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para que explique el proceso de recepción, valuación y custodia de bienes, derechos, activos y recursos presupuestarios asignados a Luz y Fuerza del Centro, así como la disposición de activos o partidas con el cambio de su destino y vocación de servicio público, a cargo del diputado Miguel Ernesto Pompa Corella, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SSP y de la Segob, para que en cumplimiento de sus atribuciones y funciones, permitan salvaguardar la integridad, los derechos y bienes de las personas, integrantes de esta sociedad mexicana, asimismo, actúen de manera igualitaria en la atención y den respuestas concretas y eficientes a las víctimas de la delincuencia y el crimen organizado, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través del Instituto Nacional de Migración, promueva el fortalecimiento de las políticas públicas de atención integral a migrantes mexicanos deportados a las ciudades fronterizas, a cargo del diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Administración General de Aduanas, para que los recintos y corredores fiscales de las garitas, puertos y aeropuertos modernicen sus dispositivos de control y vigilancia, con objeto de evitar las acciones de corrupción del personal de esta dependencia, a cargo del diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Conacyt a rendir un informe detallado sobre el Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Martín García Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a privilegiar con el programa de rescate de espacios públicos a los municipios con mayor incidencia delictiva del país, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al titular de la SCT para que concluya el tramo carretero Puente Prieto-Canoas-Pánuco, en la zona de la Huasteca, y a solicitar al titular de la SFP su intervención a fin de supervisar este proyecto, a cargo del diputado Patricio Chirinos del Ángel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia en contra del presidente municipal de San Juan del Río, estado de Querétaro, por atentar contra la libertad de expresión; y solicita la intervención del gobernador de dicha entidad para pedir la renuncia del edil y la separación inmediata del cargo del secretario de Seguridad Pública Municipal, a cargo del diputado Agustín Guerrero Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT, a la Cofetel y a la Profeco a implementar medidas de revisión y control a la empresa Dipsa, SA de CV, respecto de cobros indebidos y uso de publicidad engañosa, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al clima de inseguridad y violencia en el estado de Chihuahua, a cargo del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que conmine a las comisiones ordinarias al pronto desahogo de temas coincidentes de las agendas legislativas, en particular a las de Puntos Constitucionales, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre el tema del derecho al agua para consumo humano, a cargo del diputado César Francisco Burelo Burelo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SEP y a la Secretaría de Salud que informen a esta soberanía sobre las políticas de control en relación a los productos chatarra que se expenden en las tiendas y cooperativas de los centros escolares y sus programas para combatir la obesidad, a cargo de la diputada Guadalupe Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SEP un informe amplio sobre la distribución de un libro de texto no autorizado en el estado de Guanajuato, y las medidas de vigilancia y sanción que habrá de tomar para evitar una nueva violación al espíritu del artículo 3o. Constitucional; asimismo, se exhorta a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de esta soberanía a realizar una investigación sobre los recursos que se usaron para imprimir dicho texto, a cargo de la diputada Margarita Gallegos Soto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Salud de esta soberanía a realizar una reunión de trabajo con los directores de los institutos nacionales de salud, a fin de conocer sus programas, así como su situación administrativa y financiera, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las policías cibernéticas, fortalezcan su personal e infraestructura, establezcan convenios de cooperación e intercambio de información, unifiquen criterios e implementen mecanismos de prevención sobre los riesgos en el uso de Internet, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que a través de una comisión especial integrada por las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura, se haga una revisión de las relaciones de México con la comunidad internacional en materia educativa y cultural, con miras a elevar el nivel de la interacción de México en la UNESCO, a cargo de la diputada Olivia Guillen Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las entidades federativas a homologar su legislación local con lo establecido a nivel federal en materia de explotación sexual infantil, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener, así como a la Secretaría de Economía y a la CFE a considerar una tarifa especial a los agricultores, en concreto a los del estado de Campeche, debido al uso excesivo de sus sistemas de riego, originado por la falta de lluvias en dicha entidad, a cargo del diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Salud para que informe sobre el avance en la obra y el uso del presupuesto asignado a Indre y Birmex, en el ejercicio presupuestal de 2009, y lo que va de 2010, suscrita por los diputados Malco Ramírez Martínez y Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco a iniciar los procedimientos administrativos conducentes para revisar el contrato de prestación de servicios de la empresa de telefonía celular Telcel, y sancionar las prácticas abusivas que se establecen en la mayoría de sus cláusulas, a cargo de la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la SEP implemente en los programas de estudio de educación básica, la materia sobre Medio Ambiente y Equidad de Género, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a detener el aumento de los precios de los insumos agropecuarios y a instrumentar programas en apoyo a los productores nacionales, a cargo del diputado Rolando Zubia Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP para que, a través de la Dirección General de Aduanas, se autorice y lleve a cabo la reubicación de la garita ubicada en el kilómetro 26 de la carretera Reynosa-San Fernando, en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, por considerar que es inoperante en su ubicación actual, a cargo del diputado Edgardo Melhem Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a los niveles de contaminación de la cuenca alta del Río Santiago, estado de Jalisco, así como las acciones que se deben implementar para contrarrestarla, a cargo del diputado José Trinidad Padilla López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la separación de su cargo del titular de la SCT, hasta en tanto concluyan las indagatorias respecto a los sucesos donde murieron 49 niños en la Guardería ABC de la ciudad de Hermosillo, Sonora, y con los resultados de la misma se actué de inmediato conforme a la ley, a cargo del diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la STPS y de la SCT a implementar acciones coordinadas de inspección, a fin de constatar el incumplimiento de las disposiciones laborales a bordo de los buques y plataformas, a cargo de la diputada Karla Verónica González Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a llevar a cabo un análisis de la dimensión de la problemática que representa la naciente generación de jóvenes ni-ni, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNBV y a la Condusef a realizar una campaña informativa sobre el destino que se dará al dinero de las cuentas que no hayan reportado movimiento por depósito o retiro durante más de tres años, de acuerdo con el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de Pemex ante esta soberanía con el fin de cumplimentar el artículo décimo quinto transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos e informe del programa de reestructuración de ese organismo, sus alcances, metas y acciones que deriven de su aplicación, a cargo del diputado Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SEP, de la Ssa y de la PGR a identificar a los niños y a los adolescentes que padezcan maltrato y a sancionar a los responsables, en cumplimiento de las leyes correspondientes, a cargo del diputado José Alberto González Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a vigilar las opciones por ofrecer a los jóvenes que no obtengan lugar en los concursos de selección para ingresar en la educación superior en el ciclo escolar 2010-2011 en la zona metropolitana del valle de México, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para crear un fideicomiso o un fondo de contingencia a fin de recuperar los ahorros de los defraudados por la caja de ahorro Casur; y exhortar a la CNBV y a la Condusef a intervenir en el asunto, a cargo de la diputada María Guadalupe García Almanza, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la Segob, de la Semarnat y de la SHCP que destinen la atención y los recursos económicos conducentes a la construcción de un muro para contener el mar y evitar la desa-parición de El Palmar de Cuautla, en Santiago Ixcuintla, Nayarit, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a diseñar y aplicar mediante la Sedesol y la SEP políticas que permitan avanzar en el cumplimiento de los derechos de los niños indígenas y disminuir la brecha del de-sarrollo, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al Consejo de Salubridad General y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a incluir en el catálogo de enfermedades catastróficas la atención de la insuficiencia renal de quienes no cuentan con seguridad social, a cargo de la diputada Bélgica Nabil Carmona Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sectur que incluya Jalpan de Serra, Querétaro, en el programa Pueblos Mágicos, a cargo del diputado Miguel Martínez Peñaloza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a elaborar, publicar e implantar el programa de manejo de la reserva de la biosfera Sierra Gorda de Guanajuato, a cargo del diputado Juan Huerta Montero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. En virtud de que ésta se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ésta ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión celebrada el martes 27 de abril de 2010, correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura

Presidencia del diputadoFrancisco Javier Ramírez Acuña

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 300 diputados, a las 11:39 horas del martes 27 de abril de 2010, el presidente declaró abierta la sesión.

En votación económica se dispensó la lectura del orden del día y, enseguida, del acta de la sesión anterior, que se aprobó de la misma manera.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica conmemorativa del centésimo sexagésimo séptimo aniversario luctuoso del doctor Miguel Ramos Arizpe, el 28 de abril. El presidente designó comisión de cortesía que asistirá a dicha ceremonia.

Se dio cuenta con dos oficios de Nuevo León, con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Relativo al respeto de la participación ciudadana y el fortalecimiento de la transparencia en el ejercicio de los recursos destinados al desarrollo rural; y

• Relativo al bienestar del medio rural.

Se remitieron a la Comisión de Agricultura y Ganadería, para su conocimiento.

Se dio cuenta con oficio del Congreso de Nuevo León con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo a los delitos de pornografía infantil. Se remitió a la Comisión de Justicia, para su conocimiento.

Se dio cuenta con dos oficios del gobierno de Puebla con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Relativo a la implantación de un registro de adopción. Se remitió a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento; y

• Relativo a la creación de órganos administrativos de apoyo a la juventud y el deporte nacional. Se remitió a la Comisión de Juventud y Deporte, para su conocimiento.

Se dio cuenta con oficio de la Secretaría de la Reforma Agraria con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente relativo a la solución del conflicto de la organización Movimiento Huasteco Democrático. Se remitió al promovente, para su conocimiento.

Se dio cuenta con proposición de acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al trámite de iniciativas con proyecto de decreto y de las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del 29 de abril de 2010. En votación económica se aprobó.

Se dio cuenta con oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en materia de tabaco, presentada por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, del Partido Acción Nacional. Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Salud.

Se dio cuenta con cinco oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos

• A la importación de azúcar en 2010. Se remitió a la Comisión de Economía, para su conocimiento;

• Al acuerdo de cooperación ambiental entre México, Canadá y los Estados Unidos de América. Se remitió a las Comisiones de Economía, y de Pesca, para su conocimiento;

• A La Hora del Planeta. Se remitió a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento;

• Al programa Apoyos a la Agricultura por Contrato. Se remitió a la Comisión de Agricultura y Ganadería, para su conocimiento; y

• A la producción, industrial, distribución y calidad de la leche nacional. Se remitió a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Economía, para su conocimiento.

El presidente dio cuenta con pronunciamiento del Congreso de la Unión sobre la promulgación de la legislación antiinmigrante de Arizona Estados Unidos de América. Comuníquese.

Se refirieron a los acontecimientos de violencia e inseguridad suscitados en Michoacán y de Guerrero los diputados Pedro Jiménez León, de Convergencia; Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo; Alejandro Carabias Icaza, del Partido Verde Ecologista de México; Ilich Augusto Lozano Herrera, del Partido de la Revolución Democrática; Sergio Arturo Torres Santos, del Partido Acción Nacional; Alicia Elizabeth Zamora Villalva, del Partido Revolucionario Institucional; Roberto Pérez de Alva Blanco, de Nueva Alianza; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; Víctor Manuel Báez Ceja, del Partido de la Revolución Democrática; Jeny de los Reyes Aguilar, del Partido Revolucionario Institucional; y Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática. Desde las respectivas curules realizaron comentarios los diputados Torres Santos; Fernández Noroña y Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo. A solicitud del diputado Herón Agustín Escobar García, del Partido del Trabajo, se guardó un minuto de silencio en memoria del ciudadano Reynaldo Hernández García, asesinado en Guerrero.

A las 13:05 horas, por instrucciones de la Presidencia, la secretaría instruyó el cierre del sistema electrónico de asistencia, con un registro de 453 diputados.

En sendas votaciones económicas se dispensaron la primera y segunda lecturas y se pusieron a discusión los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones de

a) Medio Ambiente y Recursos Naturales

• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Fundamentó el dictamen la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática, quien aceptó interpelación de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, del Partido Revolucionario Institucional. Desde la curul, el diputado Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional, presentó proposición de moción suspensiva. El presidente hizo aclaraciones. En votación económica se aprobó la moción suspensiva.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Desde la curul, el diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo, solicitó que se fundamentara el dictamen. Fundamentó el dictamen el diputado Alejandro Carabias Icaza, del Partido Verde Ecologista de México. En votación económica se consideró suficientemente discutido y se aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 364 votos en pro y 1 abstención. Se devolvió al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

• Por el que se reforma el artículo 67 de la Ley General de Vida Silvestre. Fundamentó el dictamen el diputado Rafael Pacchiano Alamán, del Partido Verde Ecologista de México. En votación económica se consideró suficientemente discutido y se aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 362 votos en pro y 1 abstención. Pasó al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de cambio climático. El diputado Alejandro Carabias Icaza, del Partido Verde Ecologista de México, fundamentó el dictamen y propuso modificación, que en votación económica se aceptó. Desde las curules realizaron comentarios los diputados Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional; y Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo. Se reservó el artículo 116 Bis, fracciones IV, VIII y IX. Se aprobaron en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 364 votos en pro y 2 en contra. La diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido del Trabajo, se refirió al artículo 116 Bis, fracciones IV, VIII y IX, reservado, y propuso modificaciones. Desde las curules realizaron comentarios los diputados Carabias Icaza y di Costanzo Armenta. En votación económica se consideró suficientemente discutido el artículo reservado y se aprobó en los términos del dictamen por 344 votos en pro, 9 en contra y 3 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto de referencia. Pasó al Senado para sus efectos constitucionales.

b) Justicia, por el que se reforma el párrafo segundo de la fracción II y se adiciona un párrafo tercero al artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Fundamentó el dictamen la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Partido Revolucionario Institucional, y propuso modificaciones. Realizó comentarios en contra el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo. En votación económica se aceptaron las modificaciones propuestas. En votación económica se consideró suficientemente discutido y se aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto, con la modificación propuesta por la comisión, por 353 votos en pro, 10 en contra y 1 abstención. Se devolvió al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

c) Marina, por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ascensos de la Armada de México. Fundamentó el dictamen el diputado Alejandro Gertz Manero, del Convergencia. En votación económica se consideró suficientemente discutido y se aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 358 votos. Pasó al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

d) Seguridad Pública, por el que se reforman los artículos 3o. y 6o. de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. Fundamentó el dictamen la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se consideró suficientemente discutido y se aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 352 votos en pro y 12 abstenciones. Pasó al Senado para sus efectos constitucionales.

A solicitud de la Comisión de Seguridad Publica, se retiraron del orden del día los siguientes dictámenes con puntos de acuerdo:

• Por el que se exhorta al gobierno de Nayarit y al ayuntamiento de Tepic a emprender acciones conjuntas a fin de abatir los índices delictivos en el estado.

• Por los que se exhorta a los gobiernos del estado de México y del Distrito Federal a realizar una investigación sobre las corporaciones policiacas y a deslindar responsabilidades a los agentes de tránsito que abusan y extorsionan a conductores de vehículos con placas de otros estados que circulan por su jurisdicción.

• Por los que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública y al gobierno de Sinaloa a llevar a cabo una investigación e implantar medidas para deslindar responsabilidades a los policías que extorsionan a operadores del autotransporte público de carga en dicho estado.

En votación económica se aprobó que se leyeran sólo los encabezados de los dictámenes con puntos de acuerdo de las Comisiones de

a) Medio Ambiente y Recursos Naturales

• Por los que se exhorta a diversas autoridades del Ejecutivo federal a llevar a cabo las acciones necesarias para el manejo y conservación del parque nacional El Veladero.

• Por los que se solicita a diversas autoridades del Ejecutivo federal que elaboren un convenio con base en el Plan Interestatal para la Sustentabilidad de la Cuenca del Lago de Chapala.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a evaluar el proyecto de la empresa Minera Paredones Amarillos, Sociedad Anónima de Capital Variable, con especial atención en el cambio de uso de suelo, y a informar a esta soberanía sobre la resolución que emita.

• Por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a vigilar las obras y actividades del proyecto Rescate de la Laguna de Juluapan y Desarrollo Turístico Habitacional Puerto de Santiago de la Laguna.

• Por los que se exhorta a diversas autoridades del Ejecutivo federal a realizar acciones para evitar la venta del predio Punta Belcher.

• Por los que se exhorta a diversas autoridades a llevar a cabo la vigilancia y el cumplimiento de la resolución SGPA/ DGIRA/ DG/ 3758/ 09, para la protección de los ecosistemas de la zona La Ollita.

• Relativos al proyecto eólico Energía Sierra Juárez.

• Por los que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a analizar el cumplimiento de las metas establecidas para el Programa de Desarrollo Institucional Ambiental.

b) Economía

• Por el que se exhorta al gobierno federal a elaborar programas suficientes de otorgamiento de microcréditos a las pequeñas y a las medianas empresas.

• Por el que se exhorta al secretario de Economía a enviar un informe detallado de la aplicación del Programa de Creación del Empleo en Zonas Marginadas.

En votación económica se aprobaron los puntos de acuerdo. Comuníquense.

Se dio cuenta con los dictámenes, en sentido negativo, con puntos de acuerdos por los que se desechan iniciativas con proyectos de decreto de las Comisiones de

a) Presupuesto y Cuenta Pública, relativas al proceso presupuestario presentadas por diputados de diversos grupos parlamentarios en la LVII, LVIII y LIX Legislaturas de la Cámara de Diputados.

b) Ciencia y Tecnología, por el que se reforma la fracción VI del artículo 1o. de la Ley de Ciencia y Tecnología.

c) Medio Ambiente y Recursos Naturales

• Por el que se reforman los artículos 42 y 54 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

• Por el que se reforma el artículo 112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

• Por los que se reforman los artículos 5, 7 y 10 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; y 3 y 5 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

• Por el que se reforma el artículo 5 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

• Por el que se expide la Ley de la Zona Federal Marítimo-Terrestre, Playas, Terrenos Ganados al Mar o Cualquier Depósito de Aguas Marinas.

d) Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

• Que reforma el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

• Que adiciona los artículos 40 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

e) Agricultura y Ganadería

• Que adiciona la fracción XXI al artículo 4o. y reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Sanidad Animal.

• Que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.

• Que adiciona un tercer párrafo al artículo 7 de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.

f) Seguridad Pública

• Que reforma el artículo 40 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

• Que reforma el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

• Que reforma los artículos 20 y 40, y adiciona el 134 Bis de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

g) De la Función Pública, que reforma el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En votación económica se aprobaron los puntos de acuerdo. Se instruyó el archivo de los expediente como asuntos concluidos; el último dictamen se devolvió a la Cámara de Senadores, para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional.

Se dio cuenta con acuerdos de la de la Junta de Coordinación Política:

• Por el que se solicita que se aumente la seguridad en diversos municipios de Chihuahua.

• Por el que se constituye un grupo plural de trabajo para revisar el desarrollo del proyecto de la cédula de identidad ciudadana.

• Por el que se exhorta al secretario de Educación Pública a informar sobre la situación del Programa Integral de Aseguramiento Patrimonial y Responsabilidades de 2010.

• Se constituye el Comité de Decanos de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, como instancia de consulta y opinión en materia política y legislativa para atender las solicitudes de la Junta de Coordinación Política y de los órganos legislativos.

• Por el que se solicita que se reinstale la mesa de diálogo de la Cámara de Diputados con el Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas.

• Por el que se hace un atento y respetuoso llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que revisen y atiendan el conflicto laboral de los despidos injustificados que se presentaron en dicho instituto.

• Para que esta soberanía realice sesiones solemnes conmemorativas del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución Mexicana.

En sendas votaciones económicas se aprobaron. Comuníquense.

A las 16:11 horas el presidente declaró un

Receso

A las 18:49 horas se reanudó la sesión.

Presidencia del diputadoFrancisco Javier Ramírez Acuña

Se informó de la recepción de las iniciativas con proyecto de decreto de los diputados

• Óscar Martín Arce Paniagua y Carlos Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional, que expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes; y que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y de la Ley Federal de Defensoría Pública. Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• César Daniel González Madruga, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos 37 y 47 de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Nancy González Ulloa, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Nancy González Ulloa, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público.

• Ovidio Cortázar Ramos, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo 34 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Se turnó a la Comisión de la Función Pública.

• Cuauhtémoc Salgado Romero, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 400 del Código Penal Federal. Se turnó a la Comisión de Justicia.

• Kenia López Rabadán, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley General de las Personas con Discapacidad. Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de De-sarrollo Social.

• Carlos Samuel Moreno Terán, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Se turnó a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, y de Gobernación.

• Arturo Zamora Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 89 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Se turnó a la Comisión de Defensa Nacional.

• Adriana Sarur Torre, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Héctor Franco López y suscrita por integrantes del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos 3, 7 Bis y 18 de la Ley de Aguas Nacionales. Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

• Kenia López Rabadán, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos 4 y 11 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro; y 2o. de la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura.

• Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

• Ovidio Cortázar Ramos, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Jaime Arturo Vázquez Aguilar, de Nueva Alianza, que adiciona el artículo 323 Bis a la Ley General de Salud. Se turnó a la Comisión de Salud.

Se dio cuenta con las iniciativas con proyecto de decreto de los diputados

• Alejandro del Mazo Maza, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo 62 de la Ley General de Vida Silvestre. Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Reyes Tamez Guerra, de Nueva Alianza, que reforma el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Silvio Lagos Galindo, en nombre propio y de José Francisco Rojas Gutiérrez y Luis Videgaray Caso, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Justicia Militar. Se turnó a la Comisión de Defensa Nacional.

• Cora Pinedo Alonso, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turnó a la Comisión de Justicia.

Presidencia del diputadoFrancisco Javier Salazar Sáenz

• Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal. Se turnó a la Comisión de Justicia.

• José de Jesús Zambrano Grijalva, en nombre propio y de Mary Telma Guajardo Villarreal, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Luis Carlos Campos Villegas, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos 82 y 84 de la Ley Agraria. Se turnó a la Comisión de Reforma Agraria.

• Israel Madrigal Ceja, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Armando Jesús Báez Pinal, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona y modifica diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor. Se turnó a la Comisión de Cultura.

• Armando Jesús Báez Pinal, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor. Se turnó a la Comisión de Cultura.

• Gerardo Leyva Hernández, en nombre propio y de Ramón Jiménez Fuentes, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turnó a la Comisión de Gobernación.

• Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo, que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y deroga el transitorio décimo primero del decreto de fecha 28 de mayo de 2008 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Elsa María Martínez Peña, de Nueva Alianza, que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Rosalina Mazari Espín, del Partido Revolucionario Institucional, que expide la Ley Federal de la Juventud Mexicana. Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Francisco Javier Orduño Valdez, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Samuel Herrera Chávez, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona el artículo 50 Bis y reforma el 74 Ter de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se turnó a la Comisión de Transportes.

Se dio cuenta con las siguientes proposiciones de acuerdo de la Junta de Coordinación Política:

• Por el que se propone cambio de nombre de la Comisión Especial de la Cuenca Cutzamala;

• Relativo a la incorporación de integrantes al fideicomiso Ferronalesjub; y

• Por los que se proponen cambios en la integración de diversas comisiones ordinarias.

En sendas votaciones económicas se aprobaron. Comuníquense.

Se informó de la recepción de las proposiciones con punto de acuerdo de los diputados

• Ninfa Salinas Sada, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar a la Organización de las Naciones Unidas que adopte la Declaración Universal de Bienestar Animal. Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores.

• Silvia Esther Pérez Ceballos, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal a hacer públicas las recomendaciones de dicha dependencia para desarrollos habitacionales en las 16 delegaciones del Distrito Federal. Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

• Paz Gutiérrez Cortina, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente del estado de México y a las autoridades de Tepetlaoxtoc de Hidalgo a revisar toda gestión encaminada a establecer o desarrollar depósitos de basura, rellenos sanitarios o recolectores de residuos sólidos en dicho municipio. Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Inocencio Ibarra Piña y Maricela Serrano Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a condonar el pago de adeudos y establecer una tarifa preferencial para los consumidores domésticos de energía eléctrica en la comisaría de Puerto Libertad, en Pitiquito, Sonora; y a modernizar la infraestructura utilizada en la generación de energía eléctrica. Se turnó a la Comisión de Energía.

• Francisco Saracho Navarro, suscrita por integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a firmar los convenios de reasignación de recursos con las entidades federativas, en particular en Coahuila por su situación de alerta, con objeto de que las autoridades locales ejecuten la obra pública presupuestada. Se turnó a la Comisión de Transportes.

• Jesús Ramírez Rangel, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a colaborar mediante la Comisión Nacional del Agua con el gobierno de Coahuila para que se lleven a cabo los estudios técnicos que permitan mejorar la infraestructura hidráulica en diversos municipios de dicha entidad. Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

• Ramón Jiménez López, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la comparecencia del secretario de Economía y del director del Banco de Comercio Exterior para que expliquen ante esta soberanía el estado que guardan los aranceles en México; y se requiere a la Comisión Federal de Competencia que presente un informe en la materia. Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

• Eduardo Ledesma Romo, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a celebrar convenios de coordinación con Mexicali, Baja California, para establecer una relación institucional y productiva, y promover conjuntamente el desarrollo regional a través de donativos en dinero y en especie, como respuesta a los recursos que genera a la nación la central geotermoeléctrica Cerro Prieto. Se turnó a la Comisión de Energía.

• Jaime Arturo Vázquez Aguilar, de Nueva Alianza, y Sergio Mancilla Zayas, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al secretario de Educación Pública a instruir al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que disponga la realización de una investigación encaminada a recuperar y restaurar los vestigios encontrados en el sitio arqueológico del cerro de Moctezuma, en Naucalpan de Juárez, México. Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Integrantes de la Comisión de Cultura, por el que se solicita la celebración de una sesión solemne al cumplirse 100 años de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

• Mario Moreno Arcos, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar las investigaciones y gestiones necesarias a fin de presentar al titular del Ejecutivo federal la propuesta para que se declare área natural protegida la zona de Omiltemi, Guerrero, conocida como “Parque Ecológico Estatal”. Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Clara Gómez Caro, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se propone crear un grupo de trabajo especializado que analice y emita propuestas que permitan desarrollar alimentos con alto contenido nutricional y bajo en grasas que sustituyan los que actualmente se expenden en cooperativas de planteles de educación básica. Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

• Rolando Rodrigo Zapata Bello, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a considerar proyecto prioritario para el desarrollo integral de la educación superior tecnológica y el alto rendimiento deportivo en el sureste del país la construcción de una pista de tartán en el Instituto Tecnológico Mérida. Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Juventud y Deporte.

• Jorge Humberto López Portillo Basave, del Partido Revolucionario Institucional, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un proyecto o programa para que en el ejercicio fiscal de 2011 se establezca un proceso de sustitución de vehículos convencionales por híbridos que contribuyan a la disminución de gases contaminantes, reduzcan el consumo de gasolina e impulsen el uso de nuevas tecnologías. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Juan Pablo Jiménez Concha, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a Realizar las acciones necesarias para otorgar la denominación de origen de la preparación típica “chiles en nogada, platillo bicentenario” a Puebla. Se turnó a la Comisión de Economía.

• Joann Novoa Mossberger, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a las autoridades educativas federales, estatales y municipales a realizar las acciones correspondientes para que todas las instituciones educativas apliquen las leyes y normas correspondientes en materia de accesibilidad de las personas con discapacidad. Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

• José Alberto González Morales, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al director general de la Comisión Federal de Electricidad a revisar de manera pormenorizada los costos de la energía eléctrica y a reconsiderar las tarifas de los pozos de uso agrícola, de riego y norias de Puebla. Se turnó a la Comisión de Energía.

• José Ignacio Seara Sierra, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a iniciar mediante la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Economía un estudio de viabilidad e impacto financiero, a fin de otorgar un descuento de 25 por ciento durante el ciclo primavera-verano a los usuarios de tarifa eléctrica residencial en Campeche. Se turnó a la Comisión de Energía.

Se dio cuenta con proposiciones con punto de acuerdo de los diputados

• Ignacio Téllez González, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía a analizar la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones, a fin de tratar asuntos de relevancia para el futuro del país, como seguridad nacional, mejoras laborales y competencia económica. Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

• Noé Fernando Garza Flores, en nombre propio y de integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a congelar el precio de las gasolinas, del diesel, del gas natural y del servicio de energía eléctrica durante el presente año fiscal. Se turnó a la Comisión de Energía.

• José Antonio Yglesias Arreola, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de la Comisión Nacional del Agua; de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y del Sistema Nacional de Protección Civil a atender las resoluciones emitidas por esta soberanía y solucionar de inmediato el problema de desazolve de la Boca Barra de Cerro Hermoso. Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Recursos Hidráulicos.

• José Manuel Agüero Tovar, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a brindar atención preventiva y curativa a la población no asegurada de diversos municipios de Morelos. Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud, y de Seguridad Social.

• Héctor Eduardo Velasco Monroy, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a presentar a esta soberanía los criterios y las valoraciones que sirvieron de base a fin de otorgar los permisos para la utilización de maíz genéticamente modificado en el territorio nacional. Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

• Óscar Lara Salazar, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la comisión organizadora de la conmemoración del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución a federalizar el fideicomiso asignado y aprobado por esta soberanía para los festejos de 2010. Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

La secretaría leyó el orden del día de la próxima sesión.

El presidente clausuró la sesión a las 21:28 horas y citó para la próxima, que tendrá lugar el miércoles 28 de abril de 2010, a las 11:00 horas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En consecuencia proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se consulta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada el acta.

Continúe la Secretaría en el capítulo de comunicaciones.

DICTAMENES NEGATIVOS DE PUNTOS DE ACUERDO

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo, en sentido negativo, que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes comisiones:

Agricultura y Ganadería

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Nacional de Control y Seguimiento de la Comercialización del Café, así como la operación de un fondo de contingencia para el fortalecimiento de su precio en el país.

Pesca

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo que cita a comparecer al comisionado nacional de Acuacultura y Pesca y al titular del Instituto Nacional de Pesca, para dar una explicación técnica detallada en relación al embargo camaronero impuesto por los Estados Unidos de América.

Población Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Presupuesto y Cuenta Pública

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a poner en marcha el programa piloto Quédate en México.

Seguridad Pública

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para que se investiguen las condiciones presupuestales y normativas en que la Secretaría de Seguridad Pública Federal está rediseñando el futuro funcionamiento de la colonia penal federal Islas Marías.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.— Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica), presidente.»

«Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, respecto a la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita la creación de la comisión nacional de control y seguimiento de la comercialización del café, así como la operación de un fondo de contingencia para el fortalecimiento de su precio en el país

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LXI Legislatura le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para solicitar la creación de la comisión nacional de control y seguimiento de la comercialización del café, así como la operación de un fondo de contingencia para el fortalecimiento de su precio en el país, presentada por el diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Una vez recibida por la Comisión de Agricultura y Ganadería, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos y argumentos en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 65, 66, 85, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. A la Comisión de Agricultura y Ganadería corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes:

Antecedentes

El 2 de marzo de 2010, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a esta Comisión de Agricultura y Ganadería la proposición con punto de acuerdo para solicitar la creación de la comisión nacional de control y seguimiento de la comercialización del café, así como la operación de un fondo de contingencia para el fortalecimiento de su precio en el país. Presentada por el diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El 2 de marzo de 2010, el diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo para solicitar la creación de la comisión nacional de control y seguimiento de la comercialización del café, así como la operación de un fondo de contingencia para el fortalecimiento de su precio en el país.

Con base en los antecedentes anteriormente expuestos, los integrantes de esta Comisión, hemos tenido a bien formular las siguientes:

Consideraciones

Que el artículo 27 constitucional señala en su fracción XX que “el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo, expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.

Que, de acuerdo con el Sistema Producto Café, este grano se produce en doce estados de la República Mexicana, situados en la parte centro-sur del país en los estados de Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz. El café es cultivado en tierras privadas, comunales y ejidales, donde predominan ejidatarios con 39 por ciento de la tierra, seguidos por los pequeños propietarios con 35 por ciento, los comuneros con 21 por ciento; los tipos de usufructo, arrendatarios y tenencia indefinida con 4 por ciento.

Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece en su artículo uno que: “sus disposiciones son de orden público y están dirigidas a “promover el desarrollo rural sustentable del país, propiciar un medio ambiente adecuado, en los términos del artículo 4 Constitucional párrafo cuarto; y garantizar la rectoría del Estado y su papel en la promoción de la equidad, en los términos del artículo 25 de la Constitución”  de lo que se deduce que su aplicación se enfoca al desarrollo general de todas las actividades propias del sector, incluida la cafeticultura.

Que dentro de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable la cafeticultura se considera una actividad estratégica, fundamental en el desarrollo rural de conformidad con el artículo 179, fracción VII, de la citada ley.

Que el artículo 3 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable estableces en su fracción XXXI que el “Sistema-Producto es el conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos de productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos productivos, recursos financieros, la producción primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización”;

Que el Sistema Producto Café, a través de la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, permite un alto nivel de participación, consenso e integración de sus actores, mediante el establecimiento de alianzas estratégicas, asociativas y de colaboración entre productores, organización de productores, comercializadores, industrializadores, torrefactores y proveedores de bienes, servicios e insumos.

Que dentro de la estructura del Sistema Producto Café se encuentra un grupo de trabajo denominado programas y presupuesto, cuya función es estudiar, analizar y realizar propuestas que conforme a la Ley, fomenten la comercialización del producto y doten al de mayores recursos a los programas que lo apoyan.

Que el presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 contempla dentro del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) recursos por $120,000,000 (ciento veinte millones de pesos) enfocados a fomentar la competitividad de la rama de producción del café.

Que aunado a lo anterior en el PEC dentro del los programas estratégicos se contemplan $500,000,000 (quinientos millones de pesos) para el fomento productivo del café.

Que dentro de la misma vertiente de competitividad del PEC ya se contempla un monto de 350,000,000 (trescientos cincuenta millones de pesos), dentro del Fondo para la Administración de Riesgos de Protección Agropecuarios.

Que es claro que el sector cafetalero mexicano ya cuenta, a través del Sistema Producto Café y de la Asociación Mexicana  de la Cadena Productiva Café, con una estructura que de manera institucional fomenta la producción, comercialización y transformación del producto.

Con base en los antecedentes y consideraciones expuestos, los integrantes de esta comisión tenemos a bien poner a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita la creación de la comisión nacional de control y seguimiento de la comercialización del café, así como la operación de un fondo de contingencia para el fortalecimiento de su precio en el país.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2010.

La Comisión de Agricultura y Ganadería, diputados:Cruz López Aguilar (rúbrica), presidente; Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Alfredo Francisco Lugo Oñate (rúbrica), Fermín Montes Cavazos (rúbrica), Luis Félix Rodríguez Sosa, Rolando Zubía Rivera (rúbrica), Sergio Arturo Torres Santos (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón, Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (rúbrica), José Narro Céspedes, José M. Torres Robledo (rúbrica), secretarios; José Tomás Carrillo Sánchez, Óscar García Barrón (rúbrica), Joel González Díaz (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda, Jorge Rojo García de Alba (rúbrica), Gerardo Sánchez García (rúbrica), Héctor Eduardo Velasco Monroy (rúbrica), Víctor Alejandro Balderas Vaquera (rúbrica), Alberto Esquer Gutiérrez, José Luis Íñiguez Gámez, Juan de Jesús Pascualli Gómez, Fernando Santamaría Prieto (rúbrica), Ricardo Sánchez Gálvez, Enrique Octavio Trejo Azuara (rúbrica), Sergio Ernesto Gutiérrez Villanueva, Ramón Jiménez Fuentes, José María Valencia Barajas (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Eduardo Zarzosa Sánchez (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Pesca, sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al comisionado nacional de Acuacultura y Pesca y al director del Instituto Nacional de la Pesca para que proporcionen una explicación técnica y detallada respecto al embargo camaronero impuesto por Estados Unidos de América

Honorable Asamblea

A la Comisión de Pesca fue turnado para estudio y dictamen el expediente número DGPL 61-II-3-393, que contiene proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al comisionado nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y al director del Instituto Nacional de la Pesca (Inapesca) a fin de que expongan los efectos y las acciones llevadas a cabo ante el embargo camaronero impuesto por el gobierno de Estados Unidos de América, suscrita por el diputado Rafael Pacchiano Alamán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el 11 de marzo de 2010.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica; y 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados es competente para dictaminar la proposición en comento, por lo que se somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

1. Con fecha 11 de marzo de 2010, el diputado Rafael Pacchiano Alamán, del Grupo Parlamentario del PVEM, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a los titulares de la Conapesca y del Inapesca para que expongan los efectos y las acciones llevadas a cabo ante el embargo camaronero impuesto por el gobierno de Estados Unidos de América.

2. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en la misma fecha, acordó turnar la proposición con punto de acuerdo, para análisis y dictamen, a la Comisión de Pesca.

3. Conforme a los elementos de información disponibles y a la propuesta multicitada, la Comisión de Pesca se abocó al estudio y análisis para cumplir el mandato del pleno de la Cámara de Diputados, con base en las siguientes

Consideraciones

El diputado proponente expone que en la reglamentación nacional se hace obligatorio el uso de dispositivos excluidores de tortugas marinas durante las operaciones de pesca de altura del camarón. Del mismo modo, manifiesta que esta normatividad parece no ser verificada por las autoridades mexicanas, pues el gobierno de Estados Unidos impidió la exportación del camarón por considerar que la flota pesquera mexicana no cuenta con medidas de protección de las tortugas marinas. Esta determinación entraría en vigor el 20 de abril del año en curso.

Asimismo, informa que el embargo fue realizado debido a resultados de las visitas que realizaron expertos del Departamento de Estado y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EU, con autoridades mexicanas, para observar el uso adecuado de los dispositivos excluidores de tortugas, durante las cuales se observaron incumplimientos.

Por tal motivo, el diputado propone citar a comparecer ante el pleno a los titulares de la Conapesca y del Inapesca, con el propósito de que expliquen técnica y detalladamente lo siguiente:

a) La actual política nacional pesquera, con las medidas implantadas para la protección ambiental;

b) Los efectos que tendrá la pesca por el embargo camaronero impuesto por el gobierno de Estados Unidos de América; y

c) Las acciones y los compromisos realizados por el gobierno federal por el embargo camaronero.

Por lo anterior, los integrantes de la comisión dictaminadora reconocen la importancia de la proposición manifestada por el diputado Pacchiano Alamán; sin embargo, es necesario precisar que la autoridad encargada de la actividad pesquera en el país, en términos de la fracción XXI del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa-rrollo Rural, Pesca y Alimentación. En ese sentido y no obstante que se coincide con el proponente en la trascendencia de las interrogantes que plantea para ser respondidas por los titulares de la Conapesca y del Inapesca, no se debe olvidar que dichos organismos administrativos son dependientes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y, por tanto, el funcionario indicado para acudir ante esta comisión a responder los planteamientos del diputado sería precisamente el titular de la mencionada secretaría.

Por lo anterior, la Comisión de Pesca, previamente a la presentación de la proposición con punto de acuerdo ante el pleno de la Cámara, a través de su mesa directiva envió a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos acuerdo para citar a una reunión con el pleno de las Comisiones de Pesca, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por incidir el tema en comento en el ámbito de su competencia, tanto al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación como al de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dado que la razón argumentada para que el gobierno de Estados Unidos de América prohibiera la importación del camarón mexicano fue la falta de aplicación de los dispositivos excluidores de tortugas marinas, tema de competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de conformidad con el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En la proposición en comento, el diputado sugiere la comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados, mas esta comisión considera que el diálogo con los referidos funcionarios de la administración pública federal deberá entablarse con las propias Comisiones de Pesca, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su carácter de órganos que contribuyen al cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Congreso General de la Estados Unidos Mexicanos.

Como consecuencia de lo anterior y sin restar importancia a los argumentos expresados por el proponente, el objeto de dicha proposición ha sido atendido previamente por la Comisión de Pesca, como ha sido expuesto, quedando sin materia el punto de acuerdo sometido para análisis.

Con base en los antecedentes y las consideraciones relacionados, la Comisión de Pesca emite los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para citar a comparecer al comisionado nacional de Acuacultura y Pesca y al director del Instituto Nacional de Pesca para que expongan los efectos y las acciones llevadas a cabo ante el embargo camaronero impuesto por el gobierno de Estados Unidos de América.

Segundo.Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Oficinas de la Comisión de Pesca, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2010.

La Comisión de Pesca, diputados: Felipe Cervera Hernández (rúbrica), presidente; Rolando Bojórquez Gutiérrez (rúbrica), Sofía Castro Ríos (rúbrica), Carlos Oznerol Pacheco Castro (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), César Mancillas Amador (rúbrica), Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica), Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor (rúbrica), secretarios; Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Francisco Javier Martín Gil Ortiz (rúbrica), Carlos Manuel Joaquín González (rúbrica), José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva (rúbrica), Juan José Cuevas García (rúbrica), José Manuel Marroquín Toledo, Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), Fernando Santamaría Prieto (rúbrica), José Ignacio Seara Sierra (rúbrica), Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Florentina Rosario Morales (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar, Francisco Amadeo Espinosa Ramos.»

«Dictamen de las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Presupuesto y Cuenta Pública, sobre la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a poner en marcha el programa piloto Quédate en México

Las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la LXI Legislatura, de conformidad con lo establecido en los artículos 39, inciso 1) y 2), fracción XXVII, 45, fracción 6), incisos e) y f), todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como con fundamento en los artículos 39 y 41 del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establecen las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados, emiten el siguiente dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a poner en marcha el programa piloto “Quédate en México”, bajo los siguientes

Antecedentes

Que en fecha 10 de noviembre de 2009, se presentó la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a poner en marcha el programa piloto “Quédate en México”, suscrita por los Diputados Jesús Ramírez Rangel y Alejandra Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que en esa fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dictó el siguiente trámite: túrnese a las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Contenido de la proposición

Se propone que se realice un exhorto al Poder Ejecutivo para que implante el programa piloto “Quédate en México” el cual fue propuesto por este Congreso en el año de 2008 y que de esta manera se giren instrucciones a ProMéxico, al Fideicomiso de Riesgo compartido (Firco), con el fin de proceder a la ejecución del programa en mención.

Así también se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de este Congreso, a que incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, una partida y se lleve a cabo el programa antes referido.

Consideraciones

Las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Presupuesto y Cuenta Pública consideran que el objeto que dio origen a la presentación del punto de acuerdo en mención ha quedado rebasado, toda vez que los recursos que se solicita se asignen para la implantación del programa “Quédate en México”, hacen referencia al ejercicio fiscal para 2010.

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios aprobó en tiempo y forma el dictamen que contenía las propuestas de incremento y asignaciones presupuestales a los diversos programas o actividades que le correspondían como materia, promoviendo la asignación de un monto de 100 millones de pesos al programa en mención.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con base en el “Acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que establece el procedimiento de participación de las comisiones ordinarias en el examen y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010”, recibió el 5 de noviembre de 2009 por parte de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios el dictamen antes referido.

En este sentido, es importante señalar que en el procedimiento de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, la honorable Cámara de Diputados no aprobó asignación específica de recursos al programa piloto “Quédate en México”.

Por lo tanto, el proceso establecido para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, ha concluido y por lo tanto hacer un exhorto en los términos establecidos en el punto de acuerdo estaría fuera de contexto.

Asimismo, debemos tener en cuenta que para poder realizar un exhorto a los encargados de la implementación del programa Quédate en México, para que lleven a cabo lo conducente y realicen su aplicación, deberían de haberse destinados recursos a este programa.

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios reconoce las bondades del referido programa y en función de ello, es que en su momento emitió dictamen favorable mismo que fue enviado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para efectos de integrar el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010.

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios buscará con toda oportunidad y dentro de los procedimientos que se establecen para la discusión del Presupuesto de Egresos para el siguiente ejercicio fiscal, que se le asignen los recursos para que este programa pueda implementarse y se lleven a cabo las acciones que se requieran para el arraigo de los connacionales a sus lugares de origen.

Asimismo, la honorable Cámara de Diputados el 15 de noviembre de 2009, aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, y en el procedimiento de discusión no aprobó asignación específica de recursos al programa piloto “Quédate en México”, por lo que es imposible que se exhorte al Ejecutivo federal a implantar un programa que no tiene asignación de recursos.

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de las Comisiones de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Presupuesto y Cuenta Pública, presentamos al pleno de la honorable Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero.Se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a poner en marcha el programa piloto “Quédate en México” suscrita por los diputados Jesús Ramírez Rangel y Alejandra Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en función de estar fuera de tiempo su discusión y por haberse cubierto los motivos que originaron su presentación en tiempo y forma los motivos que originaron su presentación en la elaboración y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010.

Segundo. Archívese el asunto como totalmente concluido.

Palacio Legislativo, a 17 de febrero de 2010.

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, diputados: Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica), presidenta; Julieta Octavia Marín Torres (rúbrica), Héctor Agustín Murguía Lardizábal, Cristabell Zamora Cabrera (rúbrica), Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), secretarios; Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), Guillermina Casique Vences, José del Pilar Córdova Hernández, Jorge Venustiano González Ilescas, Olivia Guillén Padilla (rúbrica), Sandra Méndez Hernández, Héctor Pedraza Olguín (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Sofío Ramírez Hernández, Adriana Terrazas Porras, Judith Fabiola Vázquez Saut, Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), María Yolanda Valencia Vales (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Ariel Gómez León (rúbrica), José M. Torres Robledo, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Roberto Pérez de Alva Blanco (rúbrica).

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputados:Luis Videgaray Caso (rúbrica), presidente; Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (rúbrica), Felipe Enríquez Hernández (rúbrica), Jesús Alberto Cano Vélez (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica), Rolando Rodrigo Zapata Bello (rúbrica), Julio Castellanos Ramírez (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez, Sergio Ernesto Gutiérrez Villanueva, Vidal Llerenas Morales (rúbrica), María del Rosario Brindis Álvarez (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Pedro Jiménez León (rúbrica), secretarios; Cruz López Aguilar (rúbrica), David Penchyna Grub (rúbrica), Fernando Morales Martínez (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas, Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Miguel Ángel Riquelme Solís (rúbrica), Óscar Guillermo Levín Coppel (rúbrica), Óscar Javier Lara Aréchiga, Roberto Armando Albores Gleason (rúbrica), Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Enrique Octavio Trejo Azuara (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Francisco Javier Orduño Valdez, Guadalupe Vera Hernández (rúbrica), Marcos Pérez Esquer (rúbrica), Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), Ovidio Cortázar Ramos (rúbrica), Rigoberto Salgado Vázquez, Armando Ríos Piter, Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica), Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica), Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor (rúbrica), Juan José Guerra Abud (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, relativo a la proposición con punto de acuerdo para que se investiguen las condiciones presupuestales y normativas en que la Secretaría de Seguridad Pública está rediseñando el futuro funcionamiento de la colonia penal federal Islas Marías

Honorable Asamblea:

A la Comisión Seguridad Publica de la honorable Cámara de Diputados fue turnada, para estudio y dictamen, proposición con punto de acuerdo para que se investiguen las condiciones presupuestales y normativas en que la Secretaría de Seguridad Pública federal está rediseñando el futuro funcionamiento de la colonia penal federal Islas Marías.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

1. En sesión de  la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión celebrada el 4 de noviembre de 2009, el diputado Arturo Zamora Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo para que se investiguen las condiciones presupuestales y normativas en que la Secretaría de Seguridad Pública federal está rediseñando el futuro funcionamiento de la colonia penal federal Islas Marías.

2. En esta misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó que se turnara a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y dictamen correspondiente.

3. El veintiuno de abril del dos mil diez, en sesión plenaria de la Comisión de Seguridad Pública, este dictamen fue aprobado en sentido negativopor dieciséis votos a favor y dos en contra.

Contenido de la proposición

1. El que propone expresa que de acuerdo con publicaciones en diferentes medios de comunicación, la Secretaría de Seguridad Pública afirmó que en septiembre pasado se inició la construcción de 12 campamentos penitenciarios de distintos grados de seguridad en la Isla María Madre, del conjunto denominado Islas Marías.

2. Manifiesta que entre las evidencias directas de las obras que se están realizando en la Isla María Madre, según información digital publicada por la transportadora Industrias Marítimas Hernández Kelly, en su sitio de Internet www.imhkel.com/clientes.html, se dio a conocer la cartera de clientes que han solicitado sus servicios de transportación marítima, entre las que destacan la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, que ha solicitado a esta compañía el traslado de maquinaria pesada del puerto de Mazatlán, Sinaloa, a las Islas Marías, así como Desarrolladora Homex, SA de CV, cuyo objeto social conocido en nuestro país es la construcción de vivienda unifamiliar fundamentalmente económica, y que ha solicitado el traslado de maquinaria, materiales de construcción y recursos humanos del puerto de Mazatlán a la citada isla.

3. El proponente expresa que con base a los indicios apuntados en el contenido de la proposición,  del gobierno federal, se encuentra desarrollando una obra civil de gran volumen e impacto ambiental, sin que se tenga conocimiento exacto de que dichas obras hayan cumplido con la normatividad ambiental aplicable a una de las islas del archipiélago que han sido declaradas por la UNESCO área natural protegida.

4. El que propone señala que de resultar cierta la información que se tiene en el sentido de que en el presente caso no se ha cumplido con la normatividad ecológica, resulta claro que Homex, la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del gobierno federal y las áreas de vigilancia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales están violando la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente y disposiciones complementarias, en perjuicio de los ecosistemas que existen en la Isla María Madre, declarada como reserva de la biosfera.

5. Por lo anterior, el proponente considera adecuado que se examine y estudie muy puntualmente los pormenores del nuevo modelo penitenciario que se pretende introducir en ese lugar, cuya puesta en práctica, necesariamente tendrá un importante impacto en temas tan importantes como la procuración y administración de justicia y los derechos humanos de los justiciables.

Consideraciones

Primero.A partir de 2000, las Islas Marías fueron decretadas área natural protegida, la agenda ambiental tuvo que comenzar a incorporarse a las políticas públicas y programas productivos de la colonia penal federal Islas Marías. El decreto reconoce el asentamiento de la colonia penal y establece que las acciones necesarias para contribuir al de-sarrollo socioeconómico deben realizarse mediante el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el desarrollo de capacitación para la readaptación social.

Segundo.Con base en ello, en abril de 2006, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública solicitó al Instituto Nacional de Ecología (INE) la vinculación interinstitucional con dicho órgano, para la capacitación en materia ambiental, enfocada al desarrollo de proyectos productivos sustentables y a la conservación de los ecosistemas, a fin de coadyuvar a la profesionalización de los servidores públicos de la colonia penal federal Islas Marías y, con ello, cumplir con el enfoque de protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.*

Tercero.De las consideraciones vertidas en la propuesta en comento, se observa que ésta se enfoca al posible daño ecológico o ambiental que se ocasionaría los ecosistemas que existen en la Isla María Madre, declarada como reserva de la biosfera, de no contar con  estudios y autorizaciones que en la materia expidan las autoridades competentes.

Cuarto.En este sentido, el proponente expresa que no se tiene conocimiento exacto de que dichas obras hayan cumplido con la normatividad ambiental aplicable a una de las islas archipiélago que han sido declaradas por la UNESCO como área natural protegida. Al respecto es de indicar que el artículo 32 Bis, fracción VII, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal establece como facultad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales “organizar y administrar áreas naturales protegidas, y supervisar las labores de conservación, protección y vigilancia de dichas áreas cuando su administración recaiga en gobiernos estatales y municipales o en personas físicas o morales”.

A su vez, dicho artículo establece en la fracción XI como facultad de la mencionada secretaría “evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de desarrollo que le presenten los sectores público, social y privado; resolver sobre los estudios de riesgo ambiental, así como sobre los programas para la prevención de accidentes con incidencia ecológica”.

Como se desprende del citado precepto normativo, corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales vigilar que la construcción de campamentos en la colonia penitenciaria Islas Marías, específicamente en la Isla Madre, cuente con los permisos y estudios que en materia de impacto ambiental deberán considerarse para llevar acabo la construcción antes citada.

Quinto.En la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen no se observa a qué autoridad va dirigida la petición ya que únicamente señala el numeral único que se turne a las Comisiones de Justicia, de Seguridad Pública, así como de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de que investiguen en su integridad las condiciones presupuestales y normativas en que la Secretaria de Seguridad Pública federal está rediseñando el futuro funcionamiento de la colonia penal federal Islas Marías.

Al respecto, es menester señalar que las comisiones “son órganos constituidos por el pleno que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales”,de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

A su vez, el numeral 3 del citado precepto legal señala que “las comisiones ordinarias (entre las cuales se encuentra la de Seguridad Pública, de Justicia y de Medio Ambiente y Recursos Naturales) tienen a su cargo la tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto en el artículo 93 constitucional, y su competencia  se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la administración pública federal”.

Por ello se considera improcedente solicitar a las comisiones ordinarias mencionadas en la citada proposición con punto de acuerdo “investiguen” en su integridad las condiciones presupuestales y normativas en que la Secretaría de Seguridad Pública Federal está rediseñando el futuro funcionamiento de la colonia penal federal Islas Marías, ya que ello, a la luz del artículo 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sería facultad de una comisión de investigación, las cuales se constituyen con carácter transitorio y para el ejercicio de la facultad a que se refiere el párrafo tercero del artículo 93 constitucional.

Resultando

Primero.Derivado de las consideraciones anteriores y toda vez que no hay una autoridad expresa a la cual se dirija la petición y al enfocarse el contenido de la proposición con punto de acuerdo a cuestiones ambientales, esta comisión considera improcedente la misma, en todo caso, quien debería conocer de la propuesta sería la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y, en su caso, exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informar si la construcción a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública federal que se realiza en el complejo penitenciario Islas Marías cumple con la normatividad ambiental aplicable, por ser ésta la competente y apta para proporcionar dicha información.

Segundo.Que consecuentemente, esta Comisión de Seguridad Pública considera que no ha lugar a aprobar la proposición con punto de acuerdo materia de este dictamen, por lo que procede el archivo del expediente como asunto definitivamente concluido.

Por lo expuesto, los integrantes de las Comisión de Seguridad Pública sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero.Se desecha la proposición con punto de acuerdo para que se investiguen las condiciones presupuestales y normativas en que la Secretaría de Seguridad Pública Federal está rediseñando el futuro funcionamiento de la colonia penal federal Islas Marías.

Segundo.Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Nota:

* Véase Instituto Nacional de Ecología: http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/gacetas/501/islasmarias.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2010.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados:José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Sergio González Hernández (rúbrica), Bonifacio Herrera Rivera (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica en contra), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Eduardo Yáñez Montaño, Adriana Sarur Torre (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Alejandro Gertz Manero, Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), Víctor Hugo Círigo Vásquez (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica en contra), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Omar Fayad Meneses (rúbrica), Jorge Fernando Franco Vargas, Luis Alejandro Guevara Cobos, Aarón Irízar López (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz, Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Rosi Orozco, Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, María Antonieta Pérez Reyes, Camilo Ramírez Puente, Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro, Ricardo Sánchez Gálvez (rúbrica), Ardelio Vargas Fosado.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Publíquese en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos concluidos.

Proceda la Secretaría con oficio de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora.

DELITOS CONTRA MUJERES

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo.—Gobierno del Estado de Sonora.—  Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora.

Diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, Vicepresidente;diputada María Dolores del Río Sánchez, secretaria de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal.— Presentes

En atención a las instrucciones del gobernador de Sonora, licenciado Guillermo Padrés Elías, y con relación al oficio número D.G.P.L. 61-11-9-0417, que establece los acuerdos que aprobó la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, a fin de que en los planes y programas de trabajo de las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas integren el fortalecimiento de los Centros de Orientación, Protección y Atención a Víctimas del Delito, mediante los cuales se brinda atención especializada a mujeres en crisis y actos de violencia.

En la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora se ha diseñado un modelo de atención a víctimas del delito por el propio personal de la institución y académicos de la Universidad de Sonora, el cual fue publicado el 8 de septiembre del 2009 bajo el número ISBN 978-607-7782-01-8; este trabajo partió del análisis de las pautas de intervención profesional que se han transformado por efecto de las reformas legislativas, así como de los retos institucionales que ha implicado para nuestro sistema la atención a víctimas y discusiones sobre las que se ha ido afirmando el establecimiento de estrategias de protección y garantía a escala internacional y local, hasta crear una modalidad propia de funcionamiento que hemos plasmado en este documento.

Dicho modelo está basado en tres aspectos principales: interdisciplinariedad, adaptativo-situacional e interinstitucionalidad, los cuales hacen referencia al trabajo colaborativo y colegiado de los profesionales tales como psicólogas, médicos, abogadas y trabajadoras sociales, la flexibilidad como forma de respuesta sensible a las necesidades y expectativas de las personas haciendo valer el ejercicio de los derechos fundamentales, así como la coordinación con otros organismos públicos o de la sociedad civil.

Su objetivo es poner a disposición de las víctimas del delito los elementos de comprensión y de instrumentación que les permitan alcanzar el equilibrio emocional sustancial y adjetivo para el ejercicio pleno de sus derechos durante el procedimiento penal, mediante la atención especializada e integral que se brinde a través de los profesionales.

Es importante mencionar que dentro de las fases de atención del modelo se brindan pautas para la intervención en crisis y su contención, conduciendo a las víctimas de los delitos a una reorganización psicológica, así como reestablecerlas emocionalmente.

Uno de los proyectos a mediano plazo es su implantación y con ello el fortalecimiento de los Centros de Orientación, Protección y Atención a Víctimas del Delito con los que contamos en Sonora, situados en los municipios de Hermosillo, Obregón, Nogales, Navojoa, San Luis Río Colorado, Caborca, Agua Prieta, Huatabampo y Guaymas, los cuales cubren 85 por ciento de la incidencia delictiva.

Externando nuestra disposición para la coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Mexicano de la Juventud, la Procuraduría General de la República y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, con la finalidad de crear un vínculo efectivo para proporcionar una atención integral a las víctimas del delito, se les proporcione refugio, asesoría y acompañamiento.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Hermosillo, Sonora, a 30 de marzo de 2010.— Licenciado Abel Murrieta Gutiérrez (rúbrica), procurador general de Justicia del Estado.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Equidad y Género para su conocimiento.

Continúe la Secretaría con minutas.

LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Seguridad Nacional.

Atentamente

México, DF, a 27 de abril de 2010.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

MINUTAPROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 1, párrafo segundo; 3; 4; 5, fracción XII; 6, párrafo primero y fracciones III y IV; 7; 10; 13, fracciones III y IV; 14; 15, fracciones IV y V; 19, fracciones I, IV, VI, VII, IX, X y XI; 38, fracción I; 46; 51, fracciones I y II; 57, fracción II; se ADICIONAN al artículo 3, fracción I, los incisos a), b), c), d), e) y f); al artículo 4, los párrafos segundo y tercero; al artículo 5, la fracción XIII; al artículo 6, las fracciones VI, VII, VIII, IX y X; al artículo 19, las fracciones XII y XIII; y la actual XI pasa a ser XIV, y un último párrafo; al artículo 51, la fracción III; al artículo 53, un párrafo segundo; se CREAN un TÍTULO SÉPTIMO, denominado “SEGURIDAD INTERIOR”, integrado por los artículos 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78; un CAPÍTULO I, denominado “PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR LA EXISTENCIA DE UNA AFECTACIÓN A LA SEGURIDAD INTERIOR”, perteneciente al TÍTULO SÉPTIMO, integrado por los artículos 68, 69 y 70; un CAPÍTULO II, denominado “DE LA INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES EN UNA AFECTACIÓN A LA SEGURIDAD INTERIOR”, perteneciente al TÍTULO SÉPTIMO, integrado por los artículos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78; se adicionan los artículos 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78; todos de la Ley de Seguridad Nacional, para quedar en los siguientes términos:

LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

Artículo 1. ...

La misma tiene por objeto establecer las bases de integración y acción coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de contribuir a preservar la Seguridad Nacional, en sus ámbitos interno y externo de competencia; determinar la forma y los términos en que las autoridades de las entidades federativas y los municipios colaborarán con la Federación en dicha tarea; regular las actividades de inteligencia para la Seguridad Nacional y los instrumentos legítimos para fortalecer los controles aplicables a la materia.

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entiende por:

I. Seguridad Nacional: La condición de integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, cuya preservación es una función a cargo del Poder Ejecutivo Federal, a través de políticas, acciones, recursos y medios dirigidos a hacer frente a Riesgos y Amenazas que atenten en contra de:

a) La soberanía e independencia nacionales;

b) El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno;

c) La unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

d) La preservación del régimen democrático, republicano, federal y representativo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

e) La defensa legítima del Estado mexicano respecto de otros Estados, de otros sujetos de derecho internacional y de agentes no estatales, y

f) La preservación del territorio nacional y de su población considerando su afectación general por factores de orden ambiental, climático, químico o físico, o bien por acciones que expongan a éstos a siniestros de carácter colectivo.

II. Riesgo: Contingencia o proximidad de un daño o circunstancia que pueda afectar, parcial o totalmente, los valores contenidos en la fracción anterior;

III. Amenaza: Los actos que por sus características afectan, total o parcialmente, la Seguridad Nacional;

IV. Seguridad Interior: La condición de estabilidad interna, paz y orden público que permite a la población su constante mejoramiento y desarrollo económico, social y cultural; y cuya garantía es una función que está a cargo de los tres órdenes de gobierno;

V. Defensa Exterior: Las acciones de legítima de defensa que el Estado mexicano realiza a través de su Fuerza Armada permanente, para salvaguardar la integridad territorial, independencia y soberanía nacionales, respecto de otros Estados, de otros sujetos de derecho internacional y de agentes no estatales, y

VI. Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas: El instrumento estratégico de política pública en la materia, dirigido a identificar, dimensionar, jerarquizar y atender Riesgos y Amenazas a la Seguridad Nacional, con la finalidad de orientar las operaciones del Sistema.

Artículo 4. El Sistema de Seguridad Nacional es el conjunto de instancias, instrumentos, políticas, acciones y procesos previstos en esta Ley, tendientes a cumplir los fines de la Seguridad Nacional.

La Seguridad Nacional se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos humanos y sus garantías, así como por la confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación.

Los organismos constitucionales autónomos y las autoridades estatales y municipales tendrán la participación que les corresponda, en términos de la Constitución, las leyes aplicables y los convenios de colaboración que al efecto se suscriban.

Artículo 5. ...

I. a X. ...

XI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia;

XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégica o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos, y

XIII. Actos o hechos que, de conformidad con la declaratoria que al efecto se expida, afecten la Seguridad Interior.

Artículo 6. Además de las definiciones previstas en el artículo 3 de esta Ley, se entiende por:

I. y II. ...

III. Red: Red Nacional de Información;

IV. Centro: Centro de Investigación y Seguridad Nacional;

V. Información gubernamental confidencial: los datos personales otorgados a una instancia por servidores públicos, así como los datos personales proporcionados al Estado Mexicano para determinar o prevenir una amenaza a la Seguridad Nacional;

VI. Fuerza Armada permanente: Ejército, Armada y Fuerza Aérea Mexicanos;

VII. Fuerzas Federales: Fuerza Armada permanente, Policía Federal y Policía Federal Ministerial;

VIII. Programa: Programa para la Seguridad Nacional;

IX. Secretario Ejecutivo: Secretario de Gobernación en su carácter de Secretario Ejecutivo del Consejo, y

X. Sistema: Sistema de Seguridad Nacional.

Artículo 7. ...

Para la elaboración de la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas, se tomará en cuenta tanto el Plan Nacional de Desarrollo como el programa respectivo.

Artículo 10. El personal de las Instancias de Seguridad Nacional estará obligado a guardar el secreto y confidencialidad de la información que conozca en o con motivo de su función. El ingreso y permanencia del personal de confianza estará sujeto a evaluaciones de control de confiabilidad, de conformidad con las disposiciones aplicables; dichas evaluaciones consistirán, cuando menos, en exámenes médicos, poligráficos, de entorno socioeconómico, psicológicos y toxicológicos.

Artículo 13. ...

I. a II. ...

III. El Programa para la Seguridad Nacional y la definición anual de la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas;

IV. La evaluación periódica de los resultados del Programa y el seguimiento de la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas;

V. a X. ...

Artículo 14. El Secretario Ejecutivo tendrá la obligación de promover en todo tiempo la efectiva coordinación y funcionamiento del Consejo, y estará facultado para celebrar los convenios y bases de colaboración que acuerde éste, así como para emitir los acuerdos por los que se den a conocer las determinaciones adoptadas en el seno del Consejo.

Artículo 15. ...

I. a III. ...

IV. Proponer el contenido del Programa;

V. Presentar al Consejo la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas;

VI. a XIII. ...

Artículo 19. Son atribuciones del Centro:

I. Realizar tareas de inteligencia y contrainteligencia, como parte del Sistema, que contribuyan a preservar la integridad, estabilidad, funcionalidad y permanencia del Estado mexicano, a dar sustento a la gobernabilidad y a fortalecer el Estado de Derecho;

II. a III. ...

IV. Elaborar anualmente la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas, con la información del Sistema y someterla a consideración del Consejo;

V. ...

VI. Establecer cooperación interinstitucional con las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, organismos constitucionales autónomos, autoridades de las entidades federativas y municipales o delegacionales, en estricto apego a sus respectivos ámbitos de competencia, con la finalidad de coadyuvar en la preservación de la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano;

VII. Establecer sistemas de cooperación con instituciones extranjeras homólogas, que contribuyan al cumplimiento de su objeto y al ejercicio de sus atribuciones conforme a las leyes aplicables;

VIII. ...

IX. Operar la tecnología de comunicaciones especializadas, en cumplimiento de las atribuciones que tiene encomendadas o en apoyo de las Instituciones de Seguridad Nacional;

X. Prestar auxilio técnico a cualquiera de las instancias de gobierno que le solicite el Consejo, conforme a los acuerdos que se adopten en su seno;

XI. Administrar la Red y coordinar el proceso de integración de inteligencia civil de carácter estratégico para la Seguridad Nacional;

XII. Brindar asesoría y prestar servicios en materia de control de confiabilidad a las Instancias y a otras instituciones y autoridades del Estado mexicano;

XIII. Desarrollar y prestar servicios académicos en materia de inteligencia civil para la Seguridad Nacional, y

XIV. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables o le señale, en el ámbito de su competencia, el Consejo o el Secretario Ejecutivo.

En el ejercicio de las atribuciones propias de la producción de inteligencia y contrainteligencia, se entenderá que los servidores públicos del Centro actúan en cumplimiento de un deber jurídico, siempre que lo hagan conforme a las disposiciones aplicables.

Artículo 38. ...

I. ...

...

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los datos de identificación omitidos en la solicitud, serán transmitidos a través de medios que cuenten con garantías de seguridad, certeza y confidencialidad, los que serán debidamente identificados y señalados por el juez mediante acuerdo reservado que recaiga a la solicitud. El expediente que se forma con este motivo, se manejará en sigilo y se guardará en el secreto del juzgado;

II. a III. ...

Artículo 46. Las empresas que provean o presten servicios de comunicación de cualquier tipo, están obligadas, en los términos de la autorización judicial correspondiente, a conceder todas las facilidades para la intervención de comunicaciones privadas y la entrega de los datos conservados, así como acatar las resoluciones por las que se autoricen las actividades materia del presente Título. El incumplimiento será sancionado en los términos de las leyes aplicables.

Artículo 51. ...

I. Aquella cuya difusión implique la revelación de normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipo útiles a la generación de inteligencia para la Seguridad Nacional, sin importar la naturaleza o el origen de los documentos que la consignen;

II. Aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar un Riesgo o una Amenaza, o

III. Aquella que sea producto del intercambio de información de inteligencia con servicios homólogos extranjeros, y que haya sido transmitida al Gobierno Federal con un nivel de clasificación equivalente al de la información confidencial o reservada.

Artículo 53. ...

El acceso a información en materia de Seguridad Nacional por parte de servidores públicos, deberá estar condicionado a su nivel jerárquico, a la necesidad de conocer la información con base en sus facultades, atribuciones o funciones, y a la certificación que en materia de control de confiabilidad les sea expedida por la Instancia a la que se encuentren adscritos.

Artículo 57. La Comisión Bicamaral tendrá las siguientes atribuciones:

I. ...

II. Conocer el proyecto anual de la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas y emitir opinión al respecto;

III. a IX. ...

TÍTULO SÉPTIMOSEGURIDAD INTERIOR

CAPÍTULO IPROCEDIMIENTO PARA DECLARAR LA EXISTENCIA DE UNA AFECTACIÓN A LA SEGURIDAD INTERIOR

Artículo 68. Para los efectos de este Título, se considera que afectan la seguridad interior, los actos o hechos que pongan en peligro la estabilidad, la seguridad, la paz o el orden en una entidad federativa, un municipio, delegación o región; y que la capacidad de las instancias competentes sea insuficiente o ineficaz para ejercer sus funciones y restablecer la normalidad.

Artículo 69. Para declarar la existencia de una afectación a la seguridad interior, se observará el procedimiento siguiente:

I. La Legislatura o el Ejecutivo de una entidad federativa o del Distrito Federal que considere que existe una afectación en los términos del artículo anterior, presentará por escrito su solicitud de declaratoria al Secretario Ejecutivo, la cual deberá contener toda la información en que se sustente. Los ayuntamientos podrán solicitar la declaratoria por conducto de la Legislatura local o del Ejecutivo del Estado;

II. El Secretario Ejecutivo integrará el expediente respectivo con la información recibida. Cuando requiera información adicional, podrá solicitarla a las autoridades correspondientes;

III. Integrado el expediente, el Secretario Ejecutivo convocará de inmediato al Consejo para analizar y evaluar:

a) La magnitud de la afectación a la seguridad interior;

b) La capacidad de las instituciones competentes para ejercer sus funciones de manera suficiente y eficaz;

c) Las acciones o medidas a implementarse y su temporalidad; y

d) Las instituciones que deban brindar el apoyo solicitado.

IV. El Secretario Ejecutivo elaborará acta circunstanciada de las deliberaciones y acuerdos del Consejo, así como el proyecto de declaratoria de afectación a la seguridad interior. La declaratoria deberá contener:

a) Las directrices, las instancias que colaborarán y el responsable de la coordinación de las fuerzas federales que intervendrán;

b) La determinación de la temporalidad de las acciones;

c) El ámbito de actuación geográfica y su alcance material; y

d) La convocatoria a la sociedad en general para colaborar con las acciones derivadas de la ejecución de la misma.

V. El Secretario Ejecutivo remitirá el proyecto de declaratoria al Presidente de la República para su aprobación, así como a la Cámara de Senadores o en sus recesos a la Comisión Permanente, para revisar su legalidad. Las Cámaras del Congreso podrán ejercer sus funciones legales de control político;

VI. Si lo considera procedente, el Presidente de la República emitirá la declaratoria de afectación a la seguridad interior y dispondrá de la Fuerza Armada permanente para que actúe en auxilio de las autoridades civiles competentes que así lo requirieran;

VII. La declaratoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación, será de orden público y de interés social, en ningún caso podrá ser por tiempo indefinido ni suspenderá o restringirá el ejercicio de los derechos humanos y sus garantías establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VIII. El Secretario Ejecutivo informará de la declaratoria a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los organismos de protección de los derechos humanos en las entidades federativas, para que ejerzan sus facultades y atribuciones en materia de promoción y protección de los derechos humanos;

No procederá la declaratoria de afectación a la seguridad interior, cuando la solicitud tenga su origen o causa en el cumplimiento a requerimientos o resoluciones emitidas por autoridades administrativas o del trabajo; tampoco procederá por acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social.

Artículo 70. La vigencia de la declaratoria podrá prorrogarse o modificarse mientras subsistan las causas que le dieron origen, lo solicite la autoridad local y se substancie el procedimiento previsto en el artículo anterior.

Atendida la afectación, el Presidente de la República emitirá el acuerdo de conclusión correspondiente y dentro de los treinta días siguientes enviará a la Cámara de Senadores un informe sobre el resultado de las acciones efectuadas. En el mismo término la Comisión Nacional de los derechos Humanos informará sobre las quejas recibidas y las recomendaciones emitidas.

CAPITULO IIDE LA INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES EN UNA AFECTACIÓN A LA SEGURIDAD INTERIOR

Artículo 71. En toda operación para atender una afectación a la seguridad interior, las autoridades participantes actuarán de conformidad con las atribuciones que legalmente les correspondan, y atendiendo las directrices contenidas en la declaratoria.

Artículo 72. Las fuerzas federales se coordinarán con las autoridades civiles locales y estarán subordinadas al orden jurídico establecido en la Constitución, las leyes que de ella emanan y los tratados internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos.

En las tareas de auxilio de la Fuerza Armada permanente a que se refiere este título, las conductas que sus miembros realicen y pudieren ser constitutivas de delito que afecten a personas civiles, serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes con estricta observancia a los principios de objetividad, independencia e imparcialidad, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 13 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 73. En las operaciones en que participen de manera conjunta la Fuerza Armada permanente y agentes de las instituciones de seguridad pública, éstos últimos serán los responsables de hacer del conocimiento de la autoridad competente los hechos, transmitiéndole todos los datos que tuvieren y poniendo a su disposición a los inculpados, si hubieren sido detenidos.

Artículo 74. Las instancias que participen en la atención de una afectación a la seguridad interior, tendrán acceso a la información con la que cuente la Red y el Centro Nacional de Información que prevé la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 75.- En caso de que la autoridad responsable de la coordinación de las fuerzas federales estime necesarias medidas cautelares, providencias precautorias o técnicas de investigación, hará el requerimiento respectivo por escrito al Ministerio Público que corresponda.

El Poder Judicial de la Federación resolverá sobre las solicitudes del Ministerio Público señaladas en el párrafo anterior en un plazo que no exceda de 12 horas a partir de su presentación.

Artículo 76.- El personal que participe en la atención de una afectación a la seguridad interior, por lo que hace a su de-sempeño, desahogará sus testimonios ante las autoridades ministeriales o judiciales en la forma prevista en el artículo 21 de esta ley.

Artículo 77.- El personal de las instituciones de seguridad pública y de las que conforman la Fuerza Armada permanente, dentro de la temporalidad y ubicación geográfica señaladas en la declaratoria, deberán respetar los derechos humanos y las garantías de las personas conforme al protocolo que se establezca para tal efecto, que entre otras cosas deberá contener:

a) Mecanismos de identificación de los efectivos de las instituciones que participen en las acciones de la declaratoria, y

b) Principios de racionalidad, proporcionalidad, profesionalismo, honestidad y uso legítimo de la fuerza.

Artículo 78.- La información contenida en las averiguaciones previas que se inicien con motivo de la declaratoria de afectación a la seguridad interior, podrá ser utilizada en las tareas de inteligencia y contrainteligencia previstas en esta Ley. El Ministerio Público tiene la responsabilidad de procesar esta información guardando el sigilo o la reserva establecidos en las leyes.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

ARTÍCULO TERCERO.- Las referencias hechas a la seguridad nacional y a la seguridad interior en otros ordenamientos, se entenderán en los términos previstos en la presente Ley.

ARTICULO CUARTO.- Las operaciones que a la entrada en vigor del presente Decreto desarrolle la Fuerza Armada permanente por alguna de las causas a que se refiere esta Ley, continuarán llevándose a cabo siempre que se observe el procedimiento previsto en el artículo 69 dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. En caso contrario las operaciones deberán cesar de inmediato.

ARTICULO QUINTO.- El Congreso de la Unión deberá emitir la Ley para el Uso Legítimo de la Fuerza en un plazo no mayor a doce meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 27 de abril de 2010.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente;senador Adrián Rivera Pérez (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación, Justicia y de Defensa Nacional.

Continúe la Secretaría con el capítulo de iniciativas.

ARTICULOS 52, 53, 54, 55, 56 Y 58 CONSTITUCIONALES

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Teófilo Manuel García Corpus, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Teófilo Manuel García Corpus, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 52, 53, 54, 55, 56 y 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto incluir la representación de los pueblos indígenas en el Congreso de la Unión y promover su participación política, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las características fundamentales de nuestro régimen político es su democracia representativa. Desde el primer programa político de la insurgencia, Los sentimientos de la nación, que llevaría a hacer de México un país independiente, José María Morelos y Pavón plasmó, en el punto quinto, el principio de la democracia representativa, al definir que “ ...la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que sólo quiere depositarla en sus representantes dividiendo los Poderes de ella en Legislativo, Ejecutivo y Judicial...”; este principio sigue siendo vigente cuando nuestra Constitución, en su artículo 41, establece que el “...pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión”.

La Carta Magna, en el artículo 50, define que el Poder Legislativo se deposita en dos Cámaras, la de diputados y la de senadores, la Cámara de Diputados, dice el artículo 51, “...se compondrá de representantes de la nación...”, y la Cámara de Senadores, de acuerdo con el espíritu del artículo 56, por representantes de las entidades federativas.

Así, a través del principio de democracia representativa, los ciudadanos y los estados de la federación, llevan a los órganos legislativos la voz, las necesidades, las propuestas y las alternativas que, en forma de Ley han de atender los anhelos de sus representados.

El medio para la concreción de esto son los partidos políticos, es decir las instituciones que, según el artículo 41 constitucional, tienen la tarea de “promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan...”

Así, por la diversidad ideológica y programática de los partidos políticos y siendo éstos el instrumento para integrar la representación ciudadana y de las partes que integran la federación, el Congreso de la Unión se constituye en el espacio político de las expresiones ideológicas y, en consecuencia, de negociación de los intereses legítimos de los diferentes sectores de la sociedad.

La historia del Congreso federal mexicano está muy ligada a los movimientos sociales que han definido el rumbo del país. El Congreso General Constituyente de 1824, inspirado por los ideales libertarios, de prosperidad y de justicia de la recientemente consumada independencia nacional, definió a México como una república democrática y federal, principios que han sustentado, hasta nuestros tiempos, la estructura política del Estado mexicano. El Congreso Extraordinario General Constituyente de 1856-1857 y las Leyes de Reforma, promulgadas por el presidente Benito Juárez García, regresaron a la Constitución las bases liberales y progresistas que sentaron las transformaciones sociales y económicas que impulsarían el desarrollo del país, de la separación de las funciones de la iglesia y el Estado pero, fundamentalmente, fue el sustento de legitimación de la restauración de la República, después del intento de establecer el 2o. Imperio Mexicano de Maximiliano de Habsburgo. El Congreso Constituyente de 1917, tuvo como imperativo plasmar en la Carta Magna las reivindicaciones de la lucha armada de 1910, su producto fue la Constitución Política más adelantada de su época que creó el Estado Social de Derecho, vigente hasta hoy.

Sin embargo, los derechos y los avances sociales y económicos del México independiente no tuvieron un efecto positivo entre la población indígena: Los criterios raciales de diferenciación social en que se sustentó la Colonia, siguen presentes; si bien el liberalismo del siglo XIX y las leyes surgidas de esa corriente, expresaron la igualdad de los hombres frente a la Ley, en la práctica, ese principio no se aplica, dando como resultado una sociedad cada vez más inequitativa, acentuándose la desigualdad entre la población indígena. Los indígenas vieron en el proceso revolucionario de 1910-1917, sobre todo en la propuesta zapatista, la posibilidad de recuperar sus territorios ancestrales y su capacidad de influir en la edificación de la nueva sociedad mexicana, pero la reforma agraria solo les regresó algunas tierras y los nuevos derechos sociales, al estar dirigidos a estimular un concepto de desarrollo en mucho ajeno a sus intereses.

La construcción de la nación mexicana bajo los principios del liberalismo y de la adopción de una sola lengua y una sola cultura, como base de la unidad nacional, ha demandado a los pueblos indígenas subordinar a esos principios su territorio, sus recursos naturales y su rica herencia lingüística y cultural, lo que ha llevado a profundizar el aislamiento y el empobrecimiento de nuestros pueblos originarios.

Producto de lo anterior es que históricamente, entre la población indígena y sus regiones, se concentren los indicadores socioeconómicos más desfavorables. Esta situación ha provocado a lo largo de los últimos 200 años, diversos intentos, incluso violentos, por recuperar sus tierras, pero sobre todo, por un trato digno y justo por parte del Estado. La expresión más reciente de inconformidad es el levantamiento armado del EZLN, en enero de 1994, quien demandó justicia y libertad para los pueblos, comunidades y ciudadanos indígenas.

Consecuencia de ese movimiento fue que, en el año 2001 se reformara la Constitución, particularmente el artículo 2o., para intentar dar respuesta al reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y a la superación de las de-sigualdades que les caracterizan.

Esas reformas no agotaron el camino para el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas ni los mandatos a las autoridades para hacerlos valer y para superar sus carencias, quedaron truncos e incompletos en varios aspectos fundamentales; lo que nos coloca frente a la imperiosa tarea de lo que implica emprender un intenso desarrollo legislativo en los ámbitos federal y local, que tiene como referentes inmediatos, las propias disposiciones constitucionales logradas, los llamados Acuerdos de San Andrés Sacab Chen o Larrainzar y la abundante legislación internacional en la materia, encabezada por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

A nivel federal, desde la reforma del 2001, solo se han expedido las Leyes de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que sustituyó al Instituto Nacional Indigenista, y la General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Las propuestas legislativas que pudieran consolidar los derechos, la participación y el desarrollo de los pueblos indígenas en los últimos años son mínimas, en comparación con otras materias, además su avance es sumamente lento debido, sobre todo, a que en la mayoría de los casos, el proceso de dictamen requiere del trabajo bajo la figura de “comisiones unidas” y para la mayoría de las comisiones el tema indígena no tiene relevancia. Por otro lado, en el proceso legislativo en general, no se consideran las posibles consecuencias de las propuestas legislativas sobre los derechos, los territorios y la vida de los pueblos y comunidades indígenas.

Y en las entidades federativas, el desarrollo legislativo en la materia, no ha logrado garantizar el reconocimiento pleno de los pueblos y comunidades indígenas ni la vigencia de sus derechos colectivos, como lo ordena el artículo 2o. constitucional. En 17 congresos locales se han promovido cambios constitucionales y legales, pero solo, en dos de ellos, San Luis Potosí y Querétaro, se establecen procedimientos para el reconocimiento de los pueblos y las comunidades indígenas como sujetos de derecho. Por lo que se puede afirmar que el reconocimiento y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas son solamente declarativos.

Uno de los factores que contribuye significativamente a esta situación es la carencia de legisladores indígenas y el desconocimiento generalizado en los órganos de representación popular sobre tema y sus necesidades de reforma al marco legal del país. Además, de que, como ya dijimos, al momento de valorar las propuestas legislativas, en todas las materias, no se toman en cuenta sus impactos entre los pueblos indígenas.

Lo anterior es debido a que no existe la suficiente representación indígena en los órganos legislativos que pudiera contribuir con su opinión y con su voto a edificar un país con la equidad y justicia que establece la propia Constitución y que hoy más que nunca son necesarias y demandan los pueblos indígenas y sus comunidades.

La llamada “Reforma en materia de derechos y cultura indígena”, del 14 de agosto de 2001, intentó promover la representación y la participación política de los pueblos indígenas en el artículo tercero transitorio del decreto que expide la reforma, donde se expresa: “Para establecer la demarcación territorial de los distritos uninominales deberá tomarse en consideración, cuando sea factible, la ubicación de los pueblos y comunidades indígenas, a fin de propiciar su participación política.”

A partir de este mandato, el Instituto Federal Electoral al emprender la redistritación electoral de febrero de 2005, integró 28 distritos electorales con 40% y más de hablantes de lenguas indígenas, tomando como base la información censal de 2000, a los que para efectos del precepto citado arriba, denomina “distritos indígenas”.

Sin embargo, lo anterior no ha tenido efectos concretos en la representación de los pueblos indígenas en los órganos legislativos. El promedio de diputados de origen indígena en las últimas 3 legislaturas es de 4.5 lo que equivale a menos del 1% del total de los legisladores, mientras que la población indígena es de más del 12% del total nacional. Aún, si la totalidad de los diputados de los distritos indígenas fueran de ese origen, la representación abarcaría solo al 47 % de la población indígena.

Esta desproporción en la representación viene a confirmar una de las conclusiones académicas y populares sobre la relación entre representatividad y productividad legislativa, que señala que formalmente los legisladores representan a los ciudadanos, pero no llevan al Congreso las necesidades y demandas de sus representados. Esta situación es particularmente observable en el caso indígena. En la LIX Legislatura, de los 28 diputados de los distritos considerados indígenas por el IFE sólo tres diputados propusieron iniciativas en la materia y durante la LX Legislatura, lo hicieron solo cuatro.

En Cámara de Senadores en la LIX y LX legislaturas, salvo excepciones que no se asumen como tales, en general no se identifican senadores indígenas, no obstante lo cual, la formulación de propuestas legislativas fue más intensa, aunque por sus contenidos pocas son viables, la mayoría de ellas pretenden amplia atribuciones a las instituciones indigenistas del gobierno y sus contribución a fortalecer los derechos de los pueblos no son trascendentes.

Por lo anterior, la presente iniciativa tiene por objeto: Integrar una representación indígena que por su fuerza, impulse propuestas legislativas que promuevan la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas, así como mejores condiciones de vida y mayores oportunidades de participación en los retos y beneficios del desarrollo nacional para su población.

Además de la necesidad de llevar la voz de los indígenas al Congreso y con ello contribuir a que el Congreso esté más cerca de este sector de la sociedad, la propuesta pretende dar concreción al mandato del anteriormente citado artículo tercero transitorio del decreto de la llamada Reforma en materia de derechos y cultura indígena, en su artículo tercero transitorio, del 14 de agosto de 2001, así como atender los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano al ratificar, por conducto de la Cámara de Senadores, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y al firmar y votar favorablemente, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea General de ese organismo multilateral en septiembre de 2009.

Derecho comparado

En relación con los documentos de los organismos multilaterales que abordan el tema de los derechos indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, resalta que sus preceptos, en materia de derechos políticos, fomentan que los gobiernos respeten, conserven y fortalezcan las instituciones y cultura políticas de los pueblos, al mismo tiempo que señalan la obligación de los estados nacionales firmantes, de promover la participación de los pueblos y ciudadanos indígenas, a través de representantes propios, en las instancias de decisión nacional.

Particularmente, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por la Cámara de Senadores el 11 de julio de 1990, expresa:

Artículo 6

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

a )...

b ) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;...

Por otra parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sesión del 13 de septiembre de 2007, establece:

Artículo 5

Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

Artículo 18

Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones.

Artículo 37

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos concertados con los Estados o sus  sucesores sean reconocidos, observados y aplicados y a que los Estados acaten y respeten esos tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos.

A partir de estos mandatos, en diversos países de Latinoamérica, se ha reconocido, en sus constituciones, el derecho de los pueblos indígenas a estar representados en las instancias de su respectivo Poder Legislativo, este es el caso de Bolivia, Colombia, Nicaragua, Nicaragua y Venezuela.

Del análisis de los textos constitucionales de esos países se observa que para la definición de espacios en sus órganos legislativos, el criterio común es garantizar la proporcionalidad de los representantes indígenas respecto de su población nacional. Las diferencias son de modalidades de elección, caracterizadas por los derechos colectivos que les son reconocidos, el diseño institucional del país, su sistema electoral vigente y su ubicación y continuidad geográfica.

Además, por su distribución poblacional, un factor que facilita la definición de representantes es la continuidad territorial, a excepción de Bolivia, que por su elevado porcentaje de población originaria, deja a la legislación secundaria la definición de las “circunscripciones especiales” que definirán el ámbito territorial de la representación indígena.

Destaca que en Colombia y Venezuela es requisito para ser representante indígena en su órgano legislativo, haber sido integrante del sistema tradicional de cargos de los pueblos y comunidades indígenas.

En países como Guatemala, Panamá, Perú y Ecuador, aunque constitucionalmente no tienen mandato para incorporar representantes de los pueblos indígenas a sus respectivos órganos legislativos, los partidos hacen acuerdos con los pueblos para postular candidatos indígenas.

La expresión de la representación indígena en los espacios legislativos en el Continente, lo constituye el Parlamento Indígena de América, organismo que agrupa a legisladores indígenas de los países de todo el Continente. Este organismo ha sesionado en México diferentes ocasiones, incluso, ha tenido como presidentes a diputados indígenas mexicanos.

Contenido de la iniciativa

La Iniciativa que se presenta da continuidad, fortalece y amplía los derechos de los pueblos indígenas que derivan del artículo 2o.constitucional y de la legislación internacional obligatoria para México, donde se reconoce a los pueblos indígenas como entes políticos, y no solo como grupos de la sociedad caracterizados por sus desventajas sociales. El análisis histórico es contundente: la situación de pobreza de los pueblos indígenas es producto, entre otros factores, de un ejercicio de gobierno que los ha marginando como sujetos colectivos y les abolió sus derechos políticos, lo que provocó su marginación territorial y social. No se trata de regresar a los pueblos y comunidades a como estaban antes de la Colonia o durante ésta o a la condición de reservas como en otros países; de lo que se trata es de promover su participación y acceso a su representación política en los órganos de Poder del Estado multicultural al que pertenecen, para que compartan los retos y beneficios del desarrollo y progreso de México.

La propuesta desarrolla dos vertientes de participación. La primera garantiza una presencia indígena fija, por la vía de la representación plurinominal en la Cámara de Diputados, y la segunda promueve la participación de los indígenas en la contienda política del país, a través de los partidos, al competir por candidaturas de mayoría relativa en los “distritos indígenas” de la Cámara de Diputados y por la vía de las fórmulas de candidatos plurinominales en la Cámara de Senadores.

Lo anterior se materializa a través de diversas reformas y adiciones a los artículos 52, 53, 54, 55, 56 y 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de las cuales, de decretarse, se lograría:

1. Que se establezca una circunscripción indígena, con carácter nacional, integrada por 40 diputados, de acuerdo al actual criterio de distribución de espacios de representación para cada circunscripción, lo que equivale al ocho por ciento del total de legisladores que integran la Cámara de Diputados, todavía por debajo del 12 por ciento que constituye la población indígena en relación a la población nacional. El carácter nacional de la circunscripción indígena ofrece la probabilidad de que se integren a esa representación, según el criterio de los partidos, los mejores cuadros indígenas; además posibilita la presencia de la mayoría de los pueblos que componen la diversidad cultural y lingüística de México.

2. Que los partidos políticos postulen como candidato a diputado a un ciudadano indígena, en cada una de las fórmulas, en los distritos electorales donde la población indígena constituya por lo menos el 40% de su población total. La definición de la categoría en la que participará el candidato indígena, propietario o suplente, será definida por el partido postulante.

3. Que en la contienda para los espacios en la Cámara Senadores, participen candidatos indígenas en los procesos electorales a través de los partidos quienes postularán candidatos indígenas en las primeras 16 fórmulas de las 32 que integrarán su lista de candidatos por la vía plurinominal. En el supuesto caso de que fueran indígenas los que alcanzaran dichas curules, esto representará el ocho por ciento del total de los senadores. Queda a los partidos políticos, de acuerdo a sus normas o criterios propios, definir la modalidad, propietario o suplente, en que participarán los candidatos indígenas. Aunque por esta vía no se garantiza la presencia de indígenas en la Cámara de Senadores, República, sí se fomenta su participación en la contienda electoral, además de que, siendo esta Cámara donde se hace presente la representación del Federalismo, se dará un paso trascendente para dar significado político, como parte integrante de la Federación, al reconocimiento que hace el artículo 2o.constitucional de los pueblos indígenas.

4. Que se promueva la participación de las comunidades indígenas en la definición de los candidatos de ese origen, ya que aunque se diera el caso de que los candidatos se acogieran al principio de autoadscripción, definido en el artículo 2o.constitucional, se requerirá que por lo menos una comunidad indígena valide su identidad y calidad de indígena.

Es necesario hacer notar que la representación y el trabajo del legislador indígena será de la misma naturaleza que la del resto de los actuales legisladores. En el caso de los posibles diputados electos por el principio de mayoría relativa, si bien provendrán de un “distrito indígena” y estarán avalados por una o más comunidades, también su legitimidad estará sustentada por el partido en que milite y por el voto de los ciudadanos del distrito; representará, como sucede ahora, a todos los ciudadanos del distrito y; su trabajo y voto en la actividad legislativa, como ahora, será de ámbito nacional.

Con base en lo expuesto y fundado, someto a consideración de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona los artículos 52, 53, 54, 55, 56 y 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el artículo 52; el actual segundo párrafo que pasa a ser tercero del artículo 53; el primer párrafo y las fracciones II y III del artículo 54; el segundo párrafo de la fracción III del artículo 55; el segundo párrafo del artículo 56. Se adicionan: un párrafo, que será el segundo, del artículo 53; un párrafo que será el tercero, de la fracción tercera del artículo 55, y un párrafo que será el segundo del artículo 58; todo de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante un sistema de distritos electorales uninominales; y 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en circunscripciones plurinominales.

Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de un Estado pueda ser menor de dos diputados de mayoría.

En los distritos electorales donde se asiente 40 por ciento y más de población indígena, los partidos deberán postular en cada una de las fórmulas, un candidato indígena.

Para la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el Sistema de Listas, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales, cuatro regionales y una nacional destinada a la representación indígena.

Artículo 54. La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas votadas, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

I. ...

II. Todo partido político que alcance por lo menos el dos por ciento del total de la votación emitida para la listas de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional;

III. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados  por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados que le corresponda en cada circunscripción plurinominal con base en las listas registradas. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en dichas listas.

IV. a VI.

Artículo 55. Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos:

I. a II. ...

III. ...

Para poder figurar en las listas de las cuatro circunscripciones regionales electorales plurinominales como candidato a diputado, se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenda la circunscripción en la que se realice la elección, o vecino de ella con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre.

Además, para ser incluido como candidato indígena en las formulas de los distritos con 40 % y más de población indígena y para figurar en la lista de candidatos a la circunscripción nacional indígena, se requiere pertenecer a algún pueblo indígena, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2o. de esta Constitución, y contar con la acreditación de, por lo menos, una comunidad indígena. La ley determinará el proceso para la acreditación de los candidatos por parte de las comunidades .

IV a VII

Artículo 56. ...

Los treinta y dos senadores restantes serán elegidos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. Los partidos políticos deberán postular en las dieciséis primeras formulas de sus listas a un candidato indígena . La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos.

...

Artículo 58. Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, excepto el de la edad, que será la de 25 años cumplidos el día de la elección.

Para ser registrado como candidato indígena en las 16 fórmulas a que se refiere el artículo 56, se requiere pertenecer a algún pueblo indígena, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2o. de esta Constitución, y contar con la acreditación de, por lo menos, una comunidad indígena. La ley determinará el proceso para la acreditación de los candidatos por parte de las comunidades.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Ver en: http://www.cdi.gob.mx/transparencia/convenio169_oit.pdf

2 En Memoria de la sesión ordinaria del Parlamento Indígena de América, Anexo. Cámara de Diputados LX Legislatura, México, Diciembre de 2008.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2010.— Diputados: Teófilo Manuel García Corpus, José Antonio Yglesias Arreola, Socorro Sofío Ramírez Hernández, Elpidio Desiderio Concha Arellano, Margarita Liborio Arrazola, Heriberto Ambrosio Cipriano, Sofía Castro Ríos, Violeta Avilés Álvarez, Jorge Venustiano González Ilescas (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 222 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Ana Estela Durán Rico, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Ana Estela Durán Rico, diputada Federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 222 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Exposición de motivos

Una tarea constante del Estado, es hacer que su política social esté fundamentada en leyes que logren bienestar para la mayoría de la población. En esta propuesta se identifican dos grupos sensibles como aquellos hacia los que se deben reforzar las políticas públicas. Estos grupos son los de adultos en edad avanzada y el de madres solteras que ejercen la función de jefas de familia.

En los últimos años, los gobiernos de los distintos órdenes; han tratado de intensificar sus esfuerzos para lograr un mayor bienestar integral para grupos sensibles. Sin embargo, la visión incluyente del Estado se ha mantenido apartada de la realidad. Especialmente porque se ha desestimado el potencial productivo de estos grupos, y porque es mínimo el apoyo y estímulo ofrecido a los particulares que emprenden acciones para mejorar las condiciones de vida para este tipo de personas.

Por otra parte, en el caso de la política fiscal, la ley enuncia que el Estado otorgará estímulos fiscales para aquellas personas que contraten los servicios de personas discapacitadas, satisfaciendo requisitos establecidos por la norma. En esta disposición jurídica se ha tenido como objetivo, que se aliente la inserción a la vida productiva de dichas personas.

Para esta ocasión, se propone que en este estímulo fiscal se deduzcan de la base gravable del impuesto sobre la renta, aquellas erogaciones que se efectúen con motivo de la contratación de adultos mayores y jefas de familia solas.

Con esta iniciativa, se pretende favorecer a las personas en edad avanzada mediante incentivos que impulsen su inclusión en la actividad laboral formal. Consideramos que la inserción en la vida económica y productiva del país de las personas mayores, no sólo es una dignificación a la vida de éstos, sino que es un aliciente al progreso económico del país. Por ello, la integración de los adultos mayores debe ser tomada como una temática de análisis permanente y no sólo uno más de coyuntura en la agenda política.

La experiencia nos dice que las personas mayores de 60 años de edad, demuestran un gran potencial productivo y útil en actividades del sector terciario, como es el caso de servicios distributivos y personales, manualidades y de venta, etcétera. Pero por otro lado, en la mayoría de los casos, las personas que se dedican a las actividades antes mencionadas no gozan de estabilidad, ni tampoco de la seguridad social indispensable. Por lo anterior, la medida que se pretende plasmar en la Ley del Impuesto sobre la Renta es, que los empleadores reciban un estímulo fiscal cuando contraten a personas de la tercera edad.

En este reto de mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores, se debe excluir cualquier manejo electoral o político, para lograr que nuestra sociedad tome mayor conciencia sobre los derechos y necesidades de las personas con discapacidad y no privarlos de la oportunidad de contribuir al desarrollo de sus comunidades; además de que su calidad de vida se vería mejorada al mantener un equilibrio psicoemocional por tener ocupación de forma activa. Asimismo la modificación a la ley fiscal en comento, promoverá el empleo y propiciará, en gran medida, la contratación formal de aquellos adultos mayores que necesiten trabajar nuevamente, completar los años de servicio cotizados y tener opción a jubilación.

Otra propuesta contenida en esta iniciativa, es la que va dirigida a las mujeres que por alguna circunstancia asumen las funciones de jefa de familia, así como las  responsabilidades en la educación y figurar como la única fuente de ingresos de una familia. Estas mujeres se enfrentan con la adversidad, escasas oportunidades, discriminación y viven bajo situaciones de desventaja social y económica.

El desamparo en el que viven la gran cantidad de jefas de familia, a causa de la falta de empleo formal, constituye un problema social en el que el Estado debe intervenir para mejorar su situación, ya que el único recurso con el que cuentan es el de su fuerza de trabajo.

Actualmente, la participación de la mujer en el mercado laboral, ha sido objeto constante de señalamientos de discriminación, acoso y falta de oportunidades. Ello ha complicado la perspectiva para que las mujeres que tienen la carga familiar, puedan acceder al empleo formal. Estas mujeres tienen la necesidad de trabajar, ya que constituyen la única fuente de ingresos de su familia, pero también tienen los mayores problemas para la armonización de la vida familiar y laboral por asumir solitariamente la educación de los hijos.

En esta tesitura, se propone que los empleadores que contraten madres solteras, puedan gozar de estímulos fiscales a fin de que los beneficios del empleo formal se extiendan a este grupo de mujeres. Con ello, se brinda la oportunidad de que el Estado, pueda estar en condiciones de otorgar seguridad social a los hijos de las jefas de familia solas.

Algunas cifras: casi el 58 por ciento de las mujeres ocupadas en el mercado laboral no tiene prestaciones sociales, ya que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geo-grafía e Informática (INEGI), de los 22.8 millones de mujeres mexicanas que son madres, casi 40 por ciento trabajan y 22 por ciento no cuentan con el apoyo del padre de sus hijos.

Por todo lo anterior, en razón de que deben existir políticas de Estado para alentar la ocupación de las mujeres así como de mejorar las condiciones laborales de las madres trabajadoras, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Único.Se adiciona un segundo párrafo al artículo 222 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 222. ...

El empleador que contrate a personas adultas mayores de 60 años de edad y mujeres que constituyan la única fuente de ingresos de una familia, podrá deducir de sus ingresos, el impuesto sobre la renta retenido y enterado de estos trabajadores en la misma forma establecida en el párrafo anterior.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2010.— Diputada Ana Estela Durán Rico (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para crear la comisión ordinaria de planeación, a fin de que el poder Legislativo coadyuve, participe y colabore en la planeación del desarrollo nacional, en virtud de la siguiente

Exposición de Motivos

La planeación es uno de los instrumentos fundamentales que determinan el desarrollo de un país, no sólo porque permite el diseño de estrategias, programas y acciones, sino por el efecto que estas pueden tener en el conjunto de la sociedad, así como en los diferentes ámbitos de la vida nacional.

Para México, la planeación juega un papel fundamental, razón por la cual en la década de los ochenta se reformó el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de conferir al Estado la atribución de planificar las acciones que permitan lograr el desarrollo.

De igual forma, es importante mencionar que el Estado asume las funciones de dirección y coordinación para el desa-rrollo regional, así como la regulación, protección y promoción de la producción y provisión de bienes y servicios públicos.

La planeación del desarrollo nacional debe ser un ejercicio plural e incluyente, es decir, el gobierno federal por sí solo no puede ni debe asumirse como el único nivel de decisión, el federalismo debe imperar como un elemento que permita la cooperación y colaboración de los restantes niveles de gobierno.

Nuestra Carta Magna, la cual se caracteriza por ser una constitución con un alto contenido social y federalista, establece en su artículo 26 que los Estados de la República tienen la capacidad de participar en la integración del Plan Nacional de Desarrollo, lo que permite la coordinación intergubernamental. En dicho artículo se establece que el Ejecutivo federal debe convenir con los gobiernos de las entidades federativas para la planeación del desarrollo en temas como: salud, educación, infraestructura y fiscalización.

En la planificación para el desarrollo de un país es imperativo que se encuentren presentes elementos que permitan construir estrategias que impacten de manera positiva en los ámbitos regional, sectorial y social.

Durante los últimos diez años, los resultados que nuestro país ha logrado en materia de desarrollo socioeconómico y ambiental no son satisfactorios, ello es consecuencia de una falta de planeación derivada de un diagnóstico erróneo que no ha logrado identificar de manera clara los problemas que afecta a quienes habitan en el territorio nacional.

En este contexto, es urgente diagnosticar y planear desde abajo, para decidir desde arriba. Es decir, planificar tomando en cuenta las problemáticas específicas y las propuestas de los grupos sociales que enfrentan dicha situación, ya que planificar todo desde arriba nos lleva a tomar decisiones equivocadas.

La normatividad secundaria que establece el marco normativo para el diseño e implementación del Plan Nacional de Desarrollo es la Ley de Planeación, siendo esta la directriz que marcará el rumbo del país durante la administración en turno.

Por otra parte, es importante señalar que en las entidades federativas son los Comités Estatales de Planeación para el Desarrollo Estatal, quienes tienen la capacidad de aportar las propuestas que consideren necesarias para lograr la meta de alcanzar un mayor nivel de desarrollo.

En este sentido, en anteriores legislaturas han presentado diversos proyectos que han tenido como principal objetivo adecuar el marco normativo relacionado con la planeación, sin embargo, los avances son insuficientes. Muestra de ello es el incremento en el número de pobres, que durante los últimos años ha sido superior a los 6 millones; la disminución del poder adquisitivo de las familias, quienes ahora sólo les alcanza para comprar una canasta básica ínfima, así como una preocupante distribución del ingreso, la cual es similar a la que teníamos en el año de 1910.

El estudio denominado “Educación para todos” en su versión del año 2009, señala que poco más 12 por ciento de la población mexicana sobrevive con menos de 2 dólares al día.

En términos del aparato productivo nacional, en lo que llevamos del siglo XXI, las políticas públicas no han logrado atender los problemas estructurales que tiene la economía mexicana, siendo el sector primario uno de los que más resiente esta falta de estrategias y acciones gubernamentales.

El sector de la industria y manufacturero padece los estragos de la falta de planeación, lo que se manifiesta en la disminución de la producción, la pérdida del empleo, las bajas remuneraciones, la falta de seguridad social, que en conjunto, dificultan la posibilidad de incrementar la productividad del país.

En el rubro de los servicios, a pesar de presentar tasas de crecimiento superiores al 4 por ciento anual y de que en él se concentra la mayor cantidad de empleados, enfrenta dificultades derivadas de las malas políticas públicas que, en la mayoría de los casos, no lo considera como un elemento estructural.

Ante este panorama complejo, es imperativo sumar esfuerzos para avanzar en la construcción de acuerdos para el diseño de políticas públicas y acciones concretas que se traduzcan en beneficios reales para la sociedad, asimismo, es fundamental contar con programas que erradiquen la pobreza, la marginación, y generen un entorno favorable que permita a los grupos vulnerables incorporarse al desarrollo nacional, disminuyendo las desigualdades sociales.

En el diseño de la planeación de las políticas públicas, uno de los errores más graves es que los programas sectoriales son diseñados y planificados desde los escritorios de la capital del país, y de las capitales estatales, lo que complica la obtención de buenos resultados en su implementación, ya que el desconocimiento de la problemática real dificulta alcanzar los objetivos planteados.

En este sentido, es prioritario atender a los más de 54 millones de pobres que habitan el país, a los casi 12 millones de discapacitados, a los millones de mujeres, niñas y niños, personas de la tercera edad, que requieren de programas especiales, a través de los cuales puedan solucionar sus dificultades y aliviar sus necesidades.

En el medio rural la situación de precariedad requiere de acciones inmediatas que permitan a las familias superar sus necesidades, el último informe del Coneval señala que más del 60 de los campesinos en el país se encuentran en pobreza patrimonial.

Un estudio elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México a finales del año pasado, denominado “Pobreza, Migración y Remesas en México”; señala que:

• Durante los últimos tres años se ha deteriorado en un 44 por ciento el nivel de vida de los campesinos mexicanos.

• Se estima que el número de campesinos que no pueden adquirir los productos de una canasta básica es superior a los 28 millones 280 mil personas.

• El fenómeno de la migración de las comunidades rurales se ha incrementado en más del 40 por ciento, durante los últimos seis años.

• Según el estudio, el destino de las remesas que reciben las familias rurales en México los distribuyen entre gastos corrientes (comida, renta y salud) en un 81 por ciento; para el ahorro, el 7 por ciento; gastos escolares 6 por ciento; la inversión en un negocio, uno por ciento.

• En términos del desempleo, la pérdida estimada de empleos es superior a los 500 mil, cifra registrada durante el año 2009.

• En mayo de 2009, de los más de 33 millones de personas que se encontraban en el medio rural, sólo 8.5 millones de ellas estaban ocupadas en las actividades agrícolas y ganaderas.

• En lo que se refiere al nivel de ingresos, del total de la población rural, el 35 por ciento no reciben ingreso (11 millones 615 mil personas); 24 por ciento, tiene hasta un salario mínimo (siete millones 964 mil personas); 27.9, de uno hasta dos salarios mínimos (8 millones 421 mil personas); el siete por ciento recibe de dos hasta cinco salarios mínimos (2 millones 112 mil personas), y sólo 6.1 por ciento de los trabajadores agrícolas, obtiene un ingreso superior a cinco salarios mínimos (1 millón 841 mil 285 personas)”.

En este contexto, es que resulta de fundamental importancia que el Poder Legislativo participe de manera directa y permanente en los temas vinculados con la planeación. Entre las funciones que tendrá esta Comisión Ordinaria de Planeación se pueden mencionar las siguientes:

• Realizar propuestas para la planificación del desarrollo nacional.

• Vigilar el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, y en su caso, implementar medidas que contribuyan a alcanzar los objetivos.

• Coadyuvar con el Poder Ejecutivo en el diseño de programas gubernamentales que sean el mecanismo que permita a la sociedad mexicana superar las desigualdades y la pobreza.

• Revisar, y de ser necesario, rediseñar, las líneas estratégicas que plantea el Ejecutivo para lograr los objetivos planificados.

Como legisladores tenemos la responsabilidad de implementar medidas que beneficien a la sociedad en general, poniendo especial énfasis en aquellas que tienen por objeto atender a los grupos vulnerables y marginados.

Debemos conjugar esfuerzos que permitan a las políticas públicas atender de manera prioritaria las desigualdades sociales y erradicar la marginación y la pobreza, pues el desa-rrollo nacional y el bienestar de las y los mexicanos no puede ni debe depender de la voluntad o la falta de capacidad de los funcionarios gubernamentales.

En razón de lo anteriormente señalado, se pone a consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto

Único.Se adiciona una fracción XXVII y se recorre el orden de las fracciones, en el numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 39.

1. Las Comisiones son...

2. La Cámara de Diputados cuenta con...

I. a XXVI. ...

XXVII. Planeación

XXVIII.Población, Fronteras y Asuntos Migratorios;

XXIX.Presupuesto y Cuenta Pública;

XXX.Puntos Constitucionales;

XXXI. Radio, Televisión y Cinematografía;

XXXII.Recursos Hidráulicos;

XXXIII.Reforma Agraria;

XXXIV.Relaciones Exteriores;

XXXV.Salud;

XXXVI.Seguridad Pública;

XXXVII.Seguridad Social;

XXXVIII.Trabajo y Previsión Social;

XXXIX.Transportes;

XL.Turismo, y

XLI.Vivienda.

3. ...

La Comisión de Planeación, adicional a lo señalado en el párrafo anterior, revisará, analizará, discutirá y emitirá el dictamen del Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo, dará seguimiento a todos los programas que se implementen por parte de la Administración Pública Federal. En razón de lo anterior, y para realizar un seguimiento y evaluación puntual de los avances en las metas del Plan Nacional de Desarrollo, la presente Comisión se reunirá, cuando menos, una vez cada mes.

Transitorio

Primero.El presente decreto entrara en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, abril de 2010.— Diputado Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Iniciativa que reforma el artículo 46 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del PRI

Sofía Castro Ríos, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta ante la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 46 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Autotransporte federal de pasajeros es el servicio destinado a la transportación de personas que se presta de manera regular en caminos federales, con itinerarios y rutas fijas, sujeto a horarios para la llegada y la salida de vehículos, en lugares autorizados para el ascenso y el descenso de pasajeros, en terminales registradas y autorizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), según las clases de servicio y las características de las poblaciones.

El servicio, si bien en los últimos años ha tenido una considerable mejoría, está concentrado en únicamente tres empresas: Inversionistas en Autotransportes Mexicanos, SA de CV; Estrella Blanca; y Autobuses de Oriente, que conservan y acrecientan el gran negocio de la transportación de pasajeros en México.

Sin embargo, las opciones de movilidad se han diversificado, la explosión demográfica hace que las opciones de transporte de pasajeros tengan que ser cada vez mayores; y las condiciones económicas actuales obligan al usuario a buscar opciones a las que puedan tener acceso sin lastimar en gran medida su ingreso.

Las zonas urbanas del territorio nacional han sido invadidas por redes de autotransportes que operan sin regulación de la autoridad, pero pululan por las necesidades de transportarse con rapidez, en camionetas que dan mayor movilidad, con horarios continuos, a bajo precio, pero a veces son vehículos desecho de las restricciones vehiculares impuestas en las grandes ciudades, como el Distrito Federal, o chatarra importada de manera ilegal de Estados Unidos de América: vehículos chocolate y sin seguro de viajero. Es pertinente suponer que quienes prestan el servicio sólo buscan ejercer su derecho al trabajo digno y socialmente útil, como garantiza el artículo 123 de la Constitución Política; y en ejercicio del derecho consagrado en el artículo 5o. de la Carta Magna, que menciona que “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”.

Sin embargo, aunque las gestiones son continuas, no han encontrado disposición de la autoridad para reglamentar su servicio, a fin de que sean sometidos a regulación, por lo cual no hay garantía de que se cumplirá el contrato de prestación de servicio que celebran con el usuario y, peor aún, la garantía de seguridad para los pasajeros y los conductores no existe.

Planteo el siguiente caso real, ocurrido el 5 de marzo del año en curso: en el kilómetro 133+900 de la carretera federal número 175, en el tramo San José del Pacífico, Oaxaca, una camioneta Suburban de la empresa Eclipse 70, sin placas de circulación, invadió el carril contrario y embistió de frente a un automóvil Pointer, con placas de circulación 829NVV, del Distrito Federal; el resultado, siete personas lesionadas, incluido a un bebé, que viajaba en el auto compacto. De los dos lesionados que viajaban en la camioneta, uno perdió el ojo izquierdo, y no encontrará la reparación del daño, pues no lo ampara ningún seguro.

Ante esa situación, es indispensable participar de los procesos mundiales de modernización del transporte, los cuales están diversificando la gama de opciones de vehículos, y para ello, con objeto de aprovechar las opciones que hay, es pertinente que los vehículos tipo van o suburban, a los que llamaremos vehículos utilitarios, sean incorporados a la normatividad para que puedan prestar el servicio de autotransporte federal de pasajeros con toda la garantía de que en caso de accidente cuenten con el resarcimiento del daño, que proporcione al usuario condiciones de regularidad, uniformidad y continuidad, con sujeción a horarios, dispuestos en el artículo 23 del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, los cuales deberán ser fabricados ex profeso para el transporte de personas, no mayor de 15 pasajeros, con antigüedad máxima de 5 años desde su fabricación, sujetos en todas sus condiciones al marco legal vigente.

Los vehículos utilitarios tendrán las siguientes características: motor delantero de 6 u 8 cilindros, de 2 ejes y 4 llantas, de 4 o 5 puertas, las posteriores abatibles o corredizas, además de 1 posterior para el compartimiento de carga, con tracción en el eje delantero o trasero y capacidad máxima de 15 personas.

Es importante señalar que esta iniciativa de ley se halla dentro del planteamiento del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, pues se refiere a la economía competitiva y generadora de empleos. En el rubro de las telecomunicaciones y transportes, menciona en la estrategia 14.7., ampliar la cobertura de los transportes en todas sus modalidades, modernizar la infraestructura y proporcionar servicios confiables y de calidad para toda la población. En la estrategia 14.8. habla de abatir el costo económico del transporte, aumentar la seguridad y la comodidad de los usuarios, así como fomentar la competitividad y la eficiencia en la prestación del servicio de transporte; y en la estrategia 14.9., la propuesta es modernizar la gestión del sistema de transporte, fortaleciendo el ejercicio normativo, rector y promotor del Estado, a fin de garantizar el desarrollo y el uso de la infraestructura de transporte.

Por lo expuesto, la legisladora que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido revolucionario Institucional en la LXI legislatura del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Artículo Único.Se reforma el artículo 46 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 46. Atendiendo a su operación y al tipo de vehículos, el servicio de autotransporte federal de pasajeros se prestará en autobús integral, autobús convencional o en vehículos utilitarios de hasta 15 pasajeros.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2010.— Diputada Sofía Castro Ríos (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Transportes.

ARTICULOS 73, 76, 89, 105, 108, 110, 111, 122 Y 135 CONSTITUCIONALES

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Iniciativa que  reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto de reformas y adiciones a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El Distrito Federal fue creado en 1824 con el territorio correspondiente a un círculo cuyo centro era el Zócalo, con un territorio capitalino dividido en 16 delegaciones. Cada una es encabezada por un jefe delegacional desde el año 2000, elegido por sufragio universal y cada delegación está integrada por pueblos, barrios y colonias.

El Distrito Federal se formaba bajo un órgano del gobierno federal llamado Departamento del Distrito Federal que se encontraba a cargo del presidente de la república, quien nombraba un funcionario para que ejecutara el gobierno en su nombre.

Dicho funcionario tenía el cargo de jefe del Departamento del Distrito Federal, también era denominado popularmente Regente del Distrito Federal, ya que antes de la reforma de 1970 existía diferenciada del Distrito Federal la Ciudad de México la cual se le denominaba Departamento de México y como tal era regida directamente por el jefe de Departamento, al contrario de las delegaciones que eran regidas por un delegado nombrado por el jefe de Departamento.

A diferencia de los Estados que forman la República Mexicana, el Distrito Federal no cuenta con poderes, sino órganos de gobierno ya que jurídicamente no es un estado de la federación, sino un territorio de carácter federal por lo que a priori sus órganos de gobierno son entes del gobierno federal, que deben servir a todos los miembros de la federación.

Dentro de estos órganos se encuentran el jefe de Gobierno del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, los cuales están a cargo de las funciones ejecutivas, legislativas y judicial

En 1996, mediante una reforma constitucional, se otorgó mayor autonomía al Distrito Federal a través de la eliminación de la figura del Jefe del Departamento del Distrito Federal y la creación del jefe del Gobierno del Distrito Federal, quien es electo de manera directa por los ciudadanos; además se otorgaron mayores facultades al órgano legislativo local, denominado como la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

El artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que el Gobierno del Distrito Federal estará a cargo de los Poderes Federales y de los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial locales.

Para 2001, legisladores federales y locales empezaron a plantear la posibilidad de realizar otra reforma política al marco jurídico del Distrito Federal; organizando diversos seminarios internacionales y foros nacionales para la viabilidad de la propuesta.

En este contexto el 9 de noviembre de ese mismo año, la Asamblea legislativa del Distrito Federal presenta y aprueba por unanimidad las reformas pertinentes al marco constitucional, las cuales fueron presentadas al Congreso de la Unión el 13 de noviembre de 2001.

La Cámara de Diputados discute dicho proyecto del 11 al 14 de diciembre de ese mismo año, y lo aprueba por 358 votos a favor y 7 abstenciones; quedando archivada en el Senado de la República.

Exposición de Motivos

La propuesta aspira alcanzar una profunda transformación del marco jurídico existente, sustentada en una reingeniería Constitucional de todo el aparato del gobierno capitalino, busca la rectificación de anomalías, mediante una amplia Reforma Política del Distrito Federal, que parta del reconocimiento explicito de un hecho concreto: La realidad social y económica que vivimos los capitalinos.

El Distrito Federal actualmente ha sido excluido de los beneficios del sistema de coordinación fiscal, con el argumento de no ser estado, es decir, por la falta de soberanía de la entidad, los ciudadanos no resultan beneficiados de las participaciones federales en materia de combate a la pobreza, infraestructura social y fortalecimiento de los municipios.

La deuda del Distrito Federal se sustenta en las disposiciones de la Ley General de Deuda Pública, donde se establece que la totalidad de la deuda contraída por el DF se considera una obligación del Gobierno Federal y su contratación se sujeta a la aprobación del Congreso de la Unión y se rige por los lineamientos marcados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la ley mencionada.

El hecho de que el Congreso de la Unión apruebe el monto de endeudamiento anual del Distrito Federal, significa una disposición negativa desde cualquier punto de vista ya que aprobar una deuda local que no se paga con recursos federales, no tiene explicación económica alguna limitándose las posibilidades de obtener de manera autónoma mejores recursos para canalizar a obras públicas e infraestructura.

Por lo anterior, esta iniciativa prevé en sus puntos torales lo siguiente:

1. La designación del procurador general de Justicia del Distrito Federal.

2. La designación de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Electoral, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, así como los titulares del Consejo de la Judicatura, en la forma y términos que dispongan la Constitución Local y leyes en la materia.

3. Designar al presidente y a los consejeros ciudadanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la forma y términos que dispongan la Constitución local y leyes en la materia.

4. Designar al Secretario de Seguridad Pública.

5. La facultad de remover al Ejecutivo local, en los términos que dicte el Estatuto Constitucional

9. Conocer y resolver sobre las renuncias de los diputados, del jefe de Gobierno, del procurador general de Justicia, de los magistrados del Poder Judicial, de los titulares del Consejo de la Judicatura, del presidente.

10. conocimiento a las autoridades locales de ausencias y suplencias del titular del Ejecutivo.

11. Se propone transformar las actuales delegaciones políticas en municipios libres: nuestra Constitución habla del municipio libre, como la base de la organización política y de la administración pública de los estados. Para ello, adoptaron para su régimen interior la forma de Gobierno Republicano, representativo y popular, teniendo como fundamento de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre.

Dado el crecimiento demográfico que ha observado la Ciudad de México, con un estatuto constitucional se podrá proponer la creación de dos nuevas demarcaciones políticas, en la ley aplicable competente.

Para concluir, lo que proponemos es que el Distrito Federal como entidad federativa tenga mayores atribuciones para que en algún momento sus facultades se equiparen al resto de los estados de la república.

Por lo anteriormente expuesto, presentamos ante el pleno de este órgano local la siguiente iniciativa de reforma a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Decreto

Artículo Único. Se reforman las fracciones VIII y XXIII del artículo 73; la fracción XIV del artículo 89; el inciso e fracción II del artículo 105; los artículos 108, 110 y 111; apartado C, base primera incisos b, d, f y g; base segunda fracciones I y II incisos d, e, f y g, base tercera fracción II y los apartados D, E y F del artículo 122; y artículo 135 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos . Se derogan la fracción IX del artículo 76; y las fracciones II y III del apartado A y fracciones II y III del apartado B del artículo 122; para quedar como sigue:

Artículo 73. ...

I. al VII. ...

VIII. Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el presidente de la república en los términos del artículo 29;

IX. al XXII. ...

XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, en materia de seguridad pública; así como para la organización y funcionamiento, el ingreso, selección, promoción y reconocimiento de los integrantes de las instituciones de seguridad pública en el ámbito federal;

Artículo 76. ...

I. al VIII. ...

IX. Derogado.

X. ...

Artículo 89. ...

I. al XIII. ...

XIV. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales.

XV. al XX. ...

Artículo 105. ...

I. ...

II. ...

a) al d) ...

e) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia Asamblea.

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, o en la administración pública federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

El presidente de la república, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

Los gobernadores de los estados y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, los diputados a las legislaturas locales y los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y los magistrados del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

Las Constituciones de los estados de la república y el Estatuto Constitucional del Distrito Federal, precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los estados o el Distrito Federal y en los municipios o en los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales.

Artículo 109. El Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:

I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal; y

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan.

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo.

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, el Procurador General de la República, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

Los gobernadores de los estados y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Diputados Locales o los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y los magistrados del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales y del Distrito Federal, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las legislaturas locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, el Procurador General de la República, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

..

..

...

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los gobernadores de los estados, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, diputados locales, diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, los magistrados del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, l os magistrados y jueces del fuero común del Distrito Federal y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales y del Distrito Federal, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.

..

..

..

..

...

Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este artículo.

Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrará con el número de diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal, en los términos que señalen esta Constitución y el Estatuto de Gobierno.

El jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá a su cargo el Ejecutivo y la administración pública en la entidad y recaerá en una sola persona, elegida por votación universal, libre, directa y secreta.

El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, con los demás órganos que establezca el Estatuto de Gobierno, ejercerán la función judicial del fuero común en el Distrito Federal.

La distribución de competencias entre los Poderes de la Unión y las autoridades locales del Distrito Federal se sujetará a las siguientes disposiciones:

A. Corresponde al Congreso de la Unión:

I. Legislar en lo relativo al Distrito Federal, con excepción de las materias expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa;

II. Derogado

III. Derogado

IV. Dictar las disposiciones generales que aseguren el debido, oportuno y eficaz funcionamiento de los Poderes de la Unión; y

V. Las demás atribuciones que le señala esta Constitución.

B. Corresponde al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos:

I. Iniciar leyes ante el Congreso de la Unión en lo relativo al Distrito Federal;

II. Derogado;

III. Derogado

IV. Proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes que expida el Congreso de la Unión respecto del Distrito Federal; y

V. Las demás atribuciones que le señale esta Constitución, el Estatuto de Gobierno y las leyes.

C. El Estatuto Constitucional de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases:

Base Primera. Respecto a la Asamblea Legislativa:

I. Los Diputados a la Asamblea Legislativa serán elegidos cada tres años por voto universal, libre, directo y secreto en los términos que disponga la Ley, la cual deberá tomar en cuenta, para la organización de las elecciones, la expedición de constancias y los medios de impugnación en la materia, lo dispuesto en los artículos 41, 60 y 99 de esta Constitución;

II. Los requisitos para ser diputado a la Asamblea no podrán ser menores a los que se exigen para ser diputado federal. Serán aplicables a la Asamblea Legislativa y a sus miembros en lo que sean compatibles, las disposiciones contenidas en los artículos 51, 59, 61, 62, 64 y 77, fracción IV de esta Constitución;

III. Al partido político que obtenga por sí mismo el mayor número de constancias de mayoría y por lo menos el treinta por ciento de la votación en el Distrito Federal, le será asignado el número de Diputados de representación proporcional suficiente para alcanzar la mayoría absoluta de la Asamblea;

IV. Establecerá las fechas para la celebración de dos períodos de sesiones ordinarios al año y la integración y las atribuciones del órgano interno de gobierno que actuará durante los recesos. La convocatoria a sesiones extraordinarias será facultad de dicho órgano interno a petición de la mayoría de sus miembros o del jefe de Gobierno del Distrito Federal;

V. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto Constitucional de Gobierno, tendrá las siguientes facultades:

a) Expedir su ley orgánica, la que será enviada al jefe de Gobierno del Distrito Federal para el solo efecto de que ordene su publicación;

b) Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos y la ley de ingresos del Distrito Federal, aprobando primero las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución. Asimismo, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, sometiéndose a lo que dicta el artículo 117 fracción octava de esta Constitución.

Los órganos del Distrito Federal, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en su Estatuto Constitucional de Gobierno, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos del Distrito Federal, establezcan las disposiciones del Estatuto Constitucional de Gobierno y legales aplicables.

Dentro de la ley de ingresos, no podrán incorporarse montos de endeudamiento superiores a los que haya autorizado la Asamblea Legislativa, para el financiamiento del presupuesto de egresos del Distrito Federal.

La facultad de iniciativa respecto de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos corresponde exclusivamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal. El plazo para su presentación concluye el 30 de noviembre, con excepción de los años en que ocurra la elección ordinaria del jefe de Gobierno del Distrito Federal, en cuyo caso la fecha límite será el 20 de diciembre.

La Asamblea Legislativa formulará anualmente su proyecto de presupuesto y lo enviará oportunamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que éste lo incluya en su iniciativa.

Serán aplicables a la hacienda pública del Distrito Federal, en lo que no sea incompatible con su naturaleza y su régimen orgánico de gobierno, las disposiciones contenidas en el segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de esta Constitución;

c) Revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de la entidad de fiscalización del Distrito Federal de la Asamblea Legislativa, conforme a los criterios establecidos en la fracción VI del artículo 74, en lo que sean aplicables.

La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Asamblea Legislativa dentro de los diez primeros días del mes de junio. Este plazo, así como los establecidos para la presentación de las iniciativas de la ley de ingresos y del proyecto del presupuesto de egresos, solamente podrán ser ampliados cuando se formule una solicitud del Ejecutivo del Distrito Federal suficientemente justificada a juicio de la Asamblea;

El titular de la entidad de fiscalización del Distrito Federal será electo por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa por periodos no menores a siete años y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades.

d) Nombrar a quien deba sustituir en caso de falta absoluta o de remoción, al jefe de Gobierno del Distrito Federal;

e) Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, el presupuesto, la contabilidad y el gasto público del Distrito Federal, y la entidad de fiscalización dotándola de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad.

f) Expedir las disposiciones que garanticen en el Distrito Federal elecciones libres y auténticas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; sujetándose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales cumplirán los principios y reglas establecidos en los incisos b) al n) de la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución, para lo cual las referencias que los incisos j) y m) hacen a gobernador, diputados locales y ayuntamientos se asumirán, respectivamente, para Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y Presidentes Municipales;

g) Legislar en materia de deuda pública, responsabilidad de servidores públicos locales y de Administración Pública local, su régimen interno y de procedimientos administrativos;

h) Legislar en las materias civil y penal; normar el organismo protector de los derechos humanos, participación ciudadana, defensoría de oficio, notariado y registro público de la propiedad y de comercio;

i) Normar la protección civil; justicia cívica sobre faltas de policía y buen gobierno; los servicios de seguridad prestados por empresas privadas; la prevención y la readaptación social; la salud y asistencia social; y la previsión social;

j) Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo; preservación del medio ambiente y protección ecológica; vivienda; construcciones y edificaciones; vías públicas, tránsito y estacionamientos; adquisiciones y obra pública; y sobre explotación, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio del Distrito Federal;

k) Regular la prestación y la concesión de los servicios públicos; legislar sobre los servicios de transporte urbano, de limpia, turismo y servicios de alojamiento, mercados, rastros y abasto, y cementerios;

l) Expedir normas sobre fomento económico y protección al empleo; desarrollo agropecuario; establecimientos mercantiles; protección de animales; espectáculos públicos; fomento cultural cívico y deportivo; y función social educativa en los términos de la fracción VIII, del artículo 3o. de esta Constitución;

m) Expedir la Ley Orgánica de los tribunales encargados de la función judicial del fuero común en el Distrito Federal;

n) Expedir la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Distrito Federal;

ñ) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal, ante el Congreso de la Unión; y

o) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.

Base Segunda. Respecto al jefe de Gobierno del Distrito Federal:

I. Ejercerá su encargo, que durará seis años, a partir del día 5 de diciembre del año de la elección, la cual se llevará a cabo conforme a lo que establezca la legislación electoral.

Para ser jefe de Gobierno del Distrito Federal deberán reunirse los requisitos que establezca el Estatuto de Gobierno, entre los que deberán estar: ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos con una residencia efectiva de tres años inmediatamente anteriores al día de la elección si es originario del Distrito Federal o de cinco años ininterrumpidos para los nacidos en otra entidad; tener cuando menos treinta años cumplidos al día de la elección, y no haber desempeñado anteriormente el cargo de jefe de Gobierno del Distrito Federal con cualquier carácter. La residencia no se interrumpe por el desempeño de cargos públicos de la federación en otro ámbito territorial.

Para el caso de remoción del jefe de Gobierno del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa con aprobación de la mayoría calificada de dos tercios de su pleno, nombrará un sustituto que concluya el mandato. En caso de falta temporal, quedará encargado del despacho el servidor público que disponga el Estatuto Constitucional de Gobierno. En caso de falta absoluta, por renuncia o cualquier otra causa, la Asamblea Legislativa designará a un sustituto que termine el encargo. La renuncia del jefe de Gobierno del Distrito Federal sólo podrá aceptarse por causas graves. Las licencias al cargo se regularán en el propio Estatuto Constitucional.

II. El jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

a) Cumplir y ejecutar las leyes relativas al Distrito Federal que expida el Congreso de la Unión, en la esfera de competencia del órgano ejecutivo a su cargo o de sus dependencias;

b) Promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida la Asamblea Legislativa, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, mediante la expedición de reglamentos, decretos y acuerdos. Asimismo, podrá hacer observaciones a las leyes que la Asamblea Legislativa le envíe para su promulgación, en un plazo no mayor de diez días hábiles. Si el proyecto observado fuese confirmado por mayoría calificada de dos tercios de los diputados presentes, deberá ser promulgado por el jefe de Gobierno del Distrito Federal;

c) Presentar iniciativas de leyes o decretos ante la Asamblea Legislativa;

d) Nombrar y remover libremente a los servidores públicos dependientes del órgano ejecutivo local, cuya designación o destitución no estén previstas de manera distinta por esta Constitución o las leyes correspondientes;

Para el caso del Procurador General de Justicia y del Secretario de Seguridad Pública ambos del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno enviará la propuesta, a través de una terna de funcionarios para ocupar el cargo, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, misma que analizará y en su caso aprobará, con dos terceras partes de su pleno, la designación del funcionario que ocupe el cargo.

e) Ejercer las funciones de dirección de los servicios de seguridad pública de conformidad con el Estatuto Constitucional de Gobierno;

f) Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos del orden común;

g) Las demás que le confiera esta Constitución, el Estatuto Constitucional de Gobierno y las leyes.

Base Tercera. Respecto a la organización de la Administración Pública local en el Distrito Federal:

I. Determinará los lineamientos generales para la distribución de atribuciones entre los órganos centrales, desconcentrados y descentralizados;

II. Establecerá la figura jurídica de gobierno municipal, su forma de integrarlos, su funcionamiento y competencia, así como las relaciones de dicho gobierno con el jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Los titulares de los ayuntamientos serán elegidos en forma universal, libre, secreta y directa, según lo determine la ley.

Serán aplicables a la organización municipal del Distrito Federal, las disposiciones conducentes de los artículos 115 y 116 de esta Constitución.

Base Quinta. Existirá un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que tendrá plena autonomía para dirimir las controversias entre los particulares y las autoridades de la Administración Pública local del Distrito Federal.

Se determinarán las normas para su integración y atribuciones, mismas que serán desarrolladas por su ley orgánica.

D. El Ministerio Público en el Distrito Federal será presidido por un Procurador General de Justicia, que será nombrado en los términos que señale el Estatuto Constitucional de Gobierno; este ordenamiento y la ley orgánica respectiva determinarán su organización, competencia y normas de funcionamiento.

E. En el Distrito Federal será aplicable respecto del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, lo dispuesto en la fracción VII del artículo 115 de esta Constitución. La designación y remoción del servidor público que tenga a su cargo el mando directo de la fuerza pública se hará en los términos que señale el Estatuto Constitucional de Gobierno.

F. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, o en sus recesos, la Comisión Permanente, podrá solicitar a la Asamblea Legislativa la remoción del jefe de Gobierno del Distrito Federal por causas graves que afecten las relaciones con los Poderes de la Unión o el orden público en el Distrito Federal. La solicitud de remoción deberá ser presentada por la mitad de los miembros de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso, debidamente fundamentada.

G. Para la eficaz coordinación de las distintas jurisdicciones locales y municipales entre sí, y de éstas con la federación y el Distrito Federal en la planeación y ejecución de acciones en las zonas conurbadas limítrofes con el Distrito Federal, de acuerdo con el artículo 115, fracción VI de esta Constitución, en materia de asentamientos humanos; protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte, agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos y seguridad pública, sus respectivos gobiernos podrán suscribir convenios para la creación de comisiones metropolitanas en las que concurran y participen con apego a sus leyes.

Las comisiones serán constituidas por acuerdo conjunto de los participantes. En el instrumento de creación se determinará la forma de integración, estructura y funciones.

A través de las comisiones se establecerán:

a) Las bases para la celebración de convenios, en el seno de las comisiones, conforme a las cuales se acuerden los ámbitos territoriales y de funciones respecto a la ejecución y operación de obras, prestación de servicios públicos o realización de acciones en las materias indicadas en el primer párrafo de este apartado;

b) Las bases para establecer, coordinadamente por las partes integrantes de las comisiones, las funciones específicas en las materias referidas, así como para la aportación común de recursos materiales, humanos y financieros necesarios para su operación; y

c) Las demás reglas para la regulación conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas, prestación de servicios y realización de acciones que acuerden los integrantes de las comisiones.

H. Las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para los Estados se aplicarán para las autoridades del Distrito Federal.

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas.

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el diario oficial de la federación.

Segundo. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal electa en el proceso electoral del año 2009, se erigirá como Congreso Constituyente del Distrito Federal para elaborar su Estatuto Constitucional de Gobierno, inmediatamente después de entrado en vigor el presente decreto y tendrá treinta días hábiles para elaborarlo.

Tercero. El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al texto Constitucional que se opongan al presente Decreto.

Diputado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Iniciativa que reforma el artículo 80 de la Ley General de Desa-rrollo Social, a cargo del diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 80 de la Ley General de Desarrollo Social, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina señalan en diversos estudios que el gobierno está fracasando en la tarea de mejorar el desarrollo humano de sus habitantes, especialmente en lo que se refiere a las expectativas de vida, niveles educativos, ingresos reales y, en general, en la reducción de las desigualdades, por lo que llama a dar mayor atención en materia de gasto en infraestructura y capital humano en las regiones donde las desigualdades están más acentuadas, especialmente programas para la reducción de la pobreza.

El nuevo diseño de instrumentos para la distribución de los recursos públicos destinados a la infraestructura, mediante la creación del Ramo 33 en el Presupuesto de Egresos de la Federación y previsto en un nuevo capítulo de la Ley de Coordinación Fiscal, no resuelven en lo esencial el problema básico de las familias que consiste en tener oportunidades de ocupación y, por tanto, de ingresos para su sustento. Esto explica en parte el enorme éxodo de mexicanos, especialmente de los jóvenes, al extranjero. Es un capital humano que formamos en México para que trabaje en Estados Unidos. Por tanto, conviene poner a debate en el futuro próximo, la cuestión de las formas y orientación de los subsidios para la formación de capital humano, tomando en cuenta las especificidades regionales y los complejos entramados sociales de nuestras comunidades donde existe una amplia diversidad de valores, creencias y filiaciones que deben ser consideradas para la toma de decisiones.

No se puede tratar de la misma manera a comunidades de la frontera norte, a los grupos sociales de La Montaña de Guerrero, de los Altos de Chiapas o Las Cañadas de Oaxaca.

Por otra parte, el análisis de la evolución de la política social en el país en los últimos años, debe considerar también los efectos del comportamiento de nuestra economía que ha impactado de diversas maneras el desarrollo social. Por ejemplo, las crisis financieras y económicas de 1995 y de 2009, significaron un retroceso, pese a que se mantuvo y amplió hasta donde fue posible el presupuesto destinado a la política social. El impacto de la emergencia agudizó la situación de pobreza y acrecentó el reto por la acumulación de rezagos y la aparición de nuevas demandas.

En este contexto, debemos reconocer que los programas sociales se han expandido en términos nominales por el aumento del gasto fiscal, pero no en la proporción necesaria para tener mejores resultados en la disminución de la desigualdad social. Además, el complejo entramado institucional, la inacabada descentralización de competencias y de recursos, acompañada de una interrumpida política del fortalecimiento municipal, así como la falta de mecanismos más ágiles y efectivos para el ejercicio del gasto encarecen la prestación de los servicios, propician sesgos políticos y actos de patrimonialismo, sin que existan instrumentos adecuados para el seguimiento, control y transparencia del ejercicio del presupuesto para el desarrollo social.

El resultado de esta ineficacia, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, es que más de cincuenta millones de mexicanos viven sumidos en la pobreza, que representa el 47,4% de la población. Entre 2006 y 2008, periodo que compara el informe, el porcentaje de pobres ha subido cerca de un 5% en lo relativo a pobreza de patrimonio y a pobreza alimentaria.

En total son 50,6 millones de mexicanos –el país tiene aproximadamente 107 millones de habitantes– los que viven en situación de pobreza patrimonial. Es decir, no cuentan con ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades de salud, educación, alimentación, vivienda, vestido y transporte público. Asimismo, 19.2 millones de personas son afectadas por la pobreza alimentaria, de las cuales 7.2 vivían en zonas urbanas (localidades de 15.000 o más habitantes), mientras que 12.2 millones residían en el área rural del país.

Adicionalmente a la falta de efectividad, los programas sociales están afectados por su falta de transparencia. A pesar de que el concepto de la rendición de cuentas es utilizado desde el Congreso Constituyente de 1917 y fue concebido como un acto obligatorio para que los gobernantes informen sobre sus actos y decisiones, en la realidad es una práctica débil, escasamente institucionalizada. Prueba de ello es que nuestro país, de acuerdo con la organización Transparencia Internacional, ha bajado del lugar 52 en el año 2000, al 65 en 2006 y al 89 en el año 2009 en materia de transparencia; 37 lugares en 9 años, lo que es, a todas luces, un serio retroceso en el apego a la Ley y a la ética por parte de las dependencias públicas.

En este orden de ideas, la vigilancia y la fiscalización de los recursos y de la operación de los programas, son aspectos que adquieren cada vez mayor fuerza ante una ciudadanía demandante de contar con información más detallada y que sustenten la toma de decisiones, bajo criterios más objetivos, sustentados en el verdadero interés público.

Por ello, la política social, así como el gasto público dirigido a la operación de programas dirigidos a población de bajos recursos económicos han sido objeto, en las últimas décadas, del mayor interés del Poder Legislativo, que ha expedido sendas reformas en materia de responsabilidades, acceso a la información pública, indicadores de desempeño y en el ámbito de la contabilidad y la auditoría gubernamental, no sólo por parte de la autoridad sino también de la sociedad civil, en virtud del riesgo permanente a que se encuentran sometidos, incluidos los intereses de carácter electoral. Vale la pena recordar el señalamiento hecho por el Tribunal Electoral en el dictamen emitido en las elecciones de 2006, respecto de la inducción que puede realizar el Poder Ejecutivo y los llamados “poderes fácticos”.

La Constitución y el marco legal en su conjunto, establecen la obligación de vigilar el cumplimiento de los objetivos de la política social, así como el buen uso de los recursos de los programas sociales, evitando su uso político y clientelar. La ética, la objetividad y la transparencia constituyen, hoy por hoy, aspectos de la mayor relevancia para ejecutar políticas públicas más eficaces, que tengan mayor eficacia, eficiencia, cobertura y trascendencia para los grupos sociales en condición de mayor desigualdad.

En este orden de ideas, la Ley General de Desarrollo Social, aprobada en el año 2004, creó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, que permita mejorar la toma de decisiones en la materia. Este consejo ejerce sus facultades a través de decisiones colegiadas de la Comisión Ejecutiva y del Comité Directivo, órganos de los cuales forman parte investigadores académicos.

Dicho consejo tiene entre sus principales funciones, normar y coordinar la evaluación de la Política Nacional de Desa-rrollo Social y las políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas; así como establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad.

No obstante lo anterior, sus resoluciones en materia de evaluación, y sobre todo sus recomendaciones, son limitadas, ya que carecen de obligatoriedad en su cumplimiento o inclusión, por parte de la autoridad que ejecuta u opera dichas políticas o recursos económicos, lo cual implica que tales evaluaciones generan información muy importante, pero cuyo único destino es servir de referentes, pero no impactan de fondo la orientación y fallas de ejecución de la política social.

Por ello, con la presente Iniciativa se busca revertir esta situación al adicionar un párrafo segundo al artículo 80 de la Ley General de Desarrollo Social, a efecto de dotar de un nuevo nivel a sus recomendaciones, ya que el Consejo podría presentarlas a la Comisión Nacional de Desarrollo Social, la cual tendrá un plazo de treinta días a partir del día siguiente de su recepción para emitir opinión sobre las mismas, lo que podrá ser considerado por el consejo, para elaborar las adecuaciones pertinentes y remitirlas de nueva cuenta a la Comisión. Las observaciones en las que exista coincidencia entre el Consejo y la Comisión tendrán obligatoriedad de ser cumplidas por las dependencias ejecutoras de gasto en materia de desarrollo social. Estas observaciones también serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

La evaluación del desempeño en el proceso de rendición de cuentas, es una ventana de oportunidad fundamental para incidir de forma directa y positiva en el contenido y la efectividad de las políticas públicas al cuestionar sus elementos constitutivos, sus objetivos y resultados e identificar, a partir de su evaluación, desviaciones de los propósitos o deficiencias en sus planteamientos o en su funcionamiento. Esto sin duda se constituye en un cabal cumplimiento de esta importante función social del Estado mexicano.

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 80 de la Ley General de Desarrollo Social

Único. Se reforma el artículo 80 de la Ley General de Desa-rrollo Social para quedar como sigue:

Artículo 80. De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, presentará sus observaciones y recomendaciones a la Comisión Nacional de Desarrollo Social, la cual tendrá un plazo de treinta días a partir del día siguiente de su recepción para emitir opinión sobre las mismas. Esta opinión será considerada por el Consejo, para elaborar las adecuaciones pertinentes y remitirlas de nueva cuenta a la Comisión. Las observaciones en las que exista coincidencia entre el Consejo y la Comisión tendrán obligatoriedad para todas las dependencias ejecutoras de gasto en materia de desarrollo social, debiendo publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Remítase a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2010.— Diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de la facultad que le confiere los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numeral 3; y 40, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear una Comisión Ordinaria de Narcotráfico y Consumo de Drogas, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

a) Justificación general

Existe un principio jurídico que establece, que el derecho debe de adaptarse a la realidad y no viceversa, por esto, es necesario que las instituciones de todos los ámbitos de gobierno conserven su armonía y se adecuen, de forma permanente, su marco jurídico vigente.

Lo anterior, es necesario para no crear confusión dentro de la sociedad en general, en primer término, puesto que una población que no tiene certidumbre respecto de las autoridades que lo gobiernan, acaba por no creer en las mismas.

Estamos ciertos de que el Estado tiene la facultad de emitir instrumentos jurídicos que norman las actividades políticas, económicas y sociales de los gobernados, cuyos fines son, entre otros, el funcionamiento eficiente de las instituciones, la convivencia social, la viabilidad jurídica de las relaciones entre gobernados y la autoridad.

En este sentido es necesario integrar un marco legal que sancione de manera específica al narcotráfico y consumo de drogas, a pesar de que existen normas sobre la materia en diferentes instrumentos legales, no se observa una adecuada coordinación entre estas, así como en los encargados de realizar su operación.

En su informe de 2009 la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, al realizar el debate sobre las drogas y la delincuencia, reflexionaron extensamente al respecto, llegando a la conclusión de que la relación entre las drogas con la delincuencia organizada –narcotráfico-, es un problema grave que debe detenerse. Convocó a los gobiernos a reajustar la combinación de políticas públicas sin demora e imponer una mayor fiscalización al narcotráfico y el consumo de las drogas.

En concordancia con las recomendaciones de los organismos internacionales, y sobre todo porque en este momento a nivel nacional, la critica a los partidos políticos se ha vuelto parte de la noticia cotidiana, debido que la opinión pública percibe que las instituciones no trabajan en bien de la ciudadanía, por esto, los legisladores debemos reflexionar sobre los efectos del narcotráfico y consumo de drogas, que invadió a la sociedad de la que somos parte, cuestionarnos como legisladores, y saber de lo que estamos dispuestos hacer por devolver la tranquilidad y credibilidad al ciudadano, más que tomar una acción popular, es una decisión que tenemos que asumir en conciencia y en bien de nuestro país.

Durante muchos años el narcotráfico ha penetrado las estructuras sociales en el mundo, ahora México se encuentra afectado, originando un intenso debate en relación con el narcotráfico y el consumo de drogas, cuyo aspecto fundamental está relacionado con la imperante necesidad de mantener un régimen democrático, que nos ha permitido superar los problemas sociales, económicos y políticos de los mexicanos. Considerando que el narcotráfico es un mal que puede relegar toda expresión de progreso y avance social, debemos impedir que altere la paz social, para seguir buscando las soluciones que nos permitan transitar hacia el de-sarrollo que como país aspiramos.

En este momento, debemos tomar decisiones fundamentales para legislar y establecer los instrumentos necesarios, que contribuyan a remediar los problemas acumulados en el país; desempleo, falta de alimentos y de agua, educación deficiente, servicios de salud precarios, crisis económica, y sobre todo inseguridad y narcotráfico. Si no tomamos acciones al respecto, contribuimos a violar las garantías individuales de la sociedad. No puede haber concesiones, cuando el narcotráfico está afectando a la sociedad, los legisladores debemos y podemos protegerla con determinación, promoviendo las políticas públicas que debe asumir el gobierno federal.

El Poder Legislativo siempre ha intervenido en diferentes problemas del país, buscando el beneficio de la población, desarrollando las facultades que la Constitución le tiene asignadas; así el Congreso ha sido responsable al considerar en su agenda legislativa las reformas urgentes que el país requiere. Ahora es necesario incluir el relativo al narcotráfico y consumo de drogas, aún estamos a tiempo de eliminarlo y proteger a la sociedad en general. Sin embargo, hemos permanecido sin reacción ante él, por eso quiero llamar la atención sobre sus efectos, puede ser el apocalipsis de toda nuestra sociedad, por las implicaciones que tiene; nadie escapa a su actividad, es un problema nacional e internacional.

Tomemos las grandes decisiones que requiere nuestro país antes que afecte en mayor grado a la sociedad, la situación que vivimos en nuestras entidades tiene en este momento al Ejército en las calles de algunas ciudades del país.

Nuestras acciones pueden hacer que siga creciendo el problema, no nos acostumbremos a vivir en una sociedad en la que la muerte sea un acto cotidiano y nos insensibilice, no perdamos la posibilidad de preservar un Estado de derecho moderno.

Asumamos la oportunidad de trascender, ejerzamos la responsabilidad que tenemos como legisladores federales, hagamos una revisión exhaustiva del marco jurídico vigente e intentemos corregirlo, ataquemos de fondo al narcotráfico y consumo de drogas, encontremos los instrumentos legislativos y las contradicciones en las normas actuales, aprobemos la creación de una Comisión encargada de hacerlo.

b) Consideraciones sociales, económicas y políticas

Los datos acerca del consumo de drogas no es uniforme, tanto en lo que se refiere a los tipos de droga como entre regiones. Las estimaciones sobre el consumo de drogas provienen de los estudios relativos al tratamiento, aunque solo un número limitado de países recopila esta información. Sin embargo está claro que el narcotráfico constituye la primera fuente de ingresos de la delincuencia.

Así, el número total de personas que consumieron drogas a nivel mundial entre 15 a 64 años en 2007 fueron: 4.343 millones de personas; las que han consumido drogas por lo menos una vez al año: 172 a 250 millones de personas; que utilizan drogas inyectables: 11 a 21 millones de personas; y los que son “consumidores problemáticos de drogas” o grandes consumidores: 18 a 38 millones de personas. De estos últimos es posible que su nivel de consumo tenga importantes consecuencias para la salud pública y el orden público.

Los países de China, los Estados Unidos, la Federación de Rusia y el Brasil son los que tienen la mayor población de consumidores de drogas inyectables, que en su conjunto representan el 45% del total estimado de la población de consumidores de drogas inyectables del mundo. Se estima que entre 800,000 y 6,6 millones de consumidores de drogas inyectables en todo el mundo están infectados por el VIH.

En la sección dedicada a México en el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre las acciones contra el narcotráfico a nivel internacional, entregado al Congreso Norteamericano, especifica que:

“México sigue siendo una fuente para el lavado de dinero. Se estima que los ingresos anuales de los cárteles varían entre 15 y 30 mil millones de dólares por la venta de drogas ilícitas en Estados Unidos. La mayoría de estos ingresos son regresados desde Estados Unidos principalmente en cargamentos de dinero en efectivo y son lavados mediante negocios mexicanos legítimos.”

Entre otros datos, reporta que es este flujo de dinero lavado, como el de armas, el que permite que los cárteles continúen operando, y señala que en 2009 el cultivo de mariguana y amapola aumentó en México. El cultivo de amapola, fuente del opio, aumentó a más del doble, con 15 mil hectáreas sembradas hasta septiembre de 2009. Un año antes, en 2008, la cantidad de hectáreas sembradas era de 6,900.

Este aumento en el cultivo de amapola es el mayor nivel de producción que se haya estimado en la historia de México y toda América Latina combinada. La producción de mariguana aumentó 35%, con 12 mil hectáreas sembradas en 2009, en 2008 eran 8 mil 900, convirtiéndose en el mayor incremento desde 1992.

Las autoridades mexicanas erradicaron menos sembradíos de mariguana en 2009 que en 2008. De 18 mil 663 hectáreas erradicadas en 2008, en 2009 la cantidad se redujo a 14 mil 135. En ambos casos, 2009 y 2008, la eliminación de mariguana disminuyó de manera significativa, ya que en 2002 se erradicaban más de 30 mil hectáreas.

El mismo reporte afirma que ha aumentado el consumo de drogas en México, con 3.5 millones de mexicanos que han probado narcóticos y 600 mil que se han convertido en adictos.

De acuerdo con la información señalada confirmamos que el narcotráfico involucra cada día a más individuos al consumo y venta de drogas, dejándoles grandes ganancias, que han servido incluso para intentar influir en la política de los países democráticos de Latinoamérica y del mundo. En su momento, estos recursos se han utilizado para financiar la compra de armas con el objetivo de atentar en contra de la vida democrática de las naciones, así como para influir en los procesos internos de los países para instaurar gobiernos afines a las políticas de globalización. Es tal su penetración, que incluso intentan ya influir en las campañas electorales en la designación legal de aquellos que responden a sus intereses económicos.

En el mundo, Pakistán es uno de los países mas importantes en la producción de heroína y se agrega ahora a la producción de cocaína, sin que los países afectados de ello tomen decisiones para su erradicación, quizá porque no lo consideran un problema a su seguridad nacional, prefieren mantener sus objetivos y recursos en la explotación de los bienes naturales, como es el petróleo, que les genera enormes ganancias.

Esta tendencia es cada vez mayor, por parte de gobiernos de países desarrollados al “globalizar la justicia” justificando sus acciones con la persecución de delitos relacionados con el trafico de drogas, se violan las soberanías nacionales.

c) Afectación en los estados del país

La expansión del narcotráfico está afectando el Estado de Derecho de las instituciones, este hecho puede causar inquietud en algunos legisladores e indiferencia en otros. Todavía no hemos imaginado el grado de destrucción que puede ocasionar a nuestra sociedad, creemos que sus efectos sólo se van a sentir en la población de menores ingresos. Hoy hay muchos ejemplos en contrario, publicados en la prensa nacional, en los que podemos constatar que todos los sectores de la sociedad se han visto involucrados como agredidos o como agresores, y lo que resulta más grave, ha invadido todos los niveles de gobierno y de la sociedad.

Las responsabilidades de los tres poderes del Estado, en sus tres niveles de gobierno se ven afectadas, el narcotráfico ha penetrado sus funciones, originando gestiones deficientes, aún cuando se destinan grandes recursos para enfrentarlo no se ve que tenga solución en el mediano plazo, y si somos pesimistas tardara mucho más tiempo. Debido a que cada día las autoridades se ven crecidamente rebasadas por este, la sociedad afectada está reclamando acciones de fondo, muchos otros se han tenido que ir, por la ingobernabilidad que han percibido en el país.

La situación política nacional e internacional, y demás características sociales y económicas de México han cambiado de tal manera que ya no existe diferencia con otros países que sufren y enfrentan al narcotráfico.

En México, las acciones del narcotráfico durante los últimos diez años se han incrementado de una manera descomunal, quizás hace quince años no hubiese sido necesario crear una Comisión Ordinaria especializada sobre el narcotráfico y el consumo de drogas, así como tampoco fue necesario que el Ejército saliera a las calles, pero hoy esta situación es considerada un problema de Estado. Los gobiernos extranjeros han tomado grandes decisiones para su atención, al grado de que han blindado sus fronteras, han propuesto planes como el Plan Mérida, realizado visitas de Estado para establecer las políticas a seguir, así como de intervenciones de agentes encubiertos y directos, para detener o investigar las acciones del narcotráfico.

Requerimos ayudarnos nosotros mismos, lo que no hagamos por nosotros, otros no van a venir hacerlo, y si lo intentan, será para obtener beneficios propios, a través de una política intervencionista violando la soberanía de nuestro país. No dejemos pasar la oportunidad para crear una Comisión de narcotráfico y consumo de drogas que legisle, supervise y controle de manera especializada y permanente las diferentes acciones nacionales y del extranjero realizadas en contra del narcotráfico, en nuestro país.

Debemos realizar estudios y diagnósticos desde una visión nacionalista, no esperemos información del extranjero que determine lo que debemos hacer, tómenos la iniciativa e integremos la nuestra, para elaborar las propuestas de solución reales que requiere el país, así como para crear una política propia en la materia, con un enfoque de lo que necesitamos los mexicanos, y con su conocimiento exigir de otros países, el respeto a nuestra soberanía.

Actualmente el problema del narcotráfico se ha agudizado en la mayoría de las entidades de la Republica Mexicana, en donde a diario aparecen muertos y ejecutados por venganza producto de la guerra entre las mafias, pero también aparecen ciudadanos, autoridades civiles, policiales, estudiantes y detenidos que son desaparecidos, sin que los gobiernos de las entidades del país sean capaces de resolver esta situación. Trabajemos con la Conferencia Nacional de Gobernadores los grandes objetivos nacionales en la materia, sobre todo para las entidades del país.

Se ha requerido de la intervención del Ejército y de la Marina para detener al narcotráfico, pero nadie ha podido informar sobre estas acciones, y cuando se llama a comparecer al procurador general de la República, no ha dado información convincente, ya sea porque se considera confidencial o no cuenta con ésta. En el Gobierno Federal cada quien hace lo que cree conveniente, sin enterar a los órganos responsables de estas actividades, cada dependencia actúa de manera independiente sin coordinación en la política en contra del narcotráfico.

Los gobiernos de los estados han sido rebasados por las acciones del Ejecutivo federal; en las entidades se realizan operativos sin informar a los gobernadores.

En el Congreso los grupos parlamentarios han levantado sus voces sin respuesta. Por ello es necesario crear una Comisión Ordinaria que evalúe todas las acciones que realiza el Gobierno Federal encaminadas a resolver las implicaciones del narcotráfico, hacer estudios, programas, observaciones y propuestas en la materia, orientada a preservar la gobernabilidad del país.

La operación del narcotráfico en las entidades ha ocasionado que los ciudadanos vivan en un Estado de excepción, donde las garantías individuales están afectadas y sí las autoridades de los derechos humanos realizan las recomendaciones sobre el particular, son ignoradas por los funcionarios responsables de la aplicación de la justicia.

d) Administración pública

Las dependencias centrales que integran el poder ejecutivo representan un total de 18 secretarías de Estado, y de una gran cantidad de organismos descentralizados, que han asumido responsabilidades de una manera disfuncional, ocasionado un ejercicio deficiente en su administración, reflejada en la poca atención de las necesidades sociales. Los órganos responsables de dar viabilidad a la nación y de enfrentar al narcotráfico, como es: la Secretaría de Relaciones Exteriores, encargada de la política exterior, está muy ocupada en reparar la muy deteriorada política exterior con los países latinoamericanos, con los que se ha perdido liderazgo; la Secretaría de Gobernación, encargada de la política interior, está más preocupada por mejorar la relación con los partidos políticos, la gobernabilidad y la coordinación con los gobiernos de los estados, con los que ha perdido credibilidad; la Secretaría de Seguridad Pública, encargada de proteger al ciudadano, se encuentra saturada y rebasada por la delincuencia ordinaria; la Secretaría de Salud, responsable de los servicios de atención, prevención y tratamiento de la salud de la población, se encuentra perdida en la burocracia de los servicios de salud que requiere la población y saturada por la deficiente reacción ante las epidemias que se han presentado, dejando pendientes los relativos a las drogas; y la Procuraduría General de la Republica, abrumada por los delitos federales que se han incrementado enormemente; y los encargados de la justicia, saturados en la impartición de la misma con graves deficiencias en su procesos; todas desarrollan sus tareas en beneficio de la población, sin embargo la ineficiencia y la corrupción las han invadido, además, existen indicios de que han sido rebasados por el narcotráfico.

En el Poder Legislativo se tienen cuarenta comisiones ordinarias para atender el trabajo legislativo, de supervisión y control, relacionadas con las funciones del Ejecutivo Federal, a pesar de ello todavía quedan funciones que requieren de atención específica y especializada, sobre todo de asuntos del narcotráfico que vienen afectando a la sociedad. El Poder Legislativo tiene que asumir con mayor responsabilidad las facultades que le confiere la Constitución y orientar sus actividades de una manera especializada para su mejor atención, por ello se han creado comisiones ordinarias encargadas de las diferentes materias de la función pública, sin embargo es necesario agregar una nueva Comisión en el Congreso de la Unión, que responda específicamente a los temas del narcotráfico, de otra manera, si se agrega a las existentes se podría distraer un tiempo considerable de estas, al asumir este tema entre las atribuciones que vienen desarrollando. En aras de no hacer un trabajo deficiente, se requiere crear una comisión ordinaria encargada del narcotráfico y consumo de drogas.

Hace quince años la población era menor a la que actualmente tenemos, eran menos los problemas sociales, mucho menos las funciones que realizaban las instituciones del Estado, no había los niveles de consumo de drogas como en este momento. Eran escasos los hechos delictivos, en este momento se presentan grandes actos violencia, a diario nos amanecemos con ellos producto del narcotráfico. Ahora tenemos la necesidad de atacar el problema, cuya solución no la percibimos de manera inmediata, por ello requerimos de un nuevo instrumento legislativo dentro del Congreso de la Unión.

Ahora bien, el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la competencia de las comisiones ordinarias se corresponda en lo general con de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. En este sentido es de suma importancia tomar la iniciativa en el Congreso, al no existir en la actualidad en la administración pública federal una dependencia o entidad que ostente dicha denominación, ni otra que asuma de manera integral esa responsabilidad, debemos en el Poder Legislativo realizar los cambios correspondientes en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de otorgar seguridad y certeza jurídicas a la población en general.

e) Propuesta legislativa

Si bien, el trabajo parlamentario en el Congreso no significa que deba guiarse con la similitud de órganos administrativos y cuerpos legislativos o colegiados, nacionales o internacionales, en este momento las acciones Legislativas requieren establecer una comisión de narcotráfico y consumo de drogas, además de que sería importante conformar en el Ejecutivo federal y en el Judicial de órganos específicos, pues se requiere de la participación de los tres Poderes del Estado para solucionar tan complicada situación.

El problema del narcotráfico requiere de una atención especializada e inmediata tanto del Ejecutivo como del Legislativo, así como del Judicial, por ello en la Cámara de Diputados creemos indispensable la creación de una comisión ordinaria, que con una visión integradora de las diferentes políticas públicas desarrolladas por los tres niveles de gobierno, se apliquen con racionalidad y eficiencia en las diferentes acciones realizadas en contra del narcotráfico. Lo anterior con el fin de darle certidumbre a la población de que puede confiar en el poder Legislativo, y de que trabaja con miras de resolver la situación en la que el país se halla inmerso.

En el Congreso se han presentado propuestas legislativas para atender el tema del narcotráfico; unas aprobadas y otras pendientes, en la mayoría se propone castigar el narcotráfico, desde la visión de los delitos graves, elevando los años de prisión, otras proponen hasta la pena de muerte. También se tiene las que regulan el consumo de drogas y recientemente se han hecho propuestas para atender las adiciones y permitir el consumo personal hasta una pequeña dosis, las de mejorar la vigilancia en las aduanas y la legalización de la drogas. Sin embargo falta tomar en cuenta la integralidad del daño que está haciendo a la sociedad en todos los niveles económicos para definir las sanciones, asumir acciones con una visión de fondo que garantice el respeto a la soberanía del país.

De esta forma podemos cuestionarnos y plantear ¿Es o no es necesario crear esta comisión? Puede ser que las prioridades de los grupos parlamentarios se orienten a las reformas estructurales que predominan en el Congreso o creer que nosotros no tenemos nada que hacer en este problemas o no queramos asumir nuestra responsabilidad, y que esto evite hacer el ejercicio Legislativo necesario para establecer en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la comisión de narcotráfico y consumo de drogas.

Hagamos lo posible por entregar a nuestros hijos la oportunidad de una mejor convivencia, en paz, sin temor de que se vean involucrados en el consumo de la droga que afecte su vida y la de sus familias. Continuemos nuestra labor propiciando la formación de ciudadanos valiosos que requiere el país, que no vean interrumpida sus ilusiones de estudiar y trabajar con tranquilidad.

Contribuyamos en el logro de estos objetivos enfrentando el problema del narcotráfico, con todas las herramientas legislativas, y si se requiere que forme parte de la reforma del Estado, que pretende establecer mecanismos para darle el poder a la gente, también debemos otorgarle la seguridad de que el narcotráfico no atente en contra de sus derechos individuales.

La sociedad está demandando acciones de fondo del Poder Legislativo, reformas legislativas que inhiban las acciones del narcotráfico, que impiden a los ciudadanos salir a las calles a desarrollar sus actividades. Es necesario que demos muestras de que estamos trabajando, que atendemos con responsabilidad las demandas de la ciudadanía, por ello debemos propiciar la creación de una Comisión de Narcotráfico y Consumo de Drogas encargada de uno de los grandes problemas de la humanidad, del mundo y de nuestro país.

Aprobemos la creación de esta nueva comisión, demos un mensaje a los infractores de la ley a nivel nacional y mejoremos nuestra imagen, no esperemos más tiempo para hacerlo, ni pongamos trabas a una comisión que requerimos para empujar las acciones del gobierno federal, y darle una visión de integralidad a las responsabilidades que en la materia deben realizar las dependencias del Ejecutivo federal. De esta manera podremos legislar, supervisar y controlar los programas y acciones particulares, que vienen realizando, perdidas entre las muchas otras facultades que tienen asignadas.

f) Responsabilidades de la Comisión de Narcotráfico y Consumo de Drogas

• Revisar la normatividad estratégica y funcional que rige las decisiones de las instituciones comprometidas en la lucha contra el crimen organizado vinculado al narcotráfico.

• Integrar informes respecto de la lucha contra el crimen organizado vinculado al narcotráfico.

• Proponer las prioridades para atajar el financiamiento al crimen organizado y poner más controles para evitar el “lavado” de dinero.

• Reforzar y fortalecer el sistema financiero, para evitar que los cárteles de la droga cuenten con recursos económicos.

• Colaborar con el gobierno federal de manera más intensa y coordinada, para cerrar las puertas a las transacciones y poner candados al tráfico de recursos y al lavado de dinero.

• Retomar los temas relacionados con el narcomenudeo, la nueva actitud de policías, peritos, agentes del Ministerio Público y jueces, para actualizar su normatividad.

• Coordinación permanente con los titulares de las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional, para instrumentar normas generales y particulares.

• Supervisar el avance en la depuración y el control de confianza de los cuerpos policíacos.

• Estudiar y proponer políticas y normas sobre el tema de la infiltración del narcotráfico en las instituciones gubernamentales.

• Legislar sobre la integración de un registro de los servidores públicos adscritos en las entidades, que fueron denunciados por relacionarse con el narcotráfico.

• Requerir al Ejecutivo Federal la información relativa al financiamiento realizado por Gobiernos Extranjeros, destinados a establecer nuevos sistemas de lucha en contra del narcotráfico.

• Integrar informes relacionados con los temas en que se han visto involucrado las instituciones, en la intercepción de comunicaciones, rastreo de llamadas telefónicas y correos electrónicos.

• Normar los servicios de inteligencia para combatir el narcotráfico, cuidando que no cause polémica en la opinión pública.

• Evaluación de las publicaciones hechas por los diarios nacionales y locales, relativos a la infiltración del narcotráfico en las instituciones públicas y empresa privada.

• Estudiar la penetración del narcotráfico en los poderes del Estado, y en las esferas de la política nacional.

• Controlar y evaluar las denuncias por infiltración del narcotráfico en las campañas electorales.

• Promover la cruzada nacional contra la droga, narcotráfico y lavado de dinero, y el financiamiento de candidaturas.

• Integrar una agenda legislativa sobre la narcopolítica.

• Realizar trabajos legislativos en coordinación con otras instancias internacionales en el combate al narcotráfico, para detectar inversiones con dinero de dudosa procedencia.

• Trabajar junto con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para evitar la posible infiltración del dinero del narcotráfico en el sector privado.

• Analizar la aplicación práctica y creación de una Ley Federal para Prevenir el Tráfico y Consumo de Drogas en las entidades del país.

• Realizar el análisis comparativo de las legislaciones locales, consultas y foros con los diferentes sectores de la sociedad para enriquecer las correspondientes reformas en materia de narcotráfico.

• Promover las iniciativas del Legislativo y del Ejecutivo para fortalecer el trabajo del Poder Judicial, y coordinar las políticas públicas para frenar el narcotráfico.

• Identificación de estructuras financieras vinculadas con el narcotráfico, conformación de políticas públicas para la lucha frontal contra el lavado de dinero y confiscación de bienes.

g) Consideraciones finales

Tomemos en cuenta que estamos en una etapa de suma vulnerabilidad, propicia para que el narcotráfico vicie y lastime la armonía social, avance y destruya las instituciones del Estado que hemos construido durante toda la historia de nuestro país, sobre todo ahora que se evidencian los lastres que las atacan; corrupción, ineficiencia, burocratismo, y falta de gobernabilidad.

El Congreso de la Unión debe ir al fondo del asunto: se trata de la vigencia de los derechos fundamentales de los mexicanos. Nada menos que las garantías constitucionales amenazadas por la empresa criminal del narcotráfico.

Por todo lo anterior, creemos necesario establecer en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión un instrumento legislativo de manera inmediata que atienda el problema del narcotráfico. Por ello proponemos reformar el numeral dos del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos e incorporar en esta norma la Comisión de Narcotráfico y Consumo de Drogas. Con esta reforma legal, contaremos con el espacio legislativo donde las y los Diputados Federales, podrán legislar y debatir sobre los aspectos fundamentales del tema y en el ámbito de su competencia, hacer su mejor aporte al combate de este trastorno social.

Busquemos los acuerdos políticos en el Congreso de la Unión, con el Gobierno Federal, y con los sectores de la sociedad civil, que permitan consolidar las normas jurídicas existentes y las nuevas que se propongan, así como el diseño de políticas públicas de Estado, orientadas a enfrentar con eficacia al narcotráfico. Con miras de recuperar la tranquilidad y garantizar la continuidad democrática del país, así como darle confianza a la sociedad en general para de-sarrollar sus actividades, condiciones que los mexicanos tenemos derecho por mandato constitucional.

En razón de las consideraciones antes expuestas someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa de

Decreto por el que se reforma el numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único: Se adiciona una fracción XXXVIII, y se recorre el contenido de la actual fracción XXXVIII, Transportes, para pasar a ser la XXXIX, y así las subsecuentes XXXIX y XL del numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 39.

1. ...

2. La Cámara de Diputados cuenta con comisiones ordinarias que se mantienen de legislatura a legislatura y son las siguientes:

I. a XXXVII. ...

XXXVIII. Narcotráfico y Consumo de Drogas

XXXIX. Transportes;

XL. Turismo; y

XLI. Vivienda.

3. Las comisiones ordinarias establecidas en el párrafo anterior tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 93 constitucional, y su competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Transitorio

Único. Las reformas del presente decreto entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 abril de 2010.— Diputada Olivia Guillén Padilla (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, del Grupo Parlamentario del PRI

En ejercicio de la facultad que me conceden los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe diputado federal Francisco Alejandro Moreno Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura, somete al pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 115, fracción III, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de que los municipios tengan a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: limpia, recolección, traslado, tratamiento, además de controlar sus efectos ambientales y a la salud y disposición final de residuos. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El municipio libre es la expresión política que da vida al funcionamiento institucional del país, por lo que siempre ha representado un pilar del desarrollo social, político, económico y regional.

Han sido los municipios los que más han permitido el daño ecológico, ya que el manejo de residuos no se ha controlado y mucho menos normado, prueba de ello es la gran cantidad de tiraderos clandestinos con residuos industriales, químicos, toneladas de tóxicos abandonados, escorias de la industria minera, terrenos de fabricantes de plaguicidas, tierras saturadas de llantas.

Ha sido la creciente demografía de las ciudades y la expansión de la mancha urbana las que han propiciado una fuerte generación de residuos y desechos, los cuales generan a los municipios altos costos por manejo de los mismos y en la mayoría de los casos ha propiciado la creación de tiraderos clandestinos que generan efectos directos sobre la salud e impactos negativos sobre el medio ambiente.

En América Latina, se calcula que le cuesta al municipio de 75 a 95 dólares la tonelada del manejo de residuos y en los Estados Unidos cuesta entre 65-70 dólares la tonelada del manejo de residuos, en México lejos de analizar esta cifra, requerimos visualizar los daños al patrimonio ecológico que es irreversible.

Actualmente, sólo el artículo 115, fracción III, inciso c) de la Constitución Política Estados Unidos Mexicanos, se refiere al tema de los residuos, pero desde el ángulo jurídico sólo se está facultando a la autoridad municipal a la prestación del servicio de limpia pública, traslado, recolección, tratamiento y disposición final, siendo que lo único que establece es reconocer a los municipios como prestadores de servicio, pero por el contrario debería estar velando por los interés de la sociedad en materia de salud pública y equilibrio ecológico.

Bajo estas circunstancias, los municipios de México quedan en una franca vulnerabilidad en materia de residuos sólidos urbanos logrando con ello daños serios al entorno ecológico, lo cual frena la calidad de vida de los ciudadanos y ocasiona distorsiones al medio ambiente abonando a la aceleración del cambio climático del país y del resto del mundo.

Debemos mirar a los municipios como los pilares firmes del desarrollo de este país, por lo que debemos fortalecer sus facultades y darles armas para que atenúen el cambio climático desde la esfera del manejo de residuos.

En este tenor, ha sido la propia Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en donde se ha considerado a los tres niveles de gobierno, pero carece al detallar las particularidades de cada entidad federativa y de los municipios que la integran ocasionando una corresponsabilidad del municipio en los daños provocados al medio ambiente. Por lo que es urgente y necesario dotar de nuevos instrumentos de política pública para atenuar los daños a la salud y los propios ocasionados al medio ambiente

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto para quedar como sigue:

Decreto que reforma y adiciona el artículo 115, fracción III, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Mexicanos.

Único. Se reforman la fracción III en su inciso c) del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 115. ...

I. ...

II. ...

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento, además de controlar sus efectos ambientales y a la salud y disposición final de residuos;

Artículo Transitorio

Único.La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2010.— Diputado Francisco Alejandro Moreno Merino (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

ARTICULO 8O. CONSTITUCIONAL

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Iniciativa que reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Arana Arana, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe diputado Jorge Arana Arana, integrante de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho de petición, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 8o. constitucional, entre otros aspectos, dispone lo siguiente:

“Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa;...”

Además, señala:

“A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.”

El derecho de petición consagrado en el artículo 8o. descrito, cuyo titular es el gobernado en general, significa la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad para formularle una petición, solicitud o instancia, misma que se debe formular por escrito, adoptando específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados públicos, tienen la obligación de emitir un acuerdo por escrito a la solicitud presentada por el gobernado, respuesta que debe serle dada a conocer en breve término, esto es, no basta que se dé contestación a la solicitud planteada, sino que también sea notificada al particular en breve término. En muchos casos, ni siquiera se da contestación a las peticiones y solamente son archivadas o desechadas, y en otros solo es de palabra.

Cabe enfatizar, que lo que en realidad se garantiza en este numeral es solamente el derecho a recibir una respuesta por parte de la autoridad a la que se ha dirigido la petición. En este sentido, todas las gestiones o peticiones que realicen los particulares frente a los órganos del Estado están protegidas por esta garantía individual del derecho de petición.

Con relación a los requisitos que debe cumplir el derecho de petición, se establece que ésta debe formularse por escrito, de manera pacífica y respetuosa. La exigencia que se formula por escrito, tiende a dar certeza jurídica al gobernado, al tiempo que debe permitir constatar el cumplimiento de los otros dos requisitos.

En cuanto al carácter pacífico de la solicitud, significa que debe estar exenta de amenazas para el caso de que la autoridad no dé la respuesta solicitada o simplemente no responda.

Con respecto a la manera respetuosa, representa que no se injurie o presione a las autoridades a las que se formula la petición.

La autoridad por su parte, está obligada a responder también por escrito y dar a conocer al peticionario la respuesta “en breve término”.

El sentido de esta disposición constitucional, ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera:

Por breve término, debe entenderse

“Aquel en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse”.

Esto es, la Corte considera que casuísticamente, según el tipo de petición, debe considerarse violado el artículo 8o., pero en jurisprudencia posterior aclaró que ello no significaba que debía pasar ese lapso para que se considere violado tal artículo, y es cierto que eso era así, pues en el caso concreto en el que habían pasado más de cuatro meses sin que se respondiera, consideró evidente la violación por no haberse contestado en breve término, pero de ello no se inferiría que por breve término deberían entenderse los cuatro meses citados.

Además de estos requisitos, existe el de dar a conocer el acuerdo que haya tomado la autoridad correspondiente al peticionario.

En este sentido, la Corte ha sentado jurisprudencia en cuanto a que no basta con que la instancia requerida tome alguna determinación con respecto a lo solicitado del contenido del acuerdo y esa circunstancia; en caso de amparo, debe ser demostrada por esa autoridad.

Adicionalmente, el máximo órgano jurisdiccional ha establecido como requisito de la respuesta que se dé a una petición, el que sea congruente con lo solicitado, es decir, que debe haber una relación lógica entre lo que pide el particular y el acuerdo que recaiga a su solicitud.

Asimismo, la Corte ha determinado que la autoridad no puede argumentar exceso de trabajo para dejar de dar respuesta a una petición, y además tiene la obligación, en caso de no ser competente para resolver, de poner dicha circunstancia en conocimiento del peticionario e incluso, existe una tesis de jurisprudencia en la que se establece que:

“la autoridad ante quien se presente, está obligada a hacerla llegar a aquella a quien va dirigida, sin que exista razón para que deje de hacerlo, el que la autoridad que recibe la petición, no esté capacitada para resolver sobre ella.”

Con esta propuesta de reforma, se pretende dar seguridad y certeza jurídica al gobernado que hace uso de su derecho de petición conforme a la ley.

Lo anterior, con el fin de que toda petición que realice el gobernado sea acordada por la autoridad a quien se haya dirigido, misma que tiene la obligación legal de hacerlo conocer al gobernado en breve término, individualizado al caso concreto, debiendo de tomar en consideración la naturaleza y características de la solicitud.

En función del desarrollo y conclusión del asunto en estudio, la respuesta al peticionario en ningún caso deberá exceder los tres meses, reduciendo en un mes el término señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerarse que es suficiente para el proceso, además de procurar e impulsar una pronta y eficiente administración de justicia.

Por lo expuesto, presento ante el pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que reforma el segundo párrafo del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de petición, para quedar como sigue:

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 8. ...

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario, individualizado al caso concreto, tomando en consideración la naturaleza y características de la misma y en función al caso concreto en estudio, sin que en ningún caso dicho término exceda de tres meses.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2010.— Diputado Jorge Arana Arana (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Iniciativa que reforma los artículos 12 y 17 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del PRI

Sofía Castro Ríos, diputada federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; presento ante esta honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 12, fracción III, y 17 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y adiciona el inciso c) a la fracción III del artículo 12 de la misma ley, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El principio fundamental de igualdad jurídica entre hombres y mujeres se integró a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1974, mediante la reforma al artículo 4o. Con ello se dio un paso fundamental para conseguir la equidad de género. En ese tenor, fueron reformados algunos instrumentos normativos como códigos civiles y penales en varios estados de la República Mexicana, lo que buscó garantizar los derechos de las mujeres.

El 12 de enero del año 2001, por iniciativa de varios partidos políticos y aprobada por todas las fracciones parlamentarias representadas en el Congreso de la Unión, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Es mediante esta ley que se crea una instancia para el adelanto de las mujeres mexicanas, como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.

Actualmente, el Instituto Nacional de las Mujeres opera con el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2009-2012 (Proigualdad), programa especial que pretende englobar las acciones de la Administración Pública Federal y establecer una plataforma de líneas básicas de acción y objetivos para garantizar los derechos humanos de las mujeres, la no discriminación, el acceso a la justicia y a la seguridad, así como fortalecer las capacidades de las mujeres para potenciar su agencia económica a favor de mayores oportunidades para su bienestar y desarrollo.

El Instituto Nacional de las Mujeres debe trabajar para crear una cultura de igualdad libre de violencia y discriminación, capaz de propiciar el desarrollo integral de todas las mujeres mexicanas y permitir, tanto a hombres como a mujeres por igual, ejercer plenamente todos sus derechos, así como participar equitativamente en la vida política, cultural, económica y social del país; hoy la violencia contra las mujeres y las niñas es considerada como una violación a los derechos humanos.

Tristemente, a nueve años de su creación, solo ha defendido posiciones conservadoras sin dar una batalla real por garantizar con su apoyo la igualdad jurídica en los hechos, los derechos humanos de las mujeres y la no discriminación; el acceso de las mujeres a la justicia, la seguridad y la protección civil, así como su acceso a una vida libre de violencia y sobre todo el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos.

No se ha visto al Instituto Nacional de las Mujeres luchando denodadamente a favor de las mujeres en Ciudad Juárez, o en Querétaro, a favor de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio; ni mucho menos en los movimientos en cada Estado de la República propugnando por el derecho a la maternidad libre y voluntaria; la libertad de las personas se traduce en que puedan elegir libremente contar con alternativas.

En México, 73 por ciento de las mujeres de 15 años o más celebrarán el día de las madres, lo que significa que 27.9 millones de mujeres han tenido al menos un hijo o hija, de acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo). Una mujer es atacada sexualmente cada tres minutos, una de cada cuatro sufre violencia doméstica, el 25% sufre una violación o un intento de violación y el 25% son acosadas sexualmente en el trabajo o espacios públicos.

Es por ello que basada en estas consideraciones, y en el afán de darle pluralidad al Instituto Nacional de las Mujeres, para que realmente represente la lucha de género para el que fue creado; propongo quitar al titular del Poder Ejecutivo Federal el poder del monopolio de la decisión sustantiva de designar a la presidenta del Instituto, depositándolo en un organismo plural como lo es, el Senado de la República.

Al mismo tiempo, propongo dar voto a las y los invitados permanentes en la junta de gobierno, debido a que no es admisible que la máxima instancia de justicia del País, no pueda tener plena participación, cuando por su papel en la estructura del Estado, es una institución profundamente involucrada en los derechos de ambos géneros, es donde se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación; la Suprema Corte de Justicia de la Nación (artículo 94 constitucional). Tampoco es dable suponer que el Consejo de la Judicatura Federal, que ejerce con toda independencia e imparcialidad su labor (artículo 100 constitucional), cuyas decisiones son definitivas e inatacables, no tengan voto sus dos representantes.

Quienes llevan la representación popular, facultados para iniciar leyes o decretos (artículo 71, Fracción II, constitucional) a favor de los derechos de las mujeres, tienen más cerca el pulso ciudadano; son los Diputados y Senadores, y serán un punto de equilibrio en la pluralidad de las decisiones de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres; es por eso que hay que darles voto.

Propongo también que se incluya entre los invitados permanentes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres, a la mujer que presida el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de género de la Cámara de Diputados.

Por lo expuesto, la legisladora que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto

De la ley del Instituto Nacional de las Mujeres

Artículo Primero. Se reforma la fracción III del artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, para quedar como sigue:

III. Las y los invitados permanentes, quienes tendrán derecho a voz y voto, que se mencionan a continuación:

Artículo Segundo. Se adiciona inciso C a la fracción III del artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, para quedar como sigue:

III. ...

a) ...

b) ...

c) Quien presida el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados.

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 17 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, para quedar como sigue:

Artículo 17. La Cámara de Senadores nombrará a la presidenta, de una terna propuesta por acuerdo de las tres quintas partes de la totalidad de los integrantes de la Junta de Gobierno. De no haber consenso, será la propia Cámara de Senadores la que proponga la terna.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2010.— Diputada Sofía Castro Ríos (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Equidad y Género.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Iniciativa que reforma el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado el 9 de febrero de 2009, a cargo del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman los artículos 52; 64, fracción XV y se adicionan una fracción XIII, recorriéndose la actual XIII para pasar a ser XIV al artículo 7; un inciso d) a la fracción I, recorriéndose el actual d para pasar a ser e), al artículo 16; las fracciones XI, XII, XIII, XIV y XV al artículo 44; una fracción XVI, recorriéndose la actual XVI para pasar a ser XVII al artículo 64 y una fracción VI al Apartado A del artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado el 9 de febrero de 2009, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, los objetivos de dicho ordenamiento son promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones; ejercer la rectoría del Estado en la materia para garantizar la soberanía nacional; fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones a fin de que éstos se presten con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de los usuarios, y promover una adecuada cobertura social.

El mismo artículo, en su fracción XIII, establece que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, supervisar la elaboración y actualización por parte de los concesionarios del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

Al efecto, el artículo 44, fracción XI, de la ley citada establece la obligación para los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones de llevar un registro y control separado de sus usuarios, tanto en líneas contratadas en plan tarifario como en líneas de prepago, en tanto que dicho artículo en su fracción XII los obliga a conservar un registro y control de las comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea que utilice numeración propia o arrendada, bajo cualquier modalidad.

Por su parte, por disposición del artículo tercero transitorio del “decreto por que se reforman los artículos 52; 64, fracción XV y se adicionan una fracción XIII, recorriéndose la actual XIII para pasar a ser XIV al artículo 7; un inciso d) a la fracción I, recorriéndose el actual d) para pasar a ser e), al artículo 16; las fracciones XI, XII, XIII, XIV y XV al artículo 44; una fracción XVI, recorriéndose la actual XVI para pasar a ser XVII al artículo 64 y una fracción VI al Apartado A del artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2009, la Comisión Federal de Telecomunicaciones emitió aquellas disposiciones administrativas para reglamentar el registro de usuarios de telefonía, así como para la actualización de datos personales y registros fehacientes de identificación y ubicación de los usuarios que contratan telefonía en cualquiera de sus modalidades, que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2009.

Asimismo, de acuerdo al artículo cuarto transitorio del decreto, los concesionarios contarán con un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor de dicho decreto, para cumplir con las obligaciones de registro y control a que se refiere.

No obstante, a la fecha, las acciones realizadas por los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones para fomentar el registro y actualización de los datos de las líneas de telefonía móvil de los usuarios han sido insuficientes y sus ineficiencias no deberían perjudicar a los millones de usuarios de estos servicios.

Asimismo, la supervisión de dicho registro por parte de las autoridades de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, también ha sido deficiente, incumpliéndose las obligaciones establecidas en la fracción XI del artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones contenido de la iniciativa.

Para efectos de la iniciativa que aquí se propone, es necesario considerar que los servicios de comunicaciones móviles constituyen el principal medio de comunicación existente en el país, habiendo alcanzado una penetración cercana al 75 por ciento de la población nacional, contando con aproximadamente 79 millones de usuarios, de los cuales el 98 por ciento son usuarios preexistentes a la entrada en vigor del decreto. Sin embargo el total de los usuarios de telefonía móvil registrados al inicio de febrero de 2010 es de sólo 33.1 millones de usuarios.

Por lo anterior, y considerando por una parte el limitado avance en el registro de usuarios de telefonía móvil y por otra la obligación de los concesionarios, conforme al párrafo tercero del artículo cuarto transitorio del decreto, de que una vez transcurrido el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del mismo, de cancelar en forma inmediata las líneas de telefonía móvil que no hayan sido identificadas o registradas por los usuarios o clientes; con objeto de no afectar a la población, es necesario otorgar una prórroga para el registro citado, a fin de que no se provoque daño a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones móviles, el cual sería irreparable y afectaría gravemente el desarrollo y la seguridad nacionales, sin perjuicio del planteamiento de estrategias más eficaces para incentivar a la población a realizar el registro, incluidas la realización de campañas tanto de los concesionarios de las redes públicas de telecomunicaciones, como por parte de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Por lo expuesto, formulo la iniciativa siguiente

Artículo Único. Se reforma el párrafo primero del artículo cuarto transitorio del “decreto por que se reforman los artículos 52; 64, fracción XV y se adicionan una fracción XIII, recorriéndose la actual XIII para pasar a ser XIV al artículo 7; un inciso d) a la fracción I, recorriéndose el actual d) para pasar a ser e), al artículo 16; las fracciones XI, XII, XIII, XIV y XV al artículo 44; una fracción XVI, recorriéndose la actual XVI para pasar a ser XVII al artículo 64 y una fracción VI al Apartado A del artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones”, publicado el 9 de febrero de 2009, para quedar como sigue:

Artículo Cuarto Transitorio. En el caso del registro de usuarios de telefonía móvil en cualquiera de sus modalidades adquiridas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, los concesionarios contarán con un plazo que expirará el 22 de abril de 2011 para cumplir con las obligaciones de registro y control  a que se refiere el presente decreto.

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente  de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 23 de marzo de 2010.— Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Olivia Guillén Padilla, diputada federal de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 27, 61, 64, 65 y 73 de la Ley General de Salud en materia de atención en el periodo de postparto, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

La atención histórica a las demandas más sentidas de las mujeres en nuestro país, ha ido avanzando paulatinamente, en gran medida gracias al trabajo y esfuerzo conjunto que muchas mujeres han ido realizando a lo largo de muchos años, enmarcados dentro del propósito de asumir el papel preponderante que les corresponde por derecho en la sociedad.

No hay duda que el rezago y desentendimiento de sus demandas, es entre otras circunstancias el resultado de la falta políticas públicas transversales de género y de una sociedad excluyente que limita su naturaleza; situación que ha exigido una labor ardua de cada una de las mujeres desde la posición que ocupa, para lograr una reivindicación permanente de las condiciones de la mujer que presenta nuevas y diversas necesidades que obliga a atender las circunstancias desfavorable que afectan su desarrollo.

El papel que desempeña la mujer dentro de la sociedad y en la familia, y en muchos casos siendo el sostén de la misma; así como ser un elemento importante de la fuerza laboral de nuestro país, en la política, la educación, la ciencia, la cultura, por mencionar algunos espacios en los que cada vez es más preponderante, le exigen mayores esfuerzos a la mujer que propician desgastes físicos y emocionales.

Lo anterior demanda de nosotros una mayor atención del entorno en que se desenvuelva, debido a que estos nuevos roles la ponen en una situación de desventaja al someterla a una mayor presión y estrés, que pueden desencadenar en trastornos como es la depresión antes y después del parto.

La depresión en general es un padecimiento que afecta tanto a hombres como a mujeres y en este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS), afirma que la depresión se presenta cada vez más frecuente en la sociedad moderna. Comenzando a tener dimensiones que dañan considerablemente la salud de la mujer, aun cuando la depresión afecta tanto a hombres como a mujeres, son estas últimas quienes tienen el riesgo de padecerla de manera leve a moderada, y son las mujeres quienes tienen la probabilidad de padecerla en un 30 por ciento a lo largo de toda su vida, mientras que en el hombre varía entre el 7 y 12 por ciento.

Este estudio coincide con el presentado en el Plan Sectorial de Salud 2007-2012, donde plantea que la depresión es 1.5 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres, sin considerar el periodo de embarazo y postparto, que son periodos particularmente críticos porque incrementan la probabilidad de sufrir este padecimiento.

Estos datos sin lugar a duda son alarmantes, porque estamos hablando de una doble propensión de las mujeres a una situación de depresión, por un lado las derivadas de su rol por el entorno en que se desenvuelven, así como por los factores biológicos y naturales propios de las mujeres que se de-sarrollan durante el embarazo y en el periodo de postparto.

De acuerdo con los estudios realizados, concluyeron que la incidencia más alta de la depresión en las mujeres se presenta entre los 30 y 35 años de edad, es decir, un rango de edad en el que la mujer se encuentra en el proceso de ser madre, sin que hasta el momento se preste una atención especial a un problema que ha quedado en el olvido, como es la depresión postparto.

La depresión postparto es un tipo de padecimiento que se desarrolla en las mujeres que acaban de dar a luz, solo se ha observado que algunas desviaciones emocionales se presentan sin razón alguna, sin embargo no se ha estudiado la sintomatología que tiene repercusiones no solo en la salud de la mujer sino también en su entorno y las personas que la rodean; hijos, pareja, familiares y a la sociedad en general.

Este tipo de depresión en la mujer según un reporte del Centro para el Control de Enfermedades del 2008, indica que afecta a una de cada ocho mujeres en la etapa de posparto a nivel mundial, este hecho en nuestro país su incidencia es mayor por el alto número de embarazos en adolescentes; situación que nos obliga como diputadas y diputados federales a revisar este problema que prevalece en las mujeres mexicanas y legislar urgentemente sobre el tema.

Lamentablemente son pocos los estudios realizados, por ende es escaso su conocimiento y atención. Hoy en día se empieza a realizar investigaciones médicas para identificar el origen y los actores de la depresión postparto, pero se ha avanzado más en conocer la influencia negativa en el entorno de la mujer que en la falta de apoyo, orientación y atención durante el padecimiento de este problema.

Se tiene registrado que los síntomas depresivos en este periodo se presentan dentro de las primeras 4 semanas del postparto pero con un rango de inicio de hasta 3 meses después del mismo, iniciando con síntomas leves pero con una alta probabilidad de intensificarse con el paso del tiempo si no se tiene la debida atención.

Además, especialistas internacionales en la materia, determinaron que la mayoría de las mujeres que presentan la depresión postparto la padecen por más de 6 meses y si no son tratadas profesionalmente puede durar hasta un año o a veces más teniendo un índice mayor de riesgo de recurrencia de estos episodios más severos en embarazos subsecuentes.

En nuestro país, en un informe de especialistas del IMSS señalaron que hasta un 20 por ciento de las mujeres mexicanas presentan depresión postparto derivados de cambios hormonales y químicos en el cerebro, que afectan principalmente el estado de ánimo de la madre después del parto, esto sin considerar que cerca del 50 por ciento de los casos no son detectados, creando problemas de intolerancia social.

Así, a pesar de que es un trastorno típico que afecta a las mujeres a lo largo de su vida reproductiva nada se ha hecho, lo cual ocasiona que un gran número de mujeres la padezcan en silencio, por el desconocimiento de sus síntomas y el desentendimiento de las autoridades de salud de brindar la atención a este mal.

En el continente como en el país se empieza a considerar algunas acciones sobre este tema. Las investigaciones realizadas revelaron que en mujeres latinas este tipo de depresión se presenta con una incidencia del 30 por ciento contra un 10 por ciento de las europeas o norteamericanas, motivada esta variación por la enorme diferencia en las condiciones de vida y el acceso a servicios de salud de calidad, que hay entre unas de otras, también se ha identificado que si una mujer ha sufrido depresión postparto tiene un 70 por ciento de probabilidad de sufrir nuevamente un episodio de esta naturaleza.

Entre otros factores que profundizan el impacto negativo de este problema, es que en América Latina aun prevalece la cultura de trato misógino contra la mujer, condición que agrava esta situación, porque se ignoran y minimizan condiciones y estados emocionales que se presentan en las mujeres, además de que a la mujer solo se le considera como la encargada de criar a los hijos y atender el hogar.

En nuestra sociedad todavía se representa a la mujer con la típica figura de sufrida, conformista e insegura, impidiendo que cuando la mujer presenta un episodio de depresión postparto no sea detectado como debería, restándole de esta forma importancia. Se considera que las situaciones emocionales que se presentan a lo largo de su vida no son importantes y que cualquier episodio sentimental tiene que ver con una situación de manipulación o chantaje o con su ciclo menstrual, afirmación categóricamente equivocada.

El desentendimiento de la sociedad y de nuestras instituciones encargadas de brindar la atención a problemas de este tipo de salud, reafirma el hecho lamentable de que en nuestro país cualquier episodio de depresión postparto, sigue interpretándose como un estado “natural” de la mujer y sin relevancia alguna tanto para la pareja como para la familia o la comunidad en su conjunto.

En el año 2000 una organización sudamericana llevo a cabo un estudio para conocer los factores que inciden en la depresión postparto, incluyendo a modo de excepción en este estudio como dato muestra un pequeño número de mujeres mexicanas que presentaban esta condición, la cual se considero representativa porque México es un país que carece completamente de un esquema tanto de salud así como de una normatividad en este tema.

Esta investigación determinó que la depresión poco antes del parto puede considerarse como un factor indicativo confiable de la presencia de la depresión postparto, pero que es ignorada por completo a pesar de que casualmente se puede detectar de manera espontánea.

También existe una estrecha correlación entre la calidad de vida y los servicios de salud a los que tienen acceso las mujeres que propician la incidencia de presentar episodios de depresión postparto, así como de la severidad de los síntomas y la prolongación del padecimiento; de tal forma solo se han identificado factores externos calificados de forma superficial, como son, las relaciones matrimoniales de mala calidad y sobre todo la falta de apoyo durante el parto, pero no se ha incluido un diagnostico médico que identifique las condiciones físicas naturales de la mujer, hechos que fomenta que la depresión postparto se agudice.

Es por eso que desde esta soberanía, tenemos que asumir la responsabilidad de legislar en lo conducente para trabajar en el reconocimiento del problema y establecer las normas que garanticen el tratamiento necesario para revertir esta condición.

Por tanto, es necesario ampliar la cobertura de atención de salud hacia las mujeres en este aspecto, sobre todo, garantizar el diagnostico profesional y el tratamiento especializado del padecimiento, para impedir que se convierta en una experiencia que afecte irreparablemente a la mujer, a los hijos y a su entorno.

Desde hace tiempo, hemos ignorado los pronunciamientos de los especialistas sobre la necesidad de profundizar en la investigación de los factores que acercan a la depresión al suicidio, debido a que en los últimos años México ha presentado una de las tasas más altas de suicidios en la mujer, detectándose que tienden a suicidarse 3 o 4 veces más que los hombres, creciendo este índice a un ritmo anual de casi 5 por ciento; haciendo de vital importancia la exigencia de que se lleven a cabo acciones legislativas específicas.

Todos estos datos justifican por si mismos la necesidad de que las y los legisladores federales escuchemos la voces que nos indican la trascendencia de detectar de manera oportuna este padecimiento, realizar una evaluación integral a la mujer, mediante la aplicación obligatoria de entrevistas clínicas estructuradas y pruebas auxiliares que ayuden a identificar y diagnosticar la depresión antes y después del parto y finalmente a tratarla de manera adecuada.

La valoración médica especializada es indispensable para integrar el diagnostico, sus síntomas y su historial, auxiliándose si es necesario con una exploración física o pruebas sanguíneas para descartar que algo pueda estar agravando los síntomas.

Los especialistas mencionan que el tiempo de tratamiento para la depresión postparto depende del grado de la intensidad del cuadro que se presente ya sea leve, moderado o grave, y puede ir de seis meses a tres años, para eliminar la posibilidad de que este padecimiento se convierta en un trastorno que pueda terminar dañando más la salud de la mujer.

En general, se acepta que el tratamiento tiene buenos resultados siempre que se diagnostique a tiempo. En este sentido es importante proporcionar a la mujer la orientación profesional especializada, que apoya a la madre en la prevención y durante el tratamiento.

En el Plan Sectorial de Salud 2007-2012 se menciona que es necesario mejorar el diagnostico y tratamiento oportuno de las complicaciones del embarazo, y aumentar la calidad y seguridad de la atención del parto; pero no se menciona directamente y de forma clara, la atención a los padecimientos del periodo de postparto.

No cabe duda de que contamos con médicos y enfermeras preparadas para detectar y diagnosticar la depresión postparto, solo falta establecer en la norma la obligatoriedad de llevar a cabo los procedimientos para hacerlo.

En tal virtud es importante que se reconozca el tema de la depresión postparto, como un asunto que afecta de manera alarmante la salud de las mujeres mexicanas y exigir que se cuente con estrategias adecuadas de prevención, atención, orientación y difusión sobre este padecimiento y sus implicaciones.

La depresión postparto es un padecimiento preocupante, frecuente, pero además tratable, que tiene repercusiones en la salud de la madre, del hijo y la familia en el corto y largo plazo, sin embargo es habitual que diagnostiquen mal o en el mejor de los casos que sub-diagnostiquen esta padecimiento, por lo que tenemos que implementar medidas obligatorias para su detección oportuna a cargo de médicos capacitados que puedan identificar y evaluar las sintomatología e iniciar oportunamente el tratamiento y seguimiento adecuado en los casos que así se requiera.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la Ley General de Salud

Artículo Primero. Se adiciona la fracción VIII Bis al artículo 3 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:

I. a VII. ...

VIII. La salud mental;

VIII Bis. El programa de detección y tratamiento de síntomas depresivos en el periodo postparto;

IX. a XXX. ...

Artículo Segundo.Se reforma el artículo 27º, fracción IV, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I. a III. ...

IV. La atención materno-infantil y los síntomas emocionales en la mujer derivados del parto;

V. a X. ...

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 61, fracción I, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 61. La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende las siguientes acciones:

I. La atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, y de su desarrollo emocional en el periodo de postparto;

II. a V. ...

Artículo Cuarto. Se adiciona la fracción IV al artículo 64 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 64. En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán:

I. a III. ...

IV. Procedimiento de aplicación de entrevistas clínicas estructuradas para la detección y tratamiento de síntomas depresivos en la mujer postparto.

Artículo Quinto. Se reforma el artículo 65, fracción III, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 65. Las autoridades sanitarias, educativas y laborales, en sus respectivos ámbitos de competencia, apoyarán y fomentarán:

I. y II. ...

III. La vigilancia de actividades ocupacionales que puedan poner en peligro la salud física y mental de los menores y de las mujeres embarazadas, y durante el periodo de manifestación de sintomatología del postparto, y

IV. ...

Artículo Sexto.Se adiciona la fracción II Bis al artículo 73 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 73. Para la promoción de la salud mental, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán:

I. ...

II. La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental;

II Bis. La difusión de los trastornos emocionales en el periodo postparto, así como la atención y tratamiento que realizaran las instituciones;

III. a IV. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 22 de abril de 2010.— Diputada Olivia Guillén Padilla (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Salud.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Iniciativa que reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Antonio Benítez Lucho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

A partir del mes de febrero, las autoridades hacendarias pretenden gravar con el ISR las jubilaciones y pensiones de los trabajadores que durante toda su vida de asalariados pagaron las tributaciones correspondientes. Sin duda, ello constituye una política tributaria inequitativa y equivocada, pues los jubilados y pensionados tendrían que pagar nuevamente gravámenes, en este caso hasta del 30 por ciento.

Esta medida, no ayudaría a resolver los problemas que enfrentan las finanzas del país, ya que es un sector poblacional reducido y empobrecido.

Por esas razones, nuestro Grupo Parlamentario se suma a la posición expresada por la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que ha rechazado enérgicamente la aplicación de 30 por ciento en el impuesto sobre la renta (ISR) a jubilados y pensionados, toda vez que siempre fueron causantes cautivos de la Secretaría de Hacienda para cobrarles gravámenes.

Se calcula que la mayoría de los pensionados y jubilados gana menos de nueve salarios mínimos y sólo unos cuantos rebasan ese monto, por lo que cobrar más tributación es inconstitucional, injusto e inequitativo.

Asimismo, esta intención contraviene convenios internacionales y la propia Constitución. Efectivamente, con ello México está violando el Convenio 102 que suscribió en 1985 con la Organización Internacional del Trabajo, que establece que las pensiones no causarán impuestos. Además, se viola el artículo 123 de la Constitución Política, que establece que el salario será gravable, pero jamás cita a las pensiones o a las jubilaciones.

En derecho fiscal y laboral, la pensión es producto del trabajo que el pensionado desarrolló durante un determinado número de años, el cual ya fue objeto del cobro de impuestos, por lo tanto, su pensión no puede ser sujeta a la aplicación de un nuevo gravamen. El fisco quiere gravar pensiones altas, pero no es correcto, pues no estamos hablando de una fuente de capital o de un rendimiento. No hablamos de intereses, estamos hablando de montos constitutivos pensionarios que se dieron en el periodo activo del trabajador.

Es importante señalar, que las pensiones ya estaban gravadas por el ISR, desde diciembre de 1980, por el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta anterior, derogada el 30 de diciembre de 2002, al entrar en vigor la ley actual. Aprobada por el Congreso en 1979, esta disposición figura en el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y actualmente obliga a cumplir con ella a todos los trabajadores retirados con pensión de más de 16 mil pesos al mes, condición en la que se afecta a pensionados del IMSS e ISSSTE. No obstante, no se aplicaba por una evidente acción de solidaridad y justicia social.

Al cierre del 2009 el IMSS tenía 2 millones 677 mil 264 pensionados en sus tres diferentes seguros (invalidez y vida, riesgos de trabajo y retiro cesantía en edad avanzada y vejez) mismos que accedieron a este beneficio de conformidad con la Ley del 73. Históricamente en el IMSS menos del 2 por ciento (1.7 por ciento) se encuentran registrados cotizando con el salario tope de 25 salarios mínimos, para lo cual deben de haber cotizado 500 semanas.

En el ISSSTE se tenían al cierre de 2008, 666 mil 654 pensionados, mismos que recibieron beneficios de conformidad con la Ley abrogada (de 1983), la cual determina la pensión en base al sueldo básico de cotización con un límite de 10 salarios mínimos y aplicando un porcentaje de acuerdo a su edad y antigüedad laboral. Solo trabajadores con al menos 28 años de servicio percibirán una pensión igual a su sueldo básico promedio. De lo anterior se deduce que aproximadamente el 5 por ciento de los pensionados reciben una pensión superior a 9 salarios mínimos.

Petróleos Mexicanos a junio del 2007 informaba tener 65,026 jubilados y 11,060 pensionados, cantidad que debemos de considerar que se encuentra incrementada a esta fecha. Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad a diciembre de 2008 informaba tener en el rubro de jubilados 51,917, situación que de igual manera a esta fecha se encuentra incrementada.

Esta situación no abarca a los jubilados y pensionados del Banco de México, ex presidentes, Banca de Desarrollo y ministros de la Suprema Corte de Justicia, para los cuales la SHCP manifiesta que existen fideicomisos “públicos” que son utilizados para sufragar sus pensiones y jubilaciones, tratamiento que es diferente para los trabajadores enunciados en los rubros anteriores.

Asimismo, en el IMSS, que presenta el mayor número de jubilados se observa que corresponde a personas de la tercera edad, (informe de Lockton consultores actuariales e IMSS del 12 de diciembre de 2008) mismas a las que ya no les es posible realizar actividades laborales, además de que deben acudir a médicos particulares para proteger su salud, lo cual les presenta una fuerte proporción de sus ingresos.

Lo anterior, demuestra que la SHCP castiga de un total aproximado de 3,471,921 a un 2 por ciento aproximado, esto es a 69,438 jubilados que se encuentran cautivos para la Secretaría. Si bien el número pareciera pequeño no debemos olvidar que corresponde a personas de la tercera edad, que ya no cuentan con fuentes propias y diversas de ingresos.

Por otra parte, este esquema tributario sobre las pensiones, deja al margen a las pensiones derivadas de sistemas privados o que son cubiertas por fideicomisos, creando tratamientos inequitativos, aunque la Constitución lo prohíbe expresamente.

En virtud de lo anterior, esta iniciativa propone una solución de raíz y plenamente apegada a los criterios de tributación, consistentes en la proporcionalidad, la gradualidad y la universalidad, para que, corrigiendo la norma y proveyendo como lo decía José María Morelos a su exacta observancia con moderación y con prudencia, que toda la población jubilada y pensionada de el país, quede exenta del pago de impuesto sobre la renta.

Al reformar el artículo 109 de la Ley del ISR se eliminarían falsas interpretaciones, injustos tributos y regímenes de excepción, para un sector que, hoy por hoy, requiere de una acto de elemental justicia: nuestros padres y abuelos trabajadores.

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la presente:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Único. Se reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 109. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:

I. ...

II. ...

III. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte.

IV. a XXVIII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2010.— Diputado Antonio Benítez Lucho (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Iniciativa que reforma los artículos 29, 31, 35 y 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del Grupo Parlamentario del PRI

En ejercicio de la facultad que me conceden los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Eduardo Alonso Bailey Elizondo, diputado federal por el estado de Nuevo León del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura, someto a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman los artículos 29, fracción V; 31, fracción XIV, 35 y 226, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Lo anterior, al tenor de las siguientes:

Exposición de Motivos

Según datos recientes las Pymes conforman aproximadamente el 97% de las empresas en México, constituyéndose con ello en la base de la economía mexicana, siendo también las principales generadoras de empleo.

Son estas empresas quienes cuentan con mayor potencial para continuar el fortalecimiento de la generación de empleo, lo cual en nuestro país puede impactar hasta en un 79% de la población.

Son también las Pymes una parte fundamental de los ingresos del país, ya que generan ingresos equivalentes al 23% del producto interno bruto nacional.

Lo anterior es una clara señal de que debemos poner atención a este tipo de empresas y verlas como lo que en realidad son: la base de la economía mexicana por el papel fundamental que juegan en los ingresos del país, en el empleo y en las cadenas productivas de las grandes empresas. Se estima que de las aproximadamente 2.9 millones de empresas que existen en nuestro país, el 99% corresponde a las Mpymes.

Sin embargo, existen diversos factores que afectan para que el número existente de Pymes sea todavía mayor.

• Falta de capacitación del capital humano que las opera.

• Barreras de diversos tipos para el acceso a nuevas tecnologías.

• Trámites excesivos para su constitución.

• Dificultades para el acceso a los créditos privados.

• Insuficiencia de los programas gubernamentales que se les destinan.

• Problemas de vinculación con las cadenas productivas.

• Ausencia de una estrategia de vinculación productiva regional, que les abata costos.

Estos factores son solo algunos de la gran cantidad de problemas que enfrentan las empresas de menor tamaño (Mipymes); dentro de las que hay que hacer especial énfasis en las carencias de mano de obra calificada, barreras al acceso a nuevas tecnologías y créditos insuficientes para su capitalización.

Históricamente, ha existido falta de vinculación entre los sectores productivos y el sistema educativo nacional, donde las instituciones educativas, sus programas de estudio y los proyectos de investigación están desvinculados con las necesidades empresariales. Existe una clara ausencia de política pública que vincule el sector productivo y las instituciones educativas; que atienda a las vocaciones naturales de las regiones y que exploten estas diferentes potencialidades con que cuenta nuestra nación y que permitan un desarrollo sustentable del sector productivo en esta vertiente de las Mpymes.

Otro problema grave que enfrentan las Pymes es la excesiva carga fiscal, pero sobre todo, los procedimientos fiscales que son largos, burocráticos y con constante variación. En la actualidad, no existe una estructura fiscal diferenciada que de un tratamiento adecuado a las empresas, de acuerdo a su tamaño, características especificas, e incluso a su grado de madurez.

Desde los años 80 el gobierno federal ha diseñado estrategias para atender al sector de las micro y las pequeñas empresas. Se han constituido programas muy diversos de apoyo, que sin embargo no se han podido consolidar como el factor fundamental que de un verdadero impulso al sector. Hoy en día, estos programas se presentan desarticulados, sin recursos suficientes, y sobre todo sin claridad en los mecanismos para su acceso: las reglas de operación de los programas son complejos y faltos de mecanismos para su necesaria difusión, la gran mayoría de los micro y pequeños empresarios desconoce su existencia, por lo que se presta a la manipulación clientelar por parte de las instituciones encargadas de los programas para el ejercicio de estos apoyos. En todo caso, estos apoyos han sido siempre insuficientes para las necesidades de este sector de la industria.

Por lo anterior, es que se hace necesario volver los ojos a otras alternativas de apoyo en estas empresas, como lo es proponer nuevos esquemas en donde se puedan conjugar los esfuerzos de quienes tienen esas posibilidades de apoyar el desarrollo de estas empresas, tanto desde el sector público como en el privado.

En este sentido se busca que la banca, en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la SHCP, dinamicen el financiamiento implementando nuevas medidas para dar créditos a Mipymes. En donde estas empresas específicamente puedan acceder a los créditos bancarios con reglas más flexibles y expeditas; y en donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público permita que la banca otorgue, bajo otros parámetros préstamos, a las personas que trabajan por su cuenta y a las Pymes, como lo han venido manifestando reiteradamente funcionarios bancarios, consientes de este nicho de oportunidad, le daría un matiz social a la banca.

En entrevista reciente de un medio de comunicación con el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), éste comentaba que en breve se darán a conocer cambios a la medición paramétrica, que tiene como finalidad lograr que la autoridad financiera cumpla con el reclamo de hacer que los préstamos sean más expeditos y menos burocráticos.

En este sentido las nuevas normas serán un impulso adicional al financiamiento para los pequeños negocios. Ya que según información de los propios bancos, actualmente la banca atiende a más de 440,000 Pymes (las cifras varían mucho en diversas publicaciones, en todo caso solo se mencionan como referencia), pero existen alrededor de 1 millón de esas empresas susceptibles de acceder a un financiamiento. Esto quiere decir que, el financiamiento que otorga la banca se puede duplicar, por lo que se le debe incentivarla para que preste estos créditos. Se insiste en la perspectiva social de estos créditos por los empleos que generan.

Dentro de la normatividad existen diversos requisitos para que las Mpymes obtengan más créditos, que habrá que analizar y en su caso hacerlos más expeditos, y que en todo caso se deberá tomar en cuenta y a consideración de los banqueros los siguientes elementos:

• Se requiere una evaluación cuantitativa y cualitativa del cliente.

• Estados financieros de la empresa como comprobante de ingresos.

• Dos años de estar constituida.

• El plan de negocios de la compañía.

• Los bienes primordiales del cliente o de las Pymes que sirven como garantía para un crédito bancario.

• Las pruebas paramétricas son aceptadas por la ley para evaluar créditos al consumo e hipotecarios.

Recientemente algunos banqueros proponen que incluso estos sean mínimos, o equivalentes a los que se solicitan para la obtención de una tarjeta de crédito.

Lo anterior porque en la actualidad la banca solicita al acreditado declaraciones e impuestos, estados financieros, libros de flujo de efectivo. Por ello los requisitos deberán ser menores y que los puedan cumplir plenamente las empresas, que como sabemos carecen de los apoyos técnicos y recursos para que puedan ser solventados.

Se menciona en reportes institucionales, que ahora una parte del financiamiento a las empresas se está surtiendo con crédito bancario, por lo que constituye una noticia muy positiva que el financiamiento a través de los mercados y que la Banca ha empezado otra vez a funcionar.

A este esfuerzo se han sumado instituciones financieras como ABC Capital, Afirme y Banamex, las cuales ofrecen líneas de crédito a tasas de interés bajo. Los planes de financiamiento de las entidades crediticias van desde los 20 mil hasta 1.5 millones de pesos.

El costo del financiamiento para las Pymes en México es alto todavía (alrededor del 20%) contra menos del 10% que se cobra en países desarrollados, en el caso del BBVA, Latinoamérica aporta el 40% de sus beneficios y dicha cifra no es por el número de clientes (a diferencia de otros países en los que está colocado) sino por las cuotas que cobra en América Latina. Esto por sólo mencionar un ejemplo, recordemos que la banca instalada en México hoy en día es banca internacional y sólo queda como banco mexicano Banorte. El interés de estos bancos finalmente es la obtención de ingresos, pero no se tiene una visión clara de la utilización de sus recursos en beneficio de la sociedad mexicana. Estos bancos en sus países de origen, fomentan de manera asombrosa el desarrollo económico, social y cultural.

No se puede negar que sí ha habido algunos avances, pero no han sido tan impactantes como se necesitan. Realmente, hay mucho que hacer, por ello la presente iniciativa busca incidir en esta parte social que debe contener toda estrategia de desarrollo de las instituciones crediticias, que se insiste, deben tener un componente social: lo que se busca es incentivar la parte del sector productivo con mayor incidencia directa en los ingresos, a través del empleo.

Respecto a infraestructura, es muy importante reconocer que por primera vez en esta crisis, comparada con las del 2001, la de1995 y otras crisis menores que hemos tenido, el gasto público está creciendo y esto se refleja en obras de infraestructura. El crédito de la banca comercial para infraestructura ha crecido en un año de 149 mil a 181 mil, más de 30 mil millones de pesos, a una tasa superior al 20 por ciento. Se menciona esto porque si bien la micro y la pequeña industria en apariencia no forman parte del sector empresarial que realiza las grandes obras de infraestructura, es claro que forman parte de las cadenas y sí tienen un impacto directo en ellas.

El crédito total a las Pymes, según las estimaciones de las propias instituciones bancarias ha crecido 13 por ciento con respecto del año anterior al mes de mayo, pudiéndose observar que no se ha detenido el número de pequeñas y microempresas atendidas por la Banca, e incluso se aprecia que se ha duplicado en 3 años; ya que eran 73 mil en 2005 y hoy están rebasando ya las 140 mil empresas atendidas con crédito.

En contraste con lo anterior, también hay que mencionar que las elevadas tasas de interés, acompañadas de fuertes restricciones, a través de requisitos excesivos; el poco interés mostrado por los bancos, han tenido como consecuencia que sólo el 22.5 por ciento de las Mpymes en México cuenten con créditos de la banca comercial.

Por lo anterior, las Mpymes han tenido que recurrir a fuentes alternas de financiamiento, entre las que se encuentran proveedores, créditos personales e incluso tarjetas de crédito. Por lo que es aquí en donde se debe incidir para que un número mayor de estas empresas tengan acceso al crédito bancario privado.

Como se puede apreciar es mucho lo que hay por hacer en este sector de la producción, las Mpymes, que se insiste, tiene un impacto importante en los ingresos del País, el empleo y su redistribución del ingreso, así como en las cadenas productivas. Debido a esto debe ser prioritario lo mucho que se tiene que hacer en este ámbito, y como primera tarea podemos mencionar la necesidad de fortalecer los mecanismos más apropiados para la difusión estatal de los programas con los que cuenta para el apoyo de éstas, con el objetivo de promover los servicios y programas de apoyo empresarial, tanto federales como estatales y en general a los programas del Estado en este sentido.

Pero sobre todo, el gran reto es construir una estructura de financiamiento integral, con la concurrencia de los diversos sectores que cuentan con los recursos financieros necesarios para brindar los apoyos, y también, hay que profundizar en el cambio de mentalidad, para ver en estas empresas un elemento esencial para alcanzar los objetivos de crecimiento que el país necesita. Las Mpymes son las que más requieren de un impulso. Para apoyarlas y estimularlas, se necesita crear nuevos proyectos y planes para que puedan salir adelante.

Por ello se insiste, hay que buscar todos los medios posibles para apoyar a estos empresarios, a través de los diversos mecanismos de financiamiento y parte importante de la posibilidad de financiamiento esta en el sector privado. De ahí la necesidad de hacerlo atractivo para el propio sector financiero, para que por la vía de los créditos coadyuve con el Estado para financiar a las micro y pequeñas empresas.

Es en este sentido que se presenta la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto para modificar la Ley del Impuesto sobre la Renta; para que en esta Ley se establezcan de manera expresa, estímulos fiscales a aquellas instituciones crediticias que destinen recursos para apoyar a estos sectores de la industria que, como ya se mencionó, son realmente poco sujetos de crédito.

Así, estimulando a las instituciones crediticias, estos estímulos en realidad se convierten en un apoyo directo para las Mpymes, y por lo tanto hacemos una mejor redistribución social del ingreso nacional; a través del empleo; se fortalece el desarrollo nacional, por medio de un desarrollo integral de los sectores productivos mediante cadenas productivas articuladas y sólidas, y sobre todo, nos fortalecemos como nación.

Por lo expuesto, presentamos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto mediante el cual se reforman los artículos 31, fracción XIV, 35 y 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Único. Se reforman los artículos 29, fracción V, 31, fracción XIV, 35 y 226, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 29. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes:

...

V. Los créditos otorgados por las instituciones nacionales de crédito y las auxiliares de crédito, para la creación de micro, pequeñas y mediana industrias.

...

Artículo 31. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos:

I. ...

...

XXIV. En el supuesto establecido en el artículo 29, fracción V, esta deducción se otorga como un estímulo fiscal a las instituciones Nacionales de crédito y las auxiliares de crédito consistente en el 1% sobre los montos de los créditos o apoyos directos otorgados a la micro, pequeña y mediana industria; el cual podrá ser acreditado contra el propio impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en que se otorguen dichos créditos.

Artículo 35. Tratándose de créditos a la micro, pequeña y mediana industria, el monto de los créditos otorgados serán reportados semestralmente a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, procurando que la orientación de dichos créditos respondan a las prioridades nacionales, establecida en el Plan Nacional de Desarrollo y los Programas Sectoriales. Y será considerado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como un estímulo fiscal a las instituciones de crédito y las auxiliares de crédito consistente en el 1% sobre los montos de los créditos o apoyos directos otorgados.

Artículo 226. Se otorga un estímulo fiscal a las instituciones nacionales de crédito y las auxiliares de crédito sobre el impuesto sobre la renta, consistente en el 1% sobre los montos de los créditos o apoyos directos otorgados a la micro, pequeña y mediana industria; el cual podrá ser acreditado contra el propio impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en que se otorguen dichos créditos. Este crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. En ningún caso, el estímulo podrá exceder del 3% del impuesto sobre la renta a su cargo en el ejercicio inmediato anterior al de su aplicación.

Para los efectos de este artículo, se considerarán como créditos o apoyos directos otorgados a la micro, pequeña y mediana industria, los otorgados por las instituciones Nacionales de crédito y las auxiliares de crédito en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales en el territorio nacional,destinadas a la generación de empleos y el fortalecimiento de las cadenas productivas.

Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, se estará a lo siguiente:

I. Se creará un comité por un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el Comité y tendrá voto de calidad, uno de la Secretaría de Economía uno de la Secretaría del Trabajo, uno de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, uno de la Asociación mexicana de Banqueros y uno del Consejo Coordinador Empresarial.

II. El Comité publicará a más tardar el último día de febrero de cada ejercicio fiscal, un Programa de Prioridades Nacionales de Créditos a las Micro, Pequeñas y medianas Industrias así como los montos que comprenderán dichos créditos o apoyos directos así como los rangos de industriales que se verán beneficiados.

III. Las instituciones nacionales de crédito y las auxiliares de crédito deberán cumplir lo dispuesto en el programa que establezca el Comité y a las reglas generales que este emita para beneficiarse de este estimulo, las cuales se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Transitorio

Único. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.— Diputados: Eduardo Alonso Bailey Elizondo, Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Iniciativa que reforma los artículos 57, 58 y 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Jeny de los Reyes Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRI

Jeny de los Reyes Aguilar, diputada integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56, 62, 63 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 57, 58 y 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la cual se sustenta en la siguiente

Exposición de Motivos

Las áreas naturales protegidas son definidas por el artículo 3, fracción II, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección la Ambiente como las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas.

Nadie pone en duda la necesidad y los beneficios de fomentar la conservación y restauración de nuestros recursos biológicos mediante el establecimiento de áreas naturales protegidas en las diferentes modalidades que permite la ley.

Las áreas naturales protegidas nos brindan innumerables servicios ambientales, coadyuvan en la conservación de la biodiversidad de que tanto presumimos los mexicanos y tienen un papel sumamente importante para revertir los efectos negativos que tiene sobre el clima el exceso de emisiones de gases de efecto invernadero.

Sin embargo, resulta imperativo asegurar la participación de la ciudadanía, ejidos, comunidades, estados y municipios, organizaciones no gubernamentales y todo tipo de actores interesados en los procesos de creación y modificación de éstas, a fin de asegurar su viabilidad.

Si bien actualmente de conformidad con el artículo 58 de la LEGEEPA, la Semarnat realiza procesos de consulta previo a la emisión de una declaratoria, sometiendo a consideración pública los estudios justificativos y los proyectos de decretos, resulta conveniente otorgar a estos procesos la mayor publicidad posible a fin de asegurar que todo aquel interesado o afectado por la declaratoria de un área natural protegida se le proporcione la información necesaria y tenga la oportunidad de exponer sus opiniones, garantizando su derecho de audiencia y de esta manera evitando posteriores impugnaciones.

Asimismo, se considera necesaria la colaboración de todos los sectores interesados en una declaratoria de ANP desde el inicio de los trabajos previos, esto es, desde la realización de los estudios justificativos, a fin de otorgar un mejor sustento científico, jurídico y social al proyecto de decreto. Queda claro que la toma de decisiones de este tipo resultan infructuosas si no se asegura la concertación con todos los sectores sociales involucrados.

Por lo anterior, se considera conveniente establecer la obligatoriedad de realizar un aviso sobre el inicio del proceso que conlleve a la emisión de una declaratoria de ANP, y que ésta deberá publicarse en el DOF y en un diario de gran circulación en el o los estados involucrados para dar la mayor publicidad posible al asunto.

Por otra parte, y partiendo de la premisa de que todos estamos de acuerdo con el valor que debe darse a la creación y conservación de las áreas naturales protegidas, resulta sumamente incongruente que la gran mayoría de las áreas declaradas actualmente no cuenten con un programa de manejo, violentando a todas luces el artículo 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que establece:

Artículo 65. La secretaría formulará, dentro del plazo de un año contado a partir de la publicación de la declaratoria respectiva en el Diario Oficial de la Federación, el programa de manejo del área natural protegida de que se trate, dando participación a los habitantes, propietarios y poseedores de los predios en ella incluidos, a las demás dependencias competentes, los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, en su caso, así como a organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas interesadas.

La violación sistemática y reiterada de las cormas jurídicas no puede ser justificada bajo ningún argumento, toda vez que sería en todo caso responsabilidad del funcionario encargado de su cumplimiento el señalar la problemática que se presente y en todo caso los mecanismos para solucionarla.

En la actualidad, sólo 57 de 173 áreas naturales protegidas cuentan con programas de conservación y manejo publicados, lo que representa una cobertura del 34.14 por ciento del territorio protegido. Cuál es la finalidad de decretar un área protegida si posteriormente no se van a emitir las normas específicas bajo las cuáles se van a realizar las labores de conservación de ésta.

Durante la comparecencia del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales llevada a cabo en el proceso de glosa del Tercer Informe de Gobierno me permití cuestionar a dicho funcionario sobre la falta de programas de manejo, recibiendo como respuesta que la dependencia a su cargo llevaba a cabo un programa para corregir dicha omisión, y aún se permitió celebrar la publicación de algunos programas de manejo durante el periodo del informe.

A más de seis meses de distancia de dicha comparecencia, observamos que no ha habido un avance significativo en la corrección de esa deficiencia. En la mayor parte de los casos, la falta de información y concertación con los propietarios, ejidatarios y comuneros han impedido la concertación de acciones para la conservación y aprovechamiento de las áreas sujetas a conservación.

Por tal motivo, consideramos necesario eliminar o al menos atenuar los factores que inciden en la falta de publicación de los programas de manejo. En primer término, consideramos necesario señalar un plazo máximo para la designación del Director del área, toda vez que éste funcionario es quien se encuentra encargado de de coordinar los trabajos encaminados a la formulación, ejecución y evaluación del programa de manejo con la participación de todos los actores sociales interesados, y tanto la ley como su reglamento son omisos al no señalar un plazo para su nombramiento.

En segundo término, se considera necesario señalar un plazo máximo para que dicho funcionario, una vez que ha sido designado, comience los trabajos para la formulación del programa de manejo. De esta manera al menos se busca asegurar que el inicio de los trabajos técnicos y de consulta se comiencen en un plazo no mayor de 4 meses posteriores a la expedición del decreto, y en un caso extremo de negligencia podríamos hablar de sancionar al funcionario responsable conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

En tercer lugar consideramos necesario señalar que se deberá privilegiar la concertación social como mecanismo idóneo para el establecimiento de las medidas para la conservación y aprovechamiento del área de que se trate. Como se ha mencionado anteriormente, ninguna medida de protección al ambiente tiene viabilidad si no participan de ella todos los actores sociales interesados, particularmente aquellos que verían restringidos sus derechos de propiedad.

Por lo expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los Artículos 57, 58 y 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Único. Se reforman los artículos 57, 58 y 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 57. Las áreas naturales protegidas señaladas en las fracciones I a VIII del artículo 46 de esta Ley, se establecerán mediante declaratoria que expida el Titular del Ejecutivo Federal conforme al procedimiento señalado en ésta y las demás leyes aplicables.

El inicio del procedimiento tendiente a la declaratoria de un área natural protegida deberá divulgarse mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación, así como en un diario de mayor circulación en la entidad de que se trate.

Artículo 58. Previamente a la expedición de las declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales protegidas a que se refiere el artículo anterior, se deberán realizar los estudios que lo justifiquen, en los términos del presente capítulo, los cuales deberán ser puestos a disposición del público, y deberán realizarse reuniones públicas de información con los propietarios y actores sociales interesados a fin de dar a conocer los alcances de la declaratoria, así como recibir sus propuestas. Asimismo, la secretaría deberá solicitar la opinión de:

...

...

...

...

Artículo 65. La secretaría formulará, dentro del plazo de un año contado a partir de la publicación de la declaratoria respectiva en el Diario Oficial de la Federación, el programa de manejo del área natural protegida de que se trate, dando participación a los habitantes, propietarios y poseedores de los predios en ella incluidos, a las demás dependencias competentes, los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, en su caso, así como a organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas interesadas.

Una vez establecida un área natural protegida de competencia federal, la Secretaría deberá designar al Director del área de que se trate dentro de los 90 días naturales siguientes a la publicación de la declaratoria, quien será responsable de coordinar la formulación, ejecución y evaluación del programa de manejo correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las disposiciones que de ella se deriven.

El director del área deberá iniciar el procedimiento de consulta tendiente a la formulación del programa de manejo dentro de los 30 días naturales siguientes a su nombramiento, estableciendo los mecanismos de concertación con los actores sociales interesados en la conservación y aprovechamiento del área natural protegida.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 6 días del mes de abril de 2010.— Diputada Jeny de los Reyes Aguilar (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Iniciativa que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado José Alberto González Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, con objeto de establecer una tarifa preferencial a planteles e infraestructura del sector público educativo, a fin de cumplir con lo establecido en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, brindando educación laica, obligatoria y gratuita a toda la población del país en virtud de la siguiente

Exposición de Motivos

La educación que deben recibir las mexicanas y los mexicanos, apegado a lo establecido en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 3o., es obligatoria, laica y gratuita. Por lo cual, el Estado tiene la obligación de brindar dicho servicio que promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo desde la educación inicial hasta la superior, apoyando la investigación científica y tecnológica, así como alentar el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura, lo cual es necesario e indispensable para el desarrollo de la nación.

Por otra parte, la educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es el proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, además de ser el factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.

Sin embargo, el impacto económico sufrido por la crisis económica internacional en la economía de los hogares mexicanos se ve reflejada de manera directa en la educación, porque al elevarse el costo de los servicios proporcionados por el Estado y los organismos descentralizados, como lo es el servicio eléctrico, repercute directamente en los costos que absorben las instituciones públicas educativas e impacta en el presupuesto de las secretarías de educación de cada una de las entidades federativas.

El alto costo que implica el pago de la energía eléctrica en los planteles de educación básica del país motiva que se destine cerca del 35 por ciento de los recursos del gasto corriente del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) para el pago de dicho servicio, cuyos recursos apoyan en 20 a 80 por ciento los costos de dicho servicio, el cual se complementa con las aportaciones que realizan los padres de familia, las cuales en la actualidad han disminuido debido al contexto económico internacional y nacional.

Ha de señalarse que si bien es cierto que la problemática actual es de alto impacto en el subsistema de educación básica, también se reflejan en el ámbito educativo nacional en su conjunto y en las esferas de ciencia y tecnología, la investigación y las universidades y planteles de educación superior.

El servicio eléctrico es un elemento clave en el funcionamiento del aparato productivo nacional, asimismo, es un componente indispensable para el desarrollo de las actividades cotidianas de la sociedad.

En estos momentos sería muy complejo imaginar que nuestra evolución social se hubiese dado sin la existencia de la electricidad.

Por otra parte, el factor educativo es fundamental para cualquier nación y México no es la excepción, ya que el contar con una sociedad mejor preparada, que cuenta con las herramientas educativas suficientes como Enciclomedia, Internet, equipos de computo, salas audiovisuales, entre otras, permiten aprovechar de mejor manera sus potencialidades, nos otorga ventajas que nos ubican por encima de países con características similares.

Hay que destacar que México es un país que cuenta con diversidad tanto geográfica como climática, lo que permite que los niveles de consumo de energía no sean iguales, tomando en consideración la existencia de escuelas unitarias y bidocentes que existen en nuestro territorio nacional, amén del grado de marginación en que se encuentran, lo que propicia rezago y deserción escolar.

La relación que existe entre el componente educativo y el energético se encuentra en que la electricidad es uno de los insumos prioritarios para el buen funcionamiento del sistema educativo nacional, los planteles escolares y la infraestructura educativa no pueden desarrollarse de manera plena sin la industria eléctrica.

Sin embargo, a pesar de saber de las implicaciones que conlleva lo anterior, poco se ha realizado para apoyar la labor educativa mediante un uso más eficiente, racional y barato de la electricidad.

Cabe señalar que un porcentaje importante de los gastos fijos que deben realizar los planteles escolares es destinado al pago por el servicio de consumo de energía eléctrica, aportación que en ocasiones superan por mucho lo planificado por autoridades educativas y padres de familia.

No se trata de generar un beneficio sectorizado o local, el objetivo es que los planteles del sistema educativo nacional: básico, bachillerato, universidades, posgrados, centros de investigación, docencia y demás infraestructura educativa reciban dicha prerrogativa.

De igual forma, es de destacar que no estamos solicitando una exención por el pago del servicio de consumo de energía eléctrica, se está proponiendo que se pueda incorporar una tarifa preferencial inferior a la mínima publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación, lo que no tendría graves repercusiones en el nivel de ingresos públicos esperados.

Esta medida es una oportunidad para impulsar de manera real la enseñanza, la investigación y el desarrollo tecnológico a partir de una disminución de los costos fijos de los planteles educativos. Los ahorros generados pueden ser canalizados o reasignados a otro tipo de actividades académicas, que permitan la adquisición de materiales y suministros para la enseñanza.

La educación es de interés público y social a nivel nacional, alcanzando en la actualidad rubros tan delicados como la prevención del delito y otras políticas de seguridad pública nacional, recordando que un país sin educación, cultura e investigación es un país condenado a desaparecer como nación.

Por los motivos antes mencionados, propongo reformar el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a fin de que se incorpore un párrafo segundo, recorriendo el párrafo segundo actual a tercero con el objeto de que se especifique que los pagos por consumo de energía eléctrica en planteles e infraestructura educativa pública se realizarán en base a una tarifa preferencial mínima, la cual será publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación, especificando así en la clasificación la tarifa para el sector público educativo.

Dicha reforma se sustenta en el hecho de que actualmente el pago por el consumo de energía eléctrica que realizan los planteles y la infraestructura del sector educativo nacional público, representa un porcentaje elevado de los recursos destinados a las actividades de este sector, los cuales no son recuperados debido a que la educación es un derecho social que debe cubrir el Estado, por lo cual no hay lucro en el gasto de los mismos, pero si repercute en las finanzas de las instituciones educativas y de los padres de familia.

En virtud de lo expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Decreto

Único. Se reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, incorporando un párrafo segundo y recorriendo el actual párrafo modificándolo como tercero, para quedar como sigue:

Artículo 31. ...

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará una tarifa preferencial para los planteles e infraestructura del sector educativo público nacional, la cual deberá ser considerada por debajo de la clasificación mínima publicada actualmente en el Diario Oficial de la Federación.

...

Transitorio

Único.El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2010.— Diputado José Alberto González Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Energía.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL - LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Iniciativa que reforma los artículos 19 de la Ley General de Desarrollo Social y 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Melchor Sánchez de la Fuente y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los diputados federales de Coahuila Rubén Ignacio Moreira Valdez, Francisco Saracho Navarro, Hugo Héctor Martínez González, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Tereso Medina Ramírez, Noé Garza Flores. en la voz de Melchor Sánchez de la Fuente.

De conformidad con los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, y 56 del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social y reforma y adiciona el artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El envejecimiento de la población mundial es creciente, pues la proporción de las personas de 60 años o más está aumentando más rápidamente que cualquier otro grupo de población. Este aumento se ha manifestado en el incremento de la participación porcentual de las personas adultas mayores en la estructura de la población general.

La transición demográfica de las últimas décadas trajo consigo una fuerte transformación de la distribución por edades de la población mundial. Lo anterior dio paso a un cambio en la pirámide poblacional, traducida en el estrechamiento de su base y la ampliación de su cúspide. La reducción del número de personas en las edades más jóvenes, y el aumento de los sectores con edades más avanzadas dio como resultado, por un lado, el beneficio que arroja el bono demográfico al hacer posible, de forma gradual, una relación más favorable entre la población en edades laborales y la población en edades dependientes; y por el otro, el desafío que conlleva atender la nueva demanda social que representan las personas adultas mayores.

Así según datos de la Organización de las Naciones Unidas a nivel mundial el envejecimiento de la población se incrementa anualmente en una proporción del 2% para los adultos mayores de 60 años. Así mismo, se calcula que en el planeta viven aproximadamente 600 millones de adultos mayores y en el año 2025 se duplicará y para el 2050, el número de personas de la tercera edad ascenderá a 2000 millones de personas.

Nuestro país, no permanece ajeno a esta situación, así en el año de 1970 presentaba un crecimiento de su población en forma piramidal, es decir, una base amplia y una cúspide angosta y 50% de su población era menor de 15 años. En el año 2000 se observaba una pirámide abultada en el centro que refleja un aumento de las personas en edades medias y una disminución de la proporción de los menores de cinco años. En el año 2050 se prevé, una forma piramidal inversa motivada por una mayor proporción de población en senectud provocada por la disminución de las tasas de natalidad y un aumento de la esperanza de vida.

Si bien el incremento de la esperanza de vida es un indicador de mejoría del estado de salud de la población, también sabemos que los adultos mayores desarrollan enfermedades crónicas degenerativas e incapacidades que les afectan en su desarrollo.

Según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) se estima que hasta el presente año, existen 9 868 303 adultos mayores de 60 años en todo el país, lo que representa casi e1 9% del total de la población.

En promedio el 23.8% de los hogares tienen al menos un adulto mayor de los que el 12.4% son hogares ubicados en el primer decil por lo que la capacidad para garantizarles por lo menos la alimentación es sumamente cuestionable.

Las personas adultas mayores que viven en países que cuentan con sistemas oficiales de pensiones y programas públicos de transferencias tienen menor riesgo de caer en la pobreza que los grupos de edad más jóvenes de la misma población, mientras que en los países donde la cobertura del sistema de pensiones es limitada –situación en que se encuentran la mayoría de los países en desarrollo– la pobreza durante la vejez tiende a ir en paralelo con la media nacional.

Así, en México, datos de las proyecciones elaboradas por el Conapo revelan una media nacional de 13.4% de los adultos mayores que dependen directamente de sus familias, ya que no obtiene ingreso alguno, esto aunado al hecho de que habite en un hogar que no percibe ingresos suficientes, la situación del adulto mayor es aun más vulnerable dada su condición de dependiente.

Aun en casos en los que los adultos mayores no son dependientes sus condiciones son muy similares a la de los adultos mayores que aun trabajan, el 49.95% no cuentan con seguridad social, en el caso del ascendente (padres o suegros) el porcentaje aumenta a 53.41%.

La media nacional de los adultos mayores que trabajan es de 26.38%, más del 50% de los adultos mayores que aun trabajan se encuentran autoempleados, lo que revela la causa de la falta de seguridad social. El hecho de no percibir un ingreso fijo en el caso de los auto-empleados, cuestiona la capacidad de estos para cubrir sus propias necesidades alimenticias.

De los adultos mayores que trabajan, el 26.4% se encuentra en el sector primario, el 17.8% en el secundario y el 45% en el terciario. Este dato debe considerarse, pues aunque la mayoría de estos se ubica en el sector terciario, esto se debe a la concentración de este segmento poblacional en las ciudades. Si este dato se le deslindara la estacionalidad, el índice revelaría una alta frecuencia de trabajadores mayores de 60 años en las zonas rurales. La mayoría de los adultos mayores que aun trabajan se han empleado en actividades poco calificadas o como obreros, en lugares con poca o nula seguridad para ellos.

El 54.8% de la población de adultos mayores se concentran en los distritos urbanos el 45% restante se encuentra en las comunidades rurales, en las que comúnmente se encuentran las zonas de alta marginación con poco acceso a los servicios médicos y en los que se encuentran los grupos con los menores ingresos.

El 26.1% de los adultos mayores no perciben ingreso alguno, el 10.2% recibe menos de la mitad de un salario mínimo, el 15% recibe entre la mitad y un salario mínimo, siendo esta población sin duda la más vulnerable, misma que conforma la población objetivo.

Los cambios demográficos y el déficit de recursos implicaran mayores riesgos de inseguridad alimentaria en los ancianos, ya que el acceso a la cantidad y calidad de alimentos se verá afectado en forma dramática, incrementando así la probabilidad de desarrollar desnutrición. De hecho, en la actualidad la desnutrición es el tipo más frecuente de malnutrición en el anciano. Diversos estudios muestran que entre en 5% y el 10% de los ancianos que viven en la comunidad se encuentran desnutridos. Los estudios en hospitales y asilos indican que la desnutrición afecta a 26% de los pacientes internados por padecimientos agudos, y entre el 30% y 60% de los ancianos en unidades de cuidados intensivo o los que se encuentran confinados en asilos.

El tipo de desnutrición más frecuente entre los ancianos hospitalizados es la desnutrición proteico-calórica la cual explica entre el 30 y 65% de los casos. la desnutrición en el anciano está en general condicionada por cinco ejes causales: cambios fisiológicos asociados al envejecimiento, modificaciones del medio hormonal y mediadores plasmáticos, coexistencia de enfermedades crónicas, alteraciones psicológicas y aspectos determinados por el medio ambiente.

Los pacientes hospitalizados con desnutrición, y en especial los adultos mayores, desarrollan mayores índices de morbi-mortalidad, incrementando así los días de estancia y los costos invertidos en los sistemas de salud.

La Organización Panamericana de la Salud realizó en 1999 la Encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento para evaluar el estado de salud de la población de adultos mayores en siete ciudades de América latina y El Caribe, incluida la Ciudad de México. las enfermedades registradas con más frecuencia fueron las siguientes: hipertensión arterial, problemas articulares, reumatismo, desnutrición y osteoporosis.

México cuenta con poca información de las características del entorno del adulto mayor y su perfil de salud y nutrición. La información disponible procede de la Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas (ENEC-1993), realizada en zonas urbanas, y la Encuesta Nacional de Salud 2000; ambas notificaron que los problemas más comunes en las personas mayores de 60 años eran la hipertensión arterial, obesidad, diabetes mellitus tipo 2, hipercolesterolemia y algunas enfermedades renales.

El estudio realizado por la Secretaría de Salud “Estado de salud y nutrición de los adultos mayores en México: resultados de una encuesta probabilística”, publicado en 2008, es uno de los más actuales que nos permite vislumbrar el contexto actual de nutrición de los adultos mayores, evidenciando que los adultos mayores de 60 años de edad en México se caracterizan por estaturas muy bajas y una muy preocupante prevalencia de sobrepeso y obesidad. Otro de los problemas importantes de salud de esta población fue la elevada prevalencia de anemia, comparable a la de países africanos que sufren condiciones de pobreza y marginación mayores a las de México.

Por otra parte la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 arroja datos alarmantes en cuanto al grado de anemia tan elevado que sufren adultos de 50 años y mayores, la prevalencia nacional de anemia en este grupo de población fue de 23.7%. Al aplicar factores de expansión se puede inferir que en toda la nación alrededor de 4 446 262 adultos de 50 años y mayores padecen anemia. los grupos de edad más afectados por la anemia fueron de 80 años en adelante y de ambos sexos. Esta tendencia fue la misma para las localidades urbanas y rurales.

En cuanto a la condición de discapacidad, de los adultos mayores, se encontró que, para el año 2000, el 10.7% de la población de 60 años y más reportó tener algún tipo de discapacidad.

Ante el escenario planteado se puede explicar que la combinación de deficiencias en el ingreso económico, la desigualdad entre géneros, la falta de educación formal, la inequidad, la deficiencia en el acceso a los servicios de salud, de la mano con la mayor incidencia de enfermedades crónicas y degenerativas en los adultos mayores, los hace un grupo especialmente vulnerable que demanda y demandará mayores recursos financieros y políticas públicas claramente enfocadas a corto, mediano y largo plazo.

El envejecimiento de la población se presenta en todo el mundo, la diferencia radica en cómo los estados asumen su responsabilidad social para con las personas de la tercera edad, por ello es importante actuar con planeación y preparación para afrontar este cambio y llegar a una vejez con dignidad y calidad. En nuestro país los cambios demográficos están aumentando la proporción de adultos mayores de 60 años, pero los cambios sociales ponen en riesgo de inseguridad alimentaria a los actuales adultos mayores y a las futuras generaciones.

Es por lo anterior, que la presente iniciativa tiene por objetivo garantizar a los adultos mayores de bajos recursos un alimento diario, a través, de la instalación de comedores públicos para la tercera edad, establecido a través de un programa sujeto a reglas de operación, coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social como un programa más de los programas alimentarios que la dependencia ejecuta actualmente. Mediante una reforma al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social y al artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas de los Adultos Mayores.

De conformidad con lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que requiere realizar una valoración del impacto presupuestario. La presente iniciativa contiene un impacto presupuestario que permite observar el costo real de implementarse dicho programa y la adquisición de los recursos:

Programa de Comedores Públicos para Adultos Mayores de 60 años en condiciones de Pobreza

Datos:

La población objetivo se ha calculado mediante la media nacional de los adultos mayores ubicados en el primer decil:

La cuota de recuperación se destina al pago de bienes no perecederos, y pertenecen a los gastos de operación, tal como son el pago de agua, luz, gas, compensaciones económicas para el personal, renta del inmueble etc. La Sedesol, a través de sus programas alimentarios dota de los insumos perecederos (comida) al comedor, mismos que serán procesados y servidos por los operadores del comedor.

El operador de este programa como se ha mencionado seria la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), esta dependencia ya cuenta’ con programas de índole alimenticia, sin embargo, lejos de cubrir los nutrimentos necesarios, los programas focalizados para los adultos mayores no están diseñados para cubrir las necesidades de micronutrimentos como hierro, a pesar de que la mayor parte de los casos de anemia se debe a la deficiencia de este elemento, por el contrario, proporcionan, en particular energía, y ésta puede contribuir a incrementar la tasa de sobrepeso. Estos programas deben garantizar la satisfacción de los requerimientos de micronutrimentos en este grupo de edad.

El impacto presupuestal queda como sigue:

El presupuesto asignado a la Sedesol en 2009 fue de 68 mil 147 millones de pesos, mismo que para 2010 ascendió a 80 mil 477 millones de pesos, es decir se incremento en un 18.01%. Durante el año 2009 la Sedesol concentro un 43.8% de su presupuesto en programas de índole alimentario que en cifras es 29 mil 886 millones 400 mil pesos, si la propensión del destino del presupuesto creciera en la misma proporción que el presupuesto asignado, entonces el aumento del presupuesto destinado a este tipo de programas debiera presentar un incremento proporcional idéntico quedando como sigue, 34 mil 605 millones 110 mil pesos, cuya diferencia con el año anterior seria de 4 mil 718 millones 710 mil pesos.

Esto quiere decir que el aumento en el presupuesto es mayor que el costo anual del programa, pues este representa el 83.4% del incremento presupuestal. Además del sentido humano del programa debe destacarse que la presencia del subejercicio en la dependencia es un mal que continua aquejándole, no proponemos el despilfarro a fin de evitar el subejercicio, pero si la presencia de programas que atiendan a uno de los segmentos poblacionales más vulnerables, los adultos mayores.

El costo del programa comparado con el presupuesto asignado a Sedesol para el ejercicio 2010 es de 4.8%, porcentaje incluso inferior al subejercicio 2009 de la dependencia.

Nuestra iniciativa responde a la necesidad de miles de adultos mayores que día con día se encuentran en la disyuntiva de llevarse un alimento a la boca, que ante la falta de un alimento y nutrición adecuadas se encuentran enfermos. La vulnerabilidad que enfrentan nuestros adultos mayores es alarmante, no es un orgullo decir que nuestro país tiene una mayor esperanza de vida, es necesario tener una mejor calidad de vida.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía, la iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social y el artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Artículo Primero. Se reforma la fracción V del artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público:

I. a IV. ...

V. Los programas y acciones públicas para asegurar la alimentación y nutrición materno­infantil y de los adultos mayores.

VI. a IX. ...

 Segundo. Se reforma el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y se agrega un inciso X, para quedar como sigue:

Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

I. a II. ...

III. De la salud, la alimentación y la familia:

a. A tener acceso a los satisfactores necesarios, considerando nutrición adecuada, bienes, servicios y condiciones humanas o materiales para su atención integral.

b. y c. ...

X. Promover la difusión de programas destinados a promocionar y concientizar a la sociedad sobre los principios básicos de una alimentación adecuada y necesaria para el bienestar de los adultos mayores.

Transitorios

Artículo Primero. la presente iniciativa entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. la Cámara de Diputados aprobará anualmente los recursos destinados al Programa de Comedores Públicos para los adultos Mayores en Condiciones de Pobreza.

Notas:

1 La expresión “persona adulta mayor” establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es aceptada mundialmente como la correcta para referirse a las personas de 60 años o más.

2 Segunda Asamblea Mundial Sobre el Envejecimiento. Madrid. Organización de las Naciones Unidas, 2002.

3 Los deciles son los nueve valores que dividen la serie de datos en diez partes iguales. Los deciles dan los valores correspondientes al 10%, al 20%... y al 90% de los datos.

4 Nutrición Hospitalaria. Prevalencia de desnutrición del adulto mayor al ingreso hospitalario. J.G. Gutiérrez Reyes, A. Serral de Zúñiga y M. Guevara Cruz. Servicio de Nutriología Clínica del Instituto Nacional de Ciencias Medicas y Nutrición Salvador Zubirán. Tlalpan. México. DF.

Dado en el Palacio legislativo de San lázaro, a 21 de abril del 2010.— Diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdez, Melchor Sánchez de la Fuente, Héctor Franco López, Hugo Héctor Martínez González, Francisco Saracho Navarro, Héctor Fernández Aguirre, Miguel Ángel Riquelme Solís, Tereso Medina Ramírez, Noé Garza Flores (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, y de Atención a Grupos Vulnerables.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María Cristina Díaz Salazar, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Título Quinto de la Ley General de Salud en materia de investigación clínica.

Exposición de Motivos

En el ámbito económico, la relación entre el crecimiento de un país y que éste cuente con políticas de fomento a la investigación y desarrollo es ampliamente reconocida. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, los gobiernos tienen la posibilidad de acelerar la recuperación y sentar las bases para un crecimiento más sólido, más limpio y más justo si realizan las inversiones adecuadas y crean un marco propicio para la innovación. Para las economías emergentes como México, la innovación debe ser la piedra de toque de la política nacional de desarrollo.

La capacidad nacional de innovación depende del nivel de desarrollo tecnológico de una economía y de la especialización de su fuerza laboral, del fomento sostenido a la inversión en investigación y desarrollo, de contar con un marco legal óptimo y ejecutar los procesos administrativos de manera eficiente. En el caso específico de las ciencias de la salud, la capacidad de innovación depende también de que existan fuertes lazos colaborativos entre gobierno, academia y sector privado para trasladar los descubrimientos científicos al alcance de los pacientes.

Como parte de la innovación, la investigación para la salud es uno de las disciplinas que aportan no sólo mayores recursos económicos –aproximadamente 65.3 mil millones de dólares a nivel mundial–, sino mayores beneficios para la calidad de vida de la población. Durante los últimos decenios, los avances de las ciencias de la salud han logrado que la expectativa y calidad de vida tanto en hombres como en mujeres haya aumentado significativamente, evitando complicaciones o el agravamiento de una condición existente.

En este sentido, el descubrimiento, desarrollo y acceso de los pacientes a nuevos tratamientos juega un papel crítico. Se estima que el desarrollo de nuevos medicamentos redujo la mortalidad humana global alrededor de 50 por ciento en un periodo de cuatro décadas. En el caso específico de los países menos desarrollados, la mortalidad infantil cayó 50 por ciento durante los últimos 25 años. Gracias a que cada vez más gente tiene acceso a mejores tratamiento, la tasa de supervivencia de cáncer aumentó entre 50 por ciento y 60 por ciento de 1975 a la fecha.

Una de las etapas críticas de la innovación para la salud es la investigación clínica, que el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud (artículo 66) define como la secuencia de estudios que se llevan a cabo desde que se administran por primera vez al ser humano hasta que se obtienen datos sobre su eficacia y seguridad terapéutica en grandes grupos de población.

La investigación clínica representa 40.7 por ciento del gasto total en investigación y desarrollo de un medicamento. Su importancia radica en que para poder tener incidencia en la práctica médica, todo conocimiento generado en experimentación “básica” (molecular, celular o animal) debe evaluarse a partir de sus resultados sobre el paciente, antes de comercializarse. Es decir, la investigación clínica es el paso que permite que un descubrimiento científico tenga una aplicación práctica e incidencia sobre la calidad de vida de los pacientes.

Cuando una nueva molécula ha pasado por diversos modelos de experimentación animal (por un periodo de entre 2 y 3 años) puede utilizarse por primera vez en humanos. Entonces, la molécula es ya un medicamento en investigación, y su desarrollo continúa a través de lo que se denomina Investigación Clínica, que consta de las siguientes fases:

Fase I. Entre 50 y 100 voluntarios sanos entran en contacto con el nuevo medicamento para estudiar primordialmente su seguridad y dosificación

Fase II. En ella se estudia la eficacia y seguridad del medicamento entre 100 y 300 personas que padecen la enfermedad que se intenta combatir.

Fase III. Se estudian entre mil y 10 mil pacientes para asegurar la validez estadística necesaria y conocer con certeza la seguridad, tolerabilidad y eficacia del medicamento. Esta etapa generalmente se desarrolla en varios países, decenas de hospitales y con la participación de cientos de investigadores y coinvestigadores.

Fase IV. Se realiza después de que el medicamento sale a la venta, por diferentes motivos: para introducir el fármaco al mercado, para estudios de farmacoeconomía, calidad de vida, supervivencia o eventos adversos inesperados.

Además del avance en general de la ciencia médica, el ejercicio de la investigación clínica resulta en una serie de beneficios notables para todos los actores participantes: médicos, pacientes e instituciones de salud.

a) Apoya el desarrollo y especialización de los médicos mexicanos: en numerosas ocasiones, un estudio de investigación clínica requiere de la participación de cientos de especialistas de todo el mundo. Los investigadores tienen la oportunidad de intercambiar conocimiento y experiencia con sus pares, reciben instrucción sobre los últimos avances acerca de una enfermedad, y tienen la oportunidad de observar el funcionamiento de los medicamentos antes de que estos se comercialicen.

La investigación para la salud es un pilar de la investigación nacional. En 2006, 20 por ciento de los investigadores inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) realizaron sus actividades en centros hospitales e institutos de salud públicos. Esto significa que el sector salud acogió el mayor número de investigación científica, sólo después del Conacyt.

b) Permite que los pacientes reciban tratamientos altamente especializados: los pacientes se benefician de contar con atención médica especializada, recibir seguimiento mediante exámenes de laboratorio y tener acceso a medicamentos altamente especializados, en muchos casos, para enfermedades que todavía no cuentan con tratamientos disponibles en el mercado. Además, es indispensable notar que muchos de ellos cuentan con recursos escasos y de otra manera no tendrían la posibilidad de acceder a tratamientos y atención médica por sí mismos.

c) Abona a la solvencia y competitividad de las instituciones de salud pública: En México, 80 por ciento de los protocolos se realizan en instituciones públicas. Comúnmente, un laboratorio de investigación absorbe los gastos de atención de los pacientes, los honorarios médicos, los exámenes de laboratorio y gabinete, los medicamentos en estudio, etcétera, evitando así que la institución incurra en erogaciones económicas importante. Además de los ahorros derivados de la atención médica, a las instituciones se les otorga un pago por sus servicios, lo que contribuye a financiar otras investigaciones no patrocinadas.

Potencial para México

Desde 2002, la Food and Drug Administration (FDA) ha reportado que la investigación clínica realizada fuera de Estados Unidos de América ha incrementado 15 por ciento cada año, mientras que la investigación local ha disminuido 5.5 por ciento. La migración de la investigación clínica ha sido sobre todo a países en desarrollo, lo que se atribuye principalmente a dos causas: la posibilidad de reducir los costos del protocolo y la capacidad de reclutar pacientes que no han tenido acceso a otro tipo de tratamiento. Esto significa pues, que las tendencias mundiales en materia de investigación clínica abren una gran ventana de oportunidad para que países como México se beneficien en mayor medida del flujo de recursos.

En nuestro país, el potencial de fomentar la investigación clínica no ha pasado desapercibido. Una de las estrategias del Programa Nacional de Salud 2007-2012 es “fortalecer la investigación y la enseñanza en salud para el desarrollo del conocimiento y los recursos humanos”. Derivado de ésta, como línea de acción se plantea “definir la agenda de investigación y desarrollo con base en criterios de priorización en salud”, que entre otras decisiones, significaría “actualizar el Reglamento de Investigación derivado de la Ley General de Salud y proponer una reglamentación en materia de investigación clínica”. Igualmente, la Visión México 2030 plantea un sistema de salud que propicia los espacios para la formación de los recursos humanos para la salud y la investigación.

Por su parte, el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2012 propone como una de sus metas aumentar la inversión nacional en investigación y desarrollo como porcentaje del producto interno bruto de 0.47 por ciento –cifra actual– a 1.2 por ciento en 2012. Esto, mediante la colaboración del sector privado con las instancias gubernamentales e instituciones de enseñanza e investigación pertinentes. Fomentar esta colaboración no es un asunto menor, en tanto en 2007 más de 70 por ciento de los recursos erogados para la investigación clínica en el mundo provinieron de la industria farmacéutica, seguida en 34.4 por ciento por recursos públicos y 2.37 por ciento por instituciones educativas.

México cuenta ya con muchos elementos a su favor para atraer una proporción importante de los aproximadamente 27 mil millones de dólares que se invierten mundialmente para financiar investigación clínica. El primero de sus atractivos se refiere a su perfil demográfico. México cuenta con una población cuantiosa que lo ubica entre las naciones más pobladas del mundo, cuyo perfil epidemiológico es complejo: prevalecen enfermedades crónicas que son caras y difíciles de tratar, pero siguen sin erradicarse algunos malestares propios de los países del tercer mundo. En este sentido, la investigación que se realiza en nuestro país atiende directamente a las necesidades más urgentes de la población en áreas terapéuticas tales como la oncología y las enfermedades cardiovasculares, entre otras.

Por otro lado, contamos con profesionales de la salud y centros de especialidad de excelencia, reconocidos internacionalmente por su capacidad plena en términos de infraestructura, equipo y recursos humanos para acoger protocolos de investigación que a la larga, abonan al avance científico en todo el mundo.

En tercer lugar, en México se observan plenamente los más altos estándares éticos en materia de derechos de los pacientes. Nuestro país es signatario de todos los acuerdos internacionales en la materia, y su observancia está garantizada tanto en la Ley General de Salud, como en sus ordenamientos secundarios.

Finalmente, el marco de protección a la propiedad intelectual se ha fortalecido paulatinamente. Entre otras cosas, existen previsiones para proteger los datos clínicos que se desprenden de las investigaciones, otorgando así certidumbre a los investigadores, lo que no sucede en otros mercados importantes, como Brasil o Argentina.

Gracias a todo lo anterior, el ejercicio de la investigación clínica en México ha crecido de manera sostenida. Mientras en 2003 se benefició a poco menos de 30 mil pacientes, en 2008 (últimos datos disponibles) fueron 75 mil. En el mismo periodo de tiempo se pasó de desarrollar protocolos en 800 centros de investigación, a hacerlo en 1300, aumentando el número de protocolos en casi 600 por ciento. En términos económicos, la inversión pasó de casi  600 millones de pesos a 1, 100 millones de pesos.

Sin embargo, tanto para cumplir con los propósitos en diversos programas gubernamentales como para explotar el propio potencial de nuestro país en materia de investigación clínica, es necesario superar diversos obstáculos, que se enlistan a continuación.

Obstáculos persistentes

En México, el marco legal vigente no refleja un reconocimiento al potencial de la investigación clínica en términos científicos, médicos, económicos y sociales. Actualmente, prevalecen ciertas lagunas que limitan la certeza jurídica de los interesados en promover un protocolo clínico, y provocan ineficiencias operativas en la Secretaría de Salud, encargada de su aprobación.

Según la regulación actual, el interesado en realizar un protocolo tiene que someterlo a la aprobación de la institución que lo acogería. Una vez que el protocolo se aprueba en esa instancia, se somete a la autorización de la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Es decir, el interesado puede someter un protocolo para la autorización de la Secretaría de Salud sólo acreditando la aprobación de la institución sede. Posteriormente, la Cofepris procede a otorgar los permisos de importación para los insumos correspondientes. Este proceso no está homologado en las instituciones donde se realiza la investigación, y está condicionado por las propias presiones estructurales a las que está sometida la operación de la Cofepris.

El 14 de septiembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “acuerdo por el que se dan a conocer los trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites Empresariales que aplica la Secretaría de Salud”, que establece que la resolución al trámite de autorización de protocolos de investigación deberá emitirse en un plazo de 20 días hábiles. Por otro lado, en el Acuerdo  con el mismo título publicado en el DOF el 19 de junio de 2009, se establece que Cofepris deberá emitir la resolución a los trámites sometidos en un periodo máximo de tres meses –periodo de por sí largo, en comparación con otros países–. Sin embargo, en la práctica la aprobación de un protocolo toma entre 6 y 12 meses, lo que limita seriamente la competitividad de México para atraer investigación clínica.

Por otro lado, existe un reto persistente respecto a la operación de la Cofepris, instancia que cuenta con recursos limitados para cumplir con innumerables responsabilidades. En otros trámites de autorización sanitaria la comisión puede apoyarse de los reportes u autorizaciones que emiten terceros autorizados para cumplir con esas responsabilidades (tal es el caso, por ejemplo, de los estudios de bioequivalencia que requieren los medicamentos genéricos). De la misma manera, la autorización de terceros para que dictaminen los protocolos de investigación resultaría en un alivio importante de las carga de trabajo de Cofepris, permitiendo su uso óptimo de recursos.

A continuación se hace una revisión de las mejores prácticas en países que han logrado atraer recursos para investigación clínica de manera competitiva. Esto, en buena medida, gracias a proveer un marco institucional y regulatorio que permite la resolución eficiente de trámites.

Mejores prácticas internacionales

En contraste con el nuestro, otros países han logrado convertirse en polos de investigación clínica gracias a ofrecer procesos administrativos eficientes. En Hong Kong, por ejemplo, la autoridad sanitaria autoriza un protocolo en 3 meses; en Corea se logra en 2. En el caso de este último, la eficiencia administrativa ha resultado en un crecimiento de la investigación clínica: entre 1992 y 2005, el número de protocolos aprobados pasó de 3 a 185, es decir, un aumento de más de 6000 por ciento.

En los países asiáticos referidos, así como en algunos polos de investigación en otras regiones, la autorización de los protocolos es expedita porque se hace de manera simultánea en las instituciones de salud y la autoridad sanitaria, no en etapas sucesivas (como es el caso de México). Esto evita que el retraso en una instancia incida en el resto del proceso administrativo. De esta manera no sólo países industrializados como Francia y el Reino Unido, sino economías emergentes como Brasil, han implementado estrategias novedosas y eficientes para evitar que los procesos administrativos indispensables para garantizar la seguridad y validez científica de los protocolos de investigación, resulten un obstáculo para atraer importantes recursos.

Como se observa en la tabla siguiente, los tiempos de aprobación que ofrecen estos países son menores a los tiempos vigentes en México en todos los casos; además en algunos se permite que tanto la autoridad sanitaria como los Comités de Ética trabajen de manera simultánea, evitando retrasos sucesivos en ambas instancias.

Francia

Tiempos de aprobación:Máximo 5 semanas; sometimiento de aprobación simultáneo ante autoridad sanitaria ( Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé) y Comité de Ética ( Comité de Protection des Personnes)  

Reino Unido

Tiempos de aprobación:Máximo 30 días; el sometimiento puede procesarse de manera simultánea ante la autoridad sanitaria y el Comité de Ética (Coordinado por el National Research Ethics Service del National Health Service)

Colombia

Tiempos de aprobación:Aunque los procesos de aprobación no se someten de manera simultánea, sí  se establece un periodo de tiempo límite para la aprobación del Comité de ética (3 semanas).

Brasil

Tiempos de aprobación:Entre 60 y 90 días; sometimiento de aprobación simultáneo  

Ejes de la propuesta

La presente iniciativa busca adecuar la Ley General de Salud para fomentar la investigación clínica a partir de tres ejes:

1. Acelerar procesos y otorgar certeza jurídica: se propone que los procesos para aprobar protocolos de investigación clínica que involucran a las instituciones de salud y la Secretaría de Salud se puedan realizar de manera paralela, con la finalidad de que el retraso en una institución no afecte el resto de la cadena administrativa. Esto se lograría bastando que el interesado acredite ante la Secretaría de Salud que el protocolo está bajo proceso de aprobación en el instituto sede.

Para otorgar certeza jurídica, se establece un periodo límite para que la Secretaría de Salud emita la resolución correspondiente teniendo como referencia el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, arriba citado.

2. Permitir la participación de terceros autorizados para la aprobación de protocolos de investigación: la presente iniciativa propone que las instituciones donde se realiza investigación para la salud puedan fungir como terceros autorizados en materia de investigación clínica, en tanto acrediten probidad y autorización técnica.

Los terceros autorizados podrían entonces emitir dictámenes sobre la seguridad y validez científica de los protocolos de investigación que notificarían a la Secretaría de Salud, y con lo que se podría dar inicio a estos.

3. Simplificar procesos de importación: los protocolos de investigación sobre nuevos fármacos pueden requerir de a) medicamentos o b)estupefacientes, substancias psicotrópicas y productos o preparados que los contengan. En el caso de los primeros, se propone que para importarlos baste con presentar ante la autoridad aduanera la autorización al protocolo de investigación, especificando el uso y cantidad necesarios.

Además de lo anterior, se propone homologar el uso del término “consentimiento informado” de los pacientes, sancionado y definido en documentos internacionales y en el propio reglamento de la ley en materia de investigación para la salud. Este último ordenamiento en su artículo 20 lo define como “el acuerdo por escrito, mediante el cual el sujeto de investigación o, en su caso, su representante legal autoriza su participación en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos y riesgos a los que se someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna”.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforma el artículo 100, fracción IV; artículo 102, párrafo segundo; se adiciona un artículo 102 Bis; se reforma al artículo 103; y se adiciona un segundo párrafo al artículo 295, todos  de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 100.La investigación en seres humanos se desa-rrollará conforme a las siguientes bases:

I. a III.[...]

IV.Se deberá contar con el consentimiento informado del sujeto en quien se realizará la investigación, o de su representante legal en caso de incapacidad legal de aquél, una vez enterado de los objetivos de la experimentación y de las posibles consecuencias positivas o negativas para su salud;

V. a VII.[...]

Artículo 102. La Secretaría de Salud podrá autorizar con fines preventivos, terapéuticos, rehabilitatorios o de investigación, el empleo en seres humanos de medicamentos o materiales respecto de los cuales aún no se tenga evidencia científica suficiente de su eficacia terapéutica o se pretenda la modificación de las indicaciones terapéuticas de productos ya conocidos. Al efecto, los interesados deberán presentar la documentación siguiente:

I. Solicitud por escrito;

II. Información básica farmacológica y preclínica del producto;

III. Estudios previos de investigación clínica, cuando los hubiere;

IV. Protocolo de investigación;

V. Carta de sometimiento de aprobaciónante la institución donde se efectúe el protocolo , en el caso que ésta no cuente con carácter de tercero autorizado.

Una vez presentada la documentación, la Secretaría de Salud deberá emitir la resolución del trámite dentro de los siguientes 20 días hábiles.

Los procesos de autorización ante la Secretaría de Salud y la institución donde se pretenda conducir la investigación podrán iniciar al mismo tiempo.

Artículo 102 Bis. Si la investigación se efectúa en instituciones autorizadas por la Secretaría de Salud como terceros, el dictamen técnico que dichas instituciones emitan avalará la seguridad y validez científica del protocolo de investigación de que se trate. En estos casos, para iniciar la investigación sólo se requerirá que la institución correspondiente notifique a la Secretaría de Salud el dictamen en sentido positivo del protocolo de investigación.

La Secretaría de Salud podrá revocar la autorización para realizar investigaciones para la salud, otorgada en términos de este artículo y el 102 de esta ley, cuando ésta no se ajuste a las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento y demás aplicables.

Artículo 102 Ter. Sólo podrán fungir como terceros autorizados para lo dispuesto en este capítulo las instituciones donde se realice investigación para la salud, pertenecientes a una dependencia o entidad de la administración pública, o una institución social o privada en donde se lleve a cabo una o varias de las acciones establecidas en el artículo 96 de esta ley, y que se cumplan con lo dispuesto en el artículo 391 Bis de ésta.

Artículo 103. En el tratamiento de una persona enferma, el médico podrá utilizar recursos terapéuticos o de diagnóstico bajo investigación cuando exista posibilidad fundada de salvar la vida, restablecer la salud o disminuir el sufrimiento del pariente, siempre que cuente con el consentimiento informado de éste, de su representante legal, en su caso, o del familiar más cercano en vínculo, y sin perjuicio de cumplir con los demás requisitos que determine esta ley y otras disposiciones aplicables.

[...]

Artículo 295. Sin perjuicio de las atribuciones de otras dependencias del Ejecutivo federal, se requiere autorización sanitaria expedida por la Secretaría de Salud para la importación de los medicamentos y sus materias primas, equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, material quirúrgico y de curación y productos higiénicos que determine el secretario, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación.

En el caso de importación definitiva de muestras amparadas bajo un protocolo de investigación en humanos, así como de medicamentos con fines de investigación científica, únicamente se requerirá presentar ante la autoridad aduanera la autorización al protocolo correspondiente, indicando el uso y volumen necesarios para llevarla a cabo.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud contará con 180 días naturales, posteriores a la publicación del decreto, para emitir las disposiciones reglamentarias necesarias para su aplicación.

Tercero.La Secretaría de Salud, en términos de lo que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, deberá adecuar las normas oficiales mexicanas relacionadas a lo establecido por este decreto.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.— Diputada Cristina Díaz Salazar (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Salud.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Iniciativa que reforma los artículos 25 y 47-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito diputado del la LXI Legislatura, Esteban Albarrán Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona fracción IX, al artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, para estudio y dictamen al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Durante los últimos años el Estado mexicano ha establecido diferentes modalidades en los criterios de prioridad del gasto público. Este ha recibido diferentes modificaciones que se han orientado en muchas de las ocasiones, en esta Honorable Cámara de Diputados.

Una de estas modificaciones, es de propiciar que el gasto público sea eficiente. Consiste en que su destino y aplicación produzcan resultados concretos en la vida de los mexicanos y en sus condiciones de vida material.

Esta nueva política ha sido producto, de la transformación institucional generada en el país, entre otras cosas, por la construcción de nuestro sistema político basado en la pluralidad política, en la alternancia en el ejercicio el poder y de la formación de minorías opositoras  que realizan la función de contrapesos.

Sin embargo, el gasto público, su destino y aplicación requieren transparencia y lograr los propósitos para los cuales se destinó. Este es uno de los desafíos más importantes en esta época. Fue así que al Estado Mexicano se le destinaron mayor número de recursos por la vía impositiva para el año 2010. En su momento se señaló, en el debate del presupuesto que con estos recursos, se podrían afrontar las ingentes necesidades de los mexicanos por la vía del sacrificio fiscal.

De acuerdo a esta lógica, se comprende que a mayor disposición de recursos públicos, el gasto tendrá que mejorar y gastarse bien, con impacto social y beneficio colectivo.

En este contexto el objetivo de esta iniciativa que se presenta, a esta honorable asamblea consiste en establecer la creación del Fondo Especial para el Desarrollo Estructural de la Región Sur-Sureste. Región que como ustedes saben, posee desafortunadamente los elementos de pobreza, marginación y exclusión social que la hacen distintiva ante otras regiones de México, condiciones que son indispensables remontar e impedir que se agudicen.

Es importante mencionar que en la región sur-surestedel país, viven alrededor de 30 millones de mexicanos, de los aproximadamente 107 que somos.

Allí la marginación y la pobreza subsisten aún como elementos permanentes, el sistema educativo posee serios rezagos y altos índices de deserción, el atraso económico y cultural es manifiesto, en la región no existe una industrialización como en el norte y centro del país. Por otro lado, esta región posee abundantes recursos naturales, agua en abundancia, ríos, lagos, variedad de suelos, grandes extensiones de costas, regiones boscosas y selvas, yacimientos minerales, petróleo, y una gran variedad de climas, es decir, los elementos primarios de la geografía económica para detonar el desarrollo que se pueden traducir en una lógica elemental para la transformación de la calidad de vida de la población, siempre y cuando el Estado Mexicano y la sociedad organizada no abandonen su obligación de facilitar las condiciones para el cambio y mejoramiento de la calidad de vida de esa región. Asimismo, la zona es afectada por el impacto de la migración centroamericana, que se interna cruzando el país para llegar a la frontera con Estados Unidos de América.

Por otro lado, la zona está siendo atendida por el Fidesur que es un fideicomiso interestatal creado en diciembre de 2001 para canalizar apoyos a estudios y proyectos que detonen el desarrollo económico y social en la región y esta representado por los gobiernos de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo y Yucatán y en la cual participa un representante de la Secretaría de Desarrollo Social.

Esta institución entre otras cosas, recomienda construir las bases para la competitividad de la región que abarque la creación de infraestructura; el establecimiento de destinos turísticos con ofertas diversificadas, la introducción de industrias de alta calidad con servicios tecnológicos en sectores regionales; así como el desarrollar un sistema de calidad educativa y orientación tecnológica productiva; como fortalecer a las ciudades medias por medio de un ordenamiento territorial y construir una estrategia a largo plazo. Sin embargo, ninguna de estas metas podrá ser alcanzada sino se presenta una planeación de largo plazo que supere el marcado atraso económico. Se requiere una política específica que dé resultados específicos, que atienda con profundidad las causas de la pobreza en sus diferentes modalidades, que establezca como uno de sus objetivos los equilibrios regionales en el país. Y se induzca y fortalezcan las fuerzas transformadoras en un mundo de cambios permanentes y globales. Es decir aspirar a un verdadero desarrollo regional integral exige un cambio de mentalidad y de una nueva forma de comprender a la planeación como instrumento administrativo, para diseñar y superar las condiciones de atraso.

En este orden de ideas la existencia de buenas intenciones, nos describen una ruta necesaria para poder transitar de un estadio de marginalidad y sin cohesión social, hacia uno de transformación social y progreso. Sin embargo, para lograrlo se requiere la existencia de una política de gasto concreto para la región de modo permanente y basado en resultados y metas previamente diseñadas, en la definición de objetivos para impulsar un desarrollo rápido en la región.

En esta propuesta de iniciativa se pretende definir la temporalidad de quince años para observar y verificar que las políticas emprendidas para la transformación de la región y puedan ser exitosas, es decir, medir los resultados con base en una política previamente diseñada para la transformación estructural de la región y, en su caso, evaluar sus alcances y consecuencias. La intención es realizar un ejercicio crítico de la aplicación de los recursos del fondo estructural en la sociedad a la cual va dirigida. El propósito de esta propuesta es fundar las bases de la transformación social de la zona más pobre de México, con un esfuerzo determinado por un periodo de tiempo específico para su aplicación, se considera que estos quince años pueden ser suficientes para medir y evaluar los resultados de políticas previamente diseñadas en los estados de la República que forman el sur-sureste de México.

Por otro lado, recordemos que nuestro país asumió el compromiso de los Objetivos del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas y en consecuencia la realización de su cumplimiento para el año 2015. Siendo dos de los más relevantes en relación con el tema que nos ocupa; la erradicación de la pobreza extrema y la sostenibilidad del medio ambiente.

Asimismo, después de 10 años los gobiernos del mundo realizaron esfuerzos para cumplir estos objetivos y a cinco años de la fecha establecida para alcanzarlos, la ONU prepara los informes respectivos para la reunión de septiembre de este año, afirmando que una de las lecciones aprendidas durante este tiempo consiste en que “Aunque el crecimiento económico es necesario, no es suficiente para el progreso. El proceso de crecimiento debe ser inclusivo y equitativo para maximizar la reducción de la pobreza... Por ello, los países necesitan políticas macroeconómicas innovadoras que apoyen un crecimiento general estable... Para lograr los Objetivos son esenciales un apoyo financiero adecuado, uniforme y predecible, así como un contexto de políticas predecibles y coherentes”.

Comprendiendo que la política del gasto público permite obtener resultados en su ejercicio traducido en obras de infraestructura y en mejoramiento social de la población, la creación de un fondo especial, con esta temporalidad específica podrá abordar con profundidad las condiciones estructurales de los rezagos históricos existentes. Este instrumento podrá generar nuevas condiciones materiales de desarrollo para millones de mexicanos, priorizando sus acciones y obras, sujetándolas a la evaluación de los resultados y el cumplimiento de las metas en el ejercicio del gobierno.

En suma, se pretende que se modifique la actual estructura de atraso económico y social para poder pasar a construir condiciones de progreso y mejoramiento de la vida de la población de esta región.

En tal sentido y en mérito de lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona fracción IX, al artículo 25 y adicción al artículo 47 A de la Ley Coordinación Fiscal

Articulo Único. Se adiciona fracción IX al artículo 25 y adicción al artículo 47-A de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue

Artículo 25.

Fracción

I. a VIII. ...

IX. Fondo Especial para el Desarrollo Estructural del Sur Sureste, que comprende los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo y Yucatán.

Articulo 47 A. El Fondo Especial para el Desarrollo Estructural del Sur Suresteque comprende los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo y Yucatán, se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación y tendrá una duración de quince años a partir de su creación. Este fondo se enterará a las entidades respectivas, que se destinará a proyectos y obras de impacto social y mejoramiento de las condiciones materiales de los habitantes de la región. En ningún caso los recursos fiscales del fondo serán utilizados para el gasto corriente. Los objetivos y las metas definidas serán evaluados para verificar el cumplimiento de sus resultados. Las disposiciones oficiales que regulen el fondo serán claras y concretas.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.— Diputado Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Iniciativa que reforma el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo de la diputada Guadalupe Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Guadalupe Pérez Domínguez, diputada federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles con sujeción de la siguiente

Exposición de Motivos

El dinamismo que  caracteriza a las sociedades contemporáneas exige que los procesos judiciales se modernicen a efecto de que la justicia se torne efectiva, para lo cual es imperioso que la legislación procesal incorpore a su texto mecanismos que la hagan mucho más ágil y accesible para sus protagonistas, obviando formulismos innecesarios en aspectos tan elementales como aquellos que atañen a la solicitud y expedición de copias de las actuaciones y documentos que obran en los expedientes respectivos. Por ello la presente iniciativa propone reformar el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, cuyo texto ha permanecido inalterado desde su publicación inicial en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres.

En primer término se trata de regular de una manera más completa el aspecto concerniente a la expedición de copias certificadas que las partes le soliciten al tribunal correspondiente –entendiendo el vocablo “tribunal” en su acepción jurídica más amplia, es decir, en cuanto designa a cualquier órgano de autoridad que realice funciones materialmente jurisdiccionales en el ámbito federal, habida cuenta que dicho ordenamiento procesal se aplica, con exclusión de la materia penal, de manera supletoria para regular los actos emitidos en procedimientos seguidos en forma de juicio por autoridades del orden federal, siempre que no exista disposición legal en contrario–, para lo cual se explicita que tal solicitud puede realizarse no solamente en forma escrita sino también mediante comparecencia del interesado en obtenerlas, al tiempo que, dada la relevancia de las copias de esa naturaleza en cuanto constituyen reproducciones fieles de las constancias o documentos que militan en el proceso, se establece la modalidad de que para su expedición se requiera como condición indispensable la emisión de decreto judicial. Asimismo, se procura la salvaguarda del equilibrio procesal entre las partes en cuanto se estipula que cuando se solicite copia o testimonio de tan sólo una parte de un documento o pieza, la parte contraria del solicitante tenga derecho de que a su costa se adicione con lo que crea conducente del mismo documento o pieza. Por otro lado, siendo del conocimiento general que desde mucho tiempo atrás, quienes son parte en procesos seguidos en forma de juicio ante tribunales del orden federal a los que les resulta aplicable el ordenamiento procesal que nos ocupa, con demasiada frecuencia le solicitan a esos tribunales la expedición de copias simples, la iniciativa se hace cargo de dicha particularidad y por ello introduce un mecanismo sencillo y ágil a efecto de que el interesado obtenga copias simples de cuanto conste en el expediente, a través de la mera solicitud verbal que formule al respecto, sin necesidad de que el tribunal emita acuerdo alguno para acceder a su petición, bastando con que se asiente constancia de su entrega y recepción en el expediente, en la medida de que las copias simples no revisten la misma trascendencia que las certificadas, pues el contenido de aquéllas no implica una reproducción auténtica de la resolución o documento al que se refieren, sino que normalmente se utilizan con el objeto de facilitar la actividad de los litigantes o participantes en el proceso.

Pero la gran innovación de la presente iniciativa estriba en que el artículo que se sugiere modificar, prevé la posibilidad de que los interesados que cuenten con instrumentos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología que sirvan para la grabación o reproducción de documentos (por ejemplo scanners, lectores láser, cámaras fotográficas, etcétera) puedan utilizarlos a efecto de copiar o reproducir el contenido de las resoluciones y documentos que obren en el expediente, con la sola limitante de que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción a través de esos medios, siendo suficiente para que el tribunal autorice el empleo de dichos mecanismos de copiado o reproducción de textos, la pura solicitud verbal de la parte interesada, sin que sea preciso que recaiga proveído al respecto, dejándose únicamente constancia en el expediente de que se llevó a cabo dicha copia o reproducción y sin que se genere responsabilidad alguna para el funcionario que autorice o haga constar el empleo de los consabidos implementos, respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados de las copias de las resoluciones o documentos así obtenidos.

Con esta reforma se intenta dar un paso más a efecto de que la legislación en materia de administración de justicia no quede en una situación de inferioridad respecto a la sociedad a la que tiene que servir, respondiendo así al desafío legislativo que representa la constante aparición de nuevos recursos tecnológicos, pues sólo de esa manera la ley procesal tiene vigencia real, en la medida de que se encarga de normar los nuevos hechos que se suscitan en el mundo contemporáneo.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único.se reforma el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para quedar como sigue:

Artículo 278.Las partes, en cualquier asunto judicial, pueden pedir, en todo tiempo, a su costa, copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos, la que les mandará expedir el tribunal, sin audiencia previa de las demás partes. En este caso la solicitud respectiva podrá realizarse por comparecencia o por escrito, requiriéndose decreto judicial.

Cuando se solicite copia o testimonio solo de una parte de un documento o pieza, el contrario tendrá derecho de que a su costa se adicione con lo que crea conducente del mismo documento o pieza. Cuando la parte interesada solicite copia certificada de uno o varios documentos completos, en ningún caso se dará vista a la contraria.

En cualquier caso, al entregarse las copias certificadas el funcionario respectivo dejará constancia en autos de la naturaleza y cantidad de las copias expedidas, así como de su entrega y recibo.

Cualquiera de las partes puede solicitar, a su costa, copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos, las que el tribunal está obligado a expedirles sin demora alguna, bastando para ello que lo solicite verbalmente el interesado sin que se requiera decreto judicial, únicamente dejándose constancia en autos de su entrega y recepción.

La parte interesada podrá hacer uso de cualquier instrumento científico o tecnológico que permita copiar o reproducir el contenido de las resoluciones o documentos que obren en el expediente, para lo cual bastará que solicite verbalmente al tribunal el empleo del instrumento respectivo, sin que se requiera que recaiga proveído al respecto, dejándose únicamente constancia en el expediente de que se realizó la copia o reproducción por ese medio y precisándose qué constancia procesal fue reproducida. No se autorizará la copia o reproducción por los medios indicados cuando se trate de un documento o texto cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. En el caso de que la solicitud de uso de los mecanismos de copiado o reproducción a que se refiere este párrafo, se realice cuando se haya ordenado una notificación personal a la parte interesada en obtener la copia o reproducción, la autorización podrá concederse una vez efectuada dicha notificación.

La autorización que se conceda a la parte respectiva para copiar o reproducir constancias que obren en autos, mediante el empleo de los instrumentos a que se refiere el párrafo inmediato anterior, no generará responsabilidad alguna para el funcionario que autorice o haga constar la utilización de dichos instrumentos, respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados de las copias de las resoluciones o documentos así obtenidos.

Para obtener copia o testimonio de cualquier documento que se encuentre en archivos o protocolos que no están a disposición del público, aquel que pretenda lograrlo y carezca de legitimación en el acto contenido en el documento requiere de decreto judicial que no se dictará sino con conocimiento de causa y audiencia de parte, procediéndose incidentalmente en caso de oposición.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.— Diputada Guadalupe Pérez Domínguez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Justicia.

ARTICULO 79 CONSTITUCIONAL

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Iniciativa que reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Francisco Rábago Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal José Francisco Rábago Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 70, 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presenta a consideración de esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 79, fracción IV, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 79 y 82 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,en materia de la duración del encargo del auditor superior de la Federación al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 de julio de 1999, se introdujeron reformas al artículo 79 de la Constitución General de la República, con objeto de transformar la entonces Contaduría Mayor de Hacienda de la honorable Cámara de Diputados y dar paso a un sistema de fiscalización superior de la Cuenta Pública de la hacienda federal. Con base en dicha reforma se previó la designación del titular de la entidad de fiscalización superior de la federación por parte de las dos terceras partes de la honorable Cámara de Diputados, y que durara en sus funciones por un periodo de 8 años, considerándose inclusive la posibilidad de un nuevo mandato por un periodo adicional de esa duración.

Con base en el nuevo texto constitucional y en cumplimiento a lo dispuesto por la entonces vigente Ley de Fiscalización Superior de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2000, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación sometió a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, el 15 de diciembre de 2001, el dictamen con la propuesta de una terna de candidatos para ocupar el cargo de auditor superior de la Federación de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

En aquel entonces la honorable Cámara de Diputados, con el voto favorable de 323 de sus integrantes, designó para ocupar el cargo de auditor superior de la Federación al contador público certificado Arturo González de Aragón, para el periodo comprendido del 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2009.

Posteriormente, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayor de 2009 el decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en la que, entre otras cosas, se establecen disposiciones relativas a la designación del titular de la entidad de fiscalización superior de la federación.

Derivado de esas reformas en materia de fiscalización, la nueva ley estableció los plazos y procedimientos a que deberá sujetarse la designación del titular de la entidad de fiscalización superior de la federación.

En ocasión del vencimiento del periodo para el cual fue nombrado como auditor superior de la Federación el contador público certificado Arturo González de Aragón, esta honorable Cámara de Diputados se enfrentó a la disyuntiva de nombrar nuevamente y por una sola vez,  para un segundo periodo, al entonces titular de la Auditoría Superior de la Federación, o bien, a designar a un nuevo titular, en los términos del procedimiento previsto en el artículo 80 de la ley de la materia.

Ese fue el contexto plural y democrático en el que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación decidió que resultaba conveniente aplicar por primera vez las disposiciones relativas a la designación y, por tanto, renovación del titular de la Auditoría Superior.

Si bien la citada comisión se pronunció por la renovación del titular de la entidad de fiscalización superior de la federación y no considerar la hipótesis de un segundo periodo de desempeño para su entonces titular, cabe reconocer que el orden normativo aplicable hubo de ser complementado para garantizar transparencia y certeza a la participación abierta de aquellos ciudadanos que se consideraron en aptitud para desempeñar el cargo y manifestar su deseo de ser considerados para el proceso de selección de la persona propuesta, con el objetivo de dar paso a un ejercicio democrático y en igualdad de condiciones.

En ocasión de haber ejercido la facultad de renovar al auditor superior de la Federación, esta honorable Cámara de Diputados pudo reflexionar sobre el hecho de que la duración del cargo de titular de una entidad de fiscalización superior es una variable importante en la definición de la arquitectura de la institución. La fiscalización es una de las funciones de control de mayor importancia en el catálogo de atribuciones de esta honorable representación popular, razón por la cual cabe evaluar periódicamente el contenido y aplicación de la norma que la regula, así como formular las modificaciones pertinentes, con el propósito de perfeccionar las disposiciones jurídicas en que tiene sustento.

Con base en la experiencia aludida, esta propuesta de reforma constitucional y a la ley de la materia plantea ratificar un periodo pertinente de desempeño para el auditor superior que lo refrende en una consideración suprapartidaria, pero sin que pueda recibir un mandato adicional por un nuevo periodo; es decir, reiterar el nombramiento por un periodo de ocho años, con base en el voto de las dos terceras partes de los miembros de la honorable Cámara de Diputados sin posibilidad de ser reelectos.

Si examinamos la normatividad aplicable a diversas entidades de fiscalización superior del mundo, veremos que es variable la previsión sobre la duración del encargo de su titular, debido a la existencia de distintos tipos de órganos.

Por ejemplo, existen estructuras unipersonales como las auditorías y contralorías generales en las cuales la duración tiende a ser prolongada, mientras que existen órganos colegiados, como tribunales, cortes y consejos de auditoría, en los que existe una rotación para el cargo de titular por un periodo muy corto.

Un ejemplo de la situación anterior podría ser el Tribunal de Cuentas de la República Federativa del Brasil, donde su titular dura un año en el cargo; el extremo opuesto lo constituyen los casos en los cuales la titularidad es vitalicia, como la Corte de Cuentas de Francia.

Aunque resulta evidente que no puede haber una uniformidad total en cuanto a la duración del mandato del titular de la entidad superior de fiscalización, considero que es necesario ofrecer a quien ocupa esa posición un término adecuado para cumplir sus funciones, sin el elemento de un eventual nuevo periodo como elemento que gravita sobre el mandato y el desempeño en marcha.

En 2007, durante el decimonoveno Congreso de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, se emitió la llamada Declaración de México sobre Independencia de las mismas, que contiene los principios universales básicos para asegurar que las entidades fiscalizadoras puedan lograr autonomía plena en el desarrollo de su gestión, y cuya aplicación representa el ideal para poder considerar como independiente a una entidad de fiscalización superior; así, en el principio número 2, se indica que la máxima autoridad de una entidad fiscalizadora superior debe ser designada por periodos “lo suficientemente prolongados y fijos”.

En este sentido, la estabilidad en el mando resulta un valor importante, puesto que la elección del titular y su gestión deben mantenerse al margen de circunstancias externas que puedan alterar su funcionamiento normal; por ejemplo, los calendarios electorales para la renovación del Poder Legislativo o las transiciones entre periodos de gobierno resultantes del cambio en el titular del Poder Ejecutivo de la nación.

Por otra parte, la estabilidad en la duración del mandato del titular de una entidad de fiscalización superior y la certeza de un plazo fijo para su desempeño permiten la implantación de planes estratégicos a mediano y largo plazos, la construcción de equipos de trabajo profesionales y la consolidación del rumbo de la institución con criterios estrictamente técnicos.

Si lo que pretendemos es el fortalecimiento de esa institución del Estado mexicano, debemos impulsar su permanente modernización estructural e institucional, y por ello se estima adecuado considerar el perfil del encargo con base en un mandato único con duración definida al inicio del mismo, sin la consideración de un eventual periodo adicional, como ya ocurre en el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ese mandato permanecería en una duración de ocho años.

En virtud de lo expuesto y fundado, presento a consideración del órgano revisor de la Constitución, por el digno conducto de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa de

Decreto mediante el cual se reforma el párrafo cuarto del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el párrafo cuarto del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 79.La entidad...

La función...

Esta entidad...

I. a IV. ...

La Cámara de Diputados designará al titular de la entidad de fiscalización por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinará el procedimiento para su designación. Dicho titular durará en su encargo ocho años sin posibilidad de ser nombrado para un nuevo periodo. Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Cuarto de esta Constitución.

Para ser...

Los Poderes...

El Poder...

Transitorio

Único. El presente decreto entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, honorable Cámara de Diputados, a 28 de abril de 2010.— Diputado José Francisco Rábago Castillo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

ARTICULOS 76, 78, 89 Y 96 CONSTITUCIONALES

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Omar Fayad Meneses, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de este pleno la presente iniciativa que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de designación de ministros, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

De las ideas políticas de todos los tiempos, no hay ninguna con mayor fama que la del filósofo y ensayista ilustrado del siglo XVIII Montesquieu, en especial su articulación de la teoría de la separación de poderes, que se da por descontado en los debates modernos sobre los gobiernos, y que ha sido implantada en muchas Constituciones a lo largo del mundo, como elemento imprescindible en la organización del Estado.

La intención de ese autor era encontrar una manera de evitar la concentración del poder porque, afirmaba, el poder tiende a ser abusado. Su sugerencia era frenar el poder con el poder mismo.

Recordando los planteamientos que lo hicieron famoso, comentaba que la unión de los Poderes Legislativo y Ejecutivo en la misma persona o institución es un ataque a la libertad. Esa unión significaría la emisión de leyes déspotas y tiránicas que serán aplicadas de la misma manera. La unión del Poder Judicial al Legislativo significaría que la vida y la libertad de los ciudadanos estarían sujetas a un poder arbitrario, ya que el mismo juez es a la vez el legislador; y que la unión del Poder Judicial al Ejecutivo significaría que el juez tendría la fuerza del opresor.

Por tanto, para evitar los abusos de la autoridad y preservar la libertad, el poder del gobierno debe ser equilibrado. Debe ser dividido. Debe ser separado.

Estas ideas no pueden ignorarse, especialmente en México, donde muchas veces se cree que la democracia es sólo cambiar de gobernantes y se pone poca atención a la existencia de pesos y contrapesos en el gobierno.

El énfasis mexicano en la noción del “sufragio efectivo” como único elemento de la democracia ha producido un efecto colateral importante, pues la democracia no es sólo tener elecciones limpias que al final resulten en el triunfo legítimo de un gobernante en el que se depositan todas las esperanzas de mejorar el país.

La democracia es bastante más que esa limitada visión mexicana, heredada en buena parte por los orígenes de la Revolución de 1910 fundados en ese reclamo no reeleccionista.

Si el voto ciudadano y el respeto de los resultados de una elección son, en sí mismos, un mecanismo para la división del poder y no un sistema de elección de los mejores gobernantes.

La división de poderes, convertida históricamente en un dogma en los Estados modernos, se concibe ahora como una separación de las funciones del gobierno del Estado, fijando claramente las respectivas esferas de competencia y evitando las interferencias de la actividad de un órgano en el campo correspondiente a los demás.

Ése es el principio en que debe basarse el procedimiento de designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual ha tenido ajustes en diversas etapas históricas y ha involucrado tanto al Poder Legislativo, en una primera instancia, como al Ejecutivo, más recientemente.

Ese procedimiento tiene su antecedente más actual en la Constitución federal de 1917, la cual, de acuerdo con el texto original del artículo 96, señalaba que los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serían elegidos exclusivamente por el Congreso de la Unión en funciones de colegio electoral.

El mecanismo fue cambiado en 1928, mediante una iniciativa del presidente Álvaro Obregón, para imponer la facultad del presidente de la República en el nombramiento de los ministros, con el argumento de que había una mayoría irresponsable en el Congreso de la Unión, que designaba a esos funcionarios judiciales sin reunir las características de profesionalismo, honradez y calidad moral.

Tal facultad del presidente fue acompañada con algunas otras en materia de destitución de funcionarios judiciales, incluidos los ministros, hasta que se implantó el sistema de responsabilidades de los servidores públicos, a través de la creación del Título Cuarto de la Constitución.

Básicamente, se mantiene presente el sistema instaurado desde 1928, con algunas variantes introducidas en 1994 para hacer participar más activamente al Senado de la República en su designación.

Actualmente, el proceso de designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia es establecido en los artículos 76, 78, 89 y 96 constitucionales.

De acuerdo con el artículo 76, es facultad del Senado de la República ratificar y designar a los ministros de entre la terna que le someta el presidente de la República, así como otorgar o denegar sus solicitudes de licencia o renuncia.

La misma atribución es conferida en el artículo 78 a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

En términos del artículo 89, es facultad del presidente nombrar a los ministros con aprobación del Senado, presentando a su consideración una terna, así como someter sus licencias y renuncias para aprobación.

El artículo 96 señala que para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado el cual, previa comparecencia de los propuestos, designará al que deba cubrir la vacante.

La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del plazo improrrogable de treinta días. Si el Senado no resolviere en tal plazo, ocupará el cargo de ministro la persona que de dicha terna designe el presidente.

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el presidente someterá una nueva, y si ésta fuere rechazada, ocupará el cargo la persona que en dicha terna designe el residente de la República.

Él artículo 98 constitucional refiere que cuando la falta de un ministro excediere de un mes, el presidente de la República someterá el nombramiento de un ministro interino a aprobación del Senado, observándose lo dispuesto en el artículo 96.

Si faltare un ministro por defunción o por cualquier causa de separación definitiva, el presidente someterá un nuevo nombramiento a aprobación del Senado, en los términos del mismo artículo 96.

Las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia procederán solamente por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para aprobación al Senado.

Las licencias de los ministros, cuando no excedan de un mes, podrán ser concedidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; las que excedan de este tiempo podrán concederse por el presidente de la República, con la aprobación del Senado. Ninguna licencia podrá exceder del término de dos años.

Así las cosas, estas disposiciones ciertamente establecen funciones importantes en materia de tramitación y aprobación de licencias, renuncia o falta definitiva de los ministros en favor del presidente y del Congreso, y en el caso de la designación éstos, prácticamente deja en manos de estos dos poderes la postulación, el análisis, la selección y la designación de quienes ocuparán las vacantes, sin intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Eso ha generado lo mismo suspicacias acerca de los perfiles de los personajes que propone el presidente como del análisis, la valoración y la selección que realiza el Senado.

Si antes se tachaba este procedimiento como mero trámite para avalar una decisión presidencial ya tomada en favor de un candidato, ahora se esgrime la intervención de los grupos parlamentarios en el Senado para seleccionar un candidato afín a su filiación partidista, lo cual entrampa y politiza una decisión de la mayor trascendencia para el Poder Judicial federal, para la administración de justicia y para la vida institucional del país.

Hoy, la preocupación es que la designación de ministros sea producto de arreglos cupulares en los que se privilegien los acuerdos políticos por encima de la formación profesional, jurídica y la independencia que debe caracterizar a los integrantes de la corte.

Al menos las últimas cuatro designaciones de ministros han requerido amplias negociaciones e, incluso, han debido superar el rechazo total de algunas ternas sometidas.

Lo anterior sin duda afecta desfavorablemente la independencia, el funcionamiento y la legitimidad de la Suprema Corte de Justicia como máxima instancia jurisdiccional y como tribunal constitucional.

Por ello, la presente iniciativa pretende reformar los artículos relativos al proceso de designación de ministros, así como de autorización de licencias y ausencias.

Resulta fundamental dar al Poder Judicial en su conjunto la participación, responsabilidad e independencia que le corresponden para la integración de las propuestas de sustitución de los ministros y en la aprobación de licencias.

De igual forma, es muy importante integrar la opinión de las facultades, escuelas e institutos de derecho, así como de las asociaciones, barras y colegios de abogados de representación nacional, con el propósito de que incorporen propuestas de profesionales calificados que puedan ocupar el cargo de ministro.

La propuesta es que el propio Poder Judicial de la Federación, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presente la terna al Senado para la sustitución de ministros, considerando las propuestas de candidatos que surjan de entre los miembros de la propia judicatura, de las facultades, escuelas e institutos de derecho, así como de las asociaciones, barras y colegios de abogados del país.

Con ello estaríamos permitiendo que se privilegie la elección en torno de la calidad profesional, honorabilidad y probada experiencia en el ejercicio del derecho, alejada de militancias partidarias.

El Senado de la República tendría una terna bastante diferenciada para poder hacer la mejor selección.

De igual forma, proponemos una modalidad en la votación necesaria para la designación, al introducir la posibilidad de que si en una primera votación no se logra la mayoría calificada, se proceda a una segunda vuelta y se elija mediante mayoría simple. Si aun así hubiere empate, la corte designaría al ministro.

De rechazarse la terna por completo, la corte deberá enviar una nueva y procederse de la misma forma para la votación en el Senado.

Pese a que en la reforma constitucional de 1994 que modificó el sistema para la designación de los ministros del máximo tribunal del país se fortaleció en gran medida la independencia del Poder Judicial federal, con el nuevo mecanismo de designación propuesto se garantiza totalmente que los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean ajenos a posiciones partidistas e ideológicas, previniendo así cualquier tipo de injerencia que redundara en perjuicio de una justicia imparcial e independiente.

Con esta reforma se avanza en la tarea de garantizar la independencia, imparcialidad y eficacia de la Suprema Corte de Justicia que garantice un verdadero estado de derecho, y que consolide con ello la aspiración de una nación más democrática.

En los últimos años, la Suprema Corte ha ejercido un poder real, y debe estar a toda prueba su constitución de ser un garante del principio de división de los Poderes de la Unión.

Las garantías de independencia y autonomía son el supuesto necesario para una justicia imparcial.

La independencia judicial total es por tanto el pilar fundamental para alcanzar su legitimación política y una situación real de estado democrático de derecho. La percepción de los ciudadanos de que sus ministros y sus jueces actúan con independencia es una circunstancia necesaria para que asuman y aprecien los valores en que se funda el estado de derecho.

Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del pleno el presente proyecto de

Decreto que reforma las fracciones VIII del artículo 76, VII del 78, III y XVIII del 89; y el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de designación de ministros

Artículo Primero.Se reforma la fracción VIII del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 76. ...

I. a VII. ...

VIII. Designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de entre la terna que ésta someta a su consideración, así como otorgar o denegar su aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de éstos que le someta dicho órgano;

IX. a XII. ...

Artículo Segundo.Se reforma la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 78....

I. a VI. ...

VII. Ratificar los nombramientos que el presidente haga de agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga, así como designar a los ministros, aprobar o denegar las licencias de éstos, en términos de lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 76 de esta Constitución.

VIII. ...

Artículo Tercero.Se reforman las fracciones III y XVIII del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 89....

I. y II. ...

III. Nombrar los agentes diplomáticos y cónsules generales, con aprobación del Senado;

IV. a XVII. ...

XVIII. Derogada;

XIX. y XX. ...

Artículo Cuarto.Se reforma el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 96.Para nombrar a los ministros, el Poder Judicial, a través de la Suprema Corte de Justicia, someterá una terna a consideración del Senado, la cual la integrará tomando en consideración las propuestas de candidatos que surjan de entre los miembros de la propia judicatura, de las facultades, escuelas e institutos de derecho, así como de las asociaciones, barras y colegios de abogados del país. La Suprema Corte de Justicia deberá establecer un procedimiento claro y transparente para solicitar formalmente y en tiempo dichas propuestas, elegir la terna y enviarla al Senado.

Previa comparecencia de las personas propuestas, el Senado designará al ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de ministro la persona con mayores méritos jurídicos y profesionales a juicio de la Suprema Corte de Justicia. Si sometida a votación la terna ninguno obtiene la votación especial requerida, se someterá a una segunda votación y se designará a quien obtenga simple mayoría. En caso de empate, hará la designación la Suprema Corte de Justicia, de entre quienes hubieren obtenido igualdad de votos.

Si el Senado, por mayoría de las dos terceras partes de los presentes, considera que ninguno de los integrantes de la terna reúne los requisitos constitucionales para ocupar el cargo, la rechazará en su totalidad, y la Suprema Corte de Justicia someterá una nueva terna en los términos del párrafo anterior.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Segundo.Se derogan todas las demás disposiciones que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.— Diputado Omar Fayad Meneses (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Iniciativa que reforma el artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello, del Grupo Parlamentario del PRI

Rolando Rodrigo Zapata Bello, diputado en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el pleno de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma y adiciona el artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La situación de las finanzas públicas  refleja con claridad que se trata de una época de cambio en la política fiscal que deberá ejercerse con responsabilidad y transparencia. Por ello, el país debe profundizar en reformas económicas, en especial, en las entidades federativas, ya que ante la baja en la recaudación  de impuestos federales y en los ingresos petroleros, se ve afectada su capacidad financiera, principalmente para la inversión pública.

Por tal motivo, se requiere adherir componentes necesarios a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que las entidades federativas, tendientes a aprovechar mejor sus recursos humanos y naturales, se apeguen a los lineamientos en la Programación de la Inversión Pública Federal, así como criterios que permitan ampliar su rendimiento a escala regional, con fundamento en un federalismo mas participativo.

Así, el objetivo de esta iniciativa es modificar el artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a efecto de que las entidades federativas estén facultadas para presentar propuestas de programas y proyectos de inversión, y con ello, poder contar un registro directo dentro de la Cartera de Inversión que integra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Actualmente, el precepto materia de esta reforma –donde se establece el procedimiento que las dependencias y entidades de la administración pública federal deberán observar a efecto de programar los recursos destinados a programas y proyectos de inversión– y sus artículos reglamentarios, sólo atañen derechos y obligaciones a las dependencias y entidades, entendiendo a las primeras como secretarías de Estado y departamentos administrativos, incluyendo a sus órganos desconcentrados, así como a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal; y a las segundas como organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos.

En su fracción III del artículo mencionado se establece que para la programación de los recursos, las dependencias y entidades de la administración pública federal deberán registrar cada programa y proyecto de inversión en la Cartera que integra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De esta manera, sólo los programas y proyectos de inversión registrados en la cartera se podrán incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos.

Asimismo, el artículo 46 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece los conceptos que integran la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión, que deberán contar con el análisis costo y beneficio correspondiente, presentado por las dependencias y entidades  a través del sistema de programas y proyectos de inversión.

De la misma manera y de conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es responsabilidad de las dependencias y entidades de la administración pública federal mantener actualizada la información contenida en la Cartera; para lo cual solicitarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cualquier momento y a través del sistema de programas y proyectos  de inversión, la actualización de la cartera, para incluir nuevos programas y proyectos de inversión, así como para modificar o cancelar los ya registrados.

La participación que tienen las entidades federativas para presentar sus propuestas de proyectos de inversión para sus estados es a través de las delegaciones de la administración pública federal, ya que éstas son las que se encuentran facultadas para el registro tal como se establece en el mencionado artículo 34, lo que para efectos prácticos incurre en muchas ocasiones en una duplicidad de funciones y  genera  una deficiente reasignación de recursos públicos , o bien, que los proyectos que las entidades federativas presenten no sean tomados en cuenta por las delegaciones, generando una ausencia de los estados en el proceso de programación y asignación de recursos federales para proyectos de alto impacto regional.

De acuerdo a los preceptos anteriores, estamos en presencia de una limitante que pone en juego la capacidad de inversión para cumplir con los objetivos específicos que satisfagan las necesidades de la sociedad, ya que los únicos que deberán observar las disposiciones de los programas y proyectos de inversión son las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Es por eso que se deben implementar las acciones necesarias para modificar esta práctica y se pueda tener una mejor distribución y ejercicio de recursos públicos de tal manera que pudieran ser reasignados a proyectos de inversión prioritarios, los cuales, son mejor conocidos y detectados por las propias entidades federativas.

Lo que se busca con esta reforma es que las entidades federativas estén facultadas para iniciar el registro de proyectos de inversión en la cartera de la Secretaría de Hacienda, con el objetivo de que dichos proyectos puedan ser evaluados directamente por las instancias correspondientes y así, determinar su viabilidad y beneficios sociales en la población del estado que es el proponente.

De esta manera, el Presupuesto de Egresos tendría un componente regional de mayor importancia, al lograr que los gobiernos de las entidades federativas puedan participar directamente en el procedimiento de programación y asignación de recursos.

De ser aprobada esta iniciativa de reforma, el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estaría obligado a realizar las adecuaciones legales conducentes a el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto, así como a los lineamientos y disposiciones complementarias que regulan el funcionamiento de la Cartera de Inversión, con la finalidad de contemplar un registro directo de los proyectos de inversión provenientes de las entidades federativas, siempre y cuando éstos cumplan con los requisitos establecidos por la normatividad en la materia.

Cabe señalar que se debe garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas estipulados en los programas y proyectos de inversión, de tal manera que los recursos autorizados se ejerzan de manera responsable, tomando en cuenta las propuestas que las entidades federativas presenten.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único.Se reforman el primer párrafo y la fracción III del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 34.Para la programación de los recursos destinados a programas y proyectos de inversión, las dependencias, entidades y, en su caso, las entidades federativas, deberán observar el siguiente procedimiento, sujetándose a lo establecido en el Reglamento:

I. ...

II. ...

III. Registrar cada programa y proyecto de inversión en la cartera que integra la Secretaria, para lo cual se deberá presentar la evaluación costo y beneficio correspondiente. Las dependencias, entidades y, en su caso, las entidades federativas, deberán mantener actualizada la información contenida en la cartera. Solo los programas y proyectos de inversión registrados en la cartera se podrán incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos. La secretaría podrá negar o cancelar el registro si un programa o proyecto de inversión no cumple con las disposiciones aplicables, y

IV. ...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Ejecutivo federal deberá adecuar las disposiciones reglamentarias relativas a la presente reforma.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.— Diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Rolando Zapata Bello, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, somete respetuosamente a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un Título Sexto con un Capítulo Único a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La calidad en un sistema democrático ocurre no solamente cuando se celebran elecciones competitivas con regularidad bajo ciertas condiciones de libertad y justicia, sino también cuando se garantiza un Estado democrático de derecho, se ejercen libertades políticas y civiles y existen mecanismos institucionales para la rendición de cuentas.

La diferencia entre una democracia deficiente y una consolidada o de calidad radica en la diferencia sustantiva que existe con relación a los procedimientos, contenido y resultados en cada una de sus dimensiones de evaluación entre las que destacan cuatro: estado de derecho, rendición de cuentas vertical de los gobernantes a los gobernados, rendición de cuentas inter-institucional u horizontal, es decir, controles entre los órganos establecidos de gobierno, así como libertades políticas y civiles.

Derivado de lo anterior, tenemos que una condición fundamental para el funcionamiento de un régimen democrático es la existencia de un sistema de rendición de cuentas que permita el escrutinio del ejercicio público de las autoridades.

El concepto “rendición de cuentas” se emplea en la ciencia política para referirse a la responsabilidad que un sujeto de poder debe asumir frente a otro sea individual o colectivo, subordinado u horizontal, con el fin de controlar el ejercicio del poder y sancionar su abuso.

Para que dicha relación sea formal, es necesario que se traduzca en ordenamientos legales, los cuales contemplen no sólo la capacidad para rendir cuentas sino también la obligación legal de hacerlo.

Actualmente, la doctrina ubica dos tipos de rendición de cuentas, la vertical y la horizontal. La primera de ellas resulta crucial para toda democracia representativa, debido a la exigencia de un proceso electoral justo donde los electores, en el ejercicio libre de su derecho político, sancionan o premian a sus representantes o partidos políticos que postulan.

Sin embargo, para que la fórmula de rendición de cuentas vertical resulte, es necesario que cuente con una herramienta indispensable, la transparencia. Por lo que el elector se encuentra en condiciones de ejercer la redición de cuentas vertical, siempre y cuando cuente con la información suficiente para el desempeño de su representante, su legislador, o del cuerpo representativo, la legislatura.

Por otro lado, respecto a la rendición de cuentas horizontal, esta se refiere a la relación entre los órganos estatales clásicos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial y sus mecanismos de frenos y contrapesos.

Ahora bien, un Parlamento, como cualquier otra institución de un estado democrático, observa dos tipos de rendición de cuentas: vertical en sus modalidades social y electoral, donde el sujeto vigilante de su función es el ciudadano en ejercicio de sus libertades políticas civiles; horizontal, en sus dos modalidades balance y designada, cuando otras instituciones del estado ejercen contrapesos frente al Legislativo y cuando fiscalizan sus acciones y tienen la capacidad de impedir presuntos abusos.

Al mismo tiempo, el Poder Legislativo ejerce las mismas funciones de órgano que balancea a otros poderes y cuenta con instrumentos sofisticados y agencias semiautónomas para la fiscalización de otros agentes públicos, es decir, el Parlamento es sujeto de rendición de cuentas y a su vez, rinde cuentas.

Concretamente, en el Poder Legislativo la rendición de cuentas opera en dos dimensiones: interorgánica e intraorgánica. La primera dimensión opera a través de los controles institucionales que los Poderes del Estado ejercen sobre sí.

La dimensión interorgánica opera en el nivel colectivo ya que las facultades le son otorgadas al Congreso como tal y en esa capacidad ejerce controles sobre los otros poderes.

En México ha habido avances en la materia de la rendición de cuentas en ambas clasificaciones doctrinales: horizontal y vertical, a saber, en 1999 se creó la Auditoria Superior de la Federación, en el 2009 se aprobó la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la cual, otorgó y fortaleció las capacidades técnicas y autonomía de gestión a este órgano de apoyo técnico del Poder Legislativo. En el 2003 el Congreso aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso Pública Gubernamental que reglamentaba la reforma de 1977 al artículo 6o. Constitucional en materia de derecho a la información, y se crea el Instituto Federal de Acceso a la Información.

El ordenamiento en mención estableció la obligatoriedad de dependencias y entidades públicas a dar acceso a la información contenida en sus documentos, respecto de sus funciones, ejercicio del gasto y desempeño en general.

En ese contexto, tenemos que si bien es cierto todos los ciudadanos pueden acceder a la información gubernamental, son sólo algunos los que la solicitan y la tienen en sus manos, además de que la mayoría de las ocasiones se limita a transparentar recursos.

En México, en el ámbito parlamentario, no existe un diseño institucional de rendición de cuentas, el legislador mexicano no está obligado a informar o justificar sus acciones o decisiones en el Congreso a sus electores, sus distritos electorales u otro.

Lo idóneo sería que fuera obligación del mismo legislador aportar la información, el rendirla de una manera accesible y hacerla entendible para todos sus electores.

En el nivel individual, los legisladores deben ser responsables ante sus representados, además de que no se establece un mecanismo efectivo mediante el cual el legislador sea quien aporte directamente la información de su desempeño, transparentando su gestión.

Por lo anterior, en la presente iniciativa se propone establecer en la Ley Orgánica del Congreso General, disposiciones que contengan los mecanismos para que los legisladores rindan cuentas a sus representados, principalmente acerca de sus actividades y decisiones en su desempeño legislativo.

Es necesario que se facilite la difusión de sus tareas, de-sempeño, proyectos, metas, en fin que su labor tenga seguimiento, para que el mismo ciudadano sea el que realice sus juicios con base a dicha información, que sea el receptor de las cuentas que se le ofrezcan por parte del Poder Legislativo.

Una legislatura democrática, funcional, institucionalizada, responsable y eficaz, debe pasar por un control externo que evalúe su funcionamiento, que valide su representatividad y fomente el respeto de los derechos políticos del ciudadano.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto

Artículo Único.Se adiciona un Título Sexto, denominado “De la Rendición de Cuentas” en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Título Sexto

Capítulo ÚnicoDe la Rendición de Cuentas

Artículo 135 Bis. El presente capítulo establece los mecanismos para la rendición de cuentas sobre el desempeño legislativo de los integrantes del Congreso de la Unión.

Artículo 135 Bis 1. Los legisladores del Congreso deberán presentar anualmente ante sus representados un informe acerca de sus actividades parlamentarias.

Dicho informe deberá de contener de manera explícita y clara la información referente a los proyectos, proposiciones, acuerdos y reformas de las cuales el legislador directamente haya participado, así como de los objetivos ya cumplidos dentro de la legislatura a la que pertenezca.

Artículo 135 Bis 2. Cuando ocurran modificaciones legales de impacto sustantivo para sus representados, los legisladores deberán informar de manera accesible dichos cambios o actualizaciones al marco legal, describiendo las implicaciones vinculantes para el ciudadano.

Artículo 135 Bis 3. Los integrantes del Congreso de la Unión, deben de establecer esquemas mediante los cuales se realicen consultas a sus representados y de esta forma allegarse de sus opiniones y planteamientos de manera directa.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Morlino, Leonardo (2007) “Explicar la calidad democrática: ¿Qué tan relevante s son las tradiciones autoritarias?” Revista de Ciencia Política,vol. 27 (2), pp. 3 y 22

2 Mainwaring, Scott y C. Welna, eds. (2003) Democratic Accountability in Latin America,New York: Oxford University Press.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de Abril de 2010.— Diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

LEY GENERAL DE POBLACION

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el señor diputado Jorge González Ilescas, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley General de Población.

El diputado Jorge Venustiano González Ilescas:Muchas gracias, diputado presidente.

El que suscribe, diputado federal Jorge González Ilescas, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 7o., fracción V de la Ley General de Población.

Con fecha 10 de diciembre del año próximo pasado, presenté ante este pleno de la Cámara de Diputados iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Migración, en donde propuse otorgar mayor protección a los migrantes y transmigrantes que requieren apoyos especiales para el ingreso o la salida de nuestro país.

Para ello, señalé, se debería de realizar un acuerdo entre los tres niveles de gobierno para la creación de grupos de protección a los migrantes y transmigrantes, a efecto de evitar prácticas discriminatorias que atenten contra la integridad física o psicoemocional, así como a la violación de los derechos humanos de los migrantes y transmigrantes que entren y salgan del país, respetando plenamente sus derechos humanos sin discriminación y se dé atención especial en el caso de que sean mujeres, niñas o niños, personas con discapacidad y adultos mayores.

Con fecha 23 de marzo la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios determinó dictaminar dicha iniciativa en sentido negativo, tomando como referencias, entre otras, los siguientes razonamientos:

Señalo textual: el Reglamento de la Ley General de Población establece que existen grupos Beta dedicados al rescate de los migrantes y transmigrantes que se encuentran en territorio nacional. Asimismo, dentro de sus atribuciones se encuentra la protección de los derechos humanos de éstos.

Las bases legales —continúo— para la creación de los grupos Beta de protección al migrante son los artículos 137 y 138 del Reglamento de la Ley General de Población. Grupos de protección al migrante es el nombre con el que son denominados en dicho reglamento. Concluyo la cita.

En ese dictamen se puede observar que la única norma que defiende a los migrantes y transmigrantes es el Reglamento de la Ley General de Población y no la Ley General de Población. Por lo que el suscrito propuso desde un principio que se reforme y adicione la Ley General de Población, a efecto de incorporar en el artículo 7o. un nuevo párrafo, en donde tenga sustento legal la creación de los grupos de protección a los migrantes y transmigrantes.

Es el caso que en este país no existen los grupos de protección a los migrantes y transmigrantes que puedan otorgar apoyo a estos individuos. Tal es el caso, que en el proyecto de Egresos de la Federación el Ejecutivo federal no proyectó gasto alguno para dicho programa y en el Presupuesto de Egresos de la Federación la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios no aprobó presupuesto alguno para este programa.

Anexo en este sentido un cuadro que espero que se incorpore también.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Población.

Artículo primero. Se adiciona la fracción V, del artículo 7o, de la Ley General de Población.

Artículo 7o. Por lo que se refiere a los asuntos de orden migratorio, a la Secretaría de Gobernación corresponde:

I a IV...

V. En coordinación entre el Ejecutivo estatal, así como con las autoridades municipales del país, crear grupos de protección a los migrantes y transmigrantes que se encuentren dentro del territorio nacional.

Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se reasigne presupuesto para el programa de Protección a los Migrantes en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2011.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, este es un tema que reviste la mayor importancia. Hace días nos enojamos, nos exaltamos y protestamos de manera, inclusive airada, por la ley que aprobaron en los Estados Unidos en contra de los migrantes que ahí se encuentran.

Sin embargo, en nuestro país, en la franja sur, la trata de niñas, de niños, el narcotráfico, el hacerse de territorios impenetrables por las autoridades de parte de las bandas han generado no solamente en esa zona, una zona de alto riesgo, sino que han provocado en nuestros hermanos centroamericanos, sobre todo, que no solamente vean con tristeza, con dolor, con frustración, que muy poco, por no decir nada, se hace en ese sentido. Sino que estamos generando también contra México odio de parte de ellos, por la forma inhumana en que se trata muchas veces, por desgracia, a nuestros hermanos, que tienen que transitar...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputado.

El diputado Jorge Venustiano González Ilescas:... o que tienen que ocupar de paso nuestro país.

Por eso compañeras y compañeros diputados, los invito para que pongamos atención a esto, le demos seriedad al tema y entremos en materia pronto. Muchas gracias por su tiempo.

«Iniciativa que reforma el artículo 7 de la Ley General de Población, a cargo del diputado Jorge González Ilescas, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Jorge González Ilescas, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona en el artículo 7 la fracción V de la Ley General de Población.

Exposición de Motivos

1. Con fecha 10 de diciembre del año próximo pasado, presenté ante el pleno de esta Cámara de Diputados iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Migración, en donde propuse otorgar mayor protección a los migrantes y transmigrantes que requieran apoyos especiales para el ingreso o la salida de nuestro país.

Para ello, se deberá de realizar un acuerdo entre los tres niveles de gobierno para la creación de Grupos de Protección a los Migrantes y Transmigrantes a efecto de evitar prácticas discriminatorias, que atenten contra la integridad física o psicoemocional, así como a la violación de los derechos humanos de los migrantes y transmigrantes que entren o salgan del país, respetando plenamente sus derechos humanos, sin discriminación, y se dé atención especial en el caso de que sean mujeres, niñas o niños, personas con discapacidad y adultos mayores.

Con fecha 23 de marzo la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios determinó dictaminar dicha iniciativa en sentido negativo, tomando como referencias, entre otros, los siguientes razonamientos:

• El Reglamento de la Ley General de Población, establece que existen Grupos Beta dedicados al recate de los migrantes y transmigrantes que se encuentran en territorio nacional, asimismo, dentro de sus atribuciones se encuentra la protección de los derechos humanos de estos.

• Las bases legales para la creación de los Grupos Beta de Protección al Migrante son los artículos 137 y 138 del Reglamento de la Ley General de Población, Grupos de Protección al Migrante, es el nombre con el que son denominados en dicho reglamento.

2. En este dictamen se puede observar que la única norma que defiende a los migrantes y transmigrantes es el Reglamento de la Ley General de Población y no la Ley General de Población.

Por lo que el suscrito propone, desde un principio, que se reforme y adicione la Ley General de Población, a efecto de incorporar en el artículo 7o., un nuevo párrafo en donde tenga sustento legal la creación de los Grupos de Protección a los Migrantes y Transmigrantes.

3. Asimismo, solicito se reasigne presupuesto para el Programa de Protección a los Migrantes, del Ramo de la Secretaría de Gobernación, toda vez que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Ejecutivo federal no proyectó gasto alguno para dicho programa y en el Presupuesto de Egresos de la Federación la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios no aprobó presupuesto alguno para este programa. (Véase cuadro No. 1).

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Población.

Primero. Se adiciona la fracción V del artículo 7 de la Ley General de Población:

Artículo 7. Por lo que se refiere a los asuntos de orden migratorio a la Secretaría de Gobernación corresponde:

I. a IV. ...

V. En coordinación entre el Ejecutivo estatal, así como con los presidentes municipales del país, crear Grupos de Protección a los Migrantes y Transmigrantes que se encuentren dentro del territorio nacional.

Segundo. Se reasigne presupuesto para el Programa de Protección a los Migrantes, por parte de la Secretaría de Gobernación.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se reasigne presupuesto para el Programa de Protección a los Migrantes en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2011.

Diputados: Jorge González Ilescas, Jorge Humberto López-Portillo Basave, Silvia Esther Pérez Ceballos, Miguel Ernesto Pompa Corella, Janet Graciela González Tostado, María del Carmen Izaguirre Francos, Georgina Trujillo Zentella, Ana Estela Durán Rico, Violeta Avilés Álvarez, Sofía Castro Ríos, Elpidio Desiderio Concha Arellano, Gabriela Cuevas Barrón, Lorena Corona Valdés, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Rosalina Mazari Espín, Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, Malco Ramírez Martínez, Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, Guadalupe Pérez Domínguez, José Manuel Agüero Tovar (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

El diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Dígame, diputado López-Portillo.

El diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave(desde la curul): Señor presidente, para que le solicite al orador si me autoriza adherirme a su propuesta, y le pediría a nuestros compañeros que hagamos lo mismo.

Coincido en que no podemos exigir trato digno para nuestros connacionales en Estados Unidos si no estamos dispuestos a dar el ejemplo en México con los que sufren para ir a Estados Unidos viniendo de Sudamérica.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado González Ilescas ¿está usted de acuerdo en que se adhiera el diputado López-Portillo?

El diputado Jorge Venustiano González Ilescas (desde la curul): De acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo, diputado. Pase usted a la Secretaría a suscribir el documento. Se turna, repito, a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

LEY DE VIVIENDA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Rafael Pacchiano Alamán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda.

El diputado Rafael Pacchiano Alamán:Con su permiso, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el agua dulce es esencial para sostener la vida, el de-sarrollo y el medio ambiente. Además, es un factor crítico para el progreso, pues no contar con agua suficiente para cubrir la demanda impone límites al desarrollo de las naciones.

Actualmente en México la disponibilidad de agua podría alcanzar niveles de escasez. La Conagua reconoce que el 11 por ciento de las 428 ciudades con más de 2 mil 500 habitantes reciben menos de 200 litros diarios por habitante, que es el volumen óptimo para cubrir las necesidades de una persona y que para el 2030 ese volumen por habitante será difícilmente cubierto.

La situación del agua será crítica y la competencia por este recurso causará conflictos de distinta intensidad. Como muestra de la disminución de la disponibilidad del líquido tenemos que en 1950 se calculaba que cada habitante contaba en promedio con 18 mil metros cúbicos. Para 2006 la disponibilidad promedio por habitante fue de 4 mil metros cúbicos. Esto representa una disminución de más de 76 por ciento en sólo 56 años.

Esta reducción es resultado de las pérdidas en las redes de distribución, de la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos y, en gran medida, del crecimiento de la población y del aumento de la actividad económica. La presión sobre el recurso hídrico es muy fuerte y su disponibilidad tiene implicaciones en materia de vivienda y de planeación urbana.

Con base en las tendencias demográficas de México, la demanda de vivienda para el próximo cuarto de siglo requerirá construir 650 mil unidades habitacionales en promedio. Específicamente la política nacional de vivienda prevé el financiamiento de más de 4 millones de viviendas para el periodo 2007-2012, destinando para ello un subsidio de más de 70 millones de pesos.

Es por ello que en el Partido Verde presentamos esta iniciativa de reforma a la Ley de Vivienda, que suscita el reconocimiento de sustentabilidad ambiental como un factor para proporcionar calidad a la vivienda y promueve la implementación de sistemas tecnológicos para la captación, el control, el uso, reuso y reciclaje del agua pluvial y de la suministrada.

El propósito de esta iniciativa es lograr el beneficio racional y sustentable de cada gota de agua, sea de lluvia o suministrada, a fin de mitigar la presión sobre la disponibilidad de agua para la vivienda y evitar la sobreexplotación de los mantos freáticos.

En México se registra un volumen anual de agua por precipitación promedio de alrededor de mil 500 millones de metros cúbicos. Si bien este volumen es diferente año con año y cada región registra volúmenes distintos, solamente el 30 por ciento constituye la disponibilidad natural media, es decir, sólo el 30 por ciento de lo que llueve se absorbe al subsuelo o se incorpora a los ríos, el resto simplemente se evapora.

Es preciso destacar que en nuestro país contamos hoy por hoy con los elementos arquitectónicos y tecnológicos que, además de ser probados, son de origen mexicano y sirven para captar, controlar, usar y reusar, incluso reciclar el agua pluvial y la suministrada.

Por ello es objeto de esta iniciativa definir un marco normativo federal para lograr que los beneficios que brinda esta tecnología se apliquen a la vivienda y a los conjuntos habitacionales y sean aprovechados al máximo, al mismo tiempo que contribuye a un uso más racional del recurso hídrico y responde a la imperiosa necesidad de implantar medidas eficientes para conservar el agua.

Por otro lado esta iniciativa pretende que los ciudadanos que realicen acciones relacionadas al uso eficiente del agua reciban los incentivos fiscales que establece la Ley de Aguas Nacionales.

No obstante, corresponderá a la Comisión Nacional de Vivienda establecer en su reglamento cuáles son las directrices para generar estos beneficios de carácter fiscal, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

En suma, se aspira al reconocimiento de la sustentabilidad ambiental como un factor para proporcionar calidad de la vivienda y se innova en el sentido de garantizar la disminución de la demanda de agua para la vivienda.

Un factor esencial para concretar dicha innovación será la emisión de una norma oficial mexicana para el uso eficiente del agua para la vivienda, que sea de observancia nacional sin que haya lugar a duplicidad de funciones con Conagua.

Confiamos en que esta iniciativa atenderá la urgente demanda de los ciudadanos por asegurar la disponibilidad del líquido indispensable para sostener la vida y el desarrollo de las generaciones presentes, sin comprometer la sustentabilidad de las generaciones futuras. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, a cargo del diputado Rafael Pacchiano Alamán, del Grupo Parlamentario del PVEM

Rafael Pacchiano Alamán, diputado a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 4, párrafo cuarto; 71, fracción II; 72; y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto en el que se reforma y adiciona la Ley de Vivienda.

Exposición de Motivos

El agua dulce es un recurso finito, vulnerable, y esencial para sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente;  de hecho es considerada un factor crítico para el desarrollo de las naciones y quizá sea el recurso que define los límites del desarrollo sustentable, principalmente porque el crecimiento de la demanda,  la sobreexplotación y una mayor escasez de agua son elementos que pueden imponer límites al desa-rrollo.

En nuestro país el volumen óptimo por habitante al día se ubica en 200 litros; no obstante, de acuerdo a datos del reporte Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 2009 de la Comisión Nacional del Agua once por ciento de las 428 ciudades con más de 2500 habitantes reciben menos de esa cantidad; es incuestionable que en algunas regiones de nuestro territorio el volumen demandado es mayor que el suministrado, lo que obliga al gobierno a decidir a quién dejar sin este recurso, ocasionando problemas distributivos.

Según estimaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se prevé que a causa del crecimiento de la población y de la actividad económica del país, para el año 2030 la situación del agua en México será más crítica; la competencia por este recurso es ya causa de conflictos de diferente intensidad y escala, y se presenta no sólo entre usuarios de la misma comunidad sino entre distintas comunidades, municipios, estados e incluso en el ámbito transfronterizo.

Con base en las tendencias demográficas en México, la demanda de vivienda para el próximo cuarto de siglo requerirá construir 650 mil viviendas por año, en promedio. Específicamente, la Política Nacional de Vivienda prevé el financiamiento de 3.9 millones de viviendas nuevas en el periodo 2007-2012 destinando para ello subsidios por sesenta mil millones de pesos.

Adicionalmente, en nuestro país los acuíferos subterráneos son la fuente de abastecimiento de más de las dos terceras partes del agua urbana que representa el 14 por ciento del agua nacional; no obstante, de acuerdo con especialistas del Centro de Investigaciones para América del Norte, de 653 acuíferos que el país tiene delimitados y reconocidos, alrededor de 104 se encuentran en un estado crítico debido a un mal manejo de extracción.

De conformidad con algunas proyecciones, en algunas regiones la disponibilidad de agua podría alcanzar niveles de escasez, basta mencionar que en 2006 la disponibilidad promedio del líquido por habitante del país fue de 4 mil 416 metros cúbicos, mucho menor a los 18 mil 035 metros cúbicos que se tenían por habitante en 1950.

En consecuencia, el problema de la disponibilidad de agua para consumo humano se agrava; no debemos olvidar que además de la contaminación de las fuentes superficiales y subterráneas, se registran pérdidas en las ciudades (Colima, Sonora, Distrito Federal) que alcanzan en promedio 40 por ciento del agua suministrada en las redes de distribución.

Es pues innegable que los datos anteriores ilustran la fuerte presión sobre este recurso y la necesidad de implantar medidas eficientes para su conservación; es además importante reconocer que su disponibilidad tiene implicaciones en materia de vivienda y planeación urbana entre otros.

A diferencia de otros países, en México llueve; si bien el volumen de agua que se recibe por precipitación es diferente año con año y cada región registra volúmenes distintos, el Compendio de Estadísticas Ambientales 2009 del SNIARN informa que el volumen total promedio de agua que se obtiene por precipitación es de 1 billón 488 mil 192 millones de metros cúbicos, pero la mayor parte (70 por ciento) regresa a la atmósfera por evapotranspiración; el 30 por ciento restante constituye la disponibilidad natural media (458 100.13 millones de metros cúbicos), que se calcula de la suma del escurrimiento natural medio superficial y la recarga media de acuíferos.

En conclusión, en México la administración del agua es deficiente y genera pérdidas del precioso líquido. Es pues imperioso beneficiarse de manera racional y sustentable de cada gota de agua, sea pluvial o suministrada.

Es por ello que esta iniciativa busca promover la captación, el control, el uso, reúso y reciclaje del agua pluvial o del agua suministrada en las viviendas, a través de la adaptación de los sistemas y tecnologías de tratamiento actualmente disponibles.

Vivienda sustentable

Para poder hacer frente a la demanda creciente y a la reducción en la disponibilidad del agua, esta iniciativa propone que las entidades federativas y municipios cuenten con la atribución de convenir con la federación programas y acciones de suelo y vivienda sustentable, a fin de incorporar elementos arquitectónicos y tecnológicos promotores de la eficiencia energética, del uso eficiente del agua y que adicionalmente minimicen los impactos ambientales.

Asimismo, incluiremos entre los requerimientos mínimos que deben ser materia de coordinación con entidades federativas y municipios para la regulación de las construcciones, el uso eficiente del agua y de la energía, con base en las disposiciones legales en la materia y de acuerdo con los elementos arquitectónicos y tecnológicos disponibles.

El tema de la vivienda sustentableno es nuevo en la política nacional de vivienda; cierto es que la Comisión Nacional de Vivienda ha reorganizado sus políticas basándose en los principios del desarrollo sustentable; no obstante, la Ley de Vivienda aún no ha armonizado estos conceptos indispensables para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras.

En ese sentido, es adecuado recordar que el Programa Nacional de Vivienda 2007-2012, hacia un desarrollo habitacional sustentable, reconoce que nuestro país demanda soluciones para reducir el impacto del crecimiento urbano sobre el medio ambiente y no omite mencionar entre sus objetivos “impulsar un desarrollo habitacional sustentable por medio de acciones específicas de racionalidad en el uso de la energía y el cuidado y reciclamiento del agua”.

En cuanto al cuidado y reciclamiento del agua, se aprecia el esfuerzo realizado por Conafovi (2005) para la elaboración de la Guía para el uso eficiente del agua en desarrollos habitacionales, con el que se busca contribuir a que los desa-rrolladores y constructores de vivienda aprovechen al máximo los beneficios que les brinda la tecnología aplicable al agua, para ser utilizada en la vivienda y en los conjuntos habitacionales al mismo tiempo que se contribuye a un uso más racional de este recurso. Es indiscutible el valor de los elementos arquitectónicos y tecnológicos que este documento propone para la vivienda sustentable.

De los municipios y de los estados

En virtud de que en México los instrumentos que regulan la edificación de la vivienda son los denominados Reglamentos de Construcción y corresponde a los gobiernos locales (estados y municipios) elaborar y aplicar esa normatividad, esta iniciativa verá por que exista regulación a nivel local y que los municipios vigilen el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, que son instrumentos fundamentales para la sinergia entre la sustentabilidad y el desarrollo.

El artículo 115 constitucional en lo relativo a la división territorial básica de los Estados de la Federación, establece que la dotación de servicios, la infraestructura urbana, y algunos equipamientos  públicos son responsabilidad del municipio.  Los preceptos jurídicos señalados en el 115 de la Carta Magna, otorgan al municipio las facultades para expedir sus planes de desarrollo urbano, participar en la formulación de planes de desarrollo regional, administrar la zonificación y los planes de desarrollo municipal  así como sus reservas territoriales, intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, otorgar permisos y licencias de construcción y expedir los reglamentos y demás disposiciones para la buena administración y funcionamiento de los servicios públicos.

Dado que los proyectos de vivienda sustentable que prevé esta iniciativa  se sujetarán en la mayoría de los casos a los reglamentos de las leyes estatales o municipales en materia de desarrollo urbano o a los resolutivos de impacto ambiental que requieren algunos proyectos, esta iniciativa propone que los municipios incluyan en sus reglamentos la aplicación de tecnologías sustentables.

Es preciso comentar que no obstante los esfuerzos de la Comisión Nacional de Vivienda por promover recomendaciones y estrategias para el ahorro y el cuidado del agua, a través de diversas publicaciones entre las que destaca el Código Edificación de Vivienda, o la Guía para el uso eficiente del agua en desarrollo habitacionales los municipios no están obligados a incorporar estas nuevas tecnologías en sus construcciones.

Un factor a ponderar es que la Ley de Vivienda reconoce la sustentabilidad ambiental como un factor para proporcionar calidad en la vivienda e incluso institucionaliza la política de vivienda como una política estratégica de estado para el desarrollo sustentable de la Nación.  Es sin duda por ese motivo que el Programa Nacional de Vivienda Sustentable plantea como un objetivo el adecuar la normatividad vigente en materia de vivienda hacia el cuidado del medio ambiente y diseñar lineamientos que permitan definir y calificar a una vivienda como sustentable.

Por su carácter de autoridad local, es recomendable que los municipios tengan la atribución de normar en sus reglamentos el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y la aplicación de tecnologías a lo largo de todo el proceso de diseño y construcción de conjuntos habitacionales, fraccionamientos y vivienda en general como el paso necesario para que las preocupaciones por lograr el desarrollo sustentable sean una acción manifiesta e institucional.

Observancia de las normas de la vivienda

Se estima que en cada vivienda, el uso de un conjunto relativamente sencillo de dispositivos tecnológicos –medidores, regaderas, inodoros, mezcladoras monomando en lavamanos y cocinas, tuberías entre otros– ayuda significativamente al uso eficiente del agua, alcanzando ahorros de más de un 40 por ciento en el consumo, sin reducir el nivel de confort en los usuarios. Las disposiciones técnicas para estos bienes aplicables a la edificación y equipamiento de vivienda quedan establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas.

Actualmente, dado el panorama de escasez anunciado, empresas, universidades y centros de investigación, proponen día a día nuevos diseños constructivos y la aplicación de nuevas tecnologías que brindan nuevas condiciones de sustentabilidad. Dichos avances merecen la creación de nuevas Normas Oficiales Mexicanas, cuyas disposiciones coadyuvarán a mantener nuestra calidad de vida sin los impactos ambientales.

Como ejemplo, podemos mencionar  la recientemente publicada Norma Oficial Mexicana NOM-015-CONAGUA-2007, Infiltración artificial de agua a los acuíferos.- Características y especificaciones de las obras y del agua, cuyo propósito es proteger la calidad del agua de los acuíferos y aprovechar el agua pluvial y de escurrimientos superficiales para aumentar la disponibilidad de agua subterránea a través de la infiltración artificial; adicionalmente, nos referimos al proyecto de Norma Oficial Mexicana de vivienda sustentable del Gobierno del Distrito Federal prevé reducir el consumo de agua y energía en un 60 por ciento.

La viabilidad de ese proyecto de NOM ha sido probada por el Gobierno del Distrito Federal con la  construcción de  un conjunto habitacional de 546 viviendas en la Delegación Azcapotzalco; ese desarrollo recientemente inaugurado, ha logrado incorporar elementos arquitectónicos y tecnológicos  de diseño mexicano, que reducen el consumo de  agua y energía por encima del 60 por ciento previsto en el proyecto de NOM.

Las normas oficiales mexicanas (NOM) son obligatorias y en teoría llevan una sanción por parte del Estado; la expedición de normas es uno de los pilares ambientales en el mundo y en distintos sectores económicos y fungen como eslabones de coordinación entre las políticas ambientales y las políticas sectoriales.

La observancia de las NOM están sujetas a los sistemas de fiscalización o de verificación y certificación de distintas entidades de gobierno; no obstante, es labor de los municipios y los estados, como autoridades locales y con base en la facultad de otorgar la manifestación de terminación de obra y autorización de ocupación de uso de las viviendas, vigilar la aplicación de estos instrumentos fundamentales para la sinergia entre la sustentabilidad y el desarrollo.

Habitualmente, previo a otorgar la manifestación de terminación de obra y autorización de ocupación de las viviendas, la Dirección de Obras o equivalente dictamina el cumplimiento de la normatividad aplicable a edificación y equipamiento de vivienda, con base en lo dispuesto en la legislación local, los reglamentos, las NOM y otros instrumentos normativos.

En México, la Ley de Vivienda contiene actualmente tres artículos que hacen referencia a las NOM y medidas para el uso eficiente de agua, aplicables en la construcción de nuevas viviendas: el artículo 19, el artículo 81 y el artículo 83; no obstante, actualmente dicha ley no señala las instituciones responsables de vigilar el efectivo cumplimiento de las NOM aplicables en la construcción de vivienda, lo cual contribuye a que las compañías constructoras omitan su cumplimiento.

Con respecto a esa labor de vigilancia, el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, señala que las delegaciones son responsables de vigilar que las viviendas cumplan lo establecido en su manifestación de construcción:

Artículo 244. Una vez registrada la manifestación de construcción o expedida  la licencia de construcción especial, la Delegación y en su caso, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, ejercerá las funciones de vigilancia y verificación que correspondan, de conformidad con lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo para el Distrito Federal y el Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal.

Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala que es facultad de la Semarnat, la vigilancia del cumplimiento de las NOM referentes a recursos naturales:

Artículo 32 Bis.A la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a IV. ...

V. Vigilar y estimular en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas relacionados con los recursos naturales, medio ambiente, aguas, bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, y pesca; y demás materias competencia de la Secretaría así como, en su caso, imponer las sanciones procedentes;

El objetivo principal de la Comisión Nacional de Vivienda, Conavi, es el fomento de la coordinación, la promoción y la instrumentación de la política y el programa nacional de vivienda, del Gobierno Federal, de conformidad con la Ley de Vivienda, Ley General de Asentamientos Humanos y demás disposiciones aplicables. Por lo tanto, la Conavi no está explícitamente obligada a participar en la vigilancia del cumplimiento de las NOM aplicables a vivienda; sin embargo, la Conavi también tiene el objetivo “de buscar garantizar el acceso a una vivienda digna a las familias mexicanas y contribuir al desarrollo económico del país”, por lo tanto, debe ser partícipe en lo posible de procurar el cumplimiento de las NOM para impulsar el desarrollo adecuado y sustentable de las viviendas mexicanas.

En suma, las disposiciones actuales de la Ley de Vivienda no son suficientes para garantizar que las construcciones incluirán equipamientos, materiales, tecnologías así como dispositivos y todas aquellas innovaciones que puedan coadyuvar en el ahorro y uso eficiente del agua en las viviendas.

En atención a lo anterior, se propone que la Comisión Nacional de Vivienda en coordinación con las autoridades estatales y municipales promueva y participe a través de sus delegaciones y agencias en el territorio nacional, en la verificación del cumplimiento de las NOM aplicables a edificación y equipamiento de la vivienda, a la producción y distribución de materiales de construcción y para uso eficiente del agua. Confiamos que esta atribución dará consistencia a la labor de verificación que realizan los municipios y favorecerá una mejor observancia de la normatividad a nivel local.

Uso eficiente del agua en la vivienda

A pesar de que el problema de la disponibilidad del agua se agrava y que el modo de cubrir la demanda urbana provoca la sobreexplotación de los acuíferos, el reúso y reciclaje del agua así como la utilización y reutilización y reciclaje de agua de lluvia en la vivienda, es una práctica de excepciónporque el desarrollo habitacional de nuestro país ha carecido históricamente de criterios de sustentabilidad, dando paso al crecimiento urbano caótico y la explotación irracional del agua, la energía y los recursos naturales.

En ese sentido, el marco jurídico aplicable a vivienda a través de la Ley de Aguas Nacionales y la Ley de Vivienda han omitido establecer lineamientos específicos para el reúso y reciclaje del agua en la vivienda así como para el aprovechamiento del agua de lluvia; no obstante, otros marcos jurídicos aplicables a nivel local como la Ley de Aguas del DF y la Ley de Desarrollo Urbano del DF sí lo establecen.

Uno de los pendientes de la política de vivienda expresada en el Programa Nacional de Vivienda 2007-2012 es establecer las normas oficiales de la vivienda que garanticen la calidad de la vivienda; la presente iniciativa se atreve a ver más allá al considerar la solicitud de la expedición de la NOM “uso eficiente del agua para la vivienda” que, a pesar de la imperiosa necesidad, no ha sido expedida.

Es evidente que existe preocupación en torno a la falta de normatividad para el uso eficiente del agua para la vivienda: los pronunciamientos más relevantes  durante la última sesión del Comité de Sustentabilidad de la Conavi, abordaron sistemáticamente la sustentabilidad de la vivienda y se insistió en intensificar la reutilización del agua de la vivienda para realmente obtener resultados.

Adicionalmente, El Programa Específico para el Desarrollo Habitacional Sustentable ante el Cambio Climático, publicado por Conavi en 2008 prevé la captación de agua pluvial en techos, con un diseño adecuado, como una medida primordial para el ahorro del agua.

Como se mencionó, en nuestro país ya se ha experimentado con la aplicación de tecnologías que garantizan más del 60 por ciento en el reciclaje y reutilización del agua de uso doméstico. La NOM en materia de uso eficiente del agua para vivienda, tendrá el propósito de marcar límites y requerimientos para la aplicación de todas las medidas de ahorro, de reutilización, de reciclaje, de conservación y de reúso ambiental seguro del agua para consumo doméstico, y de esa manera dar viabilidad a la adaptación de los dispositivos o materiales, de las tecnologías aplicables a la edificación de los sistemas de captación, de control y de aprovechamiento de agua de lluvia, así como la instalación de equipamientos que puedan intensificar la reutilización del agua y que puedan generar ahorros mayores al 50 por ciento en el consumo de agua.

Por ese motivo y con fundamento en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, esta iniciativa propone a través de un artículo transitorio que la Comisión Nacional de Vivienda conjuntamente con Comisión Nacional del Agua remitan a Semarnat la solicitud correspondiente para la expedición de la NOM en materia de uso eficiente de agua para vivienda, que dará sustento al presente proyecto de decreto.

Incentivos económicos de carácter fiscal

De acuerdo con lo expresado por el Subdirector de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de Conagua, “los incentivos provienen de los recursos fiscales que son de todos los ciudadanos y se deben gastar de la mejor forma posible, y en este sentido poder incrementar la eficiencia de los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento”.

En efecto, es posible un mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales: por ejemplo, el Código Fiscal del Distrito Federal prevé para los propietarios de viviendas que instalen y utilicen dispositivos como lo son paneles solares, y sistemas de captación de agua pluvial para la disminución del consumo de energía y/o agua o el reciclaje de esta última, una reducción de hasta el 20 por ciento de los derechos por suministro de agua que se harán efectivas en las Administraciones Tributarias o, en su caso, ante el Sistema de Aguas.

Con la presente iniciativa se pretende que los ciudadanos que realicen acciones relacionadas con el consumo de agua potable y colaboren con el uso eficiente del agua, reciban los incentivos que establece la Ley de Aguas Nacionales:

Artículo 14 Bis 5 fracción XVIII. Las personas físicas y morales que hagan uso eficiente y limpio del agua, se harán acreedores a incentivos económicos, incluyendo los  de carácter fiscal que establezcan las leyes en la materia.

Asimismo, la Ley Federal de Derechos en su artículo 231-A prevé la posibilidad de que los ingresos que se obtengan por pago de derechos de uso, aprovechamiento o explotación de aguas nacionales para uso de agua potable se asignen a los contribuyentes que así lo soliciten hasta por un monto igual al cubierto por dicho concepto a efecto de realizar acciones de mejoramiento de la eficiencia en la infraestructura de agua potable, alcantarillado y  tratamiento de aguas residuales; previéndose también en dicho ordenamiento la facultad de que la Comisión Nacional del Agua a través de su titular de emitir lineamientos para la correcta aplicación del precepto antes citado.

Si bien el reglamento de la Ley de Vivienda no ha sido publicado, será responsabilidad de la Comisión Nacional de Vivienda establecer en su reglamento las directrices para generar incentivos económicos de carácter fiscal a quienes realicen uso eficiente del agua en la vivienda.

En virtud de lo anterior, la presente iniciativa ha previsto como una atribución de la Comisión Nacional de Vivienda la emisión del reglamento de la Ley de Vivienda, tal como se expresa en la fracción XXIV del artículo 19 de este decreto.

En suma, las reformas propuestas en esta iniciativa tienen un fin loable: impulsar el desarrollo habitacional sustentable; la coordinación de la Comisión Nacional de Vivienda con las entidades y municipios para que las construcciones aseguren además de la calidad, seguridad y habitabilidad, el uso eficiente del agua y de la energía; aprovechar las ventajas de captar, controlar y aprovechar el agua de lluvia para uso doméstico en la vivienda y contar con los sistemas tecnológicos necesarios para reciclarla; generar autosuficiencia y  brindar un marco jurídico acorde.

Es inaplazable dar certeza a la sustentabilidad en las políticas públicas que definirán el futuro del desarrollo urbano de nuestro país; es igualmente urgente aceptar que la situación es grave y que los nuevos desarrollos habitacionales proyectados para la zona metropolitana del Valle de México (Zumpango, Tecamac, Huehuetoca) no cuentan con la factibilidad del servicio de agua, donde la propia Conagua recomienda aplicar captación pluvial, reciclaje y uso eficiente del agua.

Es incuestionable que el siglo XXI ha dado gran cantidad de señales sobre los efectos perversos de la extracción irracional y de la casi nula infiltración del agua al subsuelo: las investigaciones del Centro de de Estudios del Agua concluyen que actualmente se registra una extracción promedio de más del doble de la capacidad de recarga natural de agua y que bombeamos agua que entró al subsuelo hace trescientos años.

En atención a lo anteriormente expuesto, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía, sometemos a la consideración de este honorable pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la Ley de Vivienda

Artículo Único.Se reforma la fracción XVII del artículo 8; se reforma la fracción III y se adiciona una fracción VII al apartado A. y se adicionan las fracciones VIII, IX y X al apartado B. del articulo 17; se reforma la fracción XV y XXIV del artículo 19 y se adiciona una fracción XXV.; se reforma la fracción I del artículo 23; se reforma la fracción V. del artículo 38; se reforma el artículo 71, y 83; se reforma la fracción IV. del artículo 87;  se reforma el artículo 88 y se adiciona un artículo 97 Bis a la Ley de Vivienda para quedar como sigue:

Artículo 8. ...

I. a XVI. ...

XVII. Los requerimientos mínimos que deban ser materia de coordinación con las entidades y municipios para la regulación de las construcciones para asegurar calidad, seguridad, habitabilidad, uso eficiente del agua y de energíaen la vivienda de acuerdo con las disposiciones legales en la materia.

XVIII. y XIX. ......

Artículo 17. ...

A. ...

I. y II. ...

III. Convenir programas y acciones de suelo y vivienda sustentable con el gobierno federal, con los gobiernos de otras entidades federativas y con municipios;

IV. a VI. ....

VII. Verificar en el ámbito de su competencia, que se dé cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley en materia de calidad y sustentabilidad de la vivienda y a las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.

B. ...

I. a VII. ...

VIII. Normar en sus reglamentos la aplicación de tecnologías sustentables para la captación, el control y aprovechamiento del agua pluvial así como el tratamiento y reúso del agua en la vivienda.

IX. Normar en sus reglamentos el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas aplicables a la edificación, al equipamiento y al uso eficiente del agua en la vivienda.

X. Establecer y difundir en la población estrategias para el uso eficiente del agua en la vivienda en cumplimiento con la normatividad correspondiente.

Artículo 19. ...

I. a XIV. ...

XV. Promover y participar en la verificación, en coordinación con las demás autoridades estatales y municipalescompetentes, que la vivienda cumpla con las normas oficiales mexicanas correspondientes, de conformidad a la ley de la materia;

XVI. a. XXIII. ...

XXIV. Expedir el Reglamento de esta ley.

XXV. Las demás que le otorgue la presente ley u otros ordenamientos.

Artículo 38. ...

I. a IV. ...

V. Organizar y promover el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas aplicables a la producción y distribución de materiales de construcción, a la edificación, al  equipamiento  y al uso eficiente del agua de la vivienda.

VI. a XII. ......

Artículo 71. Con el propósito de ofrecer calidad de vida a sus ocupantes, la comisión promoverá, en coordinación con las autoridades competentes tanto federales como locales, que en el desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con los espacios habitables y de higiene suficientes en función al número de usuarios, con sistemas de control, aprovechamiento, captación pluvial y de reutilización de agua de uso doméstico, sin menoscabo de la provisión de los servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales y energía eléctrica que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así como garantizar la seguridad estructural y la adecuación al clima con criterios de eficiencia energética, uso eficiente de aguay prevención de desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados.

Artículo 83. La Comisión promoverá y participará en coordinación con las autoridades estatales y municipales competentes,  en la verificación de todas las viviendas nuevas o en proceso de reforma, para que cumplan con sistemas de control, aprovechamiento, captación de aguas pluviales y de reúso de agua de uso doméstico; además verificará que las viviendas empleenmateriales y productos que contribuyan a evitar efluentes y emisiones que deterioren el medio ambiente, que propicien el ahorro de energía, el uso eficiente del agua, y favorezcan un ambiente más confortable y saludable dentro de la vivienda, de acuerdo con las características climáticas de la región.

La comisión establecerá en su reglamento las directrices para generar incentivos económicos de carácter fiscal a quienes realicen uso eficiente y limpio del agua de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Artículo 88. La Comisión el coordinación con los organismos de vivienda y con las entidades federales, estatales y municipales fomentará en los programas y proyectos de producción social de vivienda la inclusión de acciones de uso eficiente del agua, de actividades productivas y generadoras de ingreso orientadas al fortalecimiento económica de la población participante en ellos, de conformidad con lo establecido en las disposiciones y normas oficialesaplicables.

Artículo 97 Bis. Los servidores públicos en el ámbito de sus respectivas competencias, ejercerán las facultades y atribuciones previstas en la presente ley; su incumplimiento será sancionado conforme a lo dispuesto por el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servicios Públicos o en su caso por el Código Penal Federal.

Transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión Nacional de Vivienda conjuntamente con la Comisión Nacional del Agua en un plazo no mayor a quince días contados  a partir del día siguiente a la publicación del presente decreto remitirá la solicitud de expedición de la Norma Oficial Mexicana en materia de uso eficiente del agua para vivienda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien en un plazo no mayor a un año posterior a la recepción de la solicitud, deberá expedir la Norma Oficial Mexicana correspondiente, a que se refiere este decreto.

Tercero. Para que la Comisión Nacional de Vivienda dé cumplimiento a los estímulos fiscales y económicos a que se refiere el artículo 83 de la Ley de Vivienda de este decreto, se incluirán las estimaciones necesarias a partir de la próxima Ley de Ingresos de la Federación.

Cuarto. La Comisión Nacional de Vivienda en un plazo no mayor a sesenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá expedir y publicar el reglamento de la Ley de Vivienda a que se refiere la fracción XXIV del artículo19 de la Ley de Vivienda de este decreto.

Quinto. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente decreto.

Notas:

1 Programa Específico para el Desarrollo Habitacional Sustentable ante el Cambio Climático, Conavi 2008 página 56.

2 Periódico Reforma. Domingo 7 de marzo de 2010 sección nacional página 10.

3 Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales

4 Según el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 sustentabilidad ambiental se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.

5 Diario Oficial de la Federación 18 de agosto de 2009.

6 Desarrollo Aldana II en Azcapotzalco financiado por Invi y casas Geo inaugurado en marzo de 2010.

7 Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Artículo 3. fracc XI. Norma oficial mexicana: la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación;

8 Página web de la Comisión Nacional de Vivienda www.conavi. gob.mx

9 Ley sobre Metrología y Normalización. Artículo 44. Tercer párrafo: Para la elaboración de normas oficiales mexicanas se deberá revisar si existen otras relacionadas, en cuyo caso se coordinarán las dependencias correspondientes para que se elabore de manera conjunta una sola norma oficial mexicana por sector o materia. Además, se tomarán en consideración las normas mexicanas y las internacionales, y cuando éstas últimas no constituyan un medio eficaz o apropiado para cumplir con las finalidades establecidas en el artículo 40, la dependencia deberá comunicarlo a la secretaría antes de que se publique el proyecto en los términos del artículo 47, fracción I.

10 Los eventos extraordinarios pueden ser  controlados en el predio del inmueble a través de sistemas de infiltración (NOM-015-CONAGUA-2007) y de reservas de agua, de tal suerte que no se saturará la red de drenaje y se evitarán inundaciones.

11 Comunicado 184-08 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ciudad de México.

12 Código Fiscal del Distrito Federal 2009. Artículos 130, 276, 277, 296, 297.

13 Centro de Estudios del Agua del Centro de Investigación Científica de Yucatán, AC.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos a los trece días del mes de abril del año dos mil diez.— Diputados: Rafael Pacchiano Alamán, Gabriela Cuevas Barrón, Jorge Humberto López-Portillo Basave, Silvia Esther Pérez Ceballos, Lorena Corona Valdés, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Rosalina Mazari Espín, Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, Malco Ramírez Martínez, Guillermo Cueva Sada (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Vivienda.

La diputada Lorena Corona Valdés(desde la curul). Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputada Corona, dígame.

La diputada Lorena Corona Valdés(desde la curul): Solamente para preguntarle al diputado si me puedo adherir a su iniciativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Diputado, acepta usted que se adhieran a su iniciativa?

El diputado Rafael Pacchiano Alamán: Estoy de acuerdo, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo. Pase por favor, diputada, a firmar a la Secretaría.

ARTICULO 73 CONSTITUCIONAL - LEY GENERAL PARA LA PRACTICA DE AUDITORIAS SOCIALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que expide la Ley General para la Práctica de Auditorías Sociales.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, esta iniciativa propone reformas y adiciones a la Constitución general de la República, al artículo 73, y también presenta una Ley General para la Práctica de Auditorías Sociales.

La auditoría social es una institución que existe en distintos países de América Latina. Es una institución que ha resultado muy valiosa en muchos países para vigilar, fiscalizar a las autoridades. Se trata de grupos ciudadanos, de grupos de la sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales que pueden no solamente vigilar y fiscalizar a la autoridad, como ya lo dije, sino proponer, corregir políticas públicas, detectar desviaciones e irregularidades de las autoridades y en algunos casos presentar denuncias o quejas de carácter administrativo y hasta de carácter penal.

Esta institución existe en países como Honduras, Argentina, Colombia, Guatemala, Bolivia y Chile y muestra claramente el desarrollo que en América Latina tiene la democracia participativa y cómo en México, en este aspecto como en otros de la construcción de instituciones, nos vamos quedando rezagados.

¿Cuáles son las ventajas de la auditoría social? Por un lado, promueve la participación de los ciudadanos, promueve la transparencia, la rendición de cuentas, educa a la población, permite un ejercicio escrupuloso del gasto público y es un instrumento de combate a la corrupción.

La auditoría social, como la estamos proponiendo en esta ley general, tendría los siguientes objetos o materias:

La auditoría social que proponemos serviría para vigilar, fiscalizar planes, programas, estrategias y políticas gubernamentales, para vigilar el procedimiento de aprobación y de ejercicio del presupuesto de egresos, tanto de la federación como de estados y municipios. Para vigilar y supervisar los actos y procedimientos legislativos, judiciales de la administración pública. Para supervisar documentos públicos. Para analizar la manera en que se ejercen recursos para invertirlos públicamente, en fin. Para en general determinar cómo está funcionando la administración pública, las instituciones, los poderes del Estado y detectar posibles irregularidades o violaciones a los derechos humanos. Ése es el objeto y la materia de la auditoría social.

¿Quiénes pueden realizar auditoría social en esta propuesta de ley general que estamos presentando? Pueden realizar auditoría social grupos de ciudadanos. No se requiere de una formalidad especial o de que las ONG estén constituidas legalmente. Basta que los grupos de ciudadanos deseen y se inscriban ante la autoridad para presentar un mecanismo de auditoría social y ésta pueda realizarse.

Las autoridades, por su parte, tienen obligaciones para colaborar con los grupos ciudadanos para informar de las actividades que están realizando y desde luego, existen obligaciones muy importantes para la autoridad a fin de transparentar su funcionamiento, procedimientos, documentos, archivos, etcétera.

Hay también, al final de cada procedimiento de auditoría social previsto en esta iniciativa, la obligación de difundir, por parte del grupo ciudadano, los resultados de la auditoría ciudadana. Esos resultados no solamente deben tener por propósito describir el objeto analizado por la auditoría social, sino proponer, corregir, insistir en algunas desviaciones o irregularidades que se hayan detectado y, en su caso, en el artículo final de esta ley general estamos proponiendo también que los ciudadanos puedan presentar denuncias administrativas, penales, juicios políticos, si se encuentran irregularidades que permitan la procedencia de estos instrumentos.

Éste es el objeto de esta iniciativa, que espero la acompañen. Se inscribe en otras iniciativas que ya hemos presentado, mi grupo parlamentario y su servidor, para promover el desarrollo de la democracia participativa y deliberativa en nuestro país. Por su atención, muchas gracias compañeros.

«Iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley General para la Práctica de Auditorías Sociales, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT

Jaime Fernando Cárdenas Gracia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72, fracción II, de la Constitución Política; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente

Exposición de Motivos

El objeto de la presente iniciativa es proponer un mecanismo de democracia participativa, denominado “auditoría social”. La auditoría tradicional entraña la revisión, el control y el seguimiento de determinada actividad, compromiso o recurso; por su parte, la auditoría social evoca el esquema ordinario de revisión y evaluación que conocemos y que aplican todos los gobiernos, pero añade el enfoque social, el que se refiere al trabajo que realiza la propia población, la sociedad civil que se organiza con un legítimo deseo de conocer, de participar, y de analizar la gestión gubernamental, sus proyectos, metas, presupuestos, resultados, etcétera, y de proponer que se corrijan las desviaciones o errores en que hubieran incurrido las instancias gubernamentales.

Definición de auditoría social

La auditoría social es un proceso en el que la población ejerce sus derechos de participación y exige rendición de cuentas a las autoridades y funcionarios públicos, quienes informan sobre lo que hacen y cómo lo hacen. El propósito de esta herramienta es contribuir a prevenir la corrupción.

Según el Instituto del Banco Mundial,el término auditoría social atañe a los procesos mediante los que los ciudadanos inciden en la administración pública, con la finalidad de lograr una provisión de los servicios de manera más eficiente y satisfactoria a sus demandas. La mejora de un servicio público debe sustentarse en una respuesta eficiente a las necesidades de la población. Sin embargo, muchas veces los ciudadanos se encuentran excluidos de la gestión de un servicio público. En este sentido los procesos de auditoría social tienen como objetivo lograr un mejor acceso de los ciudadanos al diseño, evaluación e implementación de los servicios que el Estado brinda dentro de un proceso de verificaciones y balances (monitoreo de la gestión).

En esta línea de ideas, un proceso de auditoría social supone la existencia de un Estado abierto y transparente que incorpora a los ciudadanos en sus actividades y en los procesos de decisiones y que, además, genera un flujo de información consistente y persistente hacia ellos y viceversa. Así, la auditoría social guarda similitud con el fenómeno de la participación ciudadana. Sin embargo, la auditoría social lo trasciende, pues además de los mecanismos de participación ciudadana, incorpora canales de comunicación y colaboración en términos de corresponsabilidad con las partes involucradas, así como la participación de la autoridad en la implementación de la experiencia y la intervención de los ciudadanos en la ejecución de las soluciones planteadas.

En suma, la auditoría social puede ser resumida como la complementariedad de cuatro grandes conceptos, autónomos uno del otro, pero que sintetizados generan sinergia y permiten la existencia de una figura que va cobrando gran importancia en la relación Estado-sociedad.

+      Participación ciudadana

+      Acceso a la información

+      Transparencia

+      Rendición de cuentas

_______________________

= Auditoría social

La auditoría social implica la participación ciudadana en los diversos procesos del Estado; un flujo de información oportuna, clara y precisa; mayor claridad de los procesos administrativos; y mecanismos que permitirán dar cuenta de manera responsable a las diversas instancias sociales.

Se debe tener en cuenta que el desarrollo adecuado del proceso de auditoría social es indispensable que conjuguen las siguientes condiciones:

1. Debe ser ejercida por ciudadanos capacitados o debidamente informados sobre las funciones, los procesos y los fines de las entidades o la actividad de los funcionarios públicos auditados, lo anterior sin que se requiera ninguna especialización al respecto.

2. Debe ajustarse a una metodología.

3. Debe contribuir a mejorar el funcionamiento y el uso de los recursos del Estado en beneficio de los ciudadanos, así como fortalecer la relación Estado-ciudadanos.

Antecedentes y experiencias de auditoría social

A. Honduras

La auditoría social para el sector público encuentra sus orígenes en los siguientes hechos:

• El huracán Mitch que se abatió sobre Honduras a finales de octubre de 1998, y causó daños cuantiosos, propició que a ayuda humanitaria y los recursos para la reconstrucción tuvieran su origen en la respuesta de la comunidad internacional y nacional a fin de mitigar las pérdidas y el daño ocasionado por el desastre natural.

• El proyecto “Supervisión a la distribución de la ayuda humanitaria y recursos para la reconstrucción” que fue auspiciado en el Comisionado por el Programa de Dinamarca pro Derechos Humanos para Centroamérica, en noviembre de 1998 después del Huracán Mitch. La opinión pública calificó este proyecto como de “auditoría social”.

• La Declaración de Estocolmo, firmada el 27 de mayo de 1999 por el gobierno de la República de Honduras y la comunidad financiera internacional. Entre los seis principios consensuados que sustentan la declaración destaca el manejo transparente de los recursos destinados a la reconstrucción y transformación del país, con la activa participación de la sociedad civil.

En la actualidad, el comisionado nacional de los Derechos Humanos de la República de Honduras, a fin de fortalecer la gobernabilidad y el estado de derecho en ese país, a través del Programa de Auditoría Social (PAS), promueve grupos de ciudadanos, organizados en la sociedad civil, para que fiscalicen la gestión pública, gastos e inversiones del gobierno central y de su localidad.

Para el PAS hondureño, la formación y funcionamiento de estas instancias auditoras desde la sociedad civil están sustentadas en el derecho constitucional que tiene el ciudadano de petición, de información y, de pedir cuentas a los funcionarios, autoridades y contratistas del gobierno, cuando manejan fondos públicos, y la obligación que tienen éstos de satisfacer lo solicitado. En las fiscalizaciones realizadas el grupo auditor puede encontrar

1. Omisiones. Por haberse dejado de hacer algo necesario o conveniente.

2. Negligencias. Por dejadez, descuido, ineficiencias o abandono.

3. Abusos. Por deshonestidades o el uso indebido de lago o de alguien, que causa daños a otras personas, a la población en general o al entorno.

Los resultados permiten al ciudadano ejercer su derecho a denunciar las arbitrariedades cometidas ante los responsables inmediatos y demás autoridades. Si estas no corrigieren los errores, elevar la queja al comisionado nacional de los Derechos Humanos o a los entes contralores del Estado. Si fuere el caso que no se encontraran las faltas anteriores, el PAS promueve el reconocimiento público de quienes hayan cumplido su gestión.

En varios países de América Latina, la auditoría social se ejerce como un medio idóneo para reducir la corrupción, el crimen organizado, los abusos de autoridad, el mal servicio público, la democratización política y fortalecer la gobernabilidad.

B. Argentina

En Argentina desde 1989 existe lo que se denomina “control ciudadano”, una fundación que promueve la participación y la responsabilidad ciudadana. Invita a hacer uso de los derechos constitucionales y promueve el debate sobre las formas en que se puede organizar la participación ciudadana en la vida política, en la educación y en la justicia. Entre los objetivos específicos de control ciudadano se encuentran

• Comprometer al conjunto de la sociedad en el diseño y ejecución de sistemas de control de la corrupción en el sector público;

• Mejorar el sistema de representación a través de la participación de los ciudadanos en los canales ya existentes y creación de nuevas alternativas que mejoren la relación entre representantes y representados; y

• Contribuir a fortalecer las instituciones democráticas a través de la divulgación y activación de mecanismos de fiscalización ciudadana de los actos de gobierno, promoviendo el ejercicio de los derechos individuales y colectivos.

C. Colombia

En Colombia existen veedurías, que son grupos de ciudadanos que organizados observan el otorgamiento de servicios públicos y las políticas sociales y de seguridad pública del gobierno. Además de los casos citados, existen experiencias más recientes en países como Guatemala, Bolivia y Chile.

Ventajas de la auditoría social

Entre las ventajas se destacan las siguientes:

• Incentiva la participación de la sociedad en la administración pública;

• Incentiva la transparencia y rendición de cuentas por parte de los gobernantes;

• Educa y capacita a la población;

• Mejora la calidad de vida de la población en medida que los resultados de la auditoría social inciden en las políticas públicas del gobierno;

• Instaura mecanismos de control social sobre los gobiernos;

• Combate la corrupción, los abusos de autoridad, el servicio público deficiente; y

• Fortalece la gobernabilidad y la relación Estado-sociedad.

La propuesta que se presenta

La iniciativa que presento consta en términos generales de los siguientes elementos:

1. Establece las bases y disposiciones generales para la práctica de auditorías sociales en México.

2. Incentiva la participación de la sociedad en el control ciudadano de la administración pública.

3. Estimula la capacidad crítica de los ciudadanos y ciudadanas y sus organizaciones para demandar una administración pública eficiente.

4. Establece principios rectores que guíen la elaboración de auditorías sociales: participación, rendición de cuentas y transparencia y revelación de resultados.

5. Obliga a las instituciones del Estado y a los funcionarios y servidores públicos a colaborar en el proceso de auditoría social para garantizar el cumplimiento de la ley.

6. Los órganos de control gubernamental serán los encargados de dar seguimiento a los resultados de la auditoría social hasta su atención o desahogo.

Por lo expuesto, presento a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona el artículo 73, fracción XXIX-P, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley General para la Práctica de Auditorías Sociales

Artículo Primero. Se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 73.El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-O. ...

XXIX-P. Para expedir las leyes generales que establezcan los procesos de plebiscito, referéndum, iniciativa legislativa ciudadana, revocación del mandato, presupuesto participativo, acciones ciudadanas de inconstitucionalidad, acciones para la protección de intereses colectivos y difusos, auditoría social y, demás medios e instrumentos de democracia participativa y deliberativa.

Artículo Segundo. Se expide la Ley General para la Práctica de Auditorías Sociales, cuyo contenido es el siguiente:

Ley General para la Práctica de Auditorías Sociales

Capítulo IDisposiciones Generales

Artículo 1. Objeto de la ley. Establecer las bases y disposiciones generales para la práctica de auditorías sociales.

Artículo 2. Conceptos. Para efectos de la presente ley se entenderá lo siguiente:

Auditoría Social: Es un proceso de revisión, control, monitoreo, seguimiento, verificación y evaluación cuantitativa y cualitativa, que la sociedad civil realiza a la gestión del Estado y entidades no estatales que administran recursos del Estado. La sociedad civil realiza el proceso de auditoría social a través del derecho de petición en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Sociedad civil organizada: Expresiones de la sociedad civil, tales como: ciudadanos organizados, comités de ciudadanos de vigilancia social, mesas de concertación, organizaciones cívicas, núcleos sociales comunitarios, coordinadoras de organizaciones, organizaciones no gubernamentales y, otras expresiones de sociedad civil.

Artículo 3. Finalidad. La auditoría social tiene como finalidad la ampliación de los mecanismos de participación ciudadana y el control democrático de la gestión de la administración pública.

La presente ley promueve la participación de la sociedad civil organizada en la revisión, evaluación y control de la gestión pública.

Artículo 4. Objetivos. Son objetivos de la auditoría social los siguientes:

I. Estimular la capacidad crítica de los ciudadanos y ciudadanas y sus organizaciones para demandar una administración pública eficiente.

II. Contribuir a garantizar la equidad, la eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia en la gestión del Estado.

III. Involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones, acompañamiento y evaluación para la solución de los problemas nacionales y su incidencia en la aplicación de políticas públicas.

Artículo 5. Sujetos de auditoría social.Son sujetos de auditoría social los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; instituciones autónomas; órganos de control del Estado; gobiernos de los estados, municipios, Gobierno del Distrito Federal, delegaciones políticas; organizaciones que reciban para su actividad recursos públicos; y, toda persona física o jurídica que ejerza funciones públicas y administre recursos del Estado.

Artículo 6. Obligaciones generales de los sujetos de la auditoría social. Los sujetos de auditoría social y los funcionarios y servidores públicos que administren recursos públicos están obligados a colaborar en el proceso de auditoría social para garantizar el cumplimiento de la ley, debiendo entregar con puntualidad y veracidad la información requerida por el grupo auditor conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En caso de imposibilidad de entrega de información, el grupo auditor le solicitará por escrito las causas de tal imposibilidad.

Capítulo IIPrincipios Rectores

Artículo 7. Los principios rectores de la auditoría social son los siguientes:

Participación. Abrir amplios espacios de participación ciudadana. La auditoría social es un medio para que la sociedad civil organizada participe y acceda a la rendición de cuentas del Estado.

Transparencia y revelación de resultados.El proceso de auditoría social será transparente y sus resultados objeto de difusión, a fin de que la población en general pueda tener conocimiento de ellos.

Rendición de cuentas.La sociedad civil solicitará la debida rendición de cuentas y el gobierno y los sujetos auditados deberán rendir información veraz y oportuna sobre su gestión pública.

Capítulo IIIDel Proceso de la Auditoría Social

Artículo 8. Instancias de auditoría social. Son instancias de auditoría social las siguientes:

I. Sociedad civil organizada. La auditoría social es una facultad exclusiva de la sociedad civil. Este derecho garantiza la inclusión de temas, sectores y áreas en que la sociedad tenga interés en auditar a cualquier institución o entidad del Estado, no gubernamental o privada que administre recursos públicos. Por tanto, pueden realizar auditoría social

a) Ciudadanos organizados;

b) Comités de ciudadanos de vigilancia social;

c) Mesas de concertación;

d) Núcleos sociales comunitarios e indígenas;

e) Coordinadoras de organizaciones; y

f) Cualquier otra expresión de la sociedad civil.

II. Grupo auditor.La sociedad civil organizada seleccionará e integrará a los grupos auditores que se encargarán de realizar la auditoría social.

Artículo 9. Objeto de la auditoría social. Son objeto de auditoría social los siguientes aspectos:

• Planes, programas, estrategias y políticas gubernamentales;

• Presupuesto de Egresos de la Federación;

• Presupuestos estatales y municipales;

• Actos y procedimientos legislativos;

• Actos y procedimientos judiciales;

• Documentos públicos que provienen de los funcionarios;

• Discursos e intervenciones públicas;

• Inversión pública;

• Compromisos explícitos o implícitos con la sociedad civil;

• Cumbres, convenciones, protocolos, convenios y tratados;

• Funciones y resultados de la gestión pública;

• Violaciones de los derechos humanos; y

• Cualquier otra que involucre el ejercicio de recursos públicos.

Artículo 10. Alcances de la auditoría social.El alcance tiene que ver con la vigilancia de la sociedad civil en la identificación de áreas de cumplimiento, búsqueda de la causas que produjeron anomalías o incumplimientos y la sugerencia de acciones correctivas. En este sentido, el alcance de la auditoría social será determinado por las organizaciones proponentes.

Artículo 11. Fases de la auditoría social. El proceso de auditoría social tiene las siguientes fases:

• Establecimiento de la estrategia de organización social;

• Identificación del referente por monitorear o revisar;

• Acciones de verificación;

• Evaluación en cantidad y calidad de la gestión del Estado respecto de las metas y actividades programadas o los compromisos contraídos;

• Elaboración de propuestas por parte de la sociedad civil organizada;

• Difusión de los resultados;

• Seguimiento del cumplimiento de las medidas correctivas; y

• Presentación de denuncias.

Artículo 12. De la información. Las instancias de auditoría social podrán solicitar a los sujetos de auditoría, información adicional y asistencia técnica cuando la complejidad de la materia analizada así lo requiera.

Artículo 13. Difusión de resultados de la auditoría social. El informe de resultados de la auditoría social debe presentarse en las siguientes instancias:

I. Organismos de control interno y externo al gobierno, entendidos éstos como la Secretaría de la Función Pública o el equivalente en las entidades federativas, municipios y delegaciones; los órganos internos de control; y, la Auditoría Superior de la Federación y, órganos externos de control de las entidades federativas, con el objeto de que den seguimiento a la atención y correcciones de los hallazgos y mantengan informado al grupo auditor de los avances y atención de los resultados de la auditoría social.

II. Medios de comunicación, preferentemente mediante convocatoria a conferencia de prensa, difusión en radio, televisión, medios electrónicos y prensa escrita o cualquier otra al alcance de la sociedad civil, con la finalidad de socializar y transparentar los resultados de la auditoría social.

III. Sujetos auditados, con objeto de atender las propuestas de la sociedad civil y corregir los errores o desviaciones que en su caso se presenten.

Artículo 14. Presentación de denuncias. En caso de que los grupos auditores presuman la existencia de irregularidades e ilícitos, los pondrán en conocimiento de las autoridades competentes.

Capítulo IVDe las Incompatibilidades

Artículo 15. De las incompatibilidades. No podrán fungir como auditores sociales los que desempeñen cargos electivos o ejerzan la función pública en los gobiernos federal, estatal o municipal.

Transitorio

Único. La presente modificación entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Acuña Alfaro, Jairo; y González de Asis, María. “Gobernabilidad y auditorías sociales en América Latina: retos para la implementación y replicabilidad”, en Materiales del programa de capacitación a distanciaGobernabilidad, empoderamiento comunitario e inclusión social: auditoría social y mecanismos participativos de monitoreo y evaluación, organizado por el Instituto del Banco Mundial del 28 de octubre al 11 de diciembre de 2003.

2 Programa de Auditoría Social, USAID/Honduras, resumen ejecutivo, sin año, páginas electrónicas www.conade.hn y www.sigloxxi.org consultadas el 6 de abril, a las 10:45 horas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2010.— Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de la Función Pública, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Alfredo Francisco Lugo Oñate, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Alfredo Francisco Lugo Oñate: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la historia nacional refiere desde 1527 la existencia de grupos naturales comandados en la época por soldados españoles dedicados al combate de lo que hoy conocemos como siniestros. Pero hasta el México independiente no se integró formalmente la Compañía de Bomberos, formada por la Guardia Civil Municipal, bajo la responsabilidad directa del ayuntamiento.

El 22 de agosto de 1873 se creó en el puerto de Veracruz el primer cuerpo de bomberos del país. Entre las destacadas aportaciones del presidente Benito Juárez a la construcción de las instituciones, tenemos en la materia el inicio de la profesionalización de las labores que hoy corresponden a los cuerpos de bomberos.

Durante el porfiriato se creó el primer cuerpo de bomberos en la Ciudad de México, recibiendo en 1951 por decreto presidencial el carácter de Heroico Cuerpo de Bomberos, preservando para los municipios esta función en el resto de la República.

Los cuerpos de bomberos en el país se organizan y actúan con los escasos recursos asignados para su función, optimizándolos al máximo para llevar a cabo la encomiable e indispensable función de proteger cientos de vidas en peligro, igual que un sinnúmero de activos y bienes en riesgo, a través de su trabajo heroico y comprometido con la ciudadanía, en el que arriesgan la vida para salvaguardar la de otros.

Actualmente los cuerpos de bomberos se financian, en su mayoría, a través de figuras como los patronatos y el apoyo de los diferentes representantes de los sectores público, privado y social, los cuales conllevan en la integración de su patrimonio. Sin embargo, resulta fundamental que tales órganos cuenten con una fuente de recursos constantes que contribuyan a garantizar el equipamiento necesario y la capacitación permanente requerida para el desempeño de las loables tareas que les competen.

El artículo 47 señala los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas de la Ley de Coordinación Fiscal. Establece que se destinará:

VII. Para los sistemas de protección civil en los estados y el Distrito Federal, siempre y cuando las aportaciones federales destinadas a este rubro sean adicionales a los recursos de naturaleza local aprobados por las legislaturas locales en dicha materia.

Las reformas y adiciones propuestas en la presente iniciativa de la Ley de Coordinación Fiscal pretenden garantizar la modernización del equipo de los cuerpos de bomberos de todo el país, igual que su debida capacitación, para lo cual se propone reformar que los recursos que reciban las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales en términos de este artículo deban destinarse exclusivamente a infraestructura en materia de protección civil para los cuerpos de bomberos, por lo menos en un 5 por ciento directo para modernización y equipamiento.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto.

Artículo único. Se reforma y adiciona el artículo 47, fracción VII de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Artículo 47. Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas se destinarán:

...

VII. Para los sistemas de protección civil y cuerpos de bomberos en los estados, municipios y el Distrito Federal, de las aportaciones federales destinadas a este rubro deberá destinarse por lo menos el 5 por ciento directo a los cuerpos de bomberos de los estados, de los municipios y Distrito Federal para modernización y equipamiento, independientemente de los recursos de naturaleza local aportados por las legislaturas locales en dicha materia. Las aportaciones federales destinadas a este rubro serán adicionales a los recursos de naturaleza local.

Agradezco su atención. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Alfredo Francisco Lugo Oñate, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 47, fracción VII, de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La historia nacional refiere desde 1527 la existencia de grupos naturales comandados en la época por soldados españoles dedicados al combate de lo que hoy conocemos como “siniestros”, pero hasta el México independiente no se integró formalmente la Compañía de Bomberos, formada por la Guardia Civil Municipal, bajo la responsabilidad directa del ayuntamiento.

El 22 de agosto de 1873 se creó en el puerto de Veracruz el primer cuerpo de bomberos del país. Entre las destacadas aportaciones del presidente Benito Juárez a la construcción de las instituciones, tenemos en la materia el inicio de la profesionalización de las labores que hoy corresponden a los cuerpos de bomberos.

En el porfiriato se creó el primer cuerpo de bomberos en la Ciudad de México, que recibió en 1951 por decreto presidencial el carácter de Heroico Cuerpo de Bomberos, y se preservó para los municipios esta función en el resto de la república.

Los cuerpos de bomberos en el país se organizan y actúan con los escasos recursos asignados para su función, optimizándolos al máximo para llevar a cabo la encomiable e indispensable función de proteger cientos de vidas en peligro, igual que un sinnúmero de activos y bienes en riesgo, a través de su trabajo heroico y comprometido, en el que arriesgan la vida para salvaguardar la de otros.

Con el paso del tiempo, los cuerpos de bomberos han ido acumulando tareas de diversa índole, encaminadas a servir y a prestar apoyo a la sociedad. Así, en la actualidad les atañen tanto la prevención de accidentes e incendios como el control y la extinción de estos últimos; igualmente, tienen a su cargo la atención de incidentes con materiales peligrosos; el salvamento de personas y de animales en casos de urgencia, la asistencia y el rescate en accidentes de tránsito y el concepto técnico para la prevención en los proyectos de edificación.

Los bomberos en su actividad diaria se enfrentan a tareas cuya versatilidad abarca desde el retiro de árboles y enjambres hasta incendios, fugas de gas, explosiones, cortocircuitos, flamazos, rescate de cadáveres, apoyo en accidentes viales, inundaciones y derrames de sustancias tóxicas, entre otras, las cuales realizan con gran arrojo y valor, pero esto no quiere decir que se cuente con el equipo necesario ni la protección adecuada: las condiciones son precarias y adversas, pues se carece en la mayoría de los casos de tecnología adecuada para atender, con grandes limitaciones, siniestros.

Los uniformes que con orgullo portan son en la mayoría de los casos muy viejos, y los accesorios, equipos y materiales no cumplen los estándares de calidad necesarios para el de-sarrollo de las actividades de rescate que realizan. Se debe fortalecer el servicio que brinda el Heroico Cuerpo de Bomberos, con recursos financieros para la compra de equipos y materiales.

Los cuerpos de bomberos dependen administrativamente de los ayuntamientos y, en la mayoría de los casos, se encuentran adscritos a la unidad de protección civil de los municipios, de la cual reciben su presupuesto, asignado de manera discrecional, salvo en casos como el del Distrito Federal, en el que se constituye como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Actualmente, los cuerpos de bomberos se financian en su mayoría a través de figuras como los patronatos y el apoyo de los representantes de los sectores público, privado y social, que coadyuvan en la integración de su patrimonio. Sin embargo, resulta fundamental que tales órganos cuenten con una fuente de recursos constante que contribuya a garantizar el equipamiento necesario y la capacitación permanente requerida para el desempeño de las loables tareas que les competen.

De lo anterior deriva la importancia de regular respecto al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal lo relativo a las aportaciones destinadas a protección civil, particularmente al rubro de equipamiento y profesionalización de los cuerpos de bomberos.

Las aportaciones federales, por ser recursos que se rigen por disposiciones federales y que ingresan en las haciendas de estados y de municipios para coadyuvar a su fortalecimiento, por su especial naturaleza no están comprendidas en el régimen de libre administración, pues en la Ley de Coordinación Fiscal se establecen su destino y aplicación, al constituirse como gastos predeterminados respecto de actividades específicas.

El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, distribuye el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, respecto a los municipios, en proporción directa con el número de habitantes de cada entidad federativa con base en la información estadística emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Las entidades federativas, a su vez, distribuyen los recursos del fondo a sus municipios en proporción directa con el número de habitantes.

Según el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal,los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas de la Ley de Coordinación Fiscal se destinarán

VII.Para los sistemas de protección civil en los estados y el Distrito Federal, siempre y cuando las aportaciones federales destinadas a este rubro sean adicionales a los recursos de naturaleza local probados por las legislaturas locales en dicha materia;

La iniciativa que propongo conlleva el objeto de ampliar los fines del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a una de las actividades sustantivas de protección civil, a fin de fortalecer los recursos financieros que integran el patrimonio de los cuerpos de bomberos.

La reforma que hoy someto a su consideración etiquetaría justificadamente el destino de los recursos aportados a los respectivos fondos, constriñéndolos a los ejes expresamente indicados en beneficio de la sociedad, al permitir un mejor desempeño y mayor capacitación de los cuerpos de bomberos, pues resulta contradictorio e inaceptable pedir mayor eficacia preventiva en materia de protección civil cuando tenemos cuerpos de bomberos que trabajan con gran valor y heroísmo, pero sin los recursos humanos, materiales y financieros necesarios y suficientes para atender las necesidades de la población.

Las reformas y adiciones propuestas en la presente iniciativa respecto a la Ley de Coordinación Fiscal pretenden garantizar la modernización del equipamiento de los cuerpos de bomberos del país, igual que su debida capacitación, para lo cual se propone reformar “que los recursos que reciban las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales, en términos de este artículo, deban destinarse exclusivamente a infraestructura en materia de protección civil para los cuerpos de bomberos, por lo menos en un porcentaje de 5 por ciento directo para modernización y equipamiento”.

Dicho incremento permitirá a los municipios y al Distrito Federal destinar a las acciones de protección civil, particularmente al equipamiento y a la profesionalización de los cuerpos de bomberos, 5 por ciento por ciento, respectivamente, de los recursos que reciben a través del fondo mencionado, lo que implicará un incremento global de los recursos para municipios y el Distrito Federal.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de la honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único.Se reforma y adiciona el artículo 47, fracción VII, de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 47.Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se destinarán

I. a VI. ...

VII.Para los sistemas de protección civil y cuerpos de bomberos en los estados, municipios y el Distrito Federal, de las aportaciones federales destinadas a este rubro deberá destinarse por lo menos 5 por ciento directo a los cuerpos de bomberos de los estados, de los municipios y del Distrito Federal para modernización y equipamiento, independientemente de los recursos de naturaleza local aprobados por las legislaturas locales en dicha materia ; las aportaciones federales destinadas a este rubro serán adicionales a los recursos de naturaleza local;

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2010.— Diputados: Alfredo Francisco Lugo Oñate, Susana Hurtado Vallejo, Rosario Ortiz Yeladaqui, Esteban Albarrán Mendoza, Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, Rafael Rodríguez Gonázlez, José Francisco Yunes Zorrilla, María Isabel Pérez Santos, Cuauhtémoc Salgado Romero, Delia Guerrero Coronado, Miguel Álvarez Santamaría, Reginaldo Rivera de la Torre, Jesús María Rodríguez Hernández, David Hernández Vallin, Adriana Refugio Castelán Macías,  Daniela Nadal Riquelme Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, José Manuel Agüero Tovar, Luis Félix Rodríguez Sosa, Jaime Sánchez Vélez, José Trinidad Padilla López, Tereso Medina Ramírez, Jeny de los Reyes Aguilar, Guillermo Ruiz de Teresa, Sabino Bautista Concepción, Gerardo Sánchez García, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Manuel Humberto Cota Jiménez, Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Ángel Aguirre Herrera, José Antonio Aysa Bernat, Julieta Octavia Marín Torres, Blanca Estela Jiménez Hernández, Janet Graciela González Tostado, María Isabel Merlo Talavera, Francisco Ramos Montaño, Olivia Guillén Padilla (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD - LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. y 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y 6o. de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

La diputada Kenia López Rabadán: Con su venia, diputado presidente.

Antes de iniciar la presentación de la iniciativa que hoy ponemos a consideración del pleno quisiera, a nombre de la Comisión de Cultura de esta Cámara de Diputados, agradecer el turno a la Junta de Coordinadores para la realización de una sesión solemne para conmemorar los primeros 100 años de la Universidad Nacional Autónoma de México, y así la Cámara de Diputados pueda ingresar a las conmemoraciones de ésta nuestra máxima casa de estudios. Gracias por el turno, diputado presidente.

Hoy ponemos a consideración los suscritos diputados Víctor Alejandro Balderas Vaquera, Laura Margarita Suárez González, María de Lourdes Reynoso Femat, y la de la voz, una iniciativa a propósito de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

La posición histórica de esta generación de legisladores es privilegiada. México está en el umbral de celebrar su bicentenario de libertad y su centenario de reflexión, y dentro de estas festividades la cultura como constituyente de identidad juega un papel importante.

A casi un año de la reforma constitucional, hoy subo a esta tribuna con la finalidad de presentar una miscelánea cultural donde se modifican, reforman y adicionan diversos ordenamientos tales como la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, la Ley del Instituto Mexicano de las Mujeres, la Ley que Crea el Instituto Nacional para las Bellas Artes y Literatura, la Ley de la Personas Adultas Mayores, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley para Personas con Discapacidad, donde se pondera de manera transversal el acceso de la cultura a todos los mexicanos.

Es así que enfrentamos grandes retos para las jóvenes y los jóvenes en México, para las mujeres y para los hombres de nuestro país, en términos de lograr ingresar un espacio de cultura para el desarrollo de nuestras vidas.

El acceso a la cultura y la equidad de género son temas de los que debemos hablar con cada uno de quienes innegablemente serán referentes de uno o de otros en el desarrollo de la identidad de las mujeres y por supuesto, de la identidad de los hombres.

En el espacio de las mujeres se enfrentan sus propios retos. Por ejemplo, el año pasado, de cada 100 mujeres, 8 no saben leer ni escribir, mientras que en los varones la proporción es de 5 a cada 100 hombres.

En la participación de las mujeres, como generadoras de políticas públicas en materia de cultura para obtener un puesto de elección popular, se observa que el acceso a ellas en el año 2009, como presidentas municipales, se ha mantenido en un nivel que oscila entre el 3.5 y el 5 por ciento.

Un estudio del Instituto Nacional de las Mujeres refleja datos interesantes sobre la acción y comportamiento de las mujeres hacia la cultura y hacia las artes. Existen licenciaturas vinculadas al arte y a la cultura con un predominio de mujeres matriculadas en la danza, escenografía, letras, arte dramático, educación y docencia, artes e historia.

Del total de una población en áreas vinculadas al arte y a la cultura a nivel licenciatura, el 52.6 por ciento son mujeres matriculadas, y el 56.8 de las mujeres egresadas y así, el 58.4 son mujeres tituladas.

Al desagregar la información por centro de enseñanza, donde al menos se imparte una carrera de arte, son mujeres matriculadas en un 53.2 por ciento y las mujeres egresadas, de un 60.7 por ciento, así como de 65 por ciento de ellas son tituladas.

Evidentemente, podemos reconocer que hay centros de cultura establecidos, en donde por ejemplo, podemos ubicar el Centro de Cultura Casa Lamm, la Universidad  Iberoamericana, la Universidad de la Ciudad de México, la Universidad del Claustro de Sor Juana, la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, la Escuela de Arte Teatral y por supuesto, un sinnúmero de escuelas en donde el espacio para desarrollarse de las mujeres es el mejor y el más idóneo para encontrar la sensibilidad y la propensión a poder contar con los insumos necesarios para hacer su trabajo más eficiente.

Por ello, hoy ponemos a consideración esta miscelánea de reformas, para que en su caso se fortalezca el espacio de las mujeres en las artes, el espacio de los jóvenes en las artes, el espacio de los adultos mayores y de las personas con vulnerabilidad.

Por obviedad de tiempo, presidente, solamente quisiera decir que hoy se presentan dos... una iniciativa de reformas que contempla dos leyes y que se han turnado ya. Dos iniciativas más que contemplan cinco leyes para que en su caso, el derecho a la cultura consagrado en la Constitución y como reforma trascendente pueda tener viabilidad en los instrumentos jurídicos que permiten a la ciudadanía accesar a la cultura.

Muchas gracias, señor presidente, por el turno de estas siete leyes versadas en tres iniciativas. Es cuanto. Gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 3o. y 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y 6o. de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, a cargo de la diputada Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Kenia López Rabadán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, fracciones V a VII, y 4, fracciones XI a XIII, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud; y 6, fracciones III a V, de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El país es un lugar privilegiado por su acervo cultural, arqueológico e histórico, el cual se nutre de las raíces de distintas culturas y visiones que definen nuestra mexicanidad. Basta saber que

• Hasta 2007, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura había clasificado con distintas categorías 27 ciudades, monumentos y conjuntos arquitectónicos, arqueológicos y artísticos en la lista de patrimonio de la humanidad.

• Hay por lo menos 173 zonas arqueológicas abiertas al público en el país, según el Sistema Nacional de Información Cultural, adscrito al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

• Tan sólo Teotihuacán, la zona arqueológica más visitada en el país, en 2006 acogió a 1 millón 395 mil visitantes. En tanto, el Museo Nacional de Antropología fue visitado por más de 9 millones de personas entre 2001 y 2006; y el museo del Palacio de Bellas Artes contó con la asistencia de más de 3.7 millones entre 2000 y 2007.

• A diferencia de lo que pudiera pensarse y sin detallar la calidad de sus acervos, México contaba en 2007 con 7 mil 211 bibliotecas, distribuidas en todo el país, de las cuales Tabasco, Zacatecas, Oaxaca, Tlaxcala e Hidalgo tenían el promedio más alto de bibliotecas por número de habitantes.

Sin embargo, no es claro cuántos de los bienes y servicios culturales que el país ofrece pueden llegar a grupos en situación de vulnerabilidad, como mujeres, jóvenes, adultos mayores o indígenas. Tampoco hay plena certeza de si las capacidades de los grupos en situación de vulnerabilidad para producir y crear bienes y servicios culturales están totalmente cubiertas.

La presente iniciativa busca incidir en dos de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad que requieren acciones afirmativas para el tema específico de la cultura: jóvenes y mujeres.

En el caso particular de los jóvenes, la Encuesta Nacional de Juventud de 2005 muestra indicadores que hacen patente la falta de oportunidades y el escaso empoderamiento para la autonomía de sus decisiones. Por ejemplo:

• 29 por ciento de los jóvenes de entre 20 y 24 años no estudia ni trabaja. En el grupo de edad 25-29 años, la proporción se eleva a 34.1.

• Entre los 25 y 29 años, sólo 24.7 por ciento de los hombres ha concluido la universidad, mientras en ese grupo de edad las mujeres apenas si alcanzan 10.7 por ciento. Ello evidencia las escasas oportunidades para los jóvenes, pero cuando son mujeres la situación empeora.

• La encuesta demuestra la escasa satisfacción con el nivel de estudios, la cual se torna más crítica conforme avanza la edad. Tan es así que mientras 57.2 por ciento de los jóvenes de entre 12 y 14 años de edad se siente muy satisfecho, la proporción baja a 50.9 si tienen entre 15 y 19 años, a 39.5 si están entre 20 y 24 y a 32.2 cuando tienen entre 25 y 29.

• En torno del respeto de sus derechos, si bien el derecho a disfrutar de la cultura es uno de los indicadores con mejor expectativa, 20.4 por ciento de los hombres considera que sí se respetan en parte, mientras que 20 por ciento dijo que no había respeto alguno. En las mujeres, la proporción es de 23 y 18.5, respectivamente.

• Desafortunadamente, la encuesta no incluye indicador sobre el acceso a la cultura en específico.

Para las mujeres, como grupo cuyos derechos son vulnerados ante esquemas de desigualdad y discriminación, la situación no es diferente. Un ensayo cuyo contexto responde a la vida cultural española pero con destacado paralelismo para nuestra sociedad, traduce tres prejuicios para la producción y oferta cultural hacia las mujeres:

• La primera es que atribuye a lo masculino per se un alcance universal, mientras que lo femenino es visto como de / sobre / para mujeres.

• La segunda es la asociación de lo femenino con lo defectuoso.

• La tercera, la asignación a las mujeres de un único terreno: el del amor, la sexualidad, la maternidad.

Un estudio del Instituto Nacional de las Mujeres refleja datos interesantes sobre la acción y el comportamiento de las mujeres hacia la cultura y las artes:

• Hay licenciaturas vinculadas al arte y a la cultura con un predominio de mujeres matriculadas: danza (71.8 por ciento), escenografía (67.1), letras (66.1), arte dramático (62), educación y docencia (57.5), artes (56.4) e historia (53.4). De la población escolar en áreas vinculadas al arte y la cultura, a nivel licenciatura 52.6 por ciento corresponde a matriculadas, 56.8 a egresadas y 58.4 a tituladas.

• Al desagregar la información por centros de enseñanza donde al menos se imparte una carrera de arte, 53.2 por ciento corresponde a matriculadas, 60.7 a egresadas y 65 a tituladas. Destacan el Centro de Cultura Casa Lamm (93.4), la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México (82.8), la Universidad del Claustro de Sor Juana, AC (75), la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea (74.5), la Escuela de Arte Teatral (61.9) y la Universidad de la Ciudad de México, plantel Centro Histórico (59.3 por ciento).

• Mención aparte merece la Universidad Nacional Autónoma de México: de 7 mil 756 alumnos matriculados en 2003, 56 por ciento corresponde a mujeres, cuya hegemonía se extiende por la Facultad de Filosofía y Letras (56 por ciento) y la Escuela Nacional de Artes Plásticas (58.4).

• La dedicación de las mujeres también las hace sobresalir en los niveles de especialización, maestría y doctorado. Si consideramos la estadística de titulados en maestrías relacionadas, las mujeres tienen un lugar destacadísimo: para artes (54.2), historia del arte (71.4) y letras (72.1) son dominantes.

• Sin embargo, conforme a los estímulos otorgados por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes entre 1989 y 2005, de 8 mil 681 que fueron el total, 5 mil 396 se destinaron a hombres (62.2 por ciento) y sólo 3 mil 285 a mujeres (37.8). Por si fuera poco, del personal académico adscrito a las escuelas de educación artística del Centro Nacional de las Artes, 62 por ciento corresponde a hombres; y el resto, a mujeres.

• La Encuesta Nacional de Empleo 2003, cuando analiza la población de 12 años y más ocupada en actividades relacionadas con el arte y los espectáculos, especifica que 76.1 por ciento corresponde a hombres y sólo 23.9 a mujeres.

En tal virtud, aunque la calidad de la información presentada es mejor en las mujeres, hay evidencia suficiente para justificar una iniciativa con los alcances de la presente, donde por lo demás los marcos normativos vigentes no incluyen un tratamiento preciso.

Para cubrir tales fines, la presente iniciativa incorpora los siguientes elementos, que agrupados por marcos normativos modificados pueden exhibirse como sigue:

1. Ley del Instituto Mexicano de la Juventud:

a) Se destaca como un objeto del instituto diseñar y coordinar políticas para los jóvenes que promuevan el acceso a las manifestaciones culturales, al desarrollo de sus habilidades artísticas y a la gestión cultural.

b) Se atribuyen al instituto el diseño, la instauración y la coordinación de políticas públicas centradas en el acceso de manifestaciones culturales y el desarrollo de habilidades artísticas entre los jóvenes.

2. Ley del Instituto Nacional de las Mujeres:

a) Se consolidan como objetivo de este instituto el diseño, la instauración y la coordinación de políticas públicas que permitan el acceso y disfrute de bienes y servicios culturales para las mujeres. Para las actividades organizadas por el instituto deberán privilegiarse exposiciones, representaciones y conciertos donde intervengan mujeres.

En virtud de lo expuesto y fundado, propongo ante el pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de las Leyes de los Institutos Mexicano de la Juventud, y Nacional de las Mujeres

Artículo Único.Se reforman los artículos 3, fracciones V a VII, y 4, fracciones XI a XIII, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud; y 6, fracciones III a V, de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, para quedar como sigue:

1. Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Artículo 3. El instituto tendrá por objeto

I. a IV. ...

V. Promover coordinadamente con las dependencias y las entidades de la administración pública federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, económicas, culturales y derechos ;

VI. Fungir como representantes del gobierno federal en materia de juventud, ante los gobiernos estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales, así como en foros, convenciones, encuentros y demás reuniones en las que el Ejecutivo solicite su participación ; y

VII. Diseñar y coordinar políticas, planes y programas para los jóvenes que promuevan el acceso a las manifestaciones culturales, al desarrollo de sus habilidades artísticas y a la gestión cultural.

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto, el instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. a X. ...

XI. Proponer a la Secretaría de Educación Pública la operación de programas especiales de becas para fortalecer la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior de los estudiantes indígenas ;

XII. Diseñar, instaurar y coordinar políticas públicas centradas en el acceso de manifestaciones culturales y en el desarrollo de habilidades artísticas entre los jóvenes; y

XIII. Las demás que le confieran la presente ley y otros ordenamientos legales y reglamentarios.

2. Ley del Instituto Nacional de las Mujeres

Artículo 6. El instituto tendrá como objetivos específicos los siguientes:

I. y II. ...

III. La promoción de la cultura de la no violencia, la no discriminación contra las mujeres y de la equidad de género para el fortalecimiento de la democracia.

La representación del gobierno federal en materia de equidad de género y de las mujeres ante los gobiernos estatales y los municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales;

IV. La promoción y el monitoreo del cumplimiento de los tratados internacionales celebrados en términos de lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La ejecución de programas de difusión e información para las mujeres de carácter gratuito y de alcance nacional, que informen acerca de los derechos de las mujeres y procedimientos de impartición de justicia, y proporcionen orientación sobre el conjunto de políticas públicas y programas de organismos no gubernamentales y privados para la equidad de género; y

V. El diseño, la instauración y la coordinación de políticas públicas que permitan el acceso y disfrute de bienes y servicios culturales para las mujeres.

En las actividades culturales y artísticas organizadas o coordinadas por el instituto, se procurará privilegiar las expresiones artísticas donde intervengan mujeres.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Estadísticas básicas de la cultura en México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, septiembre de 2008.

2 Según la Comisión Norteamericana de Derechos Civiles, una acción afirmativa puede considerarse como “cualquier medida, más allá de la simple terminación de una práctica discriminatoria, adoptada para corregir o compensar discriminaciones presentes o pasadas o para impedir que la discriminación se reproduzca en el futuro”. Citado por Santiago Juárez, Mario. Igualdad y acciones afirmativas, Instituto de Investigaciones Jurídicas, serie Doctrina Jurídica, número 399, México, 2007, página 197.

3 Freixas, Laura. “Mujeres y cultura: una breve arqueología de la misoginia reinante”, en Letras Libres, México, 9 de junio de 2006. Disponible en http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/Mujeres-y-cultura-una-breve

4 Instituto Nacional de las Mujeres. Boletín estadístico: las mujeres en la cultura y las artes, México, 2006. Disponible en http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100720.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2010.— Diputados: Kenia López Rabadán, Laura Margarita Suárez González, Baltazar Martínez Montemayor, Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, María Yolanda Valencia Vales, Adriana Fuentes Cortés, Cecilia Soledad Arévalo Sosa, Ignacio Téllez González, José Adán Ignacio Rubí Salazar, Germán Osvaldo Cortez Sandoval, Juan Huerta Montero, Rosa Adriana Díaz Lizama, María Sandra Ugalde Basaldúa, José Ignacio Seara Sierra, Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Alberto Esquer Gutiérrez, María Marcela Torres Peimbert, Velia Idalia Aguilar Armendáriz, (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Equidad y Género.

El diputado Baltazar Martínez Montemayor(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Baltazar Martínez, dígame.

El diputado Baltazar Martínez Montemayor(desde la curul): Diputado presidente, para preguntarle o que me haga favor de preguntarle a la diputada Kenia López si me permite adherirme a su propuesta.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Está usted de acuerdo, diputada, en que se adhieran a su propuesta?

La diputada Kenia López Rabadán(desde la curul): Estoy de acuerdo, diputado.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Manifiesta su aceptación. Pase por favor a la Secretaría.

LEY FEDERAL DE JUEGOS Y SORTEOS - CODIGO PENAL FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió de la diputada Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, del Código Penal Federal, y del Código Federal de Procedimientos Penales.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Lizbeth García Coronado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 257, 258 y 259 del Código Penal Federal; los artículos 12 y 13 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos; y el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para establecer que el juego ilegal sea tipificado como delito grave, en atención a la siguiente

Exposición de Motivos

El auge que han tenido y siguen teniendo los juegos con apuesta y sorteos en México, por un lado se han convertido en un fenómeno realmente increíble desde el siglo pasado; pero por  otro lado deja en un retraso legal a la aplicación de la Ley Federal de Juegos y Sorteos vigente en nuestro país, desde su creación en 1947.

Ha estado presente en el debate legislativo, económico y social. Las posturas entre los distintos sectores sociales y políticos se han concentrado alrededor del tema, argumentando que es necesario regular el fenómeno social para que no se multiplique el vicio y prácticas perniciosas.

La apuesta es una forma de juego basado en el azar, del que los sujetos que lo practican esperan obtener algún tipo de beneficio. El término “juego” en este contexto, se refiere a las actividades específicamente permitidas por la ley. Apuesta, por tanto, se refiere al monto apreciado en moneda nacional que se arriesga en un juego contemplado por la Ley, del que se espera  un premio dentro de las posibilidades existentes en la eventualidad del propio juego.

El juego ha evolucionado al mismo paso en que la tecnología avanza, se ha hecho popular tanto en las entidades federativas, como en los municipios de México, asimismo se ha permitido en cierta medida que a través de esta industria se generen empleos y se estimule la captación de inversiones; nacional y extranjera, considerando también las divisas.

En contraste, la legislación federal tocante al tema de juegos y sorteos, no ha tenido ningún progreso. Lo obsoleto de las disposiciones legales respecto al tema de juegos y sorteos, permite que se ocasionen lagunas legislativas sobre todo en la interpretación jurídica que se le da a la Ley y su Reglamento, incurriendo en omisiones, faltas y errores de fondo.

El mercado de los juegos y sorteos, está dominado por muy pocas empresas con permisos de juego; pero con una rudimentaria regulación y una potestad desfavorable por parte de las autoridades, lo que suscita la existencia de operaciones irregulares e, incluso, el juego ilegal.

En México existen un sinnúmero de casas de juegos y sorteos que no dejan ningún beneficio al gobierno federal, a los estados o a los municipios, igualmente escurridizos a la justicia federal, ya que los únicos que salen ganando de ello son los particulares. Se sabe también que muchos de los recursos económicos con los cuales trabajan las casas de juego clandestinas son de procedencia ilícita para dar efectividad al lavado de dinero.

Por más de 50 años, ha existido la clandestinidad que opera en el juego de azar y apuesta ilegales, que impiden el aprovechamiento de los posibles beneficios que una industria de esta naturaleza puede otorgar, como son empleos mejor pagados que la media nacional y desarrollo regional municipal, actualmente nuestra legislación no prevé como delito grave el juego ilícito; por ende no se  puede ejecutar un instrumento eficaz para la industria del juego, como la que se da a nivel mundial, en pocas palabras, debe ser sumamente profesional y dar un alto grado de confianza a los usuarios.

Es así, como uno de los problemas que aquejan a la sociedad, es el relativo a  la corrupción, las operaciones de la delincuencia organizada y la impunidad; es por ello que se pretende que todos los permisos se regulen y los permisionarios se sujeten en todo momento tanto a las disposiciones vertidas en la Ley Federal  de Juegos y Sorteos como en el del Código Penal Federal, así como a las disposiciones que en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita se contemplen en este ultimo ordenamiento legal.

Ante esas severidades, resulta inminente la regulación integral del juego en México, bajo un marco jurídico actual, transparente y con reglas claras que den certidumbre jurídica a los jugadores y apostadores impidiendo la corrupción e impunidad en este sector. Sabemos que actualmente existe en alguna medida la emisión de permisos por parte de la Secretaría de Gobernación y no es suficiente para lograr que lo legal combata la trasgresión de la ley y su Reglamento.

Por lo anterior y ante las irregularidades de los permisionarios y la impunidad de las casas de  juegos con apuesta y sorteos clandestinos, es que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, pretende con esta iniciativa evolucionar las disposiciones legales que regulan el sector de juegos y sorteos, además de que se puedan pedir penas contra quienes organicen, promocionen, ofrezcan o comercien con apuestas o sorteos fuera del margen jurídico.

Castigando eficazmente también a quienes faciliten máquinas o elementos para el juego clandestino, ordenándose el secuestro de todo el material utilizado al margen de la Ley, incluyendo el dinero apostado.  Es ineludible, hacer uso de la mano dura a la impunidad de los establecimientos y juegos ilegales.

Pero no solamente se trata de combatir al juego ilegal, sino también de prevenir la ludopatía (del latín “ludus” y del griego “patheia”, afección o padecimiento), que es una afección irreprimible de jugar a pesar de ser consciente de sus consecuencias y del deseo de detenerse.

Como ventajas colaterales, un régimen legalizado desplazaría probablemente las extensas operaciones ilegales. Quizás es comprensible que tal opción sea considerada raramente. Los juegos de azar son un tema que genera pasiones en muchos. Pero el argumento para la legalización y la regulación deberían de tener mucho atractivo tanto para los opositores como para los partidarios de las apuestas.

Se necesita una legislación que se ocupe de la imposición de candados a las operaciones con cualquier tipo de recursos, cuya procedencia sea sospechosa y  una pena ejemplar en el ilícito. Hoy más que nunca, hay que echar mano dura en el asunto, pues nuestro país vive una creciente ola de violencia y actividades de la delincuencia organizada, cuyas ganancias son multimillonarias y están buscando la forma de entrar al sistema financiero para volverlas “legitimas”.

En cuanto no exista un ordenamiento jurídico que regule con eficiencia y eficacia los juegos de azar y de sorteos físicos y virtuales (Internet), se considera pertinente tomar medidas jurídicas para frenar las conductas ilícitas que esto deriva.

El Código Penal Federal, en el Titulo Vigésimo Tercero “Encubrimiento y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, en su artículo 400 Bis prevé las operaciones con recursos de procedencia ilícita, y es precisamente en este artículo y en relación con el artículo 29 fracción IV del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos en el que se señala que una de las obligaciones para los permisionarios es la de denunciar cualquier conducta o práctica de los usuarios que pueda relacionarse con la delincuencia organizada; sin dejar a lado la posibilidad de que los permisionarios también sean responsables en el ilícito. Por lo que se considera pertinente establecer que todas las actividades derivadas del juego ilegal o del establecimiento de casas de juego con recursos de dudosa procedencia, sean tipificadas como delito grave y por lo tanto sancionadas como tal. Elevando la penalidad y días de multa en virtud de que estas tienen que ser acordes a la realidad económica del país.

Se propone estatuir el artículo 257 del Código Penal Federal en el cual se considerarán como juegos prohibidos, todos aquellos que no estén contemplados en el artículo 2 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, en donde se permiten por ley, el juego de ajedrez, el de damas y otros semejantes; el de dominó, de dados, de boliche, de bolos y de billar; el de pelota en todas sus formas y denominaciones; las carreras de personas, de vehículos y de animales, y en general toda clase de deportes.

Se propone restablecer los artículos 258 y 259 del Código Penal Federal para disponer la penalidad y multa a la que se harán acreedores todas aquellas personas que  incurran en delito. Por una parte se propone para el artículo 258 que la prisión vaya de cinco a quince años y de mil a siete mil días de multay destitución de empleo en su caso a los empresarios, gerentes, administradores, encargados y agentes de loterías o sorteos que no cuenten con autorización legal; a los dueños, organizadores, gerentes o administradores de casa o local, abierto o cerrado, en que se efectúen juegos prohibidos o con apuestas, sin autorización de la Secretaría de Gobernación, así como a los que participen en la empresa en cualquier forma; o de cualquier modo intervengan en la venta o circulación de billetes o participaciones de lotería o juegos con apuestas que se efectúen en el extranjero, a todas aquellas personalidades públicas que autoricen juegos prohibidos, los protejan, o asistan a locales en donde se celebren, excluyendo a los que lo hagan en cumplimiento de sus obligaciones.

Por otra parte, en el artículo 259, se busca la aplicación de pena corporal de cinco a quince años y de cincuenta  a setecientos días de multa: a los que alquilen a sabiendas un local para juegos prohibidos, o con apuestas, o para efectuar sorteos sin permiso de la Secretaría de Gobernación; a los jugadores y espectadores que asistan a un local en donde se juegue en forma ilícita.

En el mismo sentido se propone adicionar en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales el inciso 37 y la fracción XVIII, en el que se establezcan y relacionen con el Código Penal Federal los casos en los cuales se actualicen los ilícitos. Respecto a las penalidades dispuestas en los artículos 12 y 13 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, se equiparan a lo propuesto para los artículos 258 y 259 respectivamente del Código Penal Federal, para que sean calificados como delito grave.

Finalmente se propone reformar en la Ley Federal de Juegos y Sorteos, los artículos 12 y 13, además, adicionar la fracción V modificando la fracción I y recorriéndose la subsiguiente, a efecto de que en un sentido se  eleve la pena y multa a que son acreedores los que trasgredían los numerales mencionados; y por otro sentido, que los que practiquen juegos que no estén contemplados en el artículo 2 de la misma Ley, no queden impunes ante las actividades prohibidas por la Ley.

Por los motivos expuestos, ante ustedes, me permito poner a su consideración la siguiente iniciativa de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, para establecer que el juego ilegal sea tipificado como delito grave

Para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se reforma el Capitulo III de los artículos 257, 258 y 259 del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Capítulo IIIJuegos prohibidos

Artículo 257. Se consideran Juegos prohibidos todos aquellos que no se contemplan en el artículo 2o. de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Artículo 258. Se impondrá prisión de cinco a quince años y de mil hasta siete mil días de multa y destitución de empleo en su caso:

I. Los que practiquen juegos que no estén contemplados en el artículo 2° de esta Ley.

II. A los empresarios, gerentes, administradores, encargados y agentes de loterías o sorteos que no cuenten con autorización legal. No quedan incluidos en esta disposición los que hagan rifas sólo entre amigos y parientes;

III. A los dueños, organizadores, gerentes o administradores de casa o local, abierto o cerrado, en que se efectúen juegos prohibidos o con apuestas, sin autorización de la Secretaría de Gobernación, así como a los que participen en la empresa en cualquier forma;

IV. A los que, sin autorización de la Secretaría de Gobernación, de cualquier modo intervengan en la venta o circulación de billetes o participaciones de lotería o juegos con apuestas que se efectúen en el extranjero.

V. A los funcionarios o empleados públicos que autoricen juegos prohibidos, los protejan, o asistan a locales en donde se celebren, siempre que en este último caso no lo hagan en cumplimiento de sus obligaciones.

Artículo 259. Se impondrá pena de uno a seis añosprisión y de cincuenta hasta setecientos días de multa:

I. A los que alquilen a sabiendas un local para juegos prohibidos, o con apuestas, o para efectuar sorteos sin permiso de la Secretaría de Gobernación;

II. A los jugadores y espectadores que asistan a un local en donde se juegue en forma ilícita.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 194 y se adicionan el inciso 37) y la fracción XVIII correspondiente al delito de juegos prohibidos del Código Federal de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes:

1) a 36) ...

37) Juegos prohibidos, previsto en los artículos 257, 258, 259.

II. a XVII. ...

XVIII. De la Ley Federal de Juegos y Sorteos, los previstos en el artículo 12 y 13.

...

Artículo Tercero. Iniciativa de decreto por el que reforma los artículos 12 y 13 y se adiciona la fracción V de la Ley Federal  de Juegos y Sorteos, para quedar como sigue:

Artículo 12. Se impondrá prisión de cinco a quince años y de mil a siete mil días de multay destitución de empleo en su caso:

I. Los que practiquen juegos que no estén contemplados en el artículo 2o. de esta ley.

II. A los empresarios, gerentes, administradores, encargados y agentes de loterías o sorteos que no cuenten con autorización legal. No quedan incluidos en esta disposición los que hagan rifas sólo entre amigos y parientes;

III. A los dueños, organizadores, gerentes o administradores de casa o local, abierto o cerrado, en que se efectúen juegos prohibidos o con apuestas, sin autorización de la Secretaría de Gobernación, así como a los que participen en la empresa en cualquier forma;

IV. A los que, sin autorización de la Secretaría de Gobernación, de cualquier modo intervengan en la venta o circulación de billetes o participaciones de lotería o juegos con apuestas que se efectúen en el extranjero.

V. A los funcionarios o empleados públicos que autoricen juegos prohibidos, los protejan, o asistan a locales en donde se celebren, siempre que en este último caso no lo hagan en cumplimiento de sus obligaciones.

Artículo 13. Se aplicará prisión de uno a seis años y de cincuenta a setecientos días de multa:

I. A los que alquilen un local en un espacio abierto o cerrado a sabiendas de que se destinará para juegos prohibidos, o con apuestas, o para efectuar sorteos sin permiso de la Secretaría de Gobernación;

II. A los jugadores y espectadores que asistan a un local en donde se juegue en forma ilícita.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Quedan derogadas las demás disposiciones que contravengan lo dispuesto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.— Diputada Lizbeth García Coronado (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Justicia.

CODIGO DE JUSTICIA MILITAR

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 57 y 58 del Código de Justicia Militar.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza:Con su venia, ciudadano presidente. Señoras diputadas y señores diputados, en atención a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Rosendo Radilla Pacheco, que ordena al Estado mexicano reformar la legislación para que los militares acusados de violaciones a los derechos humanos de civiles ante los tribunales penales ordinarios, he presentado una iniciativa de reforma que deroga dos artículos del Código de Justicia Militar que consideran los delitos comunes cometidos por miembros del Ejército como delitos contra la disciplina militar.

En el simposio Fuerzas armadas, justicia y respeto a los derechos humanos que el Grupo Parlamentario del PT llevó a cabo aquí el pasado 3 de marzo, expertos de la academia y la sociedad civil plantearon mayoritariamente acabar con el fuero militar para los casos en que los afectados por las operaciones de ellos sean civiles.

De esta manera debe orientarse la actual discusión sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hacia el respeto irrestricto de los derechos humanos y el cumplimiento de los estándares internacionales por parte del Estado mexicano.

Cabe agregar que la sentencia de la Corte es de cumplimiento obligatorio, hasta un año a partir de la fecha de su emisión, el 23 de noviembre de 2009. Hasta la fecha el Estado mexicano no ha emitido ninguna señal sobre un proyecto de reforma, por lo que el Congreso debe asumir su papel en esta urgente tarea, hoy que la violencia desbordada ha tenido por resultado el crecimiento de la impunidad por varios elementos del Ejército y la Armada, responsables de violaciones a los derechos humanos.

Es pertinente, a raíz de lo que votó ayer el Senado, que sea el Código de Justicia Militar el ordenamiento que regule la jurisdicción castrense, ya que sólo retirando la actual definición de los delitos comunes en contra de civiles como delitos contra la disciplina militar, es posible limitar la indebida extensión de la jurisdicción militar.

La reforma del Código de Justicia Militar no es una concesión graciosa ni una moneda de cambio, como admitieron los senadores ayer. Las obligaciones del Estado mexicano ante instancias internacionales no están sujetas a negociación ni pueden pretender su cumplimiento por vías jurídicamente inaceptables y políticamente tramposas, como las que aprobó la mayoría del Senado ayer.

La actualización de impunidad y el descontento social, así como la responsabilidad del Estado mexicano nos obliga a que la reforma del fuero de guerra sea el punto de partida y no una consideración secundaria en los debates de este Congreso.

Por eso, la diputación del PT se opone y se va a oponer firmemente a legislar al vapor sobre las iniciativas como lo que aprobó ayer el Senado de la mal llamada Ley de Seguridad Nacional, que sólo son del interés de una camarilla en el poder de dudosa legitimidad y que degradan el papel del Legislativo, habiendo tantas propuestas que legislar en materia de derechos humanos, seguridad pública, defensa, entre otros.

Es por esto que en el PT nos opondremos tajantemente a que se nos quiera convertir, a la Cámara de Diputados, en una simple oficialía de partes, si se pretende desahogar en 24 horas la mal llamada Ley de Seguridad Nacional.

Por ello, presidente, le solicito que se inserte íntegra en el Diario de los Debates esta iniciativa que pongo a consideración de los diputados y las diputadas para derogar el artículo 57 y 58, del Código de Justicia Militar. Y le solicito que por asepsia procedimental sea turnada la misma a la Comisión de la Defensa Nacional. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 57 y 58 del Código de Justicia Militar, a cargo del diputado Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del PT

Juan Enrique Ibarra Pedroza, Pedro Vázquez González, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Laura Itzel Castillo Juárez, Mario Alberto di Costanzo Armenta, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, Óscar González Yáñez, Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo De La Vega, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Herón Agustín Escobar García, Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, diputados federales a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someten a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto decreto que deroga la fracción II y los dos últimos párrafos del artículo 57, así como el artículo 58, ambos del Código de Justicia Militar.

Exposición de Motivos

El objetivo de esta iniciativa es promover una reforma legislativa que coadyuve en el cabal cumplimiento con la sentencia del 23 de noviembre de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos en el punto resolutivo número 10, donde dispone que “El Estado deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos...”, para retirar el carácter de delito contra la disciplina militar a los delitos del orden común o federal en que las víctimas sean civiles, y por lo tanto encauzar a los presuntos responsables a la jurisdicción penal ordinaria.

Nos guía la convicción de que el fuero militar es vital para mantener la disciplina de las Fuerzas Armadas de acuerdo a sus reglas particulares; sin embargo, dicho fuero debe ser acotado, de tal forma que excluya los casos en que las víctimas sean civiles, en debieran ser conocidos únicamente por la jurisdicción penal ordinaria.

Este proyecto aporta una solución precisa a la grave situación de los derechos humanos en nuestro país a partir de la utilización de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y procuración de justicia. Esto ha provocado que la Secretaría de la Defensa Nacional encabece el número de quejas ciudadanas por violaciones a los derechos humanos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cifra que ha incrementado más de 500 por ciento en los últimos cinco años.

De no aprobar las reformas que ordena la Corte Interamericana para limitar la extensión indebida de la jurisdicción militar para procesar los delitos de los elementos de las Fuerzas Armadas contra la población civil, se podría prolongar una situación de ingobernabilidad, en la que siga creciendo la percepción de que los abusos por parte de elementos militares no serán investigados y sus perpetradores no serán procesados ni castigados.

Esta iniciativa debería ser apenas una muestra incipiente de un amplio debate sobre la legislación de defensa, seguridad pública, seguridad nacional y derechos humanos. Estamos conscientes de la urgencia de discutir más adelante, bajo un esquema de integralidad, una serie de reformas entre las que destaca el artículo 215-A del Código Penal Federal de acuerdo a los estándares internacionales sobre Desaparición Forzada de Personas, como mandata la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia referida.

En la actualidad, resulta impostergable avanzar hacia un mayor involucramiento del Poder Legislativo en la actualización de un sector sumamente rezagado en la transición democrática, ya que ha permanecido sin cambio alguno la posibilidad del uso por parte del Ejecutivo del Ejército y la Marina apartados de sus funciones constitucionales, tal y como ocurre desde la época del partido hegemónico.

La tarea de la rendición de cuentas y el sometimiento al estado de derecho por parte de los integrantes de las Fuerzas Armadas debe comprender un paso hacia el control civil del sector, basado en la vigilancia y la colaboración responsable en un sinnúmero de áreas de naturaleza legislativa: presupuesto, gasto, auxilio en casos de desastre, cooperación internacional, adquisición de armamento, control de explosivos y armamento, etcétera.

Cualquier iniciativa en este sentido debe tener por sustento y objetivo la responsabilidad de las Fuerzas Armadas ante la sociedad y los poderes del Estado. En la actualización de las normas, el Congreso de la Unión debe velar por una gobernabilidad democrática, única vía hacia la cohesión social en nuestro tiempo.

La jurisdicción militar y la jurisdicción ordinaria

El Código de Justicia Militar vigente fue adoptado en 1933 por el presidente Abelardo L. Rodríguez. Contiene diversas normas de derecho que regulan las conductas de los miembros de las diversas ramas de las Fuerzas Armadas y organizan las instancias de procuración e impartición de justicia militar.

Debido a la importancia de las funciones que desempeñan el Ejército, Fuerza Aérea y Marina, el concepto de justicia militar debe orientarse al bien común de la ciudadanía y de los propios miembros de las Fuerzas Armadas, con una adecuada actuación del Estado, como responsable de proteger las garantías individuales que son el sustento de la preservación del pacto social fundamental.

Históricamente, la existencia de una jurisdicción militar separada de la ordinaria se ha sostenido debido a la especificidad de las atribuciones de este sector, como depositario parcial del monopolio de violencia del Estado e institución garante de la seguridad interior y defensa exterior de la nación. Es por ello que la procuración y la impartición de justicia componen el llamado “fuero de guerra” nombrado por el artículo 13 de la Constitución Política.

Sin embargo, el rigor de la disciplina que rige a las Fuerzas Armadas no puede justificar que las autoridades encargadas de la justicia militar cumplan con los requisitos de independencia e imparcialidad que deben observar todas las autoridades judiciales al impartir justicia a los ciudadanos, de acuerdo a diversos ordenamientos internacionales y a las resoluciones de órganos multilaterales. Asimismo, la extensión del fuero militar representa un conflicto para el principio de la división de poderes, ya que la propia Secretaría de la Defensa Nacional se encarga de nombrar y dirigir a los funcionarios en la procuración y en la impartición de justicia; por lo tanto, concentra funciones ejecutivas y judiciales a la vez.

La impunidad en el sector es posible sin necesidad de que un caso llegue a un tribunal militar, ya que el Código de Justicia Militar contempla, en su artículo 36, que el Ministerio Público como único capacitado para el ejercicio de la acción penal “no podrá retirarla o desistirse de ella, sino cuando lo estime procedente o por orden firmada por el Secretario de Guerra y Marina o por quien en su ausencia lo substituya; orden que podrá darse cuando así lo demande el interés social, oyendo, previamente, el parecer del Procurador General de Justicia Militar”.

Delitos y disciplina

El Código de Justicia Militar define como delitos contra la disciplina militar, sobre los que tiene jurisdicción, a todos aquellos delitos del orden común o federal cometidos por militares contra civiles en algunas circunstancias, que tienen por común denominador los actos de “servicio”.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha considerado que en la jurisprudencia de la Suprema Corte sobre los delitos del fuero de guerra subsisten denominaciones como “delito cometido en ejercicio de funciones militares” o “contra el deber o decoro militar”, que corresponden a “...conceptos jurídicos indeterminados (...), lo que permite extender la jurisdicción militar a actos que nada tienen que ver con la necesidad de una jurisdicción especializada, como es el caso de los procesos seguidos a militares por delitos relacionados con el tráfico de drogas”.

Como han señalado las organizaciones de la sociedad civil, para que los órganos de justicia militar conozcan de un delito debe cumplir una condición objetiva, la tipificación de la acción como delito, y otra subjetiva, la pertenencia del presunto responsable a las instituciones castrenses. En consecuencia, no todos los delitos que cometa un militar deben ser procesados por jueces militares, sino solamente aquellos que atenten contra la disciplina. La legislación vigente “permite que cualquier delito cometido por militares, sin importar cuál sea el bien jurídico afectado, sea investigado por la procuraduría castrense y juzgado por los tribunales del mismo ámbito”.

Es así que la conexión entre el delito y la jurisdicción penal militar revela que el “fuero” de guerra es entendido en el antiguo sentido de privilegio, de condición excepcional, ya que la naturaleza del delito es irrelevante mientras el que la cometa sea un militar, con el consecuente menoscabo del derecho a la justicia de un civil que es víctima u ofendido de los actos de integrantes de las Fuerzas Armadas.

Es menester recordar que la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos considera a “la disciplina militar como principio de orden y obediencia que regula la conducta de los individuos que integran el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos” (artículo 1º). El servicio de las armas exige que el militar “anteponga al interés personal, el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la soberanía de la Nación, la lealtad a las instituciones y el honor del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos” (artículo 1º bis). El artículo 2º añade un argumento teleológico al asentar que el militar observe “buen comportamiento, para que el pueblo deposite su confianza en el Ejército y Fuerza Aérea y los considere como la salvaguarda de sus derechos”.

La utilización de las Fuerzas Armadas en labores de contrainsurgencia y combate al crimen organizado ha trastocado el concepto mismo de la disciplina militar, ya que en contextos no bélicos la actuación sitúa en contradicción la disciplina como obediencia de una instrucción superior y la disciplina como respeto al ordenamiento jurídico, especialmente en lo que atañe a los derechos de las personas. Así, la ausencia de un ejército regular abre paso a lo que se da en llamar un “enemigo difuso”, que puede confundirse entre la ciudadanía común. Si a ello agregamos la impunidad y la parcialidad que han mostrado los órganos de justicia de las Fuerzas Armadas, entenderemos la configuración de los incentivos para violar el orden legal y constitucional.

En definitiva, el respeto a los derechos humanos y a la justicia exige una separación adecuada entre estos ámbitos. La legislación vigente degrada la importancia de delitos como desaparición forzada al tipifica conductas delictivas como faltas a la disciplina militar.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el caso Rosendo Radilla

En 1998 México resolvió integrarse al sistema internacional de tutela de derechos humanos. Así, asumió compromisos claros y públicos para su garantía, sometiéndose a la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una decisión soberana y de altas miras.

En la Declaración para el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 16 de diciembre de 1998, se señala: “Los Estados Unidos Mexicanos reconocen como obligatoria de pleno derecho, la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 62,1 de la misma, a excepción de los casos derivados de la aplicación del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

La Corte ya se ha pronunciado sobre el tema de la jurisdicción militar con anterioridad al caso Radilla Pacheco. En el caso de las hermanas González Pérez la Corte recomendó, en el informe No. 32/01, que el Estado mexicano llevara a cabo una investigación “completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria mexicana”.

El 15 de marzo de 2008, después del reiterado incumplimiento por parte del Estado mexicano a las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ésta sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una demanda en contra de los Estados Unidos Mexicanos originada en la denuncia del 15 de noviembre de 2001 por la desaparición forzada, a manos de efectivos del Ejército, del profesor Rosendo Radilla Pacheco en 1974, cerca de Atoyac de Álvarez, Guerrero, en el contexto de persecución armada de las guerrillas y las operaciones de intimidación sobre la población civil.

En la sentencia emitida el 23 de noviembre de 2009 sobre el caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió que el Estado mexicano era responsable de la violación de diversos derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio de Rosendo Radilla y sus familiares. Así, emitió una serie de reparaciones que van desde la indemnización y el reconocimiento de la responsabilidad del Estado hasta garantías de no repetición.

En el numeral 266 de la sentencia se refrenda que “la Comisión Interamericana señaló que la actuación de la justicia penal militar constituye una violación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, ya que no cumple con los estándares del sistema interamericano respecto a casos que involucran violaciones a derechos humanos, principalmente por lo que se refiere al principio de tribunal competente”.

La Corte juzgó que las conductas de los militares implicados en el caso “son abiertamente contrarias a los deberes de respeto y protección de los derechos humanos y, por lo tanto, están excluidas de la competencia de la jurisdicción militar” y que en la instancia judicial interna el Primer Tribunal Colegiado “generó la aplicación de un fuero personal que operó sin tomar en cuenta la naturaleza de los actos implicados”. Por ello, alude a su propia jurisprudencia para afirmar que “la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional” y que, “tomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado, la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos”.

En virtud de ello, el numeral 10 de las resoluciones la Corte Interamericana dispone que “el Estado deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos...”.

La Corte Interamericana no consideró necesario ordenar la reforma al artículo 13 de la Constitución Política, ya que su interpretación “debe ser coherente con los principios convencionales y constitucionales de debido proceso y acceso a la justicia, contenidos en el artículo 8.1 de la Convención Americana y las normas pertinentes de la Constitución mexicana”. A ese respecto, cabe recordar que no hay un pronunciamiento específico del Poder Judicial sobre el tema, pues en el reciente caso llevado ante Suprema Corte de Justicia por la viuda de Zenón Medina López, asesinado por miembros del Ejército, el alto tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar y con ello dejó en suspenso una nueva interpretación jurisprudencial del artículo 13 de la Carta Magna.

Obligación del Estado mexicano

El artículo 133 constitucional establece claramente que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. De esta manera, el tratado firmado por México, en el que se adhiere a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es Ley Suprema.

Del mismo modo, el Estado mexicano, como sujeto de derecho internacional, debe cumplir con las obligaciones que ha contraído soberanamente. Por lo demás, la Corte Interamericana recuerda en la sentencia haber manifestado que en el caso de los tratados sobre Derechos Humanos, que “no son tratados multilaterales de tipo de tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos [...] Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción”.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 2 el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, ya que si el ejercicio de los derechos y libertades de la misma Convención “no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.

En ello se fundamenta la sentencia del caso Radilla Pacheco para disponer que México adopte las reformas legislativas ya mencionadas. Asimismo, advierte que “La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia (...) y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. El Estado deberá, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma”.

Por tanto, los derechos humanos trascienden las fronteras establecidas por los países, tienen supremacía sobre los Estados y sobre los límites políticos. Requieren de un andamiaje institucional que los garantice y los proteja, lo que significa la adecuación del sistema constitucional y legal que confirme el lugar primordial que los derechos humanos tienen en las sociedades contemporáneas. Cuando no hay un reconocimiento explícito en orden jurídico interno, se configura una situación de déficit para la tutela de los derechos por parte del Estado.

Cabe recordar que en el Programa Nacional de Derechos Humanos se plasma a intención del Estado para “impulsar reformas en materia de procuración e impartición de justicia militar acordes con los compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos”. Hoy dichos compromisos ya tienen una expresión específica.

Antecedentes

No podemos dejar de mencionar que por varias décadas, las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos humanos han insistido en modificar la jurisdicción militar para que las autoridades civiles sean las encargadas de investigar, juzgar y sancionar a los elementos de las fuerzas armadas que cometan violaciones a los derechos humanos. En la actual circunstancia, se reafirma la necesidad de abordar prioritariamente sus propuestas y asumirlas como una prioridad del Estado mexicano.

Antes de la aparición de la sentencia sobre el caso Radilla Pacheco, distintos legisladores plantearon reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, lo que confirma la urgencia del tema y su correspondencia con el interés de la sociedad y de sus representantes.

El 12 de marzo de 2007, el senador René Arce presentó una iniciativa de reforma que abarca modificaciones al artículo 13 constitucional y la derogación de la fracción segunda del artículo 57 del Código de Justicia Militar. Dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de la Defensa Nacional, sin que hasta el momento exista dictamen alguno.

El 16 de octubre de 2007, la diputada Marina Arvizu Rivas presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Justicia militar, especialmente en cuanto al fondo de compensaciones para víctimas y ofendidos por delitos cometidos, que abarca reformas a los artículos 57 y 58 de dicho código. La iniciativa fue desechada en el proceso de dictamen de la Comisión de la Defensa Nacional.

El 4 de julio de 2007, la diputada Valentina Batres Guadarrama presentó una iniciativa fundamentada en múltiples casos impunes de violaciones a los derechos humanos, al tenor de los cuales propuso la reforma al artículo 13 de la Constitución y al artículo 57 del Código de Justicia Militar. Fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Por otro lado, la diputada Florentina Rosario Morales remitió una proposición con punto de acuerdo con relación a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos, que fue aprobada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que exhortó al titular de la Secretaría de Gobernación, a implantar los mecanismos para dar cabal cumplimiento a la sentencia y le solicitó remitir un informe acerca de las acciones que haya realizado o se estén realizando sobre la situación que guarda el asunto concerniente a la sentencia.

Además, la diputada Rosario remitió otro punto de acuerdo el 11 de marzo de 2010, por el que se hace público el conocimiento oficial y las obligaciones derivadas de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 23 de noviembre de 2009, por el caso de Rosendo Radilla suscrito por diputados de los grupos parlamentarios del PRD y del PT.

El 8 de marzo, la Secretaría de Gobernación respondió con un texto escueto, donde resume el procedimiento que ha seguido la sentencia, reconoce que “las sentencias de la CIDH son definitivas y no aceptan ningún medio de impugnación” y acepta la obligación del Estado para cumplir con las decisiones de la Corte, pero no menciona en plan de acción alguno para una reforma legislativa.

De ahí la importancia de que el Congreso de la Unión retome la iniciativa de impulsar las modificaciones legales pertinentes.

Propuesta

Es urgente reconocer que cualquier subterfugio o retraso en el cumplimiento de la sentencia tendría graves consecuencias, pues significaría que las Fuerzas Armadas componen un poder autónomo dentro del Estado, con la suficiente influencia para desafiar el mismo estatuto de legalidad del Estado y para poner en entredicho la gobernabilidad. Por ello, hoy tenemos la oportunidad de actualizar uno de los pilares de la fundación del Estado mexicano: el control civil del sector militar y, destacadamente, su inserción en un Estado democrático de Derecho.

Sin duda, el acotamiento del fuero de guerra permitirá que las Fuerzas Armadas mantengan el control exclusivo sobre la estricta disciplina castrense. Es así que mediante la resolución del problema de la jurisdicción y la redefinición de la tipología de los delitos proponemos cumplir cabalmente con la multicitada sentencia. Por ello, planteamos que la potestad para la aplicación de la ley recaiga adecuadamente en el Poder Judicial.

El Código de Justicia Militar vigente establece, como parte de su Título Quinto, donde se define la competencia de la Justicia Militar:

Artículo 57. Son delitos contra la disciplina militar:

I. Los especificados en el Libro Segundo de este Código;

II. Los del orden común o federal, cuando en su comisión haya concurrido cualquiera de las circunstancias que en seguida se expresan:

a). Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo;

b). Que fueren cometidos por militares en un buque de guerra o en edificio o punto militar u ocupado militarmente, siempre que, como consecuencia, se produzca tumulto o desorden en la tropa que se encuentre en el sitio donde el delito se haya cometido o se interrumpa o perjudique el servicio militar;

c). Que fueren cometidos por militares en territorio declarado en estado de sitio o en lugar sujeto a la ley marcial conforme a las reglas del derecho de la guerra;

d). Que fueren cometidos por militares frente a tropa formada o ante la bandera;

e). Que el delito fuere cometido por militares en conexión con otro de aquellos a que se refiere la fracción I.

Cuando en los casos de la fracción II, concurran militares y civiles, los primeros serán juzgados por la justicia militar.

Los delitos del orden común que exijan querella, necesaria para su averiguación y castigo, no serán de la competencia de los tribunales militares, sino en los casos previstos en los incisos (c) y (e) de la fracción II.

Artículo 58. Cuando en virtud de lo mandado en el artículo anterior, los tribunales militares conozcan de delitos del orden común, aplicarán el Código Penal que estuviere vigente en el lugar de los hechos al cometerse el delito; y si éste fuere de orden federal, el Código Penal que rija en el distrito y territorios federales.

Es así que, en atención a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se plantea derogar la fracción II del artículo 57, del mismo Código de Justicia Militar, para que los delitos del fuero común o federal dejen de ser considerados como delitos contra la disciplina militar. De esta manera, el fuero de guerra subsistiría para los casos de estricta disciplina, especificados en el Libro Segundo del propio Código.

Asimismo, se propone eliminar el artículo 58, ya que en consecuencia con la derogación anteriormente descrita, ningún tribunal militar podrá conocer de delitos del orden común y sería innecesario mantener dicha disposición.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que deroga la fracción II y los dos últimos párrafos del artículo 57, así como el artículo 58, ambos del Código de Justicia Militar.

Artículo Único. Se derogan la fracción II y los últimos dos párrafos del artículo 57, así como el artículo 58 del Código de Justicia Militar para quedar como sigue:

Artículo 57. Son delitos contra la disciplina militar:

I. Los especificados en el Libro Segundo de este Código;

II. Se deroga.

a). a e). Se deroga.

... Se deroga.

... Se deroga.

Artículo 58. Se deroga.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México, 2003, pp.35-36

2 Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y otras organizaciones de la sociedad civil, “Violaciones a la Convención Americana por la aplicación del fuero militar a casos de violaciones de derechos humanos en México. Documento preparado para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la audiencia temática llevada a cabo en este tema el 20 de marzo de 2009”, p. 7

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de abril de 2010.— Diputados: Juan Enrique Ibarra Pedroza, Pedro Vázquez González, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Laura Itzel Castillo Juárez, Mario Alberto di Costanzo Armenta, Óscar González Yáñez, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, inscríbase en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de la Defensa Nacional.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Jaime Sánchez Vélez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

El diputado Jaime Sánchez Vélez:Honorable asamblea, la infraestructura carretera del país era cuidada por la Policía Federal de Caminos, hoy día Policía Federal Preventiva, cuya función primordial es salvaguardar la integridad y derechos de las personas, vigilando la zona terrestre de las vías generales de comunicación y los medios de transporte que operen en ellas, levantando infracciones e imponiendo sanciones por las violaciones a las disposiciones legales y reglamentarias relativas al tránsito en los caminos y puentes federales.

Así como a la operación de los servicios de autotransporte federal y transporte privado cuando circulen por zona terrestre de las vías generales de comunicación, como lo determina el artículo 70 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Con base en ello, los elementos de la Policía Federal Preventiva que están adscritos en la red de carreteras del país, ante los conductores de vehículos que cometan infracciones a las disposiciones reglamentarias, tienen un procedimiento el cual consiste en:

I. El policía indicará al conductor que detenga la marcha del vehículo.

II. El conductor se identificará y exhibirá la documentación de la unidad y el policía revisará la documentación, así como el vehículo en su parte exterior. Si todo está en orden, devolverá la documentación en el mismo sitio.

III. Para el caso de que existiera algún incumplimiento, el policía procederá a llenar la boleta de sanción, de la que extenderá una copia al interesado y devolverá la documentación del vehículo.

Es en este punto donde la ciudadanía se queja del abuso de esta corporación policiaca, específicamente los transportistas de mercancía en pequeño y campesinos, de aquella gente que se despiertan en la madrugada para ir a los centros de distribución y comprar mercancías, principalmente alimentos, para que posteriormente las vendan en los mercados o los tianguis. Personas que viven al día, que dependen para subsistir de la venta de esos productos.

Pero sus unidades vehiculares, que por lo regular son camionetas de modelos rezagados y funcionan mecánicamente, que no les sobran los recursos para mantener los vehículos en la mejor forma estética, son presa fácil de la Policía Federal Preventiva, que vigila las carreteras. Estos los detienen y les hacen la relación de todas las anomalías que anteriormente se perciben. Los conductores de estos vehículos son extorsionados y el poco dinero que podían obtener de la venta de ese día va a parar a manos de los que deben cuidar el camino.

Este fenómeno es una realidad que pareciera un reflejo de otros escenarios de la realidad mexicana.

Para ello, es importante conocer la experiencia del sur de los Estados Unidos de América, que consiste en que si un policía de caminos nota que algún conductor está infringiendo el reglamento de tránsito detiene al conductor, le pide sus documentos y le hace ver cuáles son los motivos por los que puede ser sancionado, señalándole que lo va a dejar ir sin ninguna infracción, con la condición de que se abstenga de seguir violando la disposición. Y si el motivo es la condición física del vehículo, que acuda a repararlo inmediatamente. De lo contrario, para la siguiente ocasión que se le vuelva a detener por los mismos motivos será sancionado.

Este sistema debería existir en los caminos del país. Es adecuado, es educativo y es primordial aplicarlo en una época de crisis económica. De lo contrario, la situación actual seguirá constituyendo un abuso de la autoridad, principalmente en contra de aquellos que día a día se tienen que esforzar para sobrevivir.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y atendiendo a la exigencia ciudadana, particularmente de campesinos y de aquellas personas que su trabajo consiste en utilizar las carreteras federales, que trasladan en camionetas de poblado en poblado, mercancías en pequeño, se propone como prioridad adicionar al Título Octavo correspondiente al capítulo de las Sanciones, la modificación a la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal que establecerá las bases para ir mitigando el fenómeno que se expone.

Por tal motivo, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV del artículo 74, para quedar de la siguiente manera:

Único. Se adiciona la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para quedar como sigue: fracción IV, del artículo 74. Incumplir con cualquiera de las disposiciones en materia de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado con multa de hasta 500 días de salario mínimo, quedando excluida la infracción al transporte de carga hasta de mediana capacidad, exclusivamente para las unidades cuyo funcionamiento mecánico sea aceptable, pero su fisonomía exterior tuviese algún faltante donde se transporten animales y productos relacionados con el campo. Para estos casos será suficiente la llamada de atención como medida preventiva, haciendo la observación al conductor de una posible sanción ante el aviso reincidente, previo registro establecido.

Transitorio. Único. La presente iniciativa entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Muchísimas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 74 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Jaime Sánchez Vélez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Jaime Sánchez Vélez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, con base en la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el correlativo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona en el título octavo, correspondiente al capítulo de las sanciones, para la modificación de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Exposición de Motivos

En 1952 se inauguró la primera autopista de cuota en el país, la México-Cuernavaca (con una longitud de 62 Km.). En 1958 surge el organismo público federal Caminos Federales de Ingresos adscrito a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas que administraba diversas carreteras del territorio nacional, en lo sucesivo dependencias públicas responsables de la construcción y modernización de carreteras se fueron transformando. Como dato importante el 14 de agosto de 1998, Capufe recibió del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, la transferencia de 23 concesiones (conocida en su momento como el rescate carretero) para su operación, conservación y mantenimiento, la modernización de éstas se ha visto reflejada en la disminución del manejo de efectivo en las plazas de cobro, incrementando el pago electrónico además de incluir el pago con tarjetas bancarias.

La infraestructura carretera del país era cuidada por la Policía Federal de Caminos, hoy en día Policía Federal Preventiva, cuya función primordial es salvaguardar la integridad y derechos de las personas, vigilando la zona terrestre de las vías generales de comunicación y los medios de transporte que operen en ellas, levantando infracciones e imponiendo sanciones por las violaciones a las disposiciones legales y reglamentarias relativas al tránsito en los caminos y puentes federales, así como a la operación de los servicios de autotransporte federal y transporte privado cuando circulen por zona terrestre de las vías generales de comunicación, como lo determina el artículo 70 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Con base en ello, los elementos de la Policía Federal Preventiva que estén adscritos en la red de carreteras del país, ante los conductores de vehículos que cometan infracciones a las disposiciones reglamentarias tienen un procedimiento el cual consiste en lo siguiente:

I. El policía indicará al conductor que detenga la marcha del vehículo.

II. El conductor se identificará y exhibirá la documentación de la unidad, el policía revisará la documentación, así como el vehículo en su parte exterior, si todo está en orden devolverá la documentación en el mismo sitio.

III. Para el caso de que existiera algún incumplimiento, el policía procederá a llenar la boleta de sanción de la que extenderá una copia al interesado y devolverá la documentación del vehículo.

Es en este punto, donde la ciudadanía se queja del abuso de esta corporación policíaca, específicamente los transportistas de mercancía en pequeño y campesinos, de aquellas gentes que se despiertan en la madrugada para ir a los centros de distribución y comprar mercancías, principalmente alimentos para que posteriormente las vendan en los mercados o tianguis, personas que viven al día, que dependen para subsistir de la venta de esos productos.

Pero sus unidades vehiculares que por lo regular son camionetas de modelos rezagados, que apenas y funcionan mecánicamente que no les sobran los recursos para mantener los vehículos en la mejor forma estética, son presa fácil de la Policía Federal Preventiva que vigila las carreteras. Estos los detienen y les hacen la relación de todas las anomalías que exteriormente se percibe, los conductores de estos vehículos son extorsionados y el poco dinero que podían obtener de la venta de ese día va a parar a manos de los que deben de cuidar el camino.

Este fenómeno es una realidad que parecería un reflejo de otros escenarios de la realidad mexicana. Para ello es importante conocer la experiencia en el sur de los Estados Unidos de América, la que consiste en que un policía de caminos si nota que algún conductor está infringiendo el reglamento de tránsito, detiene al conductor le pide sus documentos y le hace ver cuáles son los motivos por los que lo puede ser sancionado, señalándole que lo va a dejar ir sin ninguna infracción con la condición de que se abstenga de seguir violando la disposición y si el motivo es la condición física del vehículo, acuda a repararlo inmediatamente, de lo contrario, para siguiente ocasión que se le vuelva a detener por los mismos motivos, ahora sí, será sancionado.

Este sistema debería de existir en los caminos del país, es adecuado, es educativo y es primordial aplicarlo en una época de crisis económica, de lo contrario la situación actual seguirá constituyendo un abuso de la autoridad, principalmente en contra de aquellos que día a día se tienen que esforzar para sobrevivir.

Si efectivamente el gobierno federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pretende impulsar la modernización carretera del país con proyecciones de inversión importante, con el afán de que el país se posicione internacionalmente, será necesario que la Policía Federal Preventiva que esté al cuidado de la red carretera, tenga la capacitación suficiente para que responda al requerimiento de la ocasión, que verdaderamente sea una dependencia pública que auxilie a los ciudadanos que lo requieran y principalmente que tengan la sensibilidad para los transportistas de mercancías en pequeño y campesinos, debiendo recibir éstos, recomendaciones o sugerencias para mantener en óptimas condiciones sus vehículos, previniéndolos de las consecuencias si los avisos se hacen reincidentes.

Por todo lo expuesto y fundado, y atendiendo a la exigencia ciudadana, particularmente de campesinos y de aquellos que su trabajo consiste en utilizar las carreteras federales que trasladan en camionetas de poblado en poblado mercancías en pequeño, se propone como prioridad adicionar al Título Octavo, correspondiente al Capítulo “De las Sanciones”, la modificación a la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que establecerá las bases para ir mitigando el fenómeno que se expone. Por tal motivo, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona a la fracción IV del al artículo 74

Único. Se adiciona a la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 74. Salvo lo dispuesto en el artículo 74 Bis de la presente ley, las infracciones a lo dispuesto en la misma, serán sancionadas por la Secretaría de acuerdo con lo siguiente:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. Incumplir con cualquiera de las disposiciones en materia de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado, con multa de hasta quinientos días de salario mínimo. Quedando excluida la infracción, al transporte de carga hasta de mediana capacidad, exclusivamente para las unidades cuyo funcionamiento mecánico sea aceptable, pero su fisonomía exterior tuviese algún faltante donde se transporte animales y productos relacionados con el campo, para estos casos, será suficiente la llamada de atención como medida preventiva, haciendo la observación al conductor de una posible sanción ante el aviso reincidente, previo registro establecido; y

V. ...

Transitorios

Único. La presente iniciativa entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2010.— Diputados Jaime Sánchez Vélez, José Manuel Agüero Tovar, Francisco Alejandro Moreno Merino (rúbricas).»

Presidencia del diputado Felipe Solís Acero

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, a usted, diputado Sánchez Vélez. Túrnese a la Comisión de Transportes.

El diputado José Manuel Agüero Tovar (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputado Agüero Tovar ¿con qué objeto?

El diputado José Manuel Agüero Tovar (desde la curul): Presidente, gracias. Para preguntarle al diputado Sánchez Vélez si nos permite a la fracción del estado de Morelos, adherirnos a su iniciativa.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputado Sánchez Vélez ¿está usted de acuerdo en que se adhieran a su iniciativa?

El diputado Jaime Sánchez Vélez(desde la curul): De acuerdo.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Ha dado su anuencia el diputado. Quienes estén con el deseo de sumarse a la iniciativa pasen a suscribirla a la Secretaría.

LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la propia diputada Guajardo Villarreal y el diputado Jesús Zambrano Grijalva, ambos del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Mary Telma Guajardo Villarreal:Gracias, diputado presidente.

Efectivamente esta iniciativa la presento a nombre de varios compañeros diputados, el compañero Carlos Torres, el compañero Jesús Zambrano Grijalva, el diputado Ignacio Moreira Valdez y la de la voz, Mary Telma Guajardo Villarreal.

En ejercicio de nuestra facultad legislativa presentamos una iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para proteger de manera prevalente los derechos de la niñez en extrema vulnerabilidad, con base en la siguiente exposición de motivos.

La situación actual de la niñez es un tema de preocupación nacional. La desnutrición, la alimentación no sana, el acceso a la educación, la violencia en sus hogares, en la escuela y en la calle, la explotación sexual y laboral, la inexistencia de una familia adecuada son, entre otras cosas, problemas actuales que implican la vulneración grave de los derechos de la niñez en México.

Existen, en efecto, informes de la UNICEF que muestran que en el medio rural el 42.8 por ciento de niñas y niños menores de cinco años padecen desnutrición y el 16.9 por ciento de éstos están en alto riesgo.

Por otro lado, el 27 por ciento de la población de 4 y 5 años no reciben atención preescolar, mientras que alrededor de 2 millones de niñas y niños no asisten a la escuela. Además de que el promedio de escolaridad en la población indígena es de 3.2 años, la mitad de lo alcanzado a nivel nacional, aunque en el caso de las mujeres indígenas es de 2.6 años. Esta fuente igualmente estima que existen en México 3.5 millones de niñas y niños trabajando entre los 12 y los 17 años de edad. Cerca de un millón como jornaleros agrícolas.

Son datos duros que sin duda revelan el déficit que la niñez en extrema vulnerabilidad tiene en materia de sus derechos a la alimentación, la educación y el disfrutar de un espacio adecuado para su desarrollo integral.

Esta iniciativa pretende plantear la protección legislativa para la niñez en extrema vulnerabilidad. En efecto, en la actualidad los estudiosos del tema de la niñez en estado de calle, como uno de los principales grupos vulnerables, apuntan varias razones por las cuales es deficiente la política pública que se ha seguido.

Por tal razón, de acuerdo con el principio de protección a los más débiles, propio de las propuestas impulsadas por el Partido de la Revolución Democrática, expongo y proponemos establecer el principio de máxima protección de la niñez vulnerable. Establecer los derechos de prioridad de ese grupo vulnerable. Establecer un programa nacional a favor de la niñez en condiciones de extrema vulnerabilidad para articular con la concurrencia de los sectores público, privado y social, un sistema de protección y apoyo integral que les permita estudiar y vivir con dignidad. Establecer la obligación de protección de los niños en estado de calle, con programas de reinserción social financiados con esquemas cooperativos a nivel federal, estatal y municipal.

Compañeros legisladores y legisladoras, aquí propongo el tema a discutir, en esta sede legislativa. Esta iniciativa incorpora las ideas de muchos especialistas y asociaciones que trabajan en el tema para plantear mejores modelos legislativos que tiendan a prevenir, a atender y a erradicar este grave problema.

Es momento en que pensemos más en las personas con mayor vulnerabilidad. Nuestra niñez lo demanda por un principio de dignidad humana. Son nuestro presente y nuestro futuro. Una nación sin una niñez sana es un país condenado al fracaso.

Señor presidente, le pido insertar íntegramente esta iniciativa en el Diario de los Debates. Gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por los diputados José de Jesús Zambrano Grijalva y Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD

Jesús Zambrano Grijalva, Mary Telma Guajardo Villarreal, Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputados federales, en ejercicio de la legislativa, presentan iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para proteger de manera prevalente los derechos de la niñez en extrema vulnerabilidadcon base en la siguiente

Exposición de Motivos

La situación actual de la niñez es un tema de preocupación nacional. La desnutrición, el acceso a la educación, la violencia en sus hogares, en la escuela y en la calle, la explotación sexual y laboral, la inexistencia de una familia adecuada son, entre otras cosas, problemas actuales que implican la vulneración grave de los derechos de la niñez en México.

Existen, en efecto, informes del Unicef que muestran que en el medio rural el 42.8 por ciento de niñas y niños de 5 años padecen desnutrición y el 16.9 por ciento de éstos están en alto riesgo. Por otro lado, el 27 por ciento de la población de 4 y 5 años no recibe atención preescolar, mientras que alrededor de dos millones de niñas y niños no asisten a la escuela, además de que el promedio de escolaridad en la población indígena es de 3.2 años (la mitad de lo alcanzado a nivel nacional), aunque en el caso de la mujeres indígenas es de 2.6 años. Esta fuente, igualmente, estima que existen en México 3.5 millones de niñas y niños trabajando entre los 12 y los 17 años de edad, cerca de un millón como jornaleros agrícolas. Son datos duros que sin duda revelan el déficit que la niñez en extrema vulnerabilidad tiene en materia de sus derechos a la alimentación, la educación y el disfrutar de un espacio adecuado para su desarrollo integral.

Por otro lado, Unicef señala que la presencia de niños y niñas de la calle se incrementó en 3.5  por ciento en tres años lo que provoca que en nuestro país existan unos 150 mil niñas y niños trabajadores y de la calle. Se considera, además, que cada año cruzan a la frontera norte cerca de 50 mil niños y niñas sin acompañantes adultos.

En materia de violencia, hace algunos años se hizo público un estudio que recibió la ONU para integrar el informe mundial sobre la violencia que padecen niños y adolescentes en América Latina, en donde una consulta hecha a 20 grupos de niños, niñas y adolescentes de áreas rurales y urbanas de nuestro país, revelan problemas graves: familiares que violan a las niñas, maestros que las encierran en el baño como castigos e intenta violarlas, diciendo, si no acepta baja el promedio de calificaciones, padres y maestros golpeadores: jalan las orejas, pegan con reglas, pegan con cinturón, golpean a los niños más grandes, patean a los niños, entre otras graves violaciones. Esta consulta promovida por Save The Children compila las experiencias de la niñez mexicana y a grandes rasgos, los consultados dijeron que están bajo el riesgo de la violencia en casi todos los ámbitos: en la casa, en la escuela y en la comunidad.

Según datos del DIF, por otro lado, los niños y adolescentes de una de cada tres familias han sufrido golpes, gritos, insultos, humillaciones y abuso sexual. De las 13 mil 711 denuncias que se recibieron el año pasado de maltrato, en o8 mil 711 se comprobó el maltrato y se detectó que la niñez fue violentados por las madres y padres. Los tipos de maltrato más recurrentes fueron la omisión de cuidados, maltrato físico y sicológico, abandono, negligencia y ataque sexual. La mayoría de los niños mexicanos que sufren malos tratos tienen entre 5 y 13 años, pero también hubo denuncias a lactantes y a la niñez entre 2 y 5 años.

Existe, asimismo, violencia en las calles. Se estima, por ejemplo, que en la Ciudad de México se han registrado mil 500 pandillas juveniles, conformadas por niños y niñas entre 10 y 18 años. La tasa de homicidio entre jóvenes (entre 10 y 29 años) fue en 1997, de 15.3 víctimas por 100 mil habitantes. La violencia homicida entre los jóvenes ha oscilado entre 14.7 y 15.6 por cada 100 mil habitantes.

En México también se registran la explotación laborar: 4.5 millones de niños trabajadores. Entre ellos, 3.5 millones tendrían entre 12 y 17 años: 42 por ciento de esta niñez trabajaría en el campo. La Confederación Nacional Campesina Mexicana estimó que en 2002 había aproximadamente 4 millones de niños trabajando en el campo, en jornadas laborales más allá de ocho horas diarias, y recibiendo un salario menor a 22 pesos por jornada.

El rubro de la explotación sexual es grave. Se estima que 16 mil niños y niñas mexicanas son víctimas de la explotación sexual, según el Unicef. En 3 años, según se estima, han desaparecido 150 mil niños en México.

Por último, la violencia y el sida son asuntos inquietantes. Durante el primer trimestre del 2002, por ejemplo, la proporción de los niños y niñas de 15 años que habían sido diagnosticados con Sida fue de 3.6 por ciento a nivel nacional, siendo 0.6 por ciento en los varones y 5.6 por ciento en mujeres.

La vulnerabilidad sexual de la niñez es otro dato que debe preocuparnos. Una investigación auspiciada por el DIF nacional señala que en la zona del centro del Distrito Federal, La Merced, hay 19 áreas identificadas donde se ejerce esa la prostitución, ya sea en hoteles, fondas, loncherías, cervecerías, bares y baños públicos, algunos de los cuales tienen fachada de consultorios médicos. El estudio revela que la edad de inicio en esa actividad es de 10 a los 13 años, y si son vírgenes, la familia las llega a “ofrecer” en 20 mil pesos. Esta situación de prostitución y comercio sexual de la niñez en la zona de La Merced revela la existencia de grupos de poder que se dividen en el territorio para proporcionar esta situación intolerable; incluso, hay una toda una delincuencia organizada para generar estas redes de explotación sexual.

Es así como México en los últimos años registra un aumento en el número de niñas y niños que trabajan fuera de su casa y en la calle y que, además, consumen drogas y están expuestas a la violencia y la explotación sexual, mientras que, por otro lado, disminuye el número de niños varones en la calle, según datos oficiales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Por ejemplo, la proporción de niñas —cuyas edades van entre 6 y 17 años— aumentó desde hace nueve años, pasando de 27 mil 954 a 28 mil 194. En 1997, la proporción entre niñas y niños en la calle que consumían drogas era de tres por cada 100 y, según el estudio más reciente del DIF en 2004, aumentó a cuatro por cada 100.

La principal actividad que desarrollan las niñas trabajadoras en la calle es el comercio ambulante, mientras que los niños son, en su mayoría, cerillos en tiendas de autoservicio.

Según el DIF, las actividades comerciales en la vía pública impiden a las niñas superar sus condiciones de vulnerabilidad y pobreza, pero también se considera que la razón que obliga a las niñas a trabajar y a vivir en las calles pueden ser más violentas que las de los niños: la violación por parte de algún pariente cercano y la responsabilidad que recae en ellas, como el cuidado de los hermanos o, en su caso, las tareas domésticas.

Esta situación es preocupante, porque la niñez en la calle es un grupo vulnerable que hay que proteger. Las estadísticas, por ejemplo, señalan que las niñas se dedican, en su mayoría, al comercio ambulante, ya que en esta actividad de la economía informal se emplea 40.1 por ciento de las niñas de la calle, frente a 26.6 por ciento de los niños, cuyo principal empleo es como empacadores dentro de las tiendas de autoservicio. En el rubro de actividades de ayuda y mendicidad, las niñas suelen ser ayudantes de todo tipo, mendigan o son pepenadoras. En tanto que los niños son limpiaparabrisas, ayudantes en general y cargadores.

Por otro lado, también ha aumentado la proporción de niñas que consumen drogas, ya que en 1997 la proporción de mujeres era 3 de cada 100 y actualmente son 4 de cada 100. En los niños también se incrementó este número y paso de 7 de cada 100 a 11 de cada 100.

Estos datos justifican la necesidad de crear un marco jurídico adecuado para la niñez en extrema vulnerabilidad, que son lo que sufren violencia en su hogar, en la escuela y en la calle; son explotados sexualmente; son explotados laboralmente, todo lo cual genera una marginación de todo el ambiente social adecuado para el desarrollo de la niñez, en fin, que por su vulnerabilidad el Estado debe plantear una política pública adecuada para prevenir y resolver este problema de manera integral y holística de asistencia social.

Ya en la Declaración Universal de Derechos Humanos se ha proclamado que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales, en este sentido, la iniciativa que se analiza pretende garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la infancia a partir del principio del interés superior de ésta. Los derechos de las niñas y los niños deben ser ejercidos de manera holística, entonces en el caso de la niñez en situación de calle se están violando tales derechos, como son su derecho al estudio, al descanso y a ser protegidos contra toda forma de explotación.

Mi propuesta pretende plantear la máxima protección legislativa para la niñez en extrema vulnerabilidad. En efecto, en la actualidad, los estudiosos del tema de la niñez callejera, como uno de los principales grupos vulnerables, apuntan varias razones por las cuales es deficiente la política pública que se ha seguido, entre las que destacan:

— La nula o poca continuidad de los programas sobre el tema porque dependen más de los tiempos electorales que de la problemática social.

— La falta de poner en práctica las experiencias exitosas que han demostrado eficacia, sean públicas o privadas.

— La prevalencia de acciones de asistencia social que mantienen sin cambio la situación de los niños, dejándolos en la dependencia institucional o en la caridad pública.

— La falta de especialización del personal destinado para la atención de este grupo vulnerable no está preparado, ni cuenta con el perfil u disposición para enfrentar una problemática educativa tan compleja.

— La falta de reconocimiento del Estado de la complejidad de este problema social.

— La falta de mecanismos de articulación entre los esfuerzos públicos y privados, sobre la base de los criterios de calidad, pertinencia, relevancia, presupuesto, marco jurídico, transparencia y visión a futuro.

Así, los especialistas del tema plantean como propuestas:

— Crear un plan de prevención y atención a la infancia en riesgos asociados a la extrema vulnerabilidad.

— Establecer mecanismos permanentes de coordinación entre instancias públicas y sociales, con capacidad de decisión y presupuesto para operar.

— Impulsar la propuesta de norma oficial mexicana para la atención a la niñez en situación de calle.

— Desarrollar programas que complementen los esfuerzos de las ONG en ámbitos que requieren de mayor especialización e inversión.

— Ampliar los fondos para el fortalecimiento de los programas realizados por las ONG.

— Atender a las condiciones estructurales que determinan que niñas, niños y jóvenes vivan y trabajen en la calle, a través de medidas que fortalezcan el empleo bien remunerado, la infraestructura familiar y comunitaria, así como la capacidad de crianza y educación de hijos e hijas.

— Desarrollar un programa de articulación nacional, estatal y municipal para prevenir y atender el fenómeno de infancia y juventud que vive y trabaja en la calle, que se caracterice por: a) El desarrollo de mecanismos de toma de decisiones conjunta entre instancias de gobierno y organismos no gubernamentales; b) La adecuación de las instancias y programas de desarrollo y asistencia social a las características propias de esta población. Esto implica la creación de programas especializados dirigidos a prevención y tratamiento de adicciones, salud mental, enfermedades como VIH-sida, entre otros; c) La creación de fondos públicos permanentes para el financiamiento a los programas públicos y de los organismos no gubernamentales; d) El reconocimiento, validación, regulación y fortalecimiento de metodologías apropiadas, así como el desarrollo de sistemas de monitoreo y evaluación; e) La modificación de pautas y comportamientos culturales que fomentan el arraigo de niñas, niño y jóvenes a la calle, así como la generación de nuevos conocimientos relacionados con esta población.

Por tal razón, de acuerdo con el principio de protección a los más débiles que es propio del pensamiento de la izquierda del PRD que se basa en doctrinas sociales que forman parte del pensamiento político actual, propongo:

— Establecer el principio de máxima protección de la niñez vulnerable.

— Establecer los derechos de prioridad de este grupo vulnerable.

— Establecer un programa nacional a favor de la niñez en condiciones de extrema vulnerabilidad para articular con la concurrencia de los sectores público, privado y social, un sistema de protección y apoyo integral que les permita vivir con dignidad.

— Establecer la obligación de protección de los niños y niñas de la calle con programas de integración social financiados con esquemas cooperativos a nivel federal, estatal y municipal.

Aquí propongo el tema a discutir en sede legislativa. Esta iniciativa incorpora las ideas de muchos especialistas y asociaciones que trabajan en el tema, para plantear mejores modelos legislativos que tienen a prevenir, atender y erradicar este grave problema.

Es momento en que pensemos más en las personas con mayor vulnerabilidad. Nuestra niñez lo demanda por un principio de dignidad humana. Son nuestro futuro: una nación sin una niñez sana es un país condenado al fracaso.

Por todo ello, someto a consideración del pleno la presente la siguiente iniciativa de

Decreto

Artículo Único.Se adicionan la letra H del artículo 3o., el segundo párrafo del artículo 5°o. con las letras de la A a la E, así como el Capítulo Decimocuarto denominado “Del Derecho a la Protección de la Niñez en la Calle”, con un artículo 42 Bis de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para quedar de la manera siguiente:

Artículo 3. ...

...

A. a G. ...

H.El de máxima protección y tutela preferente a favor de la niñez en extrema vulnerabilidad, a partir del principio integral y holístico de la asistencia social.

Artículo 5....

En todo caso, se implantará un Programa Nacional para la Protección de la Niñez en Extrema Vulnerabilidad, de acuerdo a las bases siguientes:

A. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a través de su Dirección General, se encargará de elaborar y darle seguimiento a un Programa Nacional para la Protección de la Niñez en Extrema Vulnerabilidad bajo las reglas siguientes:

1. Se definirán los objetivos, estrategias y acciones particulares para diagnosticar, analizar y evaluar la problemática de la niñez en extrema vulnerabilidad.

2. Se definirá la participación que corresponderá a las dependencias o entidades de la federación, de los estados, los municipios, el Distrito Federal y a la comunidad en general.

3. Este programa deberá propiciar la colaboración y participación activa del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia con las autoridades federales, estatales, municipales, el Distrito Federal y la comunidad en su conjunto.

4. Los gobiernos estatal, municipal y el Distrito Federal, en los ámbitos de sus competencias, brindarán la asesoría, el apoyo o el auxilio necesario para ejecutar este programa en su ámbito de competencia.

5. Se evaluará objetiva, sistemática y periódicamente, el avance del programa y los resultados de su ejecución, así como su incidencia en la consecución de los objetivos previstos en esta ley.

6. Con base en las evaluaciones, el programa se modificará o adicionará en la medida en que se estime necesario.

B. Este programa tendrá por objeto que todas las autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal competentes, en coordinación con la sociedad organizada e interesada en el tema, establecerán las políticas y las acciones necesarias para diagnosticar, prevenir, atender y erradicar la vulneración de los derechos de la niñez en extrema vulnerabilidad.

C. En la elaboración del programa, podrán participar en forma especializada e interdisciplinariamente, las personas siguientes:

1. Las autoridades federales, estatales o municipales involucradas en los temas y problemas de que se trate.

2. Las instituciones de investigación y de educación superior.

3. Las organizaciones sociales, civiles y las organizaciones no gubernamentales.

4. Cualquier especialista, persona o grupo interesado en el tema.

D.El programa contendrá, por lo menos, los elementos siguientes:

1. La identificación de los temas y problemas en relación a los derechos de la niñez.

2. El monitoreo ciudadano, profesional e interdisciplinario para identificar los problemas de la comunidad.

3. Cualquier otro criterio para detectar, depurar o clasificar los problemas de la comunidad.

4. La delimitación de las causas, efectos y vertientes del tema o problema.

5. La problemática social, cultural, económica y política del tema o problema.

6. Cualquier otro criterio para delimitar las cuestiones principales del tema o problema.

7. Las políticas, lineamientos o acciones que realicen las autoridades para tratar el tema o problema.

8. El desarrollo de las líneas de análisis del tema o problema comunitario.

9. Las propuestas de solución y de acciones, poniendo especial énfasis en la educación de la niñez.

10. Las acciones de protección social de la niñez vulnerable financiados con esquemas cooperativos a nivel federal, estatal, municipal y el Distrito Federal, así como los planes de apoyo para financiar a los proyectos de organizaciones sociales que cumplan con la normatividad que se expida para tal efecto.

11. Los mecanismos de participación de los ciudadanos o habitantes en la solución de los problemas.

E. La evaluación de los temas o problemas, bajo los criterios siguientes:

1. La identificación de indicadores confiables para medir objetivamente el seguimiento del tema o problema.

2. La creación de observatorios comunitarios.

3. Cualquier otro criterio objetivo para evaluar los temas o problemas de la comunidad.

Capítulo DecimocuartoDel Derecho a la Protección de la Niñez en la Calle

Artículo 42 Bis. Es de interés prevalente la protección de la niñez en extrema vulnerabilidad bajo la asistencia social integral y holista. La federación, estados, municipios y el Distrito Federal deberán en forma conjunta instrumentar todas las garantías necesarias para evitar, prevenir y resolver la grave violación a los derechos fundamentales de este grupo vulnerable.

El Estado, a través de sus autoridades competentes, deberá  instrumentar las medidas siguientes:

A. Determinar el grupo vulnerable, a partir del Programa Nacional para la Protección de la Niñez en Extrema Vulnerabilidad, para identificar los problemas y violaciones graves de que sean objeto los niños, niñas o adolescentes en sus derechos.

B. Planear e instrumentar los recursos públicos necesarios para atender esta problemática de manera preferente.

C. Determinar los grupos vulnerables por explotación sexual o laboral, por violencia grave, por falta de acceso a la educación y los servicios de salud, por discriminación, por falta de una familia, o por cualquier otra circunstancia que afecte gravemente sus derechos.

D. Instrumentar una política pública a favor del grupo vulnerable que evite duplicidad de funciones y recursos, que promueva medidas efectivas y que, por tanto, se sujete a los principios de profesionalismo, transparencia y continuidad.

E. El Congreso de la Unión, a través de las comisiones competentes, tendrá facultad para citar a los funcionares federales que correspondan para informar sobre este tema.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a través de su Dirección General, deberá expedir el Programa Nacional para la Protección de la Niñez en Extrema Vulnerabilidad, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de entrada en vigor de este decreto.

En la ley de la materia se establecerá la asignación presupuestal necesaria para la implantación del Sistema Nacional para la Protección de la Niñez en Extrema Vulnerabilidad.

Por todo lo expuesto, atentamente solicito se le dé el trámite legal que corresponda a la presente iniciativa para que se discuta y, en su caso, se apruebepor el Pleno de la Cámara de Diputadospara posterior trámite en la Cámara de Senadores.

Distrito Federal, a 13 de abril de 2010.— Diputados: Jesús Zambrano Grijalva, Mary Telma Guajardo Villarreal, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Víctor Manuel Castro Cosío, Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, Víctor Alejandro Balderas Vaquera, Carlos Torres Piña, Lizbeth García Coronado, Filemón Navarro Aguilar (rúbricas).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted diputada. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates la iniciativa presentada por usted. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Sonido en la curul de la diputada María de Jesús Aguirre. Con qué objeto, diputada.

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (desde la curul): Diputado presidente, si me hace el favor de preguntarle a la diputada proponente si me permite adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: ¿Diputada Mary Telma Guajardo, acepta usted que la diputada María de Jesús Aguirre y quienes deseen hacerlo se adhieran a su iniciativa?

La diputada Mary Telma Guajardo Villarreal: Claro que sí, con todo gusto. Tenemos que, juntas y juntos, legislar por el bien de la niñez mexicana.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Muchas gracias. Ha sido aceptado. Quienes deseen suscribir la iniciativa por favor pasen a la Secretaría a firmar el documento.

LEY GENERAL DE SALUD - LEY DEL SEGURO SOCIAL

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene ahora la palabra el diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley del Seguro Social.

El diputado Antonio Benítez Lucho:Con su permiso, señor presidente. Distinguidas diputadas y diputados, entre 1985 y 1987 se descentralizó parcialmente el programa IMSS-Coplamar, actualmente IMSS-Oportunidades, mismo que opera en 17 estados, pasando a formar parte de los servicios estatales de salud. Lo anterior en cumplimiento al decreto presidencial del 8 de marzo de 1984.

En el resto de las entidades esta integración orgánica y funcional no se realizó, ocasionando que a la fecha exista una duplicación de jurisdicciones entre dos instituciones que atienden a un mismo grupo de población abierta o no derechohabiente a la seguridad social y a la salud. Existen hospitales y unidades médicas de IMSS-Oportunidades que dependen del Instituto Mexicano del Seguro Social y por el otro lado existen hospitales y centros de salud que dependen de los servicios estatales de salud.

Al existir dos instituciones que atienden a un mismo grupo de población y que ambas funcionan con recursos federales, se genera un dispendio de recursos derivado de la existencia de dos estructuras administrativas para un mismo fin, duplicando las funciones de planeación, dirección y control.

Por todo lo anterior, nos parece necesario legalizar su integración funcional, de modo que contemple la coordinación programática de esta infraestructura en salud, así como su integración orgánica, es decir, la función de una sola organización a cargo de la autoridad más cercana que es de carácter local, esto es, la Secretaría de Salud de los estados.

Al aprobarse este proyecto de decreto se obtendrían los siguientes beneficios para la federación: eficacia y eficiencia al desaparecer una unidad administrativa que requiere de recursos financieros para operar y que además duplica funciones.

Para las instituciones de salud se podrían georreferenciar adecuadamente las localidades hacia la unidad de salud más cercana. se podría incrementar la cobertura de atención a la población. Se mejorará el proceso de crecimiento de la infraestructura en salud, al identificar con precisión áreas o regiones sin acceso a los servicios de salud. Desa-parecen las desigualdades en los universos o áreas geográficas de responsabilidad. Se optimizan recursos en el proceso de distribución de insumos.

Las unidades de salud operan bajo un mismo modelo de atención a la población. Se podrán conformar las redes de servicios de salud conforme lo establece el Modelo Integrado de Atención a la Salud (MIDAS).

Para la población, se mejora la accesibilidad de la población hacia los servicios de salud, abatiendo tiempos de recorrido y riesgo de muerte. se evitarán confusiones y malestar en la población por la falta de coordinación en su atención médica. Sobre todo a los beneficiarios del programa de desarrollo humano, Oportunidades.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo transitorio decimosexto del decreto, por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2003, y se derogan los artículos 214, 215 y 216 y se modifican los artículos 216 A y 217 de la Ley del Seguro Social.

Primero. Se deroga el artículo transitorio decimosexto del decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2003.

Segundo. Se derogan los artículos 214, 215 y 216 y se modifican los artículos 216 A y 217 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 216 A. El Instituto deberá atender a la población no derechohabiente en los casos siguientes: tratándose del programa Vacunación Universal y de promoción de la salud.

Artículo 217. Las prestaciones anteriores de apoyo social serán financiadas por la Federación.

Transitorio. Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Remítase a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

Palacio Legislativo en San Lázaro, abril de 2010. Gracias.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes General de Salud, y del Seguro Social, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Antonio Benítez Lucho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley del Seguro Social, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Entre 1985 y 1987 se descentralizó parcialmente el programa IMSS Coplamar, (actualmente llamado IMSS Oportunidades), mismo que actualmente opera en 17 estados del país, pasando a formar parte de los Servicios Estatales de Salud respectivos. lo anterior en cumplimiento del decreto presidencial del 8 de marzo de 1984.

En el resto de las entidades federativas, esta integración orgánica y funcional no se realizó, ocasionando que a la fecha exista una duplicación de jurisdicciones, entre dos instituciones que atienden a un mismo grupo de población, abierta o no derechohabiente a la seguridad social; es decir, existen hospitales y unidades médicas de IMSS Oportunidades, que dependen del Instituto Mexicano del Seguro Social, y por otro lado existen hospitales y centros de salud que dependen de los Servicios Estatales de Salud.

Al existir dos instituciones que atienden a un mismo grupo de población objetivo, y que ambas funcionan con recursos federales, se genera un dispendio de recursos, derivado de la existencia de dos estructuras administrativas para un mismo fin, duplicando las funciones de planeación, dirección y control.

El Sistema Nacional de Salud plantea una organización funcional por redes de servicios. Una red de servicios para la atención a la salud, es el componente sustantivo central del Modelo Integrador de Servicios de Salud (Midas); cabe mencionar que las UMR de IMSS Oportunidades, funcionan con base en otro modelo denominado, Modelo de Atención Integral a la Salud (MAIS). Ello hace inoperante la conformación de las redes con base al Midas, cuyo objetivo es brindar servicios de salud de calidad, optimizando los recursos disponibles.

Las UMR del IMSS Oportunidades, mantienen en términos generales su mismo universo de trabajo desde que fueron construidas; es decir, atienden únicamente a la población de la localidad sede y la que reside en las localidades llamadas de acción intensiva, que fluctúan entre tres y cinco localidades. La incongruencia radica en que los nuevos asentamientos humanos, que a través de los años conforman localidades ubicadas cerca de la sede de la UMR o bien entre las localidades de acción intensiva, no son atendidas por las UMR.

De acuerdo a lo anterior, no es posible desarrollar una adecuada georreferenciación de las localidades, que facilite y garantice la accesibilidad de la población a los servicios de salud.

El universo de trabajo de los centros de salud en el área rural, se conforma por la población de la localidad sede, así como la de las localidades que se encuentran en un área geográfica de no más de 60 minutos de recorrido, por los medios habituales de la población, desde las localidades hasta la sede del Centro de salud, además de todas las localidades que dejan de atender las UMR.

Lo anterior ocasiona problemas sociales, ya que la población de las localidades no atendidas por la UMR, tienen que hacer grandes recorridos para recibir la atención médica que necesitan en los centros de salud.

En consecuencia, el universo de trabajo de las UMR y de los centros de salud, no es equitativo y genera confusión en la población, misma que exige la atención médica a la que tiene derecho, por disposición constitucional y que no entiende de este tipo de problemas administrativos ni de tecnicismos.

Este problema se acentúa, cuando se tienen que incorporar familias beneficiarias al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, ya que la accesibilidad a los servicios de salud, no siempre es la mejor, teniendo la población que recorrer grandes distancias para acceder a la atención que le proporciona un centro de salud, cuando tienen una UMR Oportunidades más cerca y que supuestamente deberían estar enfocadas a la atención de este tipo de población.

Por todo lo anterior, nos parece necesario realizar legislativamente su integración funcional, de modo que contemple la coordinación programática de esta infraestructura en salud, así como su integración orgánica, es decir, la fusión en una sola organización, a cargo de la autoridad más cercana, que es la de carácter local.

Al aprobarse este proyecto de decreto se obtendrían los siguientes beneficios:

Para la Federación: Eficacia y eficiencia al desaparecer una unidad administrativa que requiere de recursos financieros para operar y que además duplica funciones.

Para la Institución de salud:

• Se podrán georreferenciar adecuadamente las localidades hacia la unidad de salud más cercana.

• Se podrá incrementar la cobertura de atención a la población.

• Se mejorará el proceso de crecimiento de la infraestructura en salud, al identificar con precisión áreas o regiones sin acceso a los servicios de salud.

• Desaparecerán las desigualdades en los universos o áreas geográficas de responsabilidad.

• Se optimizarán recursos en el proceso de distribución de insumos, así como en la supervisión de las unidades médicas.

• Las unidades de salud operarán bajo un mismo modelo de atención a la población.

• Se podrán conformar las redes de servicios de salud, conforme lo establece el Modelo Integrador de Servicios de Salud (Midas)

Para la población:

• Se mejorará la accesibilidad de la población hacia los servicios de salud, abatiendo tiempos de recorrido y riesgo de muerte.

• Se evitarán confusiones y malestar en la población por la falta de coordinación en su atención médica; sobre todo a los beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.

En lo que concierne a la derogación del artículo transitorio décimo sexto del decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2003, se subraya que el mismo, no forma parte de de la Ley General de Salud actualizada al 2009, por lo que carece de valor legal.

Lo anterior propicia un vacío en la Ley General de Salud, en lo que respecta a la existencia y funcionamiento de las unidades de salud del programa IMSS Oportunidades, por lo que nuestra propuesta tiende a subsanar esta contradicción jurídica.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que deroga el artículo transitorio décimo sexto, del decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2003, asimismo, se derogan los artículos 214, 215 y 216 y se modifican los artículos 216-A y 217 de la Ley del Seguro Social.

Artículo Primero. Se deroga el artículo transitorio décimo sexto del decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2003, para quedar como sigue:

...

Décimo Sexto. Derogado.

...

Artículo Segundo.Se derogan los artículos 214, 215 y 216 y se modifican los artículos 216-A y 217 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 214. Derogado.

Artículo 215. Derogado.

Artículo 216. Derogado.

Artículo 216-A. El Instituto deberá atender a la población no derechohabiente en los casos siguientes:

I. ...

II. Tratándose del Programa Vacunación Universal y de promoción de la salud,

.........

Artículo 217. Las prestaciones anteriores de apoyo social, serán financiadas por la Federación.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2010.— Diputado Antonio Benítez Lucho (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, a usted, diputado Benítez Lucho. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Seguridad Social.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibió del diputado Miguel Martínez Peñaloza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Ley General de Salud.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Iniciativa que reforma el artículo 115 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Miguel Martínez Peñaloza, del Grupo Parlamentario del PAN

Miguel Martínez Peñaloza, diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción VI del artículo 115 de la Ley General de Salud al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La obesidad se ha convertido en los últimos años en un problema de salud pública en nuestro país que no reconoce género, edad, condición socioeconómica ni preparación académica.

La obesidad infantil constituye un problema de salud pública que ha alcanzado proporciones de epidemia en distintos países y regiones del mundo.

El crecimiento de la obesidad infantil en México es un problema social alarmante, que puede tener como consecuencia una población futura con enfermedades crónicas y calidad de vida deficiente, lo anterior, debido fundamentalmente, al consumo indiscriminado de alimentos bajos en valores nutritivos, de los llamados coloquialmente “chatarra”, lo cual se ha convertido en un problema serio en los planteles de educación básica en todo el País.

El término comida chatarra se utiliza para referirse a los alimentos que aportan algunos nutrientes, pero además contienen ingredientes que pueden afectar la salud, al ingerirse con frecuencia o en forma regular.

En nuestro país, el 81 por ciento de las cooperativas de las primarias, ofrecen dulces, el 78.8 por ciento botanas industrializadas, el 71.8 por ciento refrescos y el 48 por ciento pastelitos industrializados, en contraste, solo el 50 por ciento vende agua embotellada, 29 por ciento yogurt, 20 por ciento verduras frescas y solo en 19 por ciento leche.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), un niño tiene cuatro veces más posibilidades de encontrar en la cooperativa de su colegio un dulce procesado con diversos químicos que en exceso resultan dañinos para la salud, que un vaso de leche, una fruta o una verdura, priorizando en su oferta productos altamente calóricos que provocan obesidad de forma rápida.

Al salir del colegio, los estudiantes se encuentran con más productos calóricos, pues en las inmediaciones de los centros educativos se venden principalmente botanas industrializadas, dulces y helados, refrescos y pastelitos industrializados, apenas el 36 por ciento de los estudiantes encuentran fuera de sus escuelas un vaso de fruta y solo el 10 por ciento verdura fresca.

Especialistas de la Facultad de Medicina, de la Universidad Autónoma del Estado de México aseguran que las tienditas escolares y comercios ambulantes establecidos al exterior de los planteles fomentan más del 15 por ciento de las calorías diarias que debe consumir un niño.

Al respecto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advierte que la mala alimentación ocasiona que la expectativa de vida de la población se reduzca de 75 a 50 años.

A causa de la obesidad los niños y adolescentes sufren enfermedades cardiovasculares, principalmente hipertensión, elevación del colesterol y de triglicéridos en sangre, dislipidemias y diabetes mellitus trastornos silenciosos que anteriormente eran exclusivos del adulto. La evidencia sugiere que se trata de una enfermedad con origen multifactorial: genético, ambiental, psicológico, entre otros.

Actualmente el 40 por ciento de la población de México, padece obesidad y el 30 por ciento sobrepeso, mientras que el 25 por ciento de los niños y uno de cada tres adolescentes está por encima del peso que sería deseable, según la ultima Encuesta Nacional de Salud.

El porcentaje de ese sector de la población con esos problemas alcanzaría en los próximos años, de continuar la tendencia actual, a 10 millones de niños, y de acuerdo con especialistas nuestro país podría superar a Estados Unidos en índice de sobrepeso y obesidad en niños para el año 2018.

Aproximadamente el ochenta por ciento de los adolescentes obesos en nuestro país lo seguirá siendo el resto de su vida y la edad de aparición en el cincuenta por ciento de los casos de obesidad en niños es antes de los dos años.

En México 4 cuatro millones de niños entre cinco y once años sufren de sobrepeso; 25 de cada 100 jóvenes de entre 16 y 18 años padecen algún grado de obesidad, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo se calcula que para 2025 el 25 por ciento de la población adulta de México será diabética, es decir, una de cada cuatro personas, a causa de su mala alimentación.

Pese a lo anterior, en el país la cultura del cuidado de la salud y la prevención es incipiente, por lo que tiene aún la oportunidad de arraigarse en la población a través de su difusión masiva e inclusión dentro de los contenidos y programas educativos.

Los mexicanos gastan alrededor de 240 mil millones de pesos al año en la compra de comida chatarra, durante un ciclo escolar, los niños gastan más de 20 mil millones de pesos en alimentos insanos, disminuyendo desde hace algunos años en un 30 por ciento el consumo tanto de vegetales como de frutas.

Ante esta problemática, es necesario especificar la obligación del Estado de vigilar y limitar la venta de comida chatarra en las escuelas, dado que su baja calidad nutricional afecta de manera directa o indirecta la salud de los estudiantes.

La autoridad puede sustituir gradualmente la venta de este tipo de productos en los colegios, por alimentos diversos como frutas y verduras de temporada y vigilar la venta de bebidas embotelladas que sean de preferencia elaborados con frutas naturales o bebidas con menos azúcar y sin gas.

No cabe duda de que las escuelas públicas de los niveles educativos básicos son un espacio en el cual acciones preventivas de las autoridades sanitarias y educativas de los tres órdenes de gobierno pueden aplicar con éxito las medidas de control en materia de nutrición y lucha contra la obesidad en los educandos.

La formación de los individuos debe ser integral y la parte del cuidado de la salud es fundamental. La calidad de vida de los niños es lo primero, ya que de que serviría tener niños muy aplicados si estos presentaran diabetes mellitus a los ocho o diez años.

Hoy, la obesidad le esta ganando la batalla a millones de niños, protejamos a las generaciones presentes y futuras de esta enfermedad, como representantes de la Nación es un deber que no podemos posponer.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a su consideración la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona la fracción VI del artículo 115 de la Ley General de Salud

Único. Se reforma la fracción VI del artículo 115 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. Recomendar las dietas y los procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos por la población en general, y proveer en la esfera de su competencia a dicho consumo. Para ello, la Secretaría de Salud vigilará y garantizará, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas y municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, que los alimentos y bebidas que se brinden o expendan en las escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria posean el valor nutricional que coadyuve a una dieta para el óptimo desempeño intelectual, el sano desarrollo y la lucha contra la obesidad de los educandos.

VII. ...

VIII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal tendrá 60 días, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar las adecuaciones reglamentarias y normativas correspondientes conforme a lo establecido en éste.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de abril de 2010.— Diputado Miguel Martínez Peñaloza (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Salud.

ARTICULO 3O. CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra el diputado José Luis Velasco Lino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, diputado Velasco.

El diputado José Luis Velasco Lino:Con su venia, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras, la semana pasada estuve aquí, en esta tribuna, defendiendo la Agencia Espacial Mexicana. Nuevamente me toma el interés de impulsar una reforma en el artículo 3o. constitucional con este tema, ya que en la actualidad la tecnología aparece como una condición esencial de la posibilidad y como característica definidora de nuestra sociedad.

La ciencia y la tecnología están presentes como uno de los hechos configuradores de la realidad presente.

De acuerdo a la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo del Consejo Económico y Social (Ecosoc), de las Naciones Unidas, la tecnología no puede seguir considerándose un tema secundario, separado del desarrollo económico y social. La tecnología es el desarrollo. Es la clave de casi todas las esferas de la vida económica y social.

Las posibilidades que se abren a partir de esta omnipresencia de la tecnología en la vida social son tantas que una nueva ética reclama una protección más global e imaginativa de los derechos de los individuos. Dichos derechos se englobarían en la que podría ser considerada una cuarta generación de los derechos humanos, donde la universalización del acceso a la ciencia y la tecnología juega un papel fundamental.

Hablar de los derechos humanos supone hablar de calidad de vida y del acceso a mayores condiciones para diseñar y realizar nuestra propia vida. El reconocimiento de ellas es algo mucho más digno que la simple existencia biológica. Hoy resulta imposible hablar de calidad de vida sin mencionar a la ciencia y a la tecnología.

El acceso a ésta como un derecho se hace indispensable si tomamos en cuenta que así como en algún momento el género, la preferencia sexual, el color de piel, la edad o los ingresos económicos se han constituido como una variable en el fenómeno de la discriminación, hoy día el acceso a la ciencia y a la tecnología se suma a esta lista. Actualmente, la sociedad está generando este nuevo fenómeno discriminador, por eso debe ser una obligación del Estado generar las condiciones positivas y afirmativas que reviertan esta situación.

Otra de las razones que nos urgen de la universalización del acceso a la ciencia y la tecnología se encuentra, sin duda alguna, en el desarrollo de las naciones. Una de las principales características de las potencias mundiales es el apoyo que otorgan a sus sistemas de ciencia y tecnología, toda vez que actúan directamente en el incremento de las capacidades para la innovación y el progreso tecnológico.

En México, aunque hemos tenido avances importantísimos en el impulso de los estudios de las investigaciones científicas y tecnológicas, particularmente asociadas en la materia espacial al aprobar recientemente la creación de la Agencia Espacial Mexicana, pero no existe un apoyo tan fuerte como en los países del primer mundo.

Aun cuando la Ley de Ciencia y Tecnología en su artículo 9o. Bis obliga al Estado: federación, entidades federativas y municipios a asignar el 1 por ciento del PIB a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, en realidad, en el pasado PEF de 2010 sólo estamos destinando el 0.46 por ciento.

Ante la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología nos comprometimos a fortalecer el artículo 3o. constitucional para que esté presente como punto de partida la nueva realidad de la ciencia y la tecnología en nuestro país.

Por lo expuesto, presento a la consideración de esta representación nacional el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción V del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativas, incluyendo la educación inicial y  la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación.

Todo individuo tiene derecho al acceso a los conocimientos y a los productos científicos y tecnológicos en igualdad de condiciones y oportunidades. El Estado apoyará, promoverá y financiará la investigación científica y el desa-rrollo, adaptación e innovación tecnológica.

La base principal del desarrollo científico y tecnológico serán las universidades, institutos y centros de investigación y educación superior del sector público, no nada más del privado, y estará bajo la dirección de los propios investigadores y técnicos académicos. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Luis Velasco Lino, del Grupo Parlamentario del PRI

José Luis Velasco Lino, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el pleno de esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La ciencia y la tecnología han experimentado desde el pasado milenio un apresurado y creciente desarrollo que ha impactado en todos los aspectos y manifestaciones de la vida, principalmente, a través del proyecto de la ilustración, según el cual la ciencia y la tecnología eran claves en la promoción de la felicidad humana, estado que se conseguía mediante el dominio racional del mundo y de la superación de las carencias que la naturaleza había impuesto al hombre.

En la actualidad, como lo señala el doctor Javier Bustamante Donas, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, la tecnología aparece como condición esencial de posibilidad y como característica definidora de nuestra sociedad. La tecnociencia está presente como uno de los hechos configuradores de la realidad presente.

Así lo afirma también la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo del Consejo Económico y Social (Ecosoc), de las Naciones Unidas, cuando señala que la tecnología no se puede seguir considerando un tema secundario, separado del desarrollo económico y social. La tecnología es el desarrollo. Es la clave de casi todas las esferas de la vida económica y social.

Las posibilidades que se abren a partir de esta omnipresencia de la tecnología en la vida social son tantas, que una nueva ética reclama una protección más global e imaginativa de los derechos de los individuos. Dichos derechos, se englobarían en lo que podría ser considerada una cuarta generación de derechos humanos, en los que la universalización del acceso a la ciencia y la tecnología juega un papel fundamental.

Hablar de derechos humanos supone hablar de calidad de vida y de acceso a mayores condiciones para diseñar y realizar nuestra propia vida, el reconocimiento de ellas es algo mucho más digno que la simple existencia biológica, el día de hoy resulta imposible hablar de calidad de vida sin mencionar a la ciencia y la tecnología.

El acceso a la ciencia y la tecnología como un derecho, se hace indispensable si tomamos en cuenta que así como en algún momento el género, la preferencia sexual, el color de piel, la edad o los ingresos económicos se han constituido como una variable en el fenómeno de la discriminación, hoy en día el acceso a la ciencia y a la tecnología se suma a esta lista. Actualmente, la sociedad está generando este nuevo fenómeno discriminador, por eso debe ser una obligación del Estado generar las condiciones positivas y afirmativas que reviertan esta situación.

La Comisión Interamericana de Telecomunicaciones ha reconocido que la trasferencias de conocimientos tecnológicos es una parte indispensable en la tarea de acelerar el acceso de los países en desarrollo y países con economías en transición a las nuevas tecnologías sobre una base no discriminatoria.

En este sentido, entre las razones que nos urgen a la universalización del acceso a la ciencia y la tecnología se encuentra, sin duda alguna, el desarrollo que ésta otorga a las naciones. Una de las principales características de las potencias mundiales es el apoyo que otorgan a sus sistemas de ciencia y tecnología, toda vez que actúan directamente en el incremento de sus capacidades para la innovación y el progreso tecnológico.

A este respecto, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció, a través de su resolución A/RES/56/182, que el conocimiento de la ciencia y tecnología y de las habilidades prácticas y estructuras institucionales asociadas con el manejo de tecnología, son herramientas esenciales para permitir que los países se beneficien de las oportunidades ofrecidas por la globalización, así como para  erradicar el riesgo de marginalización en el proceso de globalización.

Vemos como ejemplo las cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que nos dicen que, en nuestra región en 2005-2006 de 14 países latinoamericanos analizados, sólo México, Uruguay y Costa Rica tienen un porcentaje superior al 20 por ciento de hogares con computadora; los hogares con acceso a internet en México es de 10 por ciento, Costa rica 10.2 por ciento y Uruguay de 13.7 por ciento, mientras que en países como Estados Unidos, Japón y Dinamarca el promedio de hogares con computadora y acceso a internet se situaba alrededor del 80 por ciento.

Por otra parte, nuestro país ha signado diversos instrumentos internacionales por los cuales ha adquirido compromisos en la materia, entre ellos se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el que los Estados Parte reconocen, entre otros, el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones y se obligan al desarrollo y la difusión de la ciencia, a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora, asimismo, los Estados se comprometen a mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos.

Siendo una obligación internacional adquirida por nuestro país la difusión de la ciencia y dado el importante impacto de la tecnología en el desarrollo y bienestar de los mexicanos se hace indispensable la reforma de nuestro marco legal constitucional para consagrar el acceso a  las  mismas  como un derecho fundamental de los individuos, reconociéndose dentro de los derechos culturales, el carácter de interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación.

Al respecto el filósofo alemán Habermas señalaba: “Un orden jurídico no sólo tiene que garantizar que cada persona sea reconocida en sus derechos por todas las demás personas sino que el reconocimiento recíproco de los derechos de cada uno por todos los demás tiene que descansar en leyes que serán legítimas en la medida en que garanticen iguales libertades a todos, de suerte que ‘la libertad de arbitrio de cada uno sea compatible con la libertad de cada uno de los demás’.”

Un derecho sólo llega a ser verdad cuando se universaliza y se conquista de forma efectiva por todos los individuos en un momento histórico determinado y, a la naturaleza de este momento histórico le corresponde la democratización de la ciencia y la tecnología como un nuevo norte en el camino hacia un concepto de ciudadanía que englobe a todos los seres humanos y garantice su calidad de vida. Una ética que permita fundamentar la necesidad y la oportunidad de la extensión de los derechos humanos de cuarta generación sin distinciones entre pueblos e individuos, es una de las condiciones esenciales para la supervivencia del género humano.

Por lo expuesto, presento a la consideración de esta representación nacional el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona la fracción V el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único.Se reforma y adiciona la fracción V del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos

Artículo 3o. ...

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación inicial y a la educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación.

Todo individuo tiene derecho al acceso al conocimiento y a los productos científicos y tecnológicos en igualdad de condiciones y oportunidades. El Estado apoyará, promoverá y financiará la investigación científica y el desa-rrollo, adaptación e innovación tecnológica.

La base principal del desarrollo científico y tecnológico serán las universidades, institutos y centros de investigación y educación superior del sector público y estará bajo la dirección de los propios investigadores y técnicos académicos.

Transitorios

Único. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2010.— Diputados: José Luis Velasco Lino, Miguel Angel Luna Munguía, Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbricas).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias diputado Velasco Lino. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

ARTICULO 21 CONSTITUCIONAL - LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibió de la diputada Leticia Quezada Conteras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 2 y 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Iniciativa que reforma los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 2 y 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Leticia Quezada Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 2 y 12, fracciones III y IV, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. La presente iniciativa de ley tiene como principal fuente la realidad mexicana, una cruda realidad que acongoja a millones de mexicanos por su recurrente asidero en la violencia y en la muerte.

2. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas. En este marco, la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

3. La falta de seguridad pública ha pasado a ser en los últimos tiempos uno de los temas centrales de preocupación de los ciudadanos y, por tanto, una de las cuestiones a resolver a cargo de las diversas autoridades encargadas de la seguridad pública en los tres ámbitos de gobierno, ya que la seguridad colectiva e individual son fundamentales para la vida humana.

La protección de la seguridad pública es un derecho reconocido en diversos instrumentos jurídicos del ámbito internacional en materia de derechos humanos incorporados al sistema jurídico mexicano como Ley Suprema de toda la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La idea de seguridad públicaestá pues ligada a la protección de la paz pública, de manera tal, que podría concebirse como el conjunto de políticas y acciones coherentes y articuladas, que tienden a garantizar la paz pública a través de la prevención y represión de los delitos y las faltas contra el orden público, mediante un sistema de control penal y de policía administrativa.

4. En una lógica similar, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su artículo 2 determina que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo.

En el contexto de la seguridad pública, el Estado tiene la obligación de desarrollar políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.

5. Bajo tal prescripción de carácter constitucional y legal, no cabe duda de que las Fuerzas Armadas no tienen como misión institucional realizar actividades de seguridad pública.

Relacionado con lo anterior, es categórico lo definido por el artículo 129 de nuestra Carta Magna, mismo que define el campo de actuación de las fuerzas armadas en el país:

Artículo 129.En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.

6. Se reitera, de un análisis de la Ley Orgánica de la Armada de México y de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se puede desprender que las instituciones armadas de la Unión no tienen una misión y funciones relacionadas con la materia de seguridad pública.

7. Desde los inicios de su gestión al frente del Ejecutivo, Felipe Calderón Hinojosa ha recurrido al Ejército como parte de la estrategia para fortalecer las tareas de seguridad pública. Tal circunstancia no es nueva, en anteriores administraciones se ha empleado la misma medida a pesar de los resultados cuestionados.

En la acción militar se ha dado preeminencia a la persecución, detención y sanción a los responsables de los delitos a través de la fuerza y de operativos aparatosos que han amedrentado y generado miedo en la sociedad, sin que el respeto a los derechos humanos signifique una limitación a sus actos.

Lo anterior ha generado una opinión pública negativa hacia las fuerzas armadas en su desempeño en labores de “seguridad pública”, pues su actuación ha quedado al margen de la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución federal.

La misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha afirmado que las fuerzas armadas del país constitucionalmente no tienen la posibilidad de intervenir en tareas de seguridad pública; menos de sustituir la función encomendada a la autoridad civil.

El ombudsman nacional refiere, y con razón: “La intervención directa del ejército en tareas de seguridad pública plantea riesgos como el exceso en el uso de la fuerza, sobre todo porque los militares a diferencia de las policías preventivas, están entrenados en tácticas para la eliminación del enemigo y para situaciones de emergencia, no para la prevención del delito”.

8. En el contexto de los operativos militarizados anticrimen en diversas entidades federativas, el gobierno federal ha desplegado decenas de miles de tropas, encomendándole a las instituciones armadas de la Unión la realización de tareas que legalmente competen a la policía civil. Resulta en nuestros días comunes que miembros del Ejército sean nombrados jefes de las fuerzas policiales federales, estatales y municipales, militarizando de esta forma la seguridad pública.

Human Right Watch sostiene que más de 40 mil miembros de las fuerzas federales, entre militares y policías, han sido desplegados en todo el país desde la llegada de Calderón al poder.

9. Si bien es cierto que el problema del narcotráfico es asunto sensible de carácter nacional, también lo es que la intervención de elementos militares en esta labor no ha demostrado su efectividad en el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada, al contrario, dicha intromisión ha vulnerado los derechos humanos de un sin número de ciudadanos inocentes.

10. En los últimos meses, los recurrentes enfrentamientos entre corporaciones policiales y militares por un lado y por el otro, presuntos sicarios del narcotráfico, evidencian la capacidad de fuego del crimen organizado y las fallas en las estrategias gubernamentales para garantizar la seguridad de ciudadanos y ciudadanas de amplias regiones del país.

11. Es indudable que se debe sancionar a quienes vulnera la ley; sin embargo, en el caso del crimen organizado, la estrategia no debe reducirse al combate militar.

Diversos estudios y voces han indicado que otros factores han de ser atendidos, entre ellos las carencias existentes en los diversos cuerpos policiales; los salarios deficientes; la falta de capacitación adecuada; la alianza entre los grupos de poder a nivel regional, nacional, trasnacional y las organizaciones delictivas; la impunidad como práctica arraigada en amplios sectores de la estructura gubernamental y la corrupción que favorece la actuación al margen de los procedimientos institucionales.

Los delitos deben ser prevenidos o castigados, pero resulta inaceptable que a nombre del Estado se actúe contra el orden jurídico.

12. En los últimos 10 años se han implantado al menos 7 programas para abatir el problema de la inseguridad pública: Cruzada Nacional contra el Crimen y la Delincuencia (agosto de 1998), Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006 (2002), 10 Acciones contra la Delincuencia Organizada, Comprometidas por el Ejecutivo Federal (14 de julio de 2004), Programa Sectorial de Seguridad, Gobernabilidad y Política Exterior 2007-2012 (2007), programas y estrategias nacionales de seguridad, como Plataforma México (el Sistema Único de Información Criminal) y Limpiemos México, en sus tres fases: Centros en Recuperación, Escuelas Segura y Centro de Atención Primaria de Adicciones y Salud Mental (2007 y 2008), Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012 (2008), Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012 (2008) y Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (2008).

Tales programas –a decir de la CNDH– contienen estrategias y acciones específicas similares, nacidas de demandas ciudadanas, pero comparten el destino de haberse quedado a un paso de los objetivos propuestos y limitados en cuanto a resultados cualitativos que permitan a la sociedad mexicana acceder a mejores condiciones de seguridad pública.

13. Si bien tener al Ejército y la Marina en las calles ha generado una situación de contención a la delincuencia en algunas regiones del país, también es necesario reconocer que el protagonismo de las fuerzas armadas ha impedido la consolidación de las soluciones civiles, las cuales tendrían que ser las únicas con cabida en el marco de un estado democrático.

14. La intervención de la milicia durante este sexenio ha sido severamente cuestionada por una parte importante de la sociedad mexicana, debido a que las autoridades militares, al extraerse de sus facultades constitucionales, han infringido el marco constitucional, dañado de manera directa e irreparable a cientos de ciudadanas y ciudadanos mexicanos en su vida, libertad, integridad física y bienes.

Tras asumir el gobierno en diciembre de 2006, Felipe Calderón lanzó a las calles a miles de soldados para luchar contra el crimen y, desde entonces, la cifra de homicidios relacionados con el narcotráfico alcanza más de 18 mil, según estadísticas periodísticas.

“Nueve años de operativos y miles de muertos”,es el título del artículo publicado por el periodista Gustavo Castillo García en el diario de La Jornada del 3 de febrero del 2010, mismo que da cuenta de que sólo “en Juárez se ha cometido en promedio 71 por ciento de los asesinatos de todo Chihuahua en 2008 y 2009, esto es, 4 mil muertes presuntamente vinculadas a la disputa de la rutas de trasiego de drogas hacia Estados Unidos y las zonas de distribución de enervantes en esa ciudad fronteriza”.

15. Insertadas en la llamada “guerra contra en narcotráfico”, los miembros de la milicia han generado un ánimo público de repudio, pues sin seguir protocolos de investigación del delito, han afectado a ciudadanos inocentes, y fracturado de manera diversos principios generales del derecho: debido proceso legal, garantía de audiencia, principio de legalidad, etcétera.

16. En 2006 y 2007, diversos casos consternaron a la opinión pública en los que efectivos militares atentaron contra civiles indefensos: la violación tumultuaria de 13 bailarinas y sexoservidoras en Castaños, Coahuila; la violación y el homicidio de Ernestina Ascencio Rosario, en Veracruz; la agresión de cuatro mujeres adolescentes en Michoacán, que fueron secuestradas, drogadas y violadas por elementos del Ejército Mexicano; la ejecución de la familia Esparza Galaviz, en Sinaloa; y la ejecución de Héctor Adrián Salazar Fernández, en Tamaulipas, quien fue asesinado por elementos del Ejército cuando el conductor ignoró el alto que marcado por un retén militar.

17. En el informe, de fecha 21 de diciembre de 2009, denominado Sin controles, sin castigo, las violaciones del Estado mexicano a los derechos civiles y políticos, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, hace visible que a tres años de iniciado el “combate frontal” contra la delincuencia organizada, la decisión del gobierno de utilizar al Ejército para realizar la labor de la policía ha provocado un estado de excepción de facto y un drástico aumento de violaciones a derechos humanos.

De acuerdo con el informe mencionado, la impunidad en casos graves de violaciones a derechos civiles y políticos, incluidas ejecuciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas, detenciones ilegales, allanamientos y otros abusos cometidos por las fuerzas de seguridad de México continúa siendo la norma. El uso de la jurisdicción militar para investigar delitos contra civiles cometidos por las fuerzas armadas ha servido para impedir que los autores enfrenten la justicia.

18. Por lo que hace al contexto internacional, desde 1999 el Comisión de Derechos Humanos de la ONU manifestó su preocupación por “la creciente intervención de los militares en la sociedad, especialmente en los Estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca donde desarrollan actividades propias de las fuerzas policiales. En este sentido, recomienda que el mantenimiento del orden dentro del territorio del país debe realizarse por medio de las fuerzas de seguridad civiles”.

19. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en diversas oportunidades que la autorización estatal otorgada para que las fuerzas armadas intervengan en cuestiones de seguridad, se da confundiendo los conceptos de seguridad pública y seguridad nacional.

Tal criterio es confirmado por lo expuesto por la CNDH al indicar que el concepto de “seguridad pública” se ha ido modificando o flexibilizando a grado tal de equipararlo al de “seguridad interna o interior”, situación que se traduce en el hecho de elevar un problema que de origen es de la competencia de las fuerzas de seguridad del orden civil. Bajo el parámetro del ejercicio de la mayor fuerza pública, también se evidencien excesos en el uso de dicha fuerza, que desembocan en un alto grado de vulneración a las libertades individuales de los mexicanos generando además de víctimas del delito, víctimas del abuso de poder.

20. Durante la administración de Felipe Calderón, el uso de retenes ha formado parte de los operativos militarizados anticrimen realizados en numerosos estados. Los retenes de este tipo se han convertido frecuentemente en sitios de abusos a derechos humanos, incluyendo ejecuciones arbitrarias. Tan sólo de enero de 2007 al 10 de junio de 2008, al menos 149 casos fueron reportados en los medios de comunicación en los que civiles fueron victimizados en los retenes militares: en la mayoría de los casos los militares dispararon a civiles por no haber detenido los vehículos a tiempo para la inspección, lo cual tuvo consecuencias fatales en varios casos.

21. Lejos de implantar las recomendaciones internacionales, en los últimos tres años la administración federal ha aumentado significativamente el papel de las fuerzas armadas en las labores policiales. Esta militarización de la seguridad pública ha provocado un incremento drástico de las violaciones a derechos humanos, de las cuales no han sido investigadas y juzgadas adecuadamente en gran parte por causa del fuero militar.

22. El gobierno federal intenta justificar la intervención del ejercito en labores de seguridad pública, utilizando únicamente criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ha determinado que es constitucionalmente posible que el ejército, fuerza aérea y armada, en tiempos en que no se haya decretado suspensión de garantías, puedan actuar en apoyo de las autoridades civiles en tareas diversas de seguridad pública.

23. Hoy día, sin embargo, el verdadero papel de las fuerzas armadas supera con creces los límites descritos, pues actúan por ‘por sí y ante sí’, extrayéndos de la autorización expresa, fundada y motivada, de las autoridades civiles, además, sus actuaciones cada vez más se apartan del orden jurídico previsto en la Constitución, en las leyes y en los tratados adoptados por el Estado mexicano.

24. Recientemente la organización internacional Human Rights Watch (HRW) presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) su quinto informe sobre México, en el que acusa al estado de encubrir a militares presuntamente violadores de derechos humanos, pues sólo hay una condena por estos actos.

En el informe, Impunidad uniformada, uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública, HRW da cuenta de que las fuerzas armadas mexicanas han cometido graves violaciones de derechos humanos, como desapariciones forzadas, asesinatos, torturas, violaciones sexuales de mujeres indígenas y detenciones arbitrarias durante operativos de lucha contra la insurgencia y el narcotráfico; en donde muchas de las víctimas en los casos documentados en este informe no tenían ningún vínculo con el tráfico de drogas ni con grupos insurgentes.

25. Aparte de la naturaleza inconstitucional del papel actual del Ejército en las tareas de seguridad pública, los operativos militares se caracterizan por actos que violan los derechos fundamentales de la población civil, como allanamientos sin orden judicial, tortura de civiles detenidos en condiciones irregulares en instalaciones militares y ejecuciones extrajudiciales.

26. Una revisión a las recomendaciones emitidas por la CNDH en los últimos tres años, revela un patrón de detenciones y tortura contra civiles por parte de soldados, en las que frecuentemente las personas son retenidas en condiciones irregulares en instalaciones militares. Entre los métodos de tortura recurrentes documentados por la CNDH están golpes, choques eléctricos en partes sensibles del cuerpo y el uso de bolsas de plástico para sofocar a las víctimas.

Caso real. Detención ilegal y abuso de 36 civiles y violación de cuatro jóvenes

Luego de que un grupo de personas no identificadas atacaron a varios militares y asesinaron a cinco soldados el 1 de mayo de 2007, cientos de soldados se trasladaron a los municipios de Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo en el estado de Michoacán con el fin de encontrar a los agresores. Cometieron decenas de abusos, incluidas detenciones arbitrarias, detenciones ilegales en una base militar, torturas, golpizas, violaciones sexuales e ingreso ilegal a varias viviendas.

Durante los dos días que siguieron a la emboscada, los soldados detuvieron arbitrariamente a 36 personas, entre ellas cinco menores, quienes fueron retenidas en la base militar de la 21 zona militar por un término de hasta 84 horas. Golpearon reiteradamente a los detenidos, les ataron las manos con cinta o cuerdas y, en algunos casos, les cubrieron la cabeza con bolsas de plástico o telas. Uno de los detenidos presentaba quemaduras en la piel, y otro informó que los soldados habían sumergido su cabeza en un recipiente con agua para obligarlo a proporcionar información. Los soldados mantuvieron incomunicados a la mayoría de los detenidos, y cuatro de ellos tuvieron su rostro y ojos cubiertos todo el tiempo.

27. En este contexto, el número de quejas recibidas por la CNDH contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por violaciones a derechos humanos se sextuplicó durante los primeros dos años de la administración de Felipe Calderón, con 1230 quejas presentadas tan sólo en 2008 y un mayor número de quejas reportadas en 2009.

28. El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez ha señalado que entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de julio de 2009, los medios de comunicación monitoreados han reportado más de 200 casos de presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por militares. Dichos casos han sido reportados en los estados de Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, Sinaloa, Nuevo León, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Baja California, estado de México, Morelos, Tabasco, Aguascalientes, Coahuila, Durango, Guanajuato, Querétaro, Sonora, Yucatán, Tlaxcala, San Luis Potosí, Puebla y el Distrito Federal, es decir, en 24 de las 32 entidades federativas de México. Estos reportes incluyen decenas de casos de ataques con armas de fuego, numerosos casos de tortura (incluyendo tortura sexual), detenciones arbitrarias generalizadas, así como ejecuciones y desapariciones forzadas.

29. La milicia en la vida civil también se ha extralimitado y producido violencia de género.

El caso de Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo, Michoacán, sucedidos el 1 de mayo de 2007, ejemplifica una de las formas en las que pueden manejarse los militares en las calles y frente a la población civil, y estoy segura que a los legisladores de todos los partidos políticos les dará un indicador poderoso para su actuar:

Cuatro de las personas que estuvieron detenidas durante más de 20 horas eran jóvenes mujeres de menos de 18 años en su momento, quienes declararon ante los agentes del ministerio público federal que fueron golpeadas reiteradamente, abusadas sexualmente y violadas por los soldados, con el fin de obtener información sobre sus supuestos vínculos con grupos armados y de narcotraficantes. Las jóvenes relataron que los soldados las obligaron a subir a un helicóptero, donde fueron amenazadas y abusadas sexualmente. Una de las jóvenes contó que los soldados les dijeron “pinches derechos humanos ni existen, las vamos aventar al mar y se las van a comer lo tiburones”. Otra relató que la obligaron a subirse la falda y bajarse la ropa interior, mientras los soldados le decían “pinches putas, al fin es lo que les gusta”. Un soldado hizo una estampita de la Virgen María que llevaba una de las jóvenes, la arrugó hasta formar una bolita y la introdujo en su ano. Según la cuarta joven, los soldados le dijeron “ni la virgencita te va salvar”. Cuando llegaron a las instalaciones militares, las obligaron a inhalar una sustancia que las adormeció, y se despertaron con terribles dolores en el cuerpo, especialmente en el abdomen inferior.

Algunas de las jóvenes advirtieron que estaban expulsando espuma por la nariz y la boca, y que un líquido salía de su vagina y les producía picazón.

30. Estadísticas dadas a conocer por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) revelan que en lo que va del gobierno de Felipe Calderón se ha presentado el mayor número de quejas contra militares ante la CNDH.

De acuerdo con las estadísticas dadas a conocer por la Secretaría de la Defensa Nacional, la CNDH le ha formulado 35 recomendaciones: 7 durante 2007, 14 en 2008 y 14 en 2009. Por lo que hace a la personalidad jurídica de los promoventes de las denuncias, en diciembre de 2006 ocho civiles se quejaron; en 2007 fueron 292; en 2008, mil 100, y en lo que va de 2009, 888.

31. Por otra parte, la organización internacional de Amnistía Internacional en su informe del año 2009 da cuenta del aumento de informes sobre la implicación de personal militar en homicidios ilegítimos, uso excesivo de la fuerza, torturas, malos tratos, detenciones arbitrarias y registros ilegales de viviendas.

En su informe denominado México, nuevos informes de violaciones de derechos humanos a manos del Ejército, Amnistía Internacionalexhibe que “las violaciones de derechos humanos por miembros del ejército no son excepcionales, sino frecuentes y, en algunas zonas, habituales”.

En el plano doméstico, la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC, y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC, han documentado diversos casos de violaciones de derechos humanos cometidas por militares y autoridades municipales, justificados por la actual lucha contra el narcotráfico, en la cuales las detenciones ilegales y arbitrarias, las torturas y otros tratos crueles, inhumanos y/o degradantes durante arraigo en cuarteles militares, incomunicación así como ocultamiento de información, falta de una defensa adecuada y un debido proceso legal, son aplicadas de manera sistemática hacia ciertos sectores de la población.

La Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, AC, en su Informe 2009 sobre la militarización del territorio y la criminalización de la protesta social,indica de manera categórica que “las políticas y reformas gubernamentales en materia de seguridad nacional y fortalecimiento del estado de derecho, son totalmente lo opuesto, se utilizan los mecanismos legales y extrajudiciales para violentar de manera legítima los derechos humanos de la población mexicana, las prácticas de autoritarismo y corrupción dejan en total desamparo a quienes intentan ejercer sus derechos humanos y se vulnera la posibilidad de defenderlos; la violencia y desinformación en que está actualmente sometida la sociedad, permiten que se impongan estrategias económicas, sociales y culturales que impiden el desarrollo de las mexicanas y los mexicanos, a favor de intereses extranjeros”.

32. El gobierno de México en su quinto informe periódico, en cumplimiento del artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (el Pacto) presentado a consideración del Comité de Derechos Humanos de la ONU, justifica la intervención de las fuerzas armadas en tareas diversas de seguridad pública, fundándose solamente en los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, situación que denota la falta de un fundamento constitucional claro al respecto.

En esta materia, al concluir su 98 periodo de sesiones, un grupo especializado de la ONU (18 expertos independientes), mostró su inquietud en cuanto al uso del arraigo prolongado, la violación de derechos de las mujeres, la tortura y la seguridad de los periodistas y activistas humanitarios.

33. Por último, tres sucesos recientes confirman la necesidad de acuartelar a los militares: la muertes de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes de posgrado del Tecnológico de Monterrey, mismos que fueron abatidos el día 19 de marzo del año en curso luego de un enfrentamiento entre sicarios y militares; la declaración del doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH, al rendir su informe ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que apunta a la Secretaría de la Defensa Nacional como la dependencia con más quejas por violación a derechos humanos, y finalmente el homicidio de los niños Martín y Bryan Almazán Salazar, de 9 y 5 años de edad respectivamente, quienes perdieron la vida a manos de militares agazapados en un retén militar instalado en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Por todo lo expuesto, se propone reformar el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de insertar una prohibición expresa para que las instituciones armadas de la unión participen en actividades de seguridad pública. El mismo resultado se persigue con las reformas planteadas respecto a los artículos 2 y 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Aprobadas las reformas planteadas, el titular del Poder Ejecutivo Federal deberá reformar a la prontitud necesaria los Decretos por el cual se crea el Cuerpo Especial del Ejército y Fuerza Aérea denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (9 de mayo de 2007), así como el Decreto por el que se reforma el diverso que crea el Cuerpo Especial del Ejército y Fuerza Aérea denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (17 de septiembre de 2007); instrumentos normativos que regulan la participación del ejército en relación con el apoyo a las autoridades civiles en tareas relacionadas con la seguridad pública.

Coincidimos con diversas voces que indican que la seguridad pública debe plantearse como una labor de fortalecimiento del tejido social y, en consecuencia, la policía considerada como una institución que contribuye a la convivencia comunitaria; y que las estrategias de seguridad ciudadana sean fundamentalmente preventivas e integrales.

Apuntado lo anterior, nos manifestemos para que cese la permanencia de las instituciones armadas de la Unión en las tareas de seguridad pública, concluyendo así la militarización de la vida nacional.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 2 y 12, fracciones III y IV, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Artículo Primero. Se reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 21.La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

...

e)Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.

Queda prohibido que cualquier elemento de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina participen en actividades de seguridad pública.

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Artículo Segundo.Se reforma el artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 2.La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito federal, los estados y los municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

...

Queda prohibido que cualquier elemento de las Secretarías de la Defensa Nacional, y de Marina participen en actividades de seguridad pública.

Artículo Tercero.Se reforma el artículo 12, fracciones III y IV, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 12.El Consejo Nacional estará integrado por

I.El presidente de la República, quien lo presidirá;

II.El secretario de Gobernación;

III.Se deroga;

IV.Se deroga;

...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Aprobada la reforma de los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 2 y 12, fracciones III y IV, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el titular del Ejecutivo federal deberá instruir lo necesario para su debido cumplimiento, modificando en consecuencia los decretos por el cual se crea el Cuerpo Especial del Ejército y Fuerza Aérea denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (9 de mayo de 2007) y el que se reforma el diverso que crea el Cuerpo Especial del Ejército y Fuerza Aérea denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (17 de septiembre de 2007).

Notas:

1 Segundo informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la seguridad pública en el país.

2 Seguridad pública. Claudia Gamboa Montejano y Sandra Valdés Robledo, agosto de 2004, Servicio de Investigación y Análisis.

3 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

4 La Ley Orgánica de la Armada de Méxicoestablece que “la Armada de México es una institución militar nacional, de carácter permanente, cuya misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país; teniendo entre sus atribuciones, 1) Organizar, adiestrar, alistar, equipar y operar a las fuerzas que la constituyen para el cumplimiento de su misión y ejercicio de sus funciones; 2) Cooperar en el mantenimiento del orden constitucional del Estado Mexicano; 3) Realizar acciones para salvaguardar la soberanía y defender la integridad del territorio nacional en el mar territorial, zona marítimo-terrestre, islas, cayos, arrecifes, zócalos y plataforma continental; así como en aguas interiores, lacustres y ríos en sus partes navegables, incluyendo los espacios aéreos correspondientes, así como vigilar los derechos de soberanía en la zona económica exclusiva y, 4) Salvaguardar la vida humana en la mar y en las aguas interiores, mediante operaciones de búsqueda, rescate y salvamento en las aguas marinas nacionales e internacionales y en todas aquellas en las que el Mando Supremo lo ordene”.

La Ley Orgánica del Ejercito y Fuerza Aérea Mexicanos, establece que “el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos son instituciones armadas permanentes que tienen las misiones generales de: Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; Garantizar la seguridad interior; Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas; Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas”.

5 “PF remplazará a militares en Ciudad Juárez”, http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/513916.pf-remplazara-a-militares-en- ciudad-juarez.html

Nombran mandos militares en Ciudad Juárez para acabar con guerra de carteles.

http://www.diarioeldia.cl/index.php?option=com_content&task= view&id=16223&Itemid=166

Toman Juárez 2 mil 500 soldados y militares. http://www.cronica.com. mx/nota.php?id_nota=354148

Vienen militares a Seguridad Pública. http://www.sipse.com/noticias/2688-vienen-militares-seguridad-publica.htmlMilit ares asumen policía de Cancún.. http://www.eluniversal.com.mx/notas/646199. html}

Militares y policías serán directores de Seguridad Pública en municipios de Michoacán. http://www.milenio.com/node/307960

Militares asumen el control de dos corporaciones policiacas de Sinaloa. http://www.jornada.unam.mx/2008/05/20/index.php?section=politica&article=01 6n2pol

Otro militar como secretario de Seguridad Pública de Durango. http://www.durangoaldia.com/otro-militar-como-secretario-de-seguridad-publica-d e-durango/2010/01/

6 Segundo informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la seguridad pública en el país.

7 http://www.jornada.unam.mx/2010/02/03/index.php?section=politica&article=00 3n2pol.

Durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón (diciembre de 2000 a diciembre de 2009), mil 326 menores han perdido la vida en la llamada “guerra contra el crimen organizado”. Del total, 600 han fallecido en balaceras entre narcotraficantes o presuntos delincuentes y autoridades; los otros 726, cuyas edades iban de 15 a 17 años, fueron asesinados por ser sicarios o narcomenudistas, revelaron mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, http://pocamadrenews.wordpress. com/2010/03/28/mas-de-1300-menores-muertos-y-mas-de-mil-mujeres-muertos-en-la-g uerra-contra-el-narco/

8 Informe presentado al Comité de Derechos Humanos de la ONU en el marco del quinto informe periódico del Estado mexicano sobre la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en México.

9 Ídem.

10 Véanse, e.g., las siguientes recomendaciones formuladas a la Secretaría de la Defensa Nacional: 73/09, 71/09, 70/09, 66/09, 63/09, 61/09, 59/09, 55/09, 54/09, 53/09, 41/09, 38/09, 34/09, 33/09, 28/09, 18/09, 13/09, 67/08, 60/08, 33/08, 32/08, 31/08, 30/08, 29/08, 39/07 y 38/07, disponibles en www.cndh.org.mx

11 “Impunidad uniformada. Uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública”, Human Rights Watch, a bril de 2009.

12 http://www.jornada.unam.mx/2009/07/24/index.php?section=politica&article=00 8n1pol

13 Publicado en 2009 por Amnistía Internacional. Secretariado Internacional. Peter Benenson House. 1 Easton Street. London WC1X 0DW. Reino Unido. http://amnistia.mx/abusosmilitares/informe.pdf

14 Informe sobre la situación de los derechos humanos en México elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC, presentado ante el Comité de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas en su 98 Periodo de Sesiones, del 8-26 Marzo del 2010, Nueva York.

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CMDPDHMexico98_sp. pdf

15 http://cinoticias.com/2010/02/11/informe-2009-sobre-la-militarizacion-del-terri torio-y-la-criminalizacion-de-la-protesta-social/

16 Quinto informe periódico, en cumplimiento del artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. CCPR/C/MEX/5 24 de septiembre de 2008, http://www.cndh.org.mx/INFORMES/ExamenComitDH/5°INFORMEPERIODICO.pdf

Palacio Legislativo, a 13 de abril de 2010.— Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene ahora la palabra la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar  iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 1o., 2o. A y 3o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Adelante, diputada Guillén.

La diputada Olivia Guillén Padilla:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, un problema que se viene presentando en las finanzas de los municipios del país, básicamente por la equivocada interpretación de los lineamientos que emite el Sistema de Administración Tributaria, es la devolución del impuesto al valor agregado que se genera por la prestación del servicio del suministro de agua para uso doméstico, recursos que se destinan a financiar infraestructura hidráulica.

Hay toda una serie de propuestas que se han manifestado a favor de dotar de recursos a los municipios, reconociendo la relevancia de invertir en materia de sistema de agua potable y alcantarillado y realizar obra hidráulica, contemplado tanto en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, como en el programa Hídrico 2007-2012.

En este sentido se han realizado varias reformas a los artículos 2o. A, 3o. y 5o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, siempre reconociendo que se debe devolver el impuesto del IVA para que los ayuntamientos cuenten con los recursos complementarios derivados del acreditamiento del impuesto al valor agregado, para invertir en el mantenimiento de las redes del suministro de agua de uso doméstico, tan necesarias para eficientar la distribución de este líquido a la población del país.

Sin embargo, los mecanismos y la interpretación de las normas establecidas por el Sistema de Administración Tributaria han hecho complicado el proceso de devolución, y en otros casos no se ha podido tener una respuesta favorable por no contar con el criterio claramente definido para la recuperación del impuesto acreditable del IVA, a pesar de que se tiene la normatividad vigente como única condición para hacerlo el que se destinen exclusivamente a inversión de obra hidráulica.

La ley vigente señala que los actos o actividades a los que se aplica la tasa de 0 por ciento producen los mismos efectos legales que aquéllos en los que se debe pagar el impuesto. Esto significa que por las operaciones sujetas a la tasa de 0 por ciento que no causan IVA, procede el acreditamiento del IVA trasladado y del pago en importaciones, como si se tratase de actos o actividades gravados.

La ley en la materia establece, en el artículo 3o., que los municipios deberán aceptar el traslado a que se refiere el artículo 1o. de la ley, y en su caso pagar el IVA y trasladarlo de acuerdo con los preceptos establecidos.

En este sentido, la ley establece que la federación, el Distrito Federal, los estados, así como sus organismos descentralizados y las instituciones públicas de seguridad social tendrán la obligación de pagar el impuesto únicamente por los actos que realicen, que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos, y sólo podrán acreditar el impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado en las erogaciones o pagado en las importaciones. Que se identifique exclusivamente con las actividades por las que estén obligados al pago del impuesto establecido en esta ley o le sea aplicable la tasa de 0 por ciento. Para el acreditamiento de referencia se deberá cumplir con los requisitos previstos en esta ley.

De lo anterior se deduce que el Sistema de Administración Tributaria debe devolver el IVA sobre las actividades de suministro de agua y no debe negar su devolución con el argumento de falta de claridad en la ley correspondiente, de insuficiencia de documentos o de que quienes realizan las actividades en la materia no son contribuyentes.

Asimismo, el Sistema de Administración Tributaria debe aplicar a cabalidad las reglas de miscelánea vigentes, que regulen la devolución del impuesto al valor agregado a los municipios para que se apliquen exclusivamente a las obras de infraestructura hidráulica, conforme a los lineamientos fiscales que garanticen su aplicación y comprobación correspondiente. Que eviten abusos e inversiones improcedentes que no se establecen expresamente en la ley.

Lo anterior confirma que el espíritu plasmado en las reformas realizadas a la ley en la materia es precisamente el de establecer incentivos fiscales a los organismos municipales o estatales operadores de los servicios de agua para su uso doméstico, consistente en acceder a los saldos del IVA.

Por lo antes expuesto, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Primero. Se adiciona la fracción III del artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Segundo. Se reforma el artículo 2o. A, fracción II, inciso h) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Tercero. Se reforma el artículo 3o., párrafo segundo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Señor presidente, le solicito se inserte íntegro el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 1o., 2o.-A y 3o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Olivia Guillén Padilla, diputada federal a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1o., 2o.-A y 3o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Un grave problema que se viene presentando en las finanzas de los municipios del país, básicamente por la mala interpretación de los lineamientos que emite el Sistema de Administración Tributaria, es la devolución del impuesto al valor agregado que se genera por la prestación del servicio de suministro de agua para uso doméstico, recursos que se destinan a financiar infraestructura hidráulica.

El uso y aprovechamiento doméstico del agua potable en el país enfrenta diversos conflictos técnicos y financieros, desde hace ya varios años, el agua es un recurso cada vez más escaso, la falta de lluvias y escurrimientos motivados por la erosión y el deterioro ambiental, ha llevado al agotamiento de cuencas y mantos acuíferos.

Los organismos que se encargan de extraer, conducir, potabilizar y distribuir el agua para uso doméstico, enfrentan enormes problemas debido a que las tuberías de conducción y redes de distribución en la mayoría de las ciudades son obsoletas y nunca son suficientes, requiriendo permanentemente de grandes cantidades de inversión.

En el presupuesto de 2009 se asignaron 151,325,380 millones de pesos para la Comisión del Agua y para el programa nacional hidráulico 32,814 millones de pesos; para el ejercicio de 2010 se incrementaron en un porcentaje mínimo los recursos de mejoramiento del servicio de agua, a la comisión se le destinaron solo 157.5 millones de pesos y al programa 34,499,168,743 millones de pesos, recursos que permitirán solventar con algunas carencias el mantenimiento del sistema de agua potable en las entidades municipios del país, lo que hace necesario aún mas que se devuelvan algunos recursos, como es el IVA por el cobro de el servicio de agua para el uso domestico, que acrediten los estados y municipios.

Hay toda una serie de propuestas que se han manifestado en sentido positivo para dotar de recursos a los municipios, reconociendo la relevancia de invertir en materia del sistema de agua potable y alcantarillado y realizar obra hidráulica, contemplado tanto en Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, como en el programa Hídrico 2007-20012, por ello es importante la devolución del IVA, de otra forma los organismos operadores de agua potable o los propios de los municipios del país -cuando no existe este organismo descentralizado- se verán obligados a transferir dicho impuesto a los usuarios del servicio, aumentando la tarifa de agua potable para uso doméstico.

En este sentido se han realizado varias reformas al artículo 2-A, 3o. y 5o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, siempre reconociendo que se debe devolver el impuesto del IVA para que los ayuntamientos cuenten con los recursos complementarios derivados del acreditamiento del impuesto al valor agregado, para invertir en el mantenimiento de las redes del suministro de agua de uso doméstico, tan necesarias para eficientar la distribución de este liquido a la población en el país, política nacional que considera las reglas de operación de los programas en materia de infraestructura hidroagrícola y de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a cargo de la Comisión Nacional del Agua.

En la reforma realizada al artículo 1o. se define quienes están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, determinando a las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:

I.Enajenen bienes.

II.Presten servicios independientes.

III.Otorguen el uso o goce temporal de bienes.

IV.Importen bienes o servicios.

Asimismo, se han presentado en el Congreso de la Unión varias iniciativas para que el Ejecutivo federal permita la devolución del IVA, y el mismo Ejecutivo ha reconocido la necesidad de establecer facilidades fiscales para que se les devuelvan los recursos por concepto del IVA, para destinarlos a inversión física hidráulica del sistema de agua potable.

Sin embargo, los mecanismos y la interpretación de las normas establecidos por el Sistema de Administración Tributaria, ha hecho complicado el proceso de devolución y en otros casos, no se ha podido tener una respuesta favorable por no contar con el criterio claramente definido para la recuperación del impuesto acreditable del IVA, a pesar de que se tiene en la normatividad vigente, como única condición para hacerlo el que se destinen exclusivamente a inversión de obra hidráulica.

En las diferentes propuestas de 1995 al 2000 sobre la tasa cero que integraron la reforma de la Ley del Impuesto al Valor Agregado de 2001 y publicadas en el Diario Oficial de la Federación se dispuso lo siguiente: “durante el ejercicio fiscal de 2001 el impuesto al valor agregado sobre el servicio o suministro de agua para uso doméstico que se efectúe en dicho ejercicio, se causará a la tasa del cero por ciento”.

Con la reforma de 2002, que adiciona el inciso h) del artículo 2o.-A, se dispone que el impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

II. La prestación de servicios independientes:

a) a g) ...

h) Los de suministro de agua para uso doméstico.

Asimismo se determina desde esa fecha que “la federación, el Distrito Federal, los estados, los municipios, así como sus organismos descentralizados y las instituciones públicas de seguridad social, tendrán la obligación de pagar el impuesto únicamente por los actos que realicen que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos, y sólo podrán acreditar el impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado en las erogaciones o el pagado en la importación, que se identifique exclusivamente con las actividades por las que estén obligados al pago del impuesto establecido en esta ley o les sea aplicable la tasa del 0%. Para el acreditamiento de referencia se deberán cumplir con los requisitos previstos en esta ley”.

Lo anterior demuestra que la intención del legislador fue el beneficiar al contribuyente a través de un tratamiento fiscal, como lo ha sido el de la tasa del cero por ciento y no el de exención que el Ejecutivo había estado proponiendo anualmente, lo anterior con la clara finalidad de que lo estipulado en la parte final del artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, también le fueran atribuibles a la prestación de servicios para el suministro de agua potable.

Esta modalidad de tasa “0” ofrece al contribuyente ventajas sobre la del régimen de exenciones, ya que se tiene la oportunidad de recuperar y obtener devolución del IVA que se le hubiera trasladado por otros contribuyentes o el que hubiera pagado en importaciones, con lo que el legislador plasmo en la reforma de la norma el espíritu de simplicidad, para que se realizara la devolución del IVA trasladado.

La ley vigente señala que los actos o actividades a los que se aplica la tasa del 0% producen los mismos efectos legales que aquéllos por los que se debe pagar el impuesto. Esto significa que por las operaciones sujetas a la tasa del 0%, que no causen IVA, procede el acreditamiento del IVA trasladado y del pagado en importaciones, como si se tratase de actos o actividades gravados.

La ley en la materia establece en el artículo 3o. que los municipios deberán aceptar el traslado a que se refiere el artículo 1o. de la ley y, en su caso, pagar el IVA y trasladarlo de acuerdo con los preceptos establecidos.

En este sentido la ley establece que “la federación, el Distrito Federal, los estados, así como sus organismos descentralizados y las instituciones públicas de seguridad social, tendrán la obligación de pagar el impuesto únicamente por los actos que realicen que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos, y sólo podrán acreditar el impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado en las erogaciones o el pagado en la importación, que se identifique exclusivamente con las actividades por las que estén obligados al pago del impuesto establecido en esta ley o les sea aplicable la tasa del cero por ciento. Para el acreditamiento de referencia se deberán cumplir con los requisitos previstos en esta ley”

De lo anterior se deduce que el Sistema de Administración Tributaria debe devolver el IVA sobre las actividades de suministro de agua, y no debe negar su devolución con el argumento de falta de claridad en la Ley correspondiente, de insuficiencia de documentos o de que quienes realizan las actividades en la materia no son contribuyentes.

Ello de conformidad con lo que se señala en el último párrafo del artículo 6° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que determina la devolución que se deriva de la prestación del servicio de suministro de agua para uso domestico, en donde se señala lo siguiente:

“Tratándose de los contribuyentes que proporcionen los servicios a que se refiere el inciso h) de la fracción II del artículo 2o.-A de esta ley, cuando en su declaración mensual resulte saldo a favor, dicho saldo se pagará al contribuyente, el cual deberá destinarlo para invertirse en infraestructura hidráulica o al pago de los derechos establecidos en los artículos 222 y 276 de la Ley Federal de Derechos. El contribuyente, mediante aviso, demostrará ante el Servicio de Administración Tributaria la inversión realizada, o en su caso, el pago de los derechos realizados.”

Asimismo, el Sistema de Administración Tributaria debe aplicar a cabalidad las reglas de la miscelánea vigentes que regulan la devolución del impuesto al valor agregado a los municipios, para que se apliquen exclusivamente a obras de infraestructura hidráulica, conforme a los lineamientos fiscales que garanticen su aplicación y comprobación correspondiente, que eviten abusos en inversiones improcedentes que no se establecen expresamente en la ley.

De no hacerlo así, los municipios deberán transferir dicho costo a su presupuesto de operación anual, lo que conlleva por un lado, a no ampliar su red de servicios o en el peor de los casos, hacer más deficientes los mismos o por otro lado, a buscar que el ayuntamiento municipal respectivo, destine una partida de recursos extraordinarios para cubrir la merma presupuestal.

Podemos pensar que los servicios de suministro de agua para uso domestico tiene un tratamiento perfectamente definido en la ley y en los criterios de miscelánea fiscal vigentes, sin que se pueda dar una interpretación errónea o diferente en su aplicación en cuanto a la tasa “0” por ciento, y a la devolución del impuesto al valor agregado por los servicios de agua de uso domestico, para destinarlos a inversión a infraestructura hidráulica.

Por otra parte, con el fin de acentuar en la definición y establecimiento de conceptos claros que no causen confusión para la devolución del impuesto al valor agregado en materia de servicios de agua para uso doméstico podemos concluir con lo siguiente:

a) Resulta necesario precisar el alcance de los preceptos que actualmente contempla el artículo 1o., fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en cuanto al uso o goce temporal de bienes, para ampliar su concepto, en relación con el artículo 2o.-A de la misma ley, que establece la obligación de la federación, estados y municipios de pagar el IVA por los servicios de agua para uso domestico, así como con el artículo 3o. que se refiere a que sólo podrán acreditar el impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado en las erogaciones o el pagado en la importación, que se identifique exclusivamente con las actividades por las que estén obligados al pago del impuesto establecido en esta ley o les sea aplicable la tasa del 0%.

Lo anterior confirma que el espíritu plasmado en las reformas realizadas a la ley en la materia, es precisamente el de establecer incentivos fiscales a los organismos municipales o estatales operadores de los servicios de agua para uso domestico, consistente en acceder a los saldos del IVA.

Por lo expuesto, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Artículo Primero. Se adiciona la fracción III del artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

I. a II. ...

III.Otorguen el uso o goce temporal de bienes y servicios.

IV.Importen bienes o servicios.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 2o.-A, fracción II, inciso h), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2o.-A.El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I. y II. ...

a) a g) ...

h) Los relacionados con la prestación de servicios o suministro de agua para uso doméstico.

Artículo Tercero.Se reforma el artículo 3º, párrafo segundo, de la ley del impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

...

La federación, el Distrito Federal, los estados, los municipios, así como sus organismos descentralizados y las instituciones públicas de seguridad social, tendrán la obligación de pagar el impuesto únicamente por los actos que realicen que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos, salvo que se trate de derechos estatales o municipales por el servicio o suministro de agua potable,y podrán acreditar todoel impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado en las erogaciones o el pagado en la importación, que se identifique exclusivamente con las actividades por las que estén obligados al pago del impuesto establecido en esta Ley o les sea aplicable la tasa del 0%. Para el acreditamiento de referencia se deberán cumplir con los requisitos previstos en el artículo 4o. y en las fracciones II, III y IV del artículo 5o. y demás aplicables de esta Ley.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 6 de abril de 2010.— Diputada Olivia Guillén Padilla (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputada. Como lo solicita, insértese íntegro el texto de su iniciativa en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY GENERAL DE TURISMO

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene ahora la palabra el diputado Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo. Adelante, diputado Ríos Piter.

El diputado Armando Ríos Piter:Con su permiso, señor presidente. La presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo es parte de un circuito de iniciativas que habrán de ser presentadas y que tienen que ver con una modificación importante y trascendente de un tema que nos debe interesar a todos los mexicanos, que sin duda alguna significa una de las vertientes más importantes del futuro desarrollo del país.

El turismo ha sido y sin duda alguna está convocado a ser la principal fuente de desarrollo nacional. Así es como considera esta iniciativa que debe ser vista.

Ante la caída de los ingresos petroleros, ante una situación donde depender de las remesas de los Estados Unidos cada vez se vuelve mucho más inestable, es importante que empecemos a apuntalar variables de desarrollo donde el mercado interno sea la punta de lanza para poder garantizar una mejora en los ingresos de las familias de nuestros conciudadanos.

El turismo para nosotros significa una de las principales vertientes, en donde a nivel regional pueden generarse mejores condiciones de distribución del ingreso. Desafortunadamente el actual modelo de desarrollo que hemos criticado desde esta tribuna no ha logrado apuntalar una verdadera distribución de los ingresos de los mexicanos.

Y es en el turismo en donde con nuevas áreas de potencial podemos encontrar precisamente que las comunidades, especialmente aquellas localidades que son caracterizadas por una gran marginación, pueden aportar con su riqueza, con su belleza natural, con los ecosistemas que la definen, una nueva aportación que permita dentro del mercado no solamente nacional sino dentro de los nuevos circuitos de demanda internacional por servicios turísticos, nuevas fuentes de aprovechamiento.

Por eso, esta iniciativa que busca complementar una iniciativa que estará siendo presentada para consolidar una Secretaría de Turismo y Fomento para la Competitividad Económica, lo que quiere es hacer sinergias con otros ámbitos del desarrollo, especialmente con la parte medioambiental y educativa, donde a través del ecoturismo y el turismo ecológico, a través del turismo de aventura, a través del turismo rural y el turismo cultural podemos involucrar cada vez a más localidades y salirnos de esa dinámica del turismo tradicional.

Esta iniciativa lo que quiere y lo que busca es, como lo decía yo, generar sinergias con el sector medioambiental, en el cual podamos tener un sano equilibrio, en donde hoy reconozcamos que prácticamente el 80 por ciento del macizo boscoso y selvático del país está en manos de esas localidades que hoy son definidas por la pobreza alimentaria.

Desafortunadamente hoy, si vamos a la parte de Puebla, o si bajamos a la parte de Guerrero, o estamos en la parte de Baja California, encontramos que son esas localidades rurales las que desafortunadamente presentan los peores lugares de desarrollo. Esto es una grave contradicción si nos ponemos a ver que el macizo boscoso, por decirlo así, o si la generación de agua, la generación de riqueza de flora y fauna está en manos precisamente de esas localidades.

¿Cómo podemos hacer que un modelo genere distribución del ingreso? Estamos convencidos, y es precisamente hacia lo que apunta esta iniciativa, que tenemos que involucrar a las localidades y a las comunidades en esos nuevos tipos de desarrollo. Que logremos no solamente trasladar el pago de servicios ambientales por la generación de agua, sino que hagamos sinergias precisamente para que el ecoturismo y turismo rural puedan aprovechar sinergias positivas con esos ámbitos, tal vez donde ya hay turismo, el que es el turismo tradicional.

Así, definir circuitos donde posiblemente desde Los Cabos podamos ir a la parte alta de Baja California e involucrar a las localidades. Donde en la parte poblana podamos llevar a la gente a que conozca la belleza y riqueza de una ciudad milenaria, una ciudad con la tradición cultural que tiene cultural Puebla. Pero también que puedan ir a la parte cafetalera y aprovechar en esa dinámica las sinergias positivas que se pueden tener con este tipo de desarrollo turístico.

Hoy se está cerrando el Tianguis Turístico en el puerto de Acapulco. Hoy se están celebrando alrededor de 17 mil encuentros para generar acciones positivas. Queremos que crezcan, queremos que sean 30 mil, 60 mil, 100 mil encuentros de negocios con todos los países del orbe para que vuelvan a venir a México y para que encuentren en su riqueza natural una nueva alternativa de desarrollo, pero sobre todo que esta iniciativa, y es a lo que apunta el Partido de la Revolución Democrática, involucre a los que menos tienen a través de estas nuevas fuentes de crecimiento y desarrollo turístico. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito Armando Ríos Piter, diputado integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el pleno de esta honorable soberanía para su consideración iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismoal tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México tenemos paisajes inigualables a nivel internacional, una cultura vasta, llena de vida e historia, gran riqueza en nuestros entornos naturales,  tradiciones y costumbres que solo nuestro país puede brindar, pero sobre todo tenemos esa gran calidez humana del pueblo mexicano, que hacen sentir como en casa, a toda persona que viene a visitarnos.

De forma paralela es claro que necesitamos otras opciones, para reactivar la economía en las diferentes entidades federativas del país. Debemos estar a la vanguardia mundial para ser competitivos y no quedarnos atrás, evolucionar nuestra forma de generar recursos, especialmente, en el ámbito turístico, que permita traducir acciones concretas, en empleo, educación, infraestructura, mayor capacidad adquisitiva y una mejor calidad de vida para las familias mexicanas.

Hoy en día, tenemos que ser competitivos con lo que esta sucediendo a nivel mundial en el ámbito turístico, sobre todo en las nuevas formas de generar recursos que reflejen equilibrios entre oferta y demanda. En la actualidad, los turistas ya no buscan solamente sol, arena y mar, buscan aventura, tranquilidad, contacto con la naturaleza, aprendizaje, historia, costumbres, y demás, que en México con sus bosques, litorales, tradición cultural, riqueza histórica, diversidad animal y vegetal, entre muchas otras, podemos brindar sin problema alguno. Este tipo de turismo se conoce como turismo alternativo, el cual se diversifica en sus modalidades de: ecoturismo o turismo ecológico, turismo de aventura, turismo rural y turismo cultural.

La presente iniciativa define los conceptos de cada tipo de turismo en la adición al artículo 17 bis, mismos que se proponen en la presente, quedando de la siguiente forma:

I. El ecoturismo o turismo ecológico. Es aquel que tiene como valor específico disfrutar, educar, crear conciencia y valorar, los elementos naturales, identificando las cualidades especificas de los ecosistemas y minimizando los impactos ambientales que la actividad turística genera.

II. El turismo de aventura. Es aquel que tiene como finalidad ofrecer al turista una gama diversificada de eventos que implican cierto nivel de riesgo físico y que en su mayoría se desarrollan dentro de espacios naturales.

III. El turismo rural. Es aquel en donde el turista se involucra en actividades de la vida cotidiana de las comunidades agrarias, ejidales y pueblos indígenas, que le permiten conocer y participar en las tradiciones productivas y autóctonas con debido respeto a sus usos, costumbres y forma de vida; y

IV. El turismo cultural. Es aquel que ofrece visitas guiadas a la amplia gama de sitios históricos y arqueológicos del País, con recorridos dirigidos por guías de turistas especializados e investigadores encargados del estudio y protección de dichos lugares.

No podemos darnos el lujo de estar perdiendo competitividad en el sector turístico en México, sobre todo porque no hemos agotado nuestros recursos turísticos con las posibilidades que ofrece una nueva visión de servicios, como lo es el turismo alternativo. Existe una importante área de oportunidad toda vez que todos  los Estados pueden aprovechar esta modalidad para explotarla de manera responsable. Detonar el turismo alternativo no se trata de degradar o destruir nuestros entornos, sino por el contrario, de procurar todas aquellas zonas y reservas que tenemos, generándose una educación ambiental mucho más amplia, teniendo como objetivo principal el de fortalecer los aspectos naturales y culturales con los que cuentan las comunidades del país.

Para ello es necesario establecer dentro de nuestra legislación federal, en este caso en la Ley General de Turismo, el tema del turismo como una visión sustentable de desarrollo económico, estableciendo las facultades del Estado mexicano para  implementar y promocionar el desarrollo de este tipo de turismo. En muchas comunidades, sobre todo en las de mayor marginación existe poca o nula informacion sobre las potencialidades de este subsector económico, así como su articulación con otros sectores y ámbitos de desarrollo por lo que, además de establecerlo en nuestras ordenanzas legales, sera también necesario, deinir por parte de las autoridades competentes,  como se puede instaurar este turismo en México, aprovechar el entorno de cada pueblo, su diversidad ecológica, étnica y cultural.

Diferentes puntos de vista internacionales y locales, han  definido al turismo alternativo como un turismo que da énfasis al contacto y entendimiento entre las comunidades receptoras y el turista, así como con el medio ambiente; del mismo modo, como un turismo que es consistente con los valores naturales, sociales y comunitarios, que propicia una relación positiva entre locales y turistas.

El turismo alternativo es una nueva opción, dentro de nuestras actividades económicas y laborales. Es un tema noble que podemos aprovechar al máximo, pues contribuye al equilibrio de sustentabilidad y conservación del medio ambiente. La presente iniciativa faculta de forma organizada al gobierno, a las comunidades agrarias, ejidos y pueblos indígenas, a la sociedad civil, empresas privadas entre otras, para que todos contribuyan a la conservación de nuestra naturaleza, cultura y tradiciones, al mismo tiempo que se generan recursos económicos por parte de las comunidades. Con el turismo alternativo la protección del medio ambiente se convierte de manera automática en pilar del desarrollo turístico. Se busca corregir la expansión masiva y desarticuladacde algunos centros turísticos y sus impactos negativos sobre el medio ambiente, se vincula de manera importante con otros sectores como la agricultura, educación, tradición y demás de la economía local, destaca la importancia que reviste la participación del pueblo, en el desarrollo del turismo, toda vez que, además de contribuir al desa-rrollo económico, mejora el nivel de vida de los habitantes de las comunidades rurales e indígenas.

El gobierno tiene la obligación de promover la protección del medio ambiente y el desarrollo económico sustentable. Por ello debe buscar una mejor coordinación entre los sectores y subrayar la necesidad de una mayor conciencia frente a los estragos que ha tenido nuestro planeta por la deforestación, la contaminación del aire, los ríos y los mares, la pérdida de nuestros hábitat, la falta de respeto por nuestras especies animales y vegetales así como la tala inmoderada. Por ello, no podemos pasar por alto la necesidad de una educación ambiental y la generación de nuevas actitudes sociales y culturales con respecto al medio ambiente, sobre todo en este tema que nos puede generar riqueza, una nueva forma de hacer turismo.

El turismo alternativo nace como contraparte del turismo tradicional, desarrollado en grandes conglomerados y resorts turísticos. Es uno de los segmentos que presentan mayor tasa de crecimiento anual en el mercado mundial de viajes, debido al interés creciente del viajero de interactuar, conocer y apreciar la naturaleza y la cultura de sus anfitriones, siendo estos los valores más importantes que en la actualidad buscan los turistas. El turismo alternativo ha cobrado cada vez más importancia, tanto por su enorme potencial económico para los ciudadanos locales, como por sus implicaciones ambientales, especialmente por su potencial para conservar el entorno natural si se planifica, desa-rrolla y gestiona debidamente.

Existen países como Brasil, Bulgaria, Costa Rica, Kenia, Madagascar, Nepal, Mongolia, España, Ecuador, entre otros, donde el turismo alternativo sostiene una parte significativa de los ingresos de divisas del rubro turístico.

México encaja perfectamente dentro de la oferta turística alternativa, los Estados de la Republica tienen lugares maravillosos donde se puede incursionar en este tipo de turismo y practicar actividades diversas como: nadar en balnearios naturales, la observación y preservación de fauna y flora, la observación de fenómenos y atractivos naturales, esquí acuático, buceo, caminata, rappel, escalada, cabalgata, espelismo, ciclismo de montaña, camping, kayak, pesca, paracaidismo, globo,  ecoarqueologia, fotografía rural, vivencias místicas, etnoturismo, entre otras más.

Adicionalmente el turismo alternativo que regula la presente iniciativa, ofrece grandes oportunidades para la distribuion del ingreso hcia zonas con enorme potencial y que paradógicamente viven la pobreza.

La presente propuesta solicita a través de un transitorio al Ejecutivo federal el decretar el nuevo Reglamento de la Ley General de Turismo y abrogar el Reglamento de la Ley Federal de Turismo, ya que la Ley Federal de Turismo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1992, fue abrogada el 17 de Junio del 2009, por lo tanto, se requiere un reglamento expedido por el ejecutivo sea acorde con la Ley General de Turismo actual, y sobre todo a las reformas que van suscitando en esta honorable soberanía.

Por lo anteriormente expuesto someto al pleno de esta soberanía, la siguientepropuesta de iniciativa de

Decreto por el que se reforman y adicionan  diversas disposiciones a la Ley General de Turismo

Artículo Primero. Se reforma el artículo 2 fracción XV, para quedar como sigue:

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto.

I. a XIV. ...

XV. Fomentar y desarrollar acciones para diversificar la actividad turística mediante el conocimiento, la protección y el fortalecimiento del patrimonio natural, histórico y cultural de cada región del país, todas las modalidades turísticas se considerarán como un factor de desarrollo local integrado, apoyando el aprovechamiento de las actividades propias de las comunidades.

Artículo Segundo.Se adiciona el articulo 3 con una fracción XIV, el articulo 4 con una fracción XIV, y un capitulo IV, recapitulándose los siguientes consecutivamente, al titulo tercero denominado Turismo Alternativo con los artículos 17 Bis, 17 Ter, 17 Quarter, 17 Quiquies, 17 Sexies, el articulo 44 con una fracción XVII y 45 con las fracciones VII y VIII, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. a XIII. ...

XIV. Turismo alternativo: Es aquel turismo que tiene como fin realizar actividades recreativas en contacto con la naturaleza y las expresiones culturales, de comunidades rurales, indígenas y urbanas, con la actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la preservación de los elementos y recursos naturales y culturales.

El turismo alternativo incluye dentro de sus modalidades al turismo de aventura, el turismo ecológico o ecoturismo, el turismo rural y el turismo cultural.

Artículo 4. Son atribuciones del Poder Ejecutivo federal, que se ejercerán a través de la secretaría:

I. a XIII. ...

XIV. Promocionar y fomentar  el turismo alternativo del país.

Capítulo IVDel Turismo Alternativo

Artículo 17 Bis. Son modalidades específicas del turismo alternativo:

I. El ecoturismo o turismo ecológico. Es aquel que tiene como valor específico educar, concientizar y valorar, los elementos naturales, respetando las capacidades de carga de los ecosistemas y minimizando los impactos ambientales que la actividad turística genera.

II. El turismo de aventura. Es aquel que tiene como finalidad ofrecer al turista una gama diversificada de eventos que implican cierto nivel de riesgo físico y que en su mayoría se desarrollan dentro de espacios naturales.

III. El turismo rural. Es aquel en donde el turista participa en actividades de la vida cotidiana de las comunidades agrarias, ejidales y pueblos indígenas, que le permiten conocer y participar en las tradiciones autóctonas con debido respeto a sus usos, costumbres y forma de vida; y

IV. El turismo cultural. Es aquel que ofrece visitas guiadas a la amplia gama de sitios históricos y arqueológicos del País, con recorridos dirigidos por guías de turistas especializados e investigadores encargados del estudio y protección de dichos lugares.

Artículo 17 Ter. La Secretaria a través del fondo fomentará el desarrollo y promoción del turismo alternativo mediante un fideicomiso para el fomento y desarrollo del turismo alternativo, el cual funcionará y ejercerá sus recursos de manera bipartita, federación y estados, en coordinación con el Consejo Consultivo de Turismo y sus homólogos estatales, conforme al programa sectorial de turismo, acciones y convenios que sobre la materia formulen.

El comité de los fideicomisos estatales será presidido por el ejecutivo estatal, a través del área responsable del sector turístico y los delegados estatales o representantes de las dependencias federales que integran el comité técnico del fondo.

La secretaría también podrá coordinarse con organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales para los fines antes señalados.

Artículo 17 Quarter. La Secretaría coordinará el desarrollo y promoción del turismo alternativo, con base a los siguientes principios y atribuciones:

I. Formular, aplicar y evaluar el turismo alternativo dentro del Programa Sectorial de Turismo;

II. Difundir métodos y técnicas de planificación, gestión, reglamentación y seguimiento del turismo alternativo que garantice la sustentabilidad a largo plazo;

III. Incorporar y reconocer la cultura de las comunidades agrarias, ejidos y poblaciones indígenas en el desarrollo de productos y servicios de turismo alternativo, en su forma de organización y manejo, en la formulación de políticas, en la planificación y en la promoción;

IV. Promover la capacidad del turismo alternativo para contribuir al desarrollo sustentable y a la conservación del patrimonio natural, cultural, arqueológico e histórico del país;

V. Elaborar y difundir estudios sobre turismo alternativo;

VI. Los demás que establezcan la ley y demás ordenamientos legales aplicables.

Artículo 17 Quinquies. La Secretaría promoverá la constitución y operación de empresas con miembros de las comunidades agrarias, ejidos y pueblos indígenas, que tengan por objeto la prestación de servicios de turismo alternativo.

Cuando la prestación de servicios y actividades de turismo alternativo se pretendan desarrollar dentro de las áreas naturales protegidas o las áreas de valor ambiental, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales será la encargada de otorgar los permisos correspondientes.

En todos lo casos, la Secretaría del Medio Ambiente definirá las áreas potenciales para el desarrollo del turismo alternativo en suelo de conservación, a las cuales se sujetará la aprobación del permiso correspondiente.

Artículo 17 Sexies. La vigilancia y control que realice la Secretaría sobre las actividades de turismo alternativo, se sujetarán exclusivamente a la operación y calidad de la prestación del servicio, a la protección del turista y a los demás factores que se refiere la presente ley.

Artículo 44. El fondo tendrá las siguientes funciones:

I. a XVI. ...

XVII. La creación de un fideicomiso para el fomento y desarrollo del turismo alternativo, el cual funcionara y ejercerá sus recursos de manera bipartita, federación y estados en coordinación con el Consejo Consultivo de Turismo y sus homólogos estatales, conforme al programa sectorial de turismo, acciones y convenios que sobre la materia formulen.

Artículo 45. El fondo tendrá un Comité Técnico que estará integrado por representantes de cada una de las siguientes dependencias y entidades:

I. a VI. ...

VII. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

VIII. Secretaría de la Reforma Agraria.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Ejecutivo federal en un plazo no mayor a 90 días deberá decretar el nuevo Reglamento de la Ley General de Turismo y abrogar el Reglamento de la Ley Federal de Turismo del 17 de junio del 2009, con la regulación a las reformas y adiciones concernientes de la presente iniciativa.

Tercero.Las dependencias competentes deberán expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan las especificaciones para el desarrollo y funcionamiento del turismo ecológico, el turismo de aventura, el turismo rural, y el turismo cultural, en un plazo no mayor a ciento noventa días a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2010.— Diputados: Armando Ríos Piter, Emilio Serrano Jiménez, José Adán Ignacio Rubí Salazar, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, Georgina Trujillo Zentella, Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbricas).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Armando Ríos Piter. Túrnese a la Comisión de Turismo.

El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Dígame, diputado Verver.

El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez(desde la curul): Presidente, preguntar si me permite el diputado Armando Ríos Piter adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: ¿Está de acuerdo en que se adhiera a su iniciativa el diputado Verver? Y veo también al diputado Rubí, diputado Emilio, Arellano.

El diputado Armando Ríos Piter:Encantado, señor diputado.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Está de acuerdo, diputados. Quienes deseen adherirse a su iniciativa pueden pasar a suscribirla a la Secretaría.

Honorable asamblea, nos visitan el día de hoy estudiantes del municipio de Cuernavaca, Morelos, que han sido invitados por el diputado Carlos Bello Otero. Sean ustedes bienvenidos.

Están presentes también ciudadanos invitados, procedentes también de Morelos, invitados por el diputado Jesús Giles Sánchez, a quienes también damos la bienvenida.

Y finalmente también damos la bienvenida a ciudadanos de Oaxaca, invitados del licenciado Abraham Emiliano Arellano, que nos hacen el favor de visitarnos también el día de hoy. Todos ustedes sean bienvenidos.

ARTICULOS 35, 40 Y 73 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene ahora la palabra el diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 35, 40 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, diputado Santana.

El diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputado presidente, con su venia. Compañeros diputados y compañeras diputadas, en sesiones pasadas hemos recibido una serie de iniciativas de reformas a la Constitución, pero incluso también iniciativas de carácter secundario que crean ya leyes en materia de plebiscito, de referéndum, de revocación de mandato, de presupuesto participativo, incluso de una contraloría ciudadana.

El tema aquí, compañeros y compañeras legisladores, es que no hemos avanzando en la parte sustancial para darle forma legal y crear un marco legal congruente con la democracia participativa en nuestro país.

Me refiero a lo siguiente. Si no reformamos la Constitución, si no damos o creamos los cimientos fundamentales para efecto de crear una verdadera democracia participativa, entonces seguiremos igual, entonces seguiremos como estamos.

Es el caso que en la Comisión de Participación Ciudadana y debido a los antecedentes que les estoy comentando, hemos creado una serie de mesas de trabajo, una serie de reuniones con especialistas en la materia, incluso, el día de hoy está terminándose un foro de carácter internacional, con especialistas en la materia de los países más avanzados del mundo, en materia de democracia participativa.

Países como Francia, como Estados Unidos de Norteamérica, como Canadá, etcétera, han venido a darnos sus experiencias y a aportarnos una serie de datos que creemos, nosotros, son fundamentales para implementar una verdadera democracia participativa en nuestro país.

Por eso el día de hoy acudo ante esta la más alta tribuna de la nación, para hacer una propuesta de reformas a la Carta Magna y poderle dar este sustento constitucional a la materia de democracia participativa.

Por ello, compañeras y compañeros legisladores, estoy proponiendo reformas y adiciones en materia constitucional a los artículos 35, 40 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La propuesta va encaminada a adicionar una fracción VI al artículo 35 de la Constitución Política, para quedar como sigue:

Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano.

VI. Ejercer los mecanismos de participación ciudadana en los asuntos que la ley respectiva así lo determine.

Segundo. Se reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como se indica:

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, participativa y federal compuesta de estados libres y soberanos en todo lo que concierne a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Tercero. Se adiciona una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como se indica.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad... Fracción XXIX-P: para legislar en materia de participación ciudadana.

Compañeras y compañeros legisladores, es hora de otorgarle a nuestro país, pero sobre todo a las organizaciones de la sociedad civil que han venido manifestándose en los diversos rubros, porque la democracia participativa es transversal para resolver los grandes problemas de nuestro país. Es necesario que ya demos este paso y que dejemos cimentadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las bases, para entonces sí pasar a la creación de una serie de leyes secundarias, incluso, porqué no pensar en una ley general o una ley federal en materia de participación ciudadana, como ya en algunos estados de la República y en el Distrito Federal se encuentran normando este rubro, pero que no se cuenta con el sustento constitucional deseable y que esté acorde para ellos.

Por eso solicito a todos ustedes su apoyo y participación, para que de una vez por todas pasemos y demos ese gran paso a una reforma constitucional que nos permita legislar en materia de democracia participativa. Es cuanto, diputado presidente. Solicito se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates.

«Iniciativa que reforma los artículos 35, 40 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Arturo Santana Alfaro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforman los artículos 35, 40 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de fortalecer el derecho a la participación ciudadana, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

De ello, se aprecia que aún y cuando el pueblo tiene en todo tiempo el derecho de modificar su forma de gobierno, en la Carta Magna no existen los instrumentos legales mediante los que la población puede hacer valer este derecho. Reconocer este derecho y legislar en materia de Participación Ciudadana, es participar en la tarea fundamental de la reforma del Estado, es así, como adquiere sentido pensar en el principio de la participación ciudadana.

La participación ciudadana en México tal y como se concibe  con la presencia  activa y determinante de los ciudadanos en la vida pública que debe imperar en toda sociedad moderna no está permeando nuestra Nación, ya que en la actualidad no contamos con medios a través de los cuales la sociedad pueda intervenir en los asuntos que le son de importancia.

La intervención de la sociedad hoy por hoy se da a través de los representantes populares, ya que somos fiduciarios del voto de confianza de la ciudadanía y una de las tareas fundamentales que tenemos a cargo es la de contribuir al cumplimiento de las condiciones necesarias que deben privar para que los ciudadanos sean parte integral de las decisiones que les afectan.

La importancia de la democracia dentro de la vida política de la nación es fundamental, sin embargo, y como ya quedo establecido, actualmente la Carta Magna solamente reconoce la llamada democracia representativa, en la cual la participación de la ciudadanía se limita a elegir a aquellas personas que los representarán en las instituciones; por tanto, la Carta Magna no establece esquemas que abran paso a una democracia participativa, en la que el ciudadano no sólo se limite a elegir a las personas que nos representaran, sino lo que se busca es que participen directamente en el ejercicio del poder y en la toma de decisiones trascendentales para el país, mismas que pudieran afectar su vida cotidiana.

Por ello y con la finalidad de reafirmar la igualdad de los hombres en las organizaciones políticas, sociales y económicas, se torna necesario establecer en nuestra máxima legislación los canales necesarios para que construyamos una democracia participativa como forma de gobierno, la cual ratificaría derechos civiles y políticos, que giran en torno a la libertad, la igualdad y la Participación Ciudadana, proclamándose como derechos individuales que tienen como finalidad salvaguardar la Democracia y la libertad de expresión.

La participación ciudadana es ineludiblemente el principio fundamental de libertad de expresión, así como de la libertad de asociación, puntos clave de la democracia participativa, garantías que como manda la Constitución, no podrán restringirse ni suspenderse.

La presente iniciativa es producto de las demandas de la ciudadanía, demandas congruentes con el conjunto de derechos y prerrogativas del ciudadano, es la condición necesaria para que los individuos puedan participar en la vida pública.

El objetivo primordial de la presente iniciativa es que la sociedad se convierta en un órgano de apoyo para el gobierno, para que a través del establecimiento de dicha prerrogativa a favor de los ciudadanos, se actúe en conjunto; en otras palabras, lograr que la democracia participativa y la representativa se complementen mutuamente, respetando ambas la libertad y el pluralismo.

El principio fundamental de la participación ciudadana para todos y cada uno de los mexicanos debe quedar plasmado en nuestra ley de leyes, derivada de la relevancia que tiene la democracia participativa como instrumento de transformación y equidad social.

Lo anterior, no significa delegar al pueblo la responsabilidad del gobierno, sino por el contrario lo que se pretende es la ampliación de los canales de participación para que los ciudadanos intervengan activamente en la toma de decisiones que los afectan, lo que hasta este momento no es percibido y por lo tanto no es aplicado por el legislador, lo que se pretende con la presente iniciativa es darle un cauce constitucional a los procedimientos de participación ciudadana como lo son el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular la revocación de mandato, todos estos mecanismos deben de estar reconocidos en la ley general de la materia, no nos debemos quedar a medio camino reconociendo únicamente aquellos mecanismos que solo nos convengan como autoridad, debemos integrar a toda la población dotándolos de todos los mecanismos que deben tener a su alcance para hacer valer su voz.

Al dejar fuera la colaboración de la ciudadanía, México no puede autoproclamarse como un Estado democrático si no reconoce constitucionalmente los mecanismos de participación ciudadana con los que debe contar la población, ya que esta es la  única forma  en que la toma de decisiones responda a la voluntad colectiva del pueblo.

En conclusión, para que un país otorgue oportunidades a su población, debe contar con gobiernos receptivos, dispuestos a escuchar lo que los ciudadanos y ciudadanas les quieren transmitir para contribuir a mejorar la política y la gestión de los asuntos públicos. Es por ello que se torna imprescindible la participación de todos los hombres y mujeres que quieran implicarse en los problemas que les afectan, aportando puntos de vista, inquietudes y soluciones siempre en beneficio de la comunidad.

En mérito de lo expuesto y con la finalidad de que México cuente con un régimen democrático, legítimo, en la que concurran la democracia representativa y la democracia participativa, pongo a consideración de esta Honorable Cámara la presente iniciativa con proyecto de

Decreto, por la que se reforman los artículos 35, 40 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Primero. Se adiciona una fracción VI al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como se indica a continuación:

Artículo 35. ...

I. a V. ...

VI. Ejercer los mecanismos de participación ciudadana en los asuntos que la Ley respectiva así lo determine.

Segundo. Se reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como se indica a continuación:

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, participativa, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Tercero. Se adiciona una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como se indica a continuación:

Artículo 73. El Congreso tiene la facultad:

I. a XXIX-O. ...

XXIX-P. Para legislar en materia de participación ciudadana;

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de abril de 2010.— Diputados: Arturo Santana Alfaro, Rosi Orozco, Ma. de Lourdes Reynoso Femat, Jaime Oliva Ramírez, Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, María Marcela Torres Peimbert, Silvia Esther Pérez Ceballos, Agustín Carlos Castilla Marroquín, Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbricas).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Santana. Como lo solicita, se inserta el texto íntegro en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

La diputada María Marcela Torres Peimbert(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputada Marcela Torres ¿con qué objeto?

La diputada María Marcela Torres Peimbert (desde la curul): Solicitando autorización del diputado para adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputado Santana ¿está de acuerdo en la solicitud de adhesión que formula la diputada Torres? Entiendo que el diputado Emilio Serrano está en la misma circunstancia, la diputada Rosi Orozco.

El diputado Arturo Santana Alfaro:Con mucho gusto, diputado presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Ha aceptado el diputado Santana que las diputadas y diputados que deseen adherirse a su iniciativa lo puedan hacer mediante la suscripción correspondiente del documento que se encuentra en la Secretaría y que está a su disposición.

ARTICULOS 73, 74, 78 Y 123 CONSTITUCIONALES - LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra el diputado Roberto Rebollo Vivero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo. Adelante, diputado Rebollo.

El diputado Roberto Rebollo Vivero: Señor presidente, por economía parlamentaria sólo haré un resumen de la iniciativa, por lo que antes de hacer uso del tiempo asignado para mi intervención, le solicito a usted que apruebe la incorporación del texto íntegro en el Diario de los Debates, del cual hago entrega en este momento.

Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el que expone, diputado Roberto Rebollo Vivero, presento a su consideración iniciativa que reforma y adiciona los artículos 73, 74, 78 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 90, 94 y 570 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de salarios mínimos.

Preocupados por la situación socioeconómica de los trabajadores del país, en el año que se conmemora el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, procesos históricos en los cuales el pueblo ha trabajado y asumió su responsabilidad participando decididamente en la conformación de una nación libre y soberana.

Considero que ahora nosotros debemos cuidar que continúe así y sobre todo en paz. Para ello es indispensable dar a los trabajadores la seguridad de fuentes de trabajo dignas, con un salario mínimo que permita dar bienestar a sus familias y sustentabilidad económica y viabilidad democrática al país.

Las reformas económica, laboral, política y social requieren de un nuevo enfoque de las políticas públicas, concebirlas de manera integral para instrumentar no sólo lo que es posible, sino hacer lo que realmente el país requiere para avanzar en la creación de empleos como el elemento esencial para que las familias tengan una vida digna, además de respetar el derecho de los trabajadores a un salario mínimo que les permita adquirir los alimentos de la canasta básica. Elementos indispensables para garantizar una convivencia social armónica y duradera en nuestro país.

El gobierno federal recientemente propuso una reforma laboral que no considera un salario bien remunerado que permita la existencia de consumidores. Por el contrario, la política salarial impuesta en las últimas tres décadas ha depreciado el salario mínimo histórico, acumulando una pérdida de poder adquisitivo, a partir de los ochenta, de 82 por ciento.

Así, las recientes propuestas de reforma laboral del gobierno federal se han olvidado de una reforma a las relaciones de trabajo en su aspecto básico, como es el salario. Situación que se agudizará con la jornada por hora. Al mantenerse el salario mínimo se pagarán, en el mejor de los casos, 6 pesos con 50 centavos por hora, es decir, habría quien percibiría 30 pesos por media jornada, con lo cual los alimentos básicos determinados en la canasta básica cada día se verán más inalcanzables.

En México desde hace muchos años don José María Morelos y Pavón expresaba: nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo indispensable.

Asimismo, se encuentra reafirmado en el actual artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado A, fracción VI, párrafo segundo, lo siguiente: los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, para proveer la educación obligatoria de los hijos.

Así, se requiere que además de darle al ciudadano más participación política, es necesario que este gobierno se preocupe por proporcionar las oportunidades de trabajo y de obtener, mediante éste, un salario digno, que no sólo lo aleje de las ofertas que le plantea la delincuencia organizada, sino para darle a su familia un sustento y valores que le permitan a la sociedad mantener una convivencia ordenada.

Según lo establecido en el artículo 123 constitucional y su correlativo, el 94 de la Ley Federal del Trabajo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos tiene sus atribuciones en la figura tripartita, en donde se reúnen los trabajadores, los líderes del Congreso del Trabajo y fundamentalmente algunas otras asociaciones del trabajo, así como los organismos empresariales y un solo representante del Poder Ejecutivo.

El Congreso de la Unión, como parte del Estado, no participa en la determinación del salario mínimo, a pesar de que está facultado para expedir leyes en materia de trabajo y alimentación.

Hasta ahora es el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien participa para este fin.

Por ello, propongo su reestructuración para fortalecer su funcionamiento, encaminado a instrumentar un nuevo modelo económico que permita alcanzar los objetivos del nuevo milenio.

El objeto central de la presente iniciativa plantea la intervención del Congreso de la Unión para aprobar el incremento de los salarios mínimos a través de una legislación anual, como lo viene haciendo con el presupuesto y la Ley de Ingresos, con la participación y propuestas de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, para que los trabajadores tengan un salario mínimo que les permita adquirir los productos de la canasta básica y tengan una buena alimentación.

Por ello, me permito plantear que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos sea un órgano que proponga el aumento a los salarios mínimos y que la Cámara de Diputados sea la responsable de aprobarlo con el objeto de procurar el más amplio y efectivo cumplimiento de los preceptos constitucionales en esta materia y de proteger el poder de compra de los trabajadores frente a la alza de precios de artículos alimentarios que componen la canasta básica conforme a los intereses de la nación y el desarrollo sustentable del país.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, debemos fortalecer a las instituciones para que trabajen por la democracia y la justicia social que demandan amplios sectores de la sociedad, impulsando el crecimiento...

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Concluya, por favor, diputado.

El diputado Roberto Rebollo Vivero: ... y el desarrollo equilibrado del país en beneficio directo de los que menos tienen. México, México, amigas legisladoras y amigos legisladores, nos necesita a todos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, compañeros.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Roberto Rebollo Vivero, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Roberto Rebollo Vivero, diputado federal a la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 55, fracción II, 56, 62 y 63, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona los artículos 73, 74, 78 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 90, 94 y 570 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de salarios generales y profesionales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

a) Justificación general

Preocupados por la situación socioeconómica de los trabajadores del país, en el año que se conmemora el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, procesos históricos en los cuales el pueblo trabajador asumió su responsabilidad participando decididamente en la conformación de una nación libre y soberana. Ahora nosotros debemos cuidar que continúe así y en paz, para ello es indispensable dar a los trabajadores la seguridad de fuentes de trabajo dignas, con salarios mínimos generales y profesionales que permita el bienestar de sus familias y sustentabilidad económica y viabilidad democrática al país.

La reforma política, económica y social requiere de un nuevo enfoque de las políticas públicas, concebirlas de manera integral, no sólo desde el punto de vista de lo posible sino de lo que realmente el país requiere para avanzar en su desa-rrollo económico. Fundamentada en la creación de empleos como el elemento esencial para que las familias tengan una vida digna, además del respeto del derecho de los trabajadores a un salario mínimo que les permita adquirir los alimentos de la canasta básica, elementos indispensables para garantizar una convivencia social armónica y duradera en el país.

El gobierno federal recientemente propuso una reforma laboral, que afecta los derechos de los trabajadores, considerando que esta generará más inversión, como si el respeto de los derechos laborales fuera impedimento para que exista un mercado interno. En la propuesta no consideran salarios bien remunerados para que haya consumidores. Por el contrario, la política salarial impuesta en las últimas tres décadas ha depreciado el salario al mínimo histórico, acumulando una pérdida de su poder adquisitivo, a partir de los años ochenta, de 82 por ciento. Al mismo tiempo, tenemos más de 9 millones de mexicanos que viven con un salario mínimo o menos. También, se plantea la jornada por hora, pero con ello lejos de crearse nuevos puestos de trabajo se fragmentará el mercado laboral y al mantenerse el salario mínimo, se pagará en el mejor de los casos 6 pesos 50 centavos la hora, es decir, habría quien percibiría 30 pesos por media jornada.

Por otra parte, ante la situación de pobreza de la mayor parte de la población y la mala distribución del ingreso, es necesario retomar la idea del empleo bien remunerado como un gran objetivo y no como un resultado automático del crecimiento económico. La generación del empleo y la protección de los mismos deben ser el centro de las políticas públicas, así como la vinculación salarial con las actividades productivas, con el objeto de que el crecimiento macroeconómico se refleje en un ingreso real para las familias trabajadoras.

Debemos tener presente que el deterioro salarial tiene que ser una prioridad de cualquier gobierno, ya que negar un incremento que compense la caída, en algún grado ocasiona el entorpecimiento de la efectividad de cualquier medida de política social.

La obligación del Estado mexicano es velar porque todos los trabajadores reciban un salario equitativo y satisfactorio que les asegure una vida digna, tanto a ellos como a sus familias, por ello el Estado mexicano está obligado a intervenir para que las remuneraciones cumplan con el propósito de crear condiciones dignas de existencia para todos los mexicanos.

En México, desde hace muchos años existe la idea de que “nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo indispensable”, expresaba don José María Morelos y Pavón; “a la nación se le sirve, no se le cobra”, decía por su parte Ignacio Ramírez. Es hora de recobrar las enseñanzas de nuestra historia pues cuando el pueblo llegue a extremos de “hambre y sed de justicia”, nuestra estabilidad social y política será una frágil ilusión.

El Constituyente de 1917 reconoció el movimiento social nacional de los trabajadores como forma específica de organización socioeconómica en la producción de todas las actividades del país. También, es cierto que el artículo 3o. Constitucional establece que nuestra democracia no solo es una estructura político jurídico, sino un sistema fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; que es esencialmente el derecho humano al desa-rrollo.

Asimismo, se encuentra reafirmado en el actual artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, inciso A, fracción VI, párrafo segundo lo siguiente: “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.

En México, desde el momento en que quedó consagrado el derecho al trabajo en la expresión de la Constitución Política de 1917, se han sucedido muchos esfuerzos y luchas de los trabajadores y trabajadoras de distintas generaciones para superar y perfeccionar las abstracciones de las relaciones jurídicas, pero sobre todo, para hacer avanzar el catálogo y la aplicación real de los derechos sociales de los trabajadores consagrados en el artículo 123 Constitucional, en su ley reglamentaria: la Ley Federal del Trabajo y en las instituciones laborales mexicanas creadas a partir del mismo.

Con fundamento en esta normatividad se abrió el camino para la expedición de una legislación endefensa de los derechos laborales que se encuadran dentro del marco de la producción con libertad, democracia y justicia social. Así las recientes propuestas de reforma laboral del Gobierno federal se han olvidado de una reforma a las relaciones de trabajo, en su aspecto básico, como es el salario, con el cual el trabajador pueda adquirir los alimentos básicos determinados en la canasta básica que cada día se ve inalcanzable.

Solo con la participación de los trabajadores podremos lograr la instrumentación de nuevos modelos económicos que permitan alcanzar los objetivos del nuevo milenio; además de darle al ciudadano más participación política, es necesario que este gobierno se preocupe por proporcionarle oportunidades de trabajo y de obtener mediante éste un salario digno, que no solo lo aleje de las ofertas que plantea la delincuencia organizada, y pueda darle a su familia un sustento y valores que le permitan a la sociedad mantener una convivencia ordenada.

Cuando se decidió instaurar el concepto de salario mínimo en nuestro país, se pensó con el fin de garantizar a los trabajadores mexicanos la satisfacción de las necesidades básicas, lo que implicaba que la cantidad a que ascendiera dicho salario debía determinarse en función de una canasta mínima de bienes y servicios básicos. En este sentido, ahora el salario mínimo no cumple el objetivo para el que fue creado, ya que actualmente no alcanza para satisfacer las necesidades básicas de una familia.

El Constituyente de 1917, al aprobar el artículo 123, otorgó una de las garantías sociales más trascendentes para los trabajadores mexicanos comoes el derecho a percibir una remuneración justa a su esfuerzo, que le permitiera cubrir las necesidades básicas para él y su familia. Sin embargo, en este momento, grandes sectores de trabajadores no alcanzan a satisfacer con el salario mínimo, cuando tienen un empleo formal, los requerimientos más elementales para aspirar a una vida digna.

El poder adquisitivo del salario mínimo perdió 19 por ciento de su valor durante el periodo 2000-2006, lo que significa que sólo se puede conseguir 8 por ciento de la canasta básica, la cual tuvo un crecimiento de 50 por ciento durante el mismo período. El deterioro del poder adquisitivo de los salarios ha sido creciente e ininterrumpido, generando un rezago histórico sumamente grave, en la capacidad de compra de los trabajadores y sus familias, negándoles su derecho constitucional a su alimentación.

Ante la pérdida constante del poder adquisitivo de los salarios mínimos derivado por diversas circunstancias, entre ellas, la política neoliberal fijada por organizaciones internacionales que, en los últimos años son superiores al 52 por ciento, pérdida derivadaentre otros efectos, por la fijación de topes salariales que se sustenta en exigencias del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y organizaciones financieras internacionales.

También, se señala como principal factor de esta pérdida del valor del dinero, al mecanismo por el cual se sujetan los salarios mínimos a los aumentos inflacionarios, ignorando lo ordenado en la Constitución Política, lo que ha llevado a que el nivel del salario este por debajo de los precios de los alimentos básicos, lo cual es inaceptable para el trabajador.

De esta manera el sexenio anterior terminó ubicándose como el peor en cuanto a incrementos salariales en la historia reciente de nuestro país, al fijarse un salario mínimo tan bajo y con raquíticos incrementos, generó que los contratos colectivos tuvieran los mismos techos de incremento en las revisiones salariales.

b) Marco jurídico del salario mínimo

En el siglo XX, entre los años 1962 y 1964, un periodo de intenso quehacer legislativo en materia laboral, durante el cual fueron logradas entre otras importantes instituciones, la instauración en 1963 de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, con el objetivo de resguardar el cumplimiento de los preceptos constitucionales en materia salarial. Según lo establecido en el artículo 123 constitucional y su correlativo, el 94 de la Ley Federal del Trabajo, en el que se le encomienda a esa comisión nacional, en su carácter de órgano tripartito, llevar a cabo la fijación de los salarios mínimos generales y profesionales.

La Constitución establece el derecho de todo trabajador a recibir un salario digno que le permita el acceso a la alimentación, la salud, la educación y el esparcimiento para él y su familia. Sin embargo, en este momento el Congreso de la Unión como parte del Estado, no participa en la determinación del salario mínimo, a pesar de que está facultado para expedir leyes en materia del trabajo y alimentación. Hasta ahora es el Gobierno Federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien participa para este fin, sin que haya resarcido la pérdida del poder adquisitivo del salario real de los trabajadores.

Actualmente este es un asunto en donde no interviene el Congreso de la Unión, es responsabilidad del Ejecutivo federal. Es una función fundamentalmente de una comisión tripartita, como lo es el Seguro Social, como lo es el Infonavit, donde se toman decisiones tripartitas y que ha sido beneficiosa, en estos ámbitos.

En esas circunstancias, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es un órgano autónomo y tripartito, que basa sus resoluciones en los estudios socioeconómicos y consideraciones que presentan los representantes de cada sector, y que además cuenta con indicadores socioeconómicos históricos suficientes, no ha podido establecer salarios acordes con las necesidades económicas del país y de los trabajadores. Por ello proponemos su reestructuración, para fortalecer su funcionamiento. Creemos que es elmomento oportunodeque el Congreso de la Unión apruebe el incremento de los salarios mínimos a través de una legislación anual, como lo viene haciendo con el presupuesto y la ley de ingresos, con la participación y propuestas que haga la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

El objetivo central de la presente iniciativa propone la intervención del Congreso de la Unión, para que millones de mexicanos que trabajan con sacrificio dos o tres turnos para poder llevar el pan a la mesa de sus hogares, tengan un salario mínimo que les permita la adquisición de los productos de la canasta básica y tengan una buena alimentación. Se plantea un nuevo mecanismo para determinar el salario mínimo, porque cuando se tiene trabajo, la remuneración es insuficiente ya que cada vez el pago del trabajo es menos retribuido.

c) Política salarial en México

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, como órgano actual facultado para establecer los salarios que rigen cada año en el país, ha incrementado su monto en la última década de la siguiente manera; para el año 2001 fue de 6.99 por ciento, en 2002 de 5.78 por ciento, en 2003 de 4.5 por ciento, en 2004 de 4.25 por ciento, para el 2005 se ubicó en 4.5 por ciento y en el año 2006 fue de 4 por ciento, con una clara tendencia a la baja; siendo el promedio de estos últimos seis años de un 5 por ciento. Para 2007 el aumento de los salarios mínimos fue de apenas de 3.9 por ciento, por debajo incluso de la inflación del 2006 que alcanzó una tasa del 5.04 por ciento. El aumento a los mínimos para el 2010, es de apenas un 4.85 por ciento en promedio.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cerca de 16 millones de personas subsisten con menos de 3 mil pesos al mes, al ganar entre uno y tres salarios mínimos diarios. Estas cifras desmienten la afirmación hecha por varios empresarios de que ya nadie en este país es remunerado con el salario mínimo, y que en rea-lidad se trata sólo de un referente económico.

Es conocido que la inflación que calcula el Banco de México no se corresponde con el aumento de los precios de la canasta básica, por lo que el incremento salarial tendría que ser necesariamente mayor que el nivel inflacionario acumulado año con año. De lo contrario, con esta política restrictiva salarial el Gobierno Federal retarda la recuperación económica, pues resta demanda efectiva al mercado interno y mercado a las micro, pequeñas y medianas empresas. Además, el impacto negativo no sólo es para los bolsillos de los trabajadores, sino que genera el desarrollo de otras actividades como la economía informal y actividades ilícitas como la delincuencia.

De acuerdo con un estudio realizado en febrero de este año por la OIT, en América Latina y el Caribe aproximadamente 32 por ciento de jóvenes trabajan, 33 por ciento estudia, 13 por ciento estudia y trabaja, pero hay 20 por ciento que no estudian ni trabaja. Al respecto les pregunto ¿qué hacemos con ese 20 por ciento?, ¿hacia dónde se canaliza esa energía creadora que naturalmente tienen los jóvenes? ¿Cómo les respondemos cuando nos preguntan ‘yo terminé mi bachillerato’, ‘yo estudié en una escuela técnica’, ‘yo le hecho ganas para salir a trabajar y la sociedad no me da ninguna oportunidad’?

d) Económica nacional e internacional

Por supuesto, los patrones han considerado el aumento a los salarios mínimos, pero a su vez, advierten que, en caso de darse un incremento mayor, se verían afectados los empleos formales. Luego entonces, aquí lo que está realmente prevaleciendo en la política económica de este sexenio es el apego ortodoxo al extremo a una política monetarista que está estrangulando la economía, porque ningún productor nacional, ningún empresario, ningún inversionista se atreve a hacer inversiones de dimensión, de magnitud, cuando sabe que hay un cuello de botella, que el trabajador, el modesto trabajador no va a tener acceso a bienes de consumo de determinado nivel porque su salario apenas si le alcanza para sobrevivir y, seguramente, se condena a una crisis económica a sus hijos en un futuro próximo.

También es cierto que esto está propiciando inversión de productos baratos de Asia; simple y sencillamente porque la demanda es elástica a precio, porque el mexicano en su gran mayoría no tiene capacidad económica para un consumo de mediana importancia. En ese sentido, consideramos necesario, por lo menos, se nivelen los salarios nacionales y no se haga una discriminación de zonas que de por sí han sufrido un agobio y una parálisis económica y todavía con la incidencia de un salario bajo; van a paralizar y van a estrangular más la economía.

Este 1 de mayo habrá motivos de sobra para protestar por una política salarial completamente restrictiva. Porque el “presidente del empleo” habla de datos alegres en la creación de puestos de trabajo y dice que son 800 mil, cuando en realidad son menos de la mitad, como lo indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, porque la cifra abultada se debió a procesos de regularización administrativa en el Instituto Mexicano del Seguro Social y, para rematar, 60 por ciento de esos empleos son de carácter temporal. Porque México es el país con menor crecimiento en América Latina, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Los economistas ortodoxos que gobiernan el país han seguido los lineamientos de Washington, que cambia ya, que mantiene una trampa para la economía nacional y mantiene las condiciones de someter y de restringir el ingreso del salario mínimo a los trabajadores de las más modestas ocupaciones. De modo que incluso aquí podemos explicarnos, porque no hay empleo y sí hay empleos, están precariamente retribuidos, evidentemente el salario no alcanza para satisfacer las necesidades familiares mínimas, así entre otros casos, el individuo opta por salir del país.

El control inflacionario requiere una política restrictiva del salario, pero también que la restricción salarial defendida por las políticas neoliberales propicia la distribución inicua de la riqueza. Así los factores que han concurrido en esta delicada situación han sido variados y complejos, pero de entre ellos destacan los siguientes: la tendencia a establecer los salarios mínimos tomando como base únicamente la estimación anual del porcentaje de inflación que, generalmente, termina invariablemente siendo mayor a los pronósticos oficiales.

He aquí, pues, la razón de fondo, de por qué es evidente que el país está estrangulado por su propia política de salarios mínimos regresivos, porque es muy evidente que en la tónica oficial de anunciar inflaciones de entre 3 y 4 por ciento para contener el alza de los salarios a esos niveles está perfectamente programado para dar cumplimiento a una política económica monetarista que no reconoce sino la variable de los salarios mínimos para contener la inflación, que por cierto y como todos podemos constatar, siempre se anuncia evidentemente por debajo de sus niveles reales. ¿Quién va a creer que en estos días la inflación en México anual alcanza 4 por ciento?

e) La canasta básica y salario mínimo

Un estudio elaborado por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, junto con otros institutos de investigación, señala que con el salario mínimo vigente en nuestro país sólo es posible adquirir 8 por ciento de los productos básicos alimentarios que componen la canasta, lo que deja fuera los de higiene y otros muchos.

El mismo estudio explica que hace cuatro sexenios con el salario mínimo alcanzaba para comprar 40 por ciento de la canasta básica, y que hoy para poder tener acceso al total de dicha canasta se requieren al menos 11 salarios mínimos.

Esta escalada de precios, más que las demandas de aumento salarial, se ha convertido en la principal amenaza para la estabilidad económica y social del país.

Hoy, la canasta básica incluye maíz, frijol, arroz, azúcar, harina de trigo y de maíz, aceite vegetal, detergente, sardina, leche en polvo, papel higiénico, café soluble, sal de mesa, jabón de tocador y de lavandería, pasta para sopas, atún, galletas y algunos artículos enlatados, el costo de estos productos es mayor de 100 pesos y no incluye productos como el huevo, el kilo de res o de puerco, el de pollo, por lo que podemos darnos cuenta de que la canasta básica indispensable está fuera del alcance de los trabajadores de bajos ingresos, que perciben un salario mínimo.

De acuerdo con la metodología y con los datos que al respecto ha venido publicando la Procuraduría Federal del Consumidor, tenemos que los precios que van del 1 de diciembre de 2006 al 3 de diciembre de 2007, algunos de los artículos de esta canasta alimenticia han tenido un incremento promedio de 26.7 por ciento.

De esta forma el actual salario mínimo deja fuera del alcance de muchos trabajadores productos como la carne, la fruta y la leche. Al no poder completar su canasta básica alimentaria, es difícil que los trabajadores puedan cubrir el consumo de calorías y proteínas diarias que requiere una persona para estar nutrida.

Desde enero de 2008 se ha venido produciendo un aumento considerable en la canasta básica nacional, lo cual afecta significativamente a la economía de los mexicanos, sobre todo la de los más necesitados. Como es sabido la escalada de precios en la Canasta Básica y otros productos proviene, en buena medida, de la reforma fiscal de septiembre de 2007 y del “gasolinazo” que componen tanto el incremento paulatino del precio de la gasolina como la escasez de alimentos y fertilizantes en el país, y lo más preocupante es que con ello aumenta el riesgo de que crezca la importación de granos y en consecuencia se eleve el precio de los alimentos de manera exponencial.

Entendemos que la política económica del Gobierno federal de contar con mayores recursos que equilibren las finanzas públicas, lo ha llevado a mantener un sistema que ignora las necesidades de los trabajadores, por ello se han presentando los constantes incrementos a los precios; tan sólo de enero a agosto de 2008 el pago de predial aumentó 19.5 por ciento; el del agua, 13 por ciento; la luz, 10.4 por ciento; y el gas, 6.9 por ciento. Lo anterior, sin tomar en cuenta el 7 por ciento más en educación, 5.2 en consultas médicas y casi 8 por ciento en transporte público.

Todavía por encima de estos incrementos está la indexación de la gasolina, la indexación de la luz, la indexación del gas que, incluso, desbordó este tope de indexación y que, por lo pronto, entonces también castiga y erosiona el ingreso de los trabajadores. Así los constantes incrementos a los precios de la energía eléctrica, de los combustibles y de los alimentos han provocado en las familias mexicanas un aumento real de un 70 por ciento aproximadamente en su gasto cotidiano.

Lo insuficiente del incremento en el salario para este año es evidente si se compara con el costo de las necesidades básicas del mexicano, como es el transporte o la alimentación. Ante ello, las medidas anunciadas por el presidente Felipe Calderón para combatir la crisis alimentaria se enfocan a la disminución arancelaria, la importación de granos y de leche en polvo.

f) Propuesta legislativa

El Ejecutivo federal deberá implantar acciones urgentes con el objetivo de detener el alza de precios de los bienes y servicios, a fin de que no se siga lacerando la economía de las familias mexicanas.

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos no obstante el tiempo transcurrido que va más allá de una década, deberá revisar los incrementos que se han registrado durante el presente año en los productos de la canasta básica, ponderar la necesidad de proponer el salario mínimo general y profesional de las zonas A, B y C, con el propósito de proteger y promover el poder adquisitivo de los trabajadores que cubra sus necesidades básicas.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión deberá extremar su función de supervisión de las acciones económicas de las secretarías, dependencias y organismos del Poder Ejecutivo, de conformidad con sus facultades, para el control de los precios a los productos de la canasta básica, hasta lograr las condiciones de una verdadera y sana competencia entre los productores y comercializadores de bienes y servicios básicos que la componen. Así como redoblar sus esfuerzos para sancionar administrativamente a los vendedores o proveedores que especulen con relación a la venta de productos que integran la canasta básica.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos tiene sus atribuciones en la ley laboral, tomando las decisiones tripartitas. En ésta figura orgánica tripartita; se reúnen los trabajadores, los líderes del Congreso del Trabajo, fundamentalmente, algunas otras asociaciones del trabajo, así como los organismos empresariales y un solo representante del Poder Ejecutivo.

Por ello planteamos que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que fue creada en el año de 1963, con el objeto de procurar el más amplio y efectivo cumplimiento de los preceptos constitucionales en esta materia, se reestructure, dándole una nuevo impulso, de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, fortaleciendo su trabajo con la participación del Congreso de la Unión, para responderle a los trabajadores. México nos necesita, hagamos este esfuerzo.

El Congreso de la Unión deberá establecer salarios mínimos congruentes con lo estipulado en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sean suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural y de educación. Cualquier otra consideración, otra propuesta salarial diferente es violatoria de la Constitución y es un acto en contra de la estabilidad política, social y económica de la nación.

A través del devenir histórico se a presentando la necesidad de llevar a cabo adecuaciones constitucionales, legales y reglamentarias, que permitan precisar el valor del salario a nivel nacional para las tres zonas económicas, pero ello sólo han generado asimetrías en el desarrollo económico. Principalmente afectando a los estados más pobres que merman la economía familiar

Ante esto, el gobierno dice que no tiene instrumentos ni facultades para intervenir en los mecanismos de oferta y demanda, y se declara incompetente. Sin embargo, para fijar un tope máximo a los salarios mínimos, si tiene competencia y se declara dispuesto siempre a regularlo. Ésta es la forma de operar de un gobierno insensible y alejado del interés nacional.

Por eso expresamos que es una prioridad para el Partido Revolucionario Institucional responder a la clase trabajadora, impulsando los salarios de la clase trabajadora. También, ya es momento de atender y de decir al Gobierno Federal los reclamos de la clase trabajadora: para definir una cantidad evidentemente suficiente para el pago de habitación, educación, vestido y alimentación de una familia, de esparcimiento, de diversión, para millones de mexicanos.

Compañeras legisladoras y legisladores debemos fortalecer a las instituciones para que trabajen por la democracia y la justicia social que demandan amplios sectores de la sociedad, impulsando el crecimiento y el desarrollo equilibrado del país en beneficio directo de los que menos tienen.

Los legisladores priistas no nos vamos a quedar inmóviles ante esta situación,el PRI está comprometido con el pueblo de México, y desde el Congreso vamos a luchar hasta llegar a las últimas consecuencias para que sean escuchados y atendidos los reclamos de los trabajadores.

Finalmente, planteamos un alto a esta escalada de precios que sólo sigue hundiendo la economía y calidad de vida de los que menos tienen, se debe revisar los salarios mínimos en conjunto con los aumentos de precios, en aras de restituir el poder de compra de los trabajadores.

Todo lo anterior me permite plantear que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos sea un órgano que proponga el aumento a los salarios mínimos, que la Cámara de Diputados sea la responsable de aprobarlo, cumpliendo así con lo ordenado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de proteger el poder de compra de los mexicanos frente al alza de precios de los artículos alimenticios de primera necesidad que componen la Canasta Básica, definida por la Procuraduría Federal del Consumidor.

De esta manera propongo a esta soberanía la presente iniciativa que se integra de cinco artículos. En el primero proponemos la reforma y adición de los artículos 73, 74, 78 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 90, 94 y 570, de la Ley Federal del Trabajo, con el objeto de establecer como atribución del Congreso de la Unión el fijar los salarios mínimos generales y profesionales. Esto con el fin de adecuar las normas conforme a los intereses de la nación y el desarrollo sustentable del país.

En razón de las consideraciones antes expuestas someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa de

Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-P al artículo 73; se adiciona una fracción III al artículo 74; se adiciona una fracción IX al artículo 78; se adiciona un tercer párrafo, y se reforma el actual párrafo tercero y se recorre y pasa a ser el párrafo cuarto de la fracción VI del artículo 123 Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforma el párrafo segundo y se adiciona un tercer párrafo y el actual tercero pasa a ser el cuarto del artículo 90; se reforma el párrafo primero y se adiciona un segundo párrafo al artículo 94; y se reforma el primer y segundo párrafo y se adiciona una fracción III del artículo 570, en materia de salarios mínimos en los siguientes términos

Artículo Primero. Se reforma y adiciona la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo. 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-O. ...

Fracción XXIX-P. Para expedir leyes en materia de salarios mínimos generales y profesionales para el año fiscal que corresponda, en el ámbito federal, estatal, municipal y del Distrito Federal, con la participación del Titular del Poder Ejecutivo federal y de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, se fijarán tomando en consideración el precio de los productos de la canasta básica, y cuidando el desarrollo sustentable de los trabajadores y de la economía nacional.

XXX. ...

Artículo Segundo:Se adiciona una fracción III al artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I. y II. ...

III. Aprobar los salarios mínimos generales y profesionales en forma anual y revisar sus incrementos en forma trimestral o extraordinario, cuando suban los precios de la canasta básica, a propuesta de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, de conformidad con la ley que regulará el ejercicio de estas atribuciones;

Artículo Tercero.Se adiciona una fracción IX, al artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

Artículo 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente...

La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes:

I. a VIII. ...

IX. Determinar, en su caso, los aumentos de los salarios mínimos generales y profesionales, a propuesta de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, de conformidad con la fracción XXIX, artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Cuarto. Se adiciona un párrafo tercero y se reforma el actual tercero que pasa ser el cuarto de la fracción VI del artículo 123 Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo. 123. ...

Apartado A

I. a V. ...

Fracción VI. ...

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.

Los salarios mínimos deberán responder al párrafo anterior, además, de observar el fundamento que para fijarlo determine el Congreso de la Unión, en la Ley que expida conforme al artículo 73, fracción XXIX-P, de esta Constitución.

La propuestade salarios mínimos generales y profesionales será elaboradapor la comisión nacional de los salarios mínimos, por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones de carácter consultivo que considere indispensable, y del Congreso de la Unión, que garantice salarios justos y acordes con las necesidades de la clase trabajadora del país.

B. ...

...

Artículo Quinto. Se reforma el párrafo segundo y se adiciona un tercer párrafo y el actual tercero pasa a ser el cuarto del artículo 90; se reforma el párrafo primero y se adiciona un segundo párrafo al artículo 94; y se reforma el primer y segundo párrafo y se adiciona una fracción tercera del artículo 570, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue

Artículo 90. ...

El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades reales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Que considere los precios de la Canasta Básica y de lo correspondiente a los rubros de comunicación, conocimiento y transportación.

...

Con tal propósito, el salario mínimo deberá aumentarse anualmente, con base en la evolución del índice nacional de precios al consumidor de la canasta básica, y podrá revisarse e incrementarse antes de ese periodo de tiempo, en función del deterioro salarial observado durante su vigencia, como lo determine la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, según sea el caso, a propuesta de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Asimismo, se deberá actualizar trimestralmente con el propósito de establecer un aumento real que retribuya el incremento de la productividad media de la economía en ese periodo, con base en el porcentaje que determine la Cámara de Diputados, tomando en cuenta la recomendación que al efecto emita dicha comisión.

...

Artículo 94. Los salarios mínimos que se fijen anualmente serán propuestos por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la cual podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo y del Congreso de la Unión que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones.

El Banco de México y la Procuraduría Federal del Consumidor, deberán proveer de información actualizada y precisa de los nuevos bienes y servicios que se incluyen en la canasta básica, así como las variaciones en los precios de los productos contendidos en ella; de manera que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos someta a consideración el salario mínimo en base a los productos calificados como básicos.

Artículo 570. La ley que expida el Congreso de la Unión que fijará los salarios mínimos generales y profesionales se expedirá cada año ycomenzarán a regir el primero de enero del año siguiente.

Los salarios mínimos generales y profesionales podrán revisarse trimestralmente o en cualquier momentoen el curso de su vigencia siempre que existan circunstancias económicas que lo justifiquen:

I. Por iniciativa del secretario del Trabajo y Previsión Social, quien formulará al presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos solicitud por escrito que contenga exposición de los hechos que la motiven;

II. A solicitud de los sindicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores o de los patrones previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

...

...

...

III. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, podrán decretar un incremento extraordinario al salario mínimo, con fundamento en la propuesta que le formule la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, considerando el aumento de los precios de la canasta básica de acuerdo a la información mensual que conforme a la misma proporciona el Banco de México y al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación .

Segundo. Las remuneraciones de los trabajadores que se originen con motivo de la aplicación de esta reforma, surtirán efecto desde el uno de enero de 2011, por lo que se deberán reflejar en la Ley que se emita con este fin para el ejercicio Fiscal del 2011.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2010.— Diputados: Roberto Rebollo Vivero, Olivia Guillén Padilla, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Hugo Héctor Martínez González, Ricardo Armando Rebollo Mendoza, Víctor Alejandro Balderas Vaquera (rúbricas).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Rebollo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.

La diputada Olivia Guillén Padilla(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Permítame, por favor. Le ruego una disculpa. Diputada Olivia Guillén ¿con qué objeto?

La diputada Olivia Guillén Padilla(desde la curul): Sí, señor presidente. Que le pregunte, por favor al orador, si me permite adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: ¿Diputado Rebollo, está usted de acuerdo en que la diputada Olivia Guillén se adhiera a su iniciativa?

El diputado Roberto Rebollo Vivero (desde la curul): Claro, por supuesto. México nos necesita a todos. Le agradezco.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado. Quienes estén en la misma situación de adherirse a la iniciativa pueden hacerlo, suscribiendo el documento en la Secretaría.

ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, diputada Guajardo.

La diputada Mary Telma Guajardo Villarreal:Gracias, diputado. Las suscritas diputadas Bélgica Nabil Carmona Cabrera y la de la voz, Mary Telma Guajardo, integrantes del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de esta LXI Legislatura y en el ejercicio de la facultad que nos concede el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas fracciones del artículo 123 constitucional, Apartado A, al tenor de la siguiente exposición de motivos.

En México, en los últimos años ha habido amplios e inadmisibles retrocesos en el respeto a los derechos de las mujeres: los asesinatos, trata y secuestro de niñas y mujeres llenan de injusticia, de dolor, de terror al espíritu de la nación. Se trata a las mujeres como si valiéramos menos que un objeto. Haciendo aparecer no sólo prescindible, sino un estorbo el aparato estatal, cuyo objeto esencial supuestamente es garantizar la vida y salud de las mexicanas y de los mexicanos, pero que contrariamente con sus políticas erradas ha impulsado de manera sistemática la violación de los derechos humanos, la violación de todo tipo, a grados de una verdadera carnicería que aterroriza a los demás países del orbe.

En este zafarrancho son las mujeres uno de los sectores más afectados, pues a su histórica discriminación y explotación, bajo la forma de doble y triple jornada, ahora suma la escasez del empleo. El empleo precario, el trabajo informal, la subocupación, la falta de capacitación, la marginación en los puestos directivos de los sindicatos, el hostigamiento laboral, la falta de protección en materia de seguridad social, los obstáculos para hacerse justicia.

Cuando se golpea de esta ilegal manera a las mujeres, se golpea en realidad al grueso de la población, pues las mujeres trabajadoras contribuyen con sus ingresos al sostenimiento de un número cada vez más importante de familias.

Si queremos impedir la desintegración de México como nación debemos comenzar a reparar, además de los vínculos humanos, soberanía y valores nacionales, el estado de derecho y la justicia social.

La Constitución es como un croquis histórico que nos señala el camino para no naufragar, para lograr los equilibrios básicos y no repetir las injusticias y opresiones que han llevado a pugnas nacionales. Lo marcado por la Constitución del 17 no es un lujo, sino aspectos mínimos para la estabilidad de México. Si nuestro país ha de tener futuro, debemos acabar con esta fabricación en serie de la injusticia.

Hoy por hoy las mujeres necesitan y quieren trabajar en el ámbito productivo y de servicios. Sin embargo, en el mundo laboral las desventajas hacia las mujeres son evidentes, así como lo es el hecho de que las oportunidades que se les brindan y su situación dentro de las fuentes de trabajo son agravadas por la discrepancia entre el crecimiento demográfico y la creación de espacios en el actual mercado laboral, a la vez que de modo sistemático se devalúa económica y culturalmente su trabajo y sus capacidades.

Por lo cual presentamos el presente proyecto de decreto que propone reformas y adiciones al apartado A del artículo 123 de la Constitución General de la República para agregar lo siguiente: las mujeres deberán gozar de una igualdad real en el respeto de sus derechos laborales. Al efecto deberán crearse comisiones mixtas para el respeto de los derechos de las mujeres en cada centro de trabajo, entre otras.

De igual manera, las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación. Gozarán forzosamente de un descanso de dieciséis semanas durante el periodo previo y posterior al parto, cuyo inicio será determinado por la trabajadora durante este periodo.

Además, se garantizará a la trabajadora el ejercicio de sus derechos reproductivos en el momento de su elección, protegiendo su salud y la del producto. Toda trabajadora que decida ejercer este derecho conservará su empleo y puesto de trabajo, y sólo podrá ser despedida por causas graves o que hagan imposible la continuación de la relación de trabajo.

Le pido, por favor, por falta de tiempo, incorporar la iniciativa tal y como se presentó a la mesa íntegramente. Gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD

Las suscritas, diputadas Mary Telma Guajardo Villarreal y Bélgica Nabil Carmona Cabrera, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, y en ejercicio de la facultad que les concede el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas fracciones del artículo 123 constitucional, Apartado A, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México, en los últimos años ha habido amplios e inadmisibles retrocesos en el respeto a los derechos de las mujeres: los asesinatos, trata y secuestro de niñas y mujeres llenan de injusticia, de dolor, de terror al espíritu de la Nación. Se trata a las mujeres, como si valiéramos menos que un objeto. Haciendo aparecer no sólo prescindible, sino un estorbo el aparato estatal, cuyo objeto esencial, supuestamente es garantizar la vida y salud de los mexicanos, pero que contrariamente, con sus políticas erradas ha impulsado de manera sistemática la violación de los derechos humanos, la violencia de todo tipo, a grados de una verdadera carnicería, que aterroriza a los demás países del orbe.

Si esto sucede con el valor superior, esencial de la vida, no sorprende ver el desmantelamiento total, como jamás había ocurrido en los últimos tiempos, de todo el círculo de derechos laborales: el desempleo es sólo una estadística irrebatible con los hechos, la simulación, el fraude de los derechos laborales mata en su raíz la dignidad y derechos de las personas que viven de su trabajo, los derechos de sindicalización, contratación colectiva y huelga son perseguidos como si se tratara de los más graves delitos, todos los patrones compiten, sin importar si pertenecen al sector público o privado, nacional o extranjero, por llevarse la corona como máximos violadores de tales derechos. El cinismo es lo que campea en los gobiernos hacia los trabajadores y sus luchas.

En este zafarrancho, son las mujeres, uno de los sectores más afectados, pues a su histórica discriminación, y explotación bajo la forma de doble y triple jornada, ahora suma la escasez del empleo, el empleo precario, el trabajo informal, la subocupación, la falta de capacitación, la marginación en los puestos directivos de los sindicatos, el hostigamiento laboral, la falta de protección en materia de seguridad social, los obstáculos para hacerse justicia. Cuando se golpea de esta ilegal manera a las mujeres, se golpea en realidad al grueso de la población, pues las mujeres trabajadoras contribuyen con sus ingresos al sostenimiento de un número cada vez más importante de familias.

Si queremos impedir la desintegración de México como nación, debemos comenzar a reparar, además de los vínculos humanos, soberanía y valores nacionales, el estado de derecho y la justicia social. La Constitución es como un croquis histórico que nos señala el camino para no naufragar, para lograr los equilibrios básicos y no repetir las injusticias y opresiones que han llevado a pugnas nacionales, lo marcado por la Constitución del 17 no es un lujo, sino aspectos mínimos para la estabilidad de México. Si nuestro país, ha de tener futuro, debemos acabar con esta fabricación en serie de la injusticia.

A esto contribuirá de manera decisiva, el avanzar en la igualdad real de las mujeres, las mujeres deben ir conquistando espacios de poder y, uno de los más significativos es el jurídico y más concretamente el monopolio contenido en la Constitución General de la República. Urge pues feminizar a la Constitución desde la terminología empleada hasta el establecimiento de derechos básicos para las mujeres, incluido el ámbito laboral. La mujer en su especificidad está prácticamente borrada de nuestra Constitución; injusta, hipócrita y antihistórica, ya que las mujeres, hemos contribuido a la par en la construcción de este país, en sus luchas, en los sacrificios. Con lo cual no sólo se mostrará el verdadero rostro de la historia nacional en la cual las mujeres han jugado un papel fundamental, pese a las distorsiones y ocultamientos; sino que con ello se pondrán los cimientos de un México moderno que exige indispensablemente libertad, justicia y desarrollo para la población femenina. No se puede avanzar en tanto que más de la mitad de la población tiene como alternativa la opresión y la negación, en tanto que la otra parte se destruye en su tarea de oprimir y a negar. Por lo que se acaba negando toda perspectiva a la nación.

Así, en cuanto al trabajo desempeñado por las mujeres, si bien la Constitución federal otorgó algunos beneficios a éstas, la mayoría de los derechos consagrados en el Apartado “A” del artículo 123 constitucional son relativos a la protección de la maternidad y muy pocos a lo relacionado con otros ámbitos de su condición de mujer trabajadora, con presencia creciente, aunque contradictoria, en el mundo laboral. Reconocer las condiciones de desigualdad y discriminación en que la mujer realiza sus labores en la actualidad y atacar las causas desde la Constitución es una tarea inaplazable.

Las actuales condiciones sociales y económicas empujan cada vez más a las mujeres a la búsqueda de actividades fuera del hogar, provocando que en los últimos veinte años su participación en el trabajo remunerado se haya triplicado.

Hoy por hoy las mujeres necesitan y quieren trabajar en el ámbito productivo y de servicios. Sin embargo, en el mundo laboral las desventajas hacia las mujeres son evidentes, así como lo es el hecho de que las oportunidades que se les brindan y su situación dentro de las fuentes de trabajo son agravadas por la discrepancia entre el crecimiento demográfico y la creación de espacios en el actual mercado laboral, a la vez que de modo sistemático se devalúa económica y culturalmente su trabajo y sus capacidades.

Así pues, la forma como se inserta esta fuerza en el mercado laboral, obliga a cuestionarnos sobre la cantidad y calidad de empleos generados, la débil protección de las mujeres en este campo y la galopante discriminación que desdeña la capacidad y la calidad de su trabajo, al tiempo que niega la posibilidad de demostrar esas capacidades y cualidades.

Reconocer el fenómeno y erradicar el trato desigual hacia las mujeres es un acto de justicia social, sin el cual no se podrá garantizar las mismas oportunidades. Dado que el trabajo es el instrumento que permite el acceso a los servicios de salud, a una vivienda adecuada, a la recreación, seguridad, calidad alimentaria y satisfacción de necesidades, es decir, a condiciones de bienestar y crecimiento personal, familiar y social, el ámbito laboral es estratégico para el desa-rrollo y dignificación de las mujeres.

Con el objeto de promover la igualdad de oportunidades y de condiciones laborales entre hombres y mujeres, se deberán impulsar acciones afirmativas no sólo a cargo del Estado, sino de los patrones y los sindicatos.

Se entiende por acción afirmativa la adopción de medidas temporales destinadas a fomentar la participación de la mujer en el empleo, en la actividad sindical y en los programas de capacitación y adiestramiento de manera que se contribuya a corregir en los hechos los factores de discriminación por género.

Por otra parte, la protección de las mujeres y de su trabajo no es una pretensión grupal, es un muelle impulsor de la productividad reconocido y amparado internacionalmente mediante un cuerpo de numerosas normas de trabajo que ha signado México. Destacadamente la constitución de la OIT en 1919 en su artículo 41, que consigna el Principio de “Salario igual”, el Convenio 100 y 111, así como la recomendación número 90, que desde 1951 se dirigen específicamente a eliminar la discriminación entre el hombre y la mujer; el convenio 156 y la recomendación 165 que se aplica a hombres y mujeres con responsabilidades hacia los hijos a su cargo o hacia otros miembros de la familia directa que de manera evidente necesiten su cuidado o sostén. Se garantiza a la trabajadora el ejercicio de sus derechos reproductivos en el momento de su elección, protegiendo su salud y la del producto. Toda trabajadora que decida ejercer este derecho conservará su empleo y su puesto de trabajo.

Así pues, es vital formular cambios en el derecho laboral y, concretamente en nuestra Constitución, que permitan a la mujer trabajadora integrarse al mundo productivo, en igualdad de condiciones respecto al hombre, respetando al propio tiempo sus diferencias. La desigualdad histórica de género ubica a las mujeres en una posición de opresión y desventaja que les impide incorporarse plenamente a la vida productiva; la legislación debe contribuir en lo posible a resolver esta injusta situación.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que propone reformas y adiciones al Apartado A del artículo 123 de la Constitución General de la República

Artículo Único. Se adicionan un primero, tercero, cuarto, sexto y séptimo párrafos de la fracción V, y se reforman los párrafos segundo y quinto de la misma fracción; se adicionan un segundo y tercer párrafo de la fracción XIII, y se reforma el primer párrafo de la misma fracción; y se adiciona un segundo párrafo de la fracción XIV, todas del Apartado A, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 123. ...

...

A. ...

I. a IV. ...

V. Las mujeres deberán gozar de una igualdad real en el respeto de sus derechos laborales. Al efecto deberán crearse Comisiones Mixtas para el Respeto de los Derechos de las Mujeres en cada centro de trabajo, entre otras.

Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de dieciséis semanas durante el periodo previo y posterior al parto, cuyo inicio será determinado por la trabajadora. Durante este periodo, las mujeres deberánpercibir su salario íntegro y conservar su empleo además delos derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En los partos múltiples, el periodo de recuperación posnatal se incrementará en dos semanas.

No podrá ejercerse ninguna forma de discriminación hacia las mujeres expresada como violencia física, sicológica, sexual, moral, verbal, económica o cualquier otra que atente contra su dignidad.

Con el objeto de promover la igualdad de oportunidades y condiciones laborales entre mujeres y hombres, se deberán formular y desarrollar acciones afirmativas a favor de las primeras.

En el periodo de lactancia tendrán derecho, a su elección,a dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, por un lapso de siete meses,para alimentar a su hijo en el lugar adecuado e higiénico que designe el patrón o bien a la reducción de su jornada diaria por una hora;

Se garantizará a la trabajadora el ejercicio de sus derechos reproductivos en el momento de su elección, protegiendo su salud y la del producto. Toda trabajadora que decida ejercer este derecho conservará su empleo y puesto de trabajo, y sólo podrá ser despedida por causas graves o que hagan imposible la continuación de la relación de trabajo.

La ley reglamentaria deberá estipular la protección de las trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y oportunidades;

VI. a XII. ...

XIII. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria determinará los sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con dicha obligación, adoptando las medidas de acción afirmativa para garantizar condiciones efectivas de igualdad entre el hombre y la mujer en el ejercicio de este derecho.

En áreas laborales en donde la cuota de empleo de mujeres sea menor que la de los varones, aquellas tendrán acceso a una cuota equitativa de participación para lograr las mismas oportunidades de empleo en determinados puestos de trabajo.

La ley reglamentaria promoverá que en los planes y programas de capacitación sectoriales y en las empresas, se establezcan oportunidades de capacitación y adiestramiento para los trabajadores por tiempo u obra determinada;

XIV. ...

Asimismo, los patrones serán responsables de crear un ambiente laboral libre de riesgos y violencia laboral y de establecer condiciones, mecanismos e instancias para impedir el acoso o el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo;

XV. a XXXI. ...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2010,— Diputadas: Mary Telma Guajardo Villarreal, Bélgica Nabil Carmona Cabrera (rúbricas).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputada Guajardo. Como lo ha solicitado y por ser procedente, se instruye la inserción del texto completo de su iniciativa en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Honorable asamblea, esta Presidencia informa que se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría, por favor, a dar cuenta de esta comunicación.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo vigésimo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted, atentamente, consultar al pleno la modificación del orden del día, al tenor de lo siguiente:

• Que se incorpore como asunto nuevo la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada federal Yolanda de la Torre, Daniela Nadal Riquelme y Nelly Edith Miranda Herrera, del Grupo Parlamentario del PRI, sustituyendo al que aparece enlistado con el número 44 del orden del día de hoy, con iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.— Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputada Josefina Vázquez Mota, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Alejandro de Jésús Encinas Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Juan José Guerra Abud, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Pedro Vázquez González, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Reyes S. Tamez Guerra, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, señora secretaria.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día, en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, señora secretaria. Aprobada la modificación al orden del día.

LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la diputada Daniela Nadal Riquelme, para presentar a nombre propio y de las diputadas Yolanda de la Torre Valdez y Nely Miranda Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad. Adelante, diputada Nadal.

La diputada Daniela Nadal Riquelme:Honorable asamblea. A nombre de quienes formamos el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, atendiendo a la siguiente exposición de motivos.

Esta iniciativa tiene como objeto hacer realidad una reforma urgente y necesaria que ha sido postergada por este Congreso. Las personas con discapacidad enfrentan en nuestro país el más alto nivel de discriminación, manteniéndolos limitados, marginados del desarrollo y las actividades productivas.

Jurídicamente, las personas con discapacidad nos encontramos con una legislación a medias, ya que el Ejecutivo federal aún no ha publicado el reglamento de la ley, lo que hace difícil el reclamo de los diversos derechos, los cuales se pretende garantizar.

La ONU estima que en México el 10 por ciento de la población total vive con una discapacidad y más del 95 por ciento vive en condiciones de pobreza y marginación. Cada año se producen en México 265 mil nuevos casos de discapacidad, de acuerdo en el Plan Nacional de Salud 2000-2006 de la Secretaría de Salud.

El 94 por ciento de la población con discapacidad es segregado. De cuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación elaborada por el Consejo Nacional de la Prevención de la Discriminación en el 2005, las personas con discapacidad y sus familias enfrentan carencias institucionales que afectan sus derechos humanos, sociales, políticos y económicos.

Esta iniciativa propone una serie de reformas que el PRI pretende hacer realidad a través de un acuerdo y del consejo con todos los grupos parlamentarios, porque implica una profunda reforma social al marco jurídico, beneficiando a más de 10 millones de personas con discapacidad y a sus familias. Las necesidades que padecen las personas con discapacidad deben ser revisadas a fondo.

Esta iniciativa tiene como fin ratificar los términos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por el Estado mexicano en 2007, para que la sociedad y el gobierno reconozcan los derechos de las personas discapacitadas y luchar contra las condiciones de marginación y discriminación.

Esta iniciativa tiene como propósito responder a las exigencias y necesidades de la población con discapacidad y cumplir con las disposiciones de la convención. Debemos sensibilizarnos para una necesidad que está siendo superada. Necesitamos tomar conciencia y decisiones para evitar caer en la incertidumbre del futuro del nivel de vida de las personas con discapacidad.

Ante ello, esta iniciativa propone en esencia promover, proteger y asegurar los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad y, a su vez, armonizar los derechos existentes que establece la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Se propone que la Conadis se constituya como un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propios. Establece lineamientos para la elaboración del programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad.

Con ello se garantiza la participación, opinión y propuesta de las personas con discapacidad, tal y como lo establece la convención. Otorga garantías para que las personas con discapacidad puedan denunciar cualquier acto de discriminación o violación a sus derechos en los órganos de control que disponga la legislación vigente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y/o la Comisión de Derechos Humanos locales.

Las personas con discapacidad no pedimos dádivas ni pensiones. Queremos integrarnos a un entorno social y productivo, y no ser objeto de aberración, rechazo y corrupción. Es urgente llevar garantías concretas que protejan a las personas con discapacidad en México, situación que se ha visto agravada por los rezagos, la pobreza, la falta de oportunidades y el desinterés de actores públicos fundamentales, para asumir el compromiso social, político y económico para que la población con discapacidad y sus familiares tengan un mejor presente y un próspero futuro.

El gobierno en sus tres niveles y las entidades públicas necesitan de un marco jurídico adecuado y detallado que les permita actuar con voluntad, compromiso y justicia ante las demandas que exigen las personas con discapacidad.

A cuatro años de que esta ley fuese publicada no existe un reglamento del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. No hay una clara definición para la participación plural de entes sociales o privados en la Constitución de dichos organismos. Esto conlleva a no darle la importancia política y presupuestal a esta institución.

Por lo anterior, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

Señor presidente, la iniciativa que presento tuvo algunos ajustes en su texto, por lo que solicito atentamente que el documento que entrego a la Secretaría, en este momento, se inserte íntegro en el Diario de los Debates. Gracias.

«Iniciativa que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, suscrita por las diputadas, Yolanda de la Torre Valdez, Daniela Nadal Riquelme y Nely Miranda Herrera, en nombre del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita diputadas, Yolanda de la Torre Valdez, Daniela Nadal Riquelme y Nely Miranda Herrera, integrantes de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que les confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. Antecedentes

La iniciativa de reformas a la Ley General de las Personas con Discapacidad que hoy presento a nombre de las Legisladoras y Legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene por objeto hacer realidad una reforma urgente y necesaria para un amplio sector social integrado aproximadamente por 10 millones de personas con discapacidad que enfrentan el más alto nivel de discriminación en México registrado en 94.4 por ciento por el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación. Es decir, 9 de cada 10 personas son afectadas.

Por años las personas con discapacidad han permanecido relegadas y marginadas del desarrollo y en los años recientes su situación se ha visto agravada por los rezagos institucionales, la pobreza, la falta de oportunidades o mejor atención.

Consideramos que dichos factores van en aumento, porque no observamos en el Gobierno de la República la determinación y voluntad política que se requieren para transformar los programas y servicios de las instituciones, para invertir los recursos que sean necesarios y para crear las alternativas que les permitan, primero, atender sus discapacidades en el marco de la salud, rehabilitación y habilitación y después, acceder a la educación, el trabajo, el deporte, la vivienda o el transporte.

Si les preguntáramos cómo son aceptados por la sociedad, solo tenemos que observar que la inclusión social está bloqueada por múltiples barreras físicas que limitan su derecho a desplazarse libremente o está bloqueada por el flagelo social de la discriminación, que invisible los margina y los orilla a llevar una vida de limitaciones y frustraciones.

La iniciativa que hoy presentamos, representa el interés superior de brindar a millones de personas con discapacidad y sus familias, la certeza de que es posible ofrecerles mayores oportunidades y lograr una mejor calidad de vida.

Proponemos una serie de reformas que el PRI pretende hacer realidad a través del acuerdo y consenso con todos los grupos parlamentarios, porque estamos seguros le permitirán al gobierno desarrollar más y mejores programas sociales que reconozcan sus plenos derechos y combatan con mayor efectividad los efectos de la discriminación.

Todos los actores políticos debemos estar conscientes de que una de las reformas más importantes de ésta legislatura será la que construyamos a favor de las personas con discapacidad y que el reto no es lograr un dictamen, sino lograr que la Ley no sea letra muerta y genere los beneficios, apoyos, oportunidades y servicios que exige la población desde hace años.

Si bien, hoy cumplimos con el compromiso del PRI para impulsar las reformas legales que se requieren, también es oportuno invitar a todos los actores gubernamentales para asumir las responsabilidades que les corresponden para aplicar la Convención.

Es indispensable que a la par de las reformas que éste honorable Congreso logre, el Ejecutivo federal debe adoptar con mayor voluntad política, los compromisos contraídos con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 2006.

El Estado mexicano firmó y ratificó la Convención en 2007 y nos parece que a dos años de vigencia, es tiempo que defina un plan de acción para su implementación y armonización, el cual contribuya a lograr sus objetivos y a revisar lo que se está haciendo bien y lo que resta por construirse para impulsar el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad, en una sociedad que les discrimina y les impide superarse como seres humanos.

Asimismo, consideramos relevante en este proceso, reconocer la necesidad de revisar y fortalecer el trabajo de las instituciones públicas y de los organismos sociales de y para personas con discapacidad.

Se requieren entre otras cuestiones, mejorar, ampliar y fortalecer todos los aspectos técnicos, humanos y presupuestales de los programas existentes, incluyendo la creación de nuevas políticas y programas en el marco de la Convención, que respondan a las necesidades de la población en las Entidades Federativas y los Municipios, porque es ahí precisamente donde se agravan los problemas, rezagos y falta de servicios o apoyos.

Las reformas legales y la aplicación de la Convención, deben orientar una política de Estado para que las instituciones atiendan mejor, con dignidad y calidad a las personas con discapacidad, sin perder de vista que es urgente fortalecer programas de prevención que reduzcan la aparición de nuevas discapacidades y nuevos casos de discapacidad.

Como lo señala la Convención en su artículo 4o. párrafo tercero, en el diseño de la política de Estado y de las políticas públicas será de suma importancia la participación de los organismos sociales de y para personas con discapacidad de todo el país, de instituciones académicas o de investigación públicas, privadas o sociales e incluso de personas físicas o morales, que por su experiencia son un valuarte que el gobierno no puede excluir o minimizar en las decisiones que propicien el desarrollo e integración de las personas con discapacidad en México.

Para nuestro instituto político y las miles de gestiones y denuncias que recibimos de la ciudadanía con discapacidad, la Convención representa una nueva oportunidad para el Estado mexicano de saldar una deuda de justicia social y tenemos que asumir que la Convención es el exhorto más poderoso de Naciones Unidas que debe mover para construir políticas reales de igualdad y equidad para la atención de la discapacidad, en el marco de un genuino y desinteresado compromiso democrático con este amplio sector social y el mosaico de complejidades que tenemos que resolver.

2. Situación actual

En los últimos 30 años los mexicanos hemos observado paulatinamente un proceso de reconocimiento y apoyo hacia la persona con discapacidad en distintos momentos de la gestión gubernamental y debatir o discutir los avances institucionales, consideramos es un tema que nos debe ser útil para identificar cuáles son los avances positivos y cuáles son las áreas donde las reformas legales deben incidir para impulsar un crecimiento.

En este contexto consideramos que es urgente un diagnóstico real sobre la población con discapacidad y en ese sentido estaremos muy atentos a los resultados del próximo Censo Nacional de Población y Vivienda que este año realizara el INEGI y que sabemos ha incluido en su cuestionario, preguntas para identificar algunos indicadores sobre cuántos son, donde viven y que discapacidades enfrentan.

Para la elaboración de esta iniciativa hemos considerado las propuestas y opiniones de organismos sociales de todo el país, así como una serie de temas que hemos identificado y analizado como los siguientes:

a) Observamos con preocupación los datos presentados en el Programa Nacional de Salud 2001-2006, donde la secretaría de Salud estima que cada año se producen 265 mil nuevos casos de discapacidad, que de confirmarse con los resultados del Inegi, es claro que la ley debe proporcionar los elementos suficientes para fortalecer o construir políticas de prevención, asistencia, desarrollo e inclusión.

b) Por otra parte, de acuerdo con el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación sabemos que el 53 por ciento de las personas con discapacidad son discriminados en el trabajo, lo que implica promover una reforma a la Ley Federal del Trabajo que permita diseñar una política laboral incluyente para la población con discapacidad, acompañada de mecanismos de capacitación e incentivos a los sectores productivos.

c) Entre otras generalidades que observamos del funcionamiento del actual Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conadis), resulta preocupante la falta de Reglamento de la Ley y la publicación tardía del Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, por lo que consideramos es necesario reestructurar a dicho organismo e incorporar mecanismos de transparencia.

e) Por último, las cifras oficiales nos indican que el presupuesto de los programas vigentes de DIF Nacional, del Instituto Nacional de Rehabilitación y de la Secretaría de Educación Pública, han tenido reducciones inexplicables y así mismo identificamos cambios en las reglas de operación que limitan el presupuesto a las Entidades Federativas lo que repercute en la atención a la población con discapacidad.

3. Reformas propuestas

Considerando las anteriores reflexiones, esta iniciativa se fundamenta en la interpretación de las disposiciones de la Convención y propone las siguientes reformas:

1) Adecuamos el objeto de la ley al propósito y espíritu de la Convención, reconociendo los derechos y la instrumentación de acciones para garantizar su pleno ejercicio;

2) Incorporamos las definiciones de persona con discapacidad, ajustes razonables, discriminación por motivo de discapacidad, comunicaciones y diseño universal previstas por la Convención y adecuamos las definiciones de Lengua de Señas Mexicana, Educación Inclusiva o Especial, entre otras;

3) Se armonizan con la Convención los derechos correspondientes a salud; educación; trabajo y empleo; facilidades arquitectónicas, de desarrollo urbano y de vivienda; transporte público y las comunicaciones; desarrollo, asistencia social y estadística; deporte, cultura y turismo; y seguridad jurídica.

4) Se armonizan con la Convención los principios que deben observar las políticas públicas, incluyendo la transparencia, continuidad y transversalidad;

5) Se define en el artículo 6o. la obligatoriedad que tendrá el titular del Poder Ejecutivo federal para aplicar ésta ley y la Convención.

6) Se define que el consejo presentará al titular del Ejecutivo federal la inclusión de la partida presupuestal en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para atender los objetivos del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

7) Se propone que del presupuesto total asignado, el 60 por ciento se destine a las entidades federativas.

8) Se propone la creación de un Sistema Nacional de Información; y la incorporación de criterios de investigación en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología;

9) Se establece la disposición prevista en el artículo 4o. de la Convención, para que el Estado mexicano en la elaboración de legislación y políticas, consulte y permita la participación activa de las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas;

10) Se definen responsabilidades para las Secretarías de Salud, de Educación, de Trabajo y Previsión Social, de Comunicaciones y Transportes, de Desarrollo Social, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y de la Secretaría de Turismo;

11) Se propone la transformación del Conadis, para que se constituya como un organismo público, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio que sea presidido por el titular del Poder Ejecutivo federal;

12) El nuevo organismo se denominará Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad y su objeto será la coordinación institucional e interinstitucional, donde participaran las secretarías de Salud, Educación, Desarrollo Social, Trabajo y Previsión Social, Economía, Hacienda y Crédito Público, Agricultura, Ganadería y Pesca, y Turismo. Asimismo se invitará al Consejo Ciudadano Consultivo del DIF, a la CNDH, al Inegi, a representantes de cada uno de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, a 6 representantes de las personas con discapacidad electos de la Asamblea Consultiva, a representantes expertos, académicos o investigadores que serán propuestos por el titular del Ejecutivo federal, a representantes de los presidentes municipales y a los presidentes de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables de ambas Cámaras del Congreso de la Unión;

13) El Consejo contará con un Secretario Ejecutivo que será el titular de la Secretaría de Salud quien fungirá como presidente de la Junta de Gobierno;

14) Para el cumplimiento de las atribuciones del Consejo, el titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF fungirá como titular de la Secretaría Técnica del Consejo.

15) Los órganos de administración del Consejo serán la Junta de Gobierno y la Secretaría Técnica;

16) El Consejo contará con una Asamblea Consultiva que estará integrada por representantes de cada una de las entidades federativas que serán electos de acuerdo con la convocatoria pública que emita el Consejo, por 5 representantes de organizaciones nacionales que serán electos por un comité integrado por el secretario de Salud, los presidentes de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables del Congreso de la Unión, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría Técnica, así como por 5 representantes entre expertos, académicos o investigadores que serán propuestos por el titular del Poder Ejecutivo federal;

17) Se define que la Comisión Nacional de Derechos Humanos será el mecanismo nacional independiente para promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención;

18) Se establecen lineamientos generales para la elaboración del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el cual deberá contar con el consenso y aprobación de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal y deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación en el primer trimestre de cada año para su revisión, modificación o ratificación;

19) Se define que toda persona, grupo social, organizaciones no gubernamentales, asociaciones o sociedades, podrán denunciar ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las comisiones estatales de Derechos Humanos o el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir discriminación, daño o afectación a los derechos y garantías;

20) Se define la responsabilidad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y demás autoridades competentes del sistema financiero mexicano, para garantizar a las personas con discapacidad el acceso en igualdad de circunstancias y condiciones a los servicios que ofrecen las instituciones bancarias y demás entidades parte del sistema financiero mexicano;

21) Se define la prohibición de cualquier tipo de discriminación contra las personas con discapacidad en el otorgamiento de seguros de salud o de vida, siendo responsabilidad de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas garantizar y vigilar la debida protección y sancionar el incumplimiento de este derecho;

22) Se propone que el titular del Ejecutivo federal garantice la consulta y participación de las personas con discapacidad y las organizaciones, en la elaboración y aplicación de legislación, políticas y programas, así como en la elaboración de los informes que México deben presentar a Naciones Unidas;

23) Se define la prohibición de cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional;

24) Se define la prohibición de cualquier tipo de discriminación por motivo de discapacidad en la selección, contratación, remuneración, tipo de empleo, reinserción, continuidad, capacitación, liquidación, promoción profesional y condiciones de trabajo accesibles, seguras y saludables;

25) Se define incorporar de forma gratuita al Seguro Popular a la población con discapacidad;

26) Se define que las niñas y los niños con discapacidad gozarán del derecho a la admisión gratuita y obligatoria y recibirán atención especializada en los centros de desa-rrollo infantil y las guarderías públicas y mediante convenios de servicios, en guarderías privadas. Las niñas y niños con discapacidad no podrán ser condicionados en su integración a la educación inicial o preescolar;

27) Se propone que los estudiantes y profesionistas puedan cumplir con el requisito del servicio social, prestando apoyo a estudiantes o personas con discapacidad que así lo requieran;

28) Se propone que obligatoriamente en las licitaciones de concesión del servicio de transporte público aéreo, terrestre o marítimo, las unidades e instalaciones garanticen a las personas con discapacidad la accesibilidad para el desplazamiento y los servicios incluyendo especificaciones técnicas y antropométricas, apoyos técnicos, humanos y personal capacitado;

29) Se define que los medios de comunicación implementarán el uso de tecnología y, en su caso, de intérpretes de la lengua de señas mexicana, que permitan a la comunidad de sordos las facilidades de comunicación y el acceso al contenido de su programación;

30) Se propone el diseño de programas para la prestación de servicios de asistencia social, aplicándolos para personas con discapacidad en situación de pobreza, abandono o marginación, incluidos servicios de capacitación, asistencia financiera y servicios de cuidados temporales, los cuales se extenderán a las regiones rurales y comunidades indígenas;

31)Se define que la Conade garantizará el otorgamiento de apoyos administrativos, técnicos, humanos y financieros, requeridos para la práctica de actividades físicas y deportivas a la población con discapacidad, en sus niveles de desarrollo popular, nuevos valores, prospectos, alto rendimiento de primera fuerza y juveniles, máster y paralímpico;

32) Se propone que Conaculta garantice el derecho de las personas con discapacidad al desarrollo de sus capacidades artísticas y culturales y la protección de sus derechos de propiedad intelectual;

33) Se define que la Secretaría de Turismo garantizará el derecho de las personas con discapacidad para acceder y disfrutar de los programas y servicios turísticos, recreativos y de esparcimiento, adaptación y accesibilidad de las instalaciones de servicios que comprenden la infraestructura para el turismo nacional;

34) Se propone que las personas con discapacidad reciban un trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales en que sean parte y de forma gratuita; así mismo que los órganos de derechos humanos y de administración y procuración de justicia, brindarán asesoría, representación jurídica cuando así lo requieran las personas con discapacidad y deberán contar con los elementos técnicos, humanos o materiales y condiciones de accesibilidad; También se propone que formularán y establecerán programas de capacitación al personal adscrito a estas dependencias e independientemente, conformarán un cuerpo de especialistas, traductores, peritos o defensores de oficio, que asistan, orienten y defiendan a las personas con discapacidad, a fin de garantizar la promoción y defensa de sus derechos.

4. Conclusiones

Consideramos que las reformas propuestas a ésta Ley, responden en gran parte con los conceptos de la Convención que se significan por el sentido de obligatoriedad para el Estado mexicano.

En segundo término, consideramos que contribuyen al establecimiento de una política de Estado y de una autoridad que sea responsable de su cumplimiento y aplicación y fundamentalmente, que garantice la participación social y una efectiva coordinación con los tres niveles de gobierno, para definir las políticas públicas necesarias para el desarrollo de la población con discapacidad.

Por lo anterior y porque nuestro compromiso con las personas con discapacidad, es abatir los rezagos, incumplimientos legales y lograr una mejor calidad de vida que permita a las personas con discapacidad, superar sus condiciones de pobreza y discriminación con políticas públicas que les brinden certeza de progresar y desarrollarse como individuos, es por lo que las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI presentamos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman, adicionan y drogan diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad

Artículo Único. Se reforma el artículo 1o. párrafo segundo, artículo 2o. y las fracciones IV, VII, VIII, IX, XI, XIII, artículo 3o., artículo 4o., artículo 5o. incisos d), artículo 6o. y las fracciones I, II, III, IV, V, artículo 7o. y las fracciones I, II, II, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, artículo 8o., la denominación del capítulo II; el artículo 9o. y las fracciones I, II, V, y VI, artículo 10 y las fracciones I, II, III, IV, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, artículo 11 párrafo cuarto, artículo 12, artículo 13, artículo 14, la denominación del capítulo IV; el artículo 15 y las fracciones I, II, artículo 16, artículo 17 y las fracciones I, II, y III, artículo 18, la denominación del capítulo VI; el artículo 19 y las fracciones I, III, V, VIII, artículo 20, la denominación del capítulo VII; el artículo 21, artículo 22 y las fracciones II, III, artículo 23 y la fracción III, artículo 24, artículo 25, artículo 28, la denominación del Título Tercero, artículo 29, artículo 30 y las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII, artículo 31 y las fracciones I, II, III, IV, V, VI, y VII, los párrafos 1o. y 2o. del artículo 31, artículo 32, artículo 33, artículo 34, la denominación del capítulo II del Título Tercero; el artículo 35, artículo 36; se adicionan las fracciones I-Bis, III-Bis, y III-Ter al artículo 2o., los incisos j), k), l), m) al artículo 5o., las fracciones VI, VII, y VIII al artículo 6o., las fracciones XI y XII al artículo 7o., el artículo 7o.-Bis, las fracciones VII, VIII y IX al artículo 9o., las fracciones XV, XVI y XVII al artículo 10, las fracciones I, y II al artículo 13, la fracción IV al artículo 15, la fracción VI al artículo 17, el artículo 19-Bis, el artículo 19-Ter, la fracción IV al artículo 22, las fracciones IV, V y VI al artículo 23, el artículo 23-Bis, el artículo 28-Bis, el artículo 29-A, el artículo 29-B, el artículo 29-C, las fracciones XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XIV, XV al artículo 30, el artículo 30-A, las fracciones IX, X, XI y XII al artículo 31, el párrafo tercero. al artículo 31, el artículo 31-A, el artículo 34-A, el artículo 34-B, los artículos 35-A, 35-B, 35-C, 35-D, 35-E, 35-F, 35-G, 35-H, 35-I, 35-J, 35-K; el artículo 35-L, y el capítulo III al Título Tercero; y se derogan la fracción IX del artículo 7o. y la fracción II del artículo 19, para quedar como sigue:

Ley General para las Personas con Discapacidad

Artículo 1o. Las disposiciones...

Su objeto es promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, que les permitan en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades, su inclusión en todos los ámbitos de la vida.

De manera enunciativa....

Artículo 2o. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. ...

I-Bis. Ajustes Razonables. Se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y técnicamente viables a realizarse, para garantizar a las personas con discapacidad el disfrute o ejercicio, en condiciones de igualdad con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales;

II. ...

II-Bis. Comunicación. Comprenderá el lenguaje escrito, oral y la lengua de señas mexicana, la visualización de textos, sistema Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia escritos o auditivos de fácil acceso, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso;

III. ...

III-Bis. Discriminación por motivos de discapacidad.- Se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables;

III-Ter. Diseño universal. Se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. No se excluirán las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten;

IV. Educación inclusiva y especial. Conjunto de servicios, programas, orientación y recursos educativos especializados, que deberán incluirse en el Sistema Educativo Nacional, para asegurar la atención de las distintas discapacidades, que favorezcan el desarrollo, la inclusión, la adquisición de habilidades y el fortalecimiento de destrezas o capacidades de la infancia y personas con discapacidad, incluidas las comunidades indígenas y rurales;

V. Igualdad de Oportunidades.- Proceso de adecuaciones, ajustes y mejoras necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, que faciliten a las personas con discapacidad su inclusión, integración, convivencia y participación, con las mismas oportunidades y posibilidades que el resto de la población.

VI. ...

VII. ...

VIII.Consejo. Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad

IX. Lengua de señas mexicana. Lengua de una...;

X. ...

XI.Persona con discapacidad. Toda persona que presenta una deficiencia física, mental , intelectual o sensorial a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás;

XII. ...

XIII. ...

XIV. ...

Artículo 3o. La aplicación de esta Ley corresponde y es de observancia obligatoria a las dependencias de la administración pública federal, entidades paraestatales, órganos desconcentrados, descentralizados, autónomos, judiciales, personas físicas, personas morales y el Consejo, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como a los gobiernos de las entidades federativas, del Distrito Federal y a los municipios, en los términos de los convenios que se celebren.

A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le corresponde la aplicación de esta ley en términos de las atribuciones que le otorgan la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos y su Reglamento Interior, así como las concernientes a su carácter de mecanismo nacional independiente para promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.

Artículo 4o. Los derechos que establece la presente ley serán reconocidos a todas las personas con discapacidad, sin discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, condición social, jurídica o económica, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil, apariencia física, características genéticas, diversidad sexual, embarazo, identidad o filiación política, lengua, situación migratoria o cualquiera otra que atente contra su dignidad, derechos o libertades.

Artículo 5o. Los principios que deberán observar las políticas públicas en la materia, son:

a) ...

b) ...

c) La igualdad de oportunidades;

d) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

e) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas;

f) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;

g) El respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;

h) ...

i) ...

j) La transversalidad;

k) La transparencia; y

l) La continuidad.

Artículo 6o. Son atribuciones y obligaciones del Titular del Poder Ejecutivo federal en materia de esta ley, las siguientes:

I.Establecer la política de Estado y las políticas públicas para las personas con discapacidad, conforme a las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de derechos humanos, definiendo medidas legislativas y administrativas, para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad;

II. Coordinar con dependencias, organismos de los tres órdenes de gobierno, organismos públicos, privados o sociales y personas físicas, el diseño de la política de Estado y la elaboración de las reglas de operación y normatividad necesarias para la implementación de las políticas públicas que aseguren la atención e integración social de las personas con discapacidad;

III. Proponer en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación las partidas correspondientes para la aplicación y ejecución de los programas dirigidos a las personas con discapacidad, así como el monto de los recursos que se deberán distribuir a las entidades federativas, el cual no podrá ser menor al 60 por ciento del monto total asignado a los programas. Derivado de lo anterior, el gobierno federal deberá elaborar convenios de colaboración con las entidades federativas.

IV. Concertar, elaborar, establecer, aplicar y vigilar con las entidades federativas las acciones para dar cumplimiento, en el ámbito de sus atribuciones, a las políticas públicas que garanticen la equidad e igualdad de oportunidades;

V. Otorgar estímulos fiscales a personas físicas o morales que realicen acciones a favor de las personas con discapacidad, adecuen sus instalaciones en términos de accesibilidad, o de cualquier otra forma se adhieran a las políticas públicas en la materia, en términos de la legislación aplicable;

VI. Garantizar la consulta y participación de las personas con discapacidad y las Organizaciones, en la elaboración y aplicación de legislación, políticas y programas, incluyendo la colaboración de personas físicas o morales, públicas, privadas o sociales, con base en la presente ley;

VII. Garantizar la participación de las personas con discapacidad y las organizaciones en la elaboración de los informes que el Poder Ejecutivo federal debe presentar a la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, relacionados con la materia y los derechos humanos; y

VIII. Las demás que otros ordenamientos le otorguen.

Artículo 7o. La Secretaría de Salud garantizará a la población con discapacidad su derecho a gozar del más alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación por motivos de discapacidad, mediante programas y servicios que serán diseñados y proporcionados, considerando criterios de calidad, especialización, género, gratuidad o precio asequible. Para tal efecto, ejecutará las siguientes acciones:

I. Diseñar, ejecutar y evaluar programas para la orientación, prevención, detección, intervención temprana, atención integral o especializada, rehabilitación y habilitación, que necesiten las personas con discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad;

II. Crear centros responsables de la ejecución de los programas señalados en la fracción anterior, la cual se extenderá a las regiones rurales y comunidades indígenas, considerando los derechos humanos, dignidad, autonomía y necesidades de las personas con discapacidad;

III.Elaborar programas de educación para la salud de las personas con discapacidad, a fin de que los profesionales de la salud presten a las personas con discapacidad atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la base de un consentimiento libre e informado;

IV.Constituir, a través de los mecanismos institucionales que determine cada orden de gobierno, bancos de prótesis, órtesis, ayudas técnicas y medicinas de uso restringido, facilitando su gestión y obtención a la población con discapacidad de escasos recursos y fomentar la creación de centros asistenciales, temporales o permanentes, donde las personas con discapacidad sean atendidas en condiciones que respeten su dignidad y sus derechos de conformidad con los principios establecidos en la presente ley;

V. Celebrar convenios con instituciones educativas públicas y privadas, para impulsar la investigación y conocimiento sobre la materia;

VI. Implantar programas de sensibilización, desarrollo de la conciencia, capacitación y actualización, dirigidos al personal médico y administrativo, para la atención de la población con discapacidad, orientados a impedir la negación, de manera discriminatoria, de servicios de salud o de atención de la salud o alimentos sólidos o líquidos por motivos de discapacidad;

VII.Establecer los mecanismos para garantizar la prestación de servicios de información, orientación, atención y tratamiento psicológico para las personas con discapacidad, sus familias o quienes se encarguen de su cuidado y atención;

VIII. Elaborar y expedir normas técnicas y éticas para la atención de la salud de las personas con discapacidad en los ámbitos público o privado y a fin de que los centros de salud, rehabilitación y habilitación dispongan de instalacionesy equipos adecuados para la prestación de sus servicios;

IX. Se deroga

X. Crear programas de educación, rehabilitación y orientación sexual y reproductiva, para las personas con discapacidad;

XI. Incorporar de forma gratuita al Seguro Popular a la población con discapacidad; y

XII. Las demás que otros ordenamientos les otorguen.

Artículo 7o. Bis. Queda prohibido cualquier tipo de discriminación contra las personas con discapacidad en el otorgamiento de seguros de salud o de vida, siendo responsabilidad de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas garantizar y vigilar la debida protección y sancionar el incumplimiento de este derecho.

Artículo 8o. La Secretaría de Salud en coordinación con el Consejo y de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, emitirá la Clasificación Nacional de Discapacidades, la cual estará disponible al público y deberá ser utilizada en el diseño de políticas públicas.

Capítulo IITrabajo y empleo

Artículo 9o. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social garantizará el derecho al trabajo y empleo de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y equidad, prohibiendo cualquier tipo de discriminación por motivo de discapacidad en la selección, contratación, remuneración, tipo de empleo, reinserción, continuidad, capacitación, liquidación, promoción profesional y condiciones de trabajo accesibles, seguras y saludables. Para tal efecto, ejecutará las siguientes acciones:

I. Diseñar, ejecutar, evaluar y promover políticas encaminadas a la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el sector público o privado, que garanticen la capacitación, empleo, contratación y derechos sindicales de las personas con discapacidad;

II. Establecer programas y becas para la formación o capacitación para el empleo y el financiamiento de actividades productivas, cooperativas o empresas para o desarrolladas por las personas con discapacidad;

III. ...

IV. ...

V. Elaborar e implantar el programa nacional de trabajo y empleo para las personas con discapacidad, que comprenda la creación de agencias de integración laboral, acceso a bolsas de trabajo públicas o privadas, centros de trabajo protegido, talleres, asistencia técnica, formación vocacional o profesional, becas económicas temporales, y programas de seguro de desempleo, a través de convenios con los sectores empresariales, instituciones de gobierno, organismos sociales, sindicatos y empleadores;

VI. Proporcionar obligatoriamente asistencia técnica y legal a los sectores productivos, social y privado, en materia laboral para las personas con discapacidad, cuando estos lo soliciten;

VII. Garantizar la constante revisión de las normas oficiales mexicanas a efecto de permitir el pleno acceso y goce de los derechos en materia laboral establecidos por la presente ley y demás disposiciones aplicables;

VIII. Garantizar la capacitación y sensibilización al personal que trabaje con personas con discapacidad en el sector público o privado, establecer mecanismos de denuncia, y determinar sanciones ante situaciones de acoso, discriminación, esclavitud, tortura, servidumbre, trabajo forzado, empleo sin remuneración u obligatorio; y

IX. Las demás que otros ordenamientos les otorguen.

Artículo 10. La Secretaría de Educación Pública garantizará el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional. Para tales efectos, ejecutará las siguientes acciones:

I.Establecer en el sistema educativo nacional, el diseño, ejecución y evaluación del programa para la educación inclusiva y del programa para la educación especial de personas con discapacidad, incluyendo la población indígena y sus lenguas;

II. Asegurar la inclusión gratuita de las personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, desarrollando normas y reglamentos que eviten su discriminación, les aseguren condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal docente debidamente capacitado y verificar su cumplimiento;

III. Las niñas y los niños con discapacidad gozarán del derecho a la admisión gratuita y obligatoria y recibirán atención especializada en los centros de desa-rrollo infantil y las guarderías públicas y mediante convenios de servicios, en guarderías privadas. Las niñas y niños con discapacidad no podrán ser condicionados en su integración a la educación inicial o preescolar;

IV. Establecer en el sistema educativo nacional un programa para formar, sensibilizar, desarrollar la conciencia, actualizar, capacitar, profesionalizar y en su caso incrementar los incentivos laborales a los docentes y personal que intervenga directamente en la educación de personas con discapacidad. A fin de brindar una educación con calidad se contrataran maestros especializados incluidos maestros con discapacidad, que permitan la atención de las diversas discapacidades;

V. ...

VI.Establecer en los programas educativos que se transmiten por televisión pública o privada, nacional o local, la inclusión de tecnologías para texto, audiodescripciones, estenografía proyectada o personal especializado en la interpretación de Lengua de Señas Mexicana;

VII.Proporcionar a los estudiantes con discapacidad materiales, incentivos económicos y ayudas técnicas que apoyen su rendimiento académico, así como equipar planteles y centros educativos con libros en braille, materiales didácticos, apoyo gratuito de intérpretes de lengua de señas mexicana o especialistas en sistema braille, equipos computarizados con tecnología para personas ciegas y todas aquellas que se identifiquen necesarias para brindar una educación con calidad;

VIII. Garantizar el acceso de las personas con discapacidad a la educación pública obligatoria, bilingüe y adaptada al tipo de discapacidad que corresponda, incluyendo la enseñanza del sistema Braille y la Lengua de Señas Mexicana. El uso suplementario de otras lenguas nacionales se promoverá cuando las circunstancias regionales así lo requieran. Asimismo, se deberá garantizar la producción y distribución de libros de texto gratuitos en Sistema Braille, macrotipos y textos audibles que complementen los conocimientos que obtendrán los alumnos con discapacidad visual;

IX. Establecer en los niveles del sistema educativo nacional un programa nacional de becas educativas y becas de capacitación para personas con discapacidad;

X. La lengua de señas mexicana y el sistema de escritura braille serán de uso obligatorio en instituciones públicas o privadas, así como en programas de educación inclusiva o especial, capacitación, comunicación, e investigación, para su utilización en el sistema educativo nacional;

XI. Diseñar e implementar programas de formación y certificación de intérpretes, estenógrafos del español y demás personal especializado en la difusión y uso conjunto del español, las lenguas indígenas y la lengua de señas mexicana;

XII. ...

XIII. Impulsar programas de investigación, preservación y desarrollo de la lengua de señas mexicana, de las personas con discapacidad auditiva y de las formas de comunicación de las personas con discapacidad visual;

XIV. ...

XV. Incorporar en el sistema nacional de ciencia y tecnología lineamientos que permitan la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones de diseño universal;

XVI. Los estudiantes y profesionistas podrán cumplir con el requisito del servicio social, prestando apoyo a estudiantes o personas con discapacidad que así lo requieran; y

XVII. Las demás que otros ordenamientos les otorguen.

Artículo 11. Las personas con...

En el sistema...

El sistema...

Los acervos digitales deberán estar al alcance de las personas con discapacidad, y así se promoverán cursos de capacitación para el conocimiento y uso de las tecnologías.

Artículo 12. La lengua de señas mexicana, reconocida oficialmente como una lengua nacional y forma parte del patrimonio lingüístico con que cuenta la nación mexicana. Serán reconocidos el sistema braille, los modos, medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales;

Artículo 13. Las autoridades competentes serán responsables de garantizar a las personas con discapacidad su derecho a la accesibilidad universal y la vivienda, por lo que deberán emitir, implementar y vigilar normas, lineamientos y reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones o infraestructura públicas o privadas y la obtención de vivienda, que permitan a las personas con discapacidad vivir en forma independiente y participar plenamente en igualdad de condiciones.

Las autoridades responsables de la administración pública federal, estatal y municipal vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se establecen en la normatividad vigente.

Los edificios públicos deberán sujetarse a la legislación, regulaciones y normas oficiales mexicanas vigentes, para el aseguramiento de la accesibilidad a éstos.

Para tales efectos, el Consejo instrumentará las siguientes acciones:

I. Coordinara con las dependencias de la administración pública federal, los gobiernos estatales y municipales, y los Congresos locales, la elaboración de programas en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda, reformas legales, elaboración de reglamentos o normas, y la certificación oficial a instalaciones públicas o privadas; y

II. Supervisara la aplicación de normas, disposiciones legales, administrativas o de sanción civil o penal, que garanticen la accesibilidad en las instalaciones o infraestructura pública o privada.

Artículo 14. Las instalacionesprivadas, de uso o servicio público, deberán cumplir con las disposiciones que determine la legislación vigente, para garantizar la accesibilidad y desplazamiento autónomo y seguro de las personas con discapacidad.

Artículo 15. En el marco de sus respectivas atribuciones las autoridades competentes de los tres ordenes de gobierno, establecerán las disposiciones legales para garantizar la accesibilidad y desplazamiento de las personas con discapacidad, en la infraestructura pública o privada, equipamiento urbano y espacios públicos incluyendo entre otros, los siguientes lineamientos:

I. Que sean de carácter universal, obligatorios y adaptados para todas las personas;

II. Que incluyan el uso de señalización, facilidades arquitectónicas, tecnologías, información, sistema braille, lengua de señas mexicana, ayudas técnicas, perros guía y otros apoyos;

III. ...; y

IV. Será responsabilidad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y demás autoridades competentes del sistema financiero mexicano, garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso en igualdad de circunstancias y condiciones a los servicios que ofrecen las instituciones bancarias y demás entidades parte del sistema financiero mexicano.

Artículo 16.- Las personas con discapacidad tienen derecho a una vivienda digna. Los programas de vivienda del sector público o sector privado deberán incluir proyectos arquitectónicos de construcciones que consideren sus necesidades de accesibilidad. Las dependencias públicas de vivienda otorgarán obligatoriamentefacilidades para recibir créditos o subsidios para la adquisición, construcción o remodelación de vivienda.

Artículo 17. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes garantizará el derecho de las personas con discapacidad, sin discriminación de ningún tipo, al acceso al transporte, los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, que contribuyan a su independencia y desarrollo integral. Para estos efectos, ejecutará las siguientes acciones:

I. Establecer mecanismos de coordinación con autoridades competentes y empresas privadas, a fin de elaborar normas y programas que garanticen la accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad en los medios de transporte público aéreo, terrestre y marítimo y medios de comunicación a las personas con discapacidad;

II. Establecer obligatoriamente que en las licitaciones de concesión del servicio de transporte público aéreo, terrestre o marítimo, las unidades e instalaciones garanticen a las personas con discapacidad la accesibilidad para el desplazamiento y los servicios incluyendo especificaciones técnicas y antropométricas, apoyos técnicos, humanos y personal capacitado;

III. Se deroga

IV. Diseñar, promover y ejecutar programas y campañas de educación vial, cortesía urbana y respeto hacia las personas con discapacidad en su tránsito por la vía y lugares públicos, así como para evitar cualquier tipo de discriminación en el uso del transporte público aéreo, terrestre o marítimo;

V. ...; y

VI. Establecer convenios con los medios de comunicación, para difundir una imagen de las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de ésta Ley, e incorporar en su programación cotidiana programas de formación, sensibilización y participación de las personas con discapacidad.

Artículo 18. Los medios de comunicación implantarán el uso de tecnología y, en su caso, de intérpretes de la lengua de señas mexicana, que permitan a la comunidad de sordos las facilidades de comunicación y el acceso al contenido de su programación.

Capítulo VIDel desarrollo, asistencia social y estadística

Artículo 19. La Secretaría de Desarrollo Social garantizará el derecho de las personas con discapacidad a un mayor índice de desarrollo humano para ellas y sus familias, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuados y a la mejora continua de sus condiciones de vida, sin discriminación por motivos de discapacidad. Para estos efectos, ejecutará las siguientes acciones:

I. Establecer medidas que garanticen el acceso de las personas con discapacidad en todas las acciones, programas de protección y desarrollo social y estrategias de reducción de la pobreza; además, verificarán la observancia de todas aquellas disposiciones que les sean aplicables de la Ley General de Desarrollo Social;

II. Se deroga.

III. Establecer programas para la prestación de servicios de asistencia social, aplicándolos para personas con discapacidad en situación de pobreza, abandono o marginación, incluidos servicios de capacitación, asistencia financiera y servicios de cuidados temporales, los cuales se extenderán a las regiones rurales y comunidades indígenas;

IV. ...

V. Establecer que las políticas de asistencia social que se promuevan para las personas con discapacidad estarán dirigidas a lograr su plena integración social y a la creación de programas interinstitucionales de atención integral;

VI. ...

VII. ...

VIII. Establecer prioritariamente que las políticas y programas, en materia de asistencia social para personas con discapacidad se orienten a:

a) ...

b) La habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad; y

c) El combate a la pobreza de las personas con discapacidad;

IX. ...

Artículo 19 Bis. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía a través de la legislación aplicable, garantizará que el Censo Nacional de Población incluya lineamientos para la recopilación de información y estadística de la población con discapacidad, la cuál será de orden público y tendrá como finalidad la formulación de planes, programas y políticas. Además, desarrollará instrumentos estadísticos que proporcionen información e indicadores cualitativos y cuantitativos sobre todos los aspectos relacionados con la discapacidad.

Artículo 19 Ter. El consejo en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, desarrollarán el Sistema Nacional de Información en Discapacidad, que tendrá como objetivo proporcionar información de servicios públicos, privados o sociales, y todo tipo de información relacionada, a la población con discapacidad, la cual podrá ser consultada por medios electrónicos o impresos o a través de módulos de consulta dispuestos en instalaciones públicas.

Artículo 20. El consejo, los gobiernos de las entidades federativas, del Distrito Federal y los municipios podrán celebrar convenios con los sectores privado y social, a fin de:

I. a V. ...

Capítulo VIIDel deporte, cultura y turismo

Artículo 21. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte formulará y aplicará programas y acciones que garanticen el otorgamiento de apoyos administrativos, técnicos, humanos y financieros, requeridos para la práctica de actividades físicas y deportivas a la población con discapacidad, en sus niveles de desarrollo popular, nuevos valores, prospectos, alto rendimiento de primera fuerza y juveniles, máster y paralímpico.

Conjuntamente con las federaciones y asociaciones deportivas de y para personas con discapacidad elaborará el Programa Nacional de Deporte Paralímpico y definirá el presupuesto correspondiente para el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales.

Artículo 22. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes garantizará el derecho de las personas con discapacidad al desarrollo de sus capacidades artísticas y culturales, y la protección de sus derechos de propiedad intelectual. Para tales efectos, ejecutará las siguientes acciones:

I. Establecer programas para apoyar el desarrollo artístico y cultural de las personas con discapacidad;

II. Garantizar que las personas con discapacidad cuenten con las facilidades necesarias para acceder y disfrutar de los servicios culturales; y

III. Establecer el uso de tecnologías en la cinematografía y el teatro en formatos accesibles, así como la capacitación de recursos humanos, el uso de materiales que faciliten la adecuada comunicación de su contenido con la finalidad de lograr su integración en las actividades culturales.

Artículo 23. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, diseñara y ejecutará políticas y programas orientados a:

I. ...

II. ...

III. Asegurar las adecuaciones físicas y de señalización necesarias para que tengan el acceso a todo recinto donde se desarrolle cualquier actividad cultural;

IV. Garantizar el reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística específica, incluidas la lengua de señas mexicana y la cultura de los sordos.

V. Establecer la capacitación de recursos humanos, el uso de materiales y tecnología con la finalidad de lograr su integración en las actividades culturales; y

VI. Elaborar materiales en braille y formatos accesibles.

Artículo 23 Bis. La Secretaría de Turismo garantizará el derecho de las personas con discapacidad para acceder y disfrutar de los programas y servicios turísticos, recreativos y de esparcimiento, adaptación y accesibilidad de las instalaciones de servicios que comprenden la infraestructura para el turismo nacional.

Artículo 24. Las autoridades competentes garantizarán el derecho de las personas con discapacidad para que, en igualdad de condiciones y de acuerdo a su tipo de discapacidad, reciban un trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales en que sean parte y de forma gratuita. Los órganos de derechos humanos, y de administración y procuración de justicia, brindarán asesoría, representación jurídica cuando así lo requieran las personas con discapacidad, y deberán contar con los elementos técnicos, humanos o materiales y condiciones de accesibilidad, bajo los términos que establezcan las leyes respectivas, los tratados internacionales y demás disposiciones legales aplicables en la materia.

Asimismo, formularán y establecerán programas de capacitación al personal adscrito a estas dependencias, e independientemente, conformarán un cuerpo de especialistas, traductores, peritos o defensores de oficio, que asistan, orienten y defiendan a las personas con discapacidad, a fin de garantizar la promoción y defensa de sus derechos.

Artículo 25. El Poder Ejecutivo federal, los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, en coordinación con el consejo, promoverán al interior de la estructura orgánica de sus respectivas instituciones de administración e impartición de justicia, la disponibilidad de los recursos de comunicación, ayudas técnicas y humanas necesarias para la atención de las personas con discapacidad en sus respectivas jurisdicciones.

Artículo 25-A. Toda persona, grupo social, organizaciones no gubernamentales, asociaciones o sociedades, podrán denunciar ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las Comisiones estatales de Derechos Humanos o el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir discriminación, daño o afectación a los derechos y garantías que establece la presente Ley, o que contravenga cualquier otra de sus disposiciones o de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con las personas con discapacidad.

Artículo 28. El gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas, del Distrito Federal y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción y en coordinación con el consejo participarán en la elaboración y ejecución del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, debiendo observar y hacer observar, las responsabilidades y obligaciones con relación a las personas con discapacidad, establecidas en la presente Ley.

Artículo 28 Bis. El Programa Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad, deberá cumplir con los siguientes lineamientos generales:

I. El programa se deberá elaborar, revisar, modificar o ratificar y publicar en el Diario Oficial de la Federación en el primer trimestre del año y para su mayor difusión será publicado en las Gacetas o Periódicos Oficiales de las entidades federativas y la Gaceta del Distrito Federal;

II. Contar con el consenso y aprobación de los gobiernos de las entidades federativas y el Distrito Federal;

III. El consejo lo enviará a las Cámaras del Congreso de la Unión para su conocimiento y supervisión por las comisiones de la materia;

IV. El programa deberá elaborarse con fundamento en los lineamientos establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y ésta ley;

V. Establecerá con claridad las políticas públicas, metas y objetivos de carácter federal, estatal o municipal;

VI. Cumplir con la normatividad vigente para la elaboración de programas, supervisión, rendición de cuentas y mecanismos de transparencia; y

VII. Incluirá lineamientos e indicadores de las políticas públicas, reglas de operación, estadística, presupuestos, impacto social y todos aquellos que se estimen necesarios para una correcta y eficiente aplicación del Programa Nacional en beneficio de la población con discapacidad.

Título TerceroConsejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Capítulo IDe su denominación, objeto, domicilio y patrimonio

Artículo 29. El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que para el cumplimiento de sus atribuciones gozará de autonomía técnica y de gestión para formular políticas, acciones, estrategias y programas derivados de ésta ley.

Artículo 29-A. El consejo tiene por objeto el establecimiento de la política de Estado para las personas con discapacidad, mediante la coordinación institucional e interinstitucional, así como proponer, promover, fomentar, vigilar, evaluar y sancionar el cumplimiento del sector público y en lo que competa al sector privado, con las acciones, estrategias, políticas públicas y programas derivados de la presente Ley y demás ordenamientos vigentes.

Artículo 29-B. El domicilio del consejo es la Ciudad de México, Distrito Federal, y podrá contar con las unidades administrativas necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones.

Artículo 29-C. El patrimonio del consejo se integrará con:

I. Los recursos que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente le asigne la Cámara de Diputados;

II. Los bienes muebles e inmuebles que le sean asignados;

III. Los bienes que adquiera por cualquier otro título lícito; y

IV. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas y morales.

V. ...

Sección PrimeraAtribuciones

Artículo 30. Para el cumplimiento de la presente ley, el consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. Coordinar y elaborar, con fundamento en los artículos 28º y 28º Bis de ésta Ley, el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, concertando acuerdos o convenios con las dependencias de la Administración Pública  federal , los Gobiernos de las Entidades Federativas, del Distrito Federal y de los Municipios, las Cámaras del Congreso de la Unión, los Congresos Locales, los sectores social o privado y las organizaciones, evaluando periódica y sistemáticamente la ejecución del mismo. La aplicación de las políticas y programas corresponderá a los órganos de la Administración Pública  federal, de los gobiernos de las entidades federativas, del Distrito Federal y de los municipios;

II. Proponer acciones y programas para generar condiciones de igualdad y de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad;

III. Promover el goce y ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, así como hacer de su conocimiento los canales institucionales para hacerlos exigibles ante la autoridad competente;

IV. Proponer, diseñar, establecer y revisar la Política de Estado para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad, mediante la coordinación y supervisión de los programas institucionales en los tres órdenes de gobierno;

V. Proponer al titular del Poder Ejecutivo federal la inclusión de la partida presupuestal en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para atender los objetivos del Programa Nacional para el Desa-rrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y del Consejo e instituciones de la administración pública federa para la aplicación y ejecución de los programas dirigidos a las personas con discapacidad;

VI. Promover la implementación de medidas para incrementar la accesibilidad en la infraestructura física de instalaciones públicas y los recursos técnicos, materiales y humanos necesarios para la atención segura y accesible de la población con discapacidad;

VII. Realizar y difundir estudios e investigaciones sobre el desarrollo social, económico, político y cultural de las personas con discapacidad;

VIII. Promover y fomentar la cultura de la dignidad y respeto de las personas con discapacidad, a través de programas y campañas de sensibilización y desa-rrollo de la conciencia.

IX. Proporcionar o solicitar a las instituciones públicas y en su caso a particulares, la información para verificar el cumplimiento de esta ley, en el ámbito de su competencia, con las excepciones previstas por otros ordenamientos vigentes;

X. Opinar bajo un criterio de equidad sobre las reglas para la operación de los programas dirigidos a la atención de personas con discapacidad;

XI. ...

XII. Promover la firma y cumplimiento de instrumentos internacionales o regionales, y asistir a las reuniones nacionales, regionales o internacionales, relacionados con la materia;

XIII. ...

XIV. En coordinación con los ordenes niveles de gobierno, establecer mecanismos para el conocimiento, recepción y canalización de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos de las personas con discapacidad, las disposiciones de ésta ley y otros ordenamientos similares vigentes, las cuales deberán ser promovidas para su atención y resolución ante las instancias correspondientes;

XV. ...

XVI. ...

XVII. Suscribir convenios con el sector gubernamental, y los sectores productivos y empresariales, para que se otorguen descuentos, facilidades económicas o administrativas en la adquisición de bienes y servicios públicos o privados, a las personas con discapacidad o sus familias;

XVIII. Ser el organismo de consulta y asesoría obligatoria para las dependencias y entidades de la administración pública federal, los gobiernos de las entidades federativas, del Distrito Federal o municipales y para las instituciones de los sectores social o privado que realicen acciones o programas para las personas con discapacidad;

XIX. Promover y garantizar que en las políticas, programas o acciones, se impulse la toma de conciencia respecto de las capacidades, habilidades, aptitudes, méritos y aportaciones de las personas con discapacidad en todos los ámbitos y en particular, en los espacios laborales;

XX. Promover la armonización de Leyes y Reglamentos a nivel federal, estatal o municipal, respecto de las disposiciones establecidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;

XXI. Proponer la creación y aplicación de Normas Oficiales Mexicanas en materia de discapacidad;

XXII. Elaborar, presentar y difundir anualmente el informe de avances y resultados del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

XXIII. Supervisar la aplicación de la presente ley en relación con la condición jurídica de las personas con discapacidad, así como con la debida protección de los derechos e implantación de las acciones que en la misma se establecen;

XXIV. Elaborar y presentar para su aprobación el Reglamento de la ley, el Reglamento Orgánico del consejo de conformidad con las facultades y obligaciones que la presente Ley le confiere, y el Reglamento Orgánico de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad;

XXV. Presentar el informe anual de la actividad de su encargo, y

XXVI. Las demás establecidas en esta ley, en el Estatuto Orgánico y demás disposiciones aplicables.

Sección SegundaÓrgano rector

Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Artículo 31. El Consejo estará integrado por los titulares, representantes y personas de las siguientes dependencias, entidades, instituciones, organismos y sociedad civil:

I. Poder Ejecutivo federal;

II. Secretaría de Salud;

III. Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

IV. Secretaría de Desarrollo Social;

V. Secretaría de Educación Pública;

VI. Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

VII. Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

VIII. Secretaría de Turismo;

IX: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

X. Consejo Ciudadano Consultivo del DIF

XI. Secretaría Técnica del consejo;

XII. 6 personas con discapacidad electas de entre los integrantes de la Asamblea Consultiva del Consejo;

XIII. Los presidentes de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables de ambas Cámaras del Congreso de la Unión;

XIV. Un representante designado por cada uno de los Gobiernos de las Entidades Federativas y del Distrito Federal;

XV. 5 personas entre expertos, académicos o investigadores propuestos por el Titular del Poder Ejecutivo  federal;

XVI. Los representantes de las organizaciones de los Presidentes Municipales;

XVII. Comisión Nacional de Derechos Humanos; y

XVIII. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

XIX. ...

Los integrantes del Consejo tendrán carácter honorífico.

Los integrantes propietarios contarán con suplentes, quienes deberán tener un nivel mínimo de subsecretario o director general o su equivalente. Los integrantes propietarios o suplentes, en el ejercicio de sus funciones contarán con derecho a voz y voto.

El consejo será presidido por el titular del Poder Ejecutivo federal. El presidente del Consejo será suplido en sus ausencias por el secretario ejecutivo.

El consejo contará con un secretario ejecutivo que será el titular de la Secretaría de Salud, quien fungirá en las sesiones del consejo como auxiliar del presidente.

Para el cumplimiento de sus atribuciones, el consejo contará con una Secretaría Técnica que será presidida por el titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

El consejo tendrá su sede en la Ciudad de México y contará con las unidades administrativas necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones.

Artículo 32. Podrán participar como integrantes del consejo, seis personas con discapacidad electas de entre los integrantes de la Asamblea Consultiva del consejo, los cuales tendrán derecho a voz y voto.

Las personas con discapacidad electas por la Asamblea Consultiva durarán en su encargo tres años, pudiendo ser ratificadas por otro periodo igual. Este cargo tendrá el carácter de honorífico para representantes propietarios y suplentes.

El consejo podrá convocar a sus sesiones en calidad de invitados sin derecho a voz o voto, a otras dependencias públicas federales, estatales o municipales, así como a otros organismos privados y sociales y a los consejeros restantes de la Asamblea Consultiva.

Artículo 33. El consejo se reunirá con la periodicidad que señale el reglamento correspondiente. Para la validez de las reuniones se requerirá de la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros.

Artículo 34. Las resoluciones o acuerdos se tomarán por mayoría de los miembros presentes, teniendo el presidente del consejo voto de calidad en caso de empate.

Sección TerceraÓrganos de administración

Artículo 34-A. La administración del consejo corresponde a:

I. La Junta de Gobierno, y

II. El Secretariado Técnico.

Artículo 34-B. La Junta de Gobierno estará integrada por los titulares y representantes de las siguientes dependencias o entidades:

I. Secretaría de Salud;

II. Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

III. Secretaría de Desarrollo Social;

IV. Secretaría de Educación Pública;

V. Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

VI. Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

VII. Secretaría de Turismo;

VIII. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

IX. 6 personas con discapacidad electas de entre los integrantes de la Asamblea Consultiva del Consejo, mismas que integran el Consejo;

X. Los presidentes de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables de ambas Cámaras del Congreso de la Unión;

XI. Comisión Nacional de Derechos Humanos; y

XII. Secretaría Técnica del Consejo.

Los integrantes propietarios contarán con suplentes, quienes deberán tener un nivel mínimo de subsecretario o director general o su equivalente. Los integrantes propietarios o suplentes, en el ejercicio de sus funciones contarán con derecho a voz y voto.

La Junta de Gobierno será presidida por el Secretario Ejecutivo.

La Secretaría Técnica del Consejo participará en las sesiones de la Junta de Gobierno sólo con derecho a voz.

La Junta de Gobierno, con la aprobación de la mayoría de sus asistentes, podrá convocar a otras dependencias públicas federales, estatales o municipales, así como a otros organismos privados y sociales, los que tendrán solo derecho a voz en la sesión o sesiones correspondientes, para tratar asuntos de su competencia.

Artículo 34-C. La Junta de Gobierno tendrá, además de aquellas que establece el artículo 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las siguientes atribuciones:

I. Aprobar su reglamento de sesiones y el Estatuto Orgánico del Consejo, con base en la propuesta que presente la Secretaría Técnica del Consejo;

II. Establecer las políticas generales para la conducción del Consejo en cumplimiento de este ordenamiento, al Estatuto Orgánico, al Programa Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad y a los demás instrumentos administrativos que regulen su funcionamiento;

III. Aprobar el proyecto de presupuesto de la Secretaría  Técnica, que someta a su consideración el titular de la misma y conocer los informes sobre el ejercicio del mismo;

IV. Aprobar el informe anual de actividades que remitirá la Presidencia del Consejo a los Poderes de la Unión, así como los informes que deben ser enviados a la Organización de las Naciones Unidas sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;

V. Nombrar y remover, a propuesta de la Secretaría Técnica del Consejo, a los servidores públicos de éste que ocupen cargos en las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquél, y

VI. Acordar con base en los lineamientos y prioridades que establezca el Presidente del Consejo, la realización de todas las operaciones inherentes al objeto del organismo con sujeción a las disposiciones aplicables y delegar en el Secretario Ejecutivo y la Secretaría Técnica del Consejo sus facultades, salvo las que sean indelegables de acuerdo con la legislación aplicable, conforme a lo establecido en este artículo;

VII. Aprobar el tabulador de salarios de la Secretaría Técnica del Consejo, con excepción de su titular, cuya función es de carácter honorifico;

VIII. Expedir y publicar un informe anual de la Junta;

IX. Celebrar acuerdos de colaboración con organismos nacionales e internacionales para el desarrollo de las atribuciones del Consejo, de conformidad con las normas aplicables; y

X. Las demás que le confieran éste u otros ordenamientos.

Artículo 34-D. La Junta de Gobierno sesionará válidamente cuando en la sesión estén presentes más de la mitad de los miembros, siempre que entre ellos esté el Presidente de la junta.

Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes y en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

Las sesiones que celebre la Junta de Gobierno serán ordinarias y extraordinarias; las ordinarias se llevarán a cabo por lo menos cada tres meses, y las extraordinarias se celebrarán cuando lo convoque el presidente de la junta.

Artículo 34-E. La Secretaría Técnica del Consejo tendrá, además de aquellas que establece el artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las siguientes atribuciones:

I. Planear, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento del Consejo, con sujeción a las disposiciones aplicables;

II. Presentar a la consideración del Consejo y de la Junta de Gobierno el proyecto del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclucion de las Personas con Discapacidad;

III. Someter a la consideración del Consejo y de la Junta de Gobierno el informe anual de actividades y el informe sobre el ejercicio presupuestal;

IV. Ejecutar los acuerdos y demás disposiciones del Consejo y de la Junta de Gobierno, así como supervisar su cumplimiento por parte de las unidades administrativas competentes del Consejo;

V. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno el proyecto del Estatuto Orgánico;

VI. Nombrar a los servidores públicos de la Secretaría Técnica del Consejo, a excepción de aquellos que ocupen los dos niveles jerárquicos inferiores inmediatos al titular de la Secretaría Técnica;

VII. Ejercer la representación legal del Consejo, así como delegarla cuando no exista prohibición expresa para ello;

VIII. Proponer a la Junta de Gobierno el tabulador salarial de la Secretaría Técnica del Consejo, con excepción de su titular; y

IX. Las demás que le confieran éste u otros ordenamientos.

Capítulo IIDe la Asamblea Consultiva

Artículo 35. La Asamblea Consultiva es un órgano de asesoría y consulta del Consejo Nacional para el Desa-rrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad, de participación ciudadana, conformación plural y carácter honorífico, que tendrá por objeto analizar y proponer programas y acciones que inciden en el cumplimiento de la Política Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las personas con discapacidad.

Artículo 35-A. La Asamblea Consultiva tendrá las funciones siguientes:

I. Emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación de la Política Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las personas con discapacidad;

II. Apoyar al Consejo en la promoción ante los gobiernos estatales y municipales y para el cumplimiento de la Política Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las personas con discapacidad;

III. Solicitar a las dependencias responsables de la Política Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las personas con discapacidad información sobre los programas y acciones que éstas realizan;

IV. Recomendar la realización de auditorías a programas prioritarios cuando existan causas que lo ameriten;

V. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones;

VI. Elegir de entre sus miembros  a seis personas con discapacidad propietarias y sus suplentes, que integraran el Consejo y la Junta de Gobierno, que duraran en su encargo tres años;

VII. Expedir su reglamento interno, y

VIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.

Artículo 35-B. La Asamblea Consultiva estará integrada por:

I. La Secretaría Técnica del Consejo;

II. Un representante electo por las organizaciones de y para personas con discapacidad de cada una de las Entidades Federativas y del Distrito Federal, conforme la convocatoria pública que expida el Consejo para estos efectos;

III. 5 personas entre expertos, académicos o investigadores propuestos por el Titular del Poder Ejecutivo federal; y

IV. 5 representantes de organizaciones nacionales de y para personas con discapacidad, electos por un comité que estará integrado por el Secretario Ejecutivo, la Secretaría Técnica, los Presidentes de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables de ambas Cámaras del Congreso de la Unión y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La Asamblea Consultiva será presidida por la Secretaría Técnica del Consejo.

Artículo 35-C. Los integrantes de la Asamblea Consultiva durarán en su cargo tres años, en términos de lo dispuesto en el Estatuto Orgánico.

Artículo 35-D. Las reglas de funcionamiento y organización de la Asamblea Consultiva se establecerán en el Estatuto Orgánico.

Artículo 35-E. La Secretaría Técnica prestará a la Asamblea Consultiva la colaboración necesaria para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 35-F. La Asamblea Consultiva podrá recibir la colaboración de otras dependencias y entidades de la administración pública federal, de los gobiernos estatales y municipales, de organizaciones civiles y de particulares.

Título Cuarto

Capítulo IDe las responsabilidades y sanciones

Artículo 36. El incumplimiento de los preceptos establecidos por esta ley será sancionado conforme lo prevé la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 36-A. La denuncia a que se refiere el artículo 25º-A de este ordenamiento, podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando que se presente por escrito y contenga:

I. El nombre o razón social, domicilio, teléfono si lo tiene, del denunciante y, en su caso, de su representante legal;

II. Los actos, hechos u omisiones denunciados;

III. Los datos que permitan identificar a la presunta autoridad infractora, y

IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante.

Artículo 36-B. La queja será presentada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos o las comisiones estatales o el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Artículo 36-C. Las formalidades del procedimiento se regirán de acuerdo con lo que establece la ley y el reglamento del Organismo de Protección de los Derechos Humanos que conozca del asunto.

Artículo 36-E. Si la queja o denuncia presentada fuera competencia de otra Instancia u organismo,  acusará de recibo al denunciante pero no admitirá la instancia y la turnará a la autoridad competente para su trámite y resolución notificándole de tal hecho al denunciante, mediante acuerdo fundado y motivado.

Capítulo IIÓrganos de vigilancia

Artículo 37. El Consejo contará con una contraloría, órgano interno de control al frente de la cual estará la persona designada en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública por si a través del órgano interno de control del Consejo, el ejercicio de las atribuciones que en materia de control, inspección, vigilancia y evaluación le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Auditoría Superior de la Federación. El órgano de vigilancia del Consejo estará integrado por un Comisario Público propietario y un suplente, designado por la Secretaría de la Función Pública, quienes ejercerán sus funciones de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

El Comisario acudirá con voz pero sin voto, a las sesiones de la Junta de Gobierno.

El Comisario Público tendrá las siguientes facultades:

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales como de las reglamentarías, administrativas y de política general que se emitan;

II. Promover y vigilar que el Consejo establezca indicadores básicos de gestión en materia de operación, productividad, de finanzas y de impacto social, que permitan medir y evaluar su desempeño;

III. Vigilar que el Consejo proporcione con la oportunidad y periodicidad que se señale, la información que requiera en cuanto a los ingresos y gastos públicos realizados;

IV. Solicitar a la Junta de Gobierno o a la Secretaría Técnica del Consejo, la información que requiera para el desarrollo de sus funciones, y

V. Las demás inherentes a su función a las que le señale expresamente la Secretaría de la Función Pública en el ámbito de su competencia.

Capítulo IIIPrevenciones Generales

Artículo 38. El Consejo se regirá por lo dispuesto en esta ley y su Estatuto Orgánico en lo relativo a su estructura, funcionamiento, operación, desarrollo y control. Para tal efecto contará con las disposiciones generales a la naturaleza y características del organismo, a sus órganos de administración, a las unidades que integran estos últimos, a la vigilancia, y demás que se requieran para su regulación interna, conforme a lo establecido en la legislación de la materia y por esta ley.

Artículo 39. Queda reservado a los tribunales federal es el conocimiento y resolución de todas las controversias en que sea parte el Consejo.

Artículo 40. Las relaciones de trabajo del Secretariado Técnico del Consejo, y su personal se regirán por la Ley Federal del Trabajo, Reglamentaria del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se abrogan todas las disposiciones federales que se opongan al presente decreto.

Tercero. El presidente de la República convocará e instalará el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad dentro de los sesenta días siguientes al inicio de la vigencia de la presente ley.

Cuarto. El Poder Ejecutivo federal expedirá el Reglamento de esta ley en un plazo de noventa días contados a partir de la entrada en vigor de esta ley.

Quinto. Los recursos financieros para el establecimiento y funcionamiento de la Secretaría Técnica del Consejo, serán determinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio fiscal del primer año en que entre en funciones.

Sexto.Con el propósito de instalar el Consejo, la Junta de Gobierno y la Asamblea Consultiva, por única vez, los representantes de las personas con discapacidad de las entidades federativas, serán nombrados por los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal y durarán en su encargo hasta seis meses, en tanto se emite la convocatoria pública para su elección en los términos de ésta ley. Los representantes de las organizaciones nacionales de y para personas con discapacidad que señala ésta ley serán designados por única vez y un período de hasta seis meses en su encargo por el titular del Poder Ejecutivo federal, en tanto se definen conforme a la ley.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de abril de 2010.— Diputados: Francisco José Rojas Gutiérrez, Yolanda de la Torre Valdez, Daniela Nadal Riquelme, Nelly Edith Miranda Herrera, Jorge Humberto López-Portillo Basave, Jorge Carlos Ramírez Marín, Luis Videgaray Caso, Alfredo Villegas Arreola, Silvio Lagos Galindo, Paula Angélica Hernández Olmos, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Rolando Zapata Bello, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, Sergio Lobato García, Luis Antonio Martínez Armengol, Rafael Yerena Zambrano, Clara Gómez Caro, Rafael Rodríguez González, Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, Sami David David, Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, Julián Nazar Morales Gerardo Sánchez García, Óscar Lara Salazar, Luis Félix Rodríguez Sosa, Jaime Sánchez Vélez, José Manuel Aguero Tovar, José Antonio Aysa Bernat, Ildefonso Guajardo Villarreal, Rogelio Cerda Pérez, Benjamín Clariond Reyes Retana, Fermín Montes Cavazos, David Penchyna Grub, Claudia Ruíz Massieu Salinas, María Hilaria Domínguez Arvizu, María Esther Terán Velázquez, Arturo Zamora Jiménez, Guillermina Casique Vences, María de Jesús Aguirre Maldonado, Roberto Rebollo Vivero, Cristabell Zamora Cabrera, Eduardo Alonso Bailey Elizondo, José Luis Velasco Lino, David Hernández Pérez, Olivia Guillén Padilla, Marco Antonio García Ayala, Carlos Flores Rico, María Esther de Jesús Scherman Leaño, Ana Estela Durán Rico, José Trinidad Padilla López, Marcela Guerra Castillo, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Eduardo Velasco Monroy, Sergio Mancilla Zayas, Salvador Caro Cabrera, Rodrigo Reina Liceaga, José Alfredo Torres Huitrón, Inocencio Ibarra Piña, Omar Rodríguez Cisneros, Alma Carolina Viggiano Austria, Francisco Alejandro Moreno Merino, Miguel Ángel Riquelme Solís, Diva Hadamira Gastelum Bajo, Maricela Serrano Hernández, Elvia Hernández García, Felipe Borja Texocotitla, Georgina Trujillo Zentella, Josué Cirino Valdés Huezo, José Luis Soto Oseguera, Fausto Sergio Saldaña del Moral, Armando Neyra Chávez, Víctor Humberto Benítez Treviño, Tereso Medina Ramírez, Víctor Félix Flores Morales, Armando Jesús Báez Pinal, José Tomás Carrillo Sánchez, Luis Antonio Martínez Armengol, Manuel Humberto Cota Jiménez, Héctor Pedroza Jiménez, Noé Fernando Garza Flores, Francisco Saracho Navarro, Héctor Franco López, Delia Guerrero Coronado, Sabino Bautista Concepción, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Ángel Aguirre Herrera, Mario Moreno Arcos, Miguel Álvarez Santamaría, Oscar Román Rosas González, Pedro Ávila Nevárez, Melchor Sánchez de la Fuente, Humberto Lepe Lepe, Alejandro Canek Vázquez Góngora, Omar Fayad Meneses, Patricio Chirinos del Ángel, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Sofía Castro Ríos, Melchor Sánchez de la Fuente, José Ricardo López Pescador, Ricardo Armando Rebollo Mendoza, Rosalina Mazari Espín, Oscar Javier Lara Aréchiga, Óscar Guillermo Levin Coppel, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Daniela Nadal Riquelme, Caritina Sáenz Vargas, David Ricardo Sánchez Guevara, Carlos Oznerol Pacheco Castro, Miguel Ángel Luna Munguía, Baltazar Martínez Montemayor, Hugo Héctor Martínez González, Ricardo Armando Rebollo Mendoza, Luis Antonio Martínez Armengol, Jorge Humberto López Portillo Basave, Ovidio Cortazar Ramos, Laura Felicitas García Dávila, José Manuel Marroquín Toledo. (rúbricas).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputada Nadal Riquelme. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Hemos concluido...

La diputada Caritina Sáenz Vargas (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Sí, diputada, dígame ¿con qué objeto? Diputada Caritina Sáenz.

La diputada Caritina Sáenz Vargas(desde la curul): Gracias, señor presidente. Sólo para solicitarle si pudiera preguntarle a la diputada si me permite adherirme a su interesante iniciativa.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputada Nadal, le pregunto si acepta la adhesión que solicita la diputada Sáenz a la iniciativa que usted ha presentado.

La diputada Daniela Nadal Riquelme (desde la curul): Sí, por supuesto.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Ha aceptado la diputada que puedan suscribir la iniciativa. De manera que las diputadas y los diputados que deseen suscribirla pueden hacerlo pasando a la Secretaría para el trámite correspondiente.

Hemos concluido el apartado de iniciativas. Pasamos en consecuencia al apartado del orden del día relativo a proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno.

Pido a la Secretaría dar cuenta al pleno del primero de los puntos de acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

CAJAS DE AHORRO POPULAR

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a usar el tiempo del Estado para difundir cápsulas informativas que den a conocer, de manera específica, sobre los riesgos que conlleva el uso de cajas de ahorro popular, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, y sociedades financieras populares cuando éstas no cuenten con las autorizaciones correspondientes

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo decimocuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presenta la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. Se hace un respetuoso y atento llamado a la Secretaría de Gobernación, a efecto de que utilice el tiempo del Estado en los medios de comunicación nacionales con objeto de difundir cápsulas informativas que den a conocer, de manera específica, los riesgos que conlleva el uso de cajas de ahorro popular, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, y sociedades financieras populares, cuando éstas no cuenten con las autorizaciones correspondientes, alertando de los establecimientos que no cuenten con la certeza jurídica en beneficio de los ahorradores.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2010.— Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González, Coordinador del Grupo parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Reyes  S. Tamez Guerra (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Aprobado. Comuníquese.

Continúe la Secretaría con el siguiente punto de acuerdo remitido por la Junta de Coordinación Política.

PRUEBA ENLACE

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta respetuosamente a las autoridades educativas estatales a implantar mecanismos de difusión y reconocimiento de los alumnos y los maestros con resultados sobresalientes en la prueba ENLACE en cada uno de los estados

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo decimocuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presenta el diputado Baltazar Martínez Montemayor, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único.Se hace un atento y respetuoso llamado a las autoridades educativas de los estados de la federación a fin de que valoren la implantación de mecanismos de difusión y reconocimiento de los alumnos y los maestros con resultados sobresalientes en la prueba de evaluación educativa ENLACE.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2010.— Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Reyes Tamez Guerra (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, señora secretaria. Aprobado. Comuníquese.

Continúe la Secretaría con el siguiente punto de acuerdo remitido por la Junta de Coordinación Política.

LEY ANTIINMIGRANTE EN ARIZONA

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a manifestar su rechazo a las recientes medidas antiinmigrantes propuestas en Estados Unidos, y se aprueba crear una comisión de diálogo de legisladores

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, formulada por la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por lo que se someten a consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a expresar a su similar del gobierno de Estados Unidos de América un enérgico rechazo y su sentida preocupación ante las diversas medidas antiinmigrantes incluidas en el proyecto presupuestal para el año fiscal de 2011, enviado por la Casa Blanca en fechas recientes al Congreso de aquella nación.

Segundo. La Cámara de Diputados ratifica su intención de ampliar los mecanismos de diálogo parlamentario entre México y Estados Unidos de América, con la finalidad de intercambiar opiniones acerca de la situación que vive nuestra población indocumentada radicada en aquel país y de los efectos que podría tener la aprobación del plan presupuestal referido, así como de otras disposiciones de claro perfil antiinmigrante aprobadas en Estados Unidos de América sobre nuestros paisanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2010.— Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia

«Proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a manifestar su rechazo a las recientes medidas antiinmigrantes propuestas en Estados Unidos, y se aprueba crear una comisión de diálogo de legisladores, a cargo de la diputada Alejandra Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en pleno uso de las facultades que le confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con puntos de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, por los que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a manifestar su rechazo a las recientes medidas antiinmigrantes propuestas en Estados Unidos, y se aprueba crear una comisión de diálogo de legisladores, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

1. El pasado lunes 1 de febrero, el presidente de Estados Unidos de América, Barack Obama, envió al Congreso su propuesta en materia presupuestal, en la cual destaca un aumento considerable de fondos para reforzar la vigilancia fronteriza, y con un énfasis eminentemente policial y persecutorio de la inmigración indocumentada.

2. Uno de los componentes presupuestales solicitados es ampliar el programa electrónico E-Verify, mediante el cual se pretende obligar a las empresas a verificar el estatus migratorio de sus empleados, y en caso de incumplir, pueden hacerse acreedoras a fuertes castigos y multas, lo cual lesionaría y pone en riesgo el trabajo y las condiciones de vida de cientos de miles de mexicanos que residen en Estados Unidos con un estatus migratorio irregular.

3. El presupuesto de la Casa Blanca prevé la continuidad y el recrudecimiento de los programas de identificación y deportación de indocumentados, así como el incremento de los agentes de la Patrulla Fronteriza, además de recursos específicos que se destinarían para dar término a la primera fase de un “muro virtual” que se prospecta en la frontera con nuestro país, por medio de equipos de alta tecnología.

4. Es innegable el derecho soberano de cada nación a tomar sus propias medidas de protección y seguridad. Sin embargo, el acento antiinmigrante del proyecto presupuestal enviado por la Casa Blanca –que aún tendría que ser ratificado por el Congreso estadounidense– despierta una enorme preocupación y una sentida angustia entre nuestros connacionales que residen en el país vecino, por lo que se hace necesario que la Cámara de Diputados se pronuncie al respecto.

5. La Cámara de Diputados debe alzar la voz para pronunciarse contra cualquier situación que afecte a los millones de ciudadanos mexicanos que residen en Estados Unidos, y esta ocasión no puede ser la excepción; lo anterior, en un ambiente de respeto, cordialidad, corresponsabilidad y buena vecindad.

Por lo expuesto, me permito someter a consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a expresar a su similar del gobierno de Estados Unidos de América un enérgico rechazo y sentida preocupación ante el contenido antiinmigrante y persecutorio del proyecto presupuestal enviado por la Casa Blanca en fechas recientes.

Segundo. La Cámara de Diputados aprueba integrar una comisión de legisladores con la misión de entablar un diálogo respetuoso con congresistas estadounidenses, a fin de intercambiar opiniones acerca de la situación que vive nuestra población indocumentada radicada en aquel país, así como los posibles efectos que podría tener la aprobación del plan presupuestal sobre nuestros paisanos.

Dado en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2010.»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Proceda a recoger la votación económica.

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Aprobado. Comuníquese.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se solicita a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados en el pleno.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: ¿Falta alguna diputada o diputado por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico.

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 455 diputadas y diputados.

Quienes no hayan registrado su asistencia cuentan con 15 minutos para hacerlo por cédula.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, señora secretaria. Se informa a la asamblea que se ha recibido comunicación del presidente de la Comisión de la Función Pública. Se pide a la Secretaría que dé cuenta de la comunicación.

LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LA FEDERACION

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Comisión de la Función Pública.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto y en mi carácter de presidente de la Comisión de la Función Pública solicito a usted que el dictamen emitido por el órgano legislativo a mi cargo, por el que se reforman y adicionan los artículos 80 y 82 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, incluido en el orden del día de la sesión de hoy, para el trámite de primera lectura, se retire del mismo y se devuelva a la comisión, a efecto de realizar adecuaciones que permitan obtener el mayor consenso posible entre los diversos grupos parlamentarios.

Sin otro particular y en espera de su favorable respuesta, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.— Diputado Pablo Escudero Morales, presidente.»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se retira del orden del día de esta sesión y se regresa a la comisión el dictamen de la propia Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 80 y 82 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa.

Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se aprueba. Devuélvase a la comisión.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: El siguiente punto del orden del día son dictámenes de primera lectura.

En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se les dispensa la lectura. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, le fue turnada para su estudio y análisis la minuta con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Educación.

De conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 57, 60, 87, 135 y 136 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido del documento de referencia, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

A.Con fecha de 23 de abril de 2009, en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, las Comisiones Unidas de Educación; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera, y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República presentaron dictamen de 24 iniciativas que contiene el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Educación.

B.En la misma fecha el dictamen fue aprobado por el pleno de la Cámara de Senadores con 82 votos a favor y 2 abstenciones.

C.La minuta con proyecto decreto se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el jueves 23 de abril de 2009, y en esa fecha se dio turno a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su estudio y dictamen.

II. Contenido de la minuta

La minuta del Senado hace referencia al derecho constitucional de los mexicanos a recibir una educación que desa-rrolle armónicamente las facultades del ser humano y fomente el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, la independencia y la justicia.

Se menciona que de acuerdo con el texto constitucional, el Congreso de la Unión está facultado para emitir las leyes que contribuyan a unificar y coordinar la educación en toda la República Mexicana. Se refiere también a la atribución de fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio y a la de establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas de nivel elemental, secundarias, superiores y profesionales, técnicas, de bellas artes y centros de investigación.

Los senadores hacen una breve semblanza respecto de la Ley General de Educación al mencionar que su promulgación el 13 de julio de 1993 fue resultado de un amplio proceso de discusión entre los distintos actores involucrados en el sistema educativo nacional en el marco de los postulados del artículo tercero constitucional y los logros y deficiencias que en materia de cobertura, equidad, calidad y pertinencia había alcanzado la educación pública impartida por el Estado hasta ese momento. Mencionan que las disposiciones de la Ley General de Educación definen qué elementos integran el sistema educativo nacional y sus relaciones, la educación obligatoria, los fines y criterios de la educación pública, los mecanismos que habrán de garantizar el acceso de todos los mexicanos a la educación, los tipos y modalidades educativos, la evaluación en el sistema educativo, así como la responsabilidad sobre la elaboración de los planes y programas de estudio, entre otros aspectos.

Señalan también que con la promulgación de la Ley General de Educación se integraron en un solo cuerpo normativo disposiciones relacionadas con el servicio que anteriormente se encontraban dispersas en otros instrumentos de ley, abrogando así la Ley Federal de Educación, la Ley del Ahorro Escolar, la Ley que Establece la Educación Normal para Profesores de Centros de Capacitación para el Trabajo y la Ley Nacional de Educación para Adultos. Asimismo, mencionan que la transición normativa se inscribió en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica cuyo principio fundamental fue la federalización de la educación.

Respecto de la federalización de la educación, los senadores mencionan que el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, suscrito el 18 de mayo de 1992, tuvo por objeto extender la cobertura de los servicios educativos y elevar la calidad de la educación a través de una estrategia que implicara la reorganización del sistema educativo, la reformulación de los contenidos y materiales educativos, así como la revaloración de la función magisterial; sentando así un precedente definitivo para que el Congreso de la Unión aprobara el tránsito del marco legal en materia educativa de un contexto federal a un esquema concurrente de facultades entre órdenes de gobierno.

Los senadores observan que no obstante que el sistema educativo nacional brinda servicios educativos a más de 33 millones de educandos, se requiere reorientar el servicio hacia la calidad y al desarrollo de mecanismos que garanticen la permanencia de los alumnos en el sistema, pues reconocen que existen factores sociales, culturales y económicos que limitan, muchas veces, la continuidad educativa de los niños y jóvenes.

El dictamen de la Cámara de Senadores señala que si bien la reforma de mayor significado dentro del sistema educativo nacional no es necesariamente de orden legal, existen elementos de gran valía que pueden apoyar la construcción de nuevas bases institucionales que le brinden a los educandos mejores oportunidades para el desarrollo de sus aptitudes, habilidades y destrezas. Por esta razón, los legisladores consideran pertinente actualizar diversos preceptos normativos, a fin de que la ley responda de manera cabal a los de-safíos que se han generado en el sistema educativo nacional; observando que las propuestas legislativas materia de su análisis, coinciden en que la educación pública en México se constituya en un elemento clave del dinamismo social y que responda a los retos que plantea la formación de las futuras generaciones.

Los senadores observan que algunas de las referidas propuestas legislativas resultan improcedentes por estar ya incluidas en la propia ley, por estar orientadas más a políticas públicas que a reformas legales o por representar un impacto presupuestal muy elevado cuya instrumentación tendría necesariamente que dejar de lado la aplicación de recursos en otras prioridades que atiende el sistema educativo nacional, de esta manera, no obstante los nobles propósitos que las inspiran, mencionan que han sido desechadas por que su instrumentación no resulta viable por no disponer de recursos económicos suficientes.

En este sentido, la colegisladora manifiesta que el análisis de las iniciativas tomadas como base para el dictamen tuvo el objetivo primordial de preservar la integridad de la ley, la uniformidad en el uso de conceptos y la congruencia en su contenido. Así, explican que algunos enunciados son reubicados en otros artículos y que en algunos casos sintetizan el texto original de algunas propuestas para lograr mayor precisión en su consecuencia jurídica y destacan que, en otros casos, no todo el texto que se propone en cada iniciativa es tomado en cuenta de manera literal, sino únicamente aquellos elementos que constituyen una aportación jurídica que clarifica el contenido de la ley, actualiza el marco conceptual de la misma o da lugar a consecuencias jurídicas nuevas que es preciso incorporar para el mejor funcionamiento del sistema educativo en su conjunto.

Finalmente, los senadores agrupan las propuestas materia de su análisis en razón de los artículos que reforman; la síntesis de dicho análisis se presenta a continuación:

Propuestas de reforma al artículo 2: se modifica el tercer párrafo para que en el proceso educativo se asegure la participación activa de la comunidad educativa en su conjunto, con la finalidad de incluir a los distintos actores que participan en el proceso educativo, ya que observan que hasta ahora la ley sólo incluye la participación activa del educando.

Propuesta de reforma al artículo 4: en respuesta al criterio general de la equidad de género, el Senado propone hacer la distinción entre las niñas y los niños al anteponer la palabra “hijas” a la frase “hijos o pupilos menores de edad”.

Propuesta de reforma al artículo 7: los legisladores observan que el contenido de este artículo está muy relacionado con el artículo 48, por lo que consideran que el texto de los enunciados debe corresponder en contenido y sintaxis; por lo que proponen incorporar a la fracción I el ejercicio pleno y responsable de las capacidades humanas; proponen también incluir en la fracción II los sustantivos valores, actitudes, habilidades, capacidades y destrezas, así como el dominio de un segundo idioma, con la finalidad de reflejar un enfoque educativo más amplio que permitan al individuo incidir en su entorno y participar y cooperar con los demás individuos; en la fracción V proponen la inclusión de la valoración de la diversidad y pluralidad; adicionan también la prevención del delito en la fracción VI con la finalidad de fortalecer el valor de la legalidad; la propuesta de modificación a la fracción X considera el tema de la educación sexual y reproductiva, como ya se hace en los Libros de Texto; finalmente, proponen modificar la fracción XI a fin de sustituir la frase sobre el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad en relación con el medio ambiente, por desenvolvimiento armónico e integral de los seres humanos y el entorno natural y consideran adecuado integrar al final del párrafo la protección civil ante las eventualidades del cambio climático, adaptación y mitigación como uno de los fines de la educación. Respecto a la fracción XIII, se propone agregar la necesidad de fomentar el trabajo en equipo.

Propuesta de reforma al artículo 9: en relación con el desarrollo económico nacional, el Senado considera que dicho propósito corresponde con el contenido del artículo 9, sobre la base de establecer un vínculo entre los tipos educativos y asignaturas, en especial, de los planes de estudio de la educación media superior y superior a cargo del Estado.

Propuesta de reforma al artículo 10: dada la relevancia que ha adquirido la evaluación educativa, los Legisladores consideran importante incorporar dentro de los elementos que constituyen el sistema educativo nacional, en una nueva fracción IV Bis, a las instancias responsables de la evaluación educativa, independientemente del orden de gobierno al que estén adscritas o su personalidad jurídica.

Propuesta de reforma al artículo 12: los Legisladores proponen una reforma a la fracción IX a fin de establecer las bases para crear un padrón nacional de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares, un registro nacional para la emisión, validación e inscripción de documentos académicos correspondiente con los de las entidades federativas y un Sistema Nacional de Información Educativa que permita dar seguimiento al de-sempeño o situación en la que se encuentran alumnos, docentes, instituciones educativas y centros escolares. Por otra parte, consideran que es indispensable que la autoridad educativa formule los mecanismos que le confieran seguridad jurídica y transparencia a los procesos de ingreso y promoción de la labor docente, a efecto de que se reconozca la trayectoria y desempeño profesional de los profesores de educación básica con base en criterios uniformes y objetivos, exentos de discrecionalidad o susceptibles de prácticas ilícitas, por lo que lo plasman en una nueva fracción XIV.

Propuesta de reforma al artículo 13: en correspondencia con las propuestas de adición al artículo 12, el Senado considera que en las entidades federativas también deben operar un padrón nacional de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares, un registro estatal de emisión, validación y certificación de documentos académicos correspondiente con el Federal y, del mismo modo, un sistema estatal de información educativa que contribuya a la labor del Sistema Nacional de Información Educativa.

Propuesta de reforma al artículo 14: reconociendo una preocupación expuesta en distintos foros educativos relacionada con los altos índices de obesidad infantil que presenta la niñez mexicana, la colegisladora considera que de manera concurrente las autoridades educativas pueden establecer programas que fomenten en los educandos el consumo de alimentos de alto valor nutricional y emitir lineamientos al respecto, por lo que propone el fomentar el consumo de alimentos saludables en las escuelas incorporado en una nueva una fracción XIII.

Propuesta de reforma al artículo 20: la Cámara de Senadores considera pertinente referirse a la formación continua en la fracción II de artículo, en virtud de que, desde su perspectiva, esto contribuirá a concretar, con base en mecanismos de coordinación y colaboración, las finalidades de las acciones de formación, actualización y superación profesional de los maestros en servicio.

Propuesta de reforma al artículo 21: los senadores consideran que la propuesta de reforma a dicho artículo contribuye a mejorar los enunciados jurídicos sobre la calidad del educador, que definen como elemento insustituible en el proceso enseñanza-aprendizaje, que aporta el contenido humano y al cual se deben enfocar gran parte los esfuerzos para mejorar la calidad educativa en el país. De esta manera ven conveniente establecer vínculos entre los niveles de ingreso de los profesores, como de hecho ya sucede a través del Programa de Carrera Magisterial, con el logro académico de los alumnos y del desarrollo profesional magisterial.

Propuesta de reforma al artículo 22: respecto de este artículo, los Legisladores proponen adicionar la palabra “calidad” como una de las características que el servicio educativo habrá de tener, de igual forma proponen el fortalecimiento de la capacidad de gestión de las autoridades escolares y la participación de los padres de familia, ya que consideran que dichas reformas contribuyen a precisar los objetivos de la calidad y eficiencia del servicio educativo.

Propuesta de reforma al artículo 27: el Senado ve pertinente dotar a los centros escolares de capacidad de gestión para obtener recursos que apoyen la labor educativa en cada escuela, esto siempre que se realice en el marco de la normatividad aplicable y en el contexto de la gratuidad de la educación. Por lo que proponen enfatizar en este artículo la cooperación y aplicación de recursos de parte de las asociaciones de padres de familia.

Propuesta de reforma al artículo 33: los senadores consideran que sus propuestas a dicho artículo precisan y enriquecen su contenido; por lo que en la fracción II sustituyen la frase maestros que realicen su servicio por la de maestros que presten sus servicios para distinguir que, quienes reciban los apoyos, sean profesores adscritos a comunidades de difícil acceso, circunstancia que eventualmente podría contribuir al cumplimiento del calendario escolar; en la fracción IV incorporan el término de rezago educativo para identificar claramente a las personas que no han concluido la educación básica, circunstancia que actualmente afecta a un tercio de la población nacional; En relación con la fracción VIII, relativa al desarrollo de programas para otorgar becas y otros apoyos, consideran necesario que éstos se enfoquen, preferentemente, en los educandos que se encuentran en condiciones de pobreza o vulnerabilidad social con independencia de que en otros programas se cubra la excelencia académica; en la fracción X proponen precisar el termino de asociaciones civiles por el de organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de atender, con base en las disposiciones aplicables, las distintas figuras bajo las que voluntarios trabajan en favor de la educación sin fines de lucro. Por último, se propone agregar en la fracción XIII los términos “mejorar” (la calidad) y “ampliar” (la cobertura) en el terreno educativo.

Propuesta de reforma al artículo 40: la colegisladora valora pertinente especificar que, quienes impartan educación inicial, deberán atender los requisitos pedagógicos que establezca la autoridad educativa federal, tal como lo dispone el artículo 12 de la ley.

Propuesta de reforma al artículo 41: la Cámara de Senadores propone incorporar el concepto de personas con discapacidad en lugar de individuos, con la finalidad de atender los términos utilizados por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo que fueron aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 13 de diciembre de 2006.

Propuestas de reforma a los artículos 42, 43, 44, 45 y 47: los legisladores argumentan que las propuestas contenidas en dichos artículos contribuyen a mejorar su sintaxis y a actualizar el uso de conceptos.

Propuesta de reforma al artículo 48:los senadores consideran viable la incorporación de un enunciado que garantice la revisión de los programas para la formación de maestros de educación básica cada cuatro años, con la finalidad de que respondan a las necesidades educativas de los alumnos.

Propuesta de reforma al artículo 49: la colegisladora señala que si bien el uso de las tecnologías de la información y comunicación es muy limitado en las escuelas de educación indígena, la propuesta de dotarlas de equipos de cómputo es una política pública que requiere de la asignación de recursos más que de un tratamiento legislativo específico, por lo que ven pertinente referirse únicamente al fomento del uso de recursos tecnológicos y didácticos en el proceso educativo.

Propuesta de reforma al artículo 50: en referencia a la obligación de las instituciones de informar a los educandos y padres de familia sobre los avances en el proceso educativo, los legisladores proponen cambiar el término “calificaciones de los exámenes” por “las evaluaciones”.

Propuestas de reforma a los artículos 61, 62 y 64: en los artículos 61 y 62 se integra el concepto créditos académicos a los parámetros para establecer la equivalencia de estudios, ya que el Senado opina que dicha reforma facilitará, cuando sea procedente, el reconocimiento dentro y fuera del sistema educativo nacional. Respecto del artículo 64, hacen referencia a procesos de aprendizaje adquiridos fuera de las aulas, que describen como conocimientos adquiridos de manera autodidacta o con base en la experiencia laboral, consideran que dichos estudios pueden constituir conocimientos parciales, que implican el desarrollo de una competencia o una habilidad equivalente a niveles educativos y técnicos, por lo que consideran pertinente reconocer la forma en que se adquirió este conocimiento que, eventualmente, sería objeto de evaluación de parte de la autoridad.

Propuesta de reforma al artículo 65: dicho artículo se refiere a la posibilidad de que los padres de familia o tutores sean quienes propongan soluciones a los problemas relacionados con la educación de sus hijos o pupilos con la participación de la comunidad educativa; en el marco de este derecho, la colegisladora propone que los padres de familia puedan conocer la relación de los trabajadores adscritos a cada centro escolar.

Propuestas de reforma a los artículos 70, 71 y 72: la Cámara de Senadores considera oportuna la inclusión de organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación, en correspondencia con la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

Finalmente, el dictamen aprobado por el pleno de la Cámara de Senadores señala que las reformas propuestas para incorporar a la Ley General de Educación representan la oportunidad de actualizar diferentes conceptos y criterios ausentes en la legislación vigente y responden a las nuevas circunstancias bajo las que se presta el servicio educativo nacional.

III. Consideraciones de la comisión

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, LXI Legislatura, coincide con las preocupaciones expresadas en la minuta acerca de la calidad de la educación que actualmente el Estado mexicano brinda a su población.

De igual manera, los miembros de esta comisión coinciden en el señalamiento de que la reforma más importante en el sector no es legislativa, aunque es indispensable que la ley establezca con precisión las obligaciones y responsabilidades del Estado mexicano en el terreno educativo, definiendo de manera clara las competencias de cada ámbito del gobierno y las finalidades de la educación que el Estado mexicano está obligado a prestar, entre otros elementos.

También existe coincidencia respecto a la preocupación por mantener cierto nivel de congruencia interna en los preceptos de la Ley General de Educación, de manera que no se produzcan confusiones o lo establecido en ella se preste a interpretaciones múltiples.

Con base en estas consideraciones generales, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos manifiesta su acuerdo, en lo general, con la reforma a la Ley General de Educación impulsada por el Senado. Sin embargo, de manera particular se presentan observaciones importantes respecto a algunas de las propuestas de reforma. Las observaciones se enlistan a continuación:

Artículo 2o., tercer párrafo

Propuesta del Senado: En el proceso educativo deberá asegurarse la participación activa del educando y, con el apoyo de la comunidad educativa en su conjunto, estimularsu iniciativa y su sentido de responsabilidad social, para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7.

En el artículo 2o. se establecen principios filosóficos (generales) acerca de la educación, como derecho de todo individuo (el educando, en el proceso educativo), sin precisar los actores responsables de conducir tal proceso. La propuesta de reforma, por su parte, se refiere al apoyo de “la comunidad educativa” en el proceso educativo, pero para su aplicación en el contexto del artículo sería necesario precisar los actores responsables, es decir, ¿a quién o a quiénes apoya la comunidad educativa?

En opinión de esta comisión, el espíritu de la reforma propuesta se encuentra contenido en los artículos 65 al 74 de la ley, ya que en ellos se regula de manera específica la participación social en la educación: derechos y obligaciones de los padres o tutores, las asociaciones de padres de familia y los consejos de participación social, en sus diferentes niveles. De manera más específica, el artículo 49 señala lo siguiente:

“Artículo 49. El proceso educativo se basará en los principios de libertad y responsabilidad que aseguren la armonía de relaciones entre educandos y educadores y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas.”

De esta manera, la propuesta se considera no procedente.

Artículo 4o., segundo párrafo

Propuesta del Senado: Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen la educación preescolar, la primaria y la secundaria.

Desde la perspectiva de la equidad de género, los miembros de esta Comisión compartimos el sentido de esta propuesta y la consideramos pertinente. Adicionalmente, se considera que la reforma coincide con la impulsada por la LX Legislatura al artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –actualmente en análisis por la Cámara de Senadores- y que a la letra señala lo siguiente:

“ Artículo 31. ...

I. Hacer que sus hijos, hijas o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, y reciban la militar, en los términos que establezca la ley.

II. a IV. ...”

Adicionalmente, los miembros de esta comisión consideran necesario aplicar este criterio a otros artículos de la Ley General de Educación con texto similar al que se reforma. Es el caso de los artículos 33, fracción IX, 40, 65, fracciones I y II, y 66, fracciones I, II y II.

Artículo 7o

Fracción I

Propuesta del Senado: I. Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y responsablementesus capacidades humanas;

Los miembros de la comisión consideran pertinente incorporar en esta fracción la idea de responsabilidad en el ejercicio individual de las capacidades humanas, toda vez que se fortalece la idea de la formación de individuos autónomos, capaces de responder por sí mismos.

Fracción II

Propuesta del Senado: II. Favorecer la adquisición de conocimientos, la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos, así como la formación de valores, actitudes, habilidades, capacidades y destrezas, incluyendo el dominio de un segundo idioma, que permitan al individuo incidir en su entorno y participar y cooperar con los demás;

En opinión de los miembros de esta comisión, la propuesta de sustituir la frase “el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos” por “la adquisición de conocimientos” cambia el sentido original de la fracción, al eliminar la idea de la potencialidad de las aptitudes o capacidades individuales. Si bien es cierto que el complemento de la frase que se propone, ofrece elementos para una idea más amplia de la formación (de valores, actitudes, habilidades, capacidades y destrezas...), se considera que la primera frase crea una idea errónea acerca de la principal finalidad de la educación impartida por el Estado.

Respecto a la propuesta de incluir la enseñanza de un segundo idioma como uno de los fines de la educación, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos considera fundamental que los alumnos de los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria desarrollen adecuadamente sus competencias comunicativas en lengua materna y, en el caso de la población indígena, que además desarrollen las habilidades necesarias para comunicarse en español, como lengua nacional. Esta consideración tiene como principio el reconocimiento de nuestro país como una nación multicultural, y un profundo sentido de respeto por el español, así como por las lenguas indígenas que se hablan en él. Este principio está presente en diversos instrumentos legales y, particularmente, en la propia Ley General de Educación.

Sin embargo, la afirmación anterior no impide a los miembros de esta Comisión coincidir con los promoventes al reconocer el papel del aprendizaje de otras lenguas como un elemento clave para el desarrollo individual y social en el mundo moderno, ya que por motivos educativos, laborales, comerciales, profesionales, culturales y turísticos, cada vez se incrementa más la apertura económica y cultural entre los países.

En este sentido, es fundamental señalar que –de acuerdo con lo establecido en los artículos 12 y 48 de la Ley General de Educación- la determinación de los contenidos de planes y programas de estudio para la educación básica y normal es facultad de las autoridades educativas en sus distintos niveles y no del Poder Legislativo:

Artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I. Determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, a cuyo efecto se considerará la opinión de las autoridades educativas locales y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación en los términos del artículo 48;

II. a XIII. ...

Artículo 48. La secretaría determinará los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de conformidad a los principios y criterios establecidos en los artículos 7 y 8 de esta ley.

Para tales efectos la secretaría considerará las opiniones de las autoridades educativas locales, y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, expresadas a través del Consejo Nacional Técnico de la Educación y del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación a que se refiere el artículo 72.

Las autoridades educativas locales, previa consulta al Consejo Estatal Técnico de Educación correspondiente, propondrán para consideración y, en su caso, autorización de la Secretaría, contenidos regionales que –sin mengua del carácter nacional de los planes y programas citados– permitan que los educandos adquieran un mejor conocimiento de la historia, la geografía, las costumbres, las tradiciones, los ecosistemas y demás aspectos propios de la entidad y municipios respectivos.

La secretaría realizará revisiones y evaluaciones sistemáticas y continuas de los planes y programas a que se refiere el presente artículo, para mantenerlos permanentemente actualizados.

Los planes y programas que la secretaría determine en cumplimiento del presente artículo, así como sus modificaciones, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano informativo oficial de cada entidad federativa.

Así, las autoridades educativas se encuentran en posibilidad de introducir la enseñanza de un segundo idioma en los niveles y modalidades educativas en los que se considere pertinente y viable, con base en la experimentación de modelos pedagógicos que respondan a la diversidad de las características socioculturales de la población mexicana actual. De hecho, es importante destacar que en varias entidades federativas se ha incorporado ya la enseñanza del idioma inglés, y que esto se ha realizado en los plazos y términos definidos por el Ejecutivo. A nivel federal también se impulsa actualmente la incorporación del inglés como asignatura en educación preescolar y en primaria, en el marco de la reforma curricular que forma parte de la Alianza por la Calidad de la Educación.

Sin embargo, en atención al principio democrático de la educación impartida por el Estado establecido en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la inclusión de tal medida en la Ley General de Educación significaría una nueva obligación que el Estado debería cumplir para todos los individuos, por lo menos en lo que a educación preescolar y primaria se refiere. Dadas las características actuales del sistema educativo mexicano, tal objetivo parece poco viable en el corto y mediano plazos, tomando en cuenta las siguientes condiciones:

a) Si bien la investigación educativa muestra que el aprendizaje de un idioma adicional al materno se logra mejor en la primera infancia, también se ha mostrado que para que ese aprendizaje se dé es necesario que la intervención educativa asegure cierto nivel de calidad, con modelos pedagógicos que atiendan la diversidad social y cultural de la población; con maestros calificados tanto en el manejo del contenido como en la atención de alumnos pequeños; con materiales disponibles, pertinentes y adecuados, etcétera.

Al respecto, es necesario reconocer que las condiciones institucionales en gran parte de las escuelas públicas de nivel preescolar y primaria son poco propicias para de-sarrollar una intervención pedagógica con las características necesarias para lograr el aprendizaje de un idioma adicional: grupos numerosos, poco tiempo disponible para la enseñanza, etcétera. Parece más conveniente concentrar los esfuerzos que el Estado mexicano realiza en materia educativa –personal docente, recursos didácticos para las escuelas, infraestructura escolar, etcétera- en el fortalecimiento de la calidad de los servicios que se ofrecen tanto en español como en lengua indígena, antes que dispersar aún más la atención con la introducción de un idioma adicional.

Es indispensable tomar en cuenta que los niños y jóvenes mexicanos aún se encuentran en niveles no satisfactorios de aprendizaje, como lo muestran los resultados de distintas evaluaciones realizadas durante los últimos años. En la medida en que se avance en el mejoramiento de los aprendizajes en lengua materna, seguramente se encontrarán mejores condiciones para la introducción de otro idioma a nivel general.

b) Los servicios de educación preescolar y primaria se prestan mediante las modalidades general, indígena y comunitaria. La distribución de la matrícula por modalidad se presenta en la siguiente tabla:

Como puede apreciarse, la población a la que el Estado estaría obligado a atender con un segundo idioma asciende a poco más de 17.5 millones de niños.

Los actuales profesores e instructores comunitarios de educación preescolar y primaria, por su preparación, no se encuentran en condiciones de asumir en lo inmediato la atención educativa de sus alumnos en una lengua extranjera, de manera que sería necesaria la contratación de maestros especialistas para la atención de los alumnos inscritos actualmente en estos niveles educativos.

Si bien es cierto que no sería necesario un maestro por cada plantel –y, menos aún, un maestro por cada grupo existente- para calcular el número de nuevas plazas deben considerarse las diferencias en el número de alumnos y la dispersión en la ubicación geográfica de las escuelas, sobre todo en las modalidades indígena y comunitaria. Con estas consideraciones –y a reserva de precisar el número de horas que se destinarían al estudio de una lengua extranjera- a continuación se presentan dos escenarios posibles para el cálculo de las nuevas plazas que sería necesario crear para cumplir con la reforma que se propone:

Escenario 1. Tomando como base un maestro especialista para cada dos planteles:

En este escenario, cada maestro de lengua extranjera se encargaría de atender, en promedio, un total de 212 alumnos (alrededor de 7 grupos en una semana).

Escenario 2. Tomando como base un maestro especialista para cada tres planteles:

En este segundo escenario, cada maestro especialista se encargaría de atender, en promedio, un total de 318 alumnos (alrededor de 11 grupos en una semana).

c) La reforma propuesta implica un reto pedagógico particular en el caso de la modalidad indígena ya que, de hecho, se estaría introduciendo la enseñanza de un tercer idioma; la situación resulta más complicada en los casos de las escuelas indígenas de organización escolar multigrado, ya que los maestros atienden simultáneamente más de un grado escolar.

La modalidad de cursos comunitarios debe ser también motivo de atención especial, considerando el perfil de los instructores comunitarios, las características de las localidades en que se ubican tales servicios y el hecho de que prácticamente el 100 por ciento de las escuelas de nivel preescolar y primaria de esta modalidad son de organización multigrado.

También es importante mencionar que en la modalidad general, el 19 por ciento de los planteles de preescolar y el 37 por ciento de los de primaria son de organización multigrado. Estos datos se presentan en la tabla siguiente:

En opinión de esta comisión dictaminadora, antes de generalizar la introducción de un idioma adicional en la educación básica, es indispensable que se prueben modelos de atención educativa que resuelvan los retos pedagógicos que implica la atención de toda la matrícula, de manera que en todos los casos se asegure un servicio de calidad.

La omisión de planteamientos pedagógicos específicos para las diferentes modalidades redundaría en el agravamiento de la inequidad educativa, puesto que se estarían ofreciendo servicios con diferencias significativas en su calidad.

a) Una implicación más de la reforma propuesta –de menor dimensión pero no por ello menos importante– tiene que ver con los servicios educativos que prestan los particulares. Para el ciclo escolar 2008-2009 se reportaron 14 mil 756 planteles de educación preescolar y 7 mil 842 escuelas primarias particulares; en estos casos, la reforma añadiría un requisito para su incorporación y el reconocimiento de los estudios que ofrecen, con las consiguientes implicaciones administrativas y de control para los niveles operativos del sistema educativo.

Fracción V

Propuesta del senado: V. Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno y convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones al mejoramiento de la sociedad, así como valorar la diversidad y pluralidad de la sociedad mexicana;

La adición propuesta hace referencia a un aspecto importante para la sociedad mexicana (su diversidad y pluralidad), pero se considera que el espíritu de la propuesta ya está contenido en las fracciones III y IV del mismo artículo:

“III. Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país;

IV. Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.

Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y español.”

En este sentido, se considera una propuesta redundante y reiterativa.

Fracción VI

Propuesta del Senado: VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley, de la igualdad de los individuos ante ésta y propiciar la cultura de la prevención del delito, así como promover el desarrollo de una cultura por la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones y el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos;

Los miembros de la comisión consideran adecuado el sentido de esta propuesta, toda vez que refiere a un problema grave que actualmente enfrenta la sociedad mexicana; sin embargo, en atención a que el artículo 7o. se refiere a los fines educativos de la educación impartida por el Estado, parece más pertinente incorporar la idea de “cultura de la legalidad”, que se refiere al “estricto cumplimiento de las obligaciones que la ley impone [a los ciudadanos] para garantizar la convivencia social y, por otra parte, que el ejercicio de sus derechos se realice en apego a las disposiciones legales”, mientras que la prevención del delito hace referencia a acciones para combatir el crimen. De esta manera se establece una acción formativa, no punitiva.

Adicionalmente, de esta manera se establecerá mayor congruencia con las disposiciones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

Fracción X

Propuesta del Senado: X. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud, la planeación familiar, la paternidad responsable y la educación sexual y reproductiva, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias;

Si bien los miembros de esta comisión consideran pertinente y viable el tema al que se refiere esta reforma, se aprecia que la forma en que se formula es poco clara y tiene un sentido distinto al resto de la fracción, que señala los fines que el Estado se propone lograr en los individuos mediante la educación.

Es decir: mediante la educación, el Estado logrará desarrollar actitudes solidarias y logrará crear conciencia sobre la preservación de la salud, pero ¿mediante la educación el Estado “logrará crear conciencia sobre la educación sexual y reproductiva”? Es importante mencionar que las iniciativas que se toman como base para elaborar esta propuesta de reforma son precisas y claras respecto a su propósito, como puede apreciarse enseguida:

Senadora Irma Martínez Manríquez:

X. Desarrollar en los individuos actitudes solidarias, conocimientos y hábitos positivos para la preservación de la salud y la sana nutrición; fomentar la conciencia sobre el ejercicio responsable de la sexualidad, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, la planeación familiar, y la paternidad y maternidadresponsables; el respeto a las diferencias y la construcción de una cultura para la igualdad entre mujeres y hombres, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar la prevención y rechazo de todo tipo de adicciones, estereotipos sexuales y homofobia, mediante el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias.

Senador Jorge Legorreta Ordorica:

XIV. Informar, orientar y poner a disposición información clara, completa y oportuna sobre la salud sexual y reproductiva, sobre la planificación familiar y sobre el uso de los métodos anticonceptivos.

En opinión de los integrantes de esta Comisión, la propuesta no es viable tal como está planteada en el Proyecto de Decreto debido a que generaría confusión; si existe la intención de incluir el tema de la sexualidad como uno de los fines de la educación, parece más adecuado hacerlo de manera clara y directa. En este sentido, se propone la siguiente redacción:

X. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias;

Fracción XI

Propuesta del Senado: XI. Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad. También se proporcionarán los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales;

La preocupación por el tema del cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales no es reciente, tiene ya más de tres décadas de estar presente en las políticas ambientales y educativas de gobiernos de distintos países, y principalmente, de diversos organismos nacionales e internacionales.

La educación ambiental es una estrategia para el desarrollo sustentable, a partir de considerar que la educación es una práctica social en donde los ciudadanos pueden tomar conciencia de la necesaria protección, preservación y conservación de los sistemas de soporte vital del planeta, constituyendo así la sustentabilidad de los recursos.

Tomando esta orientación como base, la educación ambiental debe ser considerada eje del desarrollo sustentable. Así, la educación debe ser la base para la desarrollar la conciencia sobre la problemática a la que nos enfrentan el deterioro del medio ambiente y sus consecuencias en el cambio climático.

El cambio climático es un problema mundial cuyas afectaciones concretas son cada vez más evidentes: derretimiento de glaciares, aumento de incendios forestales, incremento de la temperatura, disminución de lluvias en áreas húmedas, incremento de lluvias en áreas secas, variación en los patrones de migración, incremento del nivel del océano, etcétera (Basurto, 2005). La comunidad internacional ha asumido algunos compromisos para afrontar el cambio climático, los cuales derivan esencialmente de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, de la cual México es signatario.

Así, la propuesta de reforma coincide en lo fundamental con las propuestas de dicha convención, la cual en el artículo 4 establece los siguientes compromisos:

“1. Todas las Partes, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y el carácter especifico de sus prioridades nacionales y regionales de desa-rrollo, de sus objetivos y circunstancias, deberán:

a) a  h) ...

i) Promover y apoyar con su cooperación la educación, la capacitación y la sensibilización del público respecto del cambio climático y estimular la participación más amplia posible en este proceso, incluida la de las organizaciones no gubernamentales;...

En consecuencia, la propuesta de reforma se considera procedente.

Fracción XIII

Propuesta del Senado: XIII. Fomentar los valores y principios del cooperativismo y del trabajo en equipo;

Los miembros de la Comisión consideran que la propuesta es redundante, debido a que el cooperativismo alude a la “cooperación en el orden económico y social”. Además, el sentido de la propuesta está contemplado en el artículo 49 de la misma ley, que a la letra señala lo siguiente:

“El proceso educativo se basará en los principios de libertad y responsabilidad que aseguren la armonía de relaciones entre educandos y educadores y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas.”

Artículo 9o.

Propuesta del Senado: Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá -directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio- todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación media superiory superior, necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, considerará las necesidades del desarrollo económico nacionaly alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

A juicio de los miembros de esta comisión, la inclusión de la educación media superior dentro de los niveles educativos que el Estado debe promover y atender es pertinente, toda vez que se trata de un nivel educativo que no está mencionado en el texto actual de este artículo.

Sin embargo, es importante tener presente que el 9 de diciembre de 2009 la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos aprobó la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 9 de la Ley General de Educación, incorporando la esencia de esta propuesta. El proyecto de Decreto se formula en los siguientes términos:

“Artículo 9o. Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el estado promoverá y atenderá –directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio– todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación inicial, especial, media superior y superior, necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.”

Respecto a la segunda frase que se propone para este párrafo (“considerará las necesidades del desarrollo económico nacional”), los miembros de esta Comisión estiman que es innecesaria, puesto que está contenida en el texto vigente cuando señala que el Estado atenderá los tipos y modalidades necesarios para “el desarrollo de la nación”.

Artículo 10, fracción IV Bis

Propuesta del Senado: IV Bis. Los órganos responsables de la evaluación educativa;

La adición es redundante, debido a que los órganos responsables de la evaluación educativa son instituciones del Estado o, en su caso, organismos descentralizados, por lo que ya están contemplados en la fracción V del mismo artículo:

“Constituyen el sistema educativo nacional:

I. Los educandos y educadores;

II. Las autoridades educativas;

III. El Consejo Nacional Técnico de la Educación y los correspondientes en las entidades federativas;

IV. Los planes, programas, métodos y materiales educativos;

V. Las instituciones educativas del estado y de sus organismos descentralizados;

VI. Las instituciones de los particulares, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, y

VII. Las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía.”

Artículo 12

Fracción IX

Propuesta del Senado: IX. Regular, coordinar y operar un padrón nacional de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares; un registro nacional de emisión, validación e inscripción de documentos académicos y establecer un Sistema Nacional de Información Educativa;

A partir de la descentralización educativa iniciada en mayo de 1992, la autoridad educativa federal conservó las funciones normativas del sistema educativo nacional; en este marco, la propuesta de regular, coordinar y operar un mecanismo de información sobre el propio sistema educativo es indispensable para la toma de decisiones sobre política educativa.

Por lo que respecta a la propuesta de creación del Sistema Nacional de Información Educativa –como responsabilidad de las autoridades educativas federales, pero alimentada con la información proporcionada por cada entidad-, se considera pertinente y en armonía con el esquema de descentralización de los servicios educativos planteado en la legislación vigente y que opera en nuestro país.

Fracción XIV

Propuesta del Senado: XIV. Regular a nivel nacional los mecanismos de ingreso y promoción de en el servicio docente y de administración escolar.

Las relaciones laborales entre las dependencias educativas del Estado y los trabajadores se regulan en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado b) del Artículo 123 Constitucional. En concordancia con lo establecido en la Constitución, esa ley establece los criterios a considerar en la designación de personal; en este marco, las autoridades educativas, en tanto titulares de las dependencias e instituciones públicas, tienen la facultad para definir los criterios, lineamientos, mecanismos e instrumentos aplicables a quienes aspiran a prestar sus servicios como trabajadores de tales dependencias.

La Ley General de Educación, por su parte, regula la función social educativa realizada por el Estado –federación, entidades federativas y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios.

En atención a las consideraciones anteriores, los miembros de la Comisión consideran innecesario incorporar en la Ley General de Educación disposiciones de regulación laboral ya establecidas en un marco normativo más amplio, y que escapan del ámbito de competencia de esta ley.

Artículo 13

Fracción VII

Propuesta del Senado: VII. Coordinar y operar un padrón estatal de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares; un registro estatal de emisión, validación e inscripción de documentos académicos y establecer un Sistema Estatal de Información Educativa coordinado con el Sistema Nacional de Información Educativa;

En opinión de los integrantes de la Comisión, la propuesta establece de manera clara funciones operativas que –en el marco de la federalización educativa- competen a las autoridades educativas estatales, complementando lo establecido en la fracción I de este mismo artículo, por lo que se considera pertinente.

Fracción VIII

Propuesta del Senado: VIII. Coadyuvar con la autoridad educativa federal en la operación de los mecanismos de ingreso y promoción en el servicio docente y de administración escolar; y

También en el marco de las atribuciones de los distintos niveles de autoridad educativa, se considera adecuado el señalamiento; sin embargo, se estima conveniente modificar el término “coadyuvar” por el de “participar”, con la finalidad de evitar toda idea de supeditación de la autoridad educativa local a la de nivel federal.

Artículo 14, fracción XIII

Propuesta del Senado: XIII. Fomentar el consumo de alimentos saludables en las escuelas, y

Los integrantes de la Comisión consideran que esta propuesta de reforma tiene un carácter mucho más específico que las otras atribuciones establecidas en el artículo, por lo que no se considera adecuada.

Adicionalmente, el 10 de febrero de 2010 la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos aprobó dos dictámenes con propósito similar, que reforman los artículos 7, 12, 13, 57, 59, 67, 72 y 75; los proyectos de Decreto se orientan no sólo al fomento del consumo de alimentos saludables sino que establecen a la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud como las instancias responsables de definir una regulación específica para la venta de alimentos y bebidas en las cooperativas escolares. Las reformas aprobadas se formulan en los siguientes términos:

Artículo 7. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. a VIII. ...

IX. Fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la educación física y la práctica del deporte;

X. a XIV. ...

Artículo 12.Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I. a XI. ...

XI Bis. Establecer la normatividad para el fomento, organización y supervisión de las cooperativas y tiendas escolares, y –en colaboración con la Secretaría de Salud– los lineamientos respecto al tipo de alimentos y bebidas que por sus altos valores nutricionales pueden comercializarse en los establecimientos escolares;

XII a XIII. ...

Artículo 13. Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:

I. a IV. ...

IV Bis. Observar la normatividad que la autoridad educativa federal establezca para el fomento, organización y supervisión de las cooperativas y tiendas escolares, así como vigilar la aplicación de los lineamientos respecto al tipo de alimentos y bebidas que pueden comercializarse en los centros escolares, establecidos en colaboración con la Secretaría de Salud;

V. a VII. ...

Artículo 57. Los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán:

I. al III. ...

III Bis. Cumplir con la normatividad que la autoridad educativa federal establezca para el fomento, organización y supervisión de las cooperativas y tiendas escolares, y con la que, en colaboración con la Secretaría de Salud, se establezca respecto al tipo de alimentos y bebidas que pueden comercializarse en los establecimientos escolares;

IV. a V. ...

Artículo 59. Los particulares que presten servicios por los que se impartan estudios sin reconocimiento de validez oficial, deberán mencionarlo en su correspondiente documentación y publicidad.

En el caso de educación inicial y de preescolar deberán, además, contar con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación; contar con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad educativa determine; cumplir los requisitos a que alude la fracción VII del artículo 12; tomar las medidas a que se refiere el artículo 42; cumplir con la normatividad que establezcan la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud relativa al tipo de alimentos y bebidas que pueden comercializarse en los establecimientos escolares, y facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades competentes.

Artículo 67. Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto:

I. ...

II. Colaborar para una adecuada integración de la comunidad escolar; en la operación, mejora y vigilancia de las cooperativas, tiendas y comedores escolares, así como en el mejoramiento de los planteles;

III. a V. ...

...

...

Artículo 72 Bis. Los consejos de participación social a los que se refiere esta sección colaborarán en la vigilancia de la aplicación de las normas establecidas para el funcionamiento de las cooperativas y tiendas escolares, así como la relativa al tipo de alimentos y bebidas que pueden comercializarse en los establecimientos escolares.

Artículo 75. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

I. a VII. ...

VIII. Realizar o permitir se realice publicidad dentro del plantel escolar que fomente el consumo, así como realizar o permitir la comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al proceso educativo, distintos de alimentos, o bien de éstos cuando no cumplan con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Pública –en colaboración con la Secretaría de Salud- respecto al tipo de alimentos y bebidas que pueden comercializarse en los centros escolares;

IX. a XV. ...

...

En virtud de que los dictámenes descritos se encuentran en proceso legislativo, se considera no procedente la propuesta del Senado.

Artículo 20

Fracción II

Propuesta del Senado: II. La formación continua,la actualización de conocimientos y superación docente de los maestros en servicio, citados en la fracción anterior;

La incorporación del término formación continua se considera pertinente, toda vez que actualiza el término utilizado en ese ámbito.

Último párrafo

Propuesta del Senado: Las autoridades educativas locales podrán coordinarse para llevar a cabo actividades relativas a las finalidades previstas en este artículo, cuando la calidad de los servicios o la naturaleza de la necesidades hagan recomendables proyecto regionales. Asimismo, podrán suscribir convenios de colaboración con instituciones de educación superior nacionales o del extranjero para ampliar las opciones de formación, actualización y superación docentes.

La reforma propuesta se considera procedente, puesto que otorga a las autoridades educativas estatales mayor flexibilidad para operar en el campo de la actualización de maestros en servicio, siempre y cuando se ajusten a los lineamientos que establezcan las autoridades educativas federales, de conformidad con el artículo 12 fracción VI de la Ley General de Educación, que señala lo siguiente:

“Artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I. a V. ...

VI. Regular un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros de educación básica;”

Artículo 21

Primer párrafo

Propuesta del Senado: El educador es promotor, coordinador, facilitador y agente directo del proceso educativo. Las autoridades educativas proporcionaránlos medios que le permitan realizar eficazmente su labor y que contribuyan a su constante perfeccionamiento.

Las propuestas se consideran pertinentes, toda vez que se agregan elementos respecto al papel del maestro en el proceso educativo y se precisan responsabilidades del Estado en materia educativa.

Tercer párrafo

Propuesta del Senado: El Estado otorgará un salario profesional digno, que permita al profesoradode los planteles del propio Estado alcanzar un nivel de vida decoroso para ellos ysu familia; puedan arraigarse en las comunidades en las que trabajan y disfrutar de vivienda digna; así como disponer del tiempo necesario de preparación de las clases que impartan y para realizar actividades destinadas a su desa-rrollo personal y profesional.

Las modificaciones a este párrafo se consideran pertinentes, ya que constituyen precisiones al texto vigente, salvo la preposición “de” preparación de las clases; debe decir “para la”.

Quinto párrafo

Propuesta del Senado: Las autoridades educativas otorgarán reconocimientos, distinciones, estímulos y recompensas a los educadores que se destaquen en el ejercicio de su profesión y, en general, realizarán actividades que propicien mayor aprecio social por la labor desempeñada por el magisterio. Además, establecerán mecanismos de ingreso y promoción a la labor docente con base en la evaluación de conocimientos, habilidades, capacidades, destrezas y, en su caso, desempeño profesional frente a grupo.

El sentido de la propuesta se considera pertinente; sin embargo, debido a que el presente artículo se refiere a las obligaciones del Estado respecto a los educadores, se considera más adecuado ajustar la redacción de la propuesta, de manera que sólo se haga referencia al establecimiento de mecanismos para estimular a los docentes con base en la evaluación.

Artículo 22

Primer párrafo

Propuesta del Senado: Las autoridades educativas, en sus respectivas competencias, revisarán permanentemente las disposiciones, los trámites y procedimientos, con objeto de simplificarlos, de reducir las cargas administrativas de los maestros, de alcanzar más horas efectivas de clase y, en general, de lograr la prestación del servicio educativo con mayor pertinencia, calidad y eficiencia.

En opinión de los integrantes de esta Comisión, se trata de una reforma apropiada, debido a que tanto la pertinencia como la eficiencia suelen identificarse como elementos de la calidad.

Segundo párrafo

Propuesta del Senado: En las actividades de supervisión las autoridades educativas darán prioridad, respecto de los aspectos administrativos, a los apoyos técnicos, didácticos y demás para el adecuado desempeño de la función docente. Asimismo, se fortalecerá la capacidad de gestión de las autoridades escolares y la participación de los padres de familia.

En lo que toca al segundo párrafo de este artículo, la Comisión coincide con la adición propuesta ya que se introduce la consideración del fortalecimiento de la gestión de las autoridades educativas.

Artículo 27, segundo párrafo

Propuesta del Senado: En todo tiempo procurarán fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes, en términos reales, para la educación pública. Asimismo, sin comprometer la gratuidad de la educación pública, se fomentará la gestión de donaciones en los centros escolares.

En opinión de esta comisión, esta reforma introduce de lleno al debate acerca de la gratuidad de los servicios educativos públicos en nuestro país. En este sentido, los Diputados integrantes reivindicamos el carácter público de la educación impartida por el Estado que establece la fracción IV del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual considera necesario realizar las siguientes consideraciones:

a) El apoyo voluntario con recursos (monetarios, de tiempo y en especie) es una de las formas más tradicionales de participación de los padres en la educación de sus hijos y en la mejora de los centros educativos. Es también la más claramente establecida en la Ley General de Educación y en el Reglamento de las Asociaciones de Padres de Familia.

Las aportaciones de los padres de familia son, en muchos casos, la principal o única fuente directa de ingresos a la escuela, y permiten cubrir los gastos que implica el funcionamiento regular, mantenimiento y mejora de los planteles de educación preescolar, primaria y secundaria: pago de servicios, 11 adquisición y/o mantenimiento de equipo y mobiliario, material didáctico, de oficina, de limpieza e incluso artículos de consumo para los alumnos. Es frecuente también que se deban afrontar gastos relacionados con rubros que formalmente cubre el Estado, como el pago de personal de asistencia, la reparación e incluso construcción de la infraestructura escolar, entre otros.

En este sentido, es justo destacar la enorme contribución que los padres de familia realizan a la educación pública. Los miembros de esta Comisión reconocemos la legitimidad del interés que los padres manifiestan porque sus hijos reciban educación en las mejores condiciones posibles, por lo que no se puede cancelar su disposición para aportar a la escuela lo que consideren necesario y esté dentro de sus posibilidades.

b) El reconocimiento anterior de ninguna manera significa que el Estado deposite en los padres de familia una parte importante del costo de la operación del sistema, sobre todo si se considera que tales aportaciones representan un esfuerzo mayor para las familias de escasos recursos y, en este sentido, las aportaciones voluntarias pueden operar como un factor más de inequidad, perjudicando a los grupos sociales menos favorecidos. Al respecto, varios estudios realizados en escuelas mexicanas han demostrado que los padres de alumnos inscritos en planteles pobres aportan a la escuela una proporción de su gasto mayor que aquellos cuyos hijos asisten a planteles menos pobres (Mercado: 1991, Schmelkes: 1994, OCE: 1999).

c) Un asunto más a considerar es el hecho de que frecuentemente se condicionan los servicios educativos al pago de cuotas llamadas voluntarias. En opinión de esta Comisión, las legítimas aportaciones voluntarias de las familias no pueden plantearse como condición para acceder a los servicios de educación básica, puesto que el hecho de que una familia no tenga posibilidades de contribuir con la escuela, o de aportar una cantidad específica, no debe implicar para sus hijos la cancelación del derecho de recibir una educación básica de calidad.

d) Por otra parte, es necesario reconocer la legitimidad del reclamo de los padres de familia y de las asociaciones que conforman, sobre el abuso en que en ocasiones incurren los directores y maestros. El manejo de los recursos aportados por los padres es un motivo frecuente de conflicto entre éstos y los responsables directos de la operación de los servicios de educación básica.

En este sentido, reconocer el derecho que tienen las familias de aportar a la escuela –siempre de manera voluntaria y dentro de sus propias posibilidades– todo aquello que consideren necesario para mejorar las condiciones escolares de sus hijos, plantea la necesidad de establecer medidas para el manejo transparente de los recursos aportados y para la rendición de cuentas. Sin la atención de esta necesidad, una reforma como la propuesta puede convertirse en fuente de conflicto por el uso de los recursos aportados.

Con base en las consideraciones anteriores, los miembros de esta comisión estiman no procedente la reforma propuesta al artículo 27, pues consideran que podría convertirse en la base que ofrezca sustento legal a la práctica de establecer cuotas en los planteles escolares y, más aún, a la de condicionar los servicios educativos de carácter público. Adicionalmente, se considera que la medida puede también contribuir a profundizar la inequidad en la educación –las escuelas que atienden población pobre tendrían menos posibilidad de recibir recursos-, además de que sería necesario establecer nuevas reglas que aseguraran transparencia en el manejo de los recursos y mecanismos para la rendición de cuentas.

Artículo 33

Fracción II

Propuesta del Senado: II. Desarrollarán programas de apoyo a los maestros que presten sus servicios en localidades aisladas o zonas urbanas marginadas, a fin de fomentar el arraigo en sus comunidades y cumplir con el calendario escolar;

La propuesta se considera pertinente, pues hace hincapié en la necesidad de cubrir el calendario escolar. Adicionalmente, los miembros de esta Comisión consideran necesario modificar la redacción de la primera frase de la fracción, de manera que los programas de apoyo a los maestros a que se hace referencia consideren tanto localidades aisladas como zonas urbanas marginadas.

Fracción IV

Propuesta del Senado: IV. Prestarán servicios educativos para atender a quienes abandonaron el sistema regular y se encuentran en situación de rezago educativo para que concluyan la educación básica, otorgando facilidades de acceso, reingreso, permanencia, y egreso a las mujeres;

Se considera pertinente y viable. De esta manera se incluye no sólo a quienes ya abandonaron la escuela, sino a quienes están en riesgo de hacerlo.

Fracción VIII

Propuesta del Senado: VIII. Desarrollarán programas con perspectiva de género, equidad y transparencia, para otorgar becas y demás apoyos económicos preferentemente a los estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación;

La primera parte de la reforma propuesta para este párrafo (“equidad y transparencia”) se considera innecesaria, puesto que tales características deben corresponder a todos los programas del sector y no sólo a los de becas; de manera específica, el texto vigente del artículo 25 de la Ley General de Educación señala:

“Los recursos federales recibidos para ese fin por cada entidad federativa no serán transferibles y deberán aplicarse exclusivamente en la prestación de servicios y demás actividades educativas en la propia entidad. El gobierno de cada entidad federativa publicará en su respectivo diario oficial, los recursos que la Federación le transfiera para tal efecto, en forma desagregada por nivel, programa educativo y establecimiento escolar.

El gobierno local prestará todas las facilidades y colaboración para que, en su caso, el Ejecutivo Federal verifique la correcta aplicación de dichos recursos.

En el evento de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se estará a lo previsto en la legislación aplicable sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan.”

La última frase que se adiciona a la misma fracción precisa la población objetivo de las becas, por lo que se considera viable.

Fracción X

Propuesta del Senado: X. Otorgarán estímulos a las organizaciones de la sociedad civil y a las cooperativas de maestros que se dediquen a la enseñanza;

La propuesta de reforma es viable, debido a que éste es el término utilizado formalmente para la sociedad civil organizada en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Rea-lizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, promulgada el 9 de febrero de 2004.

En dicha ley se designa como organizaciones de la sociedad civil a “todas las agrupaciones u organizaciones mexicanas que, estando legalmente constituidas, realicen alguna o algunas de las actividades a que se refiere el artículo 5 de la presente ley y no persigan fines de lucro ni de proselitismo partidista, político-electoral o religioso...”, así como a “las organizaciones que constituyan los capítulos nacionales de organizaciones internacionales que cumplan con lo establecido en el artículo 3 (...) siempre que sus órganos de administración y representación estén integrados mayoritariamente por ciudadanos mexicanos.”

Fracción XIII

Propuesta del Senado: XIII. Realizarán las demás actividades que permitan mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios educativos, y alcanzar los propósitos mencionados en el artículo anterior, y

La propuesta es pertinente y viable, puesto que ayuda a precisar los términos.

Artículo 40 (adición de segundo párrafo)

Propuesta del Senado: Los organismos descentralizados y los particulares que impartan educación inicial deberán atender los requisitos pedagógicos que formule la autoridad educativa federal.

La propuesta resulta redundante respecto a lo establecido en la fracción VII del artículo 12 de la Ley General de Educación, que establece como una de las facultades de la autoridad educativa federal:

“Fijar los requisitos pedagógicos de los planes y programas de educación inicial que, en su caso, formulen los particulares.”

Artículo 41

Primer párrafo

Propuesta del Senado: La educación especial está destinada a personas con discapacidad, transitorias o definitivas, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género.

La propuesta de reforma resulta en dos errores de concordancia, por lo cual los miembros de la Comisión proponen ajustar la redacción de la reforma, en los términos siguientes:

“La educación especial está destinada a personas con discapacidad, transitoria o definitiva, así como a aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género.”

Segundo párrafo

Propuesta del senado: Tratándose de menores de edad con discapacidad, esta educación propiciará su integración a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Para quienes no logren esa integración, esta educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva, para lo cual se elaborarán programas y materiales de apoyo didácticos necesarios.

La reforma se considera pertinente, puesto que la utilización del singular incluye a personas con una o varias discapacidades.

Artículo 42

Propuesta del Senado: En la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica, social y nutricional, sobre la base del respeto a su dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad y no afecte su autoestima.

La propuesta es redundante, porque la “integridad nutricional” está considerada en el aspecto físico, y la “psicológica” incluye la autoestima. No se considera pertinente.

Artículo 43

Propuesta del Senado: La educación para adultos está destinada a individuos de quince años o más que no hayan cursado o concluido la educación primaria y secundaria. Se presta a través de servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como de formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. Esta educación se apoyará en la participación y la solidaridad social.

La primera parte de la propuesta consiste en sustituir un artículo (la) por una preposición (de), lo cual se considera pertinente. También lo es la inclusión de la palabra participación, debido a que complementa la idea de “solidaridad social”.

Artículo 44

Primer párrafo

Propuesta del Senado: Tratándose de la educación para adultos la autoridad educativa federal podrá prestar los servicios que, conforme a la presente ley, corresponda prestar de manera exclusiva a las autoridades educativas locales.

La reforma propuesta para el primer párrafo consiste en la inclusión de un artículo (los), lo cual se considera pertinente.

Segundo párrafo

Propuesta del Senado: Los beneficiarios de esta educación podrán acreditar los conocimientos adquiridos, mediante evaluaciones parciales o globales, conforme a los procedimientos a que aluden los artículos 45 y 64. Cuando al presentar una evaluación no acrediten los conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas, recibirán un informe que indique las asignaturas y unidades de aprendizaje en las que deban profundizar y tendrán derecho a presentar nuevas evaluaciones hasta lograr la acreditación respectiva.

Las modificaciones al segundo párrafo se consideran adecuadas, porque mantienen el sentido original y actualizan los términos al incluir “habilidades, capacidades y destrezas”.

Artículo 45, primero, segundo y tercer párrafos

Propuesta del Senado: La formación para el trabajo procurará el desarrollo de competencias, conocimientos, habilidades y destrezas, que permitan a quien la recibe desarrollar una actividad productiva demandada en el mercado, mediante alguna ocupación o algún oficio calificados.

La secretaría, conjuntamente con las demás autoridades federales competentes, establecerá un régimen de certificación, aplicable en toda la República, referido a la formación para el trabajo, conforme al cual sea posible ir certificando competencias, conocimientos, habilidades y destrezas –intermedios o terminales– de manera parcial, continua y acumulativa, independientemente de la forma en que hayan sido adquiridos.

La secretaría, conjuntamente con las demás autoridades federales competentes, determinarán los lineamientos generales aplicables en toda la República, para la definición de aquellas competencias, conocimientos, habilidades y destrezas susceptibles de certificación, así como de los procedimientos de evaluación correspondientes, sin perjuicio de las demás disposiciones que emitan las autoridades locales en atención a requerimientos particulares. Los certificados, constancias o diplomas serán otorgados por las instituciones públicas y los particulares que señalen los lineamientos citados.

El término competencias no tiene una interpretación única. Si bien en el campo educativo se ha utilizado en los años recientes para designar “la aptitud para enfrentar eficazmente una familia de situaciones análogas, movilizando a conciencia y de manera a la vez rápida, pertinente y creativa, múltiples recursos cognitivos : saberes, capacidades, microcompetencias, informaciones, valores, actitudes, esquemas de percepción, de evaluación y de razonamiento”, el término “no tiene el mismo sentido en derecho, lingüística, psicología o ciencias del trabajo” y –más aún- “es objeto de controversias ideológicas”, por lo cual se considera que su inclusión en la ley es inadecuado.

De hecho, en la propuesta de reforma el término se utiliza como sinónimo de adiestramiento para el trabajo, lo cual puede generar polémica. En opinión de los miembros de la comisión, es una reforma no necesaria puesto que el texto vigente es claro y suficiente.

Artículo 47, fracción I

Propuesta del Senado: I. Los propósitos de formación general y, en su caso, la adquisición de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas que correspondan a cada nivel educativo;

El énfasis de esta fracción está en “los propósitos de formación general”; la propuesta agrega características esperadas en tales propósitos, por lo cual se considera pertinente.

Artículo 48, tercero, cuarto y quinto párrafos

Tercer párrafo

Propuesta del Senado: Las autoridades educativas locales, previa consulta al Consejo Nacional Técnico de la Educación correspondiente, propondrán para consideración y, en su caso, autorización de la secretaría, contenidos regionales que –sin mengua del carácter nacional de los planes y programas citados– permitan que los educandos adquieran un mejor conocimiento de la historia, la geografía, las costumbres, las tradiciones, los ecosistemas, la economíay demás aspectos propios de la entidad y municipios respectivos.

La inclusión del tema de la economía en los contenidos regionales se considera innecesario, puesto que en la última parte del párrafo se precisa: “y demás aspectos propios de la entidad y municipios respectivos”. Si se opta por incluir una lista de temas, se corre el riesgo de dejar fuera otros que pueden resultar igualmente relevantes.

Cuarto y quinto párrafos

Propuesta del Senado: La secretaría realizará revisiones y evaluaciones sistemáticas y continuas de los planes y programas a que se refiere el presente artículo, para mantenerlos permanentemente actualizados. En el caso de los programas de educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica serán revisados y evaluados, al menos, cada cuatro años.

Los planes y programas que la Secretaría determine en cumplimiento del presente artículo, así como sus modificaciones, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano informativo oficial de cada entidad federativa y, previo a su aplicación, se deberá capacitar a los maestros respecto de su contenido y métodos.

Las propuestas de reforma en el cuarto y quinto párrafos responden al problema de la actualización de los planes y programas de estudio en las escuelas formadoras de maestros de educación básica, así como al frecuente desfase entre la aplicación de los nuevos programas de estudios en preescolar, primaria y secundaria, y la actualización de los profesores en servicio. Estas modificaciones se consideran pertinentes.

Artículo 49, primer párrafo

Propuesta del Senado: El proceso educativo se basará en los principios de libertad y responsabilidad que aseguren la armonía de relaciones entre educandos y educadores y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas. De igual manera se fomentará en el proceso educativo el uso de todos los recursos tecnológicos y didácticos disponibles.

La propuesta se considera pertinente, porque hasta la fecha la Ley General de Educación no precisa el fomento de la utilización de recursos tecnológicos y didácticos en el proceso educativo (se hace notar que es innecesario repetir “en el proceso educativo”).

Artículo 50, segundo párrafo

Propuesta del Senado: Las instituciones deberán informar periódicamente a los educandos y, en su caso, a los padres de familia o tutores, los resultados de las evaluaciones parciales y finales, así como, de haberlas, aquellas observaciones sobre el desempeño académico de los propios educandos que permitan lograr mejores aprovechamientos.

La propuesta es pertinente y viable, debido a que el término evaluaciones tiene un sentido más amplio que el de exámenes.

Artículo 61, segundo párrafo

Propuesta del Senado: La revalidación podrá otorgarse por niveles educativos, por grados escolares, créditos académicos, por asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva.

La propuesta busca avanzar hacia la flexibilización de los criterios para el tránsito entre distintas instituciones del mismo nivel, lo cual se considera necesario y posible.

Artículo 62

Propuesta del Senado: Los estudios realizados dentro del sistema educativo nacional podrán, en su caso, declararse equivalentes entre sí por niveles educativos, grados escolares, créditos académicos, asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva.

Al igual que la propuesta de reforma al artículo 61, con ésta se busca flexibilizar los criterios para el tránsito entre distintas instituciones del mismo nivel, por lo que se considera pertinente.

Artículo 64

Propuesta del Senado: La secretaría, por acuerdo de su titular, podrá establecer procedimientos por medio de los cuales se expidan certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes acrediten conocimientos parciales o terminales que correspondan a cierto nivel educativo o grado escolar, adquiridos en forma autodidacta, de la experiencia laboral o a través de otros procesos educativos.

Los acuerdos que emita la autoridadseñalarán los requisitos específicos que deban cumplirse para la acreditación de los conocimientos, competencias o destrezas adquiridos.

Las modificaciones orientadas hacia la acreditación de conocimientos parciales, como es el caso de la propuesta al primer párrafo de este artículo, se consideran pertinentes y adecuadas. Sin embargo, respecto a la reforma al segundo párrafo el uso del término competencias puede prestarse a diversas interpretaciones pues –como ya antes se explicó- no hay consenso respecto a su significado, por lo que parece más adecuado evitarlo en la Ley General de Educación.

Artículo 65, fracciones IV, V y VI

Propuesta del Senado: IV. Formar parte de las asociaciones de padres de familia y de los consejos de participación social a que se refiere este capítulo;

V. Opinar, en los casos de la educación que impartan los particulares, en relación con las contraprestaciones que las escuelas fijen, y

VI. Conocer la relación oficial del personal docente y empleados adscritos en la escuela en la que estén inscritos sus hijos o pupilos, misma que será proporcionada por la autoridad escolar.

La reforma propuesta a la fracción VI se considera necesaria, en términos de la transparencia en el uso de los recursos públicos. Adicionalmente, se encuentra en armonía con los mecanismos de control previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010. Las modificaciones en las fracciones IV y V son necesarias para la mejor comprensión del artículo.

Artículos 70, primer párrafo; 71, primer párrafo; y 72

Propuesta del Senado: Artículo 70. En cada municipio operará un consejo municipal de participación social en la educación integrado por las autoridades municipales, padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros distinguidos y directivos de escuelas, representantes de la organización sindical de los maestros, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educacióny demás interesados en el mejoramiento de la educación.

Artículo 71. En cada entidad federativa funcionará un consejo estatal de participación social en la educación, como órgano de consulta, orientación y apoyo. Un órgano análogo se establecerá en el Distrito Federal. En dicho Consejo se asegurará la participación de padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, instituciones formadoras de maestros, autoridades educativas estatales y municipales, organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación, así como los sectores social y productivo de la entidad federativa especialmente interesados en la educación.

Artículo 72. La Secretaría promoverá el establecimiento y funcionamiento del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, como instancia nacional de consulta, colaboración, apoyo e información, en la que se encuentren representados padres de familia y sus asociaciones, maestros y su organización sindical, autoridades educativas, organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación, así como los sectores social y productivoespecialmente interesados en la educación. Tomará nota de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas, conocerá el desarrollo y la evolución del sistema educativo nacional, podrá opinar en asuntos pedagógicos, planes y programas de estudio y propondrá políticas para elevar la calidad y la cobertura de la educación.

Las reformas propuestas se consideran pertinentes, debido a que éste es el término utilizado formalmente para la sociedad civil organizada.

De acuerdo con las consideraciones expuestas en el presente dictamen, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 Apartado E de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta Honorable Asamblea acordar que se devuelva al Senado de la República la presente Minuta con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, para efecto de que las modificaciones propuestas por esta Revisora sean discutidas por la Cámara de origen.

Por lo anterior, y una vez analizada la minuta materia de este dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Educación

Artículo Único. Se reforman los artículos 4, segundo párrafo; 7, fracciones I, VI, X y XI; 12, fracción IX; 20, fracción II y último párrafo; 21, párrafos primero, tercero y quinto; artículo 22; 33, fracciones II, IV, VIII, IX, X, y XIII; el artículo 40; 41, primero y segundo párrafos; el artículo 43; 44, primero y segundo párrafos; 47, fracción I; 48, cuarto y quinto párrafos; 49, primer párrafo; 50, segundo párrafo; 61, segundo párrafo; el artículo 62; 64, primer y segundo párrafos; 65, fracciones I, II y IV; 66, fracciones I, II y III; 70, primer párrafo; 71, primer párrafo; el artículo 72; y se adicionan las fracciones VII y VIII, recorriéndose la actual VII a una IX del artículo 13; la fracción VI del artículo 65; todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 4o. ...

Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen la educación preescolar, la primaria y la secundaria.

Artículo 7o. ...

I. Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades humanas;

II. a V. ...

VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos;

VII. a IX. ...

X. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias;

XI. Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad. También se proporcionarán los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales;

XII. a XV. ...

Artículo 12. ...

I. a VIII. ...

IX. Regular, coordinar y operar un padrón nacional de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares; un registro nacional de emisión, validación e inscripción de documentos académicos  y establecer un Sistema Nacional de Información Educativa;

X. a XIII. ...

Artículo 13. ...

I. a V. ...

VI. Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica;

VII. Coordinar y operar un padrón estatal de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares; un registro estatal de emisión, validación e inscripción de documentos académicos y establecer un Sistema Estatal de Información Educativa coordinado con el Sistema Nacional de Información Educativa;

VIII. Participar con la autoridad educativa federal en la operación de los mecanismos de ingreso y promoción en el servicio docente y de administración escolar; y

IX. Las demás que con tal carácter...

Artículo 20. ...

I. ...

II. La formación continua, la actualización de conocimientos y superación docente de los maestros en servicio, citados en la fracción anterior;

III. y IV. ...

Las autoridades educativas locales podrán coordinarse para llevar a cabo actividades relativas a las finalidades previstas en este artículo, cuando la calidad de los servicios o la naturaleza de la necesidades hagan recomendables proyecto regionales. Asimismo, podrán suscribir convenios de colaboración con instituciones de educación superior nacionales o del extranjero para ampliar las opciones de formación, actualización y superación docente.

Artículo 21. El educador es promotor, coordinador, facilitador y agente directo del proceso educativo. Las autoridades educativas proporcionarán los medios que le permitan realizar eficazmente su labor y que contribuyan a su constante perfeccionamiento.

...

El Estado otorgará un salario profesional digno, que permita al profesoradode los planteles del propio Estado alcanzar un nivel de vida decoroso para ellos y su familia; puedan arraigarse en las comunidades en las que trabajan y disfrutar de vivienda digna; así como disponer del tiempo necesario para la preparación de las clases que impartan y para realizar actividades destinadas a su desarrollo personal y profesional.

...

Las autoridades educativas otorgarán reconocimientos, distinciones, estímulos y recompensas a los educadores que se destaquen en el ejercicio de su profesión y, en general, realizarán actividades que propicien mayor aprecio social por la labor desempeñada por el magisterio. Además, establecerán mecanismos de estímulo a la labor docente con base en la evaluación.

Artículo 22. Las autoridades educativas, en sus respectivas competencias, revisarán permanentemente las disposiciones, los trámites y procedimientos, con objeto de simplificarlos, de reducir las cargas administrativas de los maestros, de alcanzar más horas efectivas de clase y, en general, de lograr la prestación del servicio educativo con mayor pertinencia, calidad y eficiencia.

En las actividades de supervisión las autoridades educativas darán prioridad, respecto de los aspectos administrativos, a los apoyos técnicos, didácticos y demás para el adecuado desempeño de la función docente. Asimismo, se fortalecerá la capacidad de gestión de las autoridades escolares y la participación de los padres de familia.

Artículo 33. ...

I. ...

II. Desarrollarán programas de apoyo a los maestros que presten sus serviciosen localidades aisladas y zonas urbanas marginadas, a fin de fomentar el arraigo en sus comunidades y cumplir con el calendario escolar;

III. ...

IV. Prestarán servicios educativos para atender a quienes abandonaron el sistema regular y se encuentran en situación de rezago educativo para que concluyan la educación básica, otorgando facilidades de acceso, reingreso, permanencia, y egreso a las mujeres;

V. a VII. ...

VIII. Desarrollarán programas con perspectiva de género, para otorgar becas y demás apoyos económicos preferentemente a los estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación;

IX. Efectuarán programas dirigidos a los padres de familia, que les permitan dar mejor atención a sus hijas e hijos;

X. Otorgarán estímulos a las organizaciones de la sociedad civily a las cooperativas de maestros que se dediquen a la enseñanza;

XI. ...

XII. Concederán reconocimientos y distinciones a quienes contribuyan a la consecución de los propósitos mencionados en el artículo anterior;

XIII. Realizarán las demás actividades que permitan mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios educativos, y alcanzar los propósitos mencionados en el artículo anterior, y

XIV. ...

...

Artículo 40.- La educación inicial tiene como propósito favorecer el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social de los menores de cuatro años de edad. Incluye orientación a padres de familia o tutores para la educación de sus hijas, hijos o pupilos.

Artículo 41. La educación especial está destinada a personas con discapacidad, transitoria o definitiva, así como a aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género.

Tratándose de menores de edad con discapacidad, esta educación propiciará su integración a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Para quienes no logren esa integración, esta educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva, para lo cual se elaborarán programas y materiales de apoyo didácticos necesarios.

..

..

...

Artículo 43. La educación para adultos está destinada a individuos de quince años o más que no hayan cursado o concluido la educación primaria y secundaria. Se presta a través de servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como de formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. Esta educación se apoyará en la participación y la solidaridad social.

Artículo 44. Tratándose de la educación para adultos la autoridad educativa federal podrá prestar los servicios que, conforme a la presente ley, corresponda prestar de manera exclusiva a las autoridades educativas locales.

Los beneficiarios de esta educación podrán acreditar los conocimientos adquiridos, mediante evaluaciones parciales o globales, conforme a los procedimientos a que aluden los artículos 45 y 64. Cuando al presentar una evaluación no acrediten los conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas, recibirán un informe que indique las asignaturas y unidades de aprendizaje en las que deban profundizar y tendrán derecho a presentar nuevas evaluaciones hasta lograr la acreditación respectiva.

..

...

Artículo 47. ...

...

I. Los propósitos de formación general y, en su caso, la adquisición de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas que correspondan a cada nivel educativo;

II. a IV. ..

...

Artículo 48. ..

..

...

La secretaría realizará revisiones y evaluaciones sistemáticas y continuas de los planes y programas a que se refiere el presente artículo, para mantenerlos permanentemente actualizados. En el caso de los programas de educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica serán revisados y evaluados, al menos, cada cuatro años.

Los planes y programas que la Secretaría determine en cumplimiento del presente artículo, así como sus modificaciones, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano informativo oficial de cada entidad federativa y, previo a su aplicación, se deberá capacitar a los maestros respecto de su contenido y métodos.

Artículo 49. El proceso educativo se basará en los principios de libertad y responsabilidad que aseguren la armonía de relaciones entre educandos y educadores y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas. De igual manera se fomentará el uso de todos los recursos tecnológicos y didácticos disponibles.

...

Artículo 50. ...

Las instituciones deberán informar periódicamente a los educandos y, en su caso, a los padres de familia o tutores, los resultados de las evaluacionesparciales y finales, así como, de haberlas, aquellas observaciones sobre el desempeño académico de los propios educandos que permitan lograr mejores aprovechamientos.

Artículo 61. ...

La revalidación podrá otorgarse por niveles educativos, por grados escolares, créditos académicos, por asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva.

Artículo 62. Los estudios realizados dentro del sistema educativo nacional podrán, en su caso, declararse equivalentes entre sí por niveles educativos, grados escolares, créditos académicos, asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva.

Artículo 64. La Secretaría, por acuerdo de su titular, podrá establecer procedimientos por medio de los cuales se expidan certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes acrediten conocimientos parciales o terminales que correspondan a cierto nivel educativo o grado escolar, adquiridos en forma autodidacta, de la experiencia laboral o a través de otros procesos educativos.

Los acuerdos secretarialesrespectivos señalarán los requisitos específicos que deban cumplirse para la acreditación de los conocimientos adquiridos.

Artículo 65. ...

I. Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria y la secundaria.

...

II. Participar a las autoridades de la escuela en la que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos, cualquier problema relacionado con la educación de éstos, a fin de que aquéllas se aboquen a su solución;

III. ...

IV. Formar parte de las asociaciones de padres de familia y de los consejos de participación social a que se refiere este capítulo;

V. Opinar, en los casos de la educación que impartan los particulares, en relación con las contraprestaciones que las escuelas fijen, y

VI. Conocer la relación oficial del personal docente y empleados adscritos en la escuela en la que estén inscritos sus hijos o pupilos, misma que será proporcionada por la autoridad escolar.

Artículo 66. ...

I. Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, reciban la educación preescolar, la primaria y la secundaria;

II. Apoyar el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos, y

III. Colaborar con las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos, en las actividades que dichas instituciones realicen.

Artículo 70. En cada municipio operará un consejo municipal de participación social en la educación integrado por las autoridades municipales, padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros distinguidos y directivos de escuelas, representantes de la organización sindical de los maestros, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educacióny demás interesados en el mejoramiento de la educación.

...

...

...

Artículo 71. En cada entidad federativa funcionará un consejo estatal de participación social en la educación, como órgano de consulta, orientación y apoyo. Un órgano análogo se establecerá en el Distrito Federal. En dicho Consejo se asegurará la participación de padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, instituciones formadoras de maestros, autoridades educativas estatales y municipales, organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación, así como los sectores social y productivo de la entidad federativa especialmente interesados en la educación.

...

Artículo 72. La secretaría promoverá el establecimiento y funcionamiento del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, como instancia nacional de consulta, colaboración, apoyo e información, en la que se encuentren representados padres de familia y sus asociaciones, maestros y su organización sindical, autoridades educativas, organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación, así como los sectores social y productivo especialmente interesados en la educación. Tomará nota de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas, conocerá el desarrollo y la evolución del sistema educativo nacional, podrá opinar en asuntos pedagógicos, planes y programas de estudio y propondrá políticas para elevar la calidad y la cobertura de la educación.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las erogaciones que deban realizarse a fin de dar cumplimiento al presente Decreto, se sujetarán a los recursos aprobados para tales fines por la Cámara de Diputados, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sus respectivos presupuestos.

Tercero. La constitución de los sistemas y registros a que hacen referencia la fracción IX del artículo 12 y VII del artículo 13, se llevarán a cabo con base en la disponibilidad presupuestal, de manera gradual y con la participación coordinada de las autoridades educativas de los órdenes de gobierno correspondientes.

Notas:

1 Constituyen los dos niveles de la educación obligatoria en los que no se considera la enseñanza de una lengua extranjera, puesto que ya se incluye en las tres modalidades de la secundaria (general, técnica y telesecundaria).

2 Como PISA y ENLACE.

3 Tablas elaboradas con base en: Presidencia de la República (2009). Tercer informe de gobierno. México.

4 Ídem.

5 Ídem.

6 Ídem.

7 Presidencia de la República (2009). Tercer informe de gobierno. México.

8 Presidencia de la República (2007). Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. México.

9 Es importante señalar que la ONU ha definido el desarrollo sostenible como aquel que “... satisface las necesidades del presente, sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades.”En este sentido, y si bien se considera un concepto que puede ser valioso incorporar en la legislación en materia ambiental en México, en el presente dictamen se retoma el concepto de desarrollo sustentable para ser incorporado en la Ley General de Educación como lo propone la Minuta enviada por el Senado. Para mayor referencia sobre el concepto de desarrollo sostenible ver: ONU. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. División de Desarrollo Sostenible, en: http:// www.un.org/spanish/esa/sustdev/

10 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.

11 Hay diferencias en las entidades federativas respecto a los servicios cuyo costo es asumido por el gobierno local y los que debe cubrir cada plantel escolar.

12 Perrenoud, Philippe (2001). “La formación de los docentes en el siglo XXI”, en Revista de tecnología educativa, XIV, núm. 3, pp. 503-523. Santiago de Chile.

13 Perrenoud, Phillipe (2008). Formación de maestros. Algunas orientaciones. Universidad de Ginebra.

Palacio Legislativo, a 21 de abril de 2010.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero, Héctor Hernández Silva, José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alba Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Germán Osvaldo Cortez Sandoval, Elpidio Desiderio Concha Arellano, Óscar Lara Salazar, José Antonio Aysa Bernat, Beatriz Elena Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez, Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Manuel Jesús Clouthier Carrillo, María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes S. Tamez Guerra.»

Es de primera lectura.

CODIGO PENAL FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Seguridad Pública, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales

Honorable asamblea:

A las Comisiones Unidas de Justicia, y de Seguridad Pública de la LX Legislatura fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de delitos contra el transporte ferroviario.

Estas Comisiones Unidas de Justicia, y de Seguridad Pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 39 y 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen basándose en los siguientes

Antecedentes

I.En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 15 de abril del 2009, el diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de delitos contra el transporte ferroviario.

II.La Mesa Directiva, en esa misma fecha, mediante oficio número D.G.P.PL. 60-II-2-2447, acordó se turnara a la Comisiones de Justicia, y de Seguridad Pública.

III.Con fechas 6 y 21 de abril de 2010, las Comisiones de Justicia, y de Seguridad Publica, correspondientemente, aprobaron en sesión plenaria este dictamen.

Contenido de la iniciativa

1. El diputado que propone manifiesta que existe actualmente un panorama desalentador para la industria ferroviaria, las empresas concesionadas han tenido que remar a contracorriente, ya que los robos, actos de sabotaje y ataques a las vías del ferrocarril se han multiplicado. En los últimos años se ha agudizado en algunos estados del territorio mexicano el robo a trenes, principalmente de productos como maíz, trigo, azúcar, oleaginosas, abarrotes y auto partes principalmente.

2. El que propone expresa que los numerosos asaltos a trenes vuelven a revivir las imágenes de la lucha revolucionaria de 1910, en la que los trenes eran detenidos por grupos de entre 10 y 20 personas armadas con piedras, machetes y armas de fuego para vaciar los contenidos de los vagones de carga.

3. El proponente señala que el robo de maíz en trenes de carga va en aumento. Mientras en 2008 el promedio mensual de robo de ese grano en trenes fue de 35 toneladas, apenas en enero de 2009 ya van 700 toneladas. Durante el año pasado se llevaron a cabo 2 mil robos y más de 50 trabajadores, incluyendo tres maquinistas, resultaron lesionados por los asaltantes, en ocasiones se efectuaron hasta 20 robos diarios a furgones de trenes.

El incremento delictivo es tal que las compañías ferroviarias han informado a las empresas que contratan el servicio que estudian la posibilidad de eliminar su seguro de carga, por lo que, en caso de robo, indemnizarían sólo el 20 por ciento del valor de las mercancías robadas.

4. Enfatiza, la creciente agresión y actos delictivos en contra de ferrocarriles se encuentra en constante aumento, provocando inseguridad para los operarios, para los clientes que contratan el servicio de transporte y para las empresas ferroviarias. Además, existe una clara reincidencia por parte de quienes realizan dichas conductas, existen indicios del surgimiento de la delincuencia organizada, que empiezan a traficar con la mercancía robada de los trenes y que se escudan en la manipulación de niños y mujeres para dar la imagen de causas sociales, lo que paulatinamente se convierte en una nueva vertiente de la delincuencia, sobre la base de las lagunas jurídicas, de políticas ineficaces e impunidad.

5. La iniciativa que se somete a consideración de esta honorable asamblea se busca dotar de medidas de protección al transporte ferroviario, a través de seguridad jurídica al transporte de mercancías por ferrocarril y al sector ferroviario, estimulando la actividad de diversas empresas e industrias, así como diferentes proyectos de inversión.

6. Menciona que las propuestas de reformas que aquí se plantean en materia penal, pretenden impactar de manera positiva en esferas prioritarias para el país, como la economía y la competitividad. Toda vez que las acciones, ya sea preventivas, ejecutivas, judiciales o legislativas que impulsen el desarrollo de la actividad ferroviaria, estarán impulsando el desarrollo del país, toda vez que el transporte eficiente aporta grandes beneficios a la industria nacional, estimula la planta productiva, reduce costos, abre y mantiene empleos, acorta las distancias, cuida el medio ambiente, y nos inserta en un escenario moderno y global.

7. El que propone específica mente pretende con esta iniciativa, reformar el segundo párrafo del artículo 286 del Código Penal Federal, a efecto de incluir los carros del transporte ferroviario a los elementos del tipo penal en el delito de asalto en vías generales de jurisdicción federal.

De igual forma, se propone adicionar una nueva fracción XVII al artículo 381 del mismo código, para que sea considerado como robo calificado aquél que se cometa contra el transporte ferroviario, el personal que lo opera o el que labora en los trenes, los pasajeros o las mercancías que transporte y en cualquier localidad en donde se cometa. Asimismo, para este supuesto se considera la penalidad de dos a siete años de prisión, ya establecida en el artículo.

Se reforma el inciso 25 de la fracción I del artículo 194 del Código Penal de Procedimientos Penales, a fin de calificar como delito grave el previsto en la fracción XVII que se propone adicionar al artículo 381 del Código Penal Federal.

Se adiciona un nuevo inciso n) a la fracción I del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con la finalidad de que los jueces penales federales conozcan de los delitos previstos en la fracción XVII del artículo 381 del Código Penal Federal, misma que es objeto de esta iniciativa.

Finalmente, se adiciona una conducta típica al artículo 2, fracción V, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a efecto fortalecer el andamiaje legal que permita dar una lucha frontal al crimen organizado que ahora lesiona un sector productivo más del país.

Consideraciones

Primero.Que con base en los antecedentes antes expuestos y con los elementos de información disponibles, las Comisiones de Justicia, y de Seguridad Publica, con las atribuciones antes señaladas, se avocaron a dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto de referencia.

Segundo.Debido al interés público y social, al Estado mexicano le asiste como obligación evitar y, en su caso, sancionar a quien haga uso de la violencia en contra en las vías generales de comunicación, específica mente en el transporte ferroviario, el cual de haber sido un sistema de transportación seguro, actualmente se ha transformado en objeto de la delincuencia.

Tercero.En cuanto a la reforma planteada en el artículo 286 del Código Penal Federal, en la cual se propone adicionar las vías ferroviarias, así como a los carros y locomotoras de transporte ferroviario, dicha propuesta se considera innecesaria, toda vez que el párrafo segundo del citado numeral ya prevé dicha disposición al señalar que “la pena será de diez a treinta años de prisión para el que en caminos o carreteras haga uso de la violencia”. Esto es, los caminos o carreteras que constituyen vías de comunicación, así como los servicios de autotransporte federal que en ellos operan, sus servicios auxiliares y el tránsito en dichas vías, entendiéndose por caminos o carreteras las que entronquen con algún camino de país extranjero, las que comuniquen a dos o más estados de la federación; y los que en su totalidad o en su mayor parte sean construidos por la federación; con fondos federales o mediante concesión federal por particulares, estados o municipios, tal como lo señalan los artículos 1o. y 2o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, los cuales establecen lo siguiente:

Artículo 1o.La presente ley tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de los caminosy puentes a que se refieren las fracciones I y V del artículo siguiente, los cuales constituyen vías generales de comunicación,así como los servicios de autotransporte federal que en ellos operan, sus servicios auxiliares y el tránsito de dichas vías.

Artículo 2o.Para los efectos de esta ley, se entenderá por

I. Caminos o carreteras:

a) Los que entronquen con algún camino de país extranjero;

b) Los que se comuniquen a dos o más estados de la

federación; y

c) Los que en su totalidad o en su mayor parte sean construidos por la Federación; con fondos federales o mediante concesión federal por particulares, estados o municipios.

II. a XIV. ...

XV. Vías generales de comunicación: los caminos y puentes tal y como se definen en el presente artículo.

Cuarto. Cabe señalar que, el servicio ferroviario es una actividad económica prioritaria y corresponde al Estado ser rector de su desarrollo, considerándolo dentro de las vías generales de comunicación, tal y como se desprende de los artículos 1o. y 3o. de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, que a la letra señalan:

Artículo 1o. La presente ley de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de las vías férreas cuando sean vías generales de comunicación, así como el servicio público de transporte ferroviario que en ellas opera y los servicios auxiliares.

El servicio ferroviario es una actividad económica prioritaria y corresponde al Estado ser rector de su desarrollo. Al ejercer sus funciones de rectoría, el Estado protegerá en todo momento la seguridady la soberanía de la nación y promoverá el desarrollo del servicio ferroviario en condiciones que garantícenla libre competencia entre los diferentes modos de transporte.

Artículo 3. Las vías férreas son vías generales de comunicación cuando

I. Comuniquen entre sí a dos o más entidades federativas;

II. En todo o parte del trayecto estén dentro de la zona fronteriza de cien kilómetros o en la faja de cincuenta kilómetros a lo largo de las costas, con excepción de las líneas urbanas que no crucen la línea divisoria con otro país.

III. Entronquen o conecten con alguna otra vía férrea de las enumeradas en este artículo, siempre que presten servicio al público. Se exceptúan las líneas Urbanas que no crucen la línea divisoria con otro país.

Son parte integrante de la vía general de comunicación ferroviaria el derecho de vía, los centros de control de tráfico y las señales para la operación ferroviaria.

Quinta.A fin de reforzar lo anteriormente expresado, debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 165 del Código Penal Federal, el cual establece lo siguiente:

Artículo 165. Se llaman caminos públicos las vías de tránsito habitualmente destinados al uso público sea quien fuere el propietario, y cualquiera que sea el medio de locomociónque se permita y las dimensiones que tuviere, excluyendo los tramos que se hallen dentro de los límites de las poblaciones.

Como se muestra en el citado artículo, resulta innecesaria la inclusión del término “vías férreas” al artículo 186 del Código Penal Federal, toda vez que ya se encuentra contemplado en el término “caminos” del texto legal vigente.

No obstante, derivado del análisis del contenido de la iniciativa, así como de las consideraciones vertidas en el dictamen emitido por la Comisión de Justicia, siendo el espíritu original de la misma el brindar mayor protección jurídica a los más de veintiocho mil quinientos kilómetros de vías férreas en el territorio nacional, procurando primordialmente la protección de los bienes propiedad de la nación, así como de empresas dedicadas a actividades ferroviarias, si bien esta comisión no coincide con la propuesta vertida en el dictamen de la Comisión de Justicia en cuanto a adicionar los términos “caminos, puentes y vías férreas”,a la luz de las consideraciones anteriormente expuestas, a fin de dar viabilidad y atender la preocupación manifestada por el proponente, así como por la Comisión de Justicia, por su parte la Comisión de Seguridad Pública sugirió adicionar el término “vías generales de comunicación”,proponiéndose la siguiente redacción:

Artículo 286. ...

La pena será de diez a treinta años de prisión para el que en vías generales de comunicación tales como caminos, carreteras, puentes o vías férreas,haga uso de violencia en contra de los ocupantes de un vehículo de transporte público o privado.

Con la adición y redacción propuesta, se impide acotar el tipo penal únicamente a aquellas conductas que se configuren únicamente en las vías de comunicación propuestas, dejando abierta la posibilidad de sancionar aquellas conductas que se realicen en vías distintas a las establecidas en el artículo en comento, esto es, incluyendo cualquier tipo de transporte, independientemente del tipo de tecnología y modo de traslado del mismo.

Sexta.A su vez, se considera innecesaria la inclusión de los términos “carros y locomotoras de transporte ferroviario” toda vez que el ferrocarril consiste en un conjunto de instalaciones, vehículos y equipos que constituyen este medio de transporte, de lo cual se desprende que el término de carro es similar a vehículo y la locomotora es parte integrante del mismo.

Séptimo.La Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario establece en el artículo 2o., fracción II, que el equipo ferroviario son los vehículos tractivos, de arrastre o de trabajo que circulan en las vías férreas, lo cual refuerza el argumento antes esgrimido respecto a la inviabilidad de adicionar el término “carros” al artículo en comento.

Octavo.Respecto a la propuesta de adicionar una fracción XVII al artículo 381 del Código Penal Federal, a fin de establecer una agravante cuando se cometa el delito contra vehículos del transporte ferroviario, el personal que lo opera o el que labora en los trenes, los pasajeros, los equipos o las mercancías que transporte y en cualquier localidad en donde se cometa, dicha agravante se considera innecesaria pues el Código Penal Federal, prevé el Título Quinto, denominado “Delitos en Materia de Vías de Comunicación y Correspondencia”, el cual señala lo siguiente:

Artículo 166. Al que quite, corte o destruyalas ataderas que detengan una embarcación u otro vehículo,o quite el obstáculo que impida o modere su movimiento,se le aplicará prisión de quince días a dos años si no resultare daño alguno; si se causare de aplicará además la sanción correspondiente por el delito que resulte.

Artículo 167.Se impondrán de uno a cinco años de prisión y de cien a diez mil días multa:

I. Por el solo hecho de quitar o modificarsin la debida autorización: uno o más durmientes, rieles, clavos, tornillos, planchas y demás objetos similares que las sujeten, o un cambiavías de ferrocarril de uso público:

II. ...

III. Al que para detener los vehículos en un camino público, o impedir el paso de una locomotora, o hacer descarrilar ésta o los vagones, quite o destruya los objetos que menciona la fracción I, ponga algún estorbo, o cualquier obstáculo adecuado;

IV. Por el incendio de un vagón, o de cualquier otro vehículo destinado al transporte de carga y que no forme parte de un tren en que se halle alguna persona.

V. a VII. ...

VIII. Al que con el objeto de perjudicar o dificultar las comunicaciones, modifique o altere el mecanismo de un vehículo haciendo que pierda potencia, velocidad o seguridad; y

IX. Al que difunda o transmita información falsa que en cualquier forma perjudique o pueda perjudicar la seguridad de una aeronave, de un buque o de otro tipo de vehículo de servicio público federal”.

Derivado de los preceptos legales antes citados es que resulta innecesario el establecimiento de una agravante para el delito de robo, toda vez que ya existe un tipo penal específico que sanciona el acto de “quitar o modificar” elementos de un ferrocarril, acto que resulta presupuesto necesario para consumar el delito de robo.

Noveno.Cabe destacar que no se observa dentro del título invocado sanción alguna respecto al objeto sobre el cual recae el hecho ilícito, por lo que se considera necesario rescatar dicho planteamiento, coincidiendo así con la propuesta planteada por la Comisión de Justicia, por lo que se considera oportuna la adición de la fracción XVII al artículo 381 del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 381. ...

I. a XVI. ...

XVII. Cuando el objeto de apoderamiento sea en vías o equipo ferroviario.

De esta manera se atiende la preocupación planteada en el cuerpo de la iniciativa del proponente y se regulan de manera clara conductas que no están previstas en la legislación sustantiva en comento.

Décimo.Respecto a la propuesta de adicionar el artículo 194 del Código Penal Federal a fin de establecer como delito grave el robo calificado, previsto en el artículo 381, fracción XVII, es de indicar que los tipos penales comprendidos dentro del artículo en comento, deben ser conductas consideradas graves por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad. En este orden de ideas, el sólo aumento de las consecuencias jurídicas no genera necesariamente como resultado la disuasión de la realización de de un ilícito, así, se observa que las conductas que se proponen no revisten la gravedad para incluirlas dentro del catálogo de delitos graves.

Décimo Primero.Respecto a adicionar la fracción XVII al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, se considera necesario advertir que los tipos penales comprendidos en el citado precepto legal, deben ser conductas consideradas graves por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad. Así, el solo aumento de las consecuencias jurídicas no genera necesariamente como resultado la disuasión de la realización de un delito, aunado a que el artículo 286 del Código Penal Federal actualmente ya se considera en dicho artículo como delito grave,sin embargo, de insistirse en la citada adición, esta comisión se adhiere a la propuesta planteada por la Comisión de Justicia, quedando de la siguiente manera:

Artículo 194. ...

I. ...

1)a 24) ...

25)Robo calificado, previsto en el artículo 367 cuando se realice en cualquiera de las circunstancias señaladas en los artículos 372 y 381, fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII;

26)a 36) ...

IIa XVII. ...

...

Décimo Segundo.El aumento de la pena de prisión que se propone debe guardar necesariamente correspondencia con el hecho ilícito realizado, esto es, no todos los delitos deben ser sancionados con la misma intensidad, por lo tanto el legislador debe observar en todo momento que la sanción y la afectación a los bienes jurídicos tengan proporción, es decir, tomar en consideración el principio de proporcionalidad, según el cual “no sólo es preciso que pueda culparse al autor de aquello que motiva la pena, sino que la gravedad de esta resulte proporcionada a la del hecho cometido (...) la proporcionalidad es necesaria para graduar las penas, por lo que ha de erigirse en principio general de todo derecho penal (Mir Puig, Santiago. Derecho Penal. Parte general. Quinta edición. Barcelona, España 1998. Páginas 99-100).

Décimo Tercero.Por lo que hace a la propuesta de adicionar el inciso n) a la fracción I del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con objeto de que los jueces federales penales conozcan de los delitos cometidos en contra de vehículos de transporte ferroviario, se considera que la propuesta es innecesaria, toda vez que lo anterior ya se encuentra establecido en el artículo 5 de la Ley General de Vías de Comunicación, el cual establece lo siguiente:

Artículo 5o. Corresponderá a los tribunales federalesconocer de todas las controversias del orden civil en que fuere parte actora, demandada o tercera opositora una empresa de vías generales de comunicación, así como de los delitos contra la seguridad o la integridad de las obras o contra la explotación de las vías, y los que se intenten o consumen con motivo del funcionamiento de sus servicios, o en menoscabo de los derechos o bienes muebles o inmuebles propiedad de las empresas o que estén bajo su responsabilidad.

Asimismo, se desprende del artículo 50, fracción I, inciso g), de la Ley Orgánica en comento, que los delitos federales son aquellos cometidos en contra de un servidor público o empleado federal.

Décimo Cuarto.Respecto a la adición propuesta al artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a fin de incorporar como delito cometido en esta modalidad lo mandatado por la fracción XVII del artículo 381, referente al transporte ferroviariodel Código Penal Federal, es de advertir que con fecha 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública y justicia penal.

En el decreto de referencia se reforma, entre otros, el artículo 16, el cual establece en la materia que nos ocupa lo siguiente: Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada en los términos de la ley en la materia.

Tal y como se desprende del citado precepto constitucional, la materia de delincuencia organizada es aplicable a una organización con determinadas características y tiene como finalidad la comisión de determinados delitos, atendiendo a su gravedad.

Décimo Quinto.Asimismo, debe observarse que la naturaleza de estos delitos, constituyen una problemática sumamente grave que no solo afecta intereses individuales o colectivos, sino que pone en riesgo la seguridad de la nación y, por tanto, la vigencia del estado de derecho, ya que por su naturaleza (de ser más organizada, más violenta, poseer un carácter internacional, etcétera), se encuentra siempre en ventaja, frente a los tradicionales medios de control estatal.

Por lo que se concluye que la propuesta de considerar el robo en materia de transporte ferroviario, previsto en la fracción XVII del artículo 381 del Código Penal Federal resulta incorrecta, pues el tipo penal no cumple con la naturaleza de los delitos de delincuencia organizada.

Por lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública someten a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 286, se adiciona la fracción XVII al artículo 381 del Código Penal Federal y se adiciona el inciso 25) a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales

Artículo Primero.Se reforma el segundo párrafo del artículo 286 y se adiciona la fracción XVII al artículo 381 del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 286. ...

La pena será de diez a treinta años de prisión para el que en vías generales de comunicación tales como caminos, carreteras, puentes o vías férreas,haga uso de violencia en contra de los ocupantes de un vehículo de transporte público o privado.

Artículo 381....

I a XVI. ...

XVII. Cuando el objeto de apoderamiento sea en vías o equipo ferroviario.

...

...

Artículo Segundo.Se adiciona el inciso 25) a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

Artículo 194. ...

I. ...

1)a 24) ...

25)Robo calificado, previsto en el artículo 367 cuando se realice en cualquiera de las circunstancias señaladas en los artículos 372 y 381, fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII;

26)a 36) ...

II.a XVII. ...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Los procesos que se encuentren en conocimiento de los jueces del fuero común de los estados y del Distrito Federal continuarán de la misma forma hasta su conclusión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2010.

La Comisión de Justicia, diputados:Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; José Tomás Carrillo Sánchez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua, Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Eduardo Ledesma Romo (rúbrica), Víctor Hugo Círigo Vásquez (rúbrica), secretarios; Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Juanita Arcelia Cruz Cruz, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Nancy González Ulloa, Leonardo Arturo Guillén Medina, Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija, Sonia Mendoza Díaz, Jesús Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, Carlos Alberto Pérez Cuevas, Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Norma Leticia Salazar Vázquez, Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), Josué Cirino Valdés Huezo (rúbrica), Ardelio Vargas Fosado, Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).

La Comisión de Seguridad Pública, diputados: José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Sergio González Hernández (rúbrica), Bonifacio Herrero Rivera (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinoza (rúbrica), Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Alejandro Gertz Manero, Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), Víctor Hugo Círigo (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica en contra), Salvador Caro Cabrera, Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Omar Fayad Meneses (rúbrica), Jorge Fernando Franco Vargas, Luis Alejandro Guevara Cobos, Aarón Irízar López (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz, Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Rosi Orozco, Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, María Antonieta Pérez Reyes, Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro, Ricardo Sánchez Gálvez (rúbrica), Ardelio Vargas Fosado.»

Es de primera lectura.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: En virtud de que el dictamen con proyecto de decreto de las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública, por el que reforman y adicionan diversas disposiciones de los códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte entonces la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la segunda lectura y se somete a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la segunda lectura y se somete a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa, es calificada.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, señora secretaria. Se le dispensa la segunda lectura.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.

En términos de lo dispuesto por el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tiene la palabra el diputado Arturo Zamora Jiménez, por la comisión, para fundamentar el dictamen.

El diputado Arturo Zamora Jiménez:Muchas gracias, señor presidente. Estimadas diputadas y diputados. El ámbito del derecho penal es dinámico, como lo es el comportamiento social que modifica cada día la forma de lesionar bienes, derechos y las propiedades de las personas.

En los últimos dos años hemos tenido y padecido una problemática intensa a lo largo de los 33 mil kilómetros de vías férreas que tiene este país.

Estimados diputados, en el Código Penal Federal y en el Código de Procedimientos Penales se establecen modelos hipotéticos que ya contemplan sanciones para el robo, así como también para el delito de asalto.

Sin embargo, las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública hemos retomado una iniciativa presentada el año anterior, con la finalidad de darle forma jurídica y de crear una nueva herramienta que permita en un momento dado inhibir este tipo de robos, este tipo de asaltos y este tipo de vandalismo que ha ocurrido fundamentalmente en diferentes estados de la República.

Por esta razón el dictamen que hoy ponemos a su consideración y que pretende inhibir, pretende evitar y nulificar este tipo de delitos que han sido intensos en diferentes regiones como Guanajuato, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Nuevo León y Jalisco, donde actualmente se reporta la mayor cantidad de delitos en contra del transporte ferroviario.

Este dictamen que fue trabajo de las dos comisiones que he mencionado, fue votado prácticamente por unanimidad en estas comisiones, para hacer modificaciones concretamente y reformas a los artículos 286 y 381 del Código Penal Federal y también al Código Federal de Procedimientos Penales para considerar como delito grave el robo en ferrocarriles.

Con estas modificaciones y adiciones que hoy ponemos a la consideración de todos ustedes, señores diputados, lo ideal es que este tipo de conductas no sigan sucediendo porque ocurre que ahora en los parajes solitarios, en los caminos, en los puentes, etcétera, y a lo largo de las vías férreas, está intensificándose la violencia y no hay garantía para la seguridad de las personas que trabajan en el transporte ferroviario. Esto es así porque incluso el año pasado fallecieron tres personas, operadores de ferrocarriles.

Si otorgamos seguridad jurídica a las actividades del desplazamiento de las mercancías que se producen y que se elaboran en nuestro país, estamos garantizando también seguridad económica para las empresas.

Si nosotros votamos esta norma, que la ponemos a la amable consideración de todos ustedes, estaremos fortaleciendo el andamiaje legal que permita luchar de manera eficaz y frontal no solamente contra el crimen organizado, sino con esta variante que esta surgiendo de manera muy intensa.

De tal forma que, estimados diputados, la penalidad es la sanción que ya se encuentra prevista en el Código Penal Federal. No hay modificación a la pena. Lo que hemos hecho en estas comisiones es cubrir un vacío legal que existía para el delito de asalto y que existía también para el delito de robo.

De tal suerte que la propuesta del dictamen que se elaboró en estas comisiones establece claramente una penalidad de 10 a 30 años de prisión para quienes ejerzan violencia no solamente en caminos o en parajes solitarios, sino también en las vías férreas de nuestro país.

Para el delito de robo calificado la sanción tampoco se modifica. En este caso lo único que se hizo fue incluir dentro del robo calificado una variante para especificar claramente como delito de robo calificado el robo cometido en vías de ferrocarril y la pena propuesta, que ya está determinada en el propio Código Penal, es de 7 a 15 años de prisión.

Distinguidos señores diputados, estamos haciendo un llamado para seguir presentándole al gobierno de la federación normas que permitan ser más eficaces en el combate a la violencia urbana, a la violencia rural, al crimen organizado y también al delito común.

Es por eso que a nombre de las comisiones de Justicia y de Seguridad Pública venimos a posicionar este dictamen que ponemos a la muy alta consideración de todos ustedes.

Señor presidente, para los efectos de mayor precisión en el dictamen que fue votado en estas comisiones, hago entrega de este dictamen íntegro de las Comisiones Unidas de Justicia y Seguridad Pública y hago un llamado a ustedes, señores diputados, a votar a favor de este dictamen. Muchas gracias.

«Modificaciones propuestas por el diputado Arturo Zamora Jiménez, a nombre de la comisión.

Debe decir:

Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 286, se adiciona la fracción XVII al artículo 381 del Código Penal Federal y se adiciona el inciso 25) a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Artículo Primero. Se reforma el segundo párrafo del artículo 286 y se adiciona la fracción XVII al artículo 381 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 286. ...

La pena será de diez a treinta años de prisión para el que en vías generales de comunicación tales como caminos, carreteras, puentes o vías férreas,haga uso de violencia en contra de los ocupantes de un vehículo de transporte público o privado.

Artículo 381. ...

I. a XIV. ...

XV. Cuando el agente se valga de identificaciones falsas o supuestas órdenes de alguna autoridad;

XVI. Cuando se cometa en caminos o carreteras, y

XVII. Cuando el objeto de apoderamiento sea en vías o equipo ferroviario.

...

En los supuestos a que se refieren las fracciones VII, VIII, IX, X, XVI y XVII, de dos a siete años de prisión.

Diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Muchas gracias a usted, diputado Zamora Jiménez. Consulte la Secretaría a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas por el diputado Arturo Zamora Jiménez, a nombre de la comisión.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se aceptan las modificaciones propuestas por el diputado Arturo Zamora. Las diputadas y los  diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, señora secretaria. En consecuencia, está a discusión en lo general, con la modificación propuesta por la comisión y aceptada por la asamblea.

Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general los siguientes oradores: diputado Camilo Ramírez Puente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y diputado Humberto Benítez Treviño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Tiene la palabra, para hablar en pro del dictamen, el diputado Camilo Ramírez Puente. No se encuentra en el salón el diputado Ramírez Puente. En consecuencia, tiene la palabra el diputado Humberto Benítez Treviño, para hablar en pro del dictamen, por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño:Con su permiso, diputado Felipe Solís Acero, presidente de la Mesa Directiva. Distinguidas diputadas, compañeros legisladores, como lo informó hace un momento mi compañero Arturo Zamora, el dictamen que sometemos a su consideración, rogándoles el voto aprobatorio, emana de las Comisiones Unidas de Justicia y Seguridad Pública.

Se trata de proteger 28 mil 500 kilómetros de vías férreas con las que hoy cuenta el país y de volver a la tradición de que los ferrocarriles vuelvan a ser sinónimo de seguridad, garantía para los operarios y garantía para los pasajeros.

En los últimos tiempos se han incrementado los asaltos, los actos de sabotaje y el robo a las vías férreas. Este sólo hecho propició el año próximo pasado, el 21 de abril de 2009, un grave accidente en Hidalgo. Entre 2008 y 2009 se han incrementado en 192 por ciento los asaltos, los robos a mercancía y el robo de vías férreas.

Como lo dijo el diputado Zamora, exploramos convertir el robo a ferrocarriles en un delito de robo calificado, y por eso reformamos el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. No lo era. Tampoco era delito grave, y lo establecimos en la reforma al artículo 381 del Código Penal Federal.

Exploramos en Comisiones Unidas la posibilidad de incluirlo en delincuencia organizada. Las comisiones con toda sensatez subrayaron que era suficiente el imperio del artículo 16 constitucional que establece que por delincuencia organizada se entiende la reunión de hecho de más de tres personas para delinquir.

También precisamos en la Ley de Vías Generales de Comunicación que se entienden por vías de comunicación los caminos, los puentes, las carreteras y las vías férreas. En síntesis, compañeros diputados, sometemos a su consideración este dictamen para proteger la industria ferroviaria de México.

Quiero hacer un reconocimiento al Instituto Nacional de Ciencias Penales, quien hizo el estudio correspondiente y coincidió con el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Seguridad Pública.

Finalmente, quiero hacer un público reconocimiento a los 30 espléndidos diputados de todas las fracciones parlamentarias que integran la Comisión de Justicia por su compromiso de servirle a este país, por su convicción de mejorar el orden jurídico de México, por el compromiso de tutelar la vida, las posesiones y las familias de todos los mexicanos. Gracias.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputado Benítez Treviño. Tiene ahora el uso de la palabra para hablar en pro del dictamen la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, precisamente con este dictamen que hoy se está poniendo a consideración del pleno y que fue aprobado, como bien lo dijo el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara, el diputado Humberto Benítez, también fue aprobado por la Comisión de Seguridad Pública.

También quiero hacer ese reconocimiento al trabajo tan importante que se desarrolló, porque en estos temas siempre existe un debate. Un debate importante que se dio al interior de la Comisión de Seguridad Pública y que la semana pasada que dictaminamos fue por unanimidad. Así que mi reconocimiento al diputado presidente, José Luis Ovando, y a todos los integrantes y secretarios de la Comisión de Seguridad Pública, por el trabajo tan importante y tan decidido.

Como bien se ha dicho aquí, el problema del robo a ferrocarriles es un problema muy importante. Es un problema que se ha rebasado, que va mucho más allá. En abril del año próximo pasado, el diputado Gustavo Caballero, que perteneció al Grupo Parlamentario del PRI en la LX Legislatura, presentó esta iniciativa. Pero es un tema que estaba pendiente en la agenda, que durante muchos años se pretendió legislar al respecto.

Este problema, les voy a dar  nada más algunos datos como ejemplos, en el 2008, el promedio mensual de robo en trenes de carga fue de 35 toneladas. En enero de 2009 eran ya 700 toneladas. Son datos muy importantes que nos arroja esta iniciativa que presentó el diputado Gustavo Caballero, de Nuevo León, del Grupo Parlamentario del PRI.

Así como esto, la creciente agresión y los actos delictivos en contra de ferrocarriles se encuentran en constante aumento, provocando inseguridad para los operadores, para los clientes que contratan el servicio de transporte y para las empresas ferroviarias.

En este momento, la Cámara de Diputados aprueba este dictamen en las Comisiones de Justicia y de Seguridad Pública y les pedimos a todos nuestros compañeros y a nuestras compañeras diputadas su apoyo para que esta iniciativa hoy sea aprobada y pueda pasar al Senado de la República como minuta. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputada Aguirre Maldonado. No habiendo más diputados registrados, consulte la Secretaría a la asamblea si encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantado la mano. Quienes estén por la negativa.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Suficientemente discutido.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular, precisando el código de que se trate.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto, con las modificaciones presentadas por la comisión y que han sido aceptadas por la asamblea.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento del Gobierno Interior, y ábrase el sistema electrónico de votación por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto, con las modificaciones aceptadas.

(Votación)

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Le pido a la Secretaría concluya la votación.

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:Por instrucciones de la Presidencia se pregunta si falta algún diputado de emitir su voto.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: ¿Falta alguna diputada o diputado por registrar su voto?

Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente se informa que se emitieron 341 votos a favor, 13 en contra y 6 abstenciones.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, señora secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular, por 341 votos, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

MANDOS UNICOS DE POLICIA EN ENTIDADES FEDERATIVAS

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: El siguiente apartado del orden del día corresponde a proposiciones. Proceda la Secretaría a dar lectura a los encabezados de cada una de ellas, para dictar el turno que en cada caso corresponda.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Seguridad Pública de esta soberanía que consulte a la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto a lo señalado por la Conferencia Nacional de Gobernadores con relación al pronunciamiento para crear mandos únicos de policía en las entidades federativas, a efecto de tomar las medidas legislativas pertinentes, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Salvador Caro Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta punto de acuerdo que solicita a la Comisión de Seguridad Pública de esta honorable Cámara de Diputados que realice consultas a la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal del Sistema Nacional de Seguridad Pública, respecto a lo señalado por la Conferencia Nacional de Gobernadores con relación al pronunciamiento para la creación de mandos únicos de policía en las respectivas entidades federativas, a efecto de tomar las medidas legislativas pertinentes.

Exposición de Motivos

1. La seguridad pública es la función a cargo del Estado que se realiza mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social, para alcanzar los fines de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, y preservar las libertades, el orden y la paz públicos; dichas funciones son de aplicación general, sin excepciones ni privilegios de ninguna especie.

2. En nuestro país, la función de la provisión de seguridad pública a cargo del Estado es actualmente concurrente a los tres órdenes de gobierno, y tiene como fines salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

3. En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el artículo 21, noveno párrafo, que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

4. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el artículo 2, reitera lo anteriormente señalado, mencionado además que el Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.

5. La seguridad pública es la piedra angular que da razón de ser a la existencia del Estado moderno. En un entorno público seguro, los ciudadanos y sus familias pueden con confianza realizar sus actividades cotidianas y desarrollar sus potencialidades; de igual manera, el beneficio impacta a varios sectores de la vida comunitaria como el económico y turístico.

6. Sin embargo, el país vive actualmente una delicada situación de violencia y desbordamiento de los hechos delictivos, particularmente relacionados con la comisión de homicidios y la delincuencia organizada, lo que ha implicado serios desafíos, tanto a la capacidad de respuesta de las instancias de gobierno encargadas de la seguridad pública en todos los niveles de gobierno, como en el planteamiento de nuevas políticas, estrategias y líneas de acción en el combate a la inseguridad pública.

7. En este orden de ideas, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en su 38 reunión ordinaria, celebrada en Morelia, Michoacán, el 23 de marzo de 2010, acordó, dentro de los trabajos celebrados en su Comisión de Seguridad Pública ,impulsar reformas legales que permitan la creación de un nuevo modelo policial que establezca dos policías –una federal y una estatal–, con la posibilidad de mando único. La propuesta manifestada por la Conago menciona que existirían mandos policiales únicos por cada una de las 32 entidades federativas, con la intención de reforzar la coordinación y mejorar los resultados en la lucha contra el crimen organizado. Para esto, se estaría dando paso a la desaparición de las policías municipales, que se convertirían únicamente de tránsito y auxilio de la población, dejando a las policías estatales la persecución de los delitos del fuero común y a la policía federal lo correspondiente a los delitos del orden federal.

8. Entre los puntos presentados por la Conago, se menciona presentar una sugerencia al Congreso de la Unión para que, en uso de sus facultades, libere y resuelva sobre la conveniencia de reformar los artículos de la Constitución y, de manera más amplia, revisar, con carácter de urgencia, las implicaciones constitucionales, legales, reglamentarias operativas, administrativas y presupuestales para transitar de manera rápida y eficaz al modelo que en ejercicio de la soberanía popular determinen, en su caso, el Congreso de la Unión y el Constituyente Permanente.

9. Históricamente, el nivel municipal de gobierno ha sido pilar fundamental en el esquema de seguridad pública nacional, lo que ha sido consecuente por lo expresado en nuestra Constitución Política en el artículo 115, fracción III, que manifiesta que los municipios tendrán a su cargo entre las funciones y servicios públicos, el de la seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito.

10. Por otra parte, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala las actuales instancias de coordinación y distribución de competencias en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cuales son el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que será la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas; la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia; la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública o sus equivalentes; la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario; la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal; los consejos locales e instancias regionales y el secretariado ejecutivo del sistema.

11. La ley en comento señala en el artículo 33 que la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal tendrá las siguientes funciones mínimas: emitir sus reglas de organización y funcionamiento; proponer y aplicar políticas y programas de cooperación municipal en materia de seguridad pública; promover el desarrollo y fortalecimiento de las dependencias encargadas de la seguridad pública municipal; elaborar propuestas de reformas a las normas de aplicación municipal en materia de seguridad pública; intercambiar experiencias y apoyo técnico entre los municipios; proponer políticas públicas en materia de seguridad pública; colaborar con las instituciones públicas y privadas, en la ejecución de programas tendientes a prevenir el delito; promover en el ámbito municipal, la homologación del desarrollo policial; organizar seminarios, conferencias y ponencias sobre la materia de seguridad pública municipal y las demás que establezcan otras disposiciones legales o el consejo nacional.

12. En este orden de ideas, la propuesta expresada por la Conago, dada sus implicaciones, implica para su análisis necesariamente la inclusión y opinión valorativa de todos los niveles de gobierno, en particular el nivel municipal, representado en el Sistema Nacional de Seguridad Pública por la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la elevada consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se solicita a la Comisión de Seguridad Pública de esta honorable Cámara de Diputados que realice consultas a la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto a lo señalado por la Conferencia Nacional de Gobernadores en su 38 reunión ordinaria, celebrada en Morelia, Michoacán, el 23 de marzo de 2010, con relación al pronunciamiento para la creación de mandos únicos de policía en las respectivas entidades federativas, a efecto de tomar las medidas legislativas pertinentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2010.— Diputado Salvador Caro Cabrera (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.

ZONA FEDERAL MARITIMO-TERRESTRE

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat a verificar el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios o, en su caso, permisionarios de la zona federal marítimo-terrestre, a cargo del diputado Carlos Manuel Joaquín González, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Manuel Joaquín González, diputado presidente de la Comisión de Turismo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tenga a bien girar instrucciones a fin de practicar las inspecciones correspondientes, con el objeto de verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios o en su caso permisionarios de la zona federal marítimo terrestre.

En virtud de las facultades que se me confiere, someto a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo en base a los siguientes:

Antecedentes

Primero.México posee un extenso litoral a lo largo de su territorio, más de 11 mil 122 kilómetros de extensión y una gran variedad de sistemas costeros y marinos, lo que le confiere una importancia en el que posiciona a México en el cuarto país más rico del mundo en cuanto a biodiversidad. Las zonas costeras llevan a cabo un intenso proceso de aprovechamiento de espacios y recursos regulados por disposiciones normativas federales, estatales y municipales.

Segundo. Tal como lo señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas...

...Son propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales, en la extensión y términos que fije el derecho internacional...

Tercero. De acuerdo al artículo 49 de la Ley General de Bienes Nacionales, cuando la costa presente playas, la zona federal marítimo terrestre estará constituida por la faja de 20 metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a dichas playas o, en su caso, a las riberas de los ríos, desde la desembocadura de éstos en el mar, hasta 100 metros río hacia arriba. Playas Marítimas: Las partes de tierra que por virtud de la marea cubre y descubre el agua, desde los límites de mayor reflujo hasta los límites de mayor flujo anuales (artículo 29, fracción IV, de la Ley General de Bienes Nacionales)

Se entenderá por “Terrenos Ganados al Mar” a la zona que se obtiene cuando por causas naturales o artificiales se rellena o azolva una parte de la costa y se definen como la diferencia entre la delimitación de zona federal marítimo terrestre anterior y la nueva.

Cuarto.Es importante considerar que todo buen proyecto turístico y oportunidad de negocio e inversión privada, necesariamente, deben compatibilizarse con el derecho que todos los ciudadanos tienen de gozar del territorio privilegiado que en abundancia tenemos en el país, por lo que es necesario garantizar el derecho constitucional, en virtud que las playas deben ser accesibles para ser disfrutadas y disfrutables con toda libertad y a plenitud por los ciudadanos, con la única condición de que lo hagan con apego y respeto a los ordenamientos jurídicos, en esa materia.

Quinto.Entendemos por servidumbre legal, al espacio delimitado impuesto por la ley como consecuencia natural de la situación de los predios y tomando en cuenta un interés colectivo; tomando en consideración que este es un derecho real que afecta al dominio de un bien inmueble, limitando algunos de los derechos inherentes a la propiedad y obligando al concesionario o permisionario, en su caso, a permitir a uno o más terceros el paso para el acceso determinado.

Contenido de la proposición

Es necesario garantizar a todos los habitantes del país el poder disfrutar y gozar de las playas y zona federal marítimo terrestre, ya que esto constituye como ya lo hemos manifestado una garantía constitucional, por lo que los concesionarios ó permisionarios, si así fuese el caso, de los terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre, están obligados a permitir cuando no existan vías públicas u otros accesos para ello, el libre a acceso a dichos bienes de propiedad nacional.

Es importante considerar que el Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, en su precepto 17 manifiesta lo siguiente:

...Los propietarios de los terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o a cualquier depósito de aguas marítimas, deberán permitir, cuando no existan vías públicas u otros accesos para ello, el libre acceso a dichos bienes de propiedad nacional...

Por lo que por medio de este punto de acuerdo, se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tenga a bien girar instrucciones a fin de practicar las inspecciones que correspondientes con el objeto de verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios o permisionarios de la zona federal marítimo terrestre a fin de dar cabal cumplimiento al título que les fue otorgado, y de esta manera están obligados a abstenerse de realizar, sin previa autorización de “La Secretaría” cualquier acto que tenga por objeto impedir el libre acceso al litoral y garantizar el libre tránsito por la playa y zona federal marítimo terrestre.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía las siguientes:

Consideraciones

De conformidad con el artículo 27 de nuestra ley suprema, “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación”. ...”La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales”.

Por lo que esta situación se manifiesta como una garantía constitucional y un derecho fundamental de los mexicanos, toda vez que las playas marítimas y la zona federal marítima terrestre, son bienes nacionales sujetos al régimen de dominio público y de uso común,en este contexto; los habitantes de la República pueden usarlos sin más restricciones que las legales y reglamentarias. (Artículos 1, 3, fracción II; 4, 6, fracción II; 7, fracciones IV y V; y 8 de La Ley General de Bienes Nacionales).

Las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre, están exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales; y los derechos de tránsito, de vista y otros semejantes sobre dichos bienes, son regidos exclusivamente por leyes, reglamentos y demás disposiciones administrativas de carácter federal. (Artículos 9 y 15 de La Ley General de Bienes Nacionales).

A la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos naturales corresponderá el deslinde y delimitación de la zona federal marítimo terrestre. (Artículo 119, Fracción I; y párrafo último, de la Ley General de Bienes Nacionales).

El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, promoverá el uso y aprovechamiento sustentable de la zona federal marítimo terrestre y para tales efectos establecerá las normas y políticas aplicables, considerando entre otros factores el fomento de las actividades recreativas. (Artículo 120 de la Ley General de Bienes Nacionales).

En este mismo orden de ideas, el Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona federal marítimo terrestrey terrenos ganados al mar (Ruamat), establece en su artículo primero, que dicho reglamento tiene por objeto: proveer en la esfera administrativa el cumplimiento de la Ley General de Bienes Nacionales,en lo que se refiere al uso, aprovechamiento, control, administración, inspección y vigilancia de las playas, zona federal marítimo terrestre. Para lo cual en sus artículos 3o. y 4o. establece como se deslindará y delimitará la zona federal marítimo terrestre.

Este reglamento en su artículo 5o. en concordancia con los artículos 1, 3, 4, 7 y 8, de la Ley General de Bienes Nacionales supra citados, se establece que las playas y la zona federal marítimo terrestre son bienes de dominio público de la federación, inalienables e imprescriptibles. Y además de manera textual y precisa determina en su párrafo segundo:

... “corresponde a la Secretaría poseer, administrar, controlar y vigilar los bienes a que se refiere este artículo...

De tal manera que en base a lo anterior se señala en el artículo 7o. del propio Reglamento que las playas y la zona federal marítimo terrestre que podrán disfrutarse y gozarse por toda persona si mas limitaciones que las establecidas en las tres fracciones de este artículo, que se refieren: al uso de vehículos y actividades que impliquen peligro para los usuarios; a la total prohibición construcción e instalación de elementos y obras que impidan el libre tránsito por dichos bienes, (como pueden, ser hoteles, palapas, clubes de playa, camastros, etc.) y a actos o hechos contaminantes de las áreas públicas.

Para garantizar a todos los habitantes del país el poder disfrutar y gozar de las playas y zona federal marítimo terrestre, los concesionarios ó permisionarios, de los terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre están obligados y deberán permitir cuando no existan vías públicas u otros accesos para ello, el libre a acceso a dichos bienes de propiedad nacional,para el caso de negativa por parte del concesionario ó permisionario, la Secretaría tiene la obligación de solicitar la intervención de la Procuraduría General de la República, para que por su conducto, se inicie el juicio respectivo tendiente a obtener la declaratoria de servidumbre de paso: (Artículo 17 del Ruamat).

Para los concesionarios o permisionarios, que por sí mismos o a través de sus familiares o empleados impidan el libre acceso a las playas marítimas, por los lugares señalados conforme al artículo 17 del Ruamat, referido en el apartado IX, de este documento, o que en su caso, cometan cualquier violación o incumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias, el artículo 47 del Ruamat, establece la sanción de revocación de las concesiones o permisos otorgados.

El artículo 74, fracciones I y VI, del Ruamat, establece que son infracciones para los efectos del capítulo segundo de este reglamento (De la Administración y Control), usar, aprovechar o explotar la zona federal marítimo terrestre en contravención a lo dispuesto en la Ley y sus reglamentos, y a las condiciones establecidas en las concesiones, permisos o autorizaciones otorgadas; obstruir o impedir el libre acceso o tránsito a las playas marítimas en contravención a lo dispuesto en el presente reglamento; en consecuencia el artículo de 75 del Ruamat, ordena que las infracciones a que se refiere este reglamento serán sancionadas por la Secretaría con multa de 50 a 500 veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal, de acuerdo con la gravedad y las circunstancias de cada caso y entre los criterios técnicos, está el criterio de accesos a la playa y servidumbre de paso; en el que se señala que los accesos a la playa estarán ubicados con una frecuencia máxima a cada 400 metros longitudinales al frente costero, con un ancho mínimo de 9 metros con cada acceso. Y en su caso, se deberán establecer los derechos de servidumbre de paso.

Por lo anteriormente fundado y motivado, se presenta el presente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tenga a bien girar instrucciones a fin de practicar las inspecciones correspondientes, con el objeto de verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios ó en su caso permisionarios de la zona federal marítimo terrestre.

Diputado Carlos Manuel Joaquín González (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

DERECHOS HUMANOS DE MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la situación migratoria y a la defensa de los derechos humanos de nuestros compatriotas en Estados Unidos, a cargo de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del PRI

Hace unos días, cerca de 200 mil trabajadores migratorios que ofertan su mano de obra en Estados Unidos, entre ellos, decenas de miles de mexicanos sin documentos, se concentraron en Washington para demandar una reforma migratoria. Llegaron para pedir al gobierno del presidente Obama el reconocimiento de sus derechos; que no se les criminalice ni se les persiga y acose; que no dispersen ni destruyan sus familias, y la oportunidad de trabajar y residir legalmente en ese país.

Esa clase de manifestaciones no es nueva. Saben nuestros compatriotas que una nueva ley migratoria –nunca tan necesaria como ahora– está en manos de los legisladores norteamericanos de ambos partidos, pues esa es la experiencia que han vivido a lo largo de varios lustros. Por algunos momentos se ha avanzado notablemente, pero la presión de las fuerzas más conservadoras ha derrotado los mejores intentos, particularmente de los legisladores demócratas como sucedió con el activismo del hoy desaparecido senador Edward Kennedy. El tiempo apremia, pues hoy como pocas veces, está encendido el odio, la actitud xenofóbica y la persecución, especialmente contra los trabajadores procedentes de nuestro país.

Esta vez la movilización iba en busca del cumplimiento de un compromiso electoral. El Presidente Obama fue sensible a esa movilización. Salió al encuentro de la misma y reiteró sus promesas de campaña. Les aseguró conocer de “las familias forzadas a separarse” y de “los trabajadores que merecen la protección” de las leyes estadounidenses y les reiteró su decisión de abordar cuanto antes el problema de los millones de indocumentados que esperan una respuesta de la legislación norteamericana.

Por nuestra parte, con pleno respeto a las decisiones soberanas de ese país, México necesita practicar su propio activismo. No puede ser omiso en este problema tan trascendental para la vida de nuestros esforzados compatriotas que aquí en nuestra patria no encuentran oportunidades para su sobrevivencia. No basta la simple atención de la acción consular si los derechos humanos y laborales de nuestros paisanos son atropellados cotidianamente y su solución requiere de otro tratamiento político a este fenómeno migratorio. El gobierno puede multiplicar sus declaraciones políticas prometiendo frenar esa emigración, pero si no frena sus causas, nuestros paisanos seguirán buscando irse a trabajar a los Estados Unidos. Es necesario imaginar una política de entendimiento y mutua comprensión, con una visión moderna y compartida para un fenómeno que no es bilateral, sino ya es global.

Hoy, alrededor del 4 por ciento de la población mundial reside y trabaja en un país distinto al de su nacimiento. Estados Unidos es históricamente uno de los países de mayor emigración del mundo. Es un país de inmigrantes. De los más de 40 millones de trabajadores latinoamericanos sin documentos que ya han hecho su vida en esa nación, doce millones son mexicanos y por las condiciones de desempleo que vivimos en México, particularmente en las zonas rurales, se prevé que pese a las patrullas fronterizas y a su ignominiosa barda, cada año, cuatrocientos mil mexicanos del mundo rural sigan intentando cruzar la frontera del miedo para buscar el destino mejor, que nuestra tierra les ha negado.

El presidente Obama ha reiterado su promesa de una legislación migratoria más justa. Es nuestra gran oportunidad también para que nosotros discutamos nuestra propia Ley Migratoria; para mostrar nuestra solidaridad con nuestros compatriotas sin documentos, haciendo conciencia entre los legisladores norteamericanos sobre la importancia de una nueva Ley Migratoria que dé paso a nuevos vientos de entendimiento y de relaciones  fraternas. Por eso, señor presidente, mientras allá se libra ese combate, para asumir nuestras responsabilidades como representantes de la nación, me permito proponer los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Que por conducto de la Comisión de Asuntos migratorios de esta honorable Cámara de Diputados enviemos a nuestros compatriotas en Estados Unidos, al mismo tiempo que nuestra más amplia solidaridad, nuestra más enérgica y comprometida voluntad en defensa de los intereses y los derechos humanos fundamentales de quienes, siendo ciertamente trabajadores sin documentos, sufren sin embargo los rigores extremos e injustificados de las autoridades y las leyes migratorias de los Estados Unidos que los tratan como delincuentes.

Segundo. Por conducto de la Junta de Coordinación Política, mandatar a quienes nos representarán en la próxima Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos de América, para que se esfuercen por colocar la cuestión migratoria y la defensa de nuestros compatriotas indocumentados, como el tema de mayor prioridad; así como dar paso a la discusión de la Ley Migratoria que México requiere, para tratar adecuadamente a los emigrantes que vienen del sur de nuestra patria.

Palacio Legislativo, a 15 de abril de 2010.— Diputada Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

TERESA GONZALEZ CORNELIO - ALBERTA ALCANTARA JUAN

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea un grupo plural de trabajo para dar seguimiento puntual al proceso penal de las indígenas Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, a fin de verificar el cumplimiento de la ley y el respeto de sus derechos humanos, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, coordinador de la diputación federal por el estado de Coahuila del Grupo Parlamentario del PRI de la LXI Legislatura, presenta a esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 26 de agosto de 2006, tres mujeres: Alberta Alcántara Juan, Teresa González Cornelio y Jacinta Francisco Marcial, indígenas de origen otomí, fueron detenidas en el municipio de Amealco de Bonfil en el estado de Querétaro, acusadas de secuestrar a seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), así como de posesión de narcóticos.

¿Qué antecedió a esas detenciones? La respuesta la dan los hechos acontecidos durante un operativo realizado cuatro meses atrás, en el mercado de la plaza central de Santiago Mexquititlán por seis agentes de la AFI que sin uniforme ni identificación llegaron a ese lugar para efectuar la incautación de mercancía apócrifa y de sustancias estupefacientes.

Sin embargo, durante la operación supuestamente oficial, los agentes incautaron productos de los comerciantes indígenas y ocasionaron daños a sus mercancías aproximadamente valuados en 80 mil pesos. Este hecho provocó molestias en los comerciantes y genero un ambiente de tensión entre éstos y los agentes, por lo que el jefe regional de la AFI y un agente del Ministerio Público Federal, hicieron acto de presencia en la plaza central a fin de facilitar el diálogo con los tianguistas y acordaron que los agentes se desplazarían hasta una localidad cercana para recoger dinero con el propósito de compensar a los comerciantes afectados. Así, se ordenó a uno de los agentes quedarse en el mercado para garantizar que los demás agentes regresarían.

De acuerdo con numerosos testigos de la comunidad local, este agente estuvo en todo momento en comunicación con sus superiores y no sufrió agresión física ni coacción alguna. El incidente terminó a las siete de la tarde, cuando algunos de los afectados recibieron el dinero por los daños ocasionados y todos los agentes abandonaron la ciudad.

Sin embargo, cuatro meses después, con la detención de las tres mujeres indígenas, se inició en su contra un proceso acusatorio que ha estado plagado de irregularidades que contrarían las normas del debido proceso legal.

Esto se evidencia porque, tres años después de esas detenciones, el 16 de septiembre de 2009, la indígena Jacinta, después de haber sido considerada por Amnistía Internacional, en respuesta a las solicitudes de múltiples sectores de la sociedad, como “prisionera de conciencia”, fue declarada inocente y excarcelada debido a que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó conclusiones no acusatorias durante el proceso penal instruido en su contra, basándose para ello en la figura legal denominada duda razonable.

Sin embargo, el 25 de noviembre de 2009, irónicamente día en el que se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la propia PGR solicitó a la autoridad jurisdiccional dictara sentencia condenatoria de hasta 40 años de prisión para las ciudadanas indígenas Alberta y Teresa que, al igual que Jacinta, habían sido declaradas por aquél organismo internacional “prisioneras de conciencia”.

Estas dos mujeres, Alberta Alcántara y Teresa González, llevan más de tres años en prisión y luchan, sí, eso hacen, luchan por su libertad a pesar de que desde julio de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 47/2009 dirigida a la PGR en la que se denuncia la irregular integración de la averiguación previa correspondiente a la indagatoria instruida en contra de aquéllas.

En dicha recomendación se advierte que “servidores públicos de la PGR incumplieron con las obligaciones previstas en los artículos 14, párrafo segundo, 21, párrafo séptimo, 102, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, fracción I, inciso A), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, vigente en el periodo en que sucedieron los hechos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1 y 8.2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8, 10, y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; XVIII, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y 2 y 5 de los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura. De igual manera, consta también que los agentes federales de investigación tuvieron una actuación deficiente e irregular en el desempeño de su función investigadora, ya que nunca se identificaron ni portaban uniforme, y aún hoy siguen en el anonimato, a tal punto que nunca ha sido posible llevar a cabo el desahogo del careo respectivo que permita la comprobación del cuerpo del delito.”.

Considerando objetivamente los hechos, pareciera ser que los únicos delitos de estas mujeres indígenas son su condición de género, su identidad étnica y sus circunstancias sociales de marginación. Ante ello y para defenderlas, varias compañeras legisladoras han levantado su voz. Así lo hicieron las diputadas Maricela Contreras Julián y Guadalupe Flores Salazar, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes presentaron el 20 de mayo de 2009 ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo, exhortando al Poder Judicial de la Federación y a la PGR para que en la resolución que emita se apegue a los principios de independencia e imparcialidad y si se determina que los hechos no son constitutivos de delito, se promueva el sobreseimiento del proceso penal, así como su libertad absoluta. Cabe precisar que este es el único punto de acuerdo que, sobre este tema, ha sido dictaminado.

En el mismo contexto, la diputada Leticia Quezada Contreras, también del PRD, presentó el pasado primero de octubre de 2009 otro punto de acuerdo demandando la inmediata liberación de Alberta y Teresa.

De igual forma, la compañera diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó el 15 de diciembre del año pasado, un punto de acuerdo exhortando a la PGR a que retire definitivamente todos los cargos que ha fincado ante los tribunales en contra de Alberta Alcántara y Teresa González.

El interés en este caso igualmente se ha hecho presente en el Senado de la República. El pasado ocho de octubre, las senadoras María Elena Orantes López y María del Socorro García Quiroz, ambas del PRI, presentaron un punto de acuerdo exhortando al procurador general de la República, a realizar una revisión exhaustiva y conforme a derecho, de los elementos que la PGR presentó ante el Ministerio Público Federal para la consignación y posterior sentencia condenatoria en contra de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, a efecto de que se defina en cuanto antes la situación jurídica de las inculpadas y reciban las mismas condiciones y prerrogativas que la ley le otorgó a Jacinta Francisco Marcial para declarar su liberación.

No obstante los esfuerzos de las compañeras legisladoras de ambas Cámaras denunciando estas detenciones injustas y a todas luces vulneradoras de garantías fundamentales, Alberta Alcántara y Teresa González continúan presas, por lo que en apoyo a ellas y en un acto de conciencia y convicción, hoy alzo la voz, uniéndome a todas aquellas otras voces que claman porque en nuestro país se garantice plenamente el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas en aras de su dignidad humana.

Abrigo la certeza de que ni éste ni aquellos otros pronunciamientos serán en vano, porque nunca será insuficiente cualquier acto o acción que realicemos por consolidar en nuestro país el estado social y democrático de derecho al que todos aspiramos.

No parece que el titular Ejecutivo Federal tenga ánimo de buscar una alternativa que libere a las indígenas detenidas, es por eso que acudo al pleno de esta Cámara, para solicitar que se integre un grupo plural de trabajo que dé seguimiento al proceso penal que contra estas dos mujeres se sigue e informe al pleno sobre el contenido del mismo.

Por lo expuesto y fundado, someto ante esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se crea un grupo plural de trabajo al interior de esta Cámara de Diputados que dé seguimiento puntual al proceso penal seguido a las indígenas Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, a fin de verificar el cumplimiento de la ley y el respeto de sus derechos humanos, dicho grupo deberá informar al pleno periódicamente sobre sus actividades.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la ciudad de México, DF, a 14 de abril de 2010.— Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

SISTEMA NACIONAL DE ESTACIONES METEOROLOGICAS

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sagarpa, de la Semarnat y de la Conagua a revisar y, en su caso, complementar el Sistema Nacional de Estaciones Meteorológicas, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del PRI, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

Los cambios de los ecosistemas del planeta han ocasionado transformaciones por demás graves y preocupantes. Los avances tecnológicos de la humanidad han generado un conjunto de externalidades negativas en el ambiente, lo que ha incidido en el deterioro de la calidad de vida de millones de personas.

El calentamiento global se ha incrementado considerablemente. Ejemplo de ello es el incremento de la temperatura del planeta, que se acerca peligrosamente a 2 grados y que ya se manifiesta de diversas maneras; una de las muestras más claras de ello son los fenómenos meteorológicos, entre los que destacan los huracanes, las tormentas tropicales, las sequías, las trombas, las nevadas, los frentes fríos y las ondas gélidas.

En términos de los recursos naturales disponibles, es importante mencionar que a consecuencia del cambio climático, se perderá más de 20 por ciento del agua en el mundo.

La sequía en muchas partes del mundo se ha agudizado de manera preocupante, lo cual pone en riesgo a millones de hectáreas de bosques y hace que una cantidad importante de especies se encuentre en peligro de extinción.

En los últimos 10 años, los fenómenos meteorológicos se han manifestado con mayor intensidad a lo largo y ancho del territorio nacional, ocasionando daños materiales con un alto costo, lo que representa un obstáculo para el desarrollo económico de comunidades, municipios, regiones y estados.

Las sequías, las heladas, las lluvias intensas, las granizadas, los fuertes vientos, los ciclones y los huracanes son cada vez más recurrentes y de mayor intensidad. Ello provoca graves afectaciones en las viviendas rurales, ocasionando la pérdida del ganado, así como daños en las plantaciones perennes y los cultivos anuales.

Sobre los escenarios del cambio climático en México, específicamente en cuanto a temperatura y precipitación, se estima que el calentamiento se eleve entre 2 y 4 grados Celsius hacia 2020, afectando la parte continental del norte de México, en tanto que habrá una reducción en precipitaciones cercana a 15 por ciento; en regiones del centro de México y de menos de 5 por ciento en la zona del Golfo; en verano, las lluvias podrían disminuir hasta 5 por ciento en la parte centro; y se proyectan retrasos en inicio de lluvias, con una extensión de la temporada de lluvias, hacia los meses del otoño, para gran parte del país.

A escala nacional, se proyecta una reducción de 10 por ciento anual en la disponibilidad de agua. La temperatura del mar Caribe, Golfo de México y Pacífico podría aumentar 1 y 2 grados Celsius, favoreciendo ciclones tropicales. Aunado a ello, el periodo de sequía aumentaría, provocando incendios forestales.

Con la sequía se presentan afectaciones que se resienten en el sector agropecuario. Entre ellas que se pueden mencionar el incremento de los precio de la semilla, escasez de forraje para el ganado, la necesidad de comprar agua, y el incremento del precio de fertilizantes y productos químicos.

El insuficiente número de estaciones meteorológicas provoca que los productores afectados, en su mayoría del sector social, no puedan recibir los beneficios y apoyos de los programas de atención de contingencias climáticas. También es aprovechado por las compañías aseguradoras para evadir su responsabilidad y compromiso con los clientes.

Sin embargo, lo más grave es que esta carencia de información no permite implantar acciones de prevención de riesgos, lo que impide realizar una promoción adecuada de la reconversión productiva, factor fundamental para reducir los efectos negativos de las afectaciones potenciales.

La exclusión es producto de una insuficiente infraestructura meteorológica que permita obtener información cuantitativa y cualitativa, la cual no permite tomar decisiones adecuadas para atender las urgencias climáticas.

Para subsanar lo anterior, se requiere una inversión aproximada de 150 mil pesos por estación agroclimática, la cual cuenta con sensores automatizados, que registran en una base central, de manera continua y en tiempo real a intervalos de 15 minutos, las fluctuaciones de 6 variables climáticas, con capacidad de monitorear un diámetro de 20 kilómetros. Ésta es una herramienta de gran utilidad para los agricultores, pues les permitirá planificar de mejor manera su producción, reduciendo los riesgos del efecto climático adverso en cultivos y ganado.

Con esta inversión por estación meteorológica, la reducción de los riesgos equivale, en algunos cultivos, hasta a 30 por ciento, como consecuencia de aplicar el manejo adecuado de los pronósticos del tiempo y los modelos de predicción de plagas y enfermedades. Lo idóneo es tener una red meteorológica que cubra el territorio nacional, empezando por las zonas de mayores afectaciones, muchas de las cuales ya son cíclicas.

En relación con los efectos negativos que los fenómenos climáticos tuvieron en el país el año anterior, la Comisión Nacional Forestal informa que en 2009 la sequía causó mayores afectaciones a Coahuila, Quintana Roo, Oaxaca, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Puebla, México, Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas, Colima y San Luis Potosí.

La Sagarpa menciona que se han perdido más de 500 mil hectáreas debido a la sequía, lo que representa erogaciones por pago de daños superiores a 450 millones de pesos. En cuanto a incendios forestales, en 2009 se presentaron mil 700 de éstos, que afectaron 147 mil 557 hectáreas.

Aun cuando sabemos que el presupuesto asignado al campo es insuficiente, resulta necesario destinar parte de ellos a atender problemas que no pueden esperar, como es el caso de la infraestructura para la detección de las contingencias climáticas.

Contar con mayor cantidad de estaciones agroclimáticas es una prioridad; no debemos continuar en la incertidumbre sobre lo que pasará con los cultivos y el ganado, o con el patrimonio de millones de mexicanos.

Una de las herramientas climáticas que contribuyen a la incorporación de México a la modernización de la agricultura es minimizar riesgos a través del monitoreo automatizado del clima. Con esta decisión, México se sumaría a la red de países con agricultura de precisión y la homologación en los pronósticos y soluciones de los efectos inminentes del cambio climático mundial.

Las aplicaciones de esta red son amplias; entre ellas, la predicción de etapas fenológicas, modelos de predicción para plagas y enfermedades, índice de sequías, pronósticos de corto plazo de heladas, condiciones de estrés en el ganado, predicción de cosecha de forraje, componentes de ignición, dirección y velocidad del viento para pronosticar propagación de incendios y su combate, cálculo de escurrimientos hídricos, recarga de mantos acuíferos, erosión de suelos, uso eficiente del agua, sitios apropiados para generación de energía eólica y solar, dispersión de contaminantes, medición del cambio climático, predicción y avance de nubes toxicas, y pronóstico de tormentas e inundaciones, entre otros.

Por lo anterior, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a los secretarios de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al director general de la Comisión Nacional del Agua, a implantar de inmediato acciones que permitan revisar y, en su caso, complementar el Sistema Nacional de Estaciones Meteorológicas, a fin de contar con mayor número de estaciones climatológicas dedicadas a realizar un monitoreo permanente que permita a los productores planificar de mejor manera las actividades agropecuarias, y reducir los efectos negativos por la presencia de fenómenos climáticos.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 15 de abril de 2010.— Diputado Alberto Jiménez Merino (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a las comisiones unidas de Agricultura y Ganadería y de Recursos Hidráulicos.

ESTADO DE HIDALGO

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Conanp a agilizar el proceso de recategorización del área natural protegida Parque Nacional Los Mármoles, en Hidalgo, como área de protección de flora y fauna, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, el suscrito, diputado Héctor Pedraza Olguín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, somete a discusión y, en su caso, aprobación del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo conforme a los siguientes

Considerandos

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece que la sustentabilidad ambiental se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras, asumiendo como reto el incluir al medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo económico y social para alcanzar un desarrollo sustentable.

Que la sustentabilidad ambiental será un eje transversal de las políticas públicas y un criterio rector en el fomento de las actividades productivas, donde el desarrollo de nuevas actividades económicas en regiones rurales y semirurales contribuya a que el ambiente se conserve en las mejores condiciones posibles.

Una de las estrategias del eje rector sustentabilidad ambiental del Plan Nacional de Desarrollo es aumentar la superficie bajo esquemas de conservación, manejo y uso sustentable del territorio nacional así como integrar la conservación del capital natural del país con el desarrollo social y económico, asumiendo que el patrimonio natural del país es la base del desarrollo económico y que para conservar y poder aprovechar este patrimonio, se requiere un desarrollo económico basado en el uso eficiente de los recursos naturales, la generación de valor agregado y en el desarrollo de capacidades que ofrezcan más y mejores oportunidades para todos los mexicanos.

Que es necesario promover el manejo sustentable de los recursos naturales y el desarrollo de actividades productivas mediante un proceso de conciliación de lo ambiental con el desarrollo social y económico, asumiendo una valoración económica de los bienes y servicios ambientales, así como de su apreciación efectiva por parte de la sociedad.

Que el 8 de agosto de 1936, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara como parque nacional Los Mármoles, con una superficie de 23 mil 150 hectáreas.

Que el área presenta características geológicas, climáticas, edáficas, topográficas y altitudinales que ofrecen un marco en el que contrastan diferentes tipos de vegetación como bosques de encino, encino-pino, pino-encino, pino, táscate y pastizal inducido, que constituyen el hábitat de una gran riqueza de flora y fauna, del orden de 518 especies de plantas y 182 especies de fauna, entre anfibios, aves, reptiles y mamíferos, varias de las cuales se encuentran protegidas en algún estatus conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2001.

Existen zonas en el parque que aún conservan su cubierta vegetal original tal es el caso de las Barrancas San Vicente y Las Milpas. Sin embargo, en la parte sur del área correspondiente al municipio de Nicolás Flores, los problemas de erosión pluvial aunados a la orografía, tipo de suelo, y drenaje han ocasionado un paisaje agreste y poco fértil con escasa cubierta vegetal.

Las actividades humanas que se desarrollan sin control en el área como son agricultura de temporal, fruticultura, ganadería extensiva y de traspatio, la extracción clandestina de recursos forestales y la extracción de minerales no metálicos, han tenido importantes impactos ambientales sobre los recursos naturales, atentando contra la estabilidad del sistema ecológico y los bienes y servicios ambientales que ella provee.

Que de acuerdo a los considerandos anteriores, se hace necesaria la recategorización del parque nacional Los Mármoles bajo una categoría que permita el cumplimiento de los objetivos de conservación y preservación de los recursos naturales del área, en cuya zonificación se considere su estado actual, los usos de suelo hasta ahora establecidos y alternativas de uso sustentable de los recursos naturales, proponiéndose para tal efecto la categoría de área de protección de flora y fauna.

Las áreas de protección de flora y fauna son áreas destinadas a la preservación y protección del suelo, las cuencas hidrográficas, las aguas y en general los recursos naturales localizados en terrenos forestales de aptitud preferentemente forestal, en las que pueden realizarse actividades relacionadas con la preservación, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como de investigación, recreación, turismo y educación ambiental, compatibles con la naturaleza y características del área.

La conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del área bajo criterios de uso múltiple y establecimiento de zonas permitirá optimizar el uso de los recursos naturales, la vocación y productividad del suelo y el potencial de cada uno de los espacios que conforman el área, permitiendo compaginar los objetivos de conservación con los de desarrollo social en una superficie manejada con criterios de uso múltiple.

En concordancia con lo anterior, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con la colaboración del Servicio Geológico Mexicano, las delegaciones federales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Hidalgo, y el Consejo Estatal de Ecología del gobierno de Hidalgo, ha realizado los estudios y evaluaciones correspondientes, con los que se demuestra que los ecosistemas del área reúnen los requisitos necesarios para constituirse como un área de protección de flora y fauna.

Que los estudios a que se refiere el considerando anterior han estado disposición del público en general, según aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2007 y que las personas interesadas han emitido, en su oportunidad, opinión sobre el establecimiento de dicha área de protección de flora y fauna, resultando que se ha iniciado el proceso de recategorización del parque nacional Los Mármoles como área de protección de flora y fauna, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de este pleno plural de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que publique, a la brevedad, el decreto de recategorización del actual parque nacional Los Mármoles, de conformidad con lo establecido por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su reglamento en materia de áreas naturales protegidas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 17 de marzo de 2010.— Diputado Héctor Pedraza Olguín (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

PRECIO DEL DIESEL Y GASOLINAS

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a congelar el precio del diesel y de las gasolinas en el territorio nacional para evitar la escalada de precios de bienes y de servicios, a cargo del diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe,  Francisco Alejandro Moreno Merino, diputado de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento Interior para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de ese pleno punto de acuerdo en términos de los siguientes:

Ha corrido mucha tinta en explicar hasta la saciedad que la economía mexicana requiere nuevas fuentes de financiamiento para atender los requerimientos del gasto público, que sin lugar a dudas son muchos, pero subyace una restringida recta de presupuesto para solventar todos y cada uno de ellos.

En esta administración federal se ha delineado la política contra los subsidios, con la falsa expectativa de que de allí se generase la productividad y competitividad, pero a contrario sensu, en una época de crisis como lo que afecto a México en meses recientes y donde se perdieron miles de empleos, poco puede abonar a la competitividad un deslizamiento en el precio del diesel y las gasolinas.

Deseo expresar que las actividades productivas como el transporte,  la pesca y las agropecuarias han visto mermadas sus incipientes ganancias, al ver que el diesel ha incrementado y, por ende, sus costos reales, generando un efecto inflacionario que obliga a trasladar los costos a los demandantes finales.

Esto no es competitividad y mucho menos productividad; la lógica del gobierno de la república es maximizar el valor económico del precio del petróleo pensando que puede cambiar la tecnología y las nuevas fuentes de energía y que el petróleo no se utilizará más, o más bien piensan que se requiere extraer más allá de la plataforma de producción para encontrar buen precio a la mezcla mexicana en tiempos que los precios internacionales se mantienen a la alza.

Lo anterior, es una vergüenza expresada en una política de Estado. México es un productor de petróleo, y por esa simple razón podemos manejar, con planeación y sin distorsiones, la política energética a favor y en beneficio de nuestros agricultores, pescadores, transportistas y de las familias de menores recursos, con el firme  propósito de no generar una inflación sostenida y que afecte a los bienes y servicios de demanda final.

Ejemplo de ello, se observa que al emplearse el incremento a las gasolinas, se registró una inflación importante la canasta básica en enero del 2010 presentó un  aumentó 1.15 por ciento, el transporte urbano se encareció 4.02 por ciento; el metro y transporte eléctrico, 41.77 por ciento, así como las cervezas, 2.29 por ciento, de acuerdo con los datos del Banco de México, siendo la peor de las fechas para determinar aplicar una política de esta naturaleza, donde se contrapone la falta de empleo y, en su caso, los que mantiene un empleo con paupérrimo incremento al salario no pueden satisfacer sus necesidades básicas.

A partir de  abril se aplicó la cuarta alza al precio de las gasolinas, por ejemplo, la Magna aumentó su precio a 8.12 pesos por litro, y la gasolina Premium ahora se vende en 9.78 pesos.  No escapando a ello, el diesel, cuyo precio es de 8.48 pesos por litro.

No podemos seguir tolerando una política insensible e irresponsable, que va en detrimento de los sectores productivos y de las clases sociales más desprotegidas, es por ello que los incrementos de recursos que los diputados hemos dado a los programas sociales no representan disminución en el rubro de combate a la pobreza.

Consideraciones

Por lo expuesto y fundado, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, a congelar el precio del diesel y las gasolinas en el territorio nacional y evitar con ello la escalada de precios de bienes y servicios de demanda final en México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, a 20 de abril de 2010.— Diputado Francisco Alejandro Moreno Merino (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Energía.

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a tomar a través de la SCT las medidas pertinentes para detectar e impedir la prestación del servicio de transporte de personas por autobuses pirata en el territorio nacional, a cargo de la diputada Guadalupe Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Guadalupe Pérez Domínguez, diputada de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que otorgan los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La extensión territorial de nuestra República Mexicana es de 1 964 375 kilómetros cuadrados de los cuales 1 millón 959 mil 248 son superficie continental y 5 mil 127 corresponden a superficie insular.

Dentro de tal extensión territorial, nuestro país se encuentra dividido en 31 entidades federativas y el Distrito Federal, los cuales a su vez se conforman de municipios y delegaciones políticas respectivamente, siendo Chihuahua el estado de mayor extensión territorial.

Constitucionalmente se consagra la garantía de libre tránsito de las personas del territorio nacional, apuntándose que dada la extensión territorial del país, es evidente que para trasladarse de un destino a otro, se requiere la utilización de diversos medios de transporte, teniendo la peculiaridad nuestro país que, para trasladarse de un lugar a otro dentro de nuestro mismo territorio, se puede optar por vía marítima, aérea o terrestre.

Queda claro que las personas para su transportación de un lugar a otro lo hacen por los medios antes señalados, esto ya sea a través de la vía personal o particular, o bien por quien presta este tipo de servicios.

Enfocándonos particularmente al autotransporte en el ámbito federal, encontramos que la prestación de este servicio en su carácter público de pasajeros o de turismo, se encuentra contemplada en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, así como por su respectivo reglamento, el cual además regula los servicios auxiliares, al señalar expresamente que su objeto es regular los servicios de autotransporte federal que en ellos opera, sus servicios auxiliares y el transito en dichas vías.

Bajo esta tesitura el mismo ordenamiento, en su artículo 2 fracciones IX y X, respectivamente, conceptúa al autotransporte público de pasajeros como el que se presta en forma regular sujeto a horarios y frecuencias para la salida y llegada de vehículos y respecto al servicio de autotransporte de turismo: el que se presta en forma no regular destinado al traslado de personas con fines recreativos, culturales y de esparcimiento hacia centros o zonas de interés.

De la misma forma, resulta importante tomar en consideración, que este precepto, pero en su fracción XII también contempla el concepto de terminales, definiéndolas como las instalaciones auxiliares al servicio del autotransporte de pasajeros, en donde se efectúa la salida y llegada de autobuses para el ascenso y descenso de viajeros, y en su fracción XIII establece la definición de tránsito como la circulación que se realice en las vías generales de comunicación.

Ahora bien, en relación con la presentación de este servicio de autotransporte, tanto de pasajeros como de turismo se han detectado un sinnúmero de casos de empresas que, sin reunir con los requisitos que exigen las normas oficiales, se dedican a la prestación de tales servicios.

Esta situación que de por si es problemática en virtud de realizarse al margen de los marcos legales, también traen repercusiones en ámbitos de índole de seguridad de quienes lo utilizan, así también como en lo económico y pérdida del empleo.

Por lo que respecta a la seguridad del pasajero, se ve afectada, toda vez que las empresas conocidas como “piratas” o quienes se dedican a esta actividad, al hacerla apartada de las normas aplicables al caso, evidentemente no prestan ni la más mínima preocupación o consideración en que las unidades con las que prestan este servicio cuenten con las especificaciones técnicas mínimas que se exigen en el Reglamento de Autotransportes Federal y Servicios Auxiliares, ello sin dejar de mencionar que tampoco se tomen la mas mínima molestia de contratar una póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros o póliza de seguro de viajero, lo que incluso ah traído como saldo numerosos accidentes así como la impunidad de quienes los propician, al no contar con elementos para ubicar a estos responsables.

Anudado a lo anterior, es de tomar las repercusiones que conllevan en el ámbito económico, toda vez que de acuerdo a información de La Cámara Nacional de autotransporte de Pasaje y Turismo, dio a conocer que la competencia desleal que representa la operación de los llamados camiones “pirata”, provocó una disminución de alrededor de un 30 por ciento en el pasaje en la Central Camionera, además de que evaden el pago de impuestos para bajar los costos y utilizan vehículos fuera de norma e inseguros, por lo que al contar con una disminución en la demanda de estos servicios, infiere en forma directa en la seguridad laboral para quienes, honestamente prestan sus servicios para empresas que sí cumplen con los requisitos y formalidades para la realización de esa labor.

Estas circunstancias si bien no son exclusivas del estado de Chihuahua, preciso señalar que de acuerdo con datos periodísticos, tan solo en Ciudad Juárez en unas 135 oficinas ubicadas en avenidas principales y hasta en fraccionamientos, así como en el centro histórico, operan este tipo de empresas “piratas”, violando la normatividad reglamentaria en la materia que dispone el uso de terminales a este efecto, habiendo sido documentados los numerosos accidentes y percances en los que se han visto envuelto estos camiones piratas dentro de la entidad.

Siendo pertinente anotar que a este efecto si bien es cierto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dentro de su programa de trabajo 2009, en el cual contempla a desa-rrollo en su objetivo 4.3, reforzar las medidas de seguridad a fin de garantizar la integridad de los usuarios de las vías generales de comunicación y en su objetivo 4.6, que contempla abatir la irregularidad de vehículos, principalmente dedicados al servicio de pasaje regular, a efecto de contar con un servicio moderno y confiable, en un entorno de certidumbre jurídica y competencia equitativa, también es cierto que no se contemplan medidas eficaces tendientes a solucionar la problemática de los autotransportes “pirata”.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que, a través del secretario de comunicaciones y Transportes, en el marco de sus atribuciones, tome las medidas pertinentes para detectar e impedir la prestación del servicio de autotransportes público de pasajeros o turismo por autobuses “pirata” dentro del territorio nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2010.— Diputada Guadalupe Pérez Domínguez (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Transportes.

DESARROLLO DE LOS NUCLEOS EJIDALES Y COMUNALES

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria a elaborar con las instituciones de educación superior vinculadas al sector rural los planes de desarrollo de los núcleos ejidales y comunales de la república, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la normatividad aplicable, someto a consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes

Considerandos

México cuenta con 31,480 ejidos y comunidades agrarias que incluyen a aproximadamente 3 millones 100 mil sujetos agrarios, quienes poseen 103 millones de hectáreas, que representan el 53% del territorio nacional.

Se repartió la tierra, se creó el Banco Ejidal, después Banrural y luego Financiera Rural; se desarrolló infraestructura hidroagrícola, pero no se ha contado con un Programa de Desarrollo Sustentable.

Se ha regularizado la tierra a través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales Procede y se ha entregado la carpeta básica; el acta de nacimiento del núcleo agrario que describe en términos generales sus características y recursos.

Con excepción de la atención al establecimiento del libro de contabilidad, la atención a asambleas, la credencialización de las mesas directivas, así como Programas de la Mujer, Joven Emprendedor Rural, Fondo de Tierras y Atención a Conflictos Agrarios, con presupuestos muy limitados, en realidad no hay un plan de desarrollo específico para los ejidos y comunidades agrarias de México, existiendo un menosprecio y un trato como mexicanos de segunda clase por parte de los gobiernos de los diferentes órdenes y tendencias políticas.

La falta de un plan, programa o proyecto para fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios, imposibilita la implementación de acciones que favorezcan e impulsen el crecimiento y desarrollo de estos.

Existe un desconocimiento de los recursos naturales existentes, así como de las potencialidades de los propios núcleos agrarios. La falta de un Plan ha dificultado que los ejidatarios y comuneros puedan aprovechar sus riquezas.

Lo anterior ocasiona un grave deterioro ambiental en el cual, la flora y la fauna se encuentran en crisis, al igual que los ecosistemas, lo que pone en riesgo la sustentabilidad de las generaciones futuras.

Ello provoca que se presenten bajos rendimientos en la producción agropecuaria, se reproduzcan modelos productivos de bajos nivel tecnológico que se traduce en bajos niveles productivos y reducidos ingresos para miles de familias que dependen de las actividades primarias.

A la fecha, no existe información útil que nos permita identificar de manera clara los elementos más importantes que los núcleos agrarios, tienen para su desarrollo, más allá de la carpeta básica que cuando mucho describe generalidades sobre la vegetación, la tierra, las masas de agua, los minerales y las colindancias.

En el 70 por ciento de los núcleos agrarios; esto es, más de 22 mil ejidos y comunidades, los jóvenes no se están integrando a las actividades del campo; hay una grave desvinculación generacional que pone en riesgo la continuidad de este tipo de figuras agrarias. De igual forma, ante la falta de apoyos y alternativas, la migración de la población rural se ha venido incrementando de manera preocupante. El proceso de expulsión poblacional no se ha detenido, y ahora son las mujeres y los menores quienes están aumentando el porcentaje de migración.

No se puede hacer un plan de trabajo porque no se tiene los elementos básicos para tomar decisiones e incidir en procesos de desarrollo sustentable. Los asesores técnicos no cuentan con un instrumento informativo elemental para iniciar planes de mejora productiva y socioeconómica.

Sin embargo, es muy urgente promover un incremento importante de la productividad agropecuaria, forestal y acuícola de los ejidos y comunidades agrarias de México.

Para lo cual se requiere desarrollar una ficha descriptiva, sencilla, en no más de una hoja tamaño carta por los dos lados,  que contenga una radiografía del núcleo agrario con información útil para tomar decisiones y diseñar un Plan de Acciones de Mejora Productiva y ambiental mediante el cual se logren aprovechar sus potencialidades  en beneficio de los sujetos agrarios.

• El contenido del estudio debe incluir:

• Diagnóstico: Qué producen y hacen actualmente

• Problemática productiva: Qué limita las actividades económicas en el campo

• Problemática ambiental y socioeconómica: que está deteriorando los recursos naturales y amenazando el futuro de las nuevas generaciones

• Recursos naturales disponibles: con qué se cuenta para sobrevivir y desarrollarse

• Actividades productivas potenciales: qué se puede producir de acuerdo a las posibilidades ambientales, a las necesidades de autoconsumo y a la demanda de los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales

• Acciones de mejora productiva: Cómo hacer mejor lo que ya se hace, provechando al máximo lo que se tiene.

En el estado de Puebla, la Secretaría de Desarrollo Rural de la entidad, se dio a la tarea de poner en marcha un proyecto piloto para realizar las 1,100 fichas de los núcleos agrarios existentes, en donde se identifican no sólo sus características geográficas, sociales y políticas; también se incluye un análisis de las fortalezas que tiene este territorio, es decir, se enumeran cuales son las actividades agropecuarias con mayores posibilidades de obtener buenos resultados.

La propuesta de contar con planes de desarrollo ejidal nace de la necesidad de contar con herramientas que faciliten la producción agropecuaria de los núcleos agrarios, para que en el mediano y largo plazo, las familias que habitan en estos tipos de propiedad puedan mejorar su calidad de vida, mediante un incremento sustantivo de sus ingresos.

En razón de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria, para que

1. Con el apoyo de la Universidad Autónoma Chapingo, la Universidad Agraria Antonio Narro, el Instituto Superior de Agricultura del Estado de Guerrero y la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria elaboren los Planes de Desarrollo Ejidal de los 31 mil 480 núcleos agrarios existentes en el país.

2. Lo anterior será presentado a través de una ficha que destaque los recursos naturales disponibles, las principales actividades productivas, la problemática ambiental, la problemática y potenciales de la actividad productiva, así como un plan de 10 mejoras sustantivas y de 10 acciones de capacitación y asesoría para mejorar su productividad y procurar el desarrollo sustentable en el corto, mediano y largo plazo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, abril de 2010— Diputado Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria.

CARRETERA CAMPECHE-MERIDA

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la SCT a programar recursos para la modernización del tramo carretero Campeche-Mérida, a cargo del diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Me invita a subir a esta honorable tribuna el hecho de exponer e invitarles a sumarse a una petición muy sentida y recurrida por mi estado, Campeche, en lo específico por aquellos municipios del norte que se verán beneficiados con el acuerdo concluyente de mi gestión: Calkini, Hecelchakan, Tenabo y Campeche.

Es el tema del mejoramiento y modernización de la infraestructura en carretera que comunica con el vecino estado de Yucatán, principalmente con su ciudad capital, Mérida, para lo cual me permitiré, de la manera más respetuosa, plantearles algunas consideraciones que sustentan mi petición:

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 reconoce que la infraestructura y los servicios de comunicaciones y transportes son fundamentales para lograr el progreso al que aspiramos los mexicanos, un desarrollo humano sustentable, con un crecimiento dinámico de la economía, con la generación de los empleos que requiere la sociedad y que propicie mayor equidad con reducción de la pobreza y fomento del bienestar.

La situación económica de Campeche, invariablemente indica que se trata de una economía en crecimiento y en constante evolución.

Cuando en el año 2000 dio inicio la modernización de la carretera Campeche-Mérida, el proyecto tuvo una gran aceptación entre los usuarios de la misma y de la sociedad en general, puesto que las molestias de transitar por la carretera en las condiciones en que se encontraba, eran más que obvias. Sin embargo, esa sensación de bienestar con el paso del tiempo fue quedando en el olvido, para convertirse, hoy en día, en una carretera que pierde la capacidad de proporcionar beneficios a sus usuarios. Es generalizada la opinión de que la situación actual de la carretera ya causa molestias por lo siguiente:

• Resulta peligroso transitar por la carretera debido al volumen de tráfico pesado.

• Los días viernes, sábado, domingo y lunes se aumentan considerablemente los tiempos de traslado, porque aumenta el volumen de tránsito.

• Los accesos y salidas a la carretera de los vehículos de las poblaciones a la inmediación del camino revisten peligro tanto para ellos, como para los que transitan por la misma, debido a sus características.

La construcción de la autopista se ubica en los tramos de la carretera federal Campeche-Mérida México-180 en el tramo: Campeche-límite del estado de Yucatán; estas vías se encuentran en terrenos de lomerío suave. Su sección es de dos carriles de circulación con ancho de corona de 11 metros, con acotamientos laterales de 2 metros y su superficie de rodamiento es de asfalto, y se les puede catalogar en tres tramos viales:

1. Tramo: libramiento de la ciudad de San Francisco de Campeche = 26.2 km.

2. Tramo: Campeche – Hecelchakán: 50.0 km.

3. Tramo: Hecelchakán – límite con estado de Yucatán = 37.2 km.

Ahora bien, la insuficiencia de recursos ha provocado en la red federal de carreteras libres de peaje, la acumulación de rezagos en conservación y el paulatino deterioro de las condiciones de la red, lo que genera sobrecostos de operación e inseguridad a los usuarios. En este sentido, la red de caminos y carreteras del estado de Campeche, resulta deficiente para responder a las necesidades de desarrollo de esta entidad federativa.

Es alarmante el incremento del índice de accidentes en ésta carretera en comparación con el nivel nacional de accidentes 0.46, pues resulta peligroso transitar por la carretera debido al volumen de tráfico pesado, y los accesos y salidas a la carretera de los vehículos.

Una inadecuada e insuficiente oferta de infraestructura se encuentra inhibiendo la competitividad de la economía campechana. Según datos del “instituto mexicano de competitividad”, Campeche ha perdido seis lugares, y actualmente es la posición número 13 en competitividad estatal, pues se le clasifica en el lugar 30 en el componente de economía dinámica e indicadores estables, esto debido principalmente, a la ausencia de una red carretera avanzada.

Cabe hacer el señalamiento que en este tramo carretero Campeche-Mérida, transitan a diario aproximadamente 5,500 vehículos, por lo que la inversión en la infraestructura representaría una importante generación de empleo y detonaría la actividad comercial, misma que consecuentemente elevaría la competitividad del estado de Campeche y del país.

Es importante destacar, que al ser las vías terrestres de comunicación modernamente funcionales, con amplias carreteras para el comercio y libre tránsito, esto propiciaría no solo la seguridad de los que en ella transitan, sino además; una mejor distribución de los bienes y servicios que tanto los particulares como el estado demandan día con día.

Mi planteamiento, tiene un sustento más allá de lo económico y lo técnico, el social; pues no es concebible que en pleno siglo XXI, el estado de Campeche no cuente con una vía general de comunicación funcional y moderna, pero más aún, siendo una vía que comunica a cuatro municipios importantísimos del estado con el estado de Yucatán.

Hace unos meses a tras anuncio la secretaría de comunicaciones y transportes la cancelación de los trabajos de modernización de la carretera Campeche-Mérida, misma que estaba prevista para indicar este año en sus primeros 100 kilómetros, de la gasolinera del rey, hasta los límites del estado de Yucatán, sin lugar a duda esto constituye un duro y nuevo golpe al desarrollo del estado de Campeche.

Dicha cancelación se debió, como a todo, a cuestiones presupuestales; para estos trabajos de modernización el gobierno del estado solicito inicialmente mil millones de pesos pero el gobierno federal solo autorizó 50 millones los cuales solo servirán para iniciar el próximo mes de mayo del presente año trabajos de ampliación en 3.5 kilómetros de la carretera Campeche-Mérida, dichos trabajos van de tramo de la gasolinera del rey hasta el poblado de San Francisco Koben.

Es importante precisar que en los trabajos de modernización de la carretera Campeche-Mérida, al estado que represento le tocaría realizar trabajos en un total de 103 kilómetros y la inversión global para su ejecución ascendería a unos $1,800 millones de pesos.

A la presente no han sido liberados los recursos asignados para los trabajos de modernización de la red carretera, trayendo como consecuencia y lamentable desfase en los trabajos por realizarse, más aun, como se ha podido apreciar, los recursos autorizados no son suficientes para complementar dicha obra de modernización, por lo que solicito a la Secretaría de Hacienda y a la de Comunicaciones y Transportes que, de conformidad con lo establecido en los artículos 57, 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la reasignación y ampliación prespuestaria de recursos de este año se vean canalizados a los trabajos carreteros que propicien la consolidación de la carretera Campeche-Mérida.

En virtud de lo anteriormente expuesto y motivado, Campeche requiere urgentemente la consolidación de su red carretera así como programar ya para el próximo ejercicio fiscal la construcción de la autopista Campeche-Mérida, porque es un elemento esencial para lograr el justo crecimiento económico del estado en particular y de la región sur-sureste en lo general, puesto que este tipo de infraestructura conlleva solidariamente a mejorar la competitividad y el empleo.

Puntos de Acuerdo

Primero:Se propone a la Comisión de Transportes de esta honorable Cámara de Diputados que dictamine y presente a este honorable Pleno un punto de acuerdo para que exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a ejercer los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 para la modernización de la carretera Campeche-Mérida, contemplada en el Programa Anual de Modernización de Carreteras.

Segundo: Se propone a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta honorable Cámara de Diputados que dictamine y presente al pleno un punto de acuerdo en donde se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a asignar recursos adicionales para la modernización de la carretera Campeche-Mérida, pues los recursos ya presupuestados son insuficientes. Así como el considerar para el ejercicio fiscal 2011 recursos suficientes para la edificación de una autopista Campeche-Mérida.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2010.— Diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Turismo.

PRODUCTORES ACUICOLAS

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Conagua a implantar acciones que faciliten la obtención de concesiones para los productores acuícolas del país, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la normatividad aplicable, someto a consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes

Considerandos

La acuicultura ha venido incrementando su importancia a nivel internacional, pues representa una alternativa para garantizar la seguridad alimentaria, tiene tasas de crecimiento que superan el 10 por ciento anual y una producción anualizada que supera los 60 millones de toneladas.

En el ámbito nacional, la producción acuícola es liderada por el cultivo de camarón, que se desarrolla principalmente en la región noroeste, en este sentido, es importante mencionar que existe un amplio potencial de desarrollo de esta industria para el país. Razón por la cual, algunos gobiernos estatales con potencial para la acuicultura, han incluido a esta actividad dentro de sus agendas de gobierno, así como en sus planes de desarrollo.

La acuicultura es una fuente adicional de proteína, contribuye a la seguridad alimentaria, a la generación de divisas, contribuye al fomento del desarrollo regional y a la creación de nuevas fuentes de empleo, así como a la reducción de la presión sobre los recursos naturales, particularmente en áreas costeras.

La aportación de esta actividad es de poco más del 12 por ciento de la producción pesquera total, aunque se estima que tiene un potencial para alcanzar hasta un 40 por ciento de dicha producción pesquera total.

El consumo de pescado a nivel nacional es muy bajo, siendo de 6 a 8 kilogramos/persona/año en los estados que no tienen mar, ya que en éstos supera los 60 kilogramos.

En una nación como México, en donde más de 20 millones de personas se encuentran en pobreza alimentaria, en mucho debido a que de ellos, 19 millones viven con menos de 50 pesos diarios, la acuacultura representa una gran oportunidad para mejorar el ingreso familiar.

Según la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca la captura del 2009 tuvo un déficit de 200,000 toneladas, misma que ha alcanzado en promedio 1,400.000; la pesca marítima se ha estancado en los últimos 19 años en 89 millones de toneladas. A su vez, la FAO reconoce que la acuacultura ha crecido al 11% anual, siendo notablemente superior a todas las especies domésticas tradicionales.

Una de las actividades más rentables en el campo, por su alta productividad es la acuacultura, el rendimiento permite que se puede obtener un kilogramo de pescado por cada kilogramo de alimento; se obtiene carne de alto valor proteínico en sólo 6 meses, cantidades como 3 a 5 kilogramos por cada  m3de agua y 2 toneladas de pescado, como tilapia, trucha y bagre en un estanque de 6 m de diámetro y 1.2 m de alto.

Cuando la producción acuícola se hace en forma tecnificada es posible llegar hasta 25 kilogramos/m3de misma situación que se presenta cuando se utilizan jaulas flotantes en los cuerpos de agua o aireadores para incorporar oxígeno.

Estas bondades, aunadas a los rendimientos agropecuarios y los bajos ingresos derivados de la comercialización hacen que cada vez se incorporen a esta actividad más productores pequeños.

Sin embargo, su baja escolaridad y su desconocimiento de las leyes como la de Aguas Nacionales o la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, dificulten su acceso a esta forma de diversificación productiva tan promisoria

Para impulsar este tipo de actividades es prioritario fomentar acciones que les permitan consolidar su lugar en el mercado nacional e internacional, para ello, es importante que el marco normativo que regula dicha actividad sea claro y especifico, a fin de permitir que el sector acuícola tenga certeza jurídica.

No obstante los avances tan importantes de la acuacultura nacional, todavía vemos como llega pescado de otros países, como la tilapia de China en cantidades cercanas a 40,000 toneladas a precios por debajo de los 15 pesos, pero que al público sale a $60, promedio.

Por otra parte, uno de los obstáculos que complica el proceso de crecimiento de dicha actividad primaria está relacionado con la tramitología que dificulta la posibilidad de integrar procesos productivos tecnificados a las granjas, debido a que el proceso para conseguir la certificación de impacto ambiental es caro y tardado.

No debemos perder de vista que la aplicación de la tecnología en el mejoramiento de la producción en granjas otorga ventajas que se traducen en mejores ingresos, un nivel de producción más alto lo que genera un beneficio económico que mejora la calidad de vida de las familias acuicultoras del país.

Algunos acuicultores mencionan que una solicitud de exención, que se tramita ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), les llega a costar hasta 50 mil pesos, además del costo adicional por el permiso que se debe tramitar en la Comisión Nacional del Agua, el cual permite usar el agua para la acuacultura. Es importante mencionar que en la gran mayoría de los casos, el valor de la granja varía entre los 10 y 20 mil pesos, haciendo un comparativo con el costo de los trámites, el monto representa hasta cinco veces el coste de la granja.

Hablando de la temporalidad, los acuicultores han manifestado su inconformidad debido a que el tiempo que deben esperar para que les den una respuesta respecto a su solicitud llega a ser hasta de dos años.

La lucha de intereses políticos y económicos que provocan la Semarnat y la Comisión Nacional del Agua, representa un obstáculo para el desarrollo de infraestructura, la cual es fundamental para el de lograr el crecimiento económico de los millones de familias que se ven beneficiadas con dichos proyectos.

Asimismo, un número importante de proyectos de infraestructura continúan “durmiendo el sueño de los justos” ello debido a que las autoridades correspondientes aún no realizan el análisis correspondiente que permita emitir un juicio relacionado con el impacto ambiental que puede ocasionar la obra.

Otro elemento que complica la actividad acuícola es el de las concesiones, trámite que además de tardado es costoso. Situación por la cual algunos productores deciden a abandonar la actividad acuícola, en tanto que otros, producen al margen de la normatividad, ya que es la única alternativa que les queda para generar un ingreso.

Es imperativo apoyar a los productores acuícolas del país ya que es la actividad que les permite generar un ingreso, no debemos olvidar que n número importante de productores no cuenta con la preparación académica suficiente para dedicarse a alguna otra actividad que no sea la de origen en su región.

En razón de lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los titulares de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua para que:

1. Se realice un diagnóstico que permita conocer el estado, la ubicación y las características de las Unidades Productivas existentes, a fin de contar con herramientas que permitan conocer las fortalezas y debilidades regionales de los productores acuícolas.

2. En dicho diagnóstico se deberá hacer una diferenciación entre las Unidades dedicas a la producción y venta y aquellas para el autoconsumo, con el objetivo de diseñar estrategias diferencias.

3. Se Fomente y promueva la firma de convenios institucionales y entre las autoridades correspondientes y los productores acuícolas, los cuáles permitan agilizar el otorgamiento de las concesiones de agua requeridas, asimismo, procurar disminuir los costos por dicho trámite. Lo que en suma, permitirá alcanzar un mayor nivel de producción e incrementar el desarrollo del sector agropecuario mexicano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, abril de 2010.— Diputados: Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Recursos Hidráulicos.

MONTO DE PEAJE A MOTOCICLETAS

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reducir en 50 por ciento mediante la SHCP, la SCT, Capufe y el Fondo Nacional de Infraestructura el peaje correspondiente a las motocicletas, a cargo del diputado Jorge Arana Arana, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Jorge Arana Arana, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reducir, a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y Transportes; Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos; y el Fondo Nacional de Infraestructura, el cobro de peaje en 50 por ciento a las motocicletas que transiten por todas las carreteras de cobro en el territorio nacional al tenor de las siguientes

Consideraciones

Actualmente, cada vez más la motocicleta se está convirtiendo en el vehículo alternativo en nuestro país, ya que no congestiona las arterias viales, desgasta menos el pavimento, reduce la contaminación, disminuye el consumo de gasolina y ahorra tiempo.

En las ciudades con problemas de tráfico vehicular, la motocicleta se ha convertido en un transporte rápido, eficaz y alternativo. Paralelamente, el motociclismo como deporte de competición ha aumentado sus participantes y espectadores de manera importante, y ha tomado distintas modalidades.

En México, el interés por el uso de motocicletas ha tenido un crecimiento significativo como en Asia y Europa, convirtiéndose además en una moda. Es ya muy común ver circular motocicletas por las calles e incluso por carreteras, debido a la baja en sus precios, planes de financiamiento accesibles y mayor utilización como medio de transporte.

No obstante al desarrollo de este medio de transporte, la disparidad de trato para el motociclista sigue siendo un grave problema. Por ejemplo, el costo del seguro de una moto, si es que se proporciona, es muy alto; la tenencia no es barata; no existen estacionamientos para ellas; no se tiene ninguna recompensa en el precio de gasolina, aún cuando gasta y contamina menos que un auto compacto y, si se utiliza una carretera, la cuota es la misma que la de un automóvil.

Asimismo, existen restricciones por parte de las autoridades de no poder circular por vías primarias; el pavimento está en mal estado; el respeto hacia el motociclista no existe.

Debemos comprender que el uso de las motocicletas es un fenómeno social y económico que ha generado cierto impacto en el desarrollo de algunas comunidades.

Por ello, es necesario atender a ese sector que no solamente es recreativo, ya que incluye el transporte personal, mensajería, trabajo y servicio público.

Contribuyamos con su protección, promoviendo políticas para la convivencia entre motociclistas y demás ciudadanos, para bajar el índice de accidentes y generar la cultura del conductor de motocicletas, involucrando a los conductores de vehículos particulares y servicio público.

Esta es una parte para la organización e impulso del transporte en motocicleta. Reconozcamos que no existe ninguna actividad industrial, comercial o de servicios en los que no esté involucrado el uso de este medio; por tanto, es necesario resaltar su importancia en el contexto social.

Ante este contexto, como un gesto de reconocimiento a este sector, se propone la reducción de las tarifas de peaje hasta en un cincuenta por ciento a las motocicletas que circulen por las diferentes carreteras de cuota del país, con el objetivo de apoyar la economía de los motociclistas, como incentivo para su uso y para que su desarrollo en todos sentidos se encuentre dentro de los estándares que rigen en diversos países del mundo, como medio de transporte poco contaminante, económico y eficiente.

La reducción de las tarifas de peaje a motocicletas no representarán pérdidas para las autoridades responsables ni concesionarios, por el contrario, su reducción fomentarán el uso de este medio de transporte por las carreteras de cuota del país.

Por lo expuesto, presento a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a reducir, a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y Transportes; Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos; y el Fondo Nacional de Infraestructura, el cobro de peaje en 50 por ciento a las motocicletas que transiten por todas las carreteras de cobro en el territorio nacional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.— Diputado Jorge Arana Arana (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Transportes.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO MEXICO-BRASIL

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Senado de la República a analizar de forma exhaustiva la negociación del tratado de libre comercio México-Brasil para garantizar igualdad de condiciones comerciales, a cargo del diputado Jorge Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73, 74, 76, fracción I, y 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 2 segundo párrafo de la Ley sobre la Celebración de Tratados; 56, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, diputado federal del distrito 11 de Ecatepec de Morelos, estado de México, Jorge Hernández Hernández, ocurro a esta honorable soberanía a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y al Senado de la República, se analice de forma exhaustiva y rigurosa la negociación del tratado de libre comercio México-Brasil, con la finalidad de que se encuentre en igualdad de condiciones comerciales para evitar afectaciones al sector productivo del país,por lo que se presenta a esta honorable soberanía la siguiente

Exposición de Motivos

El miércoles 10 de marzo del año 2010, fue presentado por la diputada Narcedalia Ramírez Pineda del Grupo Parlamentario del PRI, un punto de acuerdo solicitando a la Secretaría de Economía que escuche la opinión de los sectores productivos del campo mexicano para no afectar al sector agropecuario con un acuerdo comercial con Brasil.

México es el primer exportador en América Latina con el 33 por ciento de las exportaciones, mientras que Brasil ocupa el segundo lugar con 22 por ciento; lo que coloca a estos países como las dos grandes economías de Latinoamérica, representando alrededor  de dos tercios del producto interno bruto de la región.

El intercambio bilateral alcanzó un valor de 5 mil 382 millones de dólares (mdd), en los primeros once meses de 2009, generando un saldo deficitario para México de 969 mdd, según datos de la Secretaría de Economía; No obstante a lo anterior, el comercio bilateral no supera el 1 por ciento de su respectivo comercio total.

Durante ese periodo Brasil importó del mundo más de 173 mil mdd, pero sólo compró a México 3 mil 125 mdd equivalente al 1.8 por ciento de sus importaciones del mundo, por su parte México importó más de 300 mil mdd, pero de Brasil solamente importó 5 mil 200 mdd correspondientes al 1.7 por ciento de sus importaciones mundiales.

A continuación se muestra una tabla estilizada comparando la situación territorial y económica en los últimos tres años en ambos países:

Si bien es cierto que estos datos reflejan la importancia que cada país ha adquirido como socio comercial del otro en los últimos años, también arrojan datos del comportamiento económico de México y Brasil frente al comercio mundial, de los cuales podemos obtener significativas conclusiones.

En cuanto al apartado de aranceles, México es uno de los países con más bajos aranceles en el comercio mundial, lo cual se traduce en un incremento de las importaciones al país, no así a las exportaciones, propiciando un desequilibrio en el comercio interno. En sentido opuesto, Brasil impone altas barreras arancelarias al comercio mundial, basado en un proteccionismo hacia el comercio interno de su país, lo cual se ve reflejado en la significativa diferencia que existe entre el total de millones de dólares anuales generados por las exportaciones e importaciones de cada país.

Ahora bien, Brasil en los últimos años ha obtenido mayores inversiones extranjeras directas (IED), las cuales han fortalecido el camino hacia un mejor comercio interno, en cambio México no ha dejado de basar su economía comercial en el exterior, esto lejos de beneficiar al país lo somete en un disminuido incremento de las reservas internacionales.

Claro esta que los factores socioeconómicos como el de-sempleo afectan de manera directa al PIB de los países, siendo en este caso México el país con mayor tasa de desempleados frente al porcentaje de Brasil, obteniendo así un menor PIB per cápita.

Todo lo anterior, hace suponer que un TLC con Brasil solo seria viable y benéfico para México, solo si Brasil disminuyera sus aranceles, propiciando así un intercambio comercial justo para ambos países, al tiempo que hubiese una mayor inversión hacía México, debiendo con ello la economía mexicana fortalecer la estructura interna del comercio, para garantizarle a los sectores comerciales y productivos mexicanos una mejorada y justa actividad comercial.

No se puede soslayar que la celebración de tratados internacionales consiste en lograr beneficios mutuos y no unilaterales, por lo que el know-how para este tratado es diseminar todos los elementos y factores que propicien un ambiente económico interrelacionado sustantivo en condiciones de igualdad sin perjudicar a los sectores productivos nacionales.

Ante esta situación, es indispensable que dentro del análisis de la viabilidad para celebrar el acuerdo comercial con la República Federativa de Brasil, sean realizados foros de discusión y análisis con cada uno de los sectores productivos del país, así como con los representantes de las organizaciones empresariales con objeto de establecer los criterios de competitividad económica que el sector productivo está dispuesto a negociar en igualdad de condiciones con las empresas de la República Federativa de Brasil.

Consecuencia de lo antes expuesto y con fundamento jurídico en los artículos 71, 73, 74, 76, fracción I, y 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. y 2o. párrafo segundo, 3o. y 4o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados; 56, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Que por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, se exhorte al Ejecutivo federal y al Senado de la República a que se analice de forma exhaustiva el Tratado de Libre Comercio México-Brasil con la finalidad de que se encuentre en igualdad de condiciones y así evitar afectar al sector productivo del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.— Diputado Jorge Hernández Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Economía.

CIRCULACION DE VEHICULOS SINIESTRADOS

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a prohibir mediante la SCT, la SSP, la SHCP y la Segob la circulación por carreteras federales de vehículos siniestrados, con remolques o en malas condiciones mecánicas carentes de concesión, a cargo del diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, del Grupo Parlamentario del PRI

Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Seguridad Pública, de Hacienda y Crédito Público, y de Gobernación, a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones prohíba la circulación por carreteras federales a vehículos siniestrados, con remolques o en malas condiciones mecánicas, que no cuenten con la concesión respectiva, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En algunos países desarrollados, los índices de mortalidad en carreteras se han reducido gracias a medidas tomadas por las autoridades correspondientes. En México, las estadísticas de accidentes automovilísticos muestran cifras alarmantes, pues de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, ocupamos el séptimo lugar mundial en muertes asociadas con estos accidentes, esto es, en promedio, 55 muertes diarias, unas 20 mil cada año. Esto se debe, entre otras causas, a la falta de inversión y mantenimiento en carreteras, falta de educación vial, operación de vehículos en malas condiciones mecánicas, remolque de vehículos de manera insegura, exceso de velocidad, pero, sobre todo, al incumplimiento de las normas de tránsito.

Cifras de la Cruz Roja Internacional indican que durante el siglo pasado murieron más de 30 millones de personas en el mundo por accidentes carreteros, dejando a millones más heridos o discapacitados. En este sentido, se pronostica que para 2020 estos accidentes alcancen el tercer lugar en la tabla de muertes y discapacidades, generando un grave problema de salud pública, pues se invierten miles de millones de pesos para dar atención a los pacientes lesionados.

En otro orden de ideas, nuestro país, desde hace años, enfrenta un fenómeno de tipo social causado por ciudadanos centroamericanos que compran autos usados o en malas condiciones en el sur de Estados Unidos de América para llevarlos a su país de origen.

Tal fenómeno tiene como consecuencia que ante la falta de vigilancia, incluso con el conocimiento de las autoridades competentes, se consienta el libre tránsito de vehículos de procedencia extranjera que, además, indebidamente remolcan hasta dos vehículos, sin cumplir con las respectivas concesiones federales de arrastre y sin utilizar equipamiento y autos especiales para tal fin. Debido a esta problemática, las carreteras, desde la frontera norte a la sur, presentan alta peligrosidad.

Cabe resaltar que en este tipo de siniestros los daños materiales a vehículos mexicanos prácticamente resultan incobrables, pues el responsable huye del lugar del percance hacia su país, impidiendo con ello que se aplique justicia en favor del la parte afectada.

Estos accidentes ocurren de manera constante entre las caravanas de vehículos extranjeros en su paso hacia Centroamérica. Los tramos identificados de mayor riesgo inician desde Soto la Marina a San Fernando, en Tamaulipas; de Ozuluama a Cerro Azul, de Nautla a Cardel, en Veracruz; y de Cintalapa a Arriaga, en Chiapas. Caminos que adicionalmente presentan daños por falta de mantenimiento en su carpeta asfáltica, señalamientos e indicaciones.

La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y sus reglamentos, establecen obligaciones y condiciones de operación que deben cumplir los usuarios de vehículos destinados al arrastre de otras unidades, asimismo, la obligación de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Seguridad Pública para la inspección, verificación y vigilancia de los caminos y puentes, así como de los servicios de autotransporte federal, servicios auxiliares y de transporte privado.

De acuerdo con informes emitidos por la Policía Federal, y por lo que se conoce en los distintos medios de comunicación, nos enterarnos del riesgo que los usuarios corren al transitar por vías federales al no darse el debido cumplimiento a la normatividad aplicable.

De igual manera, a través de las diversas aduanas del país, el Ejecutivo federal debe implantar nuevas disposiciones para que el tránsito de vehículos adquiridos en el extranjero, condicionados por los permisos de internación temporal, sea realizado de manera individual y en las mejores condiciones posibles.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Seguridad Pública, de Hacienda y Crédito Público, y de Gobernación, a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones, implante las medidas necesarias para dar estricto cumplimiento a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, así como al Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales, haciendo efectiva la prohibición de circulación de todo vehículo de remolque, siniestrado o en malas condiciones mecánicas, asimismo, para modificar y adecuar los requisitos para el otorgamiento de permisos de internación temporal, medidas que deberán ser aplicadas por la Policía Federal en alcance de sus facultades.

Todo lo anterior, con el efecto de prevenir y reducir el índice de accidentes en vías estatales y federales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.— Diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Transportes.

SEGURO POPULAR

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al titular del Sistema Nacional de Protección Social en Salud a fin de que celebre convenios específicos con las entidades federativas sobre el anticipo de recursos para la acreditación de unidades de salud a cuenta de la atención de beneficiarios del Seguro Popular, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Antonio Benítez Lucho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a legitimar la celebración de convenios específicos con las entidades federativas sobre el anticipo de recursos para la acreditación de unidades de salud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. “... La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de la utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social...” (artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud, LGS). Y es un derecho de todos los mexicanos, de conformidad con el artículo 4o. constitucional, sin importar su condición social.

Es competencia del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) garantizar la prestación de servicios de salud, “regular, desarrollar, coordinar, evaluar y supervisar las acciones de protección social en salud”, conforme a lo establecido en el artículo 13 de la LGS, la cual también –en el artículo 77 Bis 5, fracción XV– establece la competencia de la federación para “definir los requisitos mínimos para la acreditación de los centros públicos prestadores de los servicios inscritos en el Sistema de Protección Social en Salud”.

La LGS considera en el artículo 77 Bis 9 que “para incrementar la calidad de los servicios, la Secretaría de Salud establecerá los requerimientos mínimos que servirán de base para la atención de los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud”.

II. El Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social, en la Segunda Sección, que versa sobre la acreditación de la capacidad, seguridad y calidad, considera los requisitos, las definiciones y los procedimientos necesarios para brindar certidumbre respecto a estos tres ámbitos en la prestación de los servicios médicos de la siguiente manera:

III. Como requisito para prestar servicios al REPSS, menciona que los establecimientos prestadores de servicios esenciales y de los servicios cubiertos por el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos deberán contar con el dictamen de acreditación, en términos de los artículos 77 Bis 9 y 77 Bis 30 de la LGS, el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social y los lineamientos y correspondientes emitidos por la Secretaría de Salud; y es requisito previo para los prestadores de servicios que sean incorporados al REPSS (artículos 23 a 25).

IV. En cuanto a la definición operativa de la acreditación, ésta es considerada como el resultado de un procedimiento de evaluación de las condiciones en que se ejerce la práctica médica de los prestadores de servicios cubiertos por el sistema. El resultado será emitido por la secretaría como consecuencia de la aplicación del proceso de evaluación que establece mediante la emisión del Manual para la Acreditación de Capacidad, Seguridad y Calidad, que contendrá los lineamientos específicos para la acreditación de establecimientos para la atención médica por lo que se refiere a la prestación de servicios para la prevención y promoción de la salud conforme a la normatividad y a los lineamientos vigentes en la materia, operación y promoción del sistema de cartillas nacionales de salud, el impulso progresivo de la certificación de las competencias de los profesionales, las condiciones para que permanezca como prestador de servicios del sistema, los requisitos para desarrollar procesos de formación y actualización médica y los procedimientos en caso de resultados favorables, además de lo indicado en el artículo 77 Bis 9 de la LGS (artículos 25 a 30).

Conclusiones

Es necesaria la firma de un convenio en el que la entidad financiadora que busca la protección de la salud de los usuarios afiliados a determinadas unidades invierta de manera anticipada y por única vez recursos financieros etiquetados e intransferibles en las unidades médicas, destinados a incrementar y cumplir la capacidad instalada en cuanto a infraestructura, equipamiento y personal, solicitada por la acreditación, a cambio de dar respuesta a la futura demanda de atención, producto de la asistencia de los usuarios del REPSS. Esto, porque en las circunstancias actuales se ha detectado que los servicios de salud del Estado no están preparados para el incremento de la demanda de afiliación de pacientes asegurados por el REPSS; por tanto, la infraestructura limita la posibilidad de dar respuesta a aquélla. Además, los recursos financieros con que se cuenta no son suficientes para responder a los requisitos mínimos establecidos por la federación para acreditar unidades médicas y permitir su posterior inscripción en el REPSS. Ello resulta en una incapacidad para dar cumplimiento estricto al artículo 25 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social, ya que solicita tener de antemano una inversión en infraestructura que responda a una demanda aún inexistente y no planeada.

Mediante la firma de este convenio se busca, por un lado, garantizar los recursos necesarios para la “inversión inicial” requerida por las unidades médicas en el Estado para su acreditación; y, por otro, garantizar al REPSS el adecuado ejercicio de sus recursos destinados a la prestación de servicios de atención a la salud conforme a los criterios de capacidad resolutiva instalada, seguridad y calidad establecidos para sus beneficiarios.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir al titular del Sistema Nacional de Protección Social en Salud a efecto de que se celebren convenios específicos con las entidades federativas sobre el anticipo de recursos para la acreditación de unidades de salud a cuenta de la atención de beneficiarios del Seguro Popular.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2010.— Diputado Antonio Benítez Lucho (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Salud.

TRATAMIENTO, REUTILIZACION Y RECOLECCION DE AGUA

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que la Conagua coordine un programa de condonación de adeudos y recargos para usuarios que inviertan en tratamiento, reutilización y recolección de agua, a cargo de la diputada Janet González Tostado, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada federal Janet González Tostado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos pone a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para que la Comisión Nacional de Aguas coordine un programa de condonación de adeudos y recargos para los usuarios que inviertan en tratamiento, reutilizamiento y recolección de agua en todo el país con base en las siguientes

Consideraciones

El agua es el componente principal de la materia viva y un elemento indispensable para el bienestar social y el desa-rrollo económico del país. Es un recurso limitado que debe cuidarse y aprovecharse. La situación del agua en México es compleja y delicada, tanto así que durante el sexenio anterior se declaró por ley como un asunto de seguridad nacional.

El mayor porcentaje de la población nacional, así como las grandes ciudades y centros de producción industrial, ganadera y agrícola, se encuentran distribuidos precisamente en estas zonas áridas y semiáridas. Aunque el volumen total del recurso hídrico en el país es abundante, su distribución desigual afecta la disponibilidad de este líquido en las zonas con mayor población y actividad económica.

Hablando sobre el uso que se le da al agua, podemos decir que la Comisión Nacional del Agua señala que del volumen total de agua concesionada, alrededor del 75 por ciento se destina al uso agrícola, 9 por ciento al uso industrial y el 14 por ciento restante para uso público.

De acuerdo a los estudios realizados por la Comisión Nacional del Agua, el sector agrícola no sólo es el sector que más agua utiliza, también es el que más agua desperdicia, ya que entre el 65 y 45 por ciento del agua concesionada no se aprovecha. Por el otro lado, en las ciudades se pierde hasta 50 por ciento  de este líquido debido a fugas en los sistemas de distribución de agua potable, fugas que no se reparan por falta de recursos.

La Ley de Aguas Nacionales establece que el agua es un “bien de dominio público federal, vital, vulnerable y finito, con valor social, económico y ambiental”, y que la responsabilidad de su preservación en cantidad y calidad recae tanto en el Estado como en la sociedad.

La misma ley dota de diferentes facultades a la Comisión Nacional del Agua, quien tiene como misión administrar y preservar las aguas nacionales con la participación de la sociedad, para lograr el uso sustentable del recurso. También la faculta para establecer la política de recaudación y fiscalización en materia de derechos de agua y permisos de descargas.

Sin embargo, la cultura del no pago, aunado a la falta de un registro real de las tomas de agua que hay en el país, genera problemas financieros que limitan la operación eficiente del sistema. Según un estudio realizado por Gabriel Quadri de la consultora Eco Securities.

Para dimensionar el problema de la ineficiencia del registro, sólo al tomar como referencia el caso del Distrito Federal aparecen registradas solamente el 60 por ciento de las tomas existentes, es decir, 2.5 millones. De este total sólo 40 por ciento cuenta con un medidor, del resto no existe la certeza de que paguen lo que consumen o, al menos, que paguen el consumo del agua.

Este problema no sólo afecta el rubro financiero, se extiende al ambiental, ya que por la falta de recursos no se invierte en sistemas de tratamiento de agua.

Nos enfrentamos a un círculo vicioso ya que el agua no la tratan porque no hay dinero y, como no se trata, cada vez tenemos menos agua. Algunos gobiernos estatales y municipales, por razones políticas, se resisten a ejercer debidamente el cobro por agua, ya que, de acuerdo al estudio de Gabriel Quadri, hay un déficit de 200 a 300 millones de pesos por el no pago.

Información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), desglosa que en 2007 el monto de recaudación por el consumo de agua fue de 9 mil millones de pesos, la meta según el organismo en el periodo 2007-2012 es alcanzar una recaudación de 58 mil millones de pesos.

En cuanto a las afectaciones ambientales por la falta de tratamiento del líquido, la Conagua expone en un estudio de calidad que la mayoría de los ríos, arroyos, lagos, lagunas y acuíferos reciben descargas de aguas residuales del sector doméstico, agrícola, industrial o pecuario sin tratamiento.

El organismo agrega que 15 de las 320 cuencas existentes padecen grados variables de contaminación, entre las que destacan la del Pánuco, el Lerma, el Coatzacoalcos, la del Valle de México y el bajo Río Bravo, las cuales requieren atención prioritaria.

En comunicados y estudios, la Conagua alerta que en el país el tratamiento de agua para consumo humano es deficiente, pues de 200 metros cúbicos por segundo que descargan los municipios sólo se tratan 48.5 metros cúbicos por segundo, a pesar de contar con una capacidad de tratamiento de 78 metros cúbicos. Una proyección que tiene la Conagua es que en 2012 se alcance 60 por ciento de tratamiento de aguas.

Es necesario incrementar el porcentaje de agua residual tratada, lo que permitirá recuperar la calidad de los ríos y lagos además de incrementar la recarga de los acuíferos, sin embargo la Conagua no tiene la capacidad técnica ni operativa para tal actividad.

Por ello es imperativo que se implantar entre particulares programas que incentiven el tratamiento de aguas, no con fines lucrativos, sino con fines de reutilizamiento. Si se generan programas como el que se propone, podremos aumentar, por un lado, la recaudación por pago de derechos por el uso de agua y, por otro, aumentaremos el número de plantas tratadoras de agua.

Para ello es necesario que la Comisión Nacional de Aguas, en colaboración con los gobiernos de los estados y los municipios, coordine un programa que tenga por objeto condonar adeudos y recargos para los usuarios que inviertan en tratamiento, reutilizamiento y recolección de agua, hasta por el monto de sus adeudos en todo el país.

Por ejemplo, si una empresa tiene un adeudo por un monto de 200 mil pesos entre pago de derechos, intereses y multa, se le condonen si invierte esos mismos 200 mil pesos en una planta tratadora de agua o en sistemas de recolección o reutilizamiento de agua al interior de la empresa. Si la inversión es menor, pues que sólo se le condone el monto de la inversión, y si es mayor la inversión, que lo tenga como saldo favorable, para el siguiente ejercicio. Lo anterior, previo a que la Conagua, revise  y apruebe el proyecto.

Del mismo modo, solicitamos que el programa también se aplique en uso agrícola, si un agricultor tiene un adeudo por un monto determinado y desea invertir en un sistema de recolección de agua de lluvia o en un sistema de riego por aspersión por ejemplo, pueda contar con capacitación técnica por parte de la Conagua y el monto de su inversión pueda ser condonado y, si excede su deuda, pueda ser considerado como saldo a favor.

En el uso doméstico también puede ser aplicado, ya que si en una casa se invierte en la creación de cisternas para recolección de agua de lluvia o pequeñas plantas tratadoras de aguas, pueda esta inversión ser deducida de sus adeudos o ser considerada como saldo favorable en su siguiente ejercicio fiscal.

Con la implantación de este programa, el Estado promovería el racional uso del agua, se podrían cuidar los mantos acuíferos, los ríos, las costas, los humedales y se generaría una política pública de largo plazo que permitiría al país contar con el vital líquido por mucho más tiempo.

Como partido político responsable, el PRI ha impulsado acciones a largo plazo que permitan a los mexicanos tener una mejor calidad de vida y esta propuesta refrenda ese compromiso. Es imprescindible realizar acciones inmediatas para cuidar la poca agua que nos queda.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Que la Comisión Nacional de Aguas coordine un “programa de condonación de adeudos y recargos para los usuarios que inviertan en tratamiento, reutilizamiento y recolección de agua” en todo el país.

Segundo.Que la Comisión Nacional de Aguas informe en breve a esta soberanía sobre cuándo comenzaría a operar dicho programa, las reglas de operación y el presupuesto que asignará al programa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010. — Diputada Janet González Tostado (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

MATERIA EDUCATIVA Y CULTURAL

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:«Proposición con punto de acuerdo, para que una comisión especial integrada por las de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura revise las relaciones de México con la comunidad internacional en materia educativa y cultural, con miras a elevar la interacción del país en la UNESCO, a cargo de la diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad conferida por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para que a través de una comisión especial integrada por las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura, a hacer una profunda revisión de las relaciones de México con la comunidad internacional en materia educativa y cultural, con miras a elevar el nivel de la interacción cultural y educativa de México en la UNESCO, recuperar el liderazgo en ese campo, y aprovechar plenamente el foro de interactividad cultural que es ese organismo. Al mismo tiempo, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que deje sin efecto la supresión de la plaza de representante permanente de México en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la ciencia, la educación y la cultura, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Hace unos días, se dio a conocer la desaparición de la representación permanente de nuestro país en la UNESCO, hecho que concitó la atención y la protesta del mundo de la cultura y la educación en nuestro país, y hoy parece diluirse, sin resultado alguno como si se tratara de un acto intrascendente y sin importancia.

La UNESCO es el más prestigioso y eficaz organismo del sistema de las Naciones Unidas y tiene el objetivo de promover a través de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación; la colaboración entre las naciones, a fin de garantizar el respeto universal de la justicia, el imperio de la ley, los derechos humanos y las libertades fundamentales que la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. Y ese objetivo se traduce en México, en innumerables acciones promociónales y de apoyo a nuestro desarrollo educativo, cultural y científico.

De esta manera la UNESCO beneficia de manera efectiva a nuestro país y le ha permitido trascender en el plano internacional. México fue un país fundador de ese organismo, al cual pertenecemos desde el 4 de noviembre de 1946, y un prestigioso mexicano, el doctor Jaime Torres Bodet, fue su secretario general entre los años 1948 y 1952. Hoy somos el cuarto país del mundo con más sitios inscritos en la lista de la UNESCO sobre el Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Por acción de la UNESCO, ciudades tan bellas y emblemáticas de nuestro país, como Campeche, Guanajuato, la Ciudad de México, Morelia, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Miguel de Allende, Tlacotalpan y Zacatecas, lo mismo que otros tantos monumentos y lugares notables de México, han sido incorporadas como patrimonio intangible de la humanidad. Son innumerables sus proyectos de los que disfrutan ya los creadores culturales, en donde destaca la lucha de la UNESCO contra el analfabetismo en las zonas más vulnerables del mundo, pero sobre todo, este organismo paradigmático de las Naciones Unidas pertrechado con las armas de la paz, ha contribuido al creativo ejercicio de servir como lugar de encuentro de las mentes más lúcidas.

Las nuevas visiones que emergen del encuentro de las ideas, a los que convoca en forma permanente, las ha puesto en manos particularmente de la juventud, para que aprenda a vivir y enfrentar juntos los grandes desafíos del siglo XXI.

Es por ello que no podemos mantenernos indiferentes, sordos o inerciales ante el clamor y la protesta de la comunidad cultural y científica de nuestro país, por esa decisión del Ejecutivo que lastima seriamente el prestigio internacional de México y que atenta en contra de la fecunda relación que hasta ahora hemos tenido con la UNESCO, y sobre todo sumerge aún más la opción de contar con un desarrollo educativo, cultural, social y humano acorde a las exigencias de nuestra sociedad.

Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Proceder, a través de una comisión especial integrada por las comisiones de Educación y Cultura, a hacer una profunda revisión de las relaciones de México con la comunidad internacional en materia educativa y cultural, con miras a elevar el nivel de la interacción cultural y educativa de México en la UNESCO, recuperar el liderazgo que le caracterizó durante tantos años, aprovechar plenamente el foro de interactividad cultural que es ese organismo, e insertarse plena y equitativamente en las sociedades del conocimiento y la cultura.

Segundo.Exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que deje sin efecto la supresión de la plaza de representante permanente de México en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2010.— Diputada Olivia Guillén Padilla (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente y a la Junta de Gobierno del Inegi a iniciar ajustes presupuestarios y administrativos para resarcir el poder adquisitivo del personal técnico operativo de base, de confianza y eventual, y garantizar su profesionalización, a cargo del diputado David Hernández Vallín, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal David Hernández Vallín, coordinador de la diputación federal por el estado de Aguascalientes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la honorable Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado mexicano contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y que la información que éste genere será de carácter oficial y uso obligatorio para las entidades y dependencias del sector público del país.

La Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, señala al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), como órgano autónomo del Estado mexicano y unidad central coordinadora del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

En el ámbito internacional, dos variables que se consideran para evaluar en forma indirecta la calidad y confiabilidad de la información que producen las oficinas nacionales de estadística y geografía son la profesionalización y el salario de los trabajadores que generan la información oficial.

En nuestro país, atendiendo en lo que compete a los trabajadores del Inegi, la profesionalización y el salario del personal técnico operativo de base, confianza y eventual, se han deteriorado significativamente, sobre todo, a partir de que se le otorgó autonomía al instituto.

La estructura orgánica y el tabulador de sueldos que prevalecen en el Inegi, han crecido en forma desproporcionada en el número de puestos de trabajo de funcionarios de alto nivel y en sus remuneraciones, al contrario de lo que ha ocurrido entre el personal técnico operativo de base, confianza y eventual.

Una evidencia del incremento en la alta burocracia del Inegi es que antes de su autonomía contaba solamente con un puesto de nivel equivalente al de subsecretario, y ahora cuenta con cinco plazas de esa jerarquía. Otra muestra de este crecimiento desproporcionado es que hasta el año 2000 no existían las plazas de director general adjunto y hoy cuenta el instituto con 35 plazas de este rango.

Las treinta y cinco direcciones generales adjuntas del Inegi resultan innecesarias, así como las diez plazas y la estructura que ocupan las direcciones regionales. Es importante señalar que hay plazas de este rango que llevan un año vacante, como es la de la Dirección General Adjunta de Operación Regional. Esta situación no sólo entorpece la operación normal de las áreas, sino que se bloquean recursos que podrían ser utilizados para otorgar mejoras salariales al personal técnico operativo de base, confianza y eventual.

El seguir manteniendo la alta burocracia en el INEGI contraviene los principios éticos, legales y profesionales en que se basa una sociedad equitativa, con un gobierno consciente del papel de sus servidores públicos en la tarea de suministrar la información que el país requiere para su desarrollo.

Por lo expuesto y fundado, pongo a consideración de esta honorable asamblea  el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al presidente y a la Junta de Gobierno del Inegi a que inicien inmediatamente los ajustes presupuestales y administrativos conducentes a resarcir el poder adquisitivo del personal técnico operativo de base, de confianza y eventual que labora en el instituto.

Segundo. Que la Junta de Gobierno del Inegi contemple en los programas de largo, mediano y corto plazo, la estrategia, programa y presupuesto necesarios, para que el proceso de profesionalización del personal que participa en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica sea acompañado de remuneraciones y prestaciones que hagan efectivo el propósito de la profesionalización en su dimensión humana y en la calidad de la información de interés nacional que genere el sistema.

Tercero. Que la Cámara de Diputados forme una comisión especial de legisladores para que investigue, dé seguimiento e informe a esta soberanía sobre la situación laboral y administrativa que prevalece en el Inegi, sin menoscabo de las atribuciones que las leyes otorgan a cada una de las instancias involucradas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 28 de abril de 2010.— Diputado David Hernández Vallín (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

CIRCULACION DE TRACTOCAMIONES DOBLEMENTE ARTICULADOS

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a reformar diversas disposiciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2008, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Arturo Zamora Jiménez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo mediante el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Poder Ejecutivo federal a reformar diversas disposiciones de la Norma Oficial Mexicana (NOM-012-SCT-2-2008) al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Con el objeto de mejorar y salvaguardar la seguridad nacional y, específicamente  la vida y  los bienes de las personas que utilizan los caminos y carreteras de México, así como disminuir los daños a la infraestructura carretera de nuestro país, resulta necesario  modificar las características y especificaciones referentes al límite máximo de peso y dimensiones autorizados para los vehículos de autotransporte que circulan por estas vías  de comunicación.

El utilizar  vehículos de autotransporte con exceso de peso o de dimensiones tan grandes como la de los camiones de doble remolque o tractocamiones doblemente articulados, impacta sensiblemente en la vida y la seguridad de quienes tenemos la necesidad de transportarnos de un lugar a otro.

Las normas que regulan el autotransporte, contienen disposiciones permisivas que han afectado de manera clara y evidente los siguientes conceptos:

• Pérdida de vidas por el peligro constante que representa el exceso de volumen y peso de los tractocamiones doblemente articulados.

• Riesgo a que son expuestas las personas que utilizan estas vías.

• Daño a pavimentos, puentes y vías de comunicación

• Problemas de Tránsito y  vialidad.

• Limita la generación de empleos.

• Deterioro ambiental.

Actualmente a pesar de que el gobierno federal destina aproximadamente 100 mil millones de pesos al mantenimiento de la red carretera federal, este resulta insuficiente. Según datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte el deterioro en pavimentos y puentes, presenta un ritmo superior al presupuesto destinado; al evitar el rodado de estos tractocamiones doblemente articulados, la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos estima que el ahorro de este gasto oscilaría entre un 70% y 80% de lo invertido en la actualidad.

En comparación con Europa o los Estados Unidos de América del Norte donde sus carreteras tienen una duración promedio de entre 30 a 35 años sin necesidad de mantenimiento, en México las carreteras se reconstruyen aproximadamente cada 10 años, El caso del libramiento de Querétaro ilustra mi dicho ya que a pesar de haber sido construido a base de concreto hidráulico, su mantenimiento debe realizarse más de una vez al año y a pesar de que había sido construido con una duración esperada de 30 años,  ha tenido que ser  repavimentado en dos ocasiones en los últimos 12 años.

Uno de los factores determinantes en la duración de los sistemas carreteros de estas potencias mundiales, es que en estos países se prohíbe el uso de vehículos de carga que tengan pesos o dimensiones similares a los camiones de doble remolque o tractocamiones doblemente articulados que en México son utilizados diariamente.

Nuestro país está fuera de los estándares internacionales de seguridad vial por el hecho de que somos el único lugar en el mundo donde se autoriza cargar los camiones con más del doble del peso de lo permitido en países de primer e inclusive de  tercer mundo, y para muestra tenemos a nuestros vecinos: Estados Unidos y Guatemala en donde los gobiernos establecen límites de pesos y dimensiones máximos autorizados. ¿Por qué entonces en México no se aplica lo mismo? Y sí en cambio se dan autorizaciones permisivas de alto riesgo, como el siguiente caso:

El artículo segundo transitorio de la norma oficial mexicana sobre peso y dimensiones autoriza sin ningún sustento a cargar 4.5 toneladas adicionales de lo que era considerado como peso máximo de tonelaje.

El recorrido de vehículos con estos pesos y dimensiones supone cargas y esfuerzos extraordinarios que aceleran el deterioro y vida útil de nuestras vías terrestres de comunicación, vitales para nuestro desarrollo económico y social, por lo que resulta imperativo establecer una  regulación adecuada.

La vida útil de los puentes que forman parte de nuestra infraestructura carretera se ha reducido en relación al periodo de uso para el que fueron diseñados a causa del desgaste acelerado que provoca el peso de estos vehículos de carga.

La inseguridad  que se provoca debido al peso y dimensiones excesivas de estos tractocamiones doblemente articulados es que al ser su frenado dimensionalmente más complicado, en innumerables accidentes viales donde se han perdido miles de vidas, estos han sido el factor determinante de dichos percances. Algunos quedan parados en el impacto, otros tantos, debido a sus dimensiones provocan que sobretodo automóviles o camiones de transporte de personas se salgan de las carreteras o puentes, siguiendo estos su trayecto.

La seguridad en el transporte de pasajeros en sus diferentes modalidades ha sido tema de atención y preocupación de los diferentes Gobiernos en turno; prueba de ello es que en el sector aéreo se han cancelado autorizaciones a diferentes aerolíneas por considerar que no cumplieron con las condiciones que se requieren para dar seguridad a los usuarios, como fueron los casos de Taesa, Aero Carlifornia y más recientemente Aviacsa, y eso que en los accidentes que hubo, como el de Taesa, no llegó a una veintena de personas muertas, además de que en la aviación no se dan accidentes a diario como sucede en el transporte terrestre. ¿O acaso las vidas que se pierden en accidentes terrestres no cuentan, o son menos importantes que los de accidentes aéreos y otros?

Desde el punto de vista Socio-Ambiental la circulación de este tipo de vehículos de carga tan pesados, generan un mayor consumo de combustible no sólo por el arrastre y fricción que genera su peso, si no por el tráfico a que esto conlleva. Al consumir este exceso de combustible la contaminación de igual forma aumenta contribuyendo al calentamiento global y el cambio climático.

En el aspecto económico-laboral, según datos de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, adoptar la medida de prohibir la circulación de los autotransportes doblemente articulados, produciría a corto plazo una reactivación en forma directa de más de 150 mil empleos, conformado por nuevos operadores de camiones de un solo remolque, mecánicos y personal administrativo, además de los empleos que se generen de forma indirecta.

La prohibición de autotransporte doblemente articulado significaría para México lo siguiente:

Homologación de los estándares internacionales, utilizados por la mayoría de los países con ánimos de conservar la infraestructura en mejores condiciones, y mejorar la seguridad de las personas y los bienes de las mismas que utilicen las vías carreteras como medio de transporte.

Por lo anteriormente expuesto pongo a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte del Poder Ejecutivo federal a fin de que realice las reformas necesarias a la Norma Oficial Mexicana (NOM-012-SCT-2-2008) con el objeto de que se prohíba la circulación de las unidades de transporte, denominadas por la norma anteriormente citada como “tractocamión doblemente articulado” o cualquier otra que tenga pesos y dimensiones similares.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.— Diputados: Arturo Zamora Jiménez, Jorge Humberto López-Portillo Basave, Jorge Arana Arana, José Trinidad Padilla López, Clara Gómez Caro, Salvador Caro Cabrera, Joel González Díaz, Ana Estela Durán Rico, David Hernández Pérez, Rafael Yerena Zambrano (rúbricas).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Transportes.

SISTEMA NACIONAL DE PROVEEDORES CERTIFICADOS DE MEDICAMENTOS

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer mediante la Secretaría de Salud y la Cofepris, con la participación del Consejo Nacional de Salud, el sistema nacional de proveedores certificados de medicamentos, productos biológicos, dispositivos médicos, suplementos, sustancias químicas y material de curación, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Antonio Benítez Lucho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer mediante la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), con la participación del Consejo Nacional de Salud, el sistema nacional de proveedores certificados de medicamentos, productos biológicos, dispositivos médicos, suplementos, sustancias químicas y material de curación, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El objetivo principal de la política farmacéutica de la gran mayoría de los países latinoamericanos es garantizar el acceso a medicamentos esenciales, eficaces, seguros y de calidad, así como que éstos sean usados racionalmente.

Como los medicamentos son un bien público con gran valor social, indispensables en la prestación de la atención de la salud, corresponde a las autoridades reguladoras establecer los mecanismos necesarios para lograrlo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha aportado a los procesos de armonización global de la regulación farmacéutica, instrumentos esenciales como las denominaciones comunes internacionales, la farmacopea internacional, las normas de buenas prácticas de manufactura, el esquema de certificación para el control de calidad de productos farmacéuticos, objeto de comercio internacional, las buenas prácticas clínicas y las guías sobre requisitos para el registro de productos farmacéuticos genéricos intercambiables.

La Organización Mundial de Comercio (OMC) coordinó en Ginebra, Suiza, en noviembre de 2009 el quinto taller dirigido a funcionarios de países en desarrollo para ayudar a utilizar las flexibilidades relativas a las patentes en materia de productos farmacéuticos del acuerdo sobre propiedad intelectual.

La orientación del taller fue con relación a los derechos de propiedad intelectual y la salud pública, dirigida por la OMC, la OMS y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Entre los temas tratados destacan la gestión de los derechos de propiedad intelectual aplicada a proyectos concretos relacionados con la salud, cuestiones relativas a la aprobación reglamentaria, control de calidad y eficacia de los medicamentos, y competencia y contratación pública.

En Latinoamérica hay varias iniciativas de armonización de requisitos de registro, impulsadas básicamente por grupos de integración económica, los cuales se han encargado de acelerarlos. En la región, el registro de medicamentos es tema que se aborda en los grupos de integración económica y que a la fecha han alcanzado diversos grados de desarrollo, pero no se evidencia acuerdo específico sobre requisitos para el registro de productos farmacéuticos.

La problemática detectada en la mayoría de los países es tema cotidiano, pues circulan medicamentos que no cumplen los estándares internacionales sobre fabricación, registro y comercialización, por lo cual muchos enfrentan demandas y penalizaciones económicas. Hay en el mercado medicamentos falsificados o pirata, que escapan a toda regulación.

La industria farmacéutica en Estados Unidos de América ha enfrentado en los últimos años gran cantidad de litigios, entre los que destacan el caso de la vacuna para el virus del papiloma humano Gardasil, de laboratorios Merck, actualmente suministrada a adolescentes y a preadolescentes, la cual está relacionada con la esclerosis lateral amiotrofia; otro caso es el del laboratorio Glaxo, que perdió un litigio en Pennsylvania por no advertir a los médicos y a las embarazadas de los peligros del medicamento antidepresivo Paxil, relacionado con defectos al nacimiento. Pfizer rompió récord de multas, con una de 2.3 billones de dólares, por comercializar ilegalmente varios medicamentos, como Bextra, Zyvox, Geodon y Lirica.

Estos ejemplos se han convertido en un hábito para los fabricantes de medicamentos en los últimos 12 años.

La necesidad constante de ganancias ha creado un escenario que permite a la industria farmacéutica utilizar su enorme influencia financiera y política para, literalmente, hacer de experiencias normales de la vida nuevas enfermedades, como el trastorno de ansiedad, a fin de vender medicamentos.

Se ha dado a la industria farmacéutica la autoridad para volver patológica la vida, drogando a niños y a ancianos.

Por las consideraciones señaladas, me voy a permitir enumerar algunos datos de la OMS:

• 10 por ciento de las medicinas en el mundo es falso; la proporción en los países en desarrollo llega a ser de 40 por ciento.

• El costo para la industria farmacéutica llega a 2 billones de dólares.

• 20 por ciento de las muertes por malaria puede ser resultado de tomar medicinas ineficientes, y más de 40 por ciento del producto que se da contra la malaria resistente no contiene ingredientes activos. Entre 20 y 90 por ciento de los antimalarios producidos localmente o importados en siete países de África no pasaron las pruebas de calidad por insuficiente activo para matar al parásito.

• 1.5 millones de anticonceptivos orales se encontraron con dosis insuficiente en EU.

• En Nigeria, 100 niños murieron en 1990 por ingerir jarabe contra la tos adulterado.

• En Haití, 59 niños murieron en 1996 por tomar jarabe para tratar la fiebre.

• En 2001, en China se calculó que morían más de 100 mil habitantes por medicinas falsificadas.

Compañeras y compañeros diputados: sin duda, éstos son datos duros, pero reales.

En México, la falsificación de medicamentos se ha convertido en un problema de salud pública: 10 por ciento de los que se comercializan es falsificado, lo que representa un daño para la industria de aproximadamente 650 millones de dólares al año, según Mony de Swaan, director regional de Asuntos Corporativos de Pfizer en México y Centroamérica, en el periodo 2004-2006, y ex titular de la Unidad de Vinculación Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social y, por tanto, profundo conocedor del tema que nos ocupa.

Señaló también: “Los piratas no tienen miramientos ni preferencias sobre algún producto. Copian y venden todo lo que esté en el mercado, pero suelen engañar a los consumidores con productos novedosos, como el Viagra”.

Según la definición de la OMS, el medicamento falsificado es uno deliberada y fraudulentamente provisto de una etiqueta que contiene información engañosa sobre su identidad o su origen. Puede tratarse de una especialidad patentada o de un producto genérico. Algunos productos falsificados contienen buenos ingredientes y otros malos ingredientes o, incluso, no contienen ningún principio activo. Hay otros en los que el principio activo se encuentra en cantidad insuficiente y cuyo envase induce a confusión.

A principios de 2006, la OMS creó un grupo de trabajo dedicado a expedir una legislación modelo para combatir la falsificación que cada Estado miembro pudiera adoptar después.

México está en peligro de convertirse en paraíso de medicamentos pirata y falsificados. Si cede su soberanía en materia de regulación y supervisión de los medicamentos que importa, o retira el requisito a los importadores de contar con laboratorios en el territorio nacional, daría lugar a la libre importación, con todos sus riesgos.

La derogación de algunas disposiciones sanitarias en la importación de medicamentos a México permitiría ampliar la puerta de entrada de los medicamentos al país, así como la importación masiva de medicamentos de dudosa calidad, y pondría en riesgo la salud de la población nacional.

El marco legal vigente obliga a los importadores a tener en México laboratorios que garanticen y respondan por la calidad de los medicamentos que compran en el exterior. Y exige hasta hoy que en territorio nacional haya físicamente infraestructura técnica y humana que responda por la eficacia, seguridad y calidad de los medicamentos que cuenten con registro sanitario y que se quieran importar a México.

Las reformas de la Ley General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones sanitarias deben contribuir a cubrir vacíos o lagunas legales. El marco legal regulatorio es en términos prácticos el filtro que permite a las autoridades identificar a los responsables de la importación y obliga a los importadores a responder por la calidad de sus productos y por los efectos adversos que pudiera llegar a ocasionar el uso de medicamentos importados.

Actualmente, las instituciones del sector salud cuentan con mecanismos y subsistemas de abasto fragmentados: cada institución se encarga de implantar los mecanismos que considere más favorables. Sin embargo, a la fecha no han logrado integrarlos en un gran sistema, lo que ha generado divisiones, con las implicaciones de inoperatividad y en el abasto de medicamentos e insumos en el sector salud, con graves repercusiones financieras para el funcionamiento integrador del propio Sistema Nacional de Salud.

Aunado a lo anterior, la administración pública federal, por lo que se relaciona con la Ley General de Adquisiciones, considera los criterios y lineamientos conforme a los cuales se realizará la compra de los medicamentos e insumos para la salud, tal es el caso de la existencia de un registro nacional de proveedores del Estado, cuyo desarrollo, administración y operación están a cargo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, que depende de la Secretaría de la Función pública.

Sin embargo, el desabasto de medicamentos e insumos para la salud obedece a la falta de regulación de lo establecido en la Ley General de Salud en la materia, además de la inoperancia del Registro Nacional de Proveedores, que no considera la certificación de proveedores de medicamentos que garanticen los criterios de calidad y suministro completo de las claves del cuadro básico.

Por todo lo anterior es necesario crear el sistema nacional de proveedores certificados de medicamentos, productos biológicos, dispositivos médicos, suplementos, sustancias químicas y material de curación, que tenga como ejes las siguientes atribuciones:

• Establecer el registro nacional para la certificación de proveedores de regulación de los medicamentos de patente vencida, sustancias químicas para el diagnóstico y tratamiento de pacientes, y material de curación en el sector público, en calidad y precio para todo el país.

• Regulación de los medicamentos de patente vencida (según cuadro básico vigente), y de las sustancias químicas usadas para diagnóstico y tratamiento de pacientes en el sector público, en calidad y precio para todo el país.

• Fabricación y distribución de todas las clases de medicamentos de patente vencida, en forma especial para el sector salud, a un solo precio, asequible para todos los estados y las instituciones.

• Esta fabricación deberá tener una estricta vigilancia para garantizar el control de calidad por la Secretaría de Salud, a través de la Cofepris.

Los criterios técnicos serían definidos por la Secretaría de Salud, con base en la Ley General de Salud, para la producción de medicamentos, sustancias químicas y material de curación, quedando como punto de acuerdo la fijación de costos entre la Secretaría de Salud y las siguientes instituciones: Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contralorías respectivas, Comisiones de Salud del Congreso de la Unión y presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.

Dicho sistema permitiría eficiencia administrativa y financiera, logrando que la federación asigne montos de partidas de medicamentos a las entidades federativas, del presupuesto del Sistema Nacional de Protección Social en Salud, con la particularidad de que se otorgue libertad a los estados para seleccionar al proveedor registrado y acreditado de su preferencia, conforme a sus necesidades, y la garantía de realizar compras al precio oficial de los productos.

Lo anterior consolidará una estrategia integradora de abasto en el sector salud que actúe como mecanismo de control del mercado farmacéutico nacional y que constituya el punto de encuentro entre los demandantes y los vendedores, marginando la posibilidad de las faltas de probidad en las instituciones.

Por lo expuesto y fundado, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con la participación del Consejo Nacional de Salud, para que, en alcance de sus facultades y atribuciones, se establezca el sistema nacional de proveedores certificados de medicamentos, productos biológicos, dispositivos médicos, suplementos, sustancias químicas y material de curación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.— Diputado Antonio Benítez Lucho (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Salud.

VENTA DEL PADRON ELECTORAL

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a investigar la venta del padrón electoral; y al Consejo General del IFE, a tomar medidas para garantizar la seguridad de la información de los ciudadanos, a cargo de la diputada Jeny de los Reyes Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRI

Jeny de los Reyes Aguilar, diputada integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Apenas el martes 13 de abril pasado se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, en que se debatió de manera amplia la necesidad de resguardar los derechos de los ciudadanos para que la información particular que proporcionan a las diferentes empresas con motivo de sus transacciones comerciales, no sea distribuida o comercializada de manera indiscriminada, protegiendo de esta manera su derecho a la privacidad.

Sin embargo, nos parece incongruente que exijamos a los particulares el resguardo de dicha información personal y propongamos una serie de sanciones para quienes falten a esta obligación, cuando en el seno de las instituciones públicas se presentan casos de igual o mayor gravedad.

En fechas recientes se tuvo conocimiento en los medios de comunicación de la sustracción del Padrón Electoral federal, el cuál es comercializado en la zona de Tepito, en el Distrito Federal. No se trata de cualquier documento, es el padrón de ciudadanos que se considera de mayor confiabilidad, al grado de utilizarlo como base para la expedición de la credencial para votar, identificación oficial considerada idónea por su seguridad.

Por ello, debemos instar al Consejo General del Instituto Federal Electoral para que revise los esquemas de seguridad con que se integra, actualiza y resguarda el Padrón Electoral, ya que en la sustracción del mismo necesariamente debió existir la complicidad de funcionarios de dicha institución, o al menos una falta grave en el resguardo de la información.

No debemos omitir que con fundamento en el artículo 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental, los sujetos obligados son responsables de los datos personales y, en relación con éstos, deberán adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado, y el incumplimiento de dichas disposiciones acarrea responsabilidades administrativas y penales.

Por tanto, es necesario exigir a la PGR para que por conducto de la Fepade realice las investigaciones conducentes que lleven al esclarecimiento de estos hechos y se sancione a los responsables de poner en riesgo los datos personales de millones de mexicanos.

Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al la Procuraduría General de la República para que por conducto de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales investigue la sustracción y venta del Padrón Electoral federal por particulares.

Segundo. Se exhorta al Consejo General del Instituto Federal Electoral para que tome las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la información personal de los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral federal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de abril de 2010.— Diputada Jeny de los Reyes Aguilar (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a Comisiones Unidas de Justicia, y de Gobernación.

ESTADO DE CHIHUAHUA

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la liberación de recursos del Fonden para atender los efectos de las lluvias suscitadas en Praxedis G. Guerrero, Chihuahua, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Jaime Flores Castañeda, diputado federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la actualidad Práxedis G. Guerrero es una población pequeña dedicada principalmente a la agricultura en el Valle de Juárez. Su cercanía con Ciudad Juárez ha diversificado sus actividades aunque también ha generado una importante migración, sobre todo de las generaciones más jóvenes.

Las fuertes lluvias que en días pasados azotó a los habitantes del poblado de Práxedis G. Guerrero, desconociendo hasta el momento el daño que ocasionó a las viviendas de los habitantes del lugar, así como la pérdida de vidas humanas. Hecho que dejó la localidad con inundaciones. Algunas casas sufrieron afectaciones ya que el agua entró en ellas.

Esta situación llevó a que en el transcurso de la lluvia, cientos de personas quedaran varadas y refugiadas en diversos espacios públicos; al mismo tiempo, se tuvieron que desalojar a más  personas de sus viviendas con el propósito de salvaguardarlas.

Debemos de reconocer la participación de las autoridades estatales, municipales, que actuaron de inmediato en esta emergencia para evitar un desastre mayor a sus habitantes.

En síntesis, es urgente coordinar esfuerzos de los tres niveles de gobierno para enfrentar exitosamente esta emergencia que padecen los pobladores de este  municipio, debido a que sus habitantes han sufrido daños en sus viviendas por las lluvias que vinieron acompañadas de fuertes vientos en días pasados, desafortunadamente las familias más afectadas son de escasos recursos económicos.

Por lo expuesto, someto a discusión y aprobación por el pleno, como de urgente y obvia resolución, de esta honorable asamblea el presente.

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al gobierno federal a liberar los recursos financieros y materiales del programa Fonden, mediante obras de reparación de viviendas y zonas públicas, aplicando las medidas sanitarias pertinentes, para la atención de emergencia presentada por las lluvias acompañadas de fuertes vientos en el municipio de Práxedis G. Guerrero, Chihuahua.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.— Diputado Jaime Flores Castañeda (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

PROGRAMA NACIONAL DE SUSTITUCION DE IMPORTACIONES ALIMENTARIAS

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a elaborar mediante la Sagarpa y la Secretaría de Economía un programa nacional de sustitución de importaciones alimentarias, suscrita por los diputados Cruz López Aguilar y Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

México es uno de los países más abundantes en lo que se refiere a recursos naturales, su flora y fauna son de una diversidad amplía y reconocida, más del 9% de las especies conocidas están aquí, sin embargo, no hemos logrado que estas capacidades se vean reflejadas de manera palpable en beneficios sociales.

En este orden de ideas, uno de los puntos que destaca por su relevancia e impacto es la generación de alimentos, tema en el cual tenemos serias fallas estructurales que repercuten de manera negativa en la población y pone en riesgo la sustentabilidad de la población mexicana.

A pesar de esta biodiversidad tan abundante, somos una nación con un alto déficit alimentario, es decir, nos vemos en la necesidad de importar alimentos debido a que no se logra satisfacer la demanda interna, más de la mitad de los alimentos que consumimos son de importación. Dicha situación se debe, en gran medida, a la mala planificación y a que las políticas públicas en materia alimentaria no logran subsanar las deficiencias.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que, a pesar de que la crisis económica del año 2009 propició que se redujeran las importaciones de alimentos, México mantuvo un saldo negativo de más de 2 mil 306 millones de dólares en la balanza comercial de granos básicos.

De igual forma, menciona que las importaciones de productos alimentarios cayeron 25 por ciento de enero a octubre de 2009, respecto al mismo periodo del año pasado. Mientras las exportaciones se redujeron 10 por ciento.

Sin embargo, estas disminuciones no son suficientes para eliminar el déficit en la balanza comercial de alimentos (naturales y procesados), ya que las exportaciones de los mismos superaron en mil 471 millones de dólares las importaciones.

Cabe señalar que el Inegi enlista 17 diferentes grupos de alimentos en la balanza comercial, y de ellos siete presentaron saldos negativos. El mayor déficit corresponde a cereales o granos básicos –conformado por maíz, trigo, sorgo y arroz–, pues fue de 2 mil 306 millones de dólares, a pesar de que las importaciones de éstos se redujeron casi 32 por ciento en un año.

De enero a octubre de 2009 las importaciones de granos básicos sumaron en conjunto 2 mil 617 millones de dólares y las exportaciones 310 millones, lo cual implica que México compró siete veces más granos de los que vendió al extranjero. Por otra parte, durante el 2009 se importaron más de 180 mil toneladas de frijol.

Pero la diferencia se acentúa en el caso del maíz, que concentra 47 por ciento de todas las importaciones de cereales. Así, México hizo compras por mil 247 millones de dólares del grano y ventas por 58 millones. En términos comparativos, significa que las adquisiciones de maíz superaron en 2 mil por ciento las ventas al exterior. Hoy compramos del exterior más de 10 millones de toneladas anuales, más del 30% del consumo.

En cuanto al trigo, hubo importaciones por 649 millones de dólares y exportaciones por 249 millones. En arroz y sorgo no se registraron ventas foráneas, pero las adquisiciones fueron por 273 millones para el primero y de 369 millones para el segundo. Más de 700 mil toneladas de arroz se compran cada año del extranjero.

Al duplicar los permisos de importación de arroz de 2008 a la fecha, se ha ocasionado una fuga de divisas por cuatro mil millones de dólares. La Secretaría de Economía con esta decisión ha llevado a la quiebra a los productores del grano, afirmó, Pedro Alejandro Díaz Hartz, presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz de México.

Se ha mermado la productividad y crecimiento que venía generando la producción de arroz durante los últimos tres años. Lo anterior provoca que se pierdan empleos, jornales y generación de estabilidad familiar en las zonas rurales productoras.

A la fecha, se han perdido más de 200 mil jornales y diez mil fuentes de empleo, ya que 65 por ciento del arroz que se consume en México es importado, principalmente de Estados Unidos, además del arroz asiático que ingresa “triangulado” a ese país.

En lo referente a la producción de leche, de los 10 mil millones litros que se consumen, poco más del 40 por ciento es importada de los Estados Unidos y la Unión Europea. Cabe señalar que el consumo de leche en México es de 97 litros por persona, cantidad que representa la mitad de lo que recomienda la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

En lo que respecta a la importación de carne, el panorama es muy similar al de los granos básicos. No debemos perder de vista que externalidades como la problemática derivada del virus de la influenza A (H1N1) ocasionó pérdidas importantes, principalmente en la comercialización de carne de cerdo.

La carne de origen bovino es que más se comercializa en nuestro país, razón por la cual se ha convertido en una necesidad la importación para satisfacer la demanda, es por ello que en el periodo de años que va de 2005 a 2008 se ha incrementado en un 400 por ciento la importación de carne de res y aves.

Del total de importaciones de carne de bovino, el 71 por ciento proviene de Estados Unidos y el 19.5 por ciento provino de Canadá.

Un caso particular es lo que ocurre con la pesca, rubro en el cual México tiene un superávit importante, logrando un saldo a favor equivalente al 12.3 por ciento durante el año 2009, siendo el camarón el que mayor dinámica presenta. Asimismo, se logró bajar el nivel de importación del pescado congelado en un 64.3 por ciento.

En este contexto, es importa1nte contar con mecanismos, programas y medidas que nos permitan reducir la dependencia alimentaria del exterior. México requiere contar con alternativas viables y concretas que nos otorguen la posibilidad del ser autosuficientes en materia alimentaria.

Una nación que no tiene la capacidad de alimentar a su población está condenada al subdesarrollo, la pobreza, la marginación y la vulnerabilidad de su gente. Es imperativo que generemos un programa de producción y generación de alimentos, el cual permita dar sustentabilidad alimentaria.

No se trata sólo de un programa de seguridad alimentaria, se trata de identificar y fortalecer las ventajas nacionales de la producción alimentaria a fin de construir un modelo que permita producir aquello que se caracterice como un producto estratégico para la sociedad nacional.

Por lo anterior mencionado, someto a consideración de este pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal, de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Economía para que se elabore un programa nacional de sustitución de importaciones alimentarias, con el objetivo de superar el déficit de la balanza comercial alimentaria, el cual permita en un plazo no mayor a 15 años, disminuir la dependencia alimentaria, asimismo que evite la fuga de divisas e impulse el desarrollo del campo mexicano en beneficio de la sociedad mexicana

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 28 de abril de 2010.— Diputado Alberto Jiménez Merino (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Economía.

SECTOR TURISMO

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a reorientar los estímulos fiscales y canalizarlos a empresas nacionales para apoyar el desarrollo de cadenas de proveedores nacionales del sector turismo, a cargo del diputado Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Isaías González Cuevas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este honorable pleno la proposición con punto de acuerdo en el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los estímulos fiscales son instrumentos de vital importancia con los que cuenta el gobierno federal para, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dirigir la economía del país hacía aquellas áreas que desea impulsar o promover.

Por ello, el uso de estos instrumentos fiscales debería estar orientado a apoyar los esfuerzos de los productores nacionales que actúan en los sectores estratégicos de la economía, para la generación de crecimiento económico, pues sus ventas finales, incorporan los productos y servicios generados en todos o buena parte de los sectores y ramas de la actividad económica. De modo tal, que el crecimiento de las ventas finales de esos sectores o industrias estratégicas, multiplica y acelera la producción, y por tanto la inversión productiva y la creación de empleos en toda la cadena de sus proveedores.

Los estímulos fiscales se distribuyen, mediante ciertos beneficios que van desde una deducción, entregas de dinero, créditos o reducciones de cargas impositivas, o exenciones parciales o totales del pago de impuestos determinados, aumento temporal de tasas de depreciación de activos, subsidios directos. Estos apoyos gubernamentales se destinan a promover el desarrollo de actividades y regiones específicas.

Para tener efectos positivos en el estímulo de la actividad económica, los apoyos fiscales se deben aplicar de manera focalizada y con la amplitud requerida. Una forma para distribuirlos de manera oportuna, es mediante instrumentos emitidos por la Tesorería de la Federación (cheques de tesorería), que provean de liquidez a quienes se desea apoyar, especialmente a las empresas que generen nuevos empleos, y las que amplíen sus inversiones productivas, en áreas o industrias estratégicas de nuestra economía, tales como, las industrias de la construcción, la petroquímica, la industria maquiladora y el sector turístico.

Lo que propongo es un procedimiento para la reorientación de los gastos fiscales en el ejercicio 2010, que implica la canalización de los estímulos o apoyos fiscales hacia las industrias estratégicas de la economía, con el enfoque de desarrollar sus cadenas de abasto, a partir del apoyo a proveedores nacionales, sean potenciales o en operación. El objetivo es generar los mayores efectos positivos en la economía y la sociedad como es generación de empleos a partir de la focalización y entrega oportuna de los apoyos fiscales.

La emisión y distribución de instrumentos de la Tesorería de la Federación, tendrá la función de liquidar el conjunto de incentivos fiscales otorgados a las empresas nacionales, permitiendo la incorporación de proveedores nacionales a los eslabones de las cadenas productivas de esos sectores estratégicos, con el doble propósito; por un lado de integrar a las Mipymes a las cadenas de proveedores y por el otro, apuntalar el desarrollo de esos sectores estratégicos de la economía, con el fin de promover la ampliación de la capacidad instalada, la generación de empleos permanentes y el desarrollo de regiones o zonas geográficas consideradas de prioridad nacional. Para reconfigurar las cadenas productivas, de modo tal que tengan un impacto mayor en la economía interna.

Estos instrumentos emitidos por la tesorería o cheques de la tesorería, se aplicarán a cualquier tipo de impuesto federal y estarán dirigidos a estimular la formación de capital y la generación de empleos, al actuar directamente sobre los montos incrementables de inversión productiva y empleo, en cada una de las cadenas de abasto de los sectores estratégicos de la economía.

El objetivo es apoyar el desarrollo de las cadenas productivas que convergen en esos sectores cuya producción final de bienes y servicios, demande insumos del conjunto de cadenas productivas de la economía, como es el caso de las industrias de la construcción, la petroquímica, la maquiladora o el sector turístico.

En el caso particular del sector turístico, consideramos que este sector contribuye de manera importante al crecimiento económico, y es precisamente esta contribución la que justifica la participación del Estado para promover, alentar e incentivar su desarrollo. Pues en México el potencial turístico es muy alto, debido a la extraordinaria dotación de recursos naturales y culturales con que contamos, y que es posible aumentar, con los beneficios que de esta actividad se deriven.

México es uno de los países que mayores beneficios económicos obtiene de su actividad turística. la importancia del turismo en la economía mexicana es indiscutible, pues representa el 9.0 por ciento del producto interno bruto. Por el lado del empleo, la industria turística mexicana proporciona empleos directos a dos millones 500 mil personas, 7.3 por ciento del empleo total. Adicionalmente, las ventas finales de bienes y servicios turísticos a nacionales (87.0 por ciento) y extranjeros (13.0 por ciento), generan 7.0 millones de empleos indirectos en todas las ramas de la actividad económica. Esto ubica al país entre las naciones cuya actividad turística emplea directa e indirectamente al mayor número de personas respecto a la ocupación total.

Las inversiones productivas en el sector turístico tienen un efecto multiplicador de la inversión en toda la economía pues a su cadena productiva, deberían incorporarse abasteciendo insumos, las empresas nacionales que operan en los diferentes sectores y ramas de la actividad económica y deberían acelerar la actividad económica generando crecimiento.

Pero enfrentamos el problema de que este potencial turístico no se explota cabalmente, debido a la desarticulación de las cadenas productivas que lo abastecen. En la actualidad, las cadenas productivas de la industria turística, están configuradas con empresas extranjeras que producen bienes y servicios en sus países y por la vía del comercio exterior, abastecen a las empresas turísticas que operan en territorio nacional, desplazando a los productores nacionales que con bienes y servicios producidos en el país podrían integrarse a las cadenas de abasto que surten la creciente demanda de las empresas turísticas.

Para que las empresas que operan en las diversas cadenas productivas nacionales se incorporen al abasto del sector turismo, se requieren apoyos de diferente tipo, uno de ellos es el apoyo fiscal. El papel del gobierno federal en el desarrollo turístico tiene que apuntalarse mediante los estímulos fiscales dirigidos a aquellos productores nacionales que operan en las diferentes ramas de la economía y que ya están integrados, o a quienes siendo productores nacionales de bienes o servicios susceptibles de abastecer a las diferentes líneas integradas en el turismo, pudieran en virtud de esos apoyos, irse incorporando en algún eslabón de la cadena de la industria turística, abasteciendo uno o varios insumos o servicios. Otros destinatarios de los apoyos fiscales serían los empresarios turísticos, con la condición de que reinvirtieran una parte considerable de sus ganancias en el mismo destino turístico o en otro dentro del territorio nacional.

Los Cheques emitidos por la Tesorería de la Federación, serán acreditables contra cualquier impuesto federal y mediante constancia de haber incrementado inversiones físicas y empleos. Evidentemente que un apoyo como el propuesto, orientado a cada eslabón de las cadenas de abasto, tendrá un costo para el erario. Sin embargo, este gasto fiscal se compensará en el mediano plazo, pues la elevación de las actividades productivas en todas las ramas de actividad incorporadas al turismo u otras industrias estratégicas, generará ingresos al fisco, por el aumento de la masa de contribuyentes, personas físicas y morales, generando un círculo virtuoso de crecimiento.

Por lo anterior, proponemos el siguiente:

Punto de Acuerdo

Artículo Único. Mediante el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reorientar los gastos fiscales previstos para el presente año, a través de la Tesorería de la Federación, emitiendo una cantidad suficiente de Cheques de la Tesorería de la Federación, para apoyar a los proveedores nacionales que estén incorporados o se incorporen a cualquiera de las cadenas de abasto que proveen de insumos y servicios a las empresas que operan directamente en el Sector Turístico, con el fin de reconfigurar las cadenas productivas, incorporando en ellas a los proveedores y productores nacionales de las Mipymes. Para que con ellos se puedan liquidar desde una deducción, créditos o reducciones de cargas impositivas, o exenciones parciales o totales del pago de impuestos determinados, aumento temporal de tasas de depreciación de activos, subsidios directos, entre las empresas nacionales que acrediten incrementos en sus inversiones y empleos.

Dado en el Palacio Legislativo de San lázaro, a 28 de abril de 2010.— Diputado Isaías González Cuevas (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

DEVOLUCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A MUNICIPIOS

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP y del SAT a ajustarse de inmediato a lo establecido en la Ley del IVA y realizar las devoluciones a que por ese concepto tienen derecho los municipios con saldo a favor, a cargo del diputado Emilio Andrés Mendoza Kaplan, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Emilio Andrés Mendoza Kaplan, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de la Cámara de Diputados la presente proposición con puntos de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las funciones de los municipios y entre estas se encuentran el otorgamiento de los servicios públicos siguientes: “agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposiciones de aguas residuales”.

El desarrollo de esta función, específicamente el servicio de agua conocido como servicio doméstico (casa habitación), le genera a los municipios una serie de inversiones extras por la atención que requiere la infraestructura hidráulica necesaria para proporcionar agua potable a los habitantes asentados en los distintos municipios de la República Mexicana.

La aplicación de esta obligación constitucional impacta significativamente en la economía de los municipios, pues además de pagar los costos por las compras de material y equipo, las retribuciones de servicios de personal, el pago de derechos y las obras ejecutadas, se les traslada el Impuesto al Valor Agregado, gravamen que no recuperan por la aplicación de una política errónea de la autoridad hacendaria, y con esto se ocasiona una severa merma a las arcas municipales; situación que se ve reflejada muchas veces en el abandono o disminución de otros servicios vitales para el desarrollo y protección de la ciudadanía como son la seguridad pública, recolección de basura, alumbrado público, programas sociales de carácter municipal, entre otros.

Las devoluciones a los municipios por saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado, por el servicio de suministro de agua para uso doméstico, por parte del Servicio de Administración Tributaria, ha sido, y sigue siendo, un problema que ha generado una serie de controversias jurídicas entre la federación y los ayuntamientos, sin que hasta ahora se logre una efectiva respuesta en favor de estos últimos como en derecho debería proceder, pese a que tanto el Poder Judicial como el mismo Servicio de Administración Tributaria han emitido diversos criterios para la solución de este delicado problema, siempre atendiendo la preocupación y las necesidades que tienen los municipios del país; criterios que hasta hoy siguen soslayando las autoridades hacendarías, aun cuando el marco jurídico fiscal está a favor de los municipios en el cumplimiento de este vital servicio, cuando tienen saldos a favor, conforme a lo señala la Ley del Impuesto al Valor Agregado en el artículo 2o.-A fracción II, inciso h) que establece: “los de suministro de agua para uso doméstico” se aplicará la tasa de 0 por ciento, motivo por el cual se tiene derecho a solicitar la devolución del saldo a favor del impuesto al valor agregado, situación que queda confirmada en el artículo 6o., último párrafo, de este ordenamiento.

A este respecto, el Servicio de Administración Tributaria al emitir la Compilación de Criterios Normativos en Materia de Impuestos Internos, Boletín 2007 formuló el razonamiento 69/2007/IVA Saldo a favor del impuesto al valor agregado por la prestación del servicio de suministro de agua para uso doméstico. Caso en el que procede la devolución al Municipio, autorizado mediante oficio 325-SAT-09-04-B90015 de 14 de diciembre de 2007 y ratificado en el razonamiento 83/2009/IVA del Boletín 2009, autorizado con oficio 600-04-02-2009 78112 del 1º de diciembre de 2009, estableciendo lo siguiente:

“En términos de lo dispuesto por los artículos 1o. y 3o., primer párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, los Municipios, aunque conforme a otras leyes o decretos no causen impuestos federales o estén exentos de ellos, están obligados a aceptar la traslación del impuesto al valor agregado y, en su caso, pagarlo y trasladarlo, precisándose en el mismo artículo 3o., segundo párrafo que tendrán la obligación de pagar el impuesto únicamente por los actos que rea-licen que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos y sólo podrán acreditar el impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado en las erogaciones o el pagado en la importación, que se identifique exclusivamente con las actividades por las que estén obligados al pago del impuesto establecido en la propia ley o les sea aplicable la tasa de 0 por ciento.

Asimismo, para efecto de la determinación del impuesto al valor agregado a pagar, los artículos 4o. y 5o. de la misma ley, establecen el procedimiento y requisitos del acreditamiento del impuesto, el cual consiste en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en la ley en comento, la tasa que corresponda según sea el caso, sin embargo, se establece claramente como uno de los requisitos para determinar el impuesto acreditable, el que la erogación deba ser deducible para efectos del impuesto sobre la renta.

En ese orden de ideas, si atendemos a que de conformidad con el artículo 102 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Municipio se ubica en un régimen fiscal de persona moral con fines no lucrativos, en virtud del cual, únicamente tiene la obligación de retener y enterar el impuesto sobre la renta y exigir la documentación que reúna requisitos fiscales en los casos en que realicen pagos a terceros, los gastos o inversiones que realiza el Municipio no se consideran deducibles del impuesto sobre la renta, razón por la que no actualizarían los supuestos de acreditamiento.

No obstante, de los artículos 2-A, fracción II, inciso h) y 6o., último párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se desprende de manera específica que, tratándose de los contribuyentes que proporcionen los servicios de suministro de agua para uso doméstico, cuando en su declaración mensual del impuesto al valor agregado resulte saldo a favor, este saldo es susceptible de devolverse a dichos contribuyentes, y deberán destinarlo para invertirse en infraestructura hidráulica o al pago de derechos establecidos en los artículos 222 y 276 de la Ley Federal de Derechos.

Así, de una interpretación armónica de las disposiciones fiscales antes citadas, se concluye que si bien los Municipios, por regla general, no cuentan con erogaciones cuyos conceptos que sean acreditables del impuesto al valor agregado y, en consecuencia, no están en posibilidad de determinar un saldo a favor por este concepto, como excepción a esa regla general, existe en la misma Ley del Impuesto al Valor Agregado una norma específica que contempla la posibilidad de que dichos contribuyentes obtengan un saldo a favor de este impuesto, exclusivamente derivado de la prestación de los servicios de suministro de agua para uso doméstico, siempre que ese saldo se destine a la inversión de infraestructura hidráulica o al pago de los derechos correspondientes y que se cumplan con los demás requisitos que las normas fiscales señalan”.

Ahora bien, el procedimiento establecido para que los municipios, cuyos ejercicios fiscales resulten con saldo a favor, puedan solicitar su devolución, requiere de un cierto grado de especialidad en materia fiscal, de la cual, en la mayoría de los casos, adolecen quienes se encuentran al frente de los ayuntamientos municipales, obligándolos a requerir los servicios profesionales de quienes entienden lo complejo de las leyes fiscales, actividad por la que se tienen que desviar cantidades importantes por los honorarios profesionales contratados, por lo que resulta imperiosa la necesidad de que el Servicio de Administración Tributaria establezca los mecanismos y condiciones adecuadas para que quienes hagan los reclamos correspondientes encuentren las mejores condiciones de asesoría y orientación de parte de este órgano fiscal, en el cumplimiento de los trámites que la situación requiere.

Por ello, se considera prudente solicitar al Titular del Servicio de Administración Tributaria la instalación de áreas especializadas que atiendan de manera eficiente los reclamos que por este concepto realicen los ayuntamientos.

El presente punto de acuerdo no constituye, ni se presenta, como un problema de coyuntura, es la más clara manifestación y expresión del Poder Legislativo, que en uso de sus facultades de control y vigilancia exige al Poder Ejecutivo federal, de manera específica a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria, la exacta aplicación y observancia de la ley; no podemos ir a una reforma de Estado como la que diferentes actores de la vida política han venido impulsando sin antes establecer los mecanismos adecuados para respetar y hacer respetar el ejercicio de la ley.

Por lo expuesto, solicito que sean sometidos a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria a ajustarse de manera inmediato a lo establecido en los artículos 2o.-A, fracción II, inciso h), y 6o., último párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado a fin de que en el marco de los criterios que han establecido para este fin, procedan a hacer las devoluciones que por este concepto tienen derecho los municipios cuyos ejercicios fiscales resulten con saldo a favor.

Segundo.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria a ordenar con la mayor brevedad la instalación de módulos de asesoría y orientación donde los municipios cuyos ejercicios fiscales resulten con saldo a favor por concepto del impuesto al valor agregado puedan hacer los reclamos correspondientes.

Tercero. Los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria deberán informar de manera inmediata a esta soberanía sobre las acciones emprendidas a este respecto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.— Diputado Emilio Andrés Mendoza Kaplan (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS - LEY INSTITUCIONES DE CREDITO - LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA - LEY DE TRANSPARENCIA Y DE FOMENTO A LA COMPETENCIA EN EL CREDITO GARANTIZADO - LEY DEL BANCO DE MEXICO

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a publicar en el DOF el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; de Instituciones de Crédito; para regular las Sociedades de Información Crediticia; de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado; y del Banco de México, a cargo del diputado Jesús Alberto Cano Vélez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Antecedentes

1. En sesión celebrada por la Cámara de Senadores el 21 de abril de 2009 fue presentado el dictamen correspondiente, y aprobado en lo general por 71 votos y 11 en contra, y se turnó a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.

2. En sesión de la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta en comento a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para estudio y dictamen.

3. El 23 de abril de 2009, la Comisión de Hacienda y Crédito Público emitió el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; de Instituciones de Crédito; para regular las Sociedades de Información Crediticia; de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado; y del Banco de México, que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria el 28 de abril de 2009 como dictamen de primera lectura.

4. El 30 de abril de 2009, el dictamen mencionado fue publicado en la Gaceta Parlamentaria como dictamen a discusión.

5. El 6 de octubre de 2009 y de conformidad con el acuerdo relativo a los dictámenes de proyectos de ley o decreto y proposiciones con punto de acuerdo que quedaron pendientes de resolver por el pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, aprobado el 17 de septiembre del año en curso, y en cumplimiento de su punto tercero, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público copia del dictamen positivo con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; de Instituciones de Crédito; para regular las Sociedades de Información Crediticia; de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado; y del Banco de México, para reanudar su trámite legislativo conforme a las disposiciones normativas relativas al análisis y discusión.

6. En sesión celebrada el jueves 11 de febrero de 2010 se presentó como dictamen a discusión de las leyes en cuestión, se dispensaron la primera y segunda lecturas y fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados por 280 votos en pro, 0 en contra y 6 abstenciones. Se turnó al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

Consideraciones

El decreto en cuestión implica la reforma de cinco ordenamientos: las Leyes para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; de Instituciones de Crédito; para regular las Sociedades de Información Crediticia; de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado; y del Banco de México.

La reforma se consideró una reorientación trascendental del sistema bancario, toda vez que con ella se atendió la necesidad de implantar normas en materia de comisiones y tasas de interés, evaluación de competencia, transparencia y protección de los usuarios de servicios financieros, así como lo relativo a sus sanciones, con lo que se contaría con un marco jurídico más eficiente que otorgue protección, certeza y cultura financiera a todos los agentes que participan del sistema financiero.

Con esta reforma se dotó al Banco de México de la facultad de vetar el incremento o la aplicación de comisiones bancarias cuando distorsionen el mercado, ya que esto es una demanda impostergable que protegerá a los usuarios.

Se establecieron nuevas disposiciones en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros a fin de emitir regulación en materia de tasas de interés y comisiones. Esta soberanía consideró imprescindible aprobar las propuestas en materia de claridad en la información relativa a las comisiones que se cobren por servicios financieros.

Asimismo, se estimó trascendente legislar para que los bancos por ninguna circunstancia puedan cobrar comisiones que inhiban la movilidad o migración de los usuarios de una institución a otra. De igual forma se estimó importante legislar sobre la prohibición de cobro entre las cámaras de compensación, entre otros aspectos que resultan en beneficio para los usuarios de los servicios financieros.

En suma, la reforma de estas leyes es una respuesta concreta que el Poder Legislativo hace a una demanda social. Sin embargo, a más de dos meses de su aprobación el Ejecutivo federal sin causa justificada o razón fundada se ha abstenido de hacer la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación para que las reformas surtan todos los efectos legales a que haya lugar, con lo que se ha diferido la aplicación de una serie de beneficios para los usuarios de los servicios bancarios.

Por todo lo anterior, resulta de vital importancia que las reformas en cuestión entren en vigor a efecto de que los usuarios cuenten con los beneficios de la reforma, por lo que se somete a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a publicar con la mayor brevedad en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; de Instituciones de Crédito; para regular las Sociedades de Información Crediticia; de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado; y del Banco de México, aprobado el 11 de febrero de 2010 y que representa una serie de importantes beneficios para los usuarios de los servicios bancarios.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.— Diputado Jesús Alberto Cano Vélez (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Seguridad Pública federal a establecer en acatamiento del laudo dictado por la autoridad competente una mesa de negociación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la dependencia, a cargo del diputado Amador Monroy Estrada, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Amador Monroy Estrada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, para exhortar al secretario de Seguridad Pública federal para que en acatamiento del laudo abra una mesa de negociación con el sindicato al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La parte hoy tercera perjudicada, ingresó escrito de jurisdicción voluntaria administrativa ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con fecha 4 de julio de 2006, mediante el cual habiendo cubierto los requisitos y presentado las pruebas que exige la ley para conformar, integrar y registrar a un sindicato, y solicitar la toma de nota, el tribunal le asignó a dicha solicitud de registro el expediente número 3916/06, acorde a lo dispuesto en el artículo 124, fracción III, y 124 a de la legislación burocrática, por lo que el titular de dicho órgano colegiado, constituyéndose en pleno se declaro competente para conocer de dicha solicitud y asunto y proveer lo conducente.

En este orden de ideas, la hoy autoridad el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje emitió dos acuerdos plenarios de fecha 14 de noviembre de 2006, los cuales en conjunto niegan al sindicato  el registro sindical y la toma de nota bajo el argumento contrario a derecho de que en el acta de asamblea constitutiva consta la elección de la comisión de vigilancia y de comisión de honor y justicia cuando los estatutos prevén que es consejo de vigilancia y la segunda comisión no la contemplan, así como sus facultades y obligaciones; así también argumenta que estuvieron 124 trabajadores, precisándose los nombres, sin acreditarse la misma mediante la suscripción correspondiente.

Contra dichos acuerdos el sindicato interpuso juicio de garantías, el cual se radicó ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, bajo el número 362/2007, el cual con fecha 20 de abril concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, a fin de que la responsable se abstuviera de negar la toma de nota al sindicato que represento.

Por los que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje al dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el amparo 362/2007, a dicha ejecutoria emite el acuerdo plenario de fecha 29 de mayo del 2007, mediante el cual niegan nuevamente al sindicato el registro sindical y la toma de nota bajo el argumento contrario a derecho de que se comisionará personal jurídico  del Tribunal a fin de que se compruebe por los medios más prácticos y eficaces,  si son o no trabajadores de base.

Contra dicho acuerdo el sindicato interpuso juicio de garantías, el cual se radicó ante el juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, bajo el número 1117/2007, y por resolución emitida el 11 de octubre del 2007 emitida por el Décimo Cuarto Tribunal Colegido del Primer Circuito en Materia del Trabajo, en el juicio de amparo en revisión número 99/2007, mediante el cual revoca la sentencia recurrida y concede al amparo y protección de la justicia de la unión al sindicato, por considerar ilegal el acuerdo que se reclama del pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, toda vez que con la pretensión de constatar si son de base los trabajadores integrantes de la organización sindical que solicito su registro, en realidad impone un requisito que la ley no prevé.

Por lo que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje al dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el amparo en revisión número 99/2007, emitida por el Décimo Cuarto Tribunal Colegido del Primer Circuito en Materia del Trabajo, emite acuerdo plenario el 30 de octubre de 2007, mediante el cual resuelve: “ Primero.Procede el registro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, bajo el número R.S. 11/2007. Segundo. Se tiene por depositado y registrados los Estatutos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que se registran para todos los efectos legales a que haya lugar. Tercero. Se toma nota que es Comité Ejecutivo General del Sindicato... Cuarto. Comuníquese la presente  resolución al secretario de Seguridad Pública federal, para los efectos de las relaciones laborales y la entrega de las cuotas sindicales; y a los interesados para los efectos legales conducentes. Quinto. Dese de baja el expediente numero 3916/06, y con el escrito presentado el cuatro de julio de dos mil seis, sus anexos, los acuerdos que integran al referido expediente y la presente resolución, fórmese y regístrese el diverso relativo al registro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública federal, con el número R.S. 11/2007.”Que obra en el expediente.

Por lo que en ese orden de ideas, la Secretaría de Seguridad Pública federal interpuso juicio de garantías, el cual se radicó ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, bajo el número 19/2008, en contra del acuerdo de la hoy responsable de fecha 30 de octubre del dos mil siete, por lo que mediante incidente de suspensión el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, resuelve conceder al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública, la suspensión definitiva, para que se mantengan las cosas en el estado que guardan. Por lo que en ese orden de ideas el hoy tercero perjudicado interpuso Recurso el cual se radico en el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, bajo el número R.T. 27/2008, mediante el cual se modifica la sentencia recaída en  el incidente de suspensión derivado del juicio de garantías número 19/2008, asimismo se niega al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública la suspensión definitiva de los acto reclamados, así como el reclamado consistente en la entrega de las cuotas sindicales, y solo se concede la suspensión por cuanto hace a las relaciones laborales. Por lo que en ese orden de ideas el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal en el expediente principal 19/2008, sobreseer el juicio de garantías, promovido por la Secretaría de Seguridad Pública federal, contra la resolución de 30 de octubre del dos mil siete. Mismo que obra en el expediente.

Por lo que la Secretaría de Seguridad Pública federal interpuso recurso el cual se radico en el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, bajo el número R.T. 60/2008, el cual resolvió confirmar la sentencia recurrida y sobreseer el juicio de garantías promovido por la Secretaría de Seguridad Pública federal, contra el que reclamó del pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Mismo que  obra en el expediente.

En ese orden de ideas, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje emitió un acuerdo plenario, mediante el cual determina que a quedado firme la resolución de treinta de octubre del dos mil siete, para los efectos a que haya lugar.

La Secretaría de Seguridad Pública, atreves del licenciado Marco Tulio López Escamilla, demanda al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública federal, la nulidad del registro sindical, así como la nulidad de la toma de nota; por lo que en ese orden de ideas el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el doce de mayo de dos mil nueve, emite un acuerdo mediante el cual desecha la demanda planteada, atendiendo a que el toma de nota fue en cumplimiento a una ejecutoria de amparo y que ha quedado firme el registro sindical. Por lo que la Secretaría de Seguridad Pública presenta amparo contra dicho acuerdo.

Por lo que en ese orden de ideas, la parte sindical ingresó escrito de jurisdicción ante la hoy autoridad responsable con fecha cinco y veintidós de febrero del dos mil ocho, catorce de mayo de dos mil ocho y tres de octubre de dos mil ocho, mediante los cuales habiendo cubierto los requisitos y presentado las pruebas que exige la ley para que se otorgue la toma de nota del alta de los nuevos miembros del sindicato a solicitud expresa de este, ejerciendo su derecho constitucional, la autoridad responsable, constituyéndose en pleno se declaró competente para conocer de dicha solicitud y asunto y proveer lo conducente. Es importante mencionar que al escrito de la solicitud de la toma de nota del alta de los nuevos miembros del sindicato hoy quejoso se anexo al escrito de petición el padrón de los nuevos socios afiliados; aun más, se anexó y se presentó la lista de los nuevos compañeros miembros que en un claro y libre ejercicio de su derecho constitucional para constituir y afiliarse a dicho gremio sindical.

En este orden de ideas, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje emitió dos acuerdos plenarios de fecha veinticinco de noviembre de dos mil ocho, los cuales en conjunto niegan al sindicato el  toma de nota para afiliar a los  compañeros trabajadores, que no lo solicitaron y que se pudiera descontar la cuota sindical, precisamente  a la que refiere el articulo 38 de la ley burocrática, al ser un derecho constitucional, como miembros del sindicato hoy quejoso, bajo el argumento de que revisados que han sido las solicitudes de afiliación, consta en el comprobante de percepciones, que se exhibe de cada uno de los trabajadores solicitantes de afiliación, como clave presupuestal el código CF, relativo a confianza, toda vez que la misma no puede determinar sobre situación de carácter jurisdiccional como lo es la determinación del código CF, pues la afiliación de los mismos deriva de un procedimiento administrativo, como lo es la toma de nota de nuevos afiliados, por lo que se estima un exceso legal violatorio de garantías, ya que el código CF, no es determinante, sino que se debe atender a las funciones reales y efectivamente desempeñadas que solo se dilucidan por vía jurisdiccional, fundando y motivando dicha determinación en leyes subjetivas como lo es la Ley Orgánica de la Administración Pública federal, el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, de la Ley Burocrática, y por supuesto haciendo una mala e inexacta aplicación del articulo 123 Apartado B, fracción XIII, de la Carta Magna, así como del articulo 2 del Convenio 87 de la OIT, como lo hace en esta ocasión son el nuevo acto reclamado.

Contra dichos acuerdos el sindicato interpuso juicio de garantías, el cual se radicó ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia del Trabajo en el Distrito Federal, bajo el número 42/2009, el cual con fecha veintidós de septiembre del año en curso, concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, a fin de que la responsable no aplicara el articulo 70 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al gremio quejoso, por considerarse inconstitucional.

Por los que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje al dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el amparo 42/2009, a dicha ejecutoria emite los acuerdos plenarios de fecha siete de julio del dos mil nueve, niega nuevamente al sindicato la toma de nota de nuevos agremiados bajo los argumentos del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública federal.

Contra dichos acuerdos el sindicato interpuso juicio de garantías, el cual se radicó ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia del Trabajo en el Distrito Federal, bajo los número 1417/2009 y 1529/2009, el cual con fecha veintidós de septiembre del año en curso, concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso,a fin de que la responsable tome nota de éstos.

Por lo que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje al dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en los amparos número 1417/2009 y 1529/2009 del Juzgado Primero de Distrito en Materia del Trabajo en el Distrito Federal, emite acuerdos plenarios mediante el cual otorga toma de nota de alta de nuevos agremiados.

En ese orden de ideas la Secretaría de Seguridad Pública, a través del licenciado Marco Tulio López Escamilla, promovió amparo que fue radicado ante la Jueza Primera de Distrito en Materia del Trabajo en el Distrito Federal, bajo el expediente 2409/09, contra los acuerdos antes mencionados, alegando que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, no fundamento y motivo, el acuerdo en relación a lo de las cuotas sindicales, en el cual se les otorga el amparo y protección de la justicia federal, a efecto de que la responsable deje emita otro en el cual fundamente y motivó lo relativo a los descuentos sindicales.

Por lo que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con fecha 13 de abril de 2010, da cumplimiento a la ejecutoria 2409/09, emitida por el Juzgado Primero de Distrito en Materia del Trabajo en el Distrito Federal, mediante el cual fundamenta y motiva lo relativo a los descuentos de la cuota sindical.

Por lo que en ese orden de ideas, el sindicato ingresó escrito de jurisdicción ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con fecha 12 de noviembre del 2009, mediante el cual habiendo cubierto los requisitos y presentado las pruebas que exige la ley, como en todas y cada una de las ocasiones anteriores, para que se otorgue la toma de nota del alta de nuevos miembros del sindicato hoy quejosos, a solicitud expresa de este, ejerciendo su derecho constitucional, la autoridad responsable, constituyéndose en pleno se declaró competente para conocer de dicha solicitud y asunto y proveer lo conducente.

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje emitió el acuerdo plenario de fecha 23 de febrero del 2010, en el cual niegan al hoy quejoso la toma de nota para afiliar a los compañeros trabajadores, que lo solicitaron y que se pudiera descontar la cuota sindical, precisamente a la que refiere el articulo 38 de la Ley Burocrática, al ser un derecho  Constitucional, como miembros  del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública Federal,  bajo el argumento de que analizada la documentación que se acompaña a los escritos de cuenta se advierte que prestan sus servicios en los establecimientos penitenciarios, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la cual es una Dependencia del Ejecutivo Federal, a la que corresponde preservar la libertad, el orden y la paz públicos; salvaguarda la integridad y derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, desarrollar la política de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo Federal y el relativo tratamiento de menores infractores, basándose nuevamente  como en  ocasiones anteriores en  leyes subjetivas como lo es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, de le Ley Burocrática, y por supuesto haciendo una mala e inexacta aplicación del articulo 123 Apartado B, fracción XIII, de la Carta Magna, así como del articulo 2 del Convenio 87 de la OIT.

Estado actual del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública Federal

Síntesis jurídica:

El sindicato se constituyó el 15 de mayo del 2006, por 124 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública federal, cumpliendo ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con todos y cada uno de los requisitos que la ley burocrática exige.

Con fecha 30 de octubre de 2007, dicho tribunal, le otorga al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública el número de registro R.S. 11 en cumplimiento de la ejecutoria de fecha 11 de octubre de 2007 emitida por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo (Amparo en Revisión 99/2007) y se comunica al secretario dicho resolución para los efectos de las relaciones laborales y la entrega de las cuotas sindicales.

Dicha reconocimiento fue combatida mediante juicio de amparo (19/2008) interpuesto por el apoderados legal de la Secretaría de Seguridad Pública ante el Juez Segundo de Distrito en Materia del Trabajo, y mediante resolución de fecha 29 de abril de 2008 fue resuelto el citado amparo, sobreseyéndose.

Contra dicha resolución la Secretaría de Seguridad Pública interpuso recursos de revisión (R.T. 60/2008), y con fecha 21 de agosto de 2008, se confirmó el sobreseimiento.

Por lo anteriormente expuesto, la resolución del pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje ha quedado firme, determinación que fue notificada el 27 de noviembre pasado;

En fecha 10 de noviembre del 2009, se emiten dos acuerdos en los que se le notifica al Secretario por medio del  Lic. Víctor Vera Sandoval, el requerimiento los descuentos, de las cuotas sindicales, motivo por lo que el licenciado Marco Tulio López Escamilla interpone recurso de amparo indirecto pero sólo por lo que hace a que se le requiere al secretario el descuento de las cuotas sindicales del sindicato en mención. Y el día 13 de abril del 2010, se resuelve el amparo en el sentido de que se fundamento el requerimiento de las cuotas ordenándose que se le notifique personalmente al titular de la relación laboral para que realice los descuentos, de las cuotas sindicales.

Por lo que en ese orden de ideas, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje emitió un acuerdo plenario, mediante el cual determina que a quedado firme la resolución de treinta de octubre del dos mil siete, siendo el registro sindical R.S.11/07 la toma de nota, para los efectos a que haya lugar.

Siendo voluntad del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública el diálogo y la negociación como vía de solución de diferendos, solicita atentamente:

Por lo fundado y motivado, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se solicita al secretario de Seguridad Pública federal, que –en acatamiento del laudo dictado por autoridad competente– proceda de la manera siguiente:

Dar cumplimiento, en estricto derecho, por medio de una minuta de trabajo y una mesa de negociación, donde se puedan atender los siguientes puntos:

A) El reconocimiento por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública.

B) La entrega de las cuotas sindicales.

C) La elaboración de las Condiciones Generales de Trabajo.

D) El otorgamiento de las licencias sindicales correspondientes.

Palacio Legislativo, a 28 de abril de 2010.— Diputado Amador Monroy Estrada (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.

PETROLEOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a Pemex sobre la integración de un grupo multidisciplinario para evaluar las acciones de resarcimiento del entorno y de investigación realizadas por ese organismo en materia de impacto y riesgo ambientales con criterio de sustentabilidad, en particular lo concerniente a Veracruz, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al titular el Poder Ejecutivo federal para que instruya a Petróleos Mexicanos a la integración de un grupo multidisciplinario para la evaluación de acciones que en materia de resarcimiento del entorno ecológico y de investigación ha realizado Pemex en materia de impacto y riesgo ambiental con criterio de sustentabilidad considerando atributos económicos, sociales y ambientales con énfasis en las consecuencias y los accidentes que causen desequilibrio ecológicos y tengan un impacto negativo en las actividades económicas y sociales de la población, en particular los accidentes petroquímicos ocurridos en Veracruz en el lapso de diciembre 2004 a febrero 2005 y los efectos por las actividades de investigación sismológica realizadas en costas veracruzanas en el lapso de 17 de noviembre de 2007 a julio de 2008.

Exposición de Motivos

Históricamente, en el mundo se han realizado grandes esfuerzos por combatir los problemas apremiantes de la humanidad, tal es el caso del estudio de la degradación de las condiciones ambientales y de la calidad de vida, aspectos que se han priorizado en tres reuniones en el ámbito mundial como la Cumbre Mundial de Estocolmo (1972), Cumbre Mundial de Río de Janeiro (1992), y la Cumbre Mundial de Johannesburgo (2002), las conclusiones de estas cumbres mundiales, giran en torno a las directrices, instrumentos legales, administrativos y técnicos que permitan la solución de los problemas ambientales, sociales y económicos que aquejan a las sociedades y se traducen en efectos sobre el medio ambiente y la pobreza.

Lo anterior, aunado a las disposiciones en materia del derecho internacional público, se han limitado por la falta de coacción sobre los Estados y por la aplicación del principio de soberanía, por lo que con apego a la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, se establecen las características permitidas por el derecho internacional para construcción de plataformas petroleras marinas, el control de sus actividades, entre otras. Aunado a esto, es conveniente la consideración de los convenios internacionales tales como el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos, celebrado en 1969 y sus protocolos modificativos 1976, 1992, 1984; el Convenio de Constitución de un Fondo Internacional de indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos de 1971 y sus Protocolos modificativos, limitación de la Responsabilidad según el Convenio de Constitución del Fondo de 1971, 1992, aunado al Convenio sobre responsabilidad civil, así como Estados, organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales como observadores, entre lo que se destaca lo relacionado con la responsabilidad civil por contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos, así como la constitución de un fondo con sumas totales que equivalgan al límite de las responsabilidades que se puedan imputar a un accidente ocasionado por estas sustancias previa prueba de causalidad para acreditar la existencia de una relación causa-efecto.

Toma relevancia el argumento presentado en la cumbre de Johannesburgo, que plantea el combate a la pobreza mas allá de aspectos teóricos, incentivando la voluntad de los gobiernos para reflejar en sus legislaciones los compromisos asumidos en las reuniones cumbre, ya que se reconoce el fracaso de los foros mundiales al dar seguimiento a los compromisos a favor de combate a la pobreza con la responsabilidad de desarrollo sustentable. En este sentido el gobierno de México, asumiendo los compromisos derivados, tal como lo evidencian las modificaciones a la ley publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1998 en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en materia de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales como eje de la política ambiental conciliadora con el desarrollo.

Las reformas y adiciones de la LGEEPA, han fortalecido el argumento, sin embargo, no es suficiente para dejar claros los aspectos que involucran el costo real para el desarrollo sustentable de las localidades, debido a que no se considera el crecimiento económico, la equidad social, y el uso adecuado de los recursos naturales, con la ventaja de que se  que establece la necesidad de vinculación entre estos aspectos, quedando concluido que la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes no puede dejar de visualizar la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, es decir, no podemos agotar el “capital ambiental”.

Por las razones comentadas previamente, el desarrollo sustentable, bajo la condición de responsabilidad debe darse en torno a los atributos que busquen crecimiento económico, equidad social y uso adecuado de los recursos naturales. Es por ello, que en el caso de los accidentes y la realización de estudios en los que no se realice un estudio de impacto ambiental con responsabilidad aplicable a hidrocarburos, lo anterior se ve mermado, ya que indefectiblemente se ocasiona un daño ecológico que va desde la afectación al medio ambiente, el patrimonio ambiental, la colectividad, e indirectamente sobre los intereses y derechos legítimos de las personas, independientemente de que el daño ambiental adquiera o no gravedad, consecuentemente, existe menoscabo de ambiente y sus procesos naturales, lo cual hace perentorio una serie de disposiciones jurídicas que establezcan la definición de responsabilidades internacionales y nacionales para prevenir, contener, responder a la emergencia, y las acciones necesarias para cubrir el costo o resarcir los daños a consecuencia de los accidentes y los estudios que se realicen por o en pro de la explotación de hidrocarburos.

En este sentido, y a consecuencia de los accidentes por hidrocarburos presentados en el estado de Veracruz en los municipios de Coatzacoalcos, Moloacán, Hueyapan de Ocampo, Tonalá, Mazumiapan, Nanchital y Minatitlán en el lapso de diciembre de 2004 a febrero de 2005, que van del derrame de 10 mil barriles de petróleo a 100 litros de crudo, generaron daños en el medio ambiente, que incluye el medio terrestre, aéreo y marítimo en una población total de 612 mil 469 habitantes, mil 500 familias desalojadas, 586 viviendas afectadas directamente en su infraestructura, un promedio de 600 pescadores, 12 kilómetros de playa, 3 hectáreas de campo deportivo, 11.3 kilómetros dañados al margen del río Coatzacoalcos, 2 hectáreas de manglar, 175 animales cuantificados impregnados con hidrocarburos, de acuerdo a lo reportado por la Comisión Investigadora del Daño Ecológico y Social generado por Pemex, que arroja un costo estimado de los daños de 50 millones de dólares de acuerdo a especialistas en la materia. Así como la importante afectación en la economía del sector pesquero rivereño en las zonas de Nautla, Tecolutla, Villa Rica, Chachalacas, Veracruz Puerto, Boca del Río, Alvarado, Sontecomapan, y Coatzacoalcos, a partir de noviembre de 2007, el cual se estima en un monto aproximado de 5 millones de dólares, ocasionada por la realización del Estudio Sismológico Anegada-Labay 3D, afectación analizada por el Centro Regional de Investigación Pesquera del Puerto de Veracruz.

Conclusión

Considerando lo expuesto, en virtud de lo establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los Convenios Internacionales sobre Responsabilidad Civil por contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos, el Convenio de Constitución de un Fondo Internacional de indemnización de daños debido a la contaminación por hidrocarburos, la limitación de Responsabilidad social y el Convenio de Responsabilidad Civil, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente, en materia de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales visto como eje de la política conciliadora con el desarrollo, y en virtud de que un accidente por fuga de hidrocarburos como los ocurridos en el lapso de diciembre de 2004 a febrero de 2005 en el estado de Veracruz, así como los efectos por las actividades de investigación sismológica realizadas en costas veracruzanas en el lapso de 17 de noviembre de 2007 a mayo de 2008, indefectiblemente trastornan la dinámica natural del ciclo productivo, recursos naturales, trabajo, mano de obra, mercado laboral, crecimiento económico, equidad social y salud, es necesario que Petróleos Mexicanos realice las actividades necesarias para dar cabal cumplimiento a los Convenios Internacionales mencionados anteriormente con énfasis en los Fondos de indemnización de daños, pago de costos mencionado o bien mecanismos que garanticen resarcir el daño a la población y al medio ambiente afectado, en particular el secundario a los accidentes por hidrocarburos presentados en los municipios de: Coatzacoalcos, Moloacán, Hueyapan de Ocampo, Tonalá, Mazumiapan, Nanchital y  Minatitlán en el lapso de diciembre 2004 a febrero 2005, así como los efectos económicos ocasionados a los pescadores rivereños de los municipios de Nautla, Tecolutla, Villa Rica, Chachalacas, Veracruz Puerto, Boca del Río, Alvarado, Sontecomapan, y Coatzacoalcos, ocasionada por la realización del Estudio Sismologico Anegada-Labay 3D, con un costo total estimado de 55 millones de dólares, de acuerdo a especialistas en la materia considerando que el daño ambiental merma las condiciones para el desarrollo sustentable de los municipios afectados, ya que se rompe el ciclo para la incorporación al aparato productivo de las familias de la región, situación que interfiere directamente en el ingreso o en el peor de los casos desempleo que consecuentemente impactará en su calidad de vida, salud, años de vida potencialmente perdidos, etc., creando un ciclo vicioso que abre una brecha generacional con un costo aún mayor.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente debe considerar la participación activa de las autoridades municipales, y proponer las modificaciones pertinentes a la misma para no dar lugar al generoso margen discrecional en su aplicación, considerando la realización de estudios de evaluación de impacto ambiental integrales (artículo 5) por grupos colegiados e instancias rectoras de la administración pública federal, instituciones educativas, e instancias internacionales.

Es imprescindible delimitar las competencias de los tres órdenes de gobierno en la materia, sin quebrantar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, con el objetivo de fortalecer a las autoridades municipales e incluirlas en los aspectos que los involucren en materia de impacto y riesgo ambiental.

Aunado a ello, es necesaria la elaboración del Programa de Prevención de Accidentes con la consideración de los diferentes niveles de riesgo y los reportes de siniestros o accidentes, con la colaboración de las autoridades municipales y la integración de grupos municipales de respuesta de emergencia como protección civil, bomberos, seguridad pública, voluntarios, entre otros. Se deberá definir los términos necesarios que permitan la integralidad en los procedimientos de evaluación de proyectos en materia de impacto y riesgo ambiental considerando las pautas internacionales, y creando simultáneamente las normas oficiales mexicanas específicas con sus respectivas guías.

Por lo expuesto, solicito que sea sometido a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que instruya a Petróleos Mexicanos a la integración de un grupo multidisciplinar para la evaluación de las acciones que en materia de resarcimiento del entorno ecológico y de investigación ha realizado Pemex en materia de impacto y riesgo ambiental con criterio de sustentabilidad considerando atributos económicos, sociales y ambientales con énfasis en las consecuencias y los accidentes que cause desequilibrios ecológicos y tengan un impacto negativo en las actividades económicas y sociales de la población, en particular los accidentes petroquímicos ocurridos en el estado de Veracruz en el lapso de diciembre de 2004 a febrero de 2005 y los efectos por las actividades de investigación sismológica  realizadas en costas veracruzanas en el lapso de 17 de noviembre de 2007 a julio de 2008.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2010.— Diputado Antonio Benítez Lucho (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

SOBREPESO Y OBESIDAD

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Proposición con punto de acuerdo, respecto al Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, y Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con relación al Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Con fecha 25 de enero del año 2010 se firmó el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad, en presencia del licenciado Felipe Calderón, Presidente Nacional de los Estados Unidos Mexicanos, en la residencia oficial de Los Pinos.

II. En este evento el doctor José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud,informa que la suscripción de este acuerdo es el arranque de un proyecto de gran alcance de política pública, que atiende uno de los retos de salud más relevantes de los últimos años.

En su discurso, el doctor Córdova Villalobos enfatizó la importancia de convertir en acciones tangibles y efectivas cada uno de los puntos que marca este acuerdoy prevenir entre otras consecuencias, los impactos económicos que para el sector salud significa atender las repercusiones negativas que provocan el sobrepeso y la obesidad y que en el año 2009 fueron del orden de más de 42 mil millones de pesos.

III. El propio Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria menciona que para contender con el grave problema del sobrepeso y la obesidad es fundamental contar con una política de Estado de carácter intersectorial.

Por ello, y alineado a la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud de la OMS, este acuerdo nacionalindica la constitución de un Foro nacional para la prevención del sobrepeso y la obesidad, espacio de participación democrática, donde se definirá un programa de trabajo con asignación de responsabilidades para la lucha contra el sobrepeso y la obesidad.

En virtud de que es reconocido por todos los sectores de la sociedad la urgencia de acordar acciones, sumado a que este acuerdo nacional concluye convocando al pleno del Ejecutivo, al sector privado, social y académico, bajo el liderazgo y responsabilidad central de la Secretaría de Salud, señalando que atacar el sobrepeso y obesidad es tarea de todos, he considerado que en un actuar responsable no podemos dejar pasar más tiempo, y por ello someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a que atienda y convoque a la brevedad a la constitución del Foro nacional para la prevención del sobrepeso y la obesidad, en cumplimiento a lo indicado en el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente solicita a esta Secretaría Salud a que, en el marco del Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria considere la participación en este foro nacional de al menos dos representantes de la honorable Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2010.— Diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Salud.

ESTADO DE CAMPECHE

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener, a la Secretaría de Economía y a la CFE a considerar una tarifa especial para los agricultores, en concreto los de Campeche, en virtud del uso excesivo de los sistemas de riego originado por la falta de lluvias, a cargo del diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Motivos

La economía de Campeche se sustenta en diversos sectores productivos, entre los que se encuentran el petróleo, el turismo, la agricultura, la pesca y la industria manufacturera; también el sector servicios y el comercio contribuyen al producto interno campechano.

El sector agrícola de Campeche se caracteriza por la producción de chicozapote, semilla de calabaza y arroz palay, siendo el principal productor de estos cultivos a nivel nacional. También se cultivan frutas tropicales como naranja, limón, papaya, mango de manila, caña de azúcar, sandía, guanábana y almendra.

El maíz ocupa el primer lugar en área cultivada, ya que de 5 mil 679.5 hectáreas sembradas, lo que equivale al 2.84 por ciento del total estatal, 75 por ciento pertenece a este producto; 12.5 por ciento es del cultivo de soya; 2 por ciento corresponde a la sandia, jitomates y hortalizas; y 10.5 por ciento a los frutales, destacando entre estos la naranja y el mango.

Debido al calentamiento global, la ONU dio a conocer que en esta década se convertirá en la más calurosa desde 1850, esto sin duda alguna nos viene a contrariar en varios aspectos, sin embargo, el que me ocupa el día de hoy es el que repercutirá en un sector importante de la producción primaria en el estado que represento y que es la agricultura.

Y hago énfasis en este tema ya que debido a varios factores y a la falta de programas bien determinados y enfocados al agro mexicano, este sector productivo se ha visto relegado en subsidios y en programas que realmente propicien un desarrollo sustentable y sostenido del campo mexicano.

Aunado a la falta de programas, le incluimos el ya famoso tema del “cambio climático”, que entre sus efectos, como ya se ha demostrado, va a estar el sobrecalentamiento y la falta de lluvias en sectores grandes de nuestra geografía nacional, lo que conlleva de manera obligada a hacer uso de sistemas de riego que puedan ayudar a realizar las cosechas lo mas que se pueda, pero a cambio de ello los costos de producción se elevan y eso por el consumo de energía eléctrica.

La generación de energía eléctrica es una atribución constitucional de la federación, en los términos que señala el artículo 27, el cuál en la última parte de su párrafo sexto señala de forma textual: “Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”.

En nuestro país, el principal capital privado en la producción de energía eléctrica y gas natural se encuentra en poder de cuatro empresas españolas –Repsol, Iberdrola, Fenosa y Gas Natural–, quienes en conjunto acaparan más del 70 por ciento de la producción en la modalidad de productores independientes.

La Comisión Reguladora de Energía y la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad deben de poner más énfasis en la supervisión y monitoreo de las fluctuaciones tarifarias que estas empresas imponen, pues pareciera que su actuar es consentido y que la finalidad es la de poner contra la pared a los consumidores del servicio, quienes cada bimestre sufren para poder cubrir los pagos del servicio.

En la región peninsular de la Comisión Federal de Electricidad, concretamente en Campeche, opera una central de ciclo combinado, propiedad de una empresa canadiense Transalta, que en mayo de 2003 inicio operaciones con una capacidad de producción de 252 megavatios, que utiliza como materia prima el diesel y el gas natural, situación que en un principio se pensó que traería beneficios directos, reflejados en la reducción de las tarifas, pero desafortunadamente, la energía producida se está comercializando hacia el oriente y no hacia la península, en consecuencia, las tarifas de la región peninsular continúan altas y con la tendencia de continuar su ascenso.

Si bien las tarifas eléctricas están determinadas de acuerdo a la política de precios administrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, su precio siempre estará presionado por la volatilidad de las cotizaciones en el valor en el mercado de las materias primas requeridas para la producción de la energía, así como en valor de los metales, dichos factores inciden de forma directa en la fórmula de cálculo. Lo anterior supone una estrecha relación con el índice inflacionario, que consecuentemente repercute en el bolsillo de los ciudadanos, debido a que la zona peninsular, que considera Yucatán, Quintana Roo y Campeche, se encuentra en el nivel más bajo de los salarios mínimos.

Es por ello que consideramos pertinente se realice por las Secretarías de Economía, y de Energía, así como por la Comisión Federal de Electricidad, un estudio pormenorizado que conlleve a una reducción de tarifas eléctricas a aquellas personas que se dedican a la siembra y cosecha de productos alimentarios y que hacen uso de sistemas de riego,  y con ello incentivar a este sector productivo que ha quedado relegado en el desarrollo de México

Punto de Acuerdo

Único.Proponer a la Comisión de Energía de esta Cámara de Diputados emitir un exhorto a las Secretarías de Economía, y de Energía, así como a la Comisión Federal de Electricidad, con la finalidad de que realicen un estudio que conlleve una reducción en tarifas de consumo de energía eléctrica a aquellas personas que pertenecen al sector agrícola.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2009.— Diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Energía.

EXPLOTACION SEXUAL INFANTIL

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las entidades federativas a homologar su legislación con lo establecido a escala federal en materia de explotación sexual infantil, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal María de Jesús Aguirre Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,  presenta al pleno de esta honorable cámara proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En esta Cámara de Diputados se han realizado diversos esfuerzos con la finalidad de mejorar la legislación nacional en materia de protección de niñas, niños y adolescentes, de hecho, desde la LIX Legislatura se dieron pasos importantes para garantizar la transversalidad de la legislación federal en aras de reconocer y salvaguardar los derechos humanos de la niñez.

En dicho proceso se realizaron importantes modificaciones en el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales y otros ordenamientos jurídicos para combatir de mejor manera y de forma seria la explotación sexual infantil, el tráfico de infantes, la violencia contra los menores de edad, la explotación laboral, promover los derechos humanos de los niños indígenas, igualdad de género y alcanzar el pleno acceso a los servicios de educación y salud.

Estas acciones son resultado del trabajo decidido de los legisladores de esta Cámara de Diputados, quienes estamos ocupados en mejorar la legislación mexicana y propiciar los mecanismos necesarios para fomentar el desarrollo integral de la infancia.

El mejoramiento de la legislación federal se ha llevado a cabo por las aportaciones de diputadas y diputados de distintas fracciones parlamentarias, las opiniones de expertos, funcionarios públicos, académicos y representantes de la sociedad civil, lo cual demuestra que los esfuerzos realizados responden a un proceso planificado, consiente y consensuado.

Estas acciones han tenido como finalidad proteger la integridad de los menores de edad y mejorar sus condiciones de vida, las cuales se han visto reflejadas en resultados tangibles que hoy se encuentran plasmados en la legislación federal y que poseen un carácter transversal y multidisciplinario.

Sin embargo, los retos son diversos pues la dinámica de los delitos que afectan a la infancia y adolescencia cada vez es mayor, las problemáticas sociales aún son preocupantes y los desafíos para el desarrollo integral de las niñas y niños de México no respetan las fronteras de las entidades federativas.

Por tal motivo es necesario que exista una armonización legislativa entre la legislación federal y la de las entidades federativas, con la finalidad de homologar criterios, conceptos, penas y procesos; para que de esta forma se recojan los esfuerzos de esta Cámara, ya descritos con anterioridad, y se sumen los trabajos emprendidos en los estados y el Distrito Federal.

Lo anterior, permitirá subsanar las deficiencias que persisten en muchos marcos jurídicos locales que se caracterizan por ser demasiado laxos en el momento de atender y defender los derechos de la infancia.

La sociedad exige que las leyes federales y locales respondan a las amenazas que hoy aquejan a la infancia, pues es inconcebible que se proteja más al valor de bienes materiales que a la integridad y desarrollo de a las niñas y niños de México.

La realidad nacional  requiere de la homologación positiva entre la legislación federal y de las entidades federativas, para lograr un piso común en el que se procuren la seguridad y los derechos humanos de niñas y niños y se propicie un marco institucional legislativo que atienda los requerimientos específicos de la infancia.

Los peligros que aquejan a los menores de edad en México son traducidos en los delitos que engloban a la explotación sexual infantil, como son la trata de personas, el lenocinio infantil y la pornografía infantil, los cuales deben ser combatidos a través de una legislación apropiada que defienda el bien superior de la infancia.

Por ello se requiere que las entidades federativas adecuen sus marcos jurídicos con la legislación federal a fin de homologar criterios en materia de combate a la explotación sexual infantil, es así que propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las entidades federativas a homologar su legislación local con lo establecido a nivel federal en materia de explotación sexual infantil.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2010.— Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

ESTADO DE TAMAULIPAS

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al titular de la SCT para que concluya el tramo carretero Puente Prieto-Canoas-Pánuco, en la Huasteca; y se solicita la intervención del titular de la SFP a fin de que supervise el proyecto, a cargo del diputado Patricio Chirinos del Ángel, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Patricio Chirinos del Ángel, integrante de la diputación federal por el estado de Veracruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que instruya al licenciado Juan Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes, para que se concluya de manera urgente el tramo carretero Puente Prieto-Canoas-Pánuco, de los municipios de Pánuco, Tampico, y Ciudad Cuauhtémoc de la zona de la Huasteca, toda vez que desde el año 2005 a la fecha, se han estado asignado recursos para su construcción; asimismo solicitarle al secretario de la Función Pública su intervención a fin de supervisar física y financieramente este proyecto.

Consideraciones

La modernidad en la infraestructura carretera, resulta en la actualidad de vital importancia para el desarrollo y crecimiento económico de toda sociedad. La región de la Alta Huasteca de Veracruz, no queda excluida de este principio, sin embargo, es de reconocerse que todo proyecto u obra de infraestructura deberán ejecutarse bajo una adecuada planeación desde el punto de vista técnico y financiero.

El proyecto de inversión de Puente Prieto-Canoas-Pánuco, que también abarca los municipios de Ciudad Cuauhtémoc y Tampico, fue programado en el año 2005, con la finalidad de ampliar el ancho de corona de 7 a 12 metros, para alojar dos carriles de circulación y acotamientos, a lo largo de 52 kilómetros, de esta importante vía carretera.

Esta obra reviste gran importancia por el impacto que representa para el desarrollo de las Huastecas, primeramente la veracruzana, la tamaulipeca, en donde colindamos con los municipios de Tampico,  Ciudad Madero, Altamira y Ciudad Mante, y la Potosina con los municipios de Tamuín, Ébano y Ciudad Valles, y el gran número  de comunidades aledañas, debiendo mencionar que está es vía de comunicación con los estados de la frontera y el vecino país del norte.

Es indiscutible que esta obra carretera tiene como propósito, mejorar e impulsar la actividad de la región norte, máxime que aquí se encuentra el asiento de compañías plataformeras, de garantizar el tránsito seguro de las personas, como la gran cantidad de estudiantes que a diario acuden a Tampico y Madero a realizar sus estudios, así como los transportes, el intercambio comercial de bienes y servicios reduciendo tiempos y costos, motivar y promover el crecimiento de las actividades económico productivas, de los ganaderos, agricultores, pescadores,  empresarios y beneficiar a más de 450 mil habitantes.

Hoy lamentablemente, a pesar de haberse programado el proyecto desde el año 2005, esta obra no ha tenido avances significativos, manteniéndose inconclusa, generándose además problemas de vialidad, registrándose una gran cantidad de accidentes automovilísticos, derivado de las deterioradas condiciones en que se encuentra esta vía y del abandono de los tramos que presentan desniveles en las carpetas, la acumulación de materiales, así como la evidente falta de señalización.

De acuerdo a cifras de la Cuenta Pública Federal, sólo se ha ejecutado el 11.9 por ciento, de avance en la obra, con una  inversión de casi 114 millones de pesos, hasta el año 2008, representando el 26 por ciento del total de la inversión programada para el proyecto, cuyo costo asciende a 440 millones de pesos.

Pese a ello se aprecia un retraso considerable de la obra, circunstancia que no sólo ha dejado de beneficiar a miles de habitantes de la región, sino que los ha venido afectando al limitar enormemente las actividades comerciales ya referidas.

Para realizar un cálculo general, a estas cifras habrán de sumarse, 106.3 millones de pesos, asignados en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2009, y 35 millones de pesos más para el ejercicio del presente año.

El retraso de esta obra de infraestructura ha despertado importantes reclamos e inconformidades de los sectores social, comercial y agropecuario, de la población generalizada y de las autoridades municipales de la región de la Alta Huasteca, que han sido acogidos por el que esto suscribe, y que ante el clamor nos han obligado a exponerlos en esta soberanía, con la finalidad de encontrar una pronta y favorable solución a esta problemática, producto de la ineficiencia de la administración pública federal.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de la Cámara, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorte al Ejecutivo federal, para que instruya a la Secretaría de Hacienda y a Juan Francisco Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes, para que se concluya de manera urgente el tramo carretero Puente Prieto-Canoas-Pánuco, de los municipios de Pánuco, Tampico, y Ciudad Cuauhtémoc de la zona de la Huasteca, toda vez que desde el año 2005 a la fecha, se han estado asignado recursos para su construcción; asimismo, solicitarle al secretario de la Función Pública su intervención a fin de supervisar física y financieramente este proyecto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2010.— Diputado Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Transportes.

ESTADO DE OAXACA

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la integración de una comisión legislativa de intermediación para el diálogo y la paz en la región triqui de la zona mixteca, en Oaxaca, a cargo de la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Juanita Arcelia Cruz Cruz, diputada de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Que el estado de Oaxaca es la entidad federativa con la mayor diversidad de etnias y lenguas del país. Solamente para tratar de ejemplificarlo, de los 65 grupos étnicos que existen a lo largo del territorio nacional, 18 se asientan y conviven en esta región.

Según datos de la Comisión Nacional Indigenista publicados el año 2002, la población triqui es de casi 30 mil habitantes. Se asienta en una extensión territorial de aproximadamente 500 kilómetros cuadrados ubicadas en los distritos de Putla, Tlaxiaco, Juxtlahuaca, al oeste del estado, enclavados en la región mixteca.

Sus actividades económicas se han sustentado fundamentalmente en la agricultura y la elaboración de productos artesanales, como el bordado a mano. Por tradición han fomentado su organización social productiva en la“Nua´Nagua´aj”, que quiere decir  “Milpa de Compañía”, es una forma de cultivar la tierra en comunidad.

A partir de los años 50 del siglo pasado, se constituyen en tres grandes organizaciones sociales: la Unidad para el Bienestar de la Región Triqui (Ubisort), el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (Mult). Y el de más reciente creación: el Movimiento de Unificación Triqui Independiente (Multi), que nace como una escisión de esta última como una alternativa de lucha política para enfrentar a los cacicazgos de la región.

A partir del surgimiento de estos grupos, se origina una lucha encarnizada por alcanzar el poder político; generándose entonces una muy lamentable ola de violencia interétnica que ha dejado hasta la fecha centenares de muertos y heridos.

De acuerdo a cifras oficiales de la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca (PGJ), solamente del año 2008 y 2009 hubo poco más de 90 asesinatos.

En febrero del presente año, nuevas disputas entre el Ubisort y el Multi arrojaron 9 personas asesinadas con armas de fuego. Solamente unas semanas después, el 10 de marzo, nuevamente se recrudece la violencia entre estas dos organizaciones. Y como ha sucedido en otros enfrentamientos, las principales víctimas resultaron ser mujeres, adultos mayores y niños. Pues de acuerdo a las versiones de los dirigentes de la Ubisort, fueron violadas muchas mujeres del municipio autónomo de San Juan Copala, muriendo una ellas por heridas de arma punzocortante.

Es muy lamentable reconocerlo, pero en la región Triqui se ha arraigado una cultura de violencia en donde prevalece la ley del más fuerte, sin que las autoridades del estado de Oaxaca, a lo largo de los años, hayan tenido la capacidad de reestablecer la paz y la tranquilidad.

Debido a la inestabilidad político-social imperante, las comunidades carecen de suficientes servicios básicos: como son el agua potable, hospitales, escuelas, electricidad, caminos y seguridad pública, por nombrar solamente algunos. Es igualmente cuestionable la falta de efectividad de los programas federales para combatir la pobreza, fomentar el empleo y fortalecer el campo, pues estos han fracasado rotundamente.

En este sentido, hago un llamado al pleno de la Honorable Cámara de Diputados, a que asumamos con carácter de urgente nuestra responsabilidad y construyamos un mecanismo de diálogo permanente, que coadyuvemos a la implementación de acciones políticas y legislativas que permitan la implementación de acciones de gobierno efectivas y propicien un sano desarrollo en la región Triqui.

Por lo expuesto en las consideraciones que anteceden y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Que la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados convoque la integración de una comisión legislativa de intermediación para el diálgo y la paz en la región Triqui, zona mixteca del estado de Oaxaca.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días de abril de 2010.— Diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

PARQUE NACIONAL NEVADO DE TOLUCA

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea una Subcomisión Especial para la conservación del parque nacional Nevado de Toluca.

El diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el pasado periodo de sesiones presenté una proposición para solicitar recursos económicos, que debía traducirse en distintos programas que aliviaran la grave condición forestal por la que atraviesa el parque nacional Nevado de Toluca y por ende asegurarían el abasto del agua en la región circundante.

Tal iniciativa no prosperó por comprensibles necesidades presupuestales de distinto orden en las entidades que dan cuerpo a nuestra República, pero que dejó latente un problema que año con año por efectos acumulativos amenaza con volverse irreversible.

El hecho de que se haya postergado una fuerte pero redituable inversión en el parque nacional Nevado de Toluca, se traduce hoy en día en el debilitamiento progresivo de la alimentación de dos de las cuencas hidrológicas más importantes del país, las de los ríos Lerma y Balsas, que constituyen fuentes hidrográficas vitales para el Valle de Toluca y su zona metropolitana.

De hecho, los escurrimientos de las laderas de la zona boscosa del Parque Nacional permiten a 50 municipios de la entidad surtirse de agua, lo mismo que a distintas zonas del Distrito Federal. De manera indirecta éste se beneficia de las aguas subterráneas del Nevado al ser captadas por la batería de 383 pozos que maneja el sistema del Gobierno del Distrito Federal.

Hace unos días, ayer para ser exactos, se propuso la reforma a la Ley General de Equilibrio Ecológico, y hoy por la mañana se presentó la iniciativa por parte del diputado Armando Ríos, respecto de este tema.

También con motivo del Día Internacional del Agua, el presidente Calderón hacía notar que el agua es más importante para nuestra nación que el petróleo, el oro y la plata, y concluía el presidente de la República haciendo al agua un factor central de la agenda de seguridad nacional.

Con el mismo motivo nuestro coordinador, el diputado Francisco Rojas, hacía notar que México, respecto de otros países del mundo, es un país con modestas reservas acuíferas en sus lagos, ríos, arroyos y depósitos subterráneos, apenas 409 mil millones de metros cúbicos, un sexto de las reservas de Estados Unidos y la séptima parte de las de Canadá.

De hecho, en la respectiva clasificación mundial de la ONU nuestro país, de territorio semiárido, es considerado como un país de baja disponibilidad de agua.

Señoras y señores legisladores, el problema del agua sólo podrá resolverse con su manejo integral desde su captación hasta su tratamiento y distribución, pero siempre abordando las soluciones desde el ámbito de lo local y reformando normas y prácticas centralizadoras, que además prolongan injustas medidas distributivas del vital recurso.

Es por ello que propongo la creación de la Subcomisión Especial de conservación al parque nacional Nevado de Toluca, haciendo un llamado a esta honorable asamblea para no postergar más medidas que atiendan un problema que es incluso global: impulsar el derecho a la vida y hacer efectivas las políticas públicas que hagan de la conservación óptima de los bosques y recursos acuíferos. Una realidad.

Señor presidente, le ruego a usted se incluya el documento íntegro en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea una subcomisión especial para la conservación del parque nacional Nevado de Toluca, a cargo del diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Miguel Ángel Terrón Mendoza, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de obvia resolución para que se establezca la Subcomisión Especial para la Conservación del Parque Nacional Nevado de Toluca, al tenor de los siguientes

Considerandos

I. Que en el mes de octubre del año próximo pasado presenté en esta misma tribuna una proposición para solicitar recursos económicos que, al ser canalizados por distintas entidades públicas de la federación y del gobierno del Estado de México debían traducirse en distintos programas que aliviaran la grave condición forestal por la que atraviesa el parque nacional Nevado de Toluca y, por ende, asegurarían el abasto de agua en la región circundante. Tal iniciativa no prosperó por comprensibles necesidades presupuestales de distinto orden en las entidades que dan cuerpo a nuestra república mexicana, pero que dejó latente un problema que año con año, por efectos acumulativos, amenaza con volverse irreversible.

II. El hecho de que se haya postergado una fuerte pero redituable inversión en el parque nacional Nevado de Toluca, se traduce hoy en día en el debilitamiento progresivo de la alimentación de dos de las cuencas hidrológicas más importantes del país: las de los ríos Lerma y Balsas que constituyen fuentes hidrográficas vitales para el valle de Toluca y su zona metropolitana. De hecho los escurrimientos de las laderas de la zona boscosa del parque nacional Nevado de Toluca, permiten a 50 municipios de la entidad surtirse de agua, lo mismo que a distintas zonas del Distrito Federal. De manera indirecta el Distrito Federal se beneficia de las aguas subterráneas del nevado de Toluca que llegan al acuífero Valle de Toluca, al ser captadas por la batería de 383 pozos propiedad del Sistema Lerma del Gobierno del Distrito Federal. La recarga de este acuífero se debe a la infiltración de agua de lluvia tanto de la sierra de Las Cruces como del volcán Nevado de Toluca. Según la Comisión Nacional del Agua (2002, en Colín y Nuncio, 2006), para el año 2000 se tuvo una entrada de agua subterránea del Nevado de Toluca de 94.608 millones de m3 mientras que de la Sierra de Las Cruces fue de 63.072 millones de m3, una diferencia de 31.536 millones de m3 a favor del volcán.

III. Tales problemas se originan en gran medida en la deforestación del parque nacional Nevado de Toluca con una superficie de 53,914 hectáreas, que se extienden por territorio de 10 municipios del estado de México: Amoloya de Juárez, Amanalco de Becerra, Calimaya, Coatepec Harinas, Temascaltepec, Tenango del Valle, Toluca, Villa Guerrero, Villa Victoria y Zinacantepec. El cambio de uso del suelo por la transformación de zonas forestales a campos de cultivo y zonas de pastoreo en esa gran región, ha propiciado una tasa de deforestación de 8.4% en el parque para el periodo 1972-2000, equivalente a 156 hectáreas al año.

IV. Tal y como lo hice notar en su oportunidad, dada la deforestación y del abatimiento de los mantos acuíferos en la región central y periférica del parque nacional Nevado de Toluca, padecemos graves problemas ambientales. La ciudad de Toluca tenía una humedad relativa promedio anual del 65% en las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo XX. En la actualidad ha disminuido al 55% ocasionándose temperaturas extremas antes desconocidas en la región. Es altamente preocupante que los bosques del Nevado de Toluca, por la vejez de sus árboles y efectos de plagas y enfermedades, sea más un emisor de dióxido de carbono que de oxigeno. En efecto, la concentración en la atmósfera de dióxido de carbono, metano, dióxido de azufre, entre otros, provocan el incremento del efecto invernadero, por lo cual las temperaturas se elevan motivando olas de calor que pueden durar de tres a diez días. Durante estos acontecimientos gran parte de la vegetación se seca, lo que crea condiciones favorables para la formación y propagación de los incendios forestales que se presentan en todo el parque, con predominio de la ladera norte donde se localizan las zonas de cultivos.

V. Respecto al tema, con motivo del día Internacional del agua, el presidente Felipe Calderón hacía notar que el agua es más importante para nuestra nación que el petróleo, el oro y la plata. Y en eso, estoy seguro, muchos de los que estamos aquí estamos de acuerdo. Los más pobres son los más afectados por la ya notable escasez del líquido. En los últimos 60 años, aseguró el presidente Calderón, el promedio de agua por habitante era de 18 mil metros cúbicos persona por año, hoy es de 4 mil metros cúbicos por persona por año. Esto concluía el presidente de la república, hacía del agua un factor central en la agenda de la seguridad nacional.

VI. Con el mismo motivo, el diputado Francisco Rojas hacía notar que México respecto a otros países del mundo, es un país con modestas reservas acuíferas en sus lagos, ríos, arroyos y depósitos subterráneos: apenas 409 mil millones de metros cúbicos, un sexto de las reservas de Estados Unidos y la séptima parte de las de Canadá. De hecho, en la respectiva clasificación mundial de la ONU, nuestro país, de territorio semiárido, es considerado como un país de baja disponibilidad de agua. El diagnóstico ofrecido por el diputado Rojas y asociado al manejo del agua en México fue breve, pero certero. Es deficiente por diversas razones, una de ellas, surgida de la obsolescencia de un régimen jurídico centralizado que ha prevalecido desde la promulgación de la Ley sobre Vías de Comunicación en 1888.

VII. De ahí que en el curso de 122 años, la Federación ha venido excluyendo de la administración y beneficios del agua a los gobiernos de estados y municipios que cuentan con grandes cuencas hidrográficas y marginado a las instancias locales del cuidado y aprovechamiento de los recursos hídricos y la preservación del medio ambiente; las aguas de una cuenca son trasvasadas a otra sin consultar a los estados donde se generan, lo que propicia conflictos entre entidades vecinas y contradice el pacto federal. El diputado Rojas concluía que el centralismo, la ineficiencia e inequidad en la administración de este recurso, sumados a su aguda escasez, lo han convertido en un asunto de supervivencia y seguridad nacional coincidiendo en este tema con el presidente de la República.

Legisladores, el problema del agua sólo podrá resolverse con su manejo integral, desde su captación hasta su tratamiento y distribución, pero siempre abordando las soluciones desde el ámbito de lo local y reformando normas y prácticas centralizadoras, que además prolongan injustas medidas distributivas del vital recurso.

Es por ello, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga al pleno de esta soberanía la facultad de integrar comisiones especiales que se hagan cargo de asuntos específicos de relevancia para la sociedad, que hago un llamado a esta honorable asamblea para no postergar más medidas que atiendan un problema que es incluso global: impulsar el derecho a la vida y hacer efectivas las políticas públicas que hagan de la conservación óptima de los bosques y recursos acuíferos una realidad.

Es pues propósito del presente punto de acuerdo crear la Subcomisión Especial para la Conservación del Parque Nevado de Toluca que tendrá como objeto el de propiciar diagnósticos que determinen las condiciones de los volúmenes actuales de los escurrimientos, así como de su capacidad de retención y recarga de agua de los mantos acuíferos; su capacidad de alimentación de las cuencas del Lerma y del Balsas; diseñar políticas y acciones legislativas en beneficio de las zonas boscosas; propiciar estudios biogenéticos de su población vegetal, y en todo caso, aportar soluciones y marcos presupuestales para que el binomio bosque-agua, se mantenga firme e indisoluble como premisa y factor de vida y del bienestar humano.

La Subcomisión Especial para la Conservación del Parque Nevado de Toluca tendrá el número de integrantes que acuerde la Junta de Coordinación Política, cuidando los justos criterios de proporcionalidad y peso específico de cada grupo parlamentario.

Tal subcomisión tendrá un plazo de treinta meses para dar cumplimiento a sus tareas, su mandato y objetivos específicos, entre los que se encontrarán, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:

• Propiciar diagnósticos que determinen las condiciones de los volúmenes actuales de los escurrimientos así como de su capacidad de retención y recarga de agua de los mantos acuíferos y; la capacidad de alimentación de las cuencas del Lerma y del Balsas.

• Impulsar medidas que favorezcan la retención de las corrientes en el Nevado de Toluca realimentado los mantos acuíferos y asegurando el abasto del líquido a la población.

• Lograr que se mantengan los procesos ecológicos y servicios ambientales del parque nacional Nevado de Toluca, mediante el impulso de un programa para la conservación, recuperación y manejo de la biodiversidad, suelo y agua, con la participación de los tres niveles de gobierno, poseedores y sociedad civil.

• Propiciar la reforestación del Nevado de Toluca con árboles que puedan crecer en ese hábitat y ser resistentes a las plagas y enfermedades, en este último sentido, proponer medidas y programas, que eviten la pérdida de bosque por esa causa.

• Impulsar estudios que sustenten, mediante enfoques sucesionales y de dinámica poblacional, métodos de manejo y conservación de los diferentes tipos de bosques presentes en el parque nacional Nevado de Toluca, así como a través de estudios biogenéticos.

• Emprender programas productivos para cambiar las actividades económicas nocivas en la región del Nevado de Toluca en otras que sean compatibles con la conservación de suelos y bosques.

• Analizar el régimen de tenencia de la tierra y su impacto en la deforestación.

Punto de Acuerdo

Único. Se crea la Subcomisión Especial para la Conservación del Parque Nevado de Toluca de acuerdo con el objeto, mandato, objetivos, número de integrantes y plazo descritos en la presente iniciativa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 16 de abril de 2010.— Diputados: Miguel Ángel Terrón Mendoza, José Luis Soto Oseguera, José Ignacio Pichardo Lechuga, Josué Cirino Valdés Huezo (rúbricas).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, a usted, diputado Terrón. Como lo solicita se insertará el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

AUTOPISTA MEXICO-PACHUCA

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra el diputado Jorge Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, formen mesas de negociación y verificación de perjuicios, para que sea resarcido el daño provocado a las viviendas circundantes a la autopista México-Pachuca. Adelante, diputado Hernández.

El diputado Jorge Hernández Hernández:Con el permiso, señor presidente don Felipe Solís. Buenas tardes, señores diputados, señoras diputadas, acudo a esta máxima tribuna con el simple objetivo de hacer escuchar la voz de miles de personas que viven en el estado de México, principalmente en el municipio de Ecatepec.

Ante los perjuicios ocasionados por las obras de ampliación de la carretera México-Pachuca en el tramo del municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México, en el que soy diputado por el distrito XI, vengo aquí, a la máxima tribuna de la nación, para proponer el punto de acuerdo en el que se exhorta cordialmente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a formar mesas de negociación y verificación de perjuicios, con el objetivo primordial de resarcir el daño provocado a las viviendas circundantes a la autopista México-Pachuca.

Es conocido por todos que el programa Nacional de Comunicaciones y Transportes 2007-2012 planea una visión de la red carretera nacional como un sistema de gran cobertura y seguridad, apoyando la competitividad y la eficiencia de la economía, contribuyendo a eliminar el dese-quilibrio y potenciar el desarrollo regional con énfasis en el uso eficiente de los recursos, la atención a los usuarios, la protección al medio ambiente y el desarrollo de proyectos que faciliten el reordenamiento territorial.

Este proyecto de ampliación de la autopista México-Pachuca consiste en la ampliación a ocho carriles en Ecatepec, donde la constructora que está realizando estas obras ha causado severos perjuicios, dañando y fracturando viviendas, vías de comunicación, derribando puentes peatonales que unen a las comunidades y afectando el medio ambiente ecológico, generando una mayor contaminación atmosférica y auditiva, produciendo un alto índice de enfermedades respiratorias y nerviosas, principalmente en los grupos vulnerables como son los niños y la gente de la tercera edad que en esas zonas habitan.

Por tal motivo exhortamos a la sensibilidad del gobierno federal para que de manera acuciante se proceda con la participación de los gobiernos del estado de México, de los gobiernos municipales, de las autoridades auxiliares como son los consejos de participación ciudadana, los delegados municipales y los ciudadanos afectados, quienes en legítimo derecho y en defensa de su patrimonio exigen una solución expedita e inmediata.

Por ello, con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 56, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso, vengo a someter a consideración de ustedes, señoras y señores diputados, esta proposición con punto de acuerdo considerada como de urgente u obvia resolución.

Señor presidente, solicito que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a formar mediante la SCT mesas de negociación y verificación de perjuicios para resarcir el daño provocado a las viviendas circundantes a la autopista México-Pachuca, en el tramo que atraviesa Ecatepec de Morelos, México, a cargo del diputado Jorge Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 56, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, diputado federal del distrito 11 de Ecatepec de Morelos, estado de México, Jorge Hernández Hernández, ocurre a esta honorable soberanía a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a formar mesas de negociación y verificación de perjuicios, para que sea resarcido el daño provocado a las viviendas circundantes a la autopista México-Pachuca en el tramo que a traviesa el municipio de Ecatepec, por lo que se presenta a esta honorable soberanía la siguiente

Exposición de Motivos

El gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, autorizó la ampliación de la autopista México-Pachuca, de cuatro carriles a ocho, iniciando la obra en el año 2008, con el fin de agilizar la circulación de los 100 mil vehículos que diariamente transitan por esta vialidad.

Esta obra fue consignada –por licitación– a la empresa ICA, SA de CV, la cual actualmente construye dicha ampliación.

Durante el proceso de construcción se han presentando graves deterioros que afectan a la ciudadanía, mismas que describo:

• Fractura y deterioro al pavimento de las calles circundantes de las diferentes colonias, donde se llevan a cabo las obras, presentándose también, daños severos en las casas-habitacionales de los ciudadanos.

• El derribamiento de puentes peatonales que unen a las comunidades.

• La tala de árboles que por naturaleza del municipio se proliferaron en los últimas seis décadas y sirvieron de oxigenación a los moradores de estas comunidades; mismos que han sido devastados por la obra.

• La falta de una planeación integral para contrarrestar los hechos naturales tales como la contención de las aguas pluviales o las denominadas aguas broncas.

• Por motivo propio de las obras se ha generado una mayor contaminación atmosférica y auditiva, que ha generado un alto índice de enfermedades respiratorias y nerviosas principalmente en los grupos vulnerables tales como infantes, niños y gente de la tercera edad.

• Modificación al medio urbano si contar con la aceptación de los vecinos, tal es el caso de la construcción del puente denominado de “Los Jorobados”, sito en avenida Chiapas, que une al Pueblo de Santa María Tulpetlac y la colonia Guadalupe Coatzochico.

• No se ha respetado el derecho de vía en varios puntos a lo largo de la ampliación de la autopista principalmente el de las colonias afectadas de nuestra municipalidad.

• Se han afectado y derribado el alumbrado público, banquetas, guarniciones, alcantarillas, drenaje, pavimento, sin que la constructora haga la sustitución o arreglo de las mismas, dejando un gran problema de inseguridad e higiene a la comunidad.

Consecuencia de lo antes expuesto y con fundamento jurídico en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a formar mesas de negociación y verificación de perjuicios para que sea resarcido el daño provocado a las viviendas circundantes a la autopista México-Pachuca en el tramo que atraviesa el municipio de Ecatepec.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2010.— Diputados: Jorge Hernández Hernández, José Ignacio Pichardo Lechuga, Josué Cirino Valdés Huezo, José Luis Soto Oseguera (rúbricas).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputado Hernández. Como lo solicita, insértese el texto íntegro de la proposición en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Transportes.

ESTADO DE JALISCO

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibió del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que esta soberanía reprueba los actos de intimidación en contra de los ciudadanos que apoyan al movimiento contra la construcción de la presa El Zapotillo, en Jalisco.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Proposición con punto de acuerdo, por el que esta soberanía reprueba los actos de intimidación realizados el pasado 3 de abril en agravio de los ciudadanos que apoyan el movimiento contra la construcción de la presa El Zapotillo, en Jalisco, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Salvador Caro Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta punto de acuerdo mediante el cual la honorable Cámara de Diputados reprueba los actos de intimidación realizados el pasado 3 de abril en contra de los ciudadanos que apoyan al movimiento contra la construcción de la presa El Zapotillo, y asimismo solicita al titular del gobierno del estado de Jalisco que realice las acciones pertinentes para investigar y castigar a los culpables de estos hechos, y para que se cumplan a cabalidad los términos de la recomendación 35/2009 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

Exposición de Motivos

1. La Comisión Estatal del Agua de Jalisco ha impulsado, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, la construcción de una presa llamada El Zapotillo en terrenos que pertenecen a las comunidades de Acasico, en el municipio de Mexticacán, y de Temacapulín y Palmarejo, en el de Cañadas de Obregón. El proyecto, tal como ha sido planificado por los gobiernos local y federal, implicaría la inundación de los poblados antes citados, en el que quedarían bajo las aguas no sólo edificaciones con valor histórico y antropológico, sino la vida y la memoria de sus pobladores, con lo que se afectaría su derecho a la identidad como comunidades, su derecho a la democracia y los derechos colectivos como poblaciones organizadas y con vida desde hace varios siglos.

2. En el proceso de planeación de la presa en comento se ha ignorado de manera burda la opinión de los habitantes de dichas poblaciones, que de manera mayoritaria han expresado su oposición a que sus pueblos queden anegados bajo el agua; esto ha propiciado su defensa organizada mediante la creación de un comité de lucha denominado Salvemos Temaca, Acasico y Palmarejo; por otra parte, diversas organizaciones civiles, profesionistas y estudiosos en el tema, han manifestado opiniones fundamentadas en contra de la construcción de la presa en el lugar en comento.

3. En este orden de ideas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, en relación con el proyecto de construcción de la presa El Zapotillo, emitió la recomendación 35/2009, la cual considera que el gobierno del estado de Jalisco, a través de sus órganos y agentes, violó los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, a la propiedad, a la vivienda, a la conservación del medio ambiente, al patrimonio común de la humanidad, al desarrollo y a la salud, por lo que se recomienda al gobernador del estado de Jalisco, Emilio González Márquez, que se suspenda cualquier movimiento de tierra, nivelación, compactación y desmonte en el sitio en el cual se pretende construir la presa El Zapotillo y, en caso que se requiera la intervención de autoridades federales, se realicen las gestiones necesarias para llevar a cabo la suspensión.

4. Por otra parte la recomendación del Ombudsman jalisciense, menciona que se deben considerar proyectos alternativos al sistema El Zapotillo; asimismo, que se inicie un proceso de consulta con los pueblos afectados por dicha presa, debiéndose asumir que la desaparición de un poblado es un problema que afecta a todas y todos y trasciende a las generaciones presentes y futuras. Por otra parte, como una medida de reparación del daño recomienda que impulsen el desarrollo de la región de manera equilibrada con el medio ambiente y con pleno respeto a la vida de las comunidades, para que el aprovechamiento equitativo y racional de los recursos naturales mejore las condiciones y el bienestar humano y no opere en su perjuicio. La recomendación de la CEDHJ además, exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que, con la mayor brevedad, practique estudios que permitan emitir dictámenes que protejan las edificaciones que sean de interés histórico o antropológico en la población de Temacapulín; en lo que respecta a los municipios de Mexticacán y Cañadas de Obregón, recomienda que no deberán de otorgarse autorización, licencia o permiso para efectuar edificaciones que impliquen la afectación de los poblados de Acasico, Temacapulín y Palmarejo.

5. No obstante el énfasis y la claridad de la referida recomendación, el gobierno estatal ha hecho hasta ahora caso omiso de ella; por otra parte, se han realizado cobardes actos intimidatorios contra ciudadanos y defensores del movimiento en contra de la presa El Zapotillo.

6. En este sentido, el sábado 3 de abril de 2010, estando en el negocio del señor Manuel de Jesús Carvajal Jiménez en Temacapulín, Jalisco, fueron amenazados de muerte los hermanos Manuel de Jesús y Juan Agustín Carvajal Jiménez, integrantes del Comité Salvemos Temaca Acasico y Palmarejo, Marco Joachim von Borstel Nilsson, miembro del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y Jade Ramírez Cuevas Villanueva, periodista de Medios UDG Noticias, Red Radio Universidad de Guadalajara, los cuales se encontraban dando seguimiento a las actividades de semana santa, programadas por la comunidad y los comités en defensa de sus derechos y territorio frente a la imposición del proyecto de la presa El Zapotillo.

7. Aproximadamente a las 10:15 de la noche del día 3 de abril, tres individuos no conocidos en la comunidad de Temacapulín entraron al negocio de Manuel de Jesús Carvajal Jiménez y amenazaron a Marco von Borstel y a Jade Ramírez Cuevas Villanueva, lanzando una serie de improperios e insultos, diciendo de manera textual. “La presa se va hacer, no entiendo por qué siguen ahí y no respetan al gobierno”, además, dijeron que eran empleados federales. Pero antes de estos acontecimientos, los individuos ya se habían acercado a Juan Agustín Carvajal Jiménez para decirle: “tú, tu hermano el gordito (Manuel de Jesús Carvajal Jiménez), ella (refiriéndose a Jade Ramírez) y el del sombrero (refiriéndose a Marco von Borstel), los cuatro, ya valieron para pura chingada (sic), se van a morir pronto porque están alborotando la gallera”.

8. Estos graves hechos se suman a otras acciones de amenazas y hostigamiento que las comunidades y los integrantes de los Comités en resistencia han venido sufriendo durante el desarrollo del proyecto de La presa El Zapotillo.

9. El Comité Salvemos Temaca, Acasico y Palmarejo ha denunciado públicamente tales hechos, haciendo responsables al gobierno federal, a la Comisión Nacional del Agua, a la Comisión Estatal del Agua y al gobierno del estado de Jalisco y Guanajuato de cualquier daño, amenaza o suceso que ponga en riesgo la integridad de estos compañeros y demás miembros de las comunidades afectadas y de todos aquellos que apoyan la lucha.

10. Es de señalar que la recomendación 35/2009, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), exige al gobernador de esa entidad que gire instrucciones por escrito a todos los funcionarios públicos para que se respeten y se salvaguarden la integridad y seguridad de las personas que defienden derechos humanos y que, conforme lo dispone la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, proporcionen los apoyos suficientes para que ejerzan su labor en condiciones pacíficas, de libertad, transparencia y acceso a la información, respeto y libres de violencia, amenazas, represalias, discriminación, presión o cualquier acción arbitraria por parte de los servidores públicos.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la elevada consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Esta honorable Cámara de Diputados reprueba los actos de intimidación realizados el pasado 3 de abril en contra de los ciudadanos opositores a la construcción de la presa El Zapotillo, y solicita al titular del gobierno del estado de Jalisco que realice las siguientes acciones:

1. Se investiguen de inmediato estos hechos, se sancione a los responsables y se dicten las medidas necesarias para proteger y salvaguardar la seguridad y la vida de los habitantes de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo y de los defensores, periodistas y organizaciones que apoyan al movimiento contra la presa El Zapotillo.

2. Se cumplan las recomendaciones emitidas al Estado Mexicano sobre el tema de los defensores de derechos humanos y se acaten las obligaciones contraídas en la Declaración Universal sobre los derechos de los defensores.

3. Se acepten y se cumplan a cabalidad los términos de la recomendación 35/2009 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y se cancele de inmediato el proyecto de la presa El Zapotillo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2010.— Diputado Salvador Caro Cabrera (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

AGENDA DIGITAL

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibió del diputado Rodrigo Pérez-Alonso González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar en el nuevo modelo de oficialía mayor las áreas de tecnologías de la información, acorde con los objetivos de la agenda digital.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar en el nuevo modelo de oficialía mayor, en el marco del Programa Nacional de Gasto Público, las áreas de tecnologías de la información conforme a los objetivos de la agenda digital, a cargo del diputado Rodrigo Pérezalonso González, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, Rodrigo Pérez-Alonso González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con fecha 16 de marzo de 2010, en cumplimiento del artículo 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el Programa Nacional de Reducción del Gasto Público.

En él se consideran diversas medidas tendentes a reducir entre 2010 y 2012 un monto equivalente a 40 mil millones de pesos, principalmente en rubros de servicios personales, y gastos de operación, administrativos y de apoyo. El ahorro generado en ello se destinará a programas prioritarios en materia de desarrollo social e infraestructura principalmente, tales el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura carretera, portuaria, ferroviaria, social, médica, educativa, hidráulica, turística y deportiva, programas de protección social en salud, de protección ambiental y de apoyo de las Pyme.

Dichas medidas, de acuerdo con el programa presentado por la SHCP, tienen carácter obligatorio para las dependencias de la administración pública federal. Su antecedente se halla en las medidas emprendidas a partir de 2006 que, de acuerdo con datos de la propia secretaría, representan un ahorro de 145 mil millones de pesos.

Los rubros que considera dicho programa incluyen la reducción en renglones asociados a servicios personales, gastos de operación y administrativos, así como gastos relacionados con asesorías, consultorías, estudios, congresos, combustibles, conservación de oficinas, pasajes, viáticos y alimentación del personal y difusión de material respecto a servicios públicos, así como en consumo de agua, telefonía fija y celular, fotocopiado e impresión, igual que en energía eléctrica.

Asimismo, los rubros que incluye consideran el análisis de funciones y programas a fin de evitar duplicaciones en los similares.

El programa incluye reducciones de gasto en adquisiciones de bienes muebles, inmuebles y vehículos, así como la reducción en gastos de delegaciones federales y representaciones de las dependencias en el exterior.

Uno de los puntos relevantes considera generar un nuevo modelo para las áreas de oficialías mayores y equivalentes, en la cual éstas asuman el control y la administración de los recursos humanos, presupuestarios, financieros, materiales y de servicios generales, así como de las áreas de tecnologías de la información con procesos estandarizados.

Desafíos del programa

La reforma plantea dos desafíos importantes:

1. Propone que el nuevo modelo de oficialía mayor cuente con procesos estandarizados y automatizados respecto a sus funciones en materia de administración de recursos humanos, presupuestarios, financieros, materiales y de servicios generales, así como de tecnologías de la información. Ello implica contar con el diseño institucional y planeación que permitan el identificar los procesos susceptibles de automatizar, y el desarrollo y la generación de dichos procesos de homologación y estandarización, igual que emprender el esfuerzo de implantación de dichos procesos.

Sin embargo, desarrollar dichos procesos automatizados deberá involucrar criterios de eficiencia, eficacia y economía a fin de que rindan los frutos esperados en materia de ahorros y mejora del servicio público y manejo de las oficialías mayores.

Ello se logra a través de sistemas informáticos actuales que incorporan los más recientes avances tecnológicos, como los esquemas de GRP (government resource planning).

Recientemente se han emprendido diversos y disímbolos esfuerzos en los tres órdenes de gobierno por homologar sistemas. Sin embargo, persiste la duplicación de esfuerzos, de sistemas y controles, lo cual genera poca uniformidad y asilamiento entre sistemas creados para cada dependencia con fines relativamente similares, provoca desconexión entre dichos sistemas, con las duplicaciones derivadas en materia de interconexión, capacitación, carga de sistemas, actualizaciones y su mantenimiento, así como de las crecientes necesidades de esquemas alternos de comunicación y traducción entre ellos.

Hay diversos sistemas para las funciones de gobierno, como sistemas de pago y control presupuestal, plataformas para contratación, adquisiciones, licitaciones y compras, así como de control de personal y el gasto en servicios personales, manejo de inventarios, cálculo de impuestos y transferencias entre dependencias y entidades, controles de gestión y correspondencia, presupuesto, manejo de efectivo, registro contable y cuenta pública y, en general, para el manejo de los recursos humanos, materiales y financieros de las dependencias a través de las oficialías mayores.

Diversos estudios, análisis y estadísticas señalan que México presenta un importante deterioro en sus niveles de competitividad internacional y de crecimiento del producto interno bruto (PIB) e incluyen como unos de los factores primordiales los relacionados con investigación y desarrollo experimental respecto al PIB, en inversión en tecnologías de la información en proporción con el PIB; en el número de registro de patentes, científicos, negocios basados en tecnología, investigaciones, fuentes de empleo para científicos, porcentaje del PIB destinado a la investigación y desarrollo y accesibilidad a banda ancha, entre otros, En todos ellos, México ocupa un nivel inferior al promedio mundial, con los consiguientes efectos en la economía y productividad.

Ante esta realidad, resulta primordial el impulso del de-sarrollo tecnológico, del uso de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones.

En enero de 2009, la Secretaría de la Función Pública dio a conocer la Agenda de gobierno digital, diseñada a fin de digitalizar los trámites administrativos y aprovechar las tecnologías de la información, y disminuir la brecha digital entre la administración pública federal con objeto de evolucionar hacia la sociedad de la información y del conocimiento. Al respecto, esa dependencia señala:

“Ello vincula, además, el programa de mejora de la gestión a fin de otorgar mejores servicios y facilitar, entre otras cosas, el acceso a la información, a la rendición de cuentas, la transparencia y fortalecer la participación ciudadana” (Secretaría de la Función Pública, Dirección de Comunicación Social, comunicado de prensa número 01/2009, 16 de enero de 2009).

Asimismo, y en el marco del diseño de políticas públicas, el Plan Nacional de Desarrollo y la puesta en marcha de la agenda digital para México, es importante que estos procesos de homologación y estandarización que se realizarán, derivado del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público, se den en un contexto de interoperabilidad entre sistemas de la administración pública federal.

Ello, a fin de unificar esfuerzos y recursos, con criterios que promuevan la eficiencia y la productividad, facilitando la comunicación y agilidad de trámites y procesos y, en general, un mejor manejo administrativo, con transparencia, mediante el uso de nuevas tecnologías, lo que sin duda promoverá ahorros y economías para el gobierno federal.

2. En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, se halla el diseño de las áreas de tecnologías de la información en el nuevo modelo de oficialía mayor. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 señala que la inversión en telecomunicaciones, tecnologías de la información, desarrollo tecnológico y gobierno digital deben ser prioridades en el gobierno y sus políticas. Ello va unido al diseño y a la implantación de la agenda digital dada a conocer por la Secretaría de la Función Pública en enero de 2009 con objetivos relacionados con la eficiencia operativa gubernamental.

Para su implantación se requiere el fortalecimiento institucional de las direcciones de tecnologías de la información y de gobierno digital de las dependencias, involucrándolas en una visión institucional orientada a los fines plasmados en la agenda digital. Sin embargo, en el marco del programa de austeridad, es importante rescatar su papel y trascendencia a fin de que, adscritas a cada oficialía mayor, no se conviertan en meros administradores y reparadores de equipos informáticos, consumibles y suministros, dejando de lado su tarea primordial y de largo plazo en el contexto de la agenda digital y los proyectos y programas de conectividad y avance tecnológico, vital para el crecimiento, productividad y mejora en la competitividad del país.

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Esta soberanía exhorta al Ejecutivo federal a garantizar que los esfuerzos de homologación y estandarización de procesos para el modelo de las oficialías mayores de las dependencias y de las entidades, emprendido a partir del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público se den con criterios acordes con lo establecido en la agenda digital en materia de interoperabilidad de la administración pública federal, involucrando al mayor número de dependencias y órdenes de gobierno, con criterios de eficiencia y economía, facilitando el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas, en la cual los ciudadanos y las áreas de tecnologías de la información de las dependencias desempeñan un papel fundamental. Asimismo, se vincule con los esfuerzos emprendidos en los tres órdenes de gobierno en materia de homologación contable a partir de la aprobación y puesta en marcha de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a fin de lograr reducciones de costos y homologación de sistemas y procesos, con los consiguientes ahorros en materia tecnológica, lo cual redundará en el alcance de las metas en materia de austeridad.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que en el marco de la Agenda digital promovida por esta administración, y a pesar de los programas de austeridad, como el de carácter nacional recién presentado, se promueva el fortalecimiento de las áreas de tecnologías de la información y equivalentes de la administración pública federal, a fin de evitar que en las oficialías mayores se reduzca el nivel e importancia en los esfuerzos por emprender en dicha agenda digital.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 25 de marzo de 2010.— Diputado Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se turna a la Comisión de la Función Pública.

ESTADO DE GUERRERO

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene entonces la palabra el diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Salud, así como al gobierno del estado de Guerrero a que construyan un hospital general para la atención de la población indígena de la región de la Montaña.

El diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández:Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, vengo representando una de las regiones económicas de mayor marginación y pobreza social de este país, que es la región de la Montaña.

Ahí, en el estado de Guerrero, particularmente en esta región, donde se concentra la mayor población indígena, encontramos una realidad que ha estado por muchos años en nuestro país: la marginación, la pobreza, el olvido, la falta de espacios de oportunidad para poder vivir mejor. Ahí tenemos a los municipios con menor índice de desarrollo humano, como Cochoapa y Metlatónoc, que son los municipios de mayor marginación y pobreza de nuestro país.

Particularmente encontramos ausencias de atención en materia de salud y hoy vengo frente a ustedes a pedirles su expresión solidaria para los hombres y mujeres, para los indígenas de la región de la Montaña del estado de Guerrero, para que puedan tener un mayor espacio de oportunidad en atención en materia de salud.

La región de la Montaña tan sólo tiene un hospital regional que atiende a 19 municipios, todos ellos de población indígena de alta y muy alta marginación. Dicho hospital, compañeras, compañeros diputados, fue construido hace más de 30, 40 años. De acuerdo con la información de protección civil, ya cumplió con su vida útil para la que fue proyectado.

Es necesaria la construcción de un nuevo edificio, de lo contrario, se pone en riesgo la integridad física no nada más de quienes acuden al servicio de salud, sino también de los trabajadores.

De manera responsable les comparto que en estos momentos y desde el día de ayer se encuentran tomadas las instalaciones del hospital regional de Tlapa por los trabajadores y por habitantes de la región, porque llevan muchos años pidiendo que se les construya un nuevo edificio.

Lo que venimos a compartir con ustedes es un espacio de oportunidad de mayor justicia, justicia social para los pueblos, para las comunidades de la región de la Montaña. Es una realidad: requerimos un nuevo hospital; es urgente la construcción de un nuevo hospital en la región de la Montaña.

Me queda muy claro que tenemos un firme compromiso con todos los mexicanos, pero sobre todo ojalá que compartamos la visión y el compromiso con los que  menos tienen, y ellos se encuentran en la región de la Montaña del estado de Guerrero.

Por eso es que hoy vengo a presentar en el pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo donde se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Hacienda y a todas las autoridades de los tres niveles de gobierno para que ojalá pronto, lo más pronto posible, se construya un hospital regional en la ciudad de Tlapa del estado de Guerrero. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, y de Salud, así como al gobierno de Guerrero, a construir un hospital general que atienda a la población indígena de La Montaña, a cargo del diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal de la LXI Legislatura y perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que el derecho a la salud es el derecho más violado y menos garantizado para la población de la región de La Montaña del estado de Guerrero. Los casos documentados de la falta de acceso a la salud son múltiples.

El derecho a la salud es un derecho establecido en nuestra Constitución en el (artículo 4):“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. El Estado tiene tres obligaciones: respetar, proteger, y cumplir el derecho a la salud. Esto quiere decir que no basta que haya servicio de médicos privados; para la población que no puede pagar, que no está afiliada a un sistema de seguridad social como el IMSS o ISSSTE, el Estado está obligado a proveer dicho servicio.

Aproximadamente el 96% de la población indígena en Guerrero no tiene acceso a servicios de salud por falta de hospitales con personal calificado y equipamientos básicos.

La Montaña tiene un hospital general para atender a 19 municipios de Tlapa de Comonfort, Atlixtac, Chilapa, comunidades de Ahuacotzingo y comunidades del municipio de Joaquín de Herrera, existe una alta demanda del servicio de salud por parte de las comunidades y sólo existe un hospital que ya no puede atender a todos debido a que no cuenta con el personal médico especializado, la infraestructura, ni medicamentos indispensables, equipamiento médico adecuado, los pobladores de las regiones más apartadas de la cabecera municipal tienen que viajar durante horas para que sean atendidos por algún especialista, ya que en muchas comunidades no existe un centro o una casa de salud, y el viaje resulta costoso para los familiares del enfermo, y este gasto no lo cubre el Seguro Popular, las mujeres en proceso de parto mueren en el camino pues no alcanzan a llegar al hospital más cercano, también las personas que padecen una enfermedad y que viven en pobreza extrema, terminan vendiendo lo poco que tienen para pagar los gastos de atención médica.

Diputadas y diputados; del gasto federalizado para el estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2010 en aportaciones para la salud, aprobamos 2,680 millones de pesos, un incremento de 136 millones de pesos con relación al ejercicio fiscal 2009, también aprobamos un fondo de aportaciones para los servicios de salud a la comunidad por 37 mil 151 millones de pesos.

Es urgente destinar dichos recursos para la construcción de un nuevo hospital general en la región más pobre del país, a efecto de revertir los índices vergonzosos de mortalidad a causa de la falta de atención médica.

Nuestro compromiso es con los pueblos indígenas que constituyen un grupo poblacional históricamente excluido del desarrollo nacional y privado del disfrute de sus derechos.

Por lo antes expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la SHCP, la Secretaría de Salud y al Gobierno del estado de Guerrero, construyan un hospital general, para la atención de la población indígena de la región de La Montaña del estado de Guerrero.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2010.— Diputados: Sofío Ramírez Hernández, Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbricas).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Salud.

El diputado Armando Ríos Piter (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputado Ríos Piter ¿con qué objeto?

El diputado Armando Ríos Piter (desde la curul): Para preguntar si el diputado Sofío me permite sumarme a su punto de acuerdo.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputado Sofío, ¿está usted de acuerdo en que se adhiera a su proposición?

El diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández(desde la curul): Estoy de acuerdo.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Ha manifestado su anuencia, diputado Ríos Piter. De manera que puede pasar usted y quienes deseen suscribir la proposición a la Secretaría para firmar el documento correspondiente.

ESTADO DE MICHOACAN

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra la diputada Jeny de los Reyes Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a que investigue las desapariciones y el fallecimiento de periodistas en Michoacán.

La diputada Jeny de los Reyes Aguilar:Con su venia, señor presidente. México es, a nuestro pesar, el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo, según diversas organizaciones internacionales de derechos humanos y de protección a los periodistas.

La falta de condiciones de seguridad que impera en casi todo el país ha sido particularmente agresiva contra quienes desempeñan la labor de investigar e informar a la ciudadanía.

El estado de Michoacán es uno de los que más han sufrido los embates de la delincuencia y desgraciadamente también ha sido testigo de una serie de crímenes cometidos en contra de varios comunicadores.

De conformidad con el programa legal de la organización internacional, artículo 19, en defensa del derecho humano de libertad de expresión, las recientes desapariciones y asesinatos de periodistas en Michoacán convierten a esta entidad en una de las más peligrosas de México para ejercer el periodismo. Asimismo, lamentan que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas únicamente haya integrado 4 averiguaciones previas, pese a haber sido denunciados 104 casos de agresiones.

El pasado noviembre de 2006 se reportó la desaparición del periodista Antonio García, director del periódico Ecos de Tepalcatepec. Asimismo en el 2007, en diciembre, fue asesinado Gerardo García Pimental, reportero del periódico La Opinión de Michoacán. En 2008 desapareció Mauricio Estrada, reportero de ese mismo diario.

De manera más reciente, el 11 de noviembre de 2009, se reportó la desaparición de María Esther Aguilar Casinde, corresponsal del periódico Cambio de Michoacán, en el municipio de Zamora, sin que a la fecha se tenga noticia de su paradero.

Asimismo, el 6 de abril pasado, el periodista Ramón Ángeles Zalpa, corresponsal del mismo diario, en el municipio de Paracho, desapareció cuando se dirigía a realizar sus labores periodísticas.

Finalmente, en la madrugada del pasado 10 de abril del presente año fue localizado sin vida el cuerpo de un notario público en la ciudad de Morelia, el licenciado Enrique Villicaña Palomares, quien había sido privado de su libertad desde el lunes 5 del mismo mes y se desempeñaba como columnista político y colaborador de varios medios impresos.

Compañeros y compañeras, no podemos permanecer impasibles frente a estos hechos. Nos sentimos profundamente indignados por estos actos cobardes y exigimos a las autoridades encargadas de la procuración de justicia que de manera inmediata se tomen las medidas necesarias que lleven a la localización de los periodistas desaparecidos.

El ejercicio de la labor periodística es esencial para el desa-rrollo democrático de nuestra nación y es nuestra obligación otorgar a los comunicadores las garantías necesarias para llevar a cabo esa importante función.

Por esto mismo, y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a su consideración los siguientes puntos de acuerdo.

Primero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar las investigaciones necesarias que conduzcan a la localización de los periodistas Antonio García, Mauricio Estrada, Ramón Ángeles Zalpa y María Estela Aguilar.

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar y esclarecer el homicidio de Gerardo García Pimentel, así como la privación de la libertad y homicidio del licenciado Enrique Villicaña Palomares.

Señor presidente, le solicito que esta intervención se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a investigar las desapariciones y el fallecimiento de periodistas en Michoacán, a cargo de la diputada Jeny de los Reyes Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRI

Jeny de los Reyes Aguilar, diputada integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución a tenor de las siguientes

Consideraciones

México es, muy a nuestro pesar, el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo, según diversas organizaciones internacionales de derechos humanos y de protección a los periodistas.

El alto grado de impunidad que desde hace años afecta a los periodistas en México país, ha sido motivo de diversas reformas legales, así como la creación de una Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos Contra Periodistas, con la finalidad de otorgar mayores garantías para el ejercicio periodístico, sin que haya logrado abatirse el riesgo que implica el desempeño de dicha profesión en nuestro país.

La falta de condiciones de seguridad que impera, ha sido particularmente agresiva contra quienes desempeñan la labor de investigar e informar a la ciudadanía.

Michoacán es de los que más ha sufrido los embates de la delincuencia, y desgraciadamente en fechas recientes también ha sido testigo de una serie de crímenes cometidos en contra de comunicadores.

El 11 de noviembre de 2009 se reportó la desaparición de María Esther Aguilar Cansinde, corresponsal del periódico Cambiode Michoacán en el municipio de Zamora, sin que a la fecha se tenga noticia de su paradero.

Asimismo, el 6 de abril el periodista Ramón Ángeles Zalpa, corresponsal de ese diario en el municipio de Paracho, desa-pareció cuando se dirigía a realizar sus labores periodísticas.

Finalmente, en la madrugada de este sábado 10 de abril fue localizado sin vida el cuerpo del notario público Enrique Villicaña Palomares, quien había sido privado de su libertad el lunes 5 del presente mes, y se desempeñaba como columnista político y colaborador de varios medios impresos.

No podemos permanecer impasibles frente a estos hechos. Nos sentimos profundamente indignados por estos actos cobardes, y exigimos a las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia que de manera inmediata se tomen las medidas necesarias que lleven a la localización de los periodistas desaparecidos, y que se esclarezca el sensible fallecimiento del licenciado Enrique Villicaña Palomares.

El ejercicio de la labor periodística es esencial para el desa-rrollo democrático de nuestra nación y es nuestra obligación otorgar a los comunicadores las garantías necesarias para llevar a cabo esa importantísima función.

Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al la Procuraduría General de la República para que se realicen las investigaciones necesarias que conduzcan a la localización de los periodistas Ramón Ángeles Zalpa y María Estela Aguilar Cansinde.

Segundo. Se exhorta al la Procuraduría General de la República para que se investigue y esclarezca la privación de la libertad y el fallecimiento del licenciado Enrique Villicaña Palomares.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días de abril de 2010.— Diputada Jeny de los Reyes Aguilar (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias diputada De los Reyes. Insértese el texto íntegro de la proposición en el Diario de los Debates, como lo solicita la proponente. Túrnese a la Comisión de Justicia.

METALURGIA EXTRACTIVA

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra ahora el diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una ampliación presupuestaria de la partida de excedentes petroleros, a fin de crear el Centro Nacional de Investigaciones en Metalurgia Extractiva.

El diputado Ramón Jiménez López:Muchas gracias, señor presidente.

Consideraciones. México juega un papel importante en la producción mundial de minerales metálicos y no metálicos, siendo el tercer productor en plata, el noveno productor en oro, y tiene destacados lugares en la producción de otros minerales.

Hidalgo históricamente ha contribuido con tecnologías que revolucionaron el mundo de la minería y la metalurgia extractiva como son el beneficio de patio, la molienda, las primeras aplicaciones de la cianuración y los tanques Pachuca, que ubicaron a Hidalgo en el mundo como una región verdaderamente innovadora de la metalurgia extractiva.

Hidalgo es y ha sido una entidad eminentemente minero-metalúrgica, que en la riqueza minera esa actividad no está considerada una prioridad en la misma. A pesar de ello, Hidalgo ocupa el primer lugar con 100 por ciento de la producción nacional en manganeso. El segundo productor de cadmio, con una aportación de 10 por ciento. El tercero en plomo, con 7.4 por ciento. El cuarto en zinc, con el 7.3 por ciento. El séptimo productor de plata, con una aportación de 4.7 por ciento, y el séptimo en cobre.

Las principales industrias minero-metalúrgicas extractivas del país son Industrias Peñoles, Industrial Minera México, empresas Frisco, Nacional de Cobre, Minera Autlán y existen cientos de ellas de menor calado como Real del Monte y Pachuca, Minera del Istmo, Luismin, Corporativo Bolaños, etcétera. Se trata de un sector maduro, con mucha experiencia, pero operado con tecnología de otros países y alejado del sector investigación de nuestro país.

A nivel nacional se cuenta con un buen número de departamentos relacionados con la metalurgia extractiva. Por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la unidad Saltillo del Cinvestav-Materiales, el Departamento de Investigación de Metalurgia del Grupo Peñoles, de la UAE, también de la UNAM, la Universidad de Sonora, las de Coahuila, Chihuahua, San Luis Potosí y Colima.

Por cierto, no contamos con ningún centro nacional de investigaciones exclusivamente en metalúrgica extractiva. En estas instituciones no son más de 50 científicos y tecnólogos del SNI los dedicados a la metalurgia extractiva, lo que representa apenas el 0.33 por ciento de los 15 mil investigadores reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores.

En otras palabras, la comunidad científica mexicana de la metalurgia extractiva es del orden de 0.005 investigadores por cada 10 mil habitantes. Es decir, una insignificancia para un país con enorme potencial minero metalúrgico.

Este panorama se complica más cuando examinamos cómo se aplican los recursos económicos destinados a la investigación de la metalurgia extractiva y no se destinan más que 60 millones de pesos a esta área. Es decir, el 0.37 por ciento del PIB a investigación en general. Muy por debajo de 2.75 o 2 por ciento del PIB que dedican nuestros socios del norte, tanto Estados Unidos como Canadá, respectivamente.

En nuestro caso, los 60 millones de pesos se convierten en 0.0005 por ciento del PIB nacional, lo que representa verdaderas trazas del presupuesto para ciencia y tecnología en el campo de la extractiva, y si lo llevamos a nivel más puntual, por ejemplo en Hidalgo, se destina aproximadamente un millón de pesos para investigación, lo que en términos de producto interno bruto significa 1 por 10 a la menos 5 por ciento para ciencia y tecnología en el campo de la industria extractiva. Es decir prácticamente nada.

Ustedes saquen sus conclusiones del estado que guarda la ciencia en el campo de la metalurgia extractiva a nivel nacional.

Es notorio que la investigación de la metalurgia extractiva se encuentra sumamente dispersa en una cantidad numerosa de instituciones dedicadas a la metalurgia en general, o bien a los materiales metálicos. Está bien que se realice este tipo de investigación por todo el país. Sin embargo, los resultados obtenidos por su dispersión y falta de integración en el sector empresarial no nos ubican como una nación generadora de nuestra propia tecnología.

Es una lástima que teniendo 470 años de experiencia en el tema, ser de los principales productores de minerales metálicos y no metálicos, así como metales como la plata, plomo, zinc, cobre, etcétera, seamos un país tecnológicamente atrasado en el ámbito de la metalurgia extractiva.

Además, necesitamos darle valor agregado a esta materia prima, ese valor que en el mejor de los casos es el doble o mucho más. Lo da el conocimiento, es decir la ciencia y la tecnología.

En consecuencia, la creación del Centro Nacional de Investigaciones en Metalurgia Extractiva, con la finalidad de concentrar nuestros esfuerzos interaccionando permanentemente con el sector empresarial y con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a fin de minimizar la dependencia tecnológica con respecto a nuestros proveedores tecnológicos, y con ello evitar la sangría económica por concepto de importaciones.

Consideramos que parte del futuro de la metalurgia extractiva se encuentra en esta propuesta. ¿Cuál? La siguiente: la creación del Centro Nacional de Investigaciones en Metalurgia Extractiva, cuya sede estamos proponiendo que sea en Pachuca de Soto, estado de Hidalgo, sugiriendo que esté bajo el auspicio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, por ser una de las instituciones más sólidas y prestigiadas del país en el ámbito académico, científico y tecnológico.

Esta propuesta está doblemente justificada si se considera que el estado de Hidalgo históricamente ha sido y es, eminentemente minero metalúrgico, con un gran potencial en diversidad y riqueza minera, además de que está ubicado en la región central del país, lo que facilitaría la comunicación entre todas las empresas e instituciones de la metalurgia extractiva en México.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Único. Esta soberanía solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una ampliación presupuestal de la partida de excedentes petroleros, a fin de crear el Centro Nacional de Investigaciones en Metalurgia Extractiva, cuya sede sería Pachuca de Soto, estado de Hidalgo, sugiriendo que esté bajo el auspicio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP una ampliación presupuestaria de la partida de excedentes petroleros para crear el centro nacional de investigaciones en metalurgia extractiva, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado integrante de Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

México juega un papel importante en la producción mundial de minerales metálicos y no metálicos, siendo el primer productor de cobre y el treceavo en hierro y azufre; todos ellos materias primas fundamentales para los países desa-rrollados y en vías de desarrollo como nuestro país.

Hidalgo, históricamente ha contribuido, con tecnologías que revolucionaron el mundo de la minería y la metalurgia extractiva, como son el beneficio de patio, la molienda, las primeras aplicaciones de la cianuración y los tanques Pachuca, que ubicaron a Hidalgo en el mundo como una región verdaderamente innovadora de la metalurgia extractiva.

Hidalgo es y ha sido una entidad eminentemente minero-metalúrgica, actividad que en la riqueza minera esa actividad no está considerada una prioridad en esta entidad. A pesar de ello, ocupa el primer lugar con 100 por ciento de la producción nacional en manganeso, el segundo productor de cadmio, con una aportación de 10 por ciento; el tercero en plomo, con 7.4 por ciento; el cuarto en zinc, con 7.3 por ciento, el séptimo productor de plata, con una aportación de 4.7 por ciento, y el séptimo de cobre.

Las principales industrias minero-metalúrgicas extractivas del país son Industrias Peñoles, Industrial Minera México, Empresas Frisco, Nacional de Cobre, Minera Autlán y existen cientos de ellas de menor calado, como Real del Monte y Pachuca, Minera del Istmo, Luis-Min, Corporativo Bolaños, etcétera. Se trata de un sector maduro, con mucha experiencia, pero operando con tecnología de otros países y alejado del sector investigación de nuestro país.

A nivel nacional se cuenta con un buen número de departamentos relacionados con la Metalurgia Extractiva: El Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Unidad Saltillo-Cinvestav-Materiales, departamentos de investigación de Metalurgia del Grupo Peñoles, de la UAE, de la UNAM, la Universidad de Sonora, la de Coahuila, Chihuahua, San Luis Potosí y Colima.

Por cierto, no contamos con ningún centro nacional de investigaciones exclusivamente en metalúrgica extractiva. En esta instituciones no somos más de 50 científicos y tecnólogos del SIN dedicados a la metalurgia extractiva, lo que representa apenas el 0.33 por ciento de los 15 mil investigadores reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores. En otras palabras, la comunidad científica mexicana de la Metalurgia Extractiva es del orden de 0.005 investigadores/10 mil habitantes, una insignificancia para un país con un enorme potencial minero-metalúrgico.

Este panorama se complica más cuando examinamos cómo se aplican los recursos económicos destinados a la investigación de la Metalurgia Extractiva, y no se destinan más de 60 millones de pesos a esta área. El país ha destinado históricamente 40 mil millones de pesos por año (0.37% del PIB) a investigación en general, muy por debajo de los 2.75 y 2 por ciento del PIB que dedican nuestro socios del norte, Estados Unidos y Canadá, respectivamente.

En nuestro caso los 60 millones se convierten en el 0.0005 por ciento del PIB nacional, lo que representan verdaderas “tranzas” del presupuesto para ciencia y tecnología en el campo de la extractiva, y si lo llevamos a nivel más puntual por ejemplo en Hidalgo se destina aproximadamente 1 millón, lo que en términos del PIB significa el 1 x 10-5 por ciento para ciencia y tecnología en el campo de la extractiva, es decir, prácticamente nada. Ustedes saquen sus conclusiones del estado que guarda la ciencia en el campo de la metalurgia extractiva a nivel nacional.

Es notorio que la investigación de la metalurgia extractiva se encuentra sumamente dispersa en una cantidad numerosa de instituciones dedicadas a la metalurgia en general o bien a los materiales metálicos. Está bien que se realice este tipo de investigación por todo el país, sin embargo, los resultados obtenidos por su dispersión y falta de integración con el sector empresarial no nos ubica como una nación generadora de nuestra propia tecnología.

Es una lástima que, teniendo 470 años de experiencia en el tema, ser de los principales productores de minerales metálicos y no metálicos, metales como la plata, plomo, cinc, cobre, etcétera, seamos un país tecnológicamente en el ámbito de metalurgia extractiva. Además, necesitamos darle valor agregado a esas materias primas, ese valor que en el mejor de los casos es el doble o mucho mas lo da el conocimiento: la ciencia y la tecnología.

La creación del Centro Nacional de Investigaciones en Metalurgia Extractiva, con la finalidad de concentrar nuestros esfuerzos interaccionando permanentemente con el sector empresarial y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a fin de minimizar la dependencia tecnológica con respecto a nuestros proveedores tecnológicos, y con ello evitar la sangría económica por concepto de importaciones.

Consideramos que parte del futuro de la metalurgia extractiva se encuentra en esta propuesta: la creación del Centro Nacional de Investigaciones en Metalurgia Extractiva, cuya cede sería Pachuca de Soto, estado de Hidalgo, sugiriendo que este bajo el auspicio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, por ser una de las instituciones más sólidas y prestigiadas del país en el ámbito, académico, científico y tecnológico.

Esta propuesta esta doblemente justificada si se considera que el estado de Hidalgo históricamente ha sido y es eminentemente minero-metalúrgico, con un gran potencial en diversidad y riqueza minera, además que está ubicado en la región central del país, lo que facilitaría la comunicación entre todas las empresas e instituciones de la metalurgia extractiva en México.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una ampliación presupuestaria de la partida de excedentes petroleros a fin de crear el Centro Nacional de Investigaciones en Metalurgia Extractiva, cuya cede sería Pachuca de Soto, estado de Hidalgo, sugiriendo que esté bajo el auspicio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2010.— Diputado Ramón Jiménez López, Francisco Hernández Juárez (rúbricas).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Jiménez López. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PRESTAMOS INTERNACIONALES

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibió del  diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que diversas secretarías mejoren sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos obtenidos a través de préstamos internacionales.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que la Semarnat, la Segob y la SRE mejoren sus esquemas de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos obtenidos a través de préstamos internacionales, así como en las actividades de ciudadanos extranjeros en el país, a cargo del diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Eduardo Alonso Bailey Elizondo, diputado federal por Nuevo León del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta al Ejecutivo federal para que las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Gobernación, y de Relaciones Exteriores mejoren sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de de los recursos obtenidos a través de préstamos internacionales, así como de las actividades de ciudadanos extranjeros en nuestro país al tenor de las siguientes

Consideraciones

La cooperación internacional para el desarrollo es sin duda alguna uno de los pilares en los que debe descansar el sistema de las naciones. Resulta de especial importancia el hecho de que los países más desarrollados puedan ofrecer préstamos hacia Estados menos favorecidos y, con ello, impulsar programas que mejoren la calidad de vida de quienes por alguna razón no cuentan con los elementos necesarios para subsanar algunas necesidades básicas como la educación, la alimentación, la vivienda y la salud, principalmente.

La crisis económica mundial ha puesto de manifiesto que los recursos públicos deben ser ejercidos con toda responsabilidad y transparencia, siempre vigilando que se cumplan los objetivos para los cuales fueron destinados. Por lo que resulta imprescindible e indispensable fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en todos aquellos ámbitos en los que existe participación directa o indirecta de recursos públicos, más aún si esos recursos provienen de algún préstamo internacional, ya sea de algún gobierno extranjero u organismos multilaterales.

El hecho de aceptar un préstamo de un país desarrollado implica que se tranparente el destino final de los recursos obtenidos, porque significa incrementar el nivel de endeudamiento de nuestro país. Por lo que se deben de saber cuáles fueron los motivos para aceptar el empréstito y en qué actividades o  programas se aplicaran pero, sobre todo, quiénes son los beneficiarios directos de dicho financiamiento.

Dos casos que ponemos a consideración de esta honorable asamblea a manera de ejemplo: el primero, respecto al préstamo que la Agencia Francesa de Desarrollo otorgó por 185 millones de euros al gobierno mexicano a través de la firma de un memorándum de entendimiento firmado por Jean-Michel Severino, director de dicha agencia, y Juan Elvira Quesada, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para impulsar políticas públicas contra los efectos adversos del cambio climático y emprender acciones que contribuyan a mejorar en cuanto a competitividad se refiere. En palabras del propio director de la agencia francesa, “este es un préstamo presupuestario que no ha sido asignado a algún proyecto especial, tienen otro objetivo, primeramente aportar los recursos adicionales a México para permitir sostener gastos suplementarios que se generan en los programas ecologistas a desarrollar y en apoyo económico después de la crisis”.

Los mexicanos nos debemos preguntar ¿cuántos de estos préstamos no han sido auditados por la misma ciudadanía?, ¿qué proyectos en lo particular son beneficiados por esos fondos?, ¿por qué el gobierno federal adquiere deuda internacional sin tener lineamientos claros y transparencia respecto el manejo de dichos recursos?

Por citar un ejemplo más, el gobierno del Reino Unido también ha destinado recursos en calidad de empréstito, para iniciar proyectos sobre el mismo tema, tal es el caso del programa Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales para desarrollar Medidas de Adaptación para reducir la Vulnerabilidad al Cambio Climático en Áreas Protegidas de México, firmado por la embajadora del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México, Judith Macgregor, y el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Elvira Quesada, el cual destina una inversión del país extranjero por casi diez millones de pesos.

La Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2008 detectó que de los 500 millones de dólares que en calidad de préstamo concedido por el Banco Mundial para aplicar en el programa Política de Desarrollo sobre el Cambio Climático, contratado por México, no hay evidencia de que se haya destinado a ningún proyecto de inversión. Ése es el tipo de conductas hacen que el ciudadano se cuestione sobre la aplicación eficiente y real de los recursos públicos en programas de políticas públicas que le beneficien directamente.

Por ello es necesario transparentar la aplicación de esos recursos, en particular si estos empréstitos representarán una injerencia extranjera en el desarrollo de dichas políticas públicas en cualquier tema y ahora en el caso particular en los temas de medio ambiente y cambio climático. No escapa a la atención de este legislativo que nuestro país históricamente ha sido sujeto de ataques e intromisiones; una y otra vez, intereses ajenos al desarrollo de México, encuentran en la falta de transparencia tierra fértil para posicionarse, limitando nuestro crecimiento.

En el Grupo Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional estamos convencidos de la importancia que reviste la cooperación y solidaridad internacional hacia los países que luchan día con día por la superación de adversidades sociales y económicas que le impiden tener un mejor nivel y calidad de vida; sin embargo, el gobierno federal debe hacerse responsable por rendir cuentas y hacer transparente el manejo de los recursos obtenidos a través de préstamos internacionales, ya que éstos podrían ser susceptibles de transgredir la soberanía nacional consagrada en el artículo 39 de nuestra Carta Magna, al utilizar recursos extranjeros en proyectos, programas y acciones a nivel nacional cuyo fin no está claro, y no consideran el interés último del pueblo mexicano.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales,  de Gobernación, y de Relaciones Exteriores, en el ámbito de sus facultades

1. Promuevan mecanismos que hagan más eficiente la transparencia en el destino de los recursos provenientes de préstamos internacionales, ya sean de Estados u organismos multilaterales.

2. Haga del conocimiento público los programas de trabajo en los que se utilizarán los fondos recibidos y el  padrón actualizado de beneficiarios de los recursos del préstamo, y sí éstos son otorgados mediante concurso o convocatoria a personas físicas o morales que desarrollen por su cuenta acciones para las cuales fue destinado en préstamo.

3. Aclare la calidad migratoria en nuestro país de los ciudadanos extranjeros que en calidad de asesores de la Comisión Especial sobre Cambio Climático fueron presentados durante su instalación en la honorable Cámara de Diputados.

Notas:

1 Alatorre, Adriana. “Apoya Francia planes contra cambios climático”. Reforma. 16 de febrero de 2010.

2 “Semarnat y RU firman acuerdo pro cambio climático”. El Economista. 16 de febrero de 2010.

3 Sosa, Miguel Ángel. “El cambio climático no afecta: Semarnat”. El Universal. 23 de febrero de 2010.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2010.— Diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se turna a las Comisiones Unidas de la Función Pública y de Gobernación.

PROGRAMA HOY NO CIRCULA

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra el diputado Gumercindo Castellanos Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Distrito Federal a que analice la posibilidad de exentar del programa Hoy no Circula a los vehículos con permisos de internación temporal. Adelante, diputado Castellanos.

El diputado Gumercindo Castellanos Flores:Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados integrantes de la Mesa Directiva, buenas tardes.

El de la voz, diputado Gumercindo Castellanos Flores, integrante de esta LXI Legislatura y del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta asamblea punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Distrito Federal para que analice la posibilidad de exentar del programa Hoy no Circula a los vehículos con permisos de internacional temporal, medida que beneficia a las personas que visitan nuestro país, con base en la siguiente exposición de motivos.

Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan nuestros visitantes al ingresar con su vehículo al Distrito Federal es que son sujetos de constantes extorsiones por parte de los oficiales de tránsito bajo el argumento de que están violando el programa Hoy no Circula, el cual desconocen por falta de información.

Es una realidad que el programa Hoy no Circula es una limitante para que nuestros paisanos puedan llegar a su destino y visitar a sus parientes y amigos, o en su caso, llevar actividades de turismo en estas dos entidades, dado que no se les permite circular un día, dependiendo de la terminación de su placa vehicular, del lugar de procedencia y de su permiso de internación temporal del vehículo.

El gobierno del Distrito Federal no tiene bien informado al visitante respecto de las disposiciones establecidas en el programa Hoy no Circula, situación que lo confunde y en repetidas ocasiones inhibe la llegada de paisanos por causa de este tipo de medidas que generan confusión y miedo a ser extorsionados por los seudopolicías de tránsito.

El modo de operar de los oficiales es que identifican el vehículo con placas extranjeras, lo detienen, solicitan su documentación. Una vez que se enteran de que ésta se encuentra en regla, prepotentemente le comentan al paisano que ha violado el programa Hoy no Circula aun cuando no sea así, ya que estos abusan de su desconocimiento y lo intimidan amenazándolo con que su vehículo será remitido al corralón respectivo, pero si coopera se puede evitar esa situación, conduciéndolo a la situación de que está siendo sujeto.

Por otro lado, se requiere que las autoridades locales realicen una investigación de los casos en donde se han realizado extorsiones y se tomen medidas para sancionar drásticamente a todos aquellos policías que han dañado a los connacionales que vienen a visitar a sus familiares, así como a vacacionar.

Asimismo, si los connacionales hablan a los teléfonos de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal para solicitar información en referencia a la aplicación del programa Hoy no Circula para tener conocimiento sobre su caso en particular, la información es incompleta, deficiente y nada cordial, generando disgusto, malestar y desconfianza para ingresar a la zona metropolitana de la Ciudad de México.

Se requiere que se tomen medidas de fondo sobre este tema para apoyar la llegada de los paisanos que necesitan ser arropados por su país y no extorsionados por instituciones, como de algunos policías de tránsito del Distrito Federal.

Actualmente el programa Hoy no Circula exenta a todos los vehículos que portan la calcomanía doble cero, así como a algunos otros. Por consiguiente, es necesario que se incluya a los vehículos extranjeros que portan permiso temporal.

Con esta medida se apoya y se impulsa a los paisanos a que puedan visitar la zona metropolitana de la Ciudad de México el día que quieran sin restricción alguna, dado que sólo es temporal su visita.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional considera relevante que se impulsen medidas para apoyar a nuestros paisanos no de manera temporal, sino permanente, asumiendo medidas que permitan que los nuestros puedan venir y visitar el Distrito Federal y la zona conurbada los días que quieran, sin restricción alguna, ya que su estancia es transitoria.

Estoy convencido de que con estas propuestas generaremos confianza...

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Le solicito terminar, señor diputado.

El diputado Gumercindo Castellanos Flores:Así lo hago, diputado, un minuto más, por favor.

Con estas propuestas generaremos confianza en nuestros connacionales logrando que sus visitas sean constantes y con ello fomentar una importante rama de divisas, impulsar al turismo y estimular la actividad económica.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación de los siguientes puntos de acuerdo.

Primero. Se hace un atento exhorto al Gobierno del Distrito Federal para que analice la posibilidad de exentar del programa Hoy no Circula a los vehículos con permiso de internación temporal, medida que beneficiará a los connacionales y a algunos otros que visiten nuestro país.

Segundo. Se hace un atento exhorto al Gobierno del Distrito Federal para que realice una investigación y se deslinden responsabilidades a los agentes de tránsito que abusan y extorsionan a los connacionales con placas extranjeras que circulan por su jurisdicción.

Tercero. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que realice una investigación sobre el servicio que presta la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, ya que se han encontrado respuestas de intolerancia, despotismo, maltrato a la gente que llama por teléfono para pedir información sobre el programa Hoy no Circula.

Es cuanto, señor presidente. Ruego a usted de la manera más respetuosa que sea integrado en el Diario de los Debates el contenido íntegro de este punto de acuerdo. Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al GDF a analizar la posibilidad de exentar del programa Hoy no Circula a los vehículos con permiso de internación temporal, a cargo del diputado Gumercindo Castellanos Flores, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Gumercindo Castellanos Flores, a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal, para que analice la posibilidad de exentar del Programa Hoy no Circula a los vehículos con permisos de internación temporal, medida que beneficia a los connacionales que visitan nuestro país, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan nuestros paisanos al ingresar con su vehículo al Distrito Federal, es que son sujetos de constantes extorsiones por parte de los oficiales de tránsito, bajo el argumento de que están violando el Programa Hoy No Circula, el cual desconocen por falta de información.

Es una realidad que el Programa Hoy no Circula es una limitante para que nuestros paisanos puedan llegar a su destino y visitar a sus parientes y amigos, o en su caso llevar actividades de turismo en estas dos entidades, dado que no se les permite circular un día, dependiendo de la terminación de su placa vehicular, del lugar de procedencia y de su permiso de internación temporal del vehículo.

El Gobierno del Distrito Federal no tiene bien informado al paisano respecto a las disposiciones establecidas en el Programa Hoy No Circula, situación que los confunde y en repetidas ocasiones inhibe la llegada de paisanos por causa de este tipo de medidas que generan confusión y miedo a ser extorsionados por los seudo policías de tránsito.

El modo de operar de los oficiales es que identifican el vehículo con placas extranjeras, lo detienen solicitando su documentación, una vez que se enteran de que esta se encuentra en regla, prepotentemente le comentan al paisano que ha violado el Programa Hoy no Circula, “aun cuando no es así”, ya que estos abusan de su desconocimiento, y lo intimidan amenazándolo que lo remitirán al corralón respectivo, y que si coopera se puede evitar esta situación, conduciéndolo a la extorsión de que está siendo sujeto.

Por otro lado, se requiere que las autoridades locales realicen una investigación de los casos en donde se han realizado extorsiones, y se tomen medidas para sancionar drásticamente a todos aquellos policías que han dañado a los connacionales que vienen a visitar a sus familiares así como a vacacionar.

Asimismo, si los connacionales hablan a los teléfonos de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal para solicitar información en referencia a la aplicación del Programa Hoy no Circula, para tener conocimiento sobre su caso en particular, la información es incompleta, deficiente, y nada cordial, generando disgusto, malestar y desconfianza para ingresar a la zona metropolitana de la Ciudad de México.

Se requiere que se tomen medidas de fondo sobre este tema, para apoyar la llegada de los paisanos que necesitan ser arropados por su país, y no extorsionados por instituciones como la policía de tránsito del Distrito Federal.

Actualmente el Programa Hoy no Circula exenta a todos vehículos que porten la calcomanía doble cero, los destinados a prestar servicios médicos, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, servicios urbanos, los que utilizan energía solar y eléctrica, los destinados a prestar el servicio de transporte escolar con permiso o autorización correspondiente, los destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios que se encuentren prestando el servicio, los que transporten o sean conducidos por personas con discapacidad, los que por circunstancias urgentes sean utilizados para atender una emergencia médica, los destinados al servicio público federal de transporte de pasajeros,  las motocicletas en tanto no existan y apliquen Normas Oficiales Mexicanas, por consiguiente es necesario que se incluya a los vehículos extranjeros que portan permiso temporal, con esta medida se apoya y se impulsa a los paisanos a que puedan visitar la zona metropolitana de la Ciudad de México el día que quieran sin restricción alguna, dado que sólo es temporal su visita.

El Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional considera relevante que se impulsen medidas para apoyar a nuestros paisanos, no de manera temporal, sino permanente, asumiendo medidas que permitan que los nuestros puedan venir y visitar el Distrito Federal y la zona conurbana los días que quieran, sin restricción alguna, ya que su estancia es transitoria.

Estoy convencido que con esta propuesta generamos confianza en nuestros connacionales logrando que sus visitas sean constantes, con ello fomentamos una importante derrama de divisas, impulsamos el turismo y estimulamos la actividad económica.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se hace un atento exhorto al Gobierno del Distrito Federal, para que analice la posibilidad de exentar del Programa Hoy no Circula a los vehículos con permisos de internación temporal, medida que beneficia a los connacionales que visitan nuestro país.

Segundo.Se hace un atento exhorto al Gobierno del Distrito Federal, para que realice una investigación y se deslinden responsabilidades a los agentes de tránsito, que abusan y extorsionan a los conductores con placas extranjeras que circulan por su jurisdicción.

Tercero. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que realice una investigación sobre el servicio que presta la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, ya que se han encontrado respuestas de intolerancia, despotismo y maltrato a la gente que llama por teléfono para pedir información sobre el Programa Hoy no Circula.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2010.— Diputado Gumercindo Castellanos Flores, Juan José Cuevas García (rúbricas).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Insértese el contenido íntegro de la proposición en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.

El diputado Juan José Cuevas García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Dígame, diputado.

El diputado Juan José Cuevas García(desde la curul): Diputado presidente, quiero ver si le pregunta al compañero exponente si me hace el favor de anexarnos a su propuesta.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputado Castellanos, le consulto si está de acuerdo en aceptar la adhesión del diputado Cuevas García en la proposición que acaba de usted de presentar.

Ya le ha dicho de manera personal que sí, por tanto pase usted a suscribirla en la Secretaría.

COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra el diputado Miguel Ernesto Pompa Corella, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Adelante, diputado Pompa.

El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella:Con su permiso, señor presidente.

El suscrito, diputado federal de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguientes consideraciones.

La determinación en torno al cierre del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro entraña diversas acciones pro parte de la Cámara de Diputados, especialmente en cuanto al conocimiento puntual del detalle relativo a la aplicación de diversas partidas presupuestarias destinadas a dicha empresa pública, así como respecto del destino de importantes sumas que aparentemente no fueron ejercidas durante el último trimestre del ejercicio de 2009, con motivo de la referida extinción.

Cobra especial relevancia la revisión de las erogaciones realizadas por las instancias liquidadoras, así como de las contrataciones extraordinarias, adjudicaciones, pago de remuneraciones ordinarias, extraordinarias y la correcta y debida aplicación de los importes devengados hasta la fecha en que se decretó la liquidación.

Debe aclararse que el ejercicio de las facultades constitucionales de esta Cámara es independiente de las funciones y atribuciones de fiscalización correspondientes a la Auditoría Superior de la Federación, dado que en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sólo esta Cámara de Diputados se encuentra facultada para realizar reasignaciones y transferencias presupuestarias.

Más aún, que tras el paquete de ajuste realizado hasta el mes de agosto de 2009 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es posible considerar que se ejercieron en todo su alcance y extensión las facultades para la realización de ajustes en términos de la normativa aprobada por el Congreso General.

Dado que los excedentes y remanentes deben ser reasignados por parte de esta soberanía, debe citarse a los funcionarios involucrados en la toma de decisiones respecto de la debida salvaguarda de cuantiosos recursos que no fueron aplicados a su destino constitucional, tal y como sucedió con el gasto corriente del organismo, incluyendo salarios, prestaciones y otras remuneraciones.

De igual forma, diversos programas de mantenimiento, construcción e infraestructura destinados a Luz y Fuerza no son de considerarse de libre disposición, como tampoco lo son aquellos importes relacionados con el pago de subsidios y transferencias que se hicieran a la Comisión Federal de Electricidad.

El ejercicio y aplicación de tales sumas se encuentran pendientes, y esta Cámara debe optar por diversas medidas en el alcance del marco constitucional, considerando que prácticamente el 25 por ciento de las partidas presupuestarias autorizadas al descentralizado extinto ya no pudieron ser ejercidas por el mismo.

Es preciso evitar que tales sumas queden en un estado de indefinición regulatoria, integrándose a fondos o cuentas de las conocidas impropiamente como disponibilidades. O peor aún, sean manipuladas discrecionalmente por instancias no destinatarias de tales recursos al margen de las facultades constitucionales de la Cámara de Diputados.

Los límites y restricciones para la realización de transferencias dentro de una entidad o dependencia no resultan aplicables a transferencias a otras entidades, o entre éstas y las dependencias, por los que los importes materia de preocupación no pudieran ser entregados a la Comisión Federal de Electricidad sin contar con la anuencia de esta soberanía, no al menos sin violentar el artículo 126 de la carta fundamental.

Debe insistirse en que los reportes e informes entregados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dan cuenta de enormes reasignaciones hasta el tercer trimestre del ejercicio de 2009, que en primera revisión sugieren excesos a los porcentajes de ajustes administrativos autorizados al Ejecutivo federal.

Tan importantes movimientos presupuestarios resultan contundentemente impactados por un movimiento de incidencia presupuestaria como la liquidación de un organismo de las dimensiones de Luz y Fuerza del Centro.

Llama poderosamente la atención que existen múltiples indicios de que conceptos legalmente exigibles de manera incondicional, como los aguinaldos, supuestamente no fueron pagados. Tales sumas tampoco son de libre disposición por lo que seguramente se ha implementado algún mecanismo o cuenta en la que se han depositado tales sumas de pago irrecusable, sin que se haya dado aviso o participación a la Cámara de Diputados.

En tal concepto existe la preocupación en cuanto a los posibles rendimientos o accesorios que pudiera generar el pago tardío o demorado, así como los riesgos y costos presupuestarios asociados al impago o incumplimiento de partidas debidamente autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, que no pueden ser destinadas para otro fin o propósito.

Debe despejarse toda duda en cuanto al manejo discrecional de bienes activos, sumas y otros afectos parte del servicio de administración y enajenación de bienes, dado que resulta inadmisible las sospecha que prevalece en la opinión pública de que se ha venido disponiendo de mobiliario y equipo de oficina en provecho de municipios o instancias respecto de activos que aún son susceptibles de aprovechamiento en la prestación del servicio público al que estaban afectos.

Debe eliminarse toda sospecha de que se han venido contratando, sin concurso o con él, empresas que entrañan elevados costos para suplir la falta de instalaciones, equipamiento o mobiliario con el que cuenta o contaba Luz y Fuerza del Centro.

La situación que emerge con motivo del decreto de extinción no encuentra claros referentes en la legislación nacional, ya que el referido instrumento supone la transmisión patrimonial a título universal, tal régimen supone la asociación de obligaciones de carácter laboral a los bienes y activos a disposición del patrón, por lo que resulta urgente conocer las determinaciones, estrategias y planeación diseñada y desarrollada por el SAE, para disponer o distraer bienes a pocos meses de su recepción, ante la existencia de diversos pasivos directos o contingentes relacionados con la subsistencia de la materia de trabajo, así como de diversas obligaciones de previsión social derivadas del contrato colectivo.

Resultaría especialmente preocupante que no exista un detallado programa de atención a los costos asociados a la liquidación o prestación del servicio, especialmente si ya se hubieren donado o entregado bienes por parte del SAE.

De igual forma es importante conocer los inventarios, avalúos, clasificaciones y resguardo de bienes, considerando que la empresa en marcha contaba con oficinas y equipamiento suficiente para la atención de los usuarios y que no resultaría pertinente sustituirlos por gravosos contratos con el sector privado.

Tal situación demanda un cuidadoso manejo...

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Le ruego concluir.

El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella:Por ello ante la necesidad de mantener la estricta observancia de los preceptos constitucionales relativos a la exclusiva asignación y destino de recursos públicos, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación, eliminando la emergencia de fondos libres o disponibles no autorizados en el presupuesto y propiciando el correcto uso de bienes activos y derechos afectos al servicio público, en un entorno que permita evaluar la encomienda de servicios hecha por el SAE a favor de la Comisión Federal de Electricidad, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Único. La Cámara de Diputados acuerda citar a comparecer al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, para que exponga, explique y detalle el proceso de recepción de bienes activos, sumas importes procedentes del organismo Luz y Fuerza del Centro, así como la condición universal o individual de tal transferencia.

De igual forma exponga el tratamiento, uso, ejercicio, custodia o administración de recursos líquidos, así como el tratamiento que dio a las partidas presupuestarias, transferencias, subsidios o cualquier otra suma disponible no ejercida por el referido organismo.

Quedan incluidos en tales conceptos la aplicación, ejercicio, ministraciones o empleo que haya hecho de partidas presupuestarias asignadas a Luz y Fuerza del Centro en el periodo del 12 de octubre de 2009 al 31 de diciembre de 2010, en el entendido de que queda comprendida la creación de fondos, reservas, mandatos, comisiones o cuentas de administración de toda suma que debiera ser ejercida conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009.

Se acuerda que el compareciente expondrá el proceso de formación de inventarios, valuación, clasificación de aptitud de los bienes para continuar destinados al servicio público, así como a las medidas para asegurar la conservación, uso y apropiado empleo del mobiliario, equipamiento y demás efectos de oficina en la prestación del servicio público.

En su caso explicará las acciones vinculadas a donativos, entregas o destinos de bienes a instancias ajenas a la prestación del servicio al que estaban destinados.

En la comparecencia se deberá presentar un informe del pago de los conceptos devengados a la fecha de liquidación de Luz y Fuerza del Centro, incluyendo salarios, aguinaldo, compensaciones y cualquier otra remuneración devengada a dicha fecha y en su caso, la generación de pasivos directos o contingentes que puedan entrañar la demanda de recursos públicos en lo sucesivo.

Es cuanto, señor presidente. Le ruego se pueda turnar a la Junta de Coordinación Política el presente acuerdo.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para que explique el proceso de recepción, valuación y custodia de bienes, derechos, activos y recursos presupuestarios asignados a Luz y Fuerza del Centro, así como la disposición de activos o partidas con el cambio de su destino y vocación de servicio público, a cargo del diputado Miguel Ernesto Pompa Corella, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal a la LXI legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La determinación en torno al cierre del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro entraña diversas acciones por parte de la Cámara de Diputados, especialmente en cuanto al conocimiento puntual del detalle relativo a la aplicación de diversas las partidas presupuestarias destinadas a dicha empresa pública, así como respecto al destino de importantes sumas que aparentemente no fueron ejercidas durante el último trimestre del ejercicio de 2009 con motivo de la referida extinción.

Cobra especial relevancia la revisión de las erogaciones realizadas por las instancias liquidadoras, así como de las contrataciones extraordinarias, adjudicaciones, pago de remuneraciones ordinarias, extraordinarias y la correcta y debida aplicación de los importes devengados hasta la fecha en que se decreto la liquidación.

Debe aclararse que el ejercicio de las facultades constitucionales de esta Cámara son independientes de las funciones y atribuciones de fiscalización correspondientes a la Auditoria Superior de la Federación, dado que en estricto apego a lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo esta Cámara de Diputados se encuentra facultada para realizar reasignaciones y transferencias presupuestarias, más aún que tras el paquete de ajuste realizado hasta agosto de 2009 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es posible considerar que se ejercieron en todo su alcance y extensión las facultades para la realización de ajustes en término de la normativa aprobada por el Congreso General.

Dado que los excedentes y remanentes deben ser reasignados por parte de esta soberanía, debe citarse a los funcionarios involucrados en la toma de decisiones respecto a la debida salvaguarda de cuantiosos recursos que no fueron aplicados a su destino constitucional, tal y como sucedió con el gasto corriente del organismo, incluyendo salarios, prestaciones y otras remuneraciones. De igual forma, diversos programas de mantenimiento, construcción e infraestructura destinados a Luz y Fuerza no son de considerarse de libre disposición, como tampoco los son aquellos importes relacionados con el pago de subsidios y transferencias que se hicieran a la Comisión Federal de Electricidad. El ejercicio y aplicación de tales sumas se encuentra pendiente y esta Cámara debe adoptar diversas medidas en el balance del marco constitucional.

Considerando que prácticamente el 25 por ciento de las partidas presupuestarias autorizadas al descentralizado extinto ya no pudieron ser ejercidas por el mismo, es preciso evitar que tales sumas queden en un estado de indefinición regulatoria integrándose a reservas, fondos o cuentas de las conocidas impropiamente como “disponibilidades” , o peor aún, sean manipuladas discrecionalmente por instancias no destinatarias de tales recursos, al margen de las facultades constitucionales de la Cámara de Diputados.

Los limites y restricciones para la realización de transferencias dentro de una entidad o dependencia no resultan aplicables a transferencias a otras entidades o entre estas y las dependencias, por lo que los importes materia de preocupación no pudieron ser entregados a la Comisión Federal de Electricidad sin contar con la anuencia de esta soberanía, no al menos sin violentar el citado artículo 126 de la carta fundamental. Debe insistirse que los reportes e informes entregados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dan cuenta de enormes reasignaciones hasta el tercer trimestre del ejercicio de 2009, que en primera revisión sugieren excesos a los porcentajes de ajuste administrativo autorizados al Ejecutivo federal. Tan importantes movimientos presupuestarios resultan contundentemente impactados por un movimiento de incidencia presupuestaria como la liquidación de un organismo de las dimensiones de Luz y Fuerza del Centro.

Llama poderosamente la atención que existen múltiples indicios de que conceptos legalmente exigibles de manera incondicional como los aguinaldos supuestamente no fueron pagados. Tales sumas tampoco son de libre disposición, por lo que seguramente se ha implantado algún mecanismo o cuenta en la que se han depositado tales sumas de pago irrecusable, sin que se haya dado aviso o participación a la Cámara de Diputados. En tal concepto existe la preocupación en cuanto a los posibles rendimientos o accesorios que pudiera generar el pago tardío o demorado, así como los riesgos y costos presupuestarios asociados al impago o incumplimiento de partidas debidamente autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 que no pueden ser transferidas a otro destino o propósito.

Deben despejarse toda duda en cuanto al manejo discrecional de bienes, activos, sumas, y otros efectos parte del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), dado que resulta inadmisible las sospecha que prevalece en la opinión pública a que se ha venido disponiendo de mobiliario y equipo de oficina en provecho de municipios o instancias, respecto de activos que aún son susceptibles de aprovechamiento en la prestación del servicio público al que estaban afectos. Debe eliminarse toda sospecha de que se han venido contratando, sin concurso o con él, empresas que entrañan elevados costos para suplir la falta de instalaciones, equipamiento o mobiliario con el que cuenta o contaba Luz y Fuerza del Centro.

La situación que emerge con motivo del decreto de extinción no encuentra claros referentes en la legislación nacional, ya que el referido instrumento supone la transmisión patrimonial a título universal, tal régimen supone la asociación de obligaciones de carácter laboral a los bienes y activos a disposición del patrón. Por lo que resulta urgente conocer las determinaciones, estrategia y planeación diseñada y desarrollada por el SAE para disponer o distraer bienes a pocos meses de su recepción,  ante la existencia de diversos pasivos directos o contingentes relacionados con la subsistencia de la materia de trabajo, así como de diversas obligaciones de previsión social derivadas del contrato colectivo.

Resultaría especialmente preocupante que no exista un detallado programa de atención a los costos asociados a la liquidación o prestación del servicio, especialmente si ya se hubieren donado o entregado bienes por parte del SAE. De igual forma es importante conocer los inventarios, avalúos, clasificaciones y resguardo de bienes, considerando que la empresa en marcha contaba con oficinas y equipamiento suficiente para la atención de los usuarios y que no resultaría pertinente sustituirlo por gravosos contratos con el sector privado. Tal situación demanda un cuidadoso manejo en un entorno preelectoral.

Ante la eliminación de los pagos previstos presupuestalmente a favor de la Comisión Federal de Electricidad y a cargo de Luz y Fuerza del Centro, es importante se cuente con un pormenorizado informe del SAE en cuanto a la suspensión de entrega de tales partidas, efectivo o sumas disponibles, dado que no han sido autorizadas por esta Cámara transferencias y reasignaciones, y que no lo están, por que legalmente no pueden estar consideradas en el decreto de extinción. De igual forma y ante el particular esquema adoptado en tal decreto, resulta importante determinar si los derechos de cobranza permanecen en el SAE como causahabiente a título universal o si ha realizado algún tipo de cesión, transferencia o encomienda a favor de la Comisión Federal de Electricidad, a efecto de que se adopten las providencias presupuestarias del caso y que deberán quedar aclaradas antes de la formación del anteproyecto de presupuesto.

En suma existen un importante número de temas y aspectos que debe informar puntualmente el SAE a esta Cámara de Diputados, no sólo respecto de la aplicación, custodia , administración o salvaguarda de los recursos y partidas presupuestarias asignadas a Luz y Fuerza del Centro, sino respecto de la relación operativa, patrimonial y financiera derivada de la liquidación. Resulta de explorado derecho que el Ejecutivo federal precisa de la dotación conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación para la creación de organismos descentralizados, pero precisa de un detallado análisis el alcance de las facultades de sus dependencias y organismos en la transferencia a título universal de patrimonio de uno de ellos o de reasignación de efectivo, caja y demás partidas que entrañan erogaciones presupuestarias.

Por ello, y ante la necesidad de mantener la estricta observancia de los preceptos constitucionales relativos a la exclusiva asignación y destino de recursos públicos conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación, eliminando la emergencia de fondos libres o disponibles no autorizados en el Presupuesto y propiciando el correcto uso de bienes, activos y derechos afectos al servicio público, en un entorno que permita evaluar la encomienda de servicio hecha por el SAE a favor de la Comisión Federal de Electricidad, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados acuerda citar a comparecer al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para que exponga, explique y detalle el proceso de recepción de bienes, activos, sumas e importes procedentes del organismo Luz y Fuerza del Centro, así como la condición universal o individual de tal transferencia. De igual forma, que exponga el tratamiento, uso, ejercicio, custodia o administración de recursos líquidos, así como el tratamiento que dio a las partidas presupuestarias, transferencias, subsidios o cualquier otra suma disponible no ejercida por el referido organismo. Quedan incluidos en tales conceptos la aplicación, ejercicio, ministraciones o empleo que haya hecho de partidas presupuestarias asignadas a Luz y Fuerza del Centro, en el periodo del 12 de octubre de 2009 al 31 de diciembre de 2010, en el entendido de queda comprendida la creación de fondos, reservas, mandatos, comisiones o cuentas de administración de toda suma que debiera ser ejercida conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009.

Se acuerda que el compareciente expondrá el proceso de formación de inventarios, valuación, clasificación de aptitud de los bienes para continuar destinados al servicio público, así como las medidas para asegurar la conservación, uso y apropiado empleo del mobiliario, equipamiento y demás efectos de oficina en la prestación del servicio público. En su caso, explicará las acciones vinculadas a donativos, entregas o destino de bienes a instancias ajenas a la prestación del servicio al que estaban destinados.

En la comparecencia se deberá presentar un informe del pago de los conceptos devengados a la fecha de liquidación de Luz y Fuerza del Centro, incluyendo salarios, aguinaldos, compensaciones, y cualquier otra remuneración devengada a dicha fecha y, en su caso, la generación de pasivos, directos o contingentes que puedan entrañar la demanda de recursos públicos en lo sucesivo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.— Diputado Miguel Ernesto Pompa Corella, Francisco Hernández Juárez, Ramón Jiménez López, Rodolfo Lara Lagunas, Alejandro del Mazo Maza, Samuel Herrera Chávez, José Tomás Carrillo Sánchez (rúbricas).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

El diputado Francisco Hernández Juárez(desde la curul). Presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Sonido en a curul del diputado Francisco Hernández Juárez. ¿Con qué propósito, diputado?

El diputado Francisco Hernández Juárez: Quisiera que le preguntara al diputado Miguel Pompa, si no tiene inconveniente en que me pueda adherir a su propuesta.

El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella (desde la curul): Encantado, al igual que todos los compañeros que lo deseen hacer. Gracias.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: El diputado Pompa ha escuchado y acepta. Ha sido autorizado, diputado Ramón Jiménez, también quienes deseen suscribir la proposición pueden hacerlo acudiendo a la Secretaría para firmar el documento.

VICTIMAS DE LA DELINCUENCIA Y EL CRIMEN ORGANIZADO

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra el diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las secretarías de Seguridad Pública y de Gobernación, para salvaguardar la integridad de los derechos y bienes de las personas integrantes de esta sociedad mexicana. Adelante, diputado Flores Castañeda.

El diputado Jaime Flores Castañeda: Con su venia, diputado presidente.

El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente exposición de motivos.

La sociedad mexicana se ha visto, en épocas recientes, inmersa en acontecimientos en los que no sólo en la zona metropolitana de Juárez, sino también distintos estados de nuestro país se han visto flagelados por el incremento incontrolable de la inseguridad. México es un país que sigue presentando rezago en cuanto, respeto a las garantías individuales de sus ciudadanos, al mismo tiempo que en materia de seguridad.

Recientemente se ha suscitado una serie de actos y hechos funestos, algunos de ellos en los que se han visto perjudicados niños, madres, jóvenes, trabajadores, deportistas, actores, actrices, reporteros, en fin, personas inocentes.

La delincuencia y el crimen organizado deben ser erradicados no sólo en la frontera, sino en todo el país. Por ende, debe ser tratado como un grave problema, incluso de prioridad nacional en materia de seguridad.

Hago hincapié en la importancia de que los funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, como es el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, que participan en tareas de seguridad en nuestro país, cuenten siempre con instrumentos jurídicos, conocimientos y capacitación técnica, oportuna y suficiente para conducirse como verdaderos aliados de la sociedad en el desempeño de sus funciones y no sólo que busquen esclarecer aquellos hechos en los que se vea afectado algún personaje público.

Necesitamos resultados concretos y satisfactorios en materia de seguridad, así como trabajo conjunto entre federación, estados y municipios para combatir a la delincuencia organizada.

Compañeras y compañeros legisladores, solicito su apoyo y colaboración para evitar la propagación de este problema no sólo en mi municipio, sino también en toda la República. Evitemos que sigan llevándose más vidas la delincuencia y el crimen organizado. No debemos polarizar más esta problemática. Debemos replantear la estrategia.

Es impresionante la impunidad que se ha alcanzado. El desenlace ante esta forma de trabajar es ya conocido por todos los criminales que se mofan de la autoridad y al ciudadano le gana el miedo y la desesperanza porque no hay más ley que la que ellos han decidido imponer: la barbarie.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública y al secretario de Gobernación a adoptar procedimientos acordes a sus atribuciones y funciones, a atender con prioridad nacional a todos aquellos miembros de nuestra sociedad mexicana que han sido víctimas de la delincuencia y el crimen organizado en forma igualitaria, en el ámbito de las atribuciones que a cada uno correspondan y que no dejen impunes estos actos de violencia.

Asimismo, para que disminuya de manera significativa la delincuencia y el crimen organizado que aqueja a nuestro país, principalmente a la zona metropolitana de Juárez, Chihuahua, con estricto apego a los derechos humanos para salvaguardar con integridad y decoro el orden constitucional y la paz interior de esta sociedad mexicana.

Solicito a la Presidencia que se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates la presente proposición. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP y de la Segob a permitir en cumplimiento de sus atribuciones y funciones salvaguardar la integridad, los derechos y los bienes de la sociedad mexicana; y a actuar de manera igualitaria en la atención de las víctimas de la delincuencia y el crimen organizado, y a darles respuestas concretas y eficientes, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Jaime Flores Castañeda, diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el carácter de urgente u obvia resolución se permite presentar ante esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En este día hago uso del derecho que me corresponde para alzar la voz no sólo en nombre de la sociedad juarense, sino también en nombre de la sociedad mexicana, que como se ha visto en épocas recientes, se encuentra inmerso en acontecimientos en los que no solo la zona metropolitana de Juárez sino también distintos estados de nuestro país, se ha visto flagelado por el incremento incontrolable de la inseguridad.

Recientemente ha derivado de la lucha contra el crimen organizado; en la que se encuentran involucrados los órganos de seguridad del Estado, una serie de hechos lamentables en contra de la población civil, que sin verse protegida, en muchos de los casos se ve amenazada por el crimen organizado. méxico, es un país que sigue presentando rezago en cuanto al respeto de las garantías individuales de sus ciudadanos, al mismo tiempo que en materia de seguridad.

Por ende, es necesidad de esta sociedad destacar que las autoridades federales deben hacer valer sus obligaciones. Que si bien es cierto, la actual encomienda presidencial de combatir empecinadamente al crimen organizado en la zona metropolitana de Juárez, Chihuahua; principalmente en lo referente al tráfico, trasiego y venta de drogas, así como la eliminación de los cultivos, los ha colocado al filo de su actuación basada en hechos, es indiscutible que se trata de un órgano del Estado que en todo momento debe velar por la seguridad de los gobernados. Por desgracia, recientemente se han suscitado una serie de actos y hechos funestos, algunos de ellos, en los que se han visto involucrados y perjudicados, niños, madres, jóvenes, trabajadores, deportistas, actores y actrices, reporteros, en fin, personas inocentes.

La delincuencia y el crimen organizado, deben ser erradicados no sólo en esta frontera, sino de todo el país, por ende, debe ser tratado como un problema grave, incluso de prioridad nacional en materia de seguridad.

La prioridad es destacar que estos hechos han resultado de un marco en la incesante lucha contra el narcotráfico, no debemos esperar a que este problema se resuelva por sí solo, mientras los tres Poderes de la Unión dan cabida a que sólo trate de tranquilizar a la sociedad mediante cifras utópicas y declaraciones en promocionales triunfalistas.

Debemos hacer hincapié en la importancia de que los funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, como es el caso de la Secretaria de Seguridad Pública que participan en tareas de seguridad en nuestro país, cuenten siempre con instrumentos jurídicos, conocimientos y capacitación técnica oportuna y suficiente para conducirse como verdaderos aliados de la sociedad en el desempeño de sus funciones y no sólo que busque esclarecer aquellos hechos en los que se vea afectado algún personaje público (deportistas, actores, actrices, reporteros).

Ante estos hechos compañeras y compañeros legisladores, es inadmisible que se continúe actuando con pasividad desde la Presidencia de la República, es necesario actuar con eficacia y eficiencia y de manera conjunta en los tres niveles de gobierno.

Estos actos no deben quedar impunes, debemos exigir resultados concretos y satisfactorios en materia de seguridad, necesitamos establecer acciones y estrategias que partan de la información que se obtiene de estudios de impacto que los diversos programas de prevención del delito que han tenido durante la gestión del Presidente de la República, trabajo conjunto entre federación, estados y municipios para combatir a la delincuencia organizada.

Sin tintes partidistas, a todos los grupos parlamentarios, solicito su apoyo y colaboración, para evitar la propagación de este problema no sólo en mi municipio sino también en toda la república, evitemos que siga llevándose más vidas la delincuencia y el crimen organizado. No debemos polarizar más esta problemática, debemos replantear la estrategia.

Es impresionante la impunidad que se ha alcanzado. El de-senlace ante esa forma de “trabajar” es ya conocido por todos: los criminales se mofan de la autoridad y al ciudadano le gana el miedo y la desesperanza porque no hay más ley que la de aquellos que han decidido imponer la barbarie. Los encargados de hacer valer la ley en nuestro país deben ofrecer resultados concretos con respecto al número de homicidios acontecidos en Juárez, pues en 2007,ocurrieron 301 homicidios; en 2008, 1606; en 2009, 2600 y en lo que va del año más de 200 homicidios, imputados al crimen organizado y al narcotráfico, estos actos no deben quedar impunes. En mérito de lo expuesto con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de ésta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública y al secretario de Gobernación a adoptar procedimientos acordes a sus atribuciones y funciones, para que se atiendan con prioridad nacional, a todos aquellos miembros de nuestra sociedad mexicana que han sido víctimas de la delincuencia y el crimen organizado en forma igualitaria en el ámbito de sus atribuciones, que a cada uno correspondan y no dejen impunes estos actos de violencia, asimismo, disminuya de manera significativa la delincuencia y el crimen organizado que aqueja a nuestro país, principalmente a la zona metropolitana de Juárez, Chihuahua con estricto apego a los derechos humanos para salvaguardar con integridad y decoro el orden constitucional y la paz interior, de esta sociedad mexicana.

Se solicita del pleno de la Cámara de Diputados que la presente proposición con punto de acuerdo se tramite de urgente resolución, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de febrero de 2010.— Diputado Jaime Flores Castañeda (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Flores Castañeda. Como lo solicita, insértese íntegramente la proposición que presenta usted en el Diario de los Debates. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.Dígame diputado Del Mazo, con qué propósito.

El diputado Alfredo del Mazo Maza (desde la curul): Solicitar al diputado si me puedo adherir a su iniciativa.

El diputado Jaime Flores Castañeda: Díputado Del Mazo, con mucho gusto.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Ha sido ya aceptado. Pasen por favor a suscribirla a la Secretaría. Gracias, diputado Flores Castañeda.

Honorable asamblea, se informa que se encuentran en el salón de sesiones, alumnos y académicos del Colegio Agnes Gonxha, de San Luis Potosí, que son invitados del diputado Enrique Octavio Trejo Azuara. Sean ustedes bienvenidos.

ATENCION A MIGRANTES MEXICANOS DEPORTADOS

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Toca el turno al diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quien ha registrado en el orden del día dos proposiciones con punto de acuerdo: una, por la que exhorta al Ejecutivo federal a que promueva el fortalecimiento de las políticas públicas de atención integral a migrantes mexicanos. Y otra por la que se exhorta al Ejecutivo federal para que los recintos y corredores fiscales de las garitas, puertos y aeropuertos modernicen sus dispositivos de control y vigilancia.

Le pregunto al orador si aceptaría que en esta sola intervención pudiera desahogar las dos proposiciones de punto de acuerdo que están seriadas en el orden del día, ampliando, por supuesto, el tiempo que le corresponde.

El diputado Enrique Torres Delgado: Claro que sí, diputado presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Adelante entonces, señor diputado.

El diputado Enrique Torres Delgado:Muy buenas tardes. Compañeros legisladores y compañeras legisladoras. Vengo a esta tribuna a hablar a nombre de miles de mexicanos y mexicanas, que después de abandonar su patrimonio, su casa, su familia buscando una mejor oportunidad son repatriados, y me refiero a mexicanos que merecen un trato justo y digno y que necesitan contar con una atención integral. Con su venia, diputado presidente.

Las ciudades fronterizas del norte del país se han caracterizado por tener un crecimiento económico y demográfico a lo largo de las últimas cuatro décadas, mucho más marcado que el resto del país debido en gran parte a la migración.

Son ciudades sui géneris a las que son repatriados miles de migrantes. Según datos del Instituto Nacional de Migración, se revela que han sido deportados desde Estados Unidos de Norteamérica, un total de 35 mil 849 ciudadanos mexicanos, de los cuales 34 mil 240 son hombres y 3 mil 690 son mujeres.

Por datos del Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración se muestra un total de 590 mil 91 eventos de repatriación, a través de los puntos oficiales de repatriación a lo largo del 2009.

En particular citemos, como ejemplo: Nogales, Sonora. La ciudad fronteriza más importante de Sonora, que cuenta con una población de 193 mil 517 habitantes y con una población flotante de alrededor de 140 mil personas. En 2009 fueron registrados en Nogales un total de 133 mil 690 eventos de repatriación de ciudadanos mexicanos, de los cuales se atendieron con algún tipo de atención médica, social y/o jurídica un total de 43 mil 58 casos, de acuerdo con datos del Centro de Estudios del Instituto Nacional de Migración.

Las condiciones en que regresan los migrantes que han sido repatriados son extremas, con falta de recursos, hambre, y en ocasiones con necesidad de atención médica menor o incluso mayor. Según nos dicen los datos estadísticos, la mayoría de los migrantes repatriados están quedando excluidos de la atención.

Ya existen políticas públicas para atender a migrantes repatriados. Por un lado está el programa de Repatriación Humana, que incluye uno o más de los siguientes apoyos, alimentos, refugio, atención médica menor, traslados a centros hospitalarios para atención médica mayor o asesoría en diversos trámites administrativos.

El programa también incluye la canalización a oportunidades laborales temporales, así como la posibilidad de obtener una certificación y también se otorgan descuentos para el regreso al estado de origen.

Sin embargo, datos del Instituto Nacional de Migración revelan que el número total de migrantes repatriados a los cuales se les brindó atención médica, social y/o jurídica durante el 2009 fue de 126 mil 124. Lo cual considerando el número de eventos de repatriación registrados para el mismo año, que asciende a 590 mil 91 repatriados, nos obliga a considerar la evaluación del impacto efectivo que están teniendo las políticas en atención de migrantes repatriados.

De este modo, dada la complejidad del fenómeno migratorio y la magnitud de los eventos de repatriación, consideramos de fundamental importancia el fortalecer las políticas existentes e incluso, en su caso, analizar la creación de nuevas políticas públicas para que la atención al migrante sea integral y más efectiva, abarcando a un mayor número de migrantes repatriados y que garantice cabalmente sus derechos humanos, así como su integridad física y patrimonial, logrando atender a la totalidad de migrantes repatriados que así lo requieran con el tipo de asistencia social que necesiten de manera oportuna y eficaz.

Por lo que he expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente propuesta con punto de acuerdo.

Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a través del el Instituto Nacional de Migración para que promueva el fortalecimiento de políticas de atención integral a migrantes mexicanos deportados a las ciudades fronterizas.

Es cuanto, diputado presidente, del primer punto de acuerdo. Le solicito que se inserte en su totalidad en el Diario de los Debates.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a promover mediante el Instituto Nacional de Migración el fortalecimiento de las políticas de atención integral a migrantes mexicanos deportados a las ciudades fronterizas, a cargo del diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Enrique Torres Delgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a promover mediante el Instituto Nacional de Migración (INM) el fortalecimiento de las políticas de atención integral de migrantes mexicanos deportados, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Las ciudades fronterizas del norte del país se han caracterizado por tener un crecimiento económico y demográfico, a lo largo de las últimas cuatro décadas, mucho más marcado que el resto del país, debido en gran parte a la migración. Son ciudades sui géneris a las que se repatria a miles de migrantes, ciudadanos mexicanos que merecen un trato justo y digno, y que necesitan atención integral.

Tan sólo en enero de 2010, según revelan datos del INM, fueron deportados desde Estados Unidos de América 34 mil 240 hombres y 3 mil 690 mujeres ciudadanos mexicanos.

Datos del Centro de Estudios Migratorios del INM muestran 590 mil 91 eventos de repatriación, a través de los puntos oficiales de repatriación en 2009.

En particular, citemos como ejemplo Nogales, Sonora, la ciudad fronteriza más importante del estado y que cuenta con una población 193 mil 517 habitantes y una flotante de alrededor de 140 mil personas. En 2009 fueron registrados en Nogales 133 mil 690 eventos de repatriación de ciudadanos mexicanos, de los cuales se atendieron con algún tipo de atención médica, social o jurídica 43 mil 58, de acuerdo con datos del Centro de Estudios del INM.

Las condiciones en que regresan los migrantes que han sido repatriados son extremas, con falta de recursos, hambre y en ocasiones con necesidad de atención médica menor o incluso mayor. Según los datos estadísticos del INM, la mayoría de los migrantes repatriados queda excluida de la atención.

Las políticas públicas existentes para atender a migrantes repatriados son principalmente dos. Por un lado, está el Programa de Repatriación Humana, que incluye “uno o más de los siguientes apoyos: alimentos, refugio, atención médica menor, traslados a centros hospitalarios para atención médica mayor, o asesoría en diversos trámites administrativos”. El programa también incluye la canalización a oportunidades laborales temporales y la posibilidad de obtener una certificación; también se otorgan descuentos para el regreso al estado de origen.

Por otro lado, los Grupos Beta de Protección al Migrante apoyan a los migrantes para la protección y la defensa de sus derechos humanos, así como de su integridad física y patrimonial, llegando a realizar labores de apoyo social de la misma índole, como las que se anotan en el párrafo anterior.

Sin embargo, datos del INM revelan que el total de migrantes repatriados a que se brindó atención médica, social o jurídica en 2009 fue de 126 mil 124, lo cual considerando el total de eventos de repatriación registrados para el mismo año, 590 mil 091, nos obliga a considerar la evaluación del efecto real de las políticas de atención de migrantes repatriados.

Dadas la complejidad del fenómeno migratorio y la magnitud de los eventos de repatriación, consideramos de fundamental importancia fortalecer las políticas existentes e incluso, en su caso, analizar la creación de otras para que la atención del migrante sea integral y más efectiva, abarcando a un mayor número de migrantes repatriados, y que garantice cabalmente sus derechos humanos, así como su integridad física y patrimonial, logrando atender a la totalidad de migrantes repatriados que lo requieran con el tipo de asistencia social que necesiten de manera oportuna y eficaz.

Los migrantes repatriados merecen un trato justo y digno, y no deben ser objeto de discriminación, pues tienen los mismos derechos y las obligaciones que el resto de los mexicanos.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a promover mediante el Instituto Nacional de Migración el fortalecimiento de las políticas de atención integral de migrantes mexicanos deportados a las ciudades fronterizas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2010.— Diputados: Enrique Torres Delgado, Baltazar Martínez Montemayor (rúbricas).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputado Torres Delgado, como usted lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese esta proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

ADMINISTRACION GENERAL DE ADUANAS

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Continúe usted con el siguiente proposición con punto de acuerdo.

El diputado Enrique Torres Delgado:Con su permiso, diputado presidente. Compañeros legisladores. Sin duda, una de las más altas prioridades del Estado mexicano debe ser garantizar la seguridad e integridad física de todos los mexicanos, lo que ha implicado combatir frontalmente todas las manifestaciones delictivas que atentan contra la convivencia pacífica y armónica de la sociedad.

Al respecto, el gobierno federal ha instrumentado diversos mecanismos de transformación de la Administración General de Aduanas, bajo el enfoque de facilitar el comercio exterior como mecanismo idóneo para difundir el bienestar y promover el crecimiento económico e incrementar el control y las medidas de seguridad en las aduanas. De tal forma que cualquier conducta delictiva de tráfico de estupefacientes, de armas, de dinero o el contrabando de mercancías, entre otras más, encuentren en las aduanas un control infranqueable.

Bajo este contexto, el gobierno federal ha perfeccionado la coordinación interinstitucional y el intercambio de información de la Administración General de Aduanas con todas las entidades del Estado mexicano relacionadas directamente con la seguridad nacional y con la seguridad física y patrimonial de la población.

Esto ha supuesto mejorar sustancialmente las revisiones aduaneras, establecer mecanismos eficaces de disuasión de los actos de corrupción y proveer al personal aduanero de las medidas adecuadas para proteger su integridad ante las amenazas que representan los grupos criminales y la delincuencia organizada.

Para dimensionar la importancia que tienen hoy en día las aduanas en la actividad económica de nuestro país se debe enfatizar que el comercio exterior de nuestro país, tan sólo con los Estados Unidos, se ha quintuplicado en los últimos 15 años. Lo anterior, representa un gran desafío en materia de equipamiento, capacitación e infraestructura en la Administración General de las Aduanas.

Se estima que día con día cruzan por nuestras aduanas más de 27 mil 900 vehículos de carga y se realizan más de 26 mil 700 pedimentos de importación y exportación de mercancías. Lo que representa un valor de casi 25 mil millones de pesos por día.

Asimismo, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cada día entran al país un promedio de 200 mil vehículos de pasajeros, flujo que se incrementa hasta 240 mil vehículos diarios en promedio en temporadas vacacionales.

En este sentido, en un día promedio los aeropuertos del país reciben a más de 38 mil viajeros procedentes del extranjero.

En materia de detección y decomisos de mercancías ilícitas se han logrado notables avances. en lo que va de esta administración se han decomisado únicamente en la aduana 23.8 toneladas de cocaína. Lo que significa un 48 por ciento más que todo lo decomisado en el sexenio anterior. Se han decomisado tan sólo en aduana, 32 toneladas de mariguana en el mismo periodo, lo que es 23 por ciento más que lo decomisado en todo el sexenio anterior.

Respecto de los decomisos de dinero no declarado en la aduana se han decomisado 38 millones de dólares y 20 millones de pesos. Lo antes mencionado sirve para ver la magnitud de la importancia que tiene para nuestro país el sistema de Administración General de Aduanas. Pero asimismo, también se demuestran los grandes desafíos que aún tenemos por delante para que nuestro sistema aduanero no se quede rezagado frente a la vitalidad y al dinamismo de nuestras fronteras.

Por las razones aquí expuestas, solicito a esta Honorable Cámara de Diputados que tenga a bien aprobar la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Administración General de Aduanas, para que en los recintos y corredores fiscales de las garitas, puertos y aeropuertos modernicen sus dispositivos de control y vigilancia, como cámaras de circuito cerrado, grabación de voz, entre otros, con el objeto de inhibir las acciones de delincuencia y de corrupción a que puede ser sometido el personal de esta dependencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 18 de marzo de 2010.— Es cuanto, diputado presidente. Le solicito que se inserte en el Diario de los Debates.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, mediante la Administración General de Aduanas, a efecto de que los recintos y corredores fiscales de las garitas, de los puertos y de los aeropuertos modernicen sus dispositivos de control y vigilancia para evitar actos de corrupción del personal adscrito a esa dependencia, a cargo del diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del PAN

Enrique Torres Delgado, diputado federal de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Sin duda, una de las más altas prioridades del Estado Mexicano debe ser garantizar la seguridad e integridad física de todos los mexicanos, lo que ha implicado combatir frontalmente todas las manifestaciones delictivas que atentan contra la convivencia pacífica y armónica de la sociedad.

Al respecto, el Estado mexicano debe combatir en todos los frentes a la delincuencia organizada, ya que esta representa, una amenaza directa al Estado y a la seguridad de todos y cada uno de los mexicanos.

A lo cuál, el gobierno federal ha aplicado diversos procedimientos de transformación de la Administración General de Aduanas, bajo el enfoque de facilitar el comercio exterior como mecanismo idóneo para difundir el bienestar y promover el crecimiento económico, e incrementar el control y las medidas de seguridad en las aduanas, de tal forma que cualquier conducta delictiva, de tráfico de estupefacientes, de armas, de dinero o el contrabando de mercancías, entre otras más, encuentren en las aduanas un control infranqueable.

Bajo este contexto, el gobierno federal ha perfeccionado la coordinación interinstitucional y el intercambio de información de la Administración General de Aduanas, con todas las entidades del Estado mexicano relacionadas directamente con la seguridad nacional y con la seguridad física y patrimonial de la población.

Esto ha supuesto mejorar sustancialmente las revisiones aduaneras, establecer mecanismos eficaces de disuasión de los actos de corrupción y proveer al personal aduanero de las medidas adecuadas para proteger su integridad ante las amenazas que representan los grupos criminales y la delincuencia organizada.

Para dimensionar la importancia que tienen hoy en día las aduanas en la actividad económica de nuestro país, se debe enfatizar que el comercio exterior de nuestro país tan sólo con los Estados Unidos, se ha quintuplicado en los últimos 15 años. Lo anterior, representa un gran desafío en materia de equipamiento, capacitación e infraestructura para la Administración General de Aduanas.

Se estima que día con día cruzan por nuestras aduanas más de 27 mil 900 vehículos de carga y se realizan más de 26 mil 700 pedimentos de importación y exportación de mercancías, lo que representa un valor de casi 25 mil millones de pesos por día.

Asimismo, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cada día entran al país un promedio de 200 mil vehículos de pasajeros, flujo que se incrementa hasta 240 mil vehículos diarios en promedio en temporadas vacacionales.

En este sentido, en un día promedio, los aeropuertos del país reciben a más de 38 mil viajeros procedentes del extranjero.

En materia de detección y decomisos de mercancías ilícitas se han logrado notables avances. En lo que va de esta administración, se han decomisado, únicamente en la aduana, 23.8 toneladas de cocaína, lo que significa un 48 por ciento más que todo lo decomisado en el sexenio anterior.

Se han decomisado tan sólo en la aduana, también, 32.1 toneladas de mariguana en el mismo periodo, lo que es 23 por ciento más que lo decomisado en todo el sexenio anterior. Respecto de los decomisos de dinero no declarado en la aduana, se han decomisado 38 millones de dólares y 20 millones de pesos.

Lo antes mencionado sirve para ver la magnitud de la importancia que tienen para nuestro país el sistema de Administración General de Aduanas, pero asimismo, también se demuestran los grandes desafíos que aún tenemos por delante para que nuestro sistema aduanero no se quede rezagado frente a la vitalidad y el dinamismo de nuestras fronteras.

Por lo mencionado, se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Administración General de Aduanas, para que los recintos y corredores fiscales de las garitas, puertos y aeropuertos modernicen sus dispositivos de control y vigilancia tales como cámaras de circuito cerrado, grabación de voz, entre otros, con el objeto de evitar las acciones de corrupción del personal de esta dependencia.

Por las razones aquí expuestas, solicito a esta honorable Cámara de Diputados que tenga a bien aprobar la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Administración General de Aduanas, para que los recintos y corredores fiscales de las garitas, puertos y aeropuertos modernicen sus dispositivos de control y vigilancia tales como cámaras de circuito cerrado, grabación de voz, entre otros, con el objeto de evitar las acciones de corrupción del personal de esta dependencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2010.— Diputado: Enrique Torres Delgado, Baltazar Martínez Montemayor (rúbricas).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Muchas gracias, diputado Enrique Torres Delgado. Como lo ha solicitado, insértese en el Diario de los Debates la proposición con punto de acuerdo que acabamos de escuchar. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El diputado Baltazar Martínez está solicitando la palabra. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Baltazar Martínez Montemayor (desde la curul): Gracias, presidente. Nada más para que me haga favor de preguntar al diputado Enrique si puedo adherirme a su propuesta, a las dos.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputado Torres Delgado ¿estaría usted de acuerdo en la adhesión del diputado Baltazar Martínez a las dos proposiciones que ha usted presentado?

El diputado Enrique Torres Delgado:De acuerdo.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputado Martínez, el diputado Torres Delgado ha aceptado, de manera que puede pasar a la Secretaría a suscribirlas.

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene ahora la palabra el diputado Martín García Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución  Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Conacyt a rendir informe detallado sobre el Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología. Adelante, diputado García Avilés.

El diputado Martín García Avilés:Gracias, señor presidente.

Haciendo uso de mi tiempo quiero expresar que en este momento llevamos a cabo una reunión de Comisiones Unidas sumamente importante entre la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Puntos Constitucionales, que están discutiendo de fondo y con mucho interés la minuta que ha enviado el Senado de la República en materia de reforma a diversos artículos de la Constitución Política de nuestro país, de modo que me voy a permitir resumir y expresarles la idea central de este punto de acuerdo.

Anticipo, presidente, y pido que quede inserto íntegro el punto de acuerdo como lo he suscrito desde el principio, y que ya obra en la Mesa Directiva.

Nuestro país ha celebrado con la Unión Europea un convenio y un acuerdo para unir esfuerzos en la investigación en ciencia y tecnología. En 2006 inició el tiempo por el cual debió aportarse la cantidad, ambos, de 20 millones de euros.

De 2006 a 2010 ha transcurrido ya el tiempo, y la naturaleza por la cual ambos países han aportado esta cantidad, pero anualmente no se ha rendido informe por parte del titular del Conacyt, de modo que presento el punto de acuerdo en los términos que siguen:

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Conacyt, maestro Juan Carlos Romero Hicks a que rinda informe detallado del Fondo de Cooperación de Ciencia y Tecnología Unión Europea-México, especificando el nombre y número de beneficiarios, así como el monto invertido en ello y el estado que guarda dicho fondo económico. Es cuanto, presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del Conacyt a rendir un informe detallado sobre el Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Martín García Avilés, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Martín García Avilés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

En México sabemos la importancia que tiene la investigación científica y tecnológica, quedando claro que la ciencia es generadora de innovación y progreso; en el entendido de que la técnica  se deriva de la tecnología misma, que vincula el desarrollo científico con la planta productiva.

Por ello sabemos de la importancia que tiene para nosotros como mexicanos instituciones como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que desde su creación, por el Congreso de la Unión el 29 de diciembre de 1970, con carácter de órgano descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio e integrante del sector educativo, ha venido realizando diversos estudios e investigaciones en aras del progreso científico y educativo del país contribuyendo así a elevar el nivel de vida y bienestar de la población.

Así pues, dicho órgano mantiene entre sus objetivos impulsar y fortalecer el desarrollo científico y la modernización tecnológica de México, para que nuestro país cuente con tecnología de punta propia y así pueda disfrutar de los beneficios alcanzados por ésta.

Las áreas prioritarias y estratégicas del Conacyt son las tecnologías de información y las comunicaciones, la biotecnología, los materiales avanzados, el diseño y los procesos de manufactura, la infraestructura y el desarrollo urbano y rural, incluyendo sus aspectos sociales y económicos.

El Conacyt realiza estudios en ciencias exactas, ciencias sociales, ciencias naturales y humanidades, y cuenta también con un financiamiento de posgrado.

Asimismo, el propio Conacyt juega un papel importante en la contribución al buen funcionamiento de diversas dependencias gubernamentales como son las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Gobernación, de Educación Pública, de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura, y de Comunicaciones y Transportes, entre otras.

Para realizar dichas investigaciones, el Conacyt cuenta con fondos destinados  por la administración pública federal, como fondos mixtos formados por estados y municipios, así como fondos internacionales, como el Fondo de Cooperación

Entre los Fondos de Cooperación Internacional más importantes que recibe el Conacyt destaca el proveniente de la Unión Europea.

El 8 de diciembre de 1997, se suscribió un acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación, entre la Unión Europea y México, que ha servido de base para la celebración de  diversos proyectos de cooperación entre las partes.

Dicho tratado, en el artículo 29, establece que la cooperación en ciencia y tecnología se centra en fomentar el intercambio de información y conocimientos especializados en ciencia y tecnología; establece que la cooperación se realice mediante proyectos de investigación conjunta. Ambas partes se comprometen a fomentar una relación duradera entre las comunidades científicas de ambas partes y en fomentar la formación de recursos humanos.

Con base en lo anterior, el Conacyt suscribió un convenio de financiación específico con la Unión Europea para echar a andar un programa de cooperación para el fomento a la investigación científica y tecnológica entre la Unión Europea y México. Dicho fondo se instrumenta a través del Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología UE- México. Teniendo como objetivo general fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas de México  a fin de mejorar la competitividad, el crecimiento y el empleo, creando las condiciones idóneas para mejorar la participación del país en los programas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que conforman el espacio europeo de investigación de la Unión Europea, privilegiando un enfoque de desarrollo local y regional.

Dicho proyecto tiene una duración de cuatro años contados a partir de 2006 y goza de una asignación de 20 millones de euros, de los cuales la mitad provienen de la Comunidad Europea y la otra mitad del Conacyt.

Este proyecto finalizará en diciembre del presente año y aún no contamos con información acerca de los montos que se han ejercido, ni quiénes han sido los beneficiarios.

En virtud de los tiempos que vivimos, donde la información y la transparencia juegan un papel preponderante para el sano desarrollo de la actividad económica de un país como el nuestro, considero necesario que se rinda un informe sucinto sobre fondos económicos tan importantes y cuantificables como éste para así velar por el interés público.

Con apego a las atribuciones que me confiere el reglamento interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, y como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Uniónexhorta al director general del Conacyt,  maestro Juan Carlos Romero Hicks, a rendir informe detallado a esta soberanía relativo al Fondo de Cooperación en Ciencia y Tecnología Unión Europea-México, especificando el nombre y número de beneficiarios, así como el monto invertido en ello y el estado que guarda a la fecha éste.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2010.— Diputado Martín García Avilés (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Muchas gracias, diputado García Avilés. Como lo solicitó, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Ciencia y Tecnología.

MUNICIPIOS CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibió del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol a privilegiar con el programa de Rescate de Espacios Públicos a los municipios con mayor incidencia delictiva en el país.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a privilegiar con el programa de rescate de espacios públicos a los municipios con mayor incidencia delictiva, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, Jaime Arturo Vázquez Aguilar, diputado federal a la LXI Legislatura del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La práctica del deporte constituye un elemento fundamental en la formación de la personalidad y la vocación de los individuos. Contribuye a generar condiciones de vida más saludables, a inculcar valores como la solidaridad y la cooperación social, pero sobre todo, a alejar a nuestras niñas, niños y jóvenes de flagelos como el alcoholismo, las drogas o la delincuencia.

El deporte también representa una dimensión de la actividad humana que tiene que ver con el uso del tiempo libre, con el ejercicio del ocio y del esparcimiento en forma sana y estimulante. Tiene una íntima relación con la formación de la sana competencia, el juego limpio y el trabajo en equipo, así como implicaciones en el ahorro en el sector salud y en el incremento de la productividad laboral y económica.

En tanto la actividad física es un factor de inclusión e integración social, es responsabilidad de los gobiernos federal, estatal y municipal promover, procurar y generar las condiciones para lograr que se lleve a cabo de manera óptima. Es una tarea impostergable que la Secretaría de Educación Pública, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto Mexicano de la Juventud, promueva la inversión y recuperación de espacios deportivos y la responsabilidad de brindar instalaciones adecuadas y de calidad, accesibles, seguras, suficientes, con entrenadores capacitados, jornadas de convivencia deportivas y actividades recreativas.

Lo anterior es importante, pues la infraestructura deportiva nacional es escasa e insuficiente para atender a los 29.2 millones de jóvenes entre 12 y 29 años de edad que hay a nivel nacional. De acuerdo con estadísticas de la Conade, en el año 2009 nuestro país tenía en operación únicamente 2,785 centros deportivos instalados en 943 municipios, de los cuales 169 eran considerados de alta marginación.

Es importante mencionar que la realidad de los espacios deportivos ubicados en colonias y barrios es desoladora, pues, en muchas ocasiones, las condiciones de precariedad y abandono en que se encuentran, contribuyen a que sean empleadas para actividades delictivas, el vandalismo y el consumo de estupefacientes. El predominio de instalaciones deportivas de baja calidad es otra característica que aleja y desincentiva a nuestros jóvenes de la actividad física.

Las acciones realizadas en el marco del Programa de Rescate de Espacios Públicos, instrumentado por la Secretaría de Desarrollo Social, son loables y coadyuvan a devolverle a la sociedad espacios de esparcimiento y la convivencia colectiva.

En el año 2009 se recuperaron 820 espacios de convivencia (parques, plazas, instalaciones deportivas y andadores) para los ciudadanos de 200 municipios del país, en beneficio de más de 4 millones de personas. Sin embargo, los esfuerzos son insuficientes, sobre todo si queremos convertir a la práctica del deporte en una cuestión de prevención del delito y la actividad delincuencial.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos que se requieren redoblar esfuerzos para la recuperación y remodelación de los espacios deportivos, a fin de otorgar a los jóvenes mayores espacios para la convivencia.

Una cifra reveladora es la que señala el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, al dar cuenta que existen más de 7 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan (ni-nis), que está contratando el crimen organizado como halcones, sicarios, narcomenudistas y secuestradores. Al respecto, debemos actuar de forma inmediata para arrancar a nuestros jóvenes de las manos del crimen organizado, y sabemos que la actividad deportiva y su promoción es una solución eficaz a la problemática.

Sin embargo, pensamos que los esfuerzos deben enfocarse en los municipios con mayor incidencia delictiva y los estados que son clave para el trasiego de los estupefacientes. Según el Índice de Incidencia Delictiva y Violencia 2009, del Centro de Investigación para el Desarrollo, AC, Chihuahua es la entidad con mayor incidencia delictiva del país, al registrarse 1 de cada 3 homicidios que se cometen a nivel nacional, además de situarse como la ciudad más violenta del mundo; Sinaloa y Baja California son los estados con mayor violencia vinculada al crimen organizado; el estado de México y el Distrito Federal son las entidades en donde se registra las tasas más altas en el robo de vehículos a mano armada; Guerrero y Oaxaca son los estados en donde se cometen más homicidios en el ámbito rural.

En ese mismo sentido, los municipios más inseguros son Ciudad Juárez, Tijuana, Culiacán, Ciudad Victoria, Ecatepec y 15 delegaciones del Distrito Federal, con excepción de Milpa Alta. Por citar sólo un ejemplo, Ciudad Juárez tiene una población de 1 millón 400 mil habitantes y se calcula que 70 mil son NI-NIS, es decir, 5% de la población. El fenómeno es un catalizador aprovechado por el crimen organizado para expandir sus actividades delictivas.

En tanto la práctica del deporte y la realización de la actividad física contribuyen a la convivencia armónica de la sociedad, es prioritario contar con recintos deportivos e instalaciones que amplíen las oportunidades para el desarrollo integral de nuestras niñas, niños y jóvenes. Estamos seguros que debemos comenzar a hablar en este país de planeación a largo plazo y dejar atrás ocurrencias y generar políticas públicas con el objetivo de colocar al deporte como una práctica fundamental para atacar los males sociales. Se trata de una tarea compleja, que exige reorientar los esfuerzos hacia una mejor coordinación en su realización y un eficiente uso de los recursos.

Por lo expuesto, acudo a esta soberanía a solicitarle que se pronuncie a favor de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a privilegiar con el Programa de Rescate de Espacios Públicos a los municipios con mayor incidencia delictiva del país.

Segundo. Crear acciones transversales entre la Secretaría de Educación Pública, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto Mexicano de la Juventud, a fin de establecer lineamientos generales para la operación de los espacios deportivos; contar con mecanismos que permitan la prevención del delito; y la responsabilidad de brindar instalaciones adecuadas y de calidad, accesibles, seguras, suficientes, con entrenadores capacitados, jornadas de convivencia deportivas y actividades recreativas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2010.— Diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.

ESTADO DE QUERETARO

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: También se recibió del diputado Agustín Guerrero Castillo, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo en relación al presidente municipal de San Juan del Río, en el estado de Querétaro.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Proposición con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia contra el alcalde de San Juan del Río, Querétaro, por atentar contra la libertad de expresión, y pide la intervención del gobernador a efecto de solicitar la renuncia de aquél y el cese inmediato del secretario de Seguridad Pública municipal, a cargo del diputado Agustín Guerrero Castillo, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Agustín Guerrero Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

El derecho a la libre expresión es uno de los más fundamentales, ya que es esencial en la lucha para el respeto y promoción de todos los derechos humanos. Sin la habilidad de opinar libremente, de denunciar injusticias y clamar cambios el hombre está condenado a la opresión.

Por estas mismas razones, el derecho a la libre expresión es uno de los más amenazados, tanto por gobiernos represores que quieren impedir cambios como por personas individuales que quieren imponer su ideología o valores personales, callando los otros.

La lucha por la libertad de expresión nos corresponde a todos, ya que es la lucha por la libertad de expresar nuestro propio individualismo. Respetar la libertad de los demás a decir cualquier cosa, por más ofensiva que la consideremos, es respetar nuestra propia libertad de palabra.

El caso que hoy presentamos va en relación con un hecho que considerábamos ya estaba erradicado en el estado de Querétaro, en el que muchos periodistas fueron exiliados, arrestados, agredidos y amenazados por los gobiernos en turno.

Tras el reciente regreso del PRI al gobierno queretano, éste hizo gala de nuevos políticos, jóvenes y entusiastas con nuevas prácticas. El gobierno de José Eduardo Calzada Rivorosa se llenó la boca en su toma de protesta, arguyendo que a partir del nuevo gobierno que asumía el primero de octubre de 2009 sería grandes cambios y de grandes respetos hacia los derechos sociales.

Dijo entre otras muchas cosas que “no habrá persecución, pero tampoco encubrimiento; se requiere una sociedad que demande, aporte y participe. El respeto al estado de derecho será nuestra consigna invariable.  Nadie podrá estar fuera de la legalidad. No se protegerán intereses personales o de grupo, ni se permitirán parcelas de impunidad. Nadie por encima de la ley. Promoveré una relación cordial y respetuosa con los medios de comunicación”.

Sin embargo, en el municipio de San Juan del Río, donde gobierna uno de esos alcaldes jóvenes que llegaron junto con él, se dio un retroceso de 20 años a la democracia, al ser secuestrado por más de tres horas, golpeado, amenazado y aun perseguido e intimidado en su persona y su familia, el periodista Armando Guerra Vázquez por el secretario de Seguridad Pública del municipio en cuestión, Raúl Ordóñez López, por instrucciones del mismo alcalde y por supuestamente haber repartido panfletos en contra del munícipe.

Ante estos hechos, fue presentada ya una denuncia penal –SJR2/119/2010– ante el Ministerio Público de la localidad y se han iniciado procedimientos paralelos ante distintas instancias nacionales para ser tratado el asunto con suma responsabilidad en un hecho sin precedentes en la historia de San Juan del Río y pidiendo justicia y derecho al periodista.

Las estadísticas no mienten: en el primer trimestre de 2009, en México, se registraron 65 agresiones contra periodistas, es decir, 73 por ciento del total de las documentadas en 2008. El 70 por ciento de los agresores son funcionarios públicos.

En los primeros tres meses de 2009 se documentaron 65 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, lo que representa 51 por ciento más de las registradas en el mismo periodo durante 2008, con 32 ataques a la libertad de expresión, de acuerdo con información del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).

Según el informe de agresiones a periodistas, compendio estadístico correspondiente a 2007-2009, elaborado por Cencos, en ese lapso hubo un incremento en el número de periodistas afectados. La mayoría de éstos pertenecen al gremio de la prensa escrita (74 por ciento). Además existe un mayor porcentaje de funcionarios involucrados en ellas (55 por ciento), lo cual evidencia un retroceso en la democracia mexicana.

La libertad de prensa hará acto de presencia si la democracia está presente, porque la prensa libre es uno de esos contrapesos que genera indefectiblemente la democracia verdadera.

Con base en todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguienteproposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Esta soberanía se pronuncia en contra de las acciones del presidente municipal de San Juan del Río, Querétaro, Gustavo Nieto Chávez, por atentar contra la libertad de expresión, así como agredir, secuestrar y amenazar al periodista Armando Guerra Vázquez.

Segundo. Se pide la intervención del gobernador de Querétaro para que en su demarcación nadie esté por encima de la ley y promueva efectivamente una relación cordial y respetuosa con los medios de comunicación, como lo prometió en su discurso de toma de protesta, y garantice los derechos humanos y sociales de los queretanos.

Tercero. Se pide la intervención del gobernador de Querétaro para que se garantice la seguridad personal y familiar del periodista Armando Guerra Vázquez, así como de su seguridad laboral, ya que debido al incidente mencionado fue despedido de su fuente de trabajo a petición del presidente municipal Gustavo Nieto.

Cuarto. Esta soberanía se pronuncia por pedir la intervención del gobernador de Querétaro para solicitar la renuncia del presidente municipal de San Juan del Río, Gustavo Nieto Chávez, así como también la separación inmediata del cargo del secretario de Seguridad Publica municipal, Raúl Ordóñez López, para que ambos funcionarios enfrenten los procesos legales interpuestos en su contra.

Palacio de San Lázaro, a 21 de abril de 2010.— Diputado Agustín Guerrero Castillo (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

RADIOMOVIL DIPSA

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra la señora diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A la Cofetel y a la Profeco a que implementen medidas de revisión y control a la empresa Dipsa, SA de CV, respecto de cobros indebidos y uso de publicidad engañosa. Adelante, diputada Sofía Castro.

La diputada Sofía Castro Ríos: Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeras legisladoras y compañeros legisladores. Con su venia, señor presidente, hago uso de esta tribuna justamente para plantear uno de los sueños, de los anhelos de miles y de millones de mexicanos que al día de hoy no sólo han sido mal atendidos por parte de la Profeco, por parte de Cofetel y de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sino que, además de ello, siguen siendo parte del abuso de la delincuencia organizada.

En ese sentido, en atención a esos múltiples reclamos que escuchamos los sábados, los domingos en nuestras oficinas, en nuestros recorridos por las regiones que representamos en este espacio legislativo, decirles, compañeros legisladores, compañeras legisladoras, que Telmex viene realizando un cobro indebido a los usuarios que renuncian al servicio de asistencia de directorio nacional.

Un servicio que cuando se le solicita se conserve el número como número privado de los domicilios, de nuestros hogares, a efecto de no hacer más fácil a la delincuencia organizada la localización de nuestros números telefónicos. En ese sentido, cuando se deja de ocupar en el directorio, el 040 y se constituye como número privado Teléfonos de México cobra un cargo mensual de 12.42 pesos.

Respecto a Telcel, Telcel está ubicando en el recibo de telefonía un cargo de fianza anual por la cantidad de 172 pesos 41 centavos más IVA, por un servicio que es justamente la fianza a favor de Telcel en el segundo año después de que el usuario tiene telefonía celular. Esta cantidad no es devuelta al usuario que la pagó, aún cuando ésta no haya sido utilizada para cubrir algún incumplimiento de pago. De tal manera que una fianza sin uso debe ser devuelta.

Estas circunstancias han sido planteadas ante la propia Profeco, ante la propia Cofetel, como lo previene el artículo 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y el artículo 9, inciso a) de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Por lo que ante esta negativa de las instancias y sobre todo, porque estas empresas cometen permanentemente contra sus usuarios un robo en despoblado, un impuesto desmedido a los usuarios, sin que ellos se las resarzan, sin la posibilidad de reparar este daño económico. Por ello solicito que se le establezcan las multas que previene la propia ley a estas instituciones y además de ello, poder restablecer un modo de justicia benévolo para nuestros usuarios, que durante una tramitología sumamente alargada, tediosa y costosa, al día de hoy miles de millones de mexicanos no tienen una respuesta por parte de la Profeco.

Por ello, establecemos este punto de acuerdo que sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, a efecto de exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a la propia Procuraduría Federal del Consumidor.

Primero. A implementar medidas de revisión y control a las empresas de Teléfonos de México, SA de CV, a Radio Móvil Dipsa, Telcel, en sus concesiones y sus contratos de adhesión con sus usuarios, a fin de evitar cobros injustificados y dolosos a cargo de los consumidores, así como obligaciones inequitativas y abusivas.

Segundo. Solicitar a Teléfonos de México, SA de CV el registro de todos y cada uno de los suscriptores que deseen el servicio de aparecer en el directorio telefónico y en el servicio de asistencia del directorio nacional, al 040, y exigir que evite todo tipo de cobro al usuario que renuncie al servicio del directorio telefónico y de asistencia al directorio nacional, 040, número privado.

Tercero. Exigir la devolución de las fianzas cobradas año con año desde la contratación del servicio por Radio Móvil Dipsa, SA de CV, Telcel, a sus usuarios establecidas para garantizar obligaciones de pago y que debieron ser devueltas cuando los compromisos del cliente fueron cumplidos en tiempo y forma.

Es cuanto, señor presidente. Solicito que sea insertado íntegro el texto en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT, a la Cofetel y a la Profeco a implantar medidas de revisión y de control de Dipsa, SA de CV, respecto a cobros indebidos y a uso de publicidad engañosa, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Sofía Castro Ríos, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La telefonía celular se ha convertido en una herramienta de comunicación indispensable para la nueva sociedad. De acuerdo con la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), hay en el país alrededor de 80 millones de usuarios de telefonía celular, lo que representa que de cada 10 mexicanos, 8 utilizan esta modalidad en la comunicación, en cualquiera de sus servicios brindados.

El uso de telefonía no puede ser considerado un lujo, pues la realidad muestra que este tipo de servicio es cada vez más usado por los mexicanos, atendiendo necesidades básicas y actividades prioritarias de millones de familias y de empresas. Además, el desarrollo de las telecomunicaciones contribuye al impulso de la economía nacional y permite cerrar la brecha de desigualdad que tanto daña al país.

Radiomóvil Dipsa, SA de CV, que distribuye sus servicios con la marca Telcel, cuenta con poco más de 58 millones de usuarios y mantiene concesiones para operar en las 9 regiones de México, con lo que cubre más de 200 mil poblaciones del país.

Telcel se encuentra en la lista negra de los proveedores con más quejas y denuncias ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en los temas de cobros indebidos y utilización de publicidad engañosa o abusiva.

Telcel ofrece el servicio denominado “números frecuentes” o “números para llamadas ilimitadas” en sus diferentes modalidades, como prepago o “Amigo kit” y el de plan de renta mensual, llamado “Más por menos”, incluye en sus servicios el registro de 3 a 10 números para llamadas ilimitadas, el cual consiste en realizar llamadas gratuitas a los números convenidos o dados de alta en el sistema de esa empresa hasta por 5 minutos. Para usuarios de estos planes ofrece el servicio “Llamadas gratis antes del minuto 5”, a cuyo amparo pueden hacerse llamadas gratuitas siempre que no se excedan en los minutos. Sabiendo esto, lo lógico es cortar la llamada al minuto 4:30, por ejemplo, y remarcar para reanudar el conteo y así sucesivamente. El asunto es que al realizar el pago por el servicio, se encuentra uno con la sorpresa de que para la empresa se contabilizó como 6 minutos.

De esa forma, para los que terminamos las llamadas en el minuto 4:30 o 4:40 pensando que estamos en el margen de tiempo, es todo lo contrario: se nos cargan los segundos que se tarda la otra persona en contestar, más los segundos que el sistema toma en cortar la llamada. De tal manera, esas fracciones e insignificantes segundos nos llevan fácilmente a rebasar el límite de los 5 minutos, lo cual se traduce en un robo, ya que si te excedes aunque sea por 1 segundo te aplican la tarifa de 1 minuto adicional. El fraude consiste en que hay un doble cronómetro: el de la empresa y el del usuario. Este hecho es responsabilidad del prestador del servicio, no del usuario, a quien deben garantizarse los 5 minutos de conversación efectiva.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de acuerdo con la Ley Federal de Telecomunicaciones, tiene entre sus atribuciones regular, promover y supervisar a través de la Cofetel el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones.

La Profeco, en atención de la Ley Federal de Protección al Consumidor, debe promover y proteger los derechos del consumidor, así como procurar y representar sus intereses, para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Asimismo, debe vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y tarifas establecidos o registrados por la autoridad competente y coordinarse con otras autoridades legalmente facultadas para inspeccionar precios y requerir a los proveedores o a las autoridades competentes que tomen medidas adecuadas a efecto de combatir, detener, modificar o evitar todo género de prácticas que lesionen los intereses de los consumidores.

Por todo lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor a implantar medidas de revisión y control a la empresa Radiomóvil Dipsa, SA de CV (Telcel), a fin de solucionar las quejas y denuncias impuestas por sus usuarios por cobros indebidos y utilización de publicidad engañosa o abusiva, así como a detener y evitar todo género de prácticas que lesionen los intereses de los consumidores.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2010.— Diputadas: Sofía Castro Ríos, Cora Cecilia Pinedo Alonso (rúbricas).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Como usted lo solicita, diputada Castro Ríos, insértese en el Diario de los Debates el texto íntegro de su proposición. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Economía.

VERIFICACION DE QUORUM

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputado Castro Cosío, ¿con qué objeto?

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío (desde la curul): Señor presidente, con todo respeto le solicito que verifiquemos el quórum, ya que en este momento está el salón en condiciones, de verdad, ya sin asistencia.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: En términos de lo dispuesto por el reglamento, señor diputado, hay presencia de diputados para continuar la sesión.

ESTADO DE CHIHUAHUA

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibió del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,  proposición con punto de acuerdo relativo al clima de inseguridad y violencia en el estado de Chihuahua.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Proposición con punto de acuerdo, sobre la inseguridad y violencia en Chihuahua, a cargo del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD

Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Eduardo Alonso Bailey Elizondo y Eduardo Mendoza Arellano, diputados federales a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en su carácter de presidente y secretarios del Comité de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La inseguridad y la violencia en México, son el pan de cada día.

Las cifras en esta materia, señalan que en el país durante el mes de enero del presente año, se registraron casi los mil asesinatos; dando un total de casi 18 mil personas muertas en lo que va de la presente administración.

Con la cifra en 2009, de ocho mil 281 muertes relacionadas con el crimen organizado, se dio un incremento del 147 por ciento; lo que da un promedio de casi 23 homicidios al día.

El asesinato múltiple ocurrido la madrugada del domingo 31 de enero de 2010, cerró la estadística del primer mes del año con más de 300 ejecuciones, 230 en la ciudad fronteriza, colocando nuevamente a Chihuahua en el primer lugar mundial en violencia.

Las primeras informaciones sobre estos repugnantes acontecimientos, señalan que fueron 16 las víctimas del violento ataque perpetrado por un grupo armado la madrugada del domingo en una fiesta de jóvenes en la que había alrededor de 60 estudiantes del Colegio de Bachilleres (Cobach) 9, la Universidad Autónoma de Chihuahua (Uach) y el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 128.

De acuerdo al Frente Nacional contra la Represión en Ciudad Juárez, se ha sostenido a través de un comunicado, que este tipo de masacres son acciones realizadas por escuadrones de la muerte que operan en la ciudad.

También, se ha sostenido con relación a este clima de violencia, que de los 2 mil 635 asesinatos del año 2009 y los que van del año 2010, la mayoría de ellos se han dado por ejecuciones a personas desarmadas sin enfrentamientos, en lo que parece ser una estrategia de limpia programada por una fuerza militar superior, en el marco de una campaña de terror; por lo que la violencia que se está promoviendo y tolerando por el gobierno, le ha servido de pretexto para seguir militarizando al país sin resultados contrarios al crimen, pero sí restringiendo derechos a la población.

No obstante, que el día último de marzo del 2008 se inauguró el Operativo Conjunto Chihuahua (renombrado Operación Coordinada Chihuahua), los niveles de inseguridad y zozobra no ceden.

Por el contrario, la denuncia y las manifestaciones ciudadanas, han puesto en evidencia las violaciones a los derechos humanos que se han generalizado por parte de las fuerzas militares; en las que curiosamente han ocurrido también una serie de asesinatos a luchadores y líderes sociales como defensores de derechos humanos.

Compañeras y compañeros Diputados:

Los hechos cruentos de que todos hemos sido testigos, no refleja más que la incapacidad del Estado mexicano para frenar el tumbo de violencia generado con motivo de la guerra declarada por Felipe Calderón contra el narcotráfico, y abatir la impunidad con la que actúa la delincuencia organizada.

El dilema en el que nos encontramos, está en frenar esta espiral de violencia, sin que se siga socavando más aún el frágil o nulo estado de derecho en Chihuahua.

Como representantes populares, no podemos continuar en la pasividad; la salvaguarda y protección de las garantías y derechos fundamentales de nuestros queridos paisanos chihuahuenses, requiere la actuación pronta de las instituciones responsables de garantizar el ejercicio pleno de esos derechos, en el que se comprenden los de justicia pronta y expedita y seguridad pública efectiva; así como de la firme actuación de este Poder Legislativo en el ámbito de su competencia.

Una de las formas en las que esta Cámara de Diputados puede y debe contribuir al restablecimiento del orden y tranquilidad social de esa entidad, es instrumentando y agilizando los mecanismos para atender, recibir y desahogar los reclamos, quejas y denuncias de los ciudadanos del estado de Chihuahua ante las circunstancias de riesgo y peligro latente de vejación de sus derechos humanos con motivo del estado de excepción que de facto, ahí se ha conformado.

Por lo expuesto, pedimos atentamente a la Presidencia de la Mesa Directiva, someta a la consideración del pleno, como de urgente y obvia resolución, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, a través del Comité de Información, Gestoría y Quejas, acuerda enviar a la brevedad un grupo plural de sus miembros a la ciudad de Chihuahua, con el objeto de atender y recibir las peticiones, inquietudes y quejas ciudadanas, propiciando la actuación pronta y expedita de las órganos, instancias y autoridades responsables de garantizar la protección y ejercicio de derechos fundamentales de los ciudadanos de esa entidad federativa, como lo son las Procuradurías Estatal de Justicia y General de la República, las Secretarías Estatal y Federal de Seguridad Pública, las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, entre otras.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de febrero de 2010.— Diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

DERECHO AL AGUA PARA CONSUMO HUMANO

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibió del diputado César Francisco Burelo Burelo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que conmine a las comisiones ordinarias el pronto desahogo de temas coincidentes con las agendas legislativas.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que conmine a las comisiones ordinarias a desahogar con prontitud temas coincidentes de las agendas legislativas, en particular a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre el derecho al agua destinada a consumo humano, a cargo del diputado César Francisco Burelo Burelo, del Grupo Parlamentario del PRD

César Francisco Burelo Burelo, secretario de la Comisión Especial de Cambio Climático; Leticia Robles Colín, diputada secretaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos y Florentina Rosario Morales diputada integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en nuestro nombre y de los diputados del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes hechos y consideraciones:

1. Que en cumplimiento en lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los distintos grupos parlamentarios representados en esta Cámara presentaron en tiempo y forma sus respectivas agendas legislativas, tanto para el segundo periodo, como para el primer periodo ordinario de sesiones correspondientes al primer año de ejercicio.

2. Que del análisis comparativo y del cruce realizado entre las distintas agendas se desprende que existen importantes coincidencias temáticas entre los diversos grupos parlamentarios destaca entre esas coincidencias el tema del agua, con distintos enfoques los grupos parlamentarios han abordado cuestiones relativas a su preservación, disponibilidad y a garantizar su abasto y consumo sustentable.

3. Que el inciso c) del artículo 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos obliga a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos a impulsar el trabajo de las comisiones para la elaboración y el cumplimiento de los programas legislativos.

4. Que resulta indiscutible que el agua es un elemento indispensable para la vida humana, para la salud básica y por tanto un elemento esencial para la supervivencia, así como para la producción de alimentos y para las actividades económicas. Sin embargo en México, de acuerdo a diversas fuentes y cifras oficiales como las del Consejo Nacional de Población, el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática y la Comisión Nacional del Agua se estima que entre 12.1 y 12.8 millones de personas carecen de agua potable. De acuerdo a estas fuentes en algunos estados del país el porcentaje de déficit del suministro fijo de agua potable alcanza cifras preocupantes tales son los casos de Guerrero con un 37 por ciento; Oaxaca con un 29.9 por ciento; Chiapas con 29.4 por ciento; Veracruz con un 27.3 por ciento, y Tabasco con 26.2 por ciento.

5. Que el estado de pobreza de un amplio porcentaje de la población es un síntoma y a la vez una causa de la crisis del agua, el hecho de facilitar a la población vulnerable, marginada y en condición de pobreza el acceso al agua mejor gestionada puede contribuir a la erradicación de la pobreza, tal como lo expresa el Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo, coordinado por la UNESCOmediante el cual se conmina a los países miembros a adoptar una serie de medidas y regulaciones para lograrlo.

6. Que nuestro país ha firmado su adhesión al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sin que a la fecha se hubieran garantizado parte de esos derechos como el relativo al acceso al agua en como parte de las garantías individuales y sociales consagradas en la Constitución.

7. Que uno de los resultados significativos de la Comisión Ejecutiva para la Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA) de la reforma del Estado mexicano implantada por ambas Cámaras en la pasada legislatura fue el consenso inicial de todos los grupos parlamentarios para reformar y adicionar los artículos 4 y 27 constitucionales en materia de derechos económicos, sociales y ambientales garantizando el derecho constitucional al acceso al suministro de agua para consumo humano. Al final el GPPAN retiro su apoyo inicial a este acuerdo y a todos los que se lograron en el capítulo denominado de la CENCA como una medida de presión para negociar su propuesta de reforma energética. A pesar de este desa-cuerdo final existe un posicionamiento público a favor de la reforma expresado en el foro Garantías Sociales de la Reforma del Estado.

8. Que rescatando el acuerdo inicial de la CENCA sobre el derecho constitucional al acceso al agua, los Grupos Parlamentarios del PRD, del PRI, del PT, de Convergencia, del PVEM y de Alternativa presentaron el 8 de abril de 2008 iniciativa por la que se reforma y adiciona los artículos 4 y 27 constitucionales en materia de derechos económicos, sociales y ambientales en la cual se propone garantizar el derecho de todo mexicano “a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico” tal y como a la letra lo establecen el criterios y definición de derecho al agua adoptada por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU.

9. Que la iniciativa presentada por esos 6 grupos parlamentarios responde a la imprescindible e impostergable necesidad de mandatar desde la Constitución, el diseño de políticas públicas que garanticen el derecho social al agua y que a su vez se garantice la calidad y cantidad para el consumo humano y el aprovechamiento sustentable del recurso tal como lo expresan los pactos internacionales suscritos y ratificados por México.

10. Que el reconocimiento del agua como derecho humano es uno de los pasos más importantes para abordar el desafío de brindar a la gente el elemento más básico de la vida, en virtud de que es un elemento de precondición necesaria para todos nuestros derechos humanos, sosteniéndose que sin el derecho de acceder y utilizar en cantidades suficientes y bajo condiciones sanitarias adecuadas la cantidad de agua que necesitamos para llevar una vida digna, serían inalcanzables otros derechos establecidos como el derecho a la alimentación, a un nivel de vida adecuado para la salud y para el bienestar, así como los derechos civiles y políticos.

11. Que por las consideraciones expresadas en los últimos 6 puntos consideramos a esta reforma como una reforma políticamente posible y socialmente imprescindible.

12. Que el numeral 6 del artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos conmina a los grupos parlamentarios a que con base en la similitud de sus agendas o en la comunión de sus principios ideológicos a formular acuerdos que se traduzcan en la conformación de mayorías parlamentarias.

Por lo expuesto y fundado es que sometemos a la consideración de pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados LXI Legislatura a través de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos conmina a las comisiones ordinarias que la integran a acelerar el pronto desahogo de temas coincidentes de las agendas legislativas presentando ante este pleno los dictámenes respectivos.

Segundo. La Cámara de Diputados LXI Legislatura a través de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos conmina a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Puntos Constitucionales a acelerar el pronto desahogo de temas coincidentes de las agendas legislativas relativos al tema del derecho constitucional al suministro de agua para consumo humano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2010.— Diputados: Leticia Robles Colín, César Francisco Burelo Burelo (rúbricas).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

PRODUCTOS CHATARRA EN TIENDAS Y COOPERATIVAS DE CENTROS ESCOLARES

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra la diputada Guadalupe Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud que informen las políticas de control de los productos chatarra y de sus programas para combatir la obesidad en los centros escolares. Adelante, diputada Pérez Domínguez.

La diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. En México, como lo señala el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, más de 30 por ciento de la población infantil menor de 5 años padece desnutrición.

Cifra que se incrementa hasta el 56 por ciento para el caso de las comunidades rurales del país, especialmente las de los estados con mayor población indígena donde se evidencian muy serios problemas de niveles de desnutrición.

La obesidad es ciertamente perjudicial para los niños, pero de la misma manera, o más, lo es la desnutrición, sobre todo a temprana edad, pues inhibe el desarrollo normal de las potencialidades humanas, especialmente las intelectuales.

Si el niño está o no bien alimentado durante los primeros años de vida puede tener un efecto profundo en su salud, así como en sus habilidades para aprender, comunicarse, pensar analíticamente, socializar efectivamente y adaptarse a nuevos ambientes y personas.

Una buena nutrición es la primera línea de defensa contra numerosas enfermedades infantiles que puedan dejar huellas en los niños de por vida. Una nutrición pobre durante la vida intrauterina y en los primeros años de vida lleva a efectos profundos y variados, incluyendo crecimiento físico y desarrollo motor retardados, efectos generales en el desarrollo cerebral resultando en un bajo coeficiente intelectual, inferior incluso a los 15 puntos o más, de los severamente desnutridos.

Un grado mayor de problemas conductuales y habilidades sociales y deficiencias en edad escolar, atención disminuida, aprendizaje deficiente y logros educacionales más bajos. Ése es el destino de los niños indígenas desnutridos, ése es el costo de la opresión y la marginación que durante cinco siglos han pagado los pueblos indios de México.

Por estas razones es importante no soslayar la demanda de las autoridades educativas de 12 entidades de la República para que la Secretaría de Educación Pública atienda el grave problema de la obesidad o sobrepeso infantil que se concentra sobre todo en los estudiantes de las zonas urbanas, producto de la comida chatarra que se comercializa en más de un millón de puestos de venta dentro o alrededor de las escuelas y que por sus dimensiones alarmantes han merecido incluso la atención presidencial.

Pero al mismo tiempo, que no se descuide el profundo problema de la desnutrición y mala alimentación de los niños indígenas y pobres que muchos olvidan, y que fue denunciada por los secretarios de Educación de los estados más pobres y con mayor población indígena. En entidades como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Puebla, Michoacán y Veracruz.

Por las consideraciones expuestas me permito proponer los siguientes puntos de acuerdo.

Primero. Solicitar a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud que informen a esta soberanía, con amplitud, su política de control con relación a los productos chatarra que se expenden en las tiendas y cooperativas de los centros escolares y sus programas para combatir la obesidad.

Segundo. Solicitar a la Comisión Nacional para el Desa-rrollo de los Pueblos Indígenas y a la Secretaría de Educación Pública que nos informen sobre las acciones que están emprendiendo para combatir la desnutrición infantil, sobre todo de los niños de las comunidades indígenas de nuestro país.

Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SEP y a la Secretaría de Salud que informen a esta soberanía sobre las políticas de control de productos chatarra que se expenden en las tiendas y cooperativas de los centros escolares y sus programas para combatir la obesidad, a cargo de la diputada Guadalupe Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI

En México, como lo señala el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, más del 30 por ciento de la población infantil menor de 5 años padece desnutrición; cifra que se incrementa hasta el 56 por ciento para el caso de las comunidades rurales del país, especialmente las de los estados con mayor población indígena, donde se evidencian muy serios niveles de desnutrición.

La obesidad es ciertamente perjudicial para los niños, pero de la misma manera, o más, lo es la desnutrición. La desnutrición, sobre todo a temprana edad, inhibe el desarrollo normal de las potencialidades humanas, especialmente las intelectuales. Si el niño está o no bien alimentado durante los primeros años de vida, puede tener un efecto profundo en su salud, así como en su habilidad para aprender, comunicarse, pensar analíticamente, socializar efectivamente y adaptarse a nuevos ambientes y personas.

Una buena nutrición es la primera línea de defensa contra numerosas enfermedades infantiles que pueden dejar huellas en los niños de por vida. Una nutrición pobre durante la vida intrauterina y en los primeros años de vida lleva a efectos profundos y variados, incluyendo: Crecimiento físico y desarrollo motor retardados; efectos generales en el desa-rrollo cerebral resultando en un bajo coeficiente intelectual (inferior en 15 puntos o más en los severamente desnutridos); un grado mayor de problemas conductuales y habilidades sociales deficientes en edad escolar, y atención disminuida, aprendizaje deficiente y logros educacionales más bajos. Ese es el destino de los niños indígenas desnutridos. Ese es el costo de la opresión y la marginación que durante 5 siglos han pagado los pueblos indios de México.

Por estas razones, es importante no soslayar la demanda de las autoridades educativas de 12 entidades de la república, para que la secretaría de educación pública atienda el grave problema de la obesidad o sobrepeso infantil que se concentra sobretodo en los estudiantes de las zonas urbanas producto de la comida chatarra que se comercia en más de un millón de puestos de venta dentro o alrededor de las escuelas y que por sus dimensiones alarmantes ha merecido incluso la atención presidencial. Pero al mismo tiempo, no descuide el profundo problema de la desnutrición y mala alimentación de los niños indígenas y pobres que muchos olvidan y que fue denunciada por los secretarios de educación de los estados más pobres y con mayor población indígena de entidades como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Michoacán y Veracruz.

Por las consideraciones expuestas, me permito proponer los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Solicitar a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud informen con amplitud a esta soberanía, su política de control en relación a los productos chatarra que se expenden en las tiendas y cooperativas de los centros escolares y sus programas para combatir la obesidad

Segundo. Solicitar a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y a la Secretaría de Educación Pública que informen sobre las acciones que están emprendiendo para combatir la desnutrición infantil, sobretodo de los niños de las comunidades indígenas del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzao de 2010.— Diputada Guadalupe Pérez Domínguez (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, a usted, diputada Pérez Domínguez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Salud.

ESTADO DE GUANAJUATO

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene ahora la palabra la diputada Margarita Gallegos Soto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública un informe amplio sobre la distribución de un libro de texto no autorizado, en el estado de Guanajuato.

La diputada Margarita Gallegos Soto:Con su permiso, señor presidente. El artículo 3o. de nuestra Constitución Política, en su fracción II señala los criterios que deben orientar a la educación nacional, una educación que deberá ser laica, ajena a cualquier doctrina religiosa, basada en los resultados del progreso científico, que luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Por su parte la Ley General de Educación establece la facultad exclusiva de las autoridades educativas federales para determinar planes, programas de estudio y contenidos para la educación preescolar, primaria y secundaria en toda la República.

Éstos son los ordenamientos legales que sustentan el punto de acuerdo que hoy pongo a la consideración de esta soberanía.

El gobierno de Guanajuato sin autorización de la Secretaría de Educación Pública distribuyó a bibliotecas, preparatorias y centros estratégicos 90 mil libros de biología de primer grado de secundaria, cuyo contenido presenta una visión prejuiciada, dogmática, lejana de los principios científicos. Libro que censura valores que grupos conservadores consideran despreciables y que los llevó el año pasado a quemar la versión de la propia SEP.

Lo que preocupa sobre manera es la omisión y complacencia de la Secretaría de Educación Pública que, ante esta abierta violación del artículo 3o. constitucional y de la Ley General de Educación, no ordenó el retiro inmediato de los ejemplares distribuidos a los alumnos que cursan el primer año de secundaria en esta entidad federativa.

Estamos ante una afrenta grave e inaceptable que debe enmendarse de inmediato, pues no se puede permitir que autoridades educativas locales impongan su visión del mundo y de la sociedad, sus intereses e ideología particulares como si fueran los intereses y la ideología de toda la nación.

Por eso me permito coincidir plenamente con la propuesta presentada recientemente ante esta Cámara, por la compañera diputada Narcedalia Ramírez Pineda, en el sentido de vigilar mediante las instancias técnicas y educativas pertinentes que la elaboración de los planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, se ajusten a los principios científicos y laicos que previó el Constituyente.

Por el bien de México la política educativa no debe estar sujeta a interpretaciones fragmentadas o posturas ideológicas de cualquier signo partidario, sino lograr la esencia de la educación que es y debe ser el proceso de transmisión de conocimientos y habilidades y, sobre todo, la forjadora de la conciencia ciudadana sin dogmatismos ni fanatismos, como sabiamente lo establece el artículo 3o. constitucional.

Con estas consideraciones me permito someter a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Que por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva se solicite a la Secretaría de Educación Pública un informe amplio sobre la distribución de un libro de texto no autorizado en el estado de Guanajuato y las medidas de vigilancia y sanción que habrá de tomar para evitar una nueva violación al espíritu del artículo 3o. constitucional.

Segundo. Exhortar a la comisión de Educación de esta Honorable Cámara de Diputados, a fin de realizar una investigación a fondo sobre los recursos que se usaron para imprimir dicho texto de biología, objetado por la Secretaría de Educación Pública.

Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SEP un informe amplio respecto a la distribución de un libro de texto no autorizado en Guanajuato, y a las medidas de vigilancia y sanción con que evitará una nueva violación del espíritu del artículo 3o. constitucional; y se exhorta a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de esta soberanía a investigar sobre los recursos usados para imprimir dicha obra, a cargo de la diputada Margarita Gallegos Soto, del Grupo Parlamentario del PRI

El artículo 3o. de la Constitución Política, en su fracción II señala los criterios que deben orientar a la educación nacional. Una educación que deberá ser laica; ajena a cualquier doctrina religiosa, basada en los resultados del progreso científico, que luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Por su parte, la Ley General de Educación, establece la facultad exclusiva de las autoridades educativas federales para determinar planes, programas de estudio y contenidos  para la educación preescolar, primaria y secundaria en toda la República.

Estos son los ordenamientos legales que sustentan el punto de acuerdo que hoy pongo a consideración de esta soberanía. El gobierno de Guanajuato, sin autorización de la Secretaría de Educación Pública, distribuyó a bibliotecas, preparatorias y centros estratégicos, 90 mil libros de biología de primer grado de secundaria, cuyo contenido presenta una visión prejuiciada, dogmática, lejana de los principios científicos; libro que censura valores que grupos conservadores consideran despreciables y que los llevó, el año pasado, a quemar la versión de la propia SEP.

Lo que preocupa sobremanera es la omisión y complacencia de la Secretaría de Educación Pública que, ante esta abierta violación del artículo 3o. constitucional y de la Ley General de Educación, no ordenó el retiro inmediato de los ejemplares distribuidos a los alumnos que cursan el primer año de secundaria en esa entidad federativa.

Estamos ante una afrenta grave e inaceptable que debe enmendarse de inmediato, pues no se puede permitir que autoridades educativas locales impongan su visión del mundo y de la sociedad, sus intereses e ideología particulares, como si fueran los intereses y la ideología de toda la nación.

Por eso me permito coincidir, plenamente, con la propuesta presentada recientemente ante esta Cámara por la compañera Narcedalia Ramírez Pineda, en el sentido de vigilar, mediante las instancias técnicas y educativas pertinentes, que la elaboración de los planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria se ajusten a los principios científicos y laicos que previó el constituyente.

Por el bien de México, la política educativa no debe estar sujeta a interpretaciones fragmentadas o posturas ideológicas de cualquier signo partidario, sino lograr la esencia de la educación que es y debe ser el proceso de transmisión de conocimientos y habilidades y sobre todo, la forjadora de la conciencia ciudadana sin dogmatismos ni fanatismos, como sabiamente lo establece el artículo 3o. constitucional.

Con esas consideraciones me permito someter a la consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Que por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva se solicite a la Secretaría de Educación Pública un informe amplio sobre la distribución de un libro de texto no autorizado en el estado de Guanajuato, y las medidas de vigilancia y sanción que habrá de tomar para evitar una nueva violación al espíritu del artículo 3o. constitucional.

Segundo. Exhortar a la Comisión de Educación de esta honorable Cámara de Diputados a fin de realizar una investigación a fondo sobre los recursos que se usaron para imprimir dicho texto de biología objetado por la SEP.

Palacio Legislativo, a 13 de abril de 2010.— Diputada Margarita Gallegos Soto (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Muchas gracias, diputada Gallegos Soto. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

VERIFICACION DE QUORUM

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Honorable asamblea, en términos del artículo vigésimo séptimo del Acuerdo parlamentario relativo a las asistencias, se pide a la Secretaría abrir el registro electrónico por 10 minutos para verificar el quórum, en la inteligencia de que, conforme a lo señalado en dicho dispositivo legal, continuaremos con el desahogo de la sesión.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para la verificación del quórum.

PRECIOS DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, señora secretaria. Tiene la palabra ahora el diputado Rolando Zubia Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa detenga el aumento de los precios de los insumos para la producción agropecuaria.

El diputado Rolando Zubia Rivera: Muchas gracias, presidente, con su venia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, como ustedes saben la reactivación de la economía, el empleo permanente, la competitividad y la participación de los productos nacionales en nuestro mercado interno son pilares indispensables para salir del deterioro general de la economía nacional. Así lo han hecho los países desarrollados frente a la crisis mundial, al emprender estrategias para reactivar su economía interna, favoreciendo así a sus propios productores.

A mi juicio, con una visión limitada el Ejecutivo federal ha decidido incrementar el costo de los combustibles y la energía eléctrica, lo que por supuesto resta competitividad al productor nacional. Además, ha permitido la entrada de materias primas y de bienes con menores tasas arancelarias, incluso sin ninguna restricción, con el supuesto interés de reducir los precios al consumidor final. Lo que desa-fortunadamente en muchos de los casos no se logra.

Esta situación se presenta a pesar de la existencia de un marco legislativo que mandata que los productores agropecuarios puedan contar con precios accesibles de energía eléctrica, diesel, semillas mejoradas, fertilizantes y agroquímicos, entre otros insumos.

Este marco legislativo proviene principalmente de tres leyes: la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley de Energía para el Campo y la Ley de Petróleos Mexicanos, cuyas disposiciones recaen en la esfera de competencia de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Las dos primeras leyes tienen como objetivo coadyuvar al desarrollo rural del país, estableciendo acciones de impulso a la productividad y competitividad como medidas de apoyo tendentes a reducir las asimetrías respecto de otros países.

Específicamente la Ley de Energía para el Campo establece que precios y tarifas para la gasolina, el diesel, el combustóleo y la energía eléctrica empleados directamente en las actividades agropecuarias deben lograr el propósito de impulsar su productividad y su competitividad.

La tercera, la Ley de Petróleos Mexicanos, establece que Pemex debe formular un esquema para la entrega de fertilizantes de aplicación directa a los productores agropecuarios, ofreciendo un precio fijo y accesible a los industriales, quienes trasladarían el beneficio a los agricultores. Además establece que los precios al agricultor sean accesibles y fijos pese a su volatilidad internacional.

Bajo este esquema e instrumentos, el espíritu del legislador pretende recuperar la producción nacional, ya que hoy el 46.5 por ciento de la demanda interna se debe cubrir con importaciones agropecuarias, contrario a lo que la legislación establece.

Los precios de los insumos para la producción agropecuaria han ido en un aumento. Para ilustrar esto mencionaré dos ejemplos:

1. El precio de la semilla mejorada para la producción de maíz de grano en Sinaloa pasó de mil 20 pesos por hectárea en el otoño-invierno de 2005-2006, a 2 mil 250 pesos en el ciclo de otoño-invierno de 2007-2008, según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.

2. El precio del diesel agropecuario se incrementó de 6.94 a 8.16 pesos durante 2009, es decir, 1 peso con 22 centavos. Representa un incremento de 17.6 por ciento con respecto al inicio del año. En los primeros cuatro meses de 2010 el precio del diesel se ha incrementado en 24 centavos, el subsidio al diesel agropecuario que la Cámara de Diputados autorizó en 2 pesos, por lo que dicho subsidio se ha disminuido a escasos 54 centavos, lo que representa una disminución del subsidio, en el periodo de enero de 2009 a febrero de 2010, de 73 por ciento.

Ahora, con el incremento realizado por el Ejecutivo en 8 centavos mensuales al precio del diesel, en seis meses de-saparecía prácticamente el subsidio de 2 pesos otorgado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Estos aumentos en los insumos para la producción agropecuaria impactan en el precio a los consumidores. Además, a más de 15 meses de emisión de la Ley de Petróleos Mexicanos, el Ejecutivo no ha instrumentado el esquema indicado en esta ley.

Por tanto, para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional es de suma importancia que los productores agropecuarios cuenten con insumos de forma accesible, que les permitan ser competitivos, aumentar la producción nacional y atender la demanda interna.

Los diputados nos oponemos a esta política fiscal que incrementan los costos de los productores al impactar los precios de los fertilizantes, semillas y agroquímicos, y del transporte de alimentos y materias primas que sacan de competitividad a nuestros productores, en aras de un incremento mínimo de ingresos fiscales.

Por lo anterior, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a detener el aumento de los precios de los insumos para la producción agropecuaria que estén bajo la responsabilidad del Ejecutivo.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a instrumentar de manera inmediata programas de apoyo a los productores agropecuarios nacionales, empleando los recursos adicionales asignados a esa secretaría en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente ejercicio fiscal.

Tercero. Se exhorta al Poder Ejecutivo a instrumentar, a la brevedad, el esquema para fertilizantes señalados en la Ley de Petróleos Mexicanos.

Solicito, señor presidente, que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a detener el aumento de los precios de los insumos para la producción agropecuaria e instrumentar programas en apoyo a los productores agropecuarios nacionales, a cargo del diputado Rolando Zubia Rivera, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Rolando Zubía Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en nombre de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en la normatividad que, en su caso, fuera aplicable, se permite someter a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes

Considerandos

La presente proposición con punto de acuerdo tiene su base en el acuerdo tomado por los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería en la décima reunión ordinaria, celebrada con fecha 24 de febrero de 2010.

La producción de frijol en México está orientada a satisfacer la demanda nacional, ya que el consumo de esta leguminosa ocupa un lugar preponderante dentro de la dieta diaria de las familias mexicanas, solo detrás del maíz.

Desde 2008, los más de 300 mil productores de frijol del país están en desigual competencia por la desgravación total de las importaciones agropecuarias dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, advierten expertos y dirigentes del sector.

Sin embargo ni el tratado, ni la liberación de gravámenes, obliga al gobierno mexicano a importar frijol, menos aun cuando se pretende abrir el mercado a China, Argentina y otros países, donde la leguminosa que se pretende importar es de menor calidad que la que se produce en México.

En este momento no tenemos forma de competir contra los subsidios y la tecnología que tienen en Estados Unidos y Canadá, a pesar de ello existen noticias de que la Secretaría de Economía permitiría la importación de frijol de baja calidad de otros países, ante el silencio de Sagarpa, sin tomar en cuenta que la producción en México, cubre la demanda nacional. El hecho de importar, en lugar de apoyar a la producción nacional, generara serias consecuencias entre las que destacan la pérdida de empleos, el aumento de la migración, la perdida aún mayor de soberanía alimentaria, el consumo de frijol de menor calidad, golpea la fuente de ingresos de más de 300 mil familias que de forma directa dependen de esta producción, sin contar las que de forma indirecta dependen del sector.

De acuerdo con los datos de la Sagarpa, entre 1994 y 2006, Estados Unidos registró una producción promedio de 1.21 millones de toneladas de frijol, contra 1.19 millones de toneladas de México, llegando en 2009 a que el rendimiento estadounidense por hectárea es de 1.8 toneladas, tres veces mayor al mexicano.

Además, en México 87 por ciento de las siembras son de temporal. Sagarpa tiene registrados más de 300 mil productores de frijol en el país, de los cuales 48 por ciento son pequeños productores con menos de cinco hectáreas, a pesar de estos datos contrastantes, el frijol en México mantiene altos estándares de calidad y está en condiciones de cubrir la demanda nacional a corto plazo.

Por otro lado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata –en el artículo 27, fracción XX– que: “El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público”.

Del mismo modo, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, establece en su artículo 5, que: “En el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través del Gobierno Federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del país y que estarán orientados a los siguientes objetivos, puntualizando en su fracción tercera: “Contribuir a la soberanía y seguridad alimentarias de la nación, mediante el impulso de la producción agropecuaria del país”.

Aunado a esto, la Ley de Comercio Exterior en el artículo 1, dispone que: “La presente ley tiene por objeto regular y promover el comercio exterior, incrementar la competitividad de la economía nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país, integrar adecuadamente la economía mexicana con la internacional, defender la planta productiva de prácticas desleales del comercio internacional y contribuir a la elevación del bienestar de la población”.

No obstante lo anteriormente fundado y motivado, aún no se ha dado prioridad a los productores nacionales  en la producción y comercialización de frijol sobre la importación. La Secretaría de Economía pretende autorizar cupos de importación, contrariando todas las disposiciones anteriores y toda la política agropecuaria nacional, en detrimento de productores, campesinos y de los consumidores al poner a su disposición frijol viejo y de muy mala calidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, el cual proviene de un acuerdo tomado en la décima reunión ordinaria de la Comisión de Agricultura y Ganadería con fecha 24 de febrero de 2010.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a través del titular de la Secretaría de Economía, a impedir la importación de frijol, dando prioridad a los productores nacionales sobre la importación de esta leguminosa, y al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar un estudio urgente sobre el daño que una acción de importación de esta naturaleza causaría a los productores y consumidores nacionales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2010.— Diputado Rolando Zubía Rivera (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Muchas gracias, diputado don Rolando Zubia Rivera. Como lo ha solicitado, insértese el texto íntegro de la proposición en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

POLICIAS CIBERNETICAS

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibió del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a las policías cibernéticas a que fortalezcan su personal e infraestructura, establezcan convenios de cooperación e intercambio de información, unifiquen criterios e implementen mecanismos de prevención sobre los riesgos en el uso del Internet.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Policías Cibernéticas a fortalecer su personal e infraestructura, establecer convenios de cooperación e intercambio de información, unificar criterios e implantar procedimientos preventivos de riesgos en el uso de Internet, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Agustín Castilla Marroquín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por los que se exhorta a las Policías Cibernéticas federal y locales a fortalecer su personal e infraestructura, establecer convenios de cooperación e intercambio de información, unificar criterios e implantar mecanismos de prevención de riesgos en el uso de Internet, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una de las principales razones de la popularización y el éxito de Internet es el hecho de ser una red abierta, de fácil accesibilidad, compartida por millones de usuarios de todo el mundo, incluidos los países menos desarrollados, las cuales son operadas por instituciones públicas o privadas. Esta extraordinaria herramienta es hoy muy útil para la información, la investigación y el comercio; sin embargo, supone también un medio para la comisión de delitos.

A todos esos aspectos hay que agregar que los medios electrónicos, como Internet, también son una vía de reclutamiento, usada para ofrecer turismo sexual o pornografía infantil, y establecer contactos entre tratantes y víctimas, que en su mayoría son niños y adolescentes.

Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, la Policía Cibernética indica que hay más de 2 mil correos electrónicos de integrantes de diversos grupos delictivos que contienen pornografía infantil y que 10 por ciento la suministra.

La SSP federal informó que en 2007 más de 20 millones de usuarios accedían a Internet diariamente, de los que 9.5 millones son niños y adolescentes. De ellos, 43 por ciento lo hace desde la casa, 39 en café Internet, 19 en el trabajo y 11 en centro de estudios.

Los usuarios acceden a Internet sobre todo para las siguientes actividades: investigación, 67 por ciento; revisión de correo electrónico, 80; chat, 65; y mensajes instantáneos, 68.

El uso que los jóvenes dan a Internet varía: 1 de cada 3 busca información; 66 por ciento la utiliza como herramienta; 35, para el chat; 17, para jugar; y 13, para bajar música. De hecho se tiene conocimiento que 9 de cada 10 menores de entre 8 y 16 años han visto pornografía por Internet. Las personas de 12 a 17 años tienen el mayor porcentaje de consumo de pornografía.

La Policía Cibernética de la SSP tiene conocimiento que a un pedófilo toma sólo 10 minutos ganar la confianza del niño y obtener una satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del menor, y 15 días para establecer contacto con él.

La Policía Cibernética recuperó en 2007 a 104 niños, y detuvo a 67 delincuentes, pero advierte que esta actividad va en aumento.

E 2009 crecieron en 100 por ciento las denuncias por delitos contra menores en la red. Un año atrás, la Unidad de Delitos Cibernéticos de la SSP recibió 173 acusaciones; el saldo alcanzó 320 en 2009.

Derivado de sus investigaciones, cuando los niños y los adolescentes han establecido contacto con el probable agresor, éste los alcoholiza, droga, golpea o amenaza para realizar prácticas de prostitución.

La dependencia identificó 17 infracciones diferentes contra niños y adolescentes en la red. La pornografía infantil encabeza la lista. Y es que en los últimos tres años, el número de sitios mexicanos dedicados a ese acto ilícito aumentó en 40 por ciento, superando así 100 mil páginas electrónicas.

En la república operan diferentes Policías Cibernéticas: una federal, y nueve locales. Empero, preocupa que en su integración unas dependan de las procuradurías y otras de las dependencias de seguridad pública; es decir, unas son investigadoras y las otras preventivas, lo que deja al descubierto que no hay una unificación de criterios.

Es necesario que las autoridades encargadas en la investigación y de la prevención homologuen criterios, definan mecanismos de coordinación entre los entes federales y los estatales, y destinen mayores recursos humanos y de infraestructura e implanten mecanismos de prevención sobre el manejo de Internet entre los ciudadanos.

La Policía Cibernética del Distrito Federal ha indicado que la mayoría de los delitos cibernéticos es cometida desde los café Internet, pues no hay un registro de quién utiliza la computadora. La responsabilidad y ubicación del delincuente se diluyen fácilmente por esa circunstancia, por lo cual es necesario que los propietarios de tales espacios de acceso público a Internet colaboren con la autoridad mediante el registro de sus establecimientos y de las personas que utilizan computadoras.

En conclusión, la pornografía infantil no es cosa de juego sino una realidad cotidiana para cientos de miles de niños y de adolescentes. Se presenta diariamente y de forma renovada, pues se ha convertido en el enemigo número uno de Internet, en el peor virus de la humanidad y en la más cruda y nociva contaminación de la sociedad.

Por lo expuesto, presento para aprobación los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta a las Policías Cibernéticas federal y locales a fortalecer su personal e infraestructura, y establecer convenios que faciliten la cooperación e intercambio recíproco de información.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública a efecto de que, en coordinación con las dependencias locales que tengan a su cargo policías cibernéticas, las dote de mayores recursos, unifique criterios respecto a las funciones que realizan e implante mecanismos de prevención entre los ciudadanos respecto a los riesgos en el uso de Internet.

Tercero.Se exhorta a los gobiernos de los estados que no tienen policía cibernética a constituirlas con la mayor brevedad.

Cuarto.Se exhorta a las entidades federativas a realizar un registro de los café Internet que operan en sus demarcaciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de abril de 2010.— Diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene ahora la palabra el diputado David Hernández Vallin, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El diputado David Hernández Vallin:Honorable asamblea, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes considerandos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado mexicano contará con un sistema nacional de información estadística y geográfica y que la información que éste genere será de carácter oficial y uso obligatorio para las entidades y dependencias del sector público del país.

La Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, señala al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, como órgano autónomo del Estado mexicano y unidad central coordinadora del sistema nacional de información estadística y geográfica.

La actuación de los miembros de la Junta de Gobierno del Inegi, con plazas de nivel de subsecretario, han dado muestras de que ni gobiernan ni administran.

A más de un año de haberse integrado la Junta de Gobierno del Inegi, no gobierna. No gobierna porque sus miembros, que devengan en promedio un sueldo bruto mensual de alrededor de 200 mil pesos, no han instrumentado las reglas generales para determinar la información de interés nacional publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo del 2009. Como tampoco han publicado los programas de mediano y corto plazo que obligan a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

El contenido del programa estratégico del sistema nacional de información estadística y geográfica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 16 de abril, está lejos del nivel de aspiraciones que el Estado mexicano y la sociedad en general esperan del sistema nacional de información estadística y geográfica, ya que es predominantemente metodológico, más que indicativo, del desarrollo al que se aspira en el campo de la información estadística y geográfica de carácter oficial y que el país requiere y demanda para su desarrollo.

El informe de actividades que el Inegi presentó al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, deja lugar a dudas sobre la efectividad de las actividades realizadas por el Instituto como unidad de Estado y como unidad central coordinadora del sistema nacional de información estadística y geográfica.

A más de un año de haberse integrado, la Junta de Gobierno del Inegi no administra porque cada vez más son los casos de trabajadores del Inegi que se han manifestado ante sus representantes sindicales y populares solicitando apoyo, ya que no encuentran canales institucionales que den cauce a sus demandas laborales y padecen la falta de sensibilidad de las autoridades del instituto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Que la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 93 constitucional, segundo párrafo, cite a comparecer ante el pleno de esta soberanía al presidente del Inegi, para que explique el contenido del informe de actividades y resultados 2009, que recientemente entregó al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados.

Segundo. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que realice una auditoría de desempeño a la Junta de Gobierno del Inegi, con base en los artículos 1o. y 12 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Señor presidente, solicito que el texto del presente punto de acuerdo se inserte íntegro en el Diario de los Debates y sea turnado a la Junta de Coordinación Política. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se requiere la comparecencia del presidente del Inegi ante esta soberanía para explicar el contenido del informe de actividades y resultados de 2009, recién entregado al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión; y se solicita a la ASF que practique una auditoría de desempeño a la Junta de Gobierno del instituto, a cargo del diputado David Hernández Vallín, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal David Hernández Vallín, coordinador de la diputación federal por el estado de Aguascalientes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la honorable Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado mexicano contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y que la información que éste genere será de carácter oficial y uso obligatorio para las entidades y dependencias del sector público del país.

La Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, señala al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), como órgano autónomo del Estado mexicano y unidad central coordinadora del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

La actuación de los miembros de la Junta de Gobierno del Inegi, con plazas de nivel de subsecretario han dado muestra de que ni gobiernan ni administran.

A más de un año de haberse integrado la Junta de Gobierno del Inegi no gobierna. No gobierna por que sus miembros –que devengan en promedio un sueldo bruto mensual de alrededor de doscientos mil pesos– no han instrumentado las reglas generales para determinar la información de interés nacional, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo del 2009. Como tampoco han publicado los programas de mediano y corto plazo que obliga la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

El contenido del Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 16 de abril, está lejos del nivel de aspiraciones que el Estado mexicano y la sociedad en general esperan del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, ya que es predominantemente metodológico, más que indicativo del desarrollo al que se aspira en el campo de la información estadística y geográfica de carácter oficial y que el país requiere y demanda para su desarrollo.

El informe de actividades que el Inegi presentó al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, deja lugar a dudas sobre la efectividad de las actividades realizadas por el Instituto como Unidad de Estado y como Unidad Central Coordinadora del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

A más de un año de haberse integrado, la Junta de Gobierno del Inegi, no administra. No administra, porque cada vez son más los casos de trabajadores del Inegi que se han manifestado ante sus representantes sindicales y populares solicitando apoyo, ya que no encuentran canales institucionales que den cause a sus demandas laborales y padecen la falta de sensibilidad de las autoridades del Instituto.

Por lo expuesto y fundado, pongo a consideración de esta honorable asamblea  el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Que la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el  artículo 93 constitucional, segundo párrafo, cite a comparecer ante el pleno de esta soberanía al presidente del Inegi, para que explique el contenido del informe de actividades y resultados 2009, que recientemente entregó al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión.

Segundo. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que realice una auditoría de desempeño a la Junta de Gobierno del Inegi, con base en los artículos I y XII de la Ley de  Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 28 de abril de 2010.— Diputados: David Hernández Vallín, Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Laura Itzel Castillo Juárez (rúbricas).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Hernández Vallin. Como usted lo solicitó, el texto íntegro de la proposición se insertará en el Diario de los Debates. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Han solicitado la palabra los diputados Manuel Cota y Laura Itzel Castillo.

El diputado Manuel Humberto Cota Jiménez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputado Manuel Cota ¿con qué objeto?

El diputado Manuel Humberto Cota Jiménez(desde la curul): Señor presidente, solicitarle al diputado Hernández Vallin, si me permite adherirme a su punto de acuerdo, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputado Hernández Vallin ¿no tiene inconveniente en que se produzca la adhesión que han solicitado?

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputada Laura Itzel Castillo ¿con qué objeto?

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez(desde la curul): En virtud de que hay incluso dudas con relación a las cifras del desempleo, según lo ha manifestado el secretario del Trabajo, a mí me parece muy importante la propuesta que está haciendo el diputado Hernández Vallin y también me adhiero a este llamado.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputada Laura Itzel Castillo. El diputado proponente ha aceptado ya la adhesión a su proposición. Por tanto, las diputadas y diputados que deseen suscribir con él la proposición, pueden hacerlo en la Secretaría.

Gracias, diputado Hernández Vallin. Gracias a los diputados que han hecho uso de la palabra.

VERIFICACION DE QUORUM

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de asistencia.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Ciérrese el sistema electrónico.

Se informa a la Presidencia que hay una asistencia de 270 diputados. Hay quórum, señor presidente.

INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, señora secretaria. Se recibió del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Salud a que realice una reunión de trabajo con los directores de los institutos nacionales de Salud, a fin de conocer sus programas.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Salud de esta soberanía a reunirse con los directores de los institutos nacionales de salud para conocer lo mismo sus programas que su situación administrativa y financiera, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Marco Antonio García Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política; y 55, fracción II; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y demás relativos somete a consideración de esta soberanía la presente proposición, fundada en los siguientes

Antecedentes

En toda América, la medicina mexicana mantiene amplio prestigio basado en la producción científica y en la formación y el desarrollo de recursos humanos para la salud. Los resultados alcanzados por los Institutos Nacionales de Salud son sin duda uno de los pilares más sólidos que sustentan ese prestigio.

Particularmente, puede decirse que la investigación que se realiza en los Institutos Nacionales de Salud ha aportado notables contribuciones en diversos campos de la ciencia, siendo los más fructíferos, en la actualidad, las neurociencias, la inmunología, la salud pública y la medicina de alta especialidad en todos sus campos. En las áreas de cancerología, cardiología, medicina genómica, medicina interna, neumología, nutrición, pediatría, psiquiatría, rehabilitación y salud pública, un elevado número de especialistas latinoamericanos han recibido entrenamiento en los Institutos Nacionales de Salud correspondientes.

Los Institutos Nacionales de Salud de México generan a través de sus 750 académicos e investigadores más de mil artículos y textos científicos al año y entrenan a un número similar de estudiantes de posgrado en investigación. En ellos se conjuga en un nivel de excelencia la atención médica de alta especialidad, la formación de recursos humanos y la investigación de vanguardia representan un nicho ejemplar del mundialmente reconocido talento médico mexicano.

Los Institutos Nacionales de Salud constituyen una de las mayores riquezas que se tienen en el ámbito de la medicina moderna en México, por lo cual es preciso no sólo preservarlos sino, también, fortalecerlos y trabajar cotidianamente para mantener la excelencia en la práctica de la medicina, la generación de conocimiento y la formación de recursos humanos y que, con ello, el país tenga la oportunidad de seguir manteniéndose a la vanguardia y la población siga recibiendo los beneficios del desarrollo en la atención médica.

Debido a factores como la crisis económica mundial y nacional, el incremento del costo de los servicios para el desa-rrollo de la medicina, la demanda creciente de servicios de atención médica y los bajos índices de inversión pública en salud hay un panorama adverso a las funciones que tienen a su cargo los Institutos Nacionales de Salud. Tan sólo la afectación negativa que en términos generales sufrieron estas instituciones en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2010, de acuerdo con un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas en la materia, manifiesta hechos como la no asignación de recursos para rubros sustantivos como infraestructura y equipo o para la atención de rezagos y problemas en materia laboral, como es la contratación de personal médico nuevo, lo que se reflejará sin duda en la productividad, el funcionamiento y la atención en los institutos.

En razón de la preocupante situación que guardan estas instituciones nacionales, es vital conocer la situación financiera y administrativa que guardan con relación a la asignación del PEF de 2010 y a los programas sustantivos que tienen a su cargo.

En razón de lo fundamentado y motivado, y en ejercicio de las facultades que las leyes me reconocen, me permito proponer la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Salud a reunirse con los directores de los Institutos Nacionales de Salud para conocer sus programas, y su situación administrativa y financiera.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2010.— Diputado Marco Antonio García Ayala (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se turna a la Comisión de Salud.

SECRETARIO DE SALUD

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra el diputado Malco Ramírez Martínez, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Salud, que suscribe el propio diputado Malco Ramírez Martínez y el diputado Marco Antonio García Ayala, ambos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputado Ramírez Martínez.

El diputado Malco Ramírez Martínez:Con su permiso, señor presidente. Muy buenas tardes a todos ustedes, diputados y diputadas. Considerando que la crisis económica que sufrimos el año pasado por la epidemia de influenza nos dejó fuertes lecciones, una de ellas y la más importante es que como nación no podemos depender del extranjero para contar con investigaciones de vanguardia y generar vacunas. No digo solamente de influenza, sino de cualquier otra enfermedad viral.

México necesita invertir en infraestructura e investigación científica, porque en el país viven más de 110 millones de personas y el Estado debe garantizar la seguridad y atención, pero sobre todo, la prevención de cualquier epidemia.

Es increíble que a pesar de que en 1999 la OMS alertó con insistencia a las naciones a prepararse para una epidemia, emitiendo como una de sus principales recomendaciones crear laboratorios para desarrollar tratamientos de inmunización con el objetivo vital de garantizar la disponibilidad de vacunas, en México no se haya hecho nada, sino hasta hace apenas unos meses. Y eso en razón de que ya habíamos vivido la epidemia más grande en las últimas décadas.

Como ya se ha mencionado con anterioridad en esta tribuna, según la Secretaría de Salud, la influenza dejó, a febrero de este año, un total de 70 mil 866 casos confirmados y mil 76 defunciones. Sin embargo, los daños económicos fueron también catastróficos.

Por ejemplo, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica estimó en 268 millones de pesos las pérdidas en los cines en el periodo del 25 de abril al 5 de mayo de 2009.

De acuerdo a la Cámara Nacional de Aerotransportes, la aviación tuvo una caída de 20 al 25 por ciento en el número de pasajeros.

El secretario de Turismo federal informó que en Cancún se tuvo una cancelación de 70 por ciento en las reservaciones para la semana que finalizó el 10 de mayo de 2009, por lo que la ocupación fue de 44.8 por ciento, así como la suspensión del arribo de cruceros en Cozumel.

El Secretario de Hacienda en declaraciones a diferentes medios estimó entre el 0.3 y 0.5 por ciento del producto interno bruto, que fue el impacto sobre la economía mexicana que provocó la influenza.

Es decir, si el producto interno de México en 2008 fue de 12 billones 110 mil 555 millones de pesos, considerando el 0.5 por ciento que dijo el secretario Agustín Carstens, equivaldría a 60 mil 553 millones de pesos. O el 0.3 por ciento, a 36 mil 330 millones.

En conclusión, la pérdida económica que tuvo el país a causa de la influenza fue de aproximadamente unos 60 mil 500 millones de pesos. Esta cifra contrasta dramáticamente si la comparamos con los 2 mil millones de pesos que destinó la Secretaría de Salud para comprar 20 millones de dosis de vacunas para la influenza en 2010.

Vemos que no existe mucha congruencia en las políticas públicas de salud aplicadas por el gobierno federal, ya que el principal problema es la falta de previsión. Es imperativo que el secretario de Salud comparezca ante la Comisión de Salud y explique cuánto presupuesto se ejerció en 2009 para Birmex, Indre y la Cofepris. Cuál es el avance de los proyectos de construcción de nuevos laboratorios de Birmex e Indre. Quién ganó la licitación para la construcción de los nuevos edificios y qué experiencia tiene la constructora.

¿Qué tecnologías aplicará en los nuevos laboratorios? ¿Qué capacidad real de investigación y producción tendrán estas nuevas plantas? ¿Cuál será el perfil de la plantilla de trabajadores que laboren en los nuevos centros? ¿Se llevarán a cabo convenios de colaboración e investigación entre los centros de investigación, universidades, el Indre y Birmex? Entre otras preguntas que seguramente los compañeros legisladores deben realizar al secretario de Salud.

Punto de acuerdo. Primero. Llámese a comparecer al secretario de Salud ante el pleno de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados lo más pronto posible.

Segundo. A dicha comparecencia deberán acudir los titulares del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre) y de Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex). Es cuanto, gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del secretario de Salud para que informe sobre el avance en la obra y el uso del presupuesto asignado a Indre y Birmex en 2009 y lo que va de 2010, suscrita por los diputados Malco Ramírez Martínez y Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales Marco Antonio García Ayala y Malco Ramírez Martínez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponen a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para llamar a comparecer al secretario de Salud para que informe a esta soberanía sobre el avance en la obra y el uso del presupuesto asignado a Indre y Birmex  en el ejercicio presupuestal de 2009 y lo que va de 2010 según las siguientes

Consideraciones

La crisis económica que sufrimos el año pasado por la epidemia de influenza nos dejó fuertes lecciones. Considero que una de ellas y la más importante es que como nación no podemos depender del extranjero para contar con investigaciones de vanguardia y generar vacunas, no digo solamente de influenza, sino de cualquier otra enfermedad viral.

México necesita invertir en infraestructura e investigación científica, porque en el país viven más de ciento diez millones de personas y el Estado debe garantizar la seguridad y atención, pero sobre todo la prevención de cualquier epidemia.

Es increíble que a pesar de que en 1999 la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó con insistencia a las naciones a prepararse para una epidemia, emitiendo como una de sus principales recomendaciones crear laboratorios para desarrollar tratamientos de inmunización, con el objetivo vital de garantizar la disponibilidad de vacunas, en México no se haya hecho nada, sino hasta hace apenas unos meses y eso en razón de que ya habíamos vivido la epidemia más grande de las últimas décadas.

Como ya se ha mencionado con anterioridad en esta tribuna, según la Secretaría de Salud la influenza dejó a febrero de este año un total de setenta mil ochocientos sesenta y seis casos confirmados y mil setenta y seis defunciones.

Sin embargo, los daños económicos fueron también catastróficos, por ejemplo:

• La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica estimó en 268 millones de pesos las pérdidas de los cines en el periodo del 25 de abril al 5 de mayo de 2009.

• De acuerdo a la Cámara Nacional de Aerotransportes, la aviación tuvo una caída de 20-25 por ciento en el número de pasajeros.

• El secretario de Turismo federal informó que en Cancún se tuvo una cancelación de 70 por ciento en las reservaciones para la semana que finalizó el 10 de mayo de 2009, por lo que la ocupación fue de 44.8 por ciento, así como la suspensión del arribo de cruceros en Cozumel.

• El secretario de Hacienda, en declaraciones a diferentes medios, estimó entre 0.3 y 0.5 por ciento del producto interno bruto fue el impacto sobre la economía mexicana que provocó la influenza. Es decir, si el producto interno de México en 2008 fue de 12 billones 110 mil 555 millones de pesos. Considerando el -0.5 por ciento que dijo el secretario Agustín Carstens, equivaldría a 60 mil 553 millones de pesos o el -0.3 por ciento a 36 mil 330 millones.

En conclusión, la pérdida económica que tuvo el país a causa de la influenza fue de aproximadamente unos 60 mil 500 millones de pesos. Esta cifra contrasta dramáticamente si la comparamos con los 2 mil millones de pesos que destinó la Secretaría de Salud para comprar 20 millones de dosis de vacunas para la influenza en 2010, vemos que no existe mucha congruencia en las políticas públicas de salud aplicadas por el gobierno federal ya que el principal problema es la falta de previsión.

El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre) elaboró un proyecto en 2009 el cual le permitiría contar con más de 65 laboratorios, brindar servicios de diagnóstico, referencia e investigación para el procesamiento de muestras para diagnósticos oportunos y generar información para la vigilancia epidemiológica.

El monto total de la inversión para el Indre fue de 542.7 millones de pesos, adicional a los 233 millones que se aprobaron para continuar con la construcción y equipamiento del nuevo instituto, sin embargo, el presupuesto se modificó por el Ejecutivo federal reduciéndole 11.5 millones, quedando un presupuesto de 221.4 millones de pesos para 2009.

En 2010 el Ejecutivo solicitó solamente 199 millones de pesos para la construcción y equipamiento del Indre, de los cuales quisiéramos los legisladores saber cuál es el avance en el gasto y ejecución de obra.

Lo que respecta a Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), también es de resaltar que el pasado 10 de febrero del presente año entrevistaron al director general de esta empresa paraestatal en torno al presupuesto y la obra que se realizará este año en Birmex.

De dicha entrevista sobresale lo siguiente:

• Licitarán la construcción del edificio que costará 215 millones de pesos en abril;

• Tienen comprometido gasto por 130 millones de pesos en compra de equipo el año pasado;

• Necesitan 130 millones de pesos en este año para compra de equipo adicional;

• En 2011 terminarían de construir la planta; y

• Hasta 2012 podría comenzarse a elaborar aquí en México vacunas contra la influenza.

Sin embargo, a pregunta expresa del entrevistador sobre cuál es el presupuesto total del que dispone Birmex en 2010, no hubo respuesta.

En la investigación que hemos realizado en el análisis programático del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 tampoco pudimos encontrar con certeza el monto total del que dispondrá Birmex para este año. Es evidente que ni el director lo sabe. En la comparecencia del secretario queremos preguntarle cuántos recursos se dispondrán para Birmex en 2010.

En 2009 la paraestatal tuvo un presupuesto aprobado de 368.1 millones de pesos para la construcción de una planta que prevé producir vacuna contra la influenza, cuyo monto será de 668 millones de pesos.

Queremos saber cuántos recursos se destinaron finalmente para esta obra, toda vez que en el análisis de los informes trimestrales se observan recortes por 20 millones de pesos en 2009.

Es imperativo que el secretario de Salud comparezca ante la Comisión de Salud y explique.

• ¿Cuánto presupuesto se ejerció en 2009 para Birmex, el Indre y la Cofepris?

• ¿Cuál es el avance de los proyectos de construcción de nuevos laboratorios de Birmex e Indre?

• ¿Quién ganó la licitación para la construcción de los nuevos edificios y qué experiencia tiene la constructora?

• ¿Qué tecnología se aplicará en los nuevos laboratorios?

• ¿Qué capacidad real de investigación y producción tendrán estas nuevas plantas?

• ¿Cuál será el perfil de la plantilla de trabajadores que laboren en los nuevos centros?

• ¿Se llevarán a cabo convenios de colaboración o investigación entre centros de investigación, universidades, el Indre y Birmex?

• Entre otras preguntas, que seguramente otros compañeros legisladores deseen realizar al secretario de Salud.

Por otro lado, solicitaremos al secretario de Salud que una delegación de diputadas y diputados pueda realizar una visita a los lugares donde se están realizando las construcciones de los nuevos laboratorios y plantas de producción.

Los mexicanos no podemos estar en la zozobra esperando una nueva epidemia y, peor aún, el Estado no puede caer en shock por no saber a qué enfermedades contagiosas nos enfrentemos en un futuro como sucedió el año pasado.

Los diputados del Grupo Parlamentario del PRI consideramos que esta legislatura debe caracterizarse por tener visión de estado y realizar acciones que beneficien a los mexicanos a largo plazo. Por ello presento este punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, a efecto de llamar a comparecer al secretario de Salud federal ante el pleno de la Comisión de Salud lo más pronto posible.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Llámese a comparecer al secretario de Salud ante el pleno de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados lo más pronto posible.

Segundo.A dicha comparecencia acudirán los titulares del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre) y de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2010.— Diputados: Malco Ramírez Martínez, Marco Antonio García Ayala (rúbricas).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputado Ramírez Martínez. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

TELEFONIA CELULAR TELCEL

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene ahora la palabra la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profeco a iniciar los procedimientos administrativos conducentes para revisar el contrato de prestación de servicios de la empresa de telefonía celular Telcel. Adelante, diputada Pérez Reyes.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes:Con su permiso, señor presidente.

Estimados compañeros, mi participación esta tarde no es más que un esfuerzo más, un intento más por tratar de acotar el poder desmedido de Telcel, que a través de sus tácticas comerciales afecta a uno de cada tres mexicanos en posesión de un teléfono celular.

Ustedes sabrán que en México existen cinco compañías que tienen el control del mercado de telefonía celular. Telcel tiene casi el 76 por ciento del mercado nacional. Quiere decir que de los 35 millones de mexicanos que cuentan con un teléfono celular uno de cada tres es afectado por las prácticas comerciales de esta compañía.

Además, cabe mencionar que Telcel es una de las cinco empresas más demandadas desde el 2004 a la fecha. Es una deshonra que comparte esa compañía con Teléfonos de México, que  coincidentemente comparten el mismo propietario. La Comisión Federal de Electricidad también comparte este deshonroso lugar. La extinta compañía de Luz y Fuerza del Centro, así como Petróleos Mexicanos.

Otros de los abusos que esta compañía practica sobre los usuarios es que en la mayoría de los distribuidores de esta compañía Telcel no disponen del Código de Prácticas Comerciales y menos aún lo ponen a disposición del cliente. En el centro de Atención a Clientes este código no está visible y muy pocos de los empelados lo conocen y ni siquiera pueden dar información al cliente sobre estas mismas practicas que deben cubrir y de proteger la economía del usuario.

La compañía tampoco hace mención sobre la forma en que aplicará la garantía de las opciones con las que cuenta el usuario para poder garantizar el cumplimiento del pago pactado. Fuerza además al cliente a contratar durante un plazo determinado. Cabe mencionar que después de este plazo determinado se requiere por escrito solicitar la cancelación de este contrato para que éste surta efecto. De otra manera se le sigue cobrando indefinidamente al cliente este contrato.

Es por ello que, considerando este y otros tantos abusos que a través de esta tribuna se han puesto de manifiesto ante este Congreso, se hace apremiante que el Legislativo actúe y realice un llamado a las instancias involucradas en el tema de protección al consumidor para evitar que se sigan violentando los derechos de los consumidores.

De tal manera, que a través de mi punto de acuerdo solicito:

Primero. Que se exhorte a la Profeco a que, con base en los artículos 85 y 86 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, inicie los procedimientos administrativos conducentes para revisar el contrato de prestación de servicios de esta compañía, Telcel.

Segundo. Se exhorta también a la Profeco a que en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo las inspecciones necesarias a los distribuidores y centros de atención a clientes de esta compañía para que se revisen las prácticas administrativas asentadas en este punto.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Economía, a que a través del fundamento legal emanado del artículo 86 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y de las experiencias de iniquidad establecidas hacia el mismo por parte de Telcel, se lleven a cabo inspecciones a los distribuidores y centros de atención a clientes que realice Profeco, y que inicie un trabajo conducente para establecer una norma oficial mexicana para estas empresas. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco a iniciar procedimientos administrativos para revisar el contrato de prestación de servicios de la empresa de telefonía celular Telcel y sancionar prácticas abusivas establecidas en sus cláusulas, a cargo de la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario del PAN

María Antonieta Pérez Reyes, diputada de Chihuahua a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de la Cámara de Diputados la presente proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

La telefonía celular en México ha crecido a pasos agigantados desde sus inicios, en 1989, cuando la compañía Iusacell empezó a ofrecer el servicio en el Distrito Federal. Actualmente, el sector de la telefonía celular en México se compone de sólo cinco compañías: Telcel (Radiomóvil Dipsa, SA de CV), Iusacel, Telefónica Movistar, Unefon y Nextel. Telcel es el operador más importante en número de usuarios, con casi con 76 por ciento del mercado nacional. Le siguen Movistar, con 12 por ciento; Iusacel, con 5; Unefon, con 4; y Nextel, con menos de 3.

De acuerdo con la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), los usuarios de telefonía celular en México superan los 35 millones, mientras que la telefonía fija apenas supera los 18 millones de líneas. Los 35 millones de usuarios, significa que uno de cada 3 mexicanos tiene un teléfono celular en las manos. La modalidad El que llama Paga, implantada por la Cofetel en mayo de 1999, fue un detonante importante en el incremento de la teledensidad celular (número de teléfonos por cada 100 habitantes). Anteriormente a esta medida, a un usuario se le aplicaba un costo por recibir llamadas. En la actualidad, para los usuarios de telefonía celular que reciben una llamada local no hay costo alguno. Al implantarse la medida del que llama paga, en tan sólo un año (de 1999 a 2000) se incremento el número de usuarios casi al doble, pasando de 8 millones a 14 millones.

Según cifras de la Cofetel, la telefonía móvil en México al tercer trimestre de 2009 cuenta con 78.5 millones de usuarios: 71.5 millones en la modalidad de prepago y 6.9 millones en pospago, situación que explica el detonante que ha tenido el sector.

Actualmente, compete a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco) y a la Cofetel conocer de las irregularidades y de las quejas y la regulación del servicio de telefonía celular.

La Cofetel tiene entre sus atribuciones apoyar a los usuarios que presenten inconformidades respecto a los servicios de telecomunicaciones, canalizándolas a las autoridades competentes, con base en el artículo 28 de su reglamento interno, cuyo inciso XV dice:

XV.Atender las solicitudes de información y orientación presentadas por el público en general ante la comisión, así como canalizar a las autoridades competentes las quejas que presenten los usuarios de los servicios de telecomunicaciones respecto de la actuación de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, conforme a las disposiciones aplicables;

En México se encarga de conocer sobre las quejas de los consumidores la Profeco. Ésta y la Cofetel suscribieron en noviembre de 2003 un convenio para apoyarse mutuamente en el conocimiento de las quejas de los usuarios, conforme al inciso mencionado del Reglamento Interno de la Cofetel. Con base en el convenio, se busca revisar que los contratos de las empresas de telecomunicaciones no contengan cláusulas abusivas y que cumplan las disposiciones relacionadas con la protección del consumidor.

Al respecto, Gonzáñez (2006) indica que el contrato de prestación de servicios de Telcel fue autorizado por la Cofetel en octubre de 2002. Siguiendo a Gonzáñez (2006), el usuario, al contratar el servicio de telefonía celular con Telcel, está firmando un contrato de adhesión, sin embargo, éste no está registrado ante la Profeco, ya que no se encuentra en la lista de los proveedores que están obligados a registrarlos.

Sin embargo, la misma Ley de Protección al Consumidor faculta a la Profeco para conocer del contrato de adhesión por el servicio de telefonía celular o móvil que prestan las empresas de telefonía móvil entre ellas, Telcel, ya que se establece en el Capítulo X, “De los contratos de adhesión”, específicamente en los artículos 85 y 86, lo siguiente:

Artículo 85.Para los efectos de esta ley, se entiende por contrato de adhesión el documento elaborado unilateralmente por el proveedor, para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato. Todo contrato de adhesión celebrado en territorio nacional, para su validez, deberá estar escrito en idioma español y sus caracteres tendrán que ser legibles a simple vista. Además, no podrá implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inicuas o abusivas, o cualquier otra cláusula o texto que viole las disposiciones de esta ley.

Artículo 86. La secretaría, mediante normas oficiales mexicanas podrá sujetar contratos de adhesión a registro previo ante la procuraduría cuando impliquen o puedan implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inicuas o abusivas, o altas probabilidades de incumplimiento.

A mayor abundamiento y fundamentación de estos actos, la ley establece en el artículo 24:

Artículo 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

I. Promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores;

II. Procurar y representar los intereses de los consumidores, mediante el ejercicio de las acciones, recursos, trámites o gestiones que procedan;

III. Representar individualmente o en grupo a los consumidores ante autoridades jurisdiccionales y administrativas, y ante los proveedores;

IV. ...

XV. Registrar los contratos de adhesión que lo requieran, cuando cumplan la normatividad aplicable, y organizar y llevar el registro público de contratos de adhesión;

XVI. ...

XIX. Aplicar las sanciones y demás medidas establecidas en esta ley, en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y demás ordenamientos aplicables;

XX. Requerir a los proveedores o a las autoridades competentes a que tomen medidas adecuadas para combatir, detener, modificar o evitar todo género de prácticas que lesionen los intereses de los consumidores, y cuando lo considere pertinente publicar dicho requerimiento;

XXI. ...

XXII. Las demás que le confieran esta ley y otros ordenamientos.

De acuerdo con lo anterior, la Profeco cuenta con atribuciones para proteger los derechos de los consumidores y hacerlas valer ante las prácticas desleales y abusivas por parte de las empresas de telefonía celular, principalmente Telcel.

Además, a escala nacional Radiomóvil Dipsa, razón social de Telcel, es una de las cinco empresas más demandadas desde 2004 a la fecha, deshonra que comparte con Teléfonos de México, la Comisión Federal de Electricidad, la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y con Petróleos Mexicanos y Gas Natural de México.

El artículo 86 faculta a la Profeco para asesorar y peticionar a la Secretaría de Economía, para que se emita una norma oficial mexicana que contribuya a que Telcel y otras compañías de telecomunicaciones registren sus contratos de adhesión ante esta instancia.

Retomando a Gonzáñez (2006), el contrato de prestación de servicios de Tecel incumple el requisito de legibilidad que la Ley Federal de Protección del Consumidor establece en el mencionado artículo 85:

Artículo 85. Para los efectos de esta ley, se entiende por contrato de adhesión el documento elaborado unilateralmente por el proveedor, para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato. Todo contrato de adhesión celebrado en territorio nacional, para su validez, deberá estar escrito en idioma español y sus caracteres tendrán que ser legibles a simple vista. Además, no podrá implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inicuas o abusivas, o cualquier otra cláusula o texto que viole las disposiciones de esta ley.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el formato en el que se suscribe el contrato de prestación de servicios es hecho con letra chica y no muy legible a simple vista.

Gonzáñez (2006) también señala que en el contrato, específicamente en la sección de declaraciones, se menciona lo siguiente:

II. El cliente declara que

a) ...

b) Ha recibido a su entera satisfacción, la información relativa a la prestación del Servicio, al contenido del presente contrato, al Código de Prácticas Comerciales, a las tarifas...

Más adelante, en las cláusulas nuevamente se hace referencia al Código de Prácticas Comerciales:

Primero. Objeto. Telcel se obliga a prestar... el servicio... en las áreas geográficas con cobertura Telcel... las cuales se mencionan en el Código de Prácticas Comerciales ; las áreas geográficas con cobertura Telcel podrán ser consultadas por el cliente en los centros de atención a clientes Telcel...

Otras cláusulas del contrato en el cual se hace referencia a dicho código son

• Cuarta, sobre las obligaciones de Telcel, inciso c) (con relación a posibles quejas): “En caso de que la reclamación sea procedente, Telcel hará el ajuste respectivo de conformidad con lo dispuesto en el Código de Prácticas Comerciales”.

• Novena, sobre servicios adicionales, de valor agregado y otros, que dice: “... Los servicios y tarifas aplicables a los mismos se detallan en el Código de Prácticas Comerciales...”

La práctica desleal, abusiva y que da lugar al incumplimiento es que en la mayoría de los distribuidores autorizados por Telcel, es decir, el lugar donde el cliente contrata el servicio, incluyendo los centros de atención a clientes, no disponen de dicho código, menos aún lo ponen a disposición del cliente.

En el centro de atención a clientes, este código, igual que las áreas geográficas en las cuales se da cobertura y que se supone deben ser consultadas en el mismo centro de atención, no están visibles y muy pocos de los empleados que laboran en dicho centro lo conocen para poder dar información sobre el mismo, siguen las políticas señaladas para los cobros que se hacen por las operaciones más recurrentes, pero muy pocas de las veces dan fundamentación sobre el documento u principio administrativo o legal que sirve de base para la acción que están ejecutando.

De acuerdo con estudios de la Profeco y de algunas empresas de mercadotecnia e investigación de mercados, se conoce muy bien por parte de las empresas y de los mismos consumidores que casi nadie tiene la costumbre de leer el contrato y de manera inmediata firmarlo. Gonzáñez (2006) señala que el consumidor sabe que de todos modos, por ser un contrato de adhesión, no tiene posibilidad de modificar las cláusulas; así que podemos decir que ni siquiera sabe que existe dicho código, mucho menos lo solicita y, por tanto, lo desconoce.

Aprovechando esta mala costumbre, Telcel entrega al momento de una nueva contratación sólo copia del contrato en el cual se alude al código; empero, éste no se acompaña al contrato, por lo que no lo entrega al cliente ni lo pone a disposición de los consumidores al poder ponerlo a la vista de éstos. En la situación de una renovación de contrato el caso es aún más preocupante ya que no se entrega, en la mayoría de los casos, el código y tampoco un nuevo contrato sólo se especifican las variaciones al plan que se tiene contratado o al que se desea cambiar y en caso de llegar a darse la entrega del contrato éste se hace ya en una hoja impresa que hace las veces del mismo y en el que no necesariamente se detallan o se mencionan las declaraciones y cláusulas en su totalidad.

Igual que el código que no se entrega al momento de la suscripción de un nuevo contrato o de una renovación ya sea con el distribuidor o en el centro de atención a clientes el personal de la compañía tampoco menciona la forma en que aplicará la garantía ni las opciones con que cuenta el usuario para poder garantizar el cumplimiento de pago pactadas, que se mencionan en la cláusula decimoséptima del contrato:

Décima Séptima. Garantía. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago pactadas en este contrato y cualquier otra obligación que el cliente adquiera frente a Telcel, éste podrá solicitar a cliente:

a) Otorgar fianza en favor de Telcel, autorizándolo en este acto para que en su nombre y representación contrate y obtenga una fianza, la cual estará vigente durante todo el tiempo que dure este contrato y que será actualizada anualmente, debiéndose notificar oportunamente al cliente el monto a pagar por dicha actualización. Asimismo, el cliente pagará a Telcel, a la firma del presente contrato, el importe de la prima de dicha fianza. Telcel en ningún caso reembolsará al cliente el importe del cargo por la fianza; o

b) Constituir depósito en garantía en favor de Telcel, en el entendido de que dicho depósito no será devuelto al cliente sino hasta el momento en que hayan sido cubiertos todos los adeudos a cargo del cliente y haya sido cancelado el servicio. En caso de devolución, ésta se sujetará a lo dispuesto en el Código de Prácticas Comerciales.

Por lo que refiere a esta condición, es claro que el cliente no conoce de ésta fianza ya que en algunas de las estrategias de mercadotecnia aparece gratis el primer año. Sin embargo, en el segundo año se cobra entre 200 y 300 pesos, sin que la compañía notifique oportunamente al cliente el monto a pagar por la actualización que sufre dicha fianza, incumpliendo con lo que establece en su propia cláusula decimoséptima.

El cargo sólo aparece reflejado en el estado de cuenta de algunos de los meses y tiene que ser pagado. Además, el cliente no tiene opción a que se le reembolse importe alguno por el cargo de esta fianza.

De acuerdo con Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, se trata de un negocio redondo, ya que la compañía con que Telcel contrata la fianza es Fianza Guardiana Inbursa, propiedad de Carlos Slim.

Aquí hay un elemento de fraude: una fianza que se establece como obligatoria en un servicio en el que no debería existir y, más aún, una fianza que no regresa al cliente que la pagó, aunque no se haya utilizado para cubrir una falta de pago. Para estimar los ingresos que representan estos cobros indebidos, basta decir que hay más de 70 millones de teléfonos celulares. En telefonía móvil, si consideramos que 10 por ciento de los usuarios de Telcel tienen contrato pospago, la empresa obtiene alrededor de 980 millones de pesos por concepto de fianzas que, como establece el contrato, “en ningún caso reembolsará al cliente”.

También es menester señalar que en la cláusula tercera, “Plazo”, se establece lo siguiente:

El presente contrato podrá estar sujeto a un plazo forzoso o a una vigencia indefinida. En su caso, una vez concluido el plazo forzoso, el contrato se entenderá automáticamente prorrogado en forma indefinida. Asimismo, al concluir el plazo forzoso, el cliente podrá solicitar en cualquier centro de atención a clientes Telcel y por escrito, la terminación del contrato con cuando menos 30 (treinta) días naturales de anticipación.

Durante el plazo, el cliente podrá modificar en cualquier tiempo el plan contratado originalmente, conforme a lo dispuesto en el Código de Prácticas Comerciales, obligándose al pago de los gastos respectivos y a incrementar, de ser el caso, la garantía a que se refiere la cláusula décima séptima el presente contrato. El cambio de plan operará a partir del día siguiente al día del corte de la facturación correspondiente.

El cambio de plan al amparo de lo señalado anteriormente puede establecer un plazo forzoso o bien modificar la duración del plazo forzoso preexistente.

En este caso se está frente a una obligación abusiva al forzar al cliente a contratar durante un plazo determinado. Independientemente del plan tarifario que contrate, el cliente se obliga al plazo forzoso; al mencionar la vigencia indefinida se refiere a que si el usuario no cancela el servicio una vez vencido el plazo forzoso, el servicio seguirá estando activo hasta que realice el trámite de manera escrita.

Esta cláusula, a decir de Gonzáñez (2006), se relaciona con la decimosexta:

Décima Sexta. Terminación anticipada del contrato. El presente contrato se dará por terminado en los siguientes casos:

I. Sin responsabilidad para Telcel:

a) Por muerte del cliente;

b) Por disolución o liquidación del cliente;

c) Por concurso mercantil declarado al cliente;

d) Porque el cliente deje de cubrir el importe de dos o más facturas;

e) Por la falsedad de las declaraciones o datos proporcionados por el propio cliente;

f) Por la cesión de los derechos del cliente derivados de este contrato sin el consentimiento previo y por escrito de Telcel;

g) Porque el cliente no esté de acuerdo con las modificaciones del presente contrato en los términos de la cláusula vigésima primera del mismo, aplicando la pena convencional correspondiente en caso de que exista un plazo forzoso y éste no se haya cumplido;

h) Porque el cliente no esté de acuerdo con el aumento de las tarifas aplicables, aplicando la pena convencional correspondiente en caso de que exista un plazo forzoso y éste no se haya cumplido;

i) Por solicitud del cliente, aplicando la pena convencional correspondiente en caso de que exista un plazo forzoso y éste no se haya cumplido;

j) Por mandamiento de autoridad judicial o administrativa competente; o

k) Por cualquier otra causa permitida por las leyes aplicables.

La terminación anticipada del contrato por cualquiera de las causas señaladas, exceptuando el inciso a) anterior, no exime al cliente de pagar los saldos vencidos. Igualmente, la terminación anticipada del contrato por cualquiera de las causas señaladas en los incisos d), e) y f) anteriores, obliga al cliente además a pagar la totalidad de la pena convencional señalada en el anverso del contrato.

Al examinar estas cláusulas se aprecia que por lo que respecta al plazo forzoso, hay una práctica abusiva y una falta de equidad por la empresa, ya que Telcel sí puede cobrar la pena al no aceptarse el plazo forzoso debido a un aumento de tarifas, aun cuando el cliente sea o no notificado; sin embargo, no opera de la misma manera cuando se trata de una falla en su servicio, ya que de acuerdo con la cláusula duodécima deberán pasar más de 72 horas y de forma consecutiva para que se pueda ajustar al cargo fijo mensual y bonificarlo pero para ello cuenta hasta con 45 días naturales para poder hacerlo.

Por el otro lado, no considera indemnización alguna por daño en caso de falla del servicio, para lo cual además el cliente deberá probarlo para poder recibir la bonificación por el daño generado.

También es necesario mencionar que en cualquiera de los planes contratados se establece una cantidad de minutos, llamadas a números frecuentes y un cierto número de mensajes que el cliente puede realizar sin que se le cobre como servicio particular, es decir, se contratan como paquete. Sin embargo, la empresa vuelve a caer en una práctica abusiva y que dadas las condiciones actuales del contrato le permiten hacerlo, ya que en los estados de cuenta que se reciben por los consumos realizados durante el mes, se desglosa sólo la información que la cláusula séptima del contrato de Telcel señala, esto es:

Séptima. Facturación. Telcel enviará mensualmente al cliente la factura en la cual se incluirán, entre otros, los siguientes conceptos: a) el cargo fijo mensual; b) minutos de tiempo aire consumidos; c) cargos por los servicios adicionales o de valor agregado contratados por el cliente; d) según las condiciones del plan tarifario contratado: 1) largas distancias nacionales o internacionales o mundiales; 2) cargos por el servicio de usuario móvil visitante nacional o internacional; 3) los minutos de tiempo aire que excedan del número de minutos incluidos de acuerdo con el plan tarifario contratado, en su caso.

Telcel se obliga a proporcionar al cliente el detalle de llamadas de larga distancia nacionales, internacionales y mundiales, especificando su duración y el número al cual se hizo la llamada, independientemente de la facturación y a proporcionarle el detalle de las llamadas locales siempre y cuando el cliente lo solicite de conformidad con lo dispuesto en el Código de Prácticas Comerciales y cubra el cargo aplicable. En el caso de llamadas recibidas, Telcel no está obligado a proporcionar el número telefónico que originó la llamada.

De aquí se desprende que Telcel incumple lo señalado, ya que si bien señala en el paquete que se adquiere los minutos a los que se tiene derecho y en la facturación indica los minutos de tiempo aire consumidos y los minutos de tiempo aire que excedan el número de minutos incluidos de acuerdo con el plan tarifario contratado, nunca desde la suscripción del contrato, la renovación del mismo, la contratación del plan aclara cuáles son los minutos de tiempo aire pico y no pico y en qué proporción de cada uno de ellos se compone el plan tarifario que se contrata.

Es decir, Telcel sólo menciona que se tiene derecho a 100, 200, 300 o más minutos de tiempo aire para el consumo mensual. Sin embargo, nunca señala si son, tomando como ejemplo el caso de 100 minutos mensuales, 80 en horas pico y 20 en no pico, o en qué proporción, lo cual da una libertad completa de discrecionalidad a la empresa para presentar facturaciones por minutos consumidos en horarios pico y no pico.

Finalmente, es necesario mencionar una más y no por ello última acción de prácticas y cláusulas abusivas y que se menciona en el contrato de Telcel, en la cláusula sexta:

Sexta. Forma de pago (en los incisos a y b se mencionan las condiciones del pago para cuando se realiza en efectivo o mediante una tarjeta de crédito, y en el inciso c):

c) A través de cualquier otra forma que se notifique al cliente.

El cliente podrá solicitar por escrito cambios en el medio o la forma de pago y Telcel podrá o no aceptar dichos cambios. Por su parte, Telcel podrá en todo momento modificar los medios y la forma de pago aceptados, debiendo notificar oportunamente al cliente dicha situación.

De ahí nos damos cuenta nuevamente de una cláusula abusiva por falta de reciprocidad pues si la empresa se reserva el derecho de aceptar o no la solicitud de cambio en la forma de pago por parte del cliente (sin poner como únicas restricciones las mencionadas en los incisos anteriores que, se mencionó, serían para garantizar el pago), pero sí se atribuye el derecho de modificarlo. En este caso, de no ser aceptado por el cliente procedería la terminación del contrato, lo cual ya se mencionó que le acarrearía una pena de no cumplirse el plazo forzoso.

Desde 2007, que la Profeco trabaja en la creación de una NOM que permita aplicar la Ley de Protección al Consumidor y garantice que los clientes de telefonía celular puedan gozar del servicio las 24 horas de los 365 días del año, tal como lo ofrecen. Y en caso de incumplimiento, hacer posible el resarcimiento por daños a los clientes; es decir, que las operadoras de telefonía móvil paguen o bonifiquen a sus clientes por la suspensión del servicio.

Dado que actualmente las empresas de telefonía móvil establecieron ante la Cofetel, la responsabilidad de responder sólo en el caso de que la suspensión del servicio sea por 72 horas. Si no rebasa ese lapso, la suspensión del servicio no tiene efectos para los potenciales reclamos de los consumidores.

Esto, para la Profeco, es un abuso contra los consumidores; es una cláusula que viola el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en la que se determina la obligación de las empresas a garantizar el servicio las 24 horas de los 365 días del año.

Ante ello, y considerando los abusos comentados se hace apremiante que el legislativo actúe y realice un llamado a las instancias involucradas en el tema de protección del consumidor para evitar que se sigan violentando los derechos de los consumidores y se permita continuar las violaciones que regulan la prestación de servicios de telefonía móvil o celular, específicamente de la empresa Radiomóvil Dipsa, SA de CV (Telcel).

Por lo expuesto y fundado en los puntos anteriores, la suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición, de urgente y obvia resolución, con

Puntos de Acuerdo

Primero. Esta soberanía exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco) a iniciar con base en los artículos 85 y 86 de la Ley Federal de Protección al Consumidor los procedimientos administrativos conducentes a revisar el contrato de prestación de servicios de la empresa de telefonía celular Radiomóvil Dipsa, SA de CV (Telcel), para sancionar las prácticas abusivas que se establecen en la mayoría de sus cláusulas.

Segundo. Se exhorta a la Profeco a llevar a cabo en el ámbito de sus atribuciones las inspecciones necesarias a los distribuidores y centros de atención a clientes de Telcel para que revise las prácticas administrativas asentadas en este punto de acuerdo y que dejan en completo estado de indefensión al consumidor y establezca las sanciones y medidas administrativas que restablezcan las condiciones de equidad entre el consumidor y la empresa prestadora de servicios.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Economía a efecto de que a través del fundamento legal emanado del artículo 86 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de las experiencias de iniquidad establecidas hacia el consumidor por la empresa de telefonía móvil Radiomóvil Dipsa, SA de CV, y de las inspecciones a los distribuidores y centros de atención a clientes realizadas por la Profeco inicie los trabajos conducentes a establecer una norma oficial mexicana para que las empresas de servicios de telefonía celular o móvil sujeten sus contratos de adhesión a registro previo ante la Profeco.

Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Profeco a informar a través de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados acerca de los trámites y las acciones administrativas y legales por implantar a fin de cumplimentar lo señalado en los resolutivos primero, segundo y tercero; y a dar cuenta trimestralmente de los avances de dichas acciones en la materia.

Notas:

1 Martínez, Evelio. Telefonía celular: 15 años de historia en México, 6 de marzo de 2005. http://www.eveliux.com/mx/telefonia-celular-15-anos-de-historia-en-mexico.php

2 www.cft.gob.mx

3 Dirección de información estadística de mercados, Cofetel, con información de las empresas.

4 “Cofetel y Profeco vigilan servicios: a favor de los derechos de usuario”, 1 de diciembre de 2003, E Semanal.

5 Gonzáñez Turnbull, Aurora. “Análisis del contrato de adhesión de Telcel”, en Verba Iuris, revista jurídica electrónica, ITESM-CEM, 1 de febrero de 2006, http://www.cem.itesm.mx/derecho/verba-iuris/articulos/010206.html

En la página de la Cofetel http://204.153.24.194/html/3_con/infor/ct_ telcel.html se encuentra un contrato de la empresa Radiomóvil Dipsa, SA de CV, en el cual no aparece ninguna fecha y no es el que se entrega actualmente al cliente; por otro lado, en la página http://204. 153.24.194/html/4_tar/celulares/telcel_dipsa/indextelcel.html están registradas las tarifas de telefonía de la empresa para el “plan tarifario”, aunque en las páginas que se abren por cada capítulo del documento se encuentran distintas fechas de vigencia o actualización.

Romero Patiño, Agustín; y Dávalos Rodríguez, Jesús Miguel. Comentarios al punto de acuerdo, Fundación Miguel Estrada Iturbide, 22 de febrero de 2010.

6 Al Consumidor. Contratos de adhesión y códigos de ética, http://www.alconsumidor.org/herramientas.phtml http://www.alconsumidor.org/docs/telcel_contrato_de_prestacion_de_servicios_for mato_2002.pdf

7 Al Consumidor. Contratos de adhesión y códigos de ética, http://www.alconsumidor.org/herramientas.phtml

8 http://www.telcel.com/portal/imagenes/pdf/practicas_comerciales.pdf

9 Gonzáñez Turnbull, Aurora. “Análisis del contrato de adhesión de Telcel”, en Verba Iuris, revista jurídica electrónica, ITESM-CEM, 1 de febrero de 2006, http://www.cem.itesm.mx/derecho/verba-iuris/articulos/010206.html

10 Al Consumidor. Contratos de adhesión y códigos de ética, http://www.alconsumidor.org/herramientas.phtml

11 http://www.elpoderdelconsumidor.org

12 “Fraude de Telmex y Telcel contra consumidores”, http://www.elpoderdelconsumidor.org/fraude_de_telmex_contra_consumidores.html, 11 de julio de 2009.

13 Al Consumidor. Contratos de adhesión y códigos de ética, http://www.alconsumidor.org/herramientas.phtml

14 Ídem.

15 Al Consumidor. Contratos de adhesión y códigos de ética, http://www.alconsumidor.org/herramientas.phtml

16 Gonzáñez Turnbull, Aurora. “Análisis del contrato de adhesión de Telcel”, en Verba Iuris, revista jurídica electrónica, ITESM-CEM, 1 de febrero de 2006, http://www.cem.itesm.mx/derecho/verba-iuris/articulos/010206.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2010.— Diputada María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Muchas gracias, diputada Pérez Reyes. Túrnese a la Comisión de Economía.

Esta Presidencia informa sobre la presencia en este recinto del señor embajador de Panamá en México, excelentísimo señor Francisco Troya Aguirre, y personal de la embajada, quienes se encuentran en este recinto con motivo de la instalación del Grupo de Amistad México-Panamá, que preside el señor diputado Jorge Arana Arana. Bienvenidos, señores.

Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaria a dar cuenta de esta comunicación.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo vigésimo del acuerdo relativo al orden del día de la sesión en las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted, atentamente, consultar al pleno la modificación al orden del día para incluir en el apartado correspondiente el siguiente dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con dispensa de trámites a efecto de que sea puesto a discusión de inmediato.

• Dictamen que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.— Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputada Josefina Vázquez Mota, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Alejandro de Jésús Encinas Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Juan José Guerra Abud, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Reyes S. Tamez Guerra, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Consulte entonces la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día, en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, la mayoría es por la afirmativa.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, señor secretario. Aprobada la modificación.

LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: En virtud de que ha sido distribuido entre las diputadas y los diputados y publicado en la Gaceta Parlamentaria, ruego a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, la mayoría es por la afirmativa.

«Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente:

Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

I. Antecedentes.

1. En la sesión ordinaria celebrada por esta Cámara de Diputados el día 22 de abril de 2010, diputadas y diputados integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los Trabajadores Mexicanos Braceros, diputadas y diputados adherentes de la LXI legislatura, presentaron ante el Pleno la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

2. En la misma sesión la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, acordó turnar la iniciativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Con base en lo anterior, la Comisión que suscribe, realizó un cuidadoso estudio a efecto de elaborar el siguiente dictamen:

II. Contenido de la Iniciativa.

La iniciativa objeto del presente dictamen, tiene la finalidad de dar solución a tres grandes problemas inherentes al funcionamiento del Programa de Apoyo Social, que son motivo de preocupación de las organizaciones de Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, los cuales se detallan a continuación:

a) La decisión del Ejecutivo Federal, tomada el pasado 29 de junio de 2009, en el sentido de que el importe de apoyo social que se entregará a cada beneficiario, será por la cantidad de 38 mil pesos pagados en exhibiciones parciales anuales;

b) El carácter limitado y marcadamente insuficiente de la asignación de partidas presupuestales para pago a ex braceros por parte de esta honorable Cámara de Diputados; y

c) El carácter restrictivo y por lo tanto excluyente del texto actual de la ley vigente.

Se señala en la exposición de motivos que la iniciativa es resultado del análisis de otras 7 iniciativas, suscritas por los diputados Gerardo Leyva Hernández (PRI), Miguel García Granadas (PRI), María Dina Herrera Soto (PRD), Samuel Herrera Chávez (PRD), Georgina Trujillo Zentella (PRI), y Diva Hadamira Gastelúm Bajo (PRI); así como 16 proposiciones a cargo de los diputados María Dina Herrera Soto (PRD), José Manuel Hinojosa (PAN), José Antonio Arámbula López (PAN), senadores: Carlos Jiménez Macias (PRI), Adolfo Toledo Infanzón (PRI), diputados María Hilaria Domínguez Arvizu (PRI), María Isabel Merla Talavera (PRI), Samuel Herrera Chavéz (PRD), senador Ricardo Mónreál Ávila (PT), diputados Óscar García Barrón (PRI), Diva Hadamira Gastelúm Bajo (PRI), Manuel Guillermo Márquez Lizalde (PRI), Juan Enrique Ibarra Pedroza (PT), Velia Idalia Aguilar Armendáriz (PAN) y Carlos Luis Meillón Johnston (PAN); presentadas con el objeto de impulsar una solución adecuada, a la referida problemática de los ex trabajadores braceros, para lo cual se cuenta con el consenso de todos los grupos parlamentarios integrantes de la Cámara de Diputados.

III. Consideraciones.

1. De acuerdo a la exposición de motivos de la iniciativa que se dictamina, ésta “surge ante la impostergable necesidad por actuar en beneficio de este grupo vulnerable e impulsar las gestiones, acuerdos y dictámenes necesarios, con el objetivo de obtener recursos de los estados y la Federación, suficientes para poder finiquitar este compromiso con México y sus ciudadanos dándole punto final a la tarea que nos fue encomendada como legisladores”.

2. Esta dictaminadora considera que del contenido de los artículos 1°, 2° y 6° de la vigente Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, se desprende que sólo se contemplan como beneficiarios de la misma a los Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos que hayan prestado sus servicios en los Estados Unidos de América durante los años de 1942 a 1964, de conformidad con lo establecido por el Programa de Trabajadores Migratorios o, en su caso, a sus cónyuges o a los hijos o hijas que les sobrevivan, omitiendo considerar una realidad que existe en nuestro País, que es la de que muchas parejas viven en el concubinato, así como que a falta de hijos o hijas, pudieran existir legítimos herederos que sobrevivan al ex trabajador, razón por la cual se considera conveniente introducir reformas a la fracción I del artículo 2° y al primer párrafo del artículo 6° que subsanen dicha omisión.

3. Por otro lado, esta comisión estima, como se propone en la iniciativa, la pertinencia de que la Cámara de Diputados tenga presencia en el seguimiento del cumplimiento de los postulados de la ley, por lo que considera procedente la propuesta de reforma al artículo 3°, para que dentro del Comité Técnico del Fideicomiso, intervenga como observador el Presidente o alguno de los secretarios de la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los Trabajadores Mexicanos Braceros; sin embargo, esta Comisión considera conveniente que la reforma establezca que intervenga un representante del poder Legislativo como invitado permanente y que en un artículo transitorio se prevea que éste lo designe la Cámara de Diputados en un plazo no mayor a sesenta días.

4.- Finalmente, esta dictaminadora considera adecuado que la obligación de entregar la cantidad base que refiere la propuesta de reforma al artículo 5°, se consigne en un artículo transitorio y que además se establezca que la entrega del apoyo social estará sujeta al monto de los recursos que tenga asignados este Programa en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente.

5. Se establece un artículo transitorio en el cual dispone que la entrega del apoyo estará sujeto a la suficiencia presupuestal del ejercicio fiscal correspondiente.

Con base en las consideraciones anteriores, los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la LXI Legislatura, sometemos a la consideración de ésta honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2o., 3o., 5o. y 6o. de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Artículo Único. Se reforman los artículos 2° fracción I; 3°, párrafo primero; 5° fracción II, y 6° párrafo primero; y se Adicionan el artículo 5°, fracción III, con un inciso que será el inciso a), recorriéndose en su orden los subsecuentes incisos; y 6°, fracción III, inciso e) y fracción IV, numerales 3 y 4 de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

I. Beneficiarios: los ex trabajadores migratorios mexicanos o, en su caso, sus cónyuges o concubinas que acrediten su calidad mediante resolución judicial, o hijos o hijas, o legítimos herederos que sobrevivan y que cumplan con los requisitos a que se refiere el artículo 6o. de la presente ley;

II a X. ...

Artículo 3o. El Fideicomiso contará con un Comité Técnico que estará integrado por un representante de cada una de las siguientes dependencias del Poder Ejecutivo Federal: la Secretarías de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de la Función Pública; y como invitado permanente, a un representante del Poder Legislativo. Por cada representante propietario habrá un suplente, quien deberá suplirlo en sus ausencias.

...

Artículo 5o....

I. ... Se deroga.

II.Elaborar y publicar las bases y procedimientos, a través de los cuales se autorice otorgar el apoyo social por una sola vez, por la cantidad base de 38 mil pesos en una sola exhibición;

III. ...

a) Los ex trabajadores que acrediten su estado de enfermedad terminal mediante un certificado médico emitido por una institución de salud pública.

b)Se deberá dar preferencia a los trabajadores de mayor edad respecto a los de menor edad.

c) Los Trabajadores Migratorios del periodo 1942-1946, y

d)Los Trabajadores Migratorios hasta el periodo 1964.

IV-XIV. ...

Artículo 6o. Serán beneficiarios de los apoyos a que se refiere este ordenamiento los ex trabajadores migratorios mexicanos o sus cónyuges o concubinas, o hijos o hijas, o en caso de no existir los anteriores, sus legítimos herederos declarados en sentencia emitida por autoridad judicial competente, que cumplan con los siguientes requisitos y condiciones:

I. Se deroga.

II. ...

III. ...

a) a d). ...

e) Mención honorífica, expedida por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América, que forzosamente vincule al ex trabajador migratorio mexicano con el Programa Bracero 1942-1964, debidamente apostillado.

IV. ...

1. ...

a) a d) ...

2. ...

a) a e)

3.- Para la concubina:

a) Los documentos mencionados en los incisos b) a e) del numeral 2 de esta fracción.

4.- Para los legítimos herederos:

a) Los documentos mencionados en la fracción III de este artículo.

b) Identificación oficial.

c) Acta de Defunción del ex trabajador migratorio mexicano.

d) Resolución judicial en que conste la calidad de legítimo heredero.

XIV. ...

Transitorios

Artículo Primero.EI presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se opongan al presente decreto.

Artículo Tercero. Los beneficiarios que ya hayan recibido un pago parcial de $4,000 (Cuatro mil pesos 00/100 m.n.), se les deberá cubrir la cantidad restante de $34,000 (Treinta y cuatro mil pesos 00/100 m.n.), de acuerdo a la convocatoria que el Comité Técnico publique en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Cuarto. El Poder Legislativo, en un plazo no mayor a sesenta días, contados a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, designará mediante sus normas internas a su representante.

Artículo Quinto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizará las previsiones necesarias, a fin de que a los beneficiarios se les otorgue el apoyo social establecido en la fracción II del artículo 5 de la Ley, en un plazo no mayor de 180 días contados a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Sexto. La entrega del apoyo social establecido en la fracción II del artículo 5 de la Ley para el Ejercicio Fiscal de 2010, estará sujeta al monto de los recursos que tenga asignados este Programa en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010. En el caso de que dicho monto no sea suficiente para efectuar la entrega, se podrán utilizar los ingresos excedentes netos.

Artículo Séptimo. La entrega del apoyo social establecido en la fracción II del artículo 5 de la Ley para el Ejercicio Fiscal de 2011, estará sujeta al monto de los recursos que la honorable Cámara de Diputados apruebe para dicho ejercicio fiscal.

Artículo Octavo. La honorable Cámara de Diputados elaborará un informe de impacto presupuestario a través del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, a fin de que éste sea analizado y valorado para la asignación del apoyo social en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2011.

Artículo Noveno. Con la finalidad de no vulnerar el derecho de los beneficiarios publicados en los listados del Diario Oficial de la Federación, para el caso de los supuestos establecidos en el artículo 5o., fracciones II y III, se llevará a cabo un procedimiento especial que determine el Comité Técnico.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días de abril de 2010.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputados:Luis Videgaray Caso (rúbrica), presidente; Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (rúbrica), Felipe Enríquez Hernández (rúbrica), Jesús Alberto Cano Vélez (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica), Rolando Rodrigo Zapata Bello (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez, Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica),  Sergio Gutiérrez Villanueva, Vidal Llerenas Morales (rúbrica), María del Rosario Brindis Álvarez, Pedro Vázquez González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari  (rúbrica), Pedro Jiménez León (rúbrica), secretarios; Cruz López Aguilar (rúbrica), David Penchyna Grub (rúbrica), Fernando Morales Martínez (rúbrica), Héctor Ramírez Puga Leyva, Silvio Lagos Galindo (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Manuel Márquez Lizalde, María Esther Scherman Leano (rúbrica), Miguel Riquelme Solís (rúbrica), Óscar Levín Coppel (rúbrica), Óscar Lara Aréchiga (rúbrica), Roberto Albores Gleason (rúbrica), Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola, Gabriela Cuevas Barron, Enrique Trejo Azuara (rúbrica), Felipe Rangel Vargas (rúbrica), Francisco Orduño Valdez (rúbrica), Guadalupe Vera Hernández (rúbrica), Marcos Pérez Esquer (rúbrica), Mario Becerra Pocoroba, Ovidio Cortazar Ramos (rúbrica), Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica), Armando Ríos Piter (rúbrica), Claudia Anaya Mota (rúbrica), Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica), Marcos Covarrubias Villaseñor, Juan José Guerra Abud (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Queda de primera lectura.

En virtud de que el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la segunda lectura y se somete a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se somete a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, señor secretario. Se le dispensa la segunda lectura.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Tiene la palabra la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu, por la comisión, para fundamentar el dictamen de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, diputada doña María Hilaria Domínguez Arvizu.

La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu:Con su permiso, diputado presidente. Apreciables diputadas y diputados de esta LXI Legislatura y medios de comunicación, esta tarde, para quienes hemos recordado a lo ancho y a lo largo del territorio nacional y de la Unión Americana a los hombres que fueron a trabajar a Estados Unidos de 1942 al 64, en un acuerdo binacional entre México y Estados Unidos, a los campos agrícolas y también a la construcción de las vías férreas, hoy se hace justicia. El 10 por ciento de su salario —que no son dádivas, es fruto de su trabajo— que en tantos años que fue descontado como un fondo de ahorro, no se les entregó. Ellos han reclamado a cada momento y a cada instante la pequeña justicia que debe llegar.

Cuando se creó la Ley del Fideicomiso del Fondo de los Trabajadores Mexicanos Braceros, en el 2005, publicado el 29 de junio de 2005, fue precisamente para que se les entregaran los 38 mil pesos en una sola exhibición, por la apertura de dos convocatorias: 2005 y 2006, 2008 y 2009.

El 29 de junio de 2009 el Comité Técnico, que lo constituye la Secretaría de Hacienda, Gobernación, Relaciones Exteriores, Sedesol y la Función Pública, modifican las reglas de operación, repito, el 29 de junio de 2009, para entregarles 4 mil pesos. Se habla de 38 mil pesos pero dice, en letras muy pequeñas, 4 mil pesos en una sola exhibición, en anualidades.

Ahora lo que estamos solicitando es su voto aprobatorio. Queremos el apoyo de ustedes, diputadas y diputados, porque en esta propuesta, primero, queremos que haya un invitado permanente en el Comité Técnico, que no existe.

Dos. Que se autorice y se otorgue el apoyo social para una sola vez por la cantidad base de 38 mil pesos, en una sola exhibición a cada uno de los ex braceros mexicanos.

Dice el artículo tercero transitorio que aquellos ex braceros que hayan recibido los 4 mil pesos en las listas 30, 31, 32, y ésta que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, ahora el 19 de abril de 2010, se les pagaron los 4 mil pesos, que se les restituya con los 34 mil pesos en una sola exhibición.

Queridas compañeras y compañeros, en esta propuesta de reformas a la ley que creó el fideicomiso van las esperanzas. Aquí en este documento van siete iniciativas que los grupos parlamentarios subieron a esta soberanía a solicitar justicia para nuestros ex braceros. En esta iniciativa va la inspiración, el anhelo de nuestros ex braceros.

Por eso solicito a todas y a todos su aprobación, su voto para lograr la justicia para quienes lo ocupan, a quienes lo requieren y hoy lo demandan. Muchas gracias.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Muchas gracias a usted, señora diputada Hilaria Domínguez Arvizu. En consecuencia está a discusión en lo general.

Se han registrado para fijar la posición de sus grupos parlamentarios las siguientes diputadas y diputados: Norma Leticia Orozco Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD. Enrique Octavio Trejo Azuara, del Grupo Parlamentario del PAN.  Héctor Pedraza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En consecuencia, tiene la palabra la diputada Norma Leticia Orozco Torres, del Grupo Parlamentario del  Partido Verde Ecologista de México.

Dígame, diputado Enrique Ibarra.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): Solicito se registre mi participación también.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Al diputado Enrique Ibarra lo registro para fijar la posición en nombre de su Grupo Parlamentario del PT. Adelante, diputada Norma Leticia Orozco.

La diputada Norma Leticia Orozco Torres: Gracias, señor diputado presidente. Compañeros diputados, diputadas, yo soy hija de un ex bracero. Yo sé lo que significa para estos ancianos estar esperando esos 38 mil pesos.

Ésta fue gente a la que en su momento, en su juventud nuestro país, nuestros legisladores no le pudo dar la fuente de trabajo para sostener a sus familias. Tuvo que salir al extranjero para darle de comer a su familia. Logró hacer un pequeño ahorro, un ahorro que ha estado en las arcas de nuestro gobierno y no ha tenido a bien entregárselos.

Cuántos años han pasado. Imagínense lo que hubieran ellos podido hacer si se les hubiera entregado ese dinero en su debido tiempo.

Señores diputados, por favor, hago un llamado a su humanidad, a su sensibilidad, no a su inteligencia, que yo sé que eso nos rebasa, pero a la parte humana. ¿No creen ustedes que es justo que tengamos un poquito de sensibilidad con esos ancianos? ¿Qué les hagamos entrega de esos 38 mil pesos en una sola exhibición? Es algo mínimo lo que les estamos resarciendo.

Creo que ahorita tenemos la oportunidad de hacerles justicia a esos hombres que fueron a trabajar por nuestra patria, a esos hombres que trajeron el bienestar a México. Vamos a sentirnos orgullosos de esta legislatura, vamos a darles lo que se han ganado, una mínima parte de lo que se ganó.

Tenemos una gran oportunidad. Por favor, señores legisladores, vamos a unirnos. Olvidémonos de políticas, olvidémonos de cualquier otra situación de colores. Vamos a ver por el bienestar de nuestra gente, por el bienestar de esos ancianos que requieren de mínimo 38 mil pesos.

Espero que en esta legislatura le demos hacia adelante, nos unamos, pongamos hombro con hombro y nos sintamos muy orgullosos de darles una buena respuesta ya, pronta, a estas personas. Gracias.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputada Orozco Torres. Tiene la palabra el diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputado Herrera Chávez.

El diputado Samuel Herrera Chávez:Con su permiso, diputado presidente. Hoy, en esta tribuna del país está ocurriendo la verdadera justicia a los trabajadores migratorios.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, sin duda hoy en esta tribuna confirmamos la importancia del tema de los ex braceros, por lo que tomamos cartas en dicho asunto presentando este dictamen que demuestra el interés que tiene esta LXI Legislatura por resolver uno de los problemas más añejos del país, que es el que tenemos con los ex braceros y que se ha convertido en la peor injusticia social de que este país tenga memoria.

Es de celebrarse que antes de que concluyamos el segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de esta LXI Legislatura, que es tan significativo para todos los mexicanos, tengamos el privilegio de votar este dictamen que favorece a personas que han dedicado muchos años de su vida a construir una nación, a construir un mejor México.

Después de cinco años de promulgación de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, notamos que los resultados no han sido favorables y que se ha postergado la solución a un problema para personas de la tercera edad. Por esa simple condición, no nos pueden seguir esperando más tiempo.

Hoy con esta reforma buscamos esa solución definitiva e invitamos a todos los integrantes de esta soberanía a solidarizarse con el apoyo de su voto favorable a esta reforma, a fin de brindar una alegría a nuestros ex braceros, que no deberían seguir derramando gotas de sudor por un trabajo que se terminó hace ya cinco décadas, pero por el esfuerzo que hacen hoy por recuperar lo que es suyo parecía que el trabajo fue ayer.

Celebro el consenso generado por los coordinadores parlamentarios, integrantes de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, al apoyar la iniciativa consensuada en la Comisión Especial de Ex Braceros, que recoge puntos de las diferentes iniciativas presentadas en la pasada LX Legislatura y también en esta LXI Legislatura, además de responder a los múltiples puntos de acuerdo que reflejan la preocupación de muchos diputados y diputadas.

Para la Comisión Especial de Ex Braceros y seguro para muchos de ustedes, el resolver esta deuda histórica que tiene desde hace más de 50 años el gobierno federal con los ex braceros significaría dar un paso adelante en esta cadena de injusticias y solución postergada contra estos compatriotas y sus familiares.

Qué fácil hubiera sido resolver este problema si los documentos y el Fondo de Ahorro de 10 por ciento estuviera en bancos, como era la condición que se hubiera destinado a saldar las cuentas con los ex braceros, en lugar de que fueran a parar indebidamente a los bolsillos de políticos corruptos de gobiernos anteriores. Seguramente no tendríamos a los ex braceros manifestándose y protestando diariamente en muchos estados de la República, incluso a las puertas del Palacio Legislativo.

Esta reforma en su aspecto asegura el que los ex braceros por ley reciban su apoyo completo y en una sola exhibición.

Por otro lado, se posibilita que familiares de los ex braceros puedan cobrar este apoyo social, además de que más adelante se decida abrir nuevamente mesas receptoras, más ex braceros tendrán la oportunidad de incorporarse a ese programa federal.

Además, ahora un integrante que destine esta Cámara de Diputados participará permanentemente en las sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso, a fin de coadyuvar con esa instancia y posibilitar un mayor avance para los ex braceros.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, tenemos el compromiso con la Comisión Especial de ex Braceros, donde por cierto están representadas las diferentes fracciones parlamentarias de esta Legislatura, de convencerlos a todos ustedes para resolver en nuestra legislatura esta deuda histórica.

Llamo a todos ahora a apoyar con su voto esta iniciativa. Al mismo tiempo que alertamos para que este esfuerzo no sea en vano, que en noviembre de este año concretemos en el Presupuesto de Egresos la Federación de 2011 los suficientes recursos económicos.

Se trata de ser consecuentes y resolver este problema. Por lo que se expresaría no sólo en la ley, sino en lo concreto, una resolución final a la problemática de los ex braceros.

Reitero entonces mi llamado a todos ustedes, compañeros diputados y diputadas, a votar favorablemente esta iniciativa con la convicción de que estamos dando un paso adelante en la solución a favor de los ex braceros. Vivan los ex braceros. Gracias compañeros y compañeras.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted diputado Herrera Chávez. Tiene la palabra el diputado Reyes Tamez Guerra para fijar la posición de su partido con relación a este dictamen. Adelante, diputado Reyes Tamez.

El diputado Reyes Silvestre Tamez Guerra: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados.

Creo que para nuestro país es una pena y una vergüenza que este tema no se haya resuelto ya favorablemente para los compañeros braceros que han venido peregrinando durante muchos años para que se les haga justicia.

Quiero en esta ocasión felicitar el esfuerzo de esta Comisión Especial que ha integrado siete dictámenes, siete iniciativas y 17 puntos de acuerdo en un solo megadictamen, en una sola propuesta, y ojalá que todos votemos a favor y logremos que ya se haga justicia en este tema. Es un tema que ya no debería estar en discusión.

Por supuesto que la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza es la de apoyar este dictamen. También quiero aprovechar para agradecer a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por la presentación de este proyecto. Ojalá que podamos avanzar para que este tema se pueda concluir favorablemente para los trabajadores migratorios mexicanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputado Tamez. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza para hablar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Con su venia, ciudadano presidente. Amigas diputadas y amigos diputados.

Desde el 29 de agosto del año pasado en que se instaló esta legislatura, las diputadas y los diputados del Partido del Trabajo, y los legisladores afines al movimiento ciudadano que encabeza Andrés Manuel López Obrador, nos fijamos como una meta central el ser solidarios con el movimiento de reclamo de justicia de cientos de miles de trabajadores ex braceros.

Desde ese día Porfirio Muñoz Ledo fijó en su posición el reclamo del PT y del movimiento de Andrés Manuel para que se les resarza en al menos un parte de lo que en justicia les pertenece.

Hoy estamos acudiendo no a un acto de plena justicia como debería ser, restituirles a esas generaciones de campesinos mexicanos pobres que trabajaron en Estados Unidos, lo total que les correspondería, que de acuerdo a un estudio, con el rigor académico de la UNAM, deberían reembolsárseles 5 billones 200 mil millones de pesos, y a cambio de ello, estamos aprobando sólo una cantidad aproximada de 6 mil millones de pesos.

No es ninguna dádiva, no es ninguna regalía. Es un mínimo de justicia a quienes ayudaron a la economía de este país y ayudaron también a solventar la fuerza de trabajo en la Unión Americana.

Sin embargo, es de reconocerse la cohesión, la unanimidad de los integrantes de la comisión especial y de todos los grupos parlamentarios para que hoy estemos acordando que en un máximo de 180 días se les den, en una sola exhibición, los 38 mil pesos a cada uno de ellos, en lugar de las 10 anualidades que proponía en su momento el gobierno calderonista.

Vamos a estar por supuesto, atentos a que la Secretaría de Hacienda, a que Gobernación, que es la responsable de este fideicomiso, vaya saldando la deuda y terminando con el calvario al que han sido sometidos en forma injusta, por gobiernos corruptos, este grupo de mexicanos.

Qué bueno que hoy vayamos a aprobar esta disposición del pago en una sola exhibición, para que los campesinos ex braceros de Jalisco, de Zacatecas, de Guanajuato, de Querétaro y de otras entidades del occidente y del centro del país, principalmente, puedan ser beneficiarios de esta disposición, y qué bueno que esta Cámara antes de concluir este segundo periodo esté aprobando una reforma de ley por consenso, con alto contenido social, como espero que también, hoy más tarde o mañana, revisemos y aprobemos otro tema del PT, como es subir el umbral para el gravamen a los jubilados y pensionados. Muchas gracias a todas y todos ustedes.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputado Ibarra Pedroza. Tiene la palabra para hablar en nombre del Grupo Parlamentario de Convergencia, la diputada Rosaura Ochoa Mejía.

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, sin duda el día de hoy el votar a favor el dictamen de la comisión especial que se ha dado a la tarea de estar reuniendo y recabando las iniciativas en las cuales ha sido una constante el reclamo de los ex trabajadores braceros en nuestro país, para hacer y cobrar un pago justo y una deuda pendiente.

Sin duda, quien ha ido y deja atrás toda una trayectoria de vida y regresa a este país para encontrarse con una injusticia más, hoy puede sentir que todos hemos convenido y hemos estado de acuerdo en que no puede postergarse una deuda como ésta.

Si bien es cierto que son 180 días los que todavía faltan, creo que todos los diputados y todas las diputadas de esta LXI Legislatura estaremos muy al pendiente de que esa cantidad se reciba.

Debemos reconocer también, para los integrantes del Grupo Parlamentario de Convergencia, los esfuerzos que todos los diputados integrantes de esta comisión especial han hecho porque, en efecto, es una vergüenza que pase el tiempo y no se dictaminen las cosas.

Éste también es un ejemplo para muchos otros pendientes. Cuando se quiere y hay voluntad se hace justicia.

Enhorabuena y que todo esto sea para bien, tanto de todos los ex trabajadores mexicanos braceros como para sus familiares, que hoy saben que por fin se hace justicia. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputada Ochoa Mejía. Tiene ahora el uso de la palabra, para hablar en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Enrique Octavio Trejo Azuara. Adelante, diputado Trejo.

El diputado Enrique Octavio Trejo Azuara:Gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeros legisladores y compañeras legisladoras, uno de los principales principios básicos que dieron origen al Partido Acción Nacional es la dignidad de la persona humana y por supuesto, el bien común.

Hoy en este pleno, como legisladores nos toca analizar y votar un tema que en la actualidad es de suma importancia, porque impacta directamente en el bienestar de un sector de la población que podríamos denominar como vulnerable: los trabajadores ex braceros.

A partir de 1942 y hasta 1964, más de 5 millones de trabajadores mexicanos laboraron en zonas agrícolas de los Estados Unidos de Norteamérica. En agosto de 42 los gobiernos de México y el último citado buscaron reglamentar la contratación temporal de dichos trabajadores, dando como resultado el Fondo de Ahorro Campesino que consistió en ahorrar el 10 por ciento de los salarios pagados a los trabajadores migrantes.

El objetivo y la promesa del gobierno en turno fue la devolución de ese ahorro por conducto de las instancias federales competentes. Sin embargo, como todos sabemos hoy en día, muchos de nuestros connacionales que dedicaron su esfuerzo y sacrificios familiares nunca tuvieron respuesta, nunca se les devolvió un solo centavo.

Por ello, a mediados de 2005 se publica el decreto por el que se crea el fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos, así como la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Esto, con la finalidad de apoyar a los trabajadores que prestaron sus servicios en nuestro país vecino y dar fin, así, a un compromiso histórico que nuestra nación con sus trabajadores requiere.

Es por ello que Acción Nacional, bajo un análisis serio y responsable ha decidido votar a favor del dictamen que aquí se presenta y que tiene como respaldo el trabajo de los diputados de nuestro partido y de diputados integrantes de las diferentes fracciones parlamentarias, así como del gobierno federal.

Tal es el caso de un punto de acuerdo presentado por nuestro compañero Carlos Meillón, donde se dice que incluya a todos los ex trabajadores al Seguro Popular y en el programa de 70 y Más. Algunos de los puntos importantes que me gustaría resaltar de la iniciativa se relacionan con el hecho de hacer justicia, no sólo a los ex trabajadores braceros que aún viven, sino a los familiares de aquéllos que ya no se encuentran con nosotros, pero sin duda merecen gozar de los frutos del trabajo de sus padres.

Es justo que valoremos el trabajo que realizaron nuestros connacionales y el apoyo que en su momento dieron a nuestro vecino país. Es justo que a través del voto a favor de la presente iniciativa les devolvamos un poco de lo mucho que realizaron a lo largo de más de 20 años.

Amigos, pues, los invito a que votemos a favor de este dictamen.

Lo más lamentable de esto es que, quienes hace 50 años se robaron este dinero, hoy, hoy, hoy siguen libres y seguirán juzgados por la historia de México. Gracias.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Muchas gracias, diputado Trejo Azuara. Finalmente tiene la palabra para hablar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Héctor Pedraza Olguín. Adelante, diputado.

El diputado Héctor Pedraza Olguín:Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, este dictamen que hoy discutimos no tiene derechos de autor ajenos a esta Cámara de Diputados. Sin duda, reconocemos los esfuerzos de la Comisión Especial de seguimiento a los fondos aportados por los ex trabajadores mexicanos braceros, quien permanentemente ha estado pendiente de esta iniciativa, porque le hagamos justicia a más de 300 mil ex braceros que aún no logran obtener este recuso que dignamente les corresponde.

Quiero, en esos términos, sumarme y ratificar en todos sus términos los planteamientos que aquí formulara la presidenta de esta Comisión Especial, la diputada Hilaria.

Sin duda, hoy hacemos un acto de justicia a varios ex braceros, que entre los años 42 al 64 pusieron su esfuerzo, su salud, para poder obtener ingresos y poder apoyar a sus familias en nuestro país.

Por ello, este esfuerzo que hoy se cristaliza tiene un rostro de justicia social. No olvidemos que nuestros ex braceros, hoy la mayoría tiene más de 70 años y muchos de ellos padecen enfermedades terminales. Y con este esfuerzo, con este recurso económico pudiéramos darles la posibilidad de que tengan mínimamente una vida digna por el resto de sus días.

Por eso la fracción parlamentaria que represento, el PRI, sin duda nos sumamos con toda la justicia, con todo lo extraordinario que pueda resultar que hoy en este Congreso campee la generosidad, campee el ánimo de seguir abonando por los que menos tienen.

En este caso en particular nuestros ex braceros sin duda ya pusieron su parte. Pusieron su trabajo, pusieron su esfuerzo. Han dignificado a nuestra patria y lo menos que podemos hacer por ellos es reconocerles este trabajo, es reconocerles todo esos días, todos esos meses que han estado exigiendo, pidiendo a los medios de comunicación, acercándose a cada uno de nosotros para solicitarnos que podamos voltear hacia sus necesidades y que podamos juntos cumplirles esa demanda que han planteado.

Por lo que con todo gusto los invito, compañeras diputadas y compañeros diputados, a que votemos a favor de este dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Muchas gracias, diputado Héctor Pedraza.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica se consulta a la asamblea si el punto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, señor secretario. Suficientemente discutido.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

La diputada Gabriela Cuevas Barron (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: La diputada Gabriela Cuevas Barron, ¿con qué objeto? Sonido en la curul de la diputada Gabriela Cuevas.

La diputada Gabriela Cuevas Barron(desde la curul): Para reservarme el artículo sexto.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: ¿Sexto transitorio?

La diputada Gabriela Cuevas Barron(desde la curul): Transitorio.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Artículo sexto, queda reservado por la diputada Gabriela Cuevas Barron. No habiendo más reservas se...

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputada Diva Hadamira. Sonido en la curul de la diputada Diva Hadamira Gastélum.

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (desde la curul): Igual. La reserva al artículo sexto transitorio.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: También se reserva el artículo sexto transitorio.

Queda entonces reservado el artículo sexto transitorio del proyecto de decreto.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento del Gobierno Interior y ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados del proyecto de decreto.

(Votación)

Compañeras diputadas y compañeros diputados, faltan 2 minutos para que cerremos el tablero electrónico.

¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? Está abierto el sistema, diputado Guerrero.

¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto? Tenemos abierto el sistema todavía, compañeros.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Ruego a la Secretaría concluir la votación.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Ciérrese el sistema electrónico.

De viva voz:

El diputado Armando Jesús Báez Pinal (desde la curul): Afirmativa.

El diputado José Ignacio Pichardo Lechuga (desde la curul): A favor.

El diputado Valdemar Gutiérrez Fragoso(desde la curul): A favor.

La diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández(desde la curul): A favor.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega(desde la curul): A favor...

El diputado Uriel López Paredes (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Señor presidente, se emitieron 307 votos en pro, 0 abstenciones, 0 en contra.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados, por 307 votos.

Esta Presidencia informa que se ha reservado para la discusión en lo particular el artículo sexto transitorio del decreto, por la diputada Gabriela Cuevas Barron.

Tiene la palabra, en consecuencia, la diputada Gabriela Cuevas Barron, para presentar su reserva.

La diputada Gabriela Cuevas Barron:Con su venia, diputado presidente. La modificación que propone el Partido Acción Nacional al artículo sexto transitorio, solicitando que se diga, artículo sexto transitorio: la entrega del apoyo social establecido en la fracción II del artículo 5o. de la Ley para el Ejercicio Fiscal de 2010 estará sujeto al monto de los recursos que tenga asignados este programa en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010. En caso de que dicho monto no sea suficiente para efectuar la entrega, se podrán utilizar los remanentes de los ingresos excedentes netos, una vez que se hayan realizado las asignaciones que dispone el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones jurídicas aplicables. Es cuanto.

«Modificaciones propuestas por la diputada Gabriela Cuevas Barrón

Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura,— Presente.

La que suscribe, diputada Gabriela Cuevas Barrón, integrante de la LXI Legislatura, por este medio solicito la adición al texto relativo al dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por el que se reforman y adicionan diversos artículos, que en su sexto transitorio dice:

Artículo sexto transitorio.La entrega del apoyo... En el caso de que dicho monto no sea suficiente para efectuar la entrega, se podrán utilizar los ingresos excedentes netos.

Solicito que diga:

Artículo sexto transitorio. La entrega del apoyo social establecido en la fracción II del artículo 5 de la Ley para el Ejercicio Fiscal de 2010, estará sujeto al monto de los recursos que tenga asignados este programa en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010. En caso de que dicho monto no sea suficiente para efectuar la entrega, se podrán utilizar los remanentes de los ingresos excedentes netos, una vez que se hayan realizado las asignaciones que dispone el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Por lo anterior, solicito ponga usted a consideración del Pleno la adición solicitada.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente

México, DF, a 28 de abril de 2010.— Diputada Gabriela Cuevas Barron (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Muchas gracias, diputada Gabriela Cuevas. Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la modificación propuesta por la diputada Gabriela Cuevas Barron, al artículo sexto transitorio.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Gabriela Cuevas Barron, al artículo sexto transitorio. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, es mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, señor secretario. Se admite. Por tanto, se pone a discusión la modificación propuesta por la diputada Gabriela Cuevas Barron, al artículo sexto transitorio que reservó.

La Presidencia informa que se han registrado para hacer uso de la palabra y referirse a la modificación propuesta por la diputada Gabriela Cuevas, los siguientes diputados: diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI. Diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD y también del Grupo Parlamentario del PRD, el diputado Víctor Manuel Báez Ceja.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, para referirse a la modificación propuesta por al diputada Gabriela Cuevas.

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo:Con su permiso, señor presidente. Estoy muy contenta de que finalmente veamos una luz en la peor violación de los derechos humanos de que tenga memoria este país, que es el tema de los trabajadores ex braceros.

Se han utilizado algunos términos aquí, como que es un acto de bondad y les digo que es un acto de justicia. No les estamos dando absolutamente nada que no les corresponda y más aún, que no se les haya quitado a los trabajadores ex braceros.

He hecho uso de esta tribuna en tres ocasiones para referirme al tema. Fue el 20 de octubre cuando propusimos la creación de esta comisión, porque creemos que es muy importante que se trate y se ponga punto final a este problema.

Esta reforma que vamos a votar a favor, que ya votamos a favor y que esta modificación al artículo sexto, se propone que de los excedentes se sumen, les quiero decir que no es suficiente. Hay 5 millones de contratos de que se tiene registro y que solamente, casi 200 mil trabajadores ex braceros solamente han recibido esta retribución, esta reivindicación de un derecho que se ha acumulado por casi 50 años.

Por eso en febrero y en marzo yo presenté una iniciativa pidiendo exactamente que de los excedentes, de los ahorros y más del subejercicio que se tiene en diferentes secretarías se pueda aplicar. Por tanto, me sumo a favor de esta modificación porque todavía faltan cosas por hacer.

Los que están en los padrones, es la gente que tiene documentos que prueban que estuvo en el extranjero trabajando, pero hay muchos más que no tienen cómo probarlo. Tenemos que ir por ellos, por ese derecho que tienen, por reivindicar esta situación tan dolorosa, tan injusta.

En la LIX Legislatura yo voté a favor y luché por este tema porque cada vez que llegaba a esta Cámara me recibía, o nos recibe, un grupo de trabajadores ex braceros, todos los martes y todos los jueves.

Ésta es una lucha de casi 50 años. Pongámosle final. Este avance que ha dado la Comisión Especial a la que yo felicito es muy importante, pero también la Comisión de Presupuesto lo ha hecho de manera muy significativa. Pongámosle punto final a la peor violación de derechos humanos de la que tiene memoria este país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputada Gastélum Bajo. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Emilio Serrano Jiménez, hasta por 3 minutos.

El diputado Emilio Serrano Jiménez:Compañeras diputadas y compañeros diputados. Con su venia, diputado presidente.

Yo creo que si ahora nos viera la sociedad mexicana cómo estamos trabajando nos dirían: qué bonitos muchachitos diputados. Se unen para hacer justicia.

Efectivamente, no se les va a regalar nada a quienes tal pareciera que venían a pedir limosna aquí afuera del recinto todas las veces que había sesión. Adultos mayores que no tienen ni para comer.

No se les va a regalar nada. Simplemente se les va a regresar lo que les habían robado, porque ellos hicieron esa aportación cuando estuvieron trabajando de braceros en Estados Unidos de América, como lo están haciendo muchos que no encuentran ninguna posibilidad de trabajar en su país y tienen que ir a buscar, a tocar puertas al extranjero.

Efectivamente, se robaron su dinero y qué bueno que ahora le hagan caso a la Cámara de Diputados porque este caso se viene tratando desde hace años y algunos de los que luchaban por esa justicia ya murieron. Ya no vieron el que les regresaran su dinero. Sin embargo, quedan más de 180 mil que están esperando que en una sola exhibición les regresen su dinero.

Ojalá que así como en este tema se busca hacer justicia, lo logremos en otros temas. Que ya no tengan que trabajar un año los adultos mayores para ser pensionados por el Seguro Social. ¿Quién les va a dar trabajo? Nadie les da trabajo a los 40, 50 y mucho menos a los 60 años.

Felicidades a mis compañeras y compañeros diputados de Acción Nacional, del PRI, de Nueva Alianza, de Convergencia, del PT, del PRD que trae esta lucha desde hace años, porque ahora sí nos pudimos poner de acuerdo para lograr justicia.

De veras, ojalá que nos pongamos de acuerdo para hacer justicia en otros temas y que el gobierno federal, al que ahora se le aprobó un presupuesto de más de 3 billones de pesos, va a desprenderse de 4 mil millones de pesos para regresarles su dinero a los ex braceros. Qué bueno, y enhorabuena también por las diputadas y diputados, que se está viendo el trabajo, qué bueno que se va a ver ahora en las mesas, en los bolsillos de los ex braceros. Enhorabuena, diputadas y diputados. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Serrano. Tiene el uso de la palabra para hablar en contra de la propuesta, el diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja:Gracias, presidente, con su venia. Diputadas y diputados. Hoy justamente, después de casi 70 años, se está logrando un acuerdo general a favor de los migrantes, de los ex braceros que han hecho un largo recorrido solicitando el pago del salario en el esfuerzo para lograr el pago del mismo.

Desde 1942 y 43, en el programa Bracero Agrícola y Bracero Ferroviario, muchas mexicanas y mexicanos estuvieron en Estados Unidos laborando de manera cotidiana, para buscar la forma de subsanar las necesidades económicas de sus familias, dejando en este país a sus familias y anhelos.

Por eso, celebramos en el Grupo Parlamentario del PRD, que hoy, finalmente, después de tantos años, haya coincidencia y que avalemos el reclamo justo de todos y cada uno de los ex braceros. Un reclamo que muchos de ellos ya no tuvieron la oportunidad de poder vivirlo, de poder ver que su petición fue lograda. Sin embargo, para su familias será de gran alegría que las diputadas y los diputados de la LXI Legislatura sumamos los esfuerzos y las voluntades para que pudiera ser liquidado un derecho que les corresponde.

El artículo 6o., que la diputada Cuevas reserva, en el cual se propone que en la entrega de dichos pagos se pueda utilizar un monto que sea suficiente para efectuar la entrega y se puedan utilizar los mínimos excedentes netos. Creo que después de tanto esfuerzo debemos darle paso adelante para que sean utilizados esos excedentes y se puedan subsanar los pagos a los que hacemos referencia, y que no pongamos un obstáculo nuevamente en esta petición.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Concluya, señor diputado.

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja: Concluyo, señor presidente. Felicitando a esta comisión y felicitando a las diputadas y a los diputados que estamos hoy dando un paso adelante, aprobando el pago del salario reclamado por tanto años. Felicidades y muchísimas gracias.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputado Báez Ceja. No habiendo más oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación al artículo sexto transitorio propuesta por la diputada Gabriela Cuevas Barrón.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta al sexto transitorio, propuesto por la diputada Gabriela Cuevas Barrón. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, la mayoría es por la afirmativa.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se acepta la modificación. Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo sexto transitorio.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo sexto transitorio. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, señor secretario. Suficientemente discutido.

Se pide, en consecuencia, a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para proceder a la votación del artículo sexto transitorio del proyecto de decreto, con la modificación aceptada por la asamblea.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos, para proceder a la votación nominal del artículo sexto transitorio.

(Votación)

Compañeras diputadas y compañeros diputados, falta un minuto para que cerremos la votación.

¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico.

Diputados, de viva voz:

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): A favor.

La diputada María Dolores del Río Sánchez(desde la curul): A favor.

La diputada Julieta Octavia Marín Torres(desde la curul): A favor.

La diputada Gloria Romero León(desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul). A favor.

El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín(desde la curul): A favor.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz(desde la curul). A favor.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Señor presidente, se emitieron 307 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. Hay unanimidad, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, señor secretario. Aprobado el artículo sexto transitorio del decreto por 307 votos. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Honorable asamblea, se han recibido acuerdos de la Junta de Coordinación Política. Solicito a la Secretaría que dé lectura al primero de los acuerdos de la Junta de Coordinación Política.

CONFLICTOS MINEROS

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, sobre la atención de los conflictos mineros del país

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que formulan el diputado Miguel Ernesto Pompa Corella y los integrantes de la Comisión Especial de seguimiento a la problemática surgida por los conflictos mineros en el país, por lo que se someten a consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. En virtud de que las minas son propiedad de la nación y las fuentes de empleo que generan resultan indispensables para el desarrollo del pueblo de México, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión formula un atento y respetuoso llamado al Ejecutivo federal a efecto de que

I. Revise de inmediato la pertinencia de mantener el otorgamiento de la concesión otorgada sobre la mina de Cananea, en Sonora, a Industrial Minera México, SA de CV, subsidiaria de Grupo México, dada su persistente negativa a resolver la huelga que sostienen los trabajadores de esta mina a través de las vías del diálogo y la negociación;

II. Evite el uso de la fuerza pública contra el movimiento de huelga que mantienen los trabajadores mineros de Cananea, Sonora, y fortalezca y haga uso en todo momento de las vías del diálogo y la negociación para lograr una solución integral del problema. En este sentido, se solicita al Ejecutivo federal que considere que los esfuerzos de diálogo, negociación y solución del conflicto minero de Cananea, Sonora, así como los que existen en las minas de Sombrerete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero, sean encabezados por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont Urueta;

III. Instaure mecanismos para la inmediata solución legal, integral y justa de los conflictos de huelga de los mineros de Cananea, Sonora, Sombrerete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero, en el marco del respeto de los derechos a la autonomía sindical, huelga, contratación colectiva, seguridad e higiene y demás derechos laborales; y

IV. Garantice de manera total, plena y absoluta el ejercicio de los derechos y el respeto de las garantías individuales de quienes participaron y participan en el movimiento sindical de las huelgas mineras referidas en esta proposición, así como de sus dirigentes y líderes sindicales nacionales y seccionales.

Segundo. Se formula un urgente llamado a los titulares de los Ejecutivos federal y de Sonora, Guillermo Padres Elías; Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo; y Zacatecas, Amalia García Medina, así como a los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y a la empresa del grupo Industrial Minera México para que en un plazo no mayor de 30 días establezcan una mesa de negociación y construcción de acuerdos para que, por la vía del diálogo y los consensos, se pueda avanzar sustancialmente en la solución integral de los conflictos mineros existentes en las poblaciones mencionadas.

En dicha mesa participarán la Cámara de Diputados, a través de la Comisión Especial de seguimiento a la problemática surgida por los conflictos mineros en el país, y el grupo especial de trabajo del Senado de la República para el caso Cananea.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.— Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, señora secretaria. Aprobado. Comuníquese.

Continúe la Secretaría con el siguiente acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO MEXICO-BRASIL

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Senado de la República a escuchar y considerar las opiniones del sector industrial, comercial y de servicios del país y las de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados para integrarlas en el análisis de la negociación del tratado de libre comercio México-Brasil, a fin de evitar afectaciones del sector productivo nacional

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que formula la Comisión de Economía, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal y al Senado de la República a escuchar y considerar las opiniones del sector industrial, comercial, y de servicios del país y las de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados para integrarlas en el análisis de la negociación del tratado de libre comercio México-Brasil, a fin de evitar afectaciones del sector productivo nacional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.— Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, señora secretaria. Aprobado. Comuníquese.

CUENTAS BANCARIAS QUE NO HAYAN REPORTADO MOVIMIENTOS

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Honorable asamblea, se recibió de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido de Nueva Alianza, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Condusef, con relación al destino que se le dará al dinero de las cuentas que no hayan reportado movimiento por depósito o retiro por más de tres años.

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNBV y a la Condusef a realizar una campaña informativa sobre el destino que se dará al dinero de las cuentas que no hayan reportado movimiento por depósito o retiro durante más de tres años, de acuerdo con el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Cora Cecilia Pinedo Alonso, diputada integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base a las siguientes

Consideraciones

Entre las estrategias para conducir responsable y eficientemente el desarrollo económico de nuestro país, se encuentran tanto las relativas a promover esquemas de regulación y supervisión eficaces en el sistema financiero, como las que impulsan una banca comercial sólida y eficiente.

Con ese fin, el Ejecutivo federal presentó el 31 de agosto de 2007 una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, que fue aprobada a finales de ese mismo año por el Congreso y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2008.

En relación a las instituciones de crédito, la reforma consideró que éstas  requerían de mejores mecanismos que promovieran su competitividad y capitalización y de esquemas que fortalecieran las funciones de regulación y supervisión. Para ello se detectaron ciertos aspectos de la Ley de Instituciones de Crédito que se ajustaron, según el propio dictamen aprobado, a las condiciones actuales del sector financiero, con el fin de  mejorar el funcionamiento y el desarrollo del sector bancario. Así, varios de los trámites de carácter administrativos, que representaban un elevado costo de regulación para las instituciones de crédito, se flexibilizaron.

Como consecuencia de dichas reformas, en el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito quedó establecido que el monto, sin importar la cantidad, de los instrumentos de captación, como las cuentas bancarias o de inversión que no reporten en el transcurso de tres años, a partir de febrero de 2008, movimiento por depósitos o retiros, serán abonados en 2011 a una cuenta global que manejará cada institución bancaria y dejarán de generar los intereses pactados en el contrato de apertura. Según el mismo artículo, a partir de que dicho monto sea transferido a la cuenta global, el usuario tiene tres años para reclamar la transferencia, de no hacerlo prescribirán a favor de la beneficencia pública sin poder ser recuperado.

Artículo 61.El principal y los intereses de los instrumentos de captación que no tengan fecha de vencimiento, o bien, que teniéndola se renueven en forma automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas, que en el transcurso de tres años no hayan tenido movimiento por depósitos o retiros y, después de que se haya dado aviso por escrito, en el domicilio del cliente que conste en el expediente respectivo, con noventa días de antelación, deberán ser abonados en una cuenta global que llevará cada institución para esos efectos. Con respecto a lo anterior, no se considerarán movimientos a los cobros de comisiones que realicen las instituciones de crédito.

Las instituciones no podrán cobrar comisiones cuando los recursos de los instrumentos bancarios de captación se encuentren en los supuestos a que se refiere este artículo a partir de su inclusión en la cuenta global. Los recursos aportados a dicha cuenta únicamente generarán un interés mensual equivalente al aumento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el período respectivo.

Cuando el depositante o inversionista se presente para realizar un depósito o retiro, o reclamar la transferencia o inversión, la institución deberá retirar de la cuenta global el importe total, a efecto de abonarlo a la cuenta respectiva o entregárselo.

Los derechos derivados por los depósitos e inversiones y sus intereses a que se refiere este artículo, sin movimiento en el transcurso de tres años contados a partir de que estos últimos se depositen en la cuenta global, cuyo importe no exceda por cuenta, al equivalente a trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública. Las instituciones estarán obligadas a enterar los recursos correspondientes a la beneficencia pública dentro de un plazo máximo de quince días contados a partir del 31 de diciembre del año en que se cumpla el supuesto previsto en este párrafo.

Las instituciones estarán obligadas a notificar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre el cumplimiento del presente artículo dentro de los dos primeros meses de cada año.

Artículo reformado DOF 01-02-2008

La reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2008, eso significa que a partir del 1 de febrero del próximo año, todas la cuentas que se consideren inactivas por los supuestos mencionados, pasarán a la cuenta global y de no registrarse movimiento durante el tiempo establecido, serán prescritas.

El problema que se presenta con esta reforma, es que por un lado, el cobro de comisiones que realizan las instituciones bancarias a dichas cuentas, no se toman como movimientos. Es decir, si la persona cree que su dinero esta seguro por que la institución bancaria sigue cobrando cada mes, año con año las comisiones y éstas se ven reflejadas en los estados de cuenta, está en un supuesto totalmente equivocado. Solamente se consideran como  movimientos cuando el mismo usuario los realiza a través de depósitos o retiros.

Por otro lado y a pesar de que en el artículo se establece que la institución deberá dar aviso por escrito en el domicilio del cliente con noventa días de antelación; en un país como México que registra altos niveles de migración interna y múltiples movimientos que se traducen en constantes cambios de domicilios, es innegable que muchos de los clientes no recibirán la notificación prevista y tendrán problemas con los efectos de dicha normatividad.

Aunado a los dos puntos anteriores, según la misma ley, los montos transferidos a la cuenta global que no sean reclamados prescribirán a favor del patrimonio de la beneficencia pública, siempre y cuando el monto de la cuenta no exceda los trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Sin embargo, no se especifica que pasará con las cuentas que tengan montos mayores a esa cantidad.

Las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos conscientes de que uno de los objetivos de esta reforma fue el de simplificar los trámites y reducir los costos de los procedimientos tanto para los agentes participantes en el mercado y para el Estado, como para los usuarios de los servicios financieros. Sin embargo, todo lo que ello implica debe ser informado en tiempo y forma. Miles de personas desconocen aún los efectos que trae consigo la aplicación de dicha normatividad.

Por ley es obligación de las instituciones de crédito dar conocer por escrito, lo previsto en el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, sin embargo consideramos que es deber tanto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, institución encargada de supervisar y regular a las entidades financieras, fomentando su eficiencia y desarrollo incluyente en beneficio de la sociedad; como de la Comisión Nacional para la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros, dar aviso mediante una campaña de información, que abarque diferentes medios y formas de comunicación, del destino que se le dará al dinero de las  cuentas que no hayan tenido movimiento por depósito o retiro por más de tres años, a partir del mes de febrero de 2011, acorde con los términos establecidos en el artículo 61 de la ley de instituciones de crédito.

Asimismo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberá verificar que desde las instituciones de crédito se este dando a conocer a las y los usuarios, además de por escrito, lo previsto en este artículo, mediante trípticos y la colocación de carteles en los lugares abiertos al público en las oficinas bancarias.

Acorde con lo anterior en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la comisión nacional para la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros (CONDUSEF) a realizar una campaña de información en los medios de comunicación en relación al destino que se le dará al dinero de las  cuentas que no hayan reportado movimiento por depósito o retiro por más de tres años, a partir del mes de febrero de 2011, acorde con los términos establecidos en el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Segundo.Se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a verificar si las instituciones de crédito están cumpliendo con lo establecido en el artículo decimoquinto transitorio de la Ley de Instituciones de Crédito, referente a la divulgación en sus oficinas de lo previsto en el artículo 61 de la misma ley.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 28 días de abril de 2010.— Diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

ESTADO DE NAYARIT

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibió de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Semarnat y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que destinen la atención y los recursos económicos necesarios para financiar la construcción de un muro para contener el mar y evitar la desaparición del pueblo Palmar de Cuautla, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit.

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la Segob, de la Semarnat y de la SHCP que destinen la atención y los recursos económicos conducentes a la construcción de un muro para contener el mar y evitar la desaparición de El Palmar de Cuautla, en Santiago Ixcuintla, Nayarit, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quién suscribe, Martha Elena García Gómez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, destinen la atención y los recursos económicos necesarios para financiar la construcción de un muro para la contención del mar y evitar la desaparición del pueblo Palmar de Cuautla, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, conforme a las siguientes

Consideraciones

Palmar de Cuautla, es una localidad correspondiente al municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. Con una población dedicada mayoritariamente a la pesca de mero, camarón, robalo y Constantino además de la captura de camarón de estero, ostión de piedra y ostión de placer. Así también, a la agricultura y ganadería. Se considera además que en este lugar se ubica la playa más larga del mundo compuesta por 80 kilómetros de arena fina.

El drama al que se enfrenta la población de Palmar, se inicia alrededor de 1976, cuando la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos realizó la apertura del llamado canal Cuautla, cercano a la población de Palmar de Cuautla, con el propósito de aumentar el ingreso de agua de mar a los cuerpos de agua: laguna Chauin Chuiga-Las Garzas, estero de Cuautla, laguna El Valle y laguna Agua Brava. El canal, originalmente tenía un ancho de 40 metros, una profundidad de 2 metros y casi 3 km de largo. En su comunicación con el mar se construyeron dos escolleras de roca natural con separación de 200 metros.

Con este ingreso de agua marina se pretendía aumentar la producción de diversas especies de peces y crustáceos, sobre todo del sistema lagunar, empleo sustentable, inversión y la mejora de las comunicaciones en la región, lo cual se cumplió en buena medida, sin embargo, debido a los grandes volúmenes de agua que ingresan y egresan por el efecto de la marea y por las aportaciones de varios ríos, se produjo un gran ensanchamiento del canal. Además, el oleaje predominante en la dirección noreste ha contribuido al de-sequilibrio playero en el espacio cercano a su conexión con el mar, lo que ha provocado una fuerte erosión playera desde que se excavó el canal.

Por tal motivo, entre 1987 y 1994, la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca realizó reparaciones a las escolleras y obras de protección en la margen norte del canal. Pero en 1994 el ciclón Rosa causó un grave deterioro a las escolleras; adicionalmente, los grandes escurrimientos provocados por los ríos que desembocan al sistema lagunar, causaron que el canal de comunicación se ensanchara a casi 500 metros y se hiciera más hondo, alcanzando profundidades hasta de 20 metros.

Actualmente, el canal tiene 3 kilómetros de ancho y por el oleaje se han perdido al menos, 20 kilómetros de playa de la zona, como es de percatarse en el desarrollo de este proyecto, en su surgimiento y avance a este le faltó prevención, monitoreo, vigilancia y recursos para su atención.

Lo grave del problema, no es tan sólo el incremento del tamaño del canal sino que, por otra parte, esta extensión ha devorado paulatinamente las reducidas zonas de cultivo de frijol y maíz –se calcula una pérdida de 500 hectáreas– así como la salinización y destrucción de los manglares –4 mil hectáreas perdidas– cercanos a la construcción en referencia. Además se observa cómo cotidianamente el mar reduce el territorio nacional, miles de personas pierden su tierra y propiedades por lo que continúan en riesgo de desaparecer del mapa.

Cabe señalar que Nayarit ocupa el cuarto lugar con mayor superficie de manglares en México, con 79 mil 561 hectáreas pobladas de manglar blanco, rojo, negro y botón. Pero con el deterioro ambiental y la falta de atención a los ecosistemas, a la fecha se calcula que ha perdido 14 por ciento de los manglares que tenía cuando se determinó la construcción del canal de Cuautla.

Aun cuando se han realizado algunas obras para detener este deterioro, todas ellas han sido insuficientes por lo que el bordo de protección que resguarda a la población, ya es fácilmente rebasado por los oleajes y con cualquier marejada se inundan las viviendas de la población. Por ello es necesario hacer un urgente llamado a la Segob para que se liberen fondos del Centro Nacional de Prevención de Desastres, y puedan hacer frente hoy, a la prevención de una contingencia que de no ser atendida a la postre, lamentaríamos todas y todos los mexicanos.

Mientras tanto, podrían realizarse los estudios necesarios para conocer las condiciones de hidráulica marítima, estabilidad de playas, materiales, modelos matemáticos, físicos y todo aquello que los especialistas de instituciones de reconocido prestigio y experiencia como la UNAM o la Universidad Autónoma de Nayarit, puedan aportar para solucionar adecuada y exitosamente este problema.

Es urgente buscar la solución a este asunto, ya que Palmar de Cuautla está clasificado por el propio Cenapred como uno de los sitios con mayor riesgo hidrometerorológico en el país, y el canal en referencia se ha convertido en un enorme embudo donde cualquier fenómeno marítimo que produjera enorme oleaje podría generar la desaparición del poblado. No dejemos que el riesgo avance, escuchemos la llamada de auxilio de nuestros compatriotas nayaritas. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la aprobación de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se solicita a la Secretaría de Gobernación que, a través del Centro Nacional para la Prevención de Desastres, se destine la atención y los recursos económicos necesarios para continuar la construcción de un muro para la contención del mar y evitar la desaparición del pueblo Palmar de Cuautla, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. Lo anterior en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Segundo.Asimismo, se exhorta al gobierno federal para que después de los análisis pertinentes se destinen los recursos necesarios para atender y solucionar este problema, y se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2011.

Palacio Legislativo, a 28 de abril de 2010.— Diputada Martha Elena García Gómez (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Gobernación.

Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ésta.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo vigésimo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted, atentamente, consultar al pleno la modificación al orden del día en el tenor de lo siguiente:

• Se incorpore como asunto nuevo el vigente. Proposición con punto de acuerdo por el que solicita al superior jerárquico responsable del control y vigilancia de la Administración de Aduanas del país, pertenecientes al Servicio de Administración Tributaria, a que conmine a su subalterno adscrito a la Jefatura de Aduanas de la ciudad de Tijuana, Baja California Norte, a efecto de que solicite permiso temporal para separarse del cargo una vez concluido el proceso electoral de 2010 en aquel estado del país, a cargo del diputado federal Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

• Sustituyendo al punto de acuerdo que aparece listado en el número 60 del orden del día de hoy, para que la Secretaría de Educación Pública implemente en los programas de estudio de educación básica la materia sobre medio ambiente y equidad de género, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.— Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputada Josefina Vázquez Mota, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Alejandro de Jésús Encinas Rodríguez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Juan José Guerra Abud, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, señor secretario. Consulte a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día, en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias. Aprobada la modificación.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: En consecuencia tiene la palabra el diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del PVEM, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al responsable del control y vigilancia de la Administración de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, a que conmine a su subalterno adscrito a la Jefatura de Aduanas de la ciudad de Tijuana, Baja California, para que solicite el permiso temporal para separarse del cargo una vez concluido el proceso electoral 2010 en dicha entidad. Adelante, diputado Natale.

El diputado Juan Carlos Natale López:Gracias, presidente. Diputadas y diputados. Compañeros diputados, hace unos días el titular del Ejecutivo federal tuvo la osadía de nombrar a un nuevo titular de la aduana inscrita en el estado de Baja California Norte.

Este hecho por sí mismo no nos ocupa, sino atendemos las circunstancias de una coyuntura específica en donde para el estado de Baja California, al igual que para las otras 14 entidades federativas son de gran importancia debido al cúmulo de intereses en un año electoral.

En efecto, sorpresivamente el cambio administrativo recayó en un ciudadano que tiene una relación consanguínea directa de un candidato de un partido político a la presidencia municipal de Tijuana, en este caso del Partido Acción Nacional. Ésta es una, compañeros, acción burda y descarada.

Me pregunto ¿tendrá un mayor interés el titular del Ejecutivo federal en modernizar y eficientar la aduana aludida antes, que aprovechar la coyuntura electoral? Lo dudo, al igual que muchos de los ciudadanos de aquel municipio que siguen molestos por la parcialidad y presunta sujeción de varios servidores públicos federales a los caprichos del nuevo titular de la aduana, quien los quiere involucrar de manera unilateral al proceso político electoral, transgrediendo flagrantemente los principios más elementales de imparcialidad y equidad.

Y es que Luis Torres Torres, hoy nuevo administrador de la segunda aduana más importante del país, la de Tijuana, es hermano de Carlos Torres Torres, el candidato a presidente municipal del Partido Acción Nacional en Tijuana. En consecuencia, esto implica que es muy tentador para el titular apoyar a su hermano en la búsqueda de la presidencia municipal.

Lo que denuncio es administrativo, no jurídico. Lamentablemente no es de extrañarnos que los funcionarios federales sigan utilizando los programas y fondos federales con fines político-electorales y los delegados federales de las dependencias del Ejecutivo federal se han convertido en activistas, naturalmente electorales, incurriendo en acciones que violentan la ley y por las que deben ser sancionados.

Que quede constancia que este hecho, al igual que otros de la misma índole, perjudica a quienes participan como actores políticos en las elecciones locales. Este tipo de acciones son las formas comunes de actuar del gobierno federal para los procesos electorales.

Desde esta soberanía los diputados suscritos al presente punto de acuerdo expresamos inconformidad y pugnamos porque el nuevo servidor público federal en aquella entidad solicite en lo inmediato y por motivos evidentes y obvios, permiso temporal o reconsidere su nombramiento para separarse del cargo hasta una vez concluido por completo el proceso político electoral, en aras de garantizar imparcialidad, pulcritud, servidumbre y transparencia al mismo.

Punto de acuerdo. Único. Se solicita al jefe del Sistema de Administración Tributaria que conmine al jefe administrador de la aduana de Tijuana, Baja California, a que solicite permiso temporal o reconsideración de su nombramiento para separarse del cargo, en tanto se desarrolla y concluye el proceso electoral en este estado.

Estamos enterados de la misma situación en el IMSS de Yucatán. Estén seguros que no vamos a permitir que hagan cambios con fines electorales en la administración pública y estaremos atentos los diputados federales. No lo vamos a permitir.

Solicito que el presente punto de acuerdo sea turnado a la Junta de Coordinación Política, señor presidente. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, a efecto de solicitar al superior jerárquico responsable del control y vigilancia de la administración de aduanas del país pertenecientes al servicio de administración tributaria, a que conmine a su subalterno adscrito a la jefatura de aduanas de la ciudad de Tijuana, Baja California Norte, a que solicite permiso temporal para separarse del cargo una vez concluido el proceso electoral de 2010 en aquel estado del país.

Hace unos días, el titular del Ejecutivo federal tuvo la osadía de nombrar a un nuevo titular de la aduana inscrita en el estado de Baja California Norte. Este hecho por sí mismo, no nos ocupa sino atendemos las circunstancias de una coyuntura específica en donde para el estado de Baja California, al igual que para las otras 14 entidades federativas, son de gran importancia debido al cúmulo de intereses en un año electoral.

En efecto, sorpresivamente el cambio administrativo recayó en un ciudadano que tiene una relación consanguínea directa de un candidato de un partido político a la presidencia municipal de Tijuana Baja California, esta es una “compañeros” una acción burda y descarada.

Yo me pregunto: ¿tendrá un mayor interés el titular del Ejecutivo federal en modernizar y eficientar la aduana aludida antes que aprovechar la coyuntura electoral?

Yo lo dudo al igual que muchos de los ciudadanos de aquél municipio que siguen molestos por la parcialidad y presunta sujeción de varios, servidores públicos federales a los caprichos del nuevo titular de la aduana quien los quiere involucrar de manera unilateral al proceso político-electoral transgrediendo flagrantemente los principios más elementales de imparcialidad y equidad.

Y es que Luis Torres Torres, hoy nuevo administrador de la segunda aduana más importante del país, la de Tijuana, es hermano de Carlos Torres Torres, uno de los candidatos a la presidencia municipal del Partido Acción Nacional en ese municipio del norte del país, y en consecuencia, esto implica que es muy tentador para el nuevo titular, apoyar a su hermano en búsqueda de la presidencia municipal.

Lo que hoy denuncio atiende al plano administrativo y no jurídico; ya que lamentablemente no es de extrañarnos que los funcionarios federales sigan utilizando los programas y fondos federales con fines políticoelectorales; los delegados federales de las dependencias del Ejecutivo federal sigan convirtiéndose en activistas netamente electorales, incurriendo en acciones que violentan la ley y por las que deben ser sancionados.

Que quede constancia que este hecho, al igual que otros de la misma índole, perjudican a quienes participan como actores políticos en las elecciones locales. De igual manera, es responsabilidad constitucional del Gobierno federal la de garantizar que ningún servidor público se aproveche de su puesto y de los recursos públicos para actividades que por ley están prohibidos.

Este tipo de acciones son las formas comunes de actuar del Gobierno federal para los procesos electorales, por ello, los diputados federales estaremos en todo momento atentos del desarrollo de estos: “Que los procesos electorales que se desarrollarán este año, nos pongan una vez más a prueba sobre la madurez democrática que tanto hemos pregonado y de la cual estamos obligados a defender”.

Desde esta soberanía, los diputados suscritos del presente punto de acuerdo, expresamos nuestra inconformidad y pugnamos porque el nuevo servidor público federal en aquella entidad, solicite en lo inmediato y por motivos obvios, permiso temporal para separarse del cargo hasta una vez concluido por completo el proceso político-electoral en aras de garantizar imparcialidad, pulcritud, certidumbre y transparencia al mismo.

Son grandes los retos para este año, sin embargo, son más los riesgos que significan para los gobiernos violentar el marco jurídico para fines electoreros y este caso no es la excepción; por tales motivos, sometemos a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, en calidad de urgente resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita al Jefe del Sistema de Administración Tributaria, conmine al Jefe Administrador de la Aduana de Tijuana en Baja California Norte, ciudadano Luis Torres Torres a que solicite de manera inmediata, permiso temporal para separarse del cargo o, en su caso, reconsidere el nombramiento hasta que finalice el proceso electoral en ese estado.

México, DF, a 28 de abril de 2010.— Diputado Juan Carlos Natale López (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero:   Gracias a usted, diputado Natale. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE JALISCO

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra el diputado José Trinidad Padilla López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a los niveles de contaminación de la cuenca alta del río Santiago, Jalisco.

El diputado José Trinidad Padilla López:Muchas gracias, señor presidente. Compañeros diputados, el 25 de enero de 2008, el niño Miguel Ángel López Rocha, de nueve años de edad, cayó al río Santiago, en la población del Salto, Jalisco. Inmediatamente desarrolló una intoxicación aguda por arsénico. Fue necesario que lo trasladaran al Hospital General de Occidente de la Secretaría de Salud, en Jalisco.

Miguel Ángel permaneció internado 19 días. El 13 de febrero falleció debido a un paro cardiorrespiratorio y falla orgánica múltiple, derivados de una intoxicación por arsénico, metal pesado que recorría en 51 microgramos su cuerpo, entre 4 y 10 veces más de los valores normales en una persona no expuesta a este elemento.

El caso de Miguel Ángel es una muestra de la grave situación de degradación ambiental que se vive en los poblados de Juanacatlán y El Salto, en el estado de Jalisco.

En el río Santiago fluyen aguas residuales industriales, domésticas, agrícolas y de otros usos que carecen de tratamiento, ocasionando una descarga tóxica en la cuenca que al caer por la cascada que divide estos municipios genera gases que son respirados por los pobladores.

La Gerencia Regional de la Comisión Nacional del Agua afirma que de 280 descargas identificadas 266 vierten sus aguas al río Santiago, que en su mayoría se trata de residuos de la industria químico-farmacéutica.

Existen estudios al respecto que señalan que los sedimentos del río Santiago tienen un alto nivel de contaminación y que califican al agua del río como severamente contaminada, tanto en tiempo de lluvias como en estiaje. Entre las sustancias que se han encontrado existen metales pesados como mercurio, arsénico, plomo y zinc por arriba de los límites para la protección de la vida acuática, así como niveles inadmisibles de microorganismos fecales.

Compañeros legisladores, el tema que aquí les expongo es sumamente grave y así lo han reconocido instituciones académicas e incluso del sector privado, que en todos sus estudios al respecto recomiendan que se realice un constante monitoreo sobre las concentraciones de metales pesados en el río Santiago para poder prevenir contingencias y evitar la contaminación de las aguas del río.

Esta contaminación que afecta a los municipios de El Salto y Juanacatlán causa un daño particular a los niños. Las autoridades no pueden seguir pasando por alto que el artículo 4o. de la Constitución garantiza la protección de la salud de todos y particularmente la de los niños y las niñas y que es el Estado mexicano quien habrá de promover el ejercicio de este derecho.

México es signatario también de la Convención sobre los Derechos del Niño, mediante la cual se compromete a reconocer y asegurar el derecho de las niñas y los niños el más alto nivel posible de salud.

El problema es alarmante. Las dependencias competentes en materias de salud, medio ambiente y control de aguas deben contar con datos actualizados del estado del río Santiago. Deben también, con carácter de urgente, llevar a cabo acciones para contrarrestar la contaminación de la cuenca e informar a esta soberanía respecto de las medidas que habrán de tomarse.

Compañeras diputadas, compañeros diputados, como legislador de Jalisco expongo ante esta honorable asamblea mi preocupación por el riesgo en que se encuentran los habitantes de los municipios de Juanacatlán y del Salto en mi entidad federativa. Por esta razón someto a consideración de todos ustedes como de urgente u obvia resolución el siguiente punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal para que, en concurrencia con el gobierno del estado de Jalisco, realice con carácter urgente los estudios necesarios para determinar los niveles de metales pesados y cianuros, así como de otros contaminantes no orgánicos y orgánicos que se encuentran actualmente en la cuenca alta del río, así como sus efectos en la salud física y mental de los habitantes de las poblaciones aledañas.

Que se solicite también a los titulares de la Semarnat, la Profepa, la Conagua y la Secretaría de Salud que informen a esta soberanía, en un plazo de 71 horas, sobre las acciones que implementarán para contrarrestar la grave contaminación de las aguas del río Santiago y las afectaciones en la salud física y psicológica de los habitantes de los municipios del Salto y Juanacatlán en el estado de Jalisco.

Que asimismo exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que inicie los procedimientos administrativos necesarios a fin de deslindar responsabilidades en cuanto a las omisiones que en el ejercicio de sus atribuciones hayan incurrido los funcionarios de la Secretaría de Salud en el estado de Jalisco, en relación con los efectos de la salud física y psicológica de los habitantes de los municipios del Salto y Juanacatlán por la exposición permanente a las aguas del río Santiago.

Finalmente, se solicita a la Comisión Especial Cuenca Lerma-Chapala-Santiago de esta Cámara de Diputados, que en atención a esta alarmante problemática que he expuesto se cree un grupo de trabajo a fin de dar seguimiento a las acciones llevadas a cabo por las autoridades, así como para informar al respecto a esta soberanía.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, los invito a que apoyen esta proposición con punto de acuerdo, para evitar más tragedias como la de Miguel Ángel.

Es cuanto, señor diputado presidente. Solicito a usted se inserte íntegro en el Diario de Debates el texto de esta proposición. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a los niveles de contaminación de la cuenca alta del río Santiago, en Jalisco, así como a las acciones por implantar para contrarrestarlos, a cargo del diputado José Trinidad Padilla López, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, conforme a las siguientes

Consideraciones

El 25 de enero de 2008, Miguel Ángel López Rocha de 9 años de edad, cayó al río Santiago en El Salto, Jalisco y de-sarrolló una intoxicación aguda por arsénico, razón por la que fue trasladado al Hospital General de Occidente (HGO) de la Secretaría de Salud de Jalisco.

Miguel Ángel permaneció internado hasta el 13 de febrero de ese año, día en que falleció, de acuerdo con el director del HGO, Enrique Rábago Solorio, debido a un paro cardiorrespiratorio y falla orgánica múltiple, derivados de una intoxicación por arsénico, metal pesado que recorría en 51 microgramos su cuerpo, entre cuatro y diez veces más de los valores normales en una persona no expuesta al metal.

El caso de Miguel Ángel es una muestra de la grave situación de degradación ambiental que se vive en los poblados de Juanacatlán y El Salto, en el estado de Jalisco. En el río Santiago fluyen aguas residuales industriales, domésticas, agrícolas y de otros usos que carecen de tratamiento ocasionando una descarga tóxica en la cuenca que al caer por la cascada que divide estos municipios generan gases que son respirados por los pobladores.

De acuerdo con el inventario de descargas en el estado de Jalisco de la Gerencia Regional de la Comisión Nacional del Agua (CNA), existen 280 descargas identificadas, de las cuales 266 vierten sus aguas al río Santiago. El 36.5% de este flujo, lo aporta la industria química-farmacéutica, le siguen la industria de alimentos y bebidas con un 15% y la textil con 12.3%; después vienen las de celulosa (papel) y la tequilera.

El estudio de la contaminación del agua y de los sedimentos del Río Grande Santiago desde su nacimiento hasta la presa Santa Rosa, realizado en 2001 señala que el agua y sedimentos del río Santiago tienen un alto nivel de contaminación, entre las sustancias encontradas existía:

• Gran cantidad de sólidos disueltos, que pueden ser peligrosos al proporcionar sitio de adsorción para elementos tóxicos (orgánicos como productos químicos e inorgánicos como metales pesados).

• Concentraciones de plomo y zinc arriba de los límites para la protección de la vida acuática.

• Niveles de microorganismos fecales inadmisibles (110 veces arriba del límite), que indica una fuente de patógenos que al evaporarse el agua y dispersarse a la población en general puede ocasionar infecciones al contaminar superficies en general y, al ser inhalado, infecciones respiratorias repetitivas.

En el Estudio de monitoreo y modelación de la calidad del agua de los ríos Santiago y Verde, realizado a solicitud de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento Jalisco (CEAS), se evaluaron diecinueve parámetros de calidad del agua en los ríos en el periodo de noviembre de 2002 a agosto de 2003. Los resultados mostraron que las aguas están severamente contaminadas.

A mayor abundamiento, el estudio realizado por la Universidad de Guadalajara en el 2004 arroja resultados  que muestran cantidades significativas de los metales pesados, plomo, cromo, cobalto, mercurio y arsénico en los sedimentos de los ríos Verde y Santiago, cabe señalar que en este último, en casi todos los sitios, las cantidades de metal son significativamente mayores que las de los sitios muestreados a lo largo del río Verde, además, se encontraron cantidades anómalas de manganeso en ambos ríos. La existencia de manganeso en concentraciones elevadas, especialmente en los sedimentos del río Santiago y a profundidades de hasta 40 cm, posee un riesgo potencial para que se promueva el desprendimiento del resto de los metales encontrados en el estudio.

Una de las recomendaciones señaladas en todos los estudios mencionados, es el constante monitoreo sobre las concentraciones de este metal en las corrientes acuosas, así como encontrar las condiciones bajo las cuales sea posible el desprendimiento de los metales contaminantes en el río Santiago para poder prevenir contingencias y evitar la contaminación de las aguas del río.

Cabe señalar que los niños son particularmente vulnerables a numerosos riesgos ambientales. En comparación con los adultos, los infantes respiran con mayor rapidez, comen más por kilogramo de peso, viven más cerca del suelo en donde contaminantes tienden a acumularse y tienen más probabilidades de ingerir tierra y polvo contaminado y pasan más tiempo en exteriores.

Además de estas mayores rutas de exposición, los cuerpos infantiles son también más vulnerables. Existen ventanas de vulnerabilidad durante el desarrollo fetal y la primera infancia, cuando pulmones, cerebro y otros sistemas están en proceso de maduración. Toda exposición dañina durante estas ventanas críticas de desarrollo pueden conducir a alteraciones de por vida en el comportamiento, la incidencia de enfermedades y el desarrollo.

Cabe señalar que la inobservancia de las autoridades al grave problema que se describe en el presente documento contraviene diversos ordenamientos nacionales entre los que se encuentra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como instrumentos de derecho internacional signados por México como la Convención sobre los Derechos del Niño que particularmente en su artículo 24 establece que:

Los Estados parte reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados parte se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.

Finalmente, el pasado 2 de marzo la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al Director de la Comisión Nacional del Agua en relación al caso particular de Miguel Ángel López Rocha, sin embargo, es imperante que las autoridades tomen medidas preventivas y ejerciten de forma inmediata acciones que contrarresten la grave situación que viven los municipios de El Salto y Juanacatlán en razón de la contaminación del río Santiago.

En atención al grave problema descrito, resulta urgente que las dependencias competentes en materia de salud, de medio ambiente y de control de aguas nacionales, cuenten con datos actualizados del estado del río Santiago y en función de éstos implementen las acciones necesarias para contrarrestar los efectos de la contaminación del río en la salud de los habitantes de las poblaciones aledañas; asimismo, se considera indispensable realizar las investigaciones necesarias a fin de deslindar responsabilidades en el caso del menor fallecido. De manera complementaria, se considera pertinente que la Comisión Especial Cuenca Lerma-Chapala-Santiago cree un grupo de trabajo encargado de conocer y dar seguimiento a las acciones anteriores, así como de comunicarlas a esta Soberanía.

Por lo expuesto, se somete a consideración de este Pleno, como de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de las dependencias competentes en los ámbitos de salud, de medio ambiente y de control de aguas nacionales, y en concurrencia con el gobierno del estado de Jalisco, realice con carácter urgente los estudios necesarios para determinar los niveles de metales pesados y cianuros, así como de otros contaminantes no orgánicos y orgánicos, que se encuentran actualmente en la cuenca alta del río Santiago, en el estado de Jalisco, así como sus efectos en la salud física y mental de los habitantes de las poblaciones aledañas.

Segundo. Se solicita a los titulares de la Semarnat, de la Profepa, de la Conagua y de la Secretaría de Salud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que informen a esta soberanía en un plazo no mayor de 72 horas sobre las acciones a implementar para contrarrestar la grave contaminación de las aguas del río Santiago y las afectaciones en la salud física y psicológica de los habitantes de los municipios del Salto y Juanacatlán, en el estado de Jalisco.

Tercero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que inicie los procedimientos administrativos necesarios, a fin de deslindar responsabilidades en cuanto a las omisiones que en el ejercicio de sus atribuciones hayan incurrido los funcionarios de la Secretaría de Salud en el estado de Jalisco, en relación con los efectos en la salud física y psicológica de los habitantes de los municipios del Salto y Juanacatlán por la exposición permanente a las aguas del río Santiago.

Cuarto. Se solicita de la Comisión Especial Cuenca Lerma-Chapala-Santiago de esta Cámara, la creación de un grupo de trabajo a fin de dar seguimiento a lo establecido en los puntos primero a tercero del presente acuerdo e informar al respecto a esta soberanía.

Notas:

1 Gallardo Valdez, Juan y Laure Vidal (2001). Estudio de la contaminación del agua y de los sedimentos del Río Grande Santiago desde su nacimiento hasta la presa Santa Rosa. Pág. 53. Jalisco, México.

2 AYMA, Ingeniería y Consultoría (2003). Estudio de monitoreo y modelación de la calidad del agua de los ríos Santiago y Verde del estado de Jalisco. México.

3 Comisión Estatal del Agua Jalisco y Universidad de Guadalajara (2004). Estudio para la caracterización de los lodos de los ríos Verde y Santiago. Jalisco, México.

4 Comisión para la Cooperación Ambiental (2006). Sustancias químicas tóxicas y salud infantil en América del Norte. Pág. vii .México, Estados Unidos y Canadá.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2010.— Diputado José Trinidad Padilla López (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Como lo solicita, diputado, se insertará el texto íntegro de su proposición en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

GUARDERIA ABC

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra el diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la separación del cargo al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hasta en tanto concluyan las indagatorias con relación a los sucesos en la guardería ABC.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la separación del encargo del titular de la SCT, hasta en tanto concluyan las indagatorias respecto a la muerte de 49 niños en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, y que con los resultados respectivos se actué de inmediato conforme a la ley, a cargo del diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Cámara de Diputados la siguiente propuesta

Exposición de Motivos

El Instituto Mexicano del Seguro Social, es una de las más grandes conquistas del pueblo mexicano, siendo, desde su creación, la institución que garantiza el derecho a la salud y protección social de los trabajadores y sus familias. Una población saludable es una población productiva y generadora de desarrollo social. El IMSS es un patrimonio institucional, un logro que todos debemos cuidar para hacerlo irreversible. No han faltado voces que ante los problemas surgidos a lo largo de su existencia, han pedido su desaparición.

Como representantes populares, debemos velar porque se enfrenten sus problemas y se corrija a fondo toda situación irregular que pueda derivar en una amenaza para la institución, y sobre todo, para sus derechohabientes.

Entre otras de las facultades y atribuciones que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, plasmadas en el artículo 251 de la Ley del Seguro Social, se encuentra, en la fracción VI, la de “establecer unidades médicas, guarderías infantiles, farmacias, velatorios, así como centros de capacitación, deportivos, culturales, vacacionales, de seguridad social para el bienestar familiar y demás establecimientos para el cumplimiento de los fines que le son propios...”

En la fracción I de dicho artículo, se indica, además, la de “administrar los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales, salud para la familia, adicionales y otros, así como prestar los servicios de beneficio colectivo que señala esta ley;

El artículo 11 de la Ley del Seguro Social, establece dentro del régimen obligatorio el seguro de guarderías; siendo sujetos de aseguramiento según el artículo 12 de esta Ley: “Las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, presten, en forma permanente o eventual, a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón”

El artículo 201 de dicha ley, indica que “El ramo de guarderíascubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.

Este beneficio se podrá extender a los asegurados que por resolución judicial ejerzan la patria potestad y la custodia de un menor.

Según lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley del Seguro Social, “los servicios de guardería infantilincluirán el aseo, la alimentación, el cuidado de la salud, la educación y la recreación de los menores... serán proporcionados por el instituto, en los términos de las disposiciones que al efecto expida el Consejo Técnico.”

En el artículo 204 de dicha ley se indica que “para otorgar la prestación de los servicios de guardería, el instituto establecerá instalaciones especiales, por zonas convenientemente localizadas en relación a los centros de trabajo y de habitación, y en las localidades donde opere el régimen obligatorio”

Por lo que se refiere a la subrogación de los servicios, el artículo 213 de esta ley, indica lo siguiente: “El instituto podrá celebrar convenios de reversión de cuotas o subrogación de servicios, con los patrones que tengan instaladas guarderías en sus empresas o establecimientos, cuando reúnan los requisitos señalados en las disposiciones relativas.

Asimismo, en aquellos lugares donde el Instituto no cuente con instalaciones, a juicio del propio Instituto, para prestar los servicios de guardería que tiene encomendados, éste podrá celebrar convenios con los patrones del campo y organizaciones de trabajadores eventuales del campo para la subrogación de los servicios...

En todo caso, los patrones del campo y las organizaciones a que se refiere este artículo estarán obligadosa proporcionar al Instituto los informes y estadísticas que éste les exigiere y a sujetarse a las instrucciones, normas técnicas, inspecciones y vigilancia prescritas por el propio instituto...”

Lo hasta aquí expuesto señala las atribuciones del IMSS en relación con el establecimiento y administración de guarderías, quienes son sujetos a este tipo de servicios y en qué casos es posible la subrogación de éstos.

El viernes 5 de junio de 2009 ha quedado en la historia como una de las mayores tragedias de Hermosillo, Sonora y del país, al haber ocurrido un incendio en las instalaciones de la guardería subrogada ABC y el cual cobró la vida de 49 niños y niñas de entre 11 meses y 4 años de edad, quienes fallecieron quemados e intoxicados; quedando otros 75 lesionados, algunos con huellas de las quemaduras para toda la vida. En la guardería eran resguardados 176 niños menores de 5 años. El fuego inició, al parecer, en una bodega con documentos del gobierno estatal, aledaña a la guardería. Del otro lado había una bodega de llantas y frente a ésta, una gasolinera.

Como se ve, desgraciadamente, existiendo irresponsabilidad la tragedia era sólo cuestión de tiempo.

Este infausto suceso, provocó duelo, dolor y rabia en todo el país y la herida aún no sana. Aun castigando a los responsables, quedará la sociedad lastimada y las familias sufriendo la pérdida de vidas inocentes que pudieron haberse salvado de existir en la guardería las condiciones de seguridad mínimas para su operación. Irónicamente, al parecer apenas en mayo, según documentos oficiales, las autoridades del IMSS felicitaron a los encargados de esas instalaciones.

Como señalamos previamente es el IMSS, el que debe proporcionar los servicios de guardería en instalaciones especiales.

Si la subrogación sólo puede hacerse a los patrones que tengan instaladas guarderías en sus empresas o establecimientos, cuando reúnan los requisitos señalados en las disposiciones relativas y con los patrones del campo y organizaciones de trabajadores eventuales del campo, ¿que hacían particulares prestando el servicio de guarderías?

¿Cómo y cuando sucedió que esta obligación institucional pasó a convertirse en un lucrativo negocio de particulares, que incluso no cumplen con las más elementales normas de seguridad, como en este caso?

Evidentemente, el algún momento se tomaron acuerdos por parte de algunos órganos del IMSS, fuera de las disposiciones legales, para subrogar los servicios de las guarderías.

La indignación ciudadana por la evidente irresponsabilidad no sólo de los dueños de la guardería, sino de funcionarios de los tres órdenes de gobierno, llevó el asunto hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El pasado 1 de marzo, la Comisión Investigadora de la guardería ABC de la corte, determinó “que en las guarderías que dan servicio a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hay un desorden generalizado en el otorgamiento de contratos, operación y vigilancia; y destacó que esa institución carece de fundamento legal para otorgar a terceros el servicio que actualmente otorgan esos centros a miles de niños.”

En la página de Internet de la Suprema Corte, (medios y publicaciones) se encuentra el informe preliminar elaborado por los magistrados comisionados, María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon Sevilla, entregado al alto tribunal y que será turnado al ministro José Fernando Franco González Salas, para la preparación del dictamen a discutirse por todos los ministros, y en el cual se indican ocho consideraciones, las cuales en síntesis son:

Primera. Conforme a lo previsto por los artículos 123, Apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 203 y 213 de la Ley del Seguro Social y 171 de la Ley Federal del Trabajo, los servicios de guardería únicamente pueden ser proporcionados por el IMSS y, excepcionalmente, por los patrones que celebren convenios de reversión de cuotas o subrogación de servicios.

Segunda. Desde 1983, año en que empezaron a instalarse las guarderías que operan conforme a un contrato de prestación de servicios, hasta junio del 2009, había en el país alrededor de un 1,487 con ese esquema, de las cuales sólo 11 son de patrones, es decir, de las verdaderamente subrogadas, lo cual es indicativo de que su diseño legal no tiene la aceptación deseable.

Tercera. Quedó probada la hipótesis de que en el otorgamiento de los contratos, operación y vigilancia o supervisión de las guarderías existe un desorden generalizado. Sólo 14 de los mil 487 contratos de prestación de servicios se otorgaron habiendo quedado satisfechos todos los requisitos previos que la normatividad aplicable exige.

La supervisión que ejerce el IMSS como mero control administrativo, se realiza en mil 298 guarderías, porcentaje que equivale al 88.7 por ciento. La participación del instituto en la supervisión que trasciende al ámbito de la protección civil es escasa.

El 49.9 por ciento de prestadoras del servicio carece de la constancia de protección civil vigente y sólo cuatrocientas siete tienen visto bueno de bomberos vigente.

Cuarta. Quedó probada la existencia de un fuerte vínculo entre el desorden generalizado y la guardería ABC.

Quinta. El incendio que quitó la vida a 49 y dejó lesionados a otros 75 niños, se originó en la bodega contigua a la guardería ABC, donde la Secretaría de Hacienda del gobierno de Sonora tenía almacenadas grandes cantidades de documentos.

La inexistencia de un muro cortafuegos que dividiera las instalaciones de la bodega de las de la guardería, aunado a las oquedades y aperturas que había en el muro divisorio, permitió que grandes cantidades de humo tóxico, gases y calor se concentraran en el espacio que había entre el falso plafón y el techo de la nave que albergaba a la guardería. Cuando el cielo raso ya no resistió el calor cayó, permitiendo que el humo tóxico y los gases inflamables se vinieran abajo donde había oxígeno, lo que produjo un rápido e intenso flamazo en las aulas donde se encontraban los niños.

Sexta. En virtud de que en la bodega alquilada por el Estado de Sonora había trabajadores permanentes, se le considera centro laboral. Consecuentemente, el patrón estaba obligado a acatar la norma oficial mexicana en materia de prevención de incendios en los centros de trabajo. La evidencia demuestra que en la bodega no había ni siquiera detectores de humo o extinguidores.

No existe evidencia de que las autoridades competentes, estatales y municipales, hubieran realizado visitas de inspección a la bodega y a la guardería para verificar la existencia de los respectivos programas internos de protección civil. Tampoco existe prueba demostrativa de que las autoridades competentes del IMSS hubieran emitido, en su oportunidad, la certificación técnica de inmueble.

Séptima. En la eventual violación de garantías pueden estar involucradas diversas autoridades del IMSS, del gobierno de Sonora y del municipio de Hermosillo.

Octava. Existe referencia de un solo caso de negligencia médica. En los demás casos reportados no existe prueba demostrativa de que hubiera habido negligencia médica en la atención que se proporcionó a los niños y adultos que sufrieron lesiones a consecuencia del incendio ocurrido en la guardería ABC.

Según los medios, en la lista de funcionarios señalados como responsables de diversas violaciones de garantía en la tragedia por el informe de la SCJN se incluyen, entre otros funcionarios delInstituto Mexicano del Seguro Social, al entonces director general, Juan Francisco Molinar Horcasitas, a los directores Jurídico y de Prestaciones Económicas y Sociales, a la Coordinadora de guarderías y al delegado estatal en Sonora.

También hay responsablesdel gobierno de Sonora, encabezados por el entonces gobernador Eduardo Bours Castelo, su secretario de Hacienda, Miguel Eugenio Lohr Martínez, titular responsable de la bodega donde se originó el incendio, el coordinador ejecutivo de la Comisión de Bie-nes y Concesiones del gobierno del estado; y el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil.

Existe también responsabilidad del ayuntamiento de Hermosillo, particularmente del presidente municipal cuando ocurrió el suceso, Ernesto Gándara Camou y los directores de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, de Inspección y Vigilancia Municipal, y de la Unidad de Protección Civil Municipal.

La sociedad sonorense, la sociedad mexicana, exige justicia y que se aplique la ley sin distinción a todos los responsables de esta desgracia, causada por la negligencia, la irresponsabilidad y la ambición de unos cuantos.

Con nada puede resarcirse a los familiares la pérdida de un hijo o una hija. Lo menos que puede hacerse es que este crimen no quede impune y que se castigue a todos los involucrados, a los verdaderos responsables y no sólo a chivos expiatorios. Es de elemental justicia, que reciban el máximo castigo que establecen las leyes y que los funcionarios culpables, de los tres órdenes de gobierno, sean inhabilitados en forma definitiva para ocupar cargos públicos.

Las guarderías contribuyen a la incorporación de la mujer al trabajo. Para las madres y padres trabajadores, es vital que sus hijos estén seguros. Por ello, es fundamental que se tomen las medidas que sean necesarias para prevenir que haya otras tragedias similares. Debe dejarse de ver a las guarderías subrogadas, como un negocio redondo, prácticamente como una concesión de la que se han beneficiado familiares de políticos, cómplices por ello, de que no se cumpla cabalmente la normatividad correspondiente.

Según palabras del nuevo director del IMSS, Daniel Karam es necesario “llevar esto hasta las últimas consecuencias, trátese de quien se trate”.

Por lo expuesto, quien suscribe, dputado del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura, manifiesto mi convicción de que se castigue con todo el peso de la ley a quienes resulten responsables, por acción u omisión, de la muerte y heridas causadas a los niños de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, sometiendo a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición, que solicito se turne a las Comisiones de Justicia, Seguridad Pública, y Seguridad Social.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados solicita al titular del Ejecutivo federal, la separación de su cargo, como secretario de Comunicaciones y Transportes del ciudadano Juan Francisco Molinar Horcasitas, hasta en tanto concluyan las indagatorias con respecto a los sucesos donde murieron 49 niños en la guardería ABC de la ciudad de Hermosillo, Sonora y con los resultados de ésta, se actué de inmediato conforme a la ley, contra todos los involucrados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en México, DF, a 7 de abril de 2010.— Diputado José Narro Céspedes (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Ha solicitado se turne a comisiones. Por tanto, se turna a la Junta de Coordinación Política.

DISPOSICIONES LABORALES A BORDO DE BUQUES Y DE PLATAFORMAS

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Procedo dar el uso de la palabra a la diputada Karla Verónica González Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la secretarías de Trabajo y Previsión Social y de Comunicaciones y Transportes a que implementen acciones de inspección a bordo de buques y plataformas. Tiene la palabra hasta por 3 minutos, diputada González Cruz.

La diputada Karla Verónica González Cruz:Con su permiso, señor presidente. La zona de Campeche es considerada un área estratégica marítima importante para la economía y seguridad de la nación.

La infraestructura con que se cuenta en la región de la zona de Campeche está integrada por plataformas de explotación, perforación, exploración, fijas y móviles. Embarcaciones menores como sismológicas, abastecedores, remolcadores, lanchas de pasaje, de inspección, chalanes, buques mayores de almacenamiento y producción. Esa infraestructura es operada y mantenida por aproximadamente 30 mil trabajadores de la actividad marítima.

El personal que labora en plataformas y buques, manifiesta graves violaciones de que son objeto los trabajadores por parte de la empresa Protexa y subsidiarias que prestan sus servicios a Petróleos Mexicanos.

Los trabajadores denuncian lo siguiente:

1. Constantemente observan retraso en su pago, de hasta 30 días después del último día laborado;

2. Cambian frecuentemente de razón social, para que los contratos que firmen sean temporales;

3. El pago del Instituto Mexicano del Seguro Social lo hacen reduciendo el salario diario integrado, con ello evaden impuestos;

4. Hay trabajadores a los que les adeudan vacaciones desde hace más de dos años;

5. No se les entrega copia del contrato laboral;

6. No reciben el pago oportuno de prestaciones: aguinaldo, vacaciones, Afore, Infonavit y hasta de servicios en las plataformas y buques;

7. Mal servicio de agua y permanecen con falta de alimentos;

8. Demandan que se les paguen los salarios y prestaciones devengados totales.

Por lo mencionado, Pemex debe considerar la pertinencia de no seguir contratando a este grupo, porque ha entrado en una etapa de insolvencia que pone en riesgo a los trabajadores en esta zona estratégica.

Ante esta cadena de diversas violaciones a las diferentes leyes y reclamos de los trabajadores, los diputados de la pasada Legislatura hicieron del conocimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, incluso, se llegó a integrar un grupo de trabajo para atender y solucionar la problemática de las empresas contratistas de Pemex en la sonda de Campeche.

El grupo quedó integrado por funcionarios de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de la Procuraduría Federal para la Defensa de los Trabajadores y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Por lo anterior, someto a consideración del pleno de este Poder la Unión, el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y del Trabajo y Previsión Social, a informar sobre las acciones que implementaron con las bases de colaboración referentes al programa de inspección, a fin de constatar el cumplimiento de las disposiciones labores a bordo de los buques y plataformas.

Segundo. Que el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informe en un plazo de 60 días, contados a partir de la fecha de notificación, el resultado de las inspecciones a los buques y plataformas de la empresa de Protexa y subsidiarias, respecto de las denuncias manifestadas por los trabajadores.

Tercero. Que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados comunique al director de Pemex el contenido de este punto de acuerdo para que tome las medidas pertinentes para evitar futuros accidentes.

Señor presidente, solicito que se publique íntegramente en la Gaceta Parlamentaria.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la STPS y de la SCT a implantar acciones coordinadas de inspección para constatar el incumplimiento de las disposiciones laborales a bordo de buques y de plataformas, a cargo del diputado Karla Verónica González Cruz, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Karla Verónica González Cruz, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70 de la Constitución Política, 26 de la Ley Orgánica del Congreso General y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta ante el pleno de este poder de la unión la siguiente proposición con puntos de acuerdo, por los que se exhorta a los secretarios del Trabajo y Previsión Social (STPS), y de Comunicaciones y Transportes (SCT) a implantar, en el ámbito de su competencia, acciones coordinadas de inspección para constatar el incumplimiento de las disposiciones laborales a bordo de los buques y de las plataformas.

Consideraciones

En términos de lo establecido en el artículo 40, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la STPS vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del Trabajo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la SCT regular las comunicaciones y los transportes, así como coordinar en los puertos marítimos y fluviales las actividades y los servicios marítimos y portuarios.

El artículo 212 de la Ley Federal del Trabajo establece que corresponde a la Inspección del Trabajo vigilar el cumplimiento de las leyes y demás normas de trabajo, atendiendo a las leyes y disposiciones sobre comunicaciones por agua, cuando los buques estén en puerto.

Antecedentes

1. La sonda de Campeche es considerada un área estratégica marítima importante para la economía y seguridad de la nación.

2. La infraestructura que se tiene en la región de la sonda de Campeche está integrada por plataformas de exploración, perforación y explotación fijas y móviles, embarcaciones menores, como sismológicas, abastecedores, remolcadores, lanchas de pasaje, de inspección, chalanes, buques mayores de almacenamiento y producción, etcétera. Esta infraestructura es operada y mantenida por aproximadamente 30 mil trabajadores de la actividad marítima. De ellos, aproximadamente 80 por ciento sufren explotación a consecuencia de que no se fiscaliza la aplicación de las normas laborales.

3. Para nadie que labora en la sonda de Campeche es un secreto que las normas de trabajo no se cumplen. Hay infinidad de violaciones de la seguridad social de los trabajadores, de los contratos de trabajo, de la aplicación de las normas de seguridad marítima, y de los derechos humanos y laborales. Las jornadas laborales llegan a ser de 20 horas. El incumplimiento de los pagos de salarios y prestaciones convenidas es algo de todos los días. Los despidos injustificados son sumamente frecuentes. Las políticas particulares de las empresas son arbitrarias y contra las leyes marítimas y las laborales.

4. La Ley Federal del Trabajo tiene como finalidad conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones. En el Título Sexto, “Trabajos especiales”, en el capítulo relativo a los trabajadores de los buques, se establecen todas las normas. Sin embargo, en la sonda de Campeche lo anterior es letra muerta.

5. El personal del B/G Huasteco manifiesta graves violaciones de que son objeto los trabajadores por la empresa Protexa y subsidiarias que prestan servicios a Petróleos Mexicanos (Pemex).

6. La empresa Protexa y sus subsidiarias, entre ellas Condux, SA de CV, adeudan a empresas subcontratadas para cumplir servicios de transporte, suministro de materiales y alimentos, entre otros.

7. Manifiesta el sector empresarial la negativa de estas empresas a cumplir sus contratos.

Los trabajadores denuncian lo siguiente:

I. Constantemente observan retraso en el pago, de hasta 30 días después del último día laborado.

II. Las empresas que los contratan, con frecuencia de hasta cuatro meses cambian de razón social para que los contratos que firman sean temporales; ello, además de tener como fin evadir impuestos, evita que generen antigüedad.

III. Constantemente sufren suspensiones de pago de cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que trae como consecuencia falta de servicio médico del derechohabiente y de sus familiares.

IV. El pago que hacen las empresas al IMSS lo hacen reduciendo el salario diario integrado; con ello evaden impuestos. Cuando algún trabajador sufre accidente de trabajo, la incapacidad que se le paga es mucho menor de lo que corresponde.

V. No obstante que las labores que realiza son consideradas de alto riesgo, las empresas no pagan seguro de vida al trabajador.

VI. Hay trabajadores a quienes se adeudan vacaciones desde hace más de dos años.

VII. No se les entrega copia del contrato laboral que firman y en muchos de los casos los obligan a firmar un papel en blanco junto con el contrato.

VIII. El pago no oportuno de prestaciones: aguinaldo, vacaciones, Afore, Infonavit.

IX. Falta de servicios a bordo al limitarles el envío de alimentos.

X. Mal servicio de agua y de mala calidad.

XI. Reciben trato discriminatorio cuando se acercan a las oficinas para tratar de resolver los problemas mencionados.

XII. Se solicita que les depositen el pago completo de salarios y prestaciones devengados.

Son del conocimiento de las autoridades los siguientes hechos:

• Obliga a sus trabajadores a firmar renuncias anticipadas y documentos en blanco, renuncia de prestaciones, negación de antigüedad;

• No da reparto de utilidades;

• Frecuentemente lleva a cabo despidos masivos para evitar que los trabajadores generen antigüedad o evadir el pago de aguinaldo;

• A bordo de las plataformas no se cuenta con instalaciones médicas que brinden la atención que requieren los trabajadores en caso de accidente laboral; y

• Las cantidades con que cotizan ante el IMSS no concuerdan con el salario que paga.

Por lo mencionado, Pemex debe considerar la pertinencia de no seguir contratando a este grupo porque ha entrado en una etapa de insolvencia, que pone en riesgo los trabajos en esta zona estratégica. Ante esta cadena de diversas violaciones de las diferentes leyes y reclamos de los trabajadores, los diputados de la pasada legislatura lo hicieron de conocimiento de la SCT y de la STPS e incluso se llegó a integrar un grupo de trabajo para atender y solucionar la problemática de las empresas contratistas de Pemex en la sonda de Campeche.

Dicho grupo quedó integrado por funcionarios de la STPS, de la Procuraduría Federal para la Defensa de los Trabajadores y de la SCT.

Como resultado del diagnóstico de esta comisión, acordaron dar seguimiento a lo expuesto anteriormente. Hoy cobra mayor vigencia la problemática que se presenta a bordo de este buque, administrado por Condux, SA de CV, empresa de Grupo Protexa.

La LX Legislatura promovió un trabajo conjunto por la urgente necesidad de erradicar los incumplimientos laborales que se presentan a bordo del buque y de las plataformas de esta empresa. Incluso se firmaron unas bases de colaboración para que en un trabajo conjunto entre las secretarías mencionadas se elaborara un programa de inspección, a fin de constatar el incumplimiento de las disposiciones laborales. Las violaciones de la ley han provocado accidentes que luego lamentamos en esta tribuna.

Por lo anterior, se someten a consideración del pleno de este poder de la unión los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta a los secretarios de Comunicaciones y Transportes, y del Trabajo y Previsión Social a informar sobre las acciones que implantaron con las bases de colaboración referente al programa de inspección a fin de constatar el incumplimiento de las disposiciones laborales a bordo de los buques y de las plataformas.

Segundo.Que el secretario del Trabajo y Previsión Social informe a la Cámara de Diputados en un plazo de 60 días, contados a partir de la fecha de notificación, sobre el resultado de las inspecciones de los buques y de las plataformas de la empresa Protexa y subsidiarias respecto a las denuncias manifestadas por los trabajadores.

Tercero. Que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados comunique al director general de Petróleos Mexicanos el contenido de estos puntos de acuerdo a fin de que tome las medidas pertinentes para evitar accidentes.

Palacio Legislativo, a 8 de abril de 2010.— Diputada Karla Verónica González Cruz (rúbrica).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias diputada González Cruz. Como lo solicita, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

JOVENES NI-NI

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tiene la palabra el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SEP a llevar a cabo un análisis de la dimensión de la problemática que representa la naciente generación de jóvenes ni-ni.

El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:Con su permiso, señor presidente.

La generación ni-ni alude a los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Este segmento de la población es presa fácil de la delincuencia y los grupos del crimen organizado debido a que éstos ofrecen a los jóvenes expectativas y espacios sin condicionamientos aparentes.

Dado que las expectativas de los ni-ni en sí mismas son nulas, dichas opciones aparecen como atractivas y ampliamente redituables en el corto plazo. Ello representa un grave problema no sólo para la sociedad, sino para la supervivencia de una sana cultura y convivencia de los jóvenes con el entorno. En este país se estima que tenemos alrededor de 7 millones de ni-ni.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos de que la juventud mexicana es un componente fundamental de nuestra sociedad y que son y deben ser quienes conduzcan el progreso económico, social, productivo, educativo y cultural. Los jóvenes son y deben ser la llave del progreso.

No podemos permitir que la cifra de los jóvenes ni-ni se incremente debido a la falta de oportunidades y a las perspectivas futuras de desarrollo personal y profesional. Debemos hacer lo posible porque todos y cada uno de nuestros jóvenes se encuentren en el espacio que en su tiempo generacional dicta la escuela y el trabajo.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos que es el espacio educativo donde existe una posibilidad para evitar que en México se consolide e incremente, en el corto y largo plazo, en el grupo social de jóvenes y de esta generación que son los jóvenes ni-ni.

Resolver el problema de la absorción, la eficiencia terminal, la calidad y cobertura educativa en todos los niveles es una de las grandes tareas por parte del Estado. Sin lugar a dudas dar respuestas correctas a la solución en estos problemas e implementarlas exitosamente brindaría una plataforma de apoyo indirecto al problema de la naciente generación ni-ni mexicana, y que es nuestro reto convertir a los ni-ni en sí-sí: sí estudio-sí trabajo.

Por lo anteriormente fundado y motivado, me permito proponer al pleno de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a que lleve a cabo un análisis de la dimensión de problemática de la naciente generación ni-ni mexicana en el marco de los tres niveles educativos, con el fin de plantear posibles soluciones.

Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a que informe de los programas públicos y/o acciones encaminadas a combatir la deserción escolar e incrementar la eficiencia terminal, mejorar la calidad educativa y vincular el ámbito educativo con el laboral para los tres niveles educativos.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al titular de la SEP a considerar el diseño de una herramienta que, por nivel educativo permita la identificación temprana de potenciales ni-ni, para que éstos puedan ser atendidos desde el ámbito educativo a través de diversas ofertas culturales-deportivas, de la mano de un proyecto de tiempo completo en el nivel educativo que corresponda.

Diputado presidente, le solicito que el texto íntegro quede inscrito en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

Quisiera solicitarle, señor presidente, de ser posible, tengo agendado en el orden del día el punto 70 y, por economía de tiempo, le pediría que fuera turnado a comisión.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a llevar a cabo un análisis de la dimensión de la problemática que representa la naciente generación de jóvenes ni-ni, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, Jaime Arturo Vázquez Aguilar, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

En la última década, los cambios generados por las fluctuaciones económicas que han llevado a constantes crisis económicas y a la imposibilidad de muchas naciones de salir avante ante esta situación, han repercutido en las estructuras sociales y, por ende, en las expectativas y los espacios de desarrollo para los jóvenes del mundo.

La generación ni-ni

La generación ni-ni, como tal, es un fenómeno generacional estudiado por primera vez en España, a raíz del comportamiento de su población juvenil respecto a las preferencias por el desempeño laboral y escolar.

El concepto se refiere a los jóvenes que por diversas causas, entre las que destacan las condiciones económicas y sociales del país, deciden ni estudiar ni trabajar.

Este grupo poblacional considera que el futuro es incierto y, decepcionado de los sueldos y conscientes de que adquirir mayor grado de estudios o calificación técnica o profesional ya no es objeto de movilidad laboral ni social, entra en un periodo de decepción y desánimo, que lo lleva a convertirse en ni-ni.

Los jóvenes ni-ni, con esas características, son presa fácil de la delincuencia y los grupos de crimen organizado, pues éstos ofrecen a los jóvenes “expectativas” y “espacios” sin condicionamientos aparentes. Dado que las expectativas de los ni-ni son en sí mismas nulas, dichas opciones parecen atractivas y ampliamente redituables en el corto plazo. Ello representa un foco rojo no sólo para la sociedad sino para la supervivencia de una sana cultura y convivencia de los jóvenes con el entorno.

Algunos de los principales riesgos de contar con una generación de jóvenes ni-ni son los siguientes:

1. Incremento de hábitos derivados del ocio y la depresión, como el consumo de alcohol y otras drogas.

2. Disminución de convivencia social.

3. Problemas de salud, como trastornos psicológicos de ansiedad, depresión, intentos de suicidio, etcétera, lo cual incrementa la demanda de servicios de salud.

4. Incremento de la violencia social, derivado de los trastornos psicológicos.

5. Incremento del embarazo adolescente.

6. Inestabilidad familiar.

Las cifras de la generación ni-ni en México

El problema de los ni-ni es sin duda una alarma que ya está encendida. Aunque en el caso de México las condiciones podrían diferir de las del caso español, la sociedad mexicana está aún el “bono demográfico” de jóvenes más grande de la historia.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se estima que el país cuenta actualmente con 107.6 millones de habitantes. De ellos, 29.4 por ciento corresponde a jóvenes; es decir, población de entre 15 y 29 años. De éstos, 52 por ciento corresponde a mujeres; y 48 por ciento, a hombres.

Las entidades federativas que tienen el porcentaje más importante de jóvenes respecto a la población total son Quintana Roo, con 30.8; Chiapas, con 29.4; y Tabasco, con 28.9 por ciento.

De acuerdo con las proyecciones que se han realizado de este grupo, la población joven llegará a 29.3 millones en 2010 y seguirá aumentando hasta 2015, cuando llegue a su máximo histórico de 29.5 millones.

A eso debemos sumar que en el país hemos atravesado por una etapa de condiciones económicas y laborales adversas.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en 2009 se perdieron cerca de 330 mil plazas laborales. A lo largo del año en comento, el país presentó índices inflacionarios importantes (cerró en 2009 en 3.57 por ciento), lo que ha provocado que el precio de la canasta básica se eleve día a día (aumento de cerca de 12 por ciento) y que con ello sea evidente la disminución del poder adquisitivo de los ya de por sí bajos salarios.

Esta dinámica marca sin duda las demandas sociales, culturales, políticas y económicas que tiene la juventud mexicana. De acuerdo con lo reportado por el Instituto Mexicano de la Juventud, cerca de 7 millones de jóvenes no estudian ni trabajan, lo que representa la “naciente generación ni-ni mexicana”. A tan impresionante cifra, agreguemos lo que reporta la Encuesta Nacional de Juventud 2005: 14.6 millones de jóvenes en el país no estudian; una deserción escolar que da inicio a los 15 años de edad.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos de que la juventud mexicana es un componente fundamental de la sociedad y que es y debe ser la que conduzca el progreso económico, social, educativo, cultural, productivo, etcétera. Son y deben ser la llave del progreso.

Así, deben ser apoyados y conducidos para lograr este gran cometido, para que su potencial sea aprovechado en favor de la construcción de un México mejor.

Saber y no hacer nada ante un problema de esta envergadura representa un daño generacional sin dimensiones. Estamos a tiempo de frenarlo y desde nuestra trinchera los convoco a hacer lo necesario; ésa es parte de nuestra labor como legisladores.

No podemos permitir que la cifra de jóvenes ni-ni se incremente debido a la falta de oportunidades o perspectivas de desarrollo personal y profesional. Debemos hacer lo posible porque todos y cada uno de los jóvenes se encuentren en el espacio que su tiempo generacional dicta: la escuela, inscritos en el nivel de educación básico-secundario, medio superior y superior, capacitándose para brindar a sus familias y a su país un mejor futuro.

Múltiples son los riesgos de que los jóvenes no se encuentren en la escuela recibiendo una capacitación y educación de calidad.

El quehacer desde la trinchera educativa

De acuerdo con el Inegi, en el país el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 8.1 grados aprobados. Ello refleja una gran masa de jóvenes que no estudia más allá del nivel básico.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos que ante ello, desde el espacio educativo hay una posibilidad para evitar que en México se consolide e incremente en el corto y largo plazos el grupo social de jóvenes ni-ni.

Para ello es necesario generar un espacio propicio a través de la educación para hacer ver a los jóvenes que ésta, pese a la coyuntura económica, sigue siendo un medio para la “construcción de un proyecto de vida”, que puede ser complementado con el arte y la cultura.

Resolver el problema de la absorción, la eficiencia terminal y la calidad y cobertura educativa en todos los niveles es una de las grandes tareas del Estado. Sin duda, ofrecer respuestas correctas a la solución de estos problemas e implantarlas exitosamente brindaría una plataforma de apoyo indirecto al problema de la “naciente generación ni-ni mexicana”.

Esto deberá aplicarse de manera integral en todos los niveles educativos, en los cuales tenemos datos reveladores:

El nivel básico-secundario

• El nivel de educación básico-secundario es cursado generalmente por jóvenes de entre los 12 y 16 años.

• En el país contamos hoy con una cobertura de educación básica de cerca de 100 por ciento, con una matrícula de 25 millones 516 mil 150 estudiantes inscritos en 220 mil 348 escuelas, atendidas por 1 millón 144 mil 93 docentes.

• Lo idóneo es que al terminar este nivel de estudios, los jóvenes ingresen de inmediato en el nivel medio superior. Sin embargo, en el nivel básico hay una tasa de abandono escolar alarmante. Sin considerar los índices de reprobación –que alcanzan a 3.8 por ciento de la matrícula inscrita–, el abandono escolar o deserción sin duda comienza en este nivel: a los 15 años de edad. Este problema se encuentra ligado a la “consideración de que permanecer más años en la escuela no implica una verdadera ampliación de oportunidades”.

• Lo anterior también obedece en la gran mayoría de los casos a la lejanía de los centros escolares; al riesgo de bajos resultados continuos derivados de una baja calidad educativa, lo que se transforma en rezago y abandono; y a la falta de recursos económicos para sostener los estudios, con una consiguiente e inmediata necesidad de incorporarse a actividades remuneradas, que generalmente se dan en el sector informal.

Sólo 13.8 por ciento de los que no tienen educación básica puede tener contratos estables.

El nivel medio superior

• La educación media superior cuenta hoy con una cobertura de poco más de 60 por ciento; y la meta sectorial, pese a ser ambiciosa, queda muy por debajo de un índice de cobertura aceptable, pues pretende alcanzar 68 por ciento para 2012, para lo cual hace falta crear cerca de 330 mil espacios educativos.

• De acuerdo con el Inegi, la tasa de reprobación en este nivel de estudios es de 33.3 por ciento de la matrícula.

• A ello debe añadirse el índice de absorción respecto al siguiente nivel de estudios. Tan sólo en la zona metropolitana del valle de México, en el que se presentan los mayores niveles de escolaridad, de poco más de 154 mil alumnos que egresan de la educación media superior, ingresan en la superior 134 mil.

El nivel superior

• La educación superior atendió durante 2008 a una población total de 2.68 millones de jóvenes, en 2 mil 442 instituciones educativas, lo que significa una cobertura de 27.5 por ciento. La meta es que para 2012 tengamos una cobertura de 30 por ciento, la cual sigue siendo insuficiente para dar cabida a este nivel de estudios a todos los jóvenes que están en posibilidades de cursarlo.

• La eficiencia terminal se encuentra poco arriba de 60 por ciento y, de acuerdo con las autoridades educativas, la meta para 2012 es de sólo 70 por ciento.

• Sumado a ello, al egreso, 30.2 por ciento de las profesionistas y 21.7 de los profesionistas que se encuentran ocupados obtienen ingresos laborales de hasta 3 salarios mínimos.

• Se requiere también que las autoridades educativas federales, estatales y municipales refuercen los mecanismos de vinculación de la educación Superior y las Empresas. Actualmente, la SEP, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, cuenta con un proyecto al respecto que, pese a no haber mostrado resultados contundentes, podría considerarse, a fin de que los jóvenes egresados cuenten con un vínculo y preparación en las empresas antes de su egreso e ingreso en el mercado laboral.

Conclusiones

Sin duda, el fenómeno de la “naciente generación ni-ni mexicana” surgida como consecuencia de periodos astringentes de la economía y de los cambios en la estructura social derivados de éstos requiere cambios estructurales no sólo en el ámbito educativo sino en el laboral.

Pero recordemos que en periodos de crisis económica, cuando el mercado laboral y las expectativas de éste se encuentran contraídas, los países se encuentran en el mejor momento de capacitar y educar a su gente para que cuando la recuperación llegue, cuenten con una masa significativa de ciudadanos educados y preparados para apuntalar el de-sarrollo.

Por lo fundado y motivado, me permito proponer al pleno de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta respetuosamente al secretario de Educación Pública federal a llevar a cabo un análisis de la dimensión de la problemática de la “naciente generación ni-ni mexicana” en el marco de los tres niveles educativos, a fin de plantear posibles soluciones para debatirlas y exponerlas en un foro en el presente año, en colaboración con las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, de Cultura, y de Juventud y Deporte. El objetivo es no postergar la atención de este problema, tan delicado.

Segundo.Se exhorta respetuosamente al secretario de Educación Pública federal a hacer llegar a los integrantes de las comisiones mencionadas un catálogo de los programas públicos o acciones encaminadas a combatir la deserción escolar, incrementar la eficiencia terminal, mejorar la calidad educativa y vincular el ámbito educativo con el laboral para los tres niveles educativos. Lo anterior, a fin de contar con herramientas oficiales para el análisis y debate de posibles soluciones desde el ámbito educativo al problema de la “naciente generación ni-ni mexicana”.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al secretario de Educación Pública a considerar el diseño de una herramienta que por nivel educativo permita la identificación temprana de potenciales ni-ni para que éstos puedan ser atendidos desde el ámbito educativo a través de diversas ofertas culturales y deportivas, de la mano de un proyecto de tiempo completo en el nivel educativo correspondiente.

Notas:

1 Censo Nacional de Población y Vivienda (2007), datos preliminares del levantamiento muestral 2008.

2 Reporte Contra la pared, 2009.

3 Tomado del reporte Contra la pared, 2009 (INEE, 2009, indicador RE05).

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 28 de abril de 2010.— Diputados: Jaime Arturo Vázquez Aguilar, Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbricas).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. Por lo que se refiere a la proposición que ha expuesto ante la asamblea, como lo solicitó, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

EDUCACION SUPERIOR

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se recibe del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a vigilar las opciones por ofrecer a los jóvenes que no obtengan lugar en los concursos de selección para ingresar en la educación superior en el ciclo escolar 2010-2011 en la zona metropolitana del valle de México.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a vigilar las opciones por ofrecer a los jóvenes que no obtengan lugar en los concursos de selección para ingresar en la educación superior en el ciclo escolar 2010-2011 en la zona metropolitana del valle de México, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, Jaime Arturo Vázquez Aguilar, diputado en la LXI legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, por este conducto solicita respetuosamente a la Presidencia de esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Educación Pública federal a vigilar que las opciones educativas que se ofrecerán a los jóvenes que no obtengan un lugar en los concursos de selección para ingresar a la educación superior en el ciclo escolar 2010-2011 en la zona metropolitana del valle de México, sean en programas reconocidos por su buena calidad, tanto en las instituciones de educación superior públicas como en las particulares; al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la zona metropolitana del valle de México (ZMVM), se concentra la mayor proporción tanto de demanda como de oferta de matrícula en educación superior en el país.

Respecto a la matrícula total inscrita en educación superior, la ZMVM tiene poco más del 20 por ciento del total nacional.

Para darnos una idea de la magnitud de este porcentaje, las más recientes cifras oficiales que son públicas y que corresponden al ciclo escolar 2007-2008, nos dicen que la matrícula de educación superior en el DF era de 387 mil 401 alumnos, de los cuales el 22.6 por ciento era de nuevo ingreso (87 mil 730).

Sumado a éstas cifras, la matrícula de educación superior en el estado de México (que se considera dentro de la ZMVM), era de 188 mil 846 alumnos, de los cuales el 24.4 por ciento eran de nuevo ingreso (46 mil 262).

En conjunto, si nos referimos a la ZMVM, había 133 mil 992 alumnos de nuevo ingreso, de los cuales el 35.1 por ciento se encontraban inscritos en Instituciones de Educación Superior Particulares (47 mil 79) y el 64.8 por ciento (86 mil 913) en el sistema público.

Por otro lado, el total de egresados de la educación media superior (EMS), quienes representaban la demanda potencial para el siguiente nivel de estudios, era de 154 mil 672 alumnos, de los cuales ingresaron a la Educación Superior poco más del 80 por ciento. Si bien esto implica que existe un índice de absorción alto, todavía 1 de cada 5 aspirantes ve truncado su sueño de estudiar en una Institución de Educación Superior.

Tomando en cuenta el crecimiento de la demanda de educación superior, derivado del bono demográfico, podemos considerar que estas cifras no se alejan mucho de la realidad que se vive en el presente ciclo escolar 2009-2010.

El proceso de selección 2010 para la Educación Superior en la ZMVM

En la UNAM, 115 mil 737 egresados de la EMS realizaron examen para ocupar un lugar en el siguiente nivel de estudios. De éstos, tan sólo fueron seleccionados 10 mil 350, es decir el 8.9 por ciento. Es así que, al día de hoy, existen 105 mil 386 estudiantes que “no cuentan con” y “están en busca de” una opción educativa.

El 4 de abril la UAM publicó los resultados de su primer proceso de selección anual (para ingresar el mes de mayo) y publicará una lista complementaria el día 21 de abril. En este primer proceso participaron poco más de 40 mil estudiantes.  El segundo proceso de selección se lleva a cabo en el mes de mayo para ingresar en septiembre.

El Instituto Politécnico Nacional (IPN), inició su proceso de registro de aspirantes al nivel superior, el 14 de marzo y asignará fechas y lugar de examen del 24 al 28 de mayo. Se espera que cerca de 80 mil alumnos presenten el examen para competir por uno de los 21 mil espacios con que cuenta esta institución educativa. Los resultados serán publicados en el mes de julio.

Compañeros legisladores, está por venir, como cada año sucede, un movimiento de jóvenes excluidos de una oportunidad educativa. No debemos esperar que el problema crezca o se enfrente con mecanismos improvisados.

En el mediano plazo, es posible impulsar esquemas como el de los “sistemas abiertos y a distancia” que permitan ampliar las opciones para cursar la educación superior. Sin embargo, al día de hoy tenemos un problema que requiere de soluciones inmediatas. En el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza estamos ciertos de que nuestros jóvenes no pueden esperar.

Sabemos que la SEP, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, realiza año con año enormes esfuerzos para dar solución a este conjunto de jóvenes ávidos de estudiar y de una oportunidad que les permita formarse para el futuro.

De entre los esfuerzos destacan:

1. Ofrecer lugares en los Institutos Tecnológicos del DF y zona conurbada.

2. A través de una negociación con la Federación Mexicana de Instituciones Particulares (Fimpes), obtiene un número significativo de descuentos en la colegiatura, aplicable a lo largo de toda la licenciatura y condicionado a que el estudiante mantenga un promedio de 8.

En el primero de los casos, al tratarse de instituciones públicas dependientes del Gobierno Federal, éstas se ven obligadas a acatar de forma irrestricta todos los procesos establecidos por la autoridad educativa federal a fin de garantizar la calidad de sus programas educativos.

En el segundo de los casos, esto no puede ocurrir de manera directa, puesto que no se pueden ejercer mecanismos generalizados de coerción para que las instituciones particulares se sometan a procesos de certificación de la calidad de los programas que imparten. Sin embargo, la SEP ya tiene identificadas a un conjunto de Instituciones Educativas Particulares que se están incorporando a los procesos de evaluación y acreditación de calidad.

Hoy más que nunca tenemos que impulsar estrategias para formar más y mejores profesionistas y debemos cerciorarnos de que lo que el Estado haga al respecto sea bajo la más estricta condición de calidad.

Si bien se debe buscar que en un futuro no muy lejano no exista ni un sólo joven que desee estudiar el nivel superior y no encuentre espacio para hacerlo; en el ciclo escolar 2010-2011, se debe buscar que todos y cada uno de los espacios que se ofrezcan como alternativa para aquellos que en los correspondientes procesos de selección no obtuvieron un lugar, sean de calidad.

Por lo expuesto, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta al secretario de Educación Pública federal a vigilar que las opciones educativas que se ofrecerán a los jóvenes que no obtengan un lugar en los concursos de selección para ingresar a la educación superior en el ciclo escolar 2010-2011, en la zona metropolitana del valle de México; sean en programas reconocidos por su buena calidad, tanto en las instituciones públicas de educación superior como en las particulares.

Notas:

1 La ZMVM se compone por las 16 dlegaciones del DF y los siguientes municipios del etado de México: Naucalpan de Juárez, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Nezahualcoyotl, Tlanepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Texcoco, Huixquilucan, Tecamac, Zumpango, Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Nicolás Romero, Amecameca,Chimalhuacán, Valle de Chalco Solidaridad, Axapusco,Teoloyucan, Tultitlán, Ozumba, Tepoztlán, Teotihuacán, Tenango del Valle, Isidron Fabela, Cuautitlan, Huehuetoca.

2 Estas cifras no consideran la matrícula que cursó el nivel medio superior en las preparatorias de la UNAM y que obtienen el llamado “pase automático”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2010.— Diputados: Jaime Arturo Vázquez Aguilar, Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbricas).»

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Y como lo ha solicitado también, y por ser procedente, también se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SEP a que vigile las opciones educativas que se ofrecerán a los jóvenes que no obtengan un lugar en los concursos de selección para ingresar a la educación superior en el ciclo escolar 2010-2011, en la zona metropolitana del Valle de México.

Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.— Primer Año de Ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Jueves 29 de abril de 2010.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Los asuntos no abordados y los demás con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Felipe Solís Acero (a las 18:11 horas): Gracias, señora secretaria. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves 29 de abril a las 11 horas.  Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 de la mañana.

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RESUMEN DE TRABAJOS • Tiempo de duración: 6 horas 34 minutos • Quórum a la apertura de sesión: 287 diputados • Asistencia al cierre de registro:  457 diputados • Verificación de quórum: 270 • Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 5 • Oradores que participaron: 153 PRI          95 PAN        15 PRD        25 PVEM       8PT               4NA             5Conv.         1 Se recibieron o presentaron: • 1 oficio del procurador General de Justicia del Estado de Sonora con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados; • 1 minuta con proyecto de decreto; • 32 iniciativas del PRI; • 2 iniciativas del PAN; • 6 iniciativas del PRD; • 1 iniciativa del PVEM; • 2 iniciativas del PT; • 1 comunicación del presidente de la Comisión de la Función Pública por la cual solicita que se retire del orden del día el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 80 y 82 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y se devuelva a la Comisión; • 68 proposiciones con puntos de acuerdo Dictámenes de primera lectura: • 1 de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación; • 1 de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Seguridad Pública, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales; • 1 del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios; Dictámenes aprobados: • 4 dictámenes negativos con los que se desechan proposiciones con puntos de acuerdo; • 1 de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Seguridad Pública, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales; • 1 del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios