SUMARIO

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Presidencia del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña

ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 270 diputados. Por tanto, hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña(11:02 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.— Primer Año de Ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Martes 9 de febrero de 2010.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Procuraduría General de la República.

Del Instituto Federal Electoral

Protesta de ciudadanos diputados.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: Karina Granados Galeana, Juan Alvarado Limón, Gustavo Courrech Leal, Daniel Ruvalcaba Salazar y Rafael Efrén Alcocer Ravell, puedan prestar servicios en las Embajada de Estados Unidos de América en México, en la Embajada de la Gran Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista en México y en los Consulados de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas y en Mérida Yucatán. (Turno a Comisión)

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente.

Oficio del Congreso del estado de Puebla

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente.

Oficio de la Cámara de Senadores

Con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso i) del artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por el senador Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Minutas

Con proyecto de decreto que reforma el artículo 4 de la Ley que aprueba la adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución. (Turno a Comisión)

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado José Adán Rubí Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a cargo de la diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo del diputado Adán Augusto López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 4o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Luz Carolina Gudiño Corro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 34 y 74 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gastón Luken Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 5o. de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 51 Bis 4 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal de Asistencia a Madres Solteras Jefas de Familia, a cargo del diputado Alejandro Carabias Icaza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Inversión Extranjera, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 10 y 18 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por los diputados Gabriela Cuevas Barrón y Jesús Ramírez Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona diversas disposiciones al Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Dictamen de primera lectura

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la STPS con relación a la pérdida de empleos y la estrategia anunciada por el presidente de la república en su mensaje de año nuevo, así como para que informe sobre la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y la asunción de sus funciones por la CFE, a cargo del diputado Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a realizar lo conducente a efecto de evitar el daño ecológico, económico y social a la zona denominada Sierra de la Laguna, en Baja California Sur, con el establecimiento del proyecto minero Paredones Amarillos, a cargo de la diputada Esthela de Jesús Ponce Beltrán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al control de precios de los productos de la canasta básica, a cargo del diputado Francisco Ramos Montaño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a fin de uniformar los contratos de franquicia y suministro establecidos con las estaciones de servicio del país; y a la SE y a la Sener, a emitir las normas oficiales mexicanas que certifiquen los volúmenes entregados por Pemex Refinación a las gasolineras; y a la Comisión Federal de Competencia, a la CNBV, a la Condusef y a la SHCP, a impulsar la compra de gasolinas y diesel con el uso de tarjetas de crédito y débito, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a coordinarse con el del Estado de San Luis Potosí, a través de la Semarnat y de la Profepa, para elaborar e implementar un programa de acción para la conservación de las especies silvestres en peligro de extinción, así como estrategias para combatir su venta ilegal en el municipio de Guadalcázar, de esa entidad, a cargo del diputado Juan Pablo Escobar Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al libro blanco del Instituto Federal Electoral, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener a revisar, a través de la Comisión Reguladora de Energía y a la Profeco, las condiciones de operación comerciales y de establecimiento del precio de venta de la empresa Gas Natural de Juárez, SA de CV, y de resultar procedente, se sancione mediante la cancelación de la concesión, a cargo de la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la STPS para que coordine y elabore un programa de empleo para los jóvenes del país, con la participación que corresponda a las demás entidades del gobierno federal, tomando en cuenta la asignación de recursos del Presupuesto para 2010, a cargo del diputado Onésimo Mariscales Delgadillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ALDF a reformar el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a efecto de que el presupuesto ejercido por los entes públicos sea publicado a nivel partida presupuestal y por unidad administrativa responsable de ejecutarlo, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que solicita a los titulares de la PGR y de la SSP que, en su calidad de miembros de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, continúen llevando a cabo las acciones pertinentes, en conjunto con los demás miembros de la comisión, den protección y asistencia a las víctimas de este delito e impulsen programas en forma permanente con el propósito de prevenir dicho ilícito, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia de la titular de la Sener, a fin de puntualizar la estrategia petrolera, la implementación de las reformas en materia de energía aprobadas por esta soberanía y los conflictos de su gobierno corporativo, a cargo del diputado Ramón Ramírez Valtierra, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SSP y al Gobierno del estado de Sinaloa a llevar a cabo una investigación e implementar medidas para deslindar responsabilidades a todos aquellos policías que extorsionan al autotransporte público de carga en dicho estado, a cargo del diputado Adolfo Rojo Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos del estado de México y del Distrito Federal a realizar una investigación sobre las corporaciones policíacas y se deslinden responsabilidades a todos aquellos agentes de tránsito que abusan y extorsionan a los conductores con placas de otros estados que circulan por su jurisdicción, a cargo de la diputada Adriana Fuentes Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la SHCP a llevar a cabo un estudio integral para la aplicación de tarifas de peaje diferenciadas, como medida para incentivar al sector del autotransporte, el cual ha sido afectado por la crisis económica, a cargo del diputado Gumercindo Castellanos Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a considerar prioritario, a través del programa Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, haciendo uso de los recursos asignados para Ejercicio Fiscal 2010, el apoyo a la comercialización de trigo de productores del Valle de Mexicali, Baja California, a cargo del diputado Sergio Tolento Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a liberar, a través de la Segob, los recursos del Fonden para el municipio de Tijuana, que ha sido afectado por un nuevo frente frio y lluvias de fuertes a intensas y poder atender la contingencia en dicha entidad federativa, a cargo del diputado Óscar Martín Arce Paniagua, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a las autoridades federales y estatales que intensifiquen las labores de investigación de los asesinatos de periodistas que han sido radicados bajo su jurisdicción y que aún se encuentran pendientes de resolver, a cargo de la diputada María Yolanda Valencia Vales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares del Ejecutivo federal, de la Segob, de la SSP y de la SS diversos informes con el fin de esclarecer los trágicos asesinatos de dieciséis adolescentes en Ciudad Juárez en días recientes, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Gobierno del Estado de Durango a informar a esta soberanía sobre los hechos ocurridos el pasado 20 de enero en el Cereso número 1, así como el avance y resultado de las investigaciones, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sedesol y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que proporcionen información concreta sobre la utilización de los datos de medición de pobreza, las correcciones, modificaciones y/o supresiones de programas que hayan sido resultado de la aplicación de dichas evaluaciones, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al incumplimiento del gobierno federal del envío del Plan de Reducción de Emisiones a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, a cargo del diputado Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la PGR que envíe un informe detallado sobre el estado que guarda la denuncia presentada por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Legítimo, sobre quiénes causaron la actual tragedia nacional, a cargo del diputado Mario di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol y a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra a abocarse a la reubicación del asentamiento humano en zona federal que se encuentra sobre la avenida las Torres, en el tramo comprendido entre Bordo de Xochiaca y la avenida Texcoco, Ciudad Nezahualcóyotl, estado de México, a cargo del diputado Omar Rodríguez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobernador del estado de Chihuahua a rendir un informe detallado y puntual sobre las investigaciones relativas a la masacre de jóvenes ocurrida el pasado 31 de enero de 2010 en Ciudad Juárez, así como crear una Comisión Especial para dar seguimiento a dichos asesinatos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol, así como a la Comisión de Desarrollo Social de esta soberanía a crear un programa especial en apoyo a migrantes que a causa de la crisis económica mundial quedaron sin empleo y están de vuelta en nuestro país, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la SCT ante el Pleno de esta soberanía a efecto de que explique por qué tuvo un subejercicio en 2009 de cerca de quince mil millones de pesos, a cargo del diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo Nacional de Energía para que, en la estrategia nacional de energía que envíe al Congreso para su ratificación, considere la propuesta alternativa que se presenta, y que la Comisión de Energía de esta Soberanía atienda este proyecto en el dictamen correspondiente, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y suscrita por diputados integrantes diversos Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados a dictaminar el proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo 4 y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 constitucionales y se amplíe el turno a la Comisión de Juventud y Deporte para que emita su opinión al respecto, suscrita por la diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se insta al Conacyt a otorgar a los beneficiarios la prórroga de la beca de manutención por un año a que tienen derecho para la conclusión de sus estudios de posgrado, a cargo de la diputada Mary Telma Guajardo Villareal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se establece el procedimiento de foro, preguntas a funcionarios y dictaminación que debe seguir la Comisión de Energía en la ratificación, modificación o rechazo de la estrategia nacional de energía, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a instruir para que la Secretaría de Salud informe a esta soberanía sobre los recursos que hubiere utilizado el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, a fin de atender las acciones derivadas del brote de influenza atípica; así como respecto de los mecanismos que se estén implementando, en su caso, para recuperar los recursos respectivos al Fideicomiso Administrador del Fondo y las acciones futuras derivadas del mismo, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a entregar a esta soberanía, a través de Petróleos Mexicanos, un informe detallado sobre los avances en la exploración y explotación de los yacimientos transfronterizos compartidos con los Estados Unidos de América y Cuba, a cargo del diputado Rafael García Bringas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob y a la SHCP que destinen una partida presupuestal del Fonden para sufragar los gastos de capacitación, técnicas de rescate, paramédicas, primeros auxilios, así como para equipo y medicamentos de la brigada de rescate Topos Tlatelolco, AC, entre otras, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a incrementar, a través de la Secretaría de Salud, las acciones para la detección, prevención, tratamiento y control del cáncer con programas de difusión dirigidos a la población, así a mejorar la infraestructura, el equipamiento, aumento del personal de salud y surtimiento de medicamentos, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que el IMSS preserve su responsabilidad respecto a las guarderías subrogadas, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la SHCP que informe sobre la situación de las inversiones realizadas por el IMSS en la empresa Metromedia, a cargo del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se propone la inclusión de un cuadro con la imagen de la primera mujer diputada federal, Aurora Jiménez de Palacios, en el vestíbulo del auditorio del edificio E del Palacio Legislativo de San Lázaro, dentro del marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Equidad y Género. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita que se reinstale la mesa de diálogo de la honorable Cámara de Diputados con el Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, a cargo del diputado Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y suscrito por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al GDF y a la titular de la delegación Iztapalapa a intensificar las labores de apoyo y rescate a los ciudadanos afectados por las inundaciones ocasionadas por las intensas lluvias en esta demarcación territorial, a cargo de la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a realización de un homenaje a las personas de 100 años o más, con motivo de la celebración del centenario de la revolución mexicana, así como la realización de una campaña nacional permanente para regularizar a los adultos mayores ante el Registro Civil de forma gratuita, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la NOM-059-SEMARNAT-2001, con las modificaciones acordadas por el Grupo Técnico de Trabajo para la recategorización de riesgo de las especies de manglares, a cargo del diputado Alejandro Carabias Icaza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a estudiar la suspensión de la fracción III del artículo 109 de Ley del Impuesto Sobre la Renta, en virtud de que grava los ingresos provenientes de los ahorros de toda la vida de los Pensionados del IMSS, a los que oportunamente se les aplicó el impuesto en comento, a cargo del diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al Director General de la Conagua para que explique, en el ámbito de su competencia, las causas de las inundaciones en el estado de Tabasco durante 2007, 2008 y 2009, así como las recientemente registradas en el Distrito Federal y en los estados de México y de Michoacán, a cargo del diputado Pedro Jiménez León, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal, de la SEGOB y de la Sagarpa a destinar mayores recursos para atender la urgencia que se presenta en el estado de Michoacán con motivo de las afectaciones por las precipitaciones pluviales, a cargo de la diputada Jeny de los Reyes Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al jefe de Gobierno del Distrito Federal, con relación a la situación provocada por las lluvias registradas en la ciudad de México los días 3 y 4 de febrero de 2010, en el caso de las delegaciones Iztapalapa y Venustiano Carranza, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y a la SHCP a liberar los recursos del Fonden, para la atención de los afectados por las torrenciales lluvias de los días 3 y 4 de febrero de 2010 en los estados de México y de Michoacán, y en el Distrito Federal; asimismo se solicita que sean revisadas las reglas de operación y los procedimientos administrativos de liberación de estos recursos para que las entidades federativas puedan afrontar adecuadamente las emergencias causadas por fenómenos naturales, a cargo de los diputados José Luis Jaime Correa, Emiliano Velázquez Esquivel y Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se propone la conformación de un grupo consultivo de legisladores para debatir y resolver los vacíos legislativos en materia migratoria, a cargo de la diputada Caritina Sáenz Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la CFE y a la Comisión Reguladora de Energía a reestructurar las tarifas en favor de los usuarios del estado de San Luis Potosí, a cargo del diputado Sabino Bautista Concepción, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Gobiernos del Distrito Federal y de la delegación Iztapalapa a permitir y garantizar el paso de la brigadas de ayuda que acuden a auxiliar a la población afectada por las lluvias y las inundaciones de la semana del 1 al 5 de febrero de 2010, a cargo de la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la creación de la Comisión Nacional de Control y Seguimiento a la Comercialización del Café, así como la operación de un fondo de contingencia para el fortalecimiento de su precio en el país, a cargo del diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos de los 31 estados de la república y del Distrito Federal, que no hubiesen elaborado sus respectivos programas de derechos humanos para que, en la medida de sus atribuciones, elaboren y expidan los mismos con el fin de coadyuvar y fortalecer los propósitos establecidos en el Programa Nacional de Derechos Humanos, a cargo del diputado Juan Pablo Escobar Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implementar campañas de difusión a favor de la donación de órganos, así como la de realizar las acciones necesarias para la creación de estos servicios en los hospitales, a cargo del diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a llevar a cabo una investigación sobre las empresas que participan en la licitación para la adquisición de etanol y considerar dichos resultados en la emisión del fallo correspondiente, suscrito por los diputados Gerardo Sánchez García y Cruz López Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a emitir, a través de la Segob y de la Coordinación General de Protección Civil, la declaratoria de emergencia y liberar los recursos del Fonden para atender al municipio de Chilpancingo de los Bravo, estado de Guerrero, con motivo del desastre ocurrido por las intensas lluvias acontecidas entre el 2 y 4 de febrero de 2010, a cargo del diputado Mario Moreno Arcos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal, de la Sagarpa y de la Conagua a revisar la metodología y criterios aplicados en la evaluación de las afectaciones a la zona cafetalera nacional durante las últimas heladas y se cubran los siniestros existentes, a cargo del diputado Cruz López Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Excitativa

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Jesús Ramírez Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Agenda política

Comentarios con relación al 93 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Comentarios con relación a las inundaciones que han afectado a diversas regiones del territorio nacional en los pasados días, a cargo del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Solicito a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves cuatro de febrero de dos mil diez, correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura

Presidencia del diputadoFrancisco Javier Salazar Sáenz

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 291 diputadas y diputados, a las 11 horas con 28 minutos del jueves 4 de febrero de 2010, el presidente declaró abierta la sesión.

En votación económica se dispensó la lectura del orden del día y enseguida del acta correspondiente a la sesión anterior, que se aprobó de la misma manera.

Se dio cuenta con comunicaciones de la Mesa Directiva, en relación con dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo, que se publicaron en la Gaceta Parlamentaria el miércoles 3 de febrero de 2010, de las Comisiones de Agricultura y Ganadería, de Economía, de Energía, y de Juventud y Deporte.

Presidencia del diputadoFrancisco Javier Ramírez Acuña

Publíquese en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos concluidos.

El presidente informó a la asamblea que la ciudadana María Matilde Maricel Díaz de León Macías, diputada federal suplente se encontraba a las puertas del salón de sesiones y designó una comisión para introducirla al recinto. Acto seguido rindió protesta y entró en funciones.

La Junta de Coordinación Política, puso a consideración de la asamblea los siguientes cambios de los diputados:

Del Partido Verde Ecologista de México.

• Álvaro Raymundo Vargas Sáenz cause baja como secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores y, en su lugar, cause alta la diputada Caritina Saénz Vargas.

• Álvaro Raymundo Vargas Sáenz cause baja como integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y, en su lugar, cause alta la diputada Caritina Saénz Vargas.

• Álvaro Raymundo Vargas Sáenz cause baja como integrante de la Comisión de Marina y, en su lugar, cause alta la diputada Caritina Saénz Vargas.

• Carolina García Cañón cause baja como secretaria de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y, en su lugar, cause alta el diputado Alejandro del Mazo Maza.

• Carolina García Cañón cause baja como integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología y, en su lugar, cause alta el diputado Alejandro del Mazo Maza.

• Carolina García Cañón cause baja como integrante de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo y, en su lugar, cause alta el diputado Alejandro del Mazo Maza.

• Mariana Ivette Ezeta Salcedo cause baja como secretaria de la Comisión de Salud y, en su lugar, cause alta el licenciado Carlos Alberto Ezeta Salcedo.

• Mariana Ivette Ezeta Salcedo cause baja como integrante de la Comisión de la Función Pública y, en su lugar, cause alta el diputado Carlos Alberto Ezeta Salcedo.

• Mariana Ivette Ezeta Salcedo cause baja como integrante de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y, en su lugar, cause alta el diputado Carlos Alberto Ezeta Salcedo.

En votación económica se aprobó.

Se dio cuenta de comunicación de la Junta de Coordinación Política por la que informa que la propuesta de los consejeros del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral ha sido modificada para quedar de la siguiente manera:

Propietario: Senador Arturo Escobar y Vega.

Suplentes: Diputados Diego Guerrero Rubio y Alejandro Carabias Icaza.

Se dio cuenta con oficio del Instituto Nacional de Migración con el que remitió contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, en relación con la vigilancia de los aeropuertos en México. Se remitió al promovente, para su conocimiento.

Se dio cuenta con oficios de la Secretaría de Gobernación:

• Por el que solicita permisos constitucionales necesarios para que ciudadanos mexicanos pueden prestar servicios en diversas sedes diplomáticas en México e informa que otros ciudadanos dejan de prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América. Las solicitudes de permiso se turnaron a la Comisión de Gobernación, por lo que se refiere a los ciudadanos que dejan de prestar servicios, se remitió a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

• Con el que envía el Informe Semestral de Avances y Estado que Guarda el Proceso de Liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, abril-septiembre de 2009. Se remitió a la Comisión de Transportes para su conocimiento.

• Con el que remitió contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados de la Secretaría de Economía, relativo a la reactivación económica, para el estado de Oaxaca. Se remitió a la Comisión de Economía para su conocimiento.

• Con los que remitió contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente de la Secretaria de Salud, relativo a la construcción de hospital. Se remitió al promovente para su conocimiento

• Con el que remitió contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente en relación a los avances en la implantación del nuevo modelo de justicia penal. Se remitió al promovente pasa su conocimiento.

Se dio cuenta con oficio de la Cámara de Senadores por el que comunica la apertura de su segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura. De enterado.

Se dio cuenta con las siguientes iniciativas con proyectos de decreto de los diputados:

• Ignacio Téllez González, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo 124 y adiciona un artículo 124 Ter a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Justicia

• Tomasa Vives Preciado, en nombre propio y de la diputada Sonia Mendoza Díaz, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad. Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

• Ovidio Cortázar Ramos, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo 46 Bis-1 de la Ley de Instituciones de Crédito. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Baltazar Martínez Montemayor, del Partido Acción Nacional, que adiciona un artículo 17 Bis a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Agustín Castilla Marroquín, del Partido Acción Nacional, que adiciona un artículo 203 Ter, y reforma el artículo 204 del Código Penal Federal. Se turnó a la Comisión de Justicia.

• Javier Duarte de Ochoa, del Partido Revolucionario Institucional, que expide la Ley de Asociaciones Público-Privadas para Proyectos de Infraestructura y de Prestación de Servicios. Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y de Crédito Público y de la Función Pública, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Velia Idalia Aguilar Armendáriz, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turnó a la Comisión de Equidad y Género.

• Víctor Humberto Benítez Treviño, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley Federal de Extinción de Dominio y expide la Ley General de Protección a Víctimas del Delito. Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, de Seguridad Pública y de Derechos Humanos, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• José Adán Ignacio Rubí Salazar, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

A las 12 horas con 58 minutos, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de 425 diputadas y diputados.

• José Luis Jaime Correa, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos 34 y 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

• Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo, que expide la Ley de Precios Competitivos, acepta interpelación del diputado Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática. Se turnó a la Comisión de Economía, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Elsa María Martínez Peña, de Nueva Alianza, que reforma el artículo 22 de la Ley General de Desarrollo Social. Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

• Alejandro Gertz Manero, de Convergencia, que reforma el artículo 40 y deroga los artículos 41, 42 y 43 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Se turnó a la Comisión de la Función Pública.

• Éric Luis Rubio Barthell, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Gobernación.

• Indira Vizcaíno Silva, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turnó a la Comisión de Gobernación.

Se recibió del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, de Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 10 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se turnó a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Trabajo y Previsión Social.

Se dio cuenta con las siguientes proposiciones con puntos de acuerdo de los diputados:

• Benjamín Clariond Reyes Retana, en nombre propio y de diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se evite, o en su caso, se deje sin efecto el nombramiento de Seferino Salgado Almaguer como delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Nuevo León.

Presidencia del diputadoFelipe Solís Acero

En votación económica se consideró de urgente resolución. Se concedió el uso de la tribuna al diputado Camilo Ramírez Puente, del Partido Acción Nacional. Se consideró suficientemente discutido y en votación económica se aprobó. Comuníquese.

• Ramón Jiménez López, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a evitar un golpe de mano en contra de las huelgas de los mineros de Cananea, Sombrerete y Taxco, a fin de que prevalezcan en todo momento las vías del dialogo y la legalidad. En votación económica se consideró de urgente resolución. Se considera suficientemente discutido y en votación económica se aprobó. Comuníquese.

• Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que requiera a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, para que de manera inmediata ofrezcan disculpas públicas y reivindiquen el nombre, prestigio y honor de los 15 servidores públicos de Michoacán que fueron liberados por resultar inocentes de las acusaciones vertidas en su contra, en el marco del operativo de combate al narcotráfico que se llevó a cabo en dicha entidad en mayo de 2009, por el cual se vieron injustamente recluidos por más de 8 meses, que fueron puestos en libertad en días recientes. En votación económica se consideró de urgente resolución. Se concedió el uso de la tribuna a los diputados: Víctor Manuel Báez Ceja, del Partido de la Revolución Democrática y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo. Se consideró suficientemente discutido y en votación económica se aprobó. Comuníquese.

• Jaime Fernando Cárdenas Gracia, en nombre propio y de diputados integrantes del Partido del Trabajo, para que el presidente de la Mesa Directiva de esta soberanía, presente en tiempo y forma controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de las disposiciones administrativas de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, publicadas el miércoles 6 de enero de 2010 en el Diario Oficial de la Federación. Desde su curul hace comentarios de procedimientos el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

Se incorporaron en el orden del día los siguientes asuntos a solicitud de la Junta de Coordinación Política:

• Proposición con punto de acuerdo para crear una Comisión Especial para el fomento de las energías renovables, suscrita por el diputado Jaime Álvarez Cisneros, de Convergencia. Se turnó a la Junta de Coordinación Política

• Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo federal, para que –a través de la Secretaría de Gobernación– para que emita la declaratoria de emergencia, por el desastre natural en diversos municipios del estado de Nayarit, así mismo para que libere recursos del fondo de desastres naturales con el objetivo de atender la contingencia generada por las intensas lluvias en estos municipios. En votación económica se aprobó. Comuníquese.

Continuó la presentación de proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

• Jaime Flores Castañeda, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Secretaría de Economía, que promuevan la producción, venta y uso de juguetes que sirvan para ejercitar y estimular la mente y despierten en niños, niñas y adolescentes el respeto a la vida, la lealtad, el respeto al adversario, la comprensión, la tolerancia y el entendimiento entre los hombres. Se turnó a la Comisión de Economía.

• César Augusto Santiago Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, relativo a la seguridad de México. Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

Se sometió a consideración de la asamblea proposición de acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que emita declaratoria de desastre natural en los municipios de Tuxpan, Angangueo y aledaños a la ribera del río Tuxpan, en Michoacán, y en el municipio de Nezahualcóyotl, estado de México. En votación económica se aprobó. Comuníquese.

Se recibió del diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, de Nueva Alianza, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que incremente los recursos para prevenir y atender a las víctimas de cáncer. Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

Se refirieron al tema del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer los diputados: Liev Vladimir Ramos Cárdenas, de Nueva Alianza; Martha Ifigenia Martínez Hernández, del Partido del Trabajo; María del Rosario Brindis Álvarez, del Partido Verde Ecologista de México; Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez; del Partido de la Revolución Democrática; María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, de Convergencia; Leandro Rafael García Bringas, del Partido Acción Nacional y María Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional.

Se refirieron al acuerdo aprobado relativo al desastre natural en municipios de Michoacán y en el de Nezahualcoyotl, estado de México, los diputados: Omar Cisneros Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional; Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional; y María Dina Herrera Soto, del Partido de la Revolución Democrática.

La Secretaría dio lectura al orden del día de la próxima sesión.

El presidente clausuró la sesión a las 15 horas con 50 minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el martes 9 de febrero de 2010 a las 10:00 horas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada el acta.

Continúe la Secretaría con comunicaciones.

CAJAS DE AHORRO

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.

Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión.— Presente

Por medio del presente y en atención a su oficio número D.G.P.L.61-II-8-1-198, por medio del cual comunica el punto de acuerdo aprobado por ese órgano legislativo en sesión celebrada el 20 de enero del año en curso, fechado el 19 de octubre del año en curso, consistente en

Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45, y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al gobernador de Puebla, a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y de la Procuraduría General de la República que informen a la mayor brevedad a esta soberanía sobre el conocimiento que tenga en relación con quejas o reclamaciones presentadas por diversos afectados por las actividades de Financiera Coofia, Grupo Bienestar Social La Paz, SC, Grupo Sigma y Grupo Inmobiliario Verhome, SA de CV, conocido como Ivergroup, así como de las acciones y medidas que se hayan implantado o se tenga proyectado realizar para atender dichas reclamaciones y proveer en los casos que proceda, el resarcimiento del daño patrimonial de las personas eventualmente defraudadas.

Segundo.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45, y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y de la Procuraduría General de la República que informen a la mayor brevedad a esta soberanía sobre el conocimiento que tengan en relación con quejas o reclamaciones presentadas por diversos afectados por las actividades de la caja de ahorro Unión de Crédito Monterrey, SA de CV (Ucrem).

Al respecto me permito informar que en virtud de tratarse de información clasificada como reservada y confidencial, esta autoridad podría incurrir en una causa de responsabilidad administrativa o, incluso, penal, de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales que a la letra dice:

Articulo 16... Al expediente de averiguación previa únicamente tendrán acceso el inculpado, su defensor y la víctima y ofendido o su representante legal. La averiguación previa, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, y los objetos, registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados son estrictamente reservados.

... En ningún caso se podrá hacer referencia a información confidencial relativa a los datos personales del inculpado, víctima u ofendido, así como testigos, servidores públicos o cualquier persona relacionada o mencionada en la indagatoria.

El Ministerio Público no podrá proporcionar información una vez que se haya ejercitado la acción penal a quien no esté legitimado.

Al servidor público que quebrante la reserva de la información de la averiguación previa o proporcione copia de los documentos que contenga, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal que corresponda.

Aunado a lo anterior, los peticionarios no cuentan con el carácter de inculpado, defensor, víctima, ofendido o representante legal para tener acceso a la indagatoria o proporcionar la información solicitada. Por lo anterior, no es posible dar cumplimiento a su solicitud, ya que dicha información se considera protegida por los preceptos legales antes invocados y, por lo cual, al proporcionarla, se incurriría en actos ilícitos atribuibles a la persona que los proporcione, ya sea servidor público o cualquier persona que obtenga o difunda dicha información, ya que no se contaría con la autorización correspondiente de quien legalmente la pueda proporcionar.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 29 enero de 2010.— Doctora María Delia Román Lugo Cortés (rúbrica), encargada del Despacho de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase al promovente para su conocimiento.

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Instituto Federal Electoral.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del doctor Leonardo Valdés Zurita, presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, y con fundamento en el artículo 129, párrafo 1, inciso j) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, me refiero a su oficio número LX-III/PMD-ST/0050/ 08, de fecha 2 del mes y año en curso, mediante el cual solicita se le informe los nombres de los diputados federales propietario y suplente integrantes de la fórmula que sigue en el orden de la lista regional respectiva que haya registrado el Partido Verde Ecologista de México para la conformación de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados.

Lo anterior, de conformidad con el resolutivo segundo del “acuerdo de la Mesa Directiva relativo a la vacante de diputado del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía”, aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados en sesión de fecha dos de febrero del año en curso.

Al respecto, con fundamento en el artículo 20, párrafo 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, informo a esa soberanía que la fórmula del Partido Verde Ecologista de México que sigue en el orden de la lista regional correspondiente a la primera circunscripción, se encuentra integrada por los ciudadanos Ledesma Romo Eduardo y San Román Flores Mariano, propietario y suplente, respectivamente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 3 de febrero de 2010.— Licenciado Antonio Horacio Gamboa Chabbán (rúbrica), director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, secretario. Llámese al ciudadano Eduardo Ledesma Romo, diputado propietario de la primera circunscripción plurinominal, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

DIPUTADO SUPLENTE QUE SE INCORPORA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Señoras diputadas y señores diputados, se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos Pedro Ávila Nevárez, diputado suplente electo en el IV distrito del estado de Durango, y Eduardo Ledesma Romo, diputado electo en la primera circunscripción plurinominal.

Designamos en comisión para que los acompañen en el acto de rendir protesta de ley para entrar en funciones a los siguientes diputados: José Ricardo López Pescador, Guillermo Cueva Sada, diputada Cora Pinedo Alonso y diputada Norma Leticia Orozco Torres. Les pido que cumplimenten la comisión encargada.

(La comisión cumple con su encargo)

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:Se pide a los presentes ponerse de pie.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Ciudadanos Pedro Ávila Nevárez y Eduardo Ledesma Romo, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Los ciudadanos Pedro Ávila Nevárez y Eduardo Ledesma Romo: Sí, protesto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí así no lo hicieren que la nación se los demande.

Muchas gracias. Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

REPRESENTANTES DEL PODER LEGISLATIVO

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente

Por este conducto y en atención al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado el pasado 10 de diciembre de 2009, relativo al representante del Poder Legislativo de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ante el Consejo Técnico Consultivo de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, me permito comunicarle que los diputados Agustín Guerrero Castillo y Eduardo Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, serán titular y suplente, respectivamente, ante dicho consejo.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mis consideraciones.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 8 de febrero de 2010.— Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De enterado y comuníquese.

Continúe con oficios de la Secretaría de Gobernación.

PERMISO PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número DEP-0125/10, la licenciada Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Daniel Ruvalcaba Salazar.

Puesto: Chofer.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Nombre: Karina Granados Galeana.

Puesto: Asistente en programas administrativos.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Juan Alvarado Limón.

Puesto: Exterminador de cuenta.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Gustavo Courrech Leal.

Puesto: Chofer.

Lugar de trabajo: Embajada de la Gran Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista en México.

Nombre: Rafael Efrén Alcocer Ravell.

Puesto: Técnico en mantenimiento.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de los expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento, que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas, y originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de las identificaciones oficiales.

Atentamente

México, DF, a 4 de febrero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura.— Presente.

Por instrucciones del titular de la Unidad de Enlace Federal, maestro Édgar Rodríguez Rudich, y en atención a su oficio número D.G.P.L. 61-II-9-0485, de fecha 18 de diciembre de 2009, junto con el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, secretario de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, mediante el cual remiten al secretario de Gobernación, punto de acuerdo aprobado en sesión del martes 15 de diciembre de 2009, relativo al Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, según señala en parte el acuerdo:

• Único. Exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que ordene al secretario de Gobernación, para que, con cargo al Patrimonio del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, ante evidentes errores mecanográficos, en las listas respectivas, se otorguen facilidades a los beneficiarios, se pague la cantidad de 4 mil pesos acordada en su favor.

De acuerdo a lo anterior me permito hacer las siguientes precisiones:

Es importante mencionar que el Ejecutivo federal tiene la firme convicción de que el apoyo social que para los ex trabajadores migratorios mexicanos que dispone la ley en la materia, no es sólo de reconocimiento a su trabajo, sino también de justicia social para con ellos y sus familias, que espero más de medio siglo para materializarse.

Es igualmente cierto, sin embargo, que como la propia ley dispone, el patrimonio del fideicomiso se constituye básicamente por los recursos que anualmente son aprobados para este fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

Como es del conocimiento público, para el año 2009, el monto de recursos aprobado por la Cámara de Diputados fue de 700 millones de pesos, y para el 2010 fue de 300 millones de pesos.

En todo momento, el actuar del Ejecutivo federal y en particular de las dependencias que integran el Fideicomiso 2106, se ha guiado por el objetivo de beneficiar en los mejores términos posibles al mayor número de ex trabajadores migratorios.

Ahora bien, con respecto a los errores de captura que se mencionan, y que aparecieron en su gran mayoría en la publicación de la lista 31, situación que nos ha llevado a redoblar esfuerzos para saldar los mismos lo más pronto posible llevando a cabo las siguientes acciones:

• Esta dependencia coordinadora, ha realizado visitas e instalado mesas de trabajo en diversos estados de la República, con autoridades estatales, así como con líderes y representantes de organizaciones de ex trabajadores migratorios mexicanos para tratar este asunto, dándole solución de forma conjunta.

• Para canalizar los errores cometidos, se ha distribuido un formato llamado “Solicitud de Modificación en el Sistema de Telecom.” que permite recabar el tipo de error en el sistema, como puede ser de captura, tanto el nombre de beneficiario, como en número de folio, y otro formato titulado “Solicitud de Cambio de Beneficiario”, que se utilizan en la oficina de atención a ex trabajadores migratorios mexicanos, así como en todas las representaciones del Segob, y en diferentes oficinas de municipios, y de gobiernos estatales que lo han solicitado.

• Se ha distribuido asimismo en reuniones con diputados locales y federales dicho formato para que ellos a través de sus oficinas y representaciones los hagan llegar y darle el curso debido para que la espera sea menor y acortar la espera para que estos cambios y correcciones se lleven a cabo de forma rápida, sin embargo; la lista 31 con 116 mil 452 beneficiarios es la más grande publicada hasta la fecha.

• Después de haber detectado irregularidades que está cometiendo el personal de las oficinas de Telecomm, se les ha solicitado a los beneficiarios que han reportado maltrato o condiciones de retraso de su apoyo social, nos lo hagan saber lo más pronto posible tomando los datos de la Oficina a la cual se presentaron, así como los datos del funcionario, y número de teléfono, para que a su vez se haga el reporte y corregir como sea posible esta situación.

Finalmente, el Ejecutivo federal coincide y comparte plenamente el deseo de justicia social de ex trabajadores migratorios, hombres de bien y de trabajo que con su esfuerzo ayudaron al progreso y desarrollo de nuestros vecinos del norte y de nuestro propio país. Es consciente del adeudo histórico que el Estado tiene con ellos, así como la preocupación de legisladores de diversos partidos han expresado por esta noble causa.

Es nuestra convicción que el diálogo respetuoso y constructivo entre el Ejecutivo y Legislativo, es precisamente lo que permite el equilibrio entre los poderes del Estado que dispone nuestro marco constitucional, en aras de una democracia cada vez más sólida y funcional y, por supuesto, de la debida atención de los retos que enfrenta nuestro país, tal y como el que hoy nos ocupa, por ello reiteramos que su solicitud será puesta a consideración en el Comité Técnico del Fideicomiso 2106.

Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 4 de febrero de 2010.— Licenciado Jorge Martínez Pérez Salazar (rúbrica), director de Atención.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Gobernación para su conocimiento.

HELADAS EN LOS ESTADOS DE PUEBLA, VERACRUZ, SAN LUIS POTOSI E HIDALGO

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-9-0561, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGF/125/2010, suscrito por el licenciado José María Quijano Torres, director general adjunto de Coordinación, Análisis y Normatividad, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la declaratoria de emergencia en las comunidades cafetaleras en los estados de Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Chiapas y Oaxaca.

Atentamente

México, DF, a 4 de febrero de 2010.—Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Manuel Minjares Jiménez, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/108/10, de fecha 14 de enero de 2010, dirigido inicialmente a la licenciada Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil, y que fuera recibido en esta Dirección General del Fondo de Desastres Naturales (DGF) el 20 de enero del año en curso, por medio del cual se informa que mediante oficio número DGPL 61-II-9-0561, de fecha 13 de enero de 2010, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, comunican a la Secretaría de Gobernación (Segob) el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 13 del presente mes y año, y cuyo resolutivo primero se reproduce a continuación:

Primero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional de Agua a emitir la declaratoria de emergencia en las comunidades cafetaleras de Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Chiapas y Oaxaca, con el objetivo de coadyuvar a resarcir las pérdidas que se registran debido a la onda gélida que afecta a dichas entidades.

Sobre el particular, nos permitimos comunicar a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión que, aún y cuando el punto de acuerdo que nos ocupa se compone de tres puntos resolutivos, en el presente oficio, esta DGF únicamente se pronunciará respecto del antes transcrito, por tratarse de una solicitud directa a la Segob y por resultar de la competencia de esta unidad administrativa. En ese orden de ideas, precisamos que, en atención a la normatividad aplicable al programa Fondo de Desastres Naturales (Fonden) –la cual referimos líneas adelante–, el exhorto al que se refiere el punto de acuerdo que nos ocupa no resultaría atendible, en los términos planteados.

Dicha aseveración se sustenta en las siguientes consideraciones:

• Si bien es cierto el Fonden es un instrumento que tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos producidos por un fenómeno natural perturbador,, y que en la implantación de su instrumento Fondo Revolvente Fonden, la Coordinación General de Protección Civil (CGPC) puede emitir declaratorias de emergencia, a través de las cuales se reconoce que uno o varios municipios u órganos político-administrativos de una entidad federativa, se encuentran ante la inminencia, alta probabilidad o presencia de una situación anormal generada por un fenómeno natural perturbador de origen natural, que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población, se precisa que la emisión de tales declaratorias se encuentra invariablemente sujeta al cumplimiento de los requisitos y formalidades contenidos en el “acuerdo que establece los lineamientos para emitir las declaratorias de emergencia y la utilización del Fondo Revolvente Fonden”,en lo sucesivo los Lineamientos.

Para esos efectos, los Lineamientos exigen la necesidad de contar con una solicitud de la declaratoria de emergencia (artículo 8), suscrita por el titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente (o en su caso, por el servidor público del nivel jerárquico inmediato inferior con facultades expresas para ello), dirigida a la Coordinación General de Protección Civil de la Segob, en la que se describa, entre otros aspectos, el fenómeno natural perturbador origen de la situación de emergencia, los municipios u órganos político-administrativos en situación de emergencia, la población estimada que fue o pueda ser afectada con motivo de la emergencia, y señalar expresamente que ha sido rebasada la capacidad de respuesta de la entidad federativa y de los municipios u órganos político-administrativos respecto de los que se solicita la declaratoria de emergencia.

• En ese orden de ideas, y de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 3, 7, 8 y 9 de los Lineamientos, los municipios a los cuales se destinan los suministros de auxilio autorizados por esta DGF únicamente son aquellos que habiendo sido incluidos en una solicitud de declaratoria de emergencia, fueron corroborados por la instancia técnica facultada respectiva como municipios que han sido o pueden ser afectados por la inminencia, alta probabilidad o existencia de un fenómeno natural perturbador.

• Asimismo, es importante señalar que los insumos autorizados para la atención de una emergencia determinada, bajo ninguna circunstancia son proporcionados directamente a las autoridades municipales o la población en general, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de los Lineamientos, dichos insumos son adquiridos por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Segob, y entregados por dicha unidad administrativa a la entidad federativa de que se trate, a efecto de que esta última proceda a su posterior distribución.

• Por su parte, se considera relevante mencionar que la “onda gélida” no se encuentra expresamente considerada en los Lineamientos como un fenómeno natural perturbador por el cual la Segob pueda emitir una declaratoria de emergencia. En todo caso, el artículo 4, fracción II, inciso f), del ordenamiento en cita, considera a la helada severa como uno de los fenómenos hidrometeorológicos por virtud de los cuales la Segob podrá emitir las declaratorias que nos ocupan.

En ese mismo sentido, respecto de la helada severa, el Anexo IX de los Lineamientos, denominado “glosario de términos”, dispone expresamente lo siguiente:

Helada severa. Es el evento con temperatura igual o menor a cero grados Celsius registrada a nivel diario y que además es igualo menor al percentil 5, tomando como referencia la distribución de la temperatura mínima mensual extrema para periodos de 30 años o series de datos existentes.

Para dictaminar la emergencia ante el fenómeno de helada severa se requiere que esta persista durante 72 o más horas en la región de afectación.

En el caso de no contar con la estación climatológica de referencia en la zona de interés, el valor de la temperatura mínima se estimará mediante las técnicas de interpolación utilizando los datos de estaciones vecinas orientadas de la región de interés de la red de observación y medición nacional administrada por la Conagua.

Asimismo, el Anexo X de los Lineamientos, denominado“metodología técnica para determinar condiciones de emergencia por fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos”, dispone que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se reserva el derecho de evaluar la extremidad o atipicidad de los eventos meteorológicos e hidrometeorológicos basándose en la información meteorológica y climatológica histórica obtenida de la red meteorológica y climatológica nacional que se encuentran bajo su administración.

Visto lo anterior, se considera importante comunicar que, al día de la fecha, los gobiernos de Puebla, Hidalgo, Chiapas y Oaxaca no han presentado, por conducto de su titular, solicitud alguna de declaratoria de emergencia, por la ocurrencia de helada severa, razón por la cual no han sido autorizados suministros de auxilio para dar atención al fenómeno natural aludido en dichas entidades federativas.

En tal virtud, se sugiere atentamente que el exhorto contenido en el punto de acuerdo que se atiende sea dirigido a los gobiernos de las entidades federativas señaladas en el párrafo que antecede, a efecto de que, de considerarlo pertinente, se inicien las gestiones necesarias para acceder a los suministros de auxilio con cargo al Fonden.

Ahora bien, por cuanto hace a Veracruz, y San Luís Potosí, esta DGF comunica a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión que los gobiernos de dichas entidades federativas sí han solicitado el apoyo del Fonden, por la ocurrencia de helada severa el 9 y el 10 de enero de 2010, por lo que procedemos a informar respecto de las acciones que se han llevado a cabo en el marco de este programa federal, a través de su instrumento Fondo Revolvente Fonden, para atender a la situación de emergencia que se generó en esos estados por virtud del aludido fenómeno natural perturbador:

Fondo Revolvente Fonden

Veracruz

Ocurrencia de helada severa el 9 de enero de 2010, en dos municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave

– Mediante oficio número 003/2010, de fecha 09 de enero de 2010, el gobernador de Veracruz solicitó a la Coordinación General de Protección Civil la emisión de la declaratoria de emergencia para los municipios de Actopan, Alto Lucero, Ozuluama, Pueblo Viejo, Tampico Alto, Tamalín, Tamiahua, Tantima, Tuxpan, Catemaco, San Andrés Tuxtla, Martínez de la Torre, Nautla, Vega de Alatorre, Agua Dulce, Coatzacoalcos, Mecayapan, Pajapan, T.atahuicapan de Juárez, Alvarado, Ángel R. Cabada, Lerdo de Tejada, Boca del Río, La Antigua, Ursulo Galván, Veracruz, Cazones de Herrera, Papantla, Tecolutla, Acajete, Acatlán, Altotonga, Apazapan, Ayahualulco, Banderilla, Chiconquiaco, Coacoatzintla, Coatepec, Cosautlán, Emiliano Zapata, Ixhuacán de los Reyes, Jalacingo, Jalcomulco, Jilotepec, Landero y Coss, Las Minas, Las Vigas de Ramírez, Miahuatlán, Naolinco, Perote, Rafael Lucio, Tatatila, Teocelo, Tepetlán, Tlacolulan, Tlalnelhuayocan, Tonayán, Villa Aldama, Xalapa, Xico, Benito Juárez, Chicontepec, Citlaltépetl, Huayacocotla, Ilamatlán, Ixhuatlán de Madero, Texcatepec, Tlachichilco, Zacualpan, Zontecomatlan, Santiago Tuxtla, Acultzingo, Alpatláhuac, Amatlán de los Reyes, Aquila, Astacinga, Atlahuilco, Atoyac, Atzacan, Calcahualco, Camerino Z. Mendoza, Carrillo Puerto, Chocaman, Coetzala, Comapa, Cordoba, Coscomatepec, Cuichapa, Cuitláhuac, Fortín, Huatusco, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, La Perla, Los Reyes, Magdalena, Maltrata, Mariano Escobedo, Mixtla de Altamirano, Naranjal, Nogales, Omealca, Orizaba, Paso del Macho, Rafael Delgado, Río Blanco, San Andrés Tenejapan, Sochiapa, Soledad Atzompa, Tehuipango, Tenampa, Tepatlaxco, Tequila, Texhuacan, Tezonapa, Tlacotepec de Mejía, Tlaltetela, Tlaquilpa, Tlilapan, Tomatlán, Totutla, Xoxocotla, Yanga, Zentla, Zongolica, Atzalan, Misantla, Tenochtitlán, Tlapacoyan, Yecuatla, Soteapan, Santiago Sochiapan, Chumatlán, Espinal, Filomeno Mata, Mecatlán y Zozocolco de Hidalgo, con motivo del paso del frente frío número 22 por territorio veracruzano.

– Con oficio número CGPC/028/2010, de fecha 11 de enero de 2010, la CGPC solicitó a la Conagua la emisión del dictamen técnico correspondiente.

– Dicha solicitud fue atendida por la Conagua mediante oficio número BOO.-74, de fecha 15 de enero de 2010, en el que se corroboró la ocurrencia de helada severa el 9 de enero de 2010, únicamente para los municipios de Altotonga y Atzalan del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

– Mediante boletín de prensa número 18/10, de fecha 15 de enero del año en curso, la Segob difundió la declaratoria de emergencia para los municipios antes mencionados, por la ocurrencia de helada severa el 9 de enero de 2010, la cual se publicó en Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2010. No omitimos señalar que, según se ha visto, en la declaratoria de emergencia referida, la CGPC únicamente incluyó a los municipios que fueron corroborados por la Conagua, como municipios afectados por la ocurrencia de helada severa el 9 de enero de 2010.

– Con base en lo anterior el gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave ha presentado 2 solicitudes de insumos (suministros de auxilio), las cuales se han autorizado de la manera siguiente:

Insumos autorizados a los municipios de Altotonga y Aztlán del estado de Verecruz de Ignacio de la Llave, por la emergencia generada en virtud de la ocurrencia de helada severa el día 9 de enero de 20010.Boletín de prensa 18/10

Despensas                                                          6,224

Láminas galvanizadas                                  23,024

Cobertores “A??                                                             12,449

Colchonetas                                                    12,449

– Al día de la fecha, la declaratoria de emergencia continúa abierta, razón por la que aún no se concluye con la atención de la emergencia en la entidad federativa en comento.

Fondo Revolvente Fonden

San Luís Potosí

Ocurrencia de helada severa el 9 y el 10 de enero de 2010, en 3 municipios de San Luís Potosí (Santa Catarina, Xilitla y Villa de Arriaga)

– Mediante oficio número SP-029/10, de fecha 13 de enero de 2010, el gobernador de San Luís Potosí solicitó a la CGPC la emisión de la declaratoria de emergencia para los municipios de Ahualulco, Alaquines, Aquismón, Armadillo, Catorce, Cárdenas, Cerritos, Cerro de San Pedro, Cedral, Ciudad del Maíz, Ciudad Fernández, Tencanhuitz de Santos, Ciudad Valles, Coxcatlán, Ébano, Huehuetlán, Lagunillas, Mexquitic de Carmona, Rayón, Río Verde, Guadalcazar, San Ciro de Acosta, San Luis Potosí, San Martín Chalchicuautla, San Vicente Tencuayalab, San Nicolás Tolentino, Santa Catarina, Santa María del Río, Soledad de Graciano Sánchez, Tamasopo, Tamazunchale, Tampamolón, Corona, Tamuín, Tanquián de Escobedo, Vanegas, Villa de Arriaga, Villa de Reyes, Villa Juárez, Axtla de Terrazas, Xilitla, Villa de Zaragoza, Villa de Arista, Matlapa y El Naranjo, por “...los efectos causados por el frente frío número 22, del 7 al 11 de enero, que incidieron también con una masa de aire polar continental ártico, que genera temperaturas extremas muy bajas (atípicas) que afectan y ponen en riesgo a las comunidades de estos municipios.

– Con oficio número CGPC/O56/2010, de fecha 14 de enero de 2010, la CGPC solicitó a la Conagua la emisión del dictamen técnico correspondiente.

– Dicha solicitud fue atendida por la Conagua mediante oficio número BOO.-109, de fecha 21 de enero de 2010, en el que se corroboró la ocurrencia de helada severa para los municipios de Santa Catarina, Xilitla y Villa de Arriaga en San Luis Potosí, los dos primeros municipios el 9 de enero y el tercer municipio el 10 de enero de 2010, respectivamente.

– Mediante boletín de prensa número 24/10, de fecha 21 de enero del año en curso, la Segob difundió la declaratoria de emergencia para los municipios de San Luis Potosí antes mencionados, por la ocurrencia de helada severa el 9 y el 10 de enero de 2010, que se publicó en Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2010. Nos permitimos reiterar que en la declaratoria de emergencia referida, la CGPC únicamente incluyó a los municipios que fueron corroborados por la Conagua, como municipios afectados por la helada severa el 9 y el 10 de enero de 2010.

– Con base en lo anterior el gobierno de San Luis Potosí ha presentado tres solicitudes de insumos (suministros de auxilio), que se autorizaron de la manera siguiente:

Insumos autorizados a los municipios de Catarina, Xilitla y Villa de Arriaga del estado de San Luis Potosí, por la emergencia generada en virtud de la ocurrencia de helada severa los días 9 y 10 de enero de 20010.Boletín de prensa 024/10

Despensas                                                          6 mil 354

Cobertores “A??                                                               8 mil 473

Colchonetas                                                      42 mil 369

Rollos de hule                                                       15

Láminas galvanizadas                                  3  mil 500

Láminas de cartón (atados)                                             222

– Al día de la fecha, la declaratoria de emergencia continúa abierta, razón por la que aún no se concluye con la atención de la emergencia en la entidad federativa en comento.

Ocurrencia de helada severa ocurrida el 10 de enero de 2010 en un municipio de San Luis Potosí (Armadillo)

– Mediante oficio número SP-029/10, de fecha 13 de enero de 2010, el gobernador de San Luis Potosí solicitó a la CGPC la emisión de la declaratoria de emergencia para los municipios de Ahualulco, Alaquines, Aquismón, Armadillo, Catorce, Cárdenas, Cerritos, Cerro de San Pedro, Cedral, Ciudad del Maíz, Ciudad Fernández, Tencanhuitz de Santos, Ciudad Valles, Coxcatlán, Ébano, Huehuetlán, Lagunillas, Mexquitic de Carmona, Rayón, Río Verde, Guadalcazar, San Ciro de Acosta, San Luis Potosí, San Martín Chalchicuautla, San Vicente Tencuayalab, San Nicolás Tolentino, Santa Catarina, Santa María del Río, Soledad de Graciano Sánchez, Tamasopo, Tamazunchale, Tampamolón, Corona, Tamuín, Tanquián de Escobedo, Vanegas, Villa de Arriaga, Villa de Reyes, Villa Juárez, Axtla de Terrazas, Xilitla, Villa de Zaragoza, Villa de Arista, Matlapa y El Naranjo, por “...los efectos causados por el frente frío número 22, del 7 al 11 de enero, que incidieron también con una masa de aire polar continental ártico, que genera temperaturas extremas muy bajas (atípicas) que afectan y ponen en riesgo a las comunidades de estos municipios”.

– Con oficio número CGPC/112/2010, de fecha 25 de enero de 2010, la CGPC solicitó a la Conagua la emisión del dictamen técnico correspondiente.

– Dicha solicitud fue atendida por la Conagua mediante oficio número B00.-137, de fecha 27 de enero de 2010, en el que se corroboró la ocurrencia de helada severa para el municipio de Armadillo el 10 de enero de 2010.

– Mediante boletín de prensa número 31/10, de fecha 27 de enero año en curso, la Segob difundió la declaratoria de emergencia para el municipio de San Luis Potosí antes mencionado, por la ocurrencia de helada severa el 10 de enero de 2010.

– Con base en lo anterior el gobierno de San Luis ha presentado una solicitud de insumos (suministros de auxilio), la cual se autorizó de la manera siguiente:

Insumos autorizados a el municipio de Armadillo del estado de San Luis Potosí, por la emergencia generada en virtud de la ocurrencia de helada severa el día 10 de enero de 20010.Boletín de prensa 024/10

Despensas                                                            44

Cobertores “A??                                                               178

Colchonetas                                                      178

Rollos de hule                                                       2

Láminas galvanizadas                                    400

– Al día de la fecha, la declaratoria de emergencia continúa abierta, razón por la que aún no se concluye con la atención de la emergencia en la entidad federativa en comento.

Finalmente, y con el ánimo de apoyar las afirmaciones hasta aquí vertidas, ofrecemos una descripción sucinta de las características generales de este programa federal, de los instrumentos que operan y del procedimiento de acceso los suministros de auxilio con cargo al Fondo Revolvente Fonden:

Comenzaremos por mencionar que el Fonden, en términos de lo dispuesto en el numeral 1del “acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales” 4 –en lo sucesivo las ROF–, se define como un instrumento de coordinación intergubernamental e interinstitucional cuyo objeto es, bajo principios de corresponsabilidad, complementariedad, oportunidad y transparencia, ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil.

Para la realización de tales objetivos, el Fonden cuenta con los instrumentos siguientes, a través de los cuales, atendiendo a sus características y alcances, se autorizan suministros de auxilio o recursos para dar atención al fenómeno natural perturbador de que se trate:

a) Fondo Revolvente Fonden, el cual sólo podrá ser utilizado cuando exista una declaratoria de emergencia y con ello que la DGF autorice la adquisición de suministros de auxilio conforme a la normatividad aplicable para responder de manera inmediata a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población afectada por situaciones de emergencia generadas o asociadas con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un fenómeno natural perturbador (numeral 3, fracción I de las ROF, en concordancia con los artículos 1 y 3 de los Lineamientos).

Cabe señalar que si bien es cierto a la DGF le corresponde autorizar la adquisición de suministros de auxilio con cargo al Fondo Revolvente Fonden, y coordinar el procedimiento de acceso a los mismos, también es cierto que esta unidad administrativa no tiene a su cargo la entrega de tales suministros de auxilio a las entidades federativas, municipios o delegaciones políticas en particular, dado que las entidades federativas son las encargadas de llevar a cabo dichas acciones, a través de las instancias estatales designadas para tales efectos, según el artículo 15 de los Lineamientos.

b) Fonden Reconstrucción(que incluye el Programa Fondo de Desastres Naturales del Ramo General 23, “Provisiones Salariales y Económicas”, del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, y/o el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, en términos del numeral 3, fracciones II y III, de las propias ROF). Con cargo a este instrumento se autorizan recursos, ya sea del programa o del fideicomiso, destinados a la restitución, parcial o total, de los daños ocasionados en la infraestructura pública y/o sector vivienda de las entidades federativas, municipios y/o delegaciones del Distrito Federal, afectadas por un fenómeno natural perturbador.

Respecto de este instrumento se puntualiza que a la Segob, por conducto de la DGF, únicamente le corresponde coordinar el procedimiento de acceso a los recursos del Fonden Reconstrucción, dando cumplimento para tales efectos a los plazos, requisitos y formalidades establecidos en las ROF, motivo por el cual no autoriza, ni tiene a su cargo la entrega de los recursos autorizados a un municipio o delegación política en particular, así como tampoco actúa como ejecutora de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado.

En esa misma lógica, se precisa que son las entidades federativas las encargadas de llevar a cabo la ejecución de obras de reconstruccióny la correspondiente distribución de los recursos autorizados con cargo al instrumento en mención, a través de las instancias ejecutoras estatales designadas para esos efectos (numeral 39 de las ROF).

Procedimiento de acceso a los suministros de auxilio del Fondo Revolvente Fonden

Ahora bien, para efectos del acceso a los suministros de auxilio que se autorizan con cargo al Fondo Revolvente Fonden, es necesario que se cumpla con los requisitos, procedimientos y formalidades establecidos en los Lineamientos, por lo que a continuación se presenta una descripción de esos aspectos.

El procedimiento de acceso a los suministros de auxilio que se otorgan con cargo a dicho instrumento financiero, se encuentra descrito de manera gráfica en la dirección electrónica del Sistema Nacional de Protección Civil México, específicamente en el siguiente vínculo:

http://www.proteccioncivil.gob.mx/fonden/fondoRevolvente2008 /Flujograma_Fondo_Revolvente_2008.pdf

No obstante, para pronta referencia, a continuación se detalla tal procedimiento, en términos de los Lineamientos:

– El titular del Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente deberá formular una solicitud por escrito de declaratoria de emergencia, dirigida a la CGPC (artículos 7 y 8, fracción I, de los Lineamientos).

– Una vez formulada esta solicitud, la CGPC, a más tardar el día siguiente, la remitirá a la instancia técnica facultadaque corresponda, ya sea la Comisión Nacional del Agua por tratarse de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos, la Comisión Nacional Forestal (Conafor), en caso de incendios forestales o el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), para el caso de los fenómenos geológicos, a fin de que corrobore o niegue la existencia de una situación de emergencia por la presencia o inminente presencia de un fenómeno natural que de origen a una emergencia (artículo 9, fracciones I y II, de los Lineamientos).

– La instancia técnica facultad a tendrá un término máximo de 2 días hábiles para corroborar o negar la presencia o inminente presencia de un fenómeno natural que de origen a una situación de emergencia (artículo 9, fracción II, de los Lineamientos).

– En el caso de que el dictamen técnico corrobore la presencia del fenómeno natural perturbador, la CGPC emitirá una declaratoria de emergencia a más tardar al día siguiente de recibido tal dictamen. Dicha declaratoria de emergencia se difunde por medio de un boletín de prensa y por cualquier medio de comunicación disponible. La CGPC contará con 6 días hábiles siguientes a la emisión del boletín de prensa para publicar la declaratoria de emergencia en el Diario Oficial de la Federación (artículo 9, fracciones III y IV, de los Lineamientos).

– El gobierno de la entidad federativa, una vez difundida la declaratoria de emergencia mediante boletín de prensa, deberá presentar a la DGF una solicitud de insumos para la atención de las necesidades urgentes de la población afectada o susceptible de ser afectada exclusivamente de los municipios declarados en emergencia, en la que deberán justificar la necesidad de los productos solicitados, debiendo señalar la cantidad de personas que se apoyará con los insumos requeridos. Los insumos consumibles que se requieran para atender a la población serán por un período de hasta 4 días (artículo 12 de los Lineamientos).

– Una vez recibida la solicitud de insumos, la DGF, analizará la viabilidad de la solicitud bajo los criterios de racionalidad y proporcionalidad emitidos por la CGPC, y en caso de determinarse procedente, enviará a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG)de la Secretaría de Gobernación, la requisición de los insumos que se autorizan, para que por su conducto se realicen las compras respectivas y, posteriormente, la entrega de los mismos a las entidades federativas (artículo 15 de los Lineamientos).

La DGRMSG enviará la información detallada de los contratos y/o pedidos a la DGF, para que se coordine con las instancias responsables de la recepción de los insumos para las entidades federativas declaradas en emergencia, sobre las condiciones establecidas con los proveedores, de acuerdo a las características de las fichas técnicas, los tiempos de entrega y la recepción de las mercancías.

– La entidad federativa correspondiente será la responsable de distribuir en los municipios declarados en emergencia los insumos autorizados (artículo 15, último párrafo, de los Lineamientos).

– A efecto de dar por concluida la vigencia de las declaratorias de emergencia, la Dirección General de Protección Civilde la Segob, a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la difusión vía boletín de prensa de la emisión de la declaratoria de emergencia respectiva, enviará a la CGPC una opinión manifestando si, a su juicio persisten los efectos de la emergencia ante la población o si por el contrario, han dejado de surtir sus efectos, debiendo tomar en cuenta los argumentos e información que, en su caso, envíe la entidad federativa declarada en emergencia.

En el caso de que la opinión de la DGPC determine que han cesado los efectos de la emergencia, la CGPC emitirá a más tardar al día siguiente de recibido el citado dictamen el aviso de término de la emergencia que se difundirá mediante boletín de prensa a través de cualquier medio de comunicación y/o medio electrónico disponible, informando de inmediato a la DGRMSG y a la DGF del cierre de la declaratoria de emergencia, debiendo publicado en el Diario Oficial de la Federación a más tardar en los 6 días hábiles siguientes (artículo 11 de los Lineamientos).

De acuerdo al procedimiento que antecede, es importante destacar que tal y como se ha visto, a la DGF, sólo le corresponde coordinar el procedimiento de acceso a los insumos del Fondo Revolvente Fonden, desde la ocurrencia de la emergencia hasta la autorización de éstos, por lo que conforme al procedimiento antes descrito no es la encargada de realizar las compras respectivas, ni actúa como ejecutara de la distribución de éstos.

Notas:

1 Entendidos como los eventos generados por la naturaleza, que por sus características extremas, atípicas o severas condiciona o genera una situación de desastre natural, caracterizado por la ausencia relativa de la participación directa o indirecta del ser humano.

2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008.

3 Pudiendo ser la Comisión Nacional Forestal, para el caso de incendios forestales; la Comisión Nacional del Agua, para el caso de los fenómenos hidrometeorológicos; el Centro Nacional de Prevención de Desastres, para el caso de los fenómenos geológicos.

4Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2009.

5La declaratoria de emergencia es el reconocimiento que hace la Secretaría de Gobernación que uno o varios municipios u órganos político-administrativos de una entidad federativa se encuentran ante la inminencia o presencia de un fenómeno natural perturbador que pudiera provocar un daño a la sociedad y crear un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población (artículo 7 de los Lineamientos).

Sin otro particular, y esperando que la presente información sea de utilidad, le saludo cordialmente.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 29 de enero de 2010.— Rubem Hofliger Topete (rúbrica), director general del Fondo de Desastres Naturales.

Con fundamento en el artículo 103 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, lo firma por ausencia el licenciado José María Quijano Torres, director general adjunto de Coordinación, Análisis y Normatividad.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase al promovente para su conocimiento.

Continúe con los oficios del Congreso del estado de Puebla.

ESTADO DE PUEBLA

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de Puebla.— LVII Legislatura.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

En atención del oficio número D.G.P.L. 61-II-8-210, de fecha 27 de enero del año en curso, recibido en este Poder Legislativo con fecha 29 del mes y año citados, en el expediente número 145 (Permanente), por el cual solicita que se remita con la mayor brevedad un informe a esa soberanía y a las demás autoridades federales y locales que corresponda si ha sido desahogada la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de fecha 26 de octubre de 2009, en los ámbitos de colaboración entre los poderes públicos, competencias y soberanía, hago de su conocimiento lo siguiente:

En sesión de fecha 21 de enero del año en curso, la Quincuagésimo Séptima Legislatura del Congreso de Puebla tuvo a bien emitir el acuerdo mediante el cual se da cumplimiento a los efectos y lineamientos establecidos en la sentencia ejecutoria pronunciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelve el amparo en revisión número 104/2008, con motivo del juicio de amparo número 1667/2006, resolución que fue notificada al Juzgado Primero de Distrito en el Estado y a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fechas 21 y 22 de enero del año que transcurre, respectivamente.

Lo anterior, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

H. Puebla de Zaragoza, a 4 de febrero de 2010.— Diputado Humberto Eloy Aguilar Viveros (rúbrica), Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Puebla.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase al promovente para su conocimiento.

Continúe con oficios de la Cámara de Senadores.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso i) del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 3 de febrero de 2010.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), Vicepresidente.»

«Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.— Presentes.

Los suscritos, senadores de la república de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el inciso i) del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El desarrollo humano nos ha llevado a conquistar espacios de progreso que parecían inalcanzables. Hoy tenemos una vida llena de satisfactores que nos facilitan cualquier actividad, por cotidiana que sea.

Sin embargo, este nivel de avance que hemos alcanzado ha implicado la degradación sin precedente del planeta. La actividad humana ha logrado, en un lapso de tan sólo unas décadas, transformaciones de una magnitud superior a las que el sistema natural haya experimentado en el curso de cientos de miles de años.

Así, debido a la irracionalidad de la actividad humana, el cambio climático se ha convertido en el fenómeno ambiental más trascendente, cuyas implicaciones han consistido en incidir en la transformación de la atmósfera planetaria.

Debido a su ubicación geográfica, el país padecerá de manera especial las consecuencias del cambio climático, entre las que se incluyen aumentos de la temperatura, disminución de la lluvia, pérdida del terreno cultivable y extinción de diversas especies. Con ello, se estima, el país tendrá una merma de 60 mil millones de pesos por la disminución de zonas agrícolas, mientras que la pérdida de bosques será equivalente a 80 mil millones de dólares.

Esta situación nos lleva a la necesaria implantación de medidas que contribuyan de manera urgente al mejoramiento del hábitat.

Tal es el caso del uso racional y mejor aprovechamiento del papel.

Anualmente se tiran 22 millones de toneladas de papel en el país.

Las implicaciones de este nivel de desperdicio estriban en que México tiene que cortar medio millón de árboles diariamente para obtener la pulpa virgen. Para producir cada tonelada de papel a partir de la fibra virgen se necesitan 2 toneladas de madera, 40 mil litros de agua y 7 mil 600 kilómetros de superficie.

Al mismo tiempo, se tiran 10 millones de periódicos a la basura al finalizar el día. Si todos recicláramos el papel y el cartón, salvaríamos 33 por ciento de la energía que se necesita para producirlos. Además, por cada tonelada, ahorraríamos 28 mil litros de agua y se salvarían entre 17 y 19 árboles.

Si bien la producción de libros, periódicos y revistas representa un eslabón indispensable en la educación y promoción de la cultura en una nación, es preciso que esto se lleve a cabo en forma sustentable, procurando no sólo el bienestar educativo de la sociedad sino también el ambiental.

Por ello, nuestra propuesta busca limitar la tasa de 0 por ciento del impuesto al valor agregado (IVA) sólo a libros, periódicos y revistas que estén elaborados en 90 por ciento a partir de material reciclable.

Si bien el tema del IVA sobre libros, periódicos y revistas siempre ha sido debatido por el efecto económico que éste puede ocasionar en el sector, consideramos que la propuesta que hacemos es totalmente viable, e incluso contribuye a abatir los costos de la industria del libro a fin de que los ejemplares sean más asequibles para la población en general.

Por otro lado, algunos libros cuestan sólo unos cuantos de pesos, pero hay otros cuyo precio asciende a miles de pesos. De tal manera, también en este sector hay productos suntuarios que no justifican en forma alguna la tasa de 0 por ciento del IVA.

Del mismo modo, hay periódicos y revistas que no necesariamente contribuyen al mejoramiento educativo de la nación, pero que son artículos recreativos que mantienen un beneficio fiscal sin justificación aparente.

Con esta propuesta, el país podrá –por un lado– obtener mayores recursos provenientes de los contribuyentes que no utilicen materiales reciclados y –por otro– millones de pesos y hectáreas de bosques podrán ahorrarse a partir de esta medida.

A los que siguen rehusándose a la implantación de este tipo de acciones para que el sector de medios escritos continúe sin ser alterado, les digo que si se quiere privilegiar la educación y la cultura en forma general, éstas deben considerar la sustentabilidad y ser en sí mismas un ejemplo para la sociedad.

Por otro lado, es importante que el país comience a formar hábitos de consumo que continuarán a lo largo de la vida de los niños y los jóvenes, lo que será benéfico no sólo para ellos sino para las generaciones futuras porque se estará fomentando un consumo sustentable de papel.

Aquí lo importante es que estamos seguros de que en este caso el cuidado del ambiente permitirá también el ahorro familiar indirectamente.

Por lo que se refiere a la industria productora de papel en México, ésta requiere 5 millones 144 mil toneladas de fibra para la producción de 4 millones 513 mil toneladas de papel, de acuerdo con datos de 2006.

De esa mezcla total de material fibroso para la fabricación de los diferentes papeles, 83.6 por ciento correspondió a fibras secundarias, lo cual es evidencia de la contribución que hace esta industria en materia ambiental. Además, el restante 16.4 por ciento de material fibroso utilizado para la producción de papel corresponde a fibras vírgenes; en este rubro, 1.8 por ciento es celulosa de bagazo de caña, lo que en términos absolutos corresponde a 92.9 miles de toneladas, aporte importante adicional que se hace a la protección ambiental.

De esa forma, con el gran esfuerzo realizado por las empresas papeleras, en la producción de papel se ha pasado de una utilización de 60.6 por ciento de fibras secundarias en 1987 a una de 83.7 por ciento en 2006.

De esa manera, la utilización de material reciclado es una realidad en el sector y no tendría por qué causar un efecto adverso en él.

Es de apreciarse una vez más el justo valor de la utilización de fibras secundarias para la fabricación de papel. Cada tonelada de papel hecho con materias primas recicladas puede evitar, además del corte de árboles aptos, el uso de energía equivalente a 2 mil litros de petróleo crudo, evita la más pronta saturación de los pocos confinamientos o tiraderos de residuos sólidos existentes, ya que por cada tonelada de papel reciclado se liberan 2.3 metros cúbicos de espacio en los escasos tiraderos de residuos sólidos que hay en el país, por lo que adquieren mayor relevancia las más de 4 millones de toneladas de fibras secundarias aprovechadas como materias primas en 2006.

Por otro lado, los precios del papel han tenido una escalada alcista, que ha puesto en dificultades a la Comisión Nacional del Libros de Texto Gratuitos. Por no poder incrementarse el presupuesto de manera arbitraria, han tenido que recurrir a la recuperación del papel desperdiciado durante la impresión de sus títulos.

Para los libros de texto del presente año se logró que 70 por ciento se produjera con papel reciclado: recuperaron en las imprentas donde se editaban sus libros alrededor de 9 mil toneladas y 6 mil de donativos de la Cámara de Diputados, Secretaría de Hacienda o institutos electorales.

El reciclamiento del papel es una salida para economizar y contribuir al desarrollo nacional.

Otro claro ejemplo de que el reciclado de papel conlleva grandes beneficios es la edición canadiense de Harry Potter y la Orden del Fénix, que tuvo un tiro de casi 1 millón de copias, fue la primera en el mundo en utilizar papel reciclado con 100 por ciento de contenido posconsumo (consumido previamente). De esta manera se evitó que se derribaran 39 mil 320 árboles y se ahorraron 435 mil 63 millones 801 litros de agua y la electricidad consumida por un hogar durante 262 años.

Ésos son sólo dos ejemplos de la clara necesidad que se tiene de reciclar y los beneficios que conlleva esta medida, no sólo para mejorar el ambiente sino para abatir costos.

Finalmente, es importante tener presente que el reciclar se traduce en

Importantes ahorros de energía.

Ahorro de agua potable.

Ahorro de materias primas.

Menor efecto en los ecosistemas y sus recursos naturales.

Ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo.

Toda acción, por pequeña e insignificante que sea, constituye una contribución a disminuir el daño que se hace al ambiente por el consumo inmoderado de recursos naturales, y la consiguiente destrucción de bosques, selvas y ríos.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el inciso i) del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Artículo Único. Se reforma el inciso i) del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2o.-A. El impuesto se calculará aplicando la tasa de 0 por ciento a los valores a que se refiere esta ley cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I. La enajenación de

a) a h) ...

i) Libros, periódicos y revistas que editen los propios contribuyentes, siempre que éstos se fabriquen en 100 por ciento con papel reciclado. Para los efectos de esta ley, se considera libro toda publicación, unitaria, no periódica, impresa en cualquier soporte, cuya edición se haga en un volumen o en varios volúmenes. Dentro del concepto de libros no quedan comprendidas las publicaciones periódicas amparadas bajo el mismo título o denominación y con diferente contenido entre una publicación y otra.

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Carlos Gay, director del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2008.

2 Memoria Estadística de Cámara del Papel, edición 2007.

3 Ídem.

4 American Paper Institute, 1972. How paper is made.

5 Technical Association of Pulp and Paper Industry.

Recinto del Senado de la República, febrero de 2010.— Senadores: Arturo Escobar y Vega, Francisco Agundis Arias (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica, Ludivina Menchaca Castellanos, Javier Orozco Gómez, Manuel Velasco Coello.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Continúe con minutas.

LEY QUE APRUEBA LA ADHESION DE MEXICO AL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO DE DESARROLLO DEL CARIBE Y SU EJECUCION

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 4 de la Ley que aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución.

Atentamente

México, DF, a 3 de febrero de 2010.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), Vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

MinutaProyecto de Decreto

Por el que se reforma el artículo 4o. de la Ley que aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución.

Artículo Único.Se reforma el artículo 4o. de la Ley que aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución para quedar en los siguientes términos:

Artículo 4o.El Ejecutivo federal por conducto del Banco de México cubrirá el equivalente a 3 millones de dólares de Estados Unidos de América, correspondiente a la última reposición de capital del Fondo Especial para el Desarrollo del Banco de Desarrollo del Caribe, a que se refiere el artículo 8o. del convenio constitutivo del propio banco. En consecuencia, el monto total aportado por México al Fondo Especial para el Desarrollo asciende a 29 millones 333 mil dólares de Estados Unidos de América.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 3 de febrero de 2010.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Continuamos con el orden del día en el capítulo de iniciativas.

ARTICULOS 41 Y 116 CONSTITUCIONALES - CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el señor diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar: Con su permiso, señor presidente. Solicito amablemente que gire sus instrucciones a efecto de que se pueda incorporar en el Diario de los Debates el texto íntegro de la presente iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Exposición de motivos. El proceso de desarrollo democrático en el que se encuentra inmerso nuestro país, sobre todo el tránsito de un sistema de partido hegemónico a un sistema plural y competitivo ha implicado la necesidad de adecuar el marco legal electoral, particularmente en lo que se refiere a los recursos públicos que los partidos políticos reciben.

Al igual que en otras naciones, en México los partidos políticos son considerados entidades de interés público, lo que conlleva que para financiar sus actividades ordinarias y sus campañas políticas obtienen recursos públicos adicionales a los que puedan recibir de militantes y simpatizantes, así como de actividades diversas de financiamiento.

Las reformas de 1987, 1990 y 1993 establecieron criterios para regular el financiamiento público a los partidos políticos, normas relativas al financiamiento privado y mecanismos para fijar topes a los gastos de campaña.

En 1996 una nueva reforma estableció una suma anual para cada uno de los partidos políticos por concepto de actividades ordinarias y otra suma igual en el año de la elección federal. Asimismo, marcó límites para el financiamiento público y lo colocó por encima del privado.

Sin embargo, la democracia mexicana hoy en día es una de las más onerosas, no sólo de América Latina, sino a nivel mundial. Así lo demuestran diversos estudios que señalan que de 2000 a 2008 han existido 16 partidos políticos nacionales que le han costado a los mexicanos más de 25 mil millones de pesos.

El Informe de la auditoría de desempeño y evaluación del proceso electoral federal de 2006, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, señala que en las elecciones presidenciales de ese año cada voto costó 35 dólares. Al comparar 21 países, este mismo organismo explica que el costo del voto en naciones con una experiencia electoral consolidada varía entre 1 y 3 dólares, como es el caso de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá.

Los costos se elevan de 3.7 a 35.3 dólares en países con menos experiencia y donde hay múltiples partidos políticos; mientras que en países con conflictos poselectorales el costo fluctúa entre 8 y 45.5 dólares.

En este marco la reforma electoral de 2007 se realizó con el objetivo de garantizar la equidad y la disminución en los costos de campañas electorales. Sin embargo, el financiamiento ordinario para los partidos políticos no fue reducido sustancialmente, por lo que hoy en día nuestra democracia sigue siendo una de las más caras del mundo.

La presente iniciativa tiene por objeto disminuir el financiamiento público que reciben los partidos políticos nacionales para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y para el desarrollo de campañas políticas.

Para tal efecto, se propone modificar la base de cálculo contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disminuyendo el porcentaje de 65 a 40 por ciento del salario mínimo vigente en el Distrito Federal multiplicado por el padrón electoral.

Asimismo, se propone aumentar de 10 a 40 por ciento el límite de aportaciones de simpatizantes y militantes, con el propósito de que los partidos políticos puedan tener ingresos similares a los que hoy reciben sin que esto represente costos adicionales al erario. Pero también involucrar con mayor intensidad a la ciudadanía y a la sociedad en general en el desarrollo democrático de México.

Además, con el objeto de garantizar el desarrollo político de las mujeres esta reforma propone elevar a rango constitucional el monto que cada partido político destina de su financiamiento público para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

Adicionalmente, se establece como obligación de los comités nacionales de los partidos políticos participar a sus comités estatales, distritales y municipales, con criterios de proporcionalidad y equidad, del financiamiento público que reciben del órgano electoral federal con lo que se contribuirá al fortalecimiento del federalismo, independientemente de los importantes ahorros que se registrarán en las finanzas públicas de las entidades federativas.

De igual forma, la presente iniciativa propone la modificación al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para que los partidos políticos que pretendan mantener su registro obtengan por lo menos el 3 por ciento de la votación en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o presidente de la República y no de 2 por ciento como actualmente lo establece el texto vigente. Esto con la finalidad de que los partidos políticos que logren su registro cuenten con un mínimo de representatividad social que les permita acceder al financiamiento público y a las demás prerrogativas que la ley en la materia establece.

Con base en lo anterior, esta propuesta se presenta con el objeto de contribuir no sólo al fortalecimiento de nuestro sistema democrático, sino que pretende lograr la optimización y federalización de los recursos públicos destinados al financiamiento de los partidos políticos, pero sobre todo canalizar una mayor cantidad de recursos públicos a la atención de necesidades sociales prioritarias y con ello impulsar el desarrollo social y económico que México reclama. Muchas gracias, muy amables por su atención.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado José Adán Rubí Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, quien suscribe, diputado a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, José Adán Ignacio Rubí Salazar, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman la fracción I primer párrafo, el inciso a), párrafos primero y segundo del inciso c) de la fracción II del artículo 41 y se adicionan los párrafos segundo y tercero al inciso g) de la fracción IV, del artículo 116, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforman la fracción 1 del artículo 32, el numeral I inciso a) fracción 1, numeral I del inciso c) fracción 1, y el numeral I, del inciso c) fracción 4, del artículo 78, así como el inciso b), fracción 1, del artículo 101 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Exposición de Motivos

Una de las principales características de un sistema democrático es la celebración periódica de elecciones competitivas, en donde participan dos o más candidatos y partidos, para tal efecto, en algunos países como es el caso de México, los partidos políticos son considerados entidades de interés público, por lo que para financiar sus actividades ordinarias, así como sus campañas políticas, se les otorgan recursos públicos adicionales a los que pueden obtener a través de las aportaciones de militantes y simpatizantes y de actividades diversas de financiamiento que pueden realizar de acuerdo con la ley, tales como rifas, sorteos, eventos artísticos, etcétera.

Con base en lo anterior, resulta necesario que el marco legal regule los aspectos relativos a montos, formulas de asignación, distribución, límites o topes, informes de aplicación, fiscalización, entre otros.

Dado el proceso de desarrollo democrático en que se encuentra inmerso el Sistema Político Mexicano, resulta necesario adecuar el marco legal para hacerlo acorde a las condiciones cambiantes que dicho desarrollo trae consigo.

Existe la convicción de que las citadas adecuaciones deben tener por objetivo central fortalecer y consolidar el avance democrático de nuestro sistema político, pero también incorporar mecanismos que garanticen transparencia en el origen y destino de los recursos utilizados por los partidos políticos y una reducción significativa del financiamiento público que hoy representa una enorme carga económica para el pueblo de México.

La reducción citada en los términos planteados en la presente iniciativa, permitiría atender un reclamo permanente y generalizado de los ciudadanos de nuestro país, sin afectar el desarrollo democrático del mismo y, por supuesto, canalizar una mayor cantidad de recursos públicos a la atención de necesidades sociales prioritarias tales como: impulso al crecimiento económico y el empleo, ampliación y mejoramiento de la oferta educativa, atención a la salud, agua potable, electrificación, entre otros.

En 1977 se incorporó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la naturaleza de los partidos políticos como entidades de interés público. Estas modificaciones dieron la pauta para que en el marco jurídico se establecieran derechos y obligaciones para los partidos políticos, así como apoyos relacionados con las campañas electorales.

La reforma de 1987 introdujo por primera vez el financiamiento público de carácter económico para los partidos políticos. Los criterios en los cuales se basaba fueron el número de votos obtenidos en la elección federal inmediata anterior y el número de escaños logrados en la Cámara de Diputados por cada partido.

Con la reforma constitucional de 1990; se mantuvo el criterio dual de asignación proporcional al número de votos y de escaños obtenidos, y se ampliaron los conceptos de financiamiento público para quedar como sigue:

a) Por actividad electoral;

b) Por actividades generales como entidades de interés público;

c) Por subrogación del Estado de las contribuciones que los legisladores habrían de aportar para el sostenimiento de sus partidos.

Posteriormente, con las modificaciones de 1993, se agregó el concepto de desarrollo político que se otorgó a los partidos con registro más reciente, ya que no tenían antecedentes respecto de su fuerza electoral y tampoco ocupaban ninguna curul en la Cámara de Diputados.

Cabe destacar que hasta 1992 el marco jurídico no establecía reglas respecto del financiamiento privado, ni sobre topes de gastos de campaña, tampoco sobre mecanismos de información y fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y, en consecuencia, el marco jurídico de la materia no establecía sanciones al respecto.

En este sentido, la reforma constitucional 1993 tomó gran relevancia en su momento, ya que estableció disposiciones para regular el financiamiento público a los partidos políticos y normas relativas al financiamiento privado. De igual forma, planteó de manera categórica la prohibición del financiamiento por parte de dependencias y entidades de los tres ámbitos de gobierno al margen de lo que la legislación en la materia señalaba. Asimismo, se prohibieron las aportaciones de extranjeros, de ministros de culto y de empresas.

Con esta reforma se determinó también que las aportaciones de los particulares no serían deducibles de impuestos, y se estableció como obligación para los partidos políticos presentar informes respecto de sus ingresos y erogaciones. Las aportaciones anónimas se permitían hasta por un monto no mayor al 10 por ciento de lo recibido por concepto de financiamiento público. De igual manera se determinaron límites a las aportaciones individuales y de personas morales, en 1 por ciento y 5 por ciento, respectivamente, del monto total del financiamiento público otorgado a todos los partidos.

Otro aspecto relevante de la reforma de 1993, fue que se establecieron los mecanismos para fijar topes a los gastos de campaña, la atribución de determinarlos recaía en el Instituto Federal Electoral.

La reforma de 1996, estableció una suma anual para cada uno de los partidos políticos por concepto de actividades ordinarias y otra suma igual en el año de la elección federal, marcó límites para el financiamiento público y lo colocó por encima del privado. También se establecieron las normas jurídicas a través de las cuales los partidos políticos podrían acceder a los medios de comunicación.

Esta serie de reformas que se han impulsado en los últimos años, en el marco del desarrollo democrático, caracterizado principalmente por la pluralidad y la competencia, ha provocado que dentro del contexto internacional la democracia mexicana se haya convertido en una de las más onerosas no sólo de América Latina sino a nivel mundial; así lo demuestran diversos estudios que señalan que de 2000 a 2008, han existido 16 partidos políticos nacionales, que han costado a los mexicanos más de 25 mil millones de pesos. Esto demuestra que en nuestro país el tránsito de un sistema de partido hegemónico a un sistema plural ha sido un proceso sumamente costoso para los mexicanos.

En 2006, según datos del Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los partidos políticos obtuvieron 4 mil 175 millones 367 mil pesos: 2 mil 68 millones 375 mil para actividades ordinarias y 37 millones 110 mil pesos para actividades específicas.

El Informe de la auditoría de desempeño, evaluación del proceso electoral federal de 2006 elaborado por la ASF, señala que en las elecciones presidenciales cada voto costó 35 dólares.

El máximo órgano de fiscalización refiere que el estudio Costo de las elecciones, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, arrojó que México no sólo se ubica en el último lugar de los países en transición democrática, sino que es el segundo país más caro en la obtención de cada voto.

Al comparar 21 países, la ASF explica que el costo del voto en países con una experiencia electoral consolidada varía entre uno y tres dólares, como en Estados Unidos y en países europeos.

Los costos se elevan de 3.7 a 35.3 dólares en países con menos experiencia y donde hay múltiples partidos políticos, mientras que en países con conflictos postelectorales el costo fluctúa entre 8 y 45.5 dólares. Así mientras que en Palestina, asediada por un conflicto bélico desde hace 60 años, el voto tiene un costo de 9 dólares, en México es cuatro veces mayor.

Bajo este tenor, la reforma electoral de 2007 se realizó con el objetivo de garantizar la equidad y la disminución en los costos de campañas electorales; sin embargo, el financiamiento ordinario para los partidos políticos no fue reducido sustancialmente, por lo que hoy en día nuestra democracia sigue siendo una de las más caras del mundo.

Dicha reforma planteó un nuevo método de cálculo para el financiamiento público de actividades ordinarias permanentes y actividades especificas de los partidos políticos con representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, así como la reducción del porcentaje del financiamiento privado que pueden obtener los partidos y una reducción de recursos públicos destinadas al financiamiento de campañas electorales.

En cuanto al presupuesto asignado para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, la reforma de 2007 estableció multiplicar el 65 por ciento del salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, por el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral para obtener la cifra correspondiente.

Por lo que respecta a las actividades de campañas electorales, se estableció que en el año de elecciones intermedias, cuando únicamente se renueva la Cámara de Diputados, los partidos políticos recibirían un 30 por ciento del monto correspondiente para  actividades ordinarias permanentes. Para el caso en el que renueva el Poder Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión, el porcentaje aumenta a 50 por ciento.

Referente al financiamiento privado se estableció que cada partido político no podrá recibir anualmente aportaciones, en dinero o en especie, de afiliados o simpatizantes por una cantidad superior al 10 por ciento del monto establecido como tope de gastos para la campaña presidencial inmediata anterior.

A partir de lo anterior y con base en el grado de desarrollo que a la fecha registra la democracia mexicana y el nivel de madurez que ha alcanzado nuestro sistema de partidos, ya no se justifica que se siga otorgando financiamiento público en los montos y bajo las reglas que correspondían a condiciones diferentes a las que hoy existen en el Sistema Político Mexicano, se debe cambiar a un esquema en el cual se garantice que los partidos políticos puedan contar con los recursos necesarios para el desarrollo de sus funciones, pero no con el alto costo que hoy representa para el erario público. Esto conlleva una inducción para que los partidos realicen un esfuerzo mayor para por incrementar sus ingresos propios producto de las aportaciones de sus militantes y simpatizantes, así como por buscar otras fuentes de financiamiento que estén dentro del marco de la legalidad, pero que no dependan directamente del gasto público, lo cual contribuiría a un mayor involucramiento de la ciudadanía y de la sociedad en su conjunto en las actividades de los partidos, con lo que la democracia se vería fortalecida.

Con base en lo aquí planteado, se puede advertir que a pesar de los ajustes realizados en 2007 al financiamiento público destinado a los partidos políticos, aún no se han logrado los resultados que la sociedad demanda, prueba de ello es que en 2009 el Instituto Federal Electoral ejerció un presupuesto de 12 mil 180 millones de pesos, de los cuales 8 mil 450 millones fueron para su gasto operativo y 3 mil 730 millones para prerrogativas de los partidos políticos, lo que sigue siendo un costo altísimo y ofensivo para los mexicanos.

La presente iniciativa tiene por objeto disminuir el financiamiento público que reciben los partidos políticos nacionales para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y para el desarrollo de campañas políticas; para tal efecto, se propone modificar la base de cálculo contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disminuyendo el porcentaje del 65 por ciento al 40 por ciento del salario mínimo vigente en el Distrito Federal multiplicado por el padrón electoral.

Con lo anterior no se pretende reducir el monto de los recursos económicos con que disponen los partidos políticos para sus gastos ordinarios y de campaña, sino más bien se busca generar un esquema en el que se pueda aumentar el porcentaje de aportaciones que simpatizantes y militantes pueden hacer a un partido político. El ordenamiento legal vigente establece una suma total anual no mayor al 10 por ciento del tope de gastos establecido para la última campaña presidencial. La presente iniciativa propone aumentar del 10 por ciento al 40 por ciento el límite de aportaciones de simpatizantes y militantes, con el propósito de de que los partidos políticos dentro del marco de la legalidad puedan tener ingresos similares a los que hoy reciben pero no con el costo que actualmente representan para el erario público del país, con lo cual se alienta la posibilidad para que aquellas personas (simpatizantes o militantes)  que compartan ideologías o se identifiquen con el partido tengan la oportunidad de apoyar en mayor medida económicamente a su partido.

Con la evolución de nuestra democracia, las mujeres han ido asumiendo un rol más activo dentro de la misma. En este sentido y con el objeto de garantizar el desarrollo político de las mujeres mexicanas, en esta iniciativa se propone elevar a rango constitucional el monto que cada partido destina de su financiamiento público para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo  político de las mujeres.

Una reforma innovadora considerada en la presente y con un alto contenido federalista, es la obligación de los comités nacionales de los partidos políticos, de participar a sus comités estatales, distritales y municipales, con criterios de proporcionalidad y equidad, del financiamiento público que reciben del órgano electoral federal.

Esta modificación incluye otros tres elementos de gran trascendencia:

a) Las entidades federativas ya no tendrán la obligación de otorgar financiamiento público para las actividades ordinarias de los partidos políticos nacionales; con lo que se generarán también importantes ahorros en el ámbito local.

b) Las autoridades competentes de las entidades federativas sólo proporcionarán financiamiento público a los partidos políticos nacionales para campañas políticas, tratándose de procesos para la elección de autoridades locales como gobernador, jefe del Gobierno, diputados locales, asambleístas, ayuntamientos y jefes delegacionales; con lo que no se excluye a dichas autoridades de su responsabilidad de participar con recursos económicos para el desarrollo de procesos electorales de su ámbito de competencia, y en el fortalecimiento de la democracia de nuestro país.

Se establece como obligación de las entidades federativas el otorgamiento de financiamiento público para gastos ordinarios y de campaña, a los partidos políticos locales, con lo que se contribuye al surgimiento y desarrollo de nuevas opciones partidistas en el ámbito local.

Asimismo, la presente iniciativa propone la modificación al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que los partidos políticos que pretendan mantener su registro obtengan por lo menos el 3 por ciento por ciento de la votación en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o presidente de la República y no del 2 por ciento como lo establece el texto vigente; esto con la finalidad de que los partidos políticos que logren su registro cuenten con un mínimo de representatividad social que les permita acceder al financiamiento público y a las demás prerrogativas que la ley en la materia establece.

Con base en lo anterior, esta iniciativa se presenta con el objeto de contribuir no sólo al fortalecimiento de nuestro sistema democrático, sino que pretende lograr la optimización de los recursos públicos destinados al financiamiento de los partidos políticos, ya que tomando en cuenta la situación compleja por la que atraviesa nuestro país, éstos pueden ser reorientados en acciones que impacten de manera directa en el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos y con ello impulsar el desarrollo social y económico de nuestro país; y  a su vez permite a los partidos políticos realizar un esfuerzo adicional para que dentro del marco de la legalidad puedan incrementar sus recursos provenientes del financiamiento privado.

Iniciativa con proyecto de

Decreto por la que se reforman la fracción I primer párrafo, el inciso a), párrafos primero y segundo del inciso c) de la fracción II del artículo 41 y se adicionan los párrafos segundo y tercero al inciso g) de la fracción IV del artículo 116, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforman la fracción 1 del artículo 32, el numeral I inciso a) fracción 1, numeral I del inciso c) fracción 1, y el numeral I del inciso c) fracción 4 del artículo 78, así como el inciso b) fracción 1 del artículo 101 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo Primero. Se reforman la fracción I primer párrafo, el inciso a) primer y segundo párrafo del inciso c) de la fracción II, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41. ...

...

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones federales, estatales, municipales y del Distrito Federal.

...

...

II. ...

...

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el cuarenta por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

b) ...

c) Para las actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigaciones socioeconómicas y política, así como a las tareas editoriales, cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el tres por ciento del financiamiento público del que corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo  político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el dos por ciento del financiamiento público ordinario.

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no podrá exceder anualmente, para cada partido, al cuarenta por ciento del tope de gastos establecido para la última campaña presidencial; asimismo ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.

Artículo Segundo. Se adicionan un segundo y tercer párrafo al inciso g) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 116. ...

I. a III. ...

IV. ...

a) a f)...

g)...

Los partidos políticos nacionales deberán participar con criterios de equidad y proporcionalidad, por lo menos con el veinticinco por ciento de su financiamiento público por concepto de actividades ordinarias y de campaña, a sus comités estatales y del Distrito Federal, y por lo menos con veinticinco por ciento a sus comités municipales y distritales. Tratándose de elecciones para gobernador, diputados locales y ayuntamientos, cada partido recibirá financiamiento por concepto de gastos de campaña del órgano electoral de su respectiva entidad federativa.

Los partidos políticos locales recibirán ambos conceptos por parte del órgano electoral de su respectiva entidad federativa.

Artículo Tercero. Se reforman la fracción 1 del artículo 32, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 32. ...

1. Al partido político que no obtenga por lo menos el tres por ciento de la votación en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o presidente de los Estados Unidos Mexicanos, les será cancelado el registro y perderá todos los derechos y prerrogativas que establece este Código.

Artículo Cuarto. Se reforman numeral I del inciso a), fracción 1, numeral I, del inciso c) fracción 1, y el numeral I del inciso c) fracción 4 del artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 78. ...

1...

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:

I. El Consejo General del Instituto Federal Electoral determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, a la fecha de corte de julio de cada año, por el cuarenta por cientodel salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal;

II. ... al V...

b) ...

I... al III...

c) Por actividades especificas como entidades de interés público

I. Para las actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigaciones socioeconómicas y política, así como a las tareas editoriales, cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el tres por ciento del financiamiento público del que corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias a que se refiere el inciso a) de este artículo.

II. ...

III. ...

2. a 3. ...

4. ...

a) ...

I. ...

II. ...

b) ...

c) ...

I. Cada partido político no podrá recibir anualmente aportaciones, en dinero o en especie, de afiliados y simpatizantes por una cantidad superior al cuarenta por ciento del monto establecido como tope de gastos para la campaña presidencial inmediata anterior;

II. a V. ...

Artículo Quinto. Se reforma el inciso b) fracción 1 del artículo 101 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 101. ...

1. ...

a) ...

b) No obtener en la elección federal ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres por ciento de la votación emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos del párrafo 1 del artículo 32 de este Código.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, deberán de adecuar su legislación local en lo que respecta al artículo segundo del proyecto de decreto, dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 2 de febrero de 2010.— Diputados: José Adán Ignacio Rubí Salazar, Ana Estela Durán Rico (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, señor diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar. Como lo solicita insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.

ARTICULOS 41 Y 116 CONSTITUCIONALES - ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

La diputada Esthela Damián Peralta: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Acudo a esta tribuna para presentar un proyecto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Como sabemos, el Distrito Federal es parte integrante de la Federación, capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes federales y dicha naturaleza lo perfila como una entidad federativa sui géneris dentro de nuestro orden constitucional, carácter singular que obliga a atender al Distrito Federal como una entidad radicalmente distinta a la de los estados de la República. Ya que si bien ambos son partes integrantes de la federación, el DF sirve de asiento a los Poderes de la Unión y debe por ello estar sujeto a un régimen constitucional especial que garantice el funcionamiento seguro, eficaz y continuo de éstos.

Por lo anterior, se exige un diseño institucional que responda a las necesidades de una ciudad de esta naturaleza, que requiere instrumentos de gobierno interior que garanticen unidad, congruencia y continuidad territorial en su administración y en el diseño de sus políticas públicas. En el diseño constitucional y legal de las instituciones de gobierno del DF se ha logrado en gran medida, sobre todo a partir de las reformas constitucionales de 1993 y 1996, que den como resultado la existencia de un órgano propio encargado de legislar en un número amplio de materias de interés local. Las reformas de las instituciones de gobierno además de promover y construir nuevos espacios de representación y participación deben buscar y lograr el equilibrio imprescindible entre democracia y eficacia gubernamental.

Los ciudadanos y habitantes del DF ante las diversas necesidades de adecuar el marco normativo del DF han manifestado reiteradamente, por distintos medios, su voluntad de adquirir la mayor autonomía posible para su gobierno interior, pero respetando y fortaleciendo siempre el papel del propio Distrito como capital del país y sede de los Poderes de la Unión. Autonomía que no se ha logrado a pesar del avance significativo que han representado las sucesivas reformas a la organización constitucional del Distrito Federal, ya que aún permanecen como facultades de los Poderes federales una serie de materias que pueden y deben ser ejercidas por los órganos locales del gobierno.

Es claro que hoy se propone revertir el hecho de que a la Asamblea Legislativa le sean otorgadas las facultades legislativas explícitas, mientras que al Congreso de la Unión las residuales.

Tras casi dos décadas de reformas a las instituciones políticas existen coincidencias en todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa. Coincidencias en la responsabilidad en el ejercicio de gobierno y preocupaciones comunes que dan pie a que existan bases sólidas de acuerdo y en torno a lo que hay que reformar y cómo reformarlo.

No se puede dejar de hacer hincapié en que existe un pendiente considerable en materia de la reforma política del Estado, por lo que es improrrogable ir avanzando en la misma en forma conjunta o separada. Y más en un tema tan prioritario como lo es la facultad de legislar en materia de responsabilidad de los servidores públicos locales. Tema pendiente que ante las diversas lagunas legales del marco vigente es necesario pugnar porque en nuestro sistema normativo exista una verdadera delimitación legal de funciones y atribuciones de los titulares y demás servidores públicos de los órganos del gobierno local, imponiendo a su vez un sistema de responsabilidades de los gobernantes cuando se contravenga alguna disposición legal en el ejercicio de sus funciones.

La aspiración central de esta reforma, por tanto, es lograr con claridad la definición y necesidad real de la sociedad de otorgarle autonomía en materia de legislación a la administración pública local, su régimen interno de procedimientos administrativos y de responsabilidades de servidores públicos. Aspiración que renueva la idea de que la propia ley puede dar vida a instituciones y proyectos en los que todos nos podemos ver reflejados. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a cargo de la diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 122, Apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24, fracción I, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 55, fraccion II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; somete a la consideración de esta honorable Camara de Diputados del Congreso de la Union, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 108, 109, 110, 111, 113 y 122 en su base primera, fracción V, inciso G), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 15, 42 y 76 Bis del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Distrito Federal es parte integrante de la federación, capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes federales, y dicha naturaleza lo perfila como una entidad federativa sui generis dentro de nuestro orden constitucional.

Carácter singular que obliga a atender al Distrito Federal como una entidad radicalmente distinta a los estados de la República, ya que si bien ambos son partes integrantes de la federación, el Distrito Federal sirve de asiento a los Poderes de la Unión y debe, por ello, estar sujeto a un régimen constitucional especial que garantice el funcionamiento seguro, eficaz y continuo de éstos.

En esta lógica, el Distrito Federal, por su composición social, económica, y geopolítica, no puede ser considerado como un conjunto de poblaciones desarticuladas, sino que exige una visión integral.

Por lo anterior, se exige un diseño institucional que responda a las necesidades de una ciudad única, con problemas y requerimientos urbanos que abarcan la totalidad de su territorio que compone la zona metropolitana de la Ciudad de México.

Una ciudad de esta naturaleza, requiere instrumentos de gobierno interior que garanticen unidad, congruencia y continuidad territorial en su administración y en el diseño de sus políticas públicas.

El diseño constitucional y legal de las instituciones de gobierno del Distrito Federal se ha logrado en gran medida, sobre todo a partir de las reformas constitucionales de 1993 y 1996, que han dado como resultado la existencia de un órgano propio, encargado de legislar en un número amplio de materias de interés local.

Las reformas de las instituciones de gobierno, además de promover y construir nuevos espacios de representación y participación, deben buscar y lograr el equilibrio imprescindible entre democracia y eficacia gubernamental.

Los ciudadanos y habitantes del Distrito Federal, ante las diversas necesidades de adecuar el marco normativo del Distrito Federal, han manifestado reiteradamente, por distintos medios, su voluntad de adquirir la mayor autonomía posible para su gobierno interior, pero respetando y fortaleciendo siempre el papel del propio Distrito como capital del país y sede de los Poderes de la Unión. Autonomía que no se ha logrado, a pesar del avance significativo que han representado las sucesivas reformas a la organización constitucional del Distrito Federal, ya que aún permanecen como facultades de los Poderes Federales una serie de materias que pueden y deben ser ejercidas por los órganos locales de gobierno.

Una vida política interna más intensa, participativa y democrática, demanda a las instituciones, y notoriamente al poder reformador de la Constitución, un análisis profundo de la actual organización jurídico política de la entidad, a fin de realizar los ajustes y las adecuaciones que necesariamente otorguen mayor fuerza y certeza a la labor de gobierno y, por consiguiente, a ampliar la representación y participación ciudadana en la toma de las decisiones públicas y administrativas.

Si bien es cierto que en 1993 se abrió el camino constitucional para la existencia de un gobierno propio del Distrito Federal, también lo es que dicha solución es insuficiente para satisfacer las aspiraciones de la sociedad, ya que se otorga una autonomía considerable al Distrito Federal en materia legislativa, atribuyendo de manera expresa la mayoría de las materias locales a la asamblea, y conservando al Congreso las no asignadas a ésta.

Es claro que hoy se propone revertir el hecho de que a la Asamblea Legislativa le sean otorgadas las facultades legislativas explícitas, mientras que al Congreso de la Unión las residuales.

Tras casi dos décadas de reformas a las instituciones políticas del Distrito Federal, existen coincidencias en todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa, coincidencias en la responsabilidad en el ejercicio de gobierno y preocupaciones comunes que dan pie a que existan bases sólidas de acuerdo y en torno a lo que hay qué reformar y cómo reformarlo.

Es claro que existe un consenso entre los habitantes de la ciudad, la opinión pública y las distintas fuerzas políticas, en torno a que la organización político constitucional vigente es insuficiente para resolver los problemas que aquejan a la ciudad. La reforma para crear, fortalecer y consolidar las bases institucionales de su funcionamiento se convierte así en una necesidad imperiosa para impulsar el desarrollo justo y equitativo de los ciudadanos del Distrito Federal.

No se puede dejar de hacer hincapié en que existe un pendiente considerable en materia de la reforma política del Estado, por lo que es improrrogable ir avanzando en ésta, en forma conjunta o separada y más en un tema tan prioritario como lo es el de la facultad de legislar en materia de responsabilidad de los servidores públicos locales; tema pendiente, que ante las diversas lagunas legales del marco vigente, es necesario pugnar porque en nuestro sistema normativo exista una verdadera delimitación legal de funciones y atribuciones de los titulares y demás servidores públicos de los órganos del gobierno local, imponiendo a su vez un sistema de responsabilidades de los gobernantes, cuando se contravenga alguna disposición legal en el ejercicio de sus funciones.

En efecto, esta ciudad es diferente de un estado de la República y distinta de cualquier ciudad del país. La aspiración central de esta reforma, por lo tanto, es lograr con claridad la definición y necesidad real de la sociedad de otorgarle autonomía en materia de legislación de la administración pública local, su régimen interno, de procedimientos administrativos y de responsabilidad de servidores públicos, aspiración que renueva la idea de que la propia ley puede dar vida a instituciones y proyectos en los que todos nos podamos ver reflejados.

La realidad política de la ciudad y del país hacen posible concretar la visionaria fórmula de Francisco Zarco, quien durante el Constituyente de 1856 y 1857 defendió la compatibilidad entre la presencia de los poderes nacionales y los derechos políticos locales, bajo la condición de que se definieran ámbitos de competencia, se evitaran los posibles choques entre las esferas de gobierno y se respetaran la autonomía y las responsabilidades correspondientes al gobierno local de la entidad.

Por disposición constitucional, la Asamblea Legislativa está facultada para iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión en materias relativas al Distrito Federal y al honorable Congreso le corresponde, de inicio, el estudio, análisis y posible aprobación de los proyectos de decreto de reforma constitucional, de acuerdo con lo previsto por el artículo 135 de la Ley Fundamental.

En este contexto y por congruencia, le corresponde al gobierno pugnar por la existencia de mecanismos legítimos y propios, pero más, por dotar de facultades a los que por derecho les corresponde velar y vigilar por el cumplimiento de un estado de derecho.

Por lo expuesto, es imperativo que el órgano legislativo local tenga facultades plenas para legislar en materia de responsabilidades de los servidores, acorde a la necesidad real social, generando un verdadero marco jurídico actual, en donde se marquen los parámetros para que se desenvuelva todo servidor público, marco que reconozca sus derechos, pero que también imponga obligaciones legales en el ejercicio de sus funciones, dirigidas a la tutela de los derechos del gobernado frente al actuar de cualquier autoridad, que le permita cuando así sea necesario, exigir por la vía del derecho, la imposición de sanciones por su proceder arbitrario, así como la rendición de cuentas.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta honorable Camara de Diputados del Congreso de la Union, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se reforman los artículos 108 en sus párrafos tercero y cuarto, artículo 109 en su párrafo primero y fracción tercera, artículo 110 en sus párrafos primero y segundo, artículo 111 en sus párrafos primero y quinto, artículo 113 en su párrafo primero y artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su base primera, fracción V, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 108. ...

...

Los gobernadores de los estados, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, los diputados a las legislaturas locales, los diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales y los miembros del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

Las Constituciones de los estados de la República y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, precisarán en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los estados y en los municipios.

Artículo 109. El Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:

I. ...

II. ...

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, transparencia y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

...

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, el Procurador General de la República, los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, el Consejero Presidente, los Consejeros Electorales, y el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los Magistrados del Tribunal Electoral, los Directores Generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

Los gobernadores de los estados, el jefe del Gobierno del Distrito Federal, diputados locales, diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales, magistrados y jueces del fuero común del Distrito Federal, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales y los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las legislaturas locales o a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

...

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los Consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, el procurador general de la República, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

...

...

...

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los gobernadores de los estados, el jefe del Gobierno del Distrito Federal, diputados locales, diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, procurador general de Justicia del Distrito Federal, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los estados, los magistrados del fuero común del Distrito Federal y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales o a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.

...

Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, transparencia y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.

...

Artículo 122. ...

Base Primera. ...

V. ...

g) Legislar en materia de administración pública local, su régimen interno, de procedimientos administrativos y de responsabilidades de los servidores públicos;

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 15 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 15. Las responsabilidades de los servidores públicos de los órganos locales del Distrito Federal, se regularán por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Distrito Federal, en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para los efectos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Distrito Federal, se consideran servidores públicos, quienes presten un servicio personal y su-bordinado o servicios profesionales en las unidades administrativas de la administración pública centralizada, desconcentrada y paraestatal del Gobierno del Distrito Federal, así como los integrantes del órgano judicial, órganos político administrativos, órganos autónomos, órganos de gobierno, que figuren en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal y, en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza cuya retribución sea con cargo al mencionado presupuesto, independientemente del acto jurídico que les dio origen.

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en su fracción XI, XXIX y XXX, para quedar como sigue:

Artículo 42. ...

...

XI. Legislar en materia de administración pública local, su régimen interno, de procedimientos administrativos y de responsabilidades de los servidores públicos;

...

XXIX. Recibir y analizar el informe anual de gestión que le presenten, por conducto del jefe del Gobierno, los jefes delegacionales, los cuales podrán ser citados a comparecer ante comisiones;

XXX. Declarar la procedencia del juicio político, y establecer su trámite conforme a lo previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Distrito Federal, que para tal efecto emita;

Artículo Cuarto. Se adicionan al artículo 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal las fracciones XXXI y XXXII, para quedar como sigue:

Artículo 42. ...

...

XXXI. Erigirse como jurado de procedencia, conforme a lo previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Distrito Federal, que para tal efecto emita; y

XXXII. Las demás que le otorgan la Constitución y este Estatuto.

Artículo Quinto. Se adiciona un artículo 76 Bis al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 76 Bis. El pleno del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se constituirá, a solicitud del pleno de la Asamblea Legislativa, como jurado de sentencia, conforme a lo previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Distrito Federal, que para tal efecto emita la Asamblea Legislativa.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en un término no mayor de 30 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, adecuará su Ley Orgánica y Reglamento para el Gobierno Interior, a efecto de normar las facultades establecidas en el presente decreto.

Tercero. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en un término no mayor de 30 días contados a partir de la entrada en vigor de las modificaciones a su Ley Orgánica y Reglamento para el Gobierno Interior, decretará la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Distrito Federal.

Cuarto.La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en un término no mayor de 30 días contados a partir de la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Distrito Federal, adecuará el marco normativo de las autoridades locales que conozcan o aplican dicha ley.

Quinto.A la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Distrito Federal, se abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, únicamente por lo que respecta al ámbito de aplicación en el Distrito Federal.

Dado en el salón de sesiones, a 4 de febrero de 2010.— Diputada Esthela Damián Peralta (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputada Esthela Damián Peralta. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Recibimos del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Iniciativa que reforma el artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Jorge Antonio Kahwagi Macari, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el pleno de esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se  reforma el párrafo tercero de la fracción V del artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Sistema de Ahorro para el Retiro desarrollado en México a partir de 1997, que capta los ahorros de millones de trabajadores en forma periódica, los registra de manera individualizada y los canaliza a instrumentos financieros fundamentalmente de largo plazo, ha significado en los últimos años una importante contribución tanto al financiamiento de la actividad productiva como a la estabilidad económica.

Conforme a estadísticas de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, AC, el saldo total de los recursos administrados por las Afore ascendió a un billón 19 mil millones de pesos (al cierre de junio de 2009). Esta suma representa en la actualidad 8.4 por ciento del producto interno bruto (PIB) y 18 por ciento de los activos del sistema financiero nacional, lo que convierte a las Afore en el principal inversionista institucional del país.

Más del 28 por ciento de las emisiones mexicanas de deuda de largo plazo no gubernamental se encuentran en los portafolios de las Siefore (sociedades de inversión de fondos de retiro). En particular, la canalización de recursos al sector de infraestructura representa el 21 por ciento del total en circulación de instrumentos de esta clase. Destaca el caso de títulos del Infonavit (49 por ciento del total en circulación) y de Fovissste, en cuya primera emisión las Afore (administradoras de fondos para el retiro) participaron en un 46 por ciento del total.

Ello ha sido posible gracias a que el ahorro que será el sustento de las pensiones de millones de mexicanos se ha invertido cuidadosamente en sectores y proyectos rentables, con invariable apego al régimen de inversión y la regulación vigentes, bajo criterios rigurosos de selección y evaluación establecidos por los órganos de gobierno corporativo de cada administradora y cuidando en todo momento la rentabilidad y seguridad de los recursos de los trabajadores.

Respecto a la calidad de la pensión, bajo el régimen IMSS, la aportación obligatoria para propósitos de retiro es apenas de 6.5 por ciento del salario (más la cuota social). Este parámetro es notoriamente inferior al observado en otros países con sistemas similares. Incluso en México, la reciente reforma a la Ley del ISSSTE estableció un calendario para elevar la aportación al 11.3 por ciento, sin tomar en cuenta la llamada aportación solidaria que puede representar 8.5 puntos porcentuales adicionales. Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indican que la densidad promedio de cotización asciende al 56 por ciento, lo que representa que los trabajadores aportan a su cuenta individual 6.7 meses al año. Estos factores hacen ineludible replantear un incremento a la aportación, para alcanzar el objetivo de una tasa de reemplazo (pensión como proporción del salario).

La región Latinoamérica viene dando muestras evidentes de un giro positivo en sus condiciones financieras que la coloca con buen pie de cara al presente siglo. Ello, sin embargo, podría ser potenciado si se enfrenta decididamente las enormes deficiencias en términos de infraestructura. Diferentes estudios han venido concluyendo la existencia de una relación muy elevada entre crecimiento y la necesidad de ampliar las infraestructuras de los países. Por tanto, de no darle la debida importancia al rol que puede jugar este factor en el desarrollo latinoamericano, podría limitarse tremendamente su crecimiento a largo plazo.

La infraestructura ocupa un lugar clave en las posibilidades de desarrollo y bienestar de cualquier país. Ya sea que se trate de obras de agua, electricidad, comunicaciones o de transporte, la infraestructura representa un conjunto de activos que a largo plazo contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la población en distintas áreas como la salud y la educación, pero también la actividad productiva, el intercambio comercial y la asignación eficiente de recursos en la economía en beneficio de la expansión productiva y bienestar para la población.

Además, en países con grandes disparidades regionales de renta, los activos de infraestructura también pueden tener un papel significativo en la mitigación de las condiciones de pobreza y desigualdad pues, al facilitar la comunicación y la movilidad de los distintos factores productivos contribuyen a igualar las oportunidades de bienestar. En razón de lo anterior, no resulta extraño entonces que típicamente el Estado tenga un alto interés por la construcción y la acumulación de esta clase de activos.

Los activos de infraestructura no sólo resultan importantes para el Estado. Alrededor del mundo, los fondos de pensiones también han registrado un creciente interés por las inversiones en infraestructura, las cuales por tener características económicas y financieras un tanto distintas a las de los bonos y/o acciones son consideradas como “inversiones alternativas”. De esta manera carreteras, puertos, aeropuertos y redes de distribución de electricidad y/o gas representan algunos de los ejemplos de los activos que a lo largo de la última década han recibido inversiones de los fondos de pensiones. Cabe señalar, que los activos de infraestructura resultan valiosos para los fondos de pensiones por al menos dos razones de inversión: 1. Permiten incrementar la diversificación de las carteras al registrar una baja correlación con los bonos y las acciones; y 2. Brindan un horizonte de inversión a largo plazo que es adecuado a su propósito de construir un ahorro para la jubilación.

La brecha en la competitividad de la infraestructura en México responde de manera inmediata a los bajos volúmenes de inversión en el país en comparación a lo ejercido por otras naciones. Por ejemplo, entre 2000 y 2006 el gasto anual en inversiones de infraestructura del país fue en promedio el 3.2 por ciento del PIB, pero excluyendo al sector de hidrocarburos, dicho promedio bajó a poco menos del 2 por ciento. Esto contrasta con los niveles de inversión de otros países emergentes y de América Latina como China y Chile, los cuales registran un gasto de inversión superior al 5 por ciento del PIB.

El régimen de inversión de las Siefore que gestionan Afore ha permitido históricamente la inversión indirecta de los recursos del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) en los proyectos de infraestructura. No obstante, en 2007 el régimen de inversión fue reformado para abrir la posibilidad de una inversión directa en infraestructura a través de fideicomisos e instrumentos financieros vinculados directamente a los proyectos.

Históricamente, las Siefore-Afore han podido participar de manera indirecta en la financiación a empresas y proyectos vinculados con el sector de infraestructura principalmente por medio de instrumentos de deuda que emiten empresas y diversas entidades del sector público. Como ejemplo en agosto 2009 financiaron el 22  por ciento del total de la deuda emitida en el sector privado, canalizando recursos a vivienda, telecomunicaciones, siderurgia, hotelería entre otros.

Por otra parte, la participación de las Siefore-Afore en el mercado de renta variable ha sido más limitada y sólo permitida a través de notas estructuradas de capital protegido. En diciembre de 2007 estas inversiones representaron el 8.8 por ciento del valor total de la cartera y en agosto de 2008 alcanzaron su máximo histórico del 11.2 por ciento. Sin embargo, después de la crisis financiera mundial, el porcentaje de participación se redujo al 7.7 por ciento en enero de 2009 y desde entonces se ha mantenido en un porcentaje en torno al 8 por ciento.

Hasta ahora las Siefore han financiado los proyectos productivos de los distintos niveles de gobierno, grandes empresas públicas y privadas, promotores de vivienda y algunos proyectos de infraestructura principalmente mediante distintos instrumentos de deuda. Sin embargo, con los instrumentos estructurados (certificados bursátiles fiduciarios, por ejemplo, CCD) y Fibras (Fideicomisos de bienes raíces e infraestructura), existe la posibilidad de que las Siefore puedan contribuir más al desarrollo de nueva infraestructura y a la financiación de pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, de acuerdo a estimaciones conservadoras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, si las Siefore mantuvieran la composición de sus carteras su inversión en instrumentos que financian proyectos de infraestructura, podría alcanzar más de 1 por ciento en 2012.

La consolidación en las inversiones de infraestructura por parte de los fondos de pensiones en los países desarrollados ha comprendido un proceso de varias décadas. Cada uno de los países al incursionar en éste tipo de inversiones han emprendido diferentes perspectivas en la aplicación y manejo de los esquemas de concesión bajo la modalidad participación público-privada, así como en la forma como los sistemas de pensiones podían integrarse como fuente de recursos. Estas experiencias han dado muestra al final que el binomio infraestructuras-pensiones puede generar ventajas importantes tanto para los miembros de los planes previsionales como para el desarrollo de los países.

El ahorro voluntario es un factor determinante para elevar el monto de la pensión del trabajador. Como se ha demostrado, ahorrar voluntariamente en una Afore tiene un alto impacto en el saldo total al retiro, gracias a los altos rendimientos que las Afore ofrecen.

En los países donde se observan altos niveles pensionarios, uno de los factores recurrentes y determinantes es la presencia de un elevado monto de ahorro voluntario, que en países como Japón y Estados Unidos de América llega a explicar entre 30 y 50 por ciento de la pensión total que recibe el trabajador a la hora de jubilarse.

Bajo esta perspectiva es que durante la presente administración, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) ha desarrollado diversas acciones tendentes a impulsar este componente del ahorro pensionario, entre otras deducciones fiscales, para quien ahorre voluntariamente hasta 10 por ciento de su ingreso anual.

De análisis efectuados por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa  de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), se desprende que los trabajadores afiliados al IMSS cotizan con un promedio de 4.5 salarios mínimos (7 mil 200 pesos) y no tienen como prioridad el ahorro para el retiro, como lo demuestra el hecho de que únicamente el 1.4 por ciento utiliza la subcuenta de aportaciones voluntarias, mientras que el 28 por ciento de los trabajadores prefiere otro tipo de alternativas de ahorro. Esta situación resulta preocupante al considerar que el promedio de vida es de 75 años y que el ahorro que se realiza es a corto plazo para la compra de bienes.

México comparte la problemática mundial de rezago en infraestructura. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, México ocupa el lugar 61 de 131 países, por la competitividad de su infraestructura. Durante el periodo 2001-2006, el promedio anual de inversión en infraestructura en México fue de 3.2 por ciento del PIB, mientras que otros países de América Latina como Chile (número 31 en lista del Foro Económico Mundial) destinaron un promedio de 5.8 por ciento anual.

En el Plan Nacional de Infraestructura 2007-2012, el gobierno federal estima que la inversión requerida durante los próximos cinco años para satisfacer las necesidades asciende a 2.5 billones de pesos (422 mil millones de pesos cada año en promedio).

Para enfrentar este reto, a inicios de 2008, la federación ha destinado 40 mil millones de pesos a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), a fin de promover el desarrollo de proyectos de gran envergadura y cerrar la brecha que existe entre diferentes regiones del territorio nacional y con países más desarrollados.

Aunque el esfuerzo del gobierno federal es valioso, destaca el hecho de que los recursos públicos asignados no son suficientes para contrarrestar el déficit de infraestructura.

Simplemente, la diferencia entre la necesidad promedio anual y los fondos del Fonadin sigue siendo significativa para satisfacer la demanda del país en este rubro.

En este orden de ideas es indispensable generar riqueza y un circulo virtuoso beneficiando al sistema de ahorro al contar con incentivos que propicien un mayor ahorro en el largo plazo, contando con mayores recursos para opciones de inversión con rendimientos más atractivos, a los trabajadores ya que el ahorro voluntario como se menciono es un factor determinante para elevar el monto de la pensión y finalmente a la sociedad mexicana al acortar ese déficit  de infraestructura que afecta directamente la competitividad de su economía, la productividad y el bienestar social de la población.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Único. Se reforma el párrafo tercero de la fracción V del artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 176. ...

I. a IV. ...

V. ...

...

Cuando los recursos invertidos en las subcuentas de aportaciones complementarias de retiro, en las subcuentas de aportaciones voluntarias o en los planes personales de retiro, así como los rendimientos que ellos generen, se retiren antes de que se cumplan los requisitos establecidos en esta fracción, el retiro se considerará ingreso acumulable en los términos del Capítulo IX de este Título, exceptuando aquellos recursos que se inviertan por diez años consecutivos, hasta por el monto de deducción al que se refiere esta fracción en cada ejercicio.

...

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2010.— Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Adán Augusto López Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

El diputado Adán Augusto López Hernández: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al tenor de la siguiente exposición de motivos.

La Ley sobre la Celebración de Tratados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 1992, contempla en su artículo 1o. la existencia de dos tipos de compromisos internacionales: los tratados y los acuerdos interinstitucionales.

Los tratados son definidos por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, como todo acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional público, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular.

En nuestro sistema jurídico los tratados requieren la aprobación de la Cámara de Senadores y estar de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para convertirse en Ley Suprema de toda la Unión.

Por su parte, los acuerdos interinstitucionales son definidos y entendidos por la propia Ley sobre Celebración de Tratados como aquellos convenios regidos por el derecho internacional público, celebrados por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la administración pública federal, estatal o municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que deriven o no de un tratado previamente aprobado.

En teoría, la diferencia sustancial entre unos y otros radica, por un lado, en el ámbito material de los acuerdos interinstitucionales, mismo que debe circunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias de las dependencias y organismos descentralizados de los niveles de gobierno mencionados que lo suscriben. Y, por el otro, en que a diferencia de los tratados, los acuerdos interinstitucionales no son sometidos a consideración del Senado y tampoco son publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Lo anterior, pese a que en la práctica este tipo de acuerdos al igual que los tratados derivan en obligaciones y responsabilidades concretas para el Estado mexicano en su conjunto, en los términos de las más elementales disposiciones del derecho internacional vigente.

Ahora bien, otra característica que comparten tanto los tratados como los acuerdos interinstitucionales es su influencia y repercusión en el marco normativo y administrativo del país.

Los tratados después de ser aprobados por el Senado y ratificados por el Ejecutivo se convierten en ley suprema de toda la Unión. Las disposiciones del derecho internacional adquieren una jerarquía mayor a la de la legislación federal, según lo establecido por una tesis aislada del máximo tribunal de la nación.

Por su parte, los acuerdos interinstitucionales son una figura jurídica cada vez más utilizada por el gobierno federal, las entidades federativas, las dependencias y organismos descentralizados de los distintos niveles de gobierno.

Desde el 92 hasta la fecha han sido suscritos alrededor de mil 500 acuerdos interinstitucionales, a través de los cuales se han adquirido compromisos en las más diversas materias: comercial, financiera, educativa, tecnológica, energética, seguridad pública, seguridad nacional, derechos humanos, medio ambiente, etcétera.

Como consecuencia, hoy es posible afirmar que existen más acuerdos interinstitucionales que tratados vigentes para nuestro país.

Por ello, el objeto de la presente iniciativa es obligar a que exista una manifestación de impacto regulatorio en materia internacional. Esto significa que debe haber un estudio de los efectos de los compromisos internacionales suscritos por las dependencias del Ejecutivo a nivel federal, local y municipal, a efecto de no vulnerar la armonía que debe prevalecer entre el derecho interno y el derecho internacional, y garantizar que la entidad que busca adquirir un compromiso con un sujeto de derecho extranjero estará apegada a derecho y se encontrará en plenas condiciones para cumplir a cabalidad con su responsabilidad.

En este sentido, proponemos modificar la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para eliminar la disposición que establece, que no se requerirá elaborar manifestación de impacto regulatorio en el caso de los tratados y agregar que dicha manifestación será obligatoria, no sólo en el caso de los tratados sino también de manera previa a la suscripción de los denominados acuerdos interinstitucionales.

Por todo lo anteriormente expuesto ponemos a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 69-H. Cuando las dependencias y los organismos descentralizados de la administración pública federal elaboren anteproyectos de leyes, decretos legislativos y actos a que se refiere el artículo 4, los presentarán a la comisión junto con una manifestación de impacto regulatorio que contenga los aspectos que dicha comisión determine, cuando menos 30 días hábiles antes de la fecha en que se pretende emitir el acto o someterlo a la consideración del titular del Ejecutivo.

Se podrá autorizar que la manifestación se presente hasta en la misma fecha en que se someta el anteproyecto al titular del Ejecutivo federal o se expida la disposición, según corresponda, cuando el anteproyecto pretenda modificar disposiciones que por su naturaleza deban actualizarse periódicamente y hasta 20 días hábiles después, cuando el anteproyecto pretenda resolver o prevenir una situación de emergencia.

Se podrá eximir la obligación de elaborar la manifestación cuando el anteproyecto no implique costo del cumplimiento para los particulares.

Se requerirá elaborar manifestación en el caso de tratados y acuerdos interinstitucionales previamente a su suscripción, y se solicitará y tomará en cuenta la opinión de la Comisión.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día después al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo del diputado Adán Augusto López Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputado Adán Augusto López Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Ley sobre Celebración de Tratados publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de enero de 1992, contempla en su artículo 1o. la existencia de dos tipos de compromisos internacionales: los tratados y los acuerdos interinstitucionales.

Los tratados son definidos por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, como “todo acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional público, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, y cualquiera que sea su denominación particular”.

En nuestro sistema jurídico, los tratados requieren la aprobación de la Cámara de Senadores y estar de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para convertirse en ley suprema de toda la unión.

Por su parte, los acuerdos interinstitucionales son definidos y entendidos por la propia Ley sobre la Celebración de Tratados, como aquellos “convenios regidos por el derecho internacional público, celebrados por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la administración pública federal, estatal o municipal, y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que deriven o no de un tratado previamente aprobado”.

En teoría, la diferencia sustancial entre unos y otros radica, por un lado, en el ámbito material de los acuerdos interinstitucionales, el cual debe circunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias de las dependencias y organismos descentralizados de los niveles de gobierno mencionados que los suscriben; y, por el otro, en que a diferencia de los tratados, los acuerdos interinstitucionales no son sometidos a la consideración del Senado y tampoco son publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Lo anterior, pese a que en la práctica, este tipo de acuerdos, al igual que los tratados, derivan en obligaciones y responsabilidades concretas para el Estado mexicano en su conjunto, en los términos de las más elementales disposiciones del derecho internacional vigente.

Ahora bien, otra característica que comparten tanto los tratados como los acuerdos interinstitucionales es su influencia y repercusión en el marco normativo y administrativo del país. Los tratados, después de ser aprobados por el Senado y ratificados por el Ejecutivo, se convierten en ley suprema de toda la unión y las disposiciones del derecho internacional adquieren una jerarquía mayor a la de la legislación federal, según lo establecido por una tesis aislada del máximo tribunal de la nación.

Por su parte, los acuerdos interinstitucionales son una figura jurídica cada vez más utilizada por el gobierno federal, las entidades federativas y las dependencias y los organismos descentralizados de los distintos niveles de gobierno. Desde el año 1992 y hasta la fecha, han sido suscritos alrededor de mil 500 acuerdos interinstitucionales, a través de los cuales se han adquirido compromisos en las más diversas materias (comercial, financiera, educativa, tecnológica, energética, seguridad pública, seguridad nacional, derechos humanos, medio ambiente, etcétera). Como consecuencia, hoy es posible afirmar que existen más acuerdos interinstitucionales que tratados vigentes para nuestro país.

Por ello, el objetivo de la presente iniciativa es obligar a que exista una manifestación de impacto regulatorio en materia internacional. Esto significa que debe haber un estudio de los efectos de los compromisos internacionales suscritos por las dependencias del Ejecutivo a nivel federal, local y municipal, a efecto de no vulnerar la armonía que debe prevalecer entre el derecho interno y el derecho internacional; y garantizar que la entidad que busca adquirir un compromiso con un sujeto de derecho extranjero estará apegada a derecho y se encontrará en plenas condiciones para cumplir a cabalidad con su responsabilidad.

En este sentido, proponemos modificar la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para eliminar la disposición que establece que no se requerirá elaborar manifestación de impacto regulatorio en el caso de tratados, y agregar que dicha manifestación será obligatoria no sólo en el caso de los tratados, sino también de manera previa a la suscripción de los denominados acuerdos interinstitucionales.

Lo anterior, no sólo contribuirá a garantizar el equilibrio y la congruencia entre el derecho interno y el derecho internacional, sino que también fortalecerá las facultades de control sobre la conducta externa de un número creciente de actores a nivel estatal y nacional. Por todo lo anteriormente expuesto, ponemos a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifica el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo

Único. Se modifica el artículo 69-H de La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, quedando en los siguientes términos:

Capítulo TerceroDe la manifestación de impacto regulatorio

Artículo 69-H.

Cuando las dependencias y los organismos descentralizados de la administración pública federal, elaboren anteproyectos de leyes, decretos legislativos y actos a que se refiere el artículo 4, los presentarán a la comisión, junto con una manifestación de impacto regulatorio que contenga los aspectos que dicha comisión determine, cuando menos 30 días hábiles antes de la fecha en que se pretenda emitir el acto o someterlo a la consideración del titular de Ejecutivo federal.

Se podrá autorizar que la manifestación se presente hasta en la misma fecha en que se someta el anteproyecto al titular del Ejecutivo federal o se expida la disposición, según corresponda, cuando el anteproyecto pretenda modificar disposiciones que por su naturaleza deban actualizarse periódicamente, y hasta 20 días hábiles después, cuando el anteproyecto pretenda resolver o prevenir una situación de emergencia. Se podrá eximir la obligación de elaborar la manifestación cuando el anteproyecto no implique costos de cumplimiento para los particulares. Cuando una dependencia u organismo descentralizado estime que el anteproyecto pudiera estar en uno de los supuestos previstos en este párrafo, lo consultará con la comisión, acompañando copia del anteproyecto, la cual resolverá en definitiva sobre el particular, salvo que se trate de anteproyecto que se pretenda someter a la consideración del titular del Ejecutivo federal, en cuyo caso la Consejería Jurídica decidirá en definitiva, previa opinión de la comisión.

Se requerirá elaborar manifestación en el caso de tratados y acuerdos interinstitucionales previamente a su suscripción, y se solicitará y tomará en cuenta la opinión de la comisión.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 46, pleno, tesis P. LXXVII/99.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a 4 de febrero de 2010.— Diputado Adán Augusto López Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, señor diputado Adán Augusto López Hernández. Túrnese a la Comisión de Función Pública.

LEY DE AMPARO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga:Con su permiso, señor presidente. Señoras diputadas y señores diputados, el artículo 135 de la Ley de Amparo establece que para que surta efectos la suspensión del acto reclamado en los juicios de amparo en que el quejoso señale como acto reclamado el cobro de contribuciones y aprovechamientos por parte de la autoridad fiscal, éste debe realizar un depósito del total efectivo de la cantidad que importe el crédito fiscal relativo.

Es decir, para el otorgamiento de la suspensión en esta materia el quejoso debe exhibir indefectiblemente el monto total del crédito fiscal que le sea requerido en dinero o en efectivo.

Por otra parte, el artículo 151 del Código Fiscal de la Federación establece que las autoridades fiscales para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales requerirán de pago al deudor. Y en caso de que éste no pruebe en el acto haberlo efectuado, procederán de inmediato a embargar bienes suficientes para, en su caso, rematarlos, enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos a favor del fisco, así como embargar negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, a fin de obtener mediante la intervención de ellas los ingresos necesarios que permitan satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales.

En contra del referido acto de embargo dictado en un procedimiento administrativo de ejecución procede el juicio de garantías ante el juez de distrito, quien podrá otorgar la suspensión del acto reclamado.

Como anteriormente quedó anotado, para que surta sus efectos la suspensión del acto reclamado el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que cuando el amparo se pida contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, la suspensión del acto reclamado podrá concederse previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o de la entidad federativa o municipio que corresponda.

Asimismo, el precepto en comento prevé que el depósito debe cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, a fin de asegurar el interés fiscal.

Bastan las anteriores explicaciones para concluir que si la Ley de Amparo exige al contribuyente, a quien ya se embargaron bienes suficientes para garantizar el interés fiscal, volver a garantizar ese interés a través del depósito en efectivo del total de la deuda, entonces, el artículo 135 es desproporcional y excesivo porque obliga al contribuyente deudor a garantizar dos veces el mismo crédito fiscal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo ha establecido al resolver una contradicción de tesis, determinado que cuando la autoridad fiscal con motivo del procedimiento administrativo de ejecución proceda a embargar la negociación con todo lo que de hecho y por derecho le corresponda, a fin de obtener mediante su intervención los ingresos necesarios para satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales, es innecesario que el quejoso cumpla con el requisito del artículo 135 de la Ley de Amparo, siempre que a juicio del juez esté suficientemente garantizado el interés fiscal del crédito exigible.

Por lo expuesto, formulo la siguiente iniciativa.

Artículo único. Se adiciona un párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 135. ...

Si la autoridad fiscal embargó bienes del contribuyente en términos del artículo 151 del Código Fiscal de la Federación, y los bienes embargados son suficientes para asegurar el interés del crédito fiscal exigible, el contribuyente no tendrá que realizar el depósito en efectivo a que se refiere el párrafo anterior.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor presidente. Solicito que el texto íntegro de esta iniciativa se inscriba en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 135 de la Ley de Amparo establece que para que surta efecto la suspensión del acto reclamado en los juicios de amparo en que el quejoso señale como acto reclamado el cobro de contribuciones y aprovechamientos por parte de la autoridad fiscal, éste debe realizar un depósito del total efectivo de la cantidad que importe el crédito fiscal relativo.

En efecto, para el otorgamiento de la suspensión en esta materia, además de satisfacer los requisitos a que alude el artículo 124 de la Ley de Amparo, el quejoso debe exhibir indefectiblemente el monto total del crédito fiscal que le sea requerido, en dinero en efectivo.

Por otra parte, el artículo 151 del Código Fiscal de la Federación establece que las autoridades fiscales, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales, requerirán de pago al deudor y, en caso de que éste no pruebe en el acto haberlo efectuado, procederán de inmediato a embargar bienes suficientes para, en su caso, rematarlos, enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos a favor del fisco, así como a embargar negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, a fin de obtener, mediante la intervención de ellas, los ingresos necesarios que permitan satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales.

En contra del referido acto de embargo, dictado en un procedimiento administrativo de ejecución, procede, en términos del artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías ante el juez de distrito, quien podrá discrecionalmente, conforme al artículo 124 de la ley en cita, otorgar la suspensión del acto reclamado.

Como anteriormente quedó anotado, para que surta sus efectos la suspensión del acto reclamado, el artículo 135 de la Ley de Amparo dispone que cuando el amparo se pida contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, la suspensión del acto reclamado podrá concederse previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o municipio que corresponda.

Asimismo, el precepto en comento prevé que el depósito debe cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, a fin de asegurar el interés fiscal.

Bastan las anteriores explicaciones para concluir que si el artículo 135 de la Ley de Amparo exige al contribuyente a quien ya se embargaron bienes suficientes para garantizar el interés fiscal, en términos del artículo 151 del Código Fiscal de la Federación, volver a garantizar ese interés a través del depósito en efectivo del total de la deuda a nombre de la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o municipio que corresponda; entonces, el artículo 135 es desproporcional y excesivo porque obliga al contribuyente deudor a garantizar dos veces un mismo crédito fiscal.

Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la contradicción de tesis 2a./j. 167/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, octubre de 2009, página 73, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

Garantía del interés fiscal. Es innecesario el depósito del total en efectivo del crédito fiscal y sus accesorios ante la tesorería correspondiente, para que surta efectos la suspensión del acto reclamado en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo, si la autoridad previamente practicó embargo sobre la negociación con intervención con cargo a la caja, siempre que a juicio del juez de amparo el interés fiscal del crédito exigible esté suficientemente garantizado. El citado precepto establece que cuando el amparo se pida contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, que surtirá efectos previo depósito del total de la cantidad, en efectivo, a nombre de la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o del municipio que corresponda, depósito que tendrá que cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, asegurando con ello el interés fiscal. Sin embargo, cuando la autoridad fiscal, con motivo del procedimiento administrativo de ejecución proceda conforme al artículo 151, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, a embargar la negociación con todo lo que de hecho y por derecho le corresponda, a fin de obtener, mediante su intervención, los ingresos necesarios para satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales, para que surta efectos la suspensión del acto reclamado es innecesario que el quejoso cumpla con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley de Amparo, siempre que a juicio del juez de amparo el interés fiscal del crédito exigible esté suficientemente garantizado, toda vez que el embargo es una de las formas autorizadas por el artículo 141, fracción V, del Código Fiscal de la Federación para garantizarlo. Lo anterior es así, ya que no observar el referido embargo conllevaría al extremo de que la quejosa contribuyente tuviera que garantizar dos veces un mismo crédito fiscal, lo que sería contrario al principio de derecho consistente en que la garantía, como acto accesorio, es hasta por el monto de la obligación principal.

La jurisprudencia transcrita establece que si los bienes del quejoso están embargados en términos del artículo 151, fracción II; del Código Fiscal de la Federación es innecesario que cumpla con el requisito del artículo 135 de la Ley de Amparo, siempre que a juicio del juez esté suficientemente garantizado el interés fiscal del crédito exigible.

Por lo anteriormente expuesto formulo la iniciativa siguiente

Único. Se adiciona un párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, para quedar como sigue:

Artículo 135. ...

Si la autoridad fiscal embargó bienes del contribuyente en términos del artículo 151 del Código Fiscal de la Federación, y los bienes embargados son suficientes para asegurar el interés del crédito fiscal exigible, el contribuyente no tendrá que realizar el depósito en efectivo a que se refiere el párrafo anterior.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 4 de febrero de 2010.— Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, señor diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga. Tal como lo solicita insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Justicia.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

La diputada Leticia Quezada Contreras:Buenos días, señor presidente, con su venia. Es una reforma a la Ley Federal del Trabajo, es la licencia por paternidad que ha sido adoptada desde 1974 en Suecia, primer país en otorgarla. Dos años después Finlandia y Noruega adoptaron esta medida que les permite gozar a los padres de unos días con sus recién nacidos, estando este último a la cabeza como el país más favorable en el desarrollo de las familias con cuatro semanas completas de paternidad.

En Europa esta medida se ha extendido. En 1984 Dinamarca implantó la licencia por paternidad. En 1996 Islandia también lo hizo. En el caso de Francia el hombre puede tomar 11 días a partir de los nueve meses de embarazo y hasta los cuatro meses de nacido. España, por su parte, en su nueva Ley de Igualdad incluye un permiso de paternidad por 15 días, con la cual más de 400 mil hombres pueden pedir cada año dicho permiso.

En el caso de América Latina, países como Argentina ofrecen 15 días a los progenitores y en Colombia ofrecen 8 días.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo primero, señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

Nuestra Carta Magna, en el artículo 4o., asume que los hombres y mujeres somos iguales ante la ley, y establece una igualdad jurídica entre ambos sexos. Sin embargo, en los hechos, socialmente hemos construido estereotipos que nos alejan de la igualdad, concebida ésta como el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

En México no existe un permiso de paternidad como tal, a pesar de que los padres también tienen derecho de disfrutar de tiempo para convivir y apoyar a la progenitora y a su hijo o hija recién nacido.

En esta circunstancia, hombres y mujeres hemos fortalecido roles de maternidad y de paternidad. Hemos asumido que las actividades derivadas de la procreación corresponden a las mujeres. Se asume inadecuadamente que biológicamente la mujer es la única que tiene la responsabilidad de cuidar a los hijos.

Actualmente contamos con dos experiencias exitosas en la materia. Una corresponde a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y otra al Instituto Nacional de las Mujeres. Recientemente, el gobierno de Zacatecas ha implementado en sus relaciones contractuales tal derecho a los trabajadores y se encuentran acordes con la igualdad, la no discriminación y la equidad.

Esta medida está basada en la igualdad de oportunidades con vistas tanto a promover la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, como dar la oportunidad a los hombres para asumir la crianza y cuidar de los hijos e hijas, así como conciliar la vida familiar en el desarrollo familiar.

Hasta ahora la Ley Federal del Trabajo y la seguridad social de nuestro país ha discriminado al hombre y refuerza los roles negativos y las conductas estereotipadas al no facilitarles el ejercicio de la paternidad de manera responsable desde el nacimiento de sus hijos e hijas.

Por ello, se proponen varias modificaciones a este ordenamiento con el fin de establecer un permiso de paternidad de 10 días con goce de sueldo como un derecho de los trabajadores.

Finalmente proponemos modificar la fracción V del artículo 391 en relación con las normas que rigen a los contratos colectivos de trabajo, a fin de que en éstos se incluya el permiso de maternidad y paternidad correspondiente.

A saber, se adiciona en el contenido del Título Quinto para que contenga las disposiciones relativas a las responsabilidades familiares, entendiendo que en dicho título deben quedar comprendidas disposiciones relativas a la paternidad y a la maternidad como un derecho y obligación y se derivan de estas circunstancias. Se precisa que los patrones están obligados a otorgar un permiso de paternidad de 10 días con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de su hija o hijo.

Como resultado de la adición aquí propuesta, los padres biológicos y adoptivos tendrán reconocido su derecho a solicitar 10 días de licencia, los cuales podrán otorgarse previamente o con fecha posterior a la que se aproxime o registre el nacimiento de sus hijos e hijas. Esta flexibilidad les permitirá hacer preparativos al nacimiento o bien distribuirlos en tiempo posnatal.

Por obviedad de tiempo pediría que se inserte la presente iniciativa de manera íntegra a la Gaceta Parlamentaria y al Diario de los Debates, con fundamento en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Congreso. Muchas gracias, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Leticia Quezada Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el Título Quinto, se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 164 y se reforma el artículo 995 de la Ley Federal del Trabajo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La licencia por paternidad ha sido adoptada desde 1974 en Suecia, primer país en otorgarla. Dos años después, Finlandia y Noruega adoptaron esta media que les permite gozar a los padres de unos días con sus recién nacidos, estando este último a la cabeza de la lista como el país más favorable al desarrollo de las familias, con cuatro semanas completas. Es en estas sociedades actuales, en las que los hombres han tenido que asumir una posición activa respecto a su paternidad, partiendo del hecho de que la paternidad es una obligación y un derecho personal, que no se puede delegar a terceros.

En Europa esta medida se ha extendido. En 1984 Dinamarca implantó la licencia por paternidad y en 1996, Islandia también lo hizo. En el caso de Francia, el hombre puede tomar 11 días a partir de los nueve meses de embarazo y hasta los 4 meses de nacido. España, por su parte, en su nueva Ley de Igualdad incluye un permiso de paternidad de 15 días, con el cual más de 400 mil hombres pueden pedir, cada año, dicho permiso.

En el caso de América Latina, países como Argentina ofrece 15 días a los progenitores y en Colombia hasta por 8 días.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo primero señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Nuestra Carta Magna en el artículo cuarto asume que los hombres y mujeres somos iguales frente a la ley, y establece una igualdad jurídica entre ambos sexos. Sin embargo en los hechos, socialmente hemos construido estereotipos que nos alejan de la igualdad, concebida ésta como el acceso al mismo trato y oportunidades, para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

En México no existe un permiso de paternidad como tal, a pesar de que los padres también tienen derecho a disfrutar de tiempo para convivir y apoyar a la progenitora y a su hija o hijo recién nacidos. En esta circunstancia, hombres y mujeres hemos fortalecido roles de maternidad y paternidad. Hemos asumido que las actividades derivadas de la procreación corresponden a las mujeres; se asume inadecuadamente que biológicamente la mujer es la única y que tiene la responsabilidad del cuidado de los hijos.

Sin embargo, instituciones como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha establecido a favor de sus empleados un permiso de 10 días con goce de sueldo por nacimiento de hijo o hija para los varones; ésta fue la primera buena práctica, en ese sentido, en el marco del programa de equidad de género, situación parecida a la incapacidad que se da a las mujeres después del parto.

De igual forma, el Instituto Nacional de las Mujeres aprobó, durante la primera sesión ordinaria de 2008 de su Junta de Gobierno, otorgar una prestación similar a los empleados varones de dicho instituto.

Estas medidas implantadas por dos instituciones diferentes, una del gobierno del Distrito Federal y otra a nivel federal, se encuentran acordes con la igualdad, la no discriminación y la equidad. Además tiene como fin aumentar el número de padres que acudan al desempeño un rol activo en el cuidado de las o los hijos. Su principio rector es la igualdad de oportunidades, con vistas tanto a promover la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, como dar la oportunidad a los hombres para asumir la crianza y cuidado de sus hijas e hijos; así como conciliar la vida familiar con el desarrollo laboral.

Respecto a la existencia de legislación vigente orientada a fomentar una participación equitativa entre hombres y mujeres se encuentran los siguientes ejemplos:

• Suecia

• Finlandia

• Noruega

• Dinamarca

• Francia

• España

• Colombia. El artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo de la República Colombiana, establece que al mismo tiempo que la trabajadora hace uso de su licencia por maternidad, su esposo o compañero permanente tomará cuatro días de licencia por paternidad. Si la pareja está cotizando en el seguro social, la licencia de paternidad será por 8 días.

• Argentina. La Ley del Contrato de Trabajo de la República Argentina, en su artículo 158 establece que el trabajador gozará de dos días de licencia por nacimiento de hijo.

• Chile. El artículo 66 del Código de Trabajo establece que en casos de nacimiento y muerte de un hijo así como en el de muerte del cónyuge, todo trabajador tendrá derecho a un día de permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente del tiempo de servicio.

Sirve también de apoyo a la presente exposición de motivos, referirnos  al Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece como principios básicos la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, así como el derecho de los hombres con responsabilidades familiares de que se les incluya el goce de días con sus hijos.

También, de acuerdo con la OIT, se fomenta la igualdad de oportunidades y se contribuye en la construcción de sociedades más justas y se abate la discriminación y desigualdad en el ámbito del trabajo.

La OIT también emitió la recomendación 165 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, en la cual el artículo 22 expresa que

1) Durante un período inmediatamente posterior a la licencia de maternidad, la madre o el padre deberían tener la posibilidad de obtener una licencia (licencia parental) sin perder su empleo, y conservando los derechos que se derivan de él.

2) La duración del período posterior a la licencia de maternidad y la duración y las condiciones de la licencia a que se hace referencia en el subpárrafo 1) anterior deberían determinarse en cada país por uno de los medios previstos en el párrafo 3 de la presente recomendación.

3) La licencia a que se hace referencia en el subpárrafo 1) anterior debería introducir se en forma gradual.

Por otra parte, se tiene que el punto 15 de la Declaración de Beijing, en el marco de la cuarta Conferencia mundial sobre la mujer celebrada en 1995, establece que la igualdad de derechos, de oportunidades y de acceso a los recursos, la distribución equitativa entre hombres y mujeres de las responsabilidades respecto de la familia y una asociación armoniosa entre ellos, son indispensables para el bienestar de la mujer y el de su familia, así como para la consolidación de la democracia.

En México, la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre los géneros y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado.

De acuerdo con lo anterior, es necesario revisar las normas laborales vigentes para adecuarlas a dicha ley, sobre todo si tomamos en cuenta que los padres son sujetos de derechos y actualmente se encuentran con algún tipo de desventaja ante el principio de igualdad que esta ley tutela. Por ello es necesario adecuar las leyes e implantar políticas de cooperación para el desarrollo de mecanismos de participación igualitaria de mujeres y hombres, en todos los ámbitos.

En México, los hombres trabajadores carecen de un régimen laboral que les facilite el cuidado postnatal de sus hijos y apoyar solidariamente a la mujer en las labores del hogar, derivado de que la mujer se encuentra aún convaleciente por la intervención quirúrgica o por el parto.

En este mismo orden de ideas, consideramos necesario que si deseamos ser una sociedad más justa y equitativa entre hombres y mujeres, debemos procurar ser una sociedad que permita el pleno desarrollo de las capacidades y aptitudes de los individuos.

Hasta ahora la Ley Federal del Trabajo y la seguridad social de nuestro país ha discriminado a los hombres y refuerza los roles negativos y las conductas estereotipadas, al no facilitarles el ejercicio de la paternidad de manera responsable desde el nacimiento de sus hijas e hijos. Por ello, se proponen varias modificaciones a este ordenamiento, con el fin de establecer un permiso de paternidad de diez días con goce de sueldo como un derecho de los trabajadores.

A saber, se adiciona el contenido del Titulo Quinto, para que contenga las disposiciones relativas a las responsabilidades familiares, entendiendo que en dicho Título debe quedar comprendidas disposiciones relativas a la paternidad y a la maternidad, como un derecho y obligación y que se derivan de esta circunstancia, se precisa que los patrones están obligados a otorgar un permiso de paternidad de diez días con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de su hija o hijo. Como resultado de la adición aquí propuesta, los padres biológicos y adoptivos, tendrán reconocido su derecho a solicitar diez días de licencia, los cuales podrán otorgarse previamente o en fecha posterior en la que se aproxime o registre el nacimiento de sus hijos, esta flexibilidad les permitirá hacer preparativos al nacimiento o bien distribuirlos en tiempo postnatal. De esta manera, si la madre llegara a fallecer, el progenitor podrá gozar de sesenta días adicionales, lo que da un total de setenta días en los cuales el trabajador estará ausente de sus actividades laborales.

En virtud de que la licencia de paternidad y la que se otorgaría en caso de muerte de la madre a consecuencia del parto, se encuentran intrínsicamente relacionadas con modificaciones sustanciales en la estructura económica, cultural y social de nuestro Estado, es necesario realizar las reformas legales necesarias para su consecución de manera paulatina, es decir, de una manera gradual que nos permita evaluar los resultados que dichas acciones están generando, realizando de esta manera, las adecuaciones que sean necesarias.

Finalmente proponemos modificar el artículo 995, en relación con las sanciones que se aplican por violaciones al Título Quinto y a las disposiciones que rigen el trabajo de los menores, se incrementa la sanción por el incumplimiento a esta obligación patronal que se incrementa de 15 a 315, debido a que antes era de 5 a 155 salarios mínimos generales vigentes, es decir, eran sanciones bastante bajas debido a que para otras conductas se establecen limites inferiores y superiores más grandes. Con este ajuste en la sanción, se pretende dar relevancia a la infracción cometida por el patrón.

Con estas reformas estamos cumpliendo lo dispuesto en el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece como principios básicos la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, así como el derecho de los hombres con responsabilidades familiares de que se les incluya el goce de días con sus hijos.

La presente iniciativa tiene como objetivo otorgar una licencia de paternidad con goce de sueldo a los trabajadores por el nacimiento de su hija o hijo, promoviendo con ello la igualdad entre hombres y mujeres.

Esta propuesta se articula en torno al empleo, la corresponsabilidad, y la conciliación de la vida laboral y personal. Busca equilibrar el papel del cuidado familiar entre hombres y mujeres, para que ambos compartan la atención del recién nacido.

Además de establecer la licencia de paternidad, la iniciativa en comento propone que en el supuesto caso de que se registre la muerte de la madre a consecuencia del parto, se otorgue una licencia de sesenta días hábiles con goce de sueldo.

Si bien es cierto que con el establecimiento de las licencias de paternidad se procura un reparto más justo y equitativo de las actividades relativas a las cuestiones familiares, es igualmente válido prestar especial atención a las consecuencias que se registrarán tanto en el ámbito económico como en el entorno social, esto en caso de que fuera aprobada dicha propuesta.

En la medida que los hombres vayan asumiendo su parte en el cuidado de los hijos y en las tareas domésticas, las mujeres podrán ir integrándose al empleo de calidad, lo que redundaría en la economía y en una sociedad más justa y equilibrada, así como la asunción de una nueva masculinidad en la que los hombres asuman una paternidad afectiva y participativa.

Además se aprovecharía mejor el capital humano, se combatiría la discriminación en salarios y pensiones, el desempleo de la mujer y la escasa presencia femenina en puestos de responsabilidad empresarial, política, social o cultural.

La sociedad está preparada. El permiso de paternidad no es asunto de mujeres, ni sólo de políticas de igualdad, es un derecho de todos los trabajadores y por lo tanto se debe otorgar.

Por expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por la que se reforma el Título Quinto, se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 164 y se reforma el artículo 995  de la Ley Federal del Trabajo

Artículo Primero.Se reforma el Título Quinto y se adiciona al artículo 164, los párrafos segundo y tercero para quedar como sigue:

Titulo QuintoTrabajo de las Mujeres y de las Responsabilidades Familiares

Artículo 164. Las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres.

El trabajador que sea padre disfrutará de una licencia con goce de sueldo por paternidad consistente en diez días naturales, la cual podrá otorgarse desde la fecha de nacimiento de su hija o hijo o antes del nacimiento de éste. Las trabajadoras y trabajadores a quienes se les conceda la adopción de un niño o niña, también disfrutarán de este permiso o licencia, contados a partir de que la misma sea acordada por sentencia definitiva y firme de la autoridad correspondiente.

En caso de que fallezca la madre, a consecuencia del parto, el padre del niño o niña tendrá derecho a una licencia consistente en seis semanas, con los mismos derechos.

....

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 995 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Titulo DieciséisResponsabilidades y Sanciones

....

Artículo 995. Al patrón que viole las normas que rigen el título quinto del trabajo de las mujeres y las responsabilidades familiares, y así como, las que regulan el trabajo de los menores, se le impondrá multa por el equivalente de 15 a 315 veces el salario mínimo general, calculado en los términos del artículo 992.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal deberá publicar en el Diario Oficial, a más tardar en 180 días naturales posteriores a la fecha en que entra en vigor la presente ley, las disposiciones y medidas reglamentarias de esta ley.

Tercero. Las entidades federativas y el Distrito Federal emitirán las normas que en su ámbito de competencia correspondan para armonizar el marco jurídico local en relación con los derechos laborales que este decreto establece.

Palacio Legislativo, a 9 de febrero de 2010.— Diputados: Leticia Quezada Contreras, Yolanda de la Torre Valdez, Claudia Edith Anaya Mota, Georgina Trujillo Zentella (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputada Leticia Quezada Contreras. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

La diputada Georgina Trujillo Zentella (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, diputada Trujillo, dígame. Sonido para la diputada.

La diputada Georgina Trujillo Zentella(desde la curul): Gracias, presidente. Sólo para solicitarle sea usted tan amable de preguntarle a la proponente de la reciente iniciativa si me permite suscribirla.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le preguntamos a la diputada Leticia Quezada Contreras si está de acuerdo en que la diputada Trujillo se adhiera a su iniciativa.

La diputada Leticia Quezada Contreras(desde la curul): De acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Está de acuerdo la diputada Leticia Quezada Contreras. Por tanto, todas aquellas compañeras y aquellos compañeros legisladores que deseen suscribir el documento de la diputada Quezada favor de pasar a la Secretaría.

ARTICULOS 4O. Y 31 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Yolanda de la Torre Valdez:Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, México es todavía, lamentablemente, un país inapropiado para los niños. Hay un alto grado de incumplimiento de sus derechos y la agenda de la niñez no ha terminado de convertirse en un eje de política pública integral para los gobiernos en todos sus órdenes y niveles.

Resulta paradójico que aun con el desarrollo tecnológico y los avances médicos que hay en nuestro país tengamos todavía tasas de mortalidad infantil demasiado elevadas, pues son cuatro veces más altas que las registradas en España y casi tres veces superiores a la tasa que hay en un país como Cuba.

Es inaceptable desde cualquier perspectiva que miles de niñas y niños vivan la violencia, así como tratos crueles y degradantes. Aun cuando no tenemos indicadores precisos sobre el tema hay estimaciones que nos dicen que en México al menos 100 mil niñas y niños viven cada año alguna de las formas de abuso señaladas.

Cada año mueren en México más de 34 mil niñas y niños antes de cumplir los 5 años y, según los datos del Inegi, el 10 por ciento de estas muertes se debe a deficiencias nutricionales, anemias o enfermedades infecciosas.

La magnitud de estos datos debe llevarnos a una movilización nacional para garantizar plenamente los derechos de la niñez mexicana y por ello resulta inaceptable que en pleno siglo XXI nuestro país no haya plasmado en su Carta Magna el principio de interés superior de la niñez.

Esta deficiencia de nuestro marco jurídico no sólo nos sitúa como un país que no ha cumplido plenamente con los acuerdos de la Convención de los Derechos del Niño, sino sobre todo como un país que no ha asumido plenamente las prioridades y principios más elementales en materia de protección de los derechos de los niños.

Carecer de esta protección, de este principio, implica que los gobiernos puedan evadir el cumplimiento de los derechos de la niñez bajo argumentos administrativos o financieros, por lo que es urgente modificar nuestro texto constitucional a fin de que todos los gobiernos tengan el mandato expreso de proteger de manera prioritaria los derechos de la infancia.

La iniciativa que se presenta reforma y adiciona el artículo 4o. constitucional estableciendo como una responsabilidad del Estado el cumplimiento del interés superior de la niñez, adicionando un párrafo en el que se establece que será responsabilidad de los gobiernos, de las entidades y de los municipios en el ámbito de sus atribuciones y facultades el cumplimiento del mismo.

Otra de las virtudes de esta iniciativa consiste en modificar el artículo 31 de nuestra Carta Magna, a fin de adecuar las responsabilidades asignadas a los padres de familia a la realidad y contexto actual. Una de ellas debería ser la de velar adecuadamente por el cumplimiento pleno e integral de los derechos de sus hijos.

Con respecto a este artículo 31 de la Constitución vale la pena señalar que además se propone adicionar una fracción con la intención de hacer una responsabilidad de los padres el fomento de los valores de la tolerancia, la diversidad y la democracia, en el entendido de que la viabilidad democrática de nuestra nación depende de la formación integral de ciudadanos responsables y esto debe iniciar desde la formación en el hogar.

Esta propuesta recupera las visiones y análisis de expertos en la materia y también asume los compromisos establecidos en el foro que se realizó el pasado 19 de noviembre de 2009 en este recinto legislativo, a 20 años de la Convención sobre los Derechos del Niño.

En este evento en el que asistieron invitados de honor como la licenciada Margarita Zavala, así como los gobernadores de Morelos y de Durango, se hizo hincapié de manera unánime en la necesidad de reformar nuestra Carta Magna para establecer en forma explícita el principio: interés superior de la nación.

Estoy convencida de que el texto propuesto no sólo da cabal cumplimiento a las recomendaciones emitidas al Estado mexicano por el Comité de Derecho del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, sino que además enriquece nuestra vocación de protección a la niñez con la reforma y adición que se plantea al artículo 31 constitucional.

Quiero pedir a esta honorable asamblea que dado que en nuestro país siguen incumpliéndose los derechos del niño, en particular de las niñas y de los niños más vulnerables, nos comprometamos a que esta iniciativa sea analizada y dictaminada en este periodo ordinario de sesiones.

De hecho, le pido y le ruego que así conste en el Diario de los Debates, que esta honorable asamblea solicite que esta iniciativa sea analizada y dictaminada mediante el método de trabajo de Conferencia con nuestra colegisladora, a fin de que a más tardar el 30 de abril de este año el Congreso mexicano dé cumplimiento a uno de los saldos jurídicos más importantes que tenemos en materia de derechos humanos. Es cuanto. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 4o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en nombre de las integrantes del grupo parlamentario en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de garantizar el principio del interés superior de la niñez, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con lo establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño, se han venido estableciendo a nivel internacional una serie de instrumentos jurídicos para resguardar aquellos derechos que dicha convención establece como iguales e inalienables para todos los miembros de la familia humana.

Asimismo en esta convención se ha ponderado la promoción del progreso social y la elevación del nivel de vida dentro de un concepto amplio de libertad. Todo esto en el contexto del reconocimiento que se ha dado a niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos.

En el artículo 3o. de la convención sobre los derechos del niño se estipula que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial es que se atenderá siempre en primer lugar el interés superior del niño.

Es importante revisar la historia jurídica mexicana, por la cual el tema del interés superior del niño se ha venido ajustando a la tradición paternalista/autoritaria y no ha podido esclarecerse ni en materia legislativa ni en materia judicial. De acuerdo con el esquema paternalista-autoritario, el legislador, el juez o la autoridad legislativa “constituía” o “realizaba” el interés superior del niño como un acto potestativo, que derivaba de su investidura o su potestad y no de los derechos de los afectados. En este contexto el interés superior del niño sólo funciona a manera de fundamento per se en el que se basan las autoridades para tomar una decisión o determinación “correcta”.

En este sentido el interés superior del niño no desempeña un papel primordial al que deban estar sujetas todas las discusiones, deliberaciones y disposiciones que surjan a partir de un hecho o acto jurídico determinado. El niño, en este sentido, se encuentra desprovisto de otras orientaciones jurídicas.

Aunado a esto, el interés superior del niño se encuentra reducido a una especie de “recomendación” que funciona sólo como un valor efímero sin consecuencias concretas y sin ninguna garantía de ser realizable.

A pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece garantías específicas para la protección de los derechos de la niñez mexicana, cuyo texto dice a la letra:

“Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

“Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

“El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.”

Como puede verse, nuestro texto constitucional ha avanzado sustantivamente en una visión garantista con respecto a los derechos de la niñez mexicana; sin embargo, el principio del interés superior de la niñez no ha quedado explícitamente plasmado en nuestra Carta Magna, incumpliendo con ello los acuerdos asociados a la Convención de los Derechos del Niño, en los cuales se establece que los Estados parte armonizarán sus marcos constitucionales y legales con los principios de la convención.

Con la reforma propuesta, México cumpliría cabalmente con sus responsabilidades asumidas ante la comunidad internacional, pero lo más importante es que daría un paso adelante en la protección de los derechos de uno de los grupos de población en mayores circunstancias de vulnerabilidad social.

Esta iniciativa busca además fortalecer el contenido de nuestra Carta Magna en lo relativo al conjunto de derechos sociales, pues establecer de manera explícita el principio del interés superior de la niñez, obligaría a todas las autoridades del Estado a que en toda decisión o política, se tome en consideración siempre a los niños primero.

La aprobación de esta reforma, permitirá además fortalecer las capacidades del Estado mexicano para revertir las oprobiosas condiciones de desigualdad, pobreza, marginación, vulnerabilidad e inseguridad que enfrentan millones de niñas, niños y adolescentes en el país.

Así, al obligar explícitamente al Estado y a sus instituciones a proteger siempre primero a los niños, no habría argumento posible para postergar, bajo ningún argumento, el diseño de políticas, programas y acciones dirigidos a la plena garantía de los derechos de las niñas y los niños.

La urgencia de actuar en este sentido se evidencia a través de las cifras que reporta el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (INEGI). En su boletín con motivo del Día del Niño, emitido el 30 de abril de 2009, se destaca que en 2006, aproximadamente 7 de cada 100 niños nacidos vivos en México pesaron menos de 2,500 gramos al nacer. De manera específica, Baja California Sur (0.5 por ciento), Colima (0.6 por ciento), Campeche y Nayarit (0.7 por ciento) son las entidades con el menor porcentaje de nacidos vivos con bajo peso; en contraste, las entidades donde se observan los mayores porcentajes de bajo peso al nacer son el Distrito Federal (13.9 por ciento), estado de México (11.5 por ciento) y Jalisco (6.2 por ciento), además de la existencia de severos rezagos en entidades del sur y del centro del país, tales como Chiapas, Puebla, Veracruz, Michoacán y Guanajuato.

En materia educativa los rezagos persistentes son de suma gravedad. De acuerdo con los datos del módulo de trabajo infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2007 (ENOE), en México había en ese año más de 3.1 millones de menores de 17 años que estaban privados de su derecho a la educación; y los resultados de las pruebas de rendimiento escolar muestran lo impostergable que es llevar a cabo nuevas medidas que, sin el sustento de la protección de interés superior de la niñez, pueden seguir postergándose en aras de atender prioritariamente otros temas de la agenda nacional.

Es muy grave que en México haya aún casi 6 millones de analfabetas y que en 2008, el 2.5 por ciento de los niños de 8 a 14 años no sabe leer ni escribir, según los datos del segundo Informe de Gobierno del Ejecutivo federal.

Adicionalmente, las desigualdades en materia de protección de los derechos de los niños son abismales, sobre todo si se piensa en las diferencias que persisten entre las zonas urbanas y las rurales. Así, según los datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en localidades de menos de 2 mil 500 habitantes, la proporción de la población de 8 a 14 años que no sabe leer ni escribir prácticamente se duplica, con relación al promedio nacional, ya que cinco de cada 100 niños se encuentran en dicha situación.

Indicadores educativos, ciclo escolar 2007-2008

  Fuente: SEP. Sistema educativo nacional: principales cifras, 2007-2008.

Otra realidad inaceptable respecto al incumplimiento de los derechos de los niños es la presencia masiva del trabajo infantil. De acuerdo con el citado módulo de trabajo infantil 2007 de la ENOE, en ese año había 29.2 millones de niños de 5 a 17 años, cifra que representa 27.5 por ciento de la población total del país; 50.5 por ciento eran niños y 49.5 por ciento, niñas.

De esa cantidad, 3.7 millones de niñas y niños entre los 8 y los 17 años trabajaban en alguna actividad, ya sea remunerada o no remunerada. De acuerdo con el tipo de actividades que realizaron en la semana de referencia, 52.8 por ciento realizaron quehaceres domésticos en su hogar y estudiaron, 28.8 por ciento sólo estudiaron, y 5.1 por ciento combinaron el trabajo económico con los quehaceres domésticos y el estudio.

Los niños de 5 a 17 años que realizaron alguna actividad económica durante la semana de referencia fueron 3.6 millones; de los cuales, 66.9 por ciento son niños y 33.1 por ciento niñas. De acuerdo con la edad, 30.5 por ciento tienen entre 5 y 13 años y el resto (69.5 por ciento) entre 14 y 17 años.

Del total de niños ocupados, 1.5 millones no asisten a la escuela (41.5 por ciento), 70.7 por ciento son niños y 29.3 por ciento, niñas. La tasa de ocupación en las actividades económicas ascendió a 12.5 por ciento, porcentaje que en los niños fue de 16.6 por ciento y en las niñas de 8.3 por ciento.

En las áreas más urbanizadas (100 mil y más habitantes) se sitúa 30.6 por ciento del total de niños ocupados; en contraste, la mayoría (69.4 por ciento) radica en localidades con menos de 100 mil habitantes desempeñándose en su mayoría como jornaleros agrícolas.

En materia de violencia contra las niñas y los niños, México tiene un saldo de enormes magnitudes. De acuerdo con el informe del secretario general de la ONU sobre la violencia contra los niños, el nuestro es uno de los países con mayores tasas de muertes infantiles accidentales y violentas, con tasas crecientes de homicidios y suicidios entre la población adolescente.

Una de las preocupaciones fundamentales en estas materias es la insuficiencia y la mala calidad de las estadísticas oficiales. Por lo que el establecimiento del principio del interés superior de la niñez obligaría incluso a los órganos que tienen autonomía técnica o de gestión, tales como el Consejo Nacional de Población, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social o el propio INEGI, a diseñar construir sistemas de indicadores eficientes para conocer y determinar el estado que guarda el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México.

En materia de salud, en México persisten altas tasas de mortalidad infantil por causas prevenibles, tales como las enfermedades diarreicas, las enfermedades intestinales infecciosas y las enfermedades respiratorias agudas.

Al respecto, vale la pena destacar que los índices de los derechos de la niñez mexicana, construidos por la Unicef-México, muestran que en materia de salud, una niña o niño que nace en Chiapas o Guerrero tiene tres veces más probabilidades de morir antes de cumplir los cinco años que una niña o niño que nace en el Distrito Federal o en Nuevo León.

En efecto, es una verdadera vergüenza nacional que el hecho de ser  indígena o nacer con algún tipo de discapacidad, sea un determinante para estar en mayor riesgo de morir por falta de atención médica adecuada, acceso a medicamentos o a condiciones de higiene y saneamiento al interior de los hogares.

Ante todos estos datos, vale la pena advertir que no reflejan aún los efectos de la crisis económica que inició en 2008, lo que permite asumir que la gravedad de estos temas pudo haberse agudizado y que las condiciones de desigualdad, pobreza y vulnerabilidad ya se agravaron para las niñas y niños de México.

Vale la pena señalar además, que ya ha habido importantes esfuerzos en esta materia; ya en 2004, la entonces senadora de la república, Yolanda Eugenia González Hernández, había presentado una iniciativa de reforma en el mismo sentido que la que aquí se plantea.

Asimismo, numerosas organizaciones de la sociedad civil han hecho hincapié, una y otra vez, en la importancia de incorporar a la Constitución este principio.

Más aún, el pasado 19 de noviembre de 2009, esta legislatura llevó a cabo un foro nacional sobre los derechos de la niñez, en el que, con la presencia de la licenciada Margarita Zavala, de los gobernadores de Durango y de Morelos, así como de los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, se dieron a conocer algunas de las conclusiones y resolutivos de los foros organizados por la Presidencia de la República en materia de derechos de los niños.

Una de las principales propuestas ahí presentadas fue precisamente la de la necesidad de elevar a rango constitucional el principio del interés superior de la niñez.

Finalmente, debe decirse que esta reforma rescata, además de la iniciativa presentada en 2004 en el Senado de la República, una propuesta para reformar y actualizar el artículo 31 de nuestra Carta Magna, a fin de adecuar las responsabilidades asignadas a los padres de familia, a la realidad y contexto actual.

Sin duda alguna, el cumplimiento de los derechos de los niños recae por un lado en las instituciones del Estado, pero, sobre todo, lo hace en los progenitores, quienes son los principales responsables de velar porque el cumplimiento de los derechos de sus hijos tenga plena vigencia.

En esa lógica, y en el marco de un Estado democrático de derecho, es fundamental que nuestra Carta Magna establezca de manera explícita la necesidad de que todos los mexicanos contribuyamos a generar un régimen de gobierno plural, abierto y garante de todas las libertades.

En ese sentido, el fortalecimiento de la democracia pasa necesariamente por la educación y formación de nuestras niñas, niños y adolescentes en ambientes en los que el diálogo y el respeto mutuo sean los criterios elementales para la convivencia y el desarrollo social ampliado.

De acuerdo con el diagnóstico presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, La democracia en América Latina;  la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2008; y muchos otros documentos, en México hay una deficiente cultura democrática y no se ha logrado que se asuma de manera generalizada los valores y principios que cimientan a todo régimen plenamente democrático.

Por ello, se considera de enorme relevancia establecer como una de las principales responsabilidades de los mexicanos, inculcar en sus hijos, o niñas y niños bajo cuidado y resguardo, los principios que nos dan cohesión y posibilidad de convivencia armónica y solidaria.

Así, con base en los argumentos expuestos, las integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados presentamos ante esta honorable asamblea, para análisis y, en su caso, aprobación, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se reforma y adiciona el párrafo séptimo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se adiciona un párrafo 8o.; y se elimina el párrafo noveno para integrarlo al párrafo séptimo para quedar como sigue:

Artículo 4o.La nación mexicana...

El varón y la mujer...

Toda persona tiene derecho...

Toda persona tiene derecho...

Toda persona tiene derecho...

Toda familia tiene derecho...

El Estado mexicano protegerá mediante todas las capacidades y recursos a su alcance el interés suprior de la niñez, garantizando de manera plena su derecho a tener identidad; a tener un nombre; a la adecuada salud y nutrición; a la educación; a vivir en un medio ambiente sano; a vivir libre de todo tipo de violencia, abuso o maltrato; al libre desa-rrollo de su personalidad; a no ser explotado; y a gozar de todas las demás prerrogativas y derechos que esta Constitución les otorga. El Estado promoverá y otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de los niños.

Los gobiernos de las entidades de la república y de los municipios están obligados a cumplir, en el ámbito de sus responsabilidades y atribuciones, con lo establecido en el párrafo anterior.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y hacer cumplir estos derechos.

Artículo Segundo. Se reforma y adiciona la fracción primera del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona una fracción segunda, recorriéndose en su orden las subsecuentes, para quedar como sigue:

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos

I. Proteger y hacer cumplir el principio del interés superior de la niñez, en los términos establecidos en el artículo 4o. de esta Constitución, particularmente en lo referido al cuidado y protección de de sus hijos; prioritariamente los padres o tutores deberán velar por el adecuado cumplimiento de los derechos de sus hijos a la salud, a la adecuada nutrición y alimentación, a la educación, a un medio ambiente sano y al libre desarrollo de su personalidad.

II. Los padres o tutores tienen la responsabilidad de fomentar en sus hijos o niños en custodia y resguardo, en el marco de las libertades que esta Constitución garantiza, los valores de la tolerancia, diversidad, equidad y todas aquellas acciones tendientes al fortalecimiento de la democracia y la vida en igualdad.

III. Asistir en los días y horas...

IV. Alistarse y servir en...

V. Contribuir a los gastos...

Notas:

1 Estadísticas a propósito del Día del Niño. Datos nacionales, Inegi 2009. Página 4.

2 Íbid, página 5.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2010.— Diputados: Yolanda de la Torre Valdez, Ana Estela Durán Rico, Laura Elena Estrada Rodríguez, Silvia Esther Pérez Ceballos, Rosalina Mazari Espín (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputada Yolanda de la Torre Valdez. Tal como lo solicita insértese en el Diario de los Debates, y háganse las tareas correspondientes con la colegisladora. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y de diputados asistentes.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: ¿Falta algún diputado...

La diputada Rosalina Mazari Espín(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Permítame, diputada secretaria. Sí, diputada Rosalina.

La diputada Rosalina Mazari Espín(desde la curul): Diputado presidente, para preguntar a la diputada Yolanda si me permite adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:¿Está usted de acuerdo, diputada Yolanda de la Torre, en que se adhiera nuestra compañera diputada?

La diputada Yolanda de la Torre Valdez:Sí, acepto con gusto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Acepta la diputada Yolanda de la Torre. Así que todas aquellas legisladoras y aquellos legisladores que deseen suscribirlo favor de pasar a la Secretaría para el trámite conducente.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Pido a la Secretaría que continúe con el cierre del sistema electrónico.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: ¿Falta algún diputado o alguna diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico.

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 438 diputados y diputadas.

Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

ARTICULO 93 CONSTITUCIONAL - LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez:Con su venia, diputado presidente. Honorable Cámara de Diputados, compañeras y compañeros legisladores, el 8 de octubre de 2009 esta Cámara de Diputados con el objeto de dar continuidad y profundizar en el análisis del Tercer Informe de Gobierno, aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se citó a comparecer, entre otros secretarios de Estado, a Javier Lozano Alarcón, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Aún cuando los asuntos del ramo competencia de esa Secretaría, que han generado crisis social y económica, y que reclaman una urgente atención y desahogo, este servidor público no cumplió con el llamado de la Cámara en la fecha acordada para comparecer.

En consecuencia, la Junta de Coordinación Política tan sólo expresó su profunda extrañeza ante la solicitud de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación para reprogramar la comparecencia del secretario del Trabajo y Previsión Social.

Sin duda, el desdén que algún servidor público pudiera mostrarle al Poder Legislativo al no comparecer en tiempo y forma ante sus Cámaras constituye una transgresión y desacato de las normas supremas que conforman nuestro orden constitucional, que no puede ser reparado con una simple manifestación de extrañeza, como lo hizo esta Cámara.

Nuestro orden jurídico no prevé disposición alguna que regule el incumplimiento de esta obligación por parte de los secretarios de Estado, procurador general de la República, titulares de entidades paraestatales y órganos autónomos.

Una de las funciones de control que el Poder Legislativo ostenta sobre los actos de gobierno y que le dan sustento al principio de división y colaboración de los poderes, es aquélla que se encuentra prevista en los artículos 69 y 93 de nuestro código político.

Por mandato constitucional, en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la República está obligado a presentar un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. Sobre el particular, las Cámaras del Congreso de la Unión realizarán un análisis sobre dicho informe, por lo que están plenamente facultadas no sólo para solicitar al presidente de la República amplíe la información mediante pregunta por escrito, sino también para citar a los secretarios de Estado, procurador general y a los directores de entidades paraestatales,  quienes están obligados a comparecer y rendir informes bajo protesta de decir verdad.

Asimismo, es facultad constitucional de las Cámaras convocar a dichos servidores públicos, incluidos los titulares de órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

Los antecedentes de la comparecencia en general se encuentran en los Estados Unidos de Norteamérica en 1792, ya que por primera vez en ese año se utilizó la facultad para citar a funcionarios a declarar con el propósito de aclarar una derrota contra las tribus indias.

En España encontramos, posteriormente, otro antecedente con el Estatuto de Bayona de 1808, en su título IX, relativo a las Cortes, artículo 84, señalaba que el ministro de Hacienda debía presentarles las cuentas cada año, para lo cual tenía que asistir a comparecer ante las Cortes.

El objeto que persigue esta iniciativa con las propuestas de reforma que planteo, es precisamente el de otorgar eficacia a este medio o mecanismo de control parlamentario para perfeccionar nuestro sistema de equilibrios, pesos y contrapesos entre los poderes, toda vez que se prevé la aplicación de una sanción adecuada a los sujetos que siendo convocados o citados en tiempo y forma a comparecer ante las Cámaras del Congreso de la Unión incumplan esta obligación de comparecer.

De tal motivo presento el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 89, y el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 93 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD

Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 8 de octubre del año en curso, la Cámara de Diputados, con objeto de dar continuidad y profundizar en el análisis del tercer Informe de Gobierno, aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se citó a comparecer, entre otros secretarios de Estado, al del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón.

Aun cuando los asuntos del ramo competencia de esa secretaría han generado crisis social y económica, y reclaman una urgente atención y desahogo, el servidor público no cumplió el llamado de la Cámara en la fecha acordada para comparecer.

En consecuencia, la Junta de Coordinación Política tan sólo expresó su profunda extrañeza ante la solicitud de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación para reprogramar la comparecencia del secretario del Trabajo y Previsión Social.

Sin duda, el desdén que algún servidor público pudiera mostrar al Poder Legislativo al no comparecer en tiempo y forma ante sus Cámaras constituye una transgresión y de-sacato de las normas supremas que forman el orden constitucional que no puede ser reparado con una simple manifestación de extrañeza.

Constituciones de otros Estados, como la de El Salvador, disponen la destitución del encargo para los servidores públicos obligados a comparecer ante el Poder Legislativo que no acudan o no asistan a dicha comparecencia.

En el caso de México, no se prevé disposición alguna que regule el incumplimiento de esta obligación por los secretarios de Estado, procurador general de los Estados Unidos Mexicanos, titulares de entidades paraestatales y órganos autónomos.

Una de las funciones de control que el Poder Legislativo presenta sobre los actos de gobierno, y que dan sustento al principio de división y colaboración de los poderes, se prevé en los artículos 69 y 93 del código político.

Por mandato constitucional, en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la República está obligado a presentar un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país.

Sobre el particular, las Cámaras del Congreso de la Unión realizarán un análisis sobre dicho informe, por lo que están plenamente facultadas no sólo para solicitar al presidente de la República que amplíe la información mediante pregunta por escrito, sino también para citar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes están obligados a comparecer y rendir informes bajo protesta de decir verdad.

Es facultad constitucional de las Cámaras convocar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República, y a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

Para comprender la trascendencia que para la vida republicana y democrática del Estado mexicano tiene el ejercicio eficaz de estas facultades por el Poder Legislativo, es necesario hacer algunas precisiones:

Para la Real Academia Española de la Lengua, comparecencia significa “acción y efecto de comparecer”, palabra que deriva del latín comparescere, de comparere, que hace referencia a que alguien se presente en un lugar, llamado o convocado por otra persona, o de acuerdo con ella.

Los antecedentes de la comparecencia en general se encuentran en Estados Unidos de América en 1792, ya que por primera vez en ese año se utilizó la facultad para citar a funcionarios a declarar, con el propósito de aclarar una derrota contra las tribus indias.

En España encontramos posteriormente otro antecedente con el Estatuto de Bayona de 1808, que en el Título IX, relativo a las cortes, artículo 84, señalaba que el ministro de Hacienda debía presentarles las cuentas cada año, para lo cual tenía que asistir o comparecer ante las cortes.

En la Constitución de Cádiz de 1812, en el artículo 125, se señaló que los secretarios del despacho, cuando hiciesen alguna propuesta a nombre del rey tendrían que asistir a las discusiones que las cortes determinaran para hablar en ellas, sin que pudieran estar presentes en las votaciones.

Más allá de otros antecedentes sobre los que pudiéramos reflexionar, nos surge la preocupación de garantizar el eficaz ejercicio de las facultades del Poder Legislativo y el estricto cumplimiento de la obligación que a los secretarios del despacho, titulares de las entidades paraestatales y órganos autónomos les impone la ley fundamental cuando son citados a comparecer por el Poder Legislativo.

De ahí que el objeto que se persigue con las propuestas de reforma que planteo en la presente iniciativa sea precisamente otorgar eficacia a este medio o mecanismo de control parlamentario para perfeccionar el sistema de equilibrios, pesos y contrapesos entre los poderes, toda vez que se prevé la aplicación de una sanción adecuada a los sujetos que siendo convocados o citados en tiempo y forma a comparecer ante las Cámaras del Congreso de la Unión incumplan la obligación de comparecer.

Las comparecencias también como parte del sistema de rendición de cuentas ante cualquiera de las Cámaras deben realizarse con toda oportunidad, y su cancelación o postergación por incumplimiento de asistir a ellas por los sujetos constitucionalmente obligados merman gravemente la atención y desahogo de los asuntos de interés público y social de la sociedad mexicana, debilitando la función de control que tiene encomendada el Poder Legislativo sobre los actos de gobierno.

El cumplimiento y la observancia de las normas constitucionales relativas al ejercicio pleno de facultades por los poderes contribuye al fortalecimiento, a la consolidación del estado de derecho, y a la armonía que debe prevalecer en las relaciones interinstitucionales, por lo que es tarea ineludible e irrenunciable que la Cámara de Diputados legisle para crear instrumentos legales orientados a ese propósito.

Por lo expuesto, me permito someter a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 93 de la Constitución Política y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Primero.Se reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 93. ...

...

Cuando alguno de los servidores públicos señalados deje de comparecer sin causa justificada en tiempo y forma ante la Cámara que lo convoca, el pleno de ésta, mediante acuerdo aprobado por mayoría simple, solicitará al titular del Poder Ejecutivo su destitución, quien deberá efectuarla de inmediato y comunicarla por escrito a las Cámaras del Congreso General y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Segundo.Se adiciona un párrafo al numeral 4 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 45. ...

1. a 3. ...

4. ...

Cuando el servidor público sea citado a comparecer ante comisiones o ante el pleno, y no cumpla la obligación de hacerlo en tiempo y forma sin causa justificada, la Cámara, por acuerdo del pleno, solicitará al titular del Poder Ejecutivo su destitución, quien deberá efectuarla de inmediato y comunicarla por escrito a las Cámaras del Congreso General y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el supuesto de que el servidor público sea titular de entidades paraestatales u órganos autónomos, la Cámara, por acuerdo del pleno, iniciará el procedimiento de destitución conforme a las disposiciones que para tal efecto emita.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2010.— Diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Luz Carolina Gudiño Corro, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Luz Carolina Gudiño Corro:Con su permiso, diputado presidente. La que suscribe, diputada Carolina Gudiño Corro, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, del estado de Veracruz, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Título Sexto y los artículos 136 a 146 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente exposición de motivos.

La soberanía nacional se traduce en la facultad del Estado para dictar sus propias normas y, en los términos del artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo.

Los Poderes como órganos constituidos deben limitar su actuar al conjunto de facultades que les otorga la Constitución, teniendo como directrices los principios emanados de la misma.

La función esencial del Poder Legislativo es dictaminar leyes conforme al texto, bases y principios establecidos en la Constitución federal, que regulan las relaciones entre los órganos de poder y los gobernados.

Por ello, como legisladores debemos ser un reflejo de nuestros representados y cambiar también, garantizando a través de la ley, procesos que permitan a los ciudadanos hacer llegar de manera directa y con efectos jurídicos sus legítimos intereses.

La actividad del cabildeo, conocida en otros países como lobbying, tuvo su origen en los Estados Unidos de Norteamérica en el año de 1829, en el Capitolio del estado de Nueva York. En 1884 se institucionalizó en la estructura parlamentaria formal de Inglaterra, con el objeto de regular estas actividades que realizan los grupos de poder, que generalmente influyen en la expedición de determinadas disposiciones legales o en la toma de decisiones públicas. En Estados Unidos tiene una regulación normativa al respecto. Por su parte Costa Rica, Argentina y Perú han preparado proyectos relativos a este tema, introduciéndose términos como el de gestores de interés.

En México, el diputado Efrén Leyva, integrante del PRI, presentó en la anterior legislatura una iniciativa de Ley Federal para la Regulación de la Actividad Profesional del Cabildeo y la Promoción de Causas. A su vez en el Senado de la República, en 2004, el entonces senador Fidel Herrera Beltrán, comprometido con la ciudadanía, presentó una iniciativa en estos términos hoy propuestos por una servidora, ratificando su compromiso de legislar de forma cercana a la población.

Estos esfuerzos han tenido como común denominador la preocupación de establecer un mecanismo de control que garantice la transparencia en la representación de intereses, promoción de causas y atención a grupos de interés, considerando que el Poder Legislativo por su naturaleza representativa es el espacio donde desembocan las inquietudes de la sociedad sobre la agenda legislativa.

Ante el planteamiento de emitir una legislación que regule actividades privadas, exigiendo por ejemplo una determinada certificación para ejercerlas profesionalmente, nos encontramos, entre otros, con el conflicto de que la facultad para determinar qué profesiones requieren de una cédula profesional corresponde para su ejercicio constitucionalmente a los estados y no a la federación, por lo que el Congreso de la Unión no tiene potestad para legislar en la materia.

Otra dificultad es que en diversas iniciativas presentadas al respecto se establece como limitante que la atención de intereses sólo podrá ser solicitada a través de los cabilderos, lo cual vulnera la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional.

Por ello me permito proponer la creación de un título en la Ley Orgánica del Congreso General que regule la actividad para planear y supervisar las reuniones que se llevan a cabo entre los grupos de interés y los legisladores, en donde también se establezca la creación de una unidad especializada de enlace que dé respuesta a los planteamientos y realice las diligencias que se deriven de estas actividades, pero sobre todo, que establezcan claramente que esos procedimientos de comunicación y análisis de propuestas serán gratuitos.

De esta forma, se prevé un proceso que condense los intereses ciudadanos y que al estar regulado por el propio Estado garantice una efectiva atención al interés colectivo sin miras individuales.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea el proyecto mismo del que –por encontrarse publicado en la Gaceta Parlamentaria– omitiré su lectura. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Luz Carolina Gudiño Corro, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Luz Carolina Gudiño Corro, integrante de la diputación de Veracruz por el Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes se permite someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un titulo sexto y los artículos 136 al 146, a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La soberanía nacional se traduce en la facultad del Estado para dictar sus propias normas, y en términos del artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. Los Poderes como órganos constituidos deben limitar su actuar al conjunto de facultades que les otorga la Constitución, teniendo como directriz los principios emanados de ésta.

La función esencial del Poder Legislativo es dictar leyes conforme al texto, bases y principios establecidos en la Constitución federal, que regulan las relaciones entre los órganos del poder y los gobernados.

Desde el surgimiento de la tradición codificadora hasta la culminación del constitucionalismo moderno, procesos de los cuales nuestro país no ha sido ajeno, se ha establecido como requisito para expedir una norma de carácter general, exponer los motivos que sirven de guía y sustento de la voluntad del legislador.

Esta concepción presupone la existencia de una voluntad debidamente informada sobre la necesidad de positivización del texto respectivo, ya que se parte de la óptica de Montesquieu en cuanto se concibe a la ley como expresión de la racionalidad humana, y a las leyes de cada nación, como los casos particulares a los que se aplica esa racionalidad.

Sin embargo, esta teoría no se ve plenamente confirmada en la realidad mexicana, muchos ciudadanos dudan de la idoneidad de sus representantes y de la información de que disponen para tomar decisiones; de ahí que no se sientan debidamente representados y en ocasiones perciban que algunos actores políticos obran, indebidamente, contra el mandato popular. Como consecuencia, existe una crisis en la legitimación de los integrantes de los órganos de poder.

No obstante, el órgano representativo por excelencia de los intereses ciudadanos es el Poder Legislativo, el cual se consolida cada vez más como eje rector de las políticas públicas estableciendo un efectivo contrapeso al Poder Ejecutivo.

Toda vez que la responsabilidad, funciones y facultades de los legisladores se han ido consolidando, su cercanía con la ciudadanía es cada vez más estrecha, por ello, el pueblo mexicano definió en las elecciones de 2009 la composición de esta Cámara, en atención a una opción política que siempre ha sido cercana a sus intereses.

La creación de las leyes debe ser definida por el pueblo, y en una nación multicultural como la mexicana, toda diversidad es uniformidad y todo cambio es constancia.

México ha cambiado, y en ejercicio de una sinergia democrática sus actores sociales cada día se vinculan más y se relacionan de forma directa con sus legisladores, buscando ser escuchados y tomados en cuenta al momento de confeccionar las leyes.

Por ello, como legisladores debemos ser un reflejo de nuestros representados y cambiar también, garantizando a través de la ley procesos que permitan a los ciudadanos hacer llegar de manera directa y con efectos jurídicos, sus legítimos intereses.

La actividad de cabildeo, conocida en otros países como lobbying, tuvo su origen en Estados Unidos de América en el año de 1829 en el Capitolio del estado de Nueva York, en Albany. En 1884 se institucionalizó en la estructura parlamentaria formal de Inglaterra. Con el objeto de regular estas actividades que realizan los grupos de poder que generalmente influyen en la expedición de determinados dispositivos legales o en la toma de decisiones públicas, Estados Unidos tiene una regulación normativa al respecto. Por su parte, Costa Rica, Argentina y Perú han preparado proyectos relativos a este tema, introduciendo términos como el de gestores de intereses.

En México, el diputado Efrén Leyva, integrante del Partido Revolucionario Institucional, presentó en anterior legislatura una iniciativa de Ley Federal para la Regulación de la Actividad Profesional del Cabildeo y la Promoción de Causas, y a su vez, en el Senado de la República se encuentran también algunas propuestas que introducen por primera vez el término cabildeo en el marco jurídico del Congreso General.

Asimismo, el entonces senador de la República Fidel Herrera Beltrán comprometido con los ciudadanos, presentó en 2004 una iniciativa en los términos hoy propuestos por una servidora, ratificando su compromiso de legislar de forma cercana a la población.

Estos esfuerzos han tenido como común denominador la preocupación de establecer un mecanismo de control que garantice la transparencia en la representación de intereses, promoción de causas y atención a grupos de interés, considerando que el Poder Legislativo por su naturaleza representativa, es el espacio donde desembocan las inquietudes de la sociedad sobre la agenda legislativa. Sin embargo, hasta este momento, no se había encontrado la fórmula que permitiera dejar a salvo las garantías de libertad de trabajo, de petición y asociación plasmadas en los artículos 5o., 8o. y 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al parecer han existido dos posturas que conciben de manera distinta al cabildeo, atribuyéndole connotaciones positivas o negativas, pues por un lado se entiende como una figura que surge de la conjunción de distintos derechos; y por otro se plantea el riesgo de legislar solamente atendiendo a la voluntad de un sector o grupo determinado violentando con ello la abstracción  y generalidad que debe revestir toda norma jurídica. Sin embargo, puede existir una propuesta ecléctica que fusione ambas posturas llegando a un punto medio.

Ante el planteamiento de emitir una legislación que regule actividades privadas exigiendo, por ejemplo, una determinada certificación para ejercerlas profesionalmente, nos encontramos, entre otros, con el conflicto de que la facultad para determinar qué profesiones requieren de cedula profesional para su ejercicio, corresponde constitucionalmente a los Estados y no a la Federación, por lo que el Congreso de la Unión no tiene potestad para legislar en la materia. Otra dificultad es que en diversas iniciativas presentadas al respecto, se establece como limitante que la atención de intereses sólo podrá ser solicitada a través de los cabilderos, lo cual vulnera la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional.

En un contexto de interés público, e independientemente de los pasos que en los distintos órdenes se puedan ir dando en esta cuestión, resulta oportuno dotar al Congreso de un marco regulatorio básico que permita ordenar dichas actividades al interior del Congreso, darles transparencia y un sentido específico a fin de prevenir las conductas irregulares que se puedan generar en el ejercicio de estas tareas.

Por ello me permito proponer la creación de un título en la Ley Orgánica del Congreso General que regule la actividad para planear y supervisar las reuniones que se llevan a cabo entre los grupos de interés y los legisladores; en donde también se establezca la creación de una Unidad Especializada de Enlace que dé respuesta a los planteamientos y realice las diligencias que deriven de estas actividades pero, sobre todo, que establezca claramente que estos procedimientos de comunicación y análisis de propuestas serán gratuitos. De esta forma se prevé un proceso que condense los intereses ciudadanos y que al estar regulado por el propio Estado garantice una efectiva atención al interés colectivo sin miras individuales.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona un Título Sexto con un capítulo único a la Ley Orgánica del Congreso General

Artículo Único. Se adiciona un Título Sexto a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Titulo SextoDe las promociones ante el Congreso y de la actividad del cabildeo

Capitulo Único

Artículo 136.Toda petición de particulares, corporaciones o autoridades que no tengan derecho de iniciativa, que se presente a cualquiera de las Cámaras, y que guarde relación con asuntos que sean competencia de éstas, se turnará por la Mesa Directiva correspondiente a la comisión o comisiones que corresponda, en razón de la naturaleza del asunto de que se trate.

Artículo 137.Cuando las peticiones provengan de agrupaciones organizadas en torno a cierto interés, respecto de asuntos de competencia de cualquiera de las Cámaras, dichas agrupaciones podrán acudir a ellas para que, por conducto de la Unidad Especializada de Enlace que al efecto se establezca, realicen sus planteamientos y su actividad de cabildeo dentro de las mismas.

Artículo 138. Con el propósito de establecer un control y un registro de las actividades mencionadas en el artículo anterior, los solicitantes deberán presentar ante la Unidad de Enlace, una solicitud por escrito, en la cual deberá contenerse al menos lo siguiente:

a) Nombre, denominación o razón social;

b) Acreditación de personalidad;

c) Domicilio;

d) Acreditar interés personal o de grupo en el asunto;

e) Motivos de su solicitud; y

f) Descripción detallada de su planteamiento.

Artículo 139.De cada escrito que se presente se formará un expediente, al cual le corresponderá un número de registro en sentido progresivo, a efecto de que se cuente con un sistema de control y seguimiento del asunto. En dicho registro se asentará el nombre o razón social de la solicitante, a efecto de establecer un padrón de las agrupaciones y personas para esos efectos.

Una vez registrada la solicitud, la misma será turnada, por la Mesa Directiva, a la comisión o comisiones que corresponda, según la naturaleza del asunto.

La Unidad Especializada de Enlace que se designe al efecto, será la encargada de establecer y dar seguimiento a la comunicación entre las personas y organizaciones de cabildeo y los legisladores competentes.

Artículo 140.Si transcurridos treinta días después de presentada la solicitud, las personas o las organizaciones no realizan ninguna actividad tendiente a impulsar su gestión, la misma será archivada por falta de interés. El expediente archivado podrá ser reactivado sólo cuando existan elementos suficientes para ello, a juicio de la comisión a la que se hubiere turnado el asunto.

Artículo 141.La Unidad Especializada dará a conocer a los solicitantes, los nombres de los legisladores integrantes de las comisiones a las cuales fueron turnados sus asuntos, así como del secretario técnico, con la finalidad de que éste pueda concertar citas o reuniones para exponer los asuntos de manera personal.

Artículo 142.Se podrán llevar a cabo las reuniones que sean necesarias y suficientes a juicio de los legisladores, para la discusión de los asuntos. En las reuniones siempre deberá estar presente, al menos, un legislador miembro de la comisión, un representante de la Unidad Especializada y el secretario técnico de la comisión, quien se encargará de recoger las observaciones para hacerlas del conocimiento de los demás integrantes de la comisión. Todas las actividades del secretario técnico deberán de ser informadas oportunamente a las comisiones.

Artículo 143.Las comisiones y áreas involucradas en el cabildeo, deberán coordinarse con la finalidad de llevar a cabo las reuniones, para que, una vez concluido el proceso de análisis de los planteamientos de los solicitantes, se emita una recomendación que contendrá un balance fundamentado de las observaciones que fueron aceptadas y rechazadas por las comisiones, pudiéndose publicar en los medios de difusión de las Cámaras, previo acuerdo de los legisladores responsables.

Artículo 144.Los integrantes de las comisiones y el secretario técnico podrán en su caso, establecer comunicación permanente vía telefónica y electrónica con los solicitantes a partir de la primera reunión, con la finalidad de intercambiar información y dar seguimiento a los asuntos encomendados. De dicha información se dará cuenta a los demás integrantes de las comisiones involucradas, a la Unidad de Enlace Especializada y, en su caso, a la mesa directiva.

Artículo 145.Las recomendaciones que se emitan por parte de las comisiones y la Unidad Especializada son inatacables y no admiten recurso alguno.

Artículo 146.El procedimiento de cabildeo será enteramente gratuito. Cualquier violación a lo dispuesto por el presente artículo será sancionada de conformidad con lo dispuesto por el Título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por las disposiciones penales aplicables.

Transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

México, Distrito Federal, a 4 de febrero de 2010.— Diputada Luz Carolina Gudiño Corro (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputada Luz Carolina Gudiño Corro. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 34 y 74 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

La diputada Esthela Damián Peralta: Con se venia, diputado presidente. Diputadas y diputados, me presento ante esta tribuna para presentar una iniciativa a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, que es la encargada de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública. Igualmente establece los principios rectores de dicho sistema como son la legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género.

El artículo 34 de esta ley establece que en casos excepcionales, y cuando peligre o se altere el orden social, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por caso fortuito o de fuerza mayor, o existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, los titulares de las dependencias o el oficial mayor respectivo u homólogo podrán utilizar el nombramiento temporal para ocupar un puesto, una vacante o una plaza de nueva creación sin necesidad de sujetarse al procedimiento de reclutamiento y selección a que se refiere la ley.

Dicha facultad se considera de suma importancia puesto que permite que la administración pública federal atienda de manera oportuna cualquiera de los casos excepcionales descritos en el artículo en comento.

Sin embargo, los propósitos del citado precepto normativo se han desvirtuado, ya que en algunos casos tal atribución se ha utilizado para otorgar una indebida ventaja al servidor público eventual frente a los aspirantes a ingresar al Servicio Profesional de Carrera dentro de los concursos públicos y abiertos para ocupar el puesto temporalmente asignado.

En efecto, el artículo 74 de esta ley establece que los Comités Técnicos de Profesionalización y Selección estarán integrados por un funcionario de carrera representante del área de Recursos Humanos de la dependencia, un representante de la Secretaría de la Función Pública y el oficial mayor o su equivalente, quien lo presidirá.

Asimismo, señala que al desarrollarse los procedimientos de ingreso, en sustitución del oficial mayor participará el superior jerárquico inmediato del área en que se haya registrado la necesidad institucional o la vacante, quien tendrá derecho a voto y a oponer su veto razonado a la selección aprobada por los demás miembros.

En razón de la conformación del comité técnico se considera que la participación de los servidores públicos eventuales en los concursos de selección vulneran los principios de imparcialidad y competencia por mérito, puesto que la existencia de una relación laboral vigente con el presidente del Comité Técnico de Selección permite presumir parcialidad.

En consecuencia, los procedimientos de selección se ven limitados subjetivamente por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad y evaluar a personas con las que existen vínculos de afecto laborales o relaciones de dependencia o antagonismo. Igualmente se puede presumir parcialidad, aún si el superior jerárquico inmediato se excusa de intervenir en el procedimiento de selección, puesto que también existe una relación laboral vigente con el siguiente superior jerárquico del área.

Con fecha 6 de septiembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, que establece en su segundo artículo transitorio que se abrogue el acuerdo mencionado anteriormente.

Cabe precisar que en el texto del reglamento de la ley no se menciona de manera explícita si el servidor público temporal podrá o no participar en el concurso abierto para ocupar el puesto de que se trate. Simplemente se da por entendido que al no existir prohibición expresa en la propia ley, los servidores públicos eventuales nombrados con motivo de algunas de las excepciones podrán participar en el concurso respectivo.

En otro orden de ideas, se estima que la facultad del superior jerárquico inmediato de oponer su veto razonado a la selección aprobada por los demás miembros del Comité Técnico de Selección, establecida en el segundo párrafo del artículo 74 de la ley, vulnera los principios rectores del sistema del servicio profesional. En principio, es necesario precisar que dicha facultad tiene su origen en la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal del Servicio Público, a cargo del entonces senador César Jáuregui.

En el texto de dicha iniciativa se establece que el subsistema de selección se basará en el mérito y la igualdad de oportunidades a través de concursos de selección. Y que los aspirantes a ser servidores públicos serán escogidos por un comité formado por la persona que sería su jefe directo o miembro de la Dirección de Recursos Humanos de la dependencia en cuestión y un representante de la Secretaría de la Función Pública.

Diputado presidente, por economía parlamentaria solicito se inserte de manera íntegra el texto de la iniciativa presentada por la de la voz en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 34 y 74 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Esthela Damián Peralta, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se adicionan un tercer párrafo al artículo 34, así como reforma el párrafo segundo del numeral 74, ambos de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, con fundamento en la siguiente

Exposición de Motivos

Conforme al artículo 2 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (LSPCAPF), el sistema de Servicio Profesional de Carrera es un mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades en el accesos a la función pública, con base en el mérito y con el fin de impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad.

Igualmente, establece que los principios rectores de dicho sistema son: la legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por merito y equidad de género.

En razón de lo anterior, se considera que los artículos 34 y 74 de la LSPCAPF vulneran los principios rectores del sistema de servicio profesional de carrera, de acuerdo a las siguientes consideraciones.

El artículo 34 de la LSPCAPF establece que, en casos excepcionales y cuando peligre o se altere el orden social, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país, como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por caso fortuito o de fuerza mayor o existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, los titulares de las dependencias o el oficial mayor respectivo u homologo, podrán utilizar el nombramiento temporal para ocupar un puesto, una vacante o una plaza de nueva creación, sin necesidad de sujetarse al procedimiento de reclutamiento y selección a que se refiera en dicha ley.

Dicha facultad se considera de suma importancia, puesto que permite que la administración pública federal atienda de manera oportuna cualquiera de los casos excepcionales descritos en el artículo en comento.

Sin embargo los propósitos del citado precepto normativo de han desvirtuado, puesto que en algunos casos, dicha atribución se ha utilizado para otorgar una indebida ventaja al servidor público eventual, frente a los aspirantes a ingresar al servicio profesional de carrera, dentro de los concursos públicos y abiertos para ocupar el puesto temporalmente asignado.

En efecto, el artículo 74 de la LSPCAPF, establece que los Comités Técnicos de Profesionalización y Selección estarán integrados por un funcionario de carrera representante del área de recursos humanos de la dependencia, un representante de la secretaría y el oficial mayor o su equivalente, quien lo presidirá. Asimismo, señala que al desarrollarse los procedimientos de ingreso, en sustitución del oficial mayor participará el superior jerárquico inmediato de área en que se haya registrado la necesidad institucional o la vacante, quien tendrá derecho a voto y a oponer su veto razonado a ala selección aprobada por los demás miembros.

En razón de la conformación del Comité Técnico de Selección, se considera que la participación de los servidores públicos eventuales en los concursos de selección, vulnera los principios de imparcialidad y competencia por mérito, puesto que la existencia de una relación laboral vigente con el presidente del Comité Técnico de Selección permite presumir parcialidad, debido a que tanto el servidor público eventual, como el presidente de Comité Técnico de Selección, son personas físicas que, como tales, viven dentro de un conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos de derechos, de intereses, con relaciones humanas, laborales, sociales y familiares, titulares de bienes propios, situaciones de vida personal, etcétera. En consecuencia, los procedimientos de selección se ven limitados subjetivamente  por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad subjetivamente por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad y evaluar a personas con las que existen vínculos de afecto, laborales, o relaciones de dependencia o antagonismo.

Igualmente se puede presumir parcialidad, aun si el superior jerárquico inmediato se excusa de intervenir en el procedimiento de selección, puesto que también existe una relación laboral vigente con el siguiente superior jerárquico del área.

Debido a que la LSPCAPF no regula si los servidores públicos temporales pueden o no participar en los concursos abiertos para ocupar los puestos de que se traten, la Secretaría de la Función Pública, en ejercicio de las atribuciones que le confiere esta ley en estudio, el 11 de abril de 2005 publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo que tiene por objeto establecer los criterios que las dependencia de la administración pública federal y los órganos desconcentrados de éstas, deberán observar al autorizar la ocupación temporal de un puesto vacante o de una nueva creación dentro del Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la administración pública federal”, en el que se establece con toda claridad que “el servidor público temporal podrá participar en el concurso abierto para ocupar el puesto de que se trate, en las condiciones que señala la ley y su reglamento.”

Con fecha 6 de septiembre de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Nuevo Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal”, que establece en su segundo artículo transitorio que se abroga el acuerdo mencionado anteriormente.

Cabe precisar que en el texto del reglamento de la LSPCAPF, no se menciona de manera explicita si el servidor público temporal podrá o no participar en el concurso abierto para ocupar el puesto de que se trate; simplemente se da por entendido que, al no existir prohibición expresa en la propia ley, los servidores públicos eventuales nombrados con motivo de alguna de las excepciones del artículo 34, podrán participar en el concurso respectivo.

Con el fin de regular la participación de los servidores públicos eventuales en los concursos, y hacer prevalecer los principios rectores del servicio profesional de carrera, propongo a esta soberanía adicionar un tercer párrafo al artículo 34 de la ley en comento, en el sentido de que se establezca que para que un servidor público eventual pueda participar en el concurso público abierto del puesto que ocupo temporalmente, deberán transcurrir doce meses, contados a partir de la fecha de conclusión de su último nombramiento temporal.

En otro orden de ideas, se estima que la facultad del superior jerárquico inmediato de oponer su veto razonado a la selección aprobada por los demás miembros del Comité Técnico de Selección, establecida en el segundo  párrafo del artículo 74 de la LSPCAPF, vulnera los principios rectores del sistema del servicio profesional de carrera.

En principio, es necesario precisar que dicha facultad tiene su origen en la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la “Ley Federal del Servicio Público Profesional”, a cargo del entonces senador César Jáuregui Robles, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

En el texto de dicha iniciativa, se establece que el subsistema de selección se basará en el mérito y la igualdad de oportunidades, a través de concursos de selección, y que los aspirantes a ser servidores públicos serán escogidos por un comité formado por la persona que sería su jefe directo, un miembro de la Dirección de Recursos Humanos de la dependencia en cuestión y un representante de la Secretaría de la Función Pública.

Asimismo, señala que en el comité cada miembro tendrá derecho a voto, pero el que será el jefe inmediato del concursante tendrá adicionalmente derecho al veto, “en consideración a que el jefe debe tener derecho a elegir a sus subordinados porque será a ellos  en quien depositará las funciones y responsabilidades de su área.”

Ahora bien, conforme l dictamen de dicha iniciativa, elaborado por las Comisiones Unidas de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, un aspecto fundamental de la LSPCAPF es establecer criterios de reclutamiento y selección de personal que integrarán el servicio profesional de las dependencias del Poder Ejecutivo federal, así como normar los mecanismos de su ingreso, promoción y retiro del servicio público, dejando de lado consideraciones de tipo subjetivo.

Sin duda, la facultad del superior jerárquico inmediato de oponer su veto razonado a la selección aprobada por los demás miembros del Comité Técnico de Selección “en consideración a que el jefe debe tener derecho a elegir a sus subordinados porque será en ellos en quien se depositará las funciones y responsabilidades de su área”, va en contra de uno de los propósitos fundamentales de la LSPCAPF, que es establecer las bases para que los procesos de selección de los servidores públicos no sean arbitrarios o discrecionales.

Igualmente, se afirma que dicha facultad soslaya los resultados de los procedimientos de selección, mediante los cuales se analizan las capacidades, conocimientos, habilidades y experiencias de los aspirantes a ingresar al sistema, puesto que en la actualidad se da más importancia  al juicio del superior jerárquico inmediato del área en que se haya registrado la necesidad institucional o la vacante, a fin de hacer prevalecer los principios rectores del szervicio Profesional de Carrera y garantizar el acceso de los candidatos que demuestren satisfacer los requisitos del cargo y ser los mas aptos parra desempeñarlo.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 34 y 74 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal

Artículo Único. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 34 y se reforma el segundo párrafo del artículo 74, ambos de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 34. ...

...

A fin de que prevalezcan los principios rectores a los que hace referencia el articulo 2 de esta ley, las personas que hayan sido nombradas para ocupar un puesto, una vacante o una plaza de nueva reacción, con motivo de los casos excepcionales que señala el presente artículo, podrán participar en los procesos de selección del cargo que se encuentran desempeñando, una vez que hayan transcurrido doce meses desde la fecha de conclusión de su último nombramiento.

Artículo 74. ...

El comité, al desarrollarse los procedimientos de ingreso actuará como Comité de Selección. En sustitución del oficial mayor participará el superior jerárquico inmediato del área en que haya registrado la necesidad institucional o la vacante. En estos actos, el representante de la secretaría deberá certificar el desarrollo de los procedimientos y su resultado final.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Los procedimientos administrativos de selección iniciados antes de la fecha de entrada en vigor del presente decreto, continuarán tramitándose conforme a las disposiciones aplicables al momento de la respectiva convocatoria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de febrero del 2010.— Diputada Esthela Damián Peralta (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputada Esthela Damián Peralta. Como lo solicita insértese y túrnese a la Comisión de Gobernación.

Se pospone la participación del diputado Gastón Luken Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo:Con su permiso, señor presidente. La que suscribe, diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo y 97 firmas de compañeros, sometemos a consideración de este pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 5º, y adiciona el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, en los términos que establece nuestro marco jurídico vigente y conforme a la siguiente exposición de motivos.

En el presente año se cumplen 67 años de la firma del Convenio Binacional del Programa Braceros entre los Estados Unidos de América y México. A pesar del tiempo transcurrido, no se les ha podido pagar la cantidad de dinero que por derecho les corresponde.

En atención a las múltiples protestas y demandas presentadas por organizaciones de ex braceros convoco a los compañeros legisladores y compañeras legisladoras a que actuemos a favor de este sector, impulsando las gestiones, acuerdos y dictámenes correspondientes con el objeto de obtener recursos de los estados y de la federación, suficientes para poder finiquitar este compromiso con México y sus ciudadanos, dándole punto final a la tarea que nos fue encomendada como legisladores.

Como ustedes recordarán, en 1942 procurando una fuente de trabajo para trabajadores agrícolas y obreros mexicanos, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el general Manuel Ávila, y el presidente de los Estados Unidos en ese entonces, Franklin Roosevelt, ofrecieron un acuerdo binacional en donde se estableció la creación de más de 5 millones de contratos de trabajo. Éstos se celebraron entre 1942 y 1964 de manera temporal, con el objetivo de que nuestros compatriotas participaran en tiempos difíciles con nuestro vecino del norte.

Estos recursos ahorrados no fueron regresados a los trabajadores migratorios tal y como el convenio lo establecía, quedando así los recursos que tanto esfuerzo habían tenido los trabajadores migratorios por años.

Por ello, señoras legisladoras y señores legisladores, es de importancia atender esta situación y ponerle punto final a esta problemática. Debemos acentuar las coincidencias en este tema con el objetivo de generar compromisos entre los legisladores y sus fracciones parlamentarias, entre el Congreso de la Unión, los órganos y niveles de gobierno.

Por lo anteriormente expuesto, a nombre de 97 compañeros legisladores someto a consideración de este pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y se adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, los cuales son los siguientes:

Artículo 5o. El Comité Técnico tendrá de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes facultades:

I.

II. Elaborar y publicar las bases y procedimientos a través de los cuales autorice se otorguen los apoyos por la cantidad de 38 mil pesos en una sola exhibición, misma que se podrá entregar a los beneficiarios en un plazo de 180 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la publicación de la relación de apoyos programados en el Diario Oficial de la Federación.

Se deberá dar preferencia a los trabajadores con enfermedades temporales. Es todo, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 5o. de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Diva Hadamira Gastélum Bajo, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma la fracción II del artículo 5o. y se adiciona el inciso a), de la fracción III del artículo 5o.; de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, con el más firme propósito de cubrir en forma definitiva el pago que demandan, los ex trabajadores migratorios, con fundamento en la siguiente

Exposición de Motivos

En el año de 1942 se procuró una fuente de trabajo en Estados Unidos de América para trabajadores agrícolas mexicanos, mediante un convenio celebrado entre los gobiernos de EUA y México, con una vigencia de 22 años de 1942 a 1964, en dicho convenio, se estableció la creación del fondo de retención del 10 por ciento de los salarios que percibían los trabajadores en Estados Unidos, con lo cual se integró el Fondo de Ahorro Campesino. Los fondos retenidos fueron transferidos al entonces Banco de Crédito Agrícola de México, que después se constituyo como Banco de Crédito Rural, hoy Financiera Rural.

Sin embargo, los recursos ahorrados y enterados no fueron regresados a los trabajadores migratorios, toda vez que ninguna instancia asumió responsabilidad alguna y con el paso de los años, los ex trabajadores braceros quedaron en estado de indefensión, al no encontrarse documentación que amparen tales transferencias.

En atención a las múltiples protestas y demandas presentadas por organizaciones de ex braceros y como iniciativa de los legisladores surge en abril de 2005, la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2005.

Con ello, la Secretaría de Gobernación inició el proceso para la integración de un padrón de ex trabajadores migratorios mexicanos del periodo 1942-1964, cuya lista de beneficiarios empezó a integrarse a partir de la exhibición de pruebas documentadas, con las que los ex trabajadores o en su caso familiares con legítimo derecho a recibir los recursos, acreditando que habían laborado en Estados Unidos de América de 1942 a 1964.

Actualmente la Ley que crea el Fidecomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios, es operado por la Secretaría de Gobernación a través de un comité técnico, han sido abiertas dos etapas para la recepción de documentos e inscripción de ex trabajadores migrantes, para quienes y de acuerdo con las reglas de operación del fideicomiso, se ha establecido un importe de pago por un monto de 38 mil pesos.

Conforme a cifras oficiales, durante la primera etapa del programa de recepción de documentos, han sido inscritos 42 mil 633 ex trabajadores migratorios y se benefició con el pago a un número de 40 mil 198.

Una segunda etapa, que concluyó en enero del presente año, registró 172 mil 178 inscritos. De esta lista, han sido beneficiados 125 mil 506 ex trabajadores migratorios conforme al corte de 12 de enero de este año. Quedando pendientes de pago 46 mil 200 compañeros, acumulándose a este número alrededor de más de 170 mil de personas que a través de sus organizaciones, demandan una nueva apertura de ventanillas de registro, ya que existen ex braceros que, por diversas razones ajenas a su voluntad, no pudieron obtener su inscripción en las primeras dos etapas.

Incluso contraviniendo lo dispuesto en el numeral cinco de las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106, que establecen un pago por el orden de los 38 mil pesos, se cubrió un pago parcial por un monto de apenas 4 mil pesos para estos 125 mil 506 beneficiados.

Actualmente, existe una gran diversidad de necesidades en materia de gasto social, sin embargo se debe de considerar a este sector de la sociedad como una prioridad por el número y rango de edad que representan los ex trabajadores migrantes así como la morosidad con la que ahora se le hace efectivo un pago al que, con elemental sentido de justicia, tienen derecho.

Es por ello que convoco a las compañeras y compañeros legisladores a que actuamos a favor de este sector vulnerable, impulsando las gestiones, acuerdos y dictámenes correspondientes con el objetivo de obtener recursos de los estados y la federación, suficientes para poder finiquitar este compromiso con México y sus ciudadanos dándole punto final a la tarea que nos fue encomendada como legisladores.

Por lo expuesto, y con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto por el se reforman la fracción II del artículo 5o. se adicionan el inciso a), de la fracción III del artículo 5o.; de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Artículo 5o.El comité técnico tendrá, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes facultades:

I. ...

II. Elaborar y publicar las bases y procedimientos a través de los cuales se autorice otorgar los apoyos por la cantidad de 38 mil pesos en una sola exhibición que se podrán entregar a los beneficiarios en un plazo de 180 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la publicación de la Relación de Apoyos Programados en el Diario Oficial de la Federación.

III. Otorgar los apoyos, con base en las reglas de operación que al efecto se emitan debiendo observar en todo caso el siguiente orden de prelación:

a) Se deberá dar preferencia a los trabajadores con enfermedades terminales.

b) Los trabajadores de mayor edad respecto a los de menor edad.

c) Los trabajadores migratorios del periodo 1942-1946, y

d) Los trabajadores migratorios hasta el periodo 1964.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los beneficiarios que ya han cobrado un pago parcial, se les podrá liquidar su apoyo por la cantidad que se les debe, de acuerdo a la convocatoria que realice el comité técnico, la cual será publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los nueve días de febrero de 2010.— Diputados: Diva Hadamira Gastélum Bajo, Janet Graciela González Tostado, Alberto Jiménez Merino, Julieta Octavia Marín Torres, José Alberto González Morales, Juan Pablo Jiménez Concha, Leobardo Soto Martínez, María Hilaria Domínguez Arvizu, José Óscar Aguilar González, Reginaldo Rivera de la Torre, María del Carmen Izaguirre Francos, Benjamín Clariond Reyes Retana, María Cristina Díaz Salazar, Rogelio Cerda Pérez, David Hernández Pérez, José Trinidad Padilla, Rafael Yerena Zambrano, Samuel Herrera Chávez, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, Emiliano Velázquez Esquivel, Alejandro Encinas Rodríguez, Leticia Quesada Contreras, Florentina Rosario Morales, REigoberto Salgado Vázquez, Adán augusto López Hernández, Pedro Vázquez González, Enrique Ibarra Pedroza, Jaime Cárdenas Gracia, Gerardo Fernández Noroña, Ifigenia Martínez Hernández, Teresa Guadalupe Reyes Sahún, Laura Itzel Castillo Juárez, Guadalupe Acosta Naranjo, Sabino Bautista Concepción, Delia Guerrero Coronado, Rosario Ortiz Yeladaqui, Francisco Armando Meza Castro, Miguel Álvarez Santamaría, Cuauhtémoc Salgado Romero, Víctor Flores Morales, Silvio Lagos Galindo, Amadeo Flores Espinosa, Luis Antonio Martínez Armengol, María Esther Scherman Leaño, Jesús alberto Cano Vélez, Carlos Flores Rico, Juan José Guerra Abud, Juan Carlos Natale López, Diego Guerrero Rubio, Alejandro Carabias Icaza, Juan Gerardo Flores Ramírez, Caritita Sáenz Vargas, Carlos Ezeta Salcedo, Rosario Brindis Álvarez, Norma Leticia Orozco Torres, Miguel Ángel García Granados, Francisco Hernández Juárez, Sandra Méndez Hernández, Sergio Saldaña del Moral, Ignacio Pichardo Lechuga, Josué Cirino Valdés Huezo, Omar Rodríguez Cisneros, Armando Corona Rivera, Manuel Humberto Cota Jiménez, Miguel ángel Terrón Mendoza, Fermín Montes Cavazos, Heriberto Ambrosio Cipriano, Elpidio Concha Arellano, José Antonio Iglesias Arreola, Margarita Liborio Aráosla, Héctor Murguía Lardizábal, Guillermo Márquez Lizalde, Luis Carlos Campos Villegas, Adrana Terrazas Porras, Jaime Flores Castañeda, Guadalupe Pérez Domínguez, Maurilio Ochoa Millán, José Antonio Aysa Bernat, Jorge Rojo García de Alba, Joel González Díaz, Efraín Aguilar Góngora, Éric Rubio Barthell, Clara Gómez Caro, Rosalina Mazari Espín, Víctor Manuel Castro Cosío, Laura Arizmendi Campos, Rolando Zapata Bello, Pilar Torre Canales, Elsa María Martínez Peña, Cora Cecilia Pineda Alonso, Arturo Carlos alberto Pérez Cuevas, Antonieta Pérez Reyes, Javier Corral Jurado, Rubén Moreira Valdez (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputada Hadamira Gastélum Bajo. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, diputado Ibarra.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): Para suscribir la iniciativa que acaba de presentar la diputada Diva, si no tiene objeción alguna.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le pregunto a la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo si está de acuerdo en que el diputado Ibarra se adhiera a su propuesta.

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo(desde la curul): De acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Está de acuerdo la diputada. Todas aquellas y aquellos diputados que deseen suscribirla favor de pasar a la Secretaría.

Señoras diputadas  y señores diputados, se encuentran entre nosotros maestros y alumnos de la Secundaria Técnica Industrial número 105, de Ecatepec, estado de México, invitados por el diputado Noé Martín Vázquez Pérez. Sean todas y todos ustedes bienvenidos.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 51-Bis 4 de la Ley General de Salud.

El diputado Miguel Antonio Osuna Millán:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y diputados, la iniciativa que hoy me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea es de la mayor relevancia y trascendencia, con miras a fortalecer el derecho a la salud, consagrado en nuestra Carta Magna.

La bioética es la rama de la ética que se dedica a proveer los servicios y principios de conducta humana de la vida, incluyendo todos los problemas éticos que tienen que ver con la vida en general y, en este caso, por supuesto, con la práctica médica.

Como disciplina relativamente nueva abarca las cuestiones éticas acerca de la vida y de la medicina que surgen entre las relaciones de disciplinas como la biología, la nutrición, la medicina, la política, el derecho, la filosofía, sociología, antropología, teología, etcétera.

La bioética entendida como el estudio sistemático de las dimensiones morales de las ciencias de la vida y de la atención de la salud, encuentra sus cimientos y base fundamental en los cuatro principios derivados del Informe Belmont, que son: el respeto por la autonomía, la beneficencia, el principio de la no maleficencia y, por supuesto, como norma máxima, el de la justicia; justicia para el paciente y justicia para el usuario de los servicios médicos.

Mediante la presente iniciativa proponemos adicionar un artículo –el 51 Bis 4– a la Ley General de Salud, dentro del capítulo de Usuarios de los servicios de salud y participación de la comunidad, con un objetivo muy concreto: incorporar en la ley la obligación para las instituciones de salud de constituir comisiones de bioética, mismas que estarán dedicadas a la resolución de los dilemas derivados del ejercicio de los derechos de los usuarios con respecto a sus actividades de atención médica que ya contempla la ley.

Pero, ¿por qué estamos proponiendo esta reforma? Es cierto, actualmente la ley ya contempla la creación de comisiones de ética. Sin embargo, éstas se encuentran limitadas y circunscritas única y exclusivamente a la materia de investigación para la salud aplicada a seres humanos.

Por ello es necesario ir más allá, pero mucho más allá. En caso de contar con el apoyo de las comisiones dictaminadoras y de los diversos grupos parlamentarios representados en ésta, la casa del pueblo, mediante esta iniciativa podremos contar con comisiones de bioética en todas las instituciones de salud y así podríamos hacer realidad la resolución óptima de los múltiples dilemas bioéticos que se derivan todos los días en los servicios de salud, por supuesto, en beneficio de las mexicanas y los mexicanos.

¿Por qué la creación y desarrollo de las comisiones de bioética impactarían de manera positiva en la salud de los mexicanos? Está muy claro. La utilidad de estas comisiones radica en la certeza que se generaría en el ejercicio de los derechos de los usuarios, en la notoria mejoría de la calidad de los servicios de salud y, finalmente, en el análisis y la resolución cotidiana y casuística de los casos de pacientes que padecen enfermedades crónico-degenerativas y que éstos deciden ejercer el derecho de rechazar el tratamiento médico de carácter curativo para recibir cuidados paliativos.

Compañeros legisladores, la presentación de esta iniciativa está inspirada en el respeto al ser humano, a sus derechos inalienables, a su bien verdadero e integral que es la dignidad de la persona. Los derechos del paciente y los deberes del médico son un binomio sagrado que tenemos la obligación de tutelar.

Le solicito, diputado presidente, que se inserte el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 51 Bis 4 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Miguel Antonio Osuna Millán, diputado de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 51 Bis 4 a la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho a la Salud consagrado en nuestra Carta Magna en su artículo 4o. que establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta constitución, siendo una de las principales finalidades la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud.

Tal como lo establece el artículo 50 de la Ley General de Salud, “se considera usuario de servicios de salud a toda persona que requiera y obtenga los que presten los sectores público, social y privado, en las condiciones y conforme a las bases que para cada modalidad se establezcan en esta ley y demás disposiciones aplicables”.

El conjunto de relaciones entre los distintos actores del procedimiento de la atención médica, que proporcionan los servicios de salud, se distinguen por su indiscutible complejidad. En ese escenario el sujeto más vulnerable es el usuario de los servicios de atención médica.

Aunque a los usuarios de los servicios de salud les asiste un conjunto de derechos y obligaciones, es necesario que existan las condiciones objetivas para su ejercicio y cumplimiento.

La nueva conformación de nuestra sociedad, en la que día tras día se nos presenta el reto de ejercer nuestros derechos de participación y opinión para obtener más y mejores servicios, demostrándonos que somos capaces de vivir en armonía con el resto de los ciudadanos y de asumir un comportamiento plenamente democrático, exige la construcción de instancias de organización, control y vigilancia, a través de las cuales ello sea posible.

El vocablo bioética, adaptado al ámbito de la salud y la tecnología, es definido como: el estudio sistemático de las dimensiones morales (incluyendo visión moral, decisiones, conductas y políticas) de las ciencias de la vida y de la atención de la salud, empleando una variedad de metodologías éticas en un contexto interdisciplinario.

El origen de los principios bioéticos se encuentra en el Informe Belmont de 1978, elaborado por la Comisión Nacional para la Protección de Personas Objeto de la Experimentación Biomédica y de la Conducta. Estos principios son:

• Respeto por la autonomía: capacidad de decisión de las personas sobre la elección de tratamientos y acceso a la información clínica.

• Beneficencia: considerar la evaluación sobre las ventajas de los tratamientos y los beneficios otorgados a los pacientes.

• No maleficencia: principio que obliga a los profesionales a no hacer daño ni poner en riesgo al paciente.

• Justicia: garantizar equidad en atención, costos y beneficios.

Es por ello que el artículo 3o. de la Ley General de Salud establece como materia de salubridad general “la organización, control y vigilancia de la prestación de servicios y de establecimientos de salud ...”.

Aunque actualmente la ley obliga a la creación de comisiones de ética, investigación y en su caso bioética, solamente lo hace para la materia de investigación para la salud, aplicada en seres humanos, por lo que dichas comisiones no intervienen en la resolución de la infinidad de dilemas bioéticos que se derivan cotidianamente en los servicios de salud y que invariablemente impactan negativamente en el usuario.

La creación de comisiones de bioética para que intervengan en la resolución de los dilemas derivados de la atención médica, a fin de generar certeza en el ejercicio de los derechos de los usuarios, incluyendo aquellos que se derivan de los cuidados paliativos, puede contribuir notoriamente a la mejora de la calidad de los servicios de salud en beneficio de los usuarios de los mismos y, por lo tanto, al cumplimiento de uno de los objetivos del sistema nacional de salud.

Por otra parte, las comisiones de bioética pueden ayudar a garantizar para el usuario que el “derecho de obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea y a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como trato respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares”, tal como lo indica el artículo 51 de la ley.

Sin embargo, un punto crítico de la actuación de las comisiones de bioética será el de intervenir en el análisis y resolución de aquellos casos de pacientes que padecen enfermedades crónico-degenerativas y que deciden ejercer el derecho de rechazar el tratamiento médico de carácter curativo, para recibir cuidados paliativos, tal como lo establece el capítulo II del Título Octavo Bis de la Ley General de Salud.

En virtud de que a algunas instituciones por su capacidad de resolución y carencia de recurso, no les es materialmente posible la creación de las comisiones de bioética, se ha considerado la creación de comisiones regionales.

Por último, se ha considerado que la rectoría de la secretaría de salud, es un elemento fundamental para lograr el correcto y eficaz funcionamiento de las comisiones de bioética, por lo tanto se ha incluido la facultad de esa secretaría para dictar las normas oficiales mexicanas a que quedará sujeta la vigilancia, control, registro, funcionamiento, conformación, clasificación y distribución territorial de las comisiones bioéticas, así como, para la creación de comisiones regionales.

Por lo aquí expuesto y fundado, presento ante esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 51 Bis 4 a la Ley General de Salud, para la creación de comisiones de bioética en las instituciones de salud, para la resolución de dilemas bioéticos derivados de la atención médica.

Decreto por el que se adiciona un artículo a la Ley General de Salud

Único. Se adiciona un artículo 51 Bis 4 a la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 51 Bis 4. Las instituciones de salud deberán constituir comisiones de bioética, para la resolución de los dilemas derivados del ejercicio de los derechos de los usuarios, con respecto a las actividades de atención médica a que se refiere el artículo 33 de esta ley.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 180 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud deberá efectuar las adecuaciones reglamentarias y normativas, así como dictar las normas oficiales mexicanas a que quedará sujeta la vigilancia, control, registro, funcionamiento, conformación, clasificación y distribución territorial de las comisiones bioéticas, a fin de garantizar el cumplimiento del presente decreto, en un plazo no mayor a 180 días después de su publicación.

Tercero. La creación los comités de bioética a que se refiere el presente decreto deberá sujetarse a los recursos humanos, financieros y materiales destinados a la Secretaría de Salud. En caso de que para dicho efecto se requieran mayores recursos, éstos serán asignados con cargo al presupuesto aprobado para la Secretaría de Salud en el ejercicio fiscal correspondiente.

Notas:

1 Ley General de Salud. Artículo 2o., fracción IV. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142.pdf

2 Ley General de Salud. Artículo 6o., fracción I.

Salón de sesiones, a 9 de febrero de 2010.— Diputado Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, señor diputado Miguel Antonio Osuna Millán. Como lo solicita insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Salud.

LEY FEDERAL DE ASISTENCIA A MADRES SOLTERAS JEFAS DE FAMILIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Alejandro Carabias Icaza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Asistencia a Madres Solteras Jefas de Familia.

El diputado Alejandro Carabias Icaza:Con su permiso, diputado presidente. El suscrito diputado Alejandro Carabias Icaza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, suscribe iniciativa de Ley Federal de Asistencia a Madres Solteras Jefas de Familia bajo la siguiente exposición de motivos.

En el México actual cada vez son más las mujeres que por distintos motivos han tenido que asumir las funciones de jefas de familia como únicas responsables del hogar para cubrir aspectos como los económicos, afectivos, emocionales y formadores de los hijos.

En este contexto resulta indispensable adoptar medidas tendentes a asistir el desarrollo de los hogares que se encuentran en esta condición. Son 5.7 millones de hogares que representan casi la cuarta parte de los hogares en México, que son encabezados por mujeres. Por lo que las oportunidades o la marginación repercuten no sólo en ellas sino en el bienestar de todos los que conforman estas familias.

En consecuencia, la falta de ingresos y oportunidades de las mujeres jefas de familia para proveer las necesidades del hogar pueden representar una grave dificultad para el desarrollo de los hijos menores de edad y su posibilidad de asistir a la escuela, tener una correcta alimentación y una atención a la salud.

De igual forma, la probable inestabilidad generada en el hogar por la falta de oportunidades y recursos económicos podría incentivar la formación de hogares disfuncionales y una mayor tendencia de los hijos menores de edad al uso de drogas y al riesgo de pasar a formar parte de la delincuencia.

Por todo lo anterior, y con el propósito de proteger el normal desarrollo de los hijos menores de edad de las madres solteras jefas de familia, se propone la expedición de una Ley Federal de Asistencia a Madres Solteras Jefas de Familia que tenga por objeto establecer la obligación del gobierno federal de implementar políticas públicas y los programas que sean necesarios para otorgar asistencia a las madres solteras jefas de familia y a sus hijos menores de edad, para garantizarles el acceso a una mejor calidad de vida y a la integración plena a la sociedad.

De igual forma, se propone establecer a nivel nacional la obligación, a cargo de la autoridad, de implementar un programa a través del cual se brinde un apoyo económico temporal a las mujeres que son madres solteras jefas de familia y que tengan a su cargo hijos menores de edad cuando pierdan su empleo o su fuente de ingreso no garantice el proveer lo mínimo indispensable a sus hijos, que es el alimento, de acuerdo a lo referido por el Código Civil.

La expedición de la ley se propone y resulta ineludible por las siguientes razones: porque aún cuando la federación ha implementado diversos programas con el propósito de ayudar a las mujeres, los mismos no atienden de forma específica a las mujeres jefas de familia solas, por lo que las mismas tienen que participar dentro del universo de población objetivo para poder acceder a los beneficios del programa en comento.

La falta de acceso a esos programas ha llevado a que algunos estados de la República, como Morelos y Zacatecas, implementen programas dirigidos a mujeres en esta condición. La desventaja de estos programas es que en algunos casos son de carácter temporal o no se tienen recursos suficientes para atender al grueso de las mujeres en esta condición.

Por todo lo anteriormente expuesto presento hoy esta iniciativa de Ley Federal de Asistencia a Madres Solteras Jefas de Familia. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que expide la Ley Federal de Asistencia a Madres Solteras Jefas de Familia, a cargo del diputado Alejandro Carabias Icaza, del Grupo Parlamentario del PVEM

Alejandro Carabias Icaza, diputado integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el pleno de esta honorable asamblea, la presente iniciativa mediante la cual se expide una Ley Federal de Asistencia a Madres Solteras Jefas de Familia, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La participación cada vez más activa del género femenino en el mercado de trabajo, está incidiendo en el ambiente familiar. Las mujeres por diversas razones han tenido que asumir las funciones de jefe de familia como proveedoras únicas y responsables de los ingresos y las labores del hogar, y cubrir aspectos como los afectivos-emocionales y formadores de los hijos.

Tan sólo en tres décadas los hogares encabezados por mujeres se incrementaron considerablemente: al pasar de 13.5 por ciento de los hogares con jefatura femenina en 1976, a 23.3 por ciento en 2006. Lo anterior refleja que poco más de una quinta parte de los hogares mexicanos se caracteriza por estar dirigido por una mujer.

De igual forma la participación de la mujer en el trabajo se ha incrementado, al pasar respectivamente de 17.6 por ciento a 36.8 por ciento y a 42 por ciento en 1970, 1995 y 2008.

Asimismo, cada vez son más frecuentes los hogares donde la responsabilidad de un grupo familiar recae en una mujer sola. Tan solo de 1990 a 2005 los hogares con jefatura femenina se han duplicado y han pasado de 2.8 millones a 5.7.

Es decir, para 2005, de los 24.8 millones de hogares que había en el país, 23 por cada 100 son dirigidos por una mujer, de los cuales 16 de 100 con jefatura femenina son unipersonales; es decir, compuestos por un jefe del hogar más otros parientes.

En estos términos, debemos tener claro que “las mujeres que son jefas de familia enfrentan la doble necesidad de obtener ingresos suficientes para sus familias y atender las responsabilidades del cuidado y crianza de sus hijos, e incluso de otros familiares mayores”.

Lo anterior, demanda reconocer la necesidad de establecer políticas públicas que tengan por objeto el mejoramiento de la situación social de las mujeres jefas de familia solas y de sus hijos, segmento que ha crecido en los últimos años.

Sobre todo, porque a pesar de la mayor participación de las mujeres en la vida nacional, siguen viviendo situaciones de pobreza, desigualdad y discriminación en ámbitos como el laboral, político, de salud y en sectores específicos como el trabajo doméstico y los reclusorios.

Peor aún, la reciente crisis económica trajo consigo graves efectos que agravaron más las diferencias entre hombre y mujer.

En este sentido, la Organización Internacional del Trabajo advirtió que el impacto de género de la crisis económica, en términos de tasas de desempleo, sería más perjudicial para las mujeres que para los hombres.

En nuestro país, en el 2008 la tasa de desempleo creció más rápido entre mujeres que entre los hombres y para el mes de septiembre de 2009, la “tasa de desocupación” fue de 6.41 por ciento, la cual presentó un mayor crecimiento en las mujeres al pasar de 4.45 por ciento a 7.07 por ciento de septiembre de 2008 a igual mes de 2009, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En consecuencia, al menos en el segundo semestre de 2008, 35 mil jefas de familia perdieron su trabajo, lo que les representó la pérdida de un ingreso indispensable para mantener a sus familias.

En este contexto, resulta indispensable adoptar medidas que favorezcan a las mujeres, ya que en nuestro país representan cerca del 51 por ciento de la población y una quinta parte de los hogares mexicanos son encabezados por mujeres, por lo que el bienestar o marginación de las mujeres repercute no sólo en ellas, sino en todos los que conforman el hogar.

Particularmente, quienes lo resienten en mayor medida son los hijos menores de edad, quienes por falta de recursos económicos abandonan la escuela para ayudar a sus mamás. Simplemente en nuestro país “hay 3 millones 647 mil 67 trabajadores entre 5 y 17 años, de un total de 29millones 203 mil 394 niños y niñas en este mismo rango de edad. Lo que significa que el 12.5 por ciento de la población infantil de 5 a 17 años está trabajando.” Asimismo, de acuerdo con un estudio de UNICEF “la mayor parte de los niños y niñas de México que trabajan lo hace por razones asociadas con la necesidad de aportar recursos (bienes y servicios) al hogar.

En consecuencia, la falta de recursos económicos de las mujeres jefas de familia para proveer a las necesidades del hogar, puede representar una grave dificultad para que los niños y niñas menores de edad asistan a la escuela o tengan acceso a servicios de salud. A manera de ejemplo, tan solo 10.5 por ciento de los niños y niñas entre 5 y 17 años de edad no asiste a la escuela, es decir, aproximadamente 3 millones 74 mil 874 niños y niñas. En consecuencia, el trabajo infantil constituye un impedimento para el ejercicio de un derecho fundamental, como lo es el derecho a la educación.

De igual forma, la probable inestabilidad generada en el hogar por la falta de recursos económicos y sociales, podría incentivar la formación de hogares disfuncionales y una mayor tendencia de los hijos menores de edad al uso de drogas, ya que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, los adolescentes entre 12 y 17 años de edad tienen más riesgo de adquirir alguna adicción.

Con el propósito de proteger el normal desarrollo de los hijos menores de edad de las madres solteras jefas de familia, propongo la expedición de una ley, que tenga como objeto establecer la obligación del gobierno federal de implementar políticas públicas y los programas que sean necesarios para otorgar asistencia a las madres solteras jefas de familia y a sus menores hijos para garantizar el acceso a una mejor calidad de vida y la integración plena a la sociedad.

Además de establecer a nivel nacional, la obligación a cargo de la autoridad de implementar un programa a través del cual se brinde un apoyo económico mensual a las mujeres que son madres solteras jefas de familia y que tengan a su cargo hijos menores de edad.

La expedición de la ley que se propone resulta ineludible, no sólo por lo expuesto, sino también porque:

• En los últimos años, el ingreso de las mujeres considerado como la única contribución económica en los hogares, ha crecido alrededor de 30 por ciento de 1992 a 2005, representando en 2005, al 13.7 por ciento de los hogares.

Cada vez más mujeres están desempleadas y  “según las estadísticas,  el 17.1 por ciento de mujeres ganan menos de un salario mínimo mensual, equivalente a mil 530.50 pesos; 45.1 por ciento ganan de uno a tres salarios mínimos; más de tres y hasta cinco salarios lo reciben 13.3 por ciento de mujeres y sólo el 8.5 por ciento de las mujeres percibe ingresos superiores a cinco salarios mínimos.”

De conformidad con lo anterior, casi la mitad de los hogares con jefatura femenina se ubica entre los sectores más bajos de los ingresos salariales del país.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población “aún persiste la desigualdad de género: 38.2 por ciento de la población masculina ocupada percibe hasta dos salarios mínimos, mientras que la proporción de mujeres trabajadoras en esas mismas condiciones se incrementa a 56.1 por ciento.”

Cada vez son más frecuentes los hogares donde la responsabilidad de un grupo familiar recae en una mujer sola. Tan solo de 1990 a 2005 los hogares con jefatura femenina se han duplicado y han pasado de 2.8 millones a 5.7.

“Entre las entidades federativas existen algunas diferencias en el peso que tienen los hogares conformados por la jefa con hijos. En 20 entidades se registran proporciones superiores a 70%, de las cuales resaltan Tlaxcala, Hidalgo y Zacatecas. En todas las entidades el porcentaje de familias de jefe hombre con hijos es poco representativo.

Por otra parte, aun cuando actualmente la federación ha implantado diversos programas con el propósito de apoyar a las mujeres, los mismos no atienden de forma específica a las mujeres jefas de familia solas, por lo que las mismas tendrían que participar dentro del universo de la población objetivo para acceder a los beneficios del programa de que se trate.

A manera de ejemplo, a través de Oportunidades, que es un programa federal para el desarrollo humano de la población en pobreza extrema, se brindan apoyos en educación, salud, nutrición e ingreso, de forma prioritaria a las madres de familia. No obstante, al mismo pueden acceder mujeres solas o con cónyuge.

En el mismo sentido existen otros programas federales que tienen por objeto apoyar a familias que habitan en localidades que no son atendidas por el Programa Desarrollo Humano Oportunidades como el Programa de Apoyo Alimentario a cargo de Diconsa, o el Programa de Empleo Temporal dirigido a mujeres y hombres de 16 años o más que enfrentan una disminución temporal en su ingreso por baja demanda de mano de obra.

A pesar de las bondades de estos programas, la población objetivo de los mismos es muy amplia y, por tanto, se reducen las posibilidades de que una madre soltera jefa de familia pueda acceder a éste.

La falta de acceso a esos programas ha dado lugar a que en diversos estados de la República se implanten programas dirigidos específicamente a las madres solteras jefas de familia atendiendo a su condición social y económica particular, como es el caso de Morelos y Zacatecas o la delegación Azcapotzalco en el Distrito Federal. La desventaja de estos programas es que, en algunos casos, son de carácter temporal o no se tienen recursos suficientes para atender al grueso de este segmento de la población.

Asimismo, ante la necesidad de apoyar a quienes enfrentan problemas económicos, por presentar un mayor nivel de pobreza –el 45 por ciento de las mujeres que trabajan perciben de 1 a 3 salarios mínimos– diversas entidades federativas como el Distrito Federal y Sonora han expedido leyes con el objeto de proteger a las madres jefas de familia y, en otros estados como Coahuila, Chihuahua, Puebla y Querétaro se han presentado diversas iniciativas con el mismo propósito.

En este sentido, considero que aún cuando existen disposiciones legales y programas para favorecer el desarrollo de las mujeres en ámbitos como nutrición, violencia intrafamiliar, salud, atención infantil y derechos humanos y, en general, medidas que contribuyan fomentar su integración y participación en el mercado laboral y educativo, ello no implica que necesariamente se brinden los apoyos adecuados al segmento de las mujeres solteras jefas de familia con hijos menores de edad.

Es así que resulta necesario establecer a nivel nacional la obligación de implantar políticas públicas y programas que contribuyan al mejoramiento de la condición económica y social de este segmento de la sociedad, con el objeto de que su creación resulte obligatoria en todo el país.

De conformidad con lo expuesto, se propone la expedición de una Ley Federal de Asistencia a Madres Solteras Jefas de Familia, para el establecimiento de políticas públicas y para establecer diversos programas; entre otros, el de una “ayuda económica mensual”, equivalente a 40 días de salario mínimo general diario vigente en el área geográfica de aplicación, cantidad que las madres solteras jefas de familia deberán destinar a los alimentos de sus hijos menores de edad, que en términos de lo dispuesto en los artículos 307 y 308 del Código Civil Federal, comprende la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad, así como la educación.

Sobre todo porque en los hogares dirigidos por una mujer se destinan 30.3 por ciento de su gasto a la alimentación, 21.8 por ciento en educación, 12.6 por ciento en transporte y comunicaciones, 10.2 por ciento al cuidado personal, entre otros.

Finalmente y con el propósito de reconocer el importante papel que desempeña la madre soltera en la familia y para coadyuvar al desarrollo y ejercicio de los derechos fundamentales  de sus dependientes económicos menores de edad, en términos de lo previsto los artículos 4o. y 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones que resulten aplicables, el que suscribe somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley Federal de Asistencia a Madres Solteras Jefas de Familia

Artículo Único. Se expide la ley, para quedar como sigue:

Ley Federal de Asistencia a Madres Solteras Jefas de Familia

Capítulo I Disposiciones generales

Artículo 1o. Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés general, de observancia en toda la República y tienen por objeto sentar las bases para que el Estado otorgue asistencia a las madres solteras jefas de familia que tengan a su cargo hijos menores de edad, mediante la implantación de políticas públicas y programas que les garanticen una ayuda económica mensual y demás beneficios que sean necesarios para mejorar su calidad de vida y la de sus menores hijos y puedan alcanzar una plena integración a la sociedad.

Artículo 2o. La aplicación de la presente ley corresponde al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades de la administración pública federal, así como a las autoridades estatales y municipales. Para tal efecto, se celebrarán los convenios de colaboración que sean necesarios con las autoridades estatales y municipales.

Cuando esta ley haga referencia a la secretaría, se entenderá la Secretaría de Desarrollo Social.

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se consideran madres solteras jefas de familia:

I. Las madres solteras que se encarguen en forma única y total de los alimentos de sus hijos,

II. Que sus hijos sean menores de edad, y

III. Que tengan un ingreso mensual no mayor a treinta veces el salario mínimo general diario vigente en el área geográfica de aplicación, que no tengan ingresos fijos mensuales superiores a treinta veces el salario mínimo general diario vigente en el área geográfica de aplicación o cuando no perciban ingresos y acrediten que están buscando trabajo.

Artículo 4o. También será aplicable lo dispuesto en la presente ley a las madres casadas o en concubinato jefas de familia, que acrediten  que están tramitando la disolución del vínculo matrimonial, o que estén separadas e inicien el trámite de disolución del vínculo matrimonial y, que en ambos casos, reúnan los requisitos a que se refieren las fracciones II y III del artículo anterior.

Capítulo IIDe la asistencia a las madres solteras jefas de familia

Artículo 5o. Las madres solteras jefas de familia tienen derecho a:

I. Recibir ellas y sus hijos menores de edad atención médica y psicológica gratuita, medicinas y hospitalización de calidad, cuando no sean derechohabientes de ninguna institución de seguridad social,

II. Recibir la educación básica obligatoria mediante el otorgamiento de becas educativas de conformidad con los programas que al efecto se establezcan,

III. Tener acceso a programas de capacitación para el trabajo para obtener un ingreso propio,

IV. Tener acceso a programas de apoyo a proyectos productivos, conforme a las disposiciones legales aplicables,

V. Ser sujetas a programas de asistencia social,

VI, Recibir la ayuda económica mensual a que se refiere esta Ley, para destinarla a los alimentos de sus hijos menores de edad,

VII, Recibir asesoría jurídica gratuita y la asistencia necesaria para gestionar los apoyos que se deriven de los programas que se establezcan en su beneficio, y

VIII. Disfrutar de los derechos que se establezcan en esta ley y demás disposiciones aplicables.

Capítulo IIIDe las políticas públicas y programas de asistencia

Artículo 6o. El gobierno federal, a través de sus dependencias y entidades, promoverá y establecerá políticas públicas y programas de asistencia dirigidos a madres solteras jefas de familia tendientes a mejorar sus condiciones de vida y las de sus menores hijos en materia de servicios de salud, de educación, de capacitación para el trabajo, de apoyo y financiamiento a proyectos productivos y de calidad de vida económica y social.

Artículo 7o. Para el debido cumplimiento de los programas de asistencia a madres solteras jefas de familia, la secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal, deberá elaborar informes trimestrales que especifiquen las metas físicas programadas, así como los recursos aplicados, los avances respectivos y los resultados alcanzados.

En todo caso, la secretaría deberá presentar anualmente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión un informe sobre los resultados alcanzados.

Artículo 8o. El Ejecutivo federal deberá proponer en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal asignar una partida presupuestaria para garantizar la ejecución y cumplimiento de los programas, así como el apoyo económico a que se refiere la presente ley.

Artículo 9o. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión deberá incluir en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, la asignación presupuestaria que garantice la ejecución y cumplimiento de los programas y apoyo económico a que se refiere esta ley.

Capítulo IVDel derecho a una ayuda económica mensual

Artículo 10. Las madres solteras jefas de familia tendrán derecho a recibir una ayuda económica mensual equivalente a 40 días de salario mínimo general diario vigente en el área geográfica de aplicación.

Artículo 11. Las madres solteras jefas de familia deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para tener derecho a la ayuda económica mensual y a los programas a que se refiere esta ley:

I. Ser mexicana y residir en el territorio nacional;

II. Acreditar que tienen hijos menores de edad y que dependen económicamente de la madre;

III. Acreditar no tener cónyuge o concubino al momento de solicitar los beneficios a que se refiere esta ley, ni tenerlo mientras se reciban éstos;

IV. Acreditar que sus hijos menores de edad se encuentran inscritos en un sistema educativo, cuando éstos tengan cinco años en adelante; y

V. Los demás que prevean expresamente las disposiciones reglamentarias.

Artículo 12. Las madres solteras jefas de familia deberán informar a la secretaría, mensualmente:

I. La aplicación y destino de la ayuda económica mensual;

II. El avance escolar de sus hijos menores de edad, cuando así proceda por encontrarse en edad escolar;

III. Los demás que prevean las disposiciones reglamentarias.

Artículo 13. El incumplimiento por parte de las madres solteras jefas de familia de los requisitos u obligaciones a que se refiere este capítulo, dará lugar a la  negativa o suspensión de la ayuda económica mensual, según sea el caso.

Artículo 14. El derecho a la ayuda económica mensual, a que se refiere esta ley, termina:

I. Cuando la totalidad de los hijos menores de edad de la madre soltera jefa de familia adquieran la mayoría de edad;

II. Por destinar la ayuda económica a fines distintos a proporcionar alimentos a sus hijos menores de edad;

III. Cuando la madre soltera jefa de familia contraiga matrimonio o se una en concubinato;

IV. Cuando la madre soltera jefa de familia reciba ingresos mensuales superiores al equivalente a cuatro salarios mínimos mensuales vigentes en el área geográfica de aplicación; y

V. Cuando la madre soltera jefa de familia reciba apoyo económico de otro programa federal, estatal o municipal por su condición de madre o jefa de familia.

Artículo 15. La ayuda económica mensual a que tienen derecho las madres solteras jefas de familia a que se refiere este capítulo, se otorgará a través de la implementación de un programa de apoyo a madres solteras jefas de familia.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la secretaría tendrá la obligación de integrar un padrón de beneficiarias del programa y deberá actualizarlo mensualmente. Este padrón será público y se integrará con los expedientes individuales de las beneficiarias, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de datos personales en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Capítulo VDe los requisitos para acceder a los programas de asistencia

Artículo 16. Las madres solteras jefas de familia accederán a los programas de asistencia y de apoyo económico previstos en la presente ley, siempre que cumplan los requisitos previstos en ésta y los que se establezcan en las disposiciones reglamentarias correspondientes.

Capítulo VIObligaciones de los servidores públicos

Artículo 17. Los servidores públicos responsables de la ejecución de los programas y el apoyo económico a que se refiere esta ley, tendrán las obligaciones siguientes:

I. Tener a la vista del público los requisitos, derechos, obligaciones y procedimiento para acceder al disfrute de los programas correspondientes y la ayuda económica mensual a madres solteras jefas de familia;

II. Manejo reservado y confidencial de la información que proporcionen las madres solteras jefas de familia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 de esta ley;

III. Abstenerse de condicionar el otorgamiento de los programas respectivos y la ayuda económica mensual a las madres solteras jefas de familia que cumplan con los requisitos que dispone esta ley y demás disposiciones aplicables;

IV. Abstenerse de emplear la ayuda económica mensual y demás programas a que se refiere la presente ley para hacer proselitismo a favor de un partido político, de un candidato o precandidato o proselitismo personal; y

V. Las demás que prevean otros ordenamientos aplicables.

Artículo 18. A los servidores públicos que incumplan con lo dispuesto en el artículo anterior, les será aplicable lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El titular del Ejecutivo federal expedirá las disposiciones reglamentarias correspondientes en un plazo no mayor a 60 días contados a partir del día siguiente a la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. El programa a que se refiere esta ley, deberá integrarse dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Cuarto. Los recursos para llevar a cabo el programa y la implantación de las acciones que se deriven de la presente ley, se cubrirán como única ocasión, mediante la aprobación de una partida presupuestaria extraordinaria en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Notas:

1 Trabajan 35.4 por ciento de las mujeres mayores de 12 años. Comunicado para la prensa 04/08 de 7 de marzo de 2008. Conapo.

2 Mujeres y Hombres en México 2009. Inegi-Inmujeres. Decimotercera edición. páginas 225 y 228.

3 En el informe “Tendencias Mundiales del Empleo de las Mujeres”.

4 De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

5 De acuerdo con información disponible de Unicef. Niños y niñas que trabajan en México: un problema persistente.

6 De acuerdo con información disponible de Unicef.

7 “En México 50.9 por ciento de la población son mujeres” Boletín 034 de fecha 8 de marzo de 2009. Secretaría de Gobernación.

8 Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2008. Segundo Trimestre. Inegi, STPS.

9 V. Comunicado de Prensa 04/08 de 7 de marzo de 2008. Conapo.

10 Mujeres y Hombres en México 2009. Inegi-Inmujeres. Decimotercera edición. Páginas 230.

11 De acuerdo con las estadísticas aún cuando tienen menos miembros, también existen menos adultos que aporten ingresos, luego entonces la participación de las mujeres en la vida laboral repercute en el bienestar de los hijos.

12 Al 4 de octubre de 2009.

Dado en la sede del honorable Congreso de la Unión a los nueve días del mes de febrero de dos mil diez.— Diputados: Alejandro Carabias Icaza, Ana Estela Durán Rico, Olivia Guillén Padilla, Clara Gómez Caro, (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputado Alejandro Carabias Icaza. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY DE INVERSION EXTRANJERA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Pedro Vázquez González, del Grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Inversión Extranjera.

El diputado Pedro Vázquez González:Con la venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, hace unos días se dio la noticia de que México regresa a la posición de los países más favorecidos por la entrada de inversiones extranjeras directas procedentes de los Estados Unidos.

Seguir permitiendo el libre acceso a la inversión extranjera en México requiere responder a varias interrogantes si queremos aprovechar los beneficios integrales que brinda a nuestra economía.

Por ejemplo, ¿qué le aporta a nuestra economía en materia de transferencia tecnológica? Porque en el caso de las economías del sureste de Asia, esta transferencia tecnológica ha sido muy positiva para todos estos países, al grado tal que sus empresas pueden reproducir la tecnología y utilizarla en beneficio propio sin pagar ningún derecho por el uso de la patente.

Por ejemplo, China impuso varios requisitos a la entrada de la inversión directa, extranjera directa, entre los que destacan los siguientes: constitución obligatoria de empresas conjuntas a cambio de acceso al mercado, que depende del aporte que hagan de una tecnología específica, incluyendo las futuras mejoras tecnológicas en sectores como la industria automovilística o en la fabricación de locomotoras. A la ampliación de una inversión ya establecida puede condicionarse  la creación de un centro local de investigación y desarrollo o a otras formas de transferencia de conocimiento. La transferencia de diseños y conocimientos del proceso productivo mediante documentación técnica detallada, que obliga a las empresas extranjeras a formar mano de obra china, para que en el futuro ésta pueda diseñar las máquinas y equipos sin ayuda exterior, para utilizar dichos modelos en otras zonas del país. La homologación y licencias para acceder al mercado. Muchos productos deben ser certificados por un instituto chino de homologación o están sujetos al otorgamiento de una licencia de un ministerio chino antes de que se les permita ingresar al mercado de este país.

En el caso de Corea del Sur se pide a la inversión extranjera directa cumplir con los siguientes requisitos: la transferencia de tecnología para la producción que incluye la planificación industrial, el diseño y el desarrollo de centros de producción. Al igual que el caso chino, la empresa extranjera está obligada a transferir la documentación correspondiente para el diseño, planos de procedimientos, especificaciones técnicas y de producción de calidad, mantenimiento y reparaciones para que los obreros coreanos puedan reproducir la tecnología específica del sector objeto de la explotación. Asimismo, la empresa extranjera asociada o establecida en ese país debe formar en su país de origen a los obreros coreanos que lo requieran, para el caso de la producción de que se trate.

¿Qué pasa en el caso de la legislación mexicana? En ninguna materia se establece la obligación específica sobre la transferencia tecnológica a las empresas extranjeras que tienen su asiento en nuestro territorio.

Desde 1972 se expidió la Ley sobre la Transferencia de Tecnología y el Uso de Explotación de Patentes y Marcas, y en las reformas que se han hecho a la Ley de Inversión Extranjera no se establece ninguna disposición que permita a los obreros y técnicos mexicanos capacitarse para adquirir los conocimientos tecnológicos de los procesos productivos que explotan estas empresas.

Los diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo creemos que ha llegado la hora de normar la transferencia de tecnología en nuestra nación por parte de la inversión extranjera directa.

Por ello, proponemos reformar la ley de la materia y establecer la obligación de que se traduzca esa transferencia a favor del país en materia de diseño y conocimiento de procesos productivos, mediante la documentación técnica detallada que obligue a las empresas extranjeras a capacitar a los obreros y técnicos mexicanos, para que en el futuro puedan diseñar las máquinas y equipos sin ayuda exterior, para utilizar dichas tecnologías en la creación de nuestros propios modelos.

Si países como China, la India, Corea del Sur, Malasia, Singapur, Hong Kong y Filipinas lograron conformarse en maquiladoras independientes que están integradas a las cadenas del valor mundial, con capital propio y produciendo y reproduciendo tecnologías de las empresas extranjeras que se asientan en sus territorios para aprovechar las ventajas que se derivan del factor tecnológico, que también en México nosotros lo podemos hacer.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo IV al Título Primero de la Ley de Inversión Extranjera, para establecer los requisitos que deben cumplir las empresas extranjeras en materia de aprendizaje tecnológico y operativo a favor de los obreros e ingenieros mexicanos.

Le solicito a usted, señor presidente, que se sirva ordenar que la presente iniciativa se inserte íntegra en el Diario de los Debates de esta honorable asamblea, y hago entrega a la Secretaría de la misma. Es cuanto. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Inversión Extranjera, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del PT

Los suscritos, diputados federales a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo IV al Título Primero de la Ley de Inversión Extranjera, para establecer requisitos a la inversión extranjera directa en términos de transferencia de tecnología, como se hace en otras partes del mundo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

En días recientes nos acabamos de enterar que México regresa al top ten de las inversiones mundiales, lo que en palabras simples significa, que está entre los 10 países que mayor atractivo tienen para las inversiones extranjeras directas procedentes de los Estados Unidos.

Asimismo, el total acumulado por la inversión extranjera directa en la economía mexicana de 1980 a 2009, alcanzó los 319 mil 677.6 millones de dólares.

No debemos olvidar que el crecimiento progresivo de las inversiones extranjeras directas a nuestro país, se incrementó espectacularmente después de la apertura de nuestra industria al mercado mundial a partir de 1985, cuando se eliminaron los permisos previos de importación para ser sustitutitos por los aranceles.

Seguir permitiendo el libre acceso de la inversión extranjera directa a México requiere responder a varias interrogantes, si queremos aprovechar los beneficios integrales que brinda a nuestra economía.

Según los historiadores económicos, nuestra industrialización se inició a finales del siglo XVIII y que desde mediados del siglo XIX las inversiones extranjeras directas empezaron a llegar a nuestro país, con la introducción del ferrocarril en la ciudad de México y después con la construcción de la vía férrea que unió a la ciudad de México con el puerto de Veracruz.

En estas circunstancias cabría preguntar: Si tenemos un largo camino recorrido en este proceso, ¿por qué continuamos requiriendo de inversiones externas?

La respuesta tiene varias aristas. Una de ellas tiene que ver con la incapacidad histórica de nuestra modalidad de acumulación de capital para producir los excedentes necesarios para ser reinvertidos en nuestro aparato productivo, cuestión que nos hace depender del financiamiento exterior.

Otra limitación está representada por la carencia de un sistema de investigación científico-tecnológico que produzca ciencia y su aplicación a la producción, para crear un núcleo tecnológico propio, que nos haga independientes en el plano productivo, comercial y financiero frente al resto del mundo.

Apostar a la ciencia ha sido la diferencia entre las naciones desarrolladas industrialmente y las que no lo son.

Romper a tiempo con el esoterismo fue siempre una estrategia de Estado que practicaron los líderes con visión de conjunto, a lo largo de la historia de la humanidad.

Cabe destacar el papel de un Estado que integra el desarrollo industrial con el desarrollo agrícola, privilegiando la transferencia de tecnología entre ambos sectores, mediante la incorporación de la dirección científica de la producción y garantizando el acceso al crédito.

Todo lo anterior supone establecer una integración horizontal y vertical entre el sistema educativo nacional a nivel superior en todos sus niveles y modalidades con las necesidades de la producción y de la sociedad, así como imponer requisitos de integración del sistema financiero con la producción.

Por último está el deber ineludible del Estado de imponer requisitos de transferencia de tecnología a la inversión extranjera directa que arriba a un país.

Sobre este último punto vamos a describir lo que ha hecho México en la materia y lo que están haciendo otras naciones.

En lo que se conoce como la época dorada del desarrollo capitalista de México; es decir, entre los años cuarenta y setenta del siglo pasado, la inversión extranjera directa fue autorizada a explotar áreas en las que el capital nacional no tenía capacidad para hacerlo bajo la modalidad de asociación con inversionistas del país.

Después en 1989 se reformó el Reglamento de las Inversiones Extranjeras para permitir el ingreso del capital extranjero en todas las áreas que no estaban reservadas al Estado mexicano sin ninguna limitación.

En 1993 se coronó la apertura de la inversión extranjera al permitirse que éstas pudieran ingresar libremente al mercado de valores y realizarse al 100 por ciento en cualquier actividad que la ley lo permitiera.

En todos los casos no se les impuso ningún requisito de transferencia de tecnología que permitiera que nuestros obreros e ingenieros aprendiesen los diseños y los procesos operativos de los sistemas de producción que explotan estas empresas.

En cambio, en naciones como China y Corea del Sur y en general en los países llamados tigres asiáticos, sí les impusieron condiciones a las inversiones directas que arribaron a esas economías.

Por ejemplo, China impuso varios requisitos a la entrada de la inversión extranjera directa, entre las que destacan las siguientes:

1. Constitución obligatoria de empresas conjuntas a cambio de acceso al mercado que depende del aporte que hagan de una tecnología específica, incluyendo las futuras mejoras tecnológicas, en sectores, como la industria automovilística o en la fabricación de locomotoras.

2. En otros casos, la ampliación de una inversión ya establecida puede condicionarse a la creación de un centro local de investigación y desarrollo o a otras formas de transferencia de conocimientos.

3.Transferencia de diseños y conocimientos del proceso productivo mediante documentación técnica detallada, que obliga a las empresas extranjeras a formar la mano de obra china para que, en el futuro, ésta pueda diseñar las máquinas y equipos sin ayuda exterior, para utilizar dichos modelos en otras zonas de ese país .

4. Homologación y licencias para acceder al mercado. Muchos productos deben ser certificados por un instituto chino de homologación o están sujetos al otorgamiento de una licencia de un ministerio chino antes que se les permita ingresar al mercado de este país. Algunos procedimientos de homologación de productos requieren inspecciones en las fábricas en el país de origen de los titulares de derechos.

Como parte de su estrategia de modernización industrial que emprendió China desde 1979, su desempeño económico está fuertemente impulsado por el capital extranjero, ya que cerca de la mitad de sus exportaciones son producidas por empresas extranjeras.

En el caso coreano se pide a la inversión extranjera directa cumplir con los siguientes requisitos:

1. La transferencia de tecnología para la producción, que incluye la planificación industrial, el diseño y desa-rrollo de centros de producción.

2. Al igual que el caso chino, la empresa extranjera está obligada a transferir la documentación correspondiente para el diseño, planos de procedimientos, especificaciones técnicas, de producción, de calidad, mantenimiento y reparaciones para que los obreros coreanos puedan reproducir la tecnología específica del sector objeto de explotación.

3. Asimismo, la empresa extranjera asociada o establecida en el país, debe formar en su país de origen a los obreros que lo requieran para el caso de la producción de que se trate.

En el caso de la legislación mexicana en la materia, no se establece ninguna obligación específica sobre transferencia de tecnología a las empresas extranjeras que tienen su asiento en nuestro territorio, porque se privilegia el papel de la empresa privada en la adquisición de nuevas tecnologías a partir de la importación de maquinaria y equipo que utilizan en sus procesos productivos.

A pesar de que desde 1972 se expidió La Ley sobre la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de patentes y Marcas, que buscaba hacer eficiente el proceso de adaptación de la tecnología importada, desarrollar progresivamente tecnologías mexicanas y promover para que las empresas mexicanas importaran tecnologías acordes a la dotación de los factores productivos del país, en ningún caso se establecieron requisitos de capacitación laboral de nuestros obreros y técnicos para conocer cómo se producía la tecnología que empleaban las empresas extranjeras asentadas en México.

Esta ley fue sustituida en 1982 por una nueva ley y se expidió por vez primera su reglamento, donde se dejó al Estado mexicano el control y la transferencia de tecnología en el país. El Reglamento fue reformado en mayo de 1989, que privilegia el papel protagónico de la empresa privada en la adquisición de nuevas tecnologías.

También se expidió la Ley que crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el 8 de diciembre de 1970, la Ley para Coordinar el Desarrollo Científico y Tecnológico de fecha 13 de noviembre de 1984, El Reglamente sobre la Industria Maquiladora del 22 de diciembre de 1989 y la Ley de la Propiedad industrial de 1991. Asimismo, se estableció el Programa Nacional de Ciencia y Modernización Tecnológica 1990-1994, que prendía lograr la transferencia de tecnología por la vía de la inversión extranjera directa, acercar a las instituciones de educación superior con las demandas de los sectores productivos, pero al igual que la primera ley de inversión extranjera, no establecieron ninguna clase de disposiciones para calificar a nuestros obreros en materia de transferencia de tecnología.

Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, creemos que ha llegado la hora de normar la transferencia de tecnología en nuestra nación por parte de la inversión extranjera directa.

Para ello, proponemos reformar la ley en la materia y establecer la obligación de que se produzca esa transferencia a favor del país en materia de diseño, y conocimientos del proceso productivo mediante documentación técnica detallada, que obligue a las empresas extranjeras a capacitar a los obreros y técnicos mexicanos para que, en el futuro, puedan diseñar las máquinas y equipos sin ayuda exterior, para utilizar dichos modelos en la creación de nuestra propia tecnología.

Asimismo, para que los centros de investigación y desarrollo de las empresas con inversión extranjera directa, se puedan vincular con los institutos de investigación y las universidades públicas de nuestro país a través de programas de investigación conjuntos, para que los científicos mexicanos adquieran los conocimientos asociados a los procesos productivos, diseños, especificaciones, etcétera, de las productos y servicios que exploten en territorio nacional.

Si los países del Sudeste de Asia y otras naciones en el mundo, tomaron cartas en el asunto, no existe ningún impedimento legal que nos detenga, a pesar de que las disposiciones norteamericanas sobre transferencia de tecnología tienen carácter extraterritorial, los intereses norteamericanos y los intereses de nuestra nación, tendrán que conciliarse en la materia, porque no debemos seguir siendo un país maquilador subordinado a los Estados Unidos en materia tecnológica, cuando los chinos, hindúes, coreanos, malasios y hongkoneses lograron conformarse en maquiladores independientes que están integrados a las cadenas de valor mundial con capital propio y produciendo y reproduciendo tecnología de las empresas extranjeras que se asientan en sus territorios para aprovechar las ventajas que se derivan del factor tecnológico.

Después de más de siglo y medio de entrada de inversiones extranjeras directas al país, creemos que ha llegado la hora de imponer requisitos a esta inversión para que podamos hablar de ventajas a favor de nuestra nación.

En el contexto de la inserción de México a las nuevas tecnologías de la información, las telecomunicaciones y la biotecnología, es necesario establecer en la Ley de Inversión Extranjera, los requisitos que deben cumplir las empresas con el Estado mexicano y con sus obreros y técnicos para que podamos acceder a la producción de esas nuevas tecnologías.

Compañeras y compañeros legisladores: por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona un Capítulo IV al Título Primero de la Ley de Inversión Extranjera

Con la finalidad de establecer los requisitos que deben cumplir las empresas extranjeras en materia de aprendizaje tecnológico y operativo a favor de los obreros e ingenieros mexicanos, para quedar como sigue:

Ley de Inversión Extranjera

Título PrimeroDisposiciones Generales

Capítulo I. ..

Capítulo II. ..

Capítulo III. ..

Capítulo IVDe la Transferencia de Tecnología

Artículo 9 Bis. Las empresas con inversión extranjera directa que tengan su asiento en territorio nacional deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Entregar la documentación correspondiente a la Comisión y a la Secretaría, así como al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, relacionada con el proceso productivo que explota o vaya a explotar, que debe incluir el diseño, los planos de procedimientos, especificaciones técnicas, de producción, de calidad, mantenimiento y reparaciones, para que los obreros y técnicos mexicanos puedan reproducir la tecnología específica del sector objeto de explotación y que ésta pueda ser utilizada en otras empresas que puedan constituirse con capital mexicano.

b) Las empresas con inversión extranjera directa deberán capacitar a los obreros y técnicos mexicanos, para que aprendan a reproducir los diseños, los procesos de operación y producción objeto de explotación, así como las reparaciones y mantenimiento de las máquinas y equipos que se utilizan en los centros de producción y anexos.

c) Las empresas con inversión extrajera directa deberán permitir que sus centros de desarrollo e investigación, establezcan programas de vinculación con los centros de investigación y las universidades públicas del país para garantizar la transferencia de tecnología, asociada al aprendizaje tecnológico de los procesos productivos, diseños, procedimientos, especificaciones técnicas de producción y calidad que explotan en el territorio nacional. Todo ello, con el propósito de garantizar que la absorción tecnológica de la oferta y demanda de conocimientos pueda ser movilizada a través de esta vinculación con los científicos mexicanos, para que la gama de actividades que permiten la producción de conocimientos pueda retroalimentarse en la aplicación de éstos en las empresas nacionales y extranjeras.

d) En ningún caso, estas empresas podrán crear centros de producción o institutos de diseño que busquen anular el aprendizaje tecnológico de sus procesos de producción por parte de los obreros y técnicos mexicanos.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2010.— Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputado Vázquez González. Como lo solicita insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Economía.

Señoras diputadas y señores diputados, se encuentran entre nosotros miembros del Club Rotario del estado de México, invitados por el señor diputado José Luis Velasco Lino. Así como maestros del estado de Veracruz invitados por el diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo. Sean todos ustedes bienvenidos.

ARTICULO 102 CONSTITUCIONAL - LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 10 y 18 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo:Con su permiso, señor presidente.

A nombre del diputado Germán Contreras y del mío propio, presento a esta soberanía iniciativa de ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la finalidad de que la Cámara de Diputados intervenga en la elección del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General que se divide en dos Cámaras: una de Diputados y una de Senadores. Actualmente y con fundamento en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Legislativo es bicameral.

Ambas Cámaras son iguales en lo que respecta al proceso legislativo, aunque cada una de ellas tiene facultades exclusivas que las hacen diferentes una de la otra. Los senadores al igual que los diputados tenemos la voluntad legislativa del pueblo mexicano, construyendo ambas Cámaras el cuerpo legislativo de la nación.

Es necesario considerar el bicamerismo como un medio de organización parlamentaria que pretendió erigirse como un órgano independiente de la influencia gubernamental sobre la composición personal y sus funciones legislativas, que es la rama del derecho que tiene la obligación de velar por los intereses de la sociedad ya que crea, reforma y deroga normas jurídicas que delimitan y organizan a la sociedad.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos nace en 1990, siendo un importante avance para instrumentar verdaderas instituciones no jurisdiccionales de defensa de los derechos humanos, pero aún falta camino por recorrer, en virtud de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos carece de autonomía respecto del Poder Ejecutivo, ya que al ser nombrado su presidente únicamente por la Cámara de Senadores, siendo ésta la Cámara que tiene la facultad de vigilar al Ejecutivo podría provocar presiones indeseables en el actuar del ombudsman, así como no cumplir con el principio de equidad entre las Cámaras.

Con base en lo anterior, presentamos ante esta honorable Cámara de Diputados, el diputado Germán Contreras y una servidora, el siguiente proyecto de decreto que reforma y adiciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Artículo 1o. Se reforma el apartado B, párrafo quinto del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por 10 consejeros, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Diputados y ratificados por el mismo número de votos de los integrantes de la Cámara de Senadores.

Artículo 2o. Se reforma y adiciona el artículo 10 y 18 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos será elegido por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Diputados y ratificado por el mismo número de votos de los integrantes de la Cámara de Senadores o, en su receso, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con la misma votación calificada.

Para tales efectos, la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados procederá a realizar una amplia auscultación entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad.

Con base en dicha auscultación la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados propondrá al pleno de la misma una terna de candidatos de la cual se elegirá a quien ocupe el cargo o, en su caso, la ratificación del titular.

Artículo 18. Los miembros del Consejo Consultivo serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados y ratificados por el mismo número de votos de los integrantes de la Cámara de Senadores.

La comisión correspondiente de la Cámara de Diputados, previa auscultación de los sectores, propondrá a los candidatos para ocupar el cargo o, en su caso, la ratificación de los consejeros.

Transitorio. Las presentes reformas entran en vigor el día siguiente al de su publicación. Es todo, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10 y 18 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, de la LXI Legislatura del honorable Congreso de La Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía iniciativa de ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la finalidad de que la Cámara de Diputados intervenga en la elección del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General que se divide en dos Cámaras: una de Diputados y una de Senadores. Actualmente y con fundamento en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Legislativo es Bicamaral.

Ambas cámaras son iguales en lo que respecta al proceso legislativo, aunque cada una de ellas tiene facultades exclusivas que la diferencian una de la otra, los senadores al igual que los diputados tenemos la voluntad legislativa del pueblo mexicano, construyendo ambas Cámaras el cuerpo legislativo de la nación.

Es necesario considerar el bicamarismo como un medio de organización parlamentaria que pretendió erigirse como un órgano independiente de la influencia gubernamental sobre su composición personal y sus funciones legislativas, es la rama del derecho que tiene la obligación de velar por los intereses de la sociedad, ya que crea, reforma y deroga normas jurídicas que delimitan y organizan a la sociedad.

Ambas Cámaras son las representantes de la nación y cuentan con el mismo Poder Legislativo; son órganos colegisladores que de acuerdo a la Constitución deben de trabajar conjuntamente con la finalidad de que las decisiones sean equilibradas, por tanto toda ley que no sea votada por ambos organismos carece de validez,  evitándose así que uno de ellos acapare una gran suma de poder, convirtiéndose en un órgano despótico e incontrolable, excepto en los casos en que la constitución les da facultades expresas para trabajar separadamente.

El Poder Legislativo es por definición, el poder que hace las leyes, facultad que implica la posibilidad de regular, en nombre del pueblo, los derechos y las obligaciones de sus habitantes.

El anhelo de justicia de los mexicanos ha sido un postulado de la doctrina jurídica, por ello se ha buscado a través del tiempo el construir instituciones que le permitan alcanzar los fines del derecho y el desarrollo armónico y en paz, tal es el caso del ombudsman mexicano, que responde a la sana petición de múltiples organismos no gubernamentales de derechos humanos que han exigido y reclamado el respeto de las prerrogativas esenciales del hombre por parte de la autoridad.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos nace en 1990, siendo un importante avance para instrumentar verdaderas instituciones no jurisdiccionales de defensa de los derechos humanos, pero aun falta camino por recorrer en virtud de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos carece de autonomía respecto del Poder Ejecutivo, ya que al ser nombrado su presidente únicamente por la Cámara de Senadores, siendo ésta la Cámara que tiene la facultad de vigilar al Ejecutivo podría provocar presiones indeseables en el actuar del ombudsman, así como no cumplir con el principio de equidad entre ambas Cámaras.

Por tanto y en busca de un organismo más eficaz que se encargue de la vigilancia de los derechos humanos, se pretende facultar al Congreso de la Unión , para que con la elección de la Cámara de Diputados y la ratificación de la Cámara de Senadores, se nombre al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en un sistema bicamaral, como es nuestro Poder Legislativo, dando origen al principio de equidad, mayor representatividad, más credibilidad y fuerza tanto legal como moral a dicha Comisión encargada de luchar por los derechos humanos de todos los mexicanos.

Con base en lo anterior, presento a esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Artículo Primero. Se reforma el Apartado B, párrafo V, del artículo 102 de  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 102

A. ...

B. ...

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un consejo consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Diputados y ratificados por el mismo número de votos de los integrantes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinara los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será también del consejo consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior.

Articulo Segundo.Se reforma y adiciona el artículo 10 y 18 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para quedar como sigue:

Artículo 10. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos será elegido por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Diputados y ratificados por el mismo número de votos de los integrantes de la Cámara de Senadoreso en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. Para tales efectos, la comisión correspondiente de la Cámara de Diputadosprocederá a realizar una amplia auscultación entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad, así como entre los organismos públicos y privados promotores o defensores de los derechos humanos.

Con base en dicha auscultación, la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados propondrá al pleno de ésta una terna de candidatos de la cual se elegirá a quien ocupe el cargo o, en su caso la ratificación del titular.

Artículo 18. Los miembros del consejo consultivo serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados y ratificados por el mismo número de votos de los integrantes de la Cámara de Senadoreso, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada.

La comisión correspondiente de la Cámara de Diputados, previa auscultación a los sectores sociales, propondrán a los candidatos para ocupar el cargo o, en su caso, la ratificación de los consejeros.

Transitorio

Único. Las presentes reformas entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2010.— Diputados: Diva Hadamira Gastélum Bajo, Jaime Flores Castañeda (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos.El diputado Jaime Flores tiene la palabra.

El diputado Jaime Flores Castañeda (desde la curul): Diputado presidente, nada más para solicitarle a la diputada Diva si me puedo sumar a su punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Diputada, le preguntan si puede usted aceptar el que otros compañeros diputados suscriban su documento. Está de acuerdo, por tanto pasen a la Secretaría.

LEY DE COORDINACION FISCAL - LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Gabriela Cuevas Barrón, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por los diputados Gabriela Cuevas Barrón y Jesús Ramírez Rangel, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Gabriela Cuevas Barrón:Con su venia, diputado presidente. La transparencia y rendición de cuentas son elementos inherentes a los regímenes democráticos, ya que otorgan certidumbre y legitimidad a las diversas acciones que emprende el gobierno en beneficio de los ciudadanos.

Prueba de ello son los organismos internacionales de financiamiento, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que condicionan a que los países solicitantes de financiamiento para proyectos cuenten con herramientas que permitan hacer del conocimiento, tanto para los propios organismos como para los ciudadanos en general, la utilización de dichos recursos. Entre otras cosas, ello hace indispensable que el cambio democrático no sólo se simplifique en buenas intenciones, sino que implique también cambiar las instituciones del Estado.

En este sentido, la incorporación de mecanismos que promuevan el acceso a la información, así como la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía se constituyen en primordiales para consolidar las democracias contemporáneas.

En efecto, incentivar una cultura de transparencia al interior de la administración pública implica transformar el modo en que los funcionarios públicos desarrollan su trabajo cotidiano, ya que trastoca desde la organización de información hasta el aceptar que los documentos que generan no son de su propiedad. Esto es modificar por completo la concepción del servicio público.

Además de esta calificación, México se coloca en la quinta posición en el Índice latinoamericano de transparencia presupuestaria realizado por Fondart, Centro de Análisis e Investigación. El país obtuvo el peor resultado en los últimos 6 años al situarse en los 48 puntos.

De acuerdo con esta investigación, la menor transparencia en el presupuesto de México puede explicarse porque en la práctica la información difundida por las autoridades es confusa, incompleta, crea más duda y/o simplemente es inútil para la rendición de cuentas.

Por dar un ejemplo, por más que existan leyes de transparencia estatales, el cumplimiento de las mismas deja mucho que desear, sobre todo en los municipios y algunos gobiernos estatales.

Uno de los principales promotores de transparencia en el ejercicio del gasto público es el tan controvertido municipio de San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León. Dicho municipio publica mensualmente de manera específica el dinero que gasta cada oficina, además de publicar las compras diarias que realiza.

Para ello, los ciudadanos deben contar con las herramientas que les permitan evaluar la aplicación del presupuesto destinado a combatir sus principales necesidades.

Existen tres preguntas esenciales que los gobiernos deben responder a los ciudadanos y son fundamentales para observar la ejecución del gasto público: ¿quién gasta? ¿En qué? ¿Cómo lo hace? Además de los resultados tangibles en la aplicación de los recursos públicos.

La Ley de Coordinación Fiscal, ordenamiento que regula la participación de recursos federales por parte de los estados, tiene por objeto, de acuerdo con el artículo 1o. de la ley, coordinar el sistema fiscal de la federación con los estados, municipios y el Distrito Federal.

Sin embargo, si bien es cierto dicha ley prevé que los estados y el Distrito Federal rindan informes al Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Hacienda, no especifica qué deberán contener dichos informes, por lo que al ser la ley que establece la reglas en que serán repartidos los recursos debe contener las bases mínimas que detallen la ejecución de los mismos, con al menos dos elementos fundamentales que demuestren su real aplicación: la unidad administrativa que ejecutó el presupuesto y el detalle de su explicación.

Solicito, señor presidente, que ya a detalle se pueda integrar completa la iniciativa al Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativaque reforma los artículos 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por los diputados Gabriela Cuevas Barron y Jesús Ramírez Rangel, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Gabriela Cuevas Barron, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 48 y 49, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y la fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; con fundamento en la siguiente

Exposición de Motivos

La transparencia y rendición de cuentas son elementos inherentes a los regímenes democráticos ya que otorgan certidumbre y legitimidad a las diversas acciones que emprende el gobierno en beneficio de los ciudadanos.

Prueba de ello es que los organismos internacionales de financiamiento, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, desde la década de los noventa condicionan a que los países solicitantes de financiamiento de proyectos cuenten con herramientas que permitan hacer del conocimiento, tanto para los propios organismos como para los ciudadanos en general, sobre la utilización de dichos recursos. Entre otras cosas, ello hace indispensable que el cambio democrático no sólo se simplifique en buenas intenciones sino que implique también, cambiar las instituciones en la sociedad.

La incorporación de mecanismos que promuevan el acceso a la información, y la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía se constituyen en primordiales para consolidar las democracias contemporáneas. En efecto, estimular una cultura de transparencia en la administración pública implica transformar el modo en que los servidores públicos desarrollan su trabajo cotidiano, ya que trastoca desde la organización de información, hasta aceptar que los documentos que generan no son de su propiedad. Esto es, modificar por completo la concepción de servicio público.

La cultura de transparencia y rendición de cuentas debe dirigirse tanto al interior como al exterior de la administración pública: el interior, con los mismos funcionarios que son encargados del manejo de información; y al exterior, con la difusión y garantía que se debe otorgar para que los ciudadanos hagan valer su derecho a ser informados. Es decir, para que la supervisión ciudadana pueda darse eficazmente, los funcionarios de todos los niveles deben velar porque el derecho que poseen los ciudadanos a preguntar sobre los asuntos de gobierno prevalezca sobre el interés particular de negar información. De tal manera que no puede existir rendición de cuentas sin que se respete el derecho de información y existan eficaces mecanismos para transparentar las acciones de gobierno.

En el país, antes de la expedición Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002, no había mecanismos para conocer la gestión de los servidores públicos, y más aún, los gastos que hacen las dependencias gubernamentales, por lo que los ciudadanos no tenían herramientas para evaluar la gestión pública ni la aplicación de los recursos del gobierno.

A partir de la creación de este marco normativo y con base en las modificaciones al artículo 6o. constitucional aprobadas en noviembre de 2007 se eleva a rango constitucional la obligación del Estado para garantizar el eficaz acceso a la información pública que este mismo detenta, teniendo como premisa fundamental el principio de máxima publicidad, esto es, partir de la idea de que toda la información que detenten los entes es de dominio público con excepción de aquello expresamente clasificado como reservado, causales previstas en las leyes estatales. Además, esta reforma favorece los mecanismos de transparencia al incluir como obligación de los organismos públicos el informar en su portal de Internet diversos aspectos de su funcionamiento y primordialmente indicadores gubernamentales que medirán la eficiencia en la implantación de políticas públicas. Con esto se otorga a los ciudadanos no sólo la oportunidad de juzgar las acciones que realizan los órganos de gobierno, y mucho menos otorgar una sanción a través del voto, sino que se han desarrollado los mecanismos legales para que exista una plena rendición de cuentas por parte de los funcionarios para sus gobernados, es decir, no sólo se trata de documentar la toma de decisiones sino que, a través de esa sistematización y apertura (difusión) de información, se puedan iniciar procedimientos administrativos cuando se detecte (por la supervisión de los mismos ciudadanos) alguna omisión o acto fuera de la normativa y, por tanto, los servidores públicos puedan ser sujetos de sanción; es decir, sujetos sancionables y nunca más sujetos intocables.

La reciente calificación que otorga Transparencia Internacional al país, en cuanto a percepción de corrupción, situándolo en el lugar 20 de los 31 países del continente americano (por debajo de Cuba, Colombia, El Salvador y Guatemala) refleja la tarea pendiente que tenemos los legisladores, así como gobiernos estatales y municipales, por generar las herramientas necesarias que cambien esa percepción en los ciudadanos.

Además de esta calificación, México se colocó en la quinta posición en el Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria, realizado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación. El país obtuvo el peor resultado en los últimos seis años: se situó en 48 puntos.

De acuerdo con la investigación, la menor transparencia en el presupuesto de México puede explicarse porque en la práctica la información difundida por las autoridades es confusa, incompleta, crea más duda o simplemente es inútil para la rendición de cuentas. A su vez, la crisis económica ha evidenciado esta problemática.

Por dar un ejemplo, por más que existan leyes de transparencia estatales, el cumplimiento de éstas deja mucho que desear, sobre todo en los municipios y algunos gobiernos estatales. Uno de los principales promotores de transparencia en el ejercicio del gasto público, es el tan controvertido municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. Dicho municipio, gobernado por el PAN, publica mensualmente de manera específica el dinero que gasta cada oficina, además de publicar las compras diarias que realice.

Ahora bien, en la reciente aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación se destinaron 419 mil 308 millones de pesos a los estados a través de ocho fondos de aportaciones, que corresponden al llamado ramo 33 (Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios), el cual ha ido año con año en aumento (tan sólo del recurso destinado en 2006 al aprobado recientemente se incrementó 127 mil millones de pesos).

Dicho presupuesto deberá ejercerse con eficacia y eficiencia, pero sobre todo deberá ser destinado a programas y proyectos que beneficien a los habitantes de dichas localidades, como la creación de infraestructura carretera, construcción de hospitales y centros de salud, programas de combate a la pobreza y de mejora en educación, por mencionar algunos.

Para ello, los ciudadanos deben contar con herramientas que les permitan evaluar la aplicación del presupuesto destinado a satisfacer sus principales necesidades. Tres preguntas esenciales deben responder los gobiernos a los ciudadanos, y son fundamentales para observar la ejecución del gasto público: quién gasta, en qué y cómo lo hace, así como los resultados tangibles de la aplicación de los recursos públicos.

La Ley de Coordinación Fiscal, ordenamiento que regula la participación de recursos federales por parte de los estados, tiene por objeto:

Artículo 1o. Esta ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la federación con los de los estados, municipios y Distrito Federal, establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento.

Sin embargo, si bien es cierto dicha ley prevé que los estados y el Distrito Federal rindan informes al Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda, sobre el ejercicio y destino de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales correspondientes al ramo 33, no especifica qué deberán contener dichos informes, por lo que al ser la ley que establece las reglas en que serán repartidos los recursos, debe contener las bases mínimas que detallen su ejecución, con al menos dos elementos fundamentales que demuestren su real aplicación: la unidad administrativa que ejecutó el presupuesto y el detalle de su aplicación.

Aunado a los informes cuantitativos que los estados deben rendir, es necesario que, a fin de fortalecer la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, se exija a los estados que informen de los resultados de la aplicación de los fondos transferidos; es decir, cuántas clínicas fueron construidas mediante la aplicación de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Salud, o cuántos centros sociales fueron construidos de los recursos destinados al Fondo de Infraestructura Social.

Asimismo, para adecuar todos los marcos de actuación presupuestal es indispensable modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que en el Capítulo III del Título IV establece la transparencia e información sobre el ejercicio del gasto federalizado, pero que de igual manera que la Ley de Coordinación Fiscal no específica los contenidos mínimos de los informes que entreguen los estados al Ejecutivo federal.

Por último, a fin de que se disponga de un sistema de información más eficaz y oportuno que permita conocer el estado del ejercicio del gasto de los recursos federales que se transfieren a las entidades federativas durante el ejercicio fiscal en turno, se presentan modificaciones de las leyes referidas para que dicha información se haga llegar, además de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Auditoría Superior de la Federación. Con esto durante cada año se conocerán los resultados y el impacto que el gasto público del ramo 33 tiene en los estados y municipios y no hasta que se realice la revisión de la Cuenta Pública.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 48 y 49, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal, y la fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Primero.Se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 48 y la fracción IV del artículo 49 de la Ley Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 48. Los estados y el Distrito Federal enviarán al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través de la Auditoría Superior de la Federación, informes sobre el ejercicio y destino de los recursos de los fondos de aportaciones federales a que se refiere este capítulo. En dichos informes se incluirán como datos mínimos la unidad administrativa responsable de ejecutar el gasto y el detalle del presupuesto ejercido.

Para los efectos del párrafo anterior, los estados y el Distrito Federal reportarán tanto la información relativa a la entidad federativa como la de sus respectivos municipios u órganos político-administrativos para el caso del Distrito Federal, en los fondos que correspondan, así como un apartado específico conlos resultados obtenidos que indiquen el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos sociales y económicos de cada fondo; asimismo, remitirán la información consolidada a más tardar los 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal.

Artículo 49....

...

...

I. a III. ...

IV. La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al fiscalizar la Cuenta Pública federal que corresponda, verificará que las dependencias del Ejecutivo federal cumplieron las disposiciones legales y administrativas federales y, por lo que hace a la ejecución de los recursos de los fondos a que se refiere este capítulo, ésta se realizará en términos del Título Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y tomará en cuenta la información que se señala en los dos primeros párrafos del artículo 48 de la presente ley.

Segundo.Se reforman los dos primeros párrafos de la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 85. ...

I. ...

II. ...Las entidades federativas enviarán al Ejecutivo federal, de conformidad con los lineamientos y mediante el sistema de información establecido para tal fin por la Secretaría, y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través de la Auditoría Superior de la Federación,informes sobre el ejercicio, el destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos federales que les sean transferidos. En dichos informes se incluirán como datos mínimos la unidad administrativa responsable de ejecutar el gasto y el detalle del presupuesto ejercido.

Para los efectos de esta fracción, los estados y el Distrito Federal reportarán tanto la información relativa a la entidad federativa, como la de sus respectivos municipios u órganos político-administrativos para el caso del Distrito Federal, en los fondos que correspondan, así como un apartado específico con los resultados obtenidos que indiquen el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos sociales y económicos de cada fondo; asimismo, remitirán la información consolidada a más tardar los 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 9 de febrero de 2010.— Diputados: Gabriela Cuevas Barron, Jesús Ramírez Rangel, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Gloria Romero León, Pablo Rodríguez Regordosa, María Yolanda Valencia Vales, Leonardo Arturo Guillén Medina, Adriana Fuentes cortés, Juan Huerta Montero, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Francisco Javier Orduño Valdez, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, Ovidio Cortazar Ramos, Rosi Orozco, Silvia Esther Pérez Ceballos, Sergio Tolento Hernández, (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputada. Como lo solicita insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

El diputado Pablo Rodríguez Regordosa (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Permítame, diputado. Diputado, dígame.

El diputado Pablo Rodríguez Regordosa(desde la curul): Gracias, presidente. Sólo para preguntarle a la diputada Cuevas si podemos adherirnos a su propuesta.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le preguntamos a la diputada Cuevas si acepta que se adhieran a su propuesta.

La diputada Gabriela Cuevas Barrón (desde la curul): Con mucho gusto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Está de acuerdo, por tanto todas y todos aquellos legisladores que deseen hacerlo favor de pasar a la Secretaría a suscribirla.

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Federal de Procedimientos Civiles.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, esta iniciativa que estamos presentando el día de hoy tiene por propósito proteger, garantizar, establecer las vías procesales que hagan posible que los derechos colectivos en México, los derechos e intereses difusos y los intereses y derechos individuales de incidencia colectiva sean una realidad mediante un sistema procesal específico que se contempla en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Como todos sabemos, en nuestro país el sistema procesal ha sido diseñado desde una clave individualista. Es un derecho procesal y un sistema procesal en donde lo que se protege son derechos individuales de las personas.

En muy pocas materias, en casi ninguna, existen procedimientos para garantizar derechos colectivos. Por ejemplo, en materia laboral existen algunos mecanismos para garantizar los derechos colectivos de los trabajadores. O en materia agraria y más recientemente respecto a los derechos al consumidor. Pero en general el sistema procesal mexicano, incluyendo al juicio de amparo, está diseñado en clave individualista.

Esta situación no puede continuar, porque cada vez en el mundo entero y en nuestro país hay derechos que no solamente son individuales y son derechos fundamentales, sino derechos colectivos.

La evolución de la teoría de los derechos humanos nos habla de generaciones de derechos. Derechos de la primera generación, de la segunda, de la tercera, en donde hay un buen número de estos derechos de carácter colectivo.

Estos tratados internacionales de las distintas generaciones de derechos han sido ratificados por nuestro país. ¿En qué derechos colectivos estamos pensando? Por ejemplo, derechos que garantizan el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, al patrimonio de la nación, al medio ambiente. Los derechos de los consumidores, los derechos de los usuarios, de los servicios bancarios y financieros.

En el mundo entero, principalmente en el mundo anglosajón, pero también en América Latina existen importantes instrumentos procesales de tutela de estos derechos colectivos. En Estados Unidos, por ejemplo, es muy conocida la existencia de las class action para proteger derechos colectivos. Pero también en América Latina, por ejemplo en Brasil, en Argentina, en Colombia se regulan mecanismos procesales para tutelar derechos colectivos.

En México ha sido preocupación de muchas organizaciones no gubernamentales, de esta Cámara de Diputados y del Senado de la República, prever a nivel constitucional la existencia de las acciones colectivas y de los procedimientos colectivos. El año pasado, 2009, en abril, la anterior legislatura aprobó una modificación al artículo 17 de la Constitución para establecer acciones colectivas, pero la gran deficiencia de esa modificación al artículo 17 estribó en que solamente se daba legitimación procesal a las autoridades y no a los ciudadanos.

El 10 de diciembre del año pasado el Senado de la República modificó la redacción que había aprobado la Cámara de Diputados y dejó abierta la posibilidad para que las acciones, derechos colectivos, pudiesen ser promovidos no solamente por autoridades, sino también por ciudadanos.

En este momento está pendiente que la Cámara de Diputados apruebe o modifique lo aprobado en el Senado de la República en diciembre. Espero que lo más pronto posible el pleno de esta Cámara resuelva y dictamine favorablemente la aprobación realizada por unanimidad en el Senado de la República el 10 de diciembre.

Una vez que esta modificación constitucional se dé, que pase por la aprobación de la Cámara de Diputados y por las legislaturas locales, se requerirá la elaboración de una ley secundaria, de una ley reglamentaria que tutele y que permita que las acciones colectivas sean una realidad en nuestro país.

Me estoy adelantando y estoy proponiendo una modificación al Libro Tercero del Código Federal de Procedimientos Civiles para regular de manera detallada cómo se ejercería por parte de ciudadanos y autoridades esa posibilidad, para que los derechos colectivos, los intereses difusos sean una realidad en nuestro país.

Espero la aprobación de ustedes compañeros, en su momento. Y el respaldo a esta iniciativa que desde luego fortalecerá la democracia participativa en nuestro país y el régimen de derechos colectivos y por tanto, de los derechos fundamentales. Muchas gracias, señor presidente.

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones al Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Diputado Federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona el Título Tercero al Libro Tercero del Código Federal de Procedimientos Civiles, que regula las acciones y procedimientos colectivos.

Exposición de Motivos

El sistema jurídico nacional, desde sus inicios, fue diseñado para proteger derechos e intereses desde una visión individualista y liberal, sin que el derecho procesal se entendiese desde una vertiente colectiva para garantizar derechos e intereses difusos, generales o colectivos. Con la excepción primero del derecho social, agrario y laboral, y posteriormente, aunque de manera tímida, del derecho para la protección de los consumidores, del derecho ambiental e indígena, todo el derecho nacional está concebido para proteger situaciones, intereses y derechos individuales. Así es comprendido y practicado por los operadores jurídicos el juicio de amparo que es el principal instrumento interno de tutela de derechos fundamentales en México.

La evolución en la teoría de los derechos fundamentales, en donde los instrumentos internacionales garantizan generaciones de derechos (de la primera, segunda, tercera y cuarta generación), exige que en el nivel internacional e interno existan instrumentos procesales para proteger derechos fundamentales que no residen solo en los individuos sino en las colectividades y grupos. Igualmente, la realidad de nuestro tiempo, reivindica la protección de grupos y colectividades para generar condiciones igualitarias y equitativas entre ellos y entre las personas que los conforman.

En la doctrina jurídica, el término derecho colectivo comprende los derechos difusos, colectivos en sentido estricto, e individuales de incidencia colectiva. Los derechos e intereses difusos y colectivos en sentido estricto son aquellos derechos e intereses transindividuales, de naturaleza indivisible de los que es titular una colectividad indeterminada (derechos difusos) o determinada (derechos colectivos en sentido estricto) cuyos miembros se encuentran vinculados por circunstancias de hecho o de derecho. En cuanto a los derechos o intereses individuales de incidencia colectiva, son aquellos de carácter individual y divisible que, por circunstancias comunes de hecho o de derecho, permiten su protección y defensa en forma colectiva.

Los sistemas jurídicos del common law desde antiguo han tutelado los intereses o derechos transindividuales. El instrumento procesal más conocido en el derecho anglosajón es el de las class actions del derecho norteamericano. Las class actions están basadas en la equity y tienen antecedentes en el Bill of Peace del siglo XVII. Las Federal Rules of Civil Procedure de 1938 fijaron, en la regla 23, las normas rectoras de las class actions. Posteriormente, el Advisory Comité on Civil Rules modificó esas normas fundamentales. Las class actions son procedentes en materias tales como: accidentes, responsabilidad por productos, libre competencia económica, derechos de autor, propiedad industrial, derecho del consumidor, derecho corporativo, discriminación y, desempeño administrativo del gobierno, entre otras.

En los sistemas jurídicos del civil law corresponde en América Latina a Brasil la primacía de la introducción en su ordenamiento de la tutela de los intereses difusos y colectivos, de naturaleza indivisible mediante la reforma de 1977 a la Ley de la Acción Popular y, posteriormente, a través de la ley de 1985 sobre la acción civil pública. En 1988 se eleva a nivel constitucional la protección de los intereses difusos y colectivos y, en 1990 en el Código de Defensa del Consumidor (cuyas disposiciones procesales son aplicables a la tutela de todo y cualquier interés o derecho transindividual). Este ordenamiento fue más allá de la dicotomía de los intereses difusos y colectivos y, creó la categoría de los intereses individuales homogéneos, que abrieron camino a las acciones reparadoras de los perjuicios individualmente sufridos, las que corresponden en el sistema norteamericano, a las class actions for damages. Las decisiones de los jueces brasileños en la materia tienen efectos erga omnes.

En Uruguay, el Código General de Procesos de 1989 repite las reglas del Código Modelo de Proceso Civil para Iberoamérica, el que se distingue por lo siguiente: 1) tutela jurisdiccionalmente los intereses difusos, los derechos colectivos y los derechos transindividuales; 2) otorga legitimación procesal a cualquier interesado; y, 3) establece la eficacia erga omnes en las resoluciones judiciales.

En Argentina, la protección de derechos colectivos tuvo origen jurisprudencial. El Código Civil y Comercial de la Nación de 1993 siguió al Código Modelo Iberoamericano, hasta que la reforma a la Constitución de 1994 contempló, en su artículo 43, los derechos de incidencia colectiva, para cuya tutela prevé el amparo y la legitimación amplia para el ejercicio de su defensa.

En Portugal, en 1995 la Ley de Acción Popular contempló la defensa de derechos colectivos, intereses difusos y la de los derechos individuales homogéneos. En 1996 en Portugal, se introdujeron las acciones inhibitorias para la defensa de los intereses de los consumidores.

En muchos países de América Latina se han ido incorporando herramientas procesales para defender derechos colectivos, intereses difusos o derechos transindividuales. Es el caso, entre otros, de Chile, Paraguay, Perú, Venezuela y, Colombia. Sin embargo, la doctrina jurídica latinoamericana se duele del carácter heterogéneo, insuficiente y caótico de la legislación. Por eso, surgió en mayo de 2002 la idea de un Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica para que inspirase a los marcos jurídicos nacionales.

El Código Modelo se compone de siete capítulos. El primero define los intereses difusos, colectivos y transindividuales. El segundo, regula los procedimientos jurisdiccionales que se pueden observar por la acción colectiva. El tercero trata de las reglas procesales aplicables. El capítulo cuarto se detiene en las acciones colectivas en defensa de intereses o derechos individuales homogéneos, particularmente sobre la acción colectiva reparadora de los daños individualmente sufridos. En el capítulo quinto se norman la conexión, la litispendencia y la cosa juzgada. El capítulo sexto introduce la acción colectiva pasiva, esto es, en contra de una clase o grupo. Y, el capítulo séptimo trata de las disposiciones finales.

En nuestro país desde hace algunos años, organizaciones no gubernamentales, han insistido en la necesidad de positivar las acciones y procedimientos colectivos para tutelar derechos humanos, principalmente en materia de derechos del consumidor y al medio ambiente. Esa aspiración parte de la constatación de que la legislación secundaria es del todo insuficiente para hacerlo. Por ejemplo, en materia de derechos de protección al consumidor, las normas vigentes conceden sólo legitimación procesal activa a la Procuraduría Federal del Consumidor, pero no a los ciudadanos, y esta autoridad a la fecha ha sido omisa en la utilización amplia de este instrumento procesal para defender los derechos de los consumidores nacionales.

El 23 de abril de 2009, la Cámara de Diputados aprobó de manera inadecuada una adición al artículo 17 constitucional para que las acciones colectivas quedaran exclusivamente en manos de las autoridades y no de los ciudadanos. La aprobación sólo concedía legitimación procesal activa a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras y, a la Comisión Federal de Competencia.

En muchos sectores sociales y académicos se interpretó que el actuar de la Cámara de Diputados obedeció a las presiones de las grandes empresas y bancos, que no deseaban que las acciones y procedimientos colectivos estuviesen en manos de los ciudadanos. La aprobación entrañó una simulación porque la reforma pretendía reducir los alcances garantistas de las acciones colectivas.

El pasado 10 de diciembre, el Senado de la República modificó la intención de la Cámara de Diputados y, aprobó por unanimidad la adición de un párrafo tercero al artículo 17 constitucional, que quedó en los siguientes términos:

“El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos”.

La aprobación por el Senado requiere ahora de la aprobación calificada de la Cámara de Diputados y del 50% más uno de las legislaturas de las entidades federativas para que la citada adición sea norma constitucional. Esperamos que la Cámara de Diputados proceda inmediatamente a la aprobación correspondiente para que se continúe el procedimiento previsto en el artículo 135 constitucional.

Una vez que la reforma constitucional entré en vigor, se deberá en cumplimiento de la misma aprobar la legislación correspondiente. Es por ello, que someto a la consideración del Pleno esta propuesta de regulación secundaria y reglamentaria que es deudora en lo fundamental del proyecto elaborado por los profesores Alberto Benítez, Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Antonio Gidi y, que se suma a otras iniciativas que han sido presentadas en la materia en el Senado de la República. Su ánimo es llamar la atención de esta Cámara sobre la importancia que reviste en nuestro país el acceso a la justicia, no sólo desde su vertiente individual decimonónica sino colectiva.

La trascendencia de una legislación reglamentaria en la materia es indudable. El instrumento procesal de las acciones y procedimientos colectivos dotaría a los ciudadanos, grupos e instituciones de un poderoso mecanismo de defensa de derechos frente a los abusos de las grandes empresas, instituciones financieras y respecto a un sinnúmero de corporaciones privadas pero también frente a las autoridades que incumplen por acción u omisión con sus competencias y fines jurídicos en la tutela debida de los derechos.

Consideramos que la percepción social sobre la crisis del sistema judicial reside en buena medida en la insuficiencia de los medios procesales para garantizar a millones de ciudadanos un efectivo acceso a la justicia. La introducción de las acciones y procedimientos colectivos colocará al sistema judicial mexicano más cerca de las personas y de la protección de sus derechos. Su finalidad es que el entramado institucional cumpla con el objetivo de servir a los sectores más débiles de la sociedad, para que a ellos y no sólo a los poderosos llegue la justicia.

La iniciativa establece lo siguiente:

– La protección jurisdiccional de los intereses difusos y derechos colectivos pero también derechos e intereses individuales de incidencia colectiva en cualquier tipo de materia, por ejemplo, para tutelar derechos fundamentales al medio ambiente, los derechos de los consumidores, los derechos de los usuarios de la banca, el patrimonio de la nación, los recursos naturales, el patrimonio histórico o cultural de la república, los derechos a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, etcétera.

– Concede legitimación procesal activa a los ciudadanos, grupos, partidos, sindicatos y autoridades.

– Establece las reglas básicas del procedimiento orientándolo hacia la garantía efectiva de los intereses difusos, derechos colectivos e intereses individuales de incidencia colectiva. El juez puede acudir a petición de parte o de oficio a cualquier medio probatorio y dato o elemento proveniente de la ciencia. El procedimiento posee las características de oralidad, inmediatez y, es de carácter sumario.

– Se determinan las reglas de las sentencias, en particular la reparación del daño a la colectividad y a los miembros del grupo.

– Se prevén medidas precautorias para salvaguardar y proteger derechos colectivos e individuales, así como medidas de apremio para que los jueces puedan hacer cumplir sus determinaciones.

– Se indican las reglas en materia de conexidad y litispendencia.

– Se incorporan figuras novedosas como el amicus curiae para que distintos sectores sociales argumenten y deliberen sobre las pretensiones objeto de las acciones colectivas.

– Se establece como principio, que la sentencia tendrá efectos para todos los miembros de la colectividad o grupo.

– Finalmente, se determinan las normas en relación de los gastos y costas.

Por lo anterior y con base en las anteriores consideraciones y fundamentos jurídicos propongo ante esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el Título Tercero al Libro Tercero del Código Federal de Procedimientos Civiles que regula las acciones y procedimientos colectivos

Artículo Único: Se adiciona el Título Tercero al Libro Tercero del Código Federal de Procedimientos Civiles para quedar como sigue:

Título TerceroDe las acciones y procedimientos colectivos

Capítulo IPrevisiones generales

Artículo 543. La defensa y protección de los derechos e intereses difusos, colectivos e individuales de incidencia colectiva será ejercida en forma colectiva ante los jueces y tribunales civiles federales en los términos que señale este título.

Artículo 544. La acción colectiva es procedente para la tutela de las pretensiones transindividuales cuya titularidad corresponda a una colectividad de personas, así como para el ejercicio de las pretensiones individuales cuya titularidad corresponda a los miembros de un grupo de personas.

Artículo 545. En particular, las acciones colectivas son procedentes para tutelar:

I. Derechos e intereses difusos y colectivos, entendidos como los derechos e intereses transindividuales, de naturaleza indivisible cuya titularidad corresponde a una colectividad de personas, determinada o indeterminada, unidas entre sí, o con la contraparte, por circunstancias de hecho o de derecho comunes.

II. Derechos e intereses individuales de incidencia colectiva, entendidos como el conjunto de derechos e intereses individuales de los que sean titulares los miembros de un grupo de personas, determinado o indeterminado, y que pueden reclamarse mediante acción colectiva debido a su origen común.

Artículo 546. La acción colectiva podrá tener por objeto pretensiones declaratorias, constitutivas o de condena, sea ésta monetaria o de cumplimiento de una prestación de dar, hacer o no hacer.

Artículo 547. Serán competentes para conocer de los procedimientos colectivos los jueces y tribunales del Poder Judicial de la Federación del lugar que ocurrencia de los hechos u omisiones imputados a la parte demandada o el del domicilio del demandado, a elección del actor.

Artículo 548. En los procedimientos colectivos, el juez interpretará las normas y los hechos de forma compatible con los principios y objetivos de los procedimientos colectivos en aras de proteger y tutelar el interés general y los derechos e intereses difusos, colectivos o individuales de incidencia colectiva.

Capítulo IIProcedimiento

Artículo 549. Tienen legitimación para ejercer acciones colectivas:

a) Cualquier persona física, para la defensa de intereses o derechos difusos de que sea titular un grupo, categoría o clase de personas ligadas por circunstancias de hecho.

b) Cualquier miembro del grupo, categoría o clase para la defensa de intereses o derechos difusos de que sea titular un grupo, categoría o clase de personas ligadas entre sí o con la parte contraria por una relación jurídica base y para la defensa de intereses o derechos individuales homogéneos.

c) La Entidad Pública Relevante, entendida como aquella a cargo de la protección o tutela del derecho o interés amenazado o vulnerado de acuerdo a la legislación aplicable.

d) La federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios.

e) Asociaciones sin fines de lucro legalmente constituidas.

f) El Ministerio Público.

g)  Las entidades sindicales, para la defensa de los intereses y derechos de la categoría.

h) Los partidos políticos, para la defensa de derechos e intereses ligados a sus finalidades institucionales.

Artículo 550. Los legitimados para ejercer acciones colectivas deberán contar con asistencia legal profesional, la cual deberá velar por los derechos e intereses de dicha colectividad o grupo.

Artículo 551. Los requisitos de procedencia de la acción colectiva son:

I. La existencia de cuestiones comunes de hecho o de derecho entre los miembros de la colectividad o grupo de que se trate de tal forma que se permita una decisión uniforme respecto de la controversia.

II. Que el legitimado colectivo o quien preste la asistencia legal, en su caso, pueden representar adecuadamente los derechos e intereses de la colectividad o grupo de que se trate.

En el caso de la fracción II anterior el juez analizará la calidad del trabajo realizado por el actor y quien preste la asistencia legal, y se cerciorará que cuenten con la capacidad técnica y económica para poder representar y defender los derechos e intereses de los miembros de la colectividad o grupo de que se trate y que no se encuentren en conflicto de interés respecto de las partes en el proceso.

Artículo 552. Una vez presentada la demanda el juez la admitirá o desechará dentro de los cinco días siguientes y correrá traslado a la parte demandada emplazándola de forma personal para que conteste dentro de los quince días siguientes; también dará vista a la Entidad Pública Relevante y al Ministerio Público para que realicen, en el mismo plazo, las manifestaciones que estimen pertinentes. El juez certificará si la demanda contiene los requisitos de procedencia dentro de los diez días siguientes. Esta decisión podrá ser modificada en cualquier etapa del proceso cuando existieren razones justificadas para ello.

Artículo 553. Una vez que el juez ha certificado el cumplimiento de los requisitos de procedencia, ordenará notificar a los miembros de la colectividad o grupo mediante los medios idóneos para tales efectos. En todo caso, la notificación deberá ser económica, eficiente, amplia y tendiente a alcanzar al mayor número de legitimados colectivos y miembros de la colectividad o grupo. La notificación contendrá una relación sucinta de los puntos esenciales del procedimiento colectivo respectivo.

El juez podrá ordenar la notificación a que se refiere este artículo en cualquier medio masivo de comunicación que estime pertinente.

Las notificaciones ordinarias se entenderán exclusivamente con las partes en el proceso.

Artículo 554. Cualquier miembro de la colectividad o grupo de que se trate podrá pedir su exclusión de dicha colectividad o grupo para efectos del procedimiento colectivo de que se trate, siempre que lo solicite al juez por escrito en cualquier etapa del proceso y hasta antes de dictar sentencia.

Artículo 555. En el auto en donde el juez ordene la notificación a que se refieren los artículos precedentes, el juez citará para la audiencia previa y de conciliación, la cual se llevará a cabo dentro de los quince días siguientes a aquel en el que se haya completado la notificación. En dicha audiencia el juez, de forma personal, propondrá soluciones al litigio y exhortará a las partes a solucionarlo. Si las partes alcanzaren un convenio, el juez de oficio revisará que proceda legalmente y que los intereses de la colectividad o grupo de que se trate estén debidamente protegidos; previa vista a la entidad pública relevante y al Ministerio Público, y una vez escuchadas las manifestaciones de terceros interesados, el juez podrá aprobar el convenio el cual tendrá efectos de cosa juzgada.

Artículo 556. Una vez concluida la audiencia a que se refiere el artículo anterior, el juez procederá a abrir el juicio a prueba por un periodo de quince días y citará para las audiencias finales del procedimiento, las cuales tendrán verificativo el último día del periodo de ofrecimiento de pruebas. Una vez desahogadas y discutidas las pruebas en la audiencia, se abrirá la audiencia de alegatos en donde podrán alegar las partes, el Ministerio Público y la Entidad Gubernamental Relevante. El juez dictará la sentencia en la misma audiencia o dentro de los quince días siguientes.

Artículo 557. Para mejor resolver, el juzgador debe valerse de cualquier persona, documento o cosa, a petición de parte o de oficio, sin  más limitaciones que la relevancia con el asunto controvertido.

El juez deberá recibir todas aquellas manifestaciones o documentos, escritos u orales, de terceros ajenos al procedimiento que acudan ante él en calidad de amicus curiae o en cualquier otra, siempre que tengan relevancia con el asunto controvertido y que los terceros no se encuentren en conflicto de interés respecto de las partes, y podrá basar su resolución de la controversia en dichas manifestaciones o argumentos.

El juez en su sentencia deberá, sin excepción, hacer una relación sucinta de los terceros que ejerzan el derecho de comparecer ante el tribunal conforme a lo establecido en el párrafo anterior y de los argumentos o manifestaciones por ellos vertidos.

Artículo 558. Si por razones de índole económica la parte que esté obligada a probar no pudiera hacerlo, el juez podrá solicitar a cualquier entidad pública, la realización de los estudios o presentación de los documentos necesarios para mejor resolver el litigio en cuestión si ello estuviere dentro su área de gestión. Lo mismo ocurrirá cuando la entidad pública sea la única  persona con posibilidades de realizar los estudios o presentar los documentos referidos.

El juez podrá requerir prudencialmente a la Entidad Pública Relevante o a cualquier tercero la elaboración de estudios o presentación de los medios probatorios necesarios con cargo al Fondo.

Artículo 559. Si el juez lo considera pertinente, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar a una de las partes la presentación de documentos que sean necesarios para mejor resolver el litigio de que se trate o para ejecutar la sentencia respectiva.

Artículo 560. El uso de medios probatorios estadísticos, actuariales o cualquier otro derivado del avance de la ciencia serán tomados en cuenta por el juez.

Artículo 561. Para resolver la controversia planteada no será necesario que la parte actora presente y desahogue pruebas individualizadas respecto de todos los miembros de la colectividad o grupo de que se trate.

Artículo 562. Durante un procedimiento colectivo cualquier miembro de la colectividad o grupo de que se trate podrá solicitar información al actor sobre el estado que guarda el expediente. Dicha información no le podrá ser negada. La Entidad Pública Relevante deberá mantener un registro documentado completo que contenga la información actualizada de los procedimientos colectivos activos y ya concluidos, el cual estará disponible al público.

La parte actora y la Entidad Pública Relevante deberán incluir en su página de Internet información completa, actualizada y documentada sobre los procedimientos colectivos respectivos.

Capítulo IIISentencias

Artículo 563. En acciones colectivas provenientes de derechos e intereses difusos y colectivos, el juez podrá ordenar al demandado la realización de conductas o la abstención de las mismas, en aras de proteger el derecho o interés amenazado o violado y evitar futuras violaciones a los mismos. Para lo anterior, establecerá plazos prudentes para su cumplimiento y las medidas de apremio en caso de incumplimiento.

Si fuere posible, ordenará la restitución de las cosas al estado que guardaren antes de la violación a dicho derecho o interés. Si no fuere posible, dicha restitución podrá condenar al demandado al pago de daños y perjuicios causados a la colectividad en su conjunto con base en cálculos que incluirán el número estimado de miembros de la colectividad, la afectación a los derechos o intereses de la colectividad o al interés general, y demás circunstancias que estime pertinentes, incluso los beneficios obtenidos por el demandado. La cantidad resultante se destinará al Fondo.

Artículo 564. En el caso de acciones colectivas provenientes de derechos o intereses individuales de incidencia colectiva el juez condenará  al demandado al pago de los daños y perjuicios causados a los miembros del grupo de que se trate.

Cuando el valor de los daños individuales sufridos por los miembros del grupo sea de fácil determinación o pueda ser reducido a una fórmula matemática, la sentencia colectiva indicará el valor o la fórmula para calcular la indemnización individual y la sentencia se ejecutará de forma colectiva. En su sentencia el juez establecerá medidas que hagan fácil y expedita la entrega de dichas indemnizaciones. Si después del periodo otorgado por el juez para que se reciban las indemnizaciones que les correspondan hubiere cantidades remanentes, éstas serán destinadas al Fondo.

Si el juez no puede calcular el valor de los daños individualmente, la condena será genérica, fijando la responsabilidad del demandado por los daños causados y el deber de indemnizar, difiriendo la liquidación de los daños individuales a los incidentes individuales a ser promovidos por cada uno de los miembros del grupo dentro de los dos años siguientes a que la sentencia cause ejecutoria. Si una vez transcurridos los dos años a que se refiere el párrafo anterior, sólo una parte de la totalidad de las personas hubieren promovido el incidente de liquidación respectivo, el juez fijará el valor global de los daños causados a los miembros del grupo restantes y el demandado deberá entregar el remanente al Fondo.

Artículo 565. La sentencia será notificada a la colectividad o grupo de que se trate.

Capítulo IVMedidas precautorias

Artículo 566. Antes de la presentación de la demanda, y en cualquier etapa del proceso, de oficio o a solicitud de parte, el juez podrá decretar las medidas precautorias que considere apropiadas contra cualquier persona. Estas medidas se podrán decretar sin audiencia de la contraparte y podrán consistir en:

a) La cesación de las actividades que estén causando un daño o vulneración a los derechos e intereses colectivos o individuales de incidencia colectiva o lo puedan llegar a causar.

b) La realización de actividades que por su omisión previa hayan causado un daño o vulneración a los derechos e intereses colectivos o individuales de incidencia colectiva o lo puedan llegar a causar.

c) El retiro del mercado de bienes y productos que sean considerados peligrosos.

d) El aseguramiento de bienes de la parte demandada.

e) Cualquier otra medida que el juez considere apropiada.

Capítulo VMedidas de apremio

Artículo 567. El juez podrá emplear los medios de apremio necesarios a efecto de hacer cumplir sus determinaciones, incluyendo, pero sin limitar, multas periódicas proporcionales al daño causado o al daño que se pretende prevenir y la realización de los actos o acciones por cuenta de la parte que no obedezca la medida decretada y con cargo a esta última.

Capítulo VIRelación entre acciones colectivas y acciones individuales

Artículo 568. No habrá litispendencia ni conexidad entre acciones colectivas y acciones individuales aunque provengan de la misma causa. En caso de existencia de una acción individual y de una acción colectiva provenientes de la misma causa, el demandado deberá comunicar tal situación al actor de la acción individual, quien podrá pedir la suspensión del procedimiento individual dentro de los treinta días siguientes. En caso de no solicitar la suspensión dicha persona será excluida de la colectividad o grupo, y la sentencia colectiva no le vinculará. En ausencia de la notificación a que se refiere este artículo, el miembro de la colectividad o grupo que accione de forma individual podrá ser beneficiado, pero no  perjudicado, por la cosa juzgada colectiva.

Si la acción colectiva termina con resolución sobre el fondo, el miembro de la colectividad o grupo que hubiere requerido la suspensión de su proceso individual quedará vinculado por la cosa juzgada colectiva.

Si la acción colectiva fuese rechazada, la acción individual que estaba suspendida podrá continuar.

Antes de la publicación de la sentencia colectiva el miembro del grupo demandante de la acción individual que haya requerido la suspensión de su proceso individual podrá desligarse de la acción colectiva y solicitar la continuación de su acción individual.

Capítulo VIICosa juzgada

Artículo 569. La cosa juzgada vinculará a todos los miembros de la colectividad o grupo, pero no operará en el caso de que un legitimado colectivo presente nuevos elementos probatorios o compruebe una inadecuada representación de los derechos e intereses de la colectividad o grupo de que se trata en el procedimiento anterior.

Artículo 570. Si alguna persona inició un procedimiento individual al cual recayó una sentencia que causó ejecutoria no podrá ser incluida dentro de una colectividad o grupo para efectos de un procedimiento colectivo, si el objeto, las causas y las pretensiones son las mismas.

Capítulo VIIIGastos y costas

Artículo 571. El juez incluirá en su sentencia la condena que, respecto de gastos y costas, corresponda.

Artículo 572. Los gastos y costas de los procedimientos colectivos se determinarán en la sentencia y se liquidarán en ejecución de sentencia de conformidad con las reglas siguientes:

I. Si la parte demandada es condenada, el juez la condenará a pagar adicionalmente los gastos razonables en que haya incurrido la parte actora.

Asimismo, el juez condenará a la parte demandada a pagar el equivalente a entre el uno y diez por ciento del total del monto condenado por concepto de honorarios de abogados y entre el uno y el diez por ciento del total del monto condenado a la asociación actora, en su caso. La determinación será realizada tomando en consideración el trabajo realizado, el beneficio para el grupo o colectividad y el número estimado de los miembros de la colectividad o grupo de que se trate y demás circunstancias que estime pertinentes.

Si no hubiere un monto adecuado para realizar el cálculo a que se refiere el párrafo anterior, el juez determinará el monto de las costas tomando en consideración los criterios establecidos en el párrafo anterior.

II. Si la parte actora no prevalece en el juicio, ésta pagará los gastos y costas razonables de la parte demandada sólo si no presentare prueba adecuada para justificar su acción, si intentare una acción notoriamente improcedente, si utilizare documentos falsos durante el juicio o si presentare la acción colectiva de mala fe o con el propósito de realizar una afectación al demandado.

III. Si las partes llegaren a un acuerdo para poner fin al juicio antes de la sentencia, los gastos y costas serán pagados de conformidad con los incisos anteriores.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se recorre el orden numérico de los artículos del Libro Cuarto de este Código denominado “De la cooperación procesal internacional”.

Notas:

1 Kymlicka, Will (ed.), The Rights of Minority Cultures, Oxford, Oxford University Press, 1995; y López Calera, Nicolás, ¿Hay derechos colectivos? Individualidad y socialidad en la teoría de los derechos, Barcelona, Ariel, 2000.

2 Gidi, Antonio, La tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos: hacia un código modelo para Iberoamérica, México, Porrúa-Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, 2004; Gutiérrez de Cabiedes, Pablo, La tutela jurisdiccional de los intereses supraindividuales, Pamplona, Aranzadi, 1999; y, Venturi, Elton, Proceso civil colectivo, Sao Paulo, Malheiros, 2007.

3 Gidi, Antonio; y Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coordinadores), Procesos colectivos: la tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales en una perspectiva comparada, México, Porrúa, 2003.

4 Gidi, Antonio; y Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coordinadores), Código Modelo de Procesos Colectivos. Un diálogo iberoamericano, México, Porrúa y UNAM, 2008, pp. 429-439.

5 Gidi, Antonio; y Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coordinadores), Código Modelo de Procesos Colectivos, obra citada, pp. 447-453.

México, DF, a 9 de febrero de 2010.— Diputados: Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, Juventino Víctor Castro y Castro, Pedro Vázquez González, Laura Itzel Castillo Juárez, Agustín Torres Ibarrola, Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado Cárdenas Gracia. Túrnese a la Comisión de Justicia.

El diputado Juventino Víctor Castro y Castro(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Juventino Castro. A sus órdenes, diputado.

El diputado Juventino Víctor Castro y Castro(desde la curul): Gracias, señor presidente. Es nada más para hacer la petición al diputado Cárdenas de adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Con mucho gusto, diputado. Le pregunto al diputado Cárdenas Gracia si está de acuerdo que el diputado Juventino Castro se adhiera a su propuesta.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Estoy de acuerdo, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Está de acuerdo el señor diputado, por tanto, todas aquellas diputadas y todos aquellos diputados que deseen suscribirlo favor de pasar a al Secretaría para firmar el documento correspondiente.

CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal.

La diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el ser humano es persona con cuerpo material y alma espiritual, con inteligencia y voluntad libre, con responsabilidad sobre sus propias acciones y con derechos universales, inviolables e inalienables a los que corresponden obligaciones inherentes a la naturaleza humana individual y social.

En función de la dignidad y la libertad todo régimen democrático debe respetar, promover y garantizar no sólo el reconocimiento teórico, sino el ejercicio real de los derechos fundamentales de la persona humana.

Esto es, de aquellos que son titulares todos los miembros de una comunidad política, sin distinción alguna, por el sólo hecho de ser personas: derecho a la vida, a las libertades espirituales, a la justicia, a la educación y a la cultura, al trabajo y al descanso, a la propiedad, a la seguridad social, a la salud y al bienestar social.

De tal suerte, toda forma de discriminación o desigualdad de oportunidades por razones de sexo, edad, capacidad física, etnia, religión, convicción, condición económica o cualquier otra, debe ser rechazada y, en su caso, sancionada.

La discriminación implica expresión de aptitudes que atentan contra la dignidad de la persona, y cuando estas actitudes se transforman en acciones delictivas deben ser sancionadas.

La existencia de delitos que tienen origen en algún tipo de discriminación nos lleva a considerar indispensable el proponer la presente iniciativa en la que se propone tipificar en el Código Penal Federal los delitos contra la dignidad de las personas, en aras de que el pleno respeto y la efectiva erradicación del problema sean una realidad.

Si bien, las cuestiones orientadas a la prevención de la discriminación se encuentran ya contempladas tanto en la Constitución Política como en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, actualmente el Código Penal Federal no incluye expresamente el tema de crímenes por discriminación, y consideramos que dicha laguna debe ser superada, con lo que se reforzará la garantía individual establecida en el artículo 1o. de la Constitución.

Vale resaltar que algunas entidades federativas como son Aguascalientes, Colima, Coahuila, Chiapas, el Distrito Federal, Durango y Veracruz ya han tipificado la discriminación como delito dentro de sus respectivos códigos penales. Más aún, vale resaltar que a nivel internacional países como Estados Unidos, Ecuador, Perú y España, entre otros, cuentan ya con una legislación en la materia.

Los delitos por discriminación tienen lugar cuando una persona ataca a otra y la elige como víctima en función de su pertenencia a un determinado grupo social, según su edad, raza, género, religión, etnia, nacionalidad, afiliación política, discapacidad u orientación sexual.

En nuestro país, los delitos contra la dignidad de las personas son un problema que ha tomado dimensiones considerables. Sólo por citar algunos ejemplos, de acuerdo a estadísticas de la Secretaría de la Defensa Nacional, 3 mil 726 mujeres han sido asesinadas en el país de diciembre de 2006 a octubre de 2009, la mayor parte por violencia intrafamiliar. Pero el 7 por ciento de éstas fueron ejecutadas, cayeron abatidas en enfrentamientos entre grupos del crimen organizado o las mataron traficantes de personas. Al menos 10 mil mujeres y niñas han sido asesinadas de manera violenta en México en los últimos 10 años.

Además, las estadísticas demuestran que sólo entre 2002 y 2007 han sido asesinadas mil personas en crímenes homofóbicos, tal como reveló en mayo de 2007 esta honorable Cámara.

Por otro lado, estadísticas sobre el mercado laboral señalan que el 90 por ciento de las ofertas de empleo dejan fuera a las personas mayores de 35 años. Datos de las asociaciones civiles refieren que hay un millón 144 mil 329 personas desempleadas por discriminación laboral, y que 55 por ciento de la desocupación se origina por alguna clase de discriminación.

También tenemos cifras que revelan que en México persiste la discriminación laboral, pues existe una brecha de 30 por ciento entre los ingresos de las mujeres y hombres. Sólo 25 por ciento de las personas con discapacidad están ocupadas. Tres de cada 10 trabajadoras son discriminadas por estar casadas o tener hijos. Y es reducido el número de adultos mayores que recibe prestaciones sociales.

La iniciativa que hoy vengo a presentar ante este pleno, y cuyo texto íntegro solicito sea publicado en el Diario de los Debates, tiene por objeto incluir un Título Tercero Bis del Libro Segundo del Código Penal Federal, con el fin de tipificar los delitos contra la dignidad de la persona, toda vez que la propia Constitución contempla la prohibición de la discriminación y que ante la realidad que vivimos de violencia y discriminación contra los grupos menos favorecidos se vuelve necesario el tomar acciones encaminadas a hacer valer los derechos de todos y velar por la dignidad de la persona humana, contribuyendo así a una sociedad más justa y más equitativa.

Compañeros diputados, hoy más que nunca debemos ser sensibles a las necesidades de la sociedad, especialmente de los más desfavorecidos. Por eso les pido que apoyemos esta iniciativa que no busca más que darle justicia y equidad a aquellos que más lo necesitan. Muchas gracias.

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, diputada a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el Título Tercero Bis, con los artículos 149 Ter y 149 Quáter, del Libro Segundo del Código Penal Federal, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El ser humano es persona, con cuerpo material y alma espiritual, con inteligencia y voluntad libre, con responsabilidad sobre sus acciones, y con derechos universales, inviolables e inalienables, a los que corresponden obligaciones inherentes a la naturaleza humana individual y social.

Toda persona tiene derecho y obligación de ejercitar responsablemente su libertad para crear, gestionar y aprovechar las condiciones políticas, sociales y económicas para una mejor convivencia humana.

La convivencia justa, libre y ordenada es medio necesario para el perfeccionamiento de la persona. Es por tanto obligación ineludible de todos respetar la dignidad y la libertad de los demás y cooperar no sólo para la conservación sino también para el desenvolvimiento de un orden social justo que armonice los aspectos individuales y sociales de la vida humana.

En función de la dignidad y la libertad, todo régimen democrático debe respetar, promover y garantizar no sólo el reconocimiento teórico sino el ejercicio real de los derechos fundamentales de la persona humana; esto es, de los que son titulares todos los miembros de la comunidad política, sin distinción alguna, por el solo hecho de ser personas: derecho a la vida, a las libertades espirituales, a la justicia, a la educación y a la cultura, al trabajo y al descanso, a la propiedad, a la seguridad social, a la salud y al bienestar social.

Los derechos humanos alientan la vida de una auténtica democracia. Son expresión concreta de la dignidad humana. Sin respeto cabal de los derechos humanos no hay democracia. De su pleno reconocimiento y protección jurídica depende la existencia de un estado democrático de derecho.

Toda forma de discriminación o desigualdad de oportunidades por razones de sexo, edad, capacidad física, etnia, religión, convicción, condición económica o cualquier otra debe ser rechazada y, en su caso, sancionada.

La discriminación consiste en clasificar a los individuos en distintos grupos y tratar de forma distinta, y frecuentemente desigual, a los miembros de cada grupo, en cuanto a trato personal, derechos y obligaciones, cuando no es por su idoneidad. El criterio que define a cada grupo, como el sexo, la raza, especie o el estrato social, determina el tipo de discriminación.

En la Carta Magna se reconocen las garantías individuales; y queda prohibido todo tipo de discriminación en el artículo 1o., que a la letra dice:

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

La Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003, en el artículo 4o. define discriminación de la siguiente forma:

Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

También se entenderán como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones.

El Capítulo II de la misma ley, “Medidas para prevenir la discriminación”, contiene una lista de conductas que se consideran discriminatorias en un total de XXIX fracciones. Además, en los Capítulos IV a VI se precisa lo relativo al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, su integración, los órganos que lo componen y sus respectivas competencias, así como los procedimientos que deberá seguir en el ejercicio de sus atribuciones y la manera en que habrán de repararse los actos discriminatorios.

El término discriminación es utilizado en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos para calificar una serie de situaciones o prácticas que se consideran radicalmente contrarias a la propia dignidad humana.

Sin embargo, actualmente el Código Penal Federal no incluye expósitamente el tema de crímenes por discriminación, cuando entidades como Aguascalientes, Colima, Coahuila, Chiapas, Distrito Federal, Durango y Veracruz ya han tipificado la discriminación como delito en sus respectivos códigos penales, reforzando con ello la garantía individual establecida en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Queda prohibida toda discriminación... que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas”.

Países como Estados Unidos de América, Ecuador, Perú y España cuentan con legislación en la materia.

Los delitos por discriminación tienen lugar cuando una persona ataca a otra y la elige como víctima en función de su pertenencia a un determinado grupo social, según su edad, raza, género, religión, etnia, nacionalidad, afiliación política, discapacidad u orientación sexual.

En el país, los delitos contra la dignidad de las personas son un problema que ha tomado dimensiones considerables. Sólo por citar algunos ejemplos, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de la Defensa Nacional, 3 mil 726 mujeres han sido asesinadas en el país de diciembre de 2006 a octubre de este año, la mayor parte por violencia intrafamiliar, pero 7 por ciento corresponde a las que fueron ejecutadas, cayeron abatidas en enfrentamientos entre grupos del crimen organizado o que mataron traficantes de personas. Al menos 10 mil mujeres y niñas han sido asesinadas de manera violenta en México en los últimos 10 años, de acuerdo con la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, AC.

Además, estadísticas muestran que sólo entre 2002 y 2007 han sido asesinadas mil personas en crímenes homofóbicos, como reveló en mayo de 2007 la Cámara de Diputados.

Por otro lado, estadísticas sobre el mercado laboral señalan que 90 por ciento de las ofertas de empleo deja fuera a las personas mayores de 35 años. Según la Asociación por la no Discriminación Laboral por Edad o Género, el fenómeno ha aumentado en los últimos cinco años. Datos de la asociación refieren que hay 1 millón 144 mil 329 personas desempleadas por discriminación laboral, y que 55 por ciento de la desocupación se origina por alguna clase de discriminación.

Cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social revelan que en México persiste la discriminación laboral, pues hay una brecha de 30 por ciento entre los ingresos de mujeres y de hombres, sólo 25 por ciento de las personas con discapacidad están ocupadas, 3 de cada 10 trabajadoras son discriminadas por estar casadas o tener hijos, y un reducido el número de adultos mayores recibe prestaciones sociales.

México es parte de diversos tratados internacionales en materia de discriminación, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer, la Declaración de los Derechos de los Impedidos, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, o la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones.

En virtud de lo anterior, es posible decir que diversos los países han adecuado su legislación ante la necesidad de proteger a las minorías contra el daño material y moral derivado de conductas discriminatorias, derivadas del odio racial, de la xenofobia y de otras conductas gravemente discriminatorias por razones raciales, étnicas o nacionales.

Por lo expuesto, la presente iniciativa tiene por objeto tipificar el delito de discriminación en el Código Penal Federal, toda vez que la propia Constitución considera la prohibición de la discriminación, y que, ante la realidad que vivimos de violencia y discriminación contra los grupos menos favorecidos, se vuelve necesario tomar acciones encaminadas a hacer valer los derechos de todos y velar por la dignidad de la persona humana. En la presente iniciativa se propone tipificar el delito de discriminación, adecuando la redacción de éste al texto constitucional en la materia. En cuanto a las fracciones que describen las conductas, se adoptan las sugeridas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo cual permitirá contar con un tipo penal más preciso en cuanto a sus alcances.

En vista de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el Título Tercero Bis, con los artículos 149 Ter y 149 Quáter, del Libro Segundo del Código Penal Federal

Único. Se adiciona el Título Tercero Bis, con los artículos 149 Ter y 149 Quáter, del Libro Segundo del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Título Tercero BisDelitos contra la Dignidad de la Persona

Capítulo ÚnicoDel Delito de Discriminación

Artículo 149 Ter. Se impondrán de uno a tres años de prisión y multa de cien a doscientos cincuenta días multa al que cometa por motivos de origen étnico o nacional, de género, de edad, de discapacidades, de condición social, de condiciones de salud, de religión, de opiniones, de preferencias, de estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tengan el objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas cualquiera de las siguientes conductas:

I. Provoque o incite al odio o a la violencia;

II. En ejercicio de sus actividades profesionales, mercantiles o empresariales, deniegue a una persona un servicio o una prestación a que tenga derecho. Para los efectos de esta fracción, se considera que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general;

III. Niegue o restrinja derechos laborales;

IV. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas cuando dichas conductas tengan por resultado un daño material o moral; o

V. Niegue el acceso a la educación básica obligatoria.

Las sanciones establecidas en este artículo se aplicarán en caso de concurso ideal o real de delitos, con independencia de las penas que correspondan por la comisión de delitos de homicidio o lesiones, según el caso.

Artículo 149 Quáter. Se impondrán de dos a cinco años de prisión y multa de doscientos a trescientos días multa al servidor público que, por alguna de las hipótesis previstas en el primer párrafo de artículo anterior, deniegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación a que tenga derecho.

Además de las penas previstas, el servidor público será destituido e inhabilitado por tiempo igual a la pena de prisión impuesta para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

No serán consideradas discriminatorias las medidas tendentes a la protección de los grupos socialmente desfavorecidos.

Los delitos previstos en este capítulo se perseguirán por querella.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2010.— Diputados: Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, Rosi Orozco, María Joann Mossberger, María Yolanda Valencia Vales, Carlos Bello Otero, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Rosa Adriana Díaz Lizama, Sergio Octavio Germán Olivares, Guadalupe Valenzuela Cabrales, Ovidio Cortazar Ramos, Cecilia Soledad Arévalo Sosa, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Jaime Oliva Ramírez y Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes. Como lo solicita insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Justicia.Tiene la palabra la diputada Rosi Orozco.

La diputada Rosi Orozco(desde la curul): Para pedirle a la diputada si nos podemos adherir a su propuesta.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le pregunto a la diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes si está de acuerdo en que la diputada Orozco se adhiera a su iniciativa.

La diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes: Sí, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Está de acuerdo. Todas aquellas y aquellos compañeros legisladores que deseen hacerlo favor de pasar a la Secretaría.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros, el día de hoy vengo a presentar una iniciativa que busca modificar la fracción III, párrafo primero del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de que se eleve de 9 a 25 veces el salario o el ingreso equivalente que deberá quedar exento de la aplicación del impuesto sobre la renta para las personas jubiladas.

Esta iniciativa se fundamenta en varias razones. La primera es una razón moral y legal. Estas personas ya pagaron impuestos durante toda su vida y no es justo que ahora sus ahorros sean doblemente gravados, como lo hizo recientemente o como lo está haciendo la Secretaría de Hacienda y que a partir del mes de febrero ha empezado a aplicar el impuesto sobre la renta a estas personas.

¿Por qué 25 salarios mínimos? Porque 25 salarios mínimos es el tope máximo que establece la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social para que las personas se jubilen.

¿Por qué? Quizás a algunos se les haga una percepción muy alta, pero no debemos olvidar que la mayoría de los jubilados incrementan por su misma edad sus gastos en salud, que muchas veces tienen que acudir a las instituciones de seguridad social, ya sea al IMSS o al ISSSTE y esas instituciones no cuentan con medicinas o no cuentan con los servicios apropiados.

Estas personas también ya pagan impuestos cuando consumen, pagan predial, pagan servicios. Entonces, no es un monto elevado la percepción que pueden tener, derivada de toda una vida de trabajo.

Creo y estoy convencido de que la situación hacendaria de este país no se va a corregir gravándoles o descontándoles impuestos a los jubilados. Creo que antes de eso el Estado tiene que eficientar su gasto, reducir el gasto superfluo, acabar con la discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda para la aplicación y para el cobro de impuestos.

Creo también que hay otras formas y que estamos obligados a revisar cuál es la realidad del sistema pensionario del Estado.

Hay algunos funcionarios que dicen que son pocas las personas. Son 75 mil personas las que están siendo afectadas en la actualidad. Son 75 mil personas que laboraron toda su vida y que ya no tienen por qué seguir pagando impuestos, porque ya los pagaron.

También es pertinente mencionar que estamos obligados a revisar el resto del sistema pensionario. Las pensiones privadas. El presupuesto de gastos fiscales nos muestra que hay un boquete de 20 mil millones de pesos porque no sabemos en realidad cuál es el tratamiento fiscal a estos sistemas de pensiones privados, que éstos sí son –a veces, y muchas veces– para gente con mucho, mucho mayor poder adquisitivo.

También debemos revisar qué sucede con las pensiones de la banca de desarrollo. Por ejemplo, el otro día platicaba con un funcionario de la Secretaría de Hacienda y hay la posibilidad de que personajes importantes de la banca de desarrollo tengan dos jubilaciones: la de la banca de desa-rrollo y la que les otorga el ISSSTE. Creo que estas cosas son las que hay que revisar.

En tanto, los invito a sumarse a esta iniciativa que lo único que busca es restaurar la equidad, restaurar la justicia social y darle un poco a los jubilados por tanto trabajo que le han brindado a México. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto decreto que modifica la fracción III, párrafo primero, del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Al iniciar febrero del presente año, los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se enteraron de que se les aplicó a sus ingresos por jubilación hasta por un monto equivalente a los 9 salarios mínimos, el gravamen establecido en la fracción III, párrafo primero, del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

En virtud de que a esos ingresos ya se les cobró en su oportunidad, el impuesto sobre la renta respectivo, resulta que se están gravando doblemente los ahorros de toda la vida de esos trabajadores jubilados.

Esto está en contravención con la situación económica del país, que cada día es más grave y afecta a la clase trabajadora.

Todos los datos que corresponden a los indicadores referentes al entorno económico de nuestro país son mas ominosos, sobre todo para los segmentos de la sociedad que incluye a la rama de los marginados y desposeídos.

Por otra parte, los precios de la canasta básica presentan incrementos diarios que hacen inalcanzables los productos necesarios para mal comer.

La avalancha de los impuestos que ha impulsado el gobierno de Calderón ha sido un detonante para que la carestía agudice la crisis que padece cotidianamente el pueblo mexicano.

Lo anterior ha provocado que la pobreza de más de 86 millones de mexicanos se haga presente en sus aspectos de pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonial; hay más de 56 millones de mexicanos a quienes no les alcanza ni para comer una vez al día.

La inflación, en suma, se ha desencadenado y lo que antiguamente se conocía como la cuesta de enero, ahora será la cuesta del año.

La falta de generación de empleos que ha propiciado la administración de Calderón es patente, al grado que la propia Secretaría de Hacienda reconoció en su último informe que las plazas generadas en 2009 solo fueron 184 mil, cuando se necesita un mínimo de un millón 250 mil anuales para satisfacer las necesidades del mercado laboral.

El desempleo acusa tasas elevadas que alcanza actualmente a más de 3 millones de personas, que día a día engrosan las filas de los sin trabajo y no tienen ni para llevar el mínimo sustento a sus familias.

En ese entorno, la insensibilidad de Calderón ha castigado aun mas a los pensionados mexicanos, al poner en vigor una norma que no había sido aplicada, desde 2006, por un problema de operatividad, según lo calificó Hacienda.

Esta disposición que ahora aplica Hacienda está contenida en lo que marca la fracción III, párrafo primero, del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que grava los ingresos provenientes de las pensiones de hasta 9 salarios mínimos.

La propuesta del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo es la de que se reforme esta disposición que es atentatoria a la economía de un sector vulnerable, que no tiene más ingresos que los que derivan de los ahorros de toda una vida de trabajo, porque al gravar los ingresos superiores a los 9 salarios mínimos se está dando una doble imposición prohibida por las leyes mexicanas.

Para ello, proponemos que sólo se aplique esta disposición para quienes perciban jubilaciones superiores a 25 veces el salario mínimo de la zona geográfica que corresponda.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que modifica la fracción III, párrafo primero, del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Primero.Se modifica el artículo 109, fracción III, párrafo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 109....

I. y II....

III. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de 25 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título.

Transitorio

Artículo Único. La presente iniciativa entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2010.— Diputados: Mario di Costanzo Armenta, Sergio Lobato García, Carlos Samuel Moreno Terán, Jaime Arturo Vázquez Aguilar, Emilio Serrano Jiménez, Emilio Andrés Mendoza Kaplan, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira, María Hilaria Domínguez Arvizu, Luis Carlos Campos Villegas, Blanco Roberto Pérez de Alva, Reginaldo Rivera de la Torre, José Francisco Rábago Castillo, Adriana Terrazas Porras, Felipe Amadeo Flores Espinosa, José Tomás Carrillo Sánchez, Marcela Guerra Castillo, Adriana Sarur Torre, Judith Fabiola Vázquez Saut, Humberto Lepe Lepe, Rosario Ortiz Yeladaqui, Jeny de los Reyes Aguilar, Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Luis Antonio Martínez Armengol, Víctor Manuel Kidnie De La Cruz, Samuel Herrera Chávez, Ricardo Ahued Bardahuil, Claudia Ruíz Massieu Salinas, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Emiliano Velázquez Esquivel, Juan Nicolás Callejas Arroyo, Gustavo González Hernández, Narcedalia Ramírez Pineda, Margarita Gallegos Soto, Mario Moreno Arcos, Manuel Cadena Morales, Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, Jesús María Rodríguez Hernández, Amador Monroy Estrada, José Luis Velasco Lino, José Manuel Aguero Tovar, David Penchyna Grub, Carlos Flores Rico, Rolando Zubia Rivera, Ana Estela Durán Rico, María Araceli Vázquez Camacho, Leticia Quezada Contreras, Víctor Manuel Castro Cosío, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña y Laura Itzel Castillo Juárez (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado Di Costanzo Armenta. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.Sí, señor diputado Lerdo de Tejada.

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (desde la curul): Gracias, presidente, con su permiso. Para preguntar si me permite el proponente sumarme a su exposición, más allá de que se discutirá profundamente en la Comisión de Hacienda.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Pregunto al señor diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta si está de acuerdo en que el señor diputado Lerdo de Tejada se adhiera a su iniciativa.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): De acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Está de acuerdo. Por tanto, todas aquellas diputadas y aquellos diputados que deseen hacerlo favor de pasar a suscribirlo. Sí, diputado, dígame.

El diputado Roberto Pérez de Alva Blanco(desde la curul): Si me permite, señor presidente. Contrastando los órdenes del día. En el previo aparecía en el punto 19 este tema que se acaba de exponer, que aparece como punto 20 agregado. Qué bueno que se haya dado esta negociación política para incorporarlo.

Yo quisiera dejar sentado, y solicito que se asiente en el Diario de los Debates, que de parte de Nueva Alianza también hubo una propuesta en el mismo sentido, que lamentablemente no fue incorporada pero que va exactamente en el mismo sentido de la que se acaba de exponer y que se habrá de complementar en tiempo y forma.

También desear que me permita, si así lo acepta el diputado Di Costanzo, adherirme a la iniciativa que propuso en su momento.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:El diputado ha manifestado su aceptación a que se sume todo aquel compañero legislador que desee hacerlo.

Le informo solamente que en la reunión previa de la Mesa Directiva se había recibido por parte de la propia Junta de Coordinación Política esta propuesta, misma que se aprobó en Mesa Directiva que fuera considerada. La suya no nos llegó, señor diputado, si no con muchísimo gusto hubiéramos hecho lo procedente a efecto de que pudiera dársele lectura.

¿Algún otro compañero? Sí, diputado Gerardo Fernández.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Diputado presidente, sólo añadir a lo que usted informa al compañero diputado que, efectivamente, no hubo ninguna negociación política, sino que la Mesa Directiva de manera unánime consideró que como sólo quedaba una iniciativa más para la siguiente sesión se incorporara a este pleno. Fue un acuerdo transparente. Claro, un acuerdo político también lo es, pero no fue el caso, sino que fue un acuerdo unánime de la Mesa Directiva en este sentido.

Aprovecho para sumarme a la importantísima iniciativa que ha presentado el compañero Mario di Costanzo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Como usted lo comenta y en tales condiciones, todas y todos aquellos compañeros que deseen sumarse pasen por favor a suscribirla. Continuamos con el orden del día y entramos al dictamen de primera lectura.

ARTICULO 40 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Comisión de Puntos Constitucionales.

En virtud de que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numeral 6, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes del proceso legislativo

1. En sesión de 4 de enero de 2006, el diputado Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y deroga el párrafo tercero del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue turnada a esta Comisión de Puntos Constitucionales.

2. Asimismo, en sesión de 9 de febrero de 2006, el diputado Rafael García Tinajero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 40 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue turnada para su estudio y dictamen a esta Comisión de Puntos Constitucionales.

3. En tanto, el 9 de mayo de 2007, el diputado Alfonso Izquierdo Bustamante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 40 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue turnada para su estudio y dictamen a esta Comisión de Puntos Constitucionales.

4. Derivado de la importancia del tema, se llevaron a cabo dos reuniones con académicos y organismos de la sociedad civil interesados en el tema, los cuales plantearon observaciones y propuestas que fueron tomadas en cuenta para enriquecer el dictamen. Algunos de los participantes fueron: el académico Roberto Blancarte del Colegio de México, Católicas por el Derecho a Decidir, el Foro Intereclesiástico Mexicano y GIRE (Grupo de Información y Reproducción Elegida), entre otros.

5. En sesión de 31 de julio de 2007, las diputadas Claudia Lilia Cruz Santiago e Irene Aragón Castillo, del Grupo Parlamentario de de la Revolución Democrática, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue turnada para su estudio y dictamen a esta Comisión de Puntos Constitucionales. Dicha iniciativa se considerara en la valoración del presente dictamen sólo en lo concerniente a su propuesta de modificación al artículo 40 constitucional, referente a la voluntad del pueblo mexicano de constituirse en una República laica, quedando sin efecto el resto de las propuestas motivo de la iniciativa con la aceptación de la diputada promovente.

6 .Por su parte en la sesión de 22 de noviembre de 2007, las diputadas Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez y Aída Marina Arvizu Rivas del Grupo Parlamentario de Alternativa; los diputados Martha Tagle Martínez y Alejandro Chanona Burguete del Grupo Parlamentario de Convergencia; los diputados Rosario Ortiz Magallón, Maricela Contreras Julián, Raymundo Cárdenas Hernández, Javier González Garza, David Sánchez Camacho y José Alfonso Suárez del Real del Grupo Parlamentario del PRD; los diputados Irma Piñeyro Arias y Miguel Ángel Jiménez Godínez del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; los diputados María Beatriz Pagés Rebollar y Carlos Chaurand Arzate del Grupo Parlamentario del PRI; el diputado Diódoro Carrasco Altamirano del Grupo Parlamentario del PAN; el diputado Ricardo Garza Cantú del Grupo Parlamentario del PT y el diputado Antonio Xavier López Adame del Grupo Parlamentario del PVEM, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 40, 108, 109 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue turnada para su estudio y dictaminación a esta Comisión de Puntos Constitucionales.

7. Así también , en sesión celebrada el 24 de abril de 2008, diversos diputados de los grupos parlamentarios del PRD, del PRI, del PT, de Convergencia, de Alternativa y de Nueva Alianza, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 40 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

8. El 29 de abril del año 2008, en sesión plenaria de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LX Legislatura, fue aprobado por mayoría, el dictamen que recoge las iniciativas referidas sobre estado laico, mismo que se presentó ante el pleno para primera lectura, en la sesión de 30 de abril de 2008.

9.Mediante oficio D.G.P.L. 61-II-2-76, y con fundamento en el punto tercero del acuerdo aprobado por el Pleno de esta Cámara, con fecha 17 de septiembre del año en curso, relativo a los dictámenes de proyectos de ley o de decreto y proposiciones con punto de acuerdo pendientes de resolver por el Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales el dictamen positivo con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 40, 115, primer párrafo, 130 primer y último párrafos, y se adicionan al artículo 130 un segundo y tercer párrafos, recorriéndose en su orden los actuales, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Estado Laico).

10. En sesión del 24 de noviembre de 2009, el diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 4, 5, 24, 40, 115 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue turnada para su estudio y dictamen a esta Comisión de Puntos Constitucionales.

11. Por consiguiente, y en sesión de pleno de la Cámara de Diputados del 1 de diciembre de 2009, el diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 40, 108 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la que fue turnada para su estudio y dictamen a esta Comisión de Puntos Constitucionales.

12. En sesión Plenaria de la Comisión de Puntos Constitucionales de 8 de diciembre de 2009, se aprobó discutir dentro del primer periodo ordinario de sesiones de la LXI Legislatura, el dictamen de reforma constitucional a diversas iniciativas de ley presentadas por los diputados de las diversas fracciones parlamentarias en relación con el tema de estado laico.

13. En fecha 22 de diciembre de 2009, se remitió a esta comisión un acuerdo aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mediante el cual solicita a la honorable Cámara de Diputados que se dictaminen las iniciativas de reforma constitucionales que tiene como objeto el fortalecer el carácter laico del estado mexicano.

14. En reunión de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales de 13 de enero de 2010, la presidencia de la comisión presentó el proyecto de dictamen, en el que se incorporaron y analizaron todas y cada una de las modificaciones y adiciones de las iniciativas de ley propuestas por diputados de las diversas fracciones parlamentarias, así también del dictamen de la LX Legislatura (pendiente en primera lectura), así como el diverso oficio del ciudadano diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez en el que solicitó respetuosamente no considerar de su iniciativa propuesta los artículos 3o., 4o., 5o. y 24.

Consecuentemente, los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido del Trabajo (PT) acordaron, después de haber analizado el proyecto de dictamen, la conveniencia de que única y exclusivamente el dictamen deberá considerar una adición al artículo 40 Constitucional respecto a que el Estado Mexicano es Laico. Así también se estableció que en uno de los considerandos de dicho dictamen se precisara con toda claridad el concepto de estado laico tal y como lo señala el proyecto de iniciativa presentado por el diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez.

II. Materia de las iniciativas

Las iniciativas enunciadas en el apartado de “Antecedentes del proceso legislativo” coinciden en hacer explícita la característica del Estado mexicano, como un Estado laico. Plantean la conveniencia de elevar a rango constitucional los principios de laicidad que debe prevalecer en el ejercicio de un gobierno democrático. Por su parte, la iniciativa referida, presentada por el diputado Federico Döring tiene como propósito reformar el artículo 24, con la finalidad de regular la libertad religiosa.

Por un lado, la iniciativa presentada por el diputado Alfonso Izquierdo, señala en su exposición de motivos que “al incorporar a la Constitución Política principios laicos, para que se respeten las libertades religiosas y de pensamiento, para que el Estado tome decisiones de acuerdo al mandato constitucional, avanzamos hacia una sociedad de pleno ejercicio de la democracia, reconociendo los valores de la misma, como lo son la pluralidad, la tolerancia y la inclusión.”

En tanto, los argumentos que expone la iniciativa presentada por el ciudadano diputado Rafael García Tinajero, se esgrimen en el sentido de que un Estado laico fuerte es la mejor garantía para que, en una vida democrática, se incentive la libre circulación de las ideas, y se fortalezca la libertad de creencias y de cultos. Es ese el espacio ideal para que con libertad, los ciudadanos determinen sus convicciones.

Ambas iniciativas, plantean el fortalecimiento de un Estado a través de principios que garanticen el establecimiento de una cultura democrática y de respeto a los derechos humanos. En ésta concepción, el principio de laicidad, entendida como el respeto a la pluralidad de opciones ante lo religioso, formará parte fundamental de su materialización. Esto es, que el Estado esté comprometido con la pluralidad confesional, precisamente sin adoptar alguna.

En ese tenor, nos dice la iniciativa del diputado Izquierdo:

La independencia del Estado de cualquier influencia religiosa se debe entender en el contexto del derecho a la libertad de los individuos que tienen de elegir su creencia o no creencia (...)

“La democracia supone la existencia de valores democráticos y por lo tanto de tolerancia en las opiniones plurales que permiten viabilizar en conjunto un proyecto de país que se soporte en el respeto a los derechos humanos, a la Constitución y a la libre expresión popular de decidir sobre la realización de su vida en una sociedad igualitaria, fortaleciendo la equidad”.

Por su parte, la iniciativa presentada por la diputada Elsa Conde Rodríguez, plantea que la separación entre el Estado y las Iglesias, si bien ha sido una medida política importante, no ha sido suficiente para la autonomía de las decisiones políticas del Estado frente a las doctrinas religiosas y convicciones filosóficas específicas; de ahí que proponga a este Congreso la adición a un artículo constitucional que establezca la laicidad del Estado mexicano.

Por su parte la iniciativa del diputado Víctor Hugo Círigo precisa que la laicidad garantiza la libertad de elegir el culto religioso o convicción filosófica que se desee profesar; asimismo, implica la igualdad de los individuos y consecuentemente su no discriminación, al respecto hace la siguiente puntualización:

“La pluralidad democrática es la única forma de Estado que garantiza un conjunto de derechos y libertades individuales y colectivas para el ejercicio de la ciudadanía. Violar uno de sus principios fundamentales como es el de la laicidad resulta una amenaza que socava la libertad de elegir el culto religioso o convicción filosófica que cada quien desee profesar y elimina toda posibilidad de actuar conforme a la conciencia individual.

Por eso es importante recordar que el Estado mexicano –concretamente el régimen republicano– es y ha sido siempre laico y no puede entenderse sin el respeto cabal a dicho Principio, mismo que se liga y sustenta al de la Igualdad. Se debe recordar y reafirmar este principio histórico de laicidad que ha formado nuestra vida constitucional desde su origen, para asegurar que en México no se pueda privilegiar o imponer un credo a otros, para reafirmar que en la República no cabe la eliminación de quien discrepa en sus creencias o religión como forma de actuar en la política”.

Por su parte, la iniciativa del diputado César Augusto Santiago expone que la existencia de un Estado laico, es una exigencia de las sociedades modernas y democráticas, según la cita:

“Hay una creciente diversidad religiosa y moral en el seno de las sociedades actuales y los Estados tienen ante sí desafíos cotidianos para favorecer la convivencia armoniosa, además de la necesidad de respetar la pluralidad de las convicciones religiosas, ateas, agnósticas, filosóficas, así como la obligación de favorecer, por diversos medios, la deliberación democrática y pacífica. El Estado democrático tiene igualmente la obligación de velar por el equilibrio entre los principios esenciales que favorecen el respeto de la diversidad y la integración de todos los ciudadanos a la esfera pública”.

En tanto el diputado Víctor Humberto Benítez Treviño señalo que ...El Estado laico deviene desde el Siglo de las Luces, es decir, del siglo XVIII...esto es el constituyente de Filadelfia estableció el principio histórico, cuando Madison, en 1791, en su enmienda de la Constitución, precisó con claridad la separación de la iglesia y el Estado; en tanto que, en México, Juárez el 12 de julio del 1859 promulgó mediante ley la separación de la iglesia con el Estado; posteriormente el 4 de diciembre de 1860, se expide la Ley de Libertad de Cultos.

Asimismo, el diputado Emilio Chuayffet Chemor aseveró:

“Llevar al artículo 40 Constitucional la clara, indiscutible y muy puntual declaración de que el Estado mexicano es Laico quiere decir dos cosas: La supremacía del Estado mexicano y sus leyes como espacio de validez para la conducta de cada uno de los mexicanos dentro de nuestro país, y en segundo lugar la garantía de que el Estado sin tener religión o credo oficial, permita la igualdad jurídica de todos en esta materia. El Estado mexicano es laico y el derecho del pueblo mexicano es el único ordenamiento jurídico que rige la convivencia de los mexicanos, no discrimina, no excluye, no atosiga, no cercena, sino que permite la libertad en un orden jurídico que es expresión de la voluntad de todos.

Lo que queremos hacer es declarar lo que ya está ahí, en los artículos 3o., 24 y 130, Constitucional, que el Estado mexicano es laico, que no podemos renunciar a él no sólo porque es un principio histórico que nos costó mucho tiempo alcanzar, sino que es un modo de ser, que se sostiene en el consenso de los mexicanos. Los mexicanos quieren Estado para los asuntos de la sociedad civil y libertad de conciencia para los asuntos que lo atan a sus propias convicciones.”

El diputado Emilio Chuayffet Chemor concluye recordando a uno de los padres del liberalismo mexicano, a José María Luis Mora con lo siguiente:“Queremos leyes para los ciudadanos y no queremos nunca una ley entre Dios y las conciencias, porque eso es asunto de Dios y cada quien.”

III. Considerandos

En lo general

En castellano, laico se utiliza como sustantivo y adjetivo calificativo. El término “laico” deviene del griego laikós, “del pueblo”, de donde se deriva laos, “pueblo”. En su acepción original, según el investigador mexicano Roberto Blancarte, se utilizó “ para referirse a los fieles cristianos y diferenciarlos por los miembros del clero, quienes controlan los sacramentos...”. (Roberto Blancarte, Para entender el Estado laico, Nostra Ediciones, México, 2008)

Sobre este particular la Real Academia Española desconoce la palabra laicidad y sí, en cambio, define laicismo como la “doctrina que defiende la independencia del hombre o de la sociedad y más particularmente del Estado, respecto de cualquier organización o confesión religiosa”. Sin embargo, la comunidad académica ha ido abandonando el término laicismo que se apega conceptualmente más a los “ismos” ideológicos.

En este sentido la idea de laicidad, que es citada en diversas referencias, debe entenderse como una “doble emancipación: la del Estado frente a las iglesias y la de las iglesias frente al Estado”. En tal virtud, este término posibilita la existencia de un Estado que no conculca o impone creencias religiosas o ideológicas a los ciudadanos sino más bien se mantiene en absoluta neutralidad frente a ellas, con la consecuencia que todas las creencias tienen el mismo valor y quienes las profesan poseen idénticos derechos y obligaciones.

Para que un régimen pueda definirse como laico, deben cumplirse por lo menos las siguientes características: 1) que existe libertad de conciencia, es decir que se puede tener o no tener creencias religiosas sin que el Estado intervenga para modificarlas; 2) que hay autonomía entre lo político y lo religioso; 3) que hay igualdad entre individuos y asociaciones ante la ley, y 4) que no existe discriminación por motivos religiosos, entendida ésta como negación de derechos para profesar o no cierta confesionalidad religiosa.

Puede catalogarse como una obviedad, pero por definición el Estado laico:

“Es un moderno instrumento jurídico-político al servicio de las libertades en una sociedad que se reconoce como plural y diversa. Un Estado que, por lo mismo, ya no responde ni está al servicio de una doctrina religiosa o filosófica en particular, sino al interés público, es decir al interés de todos, manifestado en la voluntad popular y el respeto a los derechos humanos”. (Blancarte, Op. Cit).

Esta definición es importante, pues aunque el término laico comenzó a usarse en su acepción moderna en el último tercio del siglo XVIII, el Siglo de las Luces, implica un proceso histórico que va desde la separación de los asuntos políticos de la esfera religiosa a la defensa de las libertades y la construcción de un andamiaje institucional que garantice la igualdad de las asociaciones religiosas y sus creyentes ante la ley.

Previa a la Revolución Francesa, que inauguró la modernidad, el discurso simbólico de la Iglesia Católica Apostólica Romana era la matriz de significación central de la vida social, un sistema de creencias con pretensión de validez universal que sancionaba cada uno de los actos humanos sin que admitiera la existencia de otras iglesias o religiones. Desde esta perspectiva, su hegemonía en Europa significaba estar con ella o contra ella.

Aunado a esta argumentación, dicha Iglesia no sólo reclamaba su hegemonía del poder espiritual sino que buscó sojuzgar al poder político de los gobiernos, monárquicos en su mayoría, a través de “la suprema potestad del poder eclesiástico sobre el poder temporal”, la cual se conoce como la doctrina descendente del poder.

Defendía la misma jerarquía eclesiástica que habiendo un solo rebaño, el pueblo de Dios, no debía existir más que un solo pastor (el Papa). Siendo que el origen de la dignidad sacerdotal provenía del mismo Dios y siendo el Papa la cabeza visible de su pueblo, por encima del poder papal no debía existir ninguna autoridad, sea de carácter religioso o político.

Hubieron de transcurrir siglos para que esta concepción del poder cambiara, pero cuando los monarcas decidieron disputar la hegemonía a la Iglesia trataron de hacerlo con solvencia, incluso hasta mostrarse soberbios. Por citar un ejemplo, el 21 de marzo de 1610 Jacobo I, rey de Inglaterra, emitió un discurso ante el Parlamento donde dijo:

“El estado de la monarquía es el supremo bien sobre la tierra; puesto que los reyes no sólo son los lugartenientes de Dios sobre la tierra, y se sientan en el trono de Dios, sino que incluso Dios mismo los considera dioses...” (Citado en Miguel Ángel Martínez Rodríguez. La cuna del liberalismo. Las revoluciones inglesas del siglo XVII, Editorial Ariel, Barcelona, 1999).

El momento histórico, cuando se hizo pública la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, en particular en su artículo X donde se aduce que “nadie puede ser molestado por sus opiniones, incluso religiosas, siempre y cuando sus manifestaciones no alteren el orden público establecido por la ley”, encumbró la libertad de credos.

Por su parte, con la Declaración de Derechos de Virginia en 1776 se perfiló la necesidad de que nadie fuese obligado a creer algo que no generara su convicción personal, menos aún, de tener que contribuir por obligación con una Iglesia en la que no creyera, sólo por ser la portadora de la religión oficial impuesta por el Estado.

La Declaración de Virginia, consignaba textualmente al respecto:

“Que la religión, o los deberes que tenemos para con nuestro creador, y la manera de cumplirlos, sólo pueden regirse por la razón y la convicción, no por la fuerza o por la violencia; en consecuencia, todos los hombres tienen igual derecho al libre ejercicio de la religión, de acuerdo a los dictados de su conciencia; y que es deber recíproco de todos el practicar la paciencia, el amor y la caridad cristianos para con el prójimo”.

Más adelante, James Madison y Thomas Jefferson padres de la patria estadounidense, redactaron en 1786 el Estatuto de Libertad Religiosa de Virginia, el cual sirvió de base a muchos documentos libertarios posteriores. Sin embargo, la expresa separación de Iglesia y Estado, vendría con la Declaración de Derechos presentada por James Madison en 1791 en forma de Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos de América. El nuevo principio quedaba expreso de la siguiente manera:

“El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente, o que coarte la libertad de palabra o de imprenta, el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios.”

Los anteriores eventos en otros lugares del mundo ofrecieron elementos para que en nuestro país se iniciara un proceso de laicidad de las instituciones que culminó con la Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma, donde se trazó el camino de separación entre la Iglesia católica y Estado mexicano. Uno de los objetivos fundamentales que se planteó con ello, fue el establecimiento de los asuntos exclusivos que le estarían conferidos al Estado por ser el garante del interés general de la nación y en consecuencia, la separación clara de la Iglesia de los asuntos de interés público. Se trataba de garantizar las libertades de todos, gracias a la menor influencia posible de lo religioso en la política pública.

Así empezaba un proceso de laicización en México, en el que el Estado ya no proclamaba una religión para legitimarse, quedando excluidas otras expresiones confesionales. Un Estado aconfesional se instalaba en la vida política del país para darle fuerza y legitimidad a los actos que de él emanaran, poniendo el interés general en primer término. Sin duda, este ha sido uno de los principios fundantes que ha dado a nuestro Estado mexicano identidad y legitimidad ante otras naciones y lo hizo, a su vez, para evitar que las divisiones de creencias religiosas fracturaran de forma irremediable a la comunidad política.

Un verdadero Estado de derecho se fundamenta entre otros principios, por su carácter laico. Así lo expresa, por ejemplo, la Declaración Universal de la Laicidad en el Siglo XXI al plantear que la laicidad se define como la armonización, en diversas coyunturas socio-históricas y políticas de tres principios: respeto a la libertad de conciencia y de su práctica individual y colectiva; autonomía de lo político y de la sociedad civil frente a las normas religiosas y filosóficas particulares; no discriminación directa o indirecta hacia los seres humanos. La democracia así, no puede entenderse sin el respeto al principio de laicidad en un Estado, es un elemento clave en la vida democrática y la aceptación y compromiso con el plano social y político del pluralismo.

Retomamos los planteamientos del pronunciamiento republicano en defensa del Estado laico, realizado en la Cámara de Diputados por varios legisladores y ciudadanos(as) el 17 de julio de 2007:

“Insistimos en el hecho de que tales garantías deben otorgarse a todos los mexicanos, sin distinción, que no pueden existir derechos especiales para algunos, porque simplemente vulneraría o debilitaría el derecho de los demás. La libertad indefinida se convierte en privilegio, y de los privilegios de culto religioso se genera la intolerancia.

Es evidente que un Estado que interviene a favor de una religión y que limita cualquier otro credo, instituye la intolerancia como gobierno y la exclusión como principio. Lo que significa la laicidad del Estado, es que éste no puede definirse a favor de ningún credo o práctica religiosa. El Estado laico garantiza la convivencia pacífica de: calvinistas, luteranos, arrianos, husistas, anabaptistas, cristianos ortodoxos, islamistas, judíos, mexicanistas, ateos, adamitas, libre pensadores, practicantes de nuestros cultos originarios, católicos, anglicanos, budistas, etc. Dentro del Estado laico, se reconoce la necesidad de profesión libre de las ideas, y se les otorga a todas las personas la liberad de elegir la fuente de afirmación de su vida espiritual, todo esto debidamente establecido y sancionado en nuestro marco jurídico”.

Por lo tanto, los principios de laicidad y la separación de estado y las iglesias, se orientan en la siguiente definición:

“El Estado mexicano, cuya legitimidad política proviene de la soberanía popular, asume el principio de laicidad como garante de la libertad de conciencia de todas las personas y en consecuencia de los actos que de esta deriven. Garantiza también la autonomía de sus instituciones frente a las normas, reglas y convicciones religiosas o ideológicas particulares; así como la igualdad de las personas ante la ley, independientemente de sus convicciones.

El Estado no podrá establecer ningún tipo de privilegio a favor de iglesia, asociación o agrupación religiosa alguna”

En ese contexto, otorgarle la característica expresa de “laico” a nuestro Estado mexicano, continuaría y confirmaría la trayectoria que un día se plantearon nuestros legisladores del constituyente de 1857 y que reafirmaron los de 1917, pues se ha constatado en nuestra experiencia colectiva y la de otras naciones, que la laicidad es una fórmula eficaz para la convivencia de la pluralidad; una solución positiva para la convivencia entre religiones mayoritarias y minoritarias, y para evitar que las creencias de unos cuantos se hagan dominantes a través de la fuerza del Estado y no de la del convencimiento y la persuasión legítima(Roberto Blancarte, “¿Es intolerante separar la religión de la política?”, en Libertades laicas. Red iberoamericana por las libertades laicas, Colegio de la Frontera Norte.

Un personaje clave en la historia de la construcción del Estado mexicano, Benito Juárez, se refiere así en Apuntes para mis hijos, sobre el tema de la separación Iglesia y Estado:

“Los gobiernos civiles no deben tener religión porque siendo su deber proteger imparcialmente la libertad que los gobernados tienen de seguir y practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían fielmente ese deber si fueran sectarios de alguna.”

Con esta nueva práctica del poder público, se inauguraba en México el principio establecido ya en otros países, de que las convicciones religiosas no deben formar parte de la esfera pública. Es un sano principio que ayuda a garantizar que los funcionarios públicos representen el interés general de la población y no el de sus particulares convicciones en materia religiosa, en virtud de que, al asumir un cargo público se deben comprometer a representar a todos los ciudadanos(as), constituyendo la mejor forma de hacerlo el hecho de no tomar preferencia por alguna religión. La idea subyacente consiste, en que las decisiones y políticas públicas no se vean influenciadas por alguna religión o filosofía en particular, adoptándose por el contrario, una visión plural que reconozca las diversas expresiones sociales, culturales y religiosas que se manifiestan en nuestro país.

Este es el espíritu que se contiene en nuestra Constitución Política Mexicana en varios de sus artículos. En una interpretación sistemática e integral de la Constitución, podemos observar el ánimo que ha tenido el legislador mexicano de establecer cada vez con más claridad el principio rector de laicidad del Estado y que esta Comisión dictaminadora considera importante consolidar. En su artículo 3o., el Constituyente convino en establecer que la educación que imparta el Estado sea laica y, por lo tanto, completamente ajena a cualquier doctrina religiosa. Por su parte, el artículo 24 constitucional –que cuenta en su haber con una sólo reforma desde el Constituyente de 1917– tutela la libertad de creencias, estableciendo expresamente que “todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley...”. En esa misma tesitura, es el artículo 130 constitucional en el que se consagra el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias y la regulación rectora de Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Así pues, este espíritu que ha prevalecido en el legislador mexicano de verter en la Constitución Política el principio de laicidad, debe ser consolidado con la inclusión expresa del carácter laico del Estado mexicano, consagrándose con ello como un Estado incluyente y democrático. No es suficiente con lo que tenemos establecido hasta ahora, pues la laicidad del Estado supone mucho más que la separación del Estado y las Iglesias. Significa el respeto por parte del poder público de los derechos fundamentales, la libertad de conciencia, la no discriminación y el pleno reconocimiento de la pluralidad que expresa una sociedad democrática.

En lo particular

Esta comisión después de haber hecho un análisis de todas y cada una de la iniciativas presentadas por el diputado Alfonso Izquierdo Bustamante (PRI), la que presentó el diputado Rafael García Tinajero (PRD), la iniciativa planteada por la diputada Elsa Conde y signada por varios diputados(as) de las diferentes expresiones políticas de esta Cámara, así como las que presentaron en esta legislatura los diputados Víctor Hugo Círigo (PRD) y César Augusto Santiago (PRI), ha llegado a la convicción de establecer una adición al artículo 40 el término “laico” a la República representativa, democrática y federal.

Por otra parte, ha resultado conveniente precisar con claridad en la exposición de motivos los alcances del término laico como definición del Estado mexicano, para ello ha resultado pertinente retomar el concepto vertido por el diputado Víctor Hugo Círigo en la iniciativa presentada.

En este sentido esta comisión dictaminadora después de haber analizado los resultados de los diversos foros realizados por legislaturas anteriores, sobre el tema del “Estado Laico” con expertos en la materia, organizaciones civiles; así como del análisis exhaustivo de todas las iniciativas presentadas por diputados de las diversas fracciones parlamentarias en lo particular y de forma colectiva respecto a la necesidad de incorporar a la Constitución el termino laico.

De lo anterior, esta Comisión toma como base para el presente dictamen la iniciativa que se hace alusión en el punto número 7 (siete) del capítulo de antecedentes, aclarando que todas la demás iniciativa le sirvieron a esta comisión afín de enriquecer este dictamen, como podrá advertirse en los diversos conceptos que se vierten en el contenido. Cabe aclarar que por lo que se refiere a los demás preceptos que tienen relación con la forma laica del Estado, se salvaguardan para su posterior dictaminación y aprobación.

En este tema es de ineludible responsabilidad republicana elevar a rango constitucional en el artículo 40, el carácter laico de nuestro Estado mexicano. La asunción expresa del principio de laicidad del Estado en el artículo 40 constitucional, implicaría el reconocimiento de que todos los seres humanos tienen derecho a la libertad de conciencia, el de adherirse a cualquier religión o a cualquier corriente filosófica y su práctica individual o colectiva. El Estado debe ser el garante de los derechos de libre elección de religión o de convicciones y es a través del carácter laico del mismo, la mejor forma de cristalizarlos. Se evitaría con ello, que los valores o intereses religiosos se erijan en parámetros para medir la legitimidad o justicia de las normas y actos de los poderes públicos, lo cual veda cualquier tipo de confusión entre funciones religiosas y funciones estatales, de ahí que en los debates que se susciten en los órganos del Estado deba prevalecer como guía de las discusiones, el principio de laicidad.

Coincidimos con los autores de las iniciativas a dictaminación, que en México debe existir y consolidarse el principio de laicidad, cuyo contenido ampliaría el horizonte de respeto a la pluralidad de expresiones religiosas, lográndose con ello un clima de paz y tolerancia, objetivos que deben ser primordiales para el Estado. La ética que debe regir la vida pública, empieza por la consolidación del principio de laicidad en nuestro orden jurídico mexicano.

Se asume con los promoventes la propuesta en torno a que debe ser en el artículo 40 constitucional en el que se le otorgue al Estado su carácter de laico, pues es en este artículo donde se señala la voluntad del pueblo mexicano de otorgarle las características que deberá prevalecer en la forma de su gobierno: como una república representativa, democrática y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida. Es en el contenido de este artículo de suma importancia dentro de nuestro marco constitucional, en el que se le da carácter y forma al Gobierno y al Estado mexicano, donde debe incluirse el principio de laicidad que impregnará todas las acciones que lleve a cabo en lo subsecuente.

Finalmente, consideramos que de asumirse el compromiso sin restricciones del principio de laicidad en nuestro país, los legisladores mexicanos estaremos reafirmando el camino que un día trazaron los personajes históricos más importantes que han ayudado a construir la identidad de la nación mexicana.

Con mayor fuerza en el México actual es necesario reconocer la pluralidad cultural y religiosa como un rasgo irrenunciable e irreductible de nuestra experiencia colectiva.

Por lo expuesto, la Comisión de Puntos Constitucionales somete a la consideración de la honorable Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único.Se reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica,federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Cámara de Diputados, a los 3 días del mes de febrero del año 2010.

La Comisión de Puntos Constitucionales, diputados:Juventino Castro y Castro (rúbrica), presidente; Nazario Norberto Sánchez (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Gustavo González Hernández (rúbrica en contra), Carlos Alberto Pérez Cuevas (rúbrica en contra), Guillermo Cueva Sada (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), secretarios; José Luis Jaime Correa (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), José Óscar Aguilar González, Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica), Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Fernando Ferreira Olivares (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo, Luz Carolina Gudiño Corro (rúbrica), José Ricardo López Pescador (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Guadalupe Pérez Domínguez (rúbrica), Rolando Rodrigo Zapata Bello (rúbrica), Justino Eugenio Arraiga Rojas (rúbrica en contra por las razones expuestas en la sesión ordinaria; 3 de febrero de 2010), Víctor Alejandro Balderas Vaquera, Mario Alberto Becerra Pocoroba, Roberto Gil Zuarth, Sonia Mendoza Díaz (rúbrica en contra), Camilo Ramírez Puente, Agustín Torres Ibarrola.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Queda de primera lectura.

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Continuamos con el orden del día que son proposiciones. Esta Presidencia recibió del diputado Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con relación a la pérdida de empleos y la estrategia anunciada por el presidente de la República en su mensaje de año nuevo. Así como para que informe sobre la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y la asunción de sus funciones por la Comisión Federal de Electricidad.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la STPS con relación a la pérdida de empleos y la estrategia anunciada por el presidente de la República en su mensaje de año nuevo, así como para que informe sobre la liquidación de Luz y Fuerza del Centro y la asunción de sus funciones por la CFE, a cargo del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El año 2010 inició con una serie escalada de precios, sumada a la pérdida de empleos en diciembre del año pasado, que es una de las más graves que hemos vivido. Ambos factores ocurren ante la insuficiencia, por no decir ineficiencia de la Secretaría de Economía, la Procuraduría Federal del Consumidor y, ante la evidente colusión entre diversos sectores comerciales e industriales, de la Comisión Federal de Competencia Económica. Cabe mencionar que la secretaría que otrora diera lustre Ignacio Morones, alabara Francisco José Mújica, fuera central para Lázaro Cárdenas y hasta encabezara algún respetable miembro de esta Cámara, ha sido pasiva y muchas veces fuente de conflicto y enrarecimiento político, como es el caso de la Secretaría del Trabajo.

Esta situación debilita la esperanza de la población de que concluya este duro ciclo de crisis y que emerja la recuperación. Peor aún, también disminuye el estado de derecho, pues el artículo 28 de la Carta Magna señala como una clara obligación del Estado la defensa de los consumidores y la intolerancia hacia las prácticas monopólicas que concentran la riqueza y sumen en la esclavitud a la mayoría de la población.

Alrededor de 50 por ciento de la población vive en extrema pobreza y es probable que en el año en curso ese porcentaje vaya aumentando. La situación en materia de empleo y de seguridad social, en los últimos nueve años, ha sido verdaderamente el prolegómeno de una autentica década perdida para México. Los datos no dejan ningún lugar a dudas. De no actuar con efectividad y oportunidad, se ponen en riesgo las condiciones mínimas de la justicia y de la gobernabilidad en el país.

De 2000 a 2005 el número total de trabajadores inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bajó a 96 mil, y el registro de trabajadores eventuales urbanos pasó de 1.71 a 1.89 millones, traducido en 45 mil empleos eventuales al año sin prestaciones sociales ni una oferta seria de mejoramiento para la población económicamente activa. Las cifras dadas a conocer recientemente por la Secretaría del Trabajo cuantifican en casi 560 mil los empleos perdidos en el periodo de esta reciente crisis. Tan sólo en diciembre, la navidad le trajo a los trabajadores mexicanos 186 mil empleos cerrados.

Un aspecto de elevada gravedad de este reporte es que, de dichos empleos, 511 mil eran permanentes y 47 mil eventuales.

El propio presidente de la república, durante su mensaje de año nuevo, contrastando con su discurso pro-empleo del año 2006, habló de generar empleos temporales, con la construcción de infraestructura en el país. Se notó la ausencia de compromiso para generar empleo fijo y mejor remunerado. En el PRI creemos que debe recuperarse la relación entre la política económica y la política laboral; que un desarrollo realista es el que ofrece empleo permanente. Sólo así se puede hablar de recuperación y de desarrollo.

Además de este tema, hay otro en el que la Secretaría del Trabajo está involucrada plenamente, consistente en el conflictivo proceso de desaparición de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, que implica pasar sus recursos y responsabilidades a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esta etapa se ha visto seriamente afectada por el talante autoritario del titular del ramo.

Sin embargo, no debemos confundir estilos personales con funciones de Estado. En la economía moderna, una condición para garantizar el crecimiento económico y el desa-rrollo sustentable consiste en tener una infraestructura eléctrica sólida y en expansión, así como un servicio seguro, confiable, de calidad y a precios competitivos, que generen un ambiente propicio para la actividad económica.

El mercado que absorberá la CFE es muy grande. Tomemos en cuenta que el incremento anual de usuarios ha sido del orden de 1 millón y se espera que en la presente década se incremente anualmente en un número de 900 mil. Actualmente se tienen 22 millones 425 mil 998 usuarios, destacando el incremento particularmente de consumos domésticos donde se atiende a 19 millones 708 mil 561 familias. Por eso, al tratarse también de uno de los más grandes mercados eléctricos del mundo, es preciso que exista escrúpulo en la legalidad, la transparencia y la mejora del servicio, que es lo que demandan los consumidores, el país y exige esta representación nacional.

Estos asuntos son prioridad nacional y hacen necesario que, en el marco de la colaboración de poderes y de las atribuciones de esta Cámara, tales como el artículo 45 de la Ley Orgánica, se cite a comparecer al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que informe y efectúe un diálogo sobre tales temas con los legisladores, de frente a la nación.

En consecuencia, presento a esta asamblea esta proposición, conforme al siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en relación con la pérdida de empleos y la estrategia anunciada por el presidente de la república en su mensaje de año nuevo, así como para que informe sobre la liquidación de la compañía de Luz y Fuerza del Centro y la asunción de sus funciones por la Comisión Federal de Electricidad.

Palacio Legislativo, a 2 de febrero de 2010.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se recibió de la diputada Esthela de Jesús Ponce Beltrán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), a que realice las acciones conducentes a efecto de evitar el daño ecológico, económico y social a la zona denominada Sierra de la Laguna, en Baja California Sur, con el establecimiento del proyecto minero Paredones Amarillos.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a realizar las acciones conducentes a evitar el daño ecológico, económico y social de la Sierra de la Laguna, en Baja California Sur, con el establecimiento del proyecto minero Paredones Amarillos, a cargo de la diputada Esthela de Jesús Ponce Beltrán, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita , diputada Esthela Ponce Beltrán, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, el tenor de las siguientes

Consideraciones

La sociedad sudcaliforniana se encuentra preocupada e indignada ante la posibilidad de que el proyecto minero Paredones Amarillos inicie con los trabajos de explotación a cielo abierto proyectados para extraer durante diez años varias toneladas de oro, toda vez que éste pone en grave riesgo ecológico no sólo a la zona denominada Sierra de la Laguna, sino al estado en su conjunto.

Se prevé que además del deterioro ambiental habrá impactos negativos en materias de salud pública, turismo y economía.

El tema de Paredones Amarillo, presenta dos aristas de vital importancia: la primera desde luego, como ya he dicho, se relaciona con el tema del daño ecológico, la segunda está ligada a la impunidad y a la negligencia gubernamental.

En cuanto al tema ecológico, es menester recordar que Baja California Sur cuenta una gran riqueza de Santuarios Naturales, entre los que podemos destacar: El Desierto del Vizcaíno (patrimonio de la humanidad); La Laguna de San Ignacio (santuario de la ballena gris); El Mar del Golfo (lugar con único coral vivo en Norteamérica); El Oasis de Todos Santos (tierra de la tortuga); el estero de San José (sitio con denominación Ram); El Santuario de los Cactus en El Rosario (único en el planeta) y La Sierra de la Laguna (Biosfera internacional y Área Natural Protegida) donde se pretenden iniciar los trabajos de explotación.

La Sierra de la Laguna es el lugar donde se genera el servicio ambiental más importante para el estado, es la principal zona de captación de agua que al filtrarse hasta los acuíferos abastecen a toda la población. Esta reserva además brinda otros servicios naturales como es la captura de carbono, la regulación del clima, así como el equilibrio entre flora y fauna.

Bondades naturales que propician un importante desarrollo económico al otorgar condiciones favorables para el desa-rrollo de la agricultura orgánica y el turismo, lo que implica desde luego, más fuentes de empleo, más inversiones, y mejor calidad de vida para los sudcalifornianos.

Resulta a todas luces incomprensible, que se pretenda iniciar labores de minería en esta zona, pero sobre todo, minería a cielo abierto lo cual en síntesis implicaría: que durante 10 años se extraerían aproximadamente 40 toneladas de oro, para lo cual es necesario procesar cerca de 40 millones de toneladas de material, separarlo de la montaña, pulverizarlo y rociarlo con una solución de cianurio.

Cabe resaltar que la minería a cielo abierto es una actividad industrial de alto impacto ambiental, social y cultural, considerada altamente agresiva. Es también una actividad industrial insostenible por definición, en la media en que la explotación del recurso supone agotamiento.

De acuerdo a especialistas los impactos potenciales podrían ser gravísimos debido al contacto con agentes contaminantes que se filtrarían al subsuelo tales como ácido sulfúrico, arsénico, cadmio, cobalto, plomo y zinc, los cuales podrían incrementar drásticamente la incidencia de cáncer y defectos genéticos.

A lo anterior debemos sumar los efectos de la deforestación, la muerte de diversas especies de flora y fauna, la contaminación del agua, la contaminación auditiva, las afectaciones agrícolas, el desaliento turístico, etcétera.

Desde luego que un proyecto de esta naturaleza requiere necesariamente de una serie de permisos por parte de las autoridades, en este caso de las federales, al ser ésta un área natural protegida. Y es aquí, donde la segunda arista mencionada líneas atrás tiene que ser revisada. Ya que como es de esperarse existen diversas irregularidades y opacidades que se han detectado en lo referente a dichos permisos, entre las que destacan las señaladas por la organización “El agua vale más que el oro”, como son:

• El hecho que actualmente trabajen dentro del proyecto, ex-funcionarios públicos cuyo desempeño en el gobierno fue clave en el otorgamiento de permisos.

• Las controversias no resueltas en cuanto a “la propiedad de la tierra”. La Presidencia de la República dio a conocer que la Secretaría de la Reforma Agraria deslindó terrenos nacionales en favor de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para fines de conservación, entre estos terrenos se encontraba solicitada la Biosfera de la Sierra de la Laguna. Paralelamente la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía extendió a Vista Gold un permiso de ocupación temporal, con el que pretenden provocar el cambio de uso de suelo. Consideramos que en el proceso de otorgamiento del permiso hay serias omisiones en la información.

La aprobación de la manifestación de impacto ambiental (que se le extendió a Echo Bay y no a la actual propietaria de Paredones Amarillos, Vista Gold), data de 1997, la cual no corresponde a los desafíos ambientales que enfrentamos hoy en día.

El proyecto minero depende del establecimiento de una planta desaladora en la costa del Pacífico, punto ecológico sensible al tratarse de zona de anidamiento de la tortuga. La desaladora se conectaría con la zona industrial minera a través de un acueducto de 40 kilómetros, afectando tierras ejidales. Paredones Amarillos no han presentado manifestación de impacto ambiental, para la desaladora, una aprobación de cambio de uso de suelo sería una aprobación de facto a la desaladora, lo cual consideramos equivocado.

No existe un plan de emergencia lo suficientemente capaz de cubrir todos los riesgos de un desastre ambiental. Bastaría un error humano o técnico o un suceso climatológico inesperado para provocar una catástrofe ambiental de gran escala e irremediable.

La falsedad de información de la minera al presentarse como una “empresa mexicana”, cuando todas las evidencias demuestran su origen extranjero. Además, Paredones Amarillos y Vista Gold operan con múltiples figuras jurídicas y fiscales, con lo que “impedirían el ejercicio de la justicia mexicana” en caso de incumplimiento de las obligaciones, entre ellas el pago de impuestos, y la rehabilitación ambiental.

Las acusaciones que recaen sobre Vista Gold, por su participación en el caso “Masacre de Navidad”, cuando en 1996 trabajadores de la mina Amayapampa en Bolivia, fueron brutalmente reprimidos y asesinados. En 2009 Vista Gold fue definitivamente expulsada del Cono Sur, debido a sus prácticas laborales y fiscales.

La compañía Degussa, que se encargaría del manejo de cianuro, tiene antecedentes de graves deficiencias operativas en nuestro país, puesto que en 2002 provocó una crisis de seguridad internacional entre México y EU por haber extraviado en Hidalgo más de 8 toneladas de cianuro de sodio, sustancia de la más alta toxicidad. Dicha compañía carga también la responsabilidad de haber colaborado activamente con el Holocausto.

La aprobación del cambio de uso de suelo sería una vergonzosa falta al compromiso que el gobierno mexicano hizo con la comunidad internacional y la humanidad, al inscribir a la Biosfera de La Sierra de la Laguna al programa MAB (Man and the Biosphere) de la UNESCO.

El tema del cuidado al medio ambiente y los recursos naturales hoy en día es prioridad para las agendas políticas y económicas del mundo. México en este sentido no debe ni puede ser la excepción. De ahí que hoy pongo a su consideración un asunto de la mayor envergadura no sólo para Baja California Sur sino para el país en su conjunto.

Cabe aclarar que dada la naturaleza y delicadeza del tema en comento, esta Cámara al ostentar la máxima representación popular, debe realizar en el marco de su competencia todas las acciones conducentes para evitar un daño ecológico mayúsculo que afectaría no sólo a los sudcalifornianos, sino a la comunidad nacional e internacional, toda vez que el daño ocasionado al planeta tiene repercusiones a corto, mediano y largo plazo que afectan a todas las especies vivas sobre la tierra.

En razón de lo expuesto y dada la delicadeza y gravedad del tema, solicito su apoyo a favor de la proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que niegue los permisos conducentes para que se lleve a cabo el proyecto minero de explotación a cielo abierto denominado Paredones Amarillos, evitando así un daño ecológico irreversible a la zona denominada Sierra de la Laguna en Baja California Sur, que afectará a toda la entidad federativa y al país en su conjunto.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a los Poderes Ejecutivos federal y estatal para que instrumenten un equipo de trabajo intersecretarial, que involucre a la sociedad civil, así como a especialistas en la materia con el objeto de realizar una evaluación objetiva y responsable del proyecto Paredones Amarillo, a efecto de buscar las mejores alternativas para el Desarrollo Sustentable de Baja California Sur.

Tercero. Se solicita a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales haga llegar a la brevedad un reporte amplio y completo sobre el estado que hasta el momento guarda el proyecto Paredones Amarillos, así como la postura que dicha Secretaría guarda al respecto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2010.— Diputada Esthela Ponce Beltrán (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

PRECIOS DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se recibió del diputado Francisco Ramos Montaño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo relativo al control de precios de los productos de la canasta básica.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Proposición con punto de acuerdo, relativo al control de precios de los productos de la canasta básica, a cargo del diputado Francisco Ramos Montaño, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Francisco Ramos Montaño del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la proposición con punto de acuerdo sobre el control de precios de los productos de la canasta básica.

Antecedentes

El 20 de noviembre de 1979, la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Ganadería proclamó esta fecha como el Día Mundial de la Alimentación, con la finalidad de hacer conciencia en los gobiernos de las naciones sobre el serio problema alimentario mundial y con ello fortalecer la lucha solidaria contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.

De acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el problema mundial de la alimentación, y en consecuencia del hambre, ha alcanzado un máximo histórico en los últimos años, estimando que más de 1 millón de personas padecen hambre a diario en el mundo. Considera, además, que factores como la desaceleración económica y altos precios de los alimentos, han provocado que más 100 millones de personas se encuentren en situación de pobreza y de hambre.

Los efectos de la resiente crisis global ha afectado de manera grave a la población que vive en condiciones adversas por la pobreza, la marginación, el abandono y la vulnerabilidad como son los niños, las madres solteras, las personas enfermas, las que tienen algún tipo de discapacidad, los adultos mayores, los indígenas, los adolescentes, los desempleados, situación que, de acuerdo a las proyecciones sobre la crisis económica internacional, podría agravarse en el futuro principalmente en naciones en proceso de de-sarrollo lo que implicaría que sus efectos se mantengan en forma prolongada.

En México, el Informe sobre Cifras de Pobreza por Ingreso en 2008, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), con base a la información de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos en los Hogares (ENIGH) del mismo año y dado a conocer en 2009 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), destaca que entre los años de 2006 a 2008, el porcentaje de personas en condiciones de pobreza alimentaría a nivel nacional aumentó de 13.8 por ciento a 18.2 por ciento, datos que coinciden con el estudio de estimaciones de pobreza por ingreso del mismo año, realizado por la ONU de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); y las personas en condición de pobreza de patrimonio aumentaron de 42.6 por ciento a 47.4 por ciento.

Datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares 2008 indican que 50.6 millones de mexicanos se encontraban en condición de pobreza de patrimonio, es decir, tenían un ingreso menor al necesario para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, vestido, calzado, vivienda, salud, educación y transporte público; y el número de personas en pobreza alimentaria o extrema ascendió a 19.5 millones.

Ese informe detalla que en 2008 habitaban 7.2 millones de personas en pobreza alimentaria en zonas urbanas en localidades de 15 mil o más habitantes y más de 12 millones en las zonas rurales.

De acuerdo con investigadores de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), desde 2003 a la fecha, los mexicanos han perdido hasta 51 por ciento su poder adquisitivo.

El estudio sobre pobreza, marginación y remesas en México, elaborado por la UNAM, señala que el incremento en los aumentos de los precios de la canasta básica, en los tres últimos años, han provocado un deterioro de 44 por ciento en el nivel de vida de los campesinos, esto quiere decir, que más de 28 millones de las personas del campo no pueden adquirir la canasta básica ante sus bajos ingresos.

En otro estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM se indica que, en los últimos dos años, el poder adquisitivo del salario mínimo ha registrado una evidente pérdida de 32.64 por ciento, mismo lapso en el que los precios de la canasta básica tuvieron un incremento de 67.16 por ciento y el aumento al salario mínimo fue apenas de 12.59 por ciento, es decir de 48.67 pesos a 54.80 pesos, lo que representa que cerca de 18 millones de mexicanos no cuenta con los ingresos suficientes para adquirir la canasta básica; lo que indica que si una persona antes invertía 13 horas de trabajo, ahora tiene la necesidad de invertir más de 19 horas para poder adquirir los productos de la canasta básica recomendable.

El incremento entre el salario mínimo y el alza de los productos de la canasta básica sin duda ha resultado contradictorio. A inicios de 2009, el salario mínimo general recibió un aumento de sólo 3.2 por ciento equivalente a dos pesos y los precios de los comestibles llegaron a incrementarse hasta 339.4 por ciento. Por ejemplo, el precio del aceite aumentó 105.5 por ciento; el arroz, 90 por ciento; la sal, 77.2 por ciento; el bolillo, 53 por ciento; la tortilla, 42.6 por ciento; la harina de trigo, 44.6 por ciento; el huevo 44.4 por ciento, entre otros productos básicos para la alimentación.

Para el año 2010, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) acordó un aumento de 2.6 pesos, quedando de acuerdo las áreas geográficas del país de la siguiente manera:

Para el área geográfica A, que comprende entre otros: el Distrito Federal y su área metropolitana; Baja California; Baja California Sur; Acapulco, Guerrero; Ciudad Juárez, Chihuahua; Sonora; Tamaulipas; Veracruz; el salario mínimo diario será de 57.46 pesos.

Para el área geográfica B, que comprende entre otros estados y ciudades: Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León; Hermosillo, Sonora; Tampico, Tamaulipas y Poza Rica de Hidalgo, Veracruz; el salario mínimo general diario será de 55.84 pesos.

Para el área geográfica C, que corresponde entre otros estados y ciudades: Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, y Zacatecas; y los municipio específicos de los estados de Chihuahua, Guerrero, Jalisco, México, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, el salario mínimo general diario será de 54.47 pesos.

Sin duda, este aumento aniquila el poder adquisitivo de la población, además de contravenir a lo estipulado en la fracción VI del Apartado A del artículo 123 constitucional, al señalar que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para atender y satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación de los hijos.

Bajo las consideraciones del proponente, el salario mínimo debe tener un aumento de por lo menos 8 por ciento a efecto de poder enfrentar el deterioro del poder adquisitivo de la mayoría de los mexicanos.

Resulta inconcebible que a inicios de este 2010, los precios de los productos de la canasta básica indispensable para las familias hayan subido injustificadamente en más de 20 y 45 por ciento, medida arbitraria y abusiva que atenta contra la economía de todas las familias mexicanas.

Si bien es cierto que, a partir del 1 de enero de este año, el precio del diesel se incrementó de 6.30 pesos a 8.16 pesos por litro, la gasolina Magna en 8 centavos por litro y el gas licuado de 9.15 pesos a 9.31 pesos por kilo; no se justifica el aumento voraz en los productos de primera necesidad como el aceite, el huevo, el azúcar, azúcar, el pollo, medicamentos, material de curación, detergentes, artículos de higiene personal, entre otros.

Cifras de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y del Banco de México indican que los productos alimenticios que conforman la canasta básica reportaron un aumento de 27.49 por ciento de 2006 a 2008, un incremento 124.4 por ciento superior a la inflación general durante el mismo periodo, en tanto, los aumentos salariales obtenidos por los trabajadores desde abril de 2008 hasta 2009 y, a la fecha, siguen siendo anulados en su poder adquisitivo.

El año anterior, los productos alimenticios de la canasta básica tenían un costo promedio de entre 800 a mil 200 pesos, sin agregar los costos de otros bienes que integran la medición como vivienda, salud, transporte y esparcimiento; para 2010, se requieren más de mil 400 pesos para su adquisición, tendencia que de acuerdo al Banco de México, los precios seguirán en aumento hasta 2011.

El constante aumento de los precios que integran los productos de la canasta básica ha provocado un mayor empobrecimiento en la población, al destinar mayor parte de sus ingresos al consumo básico.

El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reporta que, en el país, son más de 30 millones de personas que padecen problemas críticos de desnutrición, condición que tiene que ver con los elevados precios de los productos de la canasta básica, por lo que la población se ha visto obligada a modificar su alimentación dejando de consumir algunos productos de calidad en nutrientes y sustituirlos por otros de baja o mala calidad.

A nivel mundial es sin duda el hambre y la desnutrición lo que está afectando gravemente el capital humano a través de sus efectos negativos, irreversibles e intergeneracionales sobre el desarrollo físico y cognitivo, factores que incrementan la pobreza, limitan la productividad y el desa-rrollo de los países.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Economía, intervenga sobre el control de precios de la canasta básica e informe a esta soberanía sobre los programas específicos contra la carestía de la vida.

Segundo.Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor informen a esta soberanía sobre las medidas que está tomando el gobierno de la república, para contener la carestía de los precios de los productos de la canasta básica.

Tercero.Se solicita respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor aplique las sanciones correspondientes a los vendedores o proveedores que especulen con los precios de los productos que integran la canasta básica.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2010.— Diputado Francisco Ramos Montaño (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Economía.

GASOLINAS Y DIESEL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se recibió del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general de Pemex (Petróleos Mexicanos) a fin de que se uniformen los contratos de franquicia y suministro establecidos con las estaciones de servicio del país. A la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Energía a que emitan las normas oficiales mexicanas que certifiquen los volúmenes entregados por Pemex Refinación a las gasolineras. Y a la Comisión Federal de Competencia, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Condusef  (Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que impulsen la compra de gasolinas y diesel con el uso de tarjetas de crédito y débito.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a uniformar los contratos de franquicia y suministro establecidos con las estaciones de servicio del país; a la SE y a la Sener, a emitir las normas oficiales mexicanas que certifiquen los volúmenes entregados por Pemex Refinación a las gasolineras; y a la Comisión Federal de Competencia, a la CNBV, a la Condusef y a la SHCP, a impulsar la compra de gasolinas y diesel con el uso de tarjetas de crédito y de débito, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Arturo Zamora Jiménez, diputado federal a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, con base en los siguientes

Antecedentes

1. Después de meses de discusión, la participación de expertos en materia energética y la realización de diversos foros, el 28 de noviembre de 2008, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas modificaciones legales con el objetivo de modernizar el sector energético del país con la consigna de mantener la propiedad de los energéticos en las manos de los mexicanos. Entre estas disposiciones, se encontraban modificaciones al artículo 14 Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, en las que se establece que “las especificaciones de las gasolinas y otros combustibles líquidos producto de la refinación del petróleo serán establecidas por la Secretaría de Energía, conjuntamente con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales”; y que los “métodos de prueba, muestreo y verificación aplicables a las características cualitativas, así como al volumen en la distribución y el despacho de gasolina y otros combustibles líquidos producto de la refinación del petróleo, se establecerán en las normas oficiales mexicanas que para tal efecto expidan las Secretarías de Energía y de Economía, en el ámbito de su competencia”.

2. Por otro lado, cabe recordar que el pasado 8 de enero, tras la aprobación por parte de la Secretaría de Hacienda de incrementos en el precio de las gasolinas, se citó a comparecer, además del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, al director general de Petróleos Mexicanos licenciado Juan José Suárez Coppel, para informar sobre el mencionado aumento y obtener alternativas para reducir su impacto en el bolsillo de los mexicanos.

Consideraciones

Ante el aumento de la inflación generado por el alza de precios de la gasolina, el Grupo Parlamentario del PRI ha buscado alternativas para disminuir su impacto en el bolsillo de los mexicanos. De esta forma, analizando la cadena productiva del petróleo, hemos encontrado áreas de oportunidad que pueden mejorar de manera sustancial la eficiencia en la distribución de los combustibles.

La comercialización de gasolinas y diesel a través de la red de estaciones de servicio en el país, es una actividad estratégica reservada por la Constitución solo para los mexicanos. Las estaciones de servicio sirven a los dueños de 25 millones de vehículos automotores que hay en el país, de los cuales 15 millones concurren diariamente a cargar gasolinas y diesel.

En este sentido, es necesario completar la reciente reforma energética aprobada en el 2008, que plantea modernizar y hacer más eficiente la distribución y comercialización de energéticos, en particular en lo referente a la franquicia Pemex para las gasolineras. Sin embargo, Pemex Refinación en la actualidad opera la franquicia Pemex con tratos preferenciales inequitativos y discriminatorios, contraviniendo el marco jurídico establecido por la Ley de la Propiedad Industrial para la operación de las franquicias en México. Concretamente viola el artículo 2o., fracción VII, de la referida ley, que señala: “...Establecer condiciones de seguridad jurídica entre las partes en la operación de franquicias, así como garantizar un trato no discriminatorio para todos los franquiciatarios del mismo franquiciante”.

El trato discriminatorio para los franquiciatarios Pemex, es pagarles a unos el 4.2 por ciento por la venta de cada litro de diesel y a otros el 6.5 por ciento. De esta forma, unas Gasolineras reciban el 55 por ciento cincuenta y cinco por ciento más de descuento o margen comercial por vender el mismo litro de diesel. Esto se debe a que existen múltiples formatos de contratos de franquicia y suministro con los que operan las 8 mil 651 estaciones de servicio del país.

El contrato actual, mejor dicho, los múltiples contratos con los que los franquiciatarios operan las estaciones de servicio, les obliga a recibir pagos de forma electrónica. El uso de tarjetas de crédito y de débito es deseable porque ayudan a controlar la inflación debido a la reducción de liquidez que representan, mejoran la fiscalización de los recursos y controlan la influencia de la economía informal e ilegal en el país.

Sin embargo, por dicho servicio los bancos cobran una comisión de 1.25% sobre el monto de la transacción. El problema es que, mientras en otros servicios los oferentes pueden dividir el pago de este servicio con los consumidores, los franquiciatarios de Pemex tienen que internalizar completamente este costo.

La venta anual de combustibles en el país, representan la cantidad de 554 mil millones de pesos, que aplicando el 1.25 por ciento de comisiones bancarias pagadas a los oligopolios en las ventas de gasolinas y diesel, representarían la cantidad de 6 mil 925 millones de pesos. No tiene sentido económico que la comisión por el servicio de pago electrónico en las gasolineras sea un porcentaje constante de la venta; bajo este esquema, los banqueros se vuelven accionistas de facto de un negocio por el que de por sí ya obtienen ganancia. Lo peor es que no hay ley en nuestro país que regule la comisión impuesta por los bancos, está flotando y en cualquier momento puede aumentar.

Por otro lado, no hay transparencia de parte de Pemex en el suministro de combustibles. Contrario a lo establecido en la reforma energética que aprobó esta soberanía en 2008, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Energía no han emitido normas oficiales que regulen el suministro de gasolina llevado a cabo en pipas. La única certificación que se hace, es emitida por Pemex para Pemex. Hay casos en los que se registran faltantes de hasta 400 litros por pipa de 20 mil litros, es decir, pérdidas del 2 por ciento.

Haciendo una proyección de estos números, si cada pipa tuviera faltantes equivalentes al 2 por ciento del producto, y diariamente se venden 173 millones de litros diarios de gasolina, el costo de la falta de normatividad, ascendería a casi 30 millones de pesos, lo cual equivale en un año a alrededor de 10 mil millones de pesos.

El contrato de franquicia es un marco regulatorio rezagado en su concepto de comercialización, comparando los más avanzados sistemas tecnológicos con que operan las gasolineras de otros lugares del mundo.

Por ello, consideramos que es necesario unificar todos los contratos y convenios modificatorios, en sólo dos formatos, que cumplan con las nuevas disposiciones legales plasmadas en la reforma energética. Acciones que tendrían un impacto directo en beneficio de la sociedad en general.

Además, Pemex Refinación debe fortalecer la Franquicia Pemex, transparentando sus operaciones de distribución de combustibles, en condiciones de igualdad, equidad y mejores servicios para el público consumidor.

En el Grupo Parlamentario del PRI estamos preocupados por la situación económica de todos los mexicanos, no sólo de los dueños de bancos. Por eso nos ocupamos en buscar formas alternativas de generar recursos para el Estado sin tener que dañar los bolsillos de la población.

Por lo antes expuesto someto a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Exhortar al director general de Petróleos Mexicanos a instruir al titular de Pemex Refinación para revisar los contratos de franquicia y suministro establecidos con las estaciones de servicio del país, para que se uniforme sólo un tipo de contrato para todos los franquiciatarios.

Segundo. Exhortar a la Secretaría de Economía y la Secretaría de Energía a emitir las normas oficiales mexicanas que certifiquen los volúmenes entregados por Pemex Refinación a las estaciones de servicio del país, siguiendo las disposiciones aprobadas por la reforma aprobada en 2008 por esta soberanía. Asimismo, se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y demás autoridades pertinentes a realizar certificaciones de la calibración de las pipas que distribuyen combustibles en el país.

Tercero. Solicitar a la Comisión Federal de Competencia, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, en ejercicio de sus respectivas atribuciones, analicen las condiciones oligopólicas, emitan recomendaciones y propongan alternativas para transparentar e impulsar la actividad energética relativa a la compra de gasolinas y diesel con el uso de tarjetas de crédito y débito.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2010.— Diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a las Comisiones de Energía y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Economía.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el señor diputado Juan Pablo Escobar Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a que a través de la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) y la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) se coordine con el gobierno de San Luis Potosí para implementar y elaborar un programa de acción para la conservación de las especies silvestres en peligro de extinción, así como estrategias para combatir su venta ilegal en el municipio de Guadalcázar de esa entidad.

El diputado Juan Pablo Escobar Martínez:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, muy buenas tardes, en el estado de San Luis Potosí se ha venido presentando una situación que atenta contra la biodiversidad y afecta una gran cantidad de especies silvestres.

Charco Cercado es una comunidad perteneciente al municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí. A partir de una aguda sequía entre 1947 a 1953 sus habitantes se vieron en la necesidad de pedir limosna a la orilla de la carretera y posteriormente intercambiar pequeños mamíferos y aves por dinero y/o comida.

Al día de hoy encontramos que los pobladores han colocado una cantidad considerable de puestos semifijos entre los kilómetros 96 a 105 de la carretera 57, México-Nuevo Laredo en su tramo San Luis Potosí-Matehuala.

En este lugar se venden indiscriminadamente flora y fauna de la región. A cualquier persona que se presente en este lugar le son ofrecidos búhos, cervatillos, pieles de víbora de cascabel, veneno de las mismas, cactáceas y otras muchas de las cuales se encuentran contempladas dentro de la Norma Oficial Mexicana Ecológica 059-2001 de protección ambiental, donde se contemplan las especies en riesgo.

En el aspecto de prevención la Procuraduría de Protección al Ambiente ha realizado, en coordinación con la Policía Federal y la Procuraduría General de la República, diversos operativos. El más reciente el pasado julio de 2009 donde se capturó a uno de los presuntos líderes de este centro de extracción, acopio y venta ilegal de especies silvestres.

A últimas fechas, estas mismas personas comercializan especies no endémicas de la región, como loros y quilas huastecas. Esto hace sospechar que estos puestos son el punto de venta de traficantes organizados de vida silvestre.

Desde el punto de vista social y así como para ofrecer a los habitantes de Charco Cercado oportunidades de desarrollo económico, se han implementado diversas acciones como son la electrificación y rehabilitación de pozos para el riego agrícola, electrificación doméstica y conducción de agua potable. Se establecieron una granja avícola y una porcícola. Se otorgó ayuda para las viudas y para los inválidos. Desayunos infantiles por parte del DIF. Parador para venta de comida, artesanías y fauna permitida. Programa de manejo de agostaderos, así como la canalización de servicios de salud, pese a que en las dos comunidades cercanas existen clínicas.

No obstante las diversas inversiones realizadas en la comunidad, la gente continúa día a día realizando la captura, acopio y venta ilícita de vida silvestre, además de existir ahí prostitución infantil.

En el exterior de la comunidad existe una imagen de miseria, lo que conmueve profundamente a la opinión pública.

Cualquier acción punitiva por parte de la autoridad se ve envuelta en manifestaciones y ataques de prensa. Lo anterior no hace más que dificultar la solución a dicho problema.

Considerandos: Que existe el marco jurídico para regular toda vida y toda actividad relacionada con la vida silvestre.

Que en las acciones antes descritas, los habitantes de la comunidad de Charco Cercado violentan la Ley General de Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre y la Norma Oficial Mexicana Ecológica 059-2001 de Protección Ambiental.

Que con las diversas acciones, y su consiguiente derrama económica, que se han realizado con la finalidad de dotar a la población de herramientas y recursos para elevar su calidad de vida no se han obtenido resultados favorables.

Que la gran mayoría de las personas que son consignadas en los operativos presentan una reincidencia en las conductas ilícitas descritas, ya sea motivados porque las sanciones no son lo suficientemente fuertes o por la falta de recursos para efectuar una vigilancia permanente.

Que se considera urgente que el gobierno del estado de San Luis Potosí, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente colaboren de manera coordinada para combatir este problema que se encuentra perfectamente focalizado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Primero. Se exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se coordine con el Gobierno del estado de San Luis Potosí para elaborar e implementar un programa de acción para la conservación de especies silvestres en peligro de extinción. Así como estrategias para combatir la venta ilegal de especies silvestres en el municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí.

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que intensifique las acciones de inspección y vigilancia en el municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí, con el objeto de proteger las especies señaladas en la Norma Oficial Mexicana 059-SEMARNAT-2001 que habitan en este territorio.

Gracias por su atención.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a coordinarse mediante la Semarnat y la Profepa con el gobierno de San Luis Potosí a fin de elaborar e implantar un programa de acción para la conservación de las especies silvestres en peligro de extinción, así como estrategias dirigidas a combatir su venta ilegal en Guadalcázar, a cargo del diputado Juan Pablo Escobar Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado federal Juan Pablo Escobar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, fracción I, 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

En el estado de San Luis Potosí se ha venido presentando una situación que atenta contra la biodiversidad y afecta a una gran cantidad de especies tanto animales como vegetales.

Charco Cercado es una comunidad perteneciente al municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí. A partir de una aguda sequía entre los años 1947 a 1953, sus habitantes se vieron en la necesidad de pedir limosna a la orilla de la carretera y posteriormente a intercambiar pequeños mamíferos y aves por dinero y/o comida.

Esta rápida y fácil forma de manutención, modificó la conducta de los pobladores de Charco Cercado y se convirtió en su actividad primordial.

Al día de hoy encontramos que los pobladores han colocado una cantidad considerable de puestos semifijos entre los Km 96 a 105 de la carretera 57 México-Nuevo Laredo en su tramo San Luis Potosí-Matehuala.

En este lugar se venden indiscriminadamente flora y fauna de la región, a cualquier persona que se presenta en este lugar le son ofrecidos búhos, cervatillos, pieles de víbora de cascabel, veneno de las mismas, cactáceas, suculentas y otras. Muchas de las cuales se encuentra contempladas dentro de la Norma Oficial Mexicana Ecológica 059-2001 de protección ambiental, donde se contemplan las especies en riesgo.

A la fecha, se han realizado por parte de distintas autoridades esfuerzos tanto para combatir esta actividad ilícita desde su aspecto de afectación ecológica, como para elevar el nivel de vida de los habitantes de esta comunidad.

En el aspecto de prevención, la Procuraduría de Protección al Ambiente ha realizado, en coordinación con la Policía Federal y la Procuraduría General del la República, diversos operativos, el más reciente el pasado julio de 2009 donde capturó a uno de los presuntos líderes de este centro de extracción, acopio y venta ilegal de especies silvestres.

Diversas acciones como la presente han sido efectuadas en el trascurso de varias décadas, siempre con el mismo resultado, la aplicación de la ley no disuade a las personas de seguir realizando dicha actividad y la venta indiscriminada de flora y fauna continua a la vista de todos.

A últimas fechas, estas mismas personas comercializan especies no endémicas de la región, como loros y quilas huastecas; esto hace sospechar que estos puestos son el punto de venta de traficantes organizados de vida silvestre.

Desde el punto de vista social, y así como para ofrecer a los habitantes de Charco Cercado oportunidades de desarrollo económico, se han implementado diversas acciones como lo son la electrificación y rehabilitación de pozos para el riego agrícola, electrificación doméstica y conducción de agua potable, se establecieron una granja avícola y una porcícola, se otorgó ayuda para las viudas y para los inválidos, desayunos infantiles por parte del DIF, parador para venta de comida, artesanías y fauna permitida, programa de manejo de agostaderos (hato de 600 cabezas), así como la canalización de servicios de salud pese a que en las dos comunidades vecinas existen clínicas.

Sin embargo, la gente de Charco Cercado manifiesta que no existe una alternativa a la venta de flora y fauna para obtener ingresos, ya que no hay agua para sembrar y la tierra no produce, que los programas de gobierno llegan pero no hay seguimiento y eventualmente los recursos se agotan. Así como que cuando hay operativos, no se proporciona otra alternativa de ingreso para las familias afectadas de forma inmediata.

Y no obstante las diversas inversiones realizadas en la comunidad la gente continua día a día realizando la captura, acopio y venta ilícita de vida silvestre.

En el exterior de la comunidad existe una imagen de miseria, lo que conmueve profundamente a la opinión pública. Cualquier acción punitiva por parte de la autoridad se ve envuelta en manifestaciones y ataques de prensa. Lo anterior no hace más que dificultar la solución a dicho problema.

Considerandos

Que existe el marco jurídico para regular toda actividad relacionada con la vida silvestre.

Que en las acciones antes descritas, los habitantes de la comunidad de Charco Cercado violentan la Ley General de Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre y la Norma Oficial Mexicana Ecológica 059-2001 Protección Ambiental –especies nativas de México de flora y fauna silvestres– categorías de riesgo.

Que con las diversas acciones y su consiguiente derrama económica, que se han realizado con la finalidad de dotar a la población de herramientas y recursos para elevar su calidad de vida, no se han obtenido resultados favorables.

Que la gran mayoría de las personas que son consignadas en los operativos presentan una reincidencia en las conductas ilícitas descritas, ya sea motivados porque las sanciones no son lo suficientemente fuertes o por la falta de recursos para efectuar una vigilancia permanente.

Que se considera urgente que el Gobierno del estado de San Luis Potosí, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, colaboren de manera coordinada para combatir este problema que se encuentra perfectamente focalizado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se coordine con el Gobierno del estado de San Luis Potosí para elaborar e implementar un Programa de acción para la conservación de especies silvestres en peligro de extinción, así como estrategias para combatir la venta ilegal de especies silvestres en el municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí.

Segundo.Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que intensifique las acciones de inspección y vigilancia en el municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí, con el objeto de proteger las especies señaladas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 que habitan en este territorio.

Recinto legislativo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 2 de febrero de 2010.— Diputado Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el señor diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo al libro blanco del Instituto Federal Electoral.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez:Buenas tardes compañeras y compañeros, quiero proponerles un punto de acuerdo con la seguridad de que voy a contar con la simpatía de todos ustedes.

Como seguramente saben, hace unos días el Instituto Federal Electoral publicó un llamado libro blanco que tiene como propósito rendirse a sí mismo un informe del resultado de la implantación de la legislación electoral recientemente aprobada. El libro blanco –en esta cuestión extraña que algún día discutiremos con amplitud– se lo presenta a sí mismo y concluyen con que es un espléndido ejercicio el que ha tenido el Instituto Federal Electoral.

De hecho, si ustedes revisan con cuidado el famoso libro blanco no van a encontrar, ni siquiera por un señalamiento de humildad, algo que refleje un ejercicio de elemental autocrítica. Ellos suponen que todo lo realizado estuvo muy bien hecho y que no hay ninguna necesidad de afinar siquiera algún procedimiento en el IFE –cosa con la que yo estoy absolutamente en desacuerdo.

Si ustedes ven, el IFE en este proceso de implantación de las reformas recibió 20 denuncias de distintos tipos y de diversos partidos objetando los procedimientos del Instituto Federal Electoral. De esas 20 controversias, quiero decir a todos ustedes que el IFE no ganó ninguna, perdió las 20. No pudo sostener sus argumentos en ninguna de esas 20 controversias, sino que en los 20 casos tuvieron que reponer el procedimiento a efecto de poder concluir con ese momento procesal.

Es el problema de los llamados organismos autónomos, que nosotros carecemos del cuidado para entrar bien a su naturaleza y revisar bien su comportamiento. Estamos llenos de problemas por los llamados organismos autónomos.

Hoy íbamos a presentar una controversia constitucional con relación a Pemex, que no sé por qué no está en el orden del día. A diario tenemos cuestiones como las que hace el Seguro Social y que nosotros tenemos pocas armas para verlo. El asunto de la Lotería Nacional es un verdadero carnaval de curiosidades e imposiciones, sin que noso-tros sepamos cómo nombran al director, cómo lo cambian, qué hace, a dónde van los dineros, y ahora el IFE.

Veo que no hay facultades para citar al contralor del IFE, pero les propongo, como yo sé que ya acudió el presidente del IFE a la presentación de la Comisión de Gobernación de esta Cámara de Diputados, les propongo en este punto de acuerdo que invitemos al presidente consejero del IFE para que acuda a la Cámara y nos platique acerca del libro blanco. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al libro blanco del Instituto Federal Electoral, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La reforma electoral de 1996 recibió el más amplio reconocimiento nacional e internacional. Con ella se alcanzó la plena ciudadanización de nuestros procesos electorales y en particular de la Institución administradora de las elecciones, el IFE:

El soberano Poder Constituyente determinó, en ese momento, realizar una reforma constitucional que le dio el rango de órgano constitucional autónomo, para favorecer los más preclaros principios en el proceso de integración de nuestras instituciones de gobierno. Con ella se dio un paso decisivo para avanzar en los objetivos de contar con elecciones creíbles, imparciales, veraces, plenamente apegadas a derecho.

Por ello, los legisladores hemos tenido especial cuidado en realizar lo conducente para fortalecer el sistema electoral con nuevas reformas, como es el caso de la del año 2007, que implantó importantes cambios en materia de medios de comunicación, el sistema de medios de impugnación, garantías procesales y transparencia, entre otras. Al mismo tiempo, hemos puesto especial atención en darle seguimiento a sus tareas, en bien de la democracia mexicana.

Por otra parte, es menester recordar que, en nuestra legislación, la idea constitucional de los organismos autónomos no está exenta del deber de rendir cuentas, como corresponde a toda institución que ejerce funciones del Estado. Por ello, se aprobó una reforma al párrafo segundo del artículo 93 de la Carta Magna, por el cual se incluyó a los titulares de dichos cuerpos como parte de los sujetos de responsabilidad política ante el Congreso, pudiendo ser citados ante esta soberanía.

Por ello, proponemos, por primera vez en la historia constitucional relacionada con dichas instituciones, el ejercicio de esta facultad de citación, en virtud de los hechos que me permito citar a continuación:

En días pasados, se presentó el denominado “libro blanco” en el que el Instituto Federal Electoral hace un balance de la aplicación de las reformas legales en los comicios de 2006 y 2009.

De acuerdo con señalamientos al interior del propio Consejo General del IFE, se ha dicho que en la elaboración dicho documento no existe esbozo alguno de autocrítica, a pesar de que hubo errores y omisiones en materia de radio y televisión, así como en el desahogo de las quejas mediante los procedimientos especiales sancionadores.

También se ha señalado que el papel del IFE en las tareas de arbitraje no fue sustancial en la polémica elección presidencial de 2006 ni en los pasados comicios intermedios, por lo que el instituto no puede ampararse en los resultados y la participación ciudadana para justificar su actuación.

Por ejemplo, se dice:

Que existen graves deficiencias mostradas por el IFE que no fueron recogidas en el libro blanco, pues de las 355 quejas que presentaron los partidos, en cerca de 250 casos el instituto determinó no revisar el fondo, por considerarlas improcedentes.

Que de los 20 recursos de impugnación que presentaron los partidos contra la decisión de la autoridad, el IFE los perdió todos y fue necesario reponer el procedimiento y realizar  las indagatorias ordenadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Que llama la atención que casi 70 por ciento de las quejas presentadas por los partidos no hayan tenido los elementos mínimos para que se determinara investigarlas a fondo.

Que en el balance de la aplicación de la reforma de 2007 tampoco se refiere que en más de 80 por ciento de los casos el procesamiento de las quejas rebasó los cinco días fijados por la ley.

Que el diseño legal del procedimiento especial sancionador no funciona y/o que el área jurídica responsable de aplicarla fue incapaz de realizarlo.

De otra parte, ésta es la mejor oportunidad para proponer reformas al marco regulatorio de la Contraloría General del IFE a efecto de eficientar el proceso de rendición de cuentas.

Si bien es cierto que ya se ha señalado el origen del contralor general como una posibilidad real para garantizar su independencia; ahora se requiere que esa independencia se traduzca en una eficaz rendición de cuentas y no sólo en una aportación testimonial, pues al final, es el propio Consejo General el que hace una autoevaluación de su propio desempeño, lo que es absolutamente insostenible.

Es importante entonces inquirir o indagar la conveniencia de reformas que transparenten la rendición de cuentas, el papel del contralor general, más aún su vinculación en el proceso con el órgano de fiscalización superior de la federación.

Estas iniciativas habremos de presentarlas pronto.

Por lo anteriormente mencionado, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 93 constitucional, se cita a comparecer ante las Comisiones Unidas de Gobernación y de Puntos Constitucionales de esta soberanía, al ciudadano consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita, a efecto de que aporte información sobre el contenido del libro blanco del IFE y dialogue en torno a la aplicación de la reforma electoral de 2007 y posibles adecuaciones jurídicas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2010.— Diputados: César Augusto Santiago Ramírez, Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Tiene la palabra la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario... Sí, diputado Jaime Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Señor presidente, para solicitar que se me permita adherirme a la propuesta.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Manifiesta el señor diputado su aceptación, por tanto, todas aquellas compañeras y compañeros que deseen participar suscribiéndolo pasen a la Secretaría.

ESTADO DE CHIHUAHUA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía a que, a través de la Comisión Reguladora de Energía y de la Profeco, revisen las condiciones de operación comercial y de establecimiento del precio de venta de la empresa Gas Natural de Juárez, SA de CV, y de resultar procedente se sancione mediante la cancelación de la concesión.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes: Con su venia, señor presidente.

Entre 2008 y 2009 hemos perdido 300 mil plazas laborales directas e indirectas. Se han cerrado 10 mil negocios. Es actualmente la ciudad más violenta del mundo y es parte del estado más frío del país, en donde más muertes por bajas temperaturas se han presentado.

Los problemas para mi comunidad parecieran no terminar. Ciudad Juárez es ahora también la ciudad en donde se paga el gas natural más caro del mundo. En Juárez o te mueres víctima de la delincuencia o te mueres de frío.

El gas natural se ha vuelto un artículo de lujo, inaccesible para miles de familias trabajadoras. El recibo que ustedes ven en tribuna, compañeros, no es un recibo por la mensualidad de un auto de lujo; tampoco es un recibo por la hipoteca mensual de una casa. Es el recibo del mes de diciembre del servicio de gas natural de una casa promedio de Ciudad Juárez: 9 mil 500 pesos.

Y 9 mil 500 pesos es el equivalente a un salario mensual de un profesionista joven. Es el equivalente a la despensa de cuatro miembros de una familia promedio. Equivalen, señores, 9 mil 500 pesos, a la angustia de una familia juarense para pagar un recibo de tal cantidad.

La empresa Gas Natural de Ciudad Juárez por 100 años se ha enriquecido de la economía de mi ciudad. Contrató coberturas a futuro a precio fijo de 8.87 y el precio se desplomó en el mercado internacional a 2.88 en promedio. El riesgo comercial es parte del beneficio de ser una empresa monopólica de gas natural. También es parte del privilegio para enriquecerse por un siglo a costa de la economía juarense. En este caso, Gas Natural de Juárez –la compañía– equivocó el cálculo de su cobertura en precio, volumen y plazo. Eso es innegable.

Grande es el desprecio de la gasera por la opinión de los juarenses, que en repetidas ocasiones se atrevió a culpar a Pemex y a la Comisión Reguladora de Energía por haberla obligado a contratar la cobertura.

Los juarenses por 18 meses hemos esperado responsabilidad de la compañía. Y ni responsabilidad ni cancelación anticipada de la cobertura. Lo que hizo la gasera fue seguir trasladando a los ya mermados hogares juarenses el precio de su error, sin importar enviar recibos de 2 mil hasta 10 mil pesos a las familias de mi muy mermada ciudad, amenazando –claro– con cortar el gas ante la falta de pagos, sin importar los seis grados bajo cero de la temperatura de invierno de mi estado.

Sin consentimiento alguno la gasera ha obligado a los juarenses a pagar el gas más caro del mundo hasta en un 400 por ciento. Esta medida unilateral ha ocasionado un daño económico a las familias juarenses por 476 millones de pesos a diciembre de 2009. Y habrá de ser de mil millones de pesos por el daño a la economía familiar a julio de 2011.

Como si eso fuera poco, la compañía no tiene instrumentada ninguna medida de revisión de medidores, los cuales tienen en promedio un uso de 30 años. Cobra de más la cantidad de 68 pesos por recibo que se pague el día de su vencimiento. El pretexto es la reconexión, aún cuando el servicio no sea desconectado. Esta empresa lucra hasta con la falta de dinero de las familias juarenses.

Una tercera parte de los usuarios de gas natural exigen a este Congreso su intervención para que se inicie una investigación a fondo. El repudio generalizado, compañeros, llegó a tal grado que en cinco días en una manifestación pública recabamos 54 mil firmas, lo que equivale a la tercera parte de los usuarios. De esas 54 mil firmas dan testimonio los principales diarios de mi comunidad.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le pedimos concluir, diputada.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes: Sí, señor presidente. Por tanto, con fundamento de los puntos anteriores, en mi carácter de representante juarense junto con los 54 mil ciudadanos que han firmado en contra de esta compañía, solicito de manera urgente o de obvia resolución lo siguiente.

Primero. Que esta soberanía exhorte a la Secretaría de Energía para que instruya a las autoridades competentes a que inicien procedimiento de revisión de prácticas comerciales, así como la fijación de precio y en caso de proceder se concluya la cancelación de la concesión correspondiente.

Segundo. Que se determine el impacto económico ocasionado a los consumidores y se realicen los actos legales administrativos para resarcir el daño.

Tercero. Que se exhorte a Profeco para dar entrada a las demandas en contra de las nocivas prácticas comerciales de la compañía Gas Natural de Ciudad Juárez.

Cuarto. Se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía y a la Profeco, a suscribir un acuerdo de colaboración que les permita realizar las acciones conducentes para que de manera conjunta realicen las acciones que les permitan dictaminar el daño de las acciones comerciales de Gas Natural de Ciudad Juárez.

Quinto. Se considere la presente como queja interpuesta a nombre de su servidora como representante de los juarenses, y de los 54 mil juarenses afectados por esta empresa para que pueda ser integrada a las acciones conducentes.

Compañeros, hace días nos enfrascamos en un discurso, en un debate...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le pedimos concluir, diputada, por favor. El tiempo ha concluido.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes:Solamente les pido que demostremos a la ciudad, a Juárez –que tanto les duele por el problema de violencia que hoy sufrimos– les demostremos su solidaridad en un tema que nada tiene que ver con partidos políticos. Es meramente asunto de economía familiar.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener, mediante la Comisión Reguladora de Energía, y a la Profeco a revisar las condiciones de operación comerciales y de establecimiento de precios de la empresa Gas Natural de Juárez, SA de CV; y, de resultar procedente, a sancionar con la cancelación de la concesión, a cargo de la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario del PAN

María Antonieta Pérez Reyes, diputada federal de Chihuahua a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de la Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes:

Consideraciones

Existe actualmente un problema relacionado con el gas natural que afecta a millones de familias mexicanas. Lo anterior se debe a la volatilidad de los precios en los mercados internacionales y la falta de una regulación efectiva por parte del Congreso de la Unión para evitar que de manera arriesgada se especule con los precios del energético. Derivado de esto los distribuidores de gas natural firman contratos de cobertura según sus propios pronósticos para asegurar un precio fijo de este insumo.

El estado de Chihuahua ocupa en este invierno el primer lugar por muertes ocasionadas por las bajas temperaturas posicionándolo como la zona más fría de todo el país. En ciudad Juárez existe solo la opción de consumir el gas natural a una empresa Gas Natural de Juárez SA de CV la cual de manera monopólica lleva a cabo prácticas comerciales que afectan a la economía de sus usuarios.

Los empresarios y consumidores domésticos de este insumo enfrentan el grave problema de estar sometidos desde agosto de 2008 y hasta julio de 2011 al precio de cobertura calculado por la empresa Gas Natural de Juárez SA de CV, el cual no expira hasta 2011.

El problema se agrava debido a que el precio de cobertura pactado por la gasera es de $8.87 Dlls Mll/BTU’s cuando el precio internacional se desplomó desde el 2008 cayendo a un nivel de $2.36 Dlls Mll/BTU’s ocasionando que los usuarios de esta localidad tengamos que pagar el precio del gas natural hasta un 400% más, sin existir contrato de aceptación por parte del usuario al pago del gas a precio de cobertura.

Derivado de la diferencia de precio de cobertura y el del mercado internacional en 17 meses la empresa Gas Natural de Juárez SA de CV ha ocasionado un daño a la economía de los juarenses por aproximadamente $476 Mlls. de pesos.

Si consideramos que dicha cobertura vencerá hasta el 2011 el daño económico a la ya de por sí muy mermada economía juarense alcanzará la terrible cantidad de $1’000 Mlls de pesos no incluyendo el daño económico ocasionado al sector industrial y comercial de nuestra ciudad.

Lo razonablemente honesto para una empresa que por 100 años se ha enriquecido de la comunidad juarense, debiera ser la cancelación anticipada del contrato de cobertura, absorbiendo la empresa gasera por una vez en su vida comercial el costo financiero derivado de dicha cancelación, lograría con esto trasladar a los usuarios el beneficio del bajo precio del gas natural en el mercado internacional.

¡Pero no! Gas Natural de Juárez SA de CV lleva 17 meses saqueando la economía de los juarenses cobrándonos hasta en un 400% más del precio de este energético y no ha mostrado interés efectivo alguno en solucionar el problema, sino que a través de su vocero la empresa de manera irresponsable ha declarado en las audiencias ante Profeco y en reunión con el CCE que Pemex y la CRE obligaron a la gasera a pactar la cobertura al precio referido.

Dichos testimonios se encuentran grabados y publicado en su oportunidad por varios medios de comunicación de Ciudad Juárez.

Como si todo lo anterior no fuera suficiente, los usuarios debemos enfrentar el preciso e imperdonable corte del servicio al no pagar de manera oportuna las enormes deudas generadas por el consumo de gas natural, porque eso sí, la empresa no perdona un solo día de atraso sin importar si la temperatura ambiente se encuentra por debajo de los 0 grados centígrados como es muy común en el invierno de nuestra ciudad.

Pero si el usuario paga su recibo el día de vencimiento o uno posterior en automático deberá pagar la cantidad de $68.00 por concepto de reconexión de servicio sin que éste se hubiera llevado a cabo, es decir por el solo hecho de que la empresa reciba el pago el día de vencimiento, ni siquiera fuera de plazo, ingresa a su caja la cantidad de $3.6 Mlls de pesos considerando que debido a los difíciles tiempos económicos el 30% de sus usuarios no pagaran en tiempo.

Nadie sabe en Ciudad Juárez si los volúmenes de consumo cobrados por la gasera a los usuarios de gas natural son correctos o ciertos, los medidores instalados con una antigüedad promedio de uso de 30 años ¡nunca, nunca! son sometidos a verificación por parte de autoridad alguna.

Ante todo esto cabe señalar que la compañía no ha dado respuesta alguna lo que violenta el artículo 80 del Reglamento del Gas Natural, que a la letra dice:

“Artículo 80. Quejas y reclamaciones:

El permisionario deberá atender las quejas y reclamaciones de los usuarios en el término de diez días. Cuando la queja o reclamación no sea atendida dentro de dicho término, los usuarios que no sean consumidores en los términos del Artículo 5 podrán presentar su reclamación ante la Comisión.

La Comisión adoptará las medidas necesarias para establecer un control de la recepción y seguimiento de las quejas y reclamaciones que presenten los usuarios a que se refiere el párrafo anterior y publicará un informe anual sobre la atención de las mismas.”

De acuerdo con los artículos 3º, 4º, 13,14, 15 y 16 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo la empresa Gas Natural de Juárez solicitó su permiso de distribución de gas natural mismo que fue publicado en el DOF el lunes 22 de diciembre de 1997.

En dicho otorgamiento se establecen las condiciones que regularán la operación de la distribución del gas natural, la inversión necesaria para ello, así como su programación calendarizada para dar cumplimiento a lo dispuesto, el mantenimiento de la red de distribución, lo concerniente al precio del producto y la relación comercial a establecer con los consumidores del servicio. Además el artículo 71 del Reglamento del Gas Natural le obliga a la compañía a lo siguiente:

“Artículo 71. Obligaciones específicas para la prestación de los serviciosEn la prestación de servicios, los permisionarios tendrán las obligaciones siguientes:

I. Prestar el servicio de forma eficiente conforme a principios de uniformidad, homogeneidad, regularidad, seguridad y continuidad;

II. Publicar oportunamente, en los términos que establezca la Comisión mediante directivas, la información referente a su capacidad disponible y aquélla no contratada;

III. Dar aviso inmediato a la Comisión de cualquier circunstancia que implique la modificación de las condiciones en la prestación del servicio;

IV. Contratar y mantener vigentes los seguros establecidos en el título del permiso para hacer frente a las responsabilidades en que pudieran incurrir;

V. Contar con un servicio permanente de recepción de quejas y reportes de emergencia;

VI. Atender de inmediato los llamados de emergencia de los usuarios finales;

VII. Informar oportunamente a la Comisión sobre cualquier circunstancia que afecte o pudiera afectar negativamente la prestación del servicio;

VIII. Abstenerse de realizar prácticas indebidamente discriminatorias, y

IX. Responder a toda solicitud de servicio en el plazo de un mes a partir de su recepción, tratándose de los servicios de transporte o almacenamiento, y de diez días, tratándose de distribuidores.”

Es menester señalar que de acuerdo con el Reglamento del Gas Natural, que también regula la operación de distribución de la empresa Gas Natural de Juárez, S.A. de C.V., se señala expresamente en su artículo 5º lo siguiente:

“Artículo 5. Consumidores: Sin perjuicio de las acciones que procedan, las controversias que surjan entre los permisionarios y los usuarios que tengan el carácter de consumidores en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor serán resueltas por la Procuraduría Federal del Consumidor conforme a dicha ley.” (sic)

De este apartado se desprende que gran parte de los consumidores y clientes que han contratado el servicio de distribución con Gas Natural de Juárez, SA de CV, no cuentan con un contrato de adhesión debidamente registrado ante la Profeco y que establezca los lineamientos sobre los cuales se adquieren derechos y obligaciones de parte de cada una de los celebrantes de dicho contrato.

Es necesario señalar que los aparatos de medición que se colocan con el fin de medir el consumo del gas natural deben cumplir con condiciones que se encuentran reguladas en las normas oficiales mexicanas tanto para verificar que están debidamente calibrados, así como que las condiciones ambientales a las que son sometidas en la localidad de Juárez le permiten operar adecuadamente.

En seguimiento a lo señalado en el párrafo anterior es necesario mencionar que entre otras normas para la correcta operación, servicio y mantenimiento de las instalaciones de medición y de la red de distribución se debe cumplir, entre otras, con la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SECRE-2002, Distribución de Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo por Ductos.

Misma norma que debe ser de correcta y debida aplicación por parte de la empresa Gas Natural de Juárez, SA de CV, pero que con base en lo señalado en éste punto de acuerdo y de testimonios recogidos por la comunidad chihuahuense en el municipio de Ciudad Juárez no es llevada a cabo y quizá muy poco tomada en cuenta. Pero que le compete plenamente a la Profeco y a la CRE (Comisión Reguladora de Energía) su supervisión y cumplimiento de aplicación y por ende su infracción ante irregularidades.

Esto es un acto a todas luces discriminatorio, ya que no es recíproco, ni tampoco debidamente regulado, es por ello que la Comisión Reguladora de Energía debe intervenir de manera inmediata para iniciar el procedimiento administrativo en materia y sancionar estas actividades, tal y como los propios artículo 6º, 62 y 63 del Reglamento del Gas Natural lo menciona:

“Artículo 6. Prácticas indebidamente discriminatorias.

Para efectos de este Reglamento, se considerará indebidamente discriminatorio negar un trato semejante a usuarios o adquirentes similares en condiciones similares. No se considerarán indebidamente discriminatorias las diferencias en el trato que puedan existir como resultado de:

I. Las distintas clases y modalidades de servicio;

II. La localización de los usuarios o adquirentes, o

III. Las distinciones por categorías de usuarios o adquirentes”

Artículo 62. Condiciones generales para la prestación del servicioLa prestación de los servicios se sujetará a lo previsto en las directivas que expida la Comisión y en las condiciones generales para la prestación del servicio.Las condiciones generales para la prestación del servicio serán aprobadas por la Comisión, formarán parte del título del permiso y contendrán:

I. Las tarifas para la prestación de los servicios;

II. Los términos y condiciones para el acceso y la prestación de las diversas modalidades del servicio;

III Los derechos y obligaciones del prestador del servicio, y

IV. El procedimiento arbitral que proponga el permisionario para la solución de controversias derivadas de la prestación de los servicios, en los términos de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía

Artículo 63. Obligación de acceso abierto

Los permisionarios deberán permitir a los usuarios el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a los servicios en sus respectivos sistemas, de conformidad con lo siguiente:

I. El acceso abierto y no indebidamente discriminatorio estará limitado a la capacidad disponible de los permisionarios;

II. La capacidad disponible a que se refiere la fracción anterior se entenderá como aquélla que no sea efectivamente utilizada, y

III. El acceso abierto a los servicios sólo podrá ser ejercido por el usuario mediante la celebración del contrato para la prestación del servicio de que se trate, salvo lo previsto en el Artículo 69.

Cuando el permisionario niegue el acceso al servicio a un usuario teniendo capacidad disponible u ofrezca el servicio en condiciones indebidamente discriminatorias, la parte afectada podrá solicitar la intervención de la Comisión. En el primer supuesto, el permisionario deberá acreditar la falta de capacidad disponible al momento de negar el acceso.”

Ante la falta de intervención de las autoridades los consumidores del gas natural de esta compañía, que por si fuera poco cuenta con la exclusividad geográfica, se han asociado en un frente ciudadano que de manera pacífica, ordenada y en pleno apego a sus derechos constitucionales y de consumidores han organizado un equipo de acción consistente en solicitar a quienes tengan problemas relacionados con la distribución de gas natural de la empresa Gas Natural de Juárez, SA de CV, firmen un documento para que la CRE y Profeco intervengan y realicen las actividades legales y administrativas que conlleven a proteger los derechos de los consumidores y requerir las obligaciones de la empresa.

Es importante mencionar que con cuadrillas de voluntarios encabezados por los dirigentes del movimiento, se recolectaron 53,056 firmas en los principales cruceros de la ciudad logrando la meta en un tiempo record, equivalente a la tercera parte de los usuarios del gas natural.

Ante ello, se hace apremiante que el legislativo actúe y realice un llamado a las instancias involucradas en el tema de la distribución y precio de venta del gas natural por parte de la empresa Gas Natural de Juárez y evitar que se sigan violentando los derechos de los consumidores y se permita continuar con las violaciones que regulan la distribución y establecimiento de precios del gas natural sin que se sancione o se inicie el procedimiento de cancelación que en materia prevalece en el Capítulo IV, artículos 54,55, 56 y 57 del Reglamento del Gas Natural

Por lo expuesto y fundado en los puntos anteriores, la suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario Acción Nacional de la LXI Legislatura, somete a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición, de urgente y obvia resolución, con

Puntos de Acuerdo

Primero.Esta soberanía exhorta a la Secretaría de Energía para que instruya a las autoridades competentes a que inicien el procedimiento administrativo correspondiente a la investigación de denuncias aquí expuestas y de proceder a la cancelación de la concesión de distribución G/022/DIS/ 97 con la que opera la empresa Gas Natural de Juárez, SA de CV que informe a esta soberanía de las acciones a iniciar, de los avances y de la resolución emitida por el proceso administrativo correspondiente.

Segundo. Se determine el impacto económico ocasionado a los consumidores y se realicen los actos legales y administrativos para resarcir los daños y perjuicios ocasionados a los usuarios, e informe a esta soberanía del procedimiento legal para cumplimentar éste señalamiento.

Tercero.Se exhorta al Procurador Federal al Consumidor a dar entrada a las demandas en contra de las nocivas prácticas comerciales de la empresa Gas Natural de Juárez, SA de CV para que en su momento determine las sanciones correspondientes a la empresa y las obligaciones de ésta para resarcir el daño provocado a los usuarios juarenses.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 2 días de febrero de 2010.— Diputados: María Antonieta Pérez Reyes, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Emilio Serrano Jiménez, Laura Itzel Castillo Juárez (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputada. Le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, diputado Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): Hemos sido extremadamente tolerantes con el tiempo de la exposición de este punto de acuerdo y le pedimos a la Mesa que para efecto de que podamos cumplir los propósitos que nos hicimos, seamos con todos, de cualquier partido, extremadamente puntuales en la exigencia del tiempo.

Con respecto al punto, nuestra fracción va a oponerse a la urgente resolución, toda vez que tuvimos un acuerdo de que dicho tema se trataría a fondo en la Comisión de Energía y no vamos a favorecer ninguna postura populista. Vamos a votar en contra de la urgente resolución.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Con mucho gusto, diputado. Le informo que con todos los compañeros y compañeras que han intervenido hemos tenido tolerancia respecto de los tiempos y evidentemente, en cuanto concluyó el tiempo le hicimos la primera recomendación a nuestra compañera, a quien le pedimos que pase a su lugar por favor. Compañera, ha concluido su participación en la tribuna. Estaremos atentos en la aplicación irrestricta del tiempo.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, diputado. Dígame, diputado Serrano. Diputada por favor pase a su lugar, si es tan amable.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Es para ella, diputado.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:No, ya ha concluido su participación. No puede haber una intervención más.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Si es tan amable, señor presidente, de preguntarle si me permite adherirme a su propuesta, considerando que es una petición justa. Ojalá se hiciera a nivel nacional.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:¿Está usted de acuerdo en que se adhieran diputada?

La diputada María Antonieta Pérez Reyes(desde la curul): Sí, por supuesto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se pueden adherir todas las compañeras y todos los compañeros que deseen hacerlo.

Por favor continúe, señor secretario, preguntando a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Señor secretario, le pido que vuelva a repetir la votación a efecto de que no quede ninguna duda.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la negativa. No hay dos terceras partes, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:No existen las dos terceras partes como lo señala la Secretaría. Por tanto, no se considera de urgente resolución y se turna a la Comisión de Energía.

PETROLEOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Gerardo Sánchez García para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a llevar a cabo una investigación sobre las empresas que participan en la licitación para la adquisición de etanol, y considere tales resultados en la emisión del fallo correspondiente, suscrito por los diputados Gerardo Sánchez García y Cruz López Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Gerardo Sánchez García: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros, como todos ustedes saben el marco normativo para los productos bioenergéticos tiene su base en la Ley de Promoción y Desa-rrollo de los Bioenergéticos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2008.

En dicha ley se establece como objetivo de la política de promoción y desarrollo de los bioenergéticos, la diversificación energética y el desarrollo sustentable como condiciones que permitan garantizar el apoyo al campo mexicano.

El desarrollo de la industria de los bioenergéticos en el país requiere entre muchas otras cosas de la integración y cooperación de las actividades de los sectores público, privado y social.

En las cadenas de producción y consumo de biocombustibles (bioetanol y biodiesel), y dada la estructura nacional para la producción, refinación, distribución y comercialización de éstos, Petróleos Mexicanos juega un papel muy importante y estratégico.

Pemex desde hace más de 70 años es una empresa de todos los mexicanos. El impulso que esta naciente industria de los bioenergéticos requiere es la vigilancia y supervisión estricta de Pemex para asegurar su adecuado desempeño.

El programa de Introducción de Bioenergéticos, derivado de la ley, prevé como primera etapa la introducción de etanol como oxigenante de las gasolinas que se consuman en la zona metropolitana de Guadalajara para el 2011.

Para cumplir con esta programación Pemex, a través de Pemex Refinación, emitió la licitación pública nacional 18576112-022-09 para adquirir etanol para oxigenar las gasolinas de la zona metropolitana de Guadalajara, bajo la descripción: adquisición de bienes consistentes en etanol anhídrido para oxigenar gasolinas en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, bajo la modalidad de contrato abierto, sujeto a ajustes de precios. Dicha convocatoria fue puesta a disposición de CompraNet el 29 de septiembre de 2009.

En dicha licitación participaron siete empresas, cuatro de ellas declinaron y tres presentaron propuesta económica. De estas tres, dos de ellas, Biotecnología de Combustible, SA de CV, perteneciente al Grupo Per, y Andrade y Gutiérrez, compañía brasileña, y la empresa Destiladora del Valle, SA de CV son algunos ejemplos que deben ser investigados ya que presentan situaciones irregulares con presunción de denuncias penales y otras condiciones, como el hecho de no contar con materia prima para la producción de etanol, que podrían afectar la transparencia en la licitación, la buena marcha de esta industria y el futuro de los bioenergéticos en nuestro país.

De acuerdo con el acta de la Junta de Aclaraciones que Pemex celebró con alrededor de 7 empresas interesadas en participar, se detalla que el fallo será dado a conocer el 11 de febrero del presente año a las 12 horas.

Para el Grupo Parlamentario del PRI es de suma importancia que el primer paso en la creación del mercado de los bioenergéticos inicie de manera firme, seria, responsable y contundente.

Por lo anterior, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente resolución.

Único. Se exhorta a la paraestatal Petróleos Mexicanos a llevar a cabo una investigación sobre las empresas que participan en la licitación para la adquisición de etanol y considere dichos resultados en la emisión del fallo correspondiente. Asimismo considere la posibilidad de replantear los términos de la licitación y garanticen, como la ley lo señala en la materia, la participación de empresarios mexicanos y productores proveedores de materia prima.

Le anexamos los documentos que muestran presuntas irregularidades de algunas empresas que supuestamente participan en la licitación, solicitándole sean incorporados a esta proposición, así como su publicación en el Diario de los Debates.

De la misma manera solicitamos conforme lo establece el artículo 59 de nuestro Reglamento, consulte, señor presidente, a esta honorable asamblea si este punto de acuerdo es de considerarse de urgente resolución. Es cuanto, presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a investigar sobre las empresas que participan en la licitación para adquirir etanol y a considerar los resultados al emitir el fallo correspondiente, suscrita por los diputados Gerardo Sánchez García y Cruz López Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados a la LXI Legislatura Cruz López Aguilar y Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, fracción I, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de Los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, por el que solicitamos que se exhorte a la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos a llevar a cabo una investigación sobre las empresas que participan en la licitación para la adquisición de etanol y considere dichos resultados en la emisión del fallo correspondiente, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Que el marco normativo para los productos bioenergéticos tiene su base en la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos (LPDB), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero del 2008.

2. Que dicha ley se establece como objetivo de su política de promoción y desarrollo de los bioenergéticos, la diversificación energética y el desarrollo sustentable como condiciones que permitan garantizar el apoyo al campo mexicano.

3. Que el desarrollo de la industria de los bioenergéticos en el país requiere, entre muchas otras cosas, de la integración y cooperación de las actividades de los sectores público, privado y social.

4. Que en las cadenas de producción y consumo de biocombustibles (bioetanol y biodiesel), y dada la estructura nacional para la producción, refinación, distribución y comercialización de éstos, Petróleos Mexicanos (Pemex) juega un papel muy importante y estratégico.

5. Que Pemex, desde hace más de 70 años, es una empresa de todos los mexicanos. El impulso que esta naciente industria de los bioenergéticos requiere es la  vigilancia y supervisión estricta de Pemex, para asegurar su adecuado desempeño.

6. Que el Programa de Introducción de Bioenergéticos, derivado de la LPDB, establece como primera etapa la introducción de etanol anhídrido de combustible, de las gasolinas que se consumen en la zona metropolitana de Guadalajara para el 2011.

7. Que para cumplir con esta programación, Pemex, a través de Pemex Refinación, emitió la licitación pública nacional 18576112-022-09 para adquirir etanol anhídrido para oxigenar las gasolinas de la zona metropolitana de Guadalajara, bajo la descripción “adquisición de bienes consistentes en etanol anhídrido para oxigenar gasolinas en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, bajo la modalidad de contrato abierto, sujeto a ajustes de precios”. Dicho convocatoria fue puesta a disposición de CompraNet el 29 de septiembre del 2009.

8. Que en dicha licitación participaron siete empresas, entre las cuales se encuentran algunas de con denuncias penales, situaciones irregulares y otras condiciones que podrían afectar la transparencia en la licitación, la buena marcha de esta industria y el futuro de los bioenergéticos en el país.

9. Que de acuerdo con el acta de la junta de aclaraciones que Pemex celebró con alrededor de 7 empresas interesadas en participar, se detalla que el fallo será dado a conocer el 11 de febrero del presente año a las 12 horas.

10. Que para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional es de suma importancia que el primer paso en la creación del mercado de los bioenergéticos inicie de manera firme, seria, responsable  y contundente.

Por lo anterior, sometemos a consideración del Pleno de esta soberanía, proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta a la paraestatal Petróleos Mexicanos a llevar a cabo una investigación sobre las empresas que participan en la licitación para la adquisición de etanol y considere dichos resultados en la emisión del fallo correspondiente.

Ruego a usted, diputado Presidente, conforme lo establece el artículo 59 de nuestro reglamento, que consulte a esta honorable asamblea, si este punto de acuerdo es de considerarse de urgente resolución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero del 2010.— Diputados: Cruz López Aguilar Gerardo Sánchez García, Emilio Serrano Jiménez (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, señor diputado Gerardo Sánchez García. Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se consulta a esta asamblea si se considera de urgente resolución la propuesta. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, sí hay mayoría calificada.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición.

Al no existir oradores en ese sentido se considera suficientemente discutida y le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada. Comuníquese.

DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a que reforme el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a efecto de que el presupuesto ejercido por los entes públicos sea publicado a nivel partida presupuestal y por unidad administrativa responsable de ejecutarlo.

La diputada Gabriela Cuevas Barrón:Con su venia, diputado presidente. La exigencia de una participación ciudadana en la toma de decisiones políticas obliga a los gobiernos a incorporar mecanismos que promuevan la transparencia y rendición de cuentas en sus acciones y fortalezcan el derecho a la información. Un primer paso para lograr un gobierno transparente es la creación del marco normativo que guíe estas acciones.

A partir de 2003 el Distrito Federal cuenta con una ley y un órgano independiente que garantiza que los entes públicos del gobierno capitalino informen a los ciudadanos sobre el ejercicio de los recursos financieros que se les otorgan. Además de información relativa de contratos de bienes, servicios y obra pública que adjudican. Licencias, permisos y concesiones que otorgan. Sueldos de funcionarios, entre otros temas de interés general.

Sin embargo, no basta con la existencia de un marco normativo, sino que es necesario el compromiso de los gobernantes para aplicarlo, pero sobre todo, hacerlo respetar. Lamentablemente en la ciudad y en las delegaciones no existe todavía en todos los lugares ese compromiso.

La promulgación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en el 2003 no tuvo los resultados deseados por los legisladores que la impulsaron, y el compromiso del entonces jefe de gobierno con el tema fue sólo discursivo.

Además toda la información referente a las obras de los segundos pisos en el Periférico nunca fue revelada, hasta hace poco, por lo que los capitalinos no supimos cuánto costaron en realidad esas obras.

No obstante la reforma al artículo 6o constitucional realizada en 2007 y la posterior promulgación de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el DF, donde se establecen aún más obligaciones para los entes del gobierno, la actual administración capitalina mantiene la misma sintonía que la anterior.

Derivado de una solicitud de información, la Secretaría de Obras y Servicios clasificó como reservada la información relativa a distintos estudios sobre la construcción de la línea 12 del Metro, siendo que esta construcción es el principal argumento para solicitar mayores recursos para la capital.

El rendir cuentas, más que una obligación de los funcionarios, es una actitud de gobierno que contribuye al mejoramiento de la vida pública, pero sobre todo favorece la eficiencia gubernamental en el gasto y construye las condiciones necesarias para que el régimen democrático se vea fortalecido.

Por ello someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Único. Se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que reforme el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a efecto de que el presupuesto ejercido por los entes públicos sea publicado a nivel partida presupuestal y por unidad administrativa responsable de ejecutarlo. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ALDF a reformar el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal para que el presupuesto ejercido por los entes públicos sea publicado a nivel partida presupuestal y por unidad administrativa responsable de ejecutarlo, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Gabriela Cuevas Barrón, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que reforme el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal a efecto de que el presupuesto ejercido por los entes públicos sea publicado a nivel partida presupuestal y por unidad administrativa responsable de ejecutarlo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La exigencia de una participación ciudadana en la toma de decisiones políticas obliga a los gobiernos a incorporar mecanismos que promuevan la transparencia y rendición de cuentas en sus acciones y fortalezcan el derecho de acceso a la información. Por lo que incentivar una cultura de transparencia al interior de la administración pública implica transformar el modo en que los funcionarios desarrollan su trabajo cotidiano, ya que trastoca desde la organización de información, hasta el aceptar que los documentos que generan no son de su propiedad. Esto es, modificar por completo la concepción de servicio público.

Estos tres elementos, transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas bien aplicados en políticas concretas, hacen participe a la ciudadanía en la supervisión del gobierno, aumentando así, la fiscalización de los recursos, y generando una mayor confianza de los ciudadanos hacia sus autoridades.

En nuestro país, antes de la expedición Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002, no existían los mecanismos para conocer la gestión de los servidores públicos, y más aún, los gastos que hacen las dependencias gubernamentales, por lo que, los ciudadanos no tenían herramientas para evaluar la gestión pública ni la aplicación de los recursos del gobierno.

A partir de la creación de este marco normativo y con base en las modificaciones al artículo 6o. constitucional aprobadas en noviembre de 2007 se eleva a rango constitucional la obligación del Estado para garantizar el eficaz acceso a la información pública que este detenta, teniendo como premisa fundamental el principio de máxima publicidad, esto es, partir de la idea de que toda la información que detenten los entes es de dominio público con excepción de aquello expresamente clasificado como reservado, causales previstas en las leyes estatales. Además, esta reforma favorece los mecanismos de transparencia al incluir como obligación de los organismos públicos el informar dentro de su portal de Internet diversos aspectos de su funcionamiento y primordialmente indicadores gubernamentales que medirán la eficiencia en la implementación de políticas públicas.

Con esto, se otorga a los ciudadanos no sólo la oportunidad de juzgar las acciones que realizan los órganos de gobierno, y mucho menos otorgar una sanción a través del voto, sino que se han desarrollado los mecanismos legales para que exista una plena rendición de cuentas por parte de los funcionarios para sus gobernados, es decir, no sólo se trata de documentar la toma de decisiones, sino que a través de esa sistematización y apertura (difusión) de información  se puedan iniciar procedimientos administrativos cuando se detecte (por parte de la supervisión de los mismos ciudadanos) alguna omisión o acto fuera de la normatividad y por tanto los funcionarios públicos puedan ser sujetos de sanción, es decir sujetos sancionables y nunca más sujetos intocables.

Un primer paso para lograr un gobierno transparente es la creación del marco normativo que guíe estas acciones. A partir de 2003 el Distrito Federal cuenta con una ley y un órgano independiente que garantiza que los entes públicos del gobierno capitalino informen a los ciudadanos sobre el ejercicio de los recursos financieros que se les otorgan, además de información relativa a contratos de bienes, servicios y obra pública que adjudican, licencias, permisos y concesiones que otorgan, sueldos de funcionarios entre otros temas de interés general. Sin embargo, no basta con la existencia de un marco normativo, sino que es necesario el compromiso de los gobernantes para aplicarlo, pero sobre todo hacerlo respetar.

Lamentablemente en esta ciudad aún no existe ese compromiso. La promulgación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en 2003 no tuvo los resultados deseados por los legisladores que la impulsaron, y el compromiso del entonces jefe de Gobierno con el tema fue sólo discursivo. Anunció con bombo y platillo la creación de un Consejo que vigilaría las finanzas de la administración capitalina, pero sólo duró unos cuantos meses ya que sus integrantes decidieron disolverlo ante la poca información que obtenían del gobierno, aunado a que el secretario de Finanzas del GDF fue cesado ante posibles actos de corrupción. Además, toda la información referente a las obras de los segundos pisos en periférico nunca fue revelada por lo que los capitalinos nunca supimos cuanto costaron en realidad esas obras.

No obstante la reforma al artículo 6o. constitucional realizada en 2007 y la posterior promulgación de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el DF, en 2008, donde se establecen aun más obligaciones para los entes del gobierno, la actual administración capitalina mantiene la misma sintonía que la anterior. Derivado de una solicitud de información la Secretaría de Obras y Servicios clasificó como reservada la información relativa a diversos estudios sobre la construcción de la línea 12 del metro, siendo que ésta construcción es el principal argumento para solicitar mayores recursos para la capital, por lo que nuevamente se transgrede el derecho de los ciudadanos a saber el destino del dinero público.

La reciente calificación que otorga Transparencia Internacional a nuestro país, en cuanto a percepción de corrupción, situándolo en el lugar 20 de los 31 países del continente americano (por debajo de Cuba, Colombia, El Salvador y Guatemala) refleja la tarea pendiente que tenemos los legisladores, así como gobiernos estatales y municipales por generar las herramientas necesarias que cambien esa percepción en la ciudadanía.

Por dar un ejemplo, por más que existan leyes de transparencia estatales, el cumplimiento de éstas deja mucho que desear, sobre todo en los municipios y algunos gobiernos estatales. Uno de los principales promotores de transparencia en el ejercicio del gasto público, es el tan controvertido municipio de San Pedro Garza García en Nuevo León. Dicho municipio, gobernado por el PAN, publica mensualmente de manera específica el dinero que gasta cada oficina, además de publicar las compras diarias que realiza.

Por el contrario, en contraste con el municipio señalado, el Gobierno del Distrito Federal no aporta datos presupuestales tan específicos como los señalados. Sería bueno que los capitalinos conociéramos las compras que realiza la oficina del jefe del Gobierno o la Secretaría de Obras, además de los ingresos diarios que recibe el gobierno capitalino por concepto de pago de agua, predial.

Los recientes recursos destinados al GDF a través del ramo 33 con sus respectivos fondos (educación, salud, infraestructura social, fortalecimiento a entidades federativas y municipios, entre otros) ascienden, de acuerdo a estimaciones realizadas, a cerca de 8 mil 800 millones; además de incluir mil millones para el Sistema de Transporte Colectivo Metro y poco más de 3 mil millones del Fondo Metropolitano para el Valle de México. Si bien es cierto que estos recursos serán aplicados a programas específicos, no son suficientes para que la Ciudad de México cuente con más y mejores escuelas, centros de salud, infraestructura en drenaje y agua potable, chalecos y patrullas para los policías, por mencionar algunas de las muchas necesidades de los capitalinos, por lo que el poder legislativo y ejecutivo deberán trabajar por mejorar tanto el presupuesto como el modo en que se transparenta.

Para ello, los ciudadanos deben contar con las herramientas que les permitan evaluar la aplicación del presupuesto destinado a combatir sus principales necesidades. Existen tres preguntas esenciales que los gobiernos deben responder a los ciudadanos y que son fundamentales para observar la ejecución del gasto público: quién gasta, en qué y cómo lo hace. Dichas preguntas se traducen en dos elementos clave contenidos dentro del ejercicio del gasto: unidad administrativa responsable de ejecutar el presupuesto y la partida presupuestal. La primera es el departamento administrativo y oficina específica que realiza las erogaciones mientras que la partida presupuestal es el concepto específico al que se destina un recurso, información con la que cuentan todas y cada una de las dependencias que usan dinero público.

Ejemplo de lo anterior, es el clasificador por concepto de gasto, que es el documento con el cual el gobierno ordena, clasifica y opera el gasto público, mismo que está estructurado (para el caso del Gobierno del Distrito Federal) por capítulos, conceptos y partidas presupuestales.

De acuerdo con el mismo clasificador por objeto de gasto se considera que:

• Capítulo. Es el mayor nivel de agregación de este clasificador que identifica el conjunto homogéneo, claro y ordenado de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, así como de bienes, servicios y obras públicas que las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la administración pública del Distrito Federal contratan, adquieren o realizan para la consecución de sus objetivos y actividades institucionales.

• Concepto. Es el nivel intermedio de agregación que identifica el conjunto homogéneo, claro y ordenado, producto de la desagregación de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, así como de bienes, servicios y obras públicas que se consideran en cada capítulo de gasto, para la identificación de los recursos y su relación con los objetivos y metas programadas.

• Partida. Es el nivel de agregación más específico que identifica y clasifica los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, así como los bienes, servicios y obras públicas de un mismo género, que son necesarios para la consecución de los programas y metas autorizados, cuyo nivel de agregación permite su cuantificación monetaria y contable.

Actualmente, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en su artículo 14, hace mención a la obligación que todos los entes públicos tienen de publicar en sus sitios de internet diversa información concerniente a su funcionamiento, adquisiciones de bienes y servicios, programas sociales, sueldos, ingresos y ejercicio del presupuesto que contemplan para cumplir con las atribuciones encomendadas. Sin embargo, ni en la propia ley ni en su reglamento, ordenamientos legales de observancia obligatoria, establece como hay que presentar la información a la que obliga el mencionado precepto.

Así pues, el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal desde 2006 ha puesto en marcha unos criterios de evaluación a los portales de Internet de los entes públicos donde, con la finalidad de hacer la información gubernamental más accesible, confiable y verificable para los ciudadanos, específica la manera en cómo se debe presentar la información de cada una de las obligaciones de los entes, criterios que tampoco contemplan la publicación del ejercicio presupuestal desglosado y específico por partida presupuestal.

El rendir cuentas, más que ser una obligación de los funcionarios, es una actitud de gobierno que contribuye al mejoramiento de la vida pública, pero sobre todo favorece la eficiencia gubernamental en el gasto y construye las condiciones necesarias para que el régimen democrático se vea fortalecido.

Por esta reflexión someto a consideración de ésta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que reforme el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal a efecto de que el presupuesto ejercido por los entes públicos sea publicado a nivel partida presupuestal y por unidad administrativa responsable de ejecutarlo

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 2 de febrero de 2010.— Diputada Gabriela Cuevas Barrón (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputada Gabriela Cuevas Barrón. Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.

TRATA DE PERSONAS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que solicita a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública, para que en su calidad de miembros de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas continúen llevándose a cabo las acciones pertinentes en conjunto con los demás miembros de la comisión.

La diputada Rosi Orozco: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, México es un país de origen, tránsito y destino de migrantes. En las últimas décadas ha cobrado especial importancia el tránsito de personas que se dirigen a los Estados Unidos, quienes enfrentan diversas condiciones de riesgo que vulneran sobre todo a mujeres, niñas, niños y adolescentes y les expone al riesgo de ser víctimas de trata de personas, principalmente con fines de explotación sexual y laboral.

El delito de trata ha ido en incremento convirtiéndose en un negocio de alta rentabilidad que atenta directamente contra la dignidad de las personas, demeritando la calidad del ser humano, pues lastima el sentido más profundo de su libertad y sometiéndolo a la explotación laboral o sexual, siendo ésta una modalidad contemporánea de esclavitud que no puede ser tolerada por ninguna persona ni institución y mucho menos por el Estado mexicano o entidades federativas.

Ahora bien, a nivel mundial la Organización Internacional para las Migraciones calcula que 2.5 millones de personas son víctimas de trata, de las cuales el 80 por ciento son mujeres y niñas.

En nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, calcula entre 16 mil y 20 mil niños que son víctimas de trata con explotación sexual, de los cuales el 80 por ciento tienen entre 10 y 14 años.

Por lo que respecta a la explotación laboral –muchas veces ignorada– es una más de las modalidades de trata, sobre todo en países como el nuestro donde 24.7 millones de niños y niñas viven en pobreza extrema.

De acuerdo con el diagnóstico generado el año pasado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se calcula que de 40 mil a 100 mil trabajadores migrantes agrícolas, en su mayoría guatemaltecos, laboran en condiciones de explotación en cosechas en Chiapas y en otros estados del sur.

Por otro lado, en las procuradurías estatales únicamente existen 235 averiguaciones previas integradas por los probables delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas, pero sólo 24 presuntos delincuentes han sido consignados y sólo uno ha sido sentenciado recientemente por este delito.

Felicidades en esto al procurador Mancera y al juez 24 del Distrito Federal.

Las cifras que he mencionado resultan alarmantes y reflejan la imperante necesidad de intervención y atención no sólo de los organismos internacionales, sino también de los tres órdenes y niveles del gobierno de nuestro país y de la sociedad.

Por ello, esta soberanía debe hacer un llamado a las entidades federativas para armonizar su legislación en la materia, según el Protocolo de Palermo, para prevenir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños.

Por tanto, señores diputados y señoras diputadas, someto a su consideración los siguientes puntos de acuerdo.

Primero. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicite respetuosamente a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública, para que en su calidad de miembros de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas continúen llevando a cabo las acciones pertinentes en conjunto con los demás miembros de la comisión, de protección y asistencia a las víctimas de este delito, e impulsen programas en forma permanente con el propósito de prevenir dicho ilícito.

Segundo. Se exhorta a los Congresos de las entidades federativas para que incluyan en su legislación el delito de trata de personas, y a las que ya cuentan con ordenamientos legales en la materia para que realicen las reformas pertinentes a fin de que su legislación sea homologada con la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Tercero. Se exhorta al titular de la Comisión Intersecretarial...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le pedimos concluir, diputada, por favor.

La diputada Rosi Orozco: Se exhorta al titular de la Comisión Intersecretarial a promover la suscripción de acuerdos de coordinación relativos a la seguridad, protección y asistencia a las víctimas del delito de trata de personas en los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la PGR y de la SSP que, en su calidad de miembros de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, continúen llevando a cabo acciones, con los demás integrantes, que den protección y asistencia a las víctimas de este delito e impulsen programas permanentes de prevención, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34  de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior  del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. México es un país de origen, tránsito y recepción de migrantes; además de los flujos regulares, en las últimas décadas ha cobrado especial importancia el tránsito por el territorio mexicano de miles de migrantes irregulares que se dirigen a Estados Unidos de América. Esta situación ha contribuido a aumentar la vulnerabilidad de millares de personas, sobre todo mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como a exponerlas a ser víctimas de la trata de personas, principalmente con fines de explotación sexual y laboral.

II. El delito de trata ha ido en incremento convirtiéndose en una industria en crecimiento y de alta rentabilidad, como una nueva forma de esclavitud que atenta directamente contra la dignidad de las personas, demeritando la calidad del ser humano:  lastima el sentido mas profundo de la dignidad de las personas, además de privarlas de su libertad  y someterlas a explotación laboral o sexual, siendo una modalidad contemporánea de esclavitud que no puede tolerada por ninguna persona ni institución y, mucho menos, el Estado mexicano ni las entidades federativas.

III. Respecto a la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, en el artículo 10, determina que el gobierno federal establecerá una comisión intersecretarial con la finalidad de coordinar las acciones de sus miembros en la materia para elaborar y poner en práctica el Programa Nacional para prevenir y sancionar la Trata de Personas, el cual deberá incluir, cuando menos, las políticas públicas en materia de prevención y sanción de la trata de personas, además la protección y atención a las víctimas del delito; por tanto, la comisión intersecretarial está integrada por dependencias y entidades de la administración pública federal, así como por la Procuraduría General de la República.

IV. Las cifras que se presentan a continuación tienen fundamento en el diagnostico generado el año pasado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus resultados son alarmantes, por lo que esta soberanía también debe hacer un llamado a las entidades federativas a armonizar sus códigos según el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que considera la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional de 2003 y a considerar en materia de asistencia social la atención a víctimas de este delito.

Existen

• 2.5 millones de personas que son captadas cada año para fines de trata (según datos de la OIM);

• El 80 por ciento de las víctimas pertenecen al sexo femenino –mujeres y niñas– (OIM);

• 27 millones de personas realizan trabajos forzados (ONU);

• Genera ganancias económicas anuales de aproximadamente 32 millones de dólares (OCDE);

• Cerca de 120 mil mujeres y niños son trasladados cada año a Europa occidental para ser explotados (Comunidad Europea, 2001);

• Calcula Unicef que en México 16 mil niños son víctimas de explotación sexual comercial  en cualquiera de sus modalidades;

• Se calcula que la  población de extranjeros en México asciende a 492 mil 617 (Conapo, 2001);

• Entre 400 y 600 mil migrantes irregulares entran a México cada año para transitar hacia Estados Unidos de América o Canadá (OIM);

• De 40 a 100 mil trabajadores agrícolas, en su mayoría guatemaltecos, laboran en cosechas en Chiapas y otros estados del sur (Cámara de Diputados, LX Legislatura);

• En México hay 3 millones de jornaleros agrícolas, 70 por ciento son indígenas y muchos son mujeres y niños que pueden ser víctimas de trata (Cámara de Diputados, LX Legislatura);

• De enero a noviembre de 2006 el INM realizó 771 redadas a giros negros y detuvo a 622 extranjeros (Instituto Nacional de Migración);

• El ALDF en 2008 estimaba que  existían 40 mil trabajadores sexuales (ALDF);

• Existen entre mil y 4 mil trabajadores sexuales en ciudades como Tijuana, Cancún, Oaxaca, Juárez y Tapachula, entre otras (Cámara de Diputados, LX Legislatura);

• Existen 3 recomendaciones de la CNDH. La 011/2006 explotación laboral: mujeres chinas contratadas para trabajar en industrias de Guanajuato; la 05/2008 explotación sexual: mujer guatemalteca explotada en el estado de México; y la 01/2009 explotación laboral: 65 trabajadores mexicanos tratados para trabajar en la isla Brimini, Bahamas (aceptadas y cumplidas en su totalidad o parcialidad);

• Existen 52 millones de mexicanos que viven en pobreza (ONU);

• 24.7 millones de niños viven en pobreza extrema (ONU);

• 16 millones niños ejercen prostitución en México y 80 por ciento tienen entre 10 y 14 años (ONU);

• 2 mil 227 víctimas de delitos conexos, como el lenocinio o la corrupción de menores, fueron rescatadas por las procuradurías estatales (2008, Fevimtra);

• 235 averiguaciones previas integradas  por los probables delitos de violencia contra mujeres y trata de personas (Fevimtra, noviembre de 2009);

• 155 averiguaciones han sido determinadas y 152 en trámite (Fevimtra, 2009);

• Sólo 24 presuntos delincuentes consignados (Fevimtra, 2009); y

• 197 mujeres y niñas localizadas de un total de 293 como desaparecidas reportadas (Fevimtra, 2009).

Considerandos

Primero. Por lo anterior, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ha señalado que la dignidad de la persona humana es un valor inherente a toda persona humana y fundamento último de los derechos de toda persona; no es un bien que pueda ser objeto de intercambio comercial ni de explotación.

Segundo. El delito de trata atenta directamente contra la dignidad de la persona, alejándola de las condiciones de vida que tiene como derecho fundamental que debe ser respetado y protegido.

Esta forma de esclavitud contemporánea no puede tolerar el dominio de la delincuencia a costa de la libertad de una persona y de la libre disposición de sí mismo. El fenómeno de esclavitud, históricamente, ha sido sustentado en el fortalecimiento y sostenimiento de la actividad económica; en su forma contemporánea, implica el fortalecimiento de la delincuencia y un retroceso del respeto a los derechos humanos, vejación directa a la dignidad de la persona y la vida.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad  Pública a efecto de que en su calidad de miembros de la Comisión Intersecretarial para prevenir y sancionar la Trata de Personas continúen llevando a cabo las acciones pertinentes en conjunto con los demás miembros de la comisión, de protección y asistencia a las víctimas de este delito e impulsar programas en forma permanente con el propósito de prevenir dicho ilícito.

Segundo. Se exhorta a los Congresos de las entidades federativas a incluir en su legislación el delito de trata, y a los que ya cuentan con ordenamientos legales en la materia, a realizar las reformas pertinentes a fin de que su legislación sea homologada con la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas.

Tercero. Se exhorta al titular de la Comisión Intersecretarial para prevenir y sancionar la Trata de Personas a promover la suscripción de acuerdos de coordinación, relativos a la seguridad, protección y asistencia a las víctimas del delito de trata de personas, con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2010.— Diputada Rosi Orozco (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputada Rosi Orozco. Túrnese a las Comisiones de Justicia y de Seguridad Pública.

SECRETARIA DE ENERGIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Ramón Ramírez Valtierra, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Energía, a fin de puntualizar la estrategia petrolera, la implementación de las reformas en materia de energía aprobadas por esta soberanía y los conflictos de su gobierno corporativo.

El diputado Ramón Ramírez Valtierra:Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, para nuestro país es prioritario construir un nuevo modelo de industria energética que la convierta en un eslabón esencial de las cadenas productivas y motor del desarrollo económico.

En los últimos años la política energética ha tenido escaso crecimiento en las inversiones por parte del sector público, afectando su expansión y modernización de acuerdo con los requerimientos del México del siglo XXI.

Petróleos Mexicanos es el eje del desarrollo energético nacional en materia de hidrocarburos y ha sido transformado en una fuente de captación desmedida de recursos por el fisco. Simultáneamente se ha disminuido su gasto programable, lo que se refleja en una inversión prácticamente nula en explotación, perforación, refinación y mantenimiento que ha provocado que la declinación en la producción de petróleo en los últimos seis años alcance ya menos un millón de barriles diarios, y que hoy por hoy ha hecho que nuestro país tenga que importar más de 40 por ciento de las gasolinas que consumimos.

Por otra parte, el presidente Calderón habla de propuestas concretas para realizar reformas urgentes de segunda generación en materia energética, y la secretaria Kessel dice que apenas las están analizando.

También, en su momento el presidente declaró que el petróleo se nos está acabando, y la secretaria de Energía nos dice que existen reservas probables y probadas por más de 95 mil millones de barriles.

En el Foro Nacional de la Industria Química celebrado en octubre del año pasado, el presidente de la República comprometió que dentro de los siguientes seis meses se concluirían los trabajos de reconfiguración de la refinería de Minatitlán, que se iniciarían los trabajos de la reconfiguración de la refinería de Salamanca, y también comprometió que dentro de esos seis meses siguientes se iniciaría la construcción de la nueva refinería en Tula de Allende, Hidalgo. Y hoy seguimos esperando.

De la misma manera no entendemos  la actuación de la secretaria Kessel al cancelar diversos proyectos de infraestructura para la generación de energía eléctrica, argumentando que en este año no se prevé crecimiento económico, y en materia petrolera no queremos que suceda lo mismo.

El Poder Legislativo es sensible a la concepción estratégica que debe tener Pemex en nuestro desarrollo y también a la necesidad de modernizarlo. Por ello, en el 2008, consensuó una amplia reforma a su estructura, ingresos, relación fiscal, operación y forma de ser administrada.

En particular, con el mantenimiento de su organización divisional y con la creación de un Consejo de Administración que integra a cuatro expertos independientes, todo ello enfocado a que la empresa cuente con instrumentos que le permitan tomar decisiones con mayor agilidad y eficacia para cumplir con sus objetivos fundamentales.

Sin embargo, la situación ha sido complicada, en particular por el manejo de gobierno y de la titular de la Secretaría de Energía al obstaculizar los procesos y decisiones sin considerar los graves efectos para Pemex y para el país. Esta situación ya ha distraído al gobierno corporativo de Pemex durante más de un año.

Desde principios de 2009 la secretaria Kessel no convocó en tiempo y forma al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y retrasó su instalación. Con ello propició condiciones de ilegalidad en la operación y funcionamiento de Pemex, que debía adoptar medidas que a consideración de dicha funcionaria no resultaban urgentes para la industria.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le pido concluir, diputado.

El diputado Ramón Ramírez Valtierra:Estoy por concluir, presidente. En septiembre de 2009, también al margen de la ley y denunciado por los consejeros independientes, la titular de Energía incluyó a tres consejeros del Estado en los comités de auditoría y evaluación del desempeño, del medio ambiente, y desarrollo sustentable, mismos que deberían ser profesionales en la materia.

Por lo expuesto, presento a esta honorable asamblea para su aprobación el siguiente punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución. Se solicita la comparecencia de la secretaria de Energía, doctora Georgina Kessel, a fin de que explique la estrategia petrolera del gobierno federal y el retraso en la implementación de las reformas en materia energética aprobadas por esta soberanía, así como los conflictos del gobierno corporativo de Pemex. Y nos informe del proceso de reconfiguración de las refinerías de Minatitlán y Salamanca, así como del inicio de la construcción de la nueva refinería en Tula, Hidalgo. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia de la titular de la Sener para que puntualice la estrategia petrolera, la implantación de las reformas en materia de energía aprobadas por esta soberanía y los conflictos de su gobierno corporativo, a cargo del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Para nuestro país, es prioritario construir un nuevo modelo en la industria energética, convirtiéndola en un eslabón esencial de las cadenas productivas y motor del desarrollo económico. En las últimas décadas, la política energética ha tenido escaso crecimiento en las inversiones por parte del sector público, afectando su expansión y modernización de acuerdo a los requerimientos del México del siglo XXI.

Pemex, eje del desarrollo energético nacional en materia de hidrocarburos, a lo largo de su historia, ha sido transformado en una fuente de captación desmedida de recursos por el fisco y se ha disminuido su gasto programable, lo que ha repercutido en una inversión física, prácticamente nula.

Pemex es la empresa responsable del manejo de nuestros hidrocarburos, para el abasto suficiente y eficiente en cantidad, calidad y precio de los combustibles requeridos por la economía nacional. Actualmente aporta el 90.9 por ciento de la energía primaria en nuestro país, más de la tercera parte de los ingresos fiscales y 13 por ciento del valor de nuestras exportaciones.

También es considerada como la quinta empresa petrolera más grande del mundo por volúmenes de producción y la sexta en ventas.

El Poder Legislativo es sensible a la concepción estratégica que debe tener Pemex en nuestro desarrollo y también a la necesidad de modernizarlo. Por ello, en 2008 consensuó una amplia reforma a su estructura, ingresos, relación fiscal, operación y forma de ser administrada. En particular, con el mantenimiento de su organización divisional y con la creación de un Consejo de Administración que integra a cuatro expertos independientes, los legisladores buscamos que la empresa cuente con instrumentos que le permitan tomar decisiones con mayor agilidad y eficacia para cumplir con sus objetivos fundamentales.

La reforma alcanzada fortaleció su autonomía de gestión operativa y administrativa, lo cual implicó modificaciones de fondo en su estructura orgánica. No obstante es necesario que tanto los consejeros gubernamentales como los independientes actúen para fortalecer las facultades y atribuciones del Consejo de Administración de la empresa, de tal manera que no sólo se faciliten las tareas esenciales de una planeación integral debidamente coordinada para que la conducción y operación de todas sus áreas integrantes se realice con eficacia y eficiencia. Ello implica, de igual modo, transparencia en la gestión de la empresa y establecer un sistema eficaz para la rendición de cuentas, con responsabilidades claras.

Sin embargo, la situación ha sido complicada, en particular, por la protección del gobierno y de la titular de la Secretaría de Energía de obstaculizar los procesos y decisiones que no van de acuerdo con una línea vertical y autoritaria, sin considerar los graves efectos para Pemex y para el país.

Esta situación ya ha distraído el gobierno corporativo de Pemex, durante más de un año. Desde abril del 2009 la secretaria Kessel no convocó en tiempo y forma legal al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex), y evitó su instalación. Con ello, propició condiciones de ilegalidad en la operación y funcionamiento de Pemex, demorando el funcionamiento de dicho órgano colegiado, que debía adoptar medidas que, a consideración de dicha funcionaria, no resultaban urgentes para la industria.

Ante esta situación, el director de Pemex, se ocupó de aprobar, autorizar y otorgar resoluciones y convenios que eran de la exclusiva competencia del consejo de administración. La problemática devino hasta la renuncia y sustitución de dicho funcionario.

En septiembre del 2009, también al margen de la ley y denunciado por los consejeros independientes, la titular de Energía incluyó a tres consejeros del Estado en los Comités de Auditoría y Evaluación del Desempeño, y del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, que deberían ser profesionales.

Como corolario de estos desencuentros, la reunión extraordinaria del Consejo de Administración, que estaba prevista para el 12 de enero, se efectuó hasta el 26 de enero, incluyendo en su orden del día los nuevos nombramientos como parte de la reorganización de la paraestatal, pero sobre todo la definición de la reestructura en los términos de la reforma aprobada por esta soberanía en 2008.

Este conjunto de obstaculizaciones, omisiones e intromisiones, que pueden tipificarse como usurpación de funciones están previstas en las Leyes de Responsabilidades, aunque esta representación tiene el derecho a conocer la naturaleza y alcances de esta situación, que lesiona el servicio público y los intereses del país.

Ante ello, nuestra propuesta es que se convoque de manera urgente a la Lic. Georgina Kessel, Secretaria de Energía, para que, además de explicar estos conflictos, detalle de qué manera se está implementando lo aprobado por el Poder Legislativo en materia energética.

Por lo expuesto, presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición, con carácter de urgente y obvia resolución, con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita la comparecencia de la secretaria de Energía, licenciada Georgina Kessel, a fin de puntualizar la estrategia petrolera, la implantación de las reformas en materia de energía aprobadas por esta soberanía y los conflictos de su gobierno corporativo, que han tenido lugar desde 2009.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2010.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado Ramón Ramírez Valtierra. Le pido a la Secretaría...

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, diputado Gerardo Fernández Noroña, dígame.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Estando de acuerdo con lo que ha presentado el diputado Ramírez, sólo quiero hacer la precisión porque dijo que el presidente no sé qué, que el presidente no sé cuánto. No hay presidente. Usurpa la Presidencia, Calderón. Es la precisión que quería hacer.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si lo considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición.

Al no existir ningún legislador registrado se considera suficientemente discutido y le pido a la Secretaría, en votación económica, consulte a la asamblea si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, la mayoría es por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada. Comuníquese.

ESTADO DE SINALOA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Adolfo Rojo Montoya, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública y al gobierno del estado de Sinaloa, a que lleven a cabo una investigación e implementen medidas para deslindar responsabilidades para todos aquellos policías que extorsionan al autotransporte público de carga en dicho estado.

El diputado Adolfo Rojo Montoya:Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes.

El suscrito, diputado federal Adolfo Rojo Montoya, de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública y al Gobierno del estado de Sinaloa a que lleven a cabo una investigación y se implementen medidas para deslindar responsabilidades a todos aquellos policías que extorsionan al autotransporte público de carga en el estado.

Exposición de motivos. El sector es prioritario y estratégico para la economía del país, por la gran cantidad de mercancías y productos que son movilizados por este importante medio, pero éste ha sido seriamente afectado por la crisis económica y el precio de los combustibles poniéndolos en una situación complicada, lo cual ha afectado su operación ante este escenario.

Actualmente, este importante medio de transporte, a través de sus diferentes configuraciones, mueve el 80 por ciento de la carga total del país, por lo que es un sector determinante para impulsar la actividad económica, además de ser un generador de empleos, que tanto se necesitan para el país.

En el caso concreto del autotransporte de carga del estado de Sinaloa, es un eslabón fundamental para el comercio interior y exterior de México, ya que moviliza una importante carga de mercancías y productos de diferente índole, como es el caso de productos agrícolas e industriales, mineros, pesqueros, ganaderos, entre otros.

Actualmente, este importante gremio es objeto de abuso y es extorsionado constantemente por los agentes de tránsito y vialidad del propio estado, así como también por la Policía Federal Preventiva, que aún teniendo su documentación en regla son objeto de este tipo de arbitrariedades.

El modo de operar de estos oficiales de tránsito es que detienen el vehículo y le solicitan con prepotencia su documentación. Si falta algún documento le dicen que tiene que entrarle a la respectiva cuota, que va entre 500 hasta 20 mil pesos, dependiendo de su criterio. Y si no es así se remite el camión al corralón y con ello las sanciones más severas.

Para los transportistas que circulan por las carretas de Sinaloa significa un cobro adicional, el cual es impuesto a voluntad por los agentes de tránsito, considerando que ellos no han hecho ninguna violación al reglamento y que, sin embargo, son extorsionados constantemente.

Al circular por los tramos estatales y/o municipales, también los policías, elementos de la Dirección de Vialidad y Transporte del gobierno del estado, en Culiacán, Guasave, Mazatlán, Salvador Alvarado, Ahome, Escuinapa, Elota y Navolato, también los detienen con fundamento de que traen carga ilegal y los extorsionan.

Lo aquí señalado tiene el único interés de generarle condiciones equitativas al gremio y no estoy a favor ni en contra de ninguna autoridad. Pretendo que se acaben estas prácticas que venimos arrastrando por muchas décadas, con el ánimo de asumir con responsabilidad y se atienda sin distingos esta demanda de los transportistas.

Es necesario que las autoridades correspondientes emprendan acciones para que el gobierno erradique este tipo de prácticas que están afectando seriamente el sector del autotransporte, ya que circular por las carreteras del estado constituye para ellos un gasto más por concepto de mordidas a los oficiales de tránsito.

Es una realidad que se requiere que las autoridades correspondientes del estado y la Secretaría de Seguridad Pública tomen cartas en el asunto, ya que está afectando seriamente a los sinaloenses que se dedican a esta importante actividad.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente punto de acuerdo.

Único. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública y al Gobierno del estado de Sinaloa para que lleven a cabo una investigación y se implementen medidas para deslindar responsabilidades a todos aquellos policías que extorsionan al autotransporte público de carga en el estado. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SSP y al gobierno de Sinaloa a llevar a cabo una investigación e implantar medidas para deslindar responsabilidades a los policías que extorsionan a operadores del autotransporte público de carga en dicho estado, a cargo del diputado Adolfo Rojo Montoya, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Adolfo Rojo Montoya, a la LXI legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública y al gobierno de Sinaloa, para que lleven a cabo una investigación y se implanten medidas para deslindar responsabilidades, a todos aquellos policías que extorsionan al autotransporte público de carga en el estado, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El autotransporte de carga es un sector prioritario y estratégico para la economía del país, por la gran cantidad de mercancías, y productos que son movilizados por este importante medio, pero este ha sido seriamente afectado por la crisis económica y el precio de los combustibles, poniéndolos en una situación complicada, lo cual ha afectado su operación  ante este escenario.

Actualmente este importante medio transporte, a través de sus diferentes configuraciones mueve el 80 por ciento de la carga total del país, por lo que es un sector determinante para impulsar la actividad económica, además de ser un generador de empleos que tanto se necesitan para el país.

En el caso concreto del autotransporte de carga de Sinaloa, es un eslabón fundamental para el comercio interior y exterior de México, ya que moviliza una importante carga de mercancías y productos de diferente índole  como es el caso de productos agrícolas, industriales, mineros, pesqueros, ganaderos, entre otros.

Actualmente este importante gremio es sujeto de abuso y es extorsionado constantemente por los agentes de tránsito y vialidad del propio estado, así como también por la Policía Federal Preventiva, que aun teniendo su documentación en regla son sujetos de este tipo de arbitrariedades.

El modo de operar de estos oficiales de tránsito es que detienen al vehículo, le solicitan con prepotencia su documentación, si falta algún documento le dicen que tiene que “entrale con la respectiva cuota”, que va entre los 500 hasta 20 mil pesos dependiendo de su criterio, y si no es así, se remite el camión al corralón y con ello las sanciones son más severas.

Las carreteras en donde constantemente se están haciendo este tipo de extorsiones es en la carretera internacional tramo Culiacán-Guamúchil (peaje), carretera México-Nogales tramo Villa Unión-Mazatlán (libre), carretera internacional tramo Mazatlán-Culiacán (libre), autopista México-Nogales tramo Tepic-Mazatlán, y tramo Guasave-Los Mochis. Estas carreteras pasan por los municipios de Culiacán, Guasave, Mazatlán, Salvador Alvarado y Navolato.

Para los transportistas que circulan por estas carreteras antes mencionadas, significa un cobro adicional, el cual es impuesto a voluntad por los agentes de tránsito, considerando que ellos no han hecho ninguna violación al reglamento y que sin embargo, son extorsionados constantemente.

Asimismo, también los policías municipales de Culiacán, Guasave, Mazatlán, Salvador Alvarado y Navolato, también los detienen, con fundamentos de que traen carga ilegal y los extorsionan.

El diesel y las autopistas son sus dos principales insumos que representan hasta el 50 por ciento de los costos de operación, a esto habría que sumarle las constantes extorsiones de las que son sujetos por las autoridades policíacas, situación que los pone en verdadera vulnerabilidad e inseguridad.

Es necesario que las autoridades correspondientes emprendan acciones para que el gobierno erradique este tipo de prácticas que están afectando seriamente al sector del autotransporte, ya que el circular por las carreteras de Sinaloa constituye para ellos un gasto más, por concepto de “mordidas” a los oficiales de tránsito.

Es una realidad que se requiere que las autoridades correspondientes del estado y la Secretaría de Seguridad Pública tomen cartas en el asunto, ya que se está afectando seriamente a los sinaloenses que se dedican a esta importante actividad.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría Seguridad Pública y al gobierno de Sinaloa para que lleven a cabo una investigación y se implanten medidas para deslindar responsabilidades, a todos aquellos policías que extorsionan al autotransporte público de carga en el estado.

Palacio Legislativo, a 2 de febrero de 2010.— Diputados: Adolfo Rojo Montoya, Guillermo Cueva Sada (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.

AGENTES DE TRANSITO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Adriana Fuentes Cortés, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos del estado de México y del Distrito Federal a realizar una investigación sobre las corporaciones policiacas y que se finquen responsabilidades a todos aquellos agentes de tránsito que abusan y extorsionan a los conductores con placas de otros estados que circulan por su jurisdicción.

La diputada Adriana Fuentes Cortés: Con la venia de la Presidencia. Me permito presentar el siguiente punto de acuerdo con el fin de que los agentes de tránsito del estado de México y del Distrito Federal no sigan extorsionando a los ciudadanos que circulamos por su jurisdicción con placas foráneas.

En el estado de México y en el Distrito Federal los agentes de tránsito de ambas entidades federativas aplican su reglamento con prepotencia y abuso de poder, debido a que detienen automovilistas, motociclistas y autotransportistas con placas de algún estado que no sea de su jurisdicción con la finalidad de extorsionarlos y aprovecharse de la función que desempeñan para obtener dinero.

Los agentes de tránsito y vialidad abusan de la investidura que tienen. Con actitud prepotente detienen al conductor sin justificación para exigirle sus documentos, sin antes mencionar el motivo de su detención. En el caso de que éstos se encuentren en regla, mencionan al conductor que violó alguna reglamentación buscando siempre una causa, amenazándolo con que lo remitirán al corralón o con el juez calificador, ya sea el caso que proceda. El conductor por temor termina aceptando el atropello al que está siendo sujeto.

Una vez que logró consumar la arbitrariedad, el oficial de tránsito le proporciona una clave al conductor para que si lo detienen otros oficiales ya no sea extorsionado nuevamente y pueda circular con libertad.

En algunos casos utilizan la estrategia de que están llevando a cabo operativos y supervisiones con el fin de detener una gran cantidad de vehículos foráneos que transitan por alguna arteria o vialidad del estado de México o del Distrito Federal, con el único fin de buscar alguna falta de documentación y revisar a detalle cada unidad que detienen para fincarle alguna violación o disposición reglamentaria. Elemento suficiente para presionar psicológicamente al conductor y timarlo.

Las infracciones que aplican los agentes de tránsito van desde los 5 hasta los 30 salarios mínimos que se aplican a todo aquél que infrinja el reglamento, situación que se presta para extorsionarlos.

Este tipo de prácticas de corrupción dañan severamente la economía de los estados, ya que en caso de que se hubiera cometido una violación reglamentaria los policías de tránsito reciben el dinero de la multa que debería canalizarse a las finanzas públicas. Además, este tipo de actos afecta seriamente la economía familiar de los agredidos al tener que pagar a los uniformados por concepto de las respectivas multas o mordidas.

Ser un agente de tránsito y vialidad implica una responsabilidad muy grande con la ciudadanía. De acuerdo con el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el servidor público debe salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones.

Las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, además de las que señalan las leyes consistirá en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable, y por los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109 de la Constitución. Éstos sin exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.

Por lo anterior, se desaprueba enérgicamente este tipo de prácticas que lesionan a la ciudadanía y retrasan al país, por lo que legislaremos con rigor el combatir la impunidad, la prepotencia, el soborno y la corrupción que laceran y destruyen a las instituciones. No por algunos seudofuncionarios que carecen de compromiso y ética profesional se perderá la confianza de la población en instituciones tan importantes, como es el caso de las corporaciones policiacas.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente punto de acuerdo.

Único. Se exhorta a los gobiernos del estado de México y del Distrito Federal para que realicen una investigación sobre las corporaciones policiacas y se deslinden las responsabilidades a todos aquellos agentes de tránsito que buscan y extorsionan a los conductores con placas de otros estados que circulan por su jurisdicción. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos del estado de México y del Distrito Federal a investigar sobre las corporaciones policiacas y a deslindar responsabilidades a los agentes de tránsito que abusan y extorsionan a conductores de vehículos con placas de otros estados que circulan por su jurisdicción, a cargo de la diputada Adriana Fuentes Cortés, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Adriana Fuentes Cortés a la LXI legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta asamblea el punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos del estado de México y del Distrito Federal para que realicen una investigación sobre las corporaciones policiacas y se deslinden responsabilidades a todos aquellos agentes de tránsito que abusan y extorsionan a los conductores con placas de otros estados que circulan por su jurisdicción, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En el estado de México y en el Distrito Federal los agentes de tránsito de ambas entidades federativas aplican el reglamento con prepotencia y abuso de poder, ya que detienen a automovilistas, motociclistas y autotransportistas con placas de algún estado que no sea de estos, con la finalidad de extorsionarlos y aprovecharse de la función que desempeñan para obtener dinero.

Los agentes de tránsito y vialidad abusan de la envestidura que tienen, con una aptitud prepotente, detienen al conductor ya sea motociclista, automovilista o autotransportista para exigirle sus documentos sin antes mencionar el motivo de detención, les quitan la documentación oficial, como si ésta fuera de su propiedad, en el caso de que se encuentre en regla, le menciona que violó alguna reglamentación, cuando en realidad no fue así, amenazando que lo remitirá al corralón o con el juez calificador, ya sea el caso que proceda, y el conductor por el temor termine aceptando el atropello del que está siendo sujeto.

Una vez que logró consumar la arbitrariedad, el oficial de tránsito le proporciona una clave al conductor para que si lo detienen otros oficiales ya no sea extorsionado nuevamente.

En algunos casos utilizan la estrategia de que están llevando operativos y supervisiones, con el fin de detener una buena cantidad de vehículos foráneos que transitan por alguna arteria o avenida del estado de México o el Distrito Federal, para buscar alguna falta de documentación y revisar a detalle cada unidad que detienen, para fincarle alguna violación a alguna disposición reglamentaria, elemento suficiente para presionar psicológicamente al conductor y timarlo.

Las cifras que aplican los agentes de tránsito en las extorsiones oscilan desde 200 pesos a automovilistas y motociclistas, hasta 25 mil pesos que aplican al autotransporte de carga  público.

Este tipo de prácticas de corrupción dañan severamente a la economía de los estados, que en este caso concreto son el Distrito Federal y el estado de México, ya que los policías de tránsito reciben el dinero de la multa, que debería canalizarse a las finanzas. Además de que este tipo de actos afectan seriamente la economía familiar de los agredidos, al tener que pagarle a los uniformados por concepto de las respectivas multas o mordidas a los uniformados.

El ser un agente de tránsito y vialidad implica una responsabilidad muy grande con la ciudadanía, ya que de acuerdo con el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) el servidor público debe salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones.

Las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109 de la CPEUM, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.

Con lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional desaprueba enérgicamente este tipo de prácticas que lesionan a la ciudadanía y retrasan al país. El partido legislará con rigor el combatir la impunidad, la prepotencia, el soborno y la corrupción que laceran y destruyen a las instituciones y no por algunos seudo funcionarios que carecen de compromiso y ética profesional, se perderá la confianza de la población en instituciones importantes como es el caso de las corporaciones policíacas del estado de México y del Distrito Federal.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los gobiernos del estado de México y del Distrito Federal para que realicen una investigación sobre las corporaciones policiacas y se deslinden responsabilidades a todos aquellos agentes de tránsito que abusan y extorsionan a los conductores con placas de otros estados que circulan por su jurisdicción.

A todo aquel diputado que quiera sumarse a la proposición con punto de acuerdo, la propuesta está abierta.

Diputada Adriana Fuentes Cortés (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.

TARIFAS DE PEAJE

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Gumercindo Castellanos Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a llevar a cabo un estudio integral para la aplicación de tarifas de peaje.

El diputado Gumercindo Castellanos Flores: Con su venia, señor presidente. El de la voz, diputado Gumercindo Castellanos Flores, integrante de esta LXI Legislatura, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presento ante esta asamblea un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que lleven a cabo un estudio integral para la aplicación de tarifas de peaje diferenciadas como medida para apoyar e incentivar el sector de autotransporte con base en lo siguiente:

El autotransporte federal de carga en sus diferentes configuraciones constituye un pilar importante para el desarrollo económico del país. Cabe destacar que a nivel nacional el autotransporte de carga en el 2005 movió un total de 435.5 millones de toneladas y para el 2007 registró 473.9 millones de toneladas, teniendo un crecimiento de 8.8 por ciento. Cifra superior con respecto al movimiento de carga que transportó el servicio ferroviario en el 2007, que fue de 99.8 millones de toneladas.

Sin embargo, ha habido factores que impactaron negativamente al autotransporte de carga sobre todo en estos últimos tres años: el primero es el alza del precio del combustible. El segundo es el costo del peaje en las autopistas. Y el tercero, los efectos negativos de la crisis económica que afectaron drásticamente a toda la actividad, frenando con ello el movimiento de carga de productos y mercancías.

La autorización de las tarifas de peaje le corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en aquellas obras carreteras concesionadas a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos; para los caminos y puentes concesionados a terceros, en los cuales este organismo se desempeña sólo como operador, la autorización de las tarifas corresponde al Comité Técnico integrado por las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes, de la Función Pública y el concesionario respectivo. En todos los casos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes interviene en los trámites y registra las tarifas autorizadas.

Cabe señalar que una parte importante del peaje es destinada a la administración, operación, construcción, mantenimiento, ampliación y modernización de estas obras carreteras, las cuales requieren estar en buen estado para la seguridad de los usuarios que circulamos por ellas.

Por lo cual consideramos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la de Secretaría de Hacienda y Crédito Público estudien la posibilidad de aplicar una tarifa diferenciada en el peaje como ocurre en otros países. Por lo que se propone que el costo actual opere en un horario de las 6 de la mañana a las 22:59 horas y el costo diferenciado de las 23 horas a las 5:59 horas, logrando con ello la reducción de cuellos de botella, disminución de la contaminación, aprovechamiento de vialidades, reducción del tránsito por caminos libres de cuota y fomentar un mayor aforo de vehículos de carga por las autopistas del país.

Es importante comentar que la implementación de una tarifa diferenciada provoca que se incentive el uso de las autopistas por el autotransporte de carga, ya que los transportistas se concentrarían en horarios en que las autopistas tienen menor aforo vehicular, generando con ello una reducción de costos y tiempo para el sector, además de que las autopistas de peaje cuentan con diversos servicios y proporcionan mayor seguridad para las condiciones estructurales y geométricas para el tránsito pesado.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional tiene claro que se requiere que México cuente con un sector de autotransporte que mueva grandes cantidades de carga en todo el territorio nacional, que sea moderno y eficiente, altamente seguro y que las tarifas que establezca representen el costo del servicio. Y que éstas sean competitivas y que beneficien a la industria nacional.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente punto de acuerdo.

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que lleven a cabo un estudio integral para la aplicación de tarifas de peaje diferenciadas como medida para apoyar e incentivar el sector del autotransporte.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que en un plazo no mayor de 60 días naturales entregue un informe a esta soberanía. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la SHCP a llevar a cabo un estudio integral a fin de aplicar tarifas de peaje diferenciadas para estimular el sector de autotransporte, afectado por la crisis económica, a cargo del diputado Gumercindo Castellanos Flores, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Gumercindo Castellanos Flores, a la LXI legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que lleven a cabo un estudio integral para la aplicación de tarifas de peaje diferenciadas, como medida para apoyar e incentivar al sector del autotransporte, con base en lo siguiente

Exposición de Motivos

El autotransporte federal de carga en sus diferentes configuraciones constituye un pilar importante para el desarrollo económico del país, ya que una gran cantidad de mercancías y productos agrícolas, industriales y mineros son movilizados por este importante medio de transporte.

Cabe destacar que a nivel nacional el autotransporte de carga en 2005 movió un total de 435.5 millones de toneladas, y para 2007 registró 473.9 millones de toneladas, teniendo un crecimiento de 8.8 por ciento. Cifra superior con respecto a al movimiento de carga que transportó el servicio ferroviario en 2007 que fue de 99.8 millones de toneladas.

Sin embargo, ha habido factores que impactaron negativamente al autotransporte de carga, sobre todo en estos últimos tres años. El primero es el alza del precio del combustible, el segundo es el costo del peaje en las autopistas, y el tercero son los efectos negativos de la crisis económica, que afectaron drásticamente a toda la actividad, frenando con ello, el movimiento de carga de productos y mercancías.

La autorización de las tarifas de peaje le corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en aquellas obras carreteras concesionadas a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos y para los caminos y puentes concesionados a terceros, en los cuales este Organismo se desempeña sólo como operador. La autorización de las tarifas corresponde a Comités Técnicos integrados por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Comunicaciones y Transportes, Función Pública y el concesionario respectivo. En todos los casos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes interviene en los trámites y registra las tarifas autorizadas.

Cabe señalar que una parte importante del peaje es destinado a la administración, operación, construcción, mantenimiento, ampliación y modernización de estas obras carreteras, las cuales requieren estar en buen estado, para la seguridad de los usuarios que circulan por ellas.

Por lo que consideramos que la SCT y la SHCP estudien la posibilidad de aplicar una tarifa diferenciada en el peaje como ocurren en otros países, por lo que se propone que el costo actual opere en un horario de 6:00 a 22:59 horas y el costo diferenciado de 23:00 a 5:59 horas, logrando con ello reducción de cuellos de botella, disminución de la contaminación, aprovechamiento de vialidades, reducción del tránsito por caminos libre de cuota y fomentar un mayor aforo de vehículos de carga por las autopistas del país.

Es importante comentar que la implementación de una tarifa diferenciada provoca que se incentive el uso de las autopistas por el autotransporte de carga, ya que los transportistas se concentrarían en horarios en que las autopistas tienen menor aforo vehicular, generando con ello una reducción de costos y tiempos para el sector, además de que las autopistas de peaje cuentan con diversos servicios y proporcionan mayor seguridad por sus condiciones estructurales y geométricas para el transito pesado.

El Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional tiene claro que se requiere que México cuente con un sector de autotransporte que mueva grandes cantidades de carga en todo el territorio nacional, que sea moderno y eficiente, altamente seguro, y que las tarifas que establezca representen el costo del servicio, y que estas sean competitivas y que beneficien a la industria nacional.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que lleven a cabo un estudio integral para la aplicación de tarifas de peaje diferenciadas, como medida para apoyar e incentivar al sector del autotransporte.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en un plazo no mayor a 60 días naturales, entregue un informe sobre el estudio de referencia a esta soberanía.

Palacio Legislativo, a 2 de febrero de 2010.— Diputado Gumersindo Castellanos Flores (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Transportes y de Hacienda y Crédito Público.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Sergio Tolento Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Sagarpa, a través del programa Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, para que haciendo uso de los recursos asignados para el ejercicio 2010 considere prioritario apoyar la comercialización de trigo de productores del valle de Mexicali, en Baja California.

El diputado Sergio Tolento Hernández:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, buenas tardes. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 y fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones.

La transformación social y económica del campo debe fundarse en el destino universal de los bienes. Exige garantizar un sustento digno y suficiente a las comunidades del campo y sus generaciones venideras.

El trigo junto con el maíz son muy importantes para la dieta del ser humano. La producción y consumo de dichos granos se encuentra ampliamente extendida alrededor de todo el mundo. El trigo ocupa el segundo lugar sólo después del maíz.

Los estados del noroeste de México, en particular la región del valle de Mexicali, Baja California, considerada zona libre del carbón parcial, aporta el 55 por ciento de la producción nacional de dicho cereal.

Por su condición y ubicación geográfica, el valle de Mexicali ha orientado sus producciones en los trigos cristalinos de exportación, representando éstos un 84 por ciento del total de la cosecha de cada año.

En este contexto, el programa de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) ha sido fundamental, ya que el consumo local y regional de la cosecha de trigo es de tan sólo el 24 por ciento, por lo que la producción de trigo cristalino presenta un excedente de comercialización en el estado, y la superficie sembrada de trigo del ciclo agrícola 2009-2010 es por el orden de 90 mil 194 hectáreas para una producción esperada de 560 mil toneladas, de las cuales 430 mil pertenecen a trigos cristalinos que son excedentes de comercialización y son para su exportación.

Existe una intención de compra por parte de la industria harinera por la cantidad de 78 mil toneladas. Para el caso de trigo cristalino 120 mil que son para la elaboración de pastas y consumo pecuario. Sin embargo, existen 360 mil toneladas que deben ser comercializadas para la exportación, ya que no tienen destino local o nacional.

El alza en los costos de los insumos en relación a las cosechas anteriores ha afectado la rentabilidad, debiéndose conciliar los intereses del orden productivo con las políticas emanadas de los distintos niveles de gobierno, por lo que existe la necesidad de que Sagarpa destine recursos para favorecer el desplazamiento de la cosecha de Baja California a destinos como Marruecos, Argelia e Italia. Por lo cual debe establecer un programa de apoyo a la exportación, toda vez que la volatilidad de los precios internacionales no garantiza el desplazamiento de la cosecha.

Para que se lleve a cabo dicho desplazamiento del orden de las 360 mil toneladas fuera del país es necesario contar con un apoyo a la exportación similar al del año anterior, que fue de 300 pesos por tonelada.

Adicionalmente se requiere que Sagarpa destine recursos para el apoyo a la toma de coberturas simples para el caso del trigo cristalino de exportación a favor de los productores, subsidiando el 100 por ciento del costo, lo que permitiría garantizar el precio al productor al momento de la cosecha.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se hace un atento exhorto a Sagarpa y a Aserca para que haciendo uso de los recursos asignados para el ejercicio fiscal 2010, consideren prioritario apoyar la comercialización de trigo de productores del valle de Mexicali, en el estado de Baja California, con la finalidad de fortalecer la competitividad de una de las principales entidades productoras de trigo del país.

Es cuanto, señor presidente, y le solicito que el documento se incluya íntegro en el Diario de los Debates.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, mediante el Programa de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, a efecto de que con los recursos asignados para el ejercicio fiscal de 2010 considere prioritario apoyar la comercialización de trigo de productores del valle de Mexicali, Baja California, a cargo del diputado Sergio Tolento Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Sergio Tolento Hernández, diputado en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El trigo, junto con el maíz y el arroz son muy importante para la dieta humana, la producción y consumo de dichos granos, se encuentra ampliamente extendida alrededor de todo el mundo; el trigo ocupa el segundo lugar solo después del maíz, aunque es de señalarse que para consumo humano es el grano que tiene mayor relevancia. Alrededor del 75 por ciento se consume de manera directa, esto es, a través de productos finales como pan, harina, pastas alimenticias; el 15 por ciento de forma indirecta a través de productos animales y el resto se emplea como semilla.

Los estados del noroeste de México, en particular la región del Valle de Mexicali, Baja California, considerada zona libre de carbón parcial aporta el 55 por ciento de la producción nacional de dicho cereal. Asimismo gracias al desa-rrollo agroalimentario y a la aplicación de los adelantos tecnológicos más avanzados en materia agronómica se han podido obtener cosechas con altos rendimientos, sobre todo en las zonas de riego. Esta situación aunada al clima predominante en el Valle de Mexicali lo ha convertido en la principal región productora de trigo, por lo cual  se hace necesario  potenciar el incremento inicial de semillas de nuevas y de las actuales variedades.

Por su condición y ubicación geográfica el Valle de Mexicali ha orientado su producción hacia los trigos cristalinos de exportación representando estos un 84 por ciento del total de la cosecha de cada año.

En este contexto el Programa de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) ha sido fundamental, ya que el consumo local y regional de la cosecha de trigo es de tan solo el 24 por ciento, por lo que la producción de trigo cristalino presenta un excedente de comercialización en el estado.

Dicha situación resulta favorable si se tiene en cuenta que el crecimiento de las importaciones mundiales del cereal seguirá concentrado en los países en desarrollo, principalmente en África, el Medio Oriente y Asia, donde el mayor ingreso y el crecimiento de la población anticipan una mejor demanda. Los cambios más representativos, se darán en Brasil, Egipto, Indonesia, Pakistán, Filipinas, Argelia y la región del Subshara.

En términos de volumen, el comercio mundial de trigo, incluyendo harina, aumentará 26 millones de toneladas entre 2008 y 2017, para superar 137 millones de toneladas; Además, con el inminente reconocimiento por parte de Estados Unidos y Canadá como zona libre de carbón parcial, traerá consigo la oportunidad de competir con semillas de buena calidad en los mercados internacionales.

Asimismo, debido al encarecimiento de los precios del maíz y sorgo, el sector forrajero ha comenzado a utilizar al trigo como un insumo alternativo, por lo que el uso como forraje del cereal podría subir hasta en un 37 por ciento a 4.76 millones de toneladas durante el actual ciclo agrícola. Las proyecciones a corto plazo señalan que esa tendencia podría mantenerse hasta el año 2010 cuando el consumo ascienda a 5.85 millones de toneladas.

Se estima que la intención de siembra de trigo ciclo agrícola 2009-2010 sea por el orden de las 90 mil 194 hectáreas, para una producción esperada de 559 mil 300 toneladas, de las cuales 430 mil toneladas pertenecen a trigos cristalinos, que son excedentes de comercialización para su exportación.

Existe una intención de compra por parte de la industria harinera por la cantidad de 78 mil toneladas de trigo harinero, lo cual permite comercializar este volumen sin problemas bajo el esquema de agricultura por contrato, en unas 13 mil hectáreas de siembra.

Para el caso de trigo cristalino existe una intención de compra de 121 mil toneladas de trigo para la elaboración de pastas, sémola y consumo pecuario, lo que permite que este trigo reciba el mismo tratamiento del trigo harinero en el esquema de agricultura por contrato y no tenga problemas de comercialización.

Sin embargo, existen 360 mil toneladas que deben ser comercializadas para la exportación ya que no tienen un destino local o nacional. Para este tipo de trigo se cuenta con las empresas exportadoras que actualmente habilitan a los productores a través de los centros de acopio para que se siembre dicho trigo.

El alza en los costos de los insumos, en relación a las cosecha anteriores ha afectado la rentabilidad, debiéndose conciliar los intereses de orden productivo con las políticas emanadas de los distintos niveles de gobierno, a fin de hacer frente a los impactos negativos sobre la producción de trigo en la región, además, los altos niveles de inventarios y abundante producción mundial hacen ver un panorama no claro tanto en el nivel de precio al productor, como en lo que se refiere a la comercialización del ciclo agrícola 2009-2010, pudiendo generarse un cuello de botella en lo referente a la exportación si el gobierno federal deja de apoyar a este sector.

Es por ello que debemos enfocar los esfuerzos en mitigar la problemática por los excedentes de trigo cristalino, fortaleciendo el programa de exportación en Baja California, estableciendo desde el momento mismo de la siembra un sistema de agricultura por contrato, entre productores y compradores. Igualmente mediante la toma de coberturas por parte del programa de Aserca, debemos darle certidumbre al sector exportador, para que los apoyos destinados al programa por excedentes de comercialización de trigo no sufra recorte presupuestal y así fortalecer la competitividad de los productores mediante la tecnificación y modernización de sus unidades de producción y el apoyo para la adquisición de activos productivos.

Dada esta situación, se requiere que Sagarpa destine recursos para favorecer el desplazamiento de la cosecha de Baja California a destinos como Marruecos, Argelia e Italia, para lo cual debe establecer un programa de apoyo a la exportación, toda vez que la volatilidad de los precios internacionales no garantiza el desplazamiento de la cosecha.

Adicionalmente, se requiere que Sagarpa destine recursos para el apoyo a la toma de coberturas simples para el caso del trigo cristalino de exportación a favor de los productores, subsidiando el 100 por ciento del costo, lo que permitirá garantizar un precio al productor al momento de la cosecha. Este programa requiere de subsidios por parte del gobierno federal del orden de 126 millones de pesos.

Por lo expuesto, someto a consideración de ésta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se hace un atento exhorto a Sagarpa y a Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, Aserca, para que haciendo uso de los recursos asignados para Ejercicio Fiscal 2010 consideren prioritario apoyar la comercialización de trigo de productores del Valle de Mexicali, en Baja California, con la finalidad de fortalecer la competitividad de una de las principales entidades productoras de trigo del país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el martes 2 de febrero de 2010.— Diputado: Sergio Tolento Hernández, Francisco Javier Orduño Valdez (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Óscar Martín Arce Paniagua, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que a través de la Secretaría de Gobernación se liberen los recursos del Fonden para el municipio de Tijuana, que ha sido afectado por un nuevo frente frío y lluvias de fuertes a intensas y poder atender la contingencia en dicha entidad federativa.

El diputado Óscar Martín Arce Paniagua:Gracias, señor presidente. La proposición con punto de acuerdo que me permito poner a su consideración hoy, tiene como fundamento las lluvias que han azotado la región costera de Baja California desde hace dos semanas, que no han cesado y que se pronostica esta semana con lluvias intensas.

Como ustedes bien lo saben, nosotros residimos en zonas semidesérticas en donde en las pasadas semanas ha estado lloviendo lo que no había llovido en más de dos años. Por tanto, hubo varias tragedias donde perdieron la vida algunos niños a causa de las graves inundaciones. También la infraestructura pluvial del estado se vio de alguna manera llevada a su máxima capacidad en desazolvadores y todo lo que tiene que ver con los movimientos que hacen las lluvias principalmente en zonas, como digo, semidesérticas.

Hemos estado apelando a que se agilicen los recursos de los fondos de la Secretaría de Gobernación, específicamente para la ciudad de Tijuana, ya que los mantos actualmente están recargados frente a la capacidad de absorción de la tierra. Y no solamente nos ha llevado a una serie de desastres que ya pasaron, sino que actualmente la capacidad de absorción es mínima y tenemos que actuar con rapidez para agilizar toda la parte que tiene que ver con la infraestructura, por la gente que sufrió pérdida de sus habitaciones por los deslaves y por una serie de cuestiones que tienen que llevar para tener una normalidad y poder atender las contingencias que se han estado dando este fin de semana y esta semana.

Por tanto les estoy pidiendo, compañeros diputados, en este punto que lo atendamos como de obvia o urgente resolución, que nos apoyen con el voto a fin de que se le giren instrucciones, a través de un exhorto, a la Secretaría de Gobernación, y que nos libere lo más rápido posible los recursos para poder auxiliar a la gente que está esperando, por supuesto con estos fondos, tener una normalidad cotidiana, tal y como ha pasado en estos días recientes en el estado de México, en Michoacán y en otras entidades en donde nos ha desfasado la naturaleza. Es cuanto, presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a liberar mediante la Segob los recursos del Fonden para Tijuana, afectada por un nuevo frente frío y lluvias de fuertes a intensas, y atender la contingencia en dicha entidad federativa, a cargo del diputado Óscar Martín Arce Paniagua, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del PAN de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte al Poder Ejecutivo federal, mediante la Secretaría de Gobernación, para solicitar que libere recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales para el municipio de Tijuana que ha sido afectado por un frente frío y lluvias de fuertes a intensas y poder atender la contingencia en dicha entidad federativa, en los siguientes términos

Exposición de Motivos

Año con año nos enfrentamos en diversas partes de nuestro país a fenómenos naturales que tienen grandes costos, no sólo materiales sino que provocan pérdidas humanas irreparables.

Solamente en este año, como consecuencia de las intensas lluvias caídas en Baja California, se han visto afectadas decenas de familias por deslizamientos de tierra, inundaciones, etcétera.

La ciudad de Tijuana se encuentra muy lastimada, fuentes de protección civil de la ciudad informaron a las autoridades diversas muertes ocurridas por desprendimientos de tierra en los cerros, el panorama es desolador entre barro e inundaciones en las principales vías de comunicación.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que, en el norte de Baja California, una fuerte tormenta de baja presión generó el frente frío numero 26 y un nuevo evento invernal, ocasionando potencial de lluvias de fuertes a intensas, vientos que pudieron superar los 80 kilómetros por hora, granizo, oleaje elevado de 3 a 5 metros.

Tijuana es una de las principales localidades afectadas en Baja California, todavía es muy pronto para tener una estimación precisa de los daños materiales causados por el meteoro en la entidad.

Es claro que las prioridades del gobierno federal deben estar del lado de las familias más necesitadas y destinar los recursos necesarios en el desarrollo del país, en particular en la prevención y atención de desastres naturales.

Tijuana requiere la disponibilidad financiera de gobierno federal por lo que resulta apremiante que se liberen los fondos para hacer frente a esta contingencia.

Como un ejemplo de las afectaciones que ha sufrido Baja California, refleja que al menos en 17 millones de pesos fueron valuados los daños de los 178 planteles de educación básica de la entidad que resultaron afectadas por las lluvias que azotaron la semana pasada dicha entidad federativa.

El secretario de Educación de Baja California señala que tan sólo en el municipio de Tijuana 55 planteles de educación básica sufrido problemas por las lluvias, lo que significa casi la tercera parte de los daños evaluados en todo el estado.

Las afectaciones que sufrieron los planteles están relacionadas con la impermeabilización, los cortos circuitos, el encharcamientos de plazas cívicas y salones, bardas colapsadas, desprendimientos de techos y estructuras metálicas.

Asimismo, las intensas lluvias que han azotado a Tijuana generaron el desalojo de varias colonias del municipio, informándose personas desaparecidas, daños en viviendas, carreteras e instalaciones hidráulicas, en el tendido eléctrico y en el servicio telefónico local.

Según informes de Protección Civil municipal unas 2 mil personas están en albergues. La comunicación telefónica está suspendida en varias zonas y el tránsito vehicular se ha reducido al mínimo debido a que las autoridades pidieron a la población evitar viajar o salir.

Hace unos días, una vivienda quedó sepultada por un talud que se derrumbó durante las lluvias registradas la mañana de ese día en Tijuana sin que hubiera personas lesionadas gracias a que en ese momento no había ocupantes.

La Comisión Permanente aprobó por unanimidad en la penúltima sesión un punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución por el cual exhortó al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, para que liberara recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales a dos municipios conurbados a la ciudad de Tijuana refiriéndome a Playas de Rosarito y Ensenada, cuando dicha ciudad de Tijuana fue también severamente castigada por el fenómeno meteorológico, considerando que se le debe dar el mismo apoyo y tratamiento que las ciudades antes señaladas.

Por las consideraciones expuestas, y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para que sea considerado de urgente u obvia resolución, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acurdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo federal, mediante la Secretaría de Gobernación, para solicitar que libere recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales para el municipio de Tijuana que ha sido afectado por un nuevo frente frío y lluvias de fuertes a intensas y poder atender la contingencia en dicha entidad federativa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2010.— Diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputado. Le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Permítame, diputado. Dígame, diputado Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Durante la sesión del día de ayer se acordó que todos los temas que implicaran desastres naturales, solicitudes de emergencia fueran tratados en la Junta. Le pediría al diputado Arce Paniagua si nos permitiera que su punto tuviera el mismo tratamiento que han tenido otros, en la Junta, y que se turnara a la Junta de Coordinación Política para que lo atendiera de inmediato.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Pregunto al diputado Arce Paniagua, acerca de lo que plantea el diputado Ramírez Marín.

El diputado Óscar Martín Arce Paniagua:De acuerdo, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Está de acuerdo el diputado Arce Paniagua. Entonces se retira y se le dará el mismo tratamiento que a las anteriores. Muchas gracias.

Se pospone la participación de la diputada María Yolanda Valencia Vales, del Grupo Parlamentario del PAN.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ante el pleno de esta soberanía, a efecto de que explique porqué se tuvo un subejercicio en 2009 de cerca de 15 mil millones de pesos.

El diputado Pablo Escudero Morales:Gracias, señor presidente. Con su permiso. Compañeros diputados, quisiera comentarles que yo tenía preparadas otras notas para este punto de acuerdo, notas exclusivas del subejercicio de la SCT por más de 14 mil millones, pero esta semana, estudiando y revisando los temas presupuestales, me encontré que la irregularidad, el crimen presupuestario, porque eso es un subejercicio, un crimen contra y para todos los mexicanos, se repite en otras dependencias. No es exclusivo de la SCT.

Existen muchas en el mismo supuesto, pero en esta ocasión sólo tengo tres minutos en tribuna para hablar de éstas. Por tanto, quiero enfocarme al sector salud.

La Secretaría de Salud reporta un subejercicio de 9 mil 900 millones en 2009. En el sector de seguridad pública la Procuraduría General de la República reporta un subejercicio de mil 400 millones en 2009. La Secretaría de Gobernación con un subejercicio de mil 600 millones. La Secretaría de Seguridad Pública con un subejercicio de 3 mil 200 millones en 2009. Es decir, sólo entre estas cinco: SCT, Salud, PGR, Segob y Seguridad Pública tienen un subejercicio de casi 27 mil 600 millones de pesos. Sólo entre estas cinco, 27 mil 600 millones de pesos.

En el sector salud encontramos grandes deficiencias en la atención médica y en el abastecimiento de medicinas, así como en la inversión en infraestructura. Y reportan un subejercicio de esta magnitud.

¿Qué podemos decir de la seguridad pública? Un fracaso rotundo. Más de 15 mil 500 homicidios violentos con una estrategia de ocupación y no de recuperación. No tenemos ni una sola plaza recuperada en la que se pueda caminar sin miedo en este país.

¿Qué sucede en el gobierno federal que no es capaz ni siquiera de ejercer los recursos de los programas prioritarios para este país? Hace tan sólo algunos meses el presidente Felipe Calderón propuso un plan anticíclico para enfrentar la crisis económica que aquejaba y aqueja a este país. ¿Dónde quedaron estos programas? Lamentablemente fue una promesa más sin cumplir.

Compañeros, subejercicio de más de 27 mil millones de pesos en sectores tan importantes, tan delicados y tan sensibles para todos los mexicanos.

Por lo anterior, propondré a los integrantes de la Comisión de la Función Pública citar a comparecer a cada uno de los secretarios de Estado, a cada uno de los titulares a que expliquen detalladamente en qué consisten estos subejercicios.

Señor presidente, por lo anteriormente expuesto solicito que el punto de acuerdo quede de la siguiente forma: urgente u obvia resolución. Se requiere la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes para que comparezca ante la Comisión de la Función Pública para que explique el subejercicio del presupuesto en 2009. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la SCT ante el pleno de esta soberanía para que explique el subejercicio, de casi quince mil millones de pesos, registrado en 2009, a cargo del diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del PVEM

Pablo Escudero Morales, diputado federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea la presente proposición que contiene punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el que:

Se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ante el pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a efecto de que explique por qué tuvo un subejercicio en 2009 de cerca de $15,000,000,000.00 (quince mil millones de pesos).

Con base en los siguientes:

Antecedentes

En el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se señala que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que dirige Juan Molinar Horcasitas, fue dotada de un presupuesto de................. $62,736,000,000.00 (sesenta y dos mil setecientos treinta y seis millones de pesos), de los cuales sólo fueron ejecutados durante el ejercicio 2009 $47,876,000,000.00 (cuarenta y siete mil ochocientos setenta y seis millones de pesos), es decir el 76.3 por ciento del total asignado.

De acuerdo con estos datos encontramos que en el 2009 existió un subejercicio en el gasto público de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de $14,860,000,000.00 (catorce mil ochocientos sesenta millones de pesos).

Una vez revisados los antecedentes, el presente punto de acuerdo se sustenta en los siguientes

Considerandos

Como diputados no podemos permitir que persista la existencia de los subejercicios presupuestales. Por un lado la ciudadanía resiente el aumento en el cobro de los impuestos, situación que resulta de mayor gravedad si consideramos la crisis económica generalizada que atravesamos en estos momentos, y por el otro lado atestigua como el gasto público es ejercido de manera incompleta e irresponsable.

Debemos de conocer de primera mano y a la brevedad las causas que han provocado esta situación, por lo que considero indispensable la comparecencia del Secretario de Comunicaciones y Transportes ante el pleno de esta H. Cámara de Diputados para que exponga las razones que han provocado un subejercicio de cerca de $15,000,000,000.00 (quince mil millones de pesos).

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.Se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ante el pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a efecto de que explique por qué tuvo un subejercicio en 2009 de cerca de $15,000,000,000.00 (quince mil millones de pesos).

Diputado Pablo Escudero Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, señor diputado Pablo Escudero Morales. Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición.

Al no haber oradores inscritos se considera suficientemente discutida. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada. Comuníquese.

Se pospone la participación de una propuesta por el Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo.

Tiene la palabra el diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social) y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que proporcionen información concreta sobre la utilización de los datos de medición de pobreza. No se encuentra el señor diputado Samuel Herrera Chávez, por tanto se va hasta el final de las proposiciones.

Tiene la palabra el diputado Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo al incumplimiento del gobierno federal del envío del Plan de Reducción de Emisiones. No se encuentra en el recinto el diputado Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario, por tanto se pone al final la participación.

ESTADO DE MEXICO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Omar Rodríguez Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Sedesol y a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra a que se aboquen a la reubicación del asentamiento humano irregular establecido en zona federal, que se encuentra ubicado sobre la avenida de las Torres en el tramo comprendido entre la avenida Bordo de Xochiaca de la avenida Texcoco en Ciudad Nezahualcóyotl del estado de México.

El diputado Omar Rodríguez Cisneros: Con su venia, señor diputado presidente. Diputadas y diputados, el suscrito diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, Omar Rodríguez Cisneros, con fundamento en la fracción II del artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la propuesta con punto de acuerdo.

Para que se exhorte a las dependencias del gobierno federal: Secretaría de Desarrollo Social, Subsecretaría de De-sarrollo Urbano y Ordenación de Territorio, y a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, a fin de que se aboquen de manera conjunta a resolver la reubicación del asentamiento humano irregular establecido en zona federal, que se encuentra ubicado sobre avenida de las Torres, en el tramo comprendido entre la avenida Bordo de Xochiaca y la avenida Texcoco en Ciudad Nezahualcóyotl, estado de México, con base en las siguientes consideraciones.

A partir de la década de los sesenta del siglo pasado se inició el fenómeno social de urbanización y de asentamientos humanos irregulares. Esto se debió especialmente a la migración interna por la expulsión de núcleos familiares del Distrito Federal hacia el estado de México, que sirvió como estado receptor, motivados por la búsqueda de una mejor calidad de vida que les permitiera satisfacer la imperiosa necesidad de ser propietarios de una vivienda.

Ante esa situación, los gobiernos federal y del estado de México en el ámbito de sus respectivas competencias afrontaron el reto que permitiera resolver la problemática social que arrojaban los asentamientos humanos irregulares, con un criterio de congruencia que deberían guardar entre sí los planes y programas de ordenación territorial y de desarrollo urbano que sirvieran de herramienta, así como de control, creándose por parte del Gobierno de la República un organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Todo ello con la idea de que diera por resultado regularizar la tenencia de la tierra de origen ejidal, comunal y de propiedad federal en centros de población.

Por lo cual la federación creó diversas instancias de atención, y con base en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se expidió el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social el 19 de julio de 2002.

El tema sobre asentamientos humanos irregulares en zonas federales debe ser considerado hoy –a la luz de un nuevo siglo– por las autoridades en sus tres órdenes de gobierno como primordial para permitir resolver la reubicación de esos núcleos sociales. Y sucesivamente a ello, los problemas de la tenencia de la tierra, de la vivienda, de la salud, del medio ambiente, de alimentos y nutrición, de las comunicaciones, de la energía eléctrica, de los servicios de agua, drenaje, recolección de desechos orgánicos e inorgánicos, de la seguridad, pero sobre todo, de la preservación de la salud y dignidad de las personas para que puedan tener acceso a una mejor calidad de vida, y por tanto, de de-sarrollo humano, ya que con ello se puede reducir la marginación social y proteger a los que menos tienen.

Éste es el caso del asentamiento irregular en la zona federal ubicado en la avenida de las Torres, en el tramo comprendido entre avenida Bordo de Xochiaca y la avenida Texcoco, en Ciudad Nezahualcóyotl, estado de México, donde están establecidas aproximadamente 200 familias desde hace más de 30 años, donde el riesgo para ellas se deriva de la existencia de torres de alta tensión, un ducto de Pemex, y que sirve de punto de venta de gas doméstico, que son ocupadas por viviendas  poniendo en alto riesgo la integridad de sus núcleos sociales.

Para resolver el problema del asentamiento irregular citado en el párrafo que antecede será necesario conjugar lo cuantitativo con lo cualitativo, con la finalidad de que las estrategias y acciones que contemplen se puedan llevar a cabo de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno de acuerdo con la esfera de sus competencias jurídicas y políticas que deriven en una reubicación concertada, ordenada y pacífica, permitiendo con ello avanzar en la resolución de la vivienda del grupo social en comento.

Debido a lo expresado se hace necesario que la Secretaría de Desarrollo Social, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, así como la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, y especialmente esta última, en el marco de la estrategia de desarrollo social Vivir Mejor, redoblen verdaderamente sus esfuerzos y conjuntamente se aboquen a la aplicación inmediata del programa de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares, cuyo objetivo es el contribuir a la disminución de la pobreza humana y vulnerabilidad patrimonial de su población, así como el ordenamiento de los asentamientos humanos...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le pediría concluir, diputado, por favor.

El diputado Omar Rodríguez Cisneros: Sí, señor. Otorgando seguridad jurídica al patrimonio de los hogares pobres ubicados en estos asentamientos irregulares.

Por lo fundado, respetuosamente someto a consideración de esta soberanía los siguientes puntos de acuerdo.

Primero. Que se exhorte a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, así como a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, para abocarse de inmediato, con los instrumentos normativos y programas existentes de su competencia, a resolver la reubicación del asentamiento irregular señalado en el cuerpo del presente ocurso.

Segundo. Que las dependencias federales citadas en el párrafo que antecede informen a esta soberanía sobre los avances de la exhortación referida en el contexto de este escrito. Es cuanto, señor presidente. Es cuanto, compañeros.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol y a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra a reubicar el asentamiento humano irregular establecido en zona federal sobre Avenida de las Torres, en el tramo comprendido entre las avenidas Bordo de Xochiaca y Texcoco, en Ciudad Nezahualcóyotl, México, a cargo del diputado Omar Rodríguez Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Omar Rodríguez Cisneros, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la fracción II del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía propuesta con puntos de acuerdo para que se exhorte a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, y a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra a abocarse de manera conjunta a resolver la reubicación del asentamiento humano irregular establecido en la zona federal situada sobre Avenida de las Torres, en el tramo comprendido entre las avenidas Bordo de Xochiaca y Texcoco, en Ciudad Nezahualcóyotl, México, con base en las siguientes

Consideraciones

En la década de 1970 se inició el fenómeno social de urbanización y de asentamientos humanos irregulares. Esto se debió especialmente a la migración interna por la expulsión de núcleos familiares del Distrito Federal hacia el estado de México, que sirvió como estado receptor, motivados por la búsqueda de una mayor calidad de vida que les permitiera satisfacer la imperiosa necesidad de ser propietarios de una vivienda.

Ante esa situación, los gobiernos federal y del estado de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, afrontaron el reto de resolver la problemática social que arrojaban los asentamientos humanos irregulares, con un criterio de congruencia, que deberían guardar entre sí los planes y programas de ordenación territorial y de desarrollo humano, que sirvieran de herramienta, así como de control. Se creó por parte del gobierno de la república un organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio; todo ello, con la idea de que diera por resultado regularizar la tenencia de la tierra de origen ejidal, comunal y de propiedad federal en centros de población.

El 20 de agosto de 1973, por acuerdo presidencial, se creó el Comité para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), que en su inicio era un organismo desconcentrado de la administración pública federal. Posteriormente, en 1974, por decreto presidencial, se reestructuró para constituirse como Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. Con fecha 26 de febrero de 1999, por decreto presidencial, se redefinió el objeto de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, a efecto de contar con un organismo público que, además de promover la vinculación del aprovechamiento de terrenos de origen ejidal y comunal con la política nacional de asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de población, hiciera posible la coordinación de estos procesos con los gobiernos de los estados con la participación de sus municipios.

Además, con ese decreto presidencial se sectorizó esa comisión a la Secretaría de Desarrollo Social. En concomitancia, se publicó el 26 de mayo de 1976 la Ley General de Asentamientos Humanos, que posteriormente fue abrogada por la publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 1993, y con base en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se expidió el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social el 19 de julio de 2002.

De tal forma, esta generación heredó todavía problemas que no han tenido solución, ya de manera general o parcial, relacionados con los asentamientos humanos irregulares en zonas federales, debido a negligencia, omisión o ineficacia de acciones de políticas públicas que no se ejercieron en su momento por las autoridades correspondientes.

Debido a ello tenemos familias que integran estos asentamientos humanos que no pueden cohesionarse socialmente con los demás integrantes de la población, con los que gozan de la seguridad social. Por ende, están excluidas de los beneficios de seguridad social, que traen como consecuencia y por la tanto a un mejoramiento de la calidad de vida, que les permita tener acceso al mundo de la competitividad, toda vez que tendrán acceso a las herramientas del conocimiento, de la educación, de la cultura, del deporte, de los servicios de salud, y sobre todo a un trabajo digno y debidamente remunerado.

El tema sobre los asentamientos humanos irregulares en zonas federales debe ser considerado hoy, a la luz de un nuevo siglo, por las autoridades en sus tres órdenes de gobierno como primordial para permitir resolver la reubicación de estos núcleos sociales y sucesivamente a ello los problema de la tenencia de la tierra, de la vivienda, de la salud, del ambiente, de alimentos y nutrición, de las comunicaciones, de la energía eléctrica, de los servicios de agua, drenaje, recolección de desechos sólidos, orgánicos e inorgánicos y de la seguridad, pero sobre todo la preservación de la salud y dignidad de las personas para que puedan tener acceso a una mejor calidad de vida y, por tanto, de de-sarrollo humano, ya que con ello se puede reducir la marginación social y proteger a los que menos tienen.

Ése el caso del asentamiento irregular en la zona federal situado en la Avenida de las Torres, en el tramo comprendido entre las avenidas Bordo de Xochiaca y Texcoco, en Ciudad Nezahualcóyotl, México. Hay establecidas aproximadamente 200 familias, desde hace más de 30 años, donde el riesgo para ellas se deriva de la existencia de torres de alta tensión, un ducto de Pemex y que sirve de punto de venta de gas, que son ocupadas por viviendas, poniendo en riesgo la integridad de esos núcleos sociales.

Para resolver el problema del asentamiento irregular citado será necesario conjugar lo cuantitativo con lo cualitativo, a fin de que las estrategias y acciones que se consideren puedan llevarse a acabo de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno, según la esfera de sus competencias jurídicas y políticas, que deriven en una reubicación concertada, ordenada y pacífica, permitiendo con ello avanzar en la resolución de la vivienda del grupo social en comento.

Debido a lo expresado, se hace necesario que la Secretaría de Desarrollo Social, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, y la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, especialmente esta última, en el marco de la estrategia de desarrollo social Vivir Mejor, redoblen sus esfuerzos y se aboquen a la aplicación inmediata del Programa de Apoyo a los Avecindados en Condición de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares, cuyo objetivo es contribuir a la disminución de la pobreza humana y vulnerabilidad patrimonial de su población, así como el ordenamiento de los asentamientos humanos, otorgando seguridad jurídica al patrimonio de los hogares pobres de asentamientos irregulares.

Soy consciente de que este problema social tendrá como vertientes para su resolución los siguientes:

a) Costo económico. La reubicación del asentamiento humano irregular multicitado en este proveído, sin duda, requiere recursos materiales (reservas territoriales, costos de traslado, etcétera) que deberán ser absorbidos por los tres órdenes de gobierno, de conformidad con sus capacidades y competencias, en que se encuentren situados los asentamientos irregulares.

b) Viabilidad política. Ésta dependerá de la concurrencia y coordinación de acciones jurídicas y competenciales de los tres niveles de gobierno, que derive en un programa específico de sustentabilidad urbana para este grupo.

c) Eficacia política. Ésta será dada siempre que se pueda establecer una cohesión entre todos los actores involucrados que permita llevar a cabo mediante el diálogo entre éstos las posibles soluciones del problema social partiendo in situ de un diagnóstico que contenga y vislumbre situaciones de salud, económicas, sociales, laborales y educativas , que arroje resultados objetivos y transparentes en que se desenvuelve este grupo social y a partir de él desarrollar un programa de reubicación pacífica y ordenada en el que se consideren estrategias, acciones, tiempos y factibilidad para que los seres humanos que lo constituyen no queden excluidos de los beneficios sociales que proporciona el Estado a los grupos marginados.

Por lo fundado, someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorte a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio y a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra a abocarse de inmediato con los instrumentos normativos, y programas existentes de su competencia a resolver la reubicación del asentamiento irregular señalado en el cuerpo del presente ocurso.

Segundo. Que las dependencias federales citadas en el parágrafo que antecede informen a esta soberanía sobre los avances de la exhortación referida en el contexto de este escrito.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 2 de febrero de 2010.— Diputado Omar Rodríguez Cisneros (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.

Tiene la palabra el diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a que estudie la suspensión de la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en virtud de que grava los ingresos provenientes de los ahorros de toda la vida de los pensionados del IMSS, a los que oportunamente se les aplicó el impuesto en comento. De acuerdo.

Se pospone la intervención del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Chihuahua.

MEDICION DE POBREZA Y EMPLEO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Sedesol, así como a la Comisión de Desarrollo Social de esta soberanía, para la creación de un programa especial en apoyo a migrantes, quienes a causa de la crisis económica mundial quedaron sin empleo y están de vuelta en nuestro país.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Presidente, que se turne a comisión.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol y a la Comisión de Desarrollo Social de esta soberanía a crear un programa especial en apoyo de migrantes que por la crisis económica mundial quedaron sin empleo y están de vuelta en el país, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Samuel Herrera Chávez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a esta LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete al pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Un gran porcentaje de las familias zacatecanas tienen como única fuente de ingresos los recursos económicos de las divisas provenientes de Estados Unidos de América. La falta de aseguramiento en las condiciones mínimas y fundamentales para la satisfacción de necesidades tales como la educación, salud, alimentación, vivienda y trabajo implica el problema migratorio, al igual la limitación de oportunidades para las generaciones actuales y futuras.

A causa de la crisis económica mundial suscitada el año anterior, han regresado a nuestro país una gran cantidad de migrantes, los cuales repentinamente al quedar desempleados están padeciendo mucho más de lo que ya de por si nos cuesta a todos recuperarnos de tan lamentables acontecimientos.

Lo anterior incrementa la necesidad de generar urgentemente un mayor número de empleos, por lo cual es primordial poner en  marcha un programa especial en apoyo a estos migrantes repatriados.

Con el objetivo de lograr insertarlos en el campo laboral lo más pronto posible, la propuesta del suscrito es destinar recursos económicos del ramo 20 y celebrar los convenios de coordinación a que haya lugar con la Secretaría de Desa-rrollo Social, a fin de impulsar el trabajo corresponsable entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales, que permita coadyuvar en la superación problemática plan- teada.

La estrategia propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo, basada en lograr el “desarrollo humano sustentable de los mexicanos”, debe contemplar programas de apoyo a sectores específicos de la sociedad como este, quien históricamente ha sido una fuga de potencial humano de generaciones anteriores a las que no se les han otorgado mejores oportunidades.

Los expertos en la materia de desarrollo social a través de los estudios que consideren pertinentes podrán definir la estrategia a seguir en la implementación del programa especial propuesto, ya sea por medio de créditos para la creación de pequeñas empresas o algún otro sistema que pueda dar solución y contribuir a retener y hacer productivo a este sector tan importante de nuestra sociedad y al mismo tiempo tan marginado.

Existe un gran esfuerzo por lograr igualdad de oportunidades en programas, educativos, laborales, de salud, alimenticios, etcétera, conformando de este modo las condiciones que permitan la posibilidad de retener a los mexicanos que cada año intentan emigrar, también lo es que no es ni ha sido suficiente y que la actividad productiva debe ser impulsada constantemente otorgando apoyos como es el caso y con ello alcanzar las metas relacionadas con la superación de la pobreza y la marginación, el desarrollo humano, familiar comunitario y productivo.

Desafortunadamente existe un gran desconocimiento sobre programas de este tipo y lo que podría ser aún más grave es que las cifras de los programas relacionados con la marginación y la pobreza, pudieran servir únicamente como padrón que obedece a fines políticos, ya que los resultados son igualmente desconocidos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, así como a la Comisión de Desarrollo Social de esta Cámara de Diputados, para que dentro de sus respectivos ámbitos de competencia realicen los estudios a que haya lugar, a efecto de medir y comprobar el impacto producido por la crisis económica mundial y el índice de desempleo de los migrantes repatriados por dicha causa.

Segundo.Se propone la creación de un programa especial y el destino de recursos económicos del ramo 20 que permita lograr la solución a esta problemática.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2010.— Diputado Samuel Herrera Chávez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Nos están solicitando que turnemos de una vez a comisión este asunto, por lo cual se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

Se pospone la participación de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de Energía a que la Estrategia Nacional de Energía se envíe al Congreso para su ratificación.

ARTICULOS 4O. Y 73 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados a que dictamine el proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo X al artículo 4o., y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 constitucional, y se amplíe el turno a la Comisión de Juventud y Deporte para que emita su opinión al respecto.

La diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos me permito someter a consideración de esta honorable soberanía, proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente exposición de motivos.

Sin duda, la Ley General de Cultura Física y Deporte al regular la actividad deportiva en nuestro país deriva en beneficios para la sociedad en general. Sin embargo, requiere de una constante renovación y perfeccionamiento a fin de dar respuesta a los vertiginosos cambios que operan en la materia.

No obstante, la primera tarea es reconstruir el edificio normativo. Tal ejercicio debe partir del entendimiento entre la relación del orden normativo y del modelo constitucional creado en la materia deportiva, un desarrollo jurídico sistemático que parta de la ley suprema y evite un orden legal parcial.

Con fecha 28 de abril de 2009, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos del Senado de la República enviaron a la Cámara de Diputados minuta que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La minuta en mención se turnó con fecha 30 de abril de 2009 a la Comisión de Puntos Constitucionales de la pasada LX Legislatura.

La iniciativa de mérito señala en su exposición de motivos que el deporte es una de las manifestaciones sociales que han adquirido mayor importancia dentro de la vida cotidiana del ser humano y que el fomento deportivo es una de los que más ha evolucionado y se ha desarrollado durante el proceso de la globalización.

La práctica de actividades físicas y deportivas es una prerrogativa vinculada a otras garantías fundamentales, pero no se ha otorgado individualidad propia, ya que se ha visto como un medio de consecución de otros derechos, por lo que se debe replantear la regulación de la materia en comento.

Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física y al deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad.

El derecho ha desarrollado las facultades físicas, intelectuales y morales y deberán garantizarse dentro del marco jurídico del sistema educativo, así como en los demás aspectos de la vida social.

La falta de una norma constitucional que lo eleve a rango de garantía ha sido un factor determinante para que la Ley General de Cultura Física y Deporte no consolide un modelo y garantice el acceso a todos los mexicanos a la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas. Pero sobre todo, que defina claramente la participación del Estado en la materia.

La iniciativa propone que el Estado reconozca en su parte dogmática como garantía de todo gobernado el derecho a la práctica del deporte y asuma la responsabilidad de fomentarlo.

Por tal motivo; en primer lugar, es urgente un acercamiento del deporte desde la perspectiva jurídica que permita trazar los ámbitos teóricos del derecho en la materia y a partir de la misma determine si sus elementos constitutivos sean producto de los órganos estatales, o bien, de las organizaciones deportivas.

Desde esta perspectiva, se trata de buscar mayores beneficios sociales a través de la actividad legislativa, considerando la relación fundamental entre el ordenamiento jurídico y organización institucional y que ésta cuente con la condición para cumplir sus funciones eficaz y eficientemente...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le pedimos concluir, diputada.

La diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza: Así como la relación con los entes regulados: Estado, sociedad y organizaciones deportivas.

Es por ello que el reconocimiento expreso del derecho en la cultura física y deporte en el artículo 4o. constitucional, así como el complemento necesario del artículo 73, fracción XXIX, de la Carta Magna da pie a un orden globalizador que le proporcione un sentido sistemático a la normatividad en materia.

Ahora bien, la Comisión de Juventud y Deporte tiene por objeto analizar, estudiar y fortalecer el marco en la materia, así como formular y evaluar proyectos sistemáticos para generar un desarrollo integral de los jóvenes con la práctica de actividades físicas y deportivas.

Con base en lo anterior someto respetuosamente a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Puntos Constitucionales a dictaminar el proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. Se exhorta a la Mesa Directiva de esta honorable Cámara a que en el marco de sus atribuciones considere ampliar el turno de proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. A la Comisión de Juventud y Deporte, para que ésta emita su opinión al respecto y que la misma sirva de apoyo a la Comisión de Puntos Constitucionales en la discusión, análisis y dictaminación del proyecto de decreto antes mencionado. Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados a dictaminar el proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo décimo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 constitucionales; y se solicita ampliar el turno a la Comisión de Juventud y Deporte para que emita opinión, suscrita por la diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Sin duda, la Ley General del Deporte al regular la actividad deportiva en nuestro país deriva de beneficios para la comunidad deportiva en particular, así como para la sociedad en general; sin embargo, requiere de una constante renovación y perfeccionamiento a fin de dar respuesta a los vertiginosos cambios fácticos que operan en la materia.

No obstante, la primera tarea es reconstruir el edificio normativo. Tal ejercicio debe partir del entendimiento de la relación entre orden normativo y el modelo constitucional. Creando en materia deportiva, un desarrollo jurídico sistemático partiendo de la ley suprema y evitando un orden legal parcial.

Con fecha 28 de abril de 2009, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos del Senado de la República enviaron a la Cámara de Diputados la minuta que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La minuta en mención se turnó en fecha 30 de abril a la Comisión de Puntos Constitucionales de la pasada LX Legislatura.

La iniciativa de mérito señala en su exposición de motivos que el deporte es una de las manifestaciones sociales que han adquirido mayor importancia dentro de la vida cotidiana del ser humano y que el fenómeno deportivo es uno de los que más ha evolucionado y se ha desarrollado durante el proceso de la globalización.

La práctica de actividades físicas y deportivas es un derecho vinculado a otros derechos fundamentales, pero que no se le ha otorgado individualidad propia como tal, ya que se ha visto como un medio de consecución de otros derechos, por lo que se debe reformular la regulación de la cultura física y deporte.

Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física y al deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad. El derecho a desarrollar las facultades físicas, intelectuales y morales por medio de la educación física y el deporte deberá garantizarse tanto dentro del marco del sistema educativo como en los demás aspectos de la vida social.

La falta de una norma constitucional que lo eleve a rango de garantía constitucional ha sido un factor determinante para que la actual Ley General de Cultura Física y Deporte no haya consolidado un modelo de cultura física y deporte que garantice el acceso a todos los mexicanos a la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas, pero sobre todo que defina claramente la participación del Estado en la materia.

La iniciativa propone que el Estado reconozca en su parte dogmática como garantía de todo gobernado el derecho a la práctica del deporte y asuma la responsabilidad de fomentarlo.

Por tal motivo, se hace impostergable un acercamiento al deporte desde la perspectiva del derecho que permita delinear los contornos teóricos de la dogmática particular el derecho al deporte, en primer lugar, y a partir de ella determinar si sus elementos constitutivos operan en el ámbito normativo del deporte, bien sea éste producto de los órganos estatales o bien las organizaciones deportivas.

Desde esta perspectiva se trata de buscar mayor beneficios sociales a través de la actividad legislativa, considerando la relación funcional entre ordenamiento jurídico y organización institucional, y que ésta cuente con las condiciones para cumplir sus funciones eficaz y eficientemente, así como la relación con los entes regulados: Estado, sociedad y organismos deportivos.

Es por ello que con el reconocimiento expreso del derecho a la cultura física y el deporte en el artículo 4o. constitucional, así como el complemento necesario del artículo 73, fracción XXIX-J, de la Carta Magna, se da pie a un ordenamiento globalizador que le proporcione un sentido sistemático a la normatividad en materia deportiva.

Ahora bien, al ser la Comisión de Juventud y Deporte la encargada de impulsar las acciones para elevar la calidad de vida de la juventud, promover y desarrollar la educación física, la recreación y el deporte en sus diferentes disciplinas y modalidades, esto a través del trabajo coordinado con instituciones gubernamentales educativas y de salud, organizaciones civiles y todas aquellas que se encuentren relacionadas con las perspectivas y problemáticas que afronta la juventud y el deporte nacional. Y que además, la comisión tiene por objetivo analizar, estudiar y fortalecer el marco normativo en la materia, así como formular y evaluar proyectos integrales para generar un desarrollo integral de los jóvenes con la práctica de actividades físicas y deportivas, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Puntos Constitucionales a dictaminar el proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo.Se exhorta a la Mesa Directiva de esta Cámara a que, en el marco de sus atribuciones, considere ampliar el turno del proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la Comisión de Juventud y Deporte, para que ésta emita su opinión al respecto y que sirva de apoyo a la Comisión de Puntos Constitucionales en la discusión, análisis y dictaminación del proyecto de secreto antes mencionado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2009.— Diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Señoras diputadas y señores diputados, se encuentran entre nosotros alumnos y maestros del Colegio Partenón, de nivel preparatoria, invitados por el diputado Sergio Mancilla Zayas.

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se insta al Conacyt a otorgar a los becarios la prórroga de la beca.

La diputada Mary Telma Guajardo Villarreal:Gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, proposición con punto de acuerdo por el que se insta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a otorgar a los becarios la prórroga de la beca de manutención por un año a la que tienen derecho para la conclusión de sus estudios de posgrado.

La que suscribe, diputada federal Mary Telma Guajardo Villarreal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de esta LXI Legislatura, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea esta proposición con punto de acuerdo para instar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que otorgue a sus becarios la prórroga de la beca de manutención por un año a la que tienen derecho para la conclusión de sus estudios de posgrado, al tenor de las siguientes consideraciones.

Hago uso de esta tribuna para tratar un asunto que es de vital importancia para el país, como es el déficit que tenemos en el número de científicos e investigadores, y profesionistas con estudios de posgrado. Es decir, con grado de maestría y doctorado.

Seguramente no es la primera vez que sabemos que México forma menos profesionistas con posgrado frente a países con economías similares a la nuestra. Esta problemática la ha reconocido el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que a finales del pasado sexenio admitió que, por ejemplo, mientras en Brasil se gradúan 9 mil doctores al año, en México se producen sólo mil 717. Es decir, sólo el 19.1 por ciento de los que se generan en aquel país.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el nivel de doctorado en nuestro país tiene un preocupante déficit ya que sólo el 0.2 por ciento de los estudiantes en edad de cursar una maestría o doctorado logra obtener este grado.

Este enorme potencial, sin embargo, no lo aprecia el Conacyt, pues de manera inexplicable canceló otorgar una prórroga a sus becarios para la conclusión de sus estudios de posgrado. En una carta publicada este lunes pasado, 1 de febrero, en el periódico La Jornada, becarios del Conacyt externaron su preocupación e inconformidad.

Por lo expuesto, presento el siguiente punto de acuerdo.

Único. El pleno de la Cámara de Diputados insta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a otorgar a los becarios la prórroga de la beca de manutención por un año (12 meses efectivos), por ser un derecho que les asiste conforme al convenio firmado entre los becarios y ese organismo, a efecto de que puedan concluir sus estudios de posgrado.

Le pido, diputado presidente, que este punto de acuerdo sea remitido a la Junta de Coordinación Política, ya que hay un acuerdo en esta Junta de Coordinación Política de que tratándose de puntos que tengan que ver con recursos, la Junta de Coordinación lo pueda revisar.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se insta al Conacyt a prorrogar un año la beca de manutención para que los beneficiarios concluyan estudios de posgrado, a cargo de la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, para instar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología otorgue a sus becarios la prórroga de la beca de manutención por 1 año a la que tienen derecho, para la conclusión de sus estudios de posgrado, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hago uso de esta tribuna para tratar un asunto que es de vital importancia para el país, como es el déficit que tenemos en el número de científicos e investigadores y profesionistas con estudios de posgrado, es decir, con grado de maestría y doctorado. Seguramente, no es la primera vez que sabemos que México forma menos profesionistas con posgrado, frente a países con economías similares a la nuestra.

Esta problemática la ha reconocido el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnológica (Conacyt), que a finales del pasado sexenio admitió que, por ejemplo, mientras en Brasil se gradúan 9 mil doctores al año, en México se producen sólo mil 717, es decir, sólo 19.1 por ciento de los que se generan en ese país.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos el nivel de doctorado en nuestro país tiene un preocupante déficit, ya que sólo el 0.2 por ciento de los estudiantes en edad de cursar una maestría o doctorado logra obtener este grado.

Además, ese organismo internacional lamentó que tanto las empresas como el gobierno inviertan tan poco en la educación de posgrado en nuestro país, sin considerar que el número de investigadores o profesionistas con doctorado son “un indicador del potencial que un país tiene para asimilar y desarrollar conocimiento avanzado”, así como para proveer al mercado laboral de recursos humanos altamente calificados.

Este enorme potencial, sin embargo, no lo aprecia el Conacyt pues de manera inexplicable canceló otorgar una prórroga a sus becarios, para la conclusión de sus estudios de posgrado.

En una carta publicada este lunes pasado 1 de febrero, en el periódico La Jornada, becarios del Conacyt externaron su preocupación e inconformidad por la decisión del organismo de negarles la extensión de la beca de manutención y a la cual tienen derecho conforme el convenio que suscriben los becarios con el Conacyt.

Tal como lo señalan los becarios afectados, la prórroga de la beca de manutención por un año, tiene como finalidad que éstos concluyan los créditos no escolarizados y la obtención de del grado con la defensa pública de la tesis.

Esta decisión por demás inequívoca resulta también aberrante, porque el Estado invirtió recursos públicos al otorgar una beca a estos estudiantes, para que ahora por una decisión absurda no puedan concluir sus estudios. Es decir, en términos puramente financieros qué caso tiene invertir en la formación de recursos humanos, si al final no se cumplen con un derecho que les asiste y dejen truncos sus estudios.

Además, no omito mencionar que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, nosotros los legisladores, de todos los grupos parlamentarios aquí representados, fuimos sensibles para aprobar 4 mil 187 millones 800 mil pesos para becas, bajo el concepto Apoyo a la formación de capital humano. Incluso, ese monto para 2010 es superior al de 2009, en que se asignaron para el rubro 3 mil 620 millones de pesos. Dicho de otra manera, el problema no es un asunto de falta de presupuesto.

Por lo fundado y motivado, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, la proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.El pleno de la Cámara de Diputados insta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología otorgue a los becarios la prórroga de la beca de manutención por 1 año (12 meses efectivos), por ser un derecho que les asiste conforme al convenio firmado entre los becarios y ese organismo, a efecto de que puedan concluir sus estudios de posgrado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cuatro días del mes de febrero del año de 2010.— Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputada. Como lo solicita túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Se pospone el uso de la palabra de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proposición con punto de acuerdo.

INFLUENZA ATIPICA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que la Secretaría de Salud informe a esta soberanía sobre los recursos que hubiere utilizado el Fondo de Protección contra los Gastos Catastróficos para atender las acciones derivadas del brote de influenza atípica.

La diputada María Cristina Díaz Salazar:Con su permiso, señor presidente. El sistema de protección social en salud es consecuencia de la reforma del sistema de salud en México, aprobada por el Congreso de la Unión en 2003, que entre sus objetivos primordiales persigue hacer explícito el cumplimiento de la garantía constitucional, consagrada en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna. Por ende, convertir en derecho positivo plenamente exigible la protección de la salud con que todos los habitantes del país contamos, en correlación, la obligación que corresponde a los gobiernos estatales y al federal para cumplir con los parámetros normativos y dotar de los medios para que este nuevo derecho exigible sea una realidad.

En este sentido, también se incluyeron en la ley premisas explícitas que permitirían contar con un fondo de alimentación financiera creciente, sin limitaciones de anualidad presupuestal, que permitiera apoyar el financiamiento a manera de un coaseguro, para la atención principalmente de los beneficiarios que sufren enfermedades de alto costo que provocan gastos catastróficos.

De la revisión de los preceptos legales expuestos, queda claro que sólo pueden ser cubiertas, a partir del Fondo de Gastos Catastróficos, intervenciones cubiertas por el mismo, según lo establezca cada año la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

No obstante, es de todos conocido que se han venido utilizando los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para fines diversos, como recientemente ocurrió ante la emergencia sanitaria de influenza en la que se utilizaron los recursos del fondo de manera diversa a la norma del contrato del fideicomiso y a las reglas de operación que lo regula, máxime que la influenza no estaba considerada como una enfermedad que generara gastos catastróficos.

En virtud de lo anterior se plantea a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Se formula una atenta solicitud a la Secretaría de Salud para que informe a esta soberanía sobre los recursos que hubiera utilizado del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para atender las acciones derivadas del brote de influenza atípica que está enfrentando el país.

Las premisas y fundamentos que lo hubieran sustentado, así como los mecanismos que se están implementando, en su caso, para recuperar los fondos respectivos al fideicomiso administrador del fondo.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que disponga de los mecanismos que juzgue necesarios para que la población en general, y en particular los beneficiarios del sistema de protección social en salud, cuenten con información clara, suficiente, oportuna y veraz en relación con la cobertura del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que incluye las intervenciones cubiertas, los medicamentos asociados, las instituciones prestadoras de los servicios, los mecanismos para el acceso y solicitud de intervenciones, los mecanismos para obtener la cobertura, la extensión de los tratamientos que están cubiertos, sus limitaciones, así como cualquier otra información que resulte indispensable para generar certidumbre.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Salud, para que informe a esta honorable Cámara sobre la programación de corto, mediano y largo plazo que se haya implementando para ir ampliando la cobertura de intervenciones y enfermedades que deben ser cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, así como los mecanismos que lo sustenten.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 9 de febrero de 2010. Gracias, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que la Secretaría de Salud informe a esta soberanía respecto a los recursos que el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos hubiera utilizado para atender las acciones derivadas del brote de influenza atípica, así como a los procedimientos que se estén implantando, en su caso, a fin de recuperar los recursos respectivos al Fideicomiso Administrador del fondo y las acciones futuras derivadas de él, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 72, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social para que sea incluido el fármaco con nombre genérico Bortezomib, para el tratamiento del padecimiento del mieloma múltiple, dentro de su cuadro básico.

Antecedentes

El Sistema de Protección Social en Salud, SPSS, es consecuencia de la reforma del sistema de salud en México aprobada por el Congreso de la Unión en el año 2003, que entre sus objetivos primordiales persigue hacer explícito el cumplimiento de la garantía constitucional consagrada en el artículo 4o. de la Carta Magna; por ende, convertir en derecho positivo, plenamente exigible, la protección de la salud con que todos los habitantes del país contamos, en correlación la obligación que corresponde a los gobiernos estatales y al federal para cumplir con los parámetros normativos y dotar de los medios para que este nuevo derecho exigible sea una realidad.

Otra de las innovaciones de la reforma planteada y que recientemente fue consolidada por esta legislatura, es el financiamiento explícito incluido en el contexto de la Ley General de Salud que se ha convertido en una verdadera garantía financiera de que las familias que opten por incorporarse al Seguro Popular, es decir, al Sistema de Protección Social en Salud, contarán con el financiamiento necesario para recibir con oportunidad, calidad y de manera completa, al menos, las intervenciones incluidas en el Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud (Causes).

En este sentido, también se incluyeron en la ley premisas explícitas que permitirían contar con un fondo de alimentación financiera creciente, sin limitaciones de anualidad presupuestal que permitiera apoyar el financiamiento, a la manera de un coaseguro, la atención principalmente de los beneficiarios del SPSS que sufran enfermedades de alto costo de las que provocan gastos catastróficos.

La Ley General de Salud en el artículo 77 Bis 29, a su vez, denota con la característica de gastos catastróficos a los que se derivan de aquellos tratamientos y medicamentos asociados, definidos por el Consejo de Salubridad General, que satisfagan las necesidades de salud mediante la combinación de intervención de tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y de rehabilitación, con criterios explícitos de carácter clínico y epidemiológico, seleccionadas con base en su seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social, que impliquen un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren.

El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos constituido bajo las premisas de la ley, se administra por la federación a través de un fideicomiso público en Banobras, y que se rige en su funcionamiento a partir de las reglas de operación que lo sustentan.

El Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud señala, en su artículo 101, que los gastos catastróficos que estén cubiertos por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos quedarán señalados específicamente por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud en un listado independiente del listado de servicios esenciales de salud y con base en los gastos catastróficos definidos por el Consejo de Salubridad General. Para claridad de los beneficiarios, se señala en el reglamento que dicho listado se presentará como Catálogo de Intervenciones cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y de cada una de ellas deberán señalarse sus efectos derivados, las intervenciones que serán cubiertas, así como los medicamentos y materiales asociados con dichas intervenciones.

De la revisión de los preceptos legales expuestos, queda claro que sólo pueden ser cubiertas a partir del Fondo de Gastos Catastróficos intervenciones cubiertas por el Fondo, según lo establezca cada año la Comisión Nacional de Protección Social en Salud; no obstante, es de todos conocido que se han venido utilizando los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para fines diversos, como recientemente ocurrió ante la emergencia sanitaria de influenza, en que se utilizaron los recursos del fondo de manera diversa a la norma, al contrato de fideicomiso y las reglas de operación que lo regulan, máxime que la influenza no estaba considerada como una enfermedad que genere gastos catastróficos.

No es por demás recordar que en los términos de los dispositivos jurídicos que lo sustentan, el Fondo de Gastos Catastróficos debe ser creciente, porque se basa en premisas actuariales que deberían permitir la cobertura de las enfermedades que generan gastos catastróficos, acorde con la morbilidad en el país, a lo largo de la vida de las familias y personas cubiertas por el sistema de Protección Social en Salud.

Como consecuencia, no se apreciaría sustentable que intervenciones cubiertas por el Fondo puedan posteriormente ser eliminadas del catálogo, tal como sucedió, según se tiene conocimiento, con el caso de la atención de enfermedades renales que estuvo incorporada al Fondo por un tiempo y luego simplemente se eliminó, generándose la duda de esta soberanía, sobre cuál fue el destino de las personas, beneficiarias del SPSS, que hubieren recibido cobertura financiera del Fondo para las enfermedades indicadas y a los que luego simplemente se les hubiera suspendido; hechos que se alejarían al espíritu del Fondo y de la reforma legislativa de mérito.

Por último, sería deseable que ante la falta de una claridad en los alcances y cobertura del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, frente a los ciudadanos y sobre todo ante los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, se fomentara la generación de mayor información hacia el publico usuario, sobre todo si el espíritu de la reforma sanitaria de 2003 es la garantía explícita de derechos.

En virtud de lo anterior, se plantea a esta honorable asamblea puntos de acuerdo, al siguiente tenor

Puntos de Acuerdo

Primero. Se formula una atenta solicitud a la Secretaría de Salud para que informe a esta soberanía sobre los recursos que hubiere utilizado del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para atender las acciones derivadas del brote de Influenza atípica que está enfrentando el país, las premisas y fundamento que lo hubiera sustentado, así como los mecanismos que se estén implantando, en su caso, para recuperar los fondos respectivos al fideicomiso administrador del fondo.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que disponga de los mecanismos que juzgue necesario para que la población en general y en particular los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, cuenten con información clara, suficiente, oportuna y veraz en relación con la cobertura del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que incluya las intervenciones cubiertas, los medicamentos asociados, las instituciones prestadoras de los servicios, los mecanismos para el acceso y solicitud de intervenciones, los mecanismos para obtener la cobertura, la extensión de los tratamientos que estén cubiertos, sus limitaciones, así como cualquier otra información que resulte indispensable para generar certidumbre.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que informe a esta honorable Cámara sobre la programación de corto, mediano y largo plazo que se haya implementado para ir ampliando la cobertura de intervenciones y enfermedades que deban ser cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, así como los mecanismos que la sustenten.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los dos días del mes de febrero del año dos mil diez.— Diputada Cristina Díaz Salazar (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputada María Cristina Díaz Salazar. Túrnese a la Comisión de Salud.

PETROLEOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el señor diputado Rafael García Bringas, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que a través de Petróleos Mexicanos entregue a esta soberanía un informe detallado sobre los avances en la explotación y exploración de los yacimientos transfronterizos compartidos con los Estados Unidos de América y Cuba.

El diputado Leandro Rafael García Bringas: Muchas gracias, señor presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros, en México el petróleo es un bien de la nación cuyo aprovechamiento conlleva obligadamente la prospección petrolera.

Durante más de 50 años Petróleos Mexicanos ha explorado el territorio nacional y ha desarrollado con recursos propios las reservas probadas que hoy en día alimentan sus refinerías y apoyan a una muy respetable exportación.

Pemex Exploración y Producción dio a conocer su más reciente evaluación de las reservas petroleras en su anuario Las reservas de hidrocarburos de México, evaluación al 1 de enero de 2009, donde se informa sobre el esfuerzo exploratorio y la incorporación de reservas petroleras en el año previo al 1 de enero de 2009.

Las reservas totales de hidrocarburos correspondientes a la suma de las reservas probadas, probables y posibles, suman 43 mil 562.6 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

Cabe señalar que en los últimos años la producción disminuyó significativamente. Sin embargo, se tiene la expectativa de aumentar las posibilidades de producción, especialmente si se desarrolla el potencial del Golfo de México profundo.

El tema de los recursos marinos, entre ellos los que existen en yacimientos transfronterizos, llevó a México y a Estados Unidos a la mesa de negociación y a la celebración de dos tratados internacionales cuyo objeto común derivó en la creación de reglas bilaterales para el aprovechamiento de dichos recursos.

El primer tratado, denominado Tratado de Límites Marítimos entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, firmado por ambos países el 4 de mayo de 1978, tuvo como objeto la definición de los límites marítimos, lo cual a su vez resulta en las delimitaciones de sus respectivas zonas económicas exclusivas.

Los acuerdos sobre estas zonas de riqueza petrolera fueron materia de un tratado posterior, el Tratado entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América sobre la delimitación de la plataforma en la región occidental del Golfo de México, más allá de las 200 millas náuticas, firmado por las partes el 9 de junio de 2000.

Sucintamente delimitan un polígono en la plataforma occidental del Golfo de México, del cual 10 mil 556 kilómetros cuadrados corresponden a México. Es un 60.36 por ciento, mientras que 6 mil 932 kilómetros cuadrados corresponden a Estados Unidos, un 39.64 por ciento.

Dado que la explotación de los yacimientos transfronterizos compete tanto a Estados Unidos como a nuestro país, es necesario trabajar en la creación de un modelo contractual que permita lograr convenios estratégicos para explotar los yacimientos transfronterizos con riesgos controlados. Es decir, que se logren los acuerdos en los cuales ambos países se beneficien de manera equitativa por la explotación de los yacimientos transfronterizos, aprovechando la gran riqueza de hidrocarburos que ambos países comparten en dichos yacimientos, respetando en todo momento la soberanía de ambas naciones.

Es relevante señalar que no podemos esperar a que llegue el 16 de enero de 2011, fecha en la cual vence el segundo tratado.

Ante ese escenario, dentro de las discusiones y debates para la aprobación de la reforma energética de 2008 se abordó el tema de los yacimientos transfronterizos en donde se señaló que mientras Estados Unidos avanza avasalladoramente en el desarrollo de nuevas tecnologías para la explotación de dichos yacimientos, nuestro país se ha quedado rezagado en dicho desarrollo.

Por lo anterior que se plasmó en el artículo 2o. de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, en donde se establece que dichos yacimientos podrán ser explotados en los términos de los tratados de los que México sea parte, celebrados por el presidente de la República y aprobados por la Cámara de Senadores.

De no realizarse la explotación de los yacimientos transfronterizos...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le pedimos concluir, diputado.

El diputado Leandro Rafael García Bringas:Estoy por terminar, señor presidente. De no realizarse la explotación de los yacimientos transfronterizos de manera conjunta, es posible que la despresurización de los yacimientos, de iniciar la explotación solamente del lado norteamericano, haga que la recuperación del petróleo del lado mexicano sea mucho menor.

Por lo antes mencionado, es de suma importancia saber qué medidas ha instrumentado en los últimos años Petróleos Mexicanos para llevar a cabo la exploración y explotación de los yacimientos transfronterizos y qué medidas tiene contempladas el gobierno mexicano para llevar a cabo la explotación conjunta de dichos yacimientos con las naciones con las cuales compartimos yacimientos transfronterizos.

Por lo tal motivo, someto a la consideración de esa soberanía los siguientes puntos de acuerdo.

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de Petróleos Mexicanos, a entregar a esta soberanía un informe detallado sobre los avances en la exploración y explotación de los yacimientos transfronterizos compartidos con Estados Unidos y Cuba.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a informar a esta soberanía sobre cuáles serían los mecanismos jurídicos para realizar la explotación conjunta de dichos yacimientos con los países con los que se comparte la territorialidad de los yacimientos transfronterizos ubicados en el Golfo de México.

Dado en el Palacio Legislativo, a 9 de febrero de 2010. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a entregar mediante Petróleos Mexicanos un informe detallado sobre los avances de la exploración y explotación de los yacimientos transfronterizos compartidos con Estados Unidos de América y Cuba, a cargo del diputado Rafael García Bringas, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Leandro Rafael García Bringas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de Petróleos Mexicanos, a que entregue a esta soberanía un informe detallado sobre los avances en la exploración y explotación de los yacimientos transfronterizos compartidos con Estados Unidos y Cuba, así como también se exhorta al Ejecutivo federal para que informe a esta soberanía sobre cuales serían los mecanismos jurídicos para realizar la explotación conjunta de dichos yacimientos con los países con los que se comparte la territorialidad de los yacimientos transfronterizos ubicados en el Golfo de México, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El petróleo es un recurso estratégico no renovable, por lo que ningún país que tenga acumulaciones de hidrocarburos puede darse el lujo de menospreciar el descubrimiento y desarrollo de reservas petroleras.

En México el petróleo es un bien de la nación cuyo aprovechamiento conlleva obligadamente la prospección petrolera. Durante más de 50 años Petróleos Mexicanos ha explorado el territorio nacional y ha desarrollado con recursos propios las reservas probadas que hoy día alimentan sus refinerías y apoyan una muy respetable exportación.

Pemex Exploración y Producción dio a conocer su más reciente evaluación de las reservas petroleras en su anuario Las reservas de hidrocarburos de México. Evaluación al 1 de enero de 2009, donde se informa sobre el esfuerzo exploratorio y la incorporación de reservas petroleras en el año previo. Al 1 de enero de 2009, las reservas totales de hidrocarburos (3P), correspondientes a la suma de las reservas probadas, probables y posibles, suman 43 mil 562.6 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

Cabe señalar que durante los últimos años la producción disminuyó significativamente. Sin embargo, se tiene la expectativa de aumentar las posibilidades de producción, especialmente si se desarrolla el potencial del Golfo de México profundo.

De acuerdo a diversas investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, se estima que en el Golfo de México, particularmente en la frontera entre México y Estados Unidos, existen aproximadamente 100 mil millones de barriles de petróleo, la segunda más importante después del Golfo Pérsico. Al respecto, Pemex Exploración y Producción ha reconocido que hay al menos unos cinco sitios de aguas ultraprofundas en el Golfo de México que son yacimientos transfronterizos y que son susceptibles de ser desarrollados desde el lado mexicano.

El tema de los recursos marinos, entre ellos los que existen en yacimientos transfornterizos, llevó a México y a Estados Unidos a la mesa de negociación y a la celebración de dos tratados internacionales, cuyo objeto común derivó en la creación de reglas bilaterales para el aprovechamiento de dichos recursos. El primer tratado, denominado “Tratado de Limites Marítimos entre los Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de América”, firmado por ambos países el 4 de mayo de 1978, tuvo como objeto la definición de los limites marítimos, lo cual, a su vez, resultó en la delimitación de sus respectivas zonas económicas exclusivas. Los acuerdos sobre estas zonas de riqueza petrolera fueron materia de un tratado posterior: el “Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre la delimitación de la Plataforma en la región occidental del Golfo de México más allá de las 200 millas náuticas”, firmado por las partes el 9 de junio de 2000. Sucintamente, delimita un polígono en la Plataforma occidental del Golfo de México, del cual 10 mil 556 kilómetros cuadrados corresponden a México (60.36 por ciento) mientras que 6 mil 932 kilómetros cuadrados corresponden a Estados Unidos (39.64 por ciento).

Dado que la explotación de los yacimientos transfronterizos compete tanto a los Estados Unidos como a nuestro país, es necesario trabajar en la creación de un modelo contractual que permita lograr convenios estratégicos para explotar los yacimientos transfronterizos “con riesgos controlados”. Es decir, que se logren acuerdos en los cuales ambos países se beneficien de manera equitativa por la explotación de los yacimientos transfronterizos, aprovechando la gran riqueza en hidrocarburos que ambos países comparten en dichos yacimientos, respetando en todo momento la soberanía de ambas naciones.

Es relevante señalar que, no podemos esperarnos a que llegue el 16 de enero de 2011, fecha en la cual vence el segundo tratado, y entonces empezarnos a preocupar sobre qué hacer con el petróleo mexicano transfronterizo, tal como ocurrió a principios de 2008 con la desgravación del maíz y fríjol, establecida desde hace años en el marco del TLCAN. Por lo tanto, es necesario trabajar desde ahora para lograr un mejor y óptimo aprovechamiento de nuestra riqueza en hidrocarburos, ubicada en yacimientos transfronterizos.

Ante todo este escenario, dentro de las discusiones y debates para la aprobación de la reforma energética del 2008, se abordo el tema de los yacimientos transfronterizos, en donde se señalo que mientras Estados Unidos avanza avasalladoramente en el desarrollo de nuevas tecnologías para la explotación de dichos yacimientos, nuestro país se ha quedado rezagado en dicho desarrollo. Asimismo, se enfatizó en la urgente necesidad de adoptar nuevas medidas para avanzar en la protección de nuestros recursos, tanto por la vía diplomática como dotando a Pemex de las herramientas técnicas, jurídicas y financieras. Por lo que se exhorto al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión a llegar a un acuerdo sobre la forma de explorar y explotar los recursos compartidos en los yacimientos transfronterizos entre México, Estados Unidos y Cuba.

Lo anterior se plasmó en el artículo 2o. de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, en donde se establece que dichos yacimientos podrán ser explotados en los términos de los tratados en los que México sea parte, celebrados por el presidente de la República y aprobados por la Cámara de Senadores.

De no realizarse la explotación de los yacimientos transfronterizos de manera conjunta, es posible que la despresurización de los yacimientos, de iniciar la explotación solo del lado norteamericano haga que la recuperación del petróleo del lado mexicano del yacimiento sea menor.

En campos nuevos se estima que la pérdida de producción es proporcional a la pérdida de presión, y que está podría llegar a 30 por ciento de iniciarse la explotación en solo una parte del yacimiento. Dado que el potencial de hidrocarburos en el Cinturón Plegado Perdido es de 3 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente, y que el 89 por ciento de los posibles yacimientos de esta región se encuentran en el lado mexicano, la pérdida de hidrocarburos para México por no iniciar en forma conjunta la explotación podría ser de aproximadamente de 800 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, cuya recuperación implicaría inversiones superiores a 8 mil 500 millones de dólares.

Por lo mencionado, es de suma importancia saber que medidas ha instrumentado en los últimos años Petróleos Mexicanos para llevar acabo la exploración y explotación de los yacimientos transfronterizos, y que medidas tiene contempladas el gobierno mexicano para llevar acabo la explotación conjunta de dichos yacimientos con las naciones con las cuales compartimos yacimientos transfronterizos. Por tal motivo, someto a la consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de Petróleos Mexicanos, a que entregue a esta soberanía un informe detallado sobre los avances en la exploración y explotación de los yacimientos transfronterizos compartidos con Estados Unidos y Cuba.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal para que informe a esta soberanía sobre cuales serían los procedimientos jurídicos para realizar la explotación conjunta de dichos yacimientos con los países con los que se comparte la territorialidad de los yacimientos transfronterizos ubicados en el Golfo de México.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 4 de febrero de 2010.— Diputado Leandro Rafael García Bringas (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado García Bringas. Túrnese a la Comisión de Energía.

Señoras diputadas y señores diputados, se encuentran entre nosotros líderes de la comunidad de Zapotlán el Grande, Jalisco, invitados por el señor diputado Alberto Esquer. Sean ustedes bienvenidos.

BRIGADA DE RESCATE TOPOS TLATELOLCO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destinar una partida presupuestal del Fonden para sufragar los gastos de capacitación, técnicas de rescate, paramédicas, primeros auxilios, así como para equipo y medicamentos para la Brigada de Rescate Topos de Tlatelolco, AC, entre otras.

El diputado Ramón Jiménez López:Gracias, señor presidente. Los suscritos, diputados Ramón Jiménez López y Arturo Santana, ambos del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, someten a la soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes consideraciones.

Debido a las diferentes catástrofes climáticas y fenómenos naturales que hemos enfrentado se han formado grupos de personas organizadas que se dedican a ayudar al país, así como a los países que se encuentran en situaciones desfavorables.

Uno de estos grupos es la Brigada de Rescate Topos de Tlatelolco, AC, que se creó a raíz del terremoto del 19 de septiembre de 1985 que azotó a nuestro país. Posteriormente han tenido destacadas participaciones, como en 2005, en Chiapas, cuando esta entidad fue azotada por el huracán Stan. Esta brigada realizó actividades como el traslado y manejo de víveres para el centro de acopio de protección civil estatal y el albergue creado en el Instituto de Desarrollo Humano. Apoyó también en la localización de cadáveres en la zona afectada cerca de Tapachula y trabajó con niños de la zona afectada.

Por otro lado, en el sismo-tsunami de Indonesia esta brigada donó herramientas de remoción de escombros al personal de Banda Aceh. Se entregaron alimentos enlatados a varias familias de damnificados instaladas en las mediaciones de la base aérea militar de Banda Aceh. El total de cadáveres recuperados en este sector fue de 150. Asimismo, entregaron material de curación al hospital militar que incluyó gasas, soluciones, desinfectantes, etcétera.

Recientemente, en la tragedia ocurrida en Haití, por el terremoto del 12 de enero de 2010, enviaron diversos elementos con víveres y equipos necesarios para su autosuficiencia, y rescate de personas atrapadas en los escombros.

Hay que mencionar también que una de las acciones más relevantes, además del apoyo a las acciones de rescate y coordinación, se encuentra en la creación del grupo Topos-Haití, el cual retoma las experiencias importantes desarrolladas en México.

En 1992 –en la Cumbre para la Tierra, en Río de Janeiro– Fidel Castro alertaba que los niveles de bióxido de carbono en la atmósfera eran de 367 partes por millón. Los modelos computarizados sugieren que en el 2025 se alcanzarán las 385 partes por millón. Para el 2050, 415 partes por millón. Es decir, dicha afirmación que en su momento hizo Fidel Castro fue tomada de manera irresponsable y catastrófica, pero haciendo un recuento y partiendo de las observaciones a las que hacemos alusión, esta afirmación se quedó corta. Los fenómenos naturales son cada vez más intensos, los huracanes, ciclones, nevadas, incendios, deslaves y sismos han dejado millones de muertes a nivel mundial.

Para muestra un botón, que consiste en los recientes acontecimientos que hoy nuestro país está afrontando en varios estados de la República.

Como el tiempo ha concluido, pido al presidente que se inscriba de manera completa la intervención en el Diario de los Debates, y solamente leeré las proposiciones concretas.

Primero. Esta soberanía solicita a la Secretaría de Gobernación, así como a la de Hacienda y Crédito Público, destinar recursos presupuestales del Fondo de Desastres Naturales para sufragar los gastos de capacitación técnica de rescate, paramédicos, primeros auxilios, así como para equipo y medicamentos de la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, Topos, AC, y puedan continuar con su labor en beneficio de la sociedad.

Segundo. Asimismo, que dichos recursos presupuestales del Fonden (Fondo de Desastres Naturales) se destinen a otras brigadas de rescate y salvamento del país, como las brigadas de Guadalajara, el Erum, Cruz Roja Mexicana, rescatistas de montaña, salvavidas costeros, entre otros.

Tercero. Que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se gestione y facilite el acercamiento para la capacitación de las diversas brigadas con organizaciones similares en otros países.

Por su atención, muchas gracias. Solicito igual, que se turne a la Junta de Coordinación Política, señor presidente, gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob y a la SHCP que destinen una partida del Fonden para sufragar los gastos de capacitación, técnicas de rescate, paramédicos y primeros auxilios, así como para equipo y medicamentos de la brigada de rescate Topos Tlatelolco, AC, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Ramón Jiménez López, diputado en la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Debido a las diferentes catástrofes climatológicas y fenómenos naturales que hemos enfrentado, se han formado grupos de personas organizadas que se dedican a ayudar al país, así como a los países que se encuentran en situaciones desfavorables, uno de estos grupos es la Brigada de Rescate Topos de Tlatelolco, AC, que se creó a raíz del terremoto de 19 de septiembre de 1985 que azoto el país. Posteriormente han tenido destacadas participaciones como en el año 2005 en Chiapas cuando azotó el huracán Stan, donde realizaron actividades como el traslado y manejo de víveres para el centro de acopio de protección civil estatal y el albergue creado en el instituto de desarrollo humano, apoyo en la localización de cadáveres en la zona de afectación cercana a Tapachula, trabajo con niños de la zona afectada. En el sismo-tsunami en Indonesia, se donaron las herramientas de remoción de escombros al personal de Banda Aceh, se entregaron alimentos enlatados a 10 familias de damnificados instalados en la mediación de la Base Aérea Militar de Banda Aceh, el total de cadáveres recuperados en el sector fue de 150, se entrego material de curación al Hospital Militar (gasas, soluciones, desinfectantes) etcétera.

Recientemente, en la tragedia ocurrida en Haití por el terremoto ocurrido el 12 de enero del 2010, enviando diversos elementos con víveres y equipo necesario para su autosuficiencia y rescate de personas atrapadas entre los escombros, hay que mencionar también que una de las acciones más relevantes a demás del apoyo en las acciones de rescate y coordinación, se encuentra la creación de topos-Haití.

En 1992 en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, Fidel Castro alertaba que los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera eran de 367 partes por millón (ppm). Los modelos computarizados sugieren que en el año 2025 se alcanzarán las 385 ppm y para el 2050 unas 415 ppm, dicha afirmación fue tomada como irresponsable y catastrofista. Pero haciendo un recuento partiendo de la observación creo que esta afirmación se quedó corta, los fenómenos naturales son cada día más intensos, los huracanes, ciclones, nevadas, incendios, deslaves, sismos han dejado millones de muertes a nivel mundial.

Los terremotos más mortales de 2009 tuvieron lugar en Indonesia e Italia. En el país asiático, el 30 de septiembre un sismo de 7.6 grados en escala de Richter azotó la isla de Sumatra y mató a más de mil personas, atrapadas bajo los escombros, principalmente en la ciudad de Padang.

Varios meses antes, el 6 de abril, la región italiana del Abruzzo se vistió de luto cuando pueblos enteros quedaron destruidos por un sismo de 6.5 grados. Hubo más de 200 muertos y miles quedaron sin hogar.

En El Salvador, deslaves e inundaciones dejaron unos 140 muertos en noviembre de 2009, como resultado de lluvias torrenciales que el gobierno dijo fueron similares a las que descargara el huracán Mitch en 1998. Miles de personas perdieron sus casas.

En el mismo mes, miles fueron desalojados de sus poblados en Uruguay y Argentina, donde precipitaciones fluviales provocaron la crecida de los ríos, que se desbordaron dañando poblados enteros.

Hay que recordar que durante el periodo del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2007, una lluvia de gran intensidad se presentó en el sureste de México, causando en Tabasco la inundación más grave registrada en el país en los últimos cincuenta años.

Las pérdidas estimadas fueron 350 mil viviendas afectadas, 1 millón 487 mil damnificados, 850 mil hectáreas de pastizales inundadas, 115 mil 959 hectáreas de cultivo arrasadas, 2 mil 975 kilómetros de carreteras pavimentadas estropeadas, 212 puentes deteriorados y 3 mil 505 escuelas dañadas.

A principios de año, inusuales tormentas de nieve, acompañadas de fuertes vientos, hicieron estragos en México, Estados Unidos y Europa.

Según informes del Sistema Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la temperatura mínima registrada en los 23 frentes fríos que azotaron el país fue de cinco grados bajo cero en la comunidad de El Saladillo, en el municipio de Pánfilo Natera, mientras que en Fresnillo, Villanueva, Villa González Ortega y Río Grande, osciló entre menos tres y cero grados.

Entre el 27 y el 28 de enero los estados de Arkansas, Kentucky, Missouri, Ohio, Oklahoma y Texas se vieron gravemente afectados por las tormentas. Hubo al menos 23 muertos, cortes de luz y suspensión de clases. Del otro lado del mundo, el 24 de enero, en España y Francia los vientos alcanzaron más de 100 kilómetros por hora y los expertos indicaron que desde 1999 no se registraba un fenómeno similar. Hubo 15 muertos.

Es decir, los fenómenos naturales han rebasado a los gobiernos y a sus órganos de protección civil, por tal motivo, se hace cada vez más necesario tener una estrategia más integral para poder enfrentar estas eventualidades como crear un centro de capacitación ciudadana para fenómenos naturales, o incentivar a grupos civiles como el que hemos mencionado a fin de que sigan brindando y perfeccionando sus técnicas de rescate.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Esta soberanía solicita a las Secretarías de Gobernación, y Hacienda y Crédito Público destinar recursos presupuestales al Fondo de Desastres Naturales, para sufragar los gastos de capacitación, técnicas de rescate, paramédicas, primeros auxilios, así como para equipo y medicamentos de la brigada de rescate Topos Tlatelolco, AC, y puedan continuar con su labor en beneficio de la sociedad.

Segundo.Asimismo que dichos recursos presupuestales del Fonden se destinen a otras brigadas de rescate y salvamento del país, como las brigadas de Guadalajara, ERUM, Cruz Roja Mexicana, Rescatistas de Montaña, Salvavidas Costeros, entre otros.

Tercero. Que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se gestione y facilite el acercamiento para la capacitación de las diversas brigadas con organizaciones similares de otros países.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2010.— Diputado Ramón Jiménez López (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Con mucho gusto, diputado. Insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público.

CANCER

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Salud, incremente las acciones para la detección, prevención, tratamiento y control de cáncer con programas de difusión dirigidos a la población, así como al mejoramiento de la infraestructura, equipamiento, aumento del personal de salud y surtimiento de medicamentos.

La diputada María Cristina Díaz Salazar:Gracias, diputado presidente. El cáncer es, sin duda, una de las enfermedades que ha irrumpido con mayor ímpetu en el panorama epidemiológico en nuestro país desde finales del siglo XX, convirtiéndose en un problema de salud pública a nivel mundial, no sólo por sus graves manifestaciones clínicas y su alta letalidad, sino también por la gran variedad de factores de riesgo, individuales y ambientales con los que se asocia.

En virtud del incremento en las tasas de morbilidad y mortalidad, y con el propósito de determinar el panorama epidemiológico de este padecimiento, desde hace varios años se han llevado a cabo estudios, sistemas de vigilancia y registros de esta enfermedad, mejorando con el paso del tiempo los procesos de elaboración, procesamiento y análisis de caso.

La historia del registro histopatológico de neoplasias malignas demuestra que el esfuerzo combinado de profesionales de la salud de diversas instituciones y del sector privado redunda en beneficio de aportar un elemento más a otras fuentes de información, que permitirán día a día conocer la situación del cáncer en México, lo cual plantea enormes retos no sólo a los servicios de salud, sino a la población en conjunto.

No obstante lo anterior, durante la primera semana de enero la Secretaría de Salud dio a conocer que se está viendo rebasada por los pacientes que padecen cáncer. Las cifras consolidadas de 2008 muestran la muerte de más de 48 mil pacientes y más de 72 mil casos nuevos.

Los medios de comunicación y el testimonio de los pacientes, así como los profesionales de la salud indican la falta de infraestructura, medicamentos y médicos especialistas que tienen la responsabilidad para atenderlos.

Las cifras dadas por la Secretaría de Salud nos dicen que el cáncer de próstata fue causa de muerte de 19 hombres por cada 100 mil. Mientras que el cáncer de mama mostró una tasa de 17 por cada 100 mil. El cáncer cervicouterino de 14 por cada 100 mil. Y por último, el cáncer secundario al tabaquismo en vías respiratorias de 6 por cada 100 mil. Ramírez Barba, columna Caleidoscopio.

La evaluación de la incidencia de cáncer es una herramienta importante en las decisiones de detección, prevención y tratamiento del mismo.

Por lo anterior, solicitamos y exhortamos al Poder Ejecutivo para que la Secretaría de Salud incremente las acciones para la detección, prevención, tratamiento y control del cáncer con programas de difusión dirigidos a la población, así como mejoramiento de la infraestructura, del equipamiento, aumento del personal de salud y surtimiento de medicamentos para ampliar la cobertura de este padecimiento, subrayando este último como uno de los temas más importantes, el de los medicamentos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 9 de febrero de 2010. Gracias, presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incrementar mediante la Secretaría de Salud las acciones para detectar, prevenir, tratar y controlar el cáncer con programas de difusión y mejoramiento de la infraestructura, equipamiento, aumento del personal de salud y surtimiento de medicinas, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento  para el Gobierno Interior  del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta al Poder Ejecutivo a efecto de que la Secretaría de Salud incremente las acciones para la detección, prevención, tratamiento y control del cáncer con programas de difusión dirigidos a la población, así como mejoramiento de  la infraestructura, del equipamiento, aumento del personal de salud y  surtimiento de medicamentos para ampliar la cobertura de este padecimiento.

El cáncer es, sin duda, una de las enfermedades que ha irrumpido con mayor ímpetu en el panorama epidemiológico de nuestro país desde finales del siglo XX, convirtiéndose en un problema de salud pública a nivel mundial, no sólo por sus graves manifestaciones clínicas y su alta letalidad, sino también por la gran variedad de factores de riesgo  individuales y ambientales con los que se asocia.

En virtud del incremento en las tasas de morbilidad y mortalidad, y con el propósito de determinar el panorama epidemiológico de este padecimiento, desde hace varios años se han llevado a cabo  estudios, sistemas de vigilancia y registros de esta enfermedad, mejorando con el paso del tiempo  los procesos de elaboración, procesamiento y análisis de casos.

La historia del registro histopatológico de neoplasias malignas demuestra que el esfuerzo combinado de profesionales de la salud  de diversas instituciones y del sector privado redunda  en el beneficio de aportar un elemento más a otras fuentes de información que permitirán día a día conocer la situación del cáncer en México, la cual  plantea enormes retos, no sólo a los servicios de salud sino a la población en conjunto.

No obstante lo anterior, durante la primer semana de enero la Secretaría de Salud dio a conocer que se está viendo rebasada por los pacientes que padecen de cáncer.

Las cifras consolidadas de 2008 muestran  la muerte de más de 48 mil pacientes  y más de 72  mil casos nuevos. Los medios de comunicación y el testimonio de los pacientes, así como los profesionales de la salud indican la falta de infraestructura, medicamentos y médicos especialistas  que tienen la responsabilidad para atenderlos, más en los sistemas de seguridad social o en los servicios estatales de salud y de los beneficiarios del Seguro Popular.

Las cifras dadas por la Secretaría de Salud  nos dicen que el cáncer de próstata fue causa de muerte de 19 hombres por cada 100 mil; mientras que el cáncer de mama mostró una tasa de 17 por cada 100 mil; el cáncer cérvico-uterino, de 14  por cada 100 mil; y por último, el cáncer secundario al tabaquismo en vías respiratorias, de 6 por cada 100 mil.

(Ramírez Barba, columna Caleidoscopio)

La evaluación de la incidencia de cáncer es una herramienta importante en las decisiones  de  detección, prevención y tratamiento de éste.

Por lo anterior, siendo hoy el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, someto a esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Por medio del cual se exhorta al Poder Ejecutivo a efecto de que la Secretaría de Salud incremente las acciones para la detección, prevención, tratamiento y control del cáncer con programas de difusión dirigidos a la población, así como mejoramiento de la infraestructura, del equipamiento, aumento del personal de salud y  surtimiento de medicamentos para ampliar la cobertura de este padecimiento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2010.— Diputada María Cristina Díaz Salazar (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputada María Cristina Díaz Salazar. Túrnese a la Comisión de Salud.

Señoras diputadas y señores diputados, el siguiente punto del orden del día es proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno, que hemos recibido de la Junta de Coordinación Política. Le pido a la Secretaría dar cuenta de ellos.

ESTADO DE GUERRERO

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación y de la Coordinación General de Protección Civil, para que en cumplimiento de sus atribuciones legales en materia de protección civil, emita la declaratoria de emergencia y libere los recursos del Fondo de Desastres Naturales para atender de inmediato a Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con motivo del desastre ocurrido por las intensas lluvias acontecidas entre el 2 y el 4 de febrero de 2010

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suyas las proposiciones con puntos de acuerdo relativos a las materias objeto del presente, que presenta el diputado Mario Moreno Arcos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se somete a la consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación y de la Coordinación General de Protección Civil para que en el cumplimiento de sus atribuciones legales en materia de protección civil, emitan la declaratoria de emergencia y liberen los recursos del Fondo para Desastres Naturales para atender, en forma inmediata, a Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con motivo del desastre ocurrido por las intensas lluvias acontecidas entre el 2 y el 4 de febrero de 2010.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2010.— Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Reyes Tamez Guerra, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:En votación económica pregunte a la asamblea si se aprueba.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba la propuesta. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado.Continúe con el siguiente.

ZONA CAFETALERA NACIONAL

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal, de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de la Comisión Nacional del Agua a revisar la metodología y criterios aplicados en la evaluación de las afectaciones a la zona cafetalera nacional durante las últimas heladas y se cubran los siniestros existentes

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo decimocuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suyas las proposiciones con puntos de acuerdo relativos a la materia objeto del presente, que presenta el diputado Cruz López Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único.Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de la Comisión Nacional del Agua a efecto de que

1. De manera inmediata, con la participación de las organizaciones nacionales de productores de café y otros cultivos y actividades pecuarias, se revise la metodología y criterios aplicados por la Conagua para definir qué municipios y localidades son declarados como siniestrados, así como los criterios para evaluar el grado de afectación existente a las plantaciones de café durante las últimas heladas.

2. A la mayor brevedad se emitan las evaluaciones y dictámenes que corresponden a cada una de las zonas cafetaleras afectadas por las recientes heladas.

3. En caso de existir poblaciones que aún así no fueron consideradas como siniestradas, se haga del conocimiento público los criterios y parámetros utilizados para descartarlas.

4. Se proceda a realizar urgentemente los pagos por siniestro a los cafetaleros afectados, fundamentalmente a los de San Luis Potosí, Veracruz y Guerrero.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2010.— Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Reyes Tamez Guerra, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le pido a la Secretaría pregunte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Continúe con el siguiente acuerdo que la Junta de Coordinación nos envió.

ESTADO DE MEXICO - ESTADO DE MICHOACAN - DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación; de Hacienda y Crédito Público; y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a liberar de inmediato los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales y de los programas relativos a contingencias climatológicas para la atención de los afectados por las torrenciales lluvias del 3 y 4 de febrero de 2010 en el estado de México, Michoacán y Distrito Federal, y sean revisadas las reglas de operación y los procedimientos administrativos de liberación de estos recursos para que las entidades federativas puedan afrontar adecuadamente las emergencias causadas por fenómenos naturales

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suyas las proposiciones con puntos de acuerdo relativos a las materias objeto que presentan los diputados Alejandro Encinas Rodríguez, José Luis Jaime Correa y Emiliano Velázquez Esquivel del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por lo que se somete a la consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero.Esta soberanía exhorta a las Secretarías de Gobernación; de Hacienda y Crédito Público; y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca, para liberar de manera inmediata los recursos del Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden) y de los programas para contingencias climatológicas, administrados por la Sagarpa, para la atención de los afectados por las torrenciales lluvias acaecidas los días 3 y 4 de febrero de 2010 en los estados de México, Michoacán, y Distrito Federal.

Segundo.Esta soberanía exhorta a la Secretaría de Gobernación para que sean revisadas las reglas de operación y los procedimientos administrativos de liberación de estos recursos para que las entidades federativas puedan afrontar adecuadamente las emergencias causadas por fenómenos naturales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2010.— Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Reyes Tamez Guerra, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado.Continúe con el siguiente acuerdo de la Junta de Coordinación.

MATERIA MIGRATORIA

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se solicita a las mesas directivas de las Comisiones de Población, Fronteras y Asuntos migratorios, de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Justicia, y de Derechos Humanos que se reúnan en comisiones unidas para proponer la formación de un grupo consultivo de legisladores que pueda debatir y resolver sobre los vacíos legales en materia migratoria

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presenta la diputada Caritina Sáenz Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, quien ha manifestado su preocupación respecto a la falta de políticas públicas y un marco jurídico e institucional a la altura del fenómeno migratorio en México, y de su impacto en la economía nacional, lo cual se refleja en la carencia de una ley migratoria que responda al fenómeno contemporáneo de la migración y a los problemas de flujos migratorios en el país; asimismo, sobre la necesidad de contar con un ámbito del poder judicial que pueda especializarse en delitos hacia migrantes y evite tratos discriminatorios y vejatorios a los migrantes que ingresan o regresan a nuestro territorio. Por lo anterior, se somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Se solicita a las mesas directivas de las Comisiones de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Justicia, y de Derechos Humanos que se reúnan en comisiones unidas para proponer la conformación de un grupo consultivo de legisladores que puedan debatir y resolver sobre los vacíos legislativos que existen en materia migratoria.

Así también, se solicita que este grupo, una vez formado, impulse una estrategia viable que agilice las legislaciones en materia migratoria, que se encuentran en el seno de sus comisiones aún en proceso de dictamen (ya sea minutas por parte del Senado o de las comisiones en la Cámara de Diputados), fundamentalmente en temas tales como la expedición de la Ley General de Población, la Procuraduría del Migrante, la Ley de Asilo y Refugio, y todos los asuntos en la materia que este grupo considere importante revisar y atender.

La oportuna y directa interrelación de las comisiones en una misma agenda de trabajo podrá garantizar que los diversos dictámenes puedan tener un cauce legislativo más ágil y eficaz para alcanzar las reformas necesarias que permitan a nuestro país definir una política migratoria de Estado.

Segundo.Este grupo consultivo de legisladores estará integrado por uno o dos de los legisladores, miembros de cada comisión arriba mencionadas, la cual deberá estar integrada de forma plural y podrán acordar una agenda de reuniones durante el presente periodo y presentar un informe de los avances legislativos a más tardar el 30 de abril de 2010, fecha en que concluye el presente periodo legislativo. En caso de ser necesario, se podrán programar más reuniones durante el periodo de receso.

Tercero. De los resultados de este informe se considerarán las prioridades en materia legislativa para adecuar, modificar o en su caso preparar las iniciativas pertinentes, a fin de ser dictaminadas o presentadas a la mayor brevedad posible.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2010.— Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez,  (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Reyes Tamez Guerra, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

G El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado.Continúe con los acuerdos.

ESTADO DE MICHOACAN

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal y a los secretarios de Gobernación, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a destinar mayores recursos para atender la urgencia que presenta Michoacán con motivo de las afectaciones causadas por las precipitaciones pluviales

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suyas las proposiciones con puntos de acuerdo relativos a las materias objeto del presente, que presenta la diputada Jeny de los Reyes Aguilar del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se somete a la consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal y al secretario de Gobernación para que declaren zona de desastre natural la totalidad de los municipios de Michoacán afectados por las lluvias torrenciales y destinen mayores recursos del Fonden para su atención.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal y al secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación para que por conducto de los diversos programas federales en materia de desarrollo agropecuario destine mayores recursos para Michoacán a fin de resarcir los daños causados a la planta productiva por las precipitaciones pluviales recientes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2010.— Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Reyes Tamez Guerra, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le pido a la Secretaría, en votación económica, pregunte a la asamblea si se aprueba.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado.Continúe con los acuerdos.

AHORROS DE PENSIONADOS

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público a estudiar la suspensión de la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en virtud de que grava los ingresos provenientes de los ahorros de los pensionados del IMSS

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presenta el diputado Mario di Constanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, quien ha manifestado su preocupación respecto a que en medio de una severa crisis económica y de problemas serios de desempleo en todo el país, a los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se les aplicó en sus ingresos por jubilación, hasta por un monto equivalente a los 9 salarios mínimos, el gravamen establecido en la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. El pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía a estudiar la suspensión de la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en virtud de que grava los ingresos provenientes de los ahorros de toda la vida de los pensionados del IMSS, a los que oportunamente se les aplicó el impuesto en comento.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2010.— Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputada Josefina Vázquez Mota, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Reyes Tamez Guerra, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado.Continúe con los acuerdos.

ESTADO DE QUERETARO

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al gobierno federal a liberar los recursos financieros y materiales del Fondo de Desastres Naturales para la atención de la emergencia presentada por las inundaciones en los municipios de El Marqués, Peñamiller, Tolimán y Querétaro

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presentan los diputados Jesús María Rodríguez Hernández, Alfredo Francisco Lugo Oñate y Reginaldo Rivera de la Torre del Grupo Parlamentario del PRI, por lo que se somete a la consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno federal para que libere los recursos financieros y materiales del Fonden, mediante obras de reparación de viviendas y zonas públicas, particularmente la sección del río Querétaro, perteneciente a la cuenca Lerma-Chapala, en distintos tramos de los municipios, aplicando las medidas sanitarias pertinentes. Para la atención de la emergencia presentada por las inundaciones en los municipios de El Marqués, Peñamiller, Tolimán y Querétaro.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2010.— Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Alejandro Encinas Rodríguez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Pedro Vázquez González, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Reyes Tamez Guerra, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

«Los suscritos, diputados Reginaldo Rivera de la Torre, Alfredo Francisco Lugo Oñate, Jesús María Rodríguez Hernández, integrantes de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para e Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), instrumento financiero mediante el cual dentro del Sistema Nacional de Protección Civil tiene como finalidad apoyar a las entidades federativas de la república mexicana, así como a las dependencias y entidades de la administración pública federal, para la atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural, se solicita de urgente y pronta resolución que le sea otorgado al gobierno estatal de Querétaro el apoyo para la reconstrucción, de los hogares de las familias afectadas, escuelas, centros de salud y caminos, que por causa del fenómeno natural se encuentran en estado de desastre.

Las afectaciones pluviales perjudicaron a municipios de Querétaro, desbordándose la Presas del Carmen y del Diablo ubicadas en el municipio de El Marqués, el río Extórax afectando a los municipios de Peñamiller y Tolimán, el río Querétaro afectado seriamente extensas áreas; así como caminos, los cuales hace casi imposible que de inmediato reciba la ayuda oportuna, tanto médica como de reconstrucción de vivienda para más de 5 mil damnificados.

Protección Civil del municipio de El Marqués emitió una alerta a mil 500 personas que viven a las orillas del río Querétaro, ante la creciente del caudal por las lluvias que se registran.

En ese estado, elementos de protección civil trasladaron a más de 200 personas a por lo menos tres albergues, luego de una creciente súbita del arroyo de la comunidad de Amazcala, en el municipio de El Marqués.

Las autoridades municipales y de protección civil utilizaron vehículos especiales para trasladar a la población a los albergues habilitados por la alcaldía, ubicados en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y escuelas de la zona.

Autoridades municipales y estatales monitorean ríos y presas con el fin de evitar cualquier siniestro.

Esta situación llevó a que, en el transcurso de la lluvia, cientos de personas quedaran varadas y refugiadas en diversos espacios públicos, al mismo tiempo, se tuvieron que desalojar a más de 5 mil personas de sus viviendas, con el propósito de salvaguardarlas.

Debemos de reconocer la participación de las autoridades estatales que actuaron de inmediato en esta emergencia para evitar un desastre mayor a los habitantes en estos municipios.

Es urgente coordinar esfuerzos, de los tres niveles de gobierno, para enfrentar exitosamente esta emergencia que padecen los pobladores de los municipios El Marqués, Peñamiller, Tolimán y Querétaro

Por lo expuesto, sometemos a discusión y aprobación por el pleno, como de urgente y obvia resolución, de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. Para exhortar al gobierno federal para que libere los recursos financieros y materiales del Fonden, mediante obras de reparación de viviendas y zonas públicas, particularmente la sección del río Querétaro, perteneciente a la cuenca Lerma-Chapala, en distintos tramos de los municipios, aplicando las medidas sanitarias pertinentes. Para la atención de emergencia presentada por las inundaciones en los municipios de El Marqués, Peñamiller, Tolimán y Querétaro.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2010.— Diputados Reginaldo Rivera de la Torre, Alfredo Francisco Lugo Oñate, Jesús María Rodríguez Hernández (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Consulte la Secretaría, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal, mediante la Secretaría de Gobernación, a solicitar que libere recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales para Tijuana, que ha sido afectada por un nuevo frente frío y lluvias de fuertes a intensas, a fin de poder atender la contingencia

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo decimocuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presenta el diputado Óscar Martín Arce Paniagua, del Grupo Parlamentario del PAN, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo federal, mediante la Secretaría de Gobernación, a solicitar que libere recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales para el municipio de Tijuana, que ha sido afectado por un nuevo frente frío y lluvias de fuertes a intensas, a fin de poder atender la contingencia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2010.— Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Pedro Vázquez González, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Reyes Tamez Guerra; Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Pregunte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse el acuerdo de la Junta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado.Continuamos con el orden del día. Excitativas.

ARTICULOS 26, 115 Y 122 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Esta Presidencia recibió solicitud de excitativa del diputado Jesús Ramírez Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la Comisión de Puntos Constitucionales.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Jesús Ramírez Rangel, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Jesús Ramírez Rangel, diputado a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, 87 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente a esta presidencia que tenga a bien formular una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales a efecto de que se dictamine, a la mayor brevedad, para su presentación ante el pleno de esta Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 26, 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con base en los siguientes

Antecedentes

El diputado Carlos Augusto Bracho González del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional e integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la LX Legislatura presentó, el 21 de enero de 2009, a nombre de sus compañeros integrantes de esa comisión, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 26, 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue turnada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a la Comisión de Puntos Constitucionales.

El 23 de enero del mismo año, la mesa directiva de la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la LX Legislatura solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la ampliación de turno de la iniciativa de ley mediante oficio HCD/CDM/LX/022/09.

Con fecha 5 de febrero de 2009 la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio DGPL 60-II-5-2469, acordó rectificar el turno de la iniciativa, para que la Comisión de Desarrollo Metropolitano emitiera su opinión.

La presidencia de la Comisión de Desarrollo Metropolitano informó que, en su reunión plenaria del 23 de abril de 2009, se aprobó el dictamen de opinión respectivo, que se remitió con oficio número HCD/LX/126/09, en la misma fecha, a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Por lo anterior, y desahogado el trámite por la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la LX Legislatura, se torna oportuno y necesario que la Comisión de Puntos Constitucionales emita el dictamen correspondiente, por considerarse que cuenta con los elementos técnicos en el tema que aborda la iniciativa en comento, ya que estos fueron proporcionados por la comisión que emitió la opinión.

Considerandos

En la actualidad el marco legal resulta obsoleto frente al fenómeno metropolitano que se está proliferando en el país, por lo anterior, se considera necesario que desde el marco legal federal se contemple dicho fenómeno y esto de paso a una efectiva gestión pública metropolitana.

Lo anterior se refleja cuando datos proyectan que en México más de la mitad de la población radica en zonas metropolitanas donde confluyen dos o más municipios –o entidades federativas– que deben ponerse de acuerdo para establecer un proceso de planeación común para, por un lado, definir un proyecto integrado y de largo plazo para la metrópoli y, por el otro, para la prestación de determinados servicios públicos, la realización de obras y proyectos en conjunto o la coordinación administrativa entre ellos y con los otros ámbitos de gobierno.

Las zonas metropolitanas enfrentan la problemática de que no existe un marco jurídico que reconozca el fenómeno, lo cual complica la gestión y planeación, además, de la falta de incentivos para que dichas zonas logren una eficiente coordinación metropolitana.

Es por ello, que los integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la LX Legislatura, después de escuchar las inquietudes respecto al tema de los distintos ordenes de gobierno, académicos y la sociedad en diversos foros, como lo fue el Congreso nacional: hacia la reforma metropolitana,presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 26, 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo las siguientes premisas:

• Establecer el reconocimiento de la unidad físico-espacial, económica y urbana de naturaleza metropolitana, que presenta características y requerimientos de desa-rrollo distintos a otros centros urbanos y conurbaciones que conforman el sistema nacional de ciudades, como un ámbito diferenciado del desarrollo nacional así como de la actuación de los poderes públicos, órdenes de gobierno y autoridades administrativas. Lo que supone establecer un criterio general suficientemente incluyente y, a la vez, preciso para la delimitación y declaratoria de metrópolis y zonas metropolitanas, en que pueda ser soportada la legislación federal y estatal y la normatividad municipal.

• Inducir la adecuada integración transversal, no sólo intersectorial, de normatividad, políticas públicas, proyectos de desarrollo regional, planeación y programas de acción sobre el territorio metropolitano, constituido como unidad espacial de actuación pública, convivencia social y desarrollo regional. Lo que supone impactos diferenciados pero interrelacionados en el desarrollo económico y el funcionamiento urbano de metrópolis y zonas metropolitanas y de éstas con el territorio regional que las contiene y al que contribuyen a definir.

• Orientar la concurrencia de autoridades municipales e inducir la debida coordinación entre ellas y con el gobierno estatal, cuando se trate de zonas de intraestatales, así como entre gobiernos municipales, estatales y federales cuando se trata de metrópolis o zonas metropolitanas en territorio de dos o más entidades federativas e incluso la concurrencia de los tres órdenes de gobierno con gobiernos extranjeros cuando la zona metropolitana se encuentre en una zona fronteriza. Lo que supone conciliar la autonomía municipal y la soberanía estatal entre sí y de ambas con respecto a la federación, así como la respectiva distribución de competencias y la atribución de facultades exclusivas y concurrentes que aseguren la gobernabilidad democrática en el espacio territorial metropolitano, de conformidad al sistema republicano federal vigente.

• Asegurar la adecuada concurrencia de los sectores privado y social, y la participación ciudadana en el desa-rrollo económico y urbano metropolitano. Lo que supone establecer bases amplias para inducir que la concertación de intereses, actuaciones e intervenciones de los agentes privados y las organizaciones civiles, pueda ser armonizada con la canalización y atención de demandas ciudadanas y propuestas de colaboración social que tengan lugar a través del cauce institucional de la jurisdicción política y administrativa del municipio.

La presentación de dicha iniciativa reflejó la coincidencia de todas las fuerzas políticas en aras de adecuar la legislación para que se contemple desde el marco constitucional el reconocimiento de la zona metropolitana y eso permita que las entidades federativas que cuentan con zonas metropolitanas puedan legislar al respecto tomando como base el texto constitucional.

Por lo anteriormente expuesto y habiéndose cumplido con exceso el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a usted ciudadano presidente de la Mesa Directiva, atentamente solicito

Único.En los términos del artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a la Comisión de Puntos Constitucionales para que formule el dictamen correspondiente a la proposición referida.

Notas:

1 Contenidas en la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 26, 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 21 de enero de 2009.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2010.— Diputado Jesús Ramírez Rangel (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De conformidad con lo que establece la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la comisión mencionada para que emita el dictamen correspondiente.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1917

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Pasamos al siguiente punto del orden del día que es agenda política. El siguiente punto del orden del día es comentario en relación con el 93 aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Tiene la palabra la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, ¿qué importancia cobra nuestra Constitución Política? cuando podemos preguntarnos, en el marco del centenario de la Revolución, ¿qué significado tiene para la sociedad hoy día y qué significó para el Constituyente Permanente? Si año con año desde esta tribuna se expresa todo punto de vista, partidista e ideológico, se resaltan las mejores virtudes y alcances por los grupos parlamentarios a nuestra Constitución Política.

Prácticamente no hay objeciones al referirnos a ella. Somos una clase política que tendemos a unirnos en torno a las glorias, hazañas de nuestra historia. Todo es confort, todo es festejo. Pero cuando se trata de ver por el presente y el futuro todo se vuelve desesperanza para la sociedad. No hay visión de largo plazo ni humildad republicana y la percepción para la sociedad no lo refleja respecto a la clase política y a quienes representamos el poder público.

Quienes aspiramos a seguir luchando por una sociedad más justa, igualitaria y democrática no queremos renunciar a la posibilidad de construir un mejor país donde la diversidad y la pluralidad se consoliden bajo el diseño de una nueva constitucionalidad que sea garante de los acuerdos, de la eficacia gubernamental y de la consolidación de nuestras instituciones y de los valores democráticos.

Nuestra Constitución de 1917 no sólo fue un discurso original, sino la forma por la cual se transitó a una vida social, administrativa y jurídica del poder público, que dio origen a la filosofía política y a la vía para introducir estos postulados al derecho, pues se debía organizar al poder público, a sus representantes para construir las normas que todos pudieran observar como modelos del poder público. Sus funciones, la forma de relación entre los ciudadanos, el poder público, y el poder político. Y dar paso a los nuevos modelos de convivencia que norman la vida de los pueblos de México.

Todo esto con sustento en los postulados universales de un conjunto de derechos inalienables de igualdad de los hombres y mujeres que validó la Constitución y que por la fuerza de las ideas quedó identificado como la visión correcta de la realidad de 1917.

Hay que decirlo así con sus letras: los pilares que le dieron vitalidad y vigencia a nuestra Constitución política ya no corresponden a los nuevos requerimientos de la República y a los nuevos tiempos nacionales e internacionales. Tenemos que y debemos decirlo así.

Vale la pena recordar que las Constituciones de 1824 y 1857 se alimentaron de los pactos constitucionales que les precedieron, de una visión de futuro. Nuestra Constitución actual, que también debe actualizarse bajo el refrendo de los principios medulares de un nuevo pacto fundacional irrestricto de las garantías cívicas e individuales, derechos sociales e imprescindibles de ser un Estado laico y garante del derecho de los poderes públicos, autónomos y corresponsables. Con un ejercicio transparente del poder y la rendición de cuentas. Un ejercicio soberano de una política exterior que refrende la Carta Universal de los Derechos Humanos e incentive la igualdad y cooperación del desa-rrollo entre los pueblos.

Para el Grupo Parlamentario de Convergencia es y ha sido una preocupación y ocupación esta necesidad. Se han presentado iniciativas de ley para que la Constitución mexicana exprese de manera tajante la laicidad del Estado.

Así ha quedado el testimonio y señalamos que un Estado laico moderno no hace suya ninguna religión, pero tampoco las repudia. Que un Estado laico contribuye al bien común ya que protege a la persona humana y no permite que las fuerzas religiosas lo vulneren.

El 2010 se perfila como un año significativo para las mexicanas y los mexicanos. Ahora se cumplen 200 años de la Independencia y 100 de la Revolución Mexicana. Y el pasado 5 de febrero 93 años de vida de nuestra Carta Magna, 93 años en medio de la peor crisis económica en la historia, de una disminución terrible de las condiciones y calidad de vida, y un futuro incierto.

México es hoy un país con grandes desigualdades, con una pobreza creciente que nos hunde y lacera, con un modelo económico desgastado y un gran descrédito de la clase política con una Ley de Ingresos que lo único que busca es mantener privilegios.

Sólo en los años de la presente administración hay 6 millones más de mexicanos en condiciones de pobreza. ¿Cómo pueden considerarse tomados en cuenta estos ciudadanos cuando su calidad de vida y de salud es diferente, cara y no para todos? ¿Cuando la educación se encuentra en los últimos lugares a nivel internacional? ¿Cuando en seguridad hay que pedir disculpas por los calificativos que hace el presidente a los jóvenes contra los cuales se atentó? ¿Cuando todo esto no lo garantiza el Estado?

Los años del neoliberalismo económico y entreguismo político han sido años de desmantelamiento de sectores productivos clave en nuestro país como la agricultura, la empresa pequeña y mediana, por cierto la mayor generadora de ocupación. La privatización y extranjerización de los servicios básicos como la banca, que ha dejado de servir al desarrollo del país. Y el incremento de los impuestos como el IETU –que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que es legal el cobro de este impuesto.

A 93 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tendríamos que preguntarnos: ¿qué celebrar? Compañeras diputadas y compañeros diputados, no perdamos la memoria porque corremos el riesgo de repetir la historia.

¿Qué celebrar, cuando tenemos que recibir una certificación de nuestro vecino del norte referente al narcotráfico? ¿Dónde está nuestra soberanía cuando tenemos la intervención de la Iglesia en la dirigencia del Estado? ¿Dónde está nuestro Estado laico cuando en 18 estados de la República se castiga a las mujeres por decidir sobre sus derechos sexuales y reproductivos? ¿Dónde está el Estado democrático si tenemos una gran discriminación racial y de género? ¿Dónde está la igualdad y la libertad? En fin, todos nosotros debemos preguntarnos constantemente: ¿dónde está y qué hemos hecho con nuestra Constitución?

Dejemos los asuntos domésticos y diseñemos el futuro y entonces sí cobra gran vida este movimiento social de 1910. Que sean acciones las que nos lleven a generar este gran debate nacional. Que no nos detengan las mezquindades ni los escenarios electorales. Es tiempo de construir un techo común para todos los mexicanos. Es tiempo de ver por México. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias a usted, diputada. Tiene la palabra la diputada Elsa María Martínez Peña, de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.

La diputada Elsa María Martínez Peña:Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea, la Constitución de 1917 en el momento de su promulgación fue pionera mundial en lo que se refiere a los derechos sociales y la protección del hombre y del ciudadano.

Los constituyentes del 17 nutrieron su visión de la sociedad, del Estado y de la vida, de la Revolución de 1910. Este movimiento significó un avance histórico para México, pues destruyó las bases de la dictadura porfirista, reivindicó a las masas y realizó auténticas acciones de justicia social. Estos ideales tienen arraigo desde los Sentimientos de la Nación de Morelos.

Nuestra Carta Magna representó a la vez un pacto y un proyecto. Un pacto porque reflejó aspiraciones de los distintos sectores de la sociedad y permitió así superar la lucha armada. Un proyecto porque superando la tradición constitucionalista de la época, en la Constitución de 1917 se estableció un proyecto de nación para el siglo XX. Un proyecto basado en la obligación del Estado de garantizar educación, salud, trabajo, seguridad jurídica, soberanía sobre nuestros recursos naturales, libertad y democracia para todos.

Una manera de hacer honor a la Constitución consistiría en fortalecer las decisiones fundamentales que contiene, por ejemplo lo establecido en el artículo 3o., haciendo de la educación un asunto de alta prioridad en la agenda nacional, asignándole crecientes recursos y ofreciendo educación media superior y superior a los millones de jóvenes que buscan una oportunidad para superarse.

En materia social nuestra Carta Magna obliga a garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales de los mexicanos. Sin embargo, el año pasado perdimos casi medio millón de empleos y seis millones de mexicanos más pasaron a la condición de pobreza extrema, situación que plantea un serio desafío al conjunto de la sociedad.

Asimismo, construir un estado de derecho ha sido una de las aspiraciones de los mexicanos que está plasmada en la Constitución. Esto significa un Estado donde el cumplimiento de la ley en todos los ámbitos sea la norma, no la excepción.

En el actual contexto el respeto a la ley y su aplicación estricta se constituye como uno de los retos que demandan mayor atención.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, las leyes deben cambiar para no quedarse al margen de la realidad. Por ello, ahora que los grandes problemas nacionales se presentan de manera tan profunda tenemos que voltear a ver la Constitución de 1917 con ojos críticos para ver si el proyecto de nación que planteó está vigente.

La Constitución de 1917 dio cauce a las exigencias de libertad y democracia al establecer una serie de principios políticos fundamentales como la soberanía popular, elección popular de los gobernantes, la no reelección del presidente, la forma de gobierno democrática y republicana, la no participación política del Ejército y las iglesias.

Hoy discutimos una reforma política necesaria para que nuestro sistema político tenga la capacidad de procesar decisiones trascendentes, de realizar los cambios y reformas que traigan bienestar social integral y gobernabilidad democrática. No hay que olvidar que para lograrlo hace falta voluntad, generosidad, imaginación y visión política.

Para reivindicar la vigencia de nuestra Carta Magna debemos emprender la construcción de un proyecto de nación para el siglo XXI que incorpore los anhelos de todos los mexicanos. Un proyecto que garantice el bienestar social, la democracia, la gobernabilidad, la justicia, el imperio de la ley, la soberanía popular, el reconocimiento de las diferencias, el carácter laico de las instituciones públicas, la educación de calidad con equidad entre otros muchos objetivos históricos que nos harán un mejor país. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia, hasta por 5 minutos.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, acabamos de celebrar 93 años de vigencia de la Constitución de 1917.

Se dice que hay Constitución cuando el marco jurídico establece garantías a los derechos humanos y contempla la división de Poderes. También se ha llegado a definir a la Constitución como la expresión jurídica de la historia de una sociedad o de un pueblo. En un Estado constitucional y democrático de derecho se dice que la Constitución entraña la organización democrática del poder público.

En México desgraciadamente no tenemos una Constitución normativa. Es decir, una Constitución que concilie la realidad con el deber ser de las normas, en donde coincida la realidad con lo postulado por la Constitución. Tenemos, en todo caso, una Constitución nominal o semántica. Esa realidad, el no tener una Constitución normativa, donde lo expresado en ella se realice en los hechos, es también expresión de nuestro subdesarrollo.

Los problemas de nuestra transición a la democracia tienen que ver con el incumplimiento de la Constitución.

¿Por qué la transición a la democracia en México es insuficiente, frustrada o fracasada? Yo creo que solamente hay dos explicaciones para contestar a esa interrogante: una explicación nos diría que la Constitución en México no se cumple y no se cumple principalmente desde la instauración en el país, desde los años ochenta, de los gobiernos neoliberales.

El neoliberalismo se ha apartado de la defensa del patrimonio de la nación. Se aparta cada vez más de la vigencia efectiva de los derechos sociales. El neoliberalismo no tiene nada que ver con la defensa de la soberanía nacional ni tampoco con la defensa y la realidad existencial y vívida de un Estado laico. Ésa es una explicación. Nuestra transición y el sistema político que tenemos obedecen a que la Constitución no se cumple.

Otra explicación nos diría que en México necesitamos una nueva Constitución, una Constitución basada en un consenso sobre principios, sobre valores jurídicos, sobre valores políticos, no una alianza como la que ahora se pregona por distintas fuerzas políticas para repartirse migajas del poder público, para repartirse cuotas de poder. Una alianza auténtica sobre el proyecto de nación que requerimos.

¿Cuál es ese proyecto de nación que requerimos? Un proyecto de nación que garantice y respete el patrimonio de la nación, de los recursos naturales. Que promueva la soberanía nacional frente a otros países, frente a otros Estados, frente a los poderes fácticos. Que desarrolle también los derechos sociales.

Un proyecto de nación donde los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, al empleo sean una realidad y contemos con instrumentos jurídicos que hagan posibles esos derechos.

Un proyecto de nación donde el poder público, empezando por el Congreso de la Unión, se organice democráticamente. Un proyecto de nación en donde prevalezca el principio de: supremacía constitucional. Y que no se aprueben normas como las recientemente aprobadas en materia petrolera que vulneran los principios constitucionales de los artículos 27 y 28 constitucionales.

Un proyecto de nación donde cualquier ciudadano pueda lograr la defensa de los principios constitucionales. Un proyecto de nación que permita la convivencia entre la democracia representativa y la democracia participativa. Un proyecto de nación donde tengamos mecanismos vigorosos para combatir la corrupción.

Finalmente, un proyecto de nación donde no exista un poder fáctico, sea el de la Iglesia Católica o el de los medios de comunicación electrónica o el de los sindicatos que estén por encima de las instituciones representativas del país.

Ése es el tipo de Constitución que requiere nuestro país para enfrentar el siglo XXI. Tenemos que aspirar a ese nivel de desarrollo constitucional que hoy no tenemos. Muchas gracias, compañeros.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Caritina Sáenz Vargas, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.

La diputada Caritina Sáenz Vargas:Con su venia, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en días pasados conmemoramos el aniversario número 93 de nuestra Carta Magna y es tiempo de pensar en lo que se ha hecho, pero sobre todo en lo que está pendiente de hacer.

Esta soberanía debe trabajar por las aspiraciones de los mexicanos que aún no se han reconocido en el papel. Pendientes hay muchos.

El 2010 obliga necesariamente a concretar nuestro trabajo legislativo mediante la revisión integral de la Constitución y las leyes que de ella emanan. Acorde a los tiempos y a la evolución histórica del país. Promoviendo en la Cámara de Diputados iniciativas que aborden la transformación del Estado mexicano, las problemáticas nacionales desde una perspectiva moderna e incluyente, que mantengan en primer nivel la necesidad de transitar hacia el desarrollo sustentable y cumplir con el compromiso de legislar en beneficio de todos los mexicanos.

La labor legislativa y el compromiso de todos y cada uno de los integrantes de mi fracción, el Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados, es el respeto a nuestra Carta Magna, que hoy más nunca reclama ser el documento que contenga las aspiraciones de la ciudadanía. Pero, no sólo ello, mi partido es hoy día el abanderado de reformas constitucionales de suma importancia, con un alto impacto, apoyo y aprobación de la ciudadanía.

Hoy, nuestro partido es el ejemplo para muchos del querer, del soñar, del vivir, del hacer, pero sobre todo del saber hacer política humana con una visión a favor de todos y cada uno de los mexicanos.

El compromiso del Partido Verde en esta LXI Legislatura está abierto a construir consensos para la aprobación de las reformas constitucionales y legales necesarias para el desa-rrollo político y social que requiere nuestro país.

Se debe avanzar y tener una Constitución acorde con la actualidad. En este tenor promoveremos las reformas necesarias para regular las actividades del Congreso, sus alcances como Poder de la Unión y las necesidades para su modernización. La profesionalización de la función legislativa y la rendición de cuentas de los legisladores hacen a sus electores.

Propondremos la reforma necesaria para obligar al gobierno federal a medir su eficacia en el logro de metas y objetivos trazados mediante un proceso permanente de planeación democrática en el que tengan participación directa todos los miembros de la sociedad civil.

Asimismo, dentro de los objetivos centrales de la actividad legislativa en el marco de la evolución constitucional se trabajará en el fortalecimiento del trabajo y campos de acción de las comisiones de derechos humanos como herramientas de protección de nuestras garantías constitucionales. Trabajaremos por la reforma estructural del Estado mexicano.

Diputadas y diputados, hoy es un día para hacer una pausa en el camino y conmemorar nuestra Constitución, para después de ello redoblar esfuerzos y trabajar en su perfeccionamiento. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática hasta por cinco minutos.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho: Antes de que corra el reloj, le solicito respetuosamente, diputado presidente, me conceda un minuto más después de mis cinco que me corresponden.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Adelante, diputada.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho:Gracias. En el marco del bicentenario de la  Independencia y del centenario de la Revolución conmemoramos este pasado 5 de febrero del 2010 el 93 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

Conquista, Independencia y Revolución, son tres hechos históricos que nos marcaron porque dan vida a lo que hoy somos, la nación mexicana.

En estas revoluciones el pueblo oprimido utilizó la violencia contra sus opresores, sectores económica y políticamente poderosos que violaron y violan la Constitución para mantener condiciones de explotación sobre las grandes mayorías, con el fin de reproducir sus condiciones de privilegio.

En 1800 se llamaban españoles. En 1850 se llaman conservadores. En 1910 terratenientes, hacendados. En el 2010 es la oligarquía financiera nacional y extranjera.

Entre revolución y revolución el pueblo mexicano ha esperado estoicamente que sus representantes, en los cuales ha delegado su poder, legislen en buenas leyes con la esperanza de que se fomente un orden de equidad, libertad y de justicia para todos, no nada más para los privilegiados. Las diferentes constituciones que ha tenido México representan las sucesivas aspiraciones generacionales por hacer valer sus derechos individuales y sociales ante nuevas realidades.

Después de la Constitución de 1824 en la que se proclama el ejercicio absoluto de la soberanía del Estado mexicano, de la Constitución Política de 1857 en la que se confirma la república democrática federalista y el estado laico, la Constitución de 1917 erige al Estado benefactor que teóricamente promovería equilibrios sociales mediante el gasto social y una política fiscal, arbitrando entre el capital y el trabajo.

Es importante subrayar que México es el primer país que consagró los derechos sociales de obreros y campesinos en el siglo XX. Sin embargo, el espíritu de justicia del Constituyente de 1917 se diluyó durante 70 años del partido único. Se fortaleció el presidencialismo en detrimento del Poder Legislativo y del Judicial. El federalismo se derivó en centralismo. La democracia electoral se degeneró en dedazo y en la compra del voto. El charrismo, el clientelismo, el nepotismo, el corporativismo, la corrupción y la impunidad fueron institucionalizadas.

Yo pregunto: ¿cómo no mandar al basurero de la historia a estas instituciones o todavía algún partido político las quiere retomar?

La oligarquía financiera internacional coludida y emparentada con los gobiernos neoliberales actuales, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Calderón, abrieron indiscriminadamente la economía de México al mercado monopólico globalizado, ocasionando la quiebra del aparato financiero, industrial, comercial y del campo nacional. Éstas son las verdaderas causas de la recesión económica que hoy padecemos.

La cara oculta de la reforma política de Calderón está encaminada a cristalizar su reforma de Estado neoliberal, ya que pretende cambios constitucionales graduales para legalizar jurídicamente el desmantelamiento del Estado rector, para abrirle paso al mercado. El desmantelamiento del Estado nación, depositario de la propiedad social, para abrir paso a la privatización de la energía petrolera y la eléctrica. El desmantelamiento del Estado laico. El desmantelamiento del Estado social con la conculcación de los derechos laborales y de seguridad social. El ejemplo lo tenemos en el SME.

La estrategia para lograr la consolidación del modelo neoliberal responde a los siguientes esquemas: gradualización de reformas con el fin de desactivar candados constitucionales. La colocación de hombres y mujeres afines y leales en organismos y puestos clave de decisión: la OCDE, Banxico, IFE, Trife, IFAI, incluso la Suprema Corte de Justicia. Acuerdos tácito-histórico-políticos entre los gobiernos de derecha y los poderes fácticos iglesia-empresarios locales y extranjeros, militares, sindicatos charros, medios de comunicación y actualmente organismos financieros –a partir de este compromiso es que entendemos los regímenes especiales. Despolitización de la ciudadanía. Política de eliminación del contrario ensuciando su imagen.

En este marco, se entiende con mayor claridad la intencionalidad oculta de la reforma política de Felipe Calderón, que más bien parece un velo para cubrir el fracaso del modelo neoliberal.

El decálogo calderonista es una reforma incompleta, en la cual en el fondo se plantea el debilitamiento del Poder Legislativo con la disminución del número de diputados, paralela a una campaña de desprestigio en los medios televisivos.

Como contrapartida se propone la reelección, que verdaderamente busca la reelección del Ejecutivo, ante la cual no estamos de acuerdo. Tampoco con la segunda vuelta, ya que fomenta el bipartidismo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se le ha concedido el minuto de más que solicitó, diputada.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho:El PRD acude a la mesa de negociación de la reforma política calderonista, manifestando que estamos abiertos al diálogo y que saludamos con beneplácito que se retome la agenda por tantos años postergada: la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas con la rendición de cuentas.

La misión de las izquierdas en México y lo que constituye la razón de ser del PRD es la construcción de condiciones de equidad para revertir el contexto que durante 200 años ha imperado en México, y que acabo de describir.

Como no queremos otra revolución armada, proponemos una reforma política integral para lograr que nuestra forma de gobierno sea una verdadera República, con una verdadera división de Poderes. Que sea una auténtica democracia representativa y participativa y sobre todo, que lleguemos a una democracia económica y que efectivamente sea federal. Que se legisle sobre los poderes fácticos y que se rediseñe el sistema de seguridad pública. Que se reconozca el estatus de estado al Distrito Federal y se nos reconozcan a los que vivimos aquí nuestros derechos.

La revolución democrática, en esencia, consiste en regresar la soberanía al pueblo. Viva el pueblo soberano. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Humberto Agustín Macías Romero, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El diputado Humberto Agustín Macías Romero:Con su venia, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada el 5 de febrero de hace 93 años, recoge y refleja una experiencia rica en enseñanzas y aprendizajes que son producto de un devenir histórico en el que el país ha recogido las lecciones no sólo de conflictos y enfrentamientos entre mexicanos, como lo fueron las luchas entre liberales y conservadores, federalistas y centralistas durante el siglo XIX, y en la Revolución de 1910, sino de manera más relevante, de acuerdos y de consensos que fueron necesarios para el país en momentos difíciles.

Nuestra Carta Magna sienta las bases del régimen político presidencial estableciendo la estructura organizadora del poder, así como los criterios de selección de quienes integran los puestos de servicio, guardando también normas y procedimientos para el acceso al poder y a su ejercicio, estableciendo las directrices generales que nos constituyen como una República representativa, democrática y federal.

Desde el punto de vista del ciudadano la Constitución representa las garantías individuales, la unidad nacional, la legitimidad de los Poderes de la Unión y la separación entre ellos como garantía de que ninguno se impondrá al otro invadiendo sus esferas de competencia. En ella se observan las estructuras jurídicas del gobierno federal, estatal y municipal, cuyas facultades, especialmente las del municipio libre, han venido ganando terreno en el respeto de las otras instancias de gobierno.

A partir de 2000, con la llegada al poder de Acción Nacional ha habido un pleno respeto a nuestra Carta Magna pues verdaderamente se vio entonces reflejada la división de Poderes que en ella se establece y quedaron en el pasado las facultades metaconstitucionales que caracterizaban al sistema político mexicano.

Hoy, aquellos tiempos en que a la Constitución tan sólo se le rendía culto en el discurso y se simulaba su cumplimiento han quedado atrás. Nuestra Constitución verdaderamente nos rige como la ley suprema de toda la Unión, siendo hoy una realidad ineluctable la división de Poderes heredada de las ideas de Montesquieu, en la que cada poder habría de ser un contrapeso efectivo a los otros.

Resulta indispensable que este 93 aniversario de nuestra Carta Magna sea motivo de reflexión profunda sobre los incentivos a la cooperación y al efectivo trabajo legislativo para aprobar reformas completas y sustanciales sobre temas de fondo.

La situación social, política y económica del país en el siglo XX y en los años que llevamos del XXI, han observado cambios sustanciales que ahora se han plasmado también en la Carta Magna. A partir de ello se ha generado estabilidad como uno de los requisitos necesarios para el crecimiento económico, para el perfeccionamiento de nuestras instituciones y de nuestra vida democrática. Sin embargo, falta mucho por hacer y falta mucho por avanzar en materia de consolidación democrática.

Nuestra democracia no puede quedarse meramente en elecciones y en esa escasa participación ciudadana que llega tan lejos como el voto responsable. Es menester construir espacios para la mayor participación ciudadana y, sobre todo, para una efectiva rendición de cuentas y un trabajo legislativo que verdaderamente sea acorde con los intereses ciudadanos que lo eligieron.

Nosotros como legisladores somos responsables de que nuestra Constitución política sea mejor y de que sea un instrumento vivo que realmente se traduzca en una mejor vida para los mexicanos.

Señoras y señores, evoquemos la inspiración de nuestro Congreso Constituyente del 17, no como un dogma o como una celebración pomposa, vacía de contenido, sino como una reflexión sobre nuestra situación actual como país y en concreto de esta Legislatura, que nos permita avanzar hacia la construcción de los acuerdos necesarios para consolidar nuestra vida democrática y para llevar a nuestra democracia a otra etapa en la que la rendición de cuentas y el servicio público efectivo sean una realidad tangible para todos los mexicanos.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, que este 93 aniversario de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos sirva para consolidar nuestra democracia y para fortalecer nuestras instituciones. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Efraín Ernesto Aguilar Góngora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El diputado Efraín Ernesto Aguilar Góngora:Con su venia, señor presidente. La promulgación de la Constitución de 1917 nos enorgullece por ser el resultado de la movilización del pueblo mexicano y por ser la síntesis que nos da unidad y sentido como proyecto vigente de nación.

En ella se reconoce la tradición histórica y política que caracteriza al perfil del México independiente en su lucha por encontrar su organización idónea. En el Constituyente se agruparon diputados de los estados y territorios del país y se vio representado el diverso espectro político de la época: carrancistas o renovadores, protagonistas o radicales, independientes. Las causas proclamadas, los idearios políticos y sociales de Madero, Zapata, Villa, Carranza y Obregón. Todos tuvieron cabida. Animados por el propósito de emprender una profunda refundación política y social que condujera a un orden más justo.

Al conmemorar a nuestra Constitución reconocemos nuestra historia, pero también definimos el camino inequívoco que queremos seguir. Que nadie se confunda. Pese a las presiones reaccionarias nuestro proyecto es claro y está vigente en nuestra Constitución.

Para el Partido Revolucionario Institucional es muy significativa la conmemoración de esta fecha. Necesariamente nos remite al origen de nuestro ideario político, a nuestra raíz, y nos mueve a reflexionar sobre el sentido de la remembranza, sobre los desafíos que implica hablar de la Revolución, la Constitución y el proyecto social definido que en ella a la luz de la difícil situación que vivimos, a pensar en los pendientes y las deudas con nuestros representados y con todo el pueblo.

Es de primordial actualidad recordar que la Constitución de 1917 emanó de un pacto entre fuerzas. Fuerzas opuestas que sirvieron ni más ni menos a la consolidación del sistema político constitucional mexicano y dio como resultado nuestra Carta Magna. Primera carta social en el mundo. Referente de proyectos similares en América Latina.

Con ella se cerró una cruenta etapa de guerra civil y violentos debates en los que los grupos revolucionarios se enfrentaron casi hasta la completa eliminación. Era necesario entonces crear instituciones, nuevas formas jurídicas de convivencia y definir un proyecto social. Fue imperioso trascender los intereses de facción con vista a lograr el acuerdo que la nación demandaba.

La coyuntura presente no es menor. Destacar que la Constitución de 1917 tuvo vida gracias al acuerdo entre opuestos, a la grandiosidad de insignes mexicanos que supieron colocar el interés superior de la nación por encima de las genuinas diferencias de grupo. Esto nos debe llamar a asumir un compromiso de la misma altura, de la misma calidad ética y moral y con el mismo patriotismo.

La urgente renovación de nuestras instituciones sólo se puede alcanzar con el concurso de las fuerzas políticas diversas, por la vía abierta y cierta del derecho, con la fuerza de la voluntad y el compromiso primordial con la nación, sólo de esa forma puede tener eco un llamado al diálogo y ser efectivos los acuerdos.

Responder a los nuevos retos del país nos urge al perfeccionamiento de nuestra Carta Magna para adaptarla a la realidad del México contemporáneo, actualizarla conforme a las necesidades y problemas con que nos enfrentamos hoy en día, y aportar nuestro mejor esfuerzo. Esfuerzo en la construcción de una nación más próspera, equitativa y justa.

La realidad del México de nuestros días impone el deber de transformar la política, de construir un nuevo círculo virtuoso entre la política y las expectativas de la gente, entre la gente y la política para que ésta sirva a la comunidad. Y la participación de ésta, de la comunidad, que es la verdadera fuerza de la política. Gracias por su atención.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, señor diputado.

Hemos agotado el orden del día. Le pido a la Secretaría dé cuenta del orden del día de la próxima sesión.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.— Primer Año de Ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Jueves 11 de febrero de 2010.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica conmemorativa, el próximo 14 de febrero a las 10 horas.

Los asuntos no abordados y los demás con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (a las 16:09 horas): Muchas gracias. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 11 de febrero a las 10 de la mañana. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 horas.

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RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 5 horas 7 minutos• Quórum a la  apertura de sesión: 270 diputados• Asistencia al cierre de registro:  438 diputados• Diputados suplentes que se incorporan: 2• Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1• Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 8• Temas de agenda política tratados: 1• Oradores que participaron: 73PRI          21 PAN        22 PRD        13 PVEM     3 PT              10NA           3Conv.         1Se recibió o presentó:1 oficio de la Procuraduría General de la República con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente;1 oficio del Instituto Federal Electoral;1 comunicación de la Junta de Coordinación Política;1 oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita permisos constitucionales necesarios para que cinco ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios en diversas sedes diplomáticas en México;1 oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;1 oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente;1 oficio del Congreso del estado de Puebla con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente;1 iniciativa de senador del PVEM;1 minuta con proyecto de decreto;6 iniciativas del PRI;4 iniciativas del PAN;5 iniciativas del PRD;1 iniciativa del PVEM;3 iniciativas del PT;1 iniciativa de Nueva Alianza;2 proposiciones con puntos de acuerdo aprobadas;23 proposiciones con puntos de acuerdo turnadas a comisiones;1 excitativa a comisiones;1 tema de agenda políticaDictámenes de primera lectura:1 de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos