SUMARIO

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Presidencia del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña

ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Pido a la Secretaría haga del conocimiento de la Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y los señores diputados.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 325 diputados, por tanto hay quórum.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (a las 11:18 horas): En consecuencia, al existir quórum se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.— Primer Año de Ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Jueves 25 de febrero de 2010.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica conmemorativa del 485 aniversario luctuoso de Cuauhtémoc, último Huei Tlatoani de la Triple Alianza, el próximo 28 de febrero, a las 10:00 horas.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica conmemorativa del 181 aniversario luctuoso de Josefa Ortiz de Domínguez, el próximo 2 de marzo a las 10:00 horas.

Del Grupo Plural de trabajo para dar seguimiento al proceso judicial a que han sido sometidos ex servidores públicos del estado de Michoacán detenidos por presuntos vínculos con organizaciones delictivas.

De la Mesa Directiva.

Del diputado Eviel Pérez Magaña.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno.

De la Junta de Coordinación Política.

Oficio de la Entidad Superior de Fiscalización del estado de Querétaro

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente.

Oficio de la Secretaría General de gobierno del estado de Guerrero

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Cuatro, con los que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

Dos, con los que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente.

Oficio de la Cámara de Senadores

Con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Carlos Jiménez Macías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Minuta

Con proyecto de decreto, que adiciona una fracción II Bis al artículo 7o. de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 4 y 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión, suscrita por los diputados Canek Vázquez Góngora, Andrés Massieu Fernández y Roberto Borge Ángulo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 20, 24, 25 y 26 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Herón Escobar García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roberto Pérez de Alva Blanco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Sandra Méndez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo del diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 60 y 61 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo de la diputada Ana Estela Durán Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 134 Bis y reforma el artículo 141 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Alejandro Carabias Icaza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo del estado de Baja California Sur a realizar las acciones conducentes a efecto de evitar más invasiones de predios en la entidad, así como a reubicar a los invasores actuales, con objeto de propiciar una adecuada convivencia entre los miembros de la sociedad, garantizar los derechos jurídicos de los ciudadanos; fortalecer el orden social y el cabal desarrollo económico de la entidad; y se solicita la creación de una Comisión Especial que dé seguimiento a la problemática planteada, a cargo de la diputada Esthela Ponce Beltrán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Solo Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a realizar las investigaciones pertinentes a los hechos delictivos ocurridos en el Congreso local de Jalisco, a cargo del diputado David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a las comisiones de Economía, de Turismo, de Gobernación, de Juventud y Deporte, de Educación, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, que estudien y emitan su opinión en torno a las ventajas que tendría establecer mayores mecanismos de promoción, visas, comercio, cooperación e intercambio para que las instancias pertinentes del gobierno federal puedan fortalecer y promover una política de mayor acercamiento en los ámbitos comercial, turístico, social, deportivo y educativos, entre otros, con el gobierno ruso a través de la representación de la Federación Rusa en México, a cargo de la diputada Caritina Sáenz Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la creación de la Comisión Nacional de Control y Seguimiento a la Comercialización del Café, así como la operación de un fondo de contingencia para el fortalecimiento de su precio en el país, a cargo del diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos de los 31 estados de la república y del Distrito Federal, que no hubiesen elaborado sus respectivos programas de derechos humanos para que, en la medida de sus atribuciones, elaboren y expidan los mismos con el fin de coadyuvar y fortalecer los propósitos establecidos en el Programa Nacional de Derechos Humanos, a cargo del diputado Juan Pablo Escobar Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, se exhorta a los congresos de los estados de Jalisco y de Nayarit, a analizar, aprobar y elevar a iniciativa de decreto los convenios de coordinación y asociación de los municipios de Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, Nayarit, a cargo del diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la STPS para que coordine y elabore un programa de empleo para los jóvenes del país, con la participación que corresponda a las demás entidades del Gobierno Federal, tomando en consideración, la asignación de recursos del presupuesto 2010, a cargo del diputado Onésimo Mariscales Delgadillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al comandante de la 24 Zona Militar, al Secretario de Seguridad Pública y al Poder Ejecutivo del estado de Morelos a respetar, en la actividad de sus funciones y acciones operativas en la lucha en contra de la delincuencia organizada, las garantías individuales y derechos humanos de los ciudadanos morelenses, a cargo del diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal y al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal a llevar a cabo las acciones necesarias para determinar si fue legal el proceder de jueces y magistrados respecto a las sentencias emitidas en los expedientes integrados con motivo de la probable responsabilidad penal por los delitos de pornografía infantil agravada imputada al sacerdote Rafael Muñiz López y otros, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al incumplimiento del gobierno federal del envío del Plan de Reducción de Emisiones a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, a cargo del diputado Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la SCT para que explique los criterios de asignación de las frecuencias del espectro radio eléctrico, a cargo del diputado Mario di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo Nacional de Energía para que, en la estrategia nacional de energía que envíe al Congreso para su ratificación, considere la propuesta alternativa que se presenta, y que la Comisión de Energía de esta Soberanía atienda este proyecto en el dictamen correspondiente, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y suscrita por diputados integrantes diversos Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se establece el procedimiento de foro, preguntas a funcionarios y dictaminación que debe seguir la Comisión de Energía en la ratificación, modificación o rechazo de la estrategia nacional de energía, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a aplicar, a través de la Conagua y al Gobierno del Estado de México, los recursos necesarios que prevengan las inundaciones en el municipio de San Mateo Atenco, en el estado de México, a cargo del diputado Sergio Octavio Germán Olivares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP que otorgue los recursos económicos designados a las entidades federativas, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, a efecto de que no se retrase la implementación de las políticas públicas contempladas en cada una de éstas, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFE y a la Segob a suspender la instrumentación de cualquier convenio destinado a desarrollar el proyecto de la cédula de identidad ciudadana, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al GDF a ejercer con oportunidad, transparencia y equidad el presupuesto aprobado a la delegación Iztapalapa, a cargo de la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a aceptar la recomendación 64/2008, emitida por la CNDH, relativa a la explosión de la mina 8 en Pasta de Conchos, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la Coordinación General de Protección Civil de la Segob que envíe un informe detallado sobre la situación que guardan los 159 nosocomios identificados como focos rojos o de alta complejidad, así como para exhortar a la Comisión de Salud para que realice una reunión de trabajo con esa dependencia acerca del mismo tema, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar, a través de la SHCP, la fracción VI, numeral 41, de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano para incorporar el municipio como un integrante más del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Metropolitano, a cargo de la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCJN que revise y resuelva el caso del ciudadano Héctor Galindo Gochicoa; y a la SSP, que efectúe su traslado al Distrito Federal, a cargo de la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar medidas que favorezcan al sector campesino y las correspondientes que contrarresten el alza de precios debido al aumento del costo de las gasolinas y del diesel, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se denuncian las actividades proselitistas partidistas del gobernador del estado de Colima, a cargo del diputado Leoncio Moran Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la intervención de la SHCP, de la SE, así como de la Semarnat en relación con la situación de la industria automotriz, a cargo de la diputada Indira Vizcaíno Silva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SHCP, en su carácter de presidente del Comité Técnico que Administra el Fideicomiso de Apoyo Social de los ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a dar cumplimiento a diversas disposiciones de la ley que crea dicho fideicomiso, a cargo del diputado Óscar García Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la ASF realice una auditoría financiera de los recursos federales para el estado de Colima, a cargo de la diputada Indira Vizcaíno Silva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de SHCP a entregar al Conaculta la totalidad de los recursos que fueron aprobados por esta soberanía para el ejercicio fiscal 2009, a cargo del diputado Germán Osvaldo Cortez Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se propone que los diputados integrantes de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXI Legislatura, donen un día de su dieta para la reconstrucción del patrimonio de las personas afectadas por las inundaciones ocurridas los días 4 y 5 de febrero de 2010 en la delegación Venustiano Carranza, Distrito Federal, a cargo de la diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos y a los funcionarios que corresponda a informar a esta soberanía sobre la situación jurídica de los trabajadores de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros expulsados de sus centros de trabajo, a cargo del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad de la Secretaría de Salud, al DIF y a la SEP un informe detallado del ejercicio del presupuesto para este sector vulnerable, así como el impacto al mismo, a cargo de la diputada Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sedesol y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que proporcionen información concreta sobre la utilización de los datos de medición de pobreza, las correcciones, modificaciones y/o supresiones de programas que hayan sido resultado de la aplicación de dichas evaluaciones, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la PGR que envíe un informe detallado sobre el estado que guarda la denuncia presentada por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Legítimo, sobre quiénes causaron la actual tragedia nacional, a cargo del diputado Mario di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación de esta soberanía que lleve a cabo una investigación sobre la presunta agresión sufrida por un corresponsal de Trece TV, televisora pública de Yucatán, por parte de una funcionaria de la Delegación de la Sedesol en dicha entidad, a cargo del diputado Rolando Zapata Bello, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente municipal de Córdoba, Veracruz, a conducirse con honestidad en el ejercicio de sus funciones constitucionales, y a no evadir el pago de impuestos que le corresponde realizar como titular de dicho ayuntamiento, a cargo del diputado Bernardo Téllez Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a coordinarse con la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal ante las inundaciones que se presentaron en días pasados en las delegaciones Venustiano Carranza, Coyoacán, Iztapalapa y Gustavo A. Madero, a cargo del diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se propone la creación de la Comisión Nacional para la Cohesión Social, a cargo del diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la SEDENA y de la SEMAR, ante las comisiones de Marina, de Defensa Nacional y de Derechos Humanos, para que informen sobre los resultados de su incorporación a tareas de seguridad pública y sobre el estado que guardan los casos de violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas armadas, a cargo del diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Salud, un Tomógrafo de altas especificaciones médicas dentro del paquete presupuestal asignado al sector salud en este ejercicio fiscal del año 2010, para el Hospital General “Dr. Ernesto Meana San Román” del municipio de Jojutla de Juárez, en el estado de Morelos, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades educativas del Gobierno del Estado de Tamaulipas a realizar las acciones necesarias para cubrir las plazas de maestros jubilados en el municipio de Matamoros, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a suspender de inmediato el cobro del impuesto sobre la renta en perjuicio de los pensionados y jubilados, y se devuelva este gravamen en caso de que haya sido indebidamente cobrado, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que el Gobierno de México replantee la estrategia de energía con un criterio de desarrollo del país y no de favorecimiento a los grandes capitales extranjeros y nacionales, a cargo del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP que informe sobre la situación de las inversiones realizadas por el IMSS en la empresa Metromedia, a cargo del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobernador del estado de Nayarit que envíe a esta soberanía un informe detallado sobre los avances y resultados del Programa Operativo Coordinado en el municipio de Tepic, Nayarit, a cargo de la diputada María Felicitas Parra Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que las legisladoras y los legisladores de esta honorable Cámara de Diputados donen voluntariamente un día de su dieta para las damnificadas y los damnificados de los municipios de los estados de Michoacán, Guanajuato, Querétaro, de México, y del Distrito Federal a los órganos político administrativos de las delegaciones Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa, que fueron afectados por los fenómenos hidrometeorológicos ocurridos en los primeros días de este mes, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a pagar en una sola exhibición la cantidad que se adeuda a ex trabajadores migratorios, con recursos del patrimonio del Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incrementar los recursos destinados a la administración del patrimonio de la beneficencia pública estatal de San Luis Potosí para atender la salud de personas de escasos recursos y que carecen de seguridad social, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a revisar y, en su caso, reparar o adecuar, a través del director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la infraestructura de las 175 estaciones de la red de dicho sistema, a cargo del diputado Carlos Bello Otero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a las afectaciones por las precipitaciones pluviales e inundaciones de los días 2, 3, 4 y 5 de febrero de 2010, en municipios de los estados de México y de Michoacán, así como en 4 delegaciones del Distrito Federal, suscrito por los diputados Leticia Robles Colín y Vidal Lleneras Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la Sedesol, a la CNBV y a la PGR a investigar el otorgamiento de créditos por parte de la SHF y de la CONAVI a través del Infonavit y de sociedades financieras en diferentes entidades del país, principalmente en el estado de México, por haber defraudado a miles de familias; asimismo que se cite a comparecer a estos organismos de vivienda, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer, a través de la SEP, las medidas que favorezcan la protección y conservación de las lenguas indígenas, especialmente aquellas en peligro de extinción, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se formulan preguntas parlamentarias al Ejecutivo Federal en relación con su reciente viaje a Davos, Suiza, la visita oficial a Japón y las reuniones celebradas sobre el ramo del petróleo, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a considerar y hacer suya una propuesta de modificación al punto 11 “Etiquetado”, de la Norma Oficial Mexicana 086-SSA-1994, a cargo del diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Excitativas

A la Comisión de Salud, a solicitud de los diputados José Antonio Yglesias Arreola, Antonio Benítez Lucho y Rodrigo Reina Liceaga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Gobernación, a solicitud del diputado Rolando Zapata Bello, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Felipe Solís Acero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Salud, a solicitud del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Agenda política

Comentarios en torno a los asesinatos en Ciudad Juárez, a cargo de la diputada Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios en relación con el informe trimestral de actividades del Grupo Plural de trabajo para dar seguimiento al proceso judicial a que han sido sometidos ex servidores públicos del estado de Michoacán detenidos por presuntos vínculos con organizaciones delictivas, a cargo del diputado Rubén Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si es de dispensarse la lectura en virtud de que ésta ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veintitrés de febrero de dos mil diez, correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura

Presidencia del diputadoFrancisco Javier Ramírez Acuña

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 278 diputadas y diputados, a las 11 horas con 15 minutos del martes 23 de febrero de 2010, el presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensó la lectura al orden del día y enseguida al acta de la sesión anterior, la que se aprobó de la misma manera.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invitó a la Ceremonia Cívica Conmemorativa del 70 aniversario del Día de la Bandera, el 24 de febrero. El presidente designó la comisión de cortesía que asistiría a dicha ceremonia.

Solicitó licencia el diputado Jesús Everardo Villarreal Salinas, del Partido Revolucionario Institucional, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el II distrito electoral de Tamaulipas, a partir del 25 de febrero del presente año, por tiempo indefinido. En votación económica se aprobaron los puntos de acuerdo por los que se concede licencia solicitada y se llama al suplente. Comuníquense.

La Secretaría dio lectura al informe de la Junta de Coordinación Política, con relación al caso de la propuesta del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, para interponer una controversia constitucional contra las disposiciones administrativas de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de enero de 2010. Se concedió el uso de la tribuna para realizar comentarios en contra a los diputados: Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo; Víctor Manuel Castro Cosío, del Partido de la Revolución Democrática; Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido del Trabajo; Ramón Jiménez López, del Partido de la Revolución Democrática y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; y en pro Jesús Alfonso Navarrete Prida, del Partido Revolucionario Institucional; y desde su curul Juan Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México. De enterado.

El presidente informó a la asamblea que el ciudadano Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, diputado  federal suplente electo en el V distrito de Tamaulipas, se encuentra a las puertas del salón de sesiones y designó una comisión para introducirlo al recinto y acto seguido rindió protesta y entró en funciones.

La Junta de Coordinación Política, puso a consideración de la asamblea los siguientes cambios de los diputados:

• Laura Elena Ledesma Romo cause baja como secretaria de la Comisión de Justicia y como integrante de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

• Eduardo Ledesma Romo cause alta como secretario de la Comisión de Justicia y como integrante en la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

En votación económica se aprobó.

Se dio cuenta con oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite iniciativa del Ejecutivo federal con proyecto de decreto que expide la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Distrito Federal. Se turnó a las Comisiones Unidas del Distrito Federal, y de Seguridad Pública, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se dio cuenta con oficio de la Auditoría Superior de la Federación con el que remite Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2008. De enterado, se remite al archivo para consulta de los diputados.

Se dio cuenta con oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de enero de 2010, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de enero de 2009. Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

Se dio cuenta con oficios de la Secretaría de Gobernación:

a) Dos, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Relativo a la declaratoria de zona de desastres en diversos municipios de Nayarit.

• Relativo a la Cédula de Identidad Ciudadana.

Se remitieron a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

b) Cinco, con los que remitió contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente:

• Relativo a la pasteurización de la leche para la elaboración de queso Cotija artesanal madurado.

• Relativo a la declaratoria de emergencia en 40 municipios de San Luis Potosí.

• Relativo a la ciudadana Josefina Reyes Salazar.

• Relativo al fomento de los hijos migrantes que se quedan en sus comunidades de origen.

• Relativo a la implantación de programas especiales en Baja California.

Se remitieron a los promoventes para su conocimiento.

Se dio cuenta con oficio del Congreso de Chihuahua, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 74, fracciones II, III y VI, de la Ley Federal del Trabajo. Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Se dio cuenta con oficios de la Cámara de Senadores con los que remitió:

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo treinta y uno de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por el senador Fernando Jorge Castro Trenti, del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo y adiciona un párrafo tercero, recorriéndose los subsecuentes del artículo 3o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por el senador Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

•Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Ranulfo Tuxpan Vázquez, del Partido de la Revolución Democrática. Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social.

• Solicitud del senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Partido de la Revolución Democrática, para que se presente el dictamen relativo a la minuta proyecto de decreto, que adiciona un párrafo tercero recorriéndose el orden de los párrafos subsecuentes, del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se dio cuenta con oficio del ciudadano Antonio Ruiz Caballero, por el que solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en Grado de Encomienda, que le confiere el gobierno del Reino de España. Se turnó a la Comisión de Gobernación.

El presidente informó de los fallecimientos de la señora María Cristina Sariñana Natera, esposa del señor diputado Juventino Castro y Castro; de la señora Laura Hortensia Vargas Hernández, esposa del señor diputado Ardelio Vargas Fosado y del señor Francisco Leonardo Liborio Arrazola, hermano de la diputada Margarita Liborio Arrazola, y pide a la asamblea ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en su memoria.

Se recibieron iniciativas con proyectos de decreto de los diputados:

• Francisco Ramos Montaño, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 76 de la Ley General de Población. Se turnó a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

• Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se dio cuenta con las siguientes iniciativas con proyectos de decreto de los diputados:

• Claudia Edith Anaya Mota, del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley General para la Integración Social de las Personas con Discapacidad. Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

•María Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 261 de la Ley General de Salud. Se turnó a la Comisión de Salud.

A las 11 horas con 34 minutos, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de 433 diputadas y diputados.

Se recibió de la diputada Dolores de los Ángeles Názares Jerónimo, del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y Combatir el Delito de Secuestro, y reforma adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Se turnó a la Comisión de Justicia, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, que reforma los artículos 56, 57 y 60 de la Ley de Seguridad Nacional y los artículos 14 y 18 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública.

• María del Pilar Torre Canales, de Nueva Alianza, que reforma los artículos 2 y 7 de la Ley General de Educación. Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Omar Fayad Meneses, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Guadalupe Eduardo Robles Medina, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo 79 y adiciona un artículo 269 Bis a la Ley General de Salud. Se turnó a la Comisión de Salud.

• Arturo Santana Alfaro, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal. Se turnó a la Comisión de Justicia.

• Cora Pinedo Alonso, de Nueva Alianza, que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y deroga el artículo 3o. de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos.

• Héctor Pedraza Olguín, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 11 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas.

• Miguel Martínez Peñaloza, en nombre propio y de la diputada María Sandra Ugalde Basaldúa, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo 225 de la Ley General de Salud. Se turnó a la Comisión de Salud.

• Emiliano Velázquez Esquivel, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos Cuarto Transitorio de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y Segundo Transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Augusta Valentina Díaz de Rivera, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Leticia Quezada Contreras, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• César Francisco Burelo Burelo, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

• Miguel Ángel García Granados, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social. Desde su curul realizó comentarios de procedimiento el diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo. El presidente hizo aclaraciones al respecto.

• Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos 273, 282 y 288 del Código Civil Federal. Se turnó a la Comisión de Justicia.

Quedó de primera lectura dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de la Función Pública, que reforma el primer y segundo párrafos del artículo 16 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes con proyectos de decreto de las Comisiones de:

a) Hacienda y Crédito Público:

• Por el que se establecen las características de cinco monedas de plata, relativas al Complejo Arquitectónico de Chichen Itzá. En votación económica se dispensó la lectura. Se concedió el uso de la tribuna para realizar comentarios en contra a los diputados: Mario Alberto di Costanzo Armenta, en dos ocasiones y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, en dos ocasiones, del Partido del Trabajo, y Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática, y en pro a los diputados: Rolando Rodrigo Zapata Bello, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; y Pablo Rodríguez Regordosa, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones y en la segunda intervención acepta interpelaciones de los diputados: Juan Huerta Montero, del Partido Acción Nacional, Di Costanzo Armenta, y Serrano Jiménez. En votación económica se consideró suficientemente discutido. Se aprobó en lo general y en lo particular por 307 votos en pro, 32 en contra y 12 abstenciones. Pasó al Senado para sus efectos constitucionales.

• Por el que se establecen las características de cuatro monedas de oro. Se concedió el uso de la tribuna para hacer comentarios en contra a los diputados, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; y Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática; y en pro al diputado Pablo Rodríguez Regordosa, del Partido Acción Nacional. En votación económica se consideró suficientemente discutido. Se aprobó en lo general y en lo particular por 287 votos en pro, 29 en contra y 11 abstenciones. Pasó al Senado para sus efectos constitucionales.

• Por el que se establecen las características de una moneda de oro y dos de plata, conmemorativas del “Bicentenario del inicio del movimiento de Independencia nacional” y dos monedas de plata conmemorativas del “Centenario del inicio de la Revolución Mexicana”. Realizó comentarios en contra la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, del Partido de la Revolución Democrática.

Presidencia del diputadoFrancisco Javier Salazar Sáenz

En votación económica se consideró suficientemente discutido. Se aprobó en lo general y en lo particular por 277 votos en pro, 31 en contra y 3 abstenciones. Pasó al Senado para sus efectos constitucionales.

b) Reforma Agraria:

• Que reforma el artículo ciento sesenta y cuatro de la Ley Agraria. Realiza comentarios en contra el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, quien acepta interpelaciones del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional; y realizan comentarios en pro los diputados: Luis Hernández Cruz, del Partido de la Revolución Democrática; Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Partido Acción Nacional; María Hilaria Domínguez Arvizu, del Partido Revolucionario Institucional, quien propuso se devolviera el dictamen a la comisión. Desde su curul el diputado Julián Nazar Morales, del Partido Revolucionario Institucional, propuso devolver a la comisión este dictamen y los relativos a artículo 64 y a los artículos 2o., 5o., 29, 48 y 59 de la Ley Agraria. En votación económica se aprobó la devolución a comisión de los tres dictámenes referidos.

c) Medio Ambiente y Recursos Naturales:

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. En votación económica se consideró suficientemente discutido y se aprobó en lo general y en lo particular por 289 votos en pro, cero en contra y cuatro abstenciones. Se devolvió al Senado para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

• Que reforma la fracción XXVIII del artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se concedió el uso de la palabra a los diputados: Alejandro Carabias Icaza, del Partido Verde Ecologista de México, para fundamentar el dictamen; Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido del Trabajo, en dos ocasiones, en contra; y Avelino Méndez Rangel, del Partido de la Revolución Democrática, en pro.

Presidencia del diputadoFrancisco Javier Ramírez Acuña

En votación económica se consideró suficientemente discutido y se aprobó en lo general y en lo particular por 269 votos en pro, 11 en contra y 4 abstenciones. Pasó al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

d) Asuntos Indígenas:

• Que adiciona una fracción XV al artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Fundamentó el dictamen el diputado Teófilo Manuel García Corpus, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se consideró suficientemente discutido y se aprobó en lo general y en lo particular por 260 votos en pro. Pasó al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes con puntos de acuerdo de la Comisión de Agricultura y Ganadería:

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al órgano denominado Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, Aserca, a transparentar y publicar los beneficios otorgados y los resultados del programa de apoyos a la agricultura por contrato.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, a través de la Dirección General de Sanidad Vegetal, para que revise y replantee la estrategia de combate a la mosca de la fruta en la Huasteca y la zona media del estado de San Luis Potosí.

Se aprobaron en votación económica. Comuníquense.

Se dio cuenta con las siguientes proposiciones de acuerdo de la Junta de Coordinación Política:

• Por el que se constituye un grupo de trabajo de alto nivel entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, para impulsar una estrategia y un programa eficaz en materia de atención y prevención de las adicciones.

• Por el que se hizo un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a aumentar los apoyos económicos y la producción a campesinos afectados por las lluvias excesivas presentadas en 2010, a fin de acelerar la recuperación de los productores agrícolas.

• Por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público, a declarar a los municipios de Ario y Cotija, pertenecientes a Michoacán, como zonas de desastre, y que se liberen de manera inmediata los recursos del Fondo Nacional para Desastres Naturales y de los programas para contingencias climatológicas administrados por diversas secretarías para la atención oportuna de los afectados por las lluvias del 3 y 4 de febrero del año en curso.

• Por el que se exhorta al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a cumplir lo establecido en el artículo 18, fracción III, de la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, el Abuso Sexual y la Explotación Sexual Comercial Infantil para el Distrito Federal, que versa sobre la responsabilidad del tribunal de implantar procesos de actualización y especialización en los conocimientos respecto del ordenamiento jurídico positivo nacional e internacional, doctrina y jurisprudencia en materia de los delitos de trata de persona, abuso sexual y explotación sexual comercial infantil, así como las modalidades de la explotación comercial infantil.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a suspender el proyecto de construcción y operación de la instalación portuaria muelle, en el puerto de Tuxpan, Veracruz, hasta en tanto se cumplimenten las autorizaciones en materia de impacto ambiental.

• Por el que se exhorta al gobierno de Michoacán a abrogar el decreto publicado en el periódico oficial del estado, el jueves 31 de diciembre de 2009, con el que se abroga el decreto el 19 de agosto de 1993, que declaró área natural protegida a la Loma de Santa María y sus depresiones aledañas.

• Por el que se crean seis comisiones especiales de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura.

• Por el que se crea la Comisión Especial de seguimiento a la problemática surgida por los conflictos mineros en el país.

En sendas votaciones económicas se aprobaron los puntos de acuerdo.

La Secretaría dio lectura al orden del día de la próxima sesión.

El presidente clausuró la sesión a las 17 horas con 54 minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el jueves 25 de febrero de 2010 a las 10:00 horas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le pido a la Secretaría proceda a poner a discusión el acta.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente, una pregunta.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Dígame diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): El acta señala que solamente tenemos sesiones martes y jueves. Hay una gran cantidad de asuntos pendientes que están formando fila para que este pleno los conozca.

Sería muy importante, señor presidente –sé que esto no solamente depende de usted sino también de la Junta de Coordinación Política–, que pudiésemos sesionar también los miércoles en lo que resta del periodo de sesiones por la gran cantidad de asuntos que existen y para que estos asuntos, por el paso del tiempo, no pierdan materia.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Si me permite, diputado. En virtud de que estamos en la aprobación del acta, una vez que concluya la aprobación correspondiente comentamos el tema que usted señala, si es tan amable.

Pido a la Secretaría proceda a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada el acta.

TRABAJOS LEGISLATIVOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Señor diputado Cárdenas Gracia, concluya su comentario.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Compañeros diputados. Estamos pidiéndole, muy atentamente, al presidente de la Mesa Directiva, que podamos sesionar los miércoles. Hay una gran cantidad de asuntos, tanto de iniciativas, como de proposiciones con punto de acuerdo que están haciendo fila para que este pleno de la Cámara de Diputados pueda conocerlos.

Muchos de los asuntos a veces llegan retrasados al pleno o pierden materia, simplemente porque los acontecimientos se suceden en nuestro país a ritmo vertiginoso. Creo que es tarea tanto suya como nuestra responsabilizarnos, corresponsabilizarnos para que vayamos al día en la presentación de iniciativas de puntos de acuerdo, de excitativas y demás asuntos de los que conoce el pleno de la Cámara de Diputados.

Mientras se da una reforma al Congreso y una reforma al reglamento de esta Cámara, creo que es muy importante que todos los miércoles también este pleno sesione para que pueda desahogar la totalidad de los puntos.

Agradezco su atención, señor presidente, al igual que la atención de mis demás compañeros diputados y compañeras diputadas.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega(desde la curul): Diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, el diputado Muñoz Ledo para el mismo tema. Denle sonido a la curul del diputado Muñoz Ledo.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega(desde la curul): Por su gentileza sonora, señor presidente. Señor presidente, he planteado al pleno en un punto de acuerdo la revisión rápida del reglamento y de las prácticas de la Cámara, pero, ¡oh, paradoja!, por ese mismo desorden está haciendo cola desde hace dos semanas.

Quiero hacerle dos sugerencias al hilo de lo que ha expresado el diputado Jaime Cárdenas Gracia. Desde luego, creo indispensable que haya sesión el miércoles. En lo personal, presidente, le he dicho, me he permitido recordarle que tiene usted otro procedimiento. El reglamento habla de una sesión de cuatro horas, y de una sesión complementaria o una segunda sesión.

Cuando yo tuve el honor de estar en donde usted se encuentra –y había muchos problemas– hacíamos una sesión vespertina. Ahora estamos trabajando de las 12 a las 3 de la tarde. Cuatro horas o tres horas y media. Podemos trabajar ocho en un día.

Usted tiene las dos soluciones por su decisión como presidente de la Cámara, consultando al pleno: hacer sesión el miércoles o hacer dos sesiones en un día. La gente no entiende en la calle que nada más trabajemos cuatro horas el martes y cuatro horas el jueves en pleno.

Por último, presidente, quisiera rogarle del modo más respetuoso que nos convocara a los presidentes de las comisiones en pleno, cual es su función. La reunión a la que usted convocó hace dos meses fue muy fructífera. Tenemos también atorados –llamé, atascados, en mi último artículo– nuestros proyectos en comisiones.

Con esas dos decisiones: sesionar el miércoles, abrir sesión vespertina y convocarnos a la brevedad a los presidentes de las comisiones. Mientras, empezar una reforma formal de los procedimientos, creo que podríamos avanzar. Gracias por su atención, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias a usted, señor diputado.

El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, diputado Pablo Escudero.

El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Gracias presidente. En el mismo sentido del diputado Cárdenas y del diputado Muñoz Ledo.

Existen dictámenes que ya salieron de las comisiones, que han sido votados en sentido positivo y están parados desde hace más de tres semanas. Creo que es apremiante que sesionemos los miércoles y cumplamos con la tarea legislativa que tenemos. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias a usted, señor diputado. Con mucho gusto tomamos en consideración sus comentarios. Quiero solamente recordar que la calendarización de sesiones del periodo fue aprobada por la asamblea.

Con mucho gusto transmitiremos a la Junta de Coordinación Política los temas que en este momento se han puesto a consideración, a efecto de que sean valorados. Sobre todo para que la asistencia de las señoras y señores diputados en el pleno esté garantizada para poder tener el desarrollo de nuestras sesiones y poder coincidir y conciliar con las diversas comisiones que trabajan los miércoles, y que por las tardes están teniendo también sus reuniones de análisis de dictámenes, para que pueda haber una conciliación y podamos tener lo que se está solicitando.

Con mucho gusto los trasmitiré de manera directa a la Junta de Coordinación Política. Continúe la Secretaría con el orden del día en el capítulo de comunicaciones.

SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Sí, con mucho gusto, diputado presidente.

«Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 485 aniversario luctuoso de Cuauhtémoc, último Huei Tlatoani de la Triple Alianza, el domingo 28 de febrero, a las 10:00 horas, en la estatua erigida a su memoria, situada en Paseo de la Reforma e Insurgentes, delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Licenciada Guadalupe Lozada León, coordinadora.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Para asistir en representación de esta Cámara se designa a los siguientes diputados: Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y las diputadas y diputados que nos designen en el transcurso de la mañana los diversos grupos parlamentarios.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: «Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 181 aniversario luctuoso de Josefa Ortiz de Domínguez el martes 2 de marzo, a las 10:00 horas, en la Columna de la Independencia, situada en Paseo de la Reforma y Río Tíber, delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Licenciada Guadalupe Lozada León, coordinadora.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Para asistir en representación de esta Cámara se designa a los señores diputados Roberto Rebollo Rivero, a la diputada María Araceli Vázquez Camacho, al señor diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez, para que en representación de la Cámara asistan a las invitaciones.

Continúe la Secretaría con el informe trimestral del grupo plural de trabajo procesos jurídicos contra ex funcionarios del estado de Michoacán.

ESTADO DE MICHOACAN

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: «Comunicación del Grupo Plural de trabajo para dar seguimiento al proceso judicial a que han sido sometidos ex servidores públicos del estado de Michoacán detenidos por presuntos vínculos con organizaciones delictivas, relativa a su primer informe trimestral de actividades

Acta de reunión ordinaria plenaria realizada el martes 16 de febrero de 2010

Siendo las 12:30 horas del día martes 16 de febrero de 2010, se reunieron los integrantes del grupo plural, que firman la presente, en el salón de juntas de la Coordinación de Coahuila, situado en el edificio H, tercer piso, bajo el siguiente:

Orden de Día

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la acta de la reunión de instalación del día 29 de octubre de 2009.

4. Comentarios y aprobación del primer informe trimestral de actividades.

5. Asuntos generales.

En virtud de que se contó con el quórum reglamentario, el diputado Rubén Moreira Valdez procedió a desahogar el orden del día, se aprobó el acta de la reunión de instalación del día 29 de octubre de 2009; asimismo, se realizaron comentarios al primer informe trimestral de actividades y se acordó lo siguiente:

Primero. Que se aprueba el primer informe de actividades del grupo plural de trabajo para dar seguimiento al proceso judicial a que han sido sometidos ex servidores públicos del estado de Michoacán, detenidos por presuntos vínculos con organizaciones delictivas.

Segundo. Que dicho informe del grupo plural se publique en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, LXI Legislatura.

Tercero. Que el diputado presidente del grupo plural, Rubén Moreira Valdez, presente el primer informe de actividades mencionado ante el Pleno de la Cámara de Diputados en la próxima semana.

Sin otro asunto que tratar, el diputado presidente del grupo plural, Rubén Moreira Valdez, declaró clausurada la sesión.

Diputados: Rubén Moreira Valdez, Camilo Ramírez Puente, Víctor Manuel Báez Ceja, Juan Enrique Ibarra Pedroza, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbricas).»

«Informe trimestral de actividades

29 de octubre de 2009 al 29 de enero de 2010

Del Grupo Plural de trabajo para dar seguimiento al proceso judicial a que han sido sometidos ex servidores públicos del estado de Michoacán, detenidos por presuntos vínculos con organizaciones delictivas

Siglas usadas

CEDH: Comisión Estatal de los Derechos Humanos (de Michoacán)

Cefereso: Centro Federal de Readaptación Social

Cereso: Centro de Readaptación Social

CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos

CODHM: Colectivo de Organizaciones de de Derechos Humanos de Michoacán

OADPRS: Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social

PFP: Policía Federal Preventiva

PGR: Procuraduría General de la República

SIEDO: Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada

SSP: Secretaría de Seguridad Pública

I. Presentación

Informados de los procesos judiciales a que han sido sometidos ex servidores públicos del estado de Michoacán detenidos por presuntos vínculos con organizaciones delictivas, este Grupo Plural de trabajo, creado ex profeso para darle seguimiento, presenta su primer informe trimestral de actividades.

Fundamentan las acciones de seguimiento y demás actividades realizadas por este Grupo Plural:

• El mandato que le fue conferido por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, LXI Legislatura del Congreso de la Unión.

• La profunda convicción de sus integrantes de que prevalezca por encima de cualquier interés, la justicia y equidad para todos los mexicanos, incluidos aquellos que se encuentran privados de su libertad.

• La inquietud que ha despertado en la sociedad la demanda interpuesta por los procesados, sus familiares, abogados y por el CODHM, sobre violaciones a los derechos humanos que han sufrido los presuntos inculpados, y

• La resonancia e impacto que el caso ha tenido a escala nacional.

Con base en lo anterior, presentamos este documento que reseña los sucesos en torno a las referidas detenciones, así como las actividades que emprendimos y los resultados obtenidos a esta fecha. Todo ello en el marco del trabajo responsable y comprometido a que, por norma y convicción, estamos obligados.

II. Antecedentes

A. Los acontecimientos en Michoacán

El 26 de mayo y el 26 de junio de 2009 elementos de la entonces denominada PFP y del Ejército Mexicano, realizaron un operativo en el estado de Michoacán para dar cumplimiento a diversas órdenes de localización y presentación que fueron emitidas por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la SIEDO. Con base en ello se detuvieron a varios funcionarios estatales y municipales del estado de Michoacán.

Trascendió al conocimiento del Grupo Plural que en la averiguación previa A.P.PGR/SIEDO/UEIDCS/398/2008 no se habían agotado las líneas de investigación y que el 16 de junio de 2009 el agente del Ministerio Público acordó el inicio de la indagatoria A.P.PGR/SIEDO/UEIDCS/205/ 2009 que el 17 de ese mismo mes fue consignada ante el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, ubicado en el Cefereso Número 4 Noroeste en Tepic, Nayarit, que motivó la causa penal 2/2009 dentro de la cual, el 25 de junio de 2009, el juez del conocimiento dictó auto de formal prisión.

A partir de los hechos mencionados, los ex funcionarios públicos michoacanos fueron confinados en el Cereso Venustiano Carranza y en el Cefereso, Número 4 Noroeste, ambos en el estado de Tepic, Nayarit y radicados en los juzgados Primero y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales del mismo estado y uno más que se internó en Cereso de Puente Grande en el estado de Jalisco.

B. La creación e instalación del grupo plural

En virtud de los hechos en cuestión, en el Pleno de la Cámara de Diputados se presentó el 10 de septiembre de 2009, una Proposición con Punto de Acuerdo, a fin de crear un Grupo Plural de legisladores que dieran seguimiento a los procesos judiciales en comento.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con pleno respeto al ámbito competencial de los Poderes Ejecutivo y Judicial, acordó favorablemente el 20 de octubre de 2009, tal propuesta y la sometió al Pleno de la Cámara.

En la creación del citado Grupo Plural se determinó que éste tome y acuerde sus decisiones por mayoría, mediante voto ponderado, según el cual cada diputado representa tantos votos como integrantes tenga su correspondiente grupo parlamentario. También ordena que se presenten informes trimestrales hasta que se resuelvan de manera definitiva los casos a los que dará seguimiento.

Para cumplir con su encomienda, el Grupo Plural llevó a cabo su instalación el 29 de octubre de 2009, iniciando sus actividades con la aprobación de un plan de trabajo que señala los siguientes ejes:

• Seguimiento a los procesos judiciales de los inculpados.

• Seguimiento a las recomendaciones y actividades de los organismos no jurisdiccionales de protección de derechos humanos.

• Seguimiento a la actividad legislativa local y federal.

• Seguimiento a las presuntas violaciones a los derechos humanos en el marco de la legislación interna, regional e internacional.

• Solicitud de información con apego a la legislación vigente.

• Trabajo de campo en la ciudad de México y en los estados de Michoacán, Nayarit, Guerrero, Sinaloa y Jalisco.

III. La Recomendación 072/2009 de la CNDH

El Grupo Plural recibió la Recomendación 072/2009, de fecha 30 de octubre de 2009, emitida por la CNDH para el caso de los ex funcionarios públicos inculpados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

En dicho documento en el apartado de las observaciones la CNDH acreditó lo siguiente:

• Violaciones a los derechos de legalidad, seguridad jurídica, presunción de inocencia, defensa adecuada y debido proceso, derivadas de los cateos practicados sin orden emitida por autoridad competente y dilación de su puesta a disposición ante la autoridad ministerial del conocimiento en perjuicio de los agraviados.

• Violaciones al derecho a la legalidad, atribuibles a servidores públicos de la entonces denominada PFP, consistentes en allanamientos de diversos edificios públicos del estado de Michoacán.

• Violaciones al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, consistentes en dilación en la puesta a disposición de los agraviados ante la autoridad ministerial, atribuibles a servidores públicos de la entonces denominada PFP.

• Violaciones a los derechos de presunción de inocencia, defensa y debido proceso, atribuibles a servidores públicos adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la SIEDO de la PGR.

• Dilación en los procesos que se siguen a los inculpados para ejercer su defensa adecuada y en la que han incurrido los jueces primero y segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Nayarit, dentro de la integración de las causas penales que instruyen, toda vez, que no se les permitió acceso a la acusación sino hasta semanas después de dictado el auto de formal prisión, además de que constantemente se han diferido las audiencias relativas a las ampliaciones de las declaraciones a cargo de diversos testigos protegidos, ofrecidos por la PGR.

• Inefectividad del derecho al debido proceso legal, y con ello las prerrogativas que a favor de los indiciados establece el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política, por lo cual mediante oficios números 43635 y 48440 del 17 de septiembre y 12 de octubre de 2009, respectivamente, se dio vista a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de que, de ser el caso, sean resarcidos en el goce de las garantías que les fueron conculcadas, y sobre todo se les garantice una pronta y expedita impartición de justicia.

Además, la CNDH expresó su preocupación porque, a pesar de que las declaraciones de los testigos con los nombres claves Ricardo, Paco y Emilio no se encuentran sustentadas con otros medios de prueba o de convicción, el juez segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Nayarit, les haya otorgado pleno valor probatorio y con base en dichas testimoniales haya determinado sujetar a los inculpados a proceso.

En virtud de lo anterior, también consideró que debe hacerse efectivo el ejercicio pleno de las garantías procesales y evitar la criminalización de personas respecto de las que no existen elementos suficientes para hacer probable su responsabilidad.

Por lo expuesto, la CNDH emitió las siguientes recomendaciones:

Al procurador General de la República:

“Primera. Se giren instrucciones a efecto de que se repare el daño ocasionado a los agraviados, por medio de apoyo psicológico, médico y de rehabilitación necesarios, que permitan el restablecimiento de la condición física y psicológica en que se encontraban antes de la violación a sus derechos humanos, debiéndose informar a esta Comisión Nacional sobre el resultado de las mismas.”

“Segunda. Gire instrucciones a quien corresponda para que a la brevedad se les brinde el auxilio a las víctimas y testigos de los hechos narrados (...) y se tomen medidas de seguridad correspondientes para evitar que se realice algún acto de intimidación o represalia en su contra, debiéndose informar en su momento respecto de las acciones que en su caso se adopten para tales efectos.

“Tercera. Se instruya a la representación social de la Federación para que inicie averiguación previa en contra de los servidores públicos adscritos a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, involucrados en los hechos que dieron origen al presente asunto, debiéndose informar a esta Comisión Nacional sobre el trámite que se le dé a dicha investigación ministerial, durante su integración y perfeccionamiento legal y hasta su determinación.

“Cuarta. Se dé vista al titular del Órgano Interno de Control de la Procuraduría General de la República, a fin de que se inicie el procedimiento administrativo de investigación correspondiente en contra de los servidores públicos adscritos a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada en México, Distrito Federal, por las consideraciones expuestas (...) y se informe a la Comisión Nacional desde el inicio de la investigación hasta la conclusión del procedimiento respectivo, así como de la resolución que se emita.

“Quinta. Gire sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que se fomente en todos los servidores públicos que tienen bajo su responsabilidad la integración de averiguaciones previas la imperiosa necesidad que tiene la institución del Ministerio Público de ajustar sus actuaciones estrictamente a los lineamientos establecidos en la legislación penal que regula el orden jurídico mexicano; ello, a través de cursos de capacitación y actualización que les permita actuar en el ejercicio de sus funciones con la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que les exige ese servicio.

“Sexta. Se tomen las medidas adecuadas para garantizar que el derecho a la presunción de inocencia se haga efectivo a todas las personas que se encuentren en situaciones similares a las de los agraviados (...) con el propósito de impedir que las personas sean privadas de la libertad sin ejercer su derecho de defensa de acuerdo con las formalidades esenciales del procedimiento.

“Séptima. Gire sus instrucciones a efecto de facilitar la práctica de diligencias y garantizar el derecho a la presunción de inocencia de los indiciados, así mismo evitar obtener pruebas o realizar diligencias al margen de la ley.

“Octava. Gire sus instrucciones afecto (sic) de que a las personas que sean detenidas se les informen los motivos de la misma (sic) y su derecho a guardar silencio, así como todos aquellos derechos que le asisten, de igual forma se les faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso.

“Novena. Gire sus instrucciones afecto (sic) de garantizar que se le haga efectivo a los indiciados el derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención, tal y como lo dispone el texto constitucional.”

Al secretario de Seguridad Pública:

“Primera. Se giren instrucciones a efecto de que se resarzan los daños ocasionados con motivo de los cateos ilegales que practicaron servidores públicos de la entonces denominada Policía Federal Preventiva, en los domicilios de los señores Citlalli Fernández González, Gabriel Mariano Gaona y Lorenzo Rosales Mendoza, debiéndose informar a este organismo nacional sobre el resultado de las mismas.”

“Segunda. Se dé vista al procurador general de la República, de las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones (...) para que se inicie averiguación previa en contra de los elementos de la entonces denominada Policía Federal Preventiva que participaron en los hechos cometidos en perjuicio de los agraviados, informando este organismo nacional desde su inicio hasta la determinación respectiva.

“Tercera. Se dé vista al titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de que se inicie el procedimiento administrativo de investigación correspondiente en contra de los servidores públicos de la entonces denominada Policía Federal Preventiva involucrados en los hechos que dieron origen al presente asunto, por las consideraciones expuestas en el capítulo de observaciones (...) y se informe esta Comisión Nacional desde el inicio de la investigación hasta la conclusión del procedimiento respectivo, así como la resolución que se emita.

“Cuarta.Se establezcan cursos de capacitación y evaluación para los elementos de la Policía Federal relacionados con la implementación de operativos derivados de la aplicación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que garanticen el respeto de la vida, la integridad corporal, la dignidad, la libertad, el patrimonio de las personas, y privilegien el empleo de medidas no violentas, enmarcados dentro del respeto a los derechos humanos, a fin de evitar la repetición de actos como los que dieron origen al presente documento.

“Quinta.Gire sus instrucciones a quien corresponda a efecto que se adopten las medidas correspondientes a efecto de garantizar que las personas que sean detenidas en los operativos que intervengan los elementos de la Policía Federal, sean puestas a disposición de inmediato ante la autoridad competente debiéndose informar en su momento, respecto de las acciones que en su caso se implementen para tales efectos.”

Las autoridades federales solicitaron una prórroga para contestar a la recomendación y posteriormente, tanto la PGR como la SSP, dieron aceptación a la misma mediante los oficios: PGR/692/09 de fecha 13 de noviembre de 2009, y SSP/CGA/06881209 de fecha 2 de diciembre de 2009, respectivamente.

IV. Primera visita a Morelia

Los integrantes del Grupo Plural, diputados Rubén Moreira Valdez, Enrique Ibarra Pedroza, Víctor Manuel Báez Ceja, y la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, el 26 de noviembre del año 2009, viajaron a la ciudad de Morelia para realizar dos reuniones de trabajo.

Se efectúo una primera reunión con la presencia del C. Víctor Manuel Serrato Lozano, presidente de la CEDH, así como con la diputada y diputados locales Guadalupe Calderón Medina, Antonio García Conejo y Sergio Solís Suárez, miembros de la Comisión Especial y de Derechos Humanos del Congreso Estatal.

El presidente de la CEDH precisó detalles, tanto en forma oral como escrita, acerca de las quejas que recibió el organismo que preside sobre violaciones a los derechos fundamentales, que fueron presentadas por los familiares de los ex funcionarios públicos acusados. De su exposición se destaca lo siguiente: las quejas se recibieron los días siguientes a las aprehensiones de los ex funcionarios públicos y denunciaban tortura psicológica, incomunicación, maltrato, cateos ilegales, falta de atención médica, entre otras violaciones; éstas se remitieron a la CNDH, la cual ya conocía del caso por su facultad de atracción.

El ombudsman local también relató que familiares y abogados de los inculpados hicieron llegar a la CEDH un pliego que contenía lo que, a su juicio, eran más de 125 irregularidades, incongruencias e imprecisiones detectadas en las averiguaciones previas, como fechas que no coinciden, parientes que no han nacido, comandantes de policía que no existen y cargos que nunca han ostentado los inculpados, entre otras.

Según información y análisis del titular de la CEDH  “el Ministerio Público no contaba con elementos suficientes para proceder en contra de los presuntos responsables”, y se hizo un “uso excesivo de los testigos protegidos ”, “con pruebas de escritorio que fácilmente pueden ser elaboradas para el uso y alcance de la voluntad unilateral de sus redactores”. Que “el personal de la SIEDO actuó con manipuleo”, con “uso indebido de varias figuras jurídicas que desvirtúan su propia naturaleza, toda vez que los inculpados fueron aprehendidos con una aparente orden de localización y presentación, para dictarles un acuerdo de retención; después arraigarlos y finalmente realizar la consignación ante el juez”.

El titular de la CEDH también aseguró que los partes de la PFP y testimonios protegidos “están plagados de inconsistencias” de la misma manera, afirmó que, “reconoce la autoridad de los cuerpos de seguridad del estado en el cumplimiento de sus funciones, pero considera que no es válido, jurídica ni éticamente, combatir criminalidad y pretender confundir a la sociedad” utilizando el dilema de seguridad pública o derechos humanos.

Por último, el ombudsman estatal solicitó a los integrantes del Grupo Plural, “realizar un estudio y un análisis profundo de la conveniencia de que existan en nuestro sistema jurídico figuras como el arraigo y otras que reducen nuestros derechos humanos”.

Por otro lado, en esa misma reunión, los diputados y diputadas locales manifestaron la dificultad que significa el hecho de que los procesos judiciales de los inculpados se encuentren radicados en Guerrero, Nayarit, Jalisco y Sinaloa, lo que genera incertidumbre y lentitud en la defensa.

Los legisladores de Michoacán asistentes comunicaron al Grupo Plural que la mayoría de los ex funcionarios fueron detenidos sin órdenes de aprehensión, que a otros se les citó a declarar dándose por presentados y en ese momento fueron detenidos sin que se hubiesen iniciado proceso de averiguación en contra de ellos. Además narraron varias inconsistencias en los dichos de los testigos protegidos durante la presentación de pruebas. También comentaron que, durante el arraigo, “los inculpados fueron sometidos a presiones y maltratos, como recibir comida en mal estado y tenerlos sin ropa adecuada, además que fueron presentados a los medios masivos de comunicación exponiéndolos como culpables, fueron humillados en su traslado, intimidados, torturados psicológicamente, incomunicados y estuvieron sin atención médica quienes la necesitaban.”

Nos informaron que se conformó una delegación integrada por el primer visitador de la CNDH, un senador de la República, el presidente de la CEDH, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado y la encargada del CODHM que visitó los centros penitenciarios de Nayarit conocidos como El Rincón y Venustiano Carranza el día 6 de julio de 2009, por lo que ellos mismos constataron algunas de estas violaciones.

Ese mismo día se llevó a cabo una segunda reunión de trabajo con la asistencia de familiares de los inculpados, abogados, el CODHM, representado por la licenciada Cristina Cortés Carrillo, continuando con la presencia de los diputados locales y el titular de la CEDH, uniéndose el diputado local Raúl Morón Orozco.

Ellos ratificaron la información previamente proporcionada por los diputados y el presidente de la CEDH respecto a las violaciones de los derechos humanos desde la detención, en el arraigo, en los procesos judiciales, y en el confinamiento dentro de los penales de Nayarit y Jalisco.

Destacaron, entre las violaciones a las prerrogativas fundamentales, la violencia, las amenazas a los hijos de los inculpados presentes durante el operativo de la SSP con apoyo del Ejército Mexicano, las detenciones arbitrarias, toda vez que a algunos los sacaron de sus oficinas con engaños y sin presentar orden de aprehensión, a otros los extrajeron de sus domicilios en ropa interior, incluso hubo a quienes fueron detenidos no obstante haberse presentado por su propia voluntad renunciando a sus cargos públicos, como fueron los casos del procurador y subprocurador de Justicia del estado de Michoacán.

En especial, los abogados de los inculpados argumentaron que entregaron sus alegatos, pruebas y testigos que fueron desechados por las autoridades judiciales. Expusieron, las condiciones que enfrentan ante la diversidad de lugares en que fueron arraigados y detenidos los procesados, la lentitud de los procesos, la negativa a la presentación oportuna de los inculpados, así como las dificultades para trasladarse a las instancias judiciales lo que “viola el principio de un juicio justo y expedito”.

Los familiares y abogados resaltaron “la fabricación de pruebas por parte de la autoridad federal e inconsistencias durante el proceso”. Hicieron entrega de diversos documentos, entre los que destacan los siguientes: el Auto de plazo constitucional 02/2009-11, la Averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDC/205/2009, cartas de los familiares y peticiones, y una lista de inconsistencias, esta última narra las contradicciones de los testigos protegidos, Ricardo, Paco y Emilio, así como los oficios: PFP 302/2009, PFP 303/2009, PFP 430/2009, PFP 431/2009 y PFP 577/2009 de fechas que van de enero a marzo de 2009.

Los presentes solicitaron a los legisladores del Grupo Plural la intervención de la Cámara de Diputados para que los inculpados fueran trasladados a cárceles en el estado de Michoacán, con la finalidad de que en ese lugar enfrentaren su proceso, considerando que no se trata de reos de alta peligrosidad.

En la reunión participaron cerca de cien familiares de los ex funcionarios, además de los abogados y el CODHM, quienes demandaron al Grupo Plural pugnar por un proceso judicial apegado a derecho, justo y expedito para que no se permita abusos de las autoridades en la procuración e impartición de justicia que vulneren los derechos humanos de los procesados.

Por otra parte, el CODHM, durante las reuniones de trabajo hizo llegar al Grupo Plural diversos documentos en los que describen sus actividades de acompañamiento a los familiares desde el 29 de mayo de 2009 hasta la fecha, de las cuales cabe destacar, la promoción a la primera visita a los penales de Nayarit, el 6 de julio de 2009, y el impulso de una Proposición con Punto de Acuerdo para el Congreso del Estado, que integró lo siguiente:

• Solicitar a las autoridades federales el traslado de los internos a Michoacán.

• Crear una comisión especial para dar seguimiento al caso de los ex funcionarios en prisión.

• Exigir la presentación de la recomendación de la CNDH.

• Manifestar que la lucha contra la delincuencia organizada se realice con pleno respeto al marco legal vigente.

• Pugnar para que los órganos jurisdiccionales correspondientes respeten la ley y la Constitución Política.

De la información obtenida es importante mencionar las siguientes consideraciones del CODHM:

• Que durante los operativos de mayo de 2009 se violaron las atribuciones del Congreso del Estado y los principios de lealtad, subsidiaridad y confianza del federalismo al suspender el mandato a los presidentes municipales, lo cual era materia suficiente para promover una controversia constitucional.

• Que no se cumplieron los requisitos de excepción que se exigen para efectuar la detención y arraigo de que fueron objeto los ex funcionarios, pues no se trató de un caso urgente ni se señaló el riesgo fundado de que los indiciados se sustrajeran de la justicia y mucho menos existió la imposibilidad del Ministerio Público para acudir ante la autoridad judicial y obtener la orden de detención respectiva.

• Que con el proceso que se tramitó ante un juez federal se violó la garantía establecida en el artículo 17 constitucional que se refiere a la justicia expedita.

V. Visita a Acapulco

Los diputados Rubén Moreira Valdez, Camilo Ramírez Puente, Víctor Manuel Báez Ceja y la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía –integrantes del Grupo Plural—, acudieron a las oficinas del Poder Judicial Federal de la ciudad de Acapulco, en fecha 7 diciembre de 2009, para realizar una reunión de trabajo con el magistrado Lázaro Franco Robles del Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, a quien se le había remitido el asunto.

El objetivo de la reunión fue obtener información sobre los 23 casos de los inculpados por delitos de delincuencia organizada y contra la salud, en su modalidad de colaboración al fomento para facilitar la ejecución de delitos contra la salud, que se encontraban en apelación.

El Grupo Plural expresó su intención de dar seguimiento al proceso judicial de los ex funcionarios públicos por mandato de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y con pleno respeto al ámbito competencial de los Poderes de la Unión.

Por su parte, el magistrado comunicó, la voluntad de resolver las apelaciones conforme a derecho, analizando los expedientes que ascendían a 14 tomos. Manifestó además que realizaría los esfuerzos necesarios para dictar la resolución a finales de enero de 2010. Reconoció la importancia del caso e insistió en que no hubiera preocupación por la resolución, porque ésta se emitirá apegada estrictamente al marco jurídico aplicable. Así mismo, mencionó que Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, ex presidente de Zitácuaro, se había desistido de la apelación.

Al salir de la reunión, el Grupo Plural se entrevistó con algunos familiares de los ex funcionarios públicos que manifestaron su preocupación e inquietud por los inculpados dada la lentitud del proceso judicial.

VI. Actividades para el traslado de los inculpados

Durante las reuniones en la ciudad de Morelia y desde el inicio de sus actividades de seguimiento el Grupo Plural se manifestó a favor del traslado de los ex funcionarios públicos de Nayarit a Michoacán, como demandaban los familiares, su defensa y el CODHM. Fundados en que los inculpados estaban en centros de reclusión que no correspondían a su perfil criminológico, que la lejanía de sus abogados y familia dificultaba la defensa, además de contravenir lo dispuesto en los instrumentos internacionales de derechos humanos que establecen que la cercanía a su lugar de origen les permite una rápida reinserción social.

El Grupo Plural, durante el mes de diciembre de 2009, estableció comunicación con los titulares de los Juzgados de Distrito Primero y Segundo en Materia Penal, así como con el comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la SSP, con la finalidad de que permitieran el acceso a los penales de Nayarit y de Jalisco para entrevistar a los detenidos y hablar con los jueces de la causa radicados en Nayarit y Jalisco.

Los integrantes del Grupo Plural en calidad de diputados del PRI, PAN, PRD, PT, y Convergencia, el 15 de diciembre de 2009, presentamos una Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al Presidente de la República girar las instrucciones correspondientes para trasladar a los detenidos.

En dicha proposición con punto de acuerdo se consideran como referentes fundamentales, los siguientes antecedentes:

• En fecha 19 de noviembre de 2009, las y los ex funcionarios por propio derecho, con base en las normas del sistema de prevención y readaptación social del país, en aras de mejorar sus condiciones de confinamiento y defensa, solicitaron al comisionado del OADPRS de la SSP, su traslado al Cereso licenciado David Franco Rodríguez de la ciudad de Morelia bajo la supervisión de la CNDH.

• En oficio DGPRS/4547/2009, de fecha 21 de noviembre de 2009, el director general de Prevención y Readaptación Social del Estado de Michoacán, doctor Jaime Álvarez Ramos, respondiendo a la petición del senador Carlos Sotelo García, manifestó que no existe inconveniente en que se lleve a cabo el traslado de los ex funcionarios mencionados al Cereso licenciado David Franco Rodríguez de la ciudad de Morelia. Al considerar su condición de procesados y que dicho centro cuenta con la infraestructura, las condiciones y medidas de seguridad adecuadas para tal efecto.

• En oficio GEM/103/2009, de fecha 23 de noviembre de 2009, el Gobernador de Michoacán manifestó al comisionado del OADPRS de la SSP, que no existe inconveniente para que los procesados sean trasladados.

Es importante mencionar que fueron los familiares de los ex funcionarios, la CNDH, la CEDH, el CODHM, el Gobierno del Estado de Michoacán, así como senadores y diputados federales y locales quienes promovieron el traslado que finalmente ocurrió los días 7 y 27 de enero de 2010.

Los jueces primero y segundo de Distrito en Materia Penal con residencia en la ciudad Tepic, Nayarit acordaron dicho traslado el 6 de enero de ese mismo año, fundados en lo siguiente:

• Que el fiscal especial adscrito a la Coordinación General de Apoyo al Proceso de la SIEDO en oficio de CGAP/054/2010 de fecha 5 de enero de 2010, manifestó que esa institución “no tiene inconveniente del traslado referido en virtud de que durante el desarrollo del proceso no se advierten indicios que permitan establecer objetivamente un perfil de peligrosidad de los procesados”.

• Que el comisionado del OADPRS de la SSP en oficio SSP/SSPF/OADPRS/26112/2009 de fecha 9 de noviembre de 2009, refiere que el gobernador de Michoacán conjuntamente con el director general de Prevención y Readaptación Social no tienen inconveniente del traslado de los ex funcionarios al Cereso licenciado David Franco Rodríguez que cuenta con la infraestructura, condiciones y medidas de seguridad adecuadas para tal efecto.

• Que por consecuencia a lo descrito por los órganos de la SSP y la PGR, los juzgados Primero y Segundo en Materia Penal radicados en la ciudad de Tepic, Nayarit, consideraron que ya no resultan legalmente competentes para seguir conociendo de esas causas penales por lo que declinaron su competencia al Juez de Distrito en turno con residencia en Morelia, Michoacán.

VII. Segunda visita a Morelia

El Grupo Plural, integrado por los legisladores Rubén Moreira Valdez, Camilo Ramírez Puente, Víctor Manuel Báez Ceja y María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, se reunió con el juez Primero de Distrito, Efraín Cazares López en las oficinas del Poder Judicial Federal de la ciudad de Morelia, el 18 de enero de 2010; a esta segunda reunión de trabajo también asistieron como invitados los legisladores federales Jenny de los Reyes Aguilar, Martín García Avilés y estuvieron presentes el secretario de acuerdos y el Ministerio Público adscrito al juzgado. El objetivo del encuentro fue obtener información respecto a los 28 casos de los inculpados por delitos de delincuencia organizada y contra la salud turnados a ese juzgado.

El juez informó sobre la situación jurídica de los inculpados, precisó que recibió 18 tomos sobre la situación procesal los internos, mencionó que sólo cuenta con un secretario para su desahogo por lo que pidió compresión; comentó que algunos de los casos se encontraban en apelación y amparo en contra del auto de formal prisión. Aseguró que durante el mes de enero analizaría los expedientes y, a partir de febrero, desahogaría las pruebas, por lo que instruyó a su secretario para que se reuniera con los familiares y abogados lo antes posible.

El juez comentó que desahogaría el proceso judicial con la mayor eficiencia, eficacia y con estricto apego a las disposiciones legales aplicables. Ofreció como prueba de su prontitud el hecho de no tener expedientes acumulados. Finalmente, manifestó su voluntad de otorgar información a los legisladores, en consideración al mandato otorgado por la Junta de Coordinación Política de dar seguimiento a los casos de los ex funcionarios públicos de Michoacán.

Posteriormente, el Grupo Plural y los legisladores federales invitados se trasladaron al Cereso licenciado David Franco Rodríguez para entrevistarse con los ex funcionarios públicos de Michoacán, en esa reunión asistieron el presidente de la CEDH, Víctor Manuel Serrato Lozano, y la representante del CODHM, Cristina Cortes Carillo, así como Gonzalo Badillo Moreno, secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Cabe mencionar que la visita se gestionó ante el gobernador del Estado de Michoacán y el director general de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado, mediante oficio el 14 de enero de 2010, lo que permitió que las actividades del Grupo Plural se desarrollaran en condiciones óptimas.

La visita tuvo como objetivo escuchar a los internos sobre su situación. Ellos manifestaron ser inocentes, se quejaron de violaciones a sus derechos humanos y de dilación en el proceso penal, durante la detención, arraigo e internamiento en el penal de El Rincón en Tepic, Nayarit, señalaron como autoridades responsables a elementos de la SSP, de la PGR, del Ejército Mexicano.

Nos exhortaron reformar las leyes en la materia penal sobre todo las figuras jurídicas del arraigo y testigo protegidoque según ellos, ha permitido el abuso del poder; aseguraron que durante su estancia en los penales se percataron de que personas inocentes son privadas de su libertad injustamente. Se autonombraron “presos de conciencia”, en voz de algunos de ellos, se escuchó el grito de que no querían un “juicio justo” porque no eran delincuentes, sino ser puestos en libertad.

También denunciaron ante el Grupo Plural, “inconsistencias” que en sus expedientes, aseguraron que “la totalidad los procesos están viciados”, que “la PGR les fabricó delitos” y que son “víctimas de un proceso electoral, de una visión de país inadecuada.” Pidieron a los legisladores “hacer algo no sólo por ellos sino por el México que nadie conoce, el que no existe, el que se encuentra en los penales”.

Solicitaron a los legisladores e invitados lo siguiente:

• Coordinar sus trabajos de seguimiento con las instancias de la Cámara de Senadores.

• Acudir a instancias de solución.

• Realizar una reforma integral al sistema de justicia penal de México.

Los diputados integrantes del Grupo manifestaron preocupación ante sus reclamos, por lo que se les ofreció recoger sus opiniones para integrarlas al presente informe, con la finalidad de que sean escuchados por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Por su parte, el presidente de la CEDH y la representante del CODHM manifestaron su apoyo a los internos, y ésta propuso al Grupo Plural que los diputados federales soliciten comparecer al ombudsman nacional para que explique el estado que guarda la Recomendación 072/2009 de la CNDH.

VIII. La liberación de doce inculpados

El magistrado del Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región con residencia en Acapulco, Guerrero, resolvió el 29 de enero de 2010 las apelaciones al auto de formal prisión de los procesados, lo que resultó en la libertad de doce inculpados.

Los diputados Rubén Moreira Valdez y Víctor Manuel Báez Ceja integrantes del Grupo Plural se trasladaron al Cereso licenciado David Franco Rodríguez, para acompañar a las familias y abogados de los inculpados.

En el día de la liberación, el presidente del Grupo Plural, solicitó a Gonzalo Badillo Moreno, secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, visitar a los inculpados, con la finalidad de conocer sus testimonios respecto a la situación que violenta sus garantías.

IX. Tercera visita a Morelia

A reserva de informar en detalle en su momento resumimos la tercera visita a la ciudad de Morelia.

Los diputados Rubén Moreira Valdés, Víctor Manuel Báez Ceja, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, integrantes del Grupo acudieron, por tercera ocasión, a la ciudad de Morelia, con el objetivo de llevar a cabo, tres reuniones de trabajo e informar sobre las actividades realizadas durante el primer trimestre de noviembre de 2009 a enero de 2010.

Durante la primera reunión, los familiares de los procesados e inculpados en libertad expresaron su agradecimiento al Grupo Plural y su solidaridad con quienes se encuentran en prisión. Los abogados manifestaron su descontento ante los obstáculos que han encontrado en la defensa, sobre todo, la ausencia de pruebas y las inconsistencias en las declaraciones de los testigos protegidos. Los diputados Rubén Moreira y Rosa María Ochoa, propusieron un taller de análisis sobre la resolución que dio la libertad a doce de los inculpados.

El Grupo Plural, acompañado por el diputado Martín García Avilés, tuvo su segunda reunión con Efraín Cazares López, Juez Primero de Distrito en la que se le agradeció por la audiencia y su interés por el caso. Manifestó que es importante mantener comunicación con los familiares y abogados y su disponibilidad de dialogar con el Grupo Plural.

Los integrantes del Grupo Plural acompañados del ombudsman estatal, Víctor Serrato Lozano, se trasladaron al Cereso licenciado David Franco Rodríguez para reunirse con Irlanda Sánchez Román para informarle sobre las actividades de seguimiento, a lo que ella respondió con agradecimiento y solicitó apoyo para tener un proceso judicial conforme a derecho, declarándose inocente de los cargos que le imputan.

Con el mismo formato se realizó por separado una reunión con 19 de los internos que se encuentran en la sección masculina del Cereso, los cuales también expresaron agradecimiento y solicitaron el apoyo y la coordinación con el Grupo Plural, los abogados y familiares para que su situación pueda resolverse lo más pronto posible.

X. Consideraciones finales

Basándonos en lo anterior, los legisladores integrantes del Grupo Plural de Trabajo presentamos ante el Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las siguientes consideraciones:

• Que los integrantes de este Grupo Plural estamos dando cumplimiento al mandato contenido en el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, previamente votado por el Pleno de la Cámara de Diputados que le dio origen y confirió objeto, misión y límites a su actuación. Esto lo demuestran los datos y hechos descritos, en los cuales sobresalen las visitas para obtener las versiones de los principales actores de estos acontecimientos; las solicitudes de información a los jueces de la causa sobre la situación jurídica de los inculpados; las visitas a los inculpados en los centros de reclusión; los exhortos a que las autoridades ordenaran los traslados de los reos a centros de internamiento cercanos a su domicilio; y las gestiones ante las autoridades jurisdiccionales para que los procesados fueran juzgados de una manera pronta y expedita, que permitieron la liberación de doce de los procesados.

• Que hemos contado con la importante, decidida y valiosa colaboración de los familiares y abogados de los inculpados, de representantes de organismos defensores de los derechos humanos como la CNDH, la CEDH y el CODHM, así como de diversas instituciones entre las que debemos mencionar al Senado de la República, al Poder Judicial Federal, al Gobierno del Estado de Michoacán, al Congreso del mismo estado y a la Secretaría de Gobernación de la administración pública federal.

• Que es imprescindible vigilar que la Recomendación 072/2009 emitida por la CNDH, el 30 de octubre de 2009, se cumpla en todos y cada uno de sus apartados.

• Que respetuosamente exhortamos a las autoridades de administración e impartición de justicia, que conocen del asunto, a que en el marco de la legislación vigente se desahogue el proceso sin dilación y en los términos y plazos constitucionales.

• Que es necesario efectuar una minuciosa revisión de las figuras jurídicas del arraigo y testigo protegido, para conocer sus alcances y beneficios, al igual que los peligros que representan para el respeto de los derechos humanos. Actualmente las autoridades que recurren a estas figuras jurídicas carecen de contrapesos en su actuar y no están sujetas a la rendición de cuentas; además, no se determina en nuestra ley cuáles son las consecuencias para las autoridades y los testigos protegidos que ofrecen un testimonio falso, ni en su caso, cómo operaría la reparación del daño a sus víctimas.

Reiteramos enfáticamente nuestro compromiso con el Estado de Derecho, la paz, la seguridad y la tranquilidad que todos los mexicanos merecemos.

El Grupo Plural no se opone a la lucha legítima contra la delincuencia organizada. Nos oponemos sí, a la violación de Derechos Humanos y al uso ilegítimo de la fuerza. El Grupo Plural no encuentra justificación para que, a la sombra de ese combate, se afecte la esfera jurídica de los mexicanos restringiendo o, incluso, limitando el disfrute y libre ejercicio de las garantías individuales. No podemos permitir que las instituciones hechas para la seguridad, protección, administración y aplicación de la justicia violenten el marco constitucional y legal vigente, así como los instrumentos regionales e internacionales que México ha firmado y ratificado en materia de derechos humanos.

El Grupo Plural, está atento a la discusión que enriquezca nuestras actividades, en beneficio de las y los ciudadanos involucrados en la problemática de la que estamos informando.

Notas:

1 Dada la importancia de la recomendación que comentamos se resumen algunos de sus párrafos respetando el sentido del documento original. El texto íntegropuede consultarse en: http://www.cndh.org.mx/ recomen/recomen.asp

2 Oficio de fecha 27 de noviembre de 2009 enviado al diputado Rubén Moreira Valdez en el que el Presidente de la CEDH informa sobre los hechos ocurridos el 26 de mayo y 25 de junio de 2009 en Michoacán.

3 Los familiares y el CODHM entregaron dicho documento a la Mesa Directiva del Congreso del estado de Michoacán, el 15 de agosto de 2009.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2010.— Diputados: Rubén Moreira Valdez, Camilo Ramírez Puente, Víctor Manuel Báez Ceja, Juan Enrique Ibarra Pedroza, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbricas).»

Anexos

Bitácora de reuniones ordinarias del grupo plural

29 de octubre de 2009, reunión de instalación

En la reunión se desahogaron los asuntos siguientes:

• Presentación de los integrantes del grupo plural.

• Declaratoria formal de instalación a cargo del diputado presidente, Rubén Moreira Valdez.

• Lectura del punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, de la Cámara de Diputados, por el que se crea el grupo plural.

• Intervención de cada integrante.

11 de noviembre de 2009, reunión ordinaria

En la reunión se desahogaron los asuntos siguientes:

• Presentación del programa de trabajo del grupo plural para su discusión y, en su caso, aprobación.

• Informe de la reunión con el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, doctor José Luis Soberanes Fernández.

• Discusión y, en su caso, aprobación de la visita a la ciudad de Morelia, Michoacán, programada para el 26 de noviembre de 2009.

1 de diciembre de 2009, reunión ordinaria

En la reunión se desahogaron los asuntos siguientes:

• Comentarios sobre la reunión ordinaria del 11 de noviembre de 2009 y la reunión de trabajo del 26 de noviembre de 2009 en la ciudad de Morelia, Michoacán.

• Aprobación del plan de actividades del grupo plural.

• Lineamientos generales para la elaboración del informe preliminar.

• Proposición con punto de acuerdo del grupo plural para solicitar el traslado de los ex funcionarios públicos a un penal de Michoacán.

• Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la SSP y a la PGR que se manifiesten en relación a la Recomendación 072/2009, de la CNDH.

• Discusión y en su caso aprobación de la visita a la ciudad de Acapulco, Guerrero, programada para el 7 de diciembre de 2009.

12 de enero de 2010, reunión ordinaria

En la reunión se desahogaron los asuntos siguientes:

• Lineamientos generales del para el primer informe trimestral.

• Discusión y, en su caso, aprobación de la visita a la ciudad de Tepic, Nayarit.

• Discusión y, en su caso, aprobación de la visita a la ciudad de Morelia, Michoacán.

Bitácora de reuniones foráneas del grupo plural

26 de noviembre de 2009, reunión de trabajo en Morelia, Michoacán

Durante la visita se llevaron a cabo con las siguientes actividades:

• Reunión de trabajo con los integrantes de las Comisiones de Derechos Humanos y Especial de Seguimiento del Congreso del estado, así como con el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

• Reunión de trabajo con familiares de los ex servidores públicos detenidos, abogados defensores y el Bloque de Organizaciones de Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo.

• Reunión de trabajo con el gobernador de estado de Michoacán de Ocampo, Mtro. Leonel Godoy Rangel.

• Conferencia de prensa.

7 de diciembre de 2009, reunión de trabajo en Acapulco, Guerrero

Durante la visita se llevó a cabo con la siguiente actividad:

• Reunión de trabajo con el Magistrado Lázaro Franco Robles, del Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región.

18 de enero de 2010, reunión de trabajo en Morelia, Michoacán

Durante la visita se llevaron a cabo las siguientes actividades:

• Reunión de trabajo con legisladores del Congreso del estado, el Presidente de la CEDH, familiares, abogados defensores y organizaciones no gubernamentales para la entrega del informe preliminar.

• Reunión con ex funcionarios públicos detenidos en el Penal de Mil Cumbres.

• Reunión con autoridades del penal y el director de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado de Michoacán.

Atentamente

Las diputadas y los diputados federales integrantes del Grupo Plural: Rubén Moreira Valdez, Camilo Ramírez Puente, Víctor Manuel Báez Ceja, Enrique Ibarra Pedroza, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Sergio Lobato García (rùbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De enterado.

Continúe la Secretaría con las comunicaciones de la Mesa Directiva.

COMISION DE VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

Esta Presidencia comunica que se recibieron de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación diversos oficios con los que da contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente:

1. Por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro a investigar sobre el uso indebido de recursos públicos en la adquisición de bienes inmuebles por parte y a favor del ex gobernador Francisco Garrido Patrón.

2. Para que la Auditoría Superior de la Federación incluya en el programa anual de auditorías para la fiscalización de la Cuenta Pública de 2009 una auditoría de desempeño al proyecto integral de desarrollo de la cuenca de Chicontepec que realiza Pemex-Exploración y Producción.

3. Por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que realice una evaluación integral del desempeño y costo de las guarderías que operan bajo el esquema de subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2010.— Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

Me refiero al oficio al rubro citado, del 13 de enero del presente, mediante el cual se comunicó a esta Presidencia que en sesión permanente de esta soberanía celebrada en la misma fecha se aprobó punto de acuerdo en los términos siguientes:

Primero. (...)

Segundo. (...)

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una evaluación integral del desempeño y costo de las guarderías que operan bajo el esquema de subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Sobre el particular, le informo que la Auditoría Superior de la Federación, mediante oficio número OASF/0048/2010 (se anexa copia), comunicó a esta Presidencia lo siguiente:

“... sobre el particular nos permitimos comunicarle que el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2008 que se presentará a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, a más tardar el 20 de febrero del año en curso, incluye la auditoría 1115, “Regulación y Supervisión de Guarderías (IMSS-ISSSTE)”, que se practicó al Instituto Mexicano del Seguro Social sobre la materia de interés.”

Le envío un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 3 de febrero de 2010.— Diputada Esthela Damián Peralta (rúbrica), presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

En relación con el comunicado al rubro citado, mediante el cual se informó a esta comisión que en sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 20 de enero de 2010, se aprobó un punto de acuerdo presentado por una servidora, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en los términos siguientes:

“(...) Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a efecto de que en ejercicio de su autonomía técnica y de gestión incluya en el programa anual de auditorías para la fiscalización de la Cuenta Pública de 2009 una auditoría de desempeño al proyecto integral de desarrollo de la cuenca de Chicontepec que realiza Pemex Exploración y Producción”.

Sobre el particular, le informo que la Auditoría Superior de la Federación, mediante oficio número OASF/0053/2010 (se anexa copia), comunicó a esta Presidencia lo siguiente:

“... sobre el particular nos permitimos comunicarle que se ha tomado debida nota de la petición para evaluar la procedencia y factibilidad de su inclusión en la revisión de la Cuenta Pública de 2009...”

“...consideramos pertinente señalar que el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2008 que se presentará a la Cámara de Diputados (...) incluye las siguientes auditorías a Pemex Exploración y Producción...

Le envío un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 3 de febrero de 2010.— Diputada Esthela Damián Peralta (rúbrica), Presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Me refiero al oficio al rubro citado, del 20 de enero del presente, mediante el cual se comunicó a esta Presidencia que en sesión permanente de esta soberanía, celebrada en la misma fecha, se aprobó punto de acuerdo en los términos siguientes:

“Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación y a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado Libre y Soberano de Querétaro a realizar una investigación sobre el uso indebido de recursos públicos por parte del ex gobernador Francisco Garrido Patrón en la adquisición de bienes inmuebles a su favor...”

Sobre el particular, le informo que la Auditoría Superior de la Federación, mediante oficio número OASF/0051/2010 (se anexa copia), comunicó a esta Presidencia lo siguiente:

“... sobre el particular nos permitimos comunicarle lo siguiente:

• Respecto a 2009, se ha tomado debida nota de la petición para evaluar la procedencia y factibilidad de su inclusión en la revisión de la Cuenta Pública de 2009...

• Toda vez que la gestión del referido gobernador comprendió el periodo del 1 de octubre de 2003 al 30 de septiembre de 2009, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la actuación de la Auditoría Superior del a Federación se sujeta al principio de anualidad a que se refiere el segundo párrafo del artículo 79 constitucional, por lo que no cuenta con atribuciones para revisar el ejercicio de 2008 y anteriores.”

Le envío un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 3 de febrero de 2010.— Diputada Esthela Damián Peralta (rúbrica), Presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De enterado. Remítase al promovente.

Continúe la Secretaría con los documentos enviados por el diputado Eviel Pérez Magaña.

DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

Por este conducto, con fundamento en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar solicitud de licencia por tiempo indefinido al cargo de diputado federal por el distrito 1 de Oaxaca, para que surta efecto a partir del 1 de marzo del presente año.

Asimismo, que por su amable conducto se pueda someter a la consideración del pleno.

Sin otro particular, agradezco su atención.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 24 de febrero de 2010.— Diputado Eviel Pérez Magaña (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo de la solicitud presentada por el señor diputado.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Eviel Pérez Magaña para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el distrito I de Oaxaca, a partir del 1 de marzo de 2010.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobados. Comuníquense.

Continúe la Secretaría con oficio de la Entidad Superior de Fiscalización de Querétaro.

ESTADO DE QUERETARO

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:«Escudo.— Entidad Superior de Fiscalización de Querétaro.

Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura.

En respuesta a su oficio número DGPL 61-II-5-467 del expediente 23, de fecha 23 de enero de 2010, a través del cual exhorta a la entidad superior a mi digno cargo a realizar una investigación sobre el uso indebido de recursos públicos por parte del ex gobernador Francisco Garrido Patrón, en la adquisición de bienes inmuebles a su favor. En relación con lo anterior se expone lo siguiente:

De conformidad con los artículos 31 de la Constitución Política del Estado de Querétaro y 3 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Querétaro, la fiscalización superior está a cargo de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, entendiéndose ésta como la facultad de revisión de la cuenta pública o de la gestión financiera.

Ahora bien, para los efectos del artículo 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Querétaro, la Cuenta Pública está constituida por lo siguiente:

a) El balance general, estado de resultados, estado de origen y aplicación de recursos, estado de rectificaciones a resultados de ejercicios anteriores, en su caso, reportes analíticos detallados de ingresos y egresos, avance del ejercicio presupuestal y reporte de la situación que guarda la deuda pública.

b) Los reportes y en general la información que solicite la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, a fin de que permita la verificación de las acciones, obras y programas de las entidades fiscalizadas.

Asimismo, el artículo 5 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Querétaro señala que “la fiscalización superior se realizará (...) de manera posterior a la presentación de las cuentas públicas (...)”.

Siguiendo con lo anterior, el artículo 33 de la Ley de Fiscalización Superior establece que “la Entidad Superior de Fiscalización del Estado podrá iniciar la fiscalización superior de la cuenta pública o de la gestión financiera correspondiente, el día siguiente de la entrega de ésta (...)”.

De lo antes expuesto, se concluye que la Entidad Superior de Fiscalización del Estado sólo es competente para revisar la Cuenta Pública, tan es así que la presentación de la Cuenta Pública es un requisito de procedibilidad para el ejercicio de la fiscalización superior; de igual forma, y como ya se señaló, la Cuenta Pública se integra de una serie de elementos, dentro de los cuales no se considera el patrimonio de los servidores públicos, razón por la cual esta entidad superior a mi digno cargo se encuentra imposibilitada para dar cumplimiento a su solicitud, en virtud de que al no ser parte de la cuenta pública no es objeto de fiscalización superior.

Sin embargo, esta entidad superior en afán de coadyuvar turnará su solicitud a la autoridad competente para recibir, registrar, requerir y, en su caso, corroborar la veracidad las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de la administración estatal, central y paraestatal, siendo ésta de conformidad con los artículos 19 y 24, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, así como el Título Cuarto de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

Una vez realizadas las anteriores aclaraciones, quedo de usted reiterándole mi respeto institucional.

Atentamente

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 18 de febrero de 2010.— Contador Público Rafael Castillo Vandenpeereboom (rúbrica), auditor superior del Estado.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase al promovente para su conocimiento.

Continúe la Secretaría con oficios de la Secretaría General del gobierno del estado de Guerrero.

ESTADO DE GUERRERO

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:«Escudo.— Gobierno de Guerrero.— Secretaría General de Gobierno.

Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— México, DF

Por instrucciones del contador público Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, titular del Ejecutivo del estado, y en atención a su oficio número DGPL 61-II-6-0244, derivado de su expediente número 119, de fecha 27 de enero del año en curso, mediante el cual comunica al gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión formuló un exhorto a esa autoridad a efecto de implementar mecanismos que den cumplimiento a la recomendación número 78/2009, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Al respecto informo a esa honorable soberanía que la referida resolución fue aceptada en sus términos, por lo que respecta a los puntos que inciden en el ámbito de competencia del Poder Ejecutivo, como se demuestra con la copia del oficio número DADH-913, fechado el 29 de diciembre de 2009, la cual adjunto al presente ocurso; asimismo, se han enviado los oficios números DADH-030 y DADH-088, de fechas 18 de enero y 11 de febrero del año en curso, respectivamente, mediante los cuales se remitió al organismo defensor de los derechos humanos constancias de cumplimiento de la recomendación de mérito, tal y como lo acredito con las copias de los acuses de los referidos documentos, las cuales anexo al presente.

Me es grato saludarle.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Chilpancingo, Guerrero, a 11 de febrero de 2010.— Licenciado Guillermo Ramírez Ramos (rúbrica), secretario general de Gobierno.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase al promovente para su conocimiento.

Continúe la Secretaría con oficios de la Secretaría de Gobernación.

ESTADO DE MICHOACAN - ESTADO DE MEXICO

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-9-0677, signado por los diputados Felipe Salís Acero y María Teresa Ochoa Mejía, vicepresidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGF/283/2010, suscrito por el ciudadano Rubem Hofliger Topete, director general del Fondo de Desastres Naturales, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la declaratoria de zona de desastre en Michoacán y México.

Atentamente

México, DF, a 22 de febrero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Manuel Minjares Jiménez, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SEL/UEL/311/365/l0, de fecha 4 de febrero de 2010, dirigido inicialmente a la licenciada Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil, y que fuera recibido en esta Dirección General del Fondo de Desastres Naturales, DGF, el día 9 de febrero del año en curso, por medio del cual se informa que mediante oficio DGPL 61-II-9-0677, de fecha 4 de febrero de 2010, signado por los diputados Felipe Solís Acero y María Teresa R. Ochoa Mejía, vicepresidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunican a la Secretaría de Gobernación, Segob, el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el día 4 del presente mes y año, mismo que se reproduce a continuación:

“Primero.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Secretario de Gobernación, para proceder de manera inmediata a emitir Declaratoria de Desastres Naturalespor la ocurrencia de las lluvias severas que se han presentado en los últimos días en el municipio de Tuxpan, Angangueo y aledañas a la ribera del Río Tuxpan en el estado de Michoacán, aplicando recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Segundo. Se exhorta al Secretario de Gobernación, para proceder de manera inmediata a emitir Declaratoria de Desastres Naturales por la ocurrencia de las lluvias severas que se han presentado en los últimos días en el municipio de Netzahualcóyotl en el estado de México, aplicando recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).”

Sobre el particular, me permito solicitar atentamente a usted, sea el amable conducto para hacer del conocimiento de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, las acciones efectuadas en el marco del programa Fondo de Desastres Naturales, Fonden, para dar atención a la ocurrencia de lluvia severa los días 3 y 4 de febrero de 2010 en el estado de México y Michoacán, y que se relacionan con el punto de acuerdo que nos ocupa.

Para tales efectos y de manera previa, consideramos oportuno realizar las siguientes precisiones:

• En términos de lo dispuesto por el numeral 1 del “Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales” (en lo sucesivo las ROF), el Fondo de Desastres Naturales, Fonden, se define como un instrumento de coordinación intergubernamental e interinstitucional cuyo objeto es, bajo principios de corresponsabilidad complementariedad, oportunidad y transparencia, ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil.

Para la realización de tales objetivos, el Fonden cuenta con los instrumentos siguientes, a través de los cuales, atendiendo a sus características y alcances, se autorizan suministros de auxilio o recursos para dar atención al fenómeno natural perturbador de que se trate:

a) El Fondo Revolvente Fonden, mismo que sólo podrá ser utilizado cuando exista una declaratoria de emergencia y con ello que la DGF autorice la adquisición de suministros de auxilio conforme a la normatividad aplicable para responder de manera inmediata a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población afectada por situaciones de emergencia generadas o asociadas con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un fenómeno natural perturbador (numeral 3, fracción I de las ROF, en concordancia con los artículos 1 y 3 del “Acuerdo que establece los lineamientos para emitir las declaratorias de emergencia y la utilización del Fondo Revolvente Fonden”, (en lo sucesivo los Lineamientos).

Cabe señalar que si bien es cierto a la DGF le corresponde autorizar la adquisición de suministros de auxilio con cargo al Fondo Revolvente Fonden, y coordinar el procedimiento de acceso a los mismos, también lo es que esta unidad administrativa no tiene a su cargo la entrega de tales suministros a las entidades federativas, municipios o delegaciones políticas en particular, dado que las entidades federativas son las encargadas de llevar a cabo dichas acciones, a través de las instancias estatales designadas para esos efectos.

b) El Fonden Reconstrucción (que incluye al Programa Fondo de Desastres Naturales del Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas” del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, y el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, en términos del numeral 3, fracciones II y III, de las propias ROF). Con cargo a este instrumento se autorizan recursos (ya sea del Programa Fonden o del Fideicomiso 2003 Fonden federal, destinados a la restitución parcial o total de los daños sufridos por un fenómeno natural perturbador en los sectores de competencia federal, o de las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos en el Distrito Federal, previstos en las ROF, de acuerdo con los porcentajes de coparticipación establecidos; así como también a la mitigación de los daños a las viviendas de la población de bajos ingresos afectadas por un fenómeno natural perturbador.

Respecto de este instrumento se puntualiza que a la Segob, por conducto de la DGF, únicamente le corresponde coordinar el procedimiento de acceso a los recursos del Fonden Reconstrucción, dando cumplimento para tales efectos a los plazos, requisitos y formalidades establecidos en las ROF, motivo por el cual no autoriza, ni tiene a su cargo la entrega de los recursos autorizados a un municipio o delegación política en particular, así como tampoco actúa como ejecutora de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado.

• Ahora bien, para acceder a los instrumentos que opera el Fonden, es necesario que se cumpla previamente con los requisitos, formalidades y procedimientos establecidos en la normatividad aplicable a cada uno de ellos.

A ese respecto, diremos que para efectos de la autorización de suministros de auxilio (insumos) con cargo al Fondo Revolvente Fonden, los Lineamientos establecen la necesidad de contar con una solicitud de Declaratoria de Emergencia, dirigida a la Coordinación General de Protección Civil, CGPC, de la Secretaría de Gobernación, Segob, debiendo estar suscrita por el titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente (o en su caso por el servidor público del nivel jerárquico inmediato inferior con facultades expresas para ello), en la que se describa, entre otros aspectos, el fenómeno natural perturbador origen de la situación de emergencia, los municipios u órganos político administrativos en situación de emergencia, la población estimada que fue o pueda ser afectada con motivo de la emergencia, y señalar expresamente que ha sido rebasada la capacidad de respuesta de la entidad federativa y de los municipios u órganos político-administrativos respecto de los que se solicita la declaratoria de emergencia.

En ese mismo sentido, el artículo 7 de los Lineamientos, dispone que las entidades federativas son las instancias facultadas para solicitar a la Segob, la emisión de una declaratoria de emergencia, motivo éste por el que los municipios u órganos político-administrativos deberán establecer los mecanismos de coordinación necesarios con la entidad federativa a la que pertenezcan para efectos de ser considerados en una solicitud.

Es importante manifestar que, según se adelantaba, los insumos autorizados para la atención de una emergencia determinada, bajo ninguna circunstancia son proporcionados directamente a la población en general, o bien, a las autoridades municipales, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de los Lineamientos, dichos insumos son entregados por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, DGRMSG, de la Segob, a la entidad federativa de que se trate, para que la misma proceda a su posterior distribución.

Por su parte, y para efectos de la autorización de los recursos con cargo al Fonden Reconstrucción, las ROF establecen que una vez corroborada la existencia del fenómeno natural perturbador por parte de la instancia técnica facultada para ello, el gobierno de la entidad federativa afectada debe presentar una solicitud de Declaratoria de Desastre, suscrita por el titular del ejecutivo de la entidad federativa correspondiente, dirigida a la CGPC, de la Segob, en la que se deberá manifestar, entre otros aspectos, la descripción del fenómeno natural perturbador de que se trate, la fecha de su ocurrencia, los municipios u órganos político-administrativos que hayan sido previamente corroborados por la instancia técnica facultada respectiva como afectados por el fenómeno en cuestión, y la manifestación de que ha sido rebasada su capacidad financiera y operativa, para atender, por sí misma, la totalidad de los efectos producidos por el mismo

No se omite señalar que los recursos que se autorizan con cargo a este instrumento del Fonden para llevar a cabo labores de reconstrucción en los sectores de competencia de las entidades federativas, son transferidos del Fideicomiso 2003 Fonden Federal al Fideicomiso Fonden estatal de la entidad federativa en donde se haya presentado el desastre, a fin de que la ejecución de obras y acciones de reconstrucción sean realizadas por las propias entidades federativas, a través de las instancias ejecutoras estatales designadas para ello.

Visto lo anterior, y toda vez que los gobiernos de estado de México y de Michoacán ya han satisfecho los requisitos y formalidades establecidos en las ROF para acceder a los recursos que se autorizan con cargo al Fonden Reconstrucción, procedemos a informar respecto de las acciones que la Ssegob, por conducto de la DGF y a través del instrumento aludido, ha llevado a cabo para dar atención a la ocurrencia de lluvias severas los días 3 y 4 de febrero de 2010 en las entidades federativas referidas:

Fonden Reconstrucción

Estado de México

Lluvia severa los días 3 y 4 de febrero de 2010 (Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl y Valle de Chalco Solidaridad)

• Mediante oficio SGG/0009/20l0, de fecha 4 de febrero de 2010, en cumplimiento al numeral 7 de las ROF, el secretario general de Gobierno del estado de México solicitó a la Comisión Nacional del Agua, Conagua opinión técnica respecto de la ocurrencia del fenómeno hidrometeorológico catalogado como lluvia severa ocurrida los días 3 y 4 de febrero de 2010 en los municipios de Ecatepec de Morelos y Nezahualcoyotl.

Asimismo mediante oficio SGG/00l0/2010, de fecha 5 de febrero de 2010, el secretario general de Gobierno del Estado de México solicitó a la Conagua opinión técnica respecto de la ocurrencia del fenómeno hidrometeorológico catalogado como lluvia severa ocurrida los días 3,4 y 5 de febrero de 2010 en el municipio de Valle de Chalco.

• Con oficios BOO.-171 y BOO.-175, ambos de fecha 5 de febrero de 2010, en cumplimiento al numeral 8 de las ROF, la Conagua emitió su opinión técnica y corroboró la ocurrencia de lluvia severa, el día 3 de febrero de 2010, en los municipios de Ecatepec de Morelos y Nezahualcóyotl, y lluvia severa los días 3 y 4 de febrero de 2010 en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, todos del estado de México.

• Con fecha 5 de febrero de 2010, en apego a las disposiciones de las ROF, se llevó a cabo la sesión de instalación del Comité de Evaluación de Daños, CED, en el Estado de México, con el objeto de realizar la cuantificación y evaluación de los daños ocasionados por la ocurrencia de lluvias severas los días 3 y 4 de febrero de 2010. Para esos efectos, los integrantes del CED se agruparon en subcomités de los sectores: vivienda, infraestructura urbana, carretero, hidráulico, educativo y salud.

En dicha sesión, el CED acordó que la entrega de resultados correspondiente se llevaría a cabo en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de su instalación, para lo cual se señaló el día 18 de febrero de 2010. No obstante lo anterior, a petición de los subcomités y en virtud de la imposibilidad técnica manifestada para evaluar y cuantificar los daños en los municipios afectados, en términos del numeral 13, fracción II de las ROF, el CED autorizó por única vez, la ampliación en el plazo por 10 días hábiles más, siendo su fecha límite el día 4 de marzo de 2010.

En ese mismo acto, el gobierno del estado de México entregó al representante de la SEGOB, la solicitud de Declaratoria de Desastre Natural, de conformidad con el numeral 9 de las ROF, por lo que dicha dependencia del Gobierno Federal, por conducto de la CGPC, emitió y publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de febrero de 2010 la “Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de lluvia severa los días 3 y 4 de febrero de 2010, en 3 municipios del estado de México”; procediendo a declarar como zona de desastre a los municipios de Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl y Valle de Chalco Solidaridad (mismos que se incluyeron en la solicitud de Declaratoria de Desastre y que fueron corroborados por la Conagua como municipios afectados por la presencia de lluvia severa el día 3 de febrero de 2010 y lluvia severa los días 3 y 4 de febrero de 2010, respectivamente).

No se omite señalar que, con fundamento en lo establecido por los numerales 17 y 20 de las ROF, en la sesión de instalación del CED antes aludida, se solicitaron recursos para diversos sectores, por concepto de Apoyos Parciales Inmediatos, APIN, con cargo al Fonden, para la ejecución de las acciones, trabajos y obras prioritarias y urgentes, dirigidas a solventar la situación crítica derivada del desastre natural en cuestión, mismos que se autorizaron de la siguiente manera:

• En este punto, se informa que actualmente se encuentra transcurriendo el plazo establecido en .el numeral 13, fracción II, de las ROF para que se lleve a cabo la sesión de entrega de resultados del CED, motivo por el cual, una vez realizadas tales acciones se podrá estar en condiciones de saber de qué manera y con qué montos se atenderán y apoyarán, finalmente y con cargo al Fonden, los daños ocurridos por la presencia de lluvia severa los días 3 y 4 de febrero de 2010, en los municipios del estado de México en comento.

No obstante, adelantamos que, una vez que hayan sido autorizados en su totalidad los recursos con cargo al Fonden para dar atención al fenómeno natural perturbador de referencia, y transferidos los mismos del Fideicomiso Fonden federal al Fideicomiso 1989. Fonden Estado de México, atentos al numeral 44 de de las ROF, el Comité Técnico de dicho Fideicomiso estatal, será el responsable de verificar que se cumpla el calendario de ejecución de las obras y acciones de las dependencias y entidades ejecutaras, en el entendido de que, de observarse retrasos constantes e injustificados hasta por un plazo de tres meses en el cumplimiento de dicho calendario, deberá realizar las acciones necesarias para que, en su caso, se reintegre al patrimonio del Fideicomiso Fonden federal el remanente de la coparticipación de orden federal.

Asimismo, dentro de las sesiones ordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso 1989.-Fonden Estado de México, los ejecutores del gasto invariablemente deberán presentar los avances físicos y financieros de sus programas de reconstrucción que se encuentren en ejecución y, en su caso, las problemáticas que éstos enfrenten.

De igual manera, en términos del numeral 46 de las ROF, será responsabilidad del fiduciario del referido Fideicomiso 1989.-Fonden estado de México, llevar el control detallado para la atención, recepción y desembolso de los recursos destinados a dicha entidad federativa que por concepto de coparticipaciones se les hayan entregado a través del Fonden, siendo corresponsables en ese control las dependencias y entidades normativas y ejecutoras, respectivamente, a través de las cuales se canalizaron los recursos al Fideicomiso Fonden estatal para la atención del desastre natural.

Estado de México

Lluvia severa los días 3 y 4 de febrero de 2010 (municipio de Chalco, estado de México)

• Mediante oficio SGG/0015/2010, de fecha 8 de febrero de 2010, en cumplimiento al numeral 7 de las ROF, el secretario general de Gobierno del estado de México solicitó a la Conagua opinión técnica respecto de la ocurrencia del fenómeno hidrometeorológico catalogado como lluvia severa en las colonias Unión de Guadalupe, Culturas Mexicanas y Covadonga en el municipio de Chalco, suscitada los días 3, 4 y 5 de febrero de 2010.

• Con oficio 8OO.-200, de fecha 9 de febrero de 2010, en cumplimiento a lo que señala el numeral 8 de las ROF, la Conagua emitió su opinión técnica y corroboró la ocurrencia de lluvia severa, los días 3 y 4 de febrero de 2010, en el municipio de Chalco del estado de México.

• Con fecha 10 de febrero de 2010, en apego a las disposiciones de las ROF se llevó a cabo la sesión de instalación del Comité de Evaluación de Daños, CED, en el estado de México, con el objeto de realizar la cuantificación y evaluación de los daños ocasionados por la ocurrencia de lluvias severas los días 3 y 4 de febrero de 2010. Para esos efectos, los integrantes del CED se agruparon en subcomités de los sectores: vivienda, infraestructura urbana, carretero, hidráulico, educativo y salud.

En dicha sesión, el CED acordó que la entrega de resultados se llevaría a cabo en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la instalación del CED, para lo cual se señaló el día 23 de febrero de 2010. No obstante lo anterior, a petición de los subcomités y en virtud de la imposibilidad técnica manifestada para evaluar y cuantificar los daños en los municipio afectados, en términos del numeral 13, fracción II de las ROF, el CED autorizó por única vez, la ampliación en el plazo por 10 días hábiles más, siendo su fecha límite el día 9 de marzo de 2010.

En ese mismo acto, el gobierno del estado de México entregó al representante de la Segob, la solicitud de Declaratoria de Desastre Natural, de conformidad con el numeral 9 de las ROF, por lo que dicha dependencia del gobierno federal, por 7conducto de la CGPC, emitió y publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de febrero de 2010 la “Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de lluvia severa los días 3 y 4 de febrero de 2010, en el municipio de Chalco del estado de México”; procediendo a declarar como zona de desastre al municipio de Chalco (municipio que el estado de México incluyó en su respectiva solicitud de Declaratoria de Desastre y que fue corroborado por la Conagua como municipio afectado por la presencia de lluvia severa el día 3 y 4 de febrero de 2010).

No se omite señalar que, con fundamento en lo establecido por los numerales 17 y 20 de las ROF, en la sesión de instalación del CED antes aludida, se solicitaron recursos para diversos sectores, por concepto de Apoyos Parciales Inmediatos APIN, con cargo al Fonden, para la ejecución .de las acciones, trabajos y obras prioritarias y. urgentes, dirigidas a solventar la situación crítica derivada del desastre natural en cuestión, mismos que se autorizaron de la siguiente manera:

• En este punto, se informa a ese órgano legislativo que actualmente se encuentra transcurriendo el plazo establecido en el numeral 13, fracción II, de las ROF para que se lleve a cabo la sesión de entrega de resultados del CED, motivo por el cual, una vez realizadas tales acciones se podrá estar en condiciones de saber de qué manera y con qué montos se atenderán y apoyarán, finalmente y con cargo al Fonden, los daños ocurridos por la presencia de lluvia severa los días 3 y 4 de febrero de 2010, en el municipio del estado de México en comento.

No obstante, reiteramos que, una vez que hayan sido autorizados en su totalidad los recursos con cargo al Fonden para dar atención al fenómeno natural perturbador de referencia, y transferidos los mismos del Fideicomiso Fonden federal al Fideicomiso 1989.-Fonden Estado de México, atentos al numeral 44 de de las ROF, el Comité Técnico de dicho Fideicomiso estatal, será el responsable de verificar que se cumpla el calendario de ejecución de las obras y acciones de las dependencias y entidades ejecutoras, en el entendido de que, de observarse retrasos constantes e injustificados hasta por un plazo de tres meses en el cumplimiento de dicho calendario, deberá realizar las acciones necesarias para que, en su caso, se reintegre al patrimonio del Fideicomiso Fonden federal el remanente de la coparticipación de orden federal.

Asimismo, dentro de las sesiones ordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso 1989.-Fonden Estado de México, los ejecutores del gasto invariablemente deberán presentar los avances físicos y financieros de sus programas de reconstrucción que se encuentren en ejecución y, en su caso, las problemáticas que éstos enfrenten.

De igual manera, en términos del numeral 46 de las ROF, será responsabilidad del fiduciario del referido Fideicomiso 1989.-Fonden Estado de México, llevar el control detallado para la atención, recepción y desembolso de los recursos destinados a dicha entidad federativa que por concepto de coparticipaciones se les hayan entregado a través del Fonden, siendo corresponsables en ese control las dependencias y entidades normativas y ejecutoras, respectivamente, a través de las cuales se canalizaron los recursos al Fideicomiso Fonden estatal para la atención del desastre natural.

Michoacán

Lluvias severas los días 3 y 4 de febrero de 2010 (Angangueo. Ocampo, Tiquicheo de Nicolás Romero, Tuxpan y Tuzantla)

• Mediante oficio GEM/019/2010, de fecha 6 de febrero de 2010, en cumplimiento al numeral 7 de las ROF, el gobernador del estado de Michoacán solicitó a la Conagua opinión técnica respecto de la lluvia atípica ocasionada por tormentas de baja presión provenientes del pacífico y ocasionadas por el frente frío número 29, tormenta invernal número 5, ocurrida los días 3 y 4 de febrero de 2010, en los municipios de Angangueo, Ocampo, Tiquicheo, Tuxpan y Tuzantla.

• Con oficio BOO.-189 de fecha 7 de febrero de 2010, en cumplimiento a lo que señala el numeral 8 de las ROF, la Conagua emitió su opinión técnica y corroboró la ocurrencia de lluvias severas los días 3 y 4 de febrero de 2010, en los municipios de Angangueo, Ocampo, Tiquicheo de Nicolás Romero, Tuxpan y Tuzantla, del Estado de Michoacán de Ocampo.

• Con fecha 8 de febrero de 2010, en apego a las disposiciones de las ROF, se llevó a cabo la sesión de instalación del Comité de Evaluación de Daños, CED, en el estado de Michoacán, con el objeto de realizar la cuantificación y evaluación de los daños ocasionados por la ocurrencia de lluvias severas los días 3 y 4 de febrero de 2010. Para esos efectos, los integrantes del CED se agruparon en subcomités de los sectores: vivienda, urbano, carretero, hidráulico, hidroagrícola, educativo y deportivo.

En dicha sesión, el CED acordó que la entrega de resultados se llevaría a cabo en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la instalación del CED, para lo cual se señaló el día 19 de febrero de 2010. No obstante lo anterior, a petición de los subcomités y en virtud de la imposibilidad técnica manifestada para evaluar y cuantificar los daños en los municipios afectados, en términos del numeral 13, fracción II de las ROF, el CED autorizó por única vez, la ampliación en el plazo por 10 días hábiles más, siendo su fecha límite el día 5 de marzo de 2010.

En ese mismo acto, el gobierno del estado de Michoacán entregó al representante de la Segob, la solicitud de Declaratoria de Desastre Natural, de conformidad con el numeral 9 de las ROF, por lo que dicha dependencia del gobierno federal, por conducto de la CGPC, emitió y publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de febrero de 2010 la “Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de lluvias severas los días 3 y 4 de febrero de 2010, en 5 municipios del Estado de Estado de Michoacán de Ocampo”; procediendo a declarar como zona de desastre a los municipios de Angangueo, Ocampo, Tiquicheo de Nicolás Romero, Tuxpan y Tuzantla (mismos municipios que el estado de Michoacán de Ocampo incluyó en su respectiva solicitud de Declaratoria de Desastre y que fueron corroborados por la Conagua como municipios afectados por la presencia de lluvia severa los días 3 y 4 de febrero de 2010).

No se omite señalar que, con fundamento en lo establecido por los numerales 17 y 20 de las ROF, en la sesión de instalación del CED antes aludida, se solicitaron recursos para diversos sectores, por concepto de Apoyos Parciales Inmediatos, APIN, con cargo al Fonden, para la ejecución de las acciones, trabajos y obras prioritarias y urgentes, dirigidas a solventar la situación crítica derivada del desastre natural en cuestión, mismos que se autorizaron de la siguiente manera:

En este punto se informa que, de igual manera, actualmente se encuentra transcurriendo el plazo establecido en el numeral 13, fracción II, de las ROF para que se lleve a cabo la sesión de entrega de resultados del CED, motivo por el cual, una vez realizadas tales acciones se podrá estar en condiciones de saber de qué manera y con qué montos se atenderán y apoyarán, finalmente y con cargo al Fonden, los daños ocurridos por la presencia de lluvia severa los días 3 y 4 de febrero de 2010, en los 5 municipios del estado de Michoacán.

Así también una vez que haya sido autorizados en su totalidad los recursos con cargo al Fonden para dar atención al fenómeno natural perturbador de referencia, y transferidos los mismos del Fideicomiso Fonden federal al Fideicomiso 1994.- Fonden Estado de Michoacán, atentos al numeral 44 de las ROF, el Comité Técnico de dicho Fideicomiso estatal será el responsable de verificar que se cumpla el calendario de ejecución de las obras y acciones de las dependencias y entidades ejecutoras, en el entendido de que, de observarse retrasos constantes e injustificados hasta por un plazo de tres meses en el cumplimiento de dicho calendario, deberá realizar las acciones necesarias para que, en su caso, se reintegre al patrimonio del Fideicomiso Fonden federal el remanente de la coparticipación de orden federal.

Asimismo, dentro de las sesiones ordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso 1994.-Fonden estado de Michoacán, los ejecutores del gasto invariablemente deberán presentar los avances físicos y financieros de sus programas de reconstrucción que se encuentren en ejecución y, en su caso, las problemáticas que éstos enfrenten.

De igual manera, en términos del numeral 46 de las ROF, será responsabilidad del Fiduciario del referido Fideicomiso 1994.-Fonden estado de Michoacán, llevar el control detallado para la atención, recepción y desembolso de. los recursos destinados a dicha entidad federativa que por concepto de coparticipaciones se les hayan entregado a través del Fonden, siendo corresponsables en ese control las dependencias y entidades normativas y ejecutoras, respectivamente, a través de las cuales se canalizaron los recursos al Fideicomiso Fonden estatal para la atención del desastre natural.

Finalmente, y con el ánimo de apoyar las afirmaciones hasta aquí vertidas, ofrecemos una descripción sucinta del procedimiento de accesos a los recursos que se autorizan con cargo al Fonden Reconstrucción, en términos de las ROF:

Procedimiento de acceso a los recursos del instrumento Fonden Reconstrucción

Para acceder a los recursos con cargo al Fonden Reconstrucción, deberá observarse el procedimiento contenido en las ROF, mismo que se encuentra descrito de manera gráfica en la dirección electrónica del Sistema Nacional de Protección Civil México, específica mente en el vínculo:

http://www.proteccioncivil.gob.mx/upLoad/Fonden/flujograma/Procedimiento_ de_acceso-a_recursos_FONDEN_e. swf

No obstante, para pronta referencia, a continuación se detalla tal procedimiento. Para esos efectos se transcribe en su totalidad el numeral 4 de las ROF:

“4. Son fines del Fondo de Desastres Naturales:

I. Canalizar al Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales constituido por cada una de las entidades federativas los recursos que le corresponda aportar, por cuenta y orden de las entidades federativas, para la restitución parcial o total de los daños sufridos por un fenómeno natural perturbador en los sectores de competencia de las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, previstos en las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, de acuerdo con los porcentajes de coparticipación establecidos; así como también en la mitigación de los daños a las viviendas de la población de bajos ingresos afectadas por un fenómeno natural perturbador.

Los recursos que se ejerzan en coparticipación estarán condicionados a la aportación de las entidades federativas, de acuerdo con los porcentajes establecidos en las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, con excepción de los apoyos parciales inmediatos y los anticipos, los cuales no están sujetos de inicio a dicha coparticipación;

II. Apoyar la restitución parcial o total de los daños sufridos en los sectores de competencia federal afectados por un fenómeno natural perturbador, de acuerdo con los porcentajes de coparticipación previstos en las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales con excepción de los bienes de dominio público de la Federación objeto de concesión o cualquier otra figura análoga por la cual se otorgue su uso o explotación;

III. Otorgar recursos a través de apoyos parciales inmediatos para la ejecución de las acciones emergentes, así como los trabajos y obras de carácter prioritario y urgente, dirigidas a solventar la situación crítica derivada del desastre natural, tales como el restablecimiento de las comunicaciones, los servicios básicos, la limpieza inmediata, remoción de escombros y todo aquello que coadyuve a la normalización de la actividad de la zona afectada, así como para evitar mayores daños y proteger a la población;

IV. Otorgar recursos al Fondo Revolvente Fonden y al Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales a que se refiere el numeral 3 de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales;

V. Otorgar recursos a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la adquisición de equipo especializado destinado a la atención de emergencias y desastres naturales;

VI. Otorgar recursos a las entidades federativas para la constitución de fondos estatales para la prevención y atención de desastres naturales;

VII. Constituir mediante subcuentas específicas en el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, fondos y reservas financieras con el propósito de asegurar la oportuna asignación y aplicación de recursos dirigidos a proyectos preventivos y a solventar aspectos prioritarios y urgentes relacionados o derivados de fenómenos naturales perturbadores;

VIII. Canalizar recursos para la realización de proyectos y el establecimiento de instrumentos de administración y transferencia de riesgos que estén relacionados con la prevención y atención de los efectos ocasionados por fenómenos naturales perturbadores; para la protección financiera del patrimonio del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, así como los servicios necesarios relacionados con dichas contrataciones, en términos de lo previsto en el Anexo I de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, y

IX. Aportar y recibir recursos del Programa Fondo para la Prevención de Desastres Naturales y del Fideicomiso Preventivo a cargo de la Secretaría de Gobernación y de otros programas e instrumentos financieros relacionados con los fines del Fondo de Desastres Naturales, en términos de las disposiciones aplicables.”

Visto lo anterior, y para efectos del acceso a los recursos del instrumento en estudio, se deberá observar el siguiente procedimiento:

• Ante la presencia de un desastre natural, la entidad federativa correspondiente debe solicitar inmediatamente a la instancia técnica facultada, indique si desde su punto de vista, el desastre natural respectivo existe o tiene la magnitud necesaria para ser susceptible de apoyo del Fonden (numeral 7 de las ROF). Dicha solicitud deberá contener, entre otros aspectos, los municipios involucrados, es decir, todos aquellos municipios que se considera sufrieron o pudieron haber sufrido afectaciones a causa del fenómeno natural perturbador de que se trate (numeral 7, fracción II, de las ROF).

• La instancia técnica facultada tiene 4 días hábiles para emitir su respuesta a la solicitud de la entidad federativa y en caso de que se cuente con información que permita inferir una afectación en el abastecimiento de agua potable se tendrán 7 días hábiles (numeral 8 de las ROF).

• En caso de resultar afirmativa la respuesta de la instancia técnica facultada, el Gobierno de la entidad federativa deberá convocar a un Comité de Evaluación de Daños, CED, que tiene por objeto evaluar y cuantificar los daños producidos por un fenómeno natural perturbador en particular. Dicho Comité se integrará por servidores públicos estatales y federales de los sectores afectados, funcionando en Subcomités que se agruparan por materia o sector.

Es en este momento en que la entidad federativa deberá entregar al representante de la Segob la solicitud de emisión de una Declaratoria de Desastre Natural firmada por el titular del Ejecutivo de dicha entidad federativa (numeral 9 de las ROF).

Desde la instalación del CED correspondiente, las dependencias y entidades federales, así como las entidades federativas, podrán solicitar Apoyos Parciales Inmediatos, APIN, con cargo al Fonden (numeral 11 de las ROF).

Vale la pena mencionar que los APIN son autorizados por la Unidad de Política y Control Presupuestario, UPCP, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, los cuales formaran parte de los anticipas que llegase a solicitar la entidad federativa. En caso de que no se soliciten dichos anticipas, los APIN serán incluidos en el diagnóstico de obras y acciones que deriven de la sesión de entrega de resultados.

Asimismo, resulta importante precisar que con el propósito de que se presente, y en su caso, se autorice el listado de acciones, trabajos y obras considerados como prioritarios y objeto de apoyo de los APIN, la entidad federativa en coordinación con el Fiduciario del Fideicomiso Fonden estatal deberá convocar a su Comité Técnico, en donde se adoptaran los acuerdos conducentes, tomando como base la gradualidad y las disponibilidades financieras existentes. Dicha resolución deberá ser hecha del conocimiento de la DGF (numeral 17, de las ROF).

• En los cuatro días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de la declaratoria de desastre natural, siempre que ésta cumpla con los requisitos señalados, la Segob por conducto de la Coordinación General de Protección Civil, CGPC, deberá emitir y publicar en el Diario Oficial de la Federación, la Declaratoria de Desastre Natural respectiva.

• A partir de la instalación del CED, empieza a correr una cuenta regresiva de hasta 10 días hábiles (prorrogables) para realizarse la entrega de resultados del referido CED en donde se identificarán por sector afectado, los datos aludidos en el numeral 14 de las ROF (numeral 13, fracción II, de las ROF).

• Durante la sesión de entrega de resultados se realizan las siguientes acciones (numeral 13. fracción III de las ROF):

– Presentación y entrega de los resultados de cuantificación y evaluación de daños elaborados en conjunto por el estado y las contrapartes de las dependencias y entidades federales;

– Entrega de la solicitud de anticipos por el gobierno del estado.

• Respecto de los anticipos es importante mencionar que éstos tienen por objeto contribuir en la realización de trabajos y obras prioritarias y se deberán de ejercer con base en los programas de obras y acciones autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso.

Los anticipos serán con cargo al patrimonio del Fideicomiso Fonden hasta por un monto equivalente al cincuenta por ciento de la coparticipación federal que corresponda al Fonden.

Si las dependencias o entidades federales que validarán la evaluación de los daños, consideran que es procedente la solicitud de anticipos, solicitarán a la UPCP la autorización de los mismos, la cual en su caso, instruirá al Fiduciario del Fideicomiso Fonden para que los recursos solicitados sean transferidos al Fideicomiso Fonden estatal correspondiente (numeral 21 de las ROF)

Cabe señalar que los anticipos deberán regularizarse con la autorización por parte del Comité Técnico de los recursos correspondientes.

• Ahora bien, a partir de la sesión de entrega de resultados, la dependencia o entidad federal tendrá un plazo máximo de 7 días hábiles, para presentar la solicitud de recursos y el diagnóstico de obras y acciones a la Segob, incorporando los diagnósticos presentados en dicha sesión (numeral 22 de las ROF).

Por lo que, una vez que cuente con la información antes descrita y de acuerdo a lo establecido en el numeral 23 de las ROF, la Segob por conducto de la DGF, dentro de un plazo de 2 días hábiles realizará las siguientes acciones:

I. Elaborar, dictaminar y presentar la solicitud global de recursos a la UPCP.

II. Verificar que no exista duplicidad de acciones y que no se encuentren pendientes o en trámite solicitudes de APIN o anticipos.

III. Verificar que no se soliciten recursos del Fonden para la reparación de daños ajenos al Desastre Natural en cuestión.

IV. Verificar que la infraestructura objeto de apoyo no haya sido materia de otros apoyos anteriores.

V. Anexar las solicitudes de recursos elaboradas por las dependencias y entidades federales, así como sus respectivos diagnósticos de obras y acciones, tanto de los programas de competencia local como federal.

• Una vez que la Segob remite a la UPCP de la SHCP la solicitud de recursos, ésta autorizará con cargo al Programa Fonden, comprendido en el Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF, para el ejercicio fiscal que resulte aplicable o convocará a sesión del Comité Técnico del Fideicomiso Fonden para que los recursos sean aprobados con cargo al patrimonio del citado Fideicomiso, a efecto de que la entidad federativa de que se trate, a través de las instancias estatales ejecutoras correspondientes, pueda disponer de los recursos del Fonden para iniciar de inmediato las acciones de reconstrucción o apoyo autorizadas, previo la aportación de la coparticipación que le corresponda ante el Fideicomiso Fonden estatal.

• En ese sentido, en caso de que las acciones de reconstrucción resulten competencia de las entidades federativas, municipios delegaciones políticas, los recursos se ejercerán a través de los Fideicomisos Fonden estatales, los cuales tienen por objeto establecer un mecanismo ágil y transparente para ejercer los recursos que aporten las entidades federativas para atender un desastre natural, incluyendo las coparticipaciones federales asignadas a dichas entidades federativas.

Por lo que, a más tardar a los cuatro días hábiles siguientes de haberse recibido la notificación de la autorización de los recursos, se convocará a sesión del comité técnico del Fideicomiso Fonden estatal, a efecto de que las dependencias y entidades ejecutoras presenten para autorización sus programas de obras y acciones con sus respectivos calendarios de ejecución, previo al ejercicio de los recursos.

El Comité Técnico del Fideicomiso Fonden estatal será responsable de verificar que se cumpla con el programa calendarizado de ejecución de las obras y acciones por parte de las dependencias y entidades ejecutoras (numeral 44 de las ROF).

• Por todo lo anterior y en su oportunidad, los recursos en coparticipación serán transferidos del patrimonio del Fideicomiso 2003.- Fonden federal al Fideicomiso estatal, en el pari passu respectivo, conforme a las aportaciones que realice el gobierno estatal, de acuerdo al calendario aprobado y autorizado por el Comité Técnico del Fideicomiso Estatal en comento.

• Cabe señalar que el Anexo XVI de las ROF, establece que en términos de lo dispuesto por los numerales 39 y 41 de dicha normativa, el Fiduciario pagará directamente a los contratistas de obra pública, prestadores de bienes y servicios y proveedores por cuenta y orden de las instancias ejecutaras, previo a la presentación de entre otras cosas, de las facturas que amparen la ejecución de las obras y acciones realizadas.

Es importante hacer hincapié en el hecho de que, en materia de atención a desastres’ naturales a través del Fonden Reconstrucción, a la Segob, por conducto de la DGF, únicamente le corresponde coordinar el procedimiento de acceso a los recursos del instrumento financiero en mención, dando cumplimento para tales efectos a los plazos, requisitos y formalidades establecidos en las ROF, motivo por el cual no autoriza, ni tiene a su cargo la entrega de los recursos autorizados a un municipio u órgano político administrativo en particular, así como tampoco actúa como ejecutara de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado.

En esa misma lógica, se precisa que son las entidades federativas las encargadas de llevar a cabo la ejecución de obras de reconstrucción y la correspondiente distribución de los recursos autorizados con cargo al instrumento en mención, a través de las instancias ejecutoras estatales designadas para esos efectos (numeral 39 de las ROF).

Sin otro particular, y esperando que la presente información sea de utilidad, le saludo cordialmente.

Notas:

1. Publicado en el Diario oficial de la Federación el día 27 de mayo de 2009.

2. Entendidos como los eventos generados por la naturaleza, que por sus características extremas, atípicas o severas condiciona o genera una situación de desastre natural, caracterizado por la ausencia relativa de la participación directa o indirecta del ser humano.

3 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 2008.

4 Aquellos entes facultados para corroborar la ocurrencia de un desastre natural en una fecha y lugar determinado, pudiendo ser la Comisión Nacional del Agua, Conagua, por tratarse de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos, la Comisión Nacional Forestal, Conafor, en caso de incendios forestales, o el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred, para el caso de los fenómenos geológicos.

5 Los Fideicomisos Fonden Estatales tienen por objeto establecer un mecanismo ágil y transparente para ejercer los recursos que aporten las entidades federativas para atender un desastre natural, incluyendo las coparticipaciones federales asignadas a dichas entidades federativas (numeral 44 de las ROF).

6 Según se ha visto, aquellos entes facultados para corroborar la ocurrencia de un desastre natural en una fecha y lugar determinado.

7 Entendiéndose estos, como los recursos destinados para la ejecución de acciones emergentes, así como los trabajos y obras de carácter prioritario y urgente, dirigidas a solventar la situación crítica del desastre natural, tales como el restablecimiento de las comunicaciones, los servicios básicos, la limpieza inmediata, remoción de escombros y todo aquello que coadyuve a la normalización de la actividad de la zona afectada, para evitar mayores daños y proteger a la población.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 18 de febrero de 2010.— Rubem Hofliger Topete (rúbrica), director general del Fondo de Desastres Naturales.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Gobernación para su conocimiento.

ESTADO DE MEXICO - ESTADO DE MICHOACAN - DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-9-0701, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Carlos Samuel Moreno Terán, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGF/ 300/2010, suscrito por el ciudadano Rubem Hofliger Topete, director general del Fondo de Desastres Naturales, así como el anexo que se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la declaratoria de zona de desastre a Michoacán.

Atentamente

México, DF, a 23 de febrero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Manuel Minjares Jiménez, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SEL/UEL/311/411/10, de fecha 9 de febrero de 2010, dirigido inicialmente a la licenciada Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil, y que fuera recibido en esta Dirección General del Fondo de Desastres Naturales, DGF, el día 11 de febrero del año en curso, por medio del cual se informa que mediante oficio DGPL 61-II-9-070l , de fecha 9 de febrero de 2010, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Carlos Samuel Moreno Terán, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, comunican a la Secretaría de Gobernación, SEGOB, el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el día 9 del presente mes y año, y cuyo Resolutivo primero se reproduce a continuación:

“Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal y al Secretario de Gobernación para que declaren Zona de Desastre Natural la totalidad de los municipios del estado de Michoacán afectados por las lluvias torrenciales y destinen mayores recursos del Fonden para su atención.”

Sobre el particular, comunicamos que aún y cuando el punto de acuerdo que nos ocupa incluye un segundo punto resolutivo, en el presente oficio esta DGF únicamente se pronunciará respecto del antes transcrito, por tratarse de una solicitud que resulta competencia de esta unidad administrativa.

En ese orden de ideas, me permito solicitar atentamente a usted, sea el amable conducto para hacer del conocimiento de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, las acciones efectuadas en el marco del programa Fondo de Desastres Naturales, Fonden, al día de la fecha en el estado de Michoacán, para dar atención a la ocurrencia de lluvias severas los días 3 y 4 de febrero de 2010, mismas que se relacionan con el exhorto contenido el punto de acuerdo antes trascrito.

Para tales efectos y de manera previa consideramos oportuno realizar las siguientes precisiones:

• Si bien es cierto el Fonden es un instrumento de coordinación intergubernamental e interinstitucional que tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. y que en la implementación su instrumento financiero que denominamos Fonden Reconstrucción (y que detallaremos en su oportunidad) la Segob puede emitir Declaratorias de Desastre, con las cuales se declara formalmente en zona de desastre natural a determinados municipios u órganos político-administrativos del Distrito Federal, debemos precisar que la emisión de tales declaratorias no es un acto que pueda realizado de oficio y/o de manera unilateral por parte de la Segob, sino que es el resultado de diversas actuaciones previas efectuadas por instancias ajenas a dicha dependencia, y por ende, a esta Unidad Administrativa. De igual forma, su respectiva emisión y publicación en el Diario Oficial de la Federación se encuentra invariablemente sujeta al cumplimiento de los requisitos y formalidades establecidos en el “Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales ”, en lo sucesivo las ROF.

• En esa lógica, y para efectos de la emisión de una Declaratoria de Desastre que posibilite la autorización de recursos con cargo al Fonden Reconstrucción, las ROF disponen que, una vez corroborada la existencia del fenómeno natural perturbador por parte de la instancia técnica facultada para ello, el gobierno de la entidad federativa afectada debe presentar una solicitud de Declaratoria de Desastre, suscrita por el titular del ejecutivo de la entidad federativa de que se trate, y dirigida a la Coordinación General de Protección Civil, CGPC, de la Segob, en la que se indique, entre otros aspectos, la descripción del fenómeno natural perturbador, la fecha de su ocurrencia y las denominaciones de los municipios u órganos político-administrativos que hayan sido previamente corroborados por la instancia técnica facultada respectiva como afectados por el fenómeno en cuestión, y la manifestación de que ha sido rebasada su capacidad financiera y operativa, para atender, por sí misma, la totalidad de los efectos producidos por el mismo.

• No se omite señalar que los recursos que se autorizan con cargo al Fonden Reconstrucción para llevar a cabo labores de reconstrucción en los sectores de competencia de las entidades federativas, son transferidos del Fideicomiso 2003 Fonden federal al Fideicomiso Fonden estatal de la entidad federativa en donde se haya presentado el desastre respectivo, a fin de que la ejecución de obras y acciones de reconstrucción de las viviendas dañadas sean realizadas por las propias entidades federativas, a través de las instancias ejecutoras estatales designadas para ello.

• Asimismo, es importante mencionar que, en materia de atención a desastres naturales, en el marco del Fonden Reconstrucción a la Segob, por conducto de la DGF, únicamente le corresponde coordinar el procedimiento de acceso a los recursos del instrumento financiero en mención, dando cumplimento para tales efectos a los plazos, requisitos y formalidades establecidos en las ROF, motivo por el cual no autoriza, ni tiene a su cargo la entrega de los recursos autorizados a una entidad federativa, municipio u órgano político administrativo en particular, así como tampoco actúa como ejecutora de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado.

En esa misma lógica, se precisa que son las entidades federativas las encargadas de llevar a cabo la ejecución de obras de reconstrucción y la correspondiente distribución de los recursos autorizados con cargo al instrumento aludido, a través de las instancias ejecutoras estatales designadas para esos efectos (numeral 39 de las ROF).

A ese respecto, se comunica que (según se observará líneas adelante) aún y cuando el gobierno del Estado de Michoacán hasta el momento ha presentado una sola solicitud de Declaratoria de Desastre por la ocurrencia de lluvias severas los días 3 y 4 de febrero de 2010, y en la misma únicamente fueron incluidos los municipios de Angangueo, Ocampo, Tiquicheo, Tuxpan y Tuzantla, mismos que fueron corroborados por la Conagua, como afectados por el fenómeno perturbador de referencia, motivo por el cual ya han sido objeto de apoyo con cargo a los recursos del Fonden en los mismos.

No obstante lo anterior, se informa que esta unidad administrativa tiene conocimiento de que, mediante oficio sin número de fecha 16 de febrero de 2010, el gobierno del estado de Michoacán, solicitó a la Comisión Nacional del Agua, Conagua, la corroboración de la ocurrencia de lluvias severas del 4 al 11 de febrero de 2010, en los municipios de Hidalgo Jungapeo y Zitácuaro. Dicha solicitud fue atendida por la Conagua con oficio BOO.- 265 de fecha 18 de febrero de 2010, en el que corrobora la ocurrencia de lluvia severa los días 4 y 5 de febrero de 2010 en los tres municipios.

En ese orden de ideas, una vez que, en apego a lo dispuesto por las ROF se instale el Comité de Evaluación de Daños para dar atención a la ocurrencia del fenómeno natural que nos ocupa, y entre otros aspectos se haga entrega a la Segob de la Solicitud de Declaratoria de Desastre, se dará atención al mismo en el marco del Fonden Reconstrucción.

En tal virtud, procedemos a informar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, respecto de las acciones que la Segob, por conducto de la DGF y a través del instrumento Fonden Reconstrucción, ha llevado a cabo para dar atención a la ocurrencia de las lluvias severas los días 3 y 4 de febrero de 2010 en la entidad federativa que nos ocupa:

Fonden Reconstrucción

Lluvias severas los días 3 y 4 de febrero de 2010 (Angangueo, Ocampo, Tiquicheo de Nicolás Romero, Tuxpan y Tuzantla)

• Mediante oficio GEM/019/20l0, de fecha 6 de febrero de 2010, en cumplimiento al numeral 7 de las ROF, el gobernador del estado de Michoacán solicitó a la Conagua opinión técnica respecto de la ocurrencia del fenómeno hidrometeorológico catalogado como lluvia atípica ocasionada por tormentas de baja presión provenientes del pacífico y ocasionadas por el frente frío 29, tormenta invernal 5 los días 3 y 4 de febrero de 2010 en los municipios de Angangueo, Ocampo, Tiquicheo, Tuxpan y Tuzantla.

• Con oficio BOO.-189, de fecha 7 de febrero de 2010, en cumplimiento a lo que señala el numeral 8 de las ROF, la Conagua emitió su opinión técnica y corroboró la ocurrencia de lluvias severas los días 3 y 4 de febrero de 2010, en los municipios de Angangueo, Ocampo, Tiquicheo de Nicolás Romero, Tuxpan y Tuzantla.

• Con fecha 8 de febrero de 2010, en apego a las disposiciones de las ROF, se llevó a cabo la sesión de instalación del Comité de Evaluación de Daños, CED, en el Estado de Michoacán, con el objeto de realizar la cuantificación y evaluación de los daños ocasionados por la ocurrencia de lluvias severas los días 3 y 4 de febrero de 2010. Para esos efectos, los integrantes del CED se agruparon en subcomités de los sectores: vivienda, urbano, carretero, hidráulico, hidroagrícola, educativo y deportivo, salud y medio ambiente.

En dicha sesión, el CED acordó que la entrega de resultados se llevaría a cabo en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la instalación del CED, señalada para el día 19 de febrero de 2010. No obstante lo anterior, a petición de los diversos subcomités y en virtud de la imposibilidad técnica manifestada para evaluar y cuantificar los daños en los municipios afectados, en términos del numeral 13 fracción II de las ROF, se autorizó por única vez, la ampliación en el plazo para la entrega de resultados hasta por 10 días más, siendo su fecha límite el 5 de marzo de 2010.

En ese mismo acto, el gobierno de Michoacán entregó al representante de la Segob, la solicitud de Declaratoria de Desastre Natural, de conformidad con el numeral 9 de las ROF, por lo que dicha dependencia del gobierno federal, por conducto de la CGPC, emitió y publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de febrero de 2010 la “Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de lluvias severas los días 3 y 4 de febrero de 2010, en 5 municipios del Estado de Michoacán”; procediendo a declarar como zona de desastre a los municipios de Angangueo, Ocampo, Tiquicheo de Nicolás Romero, Tuxpan y Tuzantla (mismos municipios que el Estado de Michoacán incluyó en su respectiva solicitud de Declaratoria de Desastre y que fueron corroborados por la Conagua como municipios afectados por la presencia de lluvias severas los días 3 y 4 de febrero de 2010).

No se omite señalar que, con fundamento en lo establecido por los numerales 17 y 20 de las ROF, en la sesión de instalación del CED antes aludida, se solicitaron recursos para diversos sectores, por concepto de Apoyos Parciales Inmediatos, APIN, con cargo al Fonden, para la ejecución de las acciones, trabajos y obras prioritarias y urgentes, dirigidas a solventar la situación crítica derivada del desastre natural en cuestión, mismos que se autorizaron de la siguiente manera:

• En este punto, se informa que actualmente se encuentra transcurriendo el plazo establecido en el numeral 13, fracción II, de las ROF para que se lleve a cabo la sesión de entrega de resultados del CED, motivo por el cual, una vez realizadas tales acciones se podrá estar en condiciones de saber de qué manera y con qué montos se atenderán y apoyarán, finalmente y  con cargo al Fonden, los daños ocurridos por la presencia de lluvias severas los días 3 y 4 de febrero de 2010, en los municipios del estado de Michoacán en comento.

No obstante adelantamos que, una vez que hayan sido autorizados en su totalidad los recursos con cargo al Fonden para dar atención al fenómeno perturbador de referencia, y transferidos los mismos del Fideicomiso Fonden federal al Fideicomiso 1994.-Fonden estado de Michoacán, atentos al numeral 44 de de las ROF, el Comité Técnico de dicho Fideicomiso estatal, será el responsable de verificar que se cumpla el calendario de ejecución de las obras y acciones de las dependencias y entidades ejecutoras, en el entendido de que, de observarse retrasos constantes e injustificados hasta por un plazo de tres meses en el cumplimiento de dicho calendario, deberá realizar las acciones necesarias para que, en su caso, se reintegre al patrimonio del Fideicomiso Fonden federal el remanente de la coparticipación de orden federal.

Asimismo, dentro de las sesiones ordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso 1994.-Fonden Estado de Michoacán, los ejecutores del gasto invariablemente deberán presentar los avances físicos y financieros de sus programas de reconstrucción que se encuentren en ejecución y, en su caso, las problemáticas que éstos enfrenten.

De igual manera, en términos del numeral 46 de las ROF, será responsabilidad del fiduciario del referido Fideicomiso 1994.-Fonden estado de Michoacán, llevar el control detallado para la atención, recepción y desembolso de los recursos destinados a dicha entidad federativa que por concepto de coparticipaciones se les hayan entregado a través del Fonden, siendo corresponsables en ese control las dependencias y entidades normativas y ejecutoras, respectivamente, a través de las cuales se canalizaron los recursos al Fideicomiso Fonden estatal para la atención del desastre natural.

Finalmente, y con el ánimo de apoyar las afirmaciones hasta aquí vertidas relativas al Fonden, ofrecemos una descripción sucinta de las características generales del programa Fonden, de los instrumentos que opera y del procedimiento de acceso los recursos que se autorizan con cargo al Fonden Reconstrucción:

Comenzaremos por mencionar que el Fonden, en términos de lo dispuesto en el numeral 1 de las ROF, se define como un instrumento de coordinación intergubernamental e interinstitucional cuyo objeto es, bajo principios de corresponsabilidad, complementariedad, oportunidad y transparencia, ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil.

Para la realización de tales objetivos, el Fonden cuenta con los instrumentos siguientes, a través de los cuales, atendiendo a sus características y alcances, se autorizan suministros de auxilio o recursos para dar atención al fenómeno natural perturbador de que se trate:

a) El Fondo Revolvente Fonden, mismo que sólo podrá ser utilizado cuando exista una declaratoria de emergencia y con ello que la DGF autorice la adquisición de suministros de auxilio conforme a la normatividad aplicable para responder de manera inmediata a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población afectada por situaciones de emergencia generadas o asociadas con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un fenómeno natural perturbador (numeral 3, fracción I de las ROF, en concordancia con los artículos 1 y 3 del “Acuerdo que establece los lineamientos para emitir las Declaratorias de Emergencia y la utilización del Fondo Revolvente Fonden”; en lo sucesivo los Lineamientos.

Cabe señalar que si bien es cierto a la DGF le corresponde autorizar la adquisición de suministros de auxilio con cargo al Fondo Revolvente Fonden, y coordinar el procedimiento de acceso a los mismos, también es cierto que esta unidad administrativa, no tiene a su cargo la entrega de tales suministros de auxilio a las entidades federativas, municipios o delegaciones políticas en particular, dado que las entidades federativas son las encargadas de llevar a cabo dichas acciones, a través de las .instancias estatales designadas para tales efectos, según el artículo 15 de los Lineamientos.

b) El Fonden Reconstrucción (que incluye al Programa Fondo de Desastres Naturales del Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas” del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, y/o el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, en términos del numeral 3, fracciones II y III, de las propias ROF). Con cargo a este instrumento se autorizan recursos, ya sea del programa o del fideicomiso, destinados a la restitución, parcial o total, de los daños ocasionados en la infraestructura pública y/o sector vivienda federal, estatal y de los municipios y/o delegaciones del Distrito Federal, afectadas por un fenómeno natural perturbador.

Respecto de este instrumento se puntualiza que a la Segob, por conducto de la DGF, únicamente le corresponde coordinar el procedimiento de acceso a los recursos del Fonden Reconstrucción, dando cumplimento para tales efectos a los plazos, requisitos y formalidades establecidos en las ROF, motivo por el cual no autoriza, ni tiene a su cargo la entrega de los recursos autorizados a un municipio o delegación política en particular, así como tampoco actúa como ejecutara de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado.

En esa misma lógica, se precisa que son las entidades federativas las encargadas de llevar a cabo la ejecución de obras de reconstrucción y la correspondiente distribución de los recursos autorizados con cargo al instrumento en mención, a través de las instancias ejecutaras estatales designadas para esos efectos (numeral 39 de las ROF).

Fonden Reconstrucción:

Para efectos del acceso a los recursos que se autorizan con cargo a este instrumento, es necesario que se cumpla con los requisitos, procedimientos y formalidades establecidos en las ROF, mismo que se encuentra descrito de manera gráfica en la dirección electrónica del Sistema Nacional de Protección Civil México, específicamente en el vínculo:

http://www.proteccioncivil.gob.mx/upLoad/Fonden/flujograma/Proc edimiento_de_acceso_a_recursos_FONDEN_e.swf

No obstante, para pronta referencia, a continuación se detalla tal procedimiento. Para esos efectos se transcribe en su totalidad el numeral 4 de las ROF:

“4. Son fines del Fondo de Desastres Naturales:

I. Canalizar al Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales constituido por cada una de las entidades federativas los recursos que le corresponda aportar, por cuenta y orden de las entidades federativas, para la restitución parcial o total de los daños sufridos por un fenómeno natural perturbador en los sectores de competencia de las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, previstos en las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, de acuerdo con los porcentajes de coparticipación establecidos; así como también en la mitigación de los daños a las viviendas de la población de bajos ingresos afectadas por un fenómeno natural perturbador.

Los recursos que se ejerzan en coparticipación estarán condicionados a la aportación de las entidades federativas, de acuerdo con los porcentajes establecidos en las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, con excepción de los apoyos parciales inmediatos y los anticipos, los cuales no están sujetos de inicio a dicha coparticipación;

II. Apoyar la restitución parcial o total de los daños sufridos en los sectores de competencia federal afectados por un fenómeno natural perturbador, de acuerdo con los porcentajes de coparticipación previstos en las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales con excepción de los bienes de dominio público de la Federación objeto de concesión o cualquier otra figura análoga por la cual se otorgue su uso o explotación;

III. Otorgar recursos a través de apoyos parciales inmediatos para la ejecución de las acciones emergentes, así como los trabajos y obras de carácter prioritario y urgente, dirigidas a solventar la situación crítica derivada del desastre natural, tales como el restablecimiento de las comunicaciones, los servicios básicos, la limpieza inmediata, remoción de escombros y todo aquello que coadyuve a la normalización de la actividad de la zona afectada, así como para evitar mayores daños y proteger a la población;

IV. Otorgar recursos al Fondo Revolvente Fonden y al Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales a que se refiere el numeral 3 de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales;

V. Otorgar recursos a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la adquisición de equipo especializado destinado a la atención de emergencias y desastres naturales;

VI. Otorgar recursos a las entidades federativas para la constitución de fondos estatales para la prevención y atención de desastres naturales;

VII. Constituir mediante subcuentas específicas en el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, fondos y reservas financieras con el propósito de asegurar la oportuna asignación y aplicación de recursos dirigidos a proyectos preventivos y a solventar aspectos prioritarios y urgentes relacionados o derivados de fenómenos naturales perturbadores;

VIII. Canalizar recursos para la realización de proyectos y el establecimiento de instrumentos de administración y transferencia de riesgos que estén relacionados con la prevención y atención de los efectos ocasionados por fenómenos naturales perturbadores; para la protección financiera del patrimonio del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, así como los servicios necesarios relacionados con dichas contrataciones, en términos de lo previsto en el Anexo I de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, y

IX. Aportar y recibir recursos del Programa Fondo para la Prevención de Desastres Naturales y del Fideicomiso Preventivo a cargo de la Secretaría de Gobernación y de otros programas e instrumentos financieros relacionados con los fines del Fondo de Desastres Naturales, en términos de las disposiciones aplicables.”

Ahora bien, para poder acceder a los recursos del instrumento en estudio, se deberá observar el siguiente procedimiento:

• Ante la presencia de un desastre natural, la entidad federativa correspondiente debe solicitar inmediatamente a la instancia técnica facultada, indique si desde su punto de vista, el desastre natural respectivo existe o tiene la magnitud necesaria para ser susceptible de apoyo del Fonden (numeral 7 de las ROF). Dicha solicitud deberá contener, entre otros aspectos, los municipios involucrados, es decir, todos aquellos municipios que se considera sufrieron o pudieron haber sufrido afectaciones a causa del fenómeno natural perturbador de que se traté (numeral 7, fracción II, de las ROF).

• La instancia técnica facultada tiene 4 días hábiles para emitir su respuesta a la solicitud de la entidad federativa y en caso de que se cuente con información que permita inferir una afectación en el abastecimiento de agua potable se tendrán 7 días hábiles (numeral 8 de las ROF).

• En caso de resultar afirmativa la respuesta de la instancia técnica facultada, el gobierno de la entidad federativa deberá convocar a un Comité de Evaluación de Daños, CED, que tiene por objeto evaluar y cuantificar los daños producidos por un fenómeno natural perturbador en particular. Dicho Comité se integrará por servidores públicos estatales y federales de los sectores afectados, funcionando en subcomités que se agruparán por materia o sector (es en este momento en que la entidad federativa deberá entregar al representante de la Segob la solicitud de emisión de una Declaratoria de Desastre Natural firmada por el titular del ejecutivo de dicha entidad federativa (numeral 9 de las ROF).

Desde la instalación del CED correspondiente, las dependencias y entidades federales, así como las entidades federativas, podrán solicitar Apoyos Parciales Inmediatos, APIN, con cargo al Fonden (numeral 11 de las ROF).

Vale la pena mencionar que los APIN son autorizados por la Unidad de Política y Control Presupuestario, UPCP, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, los cuales formaran parte de los anticipos que llegase a solicitar la entidad federativa. En caso de que no se soliciten dichos anticipos, los APIN serán incluidos en el diagnóstico de obras y acciones que deriven de la sesión de entrega de resultados.1

Asimismo, resulta importante precisar que con el propósito de que se presente, y en su caso, se autorice el listado de acciones, trabajos y obras considerados como prioritarios y objeto de apoyo de los APIN; la entidad federativa en coordinación con el fiduciario del Fideicomiso Fonden Estatal deberá convocar a su Comité Técnico, en donde se adaptarán los acuerdos conducentes, tomando como base la gradualidad y las disponibilidades financieras existentes. Dicha resolución deberá ser hecha del conocimiento de la DGF (numeral 17,  de las ROF).

• En los cuatro días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de la declaratoria de desastre natural, siempre que ésta cumpla con los requisitos señalados, la Segob por conducto de la Coordinación General de Protección Civil, CGPC, deberá emitir y publicar en el Diario Oficial de la Federación, la Declaratoria de Desastre Natural respectiva.

• A partir de la instalación del CED, empieza a correr una cuenta regresiva de hasta 10 días hábiles (prorrogables) para realizarse la entrega de resultados del referido CED en donde se identificarán por sector afectado, los datos aludidos en el numeral 14 de las ROF (numeral 13, fracción II, de las ROF).

• Durante la sesión de entrega de resultados se realizan las siguientes acciones (numeral 13, fracción III de las ROF):

Presentación y entrega de los resultados de cuantificación y evaluación de daños elaborados en conjunto por el estado y las contrapartes de las dependencias y entidades federales;

Entrega de la solicitud de anticipos por el gobierno del estado.

• Respecto de los anticipos es importante mencionar que éstos tienen por objeto contribuir en la realización de trabajos y obras prioritarias y se deberán de ejercer con base en los programas de obras y acciones autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso.

Los anticipos serán con cargo al patrimonio del Fideicomiso Fonden hasta por un monto equivalente al cincuenta por ciento de la coparticipación federal que corresponda al Fonden.

Si las dependencias o entidades federales que validarán la evaluación de los daños, consideran que es procedente la solicitud de anticipos, solicitarán a la UPCP la autorización de los mismos, la cual en su caso, instruirá al fiduciario del Fideicomiso Fonden para que los recursos solicitados sean transferidos al Fideicomiso Fonden Estatal correspondiente (numeral 21 de las ROF)

Cabe señalar que los anticipos deberán regularizarse con la autorización por parte del Comité Técnico de los recursos correspondientes.

• Ahora bien, a partir de la sesión de entrega de resultados, la dependencia o entidad federal tendrá un plazo máximo de 7 días hábiles, para presentar la solicitud de recursos y el diagnóstico de obras y acciones a la Segob, incorporando los diagnósticos presentados en dicha sesión (numeral 22 de las ROF).

Por lo que, una vez que cuente con la información antes descrita y de acuerdo a lo establecido en el numeral 23 de las ROF, la Segob por conducto de la DGF, dentro de un plazo de 2 días hábiles realizará las siguientes acciones:

I. Elaborar, dictaminar y presentar la solicitud global de recursos a la UPCP.

II. Verificar que no exista duplicidad de acciones y que no se encuentren pendientes o en trámite solicitudes de APIN o anticipos.

III. Verificar que no se soliciten recursos del Fonden para la reparación de daños ajenos al desastre natural en cuestión.

IV. Verificar que la infraestructura objeto de apoyo no haya sido materia de otros apoyos anteriores.

V. Anexar las solicitudes de recursos elaboradas por las dependencias y entidades federales, así como sus respectivos diagnósticos de obras y acciones, tanto de los programas de competencia local como federal.

• Una vez que la Segob remite a la UPCP de la SHCP la solicitud de recursos, ésta autorizará con cargo al Programa Fonden, comprendido en el Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF, para el ejercicio fiscal que resulte aplicable o convocará a sesión del Comité Técnico del Fideicomiso Fonden  para que los recursos sean aprobados con cargo al patrimonio del citado fideicomiso, a efecto de que la entidad federativa de que se trate, a través de las instancias estatales ejecutoras correspondientes, pueda disponer de los recursos del Fonden para iniciar de inmediato las acciones de reconstrucción o apoyo autorizadas, previo la aportación de la coparticipación que le corresponda ante el Fideicomiso Fonden Estatal.

• En ese sentido, en caso de que las acciones de reconstrucción resulten competencia de las entidades federativas, municipios delegaciones políticas, los recursos se ejercerán a través de los Fideicomisos Fonden Estatales, los cuales tienen por objeto establecer un mecanismo ágil y transparente para ejercer los recursos que aporten las entidades federativas para atender un desastre natural, incluyendo las coparticipaciones federales asignadas a dichas entidades federativas.

Por lo que, a más tardar a los cuatro días. hábiles siguientes de haberse recibido la notificación de la autorización de los recursos, se convocará a sesión del comité técnico del Fideicomiso Fonden Estatal, a efecto de que las dependencias y entidades ejecutoras presenten para autorización sus programas de obras y acciones con sus respectivos calendarios de ejecución, previo al ejercicio de los recursos.

El Comité Técnico del Fideicomiso Fonden Estatal será responsable de verificar que se cumpla con el programa calendarizado de ejecución de las obras y acciones por parte de las dependencias y entidades ejecutoras (numeral 44 de las ROF).

• Por todo lo anterior y en su oportunidad, los recursos en coparticipación serán transferidos del patrimonio del Fideicomiso 2003.- Fonden Federal al Fideicomiso Estatal, en el pari passu respectivo, conforme a las aportaciones que realice el gobierno estatal, de acuerdo al calendario aprobado y autorizado por el Comité Técnico del Fideicomiso Estatal en comento.

• Cabe señalar que el Anexo XVI de las ROF, establece que en términos de lo dispuesto por los numerales 39 y 41 de dicha normativa, el fiduciario pagará directamente a los contratistas de obra pública, prestadores de bienes y servicios y proveedores por cuenta y orden de las instancias ejecutoras, previo a la presentación de entre otras cosas, de las facturas que amparen la ejecución de las obras y acciones realizadas.

Es importante mencionar que, en materia de atención a desastres naturales a través del Fonden Reconstrucción, a la Segob, por conducto de la DGF, únicamente le corresponde coordinar el procedimiento de acceso a los recursos del Fonden Reconstrucción, dando cumplimento para tales efectos a los plazos, requisitos y formalidades establecidos en las ROF, motivo por el cual no autoriza, ni tiene a su cargo la entrega de los recursos autorizados a un municipio u órgano político administrativo en particular, así como tampoco actúa como ejecutora de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado.

En esa misma lógica, se precisa que son las entidades federativas las encargadas de llevar a cabo la ejecución de obras de reconstrucción y la correspondiente distribución de los recursos autorizados con cargo al instrumento en mención, a través de las instancias ejecutoras estatales designadas para esos efectos (numeral 39 de las ROF).

Sin otro particular, y esperando que la presente información sea de utilidad, le saludo cordialmente.

Notas:

1 Entendidos como los eventos generados por la naturaleza, que por sus características extremas, atípicas o severas condiciona o genera una situación de desastre natural, caracterizado por la ausencia relativa de la participación directa o indirecta del ser humano

2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de mayo de 2009.

3 Aquellos entes facultados para corroborar la ocurrencia de un desastre natural en una fecha y lugar determinado, pudiendo ser la Comisión Nacional del Agua, Conagua, por tratarse de fenómenos meteorológicos e hidrometeoro lógicos, la Comisión Nacional Forestal, Conafur, en caso de incendios forestales, o el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred, para el caso de los fenómenos geológicos.

4 Los fideicomisos Fonden estatales tienen por objeto establecer un mecanismo ágil y transparente para ejercer los recursos que aporten las entidades federativas para atender un desastre natural, incluyendo las coparticipaciones federales asignadas a dichas entidades federativas (numeral 44 de las ROF).

5 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 2008.

6 Según se ha visto, aquellos entes facultados para corroborar la ocurrencia de un desastre natural en una fecha y lugar determinado.

7 Entendiéndose estos, como los recursos destinados para la ejecución de acciones emergentes, así como los trabajos y obras de carácter prioritario y urgente, dirigidas a solventar la situación crítica del desastre natural, tales como el restablecimiento de las comunicaciones, los servicios básicos, la limpieza inmediata, remoción de escombros y todo aquello que coadyuve a la normalización de la actividad de la zona afectada, para evitar mayores daños y proteger a la población.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección

México, DF, a 19 de febrero de 2010.— Rubem Hofliger Topete (rúbrica), director general del Fondo de Desastres Naturales.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Boletín N° 59/10

Declara Segob fin de la emergencia para el municipio de Armadillo, del Estado de San Luis Potosí

La Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación dio a conocer hoy el aviso de término de la declaratoria de emergencia que emitió el pasado 27 de enero de 2010 con el boletín 31/10 para el municipio de Armadillo del Estado de San Luis Potosí.

Lo anterior toda vez que la situación anormal generada por este fenómeno natural ha disminuido a niveles aceptables y la capacidad de respuesta del gobierno estatal se ha reforzado con los apoyos proporcionados por la Federación, brindando así una oportuna atención a la población ante los efectos de la emergencia.

Los productos autorizados por esta Declaratoria de Emergencia para dicho municipio fueron: despensas, cobertores, colchonetas, láminas galvanizadas y rollos de hule.

México, DF, 12 de febrero de 2010.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Gobernación para su conocimiento.

ESTADO DE QUERETARO

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-9-0703, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Georgina Trujillo Zentella, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DGF/286/2010, suscrito por el ciudadano Rubem Hofliger Topete, director general del Fondo de Desastres Naturales, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al apoyo a los municipios afectados en Querétaro, por las inundaciones.

Atentamente

México, DF, a 22 de febrero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Manuel Minjares Jiménez, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/404/10, de fecha 9 de febrero de 2010, dirigido inicialmente a la licenciada Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil, y que fuera recibido en esta Dirección General del Fondo de Desastres Naturales, DGF, el día 11 de febrero del año en curso, por medio del cual se informa que mediante oficio DGPL 61-II-9-0703, de fecha 9 de febrero de 2010, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Georgina Trujillo Zentella, Presidente y Secretaria respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunican a la Secretaría de Gobernación, Segob, el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese Órgano Legislativo, en sesión celebrada el día 9 de febrero de los corrientes, y cuyo punto resolutivo Único se reproduce a continuación:

“Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno Federal para que libere los recursos financieros y materiales del programa Fonden, mediante obras de reparación de viviendas y zonas públicas, particularmente la sección del Río Querétaro, perteneciente a la Cuenca Lerma Chapala, en distintos tramos de los municipios, aplicando las medidas sanitarias pertinentes para la atención de emergencias presentadas por las inundaciones en los Municipios de Marqués, Peñamiller, Tolimás y Querétaro.”

Sobre el particular, me permito solicitar atentamente a usted, sea el amable conducto para hacer del conocimiento de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, las acciones que el programa Fondo de Desastres Naturales, Fonden, lleva a cabo a efecto de brindar la atención correspondiente por la ocurrencia de un fenómeno natural perturbador.

Para tales efectos, estimamos oportuno realizar, de manera previa, las siguientes precisiones:

• En términos de lo dispuesto en el numeral 1 del “Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales”  (en lo sucesivo las ROF), el Fonden se define como un instrumento de coordinación intergubernamental e interinstitucional cuyo objeto es, bajo principios de corresponsabilidad, complementariedad, oportunidad y  transparencia, ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural pertubador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil.

Para la realización de tales objetivos, el Fonden cuenta con los instrumentos siguientes, a través de los cuales, atendiendo a sus características y alcances, se autorizan suministros de auxilio o recursos para dar atención al fenómeno natural perturbador de que se trate:

a) El Fondo Revolvente Fonden, mismo que sólo podrá ser utilizado cuando exista una Declaratoria de Emergencia y con ello que la DGF autorice la adquisición de suministros de auxilio conforme a la normatividad aplicable para responder de manera inmediata a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población afectada por situaciones de emergencia generadas o asociadas con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un fenómeno natural perturbador (numeral 3, fracción I de las ROF, en concordancia con los artículos 1 y 3 del “Acuerdo que establece los Lineamientos para emitir las Declaratorias de Emergencia y la utilización del Fondo Revolvente Fonden” (en lo sucesivo los Lineamientos).

Respecto de tal instrumento, cabe señalar que si bien es cierto a la DGF le corresponde autorizar la adquisición de suministros de auxilio con cargo al Fondo Revolvente Fonden, y coordinar el procedimiento de acceso a los mismos, también es cierto que esta unidad administrativa no tiene a su cargo la entrega de tales suministros de auxilio a las entidades federativas, municipios o delegaciones políticas en particular, dado que las entidades federativas son las encargadas de llevar a cabo dichas acciones, a través de las instancias estatales designadas para tales efectos, según el artículo 15 de los Lineamientos.

b) El Fonden Reconstrucción (que incluye al Programa Fondo de Desastres Naturales del Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas” del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, y/o el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, en términos del numeral 3, fracciones II y III, de las propias ROF). Con cargo a este instrumento se autorizan recursos (ya sea del Programa Fonden o del Fideicomiso 2003 Fonden Federal) destinados a la restitución parcial o total de los daños sufridos por un fenómeno natural perturbador en los sectores de competencia federal, o de las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos en el Distrito Federal, previstos en las ROF, de acuerdo con los porcentajes de coparticipación establecidos; así como también a la mitigación de los daños a las viviendas de la población de bajos ingresos afectadas por un fenómeno natural perturbador.

Respecto de este instrumento se reitera que a la Segob, por conducto de la DGF, únicamente le corresponde coordinar el procedimiento de acceso a los recursos del Fonden Reconstrucción, dando cumplimento para tales efectos a los plazos, requisitos y formalidades establecidos en las ROF, motivo por el cual no autoriza, ni tiene a su cargo la entrega de los recursos autorizados a un municipio o delegación política en particular, así como tampoco actúa como ejecutora de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado.

En esa misma lógica, se precisa que son las entidades federativas las encargadas de llevar a cabo la ejecución de obras de reconstrucción y la correspondiente distribución de los recursos autorizados con cargo al instrumento en mención, a través de las instancias ejecutoras estatales designadas para esos efectos (numeral 39 de las ROF).

• Visto lo anterior, se precisa que para acceder a los instrumentos que opera este programa federal, es necesario que se cumpla previamente con los requisitos, formalidades y procedimientos establecidos en la normatividad aplicable a cada uno de ellos.

A ese respecto, diremos que para efectos de la autorización de suministros de auxilio (insumos) con cargo al instrumento del Fonden denominado Fondo Revolvente Fonden, los Lineamientos establecen la necesidad de contar con una solicitud de Declaratoria de Emergencia, dirigida a la Coordinación General de Protección Civil, CGPC, de la Secretaría de Gobernación, Segob, debiendo estar suscrita por el titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente (o en su caso por el servidor público del nivel jerárquico inmediato inferior con facultades expresas para ello), en la que se describa, entre otros aspectos, el fenómeno natural perturbador origen de la situación de emergencia, los municipios u órganos político-administrativos en situación de emergencia, la población estimada que fue o pueda ser afectada con motivo de la emergencia, y señalar expresamente que ha sido rebasada la capacidad de respuesta de la entidad federativa y de los municipios u órganos político-administrativos respecto de los que se solicita la declaratoria de emergencia.

En ese mismo sentido, el artículo 7 de los Lineamientos, dispone que las entidades federativas son las instancias facultadas para solicitar a la Segob, la emisión de una declaratoria de emergencia, motivo éste por el que los municipios u órganos político-administrativos deberán establecer los mecanismos de coordinación necesarios con la entidad federativa a la que pertenezcan para efectos de ser considerados en una solicitud.

Es importante manifestar que los insumos autorizados para la atención de una emergencia determinada, bajo ninguna circunstancia son proporcionados directamente a la población en general, o bien, a las autoridades municipales, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de los Lineamientos, dichos insumos son entregados por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, DGRMSG, de la Segob, a la entidad federativa de que se trate, para que la misma proceda a su posterior distribución.

• Por su parte, y para efectos de la autorización de los recursos con cargo al instrumento Fonden Reconstrucción, las ROF establecen que una vez corroborada la existencia del fenómeno natural perturbador por parte de la instancia técnica facultada para ello, el gobierno de la entidad federativa afectada debe presentar una solicitud de Declaratoria de Desastre, suscrita por el Titular del Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente, dirigida a la CGPC. de la Segob, en la que se deberá manifestar, entre otros aspectos, la descripción del fenómeno natural perturbador de que se trate, la fecha de su ocurrencia, los municipios u órganos político-administrativos que hayan sido previamente corroborados por la Instancia Técnica Facultada respectiva como afectados por el fenómeno en cuestión, y la manifestación de que ha sido rebasada su capacidad financiera y operativa, para atender, por sí misma, la totalidad de los efectos producidos por el mismo.

Es importante mencionar que, en materia de atención a desastres naturales, en el marco del Fonden Reconstrucción a la SEGOB, por conducto de la DGF, únicamente le corresponde coordinar el procedimiento de acceso a los recursos del instrumento financiero en mención, dando cumplimento para tales efectos a los plazos, requisitos y formalidades establecidos en las ROF, motivo por el cual no autoriza, ni tiene a su cargo la entrega de los recursos autorizados a una entidad federativa, municipio u órgano político administrativo en particular, así como tampoco actúa como ejecutora de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado.

En esa misma lógica, se precisa que son las entidades federativas las encargadas de llevar a cabo la ejecución de obras de reconstrucción y la correspondiente distribución de los recursos autorizados con cargo al instrumento aludido, a través de las instancias ejecutaras estatales designadas para esos efectos (numeral 39 de las ROF).

• En otro orden de ideas, y por cuanto hace a la aplicación de las “...medidas sanitarias...” a que se refiere el punto de acuerdo en estudio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, RISG, y en las disposiciones contenidas en la normatividad aplicable al programa Fondo de Desastres Naturales, esta unidad administrativa carece de atribuciones o facultades expresas que le permitan llevar a cabo tales acciones. En su caso, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, fracciones I, IX y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, LOAPF; así como los relativos aplicables del Título Décimo Octavo “Medidas de Seguridad, Sanciones y Delitos”, Capítulo I “Medidas de Seguridad Sanitaria” de la Ley General de Salud, se considera que las acciones aludidas pudieran ser de la competencia de la Secretaría de Salud, SS.

Visto lo anterior, se informa a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que, al día de la fecha, el Gobierno del estado de Querétaro, no ha presentado solicitud alguna de Declaratoria de Emergencia y/o de Desastre Natural para los municipios de Marqués, Peñamiller, Tolimás y Querétaro, por la ocurrencia de las inundaciones que refiere el punto de acuerdo que nos ocupa.

No se omite señalar que para esos efectos, y en relación con el instrumento Fonden Reconstrucción, en términos del numeral 7 de las ROF, la entidad federativa que haya sufrido la ocurrencia de un fenómeno natural perturbador, debe solicitar a la instancia técnica facultada correspondiente (según se detalla líneas adelante), la corroboración del fenómeno de que se trate, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la ocurrencia de éste. Ello, en el entendido de que, según el numeral 8 del ordenamiento legal en cita, las solicitudes de corroboración que presenten las entidades federativas fuera de los plazos previstos, se considerarán improcedentes por tales Instancias Técnicas Facultadas.

Finalmente, y con el ánimo de apoyar las afirmaciones hasta aquí vertidas, ofrecemos una descripción sucinta del procedimiento de accesos a los instrumentos que opera el Fonden, en términos de las ROF y de los Lineamientos, respectivamente:

Procedimiento de acceso a los suministros de auxilio del Fondo Revolvente Fonden

El procedimiento de acceso a los suministros de auxilio que se otorgan con cargo a dicho instrumento financiero, se encuentra descrito de manera gráfica en la dirección electrónica del Sistema Nacional de Protección Civil México, específicamente en el vínculo:

http://www.proteccioncivil.gob.mx/fonden/fondoRevolvente2008/Flujograma_F ondo_Revolvente_2008.pdf

No obstante, para pronta referencia, a continuación se detalla tal procedimiento:

• El titular del ejecutivo de la entidad federativa correspondiente deberá formular una solicitud por escrito de Declaratoria de Emergencia, dirigida a la CGPC (Artículos 7 y 8, fracción I, de los Lineamientos).

• Una vez formulada esta solicitud, la CGPC, a más tardar al día siguiente, la remitirá a la instancia técnica facultada que corresponda, ya sea la Comisión Nacional del Agua, Conagua, por tratarse de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos, la Comisión Nacional Forestal, Conafor, en caso de incendios forestales o el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred, para el caso de los fenómenos geológicos, a fin de que corrobore o niegue la existencia de una situación de emergencia por la presencia o inminente presencia de un fenómeno natural que de origen a una emergencia (Artículo 9, fracciones I y II, de los Lineamientos).

• La instancia técnica facultada tendrá un término máximo de 2 días hábiles para corroborar o negar la presencia o inminente presencia de un fenómeno natural que de origen a una situación de emergencia (Artículo 9, fracción II, de los Lineamientos).

• En el caso de que el dictamen técnico corrobore la presencia del fenómeno natural perturbador, la CGPC emitirá una declaratoria de emergencia a más tardar al día siguiente de recibido tal dictamen. Dicha declaratoria de emergencia se difunde por medio de un boletín de prensa y por cualquier medio de comunicación disponible. La CGPC contará con 6 días hábiles siguientes a la emisión del boletín de prensa para publicar la Declaratoria de Emergencia en el Diario Oficial de la Federación (Artículo 9, fracciones III y IV, de los Lineamientos).

• El gobierno de la entidad federativa, una vez difundida la declaratoria de emergencia mediante Boletín de Prensa, deberá presentar a la DGF una solicitud de insumos para la atención de las necesidades urgentes de la población afectada o susceptible de ser afectada exclusivamente de los municipios declarados en emergencia, en la que deberán justificar la necesidad de los productos solicitados, debiendo señalar la cantidad de personas que se apoyará con los insumos requeridos. Los insumos consumibles que se requieran para atender a la población serán por un período de hasta 4 días (Artículo 12 de los Lineamientos).

• Una vez recibida la solicitud de insumos, la DGF, analizará la viabilidad de la solicitud bajo los criterios de racionalidad y proporcionalidad emitidos por la CGPC, y en caso de determinarse procedente, enviará a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Gobernación, DGRMSG, la requisición de los insumos que se autorizan, para que por su conducto se realicen las compras respectivas y, posteriormente, la entrega de los mismos a las entidades federativas (Artículo 15 de los Lineamientos).

La DGRMSG enviará la información detallada de los contratos y/o pedidos a la DGF, para que se coordine con las instancias responsables de la recepción de los insumos para las entidades federativas declaradas en emergencia, sobre las condiciones establecidas con los proveedores, de acuerdo a las características de las fichas técnicas, los tiempos de entrega y la recepción de las mercancías.

• La entidad federativa correspondiente, será la responsable de distribuir en los municipios declarados en emergencia los insumos autorizados (Artículo 15, último párrafo, de los Lineamientos).

• A efecto de dar por concluida la vigencia de las Declaratorias de Emergencia, la Dirección General de Protección Civil, DGPC, de la Segob, a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la difusión vía boletín de prensa de la emisión de la declaratoria de emergencia respectiva, enviará a la CGPC una opinión manifestando si, a su juicio persisten los efectos de la emergencia ante la población o si por el contrario, han dejado de surtir sus efectos, debiendo tomar en cuenta los argumentos e información que, en su caso, envíe la entidad federativa declarada en emergencia.

En el evento de que la opinión de la DGPC determine que han cesado los efectos de la emergencia, la CGPC emitirá a más tardar al día siguiente de recibido el citado dictamen, el aviso de término de la misma, el que se difundirá mediante boletín de prensa a través de cualquier medio de comunicación y/o por correo electrónico disponible, informando de inmediato a la DGRMSG y a la DGF del cierre de la Declaratoria de Emergencia, debiendo publicarlo en el Diario Oficial de la Federación a más tardar en los 6 días hábiles siguientes (Artículo 11 de los Lineamientos).

De acuerdo al procedimiento que antecede, es importante destacar que a la DGF, sólo le corresponde coordinar el procedimiento de acceso a los insumos del Fondo Revolvente Fonden, desde la ocurrencia de la emergencia, hasta la autorización de los mismos, por lo que conforme al procedimiento antes descrito no es la encargada de realizar las compras respectivas, ni actúa como ejecutora de la distribución de los mismos.

Procedimiento de acceso a los recursos del instrumento Fonden Reconstrucción

Para acceder a los recursos con cargo al Fonden Reconstrucción, deberá observarse el procedimiento contenido en las ROF, mismo que se encuentra descrito de manera gráfica en la dirección electrónica del Sistema Nacional de Protección Civil México, específicamente en el vínculo:

http://www.proteccioncivil.gob.mx/upLoad/Fonden/Flujograma/Procedimiento_ de_acceso_a_recursos_FONDEN_e.swf

No obstante, para pronta referencia, a continuación se detalla tal procedimiento. Para esos efectos se transcribe en su totalidad el numeral 4 de las ROF:

“4. Son fines del Fondo de Desastres Naturales:

I. Canalizar al Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales constituido por cada una de las entidades federativas los recursos que le corresponda aportar, por cuenta y orden de las entidades federativas, para la restitución parcial o total de los daños sufridos por un fenómeno natural perturbador en los sectores de competencia de las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, previstos en las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, de acuerdo con los porcentajes de coparticipación establecidos; así como también en la mitigación de los daños a las viviendas de la población de bajos ingresos afectadas por un fenómeno natural perturbador.

Los recursos que se ejerzan en coparticipación estarán condicionados a la aportación de las entidades federativas, de acuerdo con los porcentajes establecidos en las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, con excepción de los apoyos parciales inmediatos y los anticipos, los cuales no están sujetos de inicio a dicha coparticipación;

II. Apoyar la restitución parcial o total de los daños sufridos en los sectores de competencia federal afectados por un fenómeno natural perturbador, de acuerdo con los porcentajes de coparticipación previstos en las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales con excepción de los bienes de dominio público de la Federación objeto de concesión o cualquier otra figura análoga por la cual se otorgue su uso o explotación;

III. Otorgar recursos a través de apoyos parciales inmediatos para la ejecución de las acciones emergentes, así como los trabajos y obras de carácter prioritario y urgente, dirigidas a solventar la situación crítica derivada del desastre natural, tales como el restablecimiento de las comunicaciones, los servicios básicos, la limpieza inmediata, remoción de escombros y todo aquello que coadyuve a la normalización de la actividad de la zona afectada, así como para evitar mayores daños y proteger a la población;

IV. Otorgar recursos al Fondo Revolvente Fonden y al Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales a que se refiere el numeral 3 de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales;

V. Otorgar recursos a las dependencias y entidades de la administración pública federal para la adquisición de equipo especializado destinado a la atención de emergencias y desastres naturales;

VI. Otorgar recursos a las entidades federativas para la constitución de fondos estatales para la prevención y atención de desastres naturales;

VII. Constituir mediante subcuentas especificas en el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, fondos y reservas financieras con el propósito de asegurar la oportuna asignación y aplicación de recursos dirigidos a proyectos preventivos y a solventar aspectos prioritarios y urgentes relacionados o derivados de fenómenos naturales perturbadores;

VIII. Canalizar recursos para la realización de proyectos y el establecimiento de instrumentos de administración y transferencia de riesgos que estén relacionados con la prevención y atención de los efectos ocasionados por fenómenos naturales perturbadores; para la protección financiera del patrimonio del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, así como los servicios necesarios relacionados con dichas contrataciones, en términos de lo previsto en el Anexo I de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, y

IX. Aportar y recibir recursos del Programa Fondo para la Prevención de Desastres Naturales y del Fideicomiso Preventivo a cargo de la Secretaría de Gobernación y de otros programas e instrumentos financieros relacionados con los fines del Fondo de Desastres Naturales, en términos de las disposiciones aplicables.”

Ahora bien, para efectos del acceso a los recursos del instrumento en estudio, se deberá observar el siguiente procedimiento:

• Ante la presencia de un desastre natural, la entidad federativa correspondiente debe solicitar inmediatamente a la instancia técnica facultada, indique si desde su punto de vista, el desastre natural respectivo existe o tiene la magnitud necesaria para ser susceptible de apoyo del Fonden (numeral 7 de las ROF). Dicha solicitud deberá contener, entre otros aspectos, los municipios involucrados, es decir, todos aquellos municipios que se considera sufrieron o pudieron haber sufrido afectaciones a causa del fenómeno natural perturbador de que se traté (numeral 7, fracción II, de las ROF).

• La instancia técnica facultada tiene 4 días hábiles para emitir su respuesta a la solicitud de la entidad federativa y en caso de que se cuente con información que permita inferir una afectación en el abastecimiento de agua potable se tendrán 7 días hábiles (numeral 8 de las ROF).

• En caso de resultar afirmativa la respuesta de la instancia técnica facultada, el Gobierno de la entidad federativa deberá convocar a un Comité de Evaluación de Daños, CED, que tiene por objeto evaluar y cuantificar los daños producidos por un fenómeno natural perturbador en particular. Dicho Comité se integrará por servidores públicos estatales y federales de los sectores afectados, funcionando en Subcomités que se agruparan por materia o sector.

Es en este momento en que la entidad federativa deberá entregar al representante de la Segob la solicitud de emisión de una Declaratoria de Desastre Natural firmada por el titular del Ejecutivo de dicha entidad federativa (numeral 9 de las ROF).

Desde la instalación del CED correspondiente, las dependencias y entidades federales, así como las Entidades Federativas, podrán solicitar Apoyos Parciales Inmediatos, APIN, con cargo al Fonden (numeral 11 de las ROF).

Vale la pena mencionar que los APIN son autorizados por la Unidad de Política y Control Presupuestario, UPCP, de la Secretaría de Hacienda y crédito Público, SHCP, los cuales formaran parte de los anticipos que llegase a solicitar la entidad federativa. En caso de que no se soliciten dichos anticipos, los APIN serán incluidos en el diagnóstico de obras y acciones que deriven de la sesión de entrega de resultados.

Asimismo, resulta importante precisar que con el propósito de que se presente, y en su caso, se autorice el listado de acciones, trabajos y obras considerados como prioritarios y objeto de apoyo de los APIN, la entidad federativa en coordinación con el Fiduciario del Fideicomiso Fonden Estatal deberá convocar a su Comité Técnico, en donde se adoptaran los acuerdos conducentes, tomando como base la gradualidad y las disponibilidades financieras existentes. Dicha resolución deberá ser hecha del conocimiento de la DGF (numeral 17, de las ROF).

• En los cuatro días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de la declaratoria de desastre natural, siempre que ésta cumpla con los requisitos señalados, la Segob por conducto de la Coordinación General de Protección Civil, CGPC, deberá emitir y publicar en el Diario Oficial de la Federación, la Declaratoria de Desastre Natural respectiva.

• A partir de la instalación del CED, empieza a correr una cuenta regresiva de hasta 10 días hábiles (prorrogables) para realizarse la entrega de resultados del referido CED en donde se identificarán por sector afectado, los datos aludidos en el numeral 14 de las ROF (numeral 13, fracción II, de las ROF).

• Durante la sesión de entrega de resultados se realizan las siguientes acciones (numeral 13, fracción III de las ROF):

–Presentación y entrega de los resultados de cuantificación y evaluación de daños elaborados en conjunto por el estado y las contrapartes de las dependencias y entidades federales;

–Entrega de la solicitud de anticipos por el gobierno del estado.

• Respecto de los anticipos es importante mencionar que éstos tienen por objeto contribuir en la realización de trabajos y obras prioritarias y se deberán de ejercer con base en los programas de obras y acciones autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso.

Los anticipos serán con cargo al patrimonio del Fideicomiso Fonden hasta por un monto equivalente al cincuenta por ciento de la coparticipación federal que corresponda al Fonden.

Si las dependencias o entidades federales que validarán la evaluación de los daños, consideran que es procedente la solicitud de anticipas, solicitarán a la UPCP la autorización de los mismos, la cual en su caso, instruirá al Fiduciario del Fideicomiso Fonden para que los recursos solicitados sean transferidos al Fideicomiso Fonden estatal correspondiente (numeral 21 de las ROF).

Cabe señalar que los anticipos deberán regularizarse con la autorización por parte del Comité Técnico de los recursos correspondientes.

• Ahora bien, a partir de la sesión de entrega de resultados, la dependencia o entidad federal tendrá un plazo máximo de 7 días hábiles, para presentar la solicitud de recursos y el diagnóstico de obras y acciones a la Segob, incorporando los diagnósticos presentados en dicha sesión (numeral 22 de las ROF).

Por lo que, una vez que cuente con la información antes descrita y de acuerdo a lo establecido en el numeral 23 de las ROF, la Segob por conducto de la DGF, dentro de un plazo de 2 días hábiles realizará las siguientes acciones:

I. Elaborar, dictaminar y presentar la solicitud global de recursos a la UPCP.

II. Verificar que no exista duplicidad de acciones y que no se encuentren pendientes o en trámite solicitudes de APIN o anticipos.

III. Verificar que no se soliciten recursos del Fonden para la reparación de daños ajenos al Desastre Natural en cuestión.

IV. Verificar que la infraestructura objeto de apoyo no haya sido materia de otros apoyos anteriores.

V. Anexar las solicitudes de recursos elaboradas por las dependencias y entidades federales, así como sus respectivos diagnósticos de obras y acciones, tanto de los programas de competencia local como federal.

• Una vez que la Segob remite a la UPCP de la SHCP la solicitud de recursos, ésta autorizará con cargo al Programa Fonden, comprendido en el Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF, para el ejercicio fiscal que resulte aplicable o convocará a sesión del Comité Técnico del Fideicomiso Fonden para que los recursos sean aprobados con cargo al patrimonio del citado Fideicomiso, a efecto de que la entidad federativa de que se trate, a través de las instancias estatales ejecutoras correspondientes, pueda disponer de los recursos del Fonden para iniciar de inmediato las acciones de reconstrucción o apoyo autorizadas, previo la aportación de la coparticipación que le corresponda ante el Fideicomiso Fonden estatal.

• En ese sentido, en caso de que las acciones de reconstrucción resulten competencia de las entidades federativas, municipios delegaciones políticas, los recursos se ejercerán a través de los Fideicomisos Fonden estatales, los cuales tienen por objeto establecer un mecanismo ágil y transparente para ejercer los recursos que aporten las entidades federativas para atender un desastre natural, incluyendo las coparticipaciones federales asignadas a dichas entidades federativas.

Por lo que, a más tardar a los cuatro días hábiles siguientes de haberse recibido la notificación de la autorización de los recursos, se convocará a sesión del comité técnico del Fideicomiso Fonden Estatal, a efecto de que las dependencias y entidades ejecutoras presenten para autorización sus programas de obras y acciones con sus respectivos calendarios de ejecución, previo al ejercicio de los recursos.

El Comité Técnico del Fideicomiso Fonden Estatal será responsable de verificar que se cumpla con el programa calendarizado de ejecución de las obras y acciones por parte de las dependencias y entidades ejecutoras (numeral 44 de las ROF).

° Por todo lo anterior y en su oportunidad, los recursos en coparticipación serán transferidos del patrimonio del Fideicomiso 2003.- Fonden federal al Fideicomiso Estatal, en el pari passu respectivo, conforme a las aportaciones que realice el gobierno estatal, de acuerdo al calendario aprobado y autorizado por el Comité Técnico del Fideicomiso Estatal en comento.

• Cabe señalar que el Anexo XVI de las ROF, establece que en términos de lo dispuesto por los numerales 39 y 41 de dicha normativa, el Fiduciario pagará directamente a los contratistas de obra pública, prestadores de bienes y servicios y proveedores por cuenta y orden de las instancias ejecutaras, previo a la presentación de entre otras cosas, de las facturas que amparen la ejecución de las obras y acciones realizadas.

Es importante hacer hincapié en el hecho de que, en materia de atención a desastres naturales a través del Fonden Reconstrucción, a la Segob, por conducto de la DGF, únicamente le corresponde coordinar el procedimiento de acceso a los recursos del instrumento financiero en mención, dando cumplimento para tales efectos a los plazos, requisitos y formalidades establecidos en las ROF, motivo por el cual no autoriza, ni tiene a su cargo la entrega de los recursos autorizados a un municipio u órgano político administrativo en particular, así como tampoco actúa como ejecutara de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado.

En esa misma lógica, se precisa que son las entidades federativas las encargadas de llevar a cabo la ejecución de obras de reconstrucción y la correspondiente distribución de los recursos autorizados con cargo al instrumento en mención, a través de las instancias ejecutoras estatales designadas para esos efectos (numeral 39 de las ROF).

Sin otro particular, y esperando que la presente información sea de utilidad, le saludo cordialmente.

Notas:

1 Entendidos como los eventos generados por la naturaleza, que por sus características extremas, atípicas o severas condiciona o genera una situación de desastre natural, caracterizado por la ausencia relativa de la participación directa o indirecta del ser humano.

2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de mayo de 2009.

3 Entendidos como los eventos generados por la naturaleza, que por sus características extremas, atípicas o severas condiciona o genera una situación de desastre natural caracterizado por la ausencia relativa de la participación directa o indirecta del ser humano.

4 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 2008.

5 Aquellos entes facultados para corroborar la ocurrencia de un desastre natural en una fecha y lugar determinado, pudiendo ser la Comisión Nacional de Agua, Conagua, por tratarse de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos, la Comisión Nacional Forestal, Conafor, en caso de incendios forestales, o el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred, para el caso de los fenómenos geológicos.

6 Salvo en el caso de la sequía severa, cuyo plazo es de ocho días hábiles.

7 Para el caso del Fondo Revolvente Fonden y de conformidad con el artículo 9 de los Lineamientos, no existe un plazo para que la entidad federativa solicite la corroboración del fenómeno de que se trate, toda vez que la misma es solicitada directamente por la CGPC a la instancia técnica facultada a más tardar al día hábil siguiente de la recepción de la solicitud de declaratoria de emergencia de la entidad federativa de que se trate.

8 La Declaratoria de Emergencia es el reconocimiento que hace la Secretaría de Gobernación que uno o varios municipios u órganos político-administrativos de una entidad federativa, se encuentran ante la inminencia o presencia de un fenómeno natural perturbador, que pudiera provocar un daño a sociedad y crear un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población (artículo 7 de los Lineamientos).

9 Según se ha visto, aquellos entes facultados para corroborar la ocurrencia de un desastre natural en una fecha y lugar determinado.

10 Entendiéndose estos, como los recursos destinados para la ejecución de acciones emergentes, así como los trabajos y obras de carácter prioritario y urgente, dirigidas a solventar la situación critica del desastre natural, tales como el restablecimiento de las comunicaciones, los servicios básicos, la limpieza inmediata, remoción de escombros y todo aquello que coadyuve a la normalización de la actividad de la zona afectada, para evitar mayores daños y proteger a la población.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 17 de febrero de 2010.— Rubem Hofliger Topete (rúbrica), director general del Fondo de Desastres Naturales.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Gobernación para su conocimiento.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-9-0704, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Georgina Trujillo Zentella, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGF/ 298/2010, suscrito por el ciudadano Rubem Hofliger Topete, director general del Fondo de Desastres Naturales, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al apoyo a la población afectada del municipio de Tijuana en Baja California, por las contingencias climatológicas.

Atentamente

México, DF, a 23 de febrero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Manuel Minjares Jiménez, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SEL/UEL/311/413/10, de fecha 9 de febrero de 2010, dirigido inicialmente a la licenciada Laura Gurza Jaidar, Coordinadora General de Protección Civil, y que fuera recibido en esta Dirección General del Fondo de Desastres Naturales, DGF, el día 11 de febrero del año en curso, por medio del cual se informa que mediante oficio DGPL 61-II-9-0704, de fecha 9 de febrero de 2010, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Georgina Trujillo Zentella, Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunican a la Secretaría de Gobernación, Segob, el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de ese Órgano Legislativo, en sesión celebrada el día 9 del presente mes y año, y cuyo resolutivo se reproduce a continuación:

“Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Poder Ejecutivo Federal, mediante la Secretaría de Gobernación, para solicitar que libere recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales para el Municipio de Tijuana que ha sido afectado por un nuevo frente frío y lluvias de fuertes a intensas y poder atender la contingencia en dicha entidad federativa.”

Sobre el particular, me permito solicitar atentamente a usted, sea el amable conducto para hacer del conocimiento de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, las acciones efectuadas en el marco del programa Fondo de Desastres Naturales, Fonden, en el Estado de Baja California, para dar atención a la ocurrencia de lluvia severa los días 19 y 21 de enero de 2010, y que se relacionan con el exhorto contenido en el punto de acuerdo referido con antelación.

Para tales efectos y de manera previa, consideramos oportuno realizar las siguientes precisiones:

• En términos de lo dispuesto por el numeral 1 del “Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales” (en lo sucesivo las ROF), el Fondo de Desastres Naturales, Fonden, se define como un instrumento de coordinación intergubernamental e interinstitucional cuyo objeto es, bajo principios de corresponsabilidad, complementariedad, oportunidad y transparencia, ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil.

Para la realización de tales objetivos, el Fonden cuenta con los instrumentos siguientes, a través de los cuales, atendiendo a sus características y alcances, se autorizan suministros de auxilio o recursos para dar atención al fenómeno perturbador de que se trate:

a) El Fondo Revolvente Fonden, mismo que sólo podrá ser utilizado cuando exista una Declaratoria de Emergencia y con ello que la DGF autorice la adquisición de suministros de auxilio conforme a la normatividad aplicable para responder de manera inmediata a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población afectada por situaciones de emergencia generadas o asociadas con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un fenómeno natural perturbador (numeral 3, fracción I de las ROF, en concordancia con los artículos 1 y 3 del “Acuerdo que establece los Linea-mientos para emitir las Declaratorias de Emergencia y la utilización del Fondo Revolvente Fonden” (en lo sucesivo los lineamientos).

Cabe señalar que si bien es cierto a la DGF le corresponde autorizar la adquisición de suministros de auxilio con cargo al Fondo Revolvente Fonden, y coordinar el procedimiento de acceso a los mismos, también lo es que esta unidad administrativa no tiene a su cargo la entrega de tales suministros a las entidades federativas, municipios o delegaciones políticas en particular, dado que las entidades federativas son las encargadas de llevar a cabo dichas acciones, a través de las instancias estatales designadas para esos efectos.

b) El Fonden Reconstrucción (que incluye al Programa Fondo de Desastres Naturales del Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas” del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, y el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, en términos del numeral 3, fracciones II y III, de las propias ROF). Con cargo a este instrumento se autorizan recursos (ya sea del Programa Fonden o del Fideicomiso 2003 Fonden Federal), destinados a la restitución parcial o total de los daños sufridos por un fenómeno natural perturbador en los sectores de competencia federal, o de las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos en el Distrito Federal, previstos en las ROF, de acuerdo con los porcentajes de coparticipación establecidos; así como también a la mitigación de los daños a las viviendas de la población de bajos ingresos afectadas por un fenómeno natural perturbador.

Respecto de este instrumento se puntualiza que a la Segob, por conducto de la DGF, únicamente le corresponde coordinar el procedimiento de acceso a los recursos del Fonden Reconstrucción, dando cumplimento para tales efectos a los plazos, requisitos y formalidades establecidos en las ROF, motivo por el cual no autoriza, ni tiene a su cargo la entrega de los recursos autorizados a un municipio o delegación política en particular, así como tampoco actúa como ejecutora de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado.

• Ahora bien, para acceder a los instrumentos que opera el Fonden, es necesario que se cumpla previamente con los requisitos, formalidades y procedimientos establecidos en la normatividad aplicable a cada uno de ellos.

A ese respecto, diremos que para efectos de la autorización de suministros de auxilio (insumos) con cargo al Fondo Revolvente Fonden, los Lineamientos establecen la necesidad de contar con una solicitud de Declaratoria de Emergencia, dirigida a la Coordinación General de Protección Civil, CGPC, de la Secretaría de Gobernación, Segob, debiendo estar suscrita por el Titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente (o en su caso por el servidor público del nivel jerárquico inmediato inferior con facultades expresas para ello), en la que se describa, entre otros aspectos, el fenómeno natural perturbador origen de la situación de emergencia, los municipios u órganos político-administrativos en situación de emergencia, la población estimada que fue o pueda ser afectada con motivo de la emergencia, y señalar expresamente que ha sido rebasada la capacidad de respuesta de la entidad federativa y de los municipios u órganos político-administrativos respecto de los que se solicita la declaratoria de emergencia.

En ese mismo sentido, el artículo 7 de los Lineamientos, dispone que las entidades federativas son las instancias facultadas para solicitar a la Segob, la emisión de una declaratoria de emergencia, motivo éste por el que los municipios u órganos político-administrativos deberán establecer los mecanismos de coordinación necesarios con la entidad federativa a la que pertenezcan para efectos de ser considerados en una solicitud.

Es importante manifestar que, según se adelantaba, los insumos autorizados para la atención de una emergencia determinada, bajo ninguna circunstancia son proporcionados directamente a la población en general, o bien, a las autoridades municipales, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de los Lineamientos, dichos insumos son entregados por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, DGRMSG, de la Segob, a la Entidad Federativa de que se trate, para que la misma proceda a su posterior distribución.

Por su parte, y para efectos de la autorización de los recursos con cargo al Fonden Reconstrucción, las ROF establecen que una vez corroborada la existencia del fenómeno natural perturbador por parte de la instancia técnica facultada para ello, el gobierno de la entidad federativa afectada debe presentar una solicitud de Declaratoria de Desastre, suscrita por el Titular del Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente, dirigida a la CGPC, de la Segob, en la que se deberá manifestar, entre otros aspectos, la descripción del fenómeno natural perturbador de que se trate, la fecha de su ocurrencia, los municipios u órganos político-administrativos que hayan sido previamente corroborados por la Instancia Técnica Facultada respectiva como afectados por el fenómeno en cuestión, y la manifestación de que ha sido rebasada su capacidad financiera y operativa, para atender, por sí misma, la totalidad de los efectos producidos por el mismo.

No se omite señalar que los recursos que se autorizan con cargo a este instrumento del Fonden para llevar a cabo labores de reconstrucción en los sectores de competencia de las entidades federativas, son transferidos del Fideicomiso 2003 Fonden Federal al Fideicomiso Fonden Estatal de la entidad federativa en donde se haya presentado el desastre, a fin de que la ejecución de obras y acciones de reconstrucción sean realizadas por las propias entidades federativas, a través de las instancias ejecutoras estatales designadas para ello.

Visto lo anterior, se informa a ese Órgano Legislativo que el Gobierno del Estado de Baja California solicitó la emisión de una Declaratoria de Emergencia y una Declaratoria de Desastre Natural, por la ocurrencia de lluvias severas los días 19 y 21 de enero de 2010 en esa entidad federativa, mismas en las que, respectivamente, se incluyó, entre otros, al municipio de Tijuana. No obstante, dicho municipio no fue corroborado en ninguna de ellas (según se detallará líneas más adelante) por la Comisión Nacional del Agua, Conagua, como un municipio afectado por el fenómeno natural perturbador de referencia.

En ese orden de ideas, procedemos a informar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respecto de las acciones que la Segob, por conducto de la DGF y a través de los instrumentos Fondo Revolvente Fonden y Fonden Reconstrucción, ha llevado a cabo para dar atención a la ocurrencia de lluvias severas los días 19 y 21 de enero de 2010 en la Entidad Federativa que nos ocupa.

Fondo Revolvente Fonden

Lluvias severas los días 19 y 21 de enero de 2010 (Ensenada y playas de Rosarito)

• Mediante oficio sin número, de fecha 27 de enero del presente año, el gobernador del Estado de Baja California, solicitó a la CGPC, la emisión de la Declaratoria de Emergencia para los municipios de Ensenada, Playas de Rosarito y Tijuana, por la ocurrencia de la lluvia severa presentada los días 18 al 21de enero de 2010, en Ensenada y lluvia severa los días 18 al 23 del mismo mes y año en playas de Rosarito y Tijuana.

• Con oficio CGPC/136/2010, de fecha 28 de enero de 2010, la CGPC solicitó a la Comisión Nacional del Agua, Conagua, la emisión del dictamen técnico correspondiente.

• Dicha solicitud fue atendida mediante oficio BOO.- 163, de fecha 29 de enero de 2010, mismo en el que únicamente se corroboró lluvias severas los días 19 y 21 de enero de 2010, para los municipios de Ensenada y Playas de Rosarito, en el Estado de Baja California.

• Mediante Boletín de Prensa 34/10, de fecha 29 de enero del año en curso, la CGPC difundió la Declaratoria de Emergencia en los municipios antes mencionados del Estado de Baja California, afectados por las lluvias severas los días, 19 y 21 de enero, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de febrero de 2010.

• Con base en lo anterior, al día de la fecha el Gobierno del Estado de Baja California ha presentado cuatro solicitudes de insumos, las cuales se han autorizado de la manera siguiente:

No obstante, se reitera que si bien es cierto a la DGF le corresponde autorizar la adquisición de suministros de auxilio con cargo al Fondo Revolvente Fonden, y coordinar el procedimiento de acceso a los mismos, también lo es que esta unidad administrativa no tiene a su cargo la adquisición y la entrega de tales suministros a las entidades federativas, municipios o delegaciones políticas en particular, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de los Lineamientos, dichos insumos son adquiridos por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, DGRMSG, de la Segob, y entregados por dicha unidad administrativa a la Entidad Federativa de que se trate, a efecto de que esta última proceda a su posterior distribución.

• Mediante Boletín de Prensa 64/10, de fecha 15 de febrero de 2010, se cerró la Declaratoria de Emergencia que nos ocupa, por lo que se concluyó con la atención de la situación de emergencia a través del Fondo Revolvente en la Entidad Federativa en comento.

A continuación informamos respecto de las acciones que la Segob, por conducto de la DGF y a través de Fonden Reconstrucción ha llevado a cabo para dar atención a la ocurrencia de lluvias severas los días 19 y 21 de enero de 2010 en el Estado de Baja California:

Fonden Reconstrucción

Lluvias severas los días 19 y 21 de enero de 2010 (Ensenada y Playas de Rosarito)

• Mediante oficio sin número de fecha 22 de enero de 2010, en cumplimiento al numeral 7 de las ROF, el Gobernador Estado de Baja California solicitó a la Conagua opinión técnica respecto de la ocurrencia del fenómeno hidrometeorológico catalogado como lluvia severa presentada los días 18, 19, 20 y 21 de enero de 2010 en el municipio de Ensenada.

• En alcance al oficio anterior, mediante oficio sin número de fecha 25 de enero de 2010, el gobernador del Estado de Baja California solicitó a la Conagua opinión técnica respecto de la ocurrencia del fenómeno hidrometeorológico catalogado como lluvia severa presentada los días del 18 al 23 de enero de 2010 y en los municipios de Mexicali, Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito.

• Con oficios BOO.-125 y BOO.-136, de fechas 26 y 27 de enero de 2010, en cumplimiento a lo que señala el numeral 8 de las ROF, la Conagua emitió su opinión técnica y corroboró la ocurrencia de lluvia severa, el día 21 de enero de 2010, en el municipio de Ensenada y lluvia severa el día 19 de enero de 2010, en el municipio de Playas de Rosarito.

• Con fecha 27 de enero de 2010, en apego a las disposiciones de las ROF se llevó a cabo la sesión de instalación del Comité de Evaluación de Daños, CED, en el Estado de Baja California, con el objeto de realizar la cuantificación y evaluación de los daños ocasionados por la ocurrencia de lluvia severa los días 19 y 21 de enero de 2010. Para esos efectos, los integrantes del CED se agruparon en subcomités de los sectores: vivienda, infraestructura urbana, carreteras, hidráulico, educativo y salud.

En dicha sesión, el CED acordó que la entrega de resultados se llevaría a cabo en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la instalación del CED, situación que tendría verificativo el día 10 de febrero de 2010.

En ese mismo acto, el Gobierno de Baja California entregó al representante de la Segob, la solicitud de Declaratoria de Desastre Natural, de conformidad con el numeral 9 de las ROF, por lo que dicha dependencia del Gobierno Federal, por conducto de la CGPC, emitió y publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de febrero de 2010 la “Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de lluvia severa los días 19 y 21 de enero de 2010, en 2 municipios del Estado de Baja California”, procediendo a declarar como zona de desastre a los municipios de Ensenada y Playas de Rosarito (mismos municipios que el Estado de Baja California incluyó en su respectiva solicitud de Declaratoria de Desastre y que fueron corroborados por la Conagua como municipios afectados por la presencia de lluvias severas los días 19 y 21 de enero de 2010).

De igual forma, con fundamento en lo establecido por los numerales 17 y 20 de las ROF, se solicitaron recursos para diversos sectores, por concepto de Apoyos Parciales Inmediatos, APIN, con cargo al Fonden, para la ejecución de las acciones, trabajos y obras prioritarias y urgentes, dirigidas a solventar la situación crítica derivada del desastre natural en cuestión (los montos autorizados por concepto de APIN y los sectores a los cuales les fueron autorizados, se reflejan en el cuadro de recursos que se presenta líneas adelante).

• Por su parte, con fecha 10 de febrero de. 2009, se llevó a cabo la sesión de Entrega de Resultados del CED, en la cual se presentó, la siguiente información:

- El diagnóstico de los recursos necesarios para la atención de los daños.

- La solicitud de anticipos.

De tal entrega de resultados, se derivaron los siguientes montos preliminares, presentados por las dependencias y/o entidades federales para llevar a cabo los trabajos de restitución y/o reparación de la infraestructura dañada:

Asimismo, cabe señalar que, en el caso de que no sean autorizados anticipos para el Estado de Baja California, los recursos que hayan sido autorizados por concepto de APIN serán incluidos en la aportación total que derive de los diagnósticos de obras y acciones definitivos, a fin de regularizar su ejecución y el gasto correspondiente.

En dicha sesión y con fundamento en el numeral 22 de las ROF se exhortó a las Dependencias Federales a efecto de que en un plazo máximo de 7 días hábiles contados a partir del día siguiente a esa fecha, presentaran a la Segob las correspondientes solicitudes de recursos y .sus diagnósticos de obras y acciones definitivos. En ese orden de ideas, actualmente se encuentra transcurriendo dicho plazo, motivo por el cual, una vez realizadas tales acciones se podrá estar en condiciones de saber de qué manera y con qué montos se atenderán y apoyarán. finalmente y con cargo al Fonden, los daños ocurridos por la presencia de lluvia severa los días 19 y 21 de enero de 2010, en los municipios afectados del Estado de Baja California.

No obstante adelantamos que, una vez que hayan sido autorizados en su totalidad los recursos con cargo al Fonden para dar atención al fenómeno perturbador de referencia, y transferidos los mismos del Fideicomiso Fonden Federal al Fideicomiso 1984.-Fonden Estado de Baja California, atentos al numeral 44 de de las ROF, el Comité Técnico de dicho Fideicomiso Estatal, será el responsable de verificar que se cumpla el calendario de ejecución de las obras y acciones de las dependencias y entidades ejecutoras, en el entendido de que, de observarse retrasos constantes e injustificados hasta por un plazo de tres meses en el cumplimiento de dicho calendario, deberá realizar las acciones necesarias para que, en su caso, se reintegre al patrimonio del Fideicomiso Fonden Federal el remanente de la coparticipación de orden federal.

Asimismo, dentro de las sesiones ordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso 1984.-Fonden Estado de Baja California, los ejecutores del gasto invariablemente deberán presentar los avances físicos y financieros de sus programas de reconstrucción que se encuentren en ejecución y en su caso, las problemáticas que éstos enfrenten.

De igual manera, en términos del numeral 46 de las ROF, será responsabilidad del Fiduciario del referido Fideicomiso 1984-Fonden Estado de Baja California, llevar el control detallado para la atención, recepción y desembolso de los recursos destinados a dicha entidad federativa que por concepto de coparticipaciones se les hayan entregado a través del Fonden, siendo corresponsables en ese control las dependencias y entidades normativas y ejecutaras, respectivamente, a través de las cuales se canalizaron los recursos al Fideicomiso Fonden Estatal para la atención del desastre natural.

Finalmente, y con el ánimo de apoyar las afirmaciones hasta aquí vertidas, ofrecemos una descripción sucinta del procedimiento de accesos a los suministros de auxilio y recursos que se autorizan con cargo al Fonden:

Procedimiento de acceso a los suministros de auxilio del Fondo Revolvente Fonden

El procedimiento de acceso a los suministros de auxilio que se otorgan con cargo a dicho instrumento financiero, se encuentra descrito de manera gráfica en la dirección electrónica del Sistema Nacional de Protección Civil México, específicamente en el vínculo:

http//www.protecioncivil.gob.mx/fonden/fondoRevolvente2008/Fluj ograma_Fondo_Revolvente_2008.pdf

No obstante, para pronta referencia, a continuación se detalla tal procedimiento, en términos de los Lineamientos:

• El titular del ejecutivo de la entidad federativa correspondiente deberá formular una solicitud por escrito de Declaratoria de Emergencia, dirigida a la CGPC (Artículos 7 y 8, fracción I, de los Lineamientos).

• Una vez formulada esta solicitud, la CGPC, a más tardar al día siguiente, la remitirá a la instancia técnica facultada que corresponda, ya sea la Comisión Nacional del Agua, Conagua, por tratarse de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos, la Comisión Nacional Forestal, Conafor, en caso de incendios forestales o el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred, para el caso de los fenómenos geológicos, a fin de que corrobore o niegue la existencia de una situación de emergencia por la presencia o inminente presencia de un fenómeno natural que de origen a una emergencia (Artículo 9, fracciones I y II, de los Lineamientos).

• La instancia técnica facultada tendrá un término máximo de 2 días hábiles para corroborar o negar la presencia o inminente presencia de un fenómeno natural que de origen a una situación de emergencia (Artículo 9, fracción II, de los Lineamientos).

• En el caso de que el dictamen técnico corrobore la presencia del fenómeno natural perturbador, la CGPC emitirá una declaratoria de emergencia a más tardar al día siguiente de recibido tal dictamen. Dicha declaratoria de emergencia se difunde por medio de un Boletín de Prensa y por cualquier medio de comunicación disponible. La CGPC contará con 6 días hábiles siguientes a la emisión del Boletín de Prensa para publicar la Declaratoria de Emergencia en el Diario Oficial de la Federación (Artículo 9. fracciones III y IV, de los Lineamientos).

• El gobierno de la entidad federativa, una vez difundida la declaratoria de emergencia mediante Boletín de Prensa, deberá presentar a la DGF una solicitud de insumos para la atención de las necesidades urgentes de la población afectada o susceptible de ser afectada exclusivamente de los municipios declarados en emergencia, en la que deberán justificar la necesidad de los productos solicitados, debiendo señalar la cantidad de personas que se apoyará con los insumos requeridos. Los insumos consumibles que se requieran para atender a la población serán por un período de hasta 4 días (Artículo 12 de los Lineamientos).

• Una vez recibida la solicitud de insumos, la DGF, analizará la viabilidad de la solicitud bajo los criterios de racionalidad y proporcionalidad emitidos por la CGPC, y en caso de determinarse procedente, enviará a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Gobernación, DGRMSG, la requisición de los insumos que se autorizan, para que por su conducto se realicen las compras respectivas y, posteriormente, la entrega de los mismos a las entidades federativas (Artículo 15 de los Lineamientos).

La DGRMSG enviará la información detallada de los contratos y/o pedidos a la DGF, para que se coordine con las instancias responsables de la recepción de los insumos para las entidades federativas declaradas en emergencia, sobre las condiciones establecidas con los proveedores, de acuerdo a las características de las fichas técnicas, los tiempos de entrega y la recepción de las mercancías.

• La entidad federativa correspondiente, será la responsable de distribuir en los municipios declarados en emergencia los insumos autorizados (Artículo 15. último párrafo, de los Lineamientos).

• A efecto de dar por concluida la vigencia de las Declaratorias de Emergencia, la Dirección General de Protección Civil, DGPC, de la Segob, a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la difusión vía boletín de prensa de la emisión de la declaratoria de emergencia respectiva, enviará a la CGPC una opinión manifestando si, a su juicio persisten los efectos de la emergencia ante la población o si por el contrario, han dejado de surtir sus efectos, debiendo tomar en cuenta los argumentos e información que, en su caso, envíe la entidad federativa declarada en emergencia.

En el evento de que la opinión de la DGPC determine que han cesado los efectos de la emergencia, la CGPC emitirá a más tardar al día siguiente de recibido el citado dictamen, el aviso de término de la emergencia mismo que se difundirá mediante boletín de prensa a través de cualquier medio de comunicación y/o medio electrónico disponible, informando de inmediato a la DGRMSG y a la DGF del cierre de la Declaratoria de Emergencia, debiendo publicarlo en el Diario Oficial de la Federación a más tardar en los 6 días hábiles siguientes (Artículo 11 de los Lineamientos).

De acuerdo al procedimiento que antecede, es importante destacar que tal y como se ha visto, a la DGF, sólo le corresponde coordinar el procedimiento de acceso a los insumos del Fondo Revolvente Fonden, desde la ocurrencia de la emergencia, hasta la autorización de los mismos, por lo que conforme al procedimiento antes descrito no es la encargada de realizar las compras respectivas, ni actúa como ejecutora de la distribución de los mismos.

Procedimiento de acceso a los recursos del instrumento Fonden Reconstrucción

Para acceder a los recursos con cargo al Fonden Reconstrucción, deberá observarse el procedimiento contenido en las ROF, mismo que se encuentra descrito de manera gráfica en la dirección electrónica del Sistema Nacional de Protección Civil México, específicamente en el vínculo:

http://www.proteccioncivil:gob.mx/upLoad/Fonden/flujograma/Proc edimiento_de_acceso_a_recursos_FONDEN_e.swf

No obstante, para pronta referencia, a continuación se detalla tal procedimiento. Para esos efectos se transcribe en su totalidad el numeral 4 de las ROF:

“4. Son fines del Fondo de Desastres Naturales:

I. Canalizar al Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales constituido por cada una de las entidades federativas los recursos que le corresponda aportar, por cuenta y orden de las entidades federativas, para la restitución parcial o total de los daños sufridos por un fenómeno natural perturbador en los sectores de competencia de las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, previstos en las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, de acuerdo con los porcentajes de coparticipación establecidos; así como también en la mitigación de los daños a las viviendas de la población de bajos ingresos afectadas por un fenómeno natural perturbador.

Los recursos que se ejerzan en coparticipación estarán condicionados a la aportación de las entidades federativas, de acuerdo con los porcentajes establecidos en las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, con excepción de los apoyos parciales inmediatos y los anticipas, los cuales no están sujetos de inicio a dicha coparticipación;

II. Apoyar la restitución parcial o total de los daños sufridos en los sectores de competencia federal afectados por un fenómeno natural perturbador, de acuerdo con los porcentajes de coparticipación previstos en las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales con excepción de los bienes de dominio público de la Federación objeto de concesión o cualquier otra figura análoga por la cual se otorgue su uso o explotación;

III. Otorgar recursos a través de apoyos parciales inmediatos para la ejecución de las acciones emergentes, así como los trabajos y obras de carácter prioritario y urgente, dirigidas a solventar la situación crítica derivada del desastre natural, tales como el restablecimiento de las comunicaciones, los servicios básicos, la limpieza inmediata, remoción de escombros y todo aquello que coadyuve a la normalización de la actividad de la zona afectada, así como para evitar mayores daños y proteger a la población;

IV. Otorgar recursos al Fondo Revolvente Fonden y al Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales a que se refiere el numeral 3 de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales;

V. Otorgar recursos a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la adquisición de equipo especializado destinado a la atención de emergencias y desastres naturales;

VI. Otorgar recursos a las entidades federativas para la constitución de fondos estatales para la prevención y atención de desastres naturales;

VII. Constituir mediante subcuentas específicas en el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, fondos y reservas financieras con el propósito de asegurar la oportuna asignación y aplicación de recursos dirigidos a proyectos preventivos ya solventar aspectos prioritarios y urgentes relacionados o derivados de fenómenos naturales perturbadores;

VIII. Canalizar recursos para la realización de proyectos y el establecimiento de instrumentos de administración y transferencia de riesgos que estén relacionados con la prevención y atención de los efectos ocasionados por fenómenos naturales perturbadores; para la protección financiera del patrimonio del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, así como los servicios necesarios relacionados con dichas contrataciones, en términos de lo previsto en el Anexo I de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, y

IX. Aportar y recibir recursos del Programa Fondo para la Prevención de Desastres Naturales y del Fideicomiso Preventivo a cargo de la Secretaría de Gobernación y de otros programas e instrumentos financieros relacionados con los fines del Fondo de Desastres Naturales, en términos de las disposiciones aplicables.”

Visto lo anterior, y para efectos del acceso a los recursos del instrumento en estudio, se deberá observar el siguiente procedimiento:

• Ante la presencia de un desastre natural, la entidad federativa correspondiente debe solicitar inmediatamente a la instancia técnica facultad, indique si desde su punto de vista, el desastre natural respectivo existe o tiene la magnitud necesaria para ser susceptible de apoyo del Fonden (numeral 7 de las ROF). Dicha solicitud deberá contener, entre otros aspectos, los municipios involucrados, es decir, todos aquellos municipios que se considera sufrieron o pudieron haber sufrido afectaciones a causa del fenómeno natural perturbador de que se traté (numeral 7, fracción II, de las ROF).

• La instancia técnica facultada tiene 4 días hábiles para emitir su respuesta a la solicitud de la entidad federativa y en caso de que se cuente con información que permita inferir una afectación en el abastecimiento de agua potable se tendrán 7 días hábiles (numeral 8 de las ROF).

• En caso de resultar afirmativa la respuesta de la instancia técnica facultada, el Gobierno de la entidad federativa deberá convocar a un Comité de Evaluación de Daños, CED, que tiene por objeto evaluar y cuantificar los daños producidos por un fenómeno natural perturbador en particular. Dicho Comité se integrará por servidores públicos estatales y federales de los sectores afectados, funcionando en Subcomités que se agruparan por materia o sector.

Es en este momento en que la Entidad Federativa deberá entregar al representante de la Segob la solicitud de emisión de una Declaratoria de Desastre Natural firmada por el Titular del Ejecutivo de dicha Entidad Federativa (numeral 9 de las ROF).

Desde la instalación del CED correspondiente, las Dependencias y Entidades Federales, así como las Entidades Federativas, podrán solicitar Apoyos Parciales Inmediatos, APIN, con cargo al Fonden (numeral 11 de las ROF).

Vale la pena mencionar que los APIN son autorizados por la Unidad de política y Control Presupuestario, UPCP, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, los cuales formaran parte de los anticipos que llegase a solicitar la Entidad Federativa. En caso de que no se soliciten dichos anticipos, los APIN serán incluidos en el diagnóstico de obras y acciones que deriven de la sesión de entrega de resultados.

Asimismo, resulta importante precisar que con el propósito de que se presente, y en su caso, se autorice el listado de acciones, trabajos y obras considerados como prioritarios y objeto de apoyo de los APIN, la Entidad Federativa en coordinación con el Fiduciario del Fideicomiso Fonden Estatal deberá convocar a su Comité Técnico, en donde se adoptaran los acuerdos conducentes, tomando como base la gradualidad y las disponibilidades financieras existentes. Dicha resolución deberá ser hecha del conocimiento de la DGF (numeral 17, de las ROF).

• En los cuatro días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de la declaratoria de desastre natural, siempre que ésta cumpla con los requisitos señalados, la Segob por conducto de la Coordinación General de Protección Civil, CGPC, deberá emitir y publicar en el Diario Oficial de la Federación, la Declaratoria de Desastre Natural respectiva.

• A partir de la instalación del CED, empieza a correr una cuenta regresiva de hasta 10 días hábiles (prorrogables) para realizarse la entrega de resultados del referido CED en donde se identificarán por sector afectado, los datos aludidos en el numeral 14 de las ROF (numeral 13, fracción II, de las ROF).

• Durante la sesión de entrega de resultados se realizan las siguientes acciones (numeral 13, fracción III de las ROF):

- Presentación y entrega de los resultados de cuantificación y evaluación de daños elaborados en conjunto por el estado y las contrapartes de las Dependencias y Entidades Federales;

- Entrega de la solicitud de anticipos pro el gobierno del estado.

• Respecto de los anticipos es importante mencionar que éstos tienen por objeto contribuir en la realización de trabajos y obras prioritarias y se deberán de ejercer con base en los programas de obras y acciones autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso.

Los anticipos serán con cargo al patrimonio del Fideicomiso Fonden hasta por un monto equivalente al cincuenta por ciento de la coparticipación federal que corresponda al Fonden.

Si las Dependencias o Entidades Federales que validarán la evaluación de los daños, consideran que es procedente la solicitud de anticipos, solicitarán a la UPCP la autorización de los mismos, la cual en su caso, instruirá al Fiduciario del Fideicomiso Fonden para que los recursos solicitados sean transferidos al Fideicomiso Fonden Estatal correspondiente (numeral 21 de las ROF)

Cabe señalar que los anticipos deberán regularizarse con la autorización por parte del Comité Técnico de los recursos correspondientes.

• Ahora bien, a partir de la sesión de entrega de resultados, la Dependencia o Entidad Federal tendrá un plazo máximo de 7 días hábiles, para presentar la solicitud de recursos y el diagnóstico de obras y acciones a la Segob, incorporando los diagnósticos presentados en dicha sesión (numeral 22 de las ROF).

Por lo que, una vez que cuente con la información antes descrita y de acuerdo a lo establecido en el numeral 23 de las ROF, la Segob por conducto de la DGF, dentro de un plazo de 2 días hábiles realizará las siguientes acciones:

I. Elaborar, dictaminar y presentar la solicitud global de recursos a la UPCP.

II. Verificar que no exista duplicidad de acciones y que no se encuentren pendientes o en trámite solicitudes de APIN o anticipas.

III. Verificar que no se soliciten recursos del Fonden para la reparación de daños ajenos al Desastre Natural en cuestión.

IV. Verificar que la infraestructura objeto de apoyo no haya sido materia de otros apoyos anteriores.

V. Anexar las solicitudes de recursos elaboradas por las Dependencias y Entidades Federales, así como sus respectivos diagnósticos de obras y acciones, tanto de los programas de competencia local como federal.

• Una vez que la Segob remite a la UPCP de la SHCP la solicitud de recursos, ésta autorizará con cargo al Programa Fonden, comprendido en el Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF, para el Ejercicio Fiscal que resulte aplicable o convocará a sesión del Comité Técnico del Fideicomiso Fonden para que los recursos sean aprobados con cargo al patrimonio del citado Fideicomiso, a efecto de que la entidad federativa de que se trate, a través de las instancias estatales ejecutoras correspondientes, pueda disponer de los recursos del Fonden para iniciar de inmediato las acciones de reconstrucción o apoyo autorizadas, previo la aportación de la coparticipación que le corresponda ante el Fideicomiso Fonden Estatal.

• En ese sentido, en caso de que las acciones de reconstrucción resulten competencia de las Entidades Federativas, municipios delegaciones políticas, los recursos se ejercerán a través de los Fideicomisos Fonden Estatales, los cuales tienen por objeto establecer un mecanismo ágil y transparente para ejercer los recursos que aporten las entidades federativas para atender un desastre natural, incluyendo las coparticipaciones federales asignadas a dichas entidades federativas.

Por lo que, a más tardar a los cuatro días hábiles siguientes de haberse recibido la notificación de la autorización de los recursos, se convocará a sesión del comité técnico del Fideicomiso Fonden Estatal, a efecto de que las dependencias y entidades ejecutoras presenten para autorización sus programas de obras y acciones con sus respectivos calendarios de ejecución, previo al ejercicio de los recursos.

El Comité Técnico del Fideicomiso Fonden Estatal será responsable de verificar que se cumpla con el programa calendarizado de ejecución de las obras y acciones por parte de las Dependencias y Entidades ejecutoras (numeral 44 de las ROF).

• Por todo lo anterior y en su oportunidad, los recursos en coparticipación serán transferidos del patrimonio del Fideicomiso 2003.- Fonden Federal al Fideicomiso Estatal, en el pari passu respectivo, conforme a las aportaciones que realice el gobierno estatal, de acuerdo al calendario aprobado y autorizado por el Comité Técnico del Fideicomiso Estatal en comento.

• Cabe señalar que el Anexo XVI de las ROF, establece que en términos de lo dispuesto por los numerales 39 y 41 de dicha normativa, el Fiduciario pagará directamente a los contratistas de obra pública, prestadores de bienes y servicios y proveedores por cuenta y orden de las instancias ejecutaras, previo a la presentación de entre otras cosas, de las facturas que amparen la ejecución de las obras y acciones realizadas.

Es importante hacer hincapié en el hecho de que, en materia de atención a desastres naturales a través del Fonden Reconstrucción, a la Segob, por conducto de la DGF, únicamente le corresponde coordinar el procedimiento de acceso a los recursos del instrumento financiero en mención, dando cumplimento para tales efectos a los plazos, requisitos y formalidades establecidos en las ROF, motivo por el cual no autoriza, ni tiene a su cargo la entrega de los recursos autorizados a un municipio u órgano político administrativo en particular, así como tampoco actúa como ejecutora de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado.

En esa misma lógica, se precisa que son las entidades federativas las encargadas de llevar a cabo la ejecución de obras de reconstrucción y la correspondiente distribución de los recursos autorizados con cargo al instrumento en mención, a través de las instancias ejecutoras estatales designadas para esos efectos (numeral 39 de las ROF).

Sin otro particular, y esperando que la presente información sea de utilidad, le saludo cordialmente.

Notas:

1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de mayo de 2009.

2 Entendidos como los eventos generados por la naturaleza, que por sus características extremas, atípicas o severas condiciona o genera una situación de desastre natural, caracterizado por la ausencia relativa de la participación directa o indirecta del ser humano.

3 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 2008.

4 Aquellos entes facultad os para corroborar la ocurrencia de un desastre natural en una fecha y lugar determinado, pudiendo ser la Comisión Nacional del Agua, Conagua, por tratarse de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos, la Comisión Nacional Forestal, Conafor, en caso de incendios forestales, o el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred, para el caso de los fenómenos geológicos.

5 Los Fideicomisos Fonden Estatales tienen por objeto establecer un mecanismo ágil y transparente para ejercer los recursos que aporten las entidades federativas para atender un Desastre Natural, incluyendo las coparticipaciones federales asignadas a dichas Entidades Federativas (numeral 44 de las ROF).

6 La Declaratoria de Emergencia es el reconocimiento que hace la Secretaría de Gobernación que uno o varios municipios u órganos político-administrativos de una entidad federativa, se encuentran ante la inminencia o presencia de un fenómeno natural perturbador, que pudiera provocar un daño a la sociedad y crear un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población (artículo 7 de los Lineamientos).

7 Según se ha visto, aquellos entes facultados para corroborar la ocurrencia de un desastre natural en una fecha y lugar determinado.

8 Entendiéndose estos, como los recursos destinados para la ejecución de acciones emergentes, así como los trabajos y obras de carácter prioritario y urgente, dirigidas a solventar la situación critica del desastre natural, tales como el restablecimiento de las comunicaciones, los servicios básicos, la limpieza inmediata, remoción de escombros y todo aquello que coadyuve a la normalización de la actividad de la zona afectada, para evitar mayores daños y proteger a la población.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 19 de febrero de 2010.— Rubem Hofliger Topete (rúbrica), director general del Fondo de Desastres Naturales.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Gobernación para su conocimiento.

HEPATITIS C

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-4-285 signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/DGAVS/205/2010 suscrito por el licenciado Miguel Gutiérrez Hernández, director general adjunto de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, así como los anexos que se mencionan, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la hepatitis C.

Atentamente

México, DF, a 23 de febrero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

José Manuel Minjares Jiménez, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al punto de acuerdo presentado el 20 de enero de 2010 por el diputado Miguel Antonio Osuna Millán (PAN), mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Salud a desarrollar las acciones necesarias para que a través de los servicios de salud de carácter público se garanticen la disponibilidad y el acceso al tratamiento de la hepatitis C para la población beneficiaria; y a considerar, por medio de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de dicha enfermedad, como parte del conjunto de intervenciones amparadas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Al respecto, me permito acompañar el oficio nùmero 0498, suscrito por el doctor Fernando Meneses González, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, quien adjunta los comentarios del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida, respecto del punto de acuerdo en cuestión.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de febrero de 2010.— Licenciado Miguel Gutiérrez Hernández (rúbrica), director general adjunto.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Licenciado Miguel Gutiérrez Hernández, director general adjunto de Vinculación Social de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente

En atención a sus oficios 170/UCVPS/DGAVS/43/2010, 170/UCVPS/DGAVS/115/10 y al oficio SEL/UEL/ 311/278/ 10, mediante el cual hacen del conocimiento los puntos de acuerdo presentados por el diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del PAN, en donde se solicita lo siguiente:

“Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a desarrollar las acciones necesarias para que a través de los servicios de salud de carácter público se garanticen la disponibilidad y el acceso al tratamiento de hepatitis C para la población beneficiaria.

Segundo.Se exhorta a la Secretaría de Salud a considerar, por medio de la Comisión Nacional de protección Social en Salud, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de dicha enfermedad, como parte del conjunto de intervenciones amparadas por el Fondo de Protección de Gastos Catastróficos.”

Al respecto, me permito adjuntar el oficio número DG/ 0115/10, suscrito por el Director General del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA, mediante el cual proporciona la opinión técnica a los puntos de acuerdo de referencia.

Sin otro particular.

Atentamente

México, DF, a 16 de febrero de 2010.— Doctor Fernando Meneses González (rúbrica), coordinador.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Fernando Meneses González, coordinador de la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

Estimado Dr. Meneses:

En respuesta a su oficio No. 0395 de fecha 09 de febrero 2010, en donde anexa copia ‘del oficio SEL/UEL/311/ 278/10 en donde hace del conocimiento el punto de acuerdo presentado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de H. Congreso de la Unión, solicitando comentarios a dicho punto de acuerdo, al respecto anexo copia del oficio No. DG/DIO/0067/10 de fecha 29 de enero del 2010, que se le envío en respuesta a su oficio 0273, ya que es la misma información sobre hepatitis C, aunque enviado por otros senadores.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF., a 11 de febrero del 2010.— Doctor José Antonio Izazola Licea (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Fernano Meneses González, coordinador de asesores de la subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud.— Presente

En relación a su solicitud 0273 motivada por los puntos de acuerdo presentados por el senador Jaime Rafael Díaz Ochos, le informo que debido a que el virus de la hepatitis C (VHC) se transmite principalmente por contacto directo con sangre humana, la población más afectada en México es la de usuarios de drogas inyectadas. Contamos con evidencia publicada de una prevalencia del 96% en Tijuana y Ciudad Juárez en esta población (Faye et al 2006). Otro estudio utilizando la ENSA 2000 encontró que el uso de drogas inyectadas aumentaba casi 10 veces la probabilidad de adquirir hepatitis (Valdespino et al 2007). Es por ello que consideramos que es en los servicios de salud y UNEMES especializados en adicciones es donde se deben incrementar las actividades de detección y prevención pertinentes. En México el sistema de vigilancia de las adicciones de la DGE reporta más de 10,000 usuarios de drogas inyectadas anuales por lo que creo que es de capital importancia que los usuarios de drogas en general y en especial por lo menos en estos pacientes que ya fueron alcanzados por los servicios de salud deberían contar con acciones de prevención y detección oportuna. En comparación a los 10,000 usuarios de droga inyectada reportados por año en el SISVEA de la DGE, el sistema de vigilancia epidemiología de casos de SIDA reporta alrededor de 50 casos anuales de SIDA relacionados con el uso de drogas inyectadas.

El CENSIDA ha contribuido activamente ya que desde el 2003 realizo la publicación del “Manual para la prevención del VIH/SIDA en usuarios de drogas inyectadas” que incluye la forma de transmisión del VHC y que en el 2008 se reeditó en conjunto con el CONADIC. Siguiendo lo descrito en dicho manual, el Censida desde el 2006 tiene una campaña activa de distribución de paquetes de prevención para usuarios de drogas que incluyen condón y jeringa estéril: entre el 2006 y el 2008 se atendieron con información básica a 24,787 UDI, a quienes se les distribuyó 307,000 jeringas y 3, 567,000 condones. Esta actividad es la que desarrollan exclusivamente los programas de SIDA estatales y no tengo información sobre las que realizan los programas de adicciones estatales

Es de señalar que un reto existente para la atención integral de aproximadamente el 5% de los pacientes con SIDA que cursan con coinfección con HCV, atendidos por el programa nacional, es que no se cuenta con recursos del Seguro Popular para el tratamiento de la hepatitis, lo cual empeora el pronóstico de estos pacientes.

Sin otro particular, recita un saludo.

Atentamente

México, DF, a 29 de Enero de 2010.— Doctor José Antonio Izazola Licea (rúbrica), director general Censada.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase al promovente para su conocimiento.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-9-0603, signado por el diputado Francisco Javier Ramírez Acuña y el senador Adolfo Toledo Infanzón, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGFI/0285/12010, suscrito por el ciudadano Rubem Hofliger Tapete, director general del Fondo de Desastres Naturales, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la declaratoria de emergencia a los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito de Baja California.

Atentamente

México, DF, a 22 de febrero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase al promovente para su conocimiento.

Continúe la Secretaría con oficios de la Cámara de Senadores.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Carlos Jiménez Macías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 23 de febrero de 2010.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, Carlos Jiménez Macías, senador de la República de la LXI Legislatura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto en los artículos 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicano, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la presente

Exposición de Motivos

Los impuestos son uno de los instrumentos de mayor importancia con el que cuenta el Estado para promover el desarrollo económico, sobre todo porque mediante ellos se puede influir en los niveles de asignación del ingreso entre la población, ya sea por razón de un determinado nivel de tributación entre los distintos estratos o, a través del gasto social, el cual depende en gran medida del nivel de recaudación logrado.

El impuesto sustancial para los ingresos públicos lo es sin duda el impuesto sobre la renta, al ser la contribución que constituye la base de todos los sistemas fiscales del mundo, incluyendo el mexicano, pues de hecho se prevé que, en el marco de Ley de Ingresos de la Federación de 2010, aporte cerca de 640 mil 875.1 millones de pesos al erario.

Así, dicha contribución impositiva es considerada en nuestro país como una herramienta indispensable para llevar a cabo una justa distribución de la riqueza generada, toda vez que su monto se determina por medio de una tarifa progresiva, gravando los ingresos económicos de las personas físicas o morales de manera justa y equilibrada.

A efecto de que su recaudación no devengo injusta y desigual para la población, toda contribución impositiva, como el caso del impuesto sobre la renta, debe quedar claramente definida en la ley que corresponda, como así lo previene y fundamenta el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, que a la letra dice:

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Es importante resaltar que todo mecanismo tributario tiene como finalidad que el Estado cuente con recursos suficientes para poder cumplir con sus funciones de gobierno y, en consecuencia, poder realizar las prestaciones sociales que la población requiere. Así, en este orden de consideraciones, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la obligación de contribuir al gasto público atiende a un deber de solidaridad, lo cual expresa en la siguiente jurisprudencia:

Obligaciones tributarias. Obedecen a un deber de solidaridad. El sistema tributario tiene como objetivo recaudar los ingresos que el Estado requiere para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad, haciéndolo de manera que aquél resulte justo –equitativo y proporcional, conforme al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos–, con el propósito de procurar el crecimiento económico y la más justa distribución de la riqueza, para el desarrollo óptimo de los derechos tutelados por la Carta Magna. Lo anterior, en virtud de que la obligación de contribuir –elevada a rango constitucional– tiene una trascendencia mayúscula, pues no se trata de una simple imposición soberana derivada de la potestad del Estado, sino que posee una vinculación social, una aspiración más alta, relacionada con los fines perseguidos por la propia Constitución, como los que se desprenden de la interpretación conjunta de los artículos 3o. y 25 del texto fundamental, consistentes en la promoción del desarrollo social –dando incluso una dimensión sustantiva al concepto de democracia, acorde a estos fines, encauzándola hacia el mejoramiento económico y social de la población– y en la consecución de un orden en el que el ingreso y la riqueza se distribuyan de una manera más justa, para lo cual participarán con responsabilidad social los sectores público, social y privado. En este contexto, debe destacarse que, entre otros aspectos inherentes a la responsabilidad social a que se refiere el artículo 25 constitucional, se encuentra la obligación de contribuir prevista en el artículo 31, fracción IV, constitucional tomando en cuenta que la exacción fiscal, por su propia naturaleza, significa una reducción del patrimonio de las personas y de su libertad general de acción. De manera que la propiedad tiene una función social que conlleva responsabilidades, entre las cuales destaca el deber social de contribuir al gasto público, a fin de que se satisfagan las necesidades colectivas o los objetivos inherentes a la utilidad pública o a un interés social, por lo que la obligación de contribuir es un deber de solidaridad con los menos favorecidos.

Efectivamente, conforme a la letra y espíritu de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado no tiene el propósito recaudatorio para beneficiarse a sí mismo, sino para cumplir con las directrices que el propio Estado se marca para un mejor desarrollo económico y social del país. Luego entonces, en materia tributaria, al momento de establecer los elementos esenciales del tributo, no podemos obviar la obligación contenida en el artículo 25 constitucional, que a la letra refiere lo siguiente:

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

En este orden de consideraciones, podemos observar que corresponde al Estado, y en particular a esta soberanía a través de la función de creación de leyes, armonizar la dialéctica entre las políticas recaudatorias y la rectoría del desarrollo nacional que permita la tutela de los individuos, grupos y clases sociales protegidos por la Constitución.

Es igualmente conveniente enfatizar que parte de los grupos vulnerables protegidos por nuestra propia Constitución, son aquellos formados por personas que por su condición física, de salud, viudez o por razón de edad, han adquirido el derecho a una pensión que les permita tener una vida digna. Es decir, a mayor hondura, el poder Constituyente ha impuesto la obligación al Congreso de la Unión de desarrollar la legislación correspondiente que materialice ese principio constitucional de protección a sobrellevar una vida digna, como así lo dispone el artículo 123 constitucional, en la parte que se trae a la vista:

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

...

XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

...

B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:

...

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales: las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte (...)”

En tal virtud, toda vez que es obligación del Congreso de la Unión desarrollar una protección legislativa integral para este determinado grupo social y tomando en consideración que en nuestro país coexisten distintos sistemas de seguridad social, a escala federal y estatal, ya sean de carácter público o privado, someto a la consideración de esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto por medio de la cual se prevé establecer la instrumentalización de la figura jurídica de fin extrafiscal, a fin de exentar del pago del impuesto sobre la renta a todos los ingresos provenientes de las pensiones, incluyendo además de la de los fondos de las instituciones federales como el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado, aquellas que pertenecen a las entidades federativas, cajas de previsión y los fondos de instituciones públicas y privadas, así como también la de las pensiones a que refiere la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

La pensión o jubilación no debe verse como una concesión gratuita o generosa; por el contrario, debe advertirse que se trata de un derecho del trabajador que adquiere por las aportaciones acumuladas durante su vida laboral. Por ello, es pertinente resaltar que para la determinación del impuesto sobre la renta éste se calcula sobre el conjunto del salario, incluido el correspondiente al ahorro para el retiro, con lo cual dicho monto ya fue enterado a las autoridades hacendarias en su momento, mediante declaración del patrón o del mismo trabajador.

Efectivamente, a los ingresos de una persona física durante su vida laboral se le retuvo en su momento la parte correspondiente al impuesto sobre la renta y, en determinados casos, se cubrió el faltante; de tal suerte que mediante dichos actos el trabajador cumplió en su momento con la obligación ciudadana establecida en el artículo 31, fracción IV, de nuestra Carta Fundamental, es decir, de contribuir para los gastos públicos de la Federación.

Es importante subrayar que si bien es cierto que la disposición normativa prevista en la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) afecta a tan solo un 3 por ciento aproximadamente de los pensionados y jubilados del país, resulta increíble que el gobierno mexicano no comprenda el significado y los alcances de la seguridad social, máxime cuando nuestra Constitución Política fue la primera en el mundo que elevó el derecho a la seguridad social a garantía constitucional y es considerada por muchos como uno de los pilares del desarrollo social moderno.

Tal gravamen, como actualmente está, resulta ilógico, incongruente e inequitativo, pues independientemente de que el espíritu del artículo 109 de la Ley del ISR consiste en recaudar impuestos únicamente de aquellas personas que reciban una pensión lo suficientemente cuantiosa como para no ser afectada por la retención de una parte, lo que sí es cierto y nos queda suficientemente claro es que tal disposición afecta a la economía familiar de muchos trabajadores que durante su vida productiva aportaron mucho al desa-rrollo del país, pagando, como ya lo he expuesto, los impuestos correspondientes por virtud de los salarios o ingresos obtenidos durante su vida en activo.

Como referente de tal exención en el derecho comparado, es igualmente trascendental advertir que otros países han establecido exenciones para las prestaciones de seguridad social y los ahorros para el retiro. Es el caso de España, que en el artículo 7o. de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio de España, establece este tipo de prerrogativas.

Por todo ello, dicha exención debe ser considerada como un derecho universal para los trabajadores que ya contribuyeron al desarrollo del país, razón por la cual es el propio Estado quien debe de proteger a la clase trabajadora que finalmente ha adquirido el derecho a recibir una pensión, más aún cuando proporcionar protección, así fuese la más mínima, a los grupos más necesitados y vulnerables por motivos de edad o incapacidad siempre ha estado presente en nuestra historia.

Entonces, como estamos ante el establecimiento de un fin extrafiscal, en el marco del dialogo institucional que caracteriza el Estado constitucional y democrático mexicano, debemos de establecer expresamente todas las previsiones necesarias que constituyan el fortalecimiento de la constitucionalidad de la medida protectora que se pretende a través de esta reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta, tal y como se deriva de la siguiente jurisprudencia emitida por el máximo tribunal del país:

Fines extrafiscales. Corresponde al órgano legislativo justificarlos expresamente en el proceso de creación de las contribuciones.Una nueva reflexión sobre el tema de los fines extrafiscales conduce a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a considerar que si bien es cierto que el propósito fundamental de las contribuciones es el recaudatorio para sufragar el gasto público de la Federación, estados y municipios, también lo es que puede agregarse otro de similar naturaleza, relativo a que aquéllas pueden servir como instrumentos eficaces de política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar (fines extrafiscales), por lo que ineludiblemente será el órgano legislativo el que justifique expresamente, en la exposición de motivos o en los dictámenes o en la misma ley, los mencionados fines extrafiscales que persiguen las contribuciones con su imposición. En efecto, el Estado al establecer las contribuciones respectivas, a fin de lograr una mejor captación de los recursos para la satisfacción de sus fines fiscales, puede prever una serie de mecanismos que respondan a fines extrafiscales, pero tendrá que ser el legislador quien en este supuesto refleje su voluntad en el proceso de creación de la contribución, en virtud de que en un problema de constitucionalidad de leyes debe atenderse sustancialmente a las justificaciones expresadas  por los órganos encargados de crear la ley y no a las posibles ideas que haya tenido o a las posibles finalidades u objetivos que se haya propuesto alcanzar. Lo anterior adquiere relevancia si se toma en cuenta que al corresponder al legislador señalar expresamente los fines extrafiscales de la contribución, el órgano de control contará con otros elementos cuyo análisis le permitirá llegar a la convicción y determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto o preceptos reclamados. Independientemente de lo anterior, podrán existir casos excepcionales en que el órgano de control advierta que la contribución está encaminada a proteger o ayudar a clases marginales, en cuyo caso el fin extrafiscal es evidente, es decir, se trata de un fin especial de auxilio y, por tanto, no será necesario que en la iniciativa, en los dictámenes o en la propia ley el legislador exponga o revele los fines extrafiscales, al resultar, un hecho notorio la finalidad que persigue la contribución, respectiva.

Así, el fin extrafiscal que se pretende con esta exención como ya se señaló, es otorgar mayor alcance a los principios contenidos en los artículos 25 y 123 constitucionales. Pero, además, debe quedar claro que tal medida no viola de ninguna manera el principio de equidad tributario, toda vez que dicho trato, aparentemente desigual, busca en los hechos la tutela del derecho a disfrutar de una vida digna a los pensionados, lo que en última instancia constituye un fin extrafiscal que busca la protección de este grupo de individuos que reúne las condiciones legales para disfrutar al derecho de una pensión.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se reforma la fracción I1I del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

“Artículo 109. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:

I. y II. ...

II. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte; las que se previenen en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanos, así como en las leyes de seguridad social de las entidades federativas, las cajas de previsión y los fondos públicos y particulares que tiene como objeto el ahorro para retiro de los trabajadores.

(Se deroga párrafo)

IV. a XXVIII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Registro No. 166907 Localización: Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, Julio de 2009 Página: 284. Tesis: 1a./J.65/2009 Jurisprudencia Materia(s): Constitucional, Administrativa.

2 Registro No. 178454 Localización: Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Mayo de 2005 Página: 157 Tesis:1a./J.46/2005 Jurisprudencia Materia(s): Administrativa

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 23 días del mes de febrero de 2010.— Senadores: Carlos Jiménez Macías, Adriana González Carrillo, Amira Gómez Tueme, Ángel Alonso Díaz-Caneja (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.

Continúe la Secretaría con las minutas.

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción II Bis al artículo 7o. de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Atentamente

México, DF, a 23 de febrero de 2010.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

MinutaProyecto de Decreto

Por el que se adiciona una fracción II Bis al artículo 7o. de la Ley General de Asentamientos Humanos

Artículo Primero. Se adiciona una fracción II Bis al artículo 7o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 7o. Corresponden a la federación, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, las siguientes atribuciones:

Fracción I. a II. ...;

II Bis. Promover la implantación de sistemas o dispositivos de alta eficiencia energética en las obras públicas de infraestructura y equipamiento urbano, para garantizar el desarrollo urbano sostenible;

Fracciones III. a XVI. ...,

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 23 de febrero de 2010.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente;senador Adrián Rivera Pérez (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.

CODIGO PENAL FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Continuamos en el orden del día con el capítulo de iniciativas. Esta Presidencia recibió del diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del PVEM

Guillermo Cueva Sada, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La violencia familiar es un problema que afecta gravemente a mujeres y a niños en México. De acuerdo con la Encuesta sobre Violencia Intrafamiliar, en uno de cada tres hogares se registra algún tipo de violencia familiar, y las víctimas más comúnmente afectadas son los hijos (49.9 por ciento) y cónyuges (38.9).

Con relación a los niños, en 2002 el Programa de Prevención del Maltrato Infantil del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia registró 23 mil 585 denuncias, de las cuales se comprobó en poco más de 13 mil casos maltrato infantil.

La principal manifestación de la violencia contra la mujer ocurre en el ámbito familiar, y va en aumento, toda vez que en el país casi la mitad de las mujeres encuestadas (46.7 por ciento) fueron violentadas a lo largo de la relación, y en 2003 se encontró que por lo menos 46.6 por ciento de mujeres mexicanas fueron víctimas de violencia.

Las cifras de violencia familiar denotan que no es un problema menor, pues el incremento de la violencia en los hogares resulta alarmante no sólo porque afecta a todos los sectores sociales sino porque tiene efectos de corto, mediano y largo plazos en la estabilidad emocional e integridad física de quienes la sufren. Sus repercusiones son tan graves, que se ha encontrado que la violencia familiar ocupa el tercer lugar en pérdida de años de vida saludable en la Ciudad de México.

En consecuencia, si tomamos en cuenta el aumento de conductas de violencia familiar y que en el país, del total de personas generadoras de violencia 91 de cada 100 son hombres y 9 mujeres, resulta que las reformas del Código Penal Federal para tipificar el delito de violencia familiar no han sido suficientes a fin de inhibir la incidencia de esta conducta ilícita.

Por ello se propone reformar el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para incluir en el catálogo de delitos graves el relativo a la violencia familiar, previsto en los artículos 343 Bis y 343 Ter del Código Penal Federal, por considerar que afecta valores fundamentales de la sociedad, como es la familia, espacio donde los miembros se desarrollan, debido a que la violencia constituye un elemento destructivo de su unidad esencial.

Para comprender la importancia de llevar a cabo las reformas que se proponen, se deben tomar en cuenta diversos aspectos; entre otros, que la amenaza de violencia contra la integridad o la vida de las mujeres y de los niños se encuentra en su hogar, que los hechos violentos ocurridos entre parejas raramente son denunciados y, según información disponible, 9 de cada 10 mujeres víctimas de violencia familiar no denuncian por temor a que el agresor vuelva al hogar conyugal e incremente la violencia sobre ellas.

Establecer la violencia familiar como delito grave podría incentivar que las mujeres víctimas de delito presenten la denuncia correspondiente, debido a que el agresor, de conformidad con las disposiciones que resulten aplicables, no podrá gozar del beneficio de libertad bajo caución y, en consecuencia, no tendrá la oportunidad de volver al domicilio conyugal e incrementar la violencia contra la pareja o los hijos.

Las reformas propuestas son necesarias porque, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, “la inacción del Estado permite que subsistan leyes y políticas discriminatorias contra las mujeres, que debilitan sus derechos humanos y las desempoderan. Peor aún, la inacción del Estado en lo tocante al logro de un adecuado funcionamiento del sistema de justicia penal tiene efectos particularmente corrosivos, pues la impunidad por los actos de violencia contra la mujer alienta la continuación de la violencia y refuerza la subordinación de las mujeres.

Este problema, de graves efectos para la familia y para la sociedad, debe ser atendido no sólo por las razones expuestas sino también en cumplimiento de los tratados internacionales de que México es parte, como las Convenciones Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), o sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Por lo expuesto, y en términos de lo previsto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales

Artículo Primero.Se reforma el artículo 343 Quáter del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 343 Quáter. En todos los casos previstos en los dos artículos precedentes, el Ministerio Público exhortará al probable responsable para que se abstenga de cualquier conducta que pudiere resultar ofensiva para la víctima y acordará las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la integridad física o psíquica de la misma. La autoridad administrativa vigilará el cumplimiento de estas medidas. En todos los casos, el Ministerio Público deberá solicitar las medidas precautorias que considere pertinentes y garantizar la seguridad e integridad física del denunciante.

Artículo Segundo.Se adicionan la fracción XVI, recorriéndose las demás en su orden, al artículo 141; y el inciso 24), recorriéndose los demás en su orden, a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 141.La víctima o el ofendido por algún delito tendrán los derechos siguientes:

A. ...

I. a XV. ...

XVI. Solicitar cuando la víctima conviva con el imputado que éste sea separado del domicilio, como una medida cautelar, siempre que se trate de delitos que pongan en peligro la integridad física o mental de mujeres y de niños; esta solicitud deberá ser canalizada por el Ministerio Público ante la autoridad judicial fundando y motivando las razones que la justifican;

XVII. Solicitar que se dicten medidas y providencias suficientes para proteger sus bienes, posesiones o derechos contra todo acto de intimidación, represalia o daño posible, o cuando existan datos suficientes que demuestren que éstos pudieran ser afectados por los probables responsables del delito o por terceros implicados o relacionados con el inculpado;

XVIII. Solicitar el traslado de la autoridad al lugar donde se encuentre para ser interrogada o participar en el acto para el cual fue citada, cuando por su edad o precaria condición física o psicológica se presente un obstáculo insuperable para comparecer; y

XIX. Impugnar ante la Procurador General de la República o el servidor público en quien éste delegue la facultad las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento.

...

...

...

...

B. y C. ...

Artículo 194....

I....

1) a 23) ...

24) Violencia familiar, previsto en los artículos 343 Bis y 343 Ter;

25)Secuestro, previsto en el artículo 366, salvo los dos párrafos últimos, y tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter;

26)Robo calificado, previsto en el artículo 367, cuando se realice en cualquiera de las circunstancias señaladas en los artículos 372 y 381, fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XV y XVI;

27)Robo calificado, previsto en el artículo 367, en relación con el 370, párrafos segundo y tercero, cuando se realice en cualquiera de las circunstancias señaladas en el artículo 381 Bis;

28)Comercialización habitual de objetos robados, previsto en el artículo 368 Ter;

29)Sustracción o aprovechamiento indebido de hidrocarburos o sus derivados, previsto en el artículo 368 Quáter, párrafo segundo;

30)Robo, previsto en el artículo 371, párrafo último;

31)Robo de vehículo, previsto en el artículo 376 Bis;

32)Los previstos en el artículo 377;

33)Extorsión, previsto en el artículo 390;

34)Operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y

34 Bis)Contra el ambiente, en su comisión dolosa, previsto en los artículos 414, párrafos primero y tercero, 415, párrafo último, 416, párrafo último, y 418, fracción II, cuando el volumen del derribo, de la extracción o de la tala exceda de dos metros cúbicos de madera, o se trate de la conducta prevista en el párrafo último de los artículos 419 y 420;

35)En materia de derechos de autor, previsto en el artículo 424 Bis;

36)Desaparición forzada de personas, previsto en el artículo 215-A;

37)En materia de delitos ambientales, el previsto en la fracción II Bis del artículo 420;

II. a XVII. ...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Cifras aplicables al área metropolitana de la Ciudad de México. V. Estadísticas a propósito del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, “Datos nacionales”, Inegi, 25 de noviembre de 2003.

2 Se encontró que de los 21 millones 631 mil 993 mujeres casadas o unidas de 15 años o más que fueron encuestadas, sufrieron violencia a lo largo de la relación 10 millones 88 mil 340, dato que muestra un alto índice de violencia de género. Panorama de violencia contra las mujeres en los Estados Unidos Mexicanos 2006, ENDIREH 2006, México, Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

3 De acuerdo con un estudio publicado en 2003 por el Instituto Nacional de las Mujeres y el Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer.

4 De acuerdo con Estadísticas a propósito del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, “Datos nacionales”, Inegi, 25 de noviembre de 2003.

5 Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer, informe del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, 6 de julio de 2006.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2010.— Diputado Guillermo Cueva Sada (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Justicia.

LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4 y 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión, suscrita por los diputados Canek Vázquez Góngora, Andrés Massieu Fernández y Roberto Borge Ángulo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Iniciativa que reforma los artículos 4 y 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión, suscrita por los diputados Canek Vázquez Góngora, Andrés Massieu Fernández y Roberto Borge Angulo, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscribimos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXI Legislatura (2009-2012) de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. Introducción

En la actualidad, la radiodifusión en México está experimentando una compleja serie de problemáticas y ventanas de oportunidad que requieren ser atendidas desde el ámbito legislativo. Esto con el fin de otorgarle mayores márgenes de viabilidad y certeza jurídica como sector estratégico del desarrollo de las comunicaciones públicas y privadas del país. En el marco del actual proceso de transición tecnológica, la radiodifusión en México requiere del diseño y de la aplicación de medidas, algunas de éstas de naturaleza jurídica, que le permitan incursionar exitosamente en la era digital del mundo globalizado sin poner en riesgo la soberanía nacional ni los derechos civiles, especialmente los derechos de los consumidores.

Desde el ámbito legislativo son dos los temas que requieren urgente resolución. El primero es el tema de la reconversión tecnológica que resulta menester para trasladar las emisoras de amplitud modulada (AM) a la banda de frecuencia modulada (FM). El segundo es el tema relativo al procedimiento de renovación de concesiones tras concluir la vigencia de éstas, teniendo a la vista el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente a la acción de inconstitucionalidad 26/2006, la cual fue promovida por senadores integrantes de la LIX Legislatura (2003-2006).

En atención a los temas mencionados, y coincidiendo plenamente con los argumentos expuestos por las dos iniciativas presentadas con el mismo interés durante la LX Legislatura (2006-2009) por parte del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, los legisladores firmantes presentamos la siguiente iniciativa con el fin de responder a las necesidades de la industria radiodifusora de amplitud modulada de la cual dependen poco más de 20 mil empleados y sus familias fortaleciendo la ruta de avance a favor de una radiodifusión nacional y de alta tecnología al servicio de la ciudadanía.

En el contexto de nuestra responsabilidad como legisladores, invariablemente encaminada a construir y dar solución a temas que van orientados a contribuir con la seguridad jurídica y el bienestar de los diversos sectores de la sociedad mexicana, los suscritos diputados del PRI hemos acordado retomar el esfuerzo de nuestros compañeros senadores, a fin de buscar los consensos necesarios para impulsar, en este caso, la resolución de la problemática de la industria de la radiodifusión de amplitud modulada.

II. Objeto de la iniciativa

La presente iniciativa tiene por objeto adecuar la Ley Federal de Radio y Televisión mediante las reformas y adiciones que se refieren con el propósito de que este instrumento jurídico contribuya decisivamente a resolver los problemas de certeza jurídica de la radiodifusión en México en relación con la reconversión tecnológica de las emisoras de AM y con el procedimiento de renovación de concesiones.

III. Reconversión tecnológica de las emisoras de AM

III.1. Consideraciones generales

La obsolescencia tecnológica de las estaciones de radiodifusión sonora en la banda de amplitud modulada en conjunción con elementos como el avance científico en el campo de las telecomunicaciones las está condenando a un paulatino pero irreversible debilitamiento. En este contexto, el escenario inmediato que se avizora para dichas estaciones es la inviabilidad tecnológica y financiera.

Creadas desde 1921, en la actualidad existen 854 estaciones en el país, de las cuales el 89% representan estaciones concesionadas, es decir, son estaciones con vocación comercial (tienen la finalidad de obtener ganancias), y el 11 por ciento son permisionarias (públicas, educativas, culturales, de experimentación, etcétera). De las concesionadas, 424 son independientes y 335 están afiliadas o pertenecen a grupos empresariales.

Cumpliendo el papel de generadoras de riqueza nacional y empleando a decenas de  miles mexicanos constituyen una actividad de enorme trascendencia social, que difunde información, genera entretenimiento y contribuye, sin duda alguna, como un agente comprometido en la ampliación de las libertades públicas que han contribuido a consolidar nuestra democracia.

No obstante, el latente riesgo de extinguirse, en virtud del insuperable rezago tecnológico, es una realidad, a pesar del esfuerzo e impulso que empresarios, comunicadores y trabajadores técnicos realizan día con día, la desventaja ante medios alternativos, entre los que se destaca la radiodifusión de frecuencia modulada (FM), enfrentándose ante una competencia imbatible.

Es un hecho que la posibilidad de establecer la reconversión tecnológica permitirá que las estaciones radiofónicas, bajo el régimen de concesión, puedan recomponer su situación tecnológica y financiera a través de su reintroducción en mercados atractivos y competitivos para las actividades generadoras de ganancias. En este mismo contexto, las  estaciones radiofónicas bajo el régimen de permiso fortalecerán sus estándares de calidad y participación en un sector del espacio radioeléctrico que, hay que decirlo, es uno de los más buscados por las audiencias.

La reconversión establecerá márgenes de maniobra para los radiodifusores, sean éstos privados o públicos, a efecto de que las condiciones tecnológicas les aporten certidumbre y de esta forma poder establecer estrategias de planeación de amplio horizonte temporal.

La nueva radiodifusión, de naturaleza digital, no puede nacer de organizaciones en desventaja. Se requiere de la posibilidad de implementar y garantizar una la transición de la AM a la FM analógica como acción previa para la digitalización de señales. Para su impostergable modernización en el espacio electromagnético, los concesionarios y permisionarios precisan de las oportunidades en recursos técnicos y financieros que sólo la FM puede proveerles, por ser la plataforma que cada vez más escucha la gente.

III.2. Problemática axial de la radiodifusión sonora de amplitud modulada

La descripción de este rubro es referida en varios estudios que identifican de manera puntual los principales aspectos relacionados con la problemática que afecta la radiodifusión de amplitud modulada (AM) entre los que se destacan los siguientes:

1. Sonido. El sonido de la AM es de calidad inferior al correspondiente a la FM, lo que resta capacidad de retención y de captación de audiencias. La audiencia de AM ha disminuido su participación al pasar del 92 por ciento, en 1972, a 23 por ciento, en 2003. Se destaca que mientras que el 40 por ciento del segmento de población de 55 años y más escuchan AM, sólo lo hacen el 12 por ciento del grupo de población de entre 20 y 30 años, y el 5 por ciento del grupo de entre 15 y 19 años.

2. Tarifas e ingresos. Las tarifas de la AM son, en promedio, 50 por ciento menores con respecto a las propias de la FM, de este modo, la inversión publicitaria en FM es del 72 por ciento y en AM del 28 por ciento, a pesar de que las estaciones concesionadas de AM son casi el doble de las de FM.

3. Costo de operación. Un transmisor de AM es aproximadamente 25 por ciento más caro que uno de FM. La AM consume tres veces más energía eléctrica que la FM para radiar la misma potencia. La antena de AM requiere un terreno especial de 1 a 5 hectáreas, mientras que la antena de FM puede montarse en cualquier edificio o terreno elevado. Los costos laborales de la AM, por ser anteriores al Contrato Ley (1976), suelen ser mayores que en la FM.

4. Digitalización. La digitalización no resuelve el problema de la AM, ya que la expansión y consolidación de esta tecnología, que implica la compra de nuevos receptores por parte de la población, tardaría no menos de una década en un escenario optimista. La crisis de la AM es actual y tiende a agravarse. Además, las transmisiones digitales de FM mantienen una calidad superior a las digitales de AM, por lo que la brecha persistiría después de la digitalización.

5. Limitaciones jurídicas. A partir de las reformas de 2006 a la Ley Federal de Radio y Televisión, el espectro para fines comerciales sólo pude asignarse mediante licitación, por lo que para proceder a la transición de la AM a la FM se requeriría una norma emanada del Poder Legislativo, que faculte al Ejecutivo para proceder a ello en un entorno de certeza jurídica, de transparencia en los procesos, de rectitud en los fallos y de rendición de cuentas ante el público ciudadano.

III.3. Premisas de política pública que enmarcan la iniciativa de reforma y adición

En este contexto, coincidimos con nuestros compañeros legisladores cuando desprenden consideraciones de tipo tecnológico, financiero, social, internacional y de bien público que necesariamente deben derivar en una sólida referencia para la construcción de una política pública que atienda de fondo este tema.

De manera general las describimos a continuación:

1. Tecnológica. La banda de amplitud modulada (AM) no tiene, ni puede llegar a tener, la calidad sonora de la banda de FM. Incluso con la digitalización, por ejemplo en el sistema In Band On Channel (IBOC) la AM no puede ofrecer la calidad de la FM. Esta diferencia técnica ha llegado a ser un insalvable obstáculo a la competitividad de la AM. De aquí la importancia de la conversión tecnológica.

2. Financiera. El auditorio de AM sigue decreciendo, lo que se ha traducido en una merma considerable y constante de los ingresos de los empresarios concesionarios; merma que atenta contra intereses legítimos de los concesionarios y compromete la viabilidad e independencia económica de las empresas. Al permitir la conversión, se evita el quiebre de empresas y la crisis de las concesiones.

3. Social. La función social de la radiodifusión sonora de amplitud modulada (AM) se ve amenazada por el deterioro económico de las empresas concesionarias, así como por la debilidad de la capacidad de penetración de las instancias permisionarias. Por eso es de suma importancia inyectar un nuevo dinamismo a este sector mediante su reconversión tecnológica a la banda de frecuencia modulada. En este sentido, es obligado, también, apoyar a los pioneros de la radiodifusión nacional para que sigan prestando este servicio al país entero.

4. Internacional. Los países desarrollados y de desarrollo medio han apoyado la adopción de la FM. En EUA el 68 por ciento de las estaciones radiofónicas se hallan en la FM y el 32 por ciento restante en la AM; en Chile, 87 por ciento están en la FM y el restante 13 por ciento en la AM; y, en Argentina, el 81 por ciento transmiten en la FM y el 19 por ciento restante lo hace en la AM. En contraste, en México la proporción es de 55 por ciento de estaciones en FM y el restante 45 por ciento en AM para el total de estaciones, pero entre las concesionadas la proporción es de 61 por ciento en AM y el restante 39 por ciento en FM. Aunque la legislación actual prohíbe la participación de extranjeros, excepto como inversión neutra, no debe perderse de vista que la situación presente resta competitividad, bajo estándares internacionales, a buena parte de la radiodifusión mexicana.

5. Beneficio público. Toda la población del país recibirá nuevas señales de mejor calidad sonora. Los concesionarios deberán hacer inversiones inmediatas para poner en operación la estación de FM y para la adopción del estándar digital. Además, se mantendrán alrededor de 20 mil empleos directos en empresas dotadas de nueva viabilidad y se generará una mayor competencia en la industria, en beneficio del usuario, generando un círculo virtuoso de mayores ingresos y, en consecuencia, de mayores contribuciones fiscales.

III.4. Descripción de la iniciativa con respecto a la reconversión tecnológica de AM a FM

Con este sustento planteamos la adición de un segundo párrafo al artículo 4o. de la Ley Federal de Radio y Televisión, que actualmente se refiere a la protección que el Estado debe brindar a la radiodifusión como actividad de interés público, para que ésta cumpla plenamente con su función social.

La actual versión del artículo 4o. de la Ley Federal de Radio y Televisión dice:

“ Artículo 4o. La radio y la televisión constituyen una actividad de interés público, por lo tanto el Estado deberá protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de su función social”.

A este artículo se añadiría un segundo párrafo, para que la nueva versión quede de la siguiente manera:

“ Artículo 4o. La radio y la televisión constituyen una actividad de interés público, por lo tanto el Estado deberá protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de su función social.

La protección del Estado comprende la planeación del desarrollo de la radiodifusión, con la participación de concesionarios y permisionarios, a fin de garantizar la permanencia y viabilidad de los servicios, de acuerdo con las condiciones del avance tecnológico

Como se propone, se estima la necesidad de incluir, en un segundo párrafo, que la protección del Estado comprende asegurar la planeación del desarrollo de los distintos servicios de radiodifusión a partir de los avances tecnológicos con la participación de los concesionarios y permisionarios. De esta manera, se garantiza la permanencia y la viabilidad de tales servicios, para beneficio de la población y con la certeza jurídica para todos los actores del Estado mexicano.

Esta adición hace eco del mandato constitucional inserto en los artículos 25 y 26, en cuanto respecta a la rectoría del Estado en materia de planeación del desarrollo nacional  mirando en todo por el beneficio de la Unión, fijando y conduciendo el avance de las actividades de interés general, en la cual se encuentra inserta la radiodifusión.

En aras de materializar eficazmente dicha adición, la iniciativa también contempla la inclusión de un artículo transitorio que faculta al Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y conforme a lo ordenado por el artículo 9o., primer párrafo, de la Ley Federal de Radio y Televisión, para que esta Comisión lleve a cabo un programa de reconversión tecnológica de las estaciones de radiodifusión sonora de amplitud modulada (AM) para su traslado a la banda de frecuencia modulada (FM).

En este orden de ideas, y derivado de esta facultad, se plantean una serie de artículos transitorios que plantean los lineamientos del mencionado programa destacando aspectos relevantes como los siguientes:

1. Se exceptúa a los radiodifusores actuales de amplitud modulada (AM) de participar en una licitación para obtener una frecuencia en la banda de FM. Esta excepción tiene carácter temporal y específico para la AM, por lo tanto, no podrá aplicarse a servicios distintos a los de la radiodifusión de AM, ni para futuras estaciones, casos en los que se deberá seguir el procedimiento de licitación pública previsto en la ley.

La justificación de dicha medida de excepción se halla en el cumplimiento de un deber ético de reconocimiento al servicio prestado a la sociedad por parte de los radiodifusores de AM. También se halla en la necesidad de conservar su invaluable experiencia para asegurar que sigan sirviendo a sus comunidades, y en la conveniencia de dar viabilidad a fuentes generadoras de empleo y de riqueza nacional.

2. En el caso de una posible contraprestación económica al Estado por el uso de frecuencias, indicado en el artículo 17 de la Ley Federal de Radio y Televisión se ha considerado que, en una visión de conjunto sobre el modelo que se plantea seguir, no hay, en realidad, un otorgamiento de espectro adicional, toda vez que la iniciativa sólo propone un programa de sustitución de estaciones, un programa que desecha la tecnológicamente inviable banda de AM para reemplazarla por la prometedora banda de FM, que es la banda apropiada para continuar con una adecuada prestación del servicio de radiodifusión en el largo plazo.

El cese de transmisiones en la banda de amplitud modulada (AM), lo mismo que su devolución al Estado mexicano y la reutilización del mismo para nuevos propósitos de interés público, queda sujeta a plazos que corresponde fijar al Ejecutivo federal.

La clara indicación de que el Estado recuperará las frecuencias de amplitud modulada es prueba concluyente de que no hay una duplicación de beneficios para el radiodifusor. Es en este entendido que la iniciativa apoya la no procedencia de pago de contraprestación por parte de los radiodifusores beneficiados por el programa.

Además, se ha valorado que el radiodifusor deberá realizar nuevas inversiones para la instalación de la estación de FM analógica, así como para el inicio de las transmisiones digitales, de acuerdo con el estándar que determine la autoridad en la materia.

3. Se establece la condición de que la estación analógica de FM se limite a transmitir en modo simultáneo los contenidos de la señal de AM. Esto, para evitar que se establezcan dos estaciones, lo que haría nugatorio el propósito de rescate de la radiodifusión de AM.

Esta limitación no aplica a las transmisiones digitales, ya que, por su naturaleza y su propósito, a nivel mundial se viene observando que éstas pueden dar cabida a varias señales simultáneas mediante el aprovechamiento optimizado del espectro.

En tal sentido, se prevé que, al término del periodo de transición que fije el Ejecutivo federal, la banda de amplitud modulada regrese al Estado para los usos que se estimen convenientes.

Asimismo, destaca la participación de la Comisión Federal de Competencia, cuya opinión favorable previa será requisito indispensable para el otorgamiento de espectro en la banda de FM, a fin de evitar que se generen o se trasladen nocivos fenómenos de concentración o, bien, prácticas contrarias al sano desarrollo de los mercados en relación con la radiodifusión en la banda de frecuencia modulada.

Además, y toda vez que los concesionarios dependen de los recursos que son capaces de generar, se les otorga preferencia frente a los permisionarios para los casos de plazas o regiones en los que no hubiera suficiente espectro para el traslado de todas las estaciones de AM a la banda de FM.

Igualmente, dentro de los concesionarios tendrán preferencia aquellos que no cuenten con estación de FM en la plaza de que se trate y, por último, en igualdad de condiciones se preferirá a quien opere la estación que haya iniciado transmisiones primero.

De manera complementaria, es de resaltar que la iniciativa abre la posibilidad de que, ante la evidencia de saturación del espectro en distintas plazas, los radiodifusores de AM reciban espectro en la banda de FM en plaza distinta y próxima a la de origen, a fin de preservar la estación, así sea en locación diferente.

Finalmente, y en idéntico sentido, se deja abierta la posibilidad de que la Comisión Federal de Telecomunicaciones revise la norma técnica que regula la utilización de la banda de frecuencia modulada para, en su caso, dar cabida a un mayor número de estaciones en plazas determinadas con alto índice de saturación. En esta hipótesis deberá contarse con la previa opinión de la Comisión Federal de Competencia.

IV. La renovación de las concesiones

IV.1. Consideraciones generales

Como se ha referido, esta iniciativa aborda el procedimiento de renovación de las concesiones de radiodifusión en el marco de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con la acción de inconstitucionalidad 26/2006, promovida por senadores integrantes de la LIX Legislatura (2003-2006).

Al final de la mencionada Legislatura, se aprobó una reforma a varios artículos de dos leyes federales, a saber: la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Radio y Televisión. Varios senadores se inconformaron ante distintas disposiciones aprobadas, interponiendo, para el efecto, un juicio de inconstitucionalidad frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La labor de la Corte resultó muy importante para anular las reformas legales violatorias a nuestro pacto constitucional, que las hubo en número suficiente y probado. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió valiosos criterios para repensar el régimen de concesiones tendiente a la utilización del espacio radioeléctrico en tanto bien público, es decir, en tanto bien de la nación.

Sin embargo, los términos de la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 26/2006 no fueron suficientes para resolver, por sí mismos, todos los problemas derivados del asunto de las concesiones, específicamente de la renovación o prórroga de las mismas. De aquí la importancia de esta iniciativa, pues ésta trata de generar la certeza jurídica que se requiere en relación con la renovación de las concesiones, en el marco de los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la sentencia en mención.

IV.2. La sentencia de la acción de inconstitucionalidad 26/2006

Como es de conocimiento público, a través de la mencionada sentencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucionalmente inválidas diversas disposiciones de la reforma realizada a dos leyes federales: la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Radio y Televisión. La reforma a estos ordenamientos jurídicos fue publicada, mediante decreto, en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2006.

En el caso específico de la Ley Federal de Radio y Televisión, la labor juzgadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consistió en:

a) La declaración de invalidez de algunas partes del artículo 16, específicamente de las partes que se referían al “refrendo automático de las concesiones” y al “término fijo de 20 años” para éstas.

b) La declaración de invalidez del artículo 17-G, que establecía la “subasta pública” como mecanismo para el otorgamiento de las concesiones.

c) La declaración de invalidez de la totalidad del artículo 28, ya que éste establecía un trato injustificado a favor de los concesionarios de bandas de servicio de radiodifusión, permitiéndoles obtener concesiones en materia de telecomunicaciones sin someterlos al obligado procedimiento de licitación pública, y por establecer, además, sólo como mera posibilidad el pago de una contraprestación a cambio de la nueva concesión otorgada bajos tales condiciones.

La sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la acción de inconstitucionalidad 26/2006, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2007, a objeto de cumplimentar el acuerdo del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fechado el 7 de junio de 2007.

Los criterios emitidos en ese entonces por la Suprema Corte de Justicia de la Nación han servido de insumo sustancial para la presente iniciativa, máxime cuando se cae en la cuenta de que, tras la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 26/2006, el marco legal en materia de concesiones quedó expuesto a algunos vacíos y ciertas imprecisiones que es necesario superar a la brevedad, a objeto de generar la certidumbre jurídica que requieren los concesionarios y las autoridades.

Al respecto, vale la pena destacar que, pese al buen de-sempeño desplegado por los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ésta expuso, en el Considerando Décimo Octavo de la sentencia, intitulado “Efectos de la presente resolución”, específicamente en el numeral II, inciso a, tercer párrafo, lo siguiente:

“Para efectos meramente aclaratorios, se precisa que la invalidez de las anteriores porciones normativas no provoca incertidumbre e inseguridad en cuanto a la existencia y duración de un término para las concesiones, pues si el artículo 16 alude a la figura del refrendo es porque las concesiones se otorgan, en todo caso, por un plazo determinado y, para establecer la duración de éste deberá atenderse, conforme al artículo de 7-A, fracción I, de la ley Federal de Radio y Televisión que establece que: “A falta de disposición expresa en esta ley, en su Reglamento o en los tratados internacionales, se aplicarán: I. La Ley Federal de Telecomunicaciones;...”, a lo que dispone el artículo 19 de dicha ley, que a su vez establece: “Las concesiones sobre bandas de frecuencias se otorgarán por un plazo hasta de 20 años...”, aplicación supletoria con la cual se logra, además, una regla uniforme tanto para los concesionarios de bandas de frecuencias para usos determinados en materia de telecomunicaciones como para los concesionarios de servicios de radiodifusión”.

No obstante esta pertinente aclaración con respecto a la existencia y a la duración de las concesiones, hizo falta certeza con respecto al procedimiento a seguir para el refrendo de las concesiones, ya que no se establecieron, en lo específico, los efectos suficientes de la declaración de inconstitucionalidad relativos a la excepción de licitación pública.

Es en tal sentido que la presente iniciativa de reforma, con proyecto de decreto, pretende dotar de certeza jurídica a todos los concesionarios de la radiodifusión con respecto al procedimiento de renovación de sus concesiones, atendiendo a la facultad legislativa de este Poder de la Unión y, también, a los criterios de constitucionalidad que se derivan de las amplias y profundas discusiones que se realizaron en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

IV.3. Criterios de constitucionalidad en la renovación de las concesiones

Como ya se ha señalado, las razones jurídicas que condujeron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a invalidar diversas partes del artículo 16 reformado de la Ley Federal de Radio y Televisión, radicaron sustancialmente en que el refrendo no debía someterse al proceso de licitación pública establecido en el artículo 17 de la ley, generándose la posibilidad de que el Estado no recibiera contraprestación alguna por el otorgamiento del refrendo. Asimismo, se invalidó la parte relativa a la estipulación de un plazo fijo (20 años) para la duración de las concesiones.

Además de declarar inválidas diversas disposiciones normativas del artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión, de las discusiones plenarias entre los Ministros y del contenido de la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 26/2006, se desprenden los requisitos de constitucionalidad que debe cumplir todo proceso de renovación de las concesiones y el plazo de duración de las mismas. En este orden de ideas, tenemos los siguientes tres criterios:

1. Proceso de refrendo o renovación

A pesar de que, en virtud de la acción de inconstitucionalidad 26/2006, se eliminó el enunciado que sostenía que “El refrendo de las concesiones, salvo en el caso de renuncia, no estará sujeto al procedimiento del artículo 17 de esta ley”, de esta eliminación no se deriva, a contrario sensu, el hecho de que todo refrendo deberá sujetarse al procedimiento de licitación pública establecido en el artículo 17 de la Ley Federal de Radio y Televisión. Simple y llanamente significa que no existe un proceso de renovación de las concesiones en materia de radiodifusión.

Del análisis a las discusiones en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es posible concluir que no todo proceso de refrendo debe someterse a licitación pública, sino que, para ser constitucional, debe estar sujeto a diversas condiciones impuestas por la autoridad competente.

Así, en las diversas participaciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dejó ver que su preocupación central se encontraba, más que en refrendos que soslayaran la licitación, en que éstos serían automáticos, y en que, para el otorgamiento de éstos, no se contemplaba requisito alguno, lo que generaba la posibilidad de que el Estado no recibiera retribución económica a cambio.

En las discusiones en el pleno, diversos ministros señalaron que, con la instauración de un refrendo automático, los concesionarios obtendrían privilegios sobre un recurso escaso, pues se les estaría concediendo de facto la propiedad sobre el espectro radioeléctrico, impidiéndosele a la autoridad realizar una evaluación del desempeño del concesionario.

Asimismo, los ministros argumentaron que el “refrendo automático” implicaría despojar al Estado de la facultad de valorar si, una vez concluido el período que duró la concesión, el medio de comunicación atendió esencialmente al principio de “utilidad social”. Además, el refrendo automático genera la posibilidad de que las concesiones se perpetúen, ya que no establece requisito alguno para la renovación.

Además, se enfatizó la idea de que la Constitución no exige que, al término de una concesión, necesariamente deba desplazarse a su titular, sino que éste debe sujetarse a la evaluación de desempeño y a las nuevas condiciones que imponga la autoridad.

En tal sentido, expresamente se sostuvo que el refrendo por sí mismo no es violatorio de la Constitución, como tampoco la licitación es el único medio para prorrogar o refrendar las concesiones. Lo “inconstitucional”, pues, para la mayoría de los ministros consistió en el denominado “refrendo automático”.

Ahora bien, a partir de las discusiones en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del contenido de la sentencia de la acción de inconstitucionalidad de referencia, se derivan los siguientes requisitos que deberá cumplir el proceso de renovación de las concesiones de radiodifusión para ser constitucional:

a) La erradicación de la figura de “refrendo automático”, a objeto de la Comisión Federal de Telecomunicaciones tenga la facultad de imponer nuevas condiciones y de evaluar el desempeño del concesionario para la procedencia de la renovación.

b) Que el Estado tenga la posibilidad de recibir una contraprestación por la renovación, acorde con el bien concesionado.

c) Que el proceso de renovación de las concesiones en materia de radiodifusión sea acorde con el de telecomunicaciones.

2. Duración de la concesión

Ahora bien, con respecto a la duración de las concesiones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, a través del contenido de la acción de inconstitucionalidad de referencia, que el establecimiento de un plazo fijo de 20 años impide que la autoridad mantenga el dominio de las vías de comunicación. Se sostuvo que, para la determinación del plazo legal de la concesión, deberá seguirse el principio de razonabilidad, esto es, el principio que obliga a la autoridad a realizar ejercicios de ponderación entre los bienes y las prerrogativas del Estado en función del bienestar público, velando en todo momento por la no limitación de los derechos fundamentales de los gobernados, a objeto de valorar el nivel de cumplimiento, por parte de los concesionarios, de las disposiciones legales a las que se comprometieron, especialmente en función de la utilidad social.

Así, entonces, se consideró que la duración de las concesiones debe estar relacionada con el aprovechamiento y la utilización del bien del dominio público de que se trata, así como con la inversión que efectúa el concesionario, para que, de esta forma, por un lado se otorgue seguridad jurídica al concesionario, y, por el otro, el Estado no pierda su poder de injerencia en la administración, en el control y en la rectoría del bien, situación que en el caso de un plazo fijo no se actualiza y, por ende, resulta inconstitucional.

También se señaló que el establecer un plazo fijo de 20 años genera un trato desigual entre los concesionarios de radiodifusión y los de telecomunicaciones, ya que a estos últimos se les otorgan concesiones hasta por veinte años. Además, se daría un trato desigual a los propios concesionarios de radiodifusión, al no permitir que la autoridad determine plazos distintos, con base en la inversión realizada por cada concesionario.

De lo anterior se desprende que, para que el plazo de las concesiones de radiodifusión resulte constitucional, es necesario que se satisfagan los siguientes requisitos:

a) Que se establezca un plazo máximo legal sólo en calidad de tope (“hasta por...”), permitiéndosele a la autoridad la determinación de plazos menores.

b) Que dicho plazo sea congruente con la duración de las concesiones establecida en la Ley Federal de Telecomunicaciones, a fin de no generar diferencias injustificadas entre los concesionarios de radiodifusión y los de telecomunicaciones.

De este modo, y a partir de la precisión de los efectos de la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 26/2006 y de los criterios de constitucionalidad que se derivan de ella, en la presente iniciativa se plantea atender puntualmente a los mismos, a fin de instaurar una figura que permita la renovación de las concesiones, pero que atienda, a su vez, los requisitos de constitucionalidad impuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

3. La Comisión Federal de Telecomunicaciones y sus facultades en radio y televisión abiertas

A finales del año próximo pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la controversia constitucional 07/2009, que presentó durante la LX Legislatura (2006-2009) esta Cámara de Diputados contra la expedición del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por parte del Ejecutivo federal. A través de dicha controversia se cuestionaba la constitucionalidad de dos aspectos del mencionado Reglamento: a) la extralimitación, por parte del Poder Ejecutivo federal, de su facultad reglamentaria al ir más allá del contenido de la Ley Federal de Telecomunicaciones, y b) la notoria disminución de las facultades de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

La resolución de la citada controversia constitucional fue muy clara en estos dos puntos: los declaró inconstitucionales. Y este espíritu queda recogido en la presente iniciativa.

La implicación de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos conduce a reconocer lo establecido con claridad en la Ley Federal de Telecomunicaciones, en el sentido que es del ámbito exclusivo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones todo lo relativo a radio y televisión abiertas.

Por tanto, todo lo relativo al otorgamiento y al refrendo de las concesiones, sólo compete conocerlo a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, entre muchos otros aspectos prácticos, técnicos y de trámite. Y, en este mismo sentido, la presente iniciativa atiende lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y reconoce la facultad expresa de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) en relación con otorgamientos y refrendos de concesiones.

IV.4. Descripción de la iniciativa con respecto a la renovación de las concesiones

A partir de los elementos de constitucionalidad que deben ser cumplidos con respecto a todo proceso de renovación de concesiones en materia de radiodifusión, mismos que fueron arriba señalados, sometemos a la consideración de la soberanía del Congreso mexicano una iniciativa de reforma al artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión, con el firme propósito de afianzar la idea de la rectoría del Estado en dicha materia y, al mismo tiempo, generar certeza a la actividad de los radiodifusores y a la actuación de la autoridad competente.

En la redacción que planteamos, se integran los siguientes elementos que atienden a cada uno de los criterios de constitucionalidad señalados por la SCJN:

Se opta por la figura de “prórroga” para no generar diferencias injustificadas entre la materia de radiodifusión y la de telecomunicaciones de acuerdo a lo establecido por la  Ley Federal de Telecomunicaciones en el numeral 19, que a letra señala:

“Las concesiones sobre bandas de frecuencias se otorgarán por un plazo hasta de 20 años y podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales a los originalmente establecidos, a juicio de la secretaría”.

En esta virtud, es plenamente congruente que se adopte la figura de prórroga de concesiones prevista en la Ley Federal de Telecomunicaciones, a fin de que el proceso de prórroga de las mismas sea idéntico al que se aplique tratándose de concesiones de radiodifusión, elemento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró como un requisito necesario para la constitucionalidad del refrendo o prórroga de las concesiones.

En segundo término, al facultar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del concesionario, tanto en el título de concesión, como en las demás leyes aplicables, se cumplimenta con el requisito de evaluación del desempeño del concesionario, elemento éste que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró como indispensable para que la prórroga de las concesiones fuera acorde con el marco constitucional. En el mismo sentido, al autorizar al poder público a imponer nuevas condiciones al concesionario, se elimina la posibilidad de que la prórroga se dé de manera automática, y se reitera, de esta manera, el carácter de órgano regulador de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en materia de radiodifusión, conforme a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De manera adicional, y acorde con la Ley Federal de Telecomunicaciones y demás ordenamientos, se establece que, en la última quinta parte del plazo de la concesión o prórroga de ésta, se deberá solicitar la prórroga de la concesión a fin de dar un periodo razonable a la autoridad para resolver sobre la procedencia de ésta.

Por tanto, a partir de la presente reforma al artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión, la prórroga de concesiones de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para prestar servicios de radiodifusión sólo podrá operar, como de hecho ha venido operando tratándose de los servicios de telecomunicaciones, cuando:

a) El concesionario hubiere cumplido con las condiciones previstas en la concesión que se pretenda prorrogar y con las obligaciones específicas para la radiodifusión contenidas en las demás disposiciones legales aplicables.

b) El concesionario acepte las nuevas condiciones que establezca la propia Comisión Federal de Telecomunicaciones, de acuerdo con lo dispuesto por la propia Ley y otras disposiciones aplicables.

c) El concesionario lo solicite antes de que inicie la última quinta parte del plazo de la concesión o prórroga de ésta.

El proceso de prórroga que se propone no es un mecanismo de realización automática, pues está sujeto al previo cumplimiento de los requisitos legales aplicables, y es además congruente con el procedimiento establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Ahora bien, respecto al plazo de las concesiones, a efecto de reiterar la aplicación de los principios de rectoría del Estado sobre el espectro radioeléctrico y de certidumbre y seguridad jurídica, es menester precisar en el texto legal que las prórrogas de concesión tendrán una vigencia que no podrá exceder del mismo plazo de 20 años que actualmente se contempla como regla general de vigencia de concesiones para la prestación de servicios de telecomunicaciones, y, por aplicación supletoria, ante la declaración de invalidez de la primera parte del artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión, también de los servicios de radiodifusión.

A pesar de que no existe problema alguno en la aplicación supletoria de esta regla, atendiendo a una correcta técnica legislativa, el señalamiento del plazo de referencia debe estar contenido en la propia Ley Federal de Radio y Televisión, estableciendo un plazo uniforme tanto para concesiones de telecomunicaciones como de radiodifusión. Por ello se plantea que la vigencia de las concesiones de radiodifusión, o sus prórrogas, sea de hasta 20 años, como actualmente se prevé en el artículo 19 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Tal plazo máximo resulta acorde con los criterios de constitucionalidad que satisfacen la rectoría del Estado, dejando la posibilidad de que la autoridad otorgue la concesión por plazos menores, en congruencia con la inversión realizada, y demás situaciones que debe considerar la autoridad al momento del otorgamiento de la concesión o de su prórroga.

Asimismo, es de suma relevancia destacar que la presente iniciativa abona en el reconocimiento y prevalencia del principio de rectoría económica del Estado, que fue acuciosamente analizado en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y respecto del cual ésta se pronunció en el sentido de que se trata de la facultad de planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional, así como de regular y de fomentar las actividades que demanda el interés general en el marco de libertades que otorga la Constitución, con la obligación estatal de apoyar e impulsar, bajo criterios de seguridad social y productividad, a los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público, así como al uso, en beneficio general, de los recursos productivos.

Por su parte, y de acuerdo con la interpretación de nuestro máximo tribunal, el artículo 134 constitucional protege como valor fundamental el manejo de los recursos económicos de la Federación. Es bajo el cumplimiento de este principio que la presente iniciativa propone como condición obligatoria para efectos de prórroga de la concesión, que el solicitante realice el pago de una contraprestación de carácter pecuniario, toda vez que la utilización que realice del espectro radioeléctrico habrá de generarle ganancias y, en atención al mandato constitucional del artículo 134, es plenamente sujeto a derecho que el Estado reciba la mencionada contraprestación.

Adicionalmente, es de suma importancia destacar el hecho de que ninguno de los titulares de concesiones de los bienes del dominio directo de la nación a que nos hemos referido con anterioridad, al analizar la figura de la prórroga de concesiones a la luz de la legislación que regula el uso, aprovechamiento y explotación de esos bienes, se encuentra sujeto a pago en especie alguno, con motivo de su utilización.

Empero, en el caso del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico para la prestación del servicio de radiodifusión, se debe cumplir con el pago en especie del denominado “tiempo de Estado”, previsto en el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, que a la letra dispone:

“Artículo 59.Las estaciones de radio y televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias, con duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de orientación social. El Ejecutivo Federal señalará la dependencia que deba proporcionar el material para el uso de dicho tiempo y las emisiones serán coordinadas por el Consejo Nacional de Radio y Televisión”.

Además, los concesionarios de estaciones de radio y televisión se encuentran obligados al pago en especie del impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación, que tuvo su origen en la Ley que establece, reforma y adiciona las disposiciones relativas a diversos impuestos, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1969 y en vigor a partir del día siguiente.

El impuesto de referencia actualmente sigue considerándose dentro de los conceptos a que se refiere la Ley de Ingresos de la Federación, a partir de una estimación del valor monetario que tendrá el pago en especie de dicha contribución.

En este sentido, es de aclararse que el 10 de octubre de 2002, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decretopor el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que se indica , que precisamente se refiere al impuesto mencionado en el párrafo que antecede, que se conoce con el nombre de “tiempo fiscal”.

Antes de la publicación del mencionado decreto, los concesionarios de estaciones de radio y televisión ya se encontraban obligados al pago del tiempo fiscal, de conformidad con lo previsto en el acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial el 1 de julio de 1969.

Por tanto, la previsión contenida en el inciso a) del artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión que se propone en la presente iniciativa, consistente en considerar, para efectos de determinar el monto de la contraprestación que deberá cubrirse con motivo del refrendo, los pagos en especie que deban realizar los concesionarios por estar éstos previstos en las leyes, los reglamentos, otras disposiciones administrativas o en los títulos de concesión respectivos, se encuentra suficientemente sustentada, dado que, en aplicación de los principios de equidad y de justicia, deben considerarse las situaciones especiales de los sujetos destinatarios de la norma y, en el caso concreto, los concesionarios de radio y televisión se encuentran en un plano de desigualdad frente a otros concesionarios de bienes del dominio directo de la nación, debido a las cargas de carácter administrativo y fiscal que deben cubrir cotidianamente como contraprestación por el uso del espectro radioeléctrico.

También hay que señalar que concesionarios y permisionarios están obligados a la variante adicional señalada en el Apartado A) del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 49, inciso 2, y 50 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

A partir de estas consideraciones, debe quedar claramente establecido que el pago de la contraprestación prevista en la presente iniciativa no puede tener efecto retroactivo alguno. Esto, en primer lugar, por atención al principio de irretroactividad de las leyes en perjuicio de los gobernados, y, en segundo término, porque el pago de la señalada contraprestación se refiere al uso, aprovechamiento y explotación futuros que habrán de darse al espectro radioeléctrico, una vez obtenida la prórroga correspondiente.

Por último, a fin de tener un marco normativo que no deje en la indefinición ningún aspecto, se contempla la posibilidad de que la prórroga no sea solicitada o, bien, que no sea procedente, lo que generará que la nueva concesión sea asignada mediante licitación pública otro concesionario, en términos de las normas legales y reglamentarias que para el caso correspondan.

Tal disposición concreta la constitucionalidad del precepto a reformar, en el sentido de que, al preverse con claridad la hipótesis de que la prórroga no sea otorgada, se elimina contundentemente cualquier posibilidad de la renovación automática de la concesión.

Asimismo, al señalarse que la nueva concesión será asignada mediante licitación pública, se genera la opción de que terceros compitan en igualdad de circunstancias por la concesión, lo que cumplimenta los principios constitucionales de igualdad y competencia económica.

En conclusión, la reforma que se propone a través de esta iniciativa refuerza la idea de que el Estado debe conservar la rectoría sobre el espacio radioeléctrico, además de que debe generar certidumbre jurídica para los concesionarios y abrir canales de participación a terceros en el momento en que la prórroga no sea otorgada o solicitada.

De este modo, quedaría eliminada la versión del artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión que fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que a la letra dice:

“ Artículo 16. El término de una concesión será de 20 años y podrá ser refrendada al mismo concesionario que tendrá preferencia sobre terceros. El refrendo de las concesiones, salvo en el caso de renuncia, no estará sujeto al procedimiento del artículo 17 de esta ley”.

Y, en su lugar, se propone el siguiente texto para el artículo 16:

“Artículo 16. Las concesiones se otorgarán por un plazo de hasta 20 años y podrán ser prorrogadas, en una o más ocasiones, por plazos de hasta la misma duración.

Para la procedencia de la prórroga, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, verificará que el concesionario satisfaga los siguientes requisitos:

I. Que haya cumplido con las condiciones previstas en la concesión y las obligaciones específicas para la radiodifusión contenidas en las demás disposiciones legales aplicables;

II. Que acepte las nuevas condiciones que establezca la Comisión, de acuerdo a la presente Ley y demás disposiciones conducentes; y

III. Que lo solicite antes de que inicie la última quinta parte del término de la concesión o prórroga de ésta.

Entre las condiciones a que se refiere la fracción II, se establecerá el pago de una contraprestación económica por el uso, aprovechamiento y explotación de las respectivas bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará el monto de la contraprestación económica a propuesta de la Comisión, para lo cual:

a) Compensará los pagos en especie que, por cualquier concepto, deban realizar los concesionarios, ya sea que se encuentren previstos en las leyes, reglamentos, otras disposiciones administrativas o en los títulos de concesión respectivos; y

b) El monto de la contraprestación se determinará en forma equitativa con relación a los pagos que hubieran hecho otros concesionarios en procedimientos análogos, el ancho de banda asignado, el o los servicios materia de la concesión de que se trate, la cobertura geográfica de la frecuencia y el tipo de banda que se utilice al efecto.

La comisión, resolverá lo conducente en un plazo no mayor a 180 días naturales, a partir de la presentación de la solicitud debidamente requisitada.

Para el caso en que no sea procedente la prórroga o que el concesionario no ejercite su derecho de prórroga, la nueva concesión será asignada mediante licitación pública, en términos de las normas legales y reglamentarias correspondientes”.

Así, y con base en todos los argumentos arriba vertidos, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa de reforma con proyecto de decreto:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión

Artículo Único. Se adiciona con un segundo párrafo el artículo 4o. y se reforma el artículo 16, ambos de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:

“ Artículo 4. ...

La protección del Estado comprende la planeación del desarrollo de la radiodifusión, con la participación de concesionarios y permisionarios, a fin de garantizar la permanencia y viabilidad de los servicios, de acuerdo con las condiciones del avance tecnológico”.

“ Artículo 16. Las concesiones se otorgarán por un plazo de hasta 20 años y podrán ser prorrogadas, en una o más ocasiones, por plazos de hasta la misma duración.

Para la procedencia de la prórroga, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, verificará que el concesionario satisfaga los siguientes requisitos:

I. Que haya cumplido con las condiciones previstas en la concesión y las obligaciones específicas para la radiodifusión contenidas en las demás disposiciones legales aplicables;

II. Que acepte las nuevas condiciones que establezca la comisión, de acuerdo a la presente ley y demás disposiciones conducentes; y

III. Que lo solicite antes de que inicie la última quinta parte del término de la concesión o prórroga de ésta.

Entre las condiciones a que se refiere la fracción II, se establecerá el pago de una contraprestación económica por el uso, aprovechamiento y explotación de las respectivas bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará el monto de la contraprestación económica a propuesta de la Comisión, para lo cual:

a) Compensará los pagos en especie que, por cualquier concepto, deban realizar los concesionarios, ya sea que se encuentren previstos en las leyes, reglamentos, otras disposiciones administrativas o en los títulos de concesión respectivos; y

b) El monto de la contraprestación se determinará en forma equitativa con relación a los pagos que hubieran hecho otros concesionarios en procedimientos análogos, el ancho de banda asignado, el o los servicios materia de la concesión de que se trate, la cobertura geográfica de la frecuencia y el tipo de banda que se utilice al efecto.

La comisión, resolverá lo conducente en un plazo no mayor a 180 días naturales, a partir de la presentación de la solicitud debidamente requisitada.

Para el caso en que no sea procedente la prórroga o que el concesionario no ejercite su derecho de prórroga, la nueva concesión será asignada mediante licitación pública, en términos de las normas legales y reglamentarias correspondientes”.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal, por conducto de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, está facultado para iniciar un programa temporal (el Programa) de reconversión tecnológica para el traslado de las estaciones de amplitud modulada (AM) a la banda de frecuencia modulada (FM), dentro de la misma plaza o región, de conformidad con los siguientes lineamientos:

I. Los radiodifusores de AM interesados deberán presentar un proyecto integral que comprenda el financiamiento para la instalación de la estación de FM, así como para la adopción del estándar digital que, en su caso, establezca el Ejecutivo federal, y estar al corriente de sus obligaciones legales. Se excluye a las estaciones de AM que con antelación a la entrada en vigor del presente Decreto ya hayan recibido una frecuencia de FM como canal de transmisión simultánea de los contenidos de una estación de AM;

II. Los concesionarios de AM cuyo proyecto sea aprobado por la autoridad quedarán exceptuados de participar en la licitación pública prevista por el artículo 17 de la Ley Federal de Radio y Televisión y de pagar la contraprestación fijada en dicho numeral. Los permisionarios tampoco tendrán obligación de pago alguna por el otorgamiento del espectro en la banda de FM;

III. La Comisión Federal de Competencia tendrá participación activa, consistente en que se requerirá contar con su previa opinión favorable para proceder a cualquier asignación de espectro en la banda de FM, con motivo del Programa, a fin de supervisar que no se generen concentraciones lesivas para el sano desarrollo de los mercados;

IV. La señal analógica en FM sólo podrá transmitir el mismo contenido que la señal de AM;

V. La Comisión Federal de Telecomunicaciones determinará el plazo durante el cual las estaciones transmitirán simultáneamente en AM y FM para la consolidación del segundo mercado; así como el calendario para la transición a la radio digital. La comisión señalará, también, el término en el que el radiodifusor deberá regresar al Estado el espectro en la banda de AM, que será destinado a los nuevos usos que fije la autoridad;

VI. En caso de que no haya espectro suficiente en determinadas plazas o regiones, se observarán los siguientes criterios de preferencia, entre los concesionarios y permisionarios que hayan cubierto en tiempo y forma los requisitos establecidos en el programa:

a. Dada su estricta dependencia de ingresos por publicidad, los concesionarios tendrán preferencia sobre los permisionarios;

b. Entre los concesionarios, se preferirá a quienes no cuenten con una estación de FM en la plaza o región de que se trate, y

c. Si la igualdad subsiste, se preferirá a los radiodifusores cuya estación haya iniciado operaciones en fecha anterior;

VII. En caso de que en la plaza o región de origen de la estación no haya suficiente espectro para todos los radiodifusores de AM con derechos, podrá considerarse el otorgamiento de una frecuencia de FM en plaza o región próxima distinta, requiriendo siempre la previa opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia;

VIII. Igualmente, ante la insuficiencia de espectro en una plaza, la Comisión Federal de Telecomunicaciones podrá emitir nuevas normas técnicas sobre el uso del espectro radioeléctrico en la banda de frecuencia modulada, a fin de dar cabida a un mayor número de estaciones en cada plaza. Previamente a la emisión que, en su caso, se haga de estas normas, se solicitará la opinión de la Comisión Federal de Competencia;

IX. El uso de la banda de FM se consignará para cada concesionario o permisionario, como una adición al título respectivo, en el que se establecerán las demás condiciones administrativas necesarias;

X. En la instrumentación y ejecución del Programa el Ejecutivo Federal deberá establecer mecanismos de participación pública y de información al Congreso, a través de los canales legales previstos, y

XI. La Comisión Federal de Telecomunicaciones dictará todas las disposiciones administrativas necesarias para la implementación del Programa.

Artículo Tercero. Las solicitudes de prórroga, o refrendo en su caso, en trámite a la entrada en vigor del presente, se resolverán de conformidad con la nueva disposición contenida en el artículo 16 de esta ley, en lo conducente.

Artículo Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, el jueves 25 de febrero de 2010.— Diputados: Canek Vázquez Góngora, Andrés Massieu Fernández, Roberto Borja Angulo (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se recibió del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:  «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Arturo Zamora Jiménez, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de las Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, en materia de protección del derecho a un seguro por enfermedad y maternidad para los estudiantes de nivel medio superior y superior que cursen estudios en instituciones de educación pública, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la actualidad, todos los estudiantes del nivel medio superior y superior que cursen estudios en instituciones de educación pública pueden gozar de un seguro por “enfermedad” o un seguro por “enfermedad y maternidad”, según sean dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Me referiré en este caso a la situación que aqueja a las alumnas en caso de embarazo y que están en condición de iniquidad para recibir atención médica por los siguientes motivos:

En las sociedades modernas, la actividad sexual tiende a iniciarse en etapas cada vez más tempranas de la vida de las personas. Lo mismo está sucediendo con la edad promedio de la menarquía en las jóvenes. Estos dos fenómenos están produciendo un número creciente de embarazos en adolescentes.

• Se calcula que anualmente se producen en el mundo 13 millones de embarazos en mujeres menores de 20 años (Programa Nacional de Salud 2007-2012, Secretaría de Salud federal).

• En México, la tasa de embarazos en mujeres de 12 a 19 años de edad es de 79 por cada mil. Se calcula que entre 30 y 60 por ciento de estos embarazos terminan en abortos inducidos (Programa Nacional de Salud 2007-2012, Secretaría de Salud federal).

• En 2005 se registraron 1 millón 174 mil 209 partos en instituciones de salud pública, 21 por ciento de los cuales correspondió a menores de 20 años (Programa Nacional de Salud 2007-2012, Secretaría de Salud federal).

• En 2006, de las embarazadas en México 12.2 por ciento era estudiante (Secretaría de Salud y Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias-Universidad Nacional Autónoma de México).

La cantidad de adolescentes embarazadas va en aumento.

• De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, en 1975 1 de cada 8 jóvenes era madre antes de los 20 años, en 1992 1 de cada 12, y en la actualidad 1 de cada 14 se embaraza entre los 14 y 19 años.

• El riesgo de morir de las adolescentes que se embarazan es 1.2 veces mayor que el de las mayores de 20 años.

• En 2000 se registraron 180 muertes maternas de adolescentes en hospitales del sector salud, lo que representa la cuarta causa de muerte en mujeres de este grupo de edad.

Estos datos revelan la necesidad de adecuar los servicios de salud reproductiva propios de este grupo de la población.

El embarazo en la adolescencia se considera desde el punto de vista médico-social como una situación de riesgo para la salud y el desarrollo personal de la madre, su hijo y su pareja.

Actualmente, las estudiantes se encuentran expuestas a condiciones de iniquidad en la Ley del Seguro Social.

Primer supuesto:Se da cuando la estudiante es asegurada por los padres de acuerdo con el artículo 84 de la Ley del Seguro Social, que a la letra dice:

Quedan amparados por este seguro

I.El asegurado;

II.El pensionado por

a)Incapacidad permanente total o parcial;

b)Invalidez;

c)Cesantía en edad avanzada y vejez; y

d)Viudez, orfandad o ascendencia;

III.La esposa del asegurado o, a falta de ésta, la mujer con quien ha hecho vida marital durante los cinco años anteriores a la enfermedad, o con la que haya procreado hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el asegurado tiene varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a la protección.

Del mismo derecho gozará el esposo de la asegurada o, a falta de éste, el concubinario, siempre que hubiera dependido económicamente de la asegurada y reúnan, en su caso, los requisitos del párrafo anterior;

IV.La esposa del pensionado en los términos de los incisos a), b) y c) de la fracción II, a falta de esposa, la concubina si se reúnen los requisitos de la fracción III.

Del mismo derecho gozará el esposo de la pensionada o, a falta de éste, el concubinario si reúne los requisitos de la fracción III;

V.Los hijos menores de dieciséis años del asegurado y de los pensionados, en los términos consignados en las fracciones anteriores;

VI.Los hijos del asegurado cuando no puedan mantenerse por su trabajo debido a una enfermedad crónica, defecto físico o psíquico, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padecen o hasta la edad de veinticinco años cuando realicen estudios en planteles del sistema educativo nacional;

VII.Los hijos mayores de dieciséis años de los pensionados por invalidez, cesantía en edad avanzada y vejez que se encuentren disfrutando de asignaciones familiares, así como los de los pensionados por incapacidad permanente, en los mismos casos y condiciones establecidos en el artículo 136;

VIII.El padre y la madre del asegurado que vivan en el hogar de éste; y

IX.El padre y la madre del pensionado en los términos de los incisos a), b) y c) de la fracción II, si reúnen el requisito de convivencia señalado en la fracción VIII.

Los sujetos comprendidos en las fracciones III a IX, inclusive, tendrán derecho a las prestaciones respectivas si reúnen además los requisitos siguientes:

a)Que dependan económicamente del asegurado o pensionado; y

b)Que el asegurado tenga derecho a las prestaciones consignadas en el artículo 91 de esta ley.

Con relación al seguro por maternidad, del mismo supuesto, en la Sección Segunda de la ley señalada, relativa a las prestaciones en especie, del mismo capítulo, el artículo 94 establece:

En caso de maternidad, el instituto otorgará a la asegurada durante el embarazo, el alumbramiento y el puerperio las prestaciones siguientes:

I.Asistencia obstétrica;

II.Ayuda en especie por seis meses para lactancia; y

III.Una canastilla al nacer el hijo, cuyo importe será señalado por el Consejo Técnico.

El artículo 95 del mismo ordenamiento establece: “Tendrán derecho a disfrutar de las prestaciones señaladas en las fracciones I y II del artículo anterior las beneficiarias que se señalan en las fracciones III y IV del artículo 84 de esta ley”.

En una interpretación lisa y llana del artículo citado en el párrafo anterior, se afirma que de manera restrictiva se tutelan exclusivamente los derechos para quienes estén comprendidas en el supuesto de las fracciones III y IV; por tanto; quedan excluidas del derecho de atención del seguro por maternidad las hijas embarazadas del asegurado o el pensionado siendo estudiantes. Por haber sido inscritas en el rubro citado, tienen derecho únicamente a la atención por enfermedad, no a la atención médica por embarazo. Nos encontramos ante una norma que, pretendiendo ser de carácter social, contiene disposiciones restrictivas y, por ende, excluyentes de derechos que deben ser tutelados.

De lo anterior se colige un conflicto de normas que afecta indudablemente los derechos de las mujeres en las condiciones citadas que debe remediarse mediante actos legislativos para que se cumpla el principio de generalidad de la norma.

Segundo supuesto:Atañe a las alumnas que no se encuentren dadas de alta por los padres, y que al cursar estudios de enseñanza media superior y superior, y en general en planteles del sistema educativo nacional, sean dadas de alta por las instituciones educativas al tenor del decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 1998.

Dicho decreto establece en el artículo 1o.: “Se incorporarán al régimen obligatorio del Seguro Social, por lo que corresponde a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, las personas que cursen estudios de los tipos medio superior y superior en instituciones educativas del Estado y que no cuenten con la misma o similar protección por parte del propio instituto o cualquier otra institución de seguridad social. La incorporación a que se refiere el presente artículo se realizara en términos de los acuerdos que para tal efecto emita el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social”.

El artículo 2o. del decreto citado establece: “Las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, materia del presente ordenamiento, comprende la asistencia medico-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, así como la asistencia obstétrica.

”Dichas prestaciones se otorgarán únicamente al estudiante asegurado en términos del presente decreto.”

Como se advierte, el Estado mexicano procura dos modalidades de seguro médico para casos iguales.En los dos supuestos se atiende a estudiantes del sistema educativo nacional, con la desventaja para las que ya cuentan con número de afiliación a su ingreso en el bachillerato o licenciatura, en cuanto a la atención de su embarazo, pues por haber sido dadas de alta por los progenitores, el artículo 95 de la Ley del Seguro Social las excluye, como ha quedado de manifiesto en párrafos anteriores.

En este orden de ideas, queda sin la atención de un seguro de maternidad gran número de estudiantes al estar dadas de alta por sus padres, imposibilitando la atención vía el decreto (por contar con un número de registro previo y no poder tener dos) ya que, como establece el artículo 2o., párrafo segundo, del decreto, sólo es aplicable el seguro por maternidad a los estudiantes asegurados por los progenitores.

Con el interés de no dejar en condición de desamparo y en circunstancias vulnerables a cientos de jóvenes que por el hecho de enfrentarse a un embarazo a esa edad ya es de por sí difícil, se debe legislar para homologar la atención que ofrecen la Ley del Seguro Social y el decreto en comento, otorgando por tanto a todas las estudiantes el seguro por maternidad, independientemente de quién las dé de alta, por el solo hecho de estar cursando estudios de tipo medio superior o superior en instituciones del sistema educativo nacional.

Respecto al artículo 84, fracción VI, de la Ley del Seguro Social, donde se establece la edad de 25 años como límite para la atención médica de los estudiantes del sistema educativo nacional que sean hijos de algún asegurado, dicho ordenamiento discrimina de la atención médica a los estudiantes mayores a esa edad, razón por la cual el criterio cronológico aplicado en este artículo excluye la posibilidad de atención a mujeres que pueden requerir.

Por todo esto, el suscrito considera necesario proponer a esta soberanía realizar la siguiente adición y reforma, respectivamente, a la Ley del Seguro Social:

Primero. Adición de la fracción X al artículo 84 de la Ley del Seguro Social:

Artículo 84. Quedan amparados por este seguro [...]

X. Las personas que cursen estudios de nivel medio superior y superior en planteles del sistema educativo nacional.

Segundo. Reforma del texto vigente del artículo 95 de la Ley del Seguro Social:

Artículo 95. Tendrán derecho a disfrutar de las prestaciones señaladas en las fracciones I y II del artículo anterior las beneficiarias que se señalan en las fracciones III, IV y X del artículo 84 de esta ley.

Tercero. Reforma del texto vigente del artículo 84, fracción VI, de la Ley del Seguro Social:

Artículo 84. Quedan amparados por este grupo [...]

VI. Los hijos del asegurado cuando no puedan mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica, defecto físico o psíquico, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padecen o cuando realicen estudios en planteles del sistema educativo nacional en nivel de bachillerato o licenciatura.

Cuarto. Artículo Transitorio. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Seguridad Social.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud.

La diputada Gabriela Cuevas Barrón:Con su permiso, diputado presidente. A través de la historia los seres humanos han desarrollado diversos métodos y técnicas para mantener y procurar la salud, así como para prevenir diversas enfermedades. Desde la medicina herbolaria hasta la alópata han contribuido al bienestar de las personas.

Una medicina distinta a la alópata cuya finalidad es aliviar los dolores del cuerpo es la quiropráctica. Este método de sanación está basado en la creencia de que la salud depende del flujo de los impulsos nerviosos que transitan por el organismo, siendo la columna vertebral el sostén del cuerpo.

La quiropráctica es una disciplina de la salud que enfatiza el hecho de la capacidad inherente del organismo para alcanzar nuevamente la homeostasis. Esto, a través del sistema nervioso, con objeto de que el individuo funcione adecuadamente.

Dentro del tratamiento quiropráctico no se requiere el consumo de medicamentos ni fármacos, por lo que lo hace, en primer lugar, de un acceso más fácil para las personas. Y en segundo lugar no genera dependencia alguna, por lo que la ha posicionado como una de las profesiones con más futuro al ser una medicina alternativa, muy recurrida por la sociedad moderna.

Actualmente diversos países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia o Nueva Zelanda cuentan con instituciones de educación superior destinadas a la impartición de la licenciatura en quiropráctica. Además, algunos países de la Unión Europea como Suiza, Dinamarca, Italia, Francia, Bélgica o Noruega han obtenido regulación para el ejercicio de esta profesión.

En México se ha ejercido desde principios del siglo XX, pero poco a poco va ganando más adeptos. En nuestros días la única institución educativa que imparte la carrera de licenciado en quiropráctica es la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec que dio inicio en septiembre de 2001 a sus cursos.

La carrera tiene una duración de cuatro años, más un servicio social y proceso de titulación que incluye la presentación de una tesis, seminario de titulación o tesina.

No obstante estos avances aún falta por consolidar el ejercicio de esta profesión ya que existen profesionistas mexicanos en este ámbito que no son reconocidos por la Secretaría de Salud al no ser exigido el título profesional o certificado de especialización expedido y registrado ante la Dirección General de Profesiones.

Esta laguna en el marco jurídico ha generado que distintos seudoquiroprácticos extranjeros o mexicanos, que no tienen el aval por las instancias correspondientes para ejercer esta profesión, abusen y propicien en algunas ocasiones daños irreparables a los pacientes, fomentando así la charlatanería en este ámbito.

De ser aprobada esta reforma permitiría la intervención de la Secretaría de Salud y de las autoridades educativas en cuanto a la formación de licenciados en quiropráctica y, sobre todo, en el ejercicio legal y adecuado de la profesión.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud.

Primero. Se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 79. Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, quiropráctica, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, ingeniería sanitaria, nutrición, deontología, patología y sus ramas y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales y certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Artículo transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Gabriela Cuevas Barrón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud con fundamento en la siguiente

Exposición de Motivos

A través de la historia los seres humanos han desarrollado diversos métodos y técnicas para mantener y procurar la salud, así como para prevenir diversas enfermedades; desde la medicina herbolaria o tradicional hasta la alópata han contribuido al bienestar de las personas. Una medicina distinta a la alópata cuya finalidad es aliviar los dolores del cuerpo es la quiropráctica. Este método de sanación está basado en la creencia de que la salud depende del flujo de los impulsos nerviosos que transitan por el organismo, siendo la columna vertebral el sostén del cuerpo.

La quiropráctica es una disciplina de la salud, que enfatiza el hecho de la capacidad inherente del organismo para alcanzar nuevamente la homeostasis a través del sistema nervioso con objeto de que el individuo funcione adecuadamente y que la interferencia con el mismo altera las funciones normales y disminuye la resistencia del organismo. El estudio de la quiropráctica incluye los mecanismos por los cuales el sistema nervioso puede ser comprimido, alterado o irritado resultando en un mal funcionamiento y el organismo en general.

Esta práctica empieza con el análisis por medio del tacto de la espina dorsal en busca de vértebras desalineadas, lo que se llama subluxaciones vertebrales y cuando se localiza alguna fuera de lugar, se coloca o corrige el problema mediante la manipulación. Funciona restaurando la habilidad innata del cuerpo a ser saludable y su meta principal es el mejoramiento del sistema nervioso.

Dentro del tratamiento quiropráctico no se requiere el consumo de medicamentos ni fármacos por lo que la hace, en primer lugar, de un acceso más fácil para las personas y, en segundo lugar, no genera dependencia alguna, por lo que la ha posicionado como una de las profesiones con más futuro al ser una medicina alternativa muy recurrida por la sociedad moderna que, derivado de un estrés constante y largas horas de trabajo en oficina, presentan distintos problemas en la columna vertebral.

La ciencia quiropráctica fue fundada en 1895 en Estados Unidos de América por el doctor Daniel David Palmer, cuando a través de un ajuste a la columna del portero del edificio donde tenía su consultorio solucionó su problema de sordera que padecía. Derivado de ello, fue fundado en ese mismo país la Palmer School of Chiropractic, primera institución dedicada a la enseñanza de sus principios y que actualmente se ha convertido en la Palmer University of Chiropractic.

Actualmente, en diversos países como Canada, Inglaterra, Australia o Nueva Zelanda se cuenta con instituciones de educación superior destinadas a la impartición de la licenciatura de la quiropráctica. Además, diversos países de la Unión Europea como Suiza, Dinamarca, Italia, Francia, Bélgica o  Noruega por mencionar algunos, son algunos que han obtenido una regulación para la Quiropráctica.

En México, esta profesión se ha ejercido desde 1922 con la llegada del primer quiropráctico del que se tiene registro, graduado de la Palmer School of Chiropractic; pero poco a poco va ganando adeptos entre los mexicanos. Actualmente, la única institución educativa que imparte la carrera de licenciado en quiropráctica es la Universidad del Valle de Ecatepec, que inicio en septiembre de 2001 con sus cursos, la carrera dura cuatro años y está validada por el Northwestern College of Chiropractic de Estados Unidos. A la fecha cuenta con una matrícula de mil 256 estudiantes, siendo la quiropráctica una de las licenciaturas con mayor número de egresados ya que han terminado sus estudios poco mas de 200 estudiantes.

No obstante estos avances, aún falta por consolidar el ejercicio de esta profesión, ya que existen profesionistas mexicanos en este ámbito que no son reconocidos por la Secretaría de Salud para ejercer su profesión al no ser exigido los títulos profesionales o certificados de especialización expedidos y registrados ante la Dirección General de Profesiones, instancia dependiente de la Secretaría de Educación Pública.

Esta laguna en el marco jurídico ha generado que distintos seudoquiroprácticos (extranjeros o mexicanos) que no tienen el aval por las instancias correspondientes para ejercer esta profesión abusen y propicien, en algunas ocasiones, daños irreparables a los pacientes, fomentando así la charlatanería en este ámbito. De ser aprobado esta reforma, permitirá la intervención de la Secretaría de Salud y de las autoridades educativas en cuanto a la formación de licenciados en quiropráctica y sobre todo del ejercicio legal y adecuado de la profesión.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud

Primero. Se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 79. Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, quiropráctica,veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Artículo Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 18 de febrero de 2010.— Diputados: Gabriela Cuevas Barrón, María Marcela Torres Peimbert, Carlos Alberto Pérez Cuevas, Reyes S.Tamez Guerra, Gloria Trinidad Luna Ruíz, Paz Gutiérrez Cortina, Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, Mario Alberto Becerra Pocoroba, Roberto Gil Zuarth, Alberto Esquer Gutiérrez, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, María Dolores del Río Sánchez, Camilo Ramírez Puente, Juan José Cuevas García, María Joann Novoa Mossberger, Fany Pérez Gutiérrez, María Sandra Ugalde Basaldúa, Francisco Javier Orduño Valdez, Miguel Martínez Peñaloza (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputada Gabriela Cuevas Barrón. Túrnese a la Comisión de Salud.

La diputada Paz Gutiérrez Cortina (desde la curul): Presidente, ¿le puede preguntar a la diputada Gabriela Cuevas si me puedo adherir a su iniciativa?

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le pregunto a la diputada Gabriela Cuevas si está de acuerdo en que se adhieran a su iniciativa. Está de acuerdo. Cualquier compañera o compañero que desee suscribirla pase a la Secretaría a firmarla.

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota: Con su permiso, ciudadano presidente. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente en México desde el 3 de mayo de 2009, establece que los estados parte garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones que las demás, y se comprometerá a asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones que las demás, directamente o a través de representantes legalmente elegidos.

También debemos promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos.

Esta iniciativa tiene, entre otros objetivos, avanzar en el proceso de armonización de esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El proyecto de decreto tiene por objeto una reforma integral al Cofipe en materia de discapacidad y se centra en varios aspectos. Uno de ellos son las obligaciones de los partidos políticos. Se propone que al menos una de cada 10 candidaturas para personas con discapacidad, titular y suplente, sea para personas con discapacidad.

Es indispensable que los partidos políticos garanticen que los interesados estén dentro del Congreso de la Unión. Por esta razón se propone que haya una fórmula integrada por candidatos con discapacidad en las listas plurinominales.

Registro Federal de Electores. Este proyecto de decreto propone adicionar el indicador de discapacidad en todos los pasos del registro de electores. Esto quiere decir que la credencial de elector del IFE debe enmarcar que se tiene una discapacidad y qué tipo de discapacidad.

La propuesta consiste en que a todas las fases de la credencialización del padrón electoral se les dé seguimiento con el indicador de discapacidad; incluso se propone que, al igual que el cambio de domicilio que se le debe avisar al IFE, se les avise cuando uno cambia de condición física o adquiere una discapacidad.

Todo este andamiaje jurídico tiene por objetivo final que el indicador de discapacidad se agregue a la credencial de votar con fotografía, lo que permitirá ahorrar recursos en la expedición de credenciales, teniendo en este país una credencial única que nos ayude a recibir los diferentes beneficios de los programas gubernamentales y contribuir al conocimiento del perfil sociodemográfico del sector, así como ubicar dónde se encuentran las personas con discapacidad, cuáles son sus características, dónde viven, qué requieren para ejercer por sí mismos sus derechos políticos electorales cuando se suman al padrón electoral con esta característica.

Contempla también atribuciones a los observadores electorales para que vigilen desde una posición imparcial el cumplimiento de todas las disposiciones que contenga el código para facilitar el ejercicio del sufragio a todos y a todas las personas con discapacidad.

Por otra parte, en cuanto al Comité de Radio y Televisión deben existir recuadros en donde existan intérpretes de señas en todos los spots de los partidos políticos para que las personas sordas puedan entender los contenidos de los mensajes.

El Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral (IFE) será el encargado de vigilar que se cumplan las disposiciones contenidas en los artículos 38 y 76 de la presente propuesta.

Las atribuciones del presidente de casilla también contemplan que el presidente tome medidas como el derecho de preferencia para grupos vulnerables y para las personas con discapacidad en la emisión del voto, así como que una persona con discapacidad visual pueda estar acompañada por una persona de su confianza para poder votar. Las casillas para electores con discapacidad con una urna y mamparas adaptadas y el uso de mascarilla con sistema braille.

Si bien esta disposición de manera práctica tiene un antecedente inmediato en el IFE desde 2005, ya que implementó estas mamparas especiales para los demás, es importante además que lo tengamos bien regulado en nuestras legislaciones.

Finalmente, esta disposición contempla una sanción que propone esta iniciativa para el incumplimiento a las disposiciones previstas en el código en materia de igualdad de oportunidades y de equidad para las personas con discapacidad y será mediante una sanción y una amonestación al partido político infractor.

Las personas con discapacidad hemos llegado al Congreso de la Unión y no nos queremos ir. Hemos llegado también a otros cargos de elección y queremos y necesitamos de acciones afirmativas como ésta para continuar en este trayecto de participación política.

Es cuanto, ciudadano presidente. Solicito que se inserte el texto en el Diario de los Debates.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El interés de la Cámara de Diputados por generar condiciones de igualdad de oportunidades y equidad para que las personas con discapacidad ejerzan directamente sus derechos político electorales, no es reciente.

El 27 de abril de 2000el diputado Felipe Rodríguez Aguirre del grupo parlamentario del PRD; a nombre de la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados presentó la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), para postular a personas con discapacidad a cargos de elección popular. Cuatro años después, el diputado a la LIX Legislatura, Santiago Cortés Sandoval, del grupo parlamentario del PRD propuso la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para incluir medidas a fin de que las personas con discapacidad puedan sufragar en condiciones de igualdad.

El antecedente siguiente de reformas al Cofipe en materia de discapacidad, lo constituye la iniciativa presentada por el diputado de la LX Legislatura, Elías Cárdenas Márquez del grupo parlamentario de Convergencia, en nombre propio y de legisladores de diversos grupos parlamentarios que puso a consideración del Pleno de la Comisión Permanente la iniciativa que reforma el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para reconocer los derechos políticos de las personas con discapacidad. Finalmente, y el último antecedente legislativo, en la materia, es la iniciativa que reforma el artículo 185 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada por la diputada Mónica Arriola del grupo parlamentario de Nueva Alianza presentada el 27 de marzo de 2008.

Ninguna de las anteriores iniciativas ha sido dictaminada. A pesar de que en 2007 se realizó una gran reforma electoral que desembocó en la expedición de un nuevo Código Electoral. El nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008.

Por otro lado, diversos instrumentos internacionales han promovido la participación política directa de las personas con discapacidad, entre los que se encuentra el Programa de Acción Mundial de las Personas con Discapacidad. En estos esfuerzos, auspiciado principalmente por la Programa de Acción Mundial de la Organización de las Naciones Unidas, resalta el tema de los derechos políticos de las personas con discapacidad para participar en los cargos de elección y representación popular.

Para lograrlo, propone que los partidos políticos adopten medidas para que exista un número de hombres y mujeres con discapacidad cada vez mayor en los espacios de toma de decisión.

Entre los referidos instrumentos se encuentran: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Bogotá, 2 de mayo de 1948; Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nueva York, 10 de diciembre de 1948; Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, Nueva York, 20 de diciembre de 1971; Declaración de los Derechos de los Impedidos. Nueva York, 9 de diciembre de 1975; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Nueva York, 16 de diciembre de 1966; Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Nueva York, 16 de diciembre de 1966; Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Nueva York, 16 de diciembre de 1989.

De manera particular, el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos menciona que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos, y que toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

La Declaración de los Derechos de los Impedidos en el artículo cuatro, establece que “el impedido tiene los mismos derechos civiles y políticos que los demás seres”.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destaca en el artículo 2 que “cada Estado parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto.” El artículo 25 del Pacto señala que todos los ciudadanos gozarán de los siguientes derechos y oportunidades: “participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores y a tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.”

De manera específica, el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, en el numeral número 26, establece que “las personas con discapacidad tienen derechos y obligaciones iguales y que es su deber participar en la construcción de la sociedad y que la sociedad debe elevar el nivel de expectativas en lo que respecta a personas con discapacidad y movilizar así todos sus recursos para el cambio social.”

El programa en comento en su numeral 28 destaca que “las personas con discapacidad han empezado a unirse en organizaciones en defensa de sus propios derechos, para ejercer influencia sobre las instancias decisorias de los gobiernos y sobre todos los sectores de la sociedad. La función de esas organizaciones incluye abrir cauces propios de expresión, identificar necesidades, expresar opiniones sobre prioridades, evaluar servicios y promover el cambio y la conciencia pública...”

De manera más clara este programa establece en su numeral 94 que “las organizaciones y otras entidades, como los partidos políticos, a todos los niveles deben asegurar que las personas con discapacidad puedan participar en sus actividades en la medida más amplia posible.”

Los partidos políticos han reservado espacios para las mujeres, los indígenas y los jóvenes, ¿porqué no propiciar la creación de espacios para las personas con discapacidad, si ellos también son un sector que ha sido discriminado políticamente, es representativo en un diez por ciento de la población nacional, tiene necesidades especificas que satisfacer, tienen un proyecto de integración nacional, etcétera?

La Convención sobre los Derechos de los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente en México desde el 3 de mayo de 2009 establece en el artículo 29que “los Estados parte garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a:

a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras formas mediante:

I. La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar;

II. La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto en elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda;

III. La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una persona de su elección les preste asistencia para votar;

b) Promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás, y fomentar su participación en los asuntos públicos y, entre otras cosas:

I. Su participación en organizaciones y asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida pública y política del país, incluidas las actividades y la administración de los partidos políticos;

II. La constitución de organizaciones de personas con discapacidad que representen a estas personas a nivel internacional, nacional, regional y local, y su incorporación a dichas organizaciones.

Es decir, que desde mayo de 2009 el Estado mexicano está comprometido con cumplir el contenido de la convención. En este caso con el contenido del artículo 29 referente a la participación política de las personas con discapacidad; en dos sentidos: el primero, participación en la vida pública, y el segundo, participación con sus organizaciones en la toma de decisiones.

Esta iniciativa tiene, entre otros objetivos, avanzar en el proceso de armonización de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como se establece en el artículo 1, inciso a) “... A tal fin, los Estados parte se comprometen a: a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente convención;”

Las reformas y adiciones propuestas tienen como punto de comparación las disposiciones jurídicas de códigos y leyes electorales en países de América Latina. De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral y el Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos en el año 2002 y después de analizar las leyes y códigos electorales de 17 países latinoamericanos se concluyo que:

i) En Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, Canadá, Costa Rica, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay sus leyes electorales contienen preceptos que permiten a la persona con discapacidad ser auxiliadas o acompañadas por personas de su confianza o de algún funcionario electoral. En algunos de estos países el acompañante debe guardar en secreto el voto del elector con discapacidad.

ii) En Canadá, Chile y Puerto Rico las legislaciones le otorga a las personas con discapacidad el derecho de inscribirse en el Padrón Electoral señalando el tipo de discapacidad que tienen y que le permite a los institutos electorales de estos países planificar la participación electoral de este importante sector de la sociedad.

iii) La legislación electoral de Bolivia, Canadá, Ecuador, Paraguay y Uruguay prevé el derecho de preferencia para las personas con discapacidad, de la tercera edad y las mujeres embarazadas para ejercer su derecho al voto sin hacer fila.

iv) La previsión de que los centros receptores de votos o casillas se encuentren en lugares accesibles para personas con discapacidad existe en los códigos electorales de Argentina, Brasil, Canadá, Costa rica, Nicaragua y Uruguay.

v) La ley electoral de Canadá y Costa Rica establecen la obligatoriedad a los partidos políticos para que difundan sus mensajes y promocionales electorales con el auxilio de intérpretes de señas.

vi) El uso de cerchas digitales, mascarillas, plantillas en braille, realces en las boletas electorales para garantizar el ejercicio del voto de manera personalizada a las personas con discapacidad visual se encuentra establecida en los códigos electorales de Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, El Salvador, Guatemala, Perú y Puerto Rico.

vii) En diversos países latinoamericanos las leyes y códigos electorales prevén apoyos como el auxilio de la Cruz Roja, policía, guías, scouts, sillas de ruedas, solicitudes por teléfono y participación de voluntarios durante la jornada electoral.

Por lo aquí expresado, se somete a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La iniciativa tiene por objeto una reforma integral al Código en materia de discapacidad. Esta reforma se centra en varios aspectos:

• Atribuciones a los observadores electorales

Para que vigilen, desde una posición imparcial el cumplimiento de todas las disposiciones que contenga el Código para facilitar el ejercicio del sufragio a todos y todas las personas con discapacidad.

Será fundamental la participación de los observadores para la perfección de la norma, ya que ellos sistematizarán su información para saber que está funcionando y que no y porqué. La evolución de la norma depende de la acción de los observadores electorales.

• Obligaciones de los partidos políticos

Los partidos políticos en su carácter constitucional de entes de interés público tienen la misión de propiciar o de obstruir el desarrollo democrático de la Nación al facilitar la integración de las personas con discapacidad a su vida interna.

Se propone que haya al menos el uno por ciento de las candidaturas para personas con discapacidad y que en los programas en televisión de los partidos se inserte un recuadro con una intérprete de lengua de señas mexicanas con el objeto de que cerca de 2 millones de personas sordas mayores de 18 años tengan conocimiento de sus propuestas.

Una de las causas de la marginación política de las personas con discapacidad, es que el asunto no es considerado como tema de la Agenda Política del País, y sólo se ve como un asunto del ámbito de la salud.

Es indispensable que los partidos políticos vean a este importante sector, que de acuerdo con dato de la Organización Mundial de la Salud, representa el 10 por ciento de la población y alrededor del 70 por ciento, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de éste es mayor de 18 años, como un sector al cual incluir en sus documentos básicos, en su programa, y como ya lo han hecho algunos partidos, en su estructura de decisión partidaria.

El trabajo legislativo en materia con discapacidad desde hace 16 años ha avanzado a razón de .95 reformas aprobadas por año, por lo que es indispensable que los partidos políticos garanticen que los directamente interesados sean parte del Congreso de la Unión. Por esta razón se propone que haya una formula integrada por candidatos con discapacidad en los primeros diez lugares de las listas de representación proporcional.

La decisión de los partidos políticos de la Revolución Democrática y del Revolucionario Institucional al postular candidatas con discapacidad en lugares viables de las litas de representación proporcional no debe quedarse en el olvido una vez concluida la actual LXI Legislatura, otra persona con discapacidad debe de llegar a darle continuidad a los trabajos que las actuales legisladoras dejen pendientes. La cuota de discapacidad es una acción afirmativa de enorme civilidad política y de congruencia democrática.

• Del Comité de Radio y Televisión

Uno de los aspectos más importantes de esta reforma lo constituye la obligación de los partidos de incluir medidas que permitan a los electores con discapacidad auditiva acceder a sus mensajes y será el Comité de la Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral (IFE) el encargado de vigilar que se cumplan las disposiciones contenidas en los artículos 38 y 76 de la presente propuesta.

• Casilla para electores con discapacidad con urna y mamparas adaptadas y uso de mascarilla con sistema braille

La iniciativa propone que hayan casillas adaptadas para el uso de personas con discapacidad motriz que utilicen silla de ruedas, es decir que las mamparas y las urnas sean más bajas que las ordinarias que se usan en la jornada electoral. Podrían estas mamparas y urnas estar en una proporción de 3 de cada 10 y una en las casillas especiales.

Esta disposición, de manera práctica, tiene un antecedente inmediato: El IFE, desde el 2005, implementó el uso de mamparas especiales, para las personas con discapacidad motriz, o bien, estatura menor.

Las propuestas relativa al uso de la mascarilla braille, ya ha sido implementado en nuestro país desde el año 2000, año en el que la Comisión de Organización Electoral del Instituto Electoral del DF, propuso que se usaran boletas electorales con plantillas en braille, durante las elecciones locales. En algunos países de Latinoamérica, como lo fue en el caso de las elecciones de Guatemala en 2007, ahí se ordenó la adecuación de los centro de votación. Es más, en cada casilla electoral, se destinaron 10 boletas en sistema braille, para que las personas ciegas y débiles visuales pudieran emitir su voto.

• Atribuciones del presidente de casilla

En este rubro, la iniciativa propone que el presidente de casilla implemente medidas que faciliten el ejerció del sufragio a las personas con discapacidad; así como garantizar el disfrute del derecho de preferencia para grupos vulnerables como los adultos mayores, las mujeres embarazadas y las personas con discapacidad al momento de asistir a votar; y finalmente, que garantice el derechos a que las personas con discapacidad visual se puedan hacer acompañar de una persona de su confianza para poder votar.

Esta reforma, es claro que no será efectiva en tanto cuanto no se convierta en una normalidad democrática la presencia de las personas con discapacidad en las urnas, y esto sólo se dará hasta que toda la sociedad en su conjunto participe para con este fin.

• Registro Federal de Electores

El proyecto de decreto, también propone adicionar el indicador de discapacidad en todos los pasos del registro de electores con la finalidad de hacer eficiente el uso de los recursos públicos que se asignan para el desarrollo democrático de nuestro país. Con este indicador el Instituto sabrá cuantos electores con discapacidad hay, cuáles son sus características, donde viven, que requieren para ejercer por si mismos sus derechos político electorales, cuantos se suman al padrón electoral con esta característica.

La propuesta, consiste en que en todas las fases para la creación del padrón electoral se le de seguimiento al indicador de “discapacidad”. Incluso se propone que al igual que el cambio de domicilio se reporta al IFE, también se notifique al Instituto del cambio de condición física.

Todo este andamiaje jurídico tiene por objeto final que el indicador “discapacidad” se agregue a la credencial para votar con fotografía. Lo anterior permitirá ahorrar recursos en la expedición de credenciales para recibir beneficios de los diferentes programas de los gobierno de los tres niveles de gobierno, y contribuir al conocimiento del perfil sociodemográfico del sector.

En Latinoamérica encontramos el caso de Chile, que desde 2004 buscó dotar de toda la asistencia necesaria para las personas con discapacidad que estén en edad de votar, puedan hacerlo. Es más, su discapacidad quedaría asentada en su propia credencial de elector, o bien, en el Registro Nacional de Discapacidad.

• Sanción

Finalmente, la iniciativa propone que el incumplimiento de las disposiciones previstas en el Código en materia de igualdad de oportunidades y de equidad para las personas con discapacidad sean sancionadas con una amonestación al partido político infractor.

La reforma del electoral que se realizó en el año 2007 aún esta inconclusa sin la presencia del diez por ciento de la población nacional, es discriminadora, porque no toma en cuenta las necesidades de siete millones de posibles electores que tienen una discapacidad para los cuales el Estado Mexicano no ha correspondido con soluciones jurídicas que les haga viable su participación política. Es hora de que este importante sector este donde se toman las decisiones más importantes de la vida pública de la nación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara el presente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Único. Se adicionan la fracción III, y se recorren sucesivamente las demás fracciones, del artículo 5; el inciso t)m recorriéndose los subsiguientes del artículo 38; un párrafo al inciso a) de la fracción I del artículo 76; el inciso i) al artículo 105; el inciso g) al numeral 2 del artículo 177; un párrafo al numeral 1 del artículo 179; el inciso g) al 184; el numeral 3 al artículo 186; el numeral 5 recorriéndose los demás al artículo 198; el inciso j) al artículo 200; un párrafo al numeral 1 del artículo 220; el numeral 7 al artículo 252; el inciso j) a la fracción I del artículo 255; y el inciso n) recorriéndose los subsiguientes del artículo 342; así como se reforman el inciso j) del artículo 38; el numeral 3 del artículo 154; el inciso c) de la fracción I del artículo 158; el inciso c) del 174; el numeral 1 del artículo 175; el numeral 1 del artículo 185; el numeral 1 del artículo 199; el numeral 1 del 219; el numeral 1 del artículo 264; el numeral 1 del artículo 270 y el inciso e) del mismo artículo; para quedar como sigue:

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo 5

1.-3. ...

4. ...

a)-h)...

i) Los observadores electorales podrán...

I.-II. ...;

III. Cumplimiento de medidas para electores con discapacidad;

IV.Escrutinio y cómputo de la votación en la casilla;

V.Fijación de resultados de la votación en el exterior de la casilla;

VI.Clausura de la casilla;

VII. Lectura en voz alta de los resultados en el Consejo Distrital; y

VIII. Recepción de escritos de incidencias y protesta.

j)...

5. ...

Artículo 38

1. Son obligaciones de los partidos políticos...

a)-i)...

j) Publicar y difundir en las demarcaciones electorales en que participen, así como en los tiempos que les corresponden en las estaciones de radio y en los canales de televisión, la plataforma electoral que sostendrán en la elección de que se trate; en el caso de la propaganda en los canales de televisión, deberá estar acompañada por un recuadro con un intérprete de lengua de señas mexicanas.

k)- s)...

t) Garantizar la participación de las personas con discapacidad en todas las acciones partidarias, así como en las candidaturas a cargos de elección popular;

u)- v)...

2. ...

Artículo 76

1. ...

a)...

Las pautas de transmisión de los programas y mensajes de los partidos políticos tomarán en consideración los requerimientos de comunicación de los electores con discapacidad; y

b)...

2.-8. ...

Artículo 105

1. Son fines del Instituto:

a)-h)...

i) Garantizar condiciones de igualdad de oportunidades y equidad suficientes para que los electores con discapacidad ejerzan por sí mismos sus derechos político electorales.

2.-3. ...

Artículo 154

1.-2. ...

3. En cada sección electoral se instalará una casilla para recibir la votación el día de la jornada electoral, con excepción de lo dispuesto en los párrafos 3, 4 y 5 del artículo 239 de este Código. Por cada diez casillas, se instalarán tres casillas con medidas que garanticen la votación de electores con discapacidad, como señalización el braille, altura suficiente para ser utilizada por un elector en silla de ruedas, entre otras.

Artículo 158

1. Son atribuciones de los presidentes de las mesas directivas de casilla:

a)-b)...;

c) Identificar a los electores en el caso previsto en el párrafo 3 del artículo 264 de este Código; así como aquellos electores con discapacidad que requieran facilidades para ejercer su sufragio;

d)-i)...

Artículo 174

1. ...

a)-b)...

c) La incorporación de los datos que aporten las autoridades competentes relativos a discapacidad,fallecimientos o habilitaciones, inhabilitaciones y rehabilitaciones de derechos políticos de los ciudadanos.

Artículo 175

1. Los ciudadanos están obligados a inscribirse en el Registro Federal de Electores y a informar a éste de su cambio de domicilio dentro de los treinta días siguientes a que éste ocurra . En caso de la discapacidad, ésta se deberá informar al Registro dentro de los treinta días siguientes a que ocurra.

2. ...

Artículo 177

1.-2. ...

a)-f)...

g) En caso de las personas con discapacidad, certificado expedido por autoridad de salud correspondiente.

3.- 5. ...

Artículo 179

1. Para la incorporación al padrón electoral se requerirá solicitud individual en que consten firma, huellas dactilares y fotografía del ciudadano, en los términos del artículo 184 del presente Código.

A las personas con discapacidad intelectual, que cumpla con los requisitos para la incorporación al padrón electoral se les otorgarán todas las facilidades para tal fin, como inscripción con ayuda de persona de su confianza o la visita domiciliaria del solicitante, entre otras.

2. ...

Artículo 184

1. La solicitud de incorporación al catálogo general de electores...

a)-f)...

g) Cuando corresponda, discapacidad; y

h) Firma y, en su caso, huellas dactilares y fotografía del solicitante

2.-3. ...

Artículo 185

1. Los ciudadanos mexicanos residentes en el territorio nacional, con discapacidad,que se encuentren impedidos para acudir a inscribirse ante las oficinas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores correspondiente a su domicilio, deberán solicitar su inscripción por escrito, acompañando la documentación que acredite su discapacidad. En su caso, la Dirección Ejecutiva dictará las medidas pertinentes para la entrega de la credencial para votar del elector con discapacidad.

Artículo 186

1.-2. ...

3. El ciudadano que solicite su alta por que haya adquirido una discapacidad, deberá entregar la credencial para votar anterior, para que se proceda a cancelar tal inscripción, darlo de alta en el listado correspondiente con su discapacidad actual y expedirle su nueva credencial para votar.

Artículo 198

1.-4. ...

5. Las instituciones del Sector Salud deberá dar aviso al Instituto, dentro de los diez días siguientes a la fecha en, que expida certificados de médico;

6. Las autoridades señaladas en los párrafos anteriores deberán remitir la información respectiva en los días señalados, conforme a los procedimientos y en los formularios que al efecto les sean proporcionados por el Instituto; y

7.El presidente del Consejo General podrá celebrar convenios de cooperación tendentes a que la información a que se refiere este artículo se proporcione puntualmente.

Artículo 199

1. Las solicitudes de trámite realizadas por los ciudadanos que no cumplan con la obligación de acudir a la oficina o módulo del Instituto correspondiente a su domicilio a obtener su credencial para votar con fotografía, a más tardar el último día de marzo del segundo año posterior a aquel en que se hayan presentado, serán canceladas. Con excepción de los casos que prevé el párrafo primero del artículo 185 de este Código.

2.-11. ...

Artículo 200

1. La credencial para votar deberá contener...

a)-i)...;

j) Tipo de discapacidad

2.-4. ...

Artículo 219

1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad. Así como un diez por ciento de las fórmulas para candidatos con personas con discapacidad.

2. ...

Artículo 220

1. ...

Por cada dos segmentos, habrá una formula integrada por personas con discapacidad en las listas de representación proporcional.

Artículo 252

1.-6. ...

7. Las boletas para la jornada electoral podrán introducirse en una mascarilla con sistema braille que contenga los datos sobre los candidatos y sus partidos o coaliciones.

Artículo 255

1. ...

a)-i)...

j) La mascarilla braille y las urnas y mamparas adaptadas para electores en silla de ruedas.

2.-4...

Artículo 264

1. Los electores votarán en el orden en que se presenten ante la mesa directiva de casilla, debiendo mostrar su credencial para votar con fotografía o en su caso, la resolución del Tribunal Electoral que les otorga el derecho de votar sin aparecer en la lista nominal o sin contar con credencial para votar o en ambos casos. Los electores con discapacidad, los adultos mayores y las mujeres embarazadas podrán votar de manera inmediata.

2.-5. ...

Artículo 270

1. En las casillas especiales para recibir la votación de los electores que transitoriamente se encuentren fuera de su sección y electores con discapacidad se aplicarán, en lo procedente, las reglas establecidas en los artículos anteriores y las siguientes:

a)-b)...

2. ...

a)-d)...

e) En el caso de los electores con discapacidad, se observará lo contenido en el inciso a) de este artículo.

3.-4. ...

Artículo 342

1. Constituyen infracciones...

a)-m)...

n) El incumplimiento de las disposiciones previstas en el presente Código en materia de igualdad de oportunidades y de equidad para las personas con discapacidad;

o)La comisión de cualquier otra falta de las previstas en este Código.

Artículos Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Tercero. El Instituto realizará todas las acciones necesarias para que el presente decreto cuente con las partidas financieras suficientes para su ejecución.

Notas:

1 El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tomado de la página electrónica de las Naciones Unidas: http://www.un.org/es/documents/udhr/

2 Tomado de la página web: ttp://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/6/pr/pr41.pdf. La Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1975.

3 Página electrónica del Centro de Documentación de las Naciones Unidas: http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/pidcp.htm

4 tomado de la página web http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=500

5 Convención sobre los Derechos de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Conapred, México D.F. 2007

6 Convención sobre los Derechos de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Conapred, México D.F. 2007

7 Cuadernos del Capel # 47 “Las personas con discapacidades y el acceso a los procesos electorales en América” 2002

Dado en el Palacio legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2010.— Diputados: Claudia Edith Anaya Mota, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Gerardo Leyva Hernández, Feliciano Rosendo Marín Díaz, Rigoberto Salgado Vázquez, Florentina Rosario Morales, Ana Luz Lobato Ramírez, Israel Madrigal Ceja, Indira Vizcaino Silva, César Francisco Burelo Burelo, Ilich Augusto Lozano Herrera, Reyes S. Tamez Guerra, Ana Estela Durán Rico (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputada. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Pido a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia, que hasta el momento hay una asistencia de 407 diputadas y diputados.

Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se informa a todas aquellas y aquellos diputados que deseen adherirse a la iniciativa de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, que pueden pasar a la Secretaría para suscribirla.

LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se recibió del señor diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 20, 24, 25 y 26 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Iniciativa que reforma los artículos 20, 24, 25 y 26 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del PVEM

Juan Carlos Natale López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno iniciativa con proyecto de decreto con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. Antecedentes

El tratamiento constitucional y legal a los temas de medio ambiente y conservación de recursos naturales y, dentro de ellos, bosques y selvas ha estado presente a lo largo del siglo XX, con mayor relevancia en el último cuarto. La primera Ley Forestal se expidió en 1926 en medio de tensiones y resistencias civiles y políticas.

En el periodo de gobierno del general Lázaro Cárdenas se desplegó una importante actividad para declarar zonas protegidas a diversas regiones. En 1942 se publicó la segunda ley, y se promulgó la Ley de Conservación de Suelo y Agua. Así, de manera consecutiva, se fortalecieron las funciones normativas y de fomento en materia forestal desde el ámbito de la Secretaría de Agricultura en la ley expedida en 1960. A principios de los 70, y derivado de los problemas de contaminación del aire en la zona metropolitana, se creó en el ámbito de la Secretaría de Salud una Subsecretaría de Medio Ambiente.

A partir de 1976, se han establecido en nuestra Constitución diversas materias como competencia marco de los diferentes órdenes de gobierno, siendo de destacar la concerniente a la protección al ambiente y a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, prevista en el artículo 73, fracción XXIX, inciso g), de la Constitución, la cual es el fundamento constitucional de la materia que nos ocupa.

Tales facultades fueron ampliadas en la reforma de 1982 que da lugar a la creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, a la vez que se expidió la Ley Federal de Protección al Ambiente. En 1986 se publicó una nueva reforma a la Ley Forestal y en1988 se publicó la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y se decreta, en 1989, el surgimiento de la Comisión Nacional del Agua. En 1992 se expidió la Ley Forestal que antecede a la actual, y se creó el Instituto Nacional de Ecología y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ambas adscritas a la Secretaría de Desarrollo Social Federal.

En el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, las funciones de medio ambiente se desagregaron de la Sedesol y se creó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap). En similares circunstancias, a propósito del inicio de la actual administración, se creó la Comisión Nacional de Áreas Protegidas y la Semarnap se convierte en Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dejando el subsector de pesca a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Finalmente, el 25 de febrero del 2003 se expidió la actual Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la cual abrogó la Ley Forestal de diciembre del 2002.

II. Marco normativo vigente

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) entró en vigor a partir del 26 de mayo de 2003, se aprobó por unanimidad en el Congreso de la Unión y es el resultado de un trabajo muy intenso y prolongado que llevaron a cabo la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Semarnat, y las fracciones parlamentarias del PRI, el PAN y el PVEM, así como las organizaciones empresariales y de productores que participan en la actividad forestal del país.

La fuerza de esta ley, que la convierte en el principal instrumento de desarrollo forestal sustentable en congruencia con las tendencias mundiales, fue forjada por todos y tiene el patrimonio de la unanimidad, a bien mantiene disposiciones ambientales.

Algunos puntos que describen esta ley respecto del tema que nos ocupa son los siguientes:

a) Facultades exclusivas para los estados y municipios (autonomía en decisiones y acciones respecto de la federación), que les permite contar con su propia ley forestal, recursos y presupuestos, planear y ejecutar una política forestal congruente con sus necesidades, capacidades y potenciales, crear sistemas de ventanilla única, elaborar y mantener actualizado su inventario forestal, ejecutar programas de prevención y combate de incendios forestales, desarrollar instrumentos económicos para el fomento forestal, entre otros.

b) Establece la promoción por cuanto la coordinación con las entidades federativas en la delimitación de unidades de manejo forestal, promoviendo la organización de mecanismos de aprovechamientos forestales, para lograr una planeación ordenada, elevar la competitividad, complementar esfuerzos de prevención y combate de incendios, plagas y enfermedades forestales, integrar la cadena productiva, disuadir el cambio de uso de suelo y generar empleo permanente.

c) Señala el impulso del Servicio Nacional Forestal, con la participación de gobiernos estatales y los titulares de las dependencias federales.

d) Se estable en el artículo 20 de la ley vigente que la Comisión Nacional Forestal tendrá como órgano de gobierno a una junta de gobierno, que estará integrada por los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional, de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Economía, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de la Reforma Agraria, y de Turismo, así como de la Comisión Nacional de Agua.

A este respecto no se estipula la integración a esta junta de los gobernadores de los estados y del jefe de Gobierno del Distrito Federal. Tal incorporación constituiría un factor de fortaleza federalista y crearía condiciones para una coordinación franca, respetuosa entre los órdenes de gobierno y eficaz en la toma de decisiones, tal y como ya sucede, por ejemplo, en el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

e) El artículo 24 deja bajo la discrecionalidad de la secretaría la cooperación con los estados, al establecer que “la federación, a través de la secretaría y de la comisión, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación con objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los estados, con la participación, en su caso, de municipios, en el ámbito territorial de su competencia, asuman las siguientes funciones...”.

f) El artículo 25 establece que en la celebración de convenios o acuerdos de coordinación se tomará en consideración que los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, en su caso, cuenten con los medios necesarios, el personal capacitado, los recursos materiales y financieros, así como la estructura institucional específica para el desarrollo de las funciones que soliciten asumir, lo cual está limitado precisamente por la concentración de los recursos.

g) El artículo 26 establece que la secretaría y la comisión darán seguimiento y evaluarán el cumplimiento de los compromisos que se asuman en los convenios entre federación y estados, de modo que sea la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Forestal la responsable de la evaluación de las acciones y resultados involucrados en dichos instrumentos. De este modo, los titulares de los gobiernos locales, que serían los responsables de la operación de los programas y del ejercicio de las facultades aludidas, no forman parte del proceso de evaluación que hoy está reservado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal.

Es decir, tal y como podemos observar, dicha ley en ciertas partes de su articulado condiciona la transferencia y facultades a que los estados, el distrito federal o los municipios cuenten con los medios necesarios; de modo que, al no darse simultáneamente la transferencia de recursos, implícitamente se imposibilita la transferencia de facultades, dada la estrechez presupuestal que priva en los gobiernos locales.

En suma podemos destacar que con base en las experiencias acumuladas, la actual administración ha logrado, parcialmente, consolidar un marco institucional integrado por una secretaría de Estado (Semarnap), una estrategia de planeación en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, así como cinco instituciones especializadas: Comisión Nacional del Agua, Comisión Nacional Forestal (Conafor), Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Instituto Nacional de Ecología y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Es de mencionarse por último que al impulso de las disposiciones de la Ley Forestal vigente, se ha avanzado en la promulgación de leyes similares en la mayoría de los estados así como de la creación de dependencias estatales especializadas en el tema.

III. Avances y retos para el desarrollo forestal sustentable

El país cuenta con 141.7 millones de hectáreas forestales de las cuales 56.8 millones de hectáreas corresponden a bosques y selvas; 58.4 a vegetación de zonas áridas; y 4.1 millones a otro tipo de vegetación. Cabe destacar que en las regiones propiamente boscosas habitan 12 millones de personas.

A este respecto conviene destacar que México se sitúa en el noveno lugar entre los diez países del mundo con mayores recursos forestales per cápita, sin considerar la calidad de los bosques.

Los principales programas que ha realizado el gobierno federal son: organización social para el aprovechamiento; impulso a plantaciones forestales comerciales; construcción para la infraestructura forestal; conservación integral de ecosistemas forestales; combate a la erosión; programa contra incendios forestales; información para el cuidado de los bosques.

Para ello se han incrementado los recursos asignados en los presupuestos de la Conafor de 254.8 millones en 2001, año en que fue creado, a casi 5 mil millones este 2010, es decir, se ha incrementado su presupuesto en cerca de 2 mil por ciento, tal incremento obedece hipotética y prioritariamente al impulso de actividades destinadas a la recuperación de tierras y conservación del recurso tierra. Sin embargo, en los saldos de los resultados prevalece el fracaso de los programas de reforestación, según expertos y analistas en la materia: la caída en la producción maderable, la reducción en al menos 2 millones de hectáreas de la superficie bajo manejo y el deterioro del tejido social en zonas forestales.

Más aún, según datos oficiales dados a conocer por la misma Conafor, se destaca que a nivel mundial México presenta un alto grado de desertificación, sequía y degradación de tierra que afecta cada año  entre 300 mil y 400 mil personas al abandonar sus tierras por no poder producir ni trabajar en ellas. Asimismo, señala el informe denominado  Diagnóstico de la situación de México con relación a la desertificación y degradación de país, que la desertificación afecta a más de 50 por ciento del territorio y la degradación de tierras, tanto de manera natural como antrópica en suelos y terrenos degradados en diferentes grados es de 70 por ciento; además, indica que 86 por ciento de la superficie destinada a la agricultura de riego (8 millones de hectáreas) y 78 por ciento de la tierra de temporal es afectada de algún modo por la degradación de los suelos.

En este sentido, el reporte concluye que la tasa de desertificación es de 400 mil hectáreas al año y la población afectada por este fenómeno es de 22 millones de personas.

Comparativamente y de acuerdo a lo anterior, el logro más importante, en materia forestal, ha sido la reducción de la tasa de deforestación nacional, que pasó de un promedio anual de 401 mil hectáreas, durante la década de los 90, a 314 mil hectáreas en el periodo 2000-2004, o sea 21.7 por ciento menos, lo que mereció el reconocimiento al gobierno mexicano, a propósito del Foro de Naciones Unidas sobre los Bosques realizado en mayo de 2005 en Nueva York, a convocatoria de la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación (FAO). Sin embargo, en los primeros seis años después de 2001, la plantación de árboles se redujo de 297 a 149 millones comparada con el crecimiento de la superficie de 243 mil 591 hectáreas a 290 mil, en el mismo periodo.

Conviene también tomar en cuenta que la producción forestal maderable disminuyó de 9,430 miles de metros cúbicos rollo en el año 2000 a 7,143 para el 2006.  En tanto que, en ese mismo periodo, el consumo pasó de 16,297 miles de metros cúbicos rollo a 29,950 en el 2006, con lo cual se acrecentó el déficit en la balanza comercial.

Por otro lado la producción per cápita (metros cúbicos rollo por mil habitantes), bajó drásticamente de 95.8 a 68.1. En tanto que el consumo per cápita  creció de 165.6 a 285.6.

En los dos primeros años del actual sexenio, el Ejecutivo federal ha enarbolado el programa Proárbol como el principal plan ambiental y la reforestación como su eje central. En junio de 2008, el gobierno mexicano obtuvo a bien el reconocimiento por parte de la Organización de las Naciones Unidas por los 250 millones de árboles plantados en 2007; sin embargo, el ritmo e intensidad de operación disminuyó bajo la atención de otros programas no menos importantes, además de que ciertas críticas al programa hicieron ponderar su viabilidad financiera.

Bajo este tenor, la Conafor se ha orientado bajo el plan estratégico forestal 2025, realizado en colaboración con Finlandia, con en el cual se fijó la meta de llegar a 2012 con 12 millones de hectáreas bajo manejo, es decir, con programas y acciones específicas de explotación y conservación. Esta superficie, en lugar de crecer, disminuyó ya que pasó de 9 millones de hectáreas bajo manejo en el año 2000, a 6 millones en el 2008. Esto significa, según el investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, Gonzalo Chapela, que “baja la producción legal, no la superficie aprovechada ni el volumen de oferta: crece la ilegalidad. Lo cual coincide con la pérdida generalizada de gobernabilidad en el país, con la reaparición de la guerrilla, la proliferación e incidencia de sustancias ilegales”. En tanto, que la producción que en 2000 era de 9 mil 430 millones de metros cúbicos, cayó en 2008 a 6 mil 708 millones de metros cúbicos concluye el investigador.

En resumen, si analizamos los indicadores de deforestación, reforestación, balanza comercial y superficie bajo manejo, se encuentra una relación inversamente proporcional entre la cantidad de recursos que va al sector y el desempeño, ya que es un hecho que sólo tres programas absorben poco más del 50 por ciento de los recursos que destina la Conafor de acuerdo a sus responsabilidades, y son los que tienen que ver con el Programa Nacional de Reforestación que incluye el Proárbol, el Programa contra Incendios, y el de conservación y restauración de ecosistemas forestales denominado Programa de Desarrollo Forestal Comunitario, sin desestimar que existe una partida importante que se asigna con discrecionalidad en función de que su manejo responde a lineamientos y no a reglas de operación.

Por lo que se puede concluir que la Conafor no ha desplegado con resultados eficaces, profundos y permanentes que implique una conjunción coordinada de esfuerzos y recursos entre los diversos órdenes de gobierno, no obstante el significativo presupuesto asignado en los últimos diez años a los programas de la dependencia federal (Semarnat) y de sus organismos subsidiarios, ya que no existen en ley la determinación de formulas o criterios de descentralización del gasto; en todo caso se celebran convenios con los estados, y en el caso de los programas de reforestación son distribuidos de acuerdo a la superficie forestal de cada una de las entidades federativas que son objeto del programa.

En este sentido, son varios los retos que hay que enfrentar: la insuficiencia de recursos, el crecimiento de la población, el ordenamiento urbano e industrial, la expansión de la superficie agrícola y ganadera, la falta de ingreso y empleo en las comunidades y las dificultades para lograr una coordinación eficaz y oportuna entre los tres ordenes de gobierno.

Sobre este último aspecto, uno de los factores tiene que ver con un entramado institucional que sobrepone funciones y que desde la propia ley ha impuesto un esquema, en cierta forma, ambiguo de descentralización. Hay que recordar que en los primeros tres años de la administración se dieron fuertes tensiones al interior del sector, entre el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y el director de la Comisión Forestal, quién finalmente fue designado como sustituto. Cabe mencionar, también, que dichas tensiones se dieron a lo largo de la geografía  nacional entre los delegados de las dependencias federales y los responsables de las políticas forestales o ambientales en las entidades federativas, generando incertidumbre ó situaciones de conflicto.

Los legisladores que promovieron la actual ley no desdeñaron este tipo de escenarios al establecer en los artículos 24, 25, 26 y en el tercero transitorio los criterios para la descentralización, aún bajo un concepto de aplicación gradual y acotada; que hoy debe ser modificado atendiendo a la realidad de los hechos y a las propias previsiones de la ley.

Es por ello que, bajo este marco conceptual y de análisis, y con el propósito de impulsar una nueva etapa en la descentralización en la vida nacional dados los desatinos en los resultados obtenidos a casi diez años de la Conafor, existe el imperativo de revisar cada uno de los rubros de las políticas públicas que es pertinente y necesario transferir con mayor determinación y prontitud a las entidades federativas, y a través de ellas, a los municipios.

No se trata de una mera disputa por el ejercicio de los recursos públicos entre los tres órdenes de Gobierno, y menos en una materia tan delicada como es el cuidado del medio ambiente y la ecología, pero de no asumir de manera corresponsable la función del Estado como eje rector en la materia como lo es el desarrollo forestal que hoy tocamos, la premisa que “de seguir la inercia de la Conafor, habrá una década perdida en el sector”, lo que se hace cada vez más evidente ante las circunstancias y los resultados.

IV. Contenido de la propuesta

Esta iniciativa propone, justamente, reformar los artículos 20, 24, 25 y 26 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, con el propósito de iniciar un proceso ordenado, gradual y riguroso de descentralización de facultades y recursos a las entidades federativas y a los municipios en materia forestal, de conformidad con lo siguiente:

1. Incorporación de los gobernadores a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Forestal. El artículo 20 de la ley vigente establece que “la Comisión Nacional Forestal tendrá como órgano de gobierno a una junta de gobierno, que estará integrada por los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional, de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Economía, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de la Reforma Agraria, y de Turismo, así como de la Comisión Nacional del Agua”.

A este respecto se propone la integración a esta junta de los gobernadores de los estados y del jefe del Gobierno del Distrito Federal. Tal incorporación constituiría un factor de fortaleza federalista y crearía condiciones para una coordinación franca, respetuosa entre los órdenes de gobierno y eficaz en la toma de decisiones, tal y como ya sucede, por ejemplo, en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. La iniciativa preserva la disposición de que la junta será presidida por el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y, asimismo, propone que los suplentes de los gobernadores y del jefe del Gobierno del DF sean los titulares de las secretarías del ramo de los gobiernos locales.

2. Transferir facultades a estados y municipios. Se propone establecer, de manera más definitiva, la transferencia de funciones a las entidades federativas de atribuciones que hoy por hoy, conforme al texto en vigor del artículo 24, quedan a la discreción de la Semarnat, al establecer que “la federación, a través de la secretaría y de la comisión, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los estados, con la participación, en su caso, de municipios en el ámbito territorial de su competencia asuman las siguientes funciones: la propuesta consiste en modificar el texto actual para que el artículo 24 establezca, de manera categórica, que la federación transferirá facultades y recursos a través de convenios o acuerdos de coordinación con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los estados”.

Congruente con lo anterior, se propone reformar el segundo párrafo del artículo 26, que establece que la secretaría y la comisión darán seguimiento y evaluarán el cumplimiento de los compromisos que se asuman en los convenios entre federación y estados; de modo que sea la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Forestal la responsable de la evaluación de las acciones y resultados involucrados en dichos instrumentos. De esta forma, los titulares de los gobiernos locales, que serían los responsables de la operación de los programas y del ejercicio de las facultades aludidas, formarán parte del proceso de evaluación, que hoy está reservado a la Secretaría del Medio Ambiente y  Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal.

En el mismo sentido, se establece en el artículo transitorio segundo un periodo de seis meses para definir el proceso de descentralización y de fusión de las delegaciones federales con las dependencias locales.

3. Asignación de recursos a estados y municipios. El artículo 25 establece que “en la celebración de convenios o acuerdos de coordinación se tomará en consideración que los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios en su caso, cuenten con los medios necesarios, el personal capacitado, los recursos materiales y financieros, así como la estructura institucional específica para el desarrollo de las funciones que soliciten asumir.

Es decir, condiciona la transferencia y facultades a que los estados, el Distrito Federal o los municipios, cuenten con los medios necesarios; de modo que al no darse simultáneamente la transferencia de recursos implícitamente se imposibilita la transferencia de facultades, dada la estrechez presupuestal que priva en los gobiernos locales.

La escasez de recursos técnicos, materiales o financieros que se esgrime como ratio legis de la disposición vigente (artículo 25), es susceptible de modificarse mediante la propuesta de asignación presupuestaria a favor de las entidades federativas y municipios. Asignación que permitiría a éstas hacer frente a problemas que surgen en las comunidades y en los municipios y que están mucho más cercanas a ellas.  Por ende, tienen más posibilidad de atender, de manera integral, los problemas, incluyendo los de connotación política que sean correlativos. Por lo demás, el hecho de que una ley federal asigne atribuciones a las autoridades locales, siendo susceptibles las legislaturas locales de reglamentar las referidas atribuciones federales, constituye entre nosotros una práctica perfectamente aceptable desde 1976 como hemos referido ya con anterioridad.

Por ello se propone modificar el artículo 25 estipulando que “en el Presupuesto de Egresos de la Federación se determinará cada año la asignación de recursos suficientes para que los estados, el Distrito Federal y los municipios, en su caso, cuenten con los medios necesarios, el personal capacitado, los recursos materiales y financieros, así como la estructura institucional específica para el desarrollo de las funciones que se contemplan en el artículo anterior.”

En complemento a lo anterior, se propone en el artículo transitorio tercero el origen de los recursos involucrados en esta modificación.

Por todo lo expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 20, 24, 25 y 26 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Artículo Único. Se reforman los artículos 20, 24, 25 y 26 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable para quedar como sigue:

Artículo 20. ...

Los miembros de la junta de gobierno gozarán de voz y voto en las sesiones de ésta. Por cada integrante de este órgano colegiado deberá nombrar un suplente con nivel jerárquico de subsecretario y de secretario del ramo; en el caso de los representantes de las entidades federativas; en el caso de la Comisión Nacional del Agua, deberá tener nivel de subdirector general.

Artículo 24. La federación, a través de la secretaría y de la comisión, transferirá facultades y recursos a través de convenios y o acuerdos de coordinación, para que los gobiernos del Distrito Federal y de los estados, con la participación, en su caso, de los municipios, en el ámbito territorial de su competencia, asuman las siguientes funciones:

I. a XI. ...

Artículo 25. En el Presupuesto de Egresos de la Federación se determinará cada año la asignación de recursos pertinentes a efecto de que los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, en su caso, cuenten con los medios necesarios, el personal capacitado, los recursos materiales y financieros, así como la estructura institucional específica para el desarrollo de las funciones que se establecen en el artículo anterior.

...

Artículo 26. ...

La junta de gobierno de la comisióndará seguimiento y evaluará el cumplimiento de los compromisos que se asuman en los instrumentos a que se refiere este capítulo.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de La Federación.

Segundo. La secretaría y la comisión realizaran, en un periodo no mayor de 6 meses, un programa de fusión de sus delegaciones con las secretarías correspondientes de los estados y del DF, de modo que los efectos presupuestales se consideren en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011.

Tercero. Los recursos que involucra la transferencia de facultades, motivo del presente decreto, se integrarán con el presupuesto destinado por la secretaría y la comisión al desarrollo de éstas y con partidas provenientes de la Hacienda Pública Federal, que determine la Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 23 de febrero de 2010.— Diputado Juan Carlos Natale López (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

LEY DEL SEGURO SOCIAL - LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Herón Escobar García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

El diputado Herón Agustín Escobar García:Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el modelo económico seguido en México ha provocado condiciones de inestabilidad en el mercado laboral que también incide en las jubilaciones y pensiones de los mexicanos y las mexicanas. Se ha llegado al extremo de gravar las pensiones.

Las condiciones del mercado laboral son críticas, las plazas de trabajo son pocas, increíblemente una persona adulta que tiene entre 65 y 70 años de edad labora en trabajos que no corresponden a su edad física.

Debido a las enormes contradicciones en nuestra sociedad, muchos mexicanos son víctimas de no contar con un empleo digno, que además, reconozca y valore la experiencia laboral de las personas mayores.

Lo paradójico de esta situación no es que los trabajadores asuman una postura de discriminar de manera arbitraria las ofertas de empleo. Por el contrario, no hay ofertas dignas de trabajo y acaban aceptando empleos en condiciones poco favorables.

La Ley del Seguro Social señala que los trabajadores para acceder a una pensión por cesantía en edad avanzada deberán contar con 60 años y mil 250 semanas de cotizaciones. Para el caso de vejez se requiere tener 65 años cumplidos y el mismo número de semanas cotizadas.

Para el Grupo del Partido del Trabajo es claro que una jubilación digna tiene que incluir un compromiso tripartita entre los trabajadores del Estado y los patrones, situación que se ha visto vulnerada con la aplicación del sistema de cuentas individuales aprobado por el PRI y por el PAN en 1996.

La propuesta que el Partido del Trabajo tiene a esta soberanía tiene que ver con flexibilizar el esquema de jubilación, reconociendo el complejo entorno que sufre el mercado laboral. En este esquema buscamos modificar las semanas de cotización para poderse jubilar, para pasar de mil 250 semanas a mil 40, el equivalente a 20 años de servicio.

Una situación similar la viven los trabajadores al servicio del Estado agremiados en el ISSSTE, que cuenta con 610 mil 270 pensionados.

Esta nueva Ley del ISSSTE aprobada por el PRI y el PAN en 2007, estableció nuevos requisitos para tener derecho a la pensión por cesantía en edad avanzada y por vejez. Señala que para tener derecho a gozar una pensión por cesantía en edad avanzada deberá cumplir 60 años y 25 años de servicio. Para el caso del seguro de vejez 65 años y 25 de cotización.

Los años recientes nos han demostrado que el mercado laboral es altamente inestable. Sólo en 2009 se perdieron 600 mil empleos.

Estamos proponiendo para el caso de los trabajadores del ISSSTE que para cesantía en edad avanzada sea de 60 años y 20 años de servicio, e igualmente para el caso vejez.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, los diputados del Partido del Trabajo estamos convencidos que se deben instaurar en la ley mecanismos de protección al trabajador reconociendo las nuevas condiciones de mercado laboral. La situación es muy delicada. Las administraciones federales del PAN han estado golpeando de manera sistemática a los movimientos de los trabajadores no alineados al sindicalismo oficial.

Están por cumplirse tres años del conflicto de la minera de Cananea, donde los trabajadores se han mantenido heroicamente en pie de lucha, soportando las presiones de la Minera México y del principal porro gubernamental, Javier Lozano Alarcón, que ahora pretende ser candidato por el PAN a la Presidencia de la República.

Este siniestro personaje ha encabezado las acciones para debilitar al sindicalismo opositor mexicano. Prueba de ello es el Sindicato Mexicano del Electricistas, los mineros y trabajadores petroleros del sindicato encabezado por Romero Deschamps.

Hace casi 104 años, la dictadura porfirista masacró en junio de 1906 a los mineros de Cananea. Hoy este gobierno espurio pretende dejarlos sin su fuente de trabajo.

Exigimos una solución justa, apegada a los intereses de los trabajadores mineros de Cananea. La realidad es, compañeras y compañeros, que requerimos encabezar acciones de tipo legislativo y de tipo político que defiendan las conquistas laborales. Eso es lo que pretendemos con la iniciativa que hoy sometemos a su consideración. A este gobierno no le importa el sindicalismo ni el crimen a los trabajadores.

Nos solidarizamos con las víctimas de la tragedia de la mina de Pasta de Conchos que cumple un año más de impunidad.

Solicito a la Presidencia incluya de manera íntegra el texto de la iniciativa en el Diario de Debates. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes del Seguro Social, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Herón Escobar García, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Herón Escobar García, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el segundo párrafo y se deroga el párrafo tercero del artículo 154 y el primero y segundo párrafos del artículo 162 de la Ley del Seguro Social; y los párrafos primero y segundo y se deroga el párrafo tercero, todos del artículo 84; se reforma el párrafo primero y se deroga el párrafo segundo del artículo 89 de la Ley del  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Las condiciones económicas prevalecientes en México afectan de manera negativa los ámbitos social y económico. El modelo económico seguido en el país ha provocado condiciones de inestabilidad en el mercado laboral que también incide en las jubilaciones y pensiones de las mexicanas y los mexicanos. Se ha llegado al extremo de gravar las pensiones.

Las condiciones del mercado laboral son críticas, las plazas de trabajo son pocas en relación con la demanda, con salarios muy bajos, y en la mayoría de las ocasiones sin prestaciones de seguridad social. Increíblemente, una persona adulta que tiene entre 65 y 70 años de edad, labora en trabajos que no corresponden si tomamos en cuenta su edad y fuerza física, ya que implican un esfuerzo físico muy fuerte.

En otras palabras, debido a las enormes contradicciones en nuestra sociedad, muchos mexicanos son víctimas de no contar con un empleo digno, que además, reconozca y valore la experiencia de las personas mayores.

Lo paradójico de esta situación no es que los trabajadores mexicanos asuman una postura de discriminar de manera arbitraria las ofertas de empleo, por el contrario, no hay ofertas dignas de trabajo y acaban aceptando empleos en condiciones poco favorables.

La volatilidad del mercado de trabajo provoca que las personas cambien constantemente de empleo o sufran de periodos prolongados sin contar con uno. Ambas condiciones afectan las cotizaciones que realizan a la seguridad social, lo que retrasa necesariamente que cumpla con los requisitos establecidos para en un futuro, poderse jubilar o pensionar.

La Ley del Seguro Social señala que los trabajadores para acceder a una pensión por cesantía en edad avanzada, deberán contar con 60 años de edad y mil 250 semanas de cotización. Para el caso de vejez se requiere tener 65 años cumplidos y el mismo número de semanas cotizadas.

La realidad es que cada vez sea más frecuente que no se pueda cumplir con los requisitos, derivado de la precaria situación existente en el mercado laboral.

Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo está claro que una jubilación digna tiene que incluir un compromiso tripartita, entre los trabajadores, el Estado y los patrones, situación que se ha visto vulnerada con la aplicación del sistema de cuentas individuales aprobado por el Congreso de la Unión en 1996.

La propuesta que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo somete a esta soberanía, tiene que ver con flexibilizar el esquema de jubilación, reconociendo el complejo entorno que sufre el mercado laboral. En este esquema, buscamos modificar las semanas de cotización para poderse jubilar, para pasar de mil 250 a mil 40 semanas de cotización, equivalentes a 20 años de trabajo.

Una situación similar se vive con los trabajadores al servicio del Estado. Cifras del Anuario Estadístico del ISSSTE de 2007 señalan que el instituto ampara a 3 millones 100 mil 767 derechohabientes entre trabajadores y pensionados, siendo estos últimos 610 mil 270.

La nueva Ley del ISSSTE aprobada por el Congreso de la Unión en 2007 estableció nuevos requisitos para tener derecho a la pensión por cesantía en edad avanzada y por vejez. A casi tres años de su aprobación creemos que es necesario establecer criterios más acordes a la situación que vive el país en materia laboral.

La ley vigente señala que para tener derecho a gozar una pensión por cesantía en edad avanzada, se deben cumplir con dos requisitos, tener cumplidos 60 años de edad y 25 años de cotizaciones.

Para el caso, acerca del seguro de vejez la ley dispone que el trabajador debe tener 65 años cumplidos y 25 de estar cotizando al ISSSTE.

Los años recientes han demostrado que el mercado laboral en México es altamente inestable. Sólo en 2009 se perdieron poco más de 600 mil empleos y se estima que en la informalidad están varios millones de mexicanos, amén de que muchas personas que encuentran trabajo lo hacen sin las prestaciones de ley.

La situación antes reseñada en algunos aspectos afecta también a los trabajadores al servicio del Estado. En los dos últimos sexenios se ha privilegiado la contratación por honorarios con renovación cada tres meses para impedir la creación de antigüedad, en detrimento de las llamadas plazas de estructura.

A lo anterior hay que sumar que con la aprobación de la nueva Ley del ISSSTE se incrementó la edad para que los trabajadores al servicio del Estado puedan gozar de su jubilación.

Aunque se podría pensar que al ser trabajadores del Estado cuentan con mayores derechos, la realidad no es así. Es por ello que estamos planteando hacer algunas adecuaciones a la ley del ISSSTE para flexibilizar los requisitos para poder acceder a la pensión por cesantía en edad avanzada y por vejez.

Estamos proponiendo para el caso de los trabajadores al servicio del Estado que puedan obtener su pensión por cesantía en edad avanzada con 60 años de edad cumplidos y con 20 años de servicio. Para el caso de pensión por vejez proponemos que tenga 60 años de edad y 20 años de servicio.

Por las consideraciones expuestas, sometemos a su consideración el siguiente proyecto de

Decreto que reforma los artículos 154 y 162 de la Ley del Seguro Social; y 84 y 89 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado

Para quedar como sigue:

Artículo Primero.Se reforma el segundo párrafo y se deroga el párrafo tercero, ambos del artículo 154; se reforman el primero y segundo párrafos del artículo 162 de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue:

Artículo 154. ...

Para gozar de las prestaciones de este ramo se requiere que el asegurado tenga reconocidas ante el instituto un mínimo de mil cuarenta semanas de cotización.

(Se deroga)

...

Artículo 162. Para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez, se requiere que el asegurado haya cumplido sesenta años de edad y tenga reconocidas por el Instituto un mínimo de mil cuarenta semanas de cotización.

Si el asegurado tiene cotizadas un mínimo de setecientas cincuenta semanas tendrá derecho a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, en los términos del capítulo IV de este Título.

Artículo Segundo. Se reforman los párrafos primero y segundo y se deroga el párrafo tercero, todos del artículo 84; se reforma el párrafo primero y se deroga el párrafo segundo del artículo 89 de la Ley del  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 84. Para los efectos de esta ley, existe cesantía en edad avanzada cuando el trabajador quede privado de trabajo a partir de los sesenta años de edad.

Para gozar de las prestaciones de cesantía en edad avanzada se requiere que el trabajador tenga un mínimo de veinte años de cotización reconocidos por el instituto.

(Se deroga)

Artículo 89. Para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez, se requiere que el Trabajador o Pensionado por riesgos del trabajo o invalidez haya cumplido sesenta años de edad y tenga reconocidos por el Instituto un mínimo de veinte años de cotización.

(Se deroga)

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de febrero de 2010.— Diputado Herón Escobar García (rubrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, señor diputado Herón Escobar García. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Previsión Social.

Señoras diputadas y señores diputados, se encuentran entre nosotros los alumnos del CBT José María Velasco, del municipio de Temascalcingo, estado de México, invitados por el diputado Emilio Chuayffet Chemor, quien les envía un afectuoso saludo.

DIPUTADA SUPLENTE QUE SE INCORPORA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana Laura Felícitas García Dávila, diputada suplente electa en el II distrito del estado de Tamaulipas. Se designa una comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los diputados Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Diva Hadamira Gastélum Bajo, José Francisco Rábago Castillo, Paz Gutiérrez Cortina, Juan Carlos Natale López y María del Pilar Torre Canales.

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple con su encargo)

Señores diputados, se les invita a ponerse de pie.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Ciudadana Laura Felícitas García Dávila, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

La ciudadana Laura Felícitas García Dávila: Sí protesto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Si así no lo hiciere que la nación se lo demande.

Muchas gracias. Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

ARTICULO 61 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Roberto Pérez de Alva Blanco, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Roberto Pérez de Alva Blanco:Gracias, diputado presidente. Compañeros legisladores, a partir de las reformas en materia electoral aprobadas por el honorable Congreso de la Unión el año 2007, como es de todos conocido, las entidades federativas con elecciones en año en que no se lleva a cabo una elección federal, debieron ajustar sus propias legislaciones a efecto de tener sus jornadas electorales el primer domingo de julio del año que corresponda. Es el caso del año que transcurre, salvo Yucatán, que lo hará en mayo.

Después de un intenso proceso de legislación en las entidades federativas para llevar a cabo las reformas necesarias y luego de un no menos intenso proceso de impugnación a la publicación de las leyes emitidas, algunas de ellas ante el máximo tribunal de autoridad de la nación en la materia –proceso que por cierto no concluye aún–, 15 entidades de la República han iniciado ya de hecho sus procesos electorales para tener su elección el día 4 de julio de este año. Sin duda que la jornada se avizora intensa y no ajena de complicaciones y problemas. Presagia también una intensa lucha electoral en la que los partidos políticos buscarán por todos los medios lícitos a su alcance lograr los triunfos que consideran pueden obtener.

Sin embargo, hay que aceptar que en los últimos años los procesos electorales se han judicializado en extremo, llegando en muchas ocasiones hasta la última instancia de la autoridad en la materia en el nivel de la nación para tener en definitiva una resolución.

Si bien es cierto que las autoridades encargadas de los propios procesos en cada entidad federativa deben comprometer su mayor esfuerzo en busca de una contienda imparcial, transparente y con la mayor certidumbre, también es cierto que varias lagunas o contradicciones en determinadas leyes no permiten claridad en la práctica para el ejercicio de una vida democrática, equitativa para todos los partidos contendientes.

Deseo referirme particularmente a la contradicción o, por decir lo menos, a la falta de definición que existe entre el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se propone reformar y el artículo 237 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En tanto la primera establece que ningún legislador puede ser reconvenido por sus expresiones, en la segunda se define muy claramente un periodo de prohibición para hacer manifestaciones de proselitismo político 3 días antes de la jornada electoral. Estos conceptos se replican en todas las legislaciones de las entidades.

De ahí que en Nueva Alianza consideramos que esto amerita una definición y visualizamos que ya se han dado casos en que el propio Tribunal Federal Electoral ha establecido un criterio sancionatorio y de reprobación al hecho.

Por mera causa de cita, el Senado de la República replicó con una contundente respuesta. Habría que dar claridad a nuestro juicio a esta contradicción, sin perder de vista la superioridad de nuestra Carta Magna.

Pero sí poner al menos en la mesa de la discusión un hecho que puede ocasionar no sólo complejidades y conflictos, sino lo más importante: inequidad en la vida democrática y en la participación de las distintas fuerzas políticas de la República.

Por lo anterior, sometemos a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 61 de nuestra Carta Magna en los términos que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día. Para lo cual solicito atentamente a la Presidencia que instruya el trámite que corresponda, al igual que a la intervención de su servidor se le dé trámite en el Diario de los Debates.

Suscriben con su servidor esta iniciativa la diputada Pilar Torre Canales y el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. Muchas gracias, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roberto Pérez de Alva Blanco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Roberto Pérez de Alva Blanco, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60, 63, 64, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, presenta ante esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la década de los noventa el proceso de democratización del Estado mexicano experimentó un salto histórico cuando los partidos políticos sentaron las bases constitucionales de un nuevo régimen electoral mucho más confiable y equitativo que el anterior. Hoy más que nunca, en un escenario de la consolidación de la democracia, el tema del fortalecimiento de las normas y prácticas electorales adquiere una importancia primordial.

La esencia del esfuerzo legislativo que nos convoca el día de hoy nos obliga, en virtud de los vacíos legales que quedaron pendientes de las reformas político-electorales de los últimos años, a emprender un debate sobre como delimitar las facultades y derechos de los propios legisladores en situaciones extraordinarias dadas. Es en este sentido que queremos iniciar la discusión para encontrar puntos de acuerdo que hagan compatible el artículo 61 constitucional, que establece que ningún legislador podrá ser reconvenido por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y lo que establece el numeral 4 del artículo 237 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que prohíbe que durante el día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores, se lleven acabo actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo político.

El problema se manifestó durante la pasada contienda electoral y originó un extenso debate en el Congreso de la Unión, el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El tema es polémico sin lugar a dudas, sin embargo no podemos hacer como que no pasa nada ya que una democracia sin reglas claras abre la puerta para que los actores políticos puedan violar la norma en cualquier oportunidad, ocasionando entonces, que el estado de derecho y los principios democráticos carezcan de valor alguno.

Específicamente nos referimos a lo sucedido el pasado 3 de julio de 2009, cuando el senador Arturo Escobar concedió una entrevista a un medio radiofónico y donde invitaba a la población a votar, el domingo 6 de julio siguiente, por la opción política que el representa. De acuerdo al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el numeral 4 del artículo 237, se establece que el día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales. A lo anterior se le conoce comúnmente como la “veda electoral”.

Debido a este hecho se presentó una denuncia ante el Consejo General del IFE en contra del senador en mención por violar la veda electoral. Sin embargo, después de una larga discusión donde se desahogaron las pruebas y se presentaron los alegatos de las partes involucradas, el Consejo declaró infundada la queja  presentada. Ante esto, los partidos políticos que habían promovido la queja decidieron presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El 11 de noviembre de 2009, la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió de forma positiva el recurso de apelación presentado, y por unanimidad de votos dictó que se revocara la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral y que en su siguiente sesión de Consejo General procediera a calificar la gravedad de la conducta e individualizar e imponer las sanciones que conforme a derecho correspondan al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y a Arturo Escobar, respectivamente, por haber violentado el periodo de veda y por haber faltado a su deber de cuidado en términos de lo dispuesto en el numeral 38, párrafo 1, inciso a), del Cofipe.

En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal, el Consejo General del IFE impuso al  senador Arturo Escobar y Vega una sanción consistente en una amonestación pública, y al Partido Verde Ecologista de México una multa de quinientos días de salario mínimo.

No obstante, la amonestación al senador derivó en un pronunciamiento del Senado de la República que rechazó enérgicamente la decisión del Instituto Federal Electoral de sancionar a Arturo Escobar por hacer declaraciones de tipo electoral días antes de los comicios federales. El presidente del Senado, Carlos Navarrete, justificó el pronunciamiento con base en el artículo 61 de la Constitución que establece que los diputados y los senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y que no podrán ser reconvenidos por ello.

De este tema se desprende la inquietud de reformar el artículo 61 constitucional ya que si bien ésta facultad conferida a los legisladores es un pilar de los sistemas republicanos para hacer efectiva la división de poderes y permitir que el desempeño de la función parlamentaria se lleve acabo en forma eficiente, también es cierto que esta prerrogativa debe ser acotada a la luz de acontecimientos que dejan claro que se malinterpreta el fuero constitucional.

La veda electoral ha sido transgredida en algunas ocasiones por distintos servidores públicos, sin embargo, ésta es la primera ocasión que un legislador en funciones, que tiene protección bajo lo que establece el artículo 61, enfrenta esta situación. Por consiguiente, de no tomar las medidas pertinentes, cada jornada electoral tendríamos el mismo problema: por un lado a legisladores que haciendo un uso extralimitado de sus prerrogativas puedan hacer propaganda a favor de sus respectivas fuerzas políticas e inclinar la balanza electoral, y por el otro una autoridad que impone sanciones que no encuentran sustento por que en las leyes no se ha previsto qué hacer bajo situaciones extraordinarias dadas como la llamada veda electoral. Recordemos que la conducta que se califica de ilegal realizada por el senador no deriva de que haya realizado propaganda electoral en aras de favorecer a su instituto político, pues tal proceder por sí mismo no constituye una vulneración a la normativa en materia política-electoral, sino que lo que realmente se le reprocha es que lo haya efectuado dentro del tiempo prohibido por la ley, esto es, dentro de los tres días previos a la celebración de los comicios.

A propósito de este asunto, muchos han vertido diversas opiniones que si bien aportan elementos para el debate, también es cierto que no ofrecen soluciones de fondo. Algunos argumentan que un legislador si puede ser reconvenido si hace proselitismo durante la veda electoral, ya si se le considera como funcionario público o militante de su partido entonces el Cofipe si prevé sanciones específicas. Debido a estas consideraciones es que el senador Escobar pudo ser sancionado. Sin embargo, ¿cuál será el criterio para sancionar a los legisladores independientes cuando se vuelva a presentar esta situación? O más importante aún, ¿tenemos que seguir buscando entrelineas para encontrar la manera de sancionar a quien infringe la ley? Es por lo anterior que consideramos que dejar las cosas como están no favorece a la vida republicana del país. Reconocemos que los artículos mencionados tanto de la Constitución Política como los del Cofipe cumplen con una función vital para salvaguardar objetivos específicos, por ello el asunto no es derogar uno a favor del otro ya que eso equivale a “tapar el sol con un dedo”. El tema central es hacerlos compatibles y por ello estamos solicitando que, al menos, se inicie la discusión para encontrar puntos en común que nos lleven a tener una legislación más justa y favorable.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza reiteramos nuestro convencimiento acerca de la importancia de impulsar normas que busquen consolidar nuestra joven democracia. Por ello insistimos en que el artículo 61 es un privilegio para salvaguarda de eventuales acusaciones sin fundamento, así como para mantener el equilibrio entre los poderes, pero por ningún motivo es un excluyente de responsabilidad.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único.Se reforma el primer párrafo del artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Articulo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas siempre que sus opiniones no violen un deber legal especial o de facto establecido en la norma electoral vigente.

...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 La resolución del Consejo General del IFE y los motivos presentados están identificados con la clave CG499/2009.

2 El recurso de apelación está identificado con la clave SUP-RAP-304/2009 y su acumulado SUP-RAP-305/2009.

3 Respecto a la responsabilidad del Partido Verde Ecologista de México, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación consideró que se actualizaba la figura de la culpa in vigilando respecto al hecho denunciado, puesto que el ámbito de responsabilidad jurídica de los partidos políticos comprende, la vulneración que a las normas electorales, efectúen los dirigentes, militantes y simpatizantes, empleados o incluso personas ajenas a los partidos políticos, en tanto que los institutos políticos detentan una posición de garante respecto de la conducta de aquellos, con el fin de que ajusten su proceder a los cauces de la legalidad.

Dado en la sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 25 de febrero de 2010.— Diputados: Roberto Pérez de Alva Blanco, Jaime Arturo Vázquez Aguilar, Reyes S.Tamez Guerra, Elsa María Martínez Peña, María del Pilar Torre Canales, Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado. Insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

ARTICULOS 115 Y 122 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea, inmediatamente alcanzada nuestra independencia como nación, el Plan de Iguala reconoce el municipio como forma de organización territorial y la Constitución Política de 1824 la refrenda y otorga a los estados la responsabilidad para legislar en la materia.

Durante la Revolución de 1910 el municipio libre fue muy importante como bandera política. El mismo Venustiano Carranza en 1917 promulgó la Ley del Municipio Libre como base territorial y de organización política de la República. Esta ley fue medular y sustancia para la redacción del artículo 115 de la Constitución de 1917.

Las transformaciones democráticas en los municipios han sido consecuencia de las luchas gestadas por la oposición política y por la sociedad civil. En este sentido vemos que aún no alcanzan a enfrentar los retos de un municipio que ahora está sujeto a nuevas reglas de competencia y pluralidad partidista. Por ello, una nueva reforma en materia municipal no debe concebirse aislada del conjunto de reformas que requiere el régimen del sistema político mexicano.

Son importantes no tan sólo nuevas reformas al municipio, sino también estar concebidas en el marco de las reformas del Estado que aún están pendientes para que recupere y actualice los principios democráticos de autonomía, libertad, pluralismo y autosuficiencia.

Por lo anterior, esta propuesta de reforma constitucional para que los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, así como los jefes delegacionales del Distrito Federal duren en su cargo cuatro años, es una de las asignaturas pendientes que requiere el proceso de reforma del Estado. Y al mismo tiempo, es uno de los cambios que el poder municipal necesita, con el propósito de coadyuvar al mejoramiento y aplicación de las políticas públicas de los gobiernos locales.

Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de decreto.

Uno. Se reforma el segundo párrafo de la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 115. ...

I. ...

Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, durarán en su encargo cuatro años y no podrán ser reelectos para un periodo inmediato... –Continúa con la redacción del texto.

Dos. Se reforma el tercer párrafo de la fracción II de la Base Tercera del apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 122. ...

C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases:

Base Primera. ...

Base Segunda. ...

Base Tercera. Respecto a la organización de la administración pública local en el Distrito Federal:

De ahí pasa a: Los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales serán elegidos en forma universal, libre, secreta y directa. Durarán en su cargo cuatro años y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato, según lo determine la ley.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, hoy, 25 de febrero de 2010. Solicito atentamente, diputado presidente, sea insertado en el Diario de los Debates.

«Iniciativa que reforma los artículos 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Convergencia

Quien suscribe, diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Convergencia, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta, ante esta honorable soberanía, la iniciativa que reforma el segundo párrafo de la fracción I del artículo 115 y el tercer párrafo de la fracción II de la Base Tercera del inciso C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo el tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. Inmediatamente alcanzada nuestra independencia como nación, el Plan de Iguala reconoce el municipio como forma de organización territorial, y la Constitución Política de 1824 la refrenda y le otorga a los estados la responsabilidad para legislar en la materia. Empero, en 1837, los centralistas suprimieron los ayuntamientos e impusieron los jueces, prefectos y subprefectos como administración de los pueblos. Pero la Constitución Liberal de 1857 volvió a retomar y recuperar el régimen municipal.

No obstante que, desde sus orígenes, el municipio adoleció de igualdad jurídica y, por lo tanto, de igualdad económica, social y cultural. Durante el siglo XIX la autoridad municipal fue quedando en manos de elites criollas y mestizas, en detrimento de los cabildos indígenas. En el periodo de Porfirio Díaz el problema se acentuó, el municipio ya había perdido totalmente su independencia política y sus fuentes de ingreso, el jefe político alcanzó a ser parte de la oligarquía dominante.

2. Durante la Revolución del 1910-17 el municipio libre fue una importante bandera política. En 1911, en el estado de Chihuahua, fueron abolidas las jefaturas políticas y se estableció el municipio libre. En 1914 el Plan de Veracruz, como adición al Plan de Guadalupe, definió como uno de sus objetivos centrales la autonomía política local; posteriormente, Venustiano Carranza promulgó la Ley del Municipio libre, como base territorial y de organización política de la república. Esta ley fue medular y sustancia para la redacción del artículo 115 de la Constitución de 1917.

Sin embargo, el dominio de un solo partido y el control absoluto del régimen posrevolucionario sobre la sociedad, no permitían que en los municipios floreciera la democracia y las libertades públicas. Pasaron muchos años para que una fuerza distinta al partido de Estado gobernara un municipio. El primer caso se dio en un clima represivo, de muertos y heridos, en 1946 en León, Guanajuato.

3. La oposición gobernante se fue creando a raíz de la onda huella que dejó la guerra cristera, enarbolando la bandera del municipio libre. Trece años después en San Luis Potosí Salvador Nava triunfó con la Unión Cívica Potosina, no sin antes sufrir la represión y violencia de parte de Gonzalo N. Santos, gobernador del estado. En la década de los setentas el PAN empezó a ser gobierno en diversos municipios, destacando el caso de Chihuahua.

A partir de 1988, se inició una nueva etapa en los municipios del país; como en cascada, tanto el PAN como el PRD y otros partidos emergentes empezaron a conquistar municipios en diversas partes del país. La alternancia en el poder, como principio básico para hacer creíble la democracia y la libertad municipales, empezó a convertirse en una realidad.

4. Las transformaciones democráticas en los municipios fueron más consecuencia de las luchas gestadas por la oposición política y la sociedad civil. Y las modificaciones impulsadas desde el poder no trataban la cuestión desde un enfoque federalista y municipalista. Los cambios más destacados son los siguientes: la incorporación del principio de no-reelección en 1933; la reforma de 1947 introdujo el voto de las mujeres en los municipios, mucho antes que se legislara a nivel federal. La reforma de 1971 abrió la posibilidad de que el Congreso de la Unión pudiera sustituir a las autoridades municipales. Y, en sentido contrario, en 1928, en el Distrito Federal se impusieron las actuales delegaciones políticas.

La reforma de 1976 adicionó la facultad para que los estados y municipios, en sus respectivas áreas de competencia, pudieran expedir leyes o reglamentos para cumplir con lo establecido en el artículo 27 en materia de urbanización. La de 1977, introdujo la representación proporcional en los ayuntamientos de 300 mil habitantes en adelante. Con la reforma de 1987 se separaron las funciones en materia de convenios –entre estados y federación– de obras y servicios públicos. Estos cambios se incluyeron en el artículo 116 de la Constitución Política.

5. La reforma de mayor trascendencia fue la de 1983, abriéndose un nuevo espacio para la vida municipal en materia de obra y servicios, tipificando los ocho servicios públicos que pasarían a ser responsabilidad de todos y cada uno de los Municipio del País. Además, se permitió llevar adelante la planificación urbana y el derecho de celebrar convenios con sus respectivos estados o con la federación, con el propósito de conseguir recursos y cumplir con la demanda ciudadana.

Esta reforma tuvo lugar en el momento en que el gobierno federal se encontraba con un fuerte déficit financiero, y con una legitimidad deteriorada a causa de los altos índices de corrupción heredados del populismo. Aunque las modificaciones de 1983 introdujeron el derecho para que los municipios cobraran impuestos a la propiedad inmobiliaria y a la utilización de servicios, los recursos seguían siendo insuficientes. Las participaciones federales seguían y siguen siendo la principal fuente de financiamiento. En materia política, podríamos considerar que la reforma de 1996 que determinó la elección de los titulares de las delegaciones políticas en el Distrito Federal (Además de la del jefe del Gobierno), por voto universal y secreto fue, sin duda, un paso trascendental en el proceso de democratización de las demarcaciones territoriales más cercanas a la población.

6. Estos avances, empero, aún no alcanzan a enfrentar los retos d un municipio que ahora está sujeto a nuevas reglas de competencia y pluralidad partidista. Por ello, una nueva reforma en materia municipal no debe concebirse aislada del conjunto de reformas que requiere el régimen y el sistema político mexicanos. Nuevas reformas al municipio deben ser concebidas en el marco de las reformas del estado, que aún están pendientes.

Son diversas las propuestas que a largo de los último años se han venido sugiriendo con el propósito de alcanzar a diseñar un nuevo pacto municipal, que recupere y actualice los principios democráticos de autonomía, libertad, pluralismo y autosuficiencia. Sobresalen como propuestas, la reelección consecutiva de las autoridades municipales y la ampliación del periodo de gobierno a cuatro años, o ambas.

7. El debate al respecto ha sido intenso y más allá de las diferencias de cuál de las proposiciones es la más adecuada para los tiempos actuales, en ambas se hace valer la preocupación respecto a que tres años de gobierno municipal son insuficientes para la ejecución de los programas, y políticas municipales y delegaciones, para el caso del Distrito Federal. Esta es una realidad, que el Legislativo federal debe asumir como una de sus tareas primordiales.

No obstante, la oferta política de reelección consecutiva no cuenta aún con las simpatías de la población, toda vez que la clase política gobernante en su conjunto carece de buena reputación y credibilidad. El ejercicio de la política y la clase política en general no gozan de cabal salud. Esta situación, sin duda, es un serio dique para que la reelección consecutiva sea un buen incentivo jurídico y político, para que las autoridades municipales alcancen una mejor dosis de credibilidad y confianza políticas ante la sociedad.

8. La ampliación del periodo a cuatro años de los gobiernos municipales y jefes delegaciones, es una propuesta menos controversial y ha venido contando con el respaldo, prácticamente, de todas las asociaciones de autoridades municipales que existen en el país, más allá de su origen partidista.

Esta propuesta de reforma constitucional: para que los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, así como los jefes delegacionales del Distrito federal duren en su encargo cuatro años, es una de las asignaturas pendientes del proceso de reformas que el Estado requiere y, al mismo tiempo, es uno de los cambios que el poder municipal necesita, con el propósito de coadyuvar al mejoramiento y aplicación de las políticas públicas de los gobiernos locales.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto

Primero. Se reforma el segundo párrafo de la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 115. ...

I. ...

Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, durarán en su encargo cuatro años y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Las personas que por elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser electas para el periodo inmediato. Todos los funcionarios antes mencionado, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes sí podrán ser electos para el periodo inmediato como propietarios a menos que hayan estado en ejercicio.

...

Segundo. Se reforma el tercer párrafo de la fracción II de la Base Tercera del inciso C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 122. ...

...

C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases:

Base Primera. ...

Base Segunda. ...

Base Tercera. Respecto a la organización de la administración pública local en el Distrito Federal:

I. ...

II. ...

...

Los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales serán elegidos en forma universal, libre, secreta y directa, durarán en su encargo cuatro años y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato, según lo determine la ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintitrés días de mes de febrero de 2010.— Diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputada Ochoa Mejía. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el señor diputado Salvador Caro Cabrera, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública.

El diputado Salvador Caro Cabrera:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, a nombre de los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, particularmente del grupo de trabajo dedicado, creado para revisar los subejercicios de recursos federales en la materia, acudo a esta tribuna.

Las reformas del año anterior a la legislación penal en materia de seguridad pública definieron al sistema nacional como eje institucional para atender el tema como una función de Estado.

En esa legislación se presenta la facultad del secretario técnico del sistema para definir los criterios para la distribución de los recursos en la materia destinados a las entidades federativas.

Dentro de esas reformas quedó pendiente la revisión a otras legislaciones, particularmente la de la Ley de Coordinación Fiscal, que en su artículo 44 regula el Fondo de Aportaciones para la Seguridad a los Estados y al Distrito Federal.

Los recursos destinados para esta materia en 2008 ascendieron a 5 mil 400 millones de pesos, de los cuales solamente fueron ejercidos el 61.7 por ciento. Para 2009 se presupuestaron 6 mil 225 millones de pesos y el nivel de subejercicio fue muy similar.

Conscientes de que la seguridad pública es el principal problema reconocido por los mexicanos, los integrantes de la comisión y particularmente los del grupo de trabajo encontramos –después de hacer un análisis exhaustivo y una serie de consultas a través del grupo de trabajo creado ex profeso– que existe un problema estructural, un problema de reglas parar que las entidades federativas puedan disponer de estos recursos.

Por lo que proponemos un nuevo esquema que implica la planeación anticipada del gasto por parte de las entidades federativas y la disposición del secretariado técnico a los acuerdos respecto a las referencias que tenga de la Secretaría de Hacienda sobre disponibilidad de dinero.

También implica la promoción de reglas que promuevan consenso y corresponsabilidad, así como una interacción con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, a efecto de abatir el subejercicio.

En lugar de 10 ministraciones que están estipuladas actualmente en la Ley de Coordinación Fiscal, encontramos que lo adecuado sería un máximo de cuatro, consensuadas por las partes y con la obligación de que los convenios para el ejercicio de los recursos sean firmados en el primer mes del año, todo esto reflejado en el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por integrantes de la Comisión de Seguridad Pública

Los suscritos, integrantes del Grupo de Trabajo de Análisis de Subejercicios del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, de la Comisión de Seguridad Pública, con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la iniciativa de decreto por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 44.

Exposición de Motivos

La reforma constitucional al sistema de justicia penal y de seguridad pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 18 de junio de 2009, marcó en el ámbito de la seguridad pública un cambio de paradigma. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende: la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, y que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional.

Asimismo, a partir de la reforma se fijan las bases de coordinación entre el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno a efecto de alcanzar los objetivos de la seguridad pública a través del el Sistema Nacional de Seguridad Pública. La Carta Magna contiene, también, en el inciso e) del citado numeral, el establecimiento de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional, que serán aportados a las entidades federativas y municipios, y por consecuencia deberán destinarse exclusivamente a los precitados fines.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria del artículo constitucional referido, publicada en el Diario Oficial de la Federación apenas el pasado 2 de enero del presente año, en su artículo 14, fracción VII, establece que el Consejo Nacional tendrá entre sus atribuciones vigilar que en los criterios para la distribución de recursos de los fondos de aportaciones federales para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal se observen las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal. A su vez el artículo 18 del mismo cuerpo normativo preserva que corresponde al secretario ejecutivo del sistema atender las citadas atribuciones.

La misma ley, en su artículo 142, señala que los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a que se refiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se componen con los recursos destinados a la seguridad pública previstos en los fondos que establece el artículo 25, fracciones IV y VII, de la Ley de Coordinación Fiscal para tal objeto, y que los recursos que se programen, presupuesten y aporten a las entidades federativas y municipios, así como su ejercicio, control, vigilancia, información, evaluación y fiscalización, estarán sujetos a dicho ordenamiento y a la presente Ley; mismos que únicamente podrán ser destinados a los fines de seguridad pública referidos en la Ley de Coordinación Fiscal.

El artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal señala: “el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal se constituirá con cargo a recursos Federales, mismos que serán determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación. La Secretaría de Seguridad Pública formulará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una propuesta para la integración de dicho fondo”.

En el siguiente párrafo del mismo numeral se señala el mecanismo de distribución a través del Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

De igual manera, se establece que el fondo se enterará mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante los primeros diez meses del año a los Estados y al Distrito Federal, y refiere la intención de que esto se lleve a cabo “de manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquéllas de carácter administrativo, salvo que no se cumpla lo dispuesto en este artículo”.

No obstante, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) tuvieron un subejercicio para 2008 de 61.7%, es decir, de un monto ministrado de 5 mil 400 millones, únicamente se ejercieron 2 mil 68 millones. Al 30 de septiembre del presente año la tendencia es similar: de 6 mil 225.1 millones disponibles para las entidades federativas y sus municipio sólo se han ejercido 2 mil 361.1 millones de pesos.

Por esta razón, la Comisión de Seguridad Pública conformó un grupo de trabajo para analizar las causas de los elevados niveles de subejercicio en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) y en el Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios (Subsemun). Se integraron 11 miembros de la Comisión de Seguridad Pública a dicho grupo, y se realizaron 3 reuniones: La primera tuvo como objetivo revisar el análisis financiero y jurídico del FASP y Subsemun. La segunda tuvo como objetivo escuchar los puntos de vista de la Conferencia Nacional para la Seguridad Pública Municipal. La tercera se desarrollo con la presencia de funcionarios del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las conclusiones a que se llego nos refieren a que los problemas estructurales del FASP se originan principalmente al contenido del artículo 44 de la Ley de la Coordinación Fiscal, que establece que los recursos deben otorgarse mediante diez ministraciones mensuales, lo que en términos generales dificulta el ejercicio de los recursos por distintas razones, siendo una de las principales, la convocatoria a licitaciones públicas.

El grupo de trabajo consideró pertinente promover iniciativa para reformar el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal a efecto de que los recursos estén disponibles a partir de la firma del convenio con el gobierno federal y de acuerdo al contenido del mismo, lo cual implica la firma de este en el primer mes del año y la entrega de los recursos mediante ministraciones acordadas y referidas al convenio conforme a los planes propuestos por las entidades federativas.

Además es necesario actualizar la legislación para ajustar el papel del Consejo Nacional y del Secretariado Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública a las exigencias que les fija la nueva legislación y la dinámica interacción de este último con las entidades federativas. Cabe señalar que en reunión de trabajo con funcionarios de esta última área gubernamental se recogió la voluntad y el compromiso de flexibilizar las reglas administrativas de acceso y ejercicio de los recursos en el FASP y de estimular un esquema de incentivos para el acceso y ejercicio de los recursos, así como la coincidencia en la inmediata necesidad de reformar la Ley de Coordinación Fiscal.

En virtud de lo anterior se hace urgente la reforma del artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal para agilizar el acceso a los recursos y para establecer con base al convenio los periodos de ejercicio y los montos de los recursos del fondo, en el sentido ya precisado.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes nos permitimos someter a la elevada consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de

Decreto por el que se reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 44. El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal se constituirá con cargo a recursos federales, mismos que serán determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación. La Secretaría de Seguridad Pública, con las consideraciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, formulará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una propuesta para la integración de dicho fondo.

El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará a las entidades el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal con base en los criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine, a propuesta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, utilizando para la distribución de los recursos, criterios que incorporen el número de habitantes de los Estados y del Distrito Federal; el índice de ocupación penitenciaria; la implementación de programas de prevención del delito; los recursos destinados a apoyar las acciones que en materia de seguridad pública desarrollen los municipios, y el avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura. La información relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación que corresponderá a la asignación por cada estado y el Distrito Federal, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar a los 30 días naturales siguientes a la publicación en dicho Diario del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate. Los convenios celebrados entre las partes integrantes del Sistema Nacional y los anexos técnicos, deberán firmarse a más tardar el día 31 de enero.

Este fondo se enterará por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las ministraciones acordadas en el convenio celebrado por los Estados y el Distrito Federal, debiendo ser éstas un máximo de cuatro, mismas que estarán disponibles durante el primer semestre del año, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquéllas de carácter administrativo, salvo que no se cumpla lo dispuesto en este artículo.

Para los efectos del entero a que se refiere el párrafo anterior no procederán los anticipos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 70, de esta ley.

Los estados y el Distrito Federal, reportarán trimestralmente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el ejercicio de los recursos del Fondo y el avance en el cumplimiento de las metas. Las modificaciones realizadas a los convenios de colaboración y sus anexos técnicos en la materia deberán contar con la justificación y aprobación del Consejo Estatal de Seguridad Pública, previa opinión favorable Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin que sea necesaria la modificación de los mismos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2010.— Diputados: Felipe Amadeo Flores Espinosa, J. Eduardo Yáñez Montaño, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Camilo Ramírez Puente, Salvador Caro Cabrera(rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputado Caro Cabrera. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Sandra Méndez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.

La diputada Sandra Méndez Hernández:Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes, señores diputados, su servidora Sandra Méndez Hernández. Hago uso de esta tribuna con el compromiso de representar los intereses de los ciudadanos con esta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo conforme a la siguiente:

Exposición de motivos. México padece la peor crisis económica y financiera de los últimos 50 años, muestra de ello es el agudo aumento en los índices de tasa de desocupación, el cual no ha disminuido desde el año 2008.

La tasa de desocupación registrada en el mes de agosto de 2009 fue de 6.28 por ciento, reflejando la tasa más alta desde hace 14 años. El abatimiento laboral ha sido progresivo desde el año 2008, cuando la tasa de desocupación era de 4.15 por ciento y ha tenido su mayor impacto en las personas mayores de 35 años.

Conforme a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante el segundo trimestre del año 2008 existieron un millón 452 mil 821 eventos de pérdida de empleo, de los cuales 605 mil 968 impactaron en personas de más de 35 años de edad. Lo que representa el 41 por ciento del total de eventos de pérdida de empleo para el año 2009. El porcentaje de este rango fue de 40.43 del total de los eventos.

El segmento de personas mayores de 35 años de edad enfrenta no sólo la problemática de la pérdida de empleo, sino también la falta de oportunidades para recuperarlo ante la poca oferta laboral de este país.

La presente iniciativa tiene como finalidad establecer una medida de protección a favor de estas personas para atender una problemática de discriminación. Aunque jurídicamente no lo restringe, éste sí acontece en el entorno social de manera real en nuestro país.

Podemos observar que la intención o efecto discriminatorio es en dos sentidos: el directo, en el cual al empleado se le despide en razón de su edad, o el indirecto, en el cual el empleador puede ser autor de políticas discriminatorias al requerir determinados perfiles de edad para la ocupación de los puestos.

Es un hecho público y notorio que desde las publicaciones o avisos de empleo se discrimina por razones de edad. Es muy común escuchar las frases de: hasta 35 años; no más de 35 años. Lo que discrimina sin justificación a este segmento poblacional condenando a un gran porcentaje de mujeres y hombres a no encontrar trabajo y a no recuperar su ocupación laboral perdida por la crisis económica.

En nuestro sistema jurídico están vigentes normas que prohíben la discriminación laboral, como lo es el artículo 1o. de nuestra Carta Magna, donde prohíbe toda discriminación motivada por género y edad, entre otros. Asimismo el artículo 3o. de la Ley Federal del Trabajo.

Pese a estas disposiciones la realidad es que en México persiste una práctica de discriminación por razones de edad, la cual se agudiza con la crisis económica y con el alto índice de desempleo, afectando con ello a todos los hombres y mujeres que, pese a que se encuentran activas, en plenitud física y productiva, con gran experiencia, son desocupados y rechazados como trabajadores de forma arbitraria en determinados oficios y ocupaciones.

El Estado mexicano, desde su ingreso como país miembro de la Organización Internacional del Trabajo en el año de 1931, ha suscrito 78 convenios internacionales con dicho organismo, entre ellos el Convenio 111, relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, obligándose en términos generales a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva la igualdad de oportunidades y las condiciones de trabajo.

Dentro de este segmento poblacional se encuentran madres y padres de familia, así como madres solteras en un número considerable, quienes tienen la necesidad de solventar los gastos cotidianos que representan la educación y manutención de los hijos. Constituyen también el grueso de los usuarios de los productos bursátiles.

Por todo lo expuesto, es necesario que se tutele desde la norma jurídica una protección para este segmento poblacional para que estas personas no puedan ser removidas de su empleo por el simple hecho de su edad. Asimismo, que no sean relegadas para la obtención de un empleo en la oferta laboral disponible.

El porcentaje propuesto como medida de protección a las prácticas discriminatorias permite a los empleadores contratar personal de diversas edades y no contravienen los derechos de otros empleados, motivos por los cuales la norma propuesta se sujeta a criterios de racionalidad.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones citadas, someto a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:

XXIX. Mantener permanentemente en su plantilla laboral, por lo menos un 30 por ciento del personal con una edad de más de 35 años, sin distinción de género.

Señor presidente, le solicito que esta iniciativa con proyecto de decreto se inserte de forma íntegra en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Sandra Méndez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

Sandra Méndez Hernández, diputada federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 55, fracción II, 56, 58, fracción I, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

México padece la peor crisis económica y financiera de los últimos 50 años, muestra de ello, es el agudo aumento en los índices de tasa de desocupación el cual no han disminuido desde el año 2008.

La tasa de desocupación registrada en agosto de 2009, fue de 6.28 por ciento, reflejando la tasa más alta desde hace 14 años. El abatimiento laboral ha sido progresivo desde el año 2008, cuando la tasa de desocupación era del 4.15 por ciento, y ha tenido su mayor impacto en las personas mayores de treinta y cinco años.

Conforme a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante el segundo trimestre del año 2008, existieron 1 millón 452 mil 821 eventos de perdida de empleo, de los cuales 605 mil 978 impactaron en personas mayores de treinta y cinco años de edad, lo que representa el 41 por ciento del total de eventos de pérdida de empleo.

Por lo que respecta al año 2009, el Inegi registró un total de 738 mil 611 eventos de pérdida de empleos, de los cuales 298 mil 677 fueron de personas mayores de treinta y cinco años, lo que representó el 40.43 por ciento del total de eventos.

El segmento de personas mayores de treinta y cinco años de edad, enfrenta no sólo la problemática de la pérdida de empleo, sino que también, la falta de oportunidades para recuperarlo, ya que ante la poca oferta laboral del país, los empleadores han optado por una estrategia de contrataciones de personas menores de treinta y cinco años de edad, discriminando de esta manera a un gran sector de la población económicamente activa.

En la actualidad, enfrentamos una situación de desempleo generalizado, de ajustes y transformaciones económicas, y una fuerte crisis recesiva, elementos que favorecen la marginación de los países menos adelantados y crean muchas tensiones sociales.

La disminución del número de empleos disponibles desencadena la competencia entre los individuos por lo que resulta aún más importante vigilar el acatamiento de los principios de no discriminación y la adopción de medidas positivas, protegiendo a los grupos de personas que son vulnerables por la crudeza de una crisis económica.

La igualdad en el empleo no se puede lograr plenamente en un contexto general de desigualdades y, menos aún, las auspiciadas por cuestiones de edad, lo cual es inaceptable en un país que presume ser democrático. Por este sentido se requiere, urgentemente, encauzar a todos los hombres por encima de antagonismos, diferencias y egoísmos en un solo camino, el de la dignidad y la solidaridad humana, para que el trabajo sea considerado la alternativa natural de la raza humana.

La presente iniciativa tiene como finalidad establecer una medida de protección a favor de las personas mayores de treinta y cinco años de edad, para atender una problemática de discriminación real que acontece en nuestro país.

El vocablo discriminación, en algunas de sus connotaciones significa: diferenciar, excluir, distanciar,por motivos relativos a determinadas características personales de algún individuo o de un grupo social, con la intención de “impedir y restringir los accesos a las posibilidades, beneficios y ventajas ofrecidas a otros miembros de la sociedad”.

Podemos observar que la intención o efecto discriminatorio es en dos sentidos. El directoen el que al empleado se le prohíbe intervenir, no se le tome en cuenta o se le despida en razón de su edad; o el indirecto ,en el cual, el empleador puede ser autor de políticas discriminatorias en razón de sus negocios, al requerir determinados perfiles para la ocupación de los puestos. Es el caso, que las mujeres y hombre mayores de treinta y cinco año es en México, sufren de forma directa el desempleo por razones de su edad; y de forma indirecta, padecen de las políticas de los empleadores de solamente contratar determinados perfiles que implican, por supuesto, una edad menor a treinta y cinco años.

Es un hecho público y notorio que desde las publicaciones o avisos de empleo, se discrimina  por razones de edad, ya que se establece como un requisito para ser contratado el no tener más de treinta y cinco años. Es muy común el uso de frases como: “Hasta 35 años” , “Menor de 35 años” o “No más de 35 años”; lo que discrimina sin justificación a este segmento poblacional, condenando a un gran porcentaje de mujeres y hombres, a no encontrar trabajo, y a no recuperar su ocupación laboral perdida por la crisis económica.

En nuestro sistema jurídico están vigentes normas que prohíben la discriminación laboral, como lo es el artículo 1o. de la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar, los derechos y libertades de las personas.”

En este orden de ideas el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, establece también un principio de igualdad y de no discriminación en su texto, que dice: “No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social”.

Pese a estas disposiciones, la realidad es que en México, persiste una práctica de discriminación por razones de edad, la cual se agudiza con la crisis económica y con el alto índice de desempleo, afectando con ello a hombres y mujeres, que pese a que se encuentran activas, en plenitud física y productivas con gran experiencia, son desocupados y rechazados como trabajadores de forma arbitraria en determinados oficios y ocupaciones.

El Estado mexicano, desde su ingresó como país miembro de la Organización Internacional del Trabajo, el 12 de septiembre de 1931, fecha a partir de la cual hemos suscrito con todos sus requisitos formales, 78 convenios internacionales con dicho organismo. Entre ellos, Convenio 111, relativos a la discriminación laboral.

El 15 de junio de 1960, México ratificó el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación; obligándose, en términos generales, a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva la igualdad de oportunidades y trato para acceder a los medios de formación, a la admisión del empleo y a las condiciones de trabajo. El artículo 2, del citado Convenio, textualmente establece  lo siguiente: “Artículo 2.Todo Miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto.”

De conformidad con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en las disposiciones internacionales señaladas, el Estado mexicano, como suscriptor del Convenio 111 de la OIT, se encuentra obligado a contrarrestar las prácticas de discriminación, por lo que es prudente implementar normas jurídicas, que protejan al segmento vulnerado, y en consecuencia corregir la práctica discriminatoria.

El citado Convenio 111, de la OIT, en su artículo 5, prevé la posibilidad de que los estados miembros, adopten medidas especiales destinadas a satisfacer las necesidades particulares de las personas a las que, por razones tales como el sexo, la edad, la invalidez, las cargas de familia o el nivel social o cultural, generalmente se les reconozca la necesidad de protección o asistencia especial, por lo que la presente iniciativa propone establecer una protección a las mujeres y hombres, que por razones de edad están siendo discriminados de forma directa e indirecta en materia laboral.

Además, es importante reconocer, que las mujeres y hombres mayores de treinta y cinco años, constituyen el ingreso base de las familias mexicanas. Dentro de este segmento poblacional, se encuentran madres y padres familia, los cuales tienen la necesidad de solventar los gastos cotidianos que representa la educación y manutención de hijos y ascendientes. También, constituyen el grueso de los usuarios de los productos bursátiles, como son los créditos hipotecarios o la adquisición de vehículos, entre otros. Desde el punto de vista económico, es necesario para cualquier plan de contingencia, garantizar desde la ley, la posibilidad de empleo de personas que incentivaran la circulación monetaria.

Por lo expuesto, en México se padecen prácticas discriminatorias directas e indirectas, por razones de edad, en perjuicio de los mexicanos mayores de más treinta y cinco años, circunstancia que hace necesario que se tutele desde la norma jurídica una protección para este segmento poblacional, mediante una previsión razonable, que no haga nugatorio el derecho de libertad de contratación que poseen los empleadores y que por lo tanto, no represente una carga excesiva e imposible de cumplir.

Por estas razones, la presente iniciativa propone establecer desde la Ley Federal del Trabajo la participación permanente de personas de más de treinta y cinco años en las plantillas laborales, con la finalidad de proteger este segmento discriminado de forma irracional, así mismo se busca garantizar que por lo menos el treinta por ciento de las plantillas laborales, estén integradas con personas de más de treinta y cinco años de manera permanente; y éstas no puedan ser removidas de su empleo por el simple hecho de su edad, asimismo, que no sean relegadas para la obtención de un empleo en la oferta laboral disponible.

Esta disposición se adicionará a las obligaciones que tienen los patrones expresadas en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.

El porcentaje propuesto como medida de protección a las prácticas discriminatorias, permite a los empleadores contratar personal de diversas edades, por lo que medida no hace nugatorio el derecho a la libre contratación, y no contraviene los derechos de otros empleados, motivos por cuales la norma propuesta se sujeta a criterios de racionalidad.

La distinción de protección que se propone, obedece a una realidad social, y es congruente con la finalidad de evitar las practicas de discriminación laboral por razones de edad.

Por lo antes expuesto y con fundamento en las disposiciones citadas, someto a la consideración del Pleno de ésta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo

Artículo único. Se adiciona la fracción XXIX al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 132.Son obligaciones de los patrones:

I. a XXVIII. ...

XXIX. Mantener permanentemente en su plantilla laboral, por lo menos un treinta por ciento del personal, con una edad de más de 35 años sin distinción de género.

Transitorio

Único. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Boletín del Centro de Estudios de las Finanzas Publicas, LXI Legislatura, Cámara de Diputados, bolcefp/132/2009, septiembre de 2009.

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Sistema Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, “Eventos Perdida de Empleo”.

3 Proulx, Daniel, La descrimination dans l’emploi, Canadá, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1993, página 5.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2010.— Diputados: Sandra Méndez Hernández, Sergio Mancilla Zayas, Miguel Ernesto Pompa Corella, María del Rosario Brindis Álvarez, Raúl Domínguez Rex, Elvia Hernández García, Noé Martín Vázquez Pérez, Andrés Massieu Fernández, José Luis Soto Oseguera, José Ignacio Pichardo Lechuga, Jesús Alfonso Navarrete Prida, Fernando Ferreyra Olivares, Jorge Rojo García de Alba, José Manuel Agüero Tovar, Ana Estela Durán Rico (rúbricas).»

Presidencia del diputado Francisco Javier Salazar Sáenz

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna la iniciativa de la diputada Sandra Méndez Hernández a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Dígame, diputado Martín Vázquez.

El diputado Noé Martín Vázquez Pérez(desde la curul): Sólo para pedirle, señor presidente, que pregunte a la diputada Sandra Méndez si está de acuerdo en que nos sumemos a su iniciativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Si la diputada no tiene inconveniente, lo cual manifiesta, pueden pasar a firmar a la Secretaría las adhesiones a esta iniciativa.

Señoras diputadas y señores diputados, les informo que se encuentran de visita en este recinto estudiantes del Colegio la Paz, de Saltillo, Coahuila, invitados por el diputado Moreira Valdez.

Igualmente se encuentran con nosotros personas del municipio de Tultilán, estado de México, invitadas por la diputada Sandra Méndez Hernández, a quienes les enviamos un cordial saludo.

ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 132 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Ramón Jiménez López: Gracias, señor presidente. Exposición de motivos. México vive una gravísima crisis general que incluye el naufragio del Estado en todos los ámbitos: en el económico, político y, aún más grave, la crisis social, humana, que agrede con saña a nuestro pueblo. Así nos encontramos con el hambre que campea por todos los rumbos de nuestro país haciendo estragos especialmente sobre la vida de los niños. Una educación vergonzosa que nos ubica en los últimos lugares de calidad de la enseñanza según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Una salud inspirada en la muerte. Una seguridad social en pleno desmantelamiento.

Al propio tiempo, enfrentamos el creciente desempleo, el subempleo, el empleo informal, el outsourcing o subcontratación y demás formas de subempleo, de simulación de la relación de trabajo que rompen con el desarrollo de las familias, el crecimiento económico y la seguridad pública. Pero, además, este crimen social, tan cínico e injusto, se encuentra legalizado por un estado de derecho cada vez más opresor, inequitativo, corrupto y alejado de la justicia.

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) son una cruel biografía del absoluto fracaso de un gobierno y un sistema que en materia social otorga a nuestro país muchos de los primeros lugares, pero del horror a nivel mundial. Si queremos coadyuvar a remediar el estado actual de las cosas, la única manera es comenzar a poner fin a estas injusticias con efectividad y dignidad.

Para tal efecto entendemos que existe una relación estrecha entre el trabajo digno y el bienestar social. Por tal motivo, el Estado debe garantizar a cada mexicana y mexicano con derecho al trabajo, un empleo digno, lo cual no debe enfocarse como simple buen deseo, demagogia o como sueño imposible. El Estado debe ser un garante de los derechos sociales de todos los mexicanos.

El empleo es el primer derecho social, ya que de su realidad y estabilidad nacen de manera directa o indirecta todos los demás derechos como: alimentación, educación, salud, vivienda, cultura, etcétera. Esto, independientemente de los valores inmateriales de tipo emocional y psicológico que derivan del trabajo. En este sentido observamos que es absolutamente una agresión de los derechos humanos la negación del empleo a un mexicano, esto especialmente en perjuicio de los jóvenes.

El Estado debe brindar todos los medios y abrir todos los caminos para dar plena efectividad al derecho humano al trabajo. Por el contrario, negar el trabajo significa poner en situación de franca discriminación, desventaja, al que lo padece.

Esto cobra aún más importancia en las actuales circunstancias que han elevado el desempleo a cifras históricas. Basta recordar que al tercer trimestre de 2009 la población desocupada llegó a un total de 2 millones 925 mil 45 personas que deben sumarse a una población disponible de 5 millones 447 mil 927 y a las 3 millones 41 mil 399 personas que no reciben remuneración alguna. Además de los 3 millones 825 mil 67 de subempleados y más de 12 millones de trabajadores informales. Es decir, una verdadera catástrofe social. Para no hablar de los salarios cada vez más injustos. Basta rememorar las cifras de escándalo sobre los 7 millones de jóvenes que ni trabajan ni estudian, perdiendo el país el motor base para arrancar a más altos niveles de riqueza, como lo han hecho otros países.

El empleo es como el pegamento que mantiene unida a la sociedad. Al faltar, no debe sorprendernos que todo caiga por los suelos: las familias, la armonía social en todos los sentidos y hasta la esperanza.

A este respecto cabe señalar que el artículo 123 constitucional, Apartado A, en su primer párrafo señala: Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley.

Es evidente, por lo antes dicho, lo alejada que está la realidad del mandato constitucional. Esto se debe en parte a la redacción misma de este precepto, que otorga a las personas un derecho al trabajo en abstracto, sin que imponga al Estado de manera directa y concreta la obligación de garantizarlo, debiendo éste asumir su responsabilidad en caso de incumplimiento.

Por lo anterior, el propósito de esta iniciativa es reformar el primer párrafo del artículo 123, Apartado A, de la Constitución, a efecto de transformar el derecho al trabajo en una obligación prioritaria a cargo del Estado, debiendo garantizar su cumplimiento, o bien, asumir su responsabilidad en caso contrario.

Para lograrlo, el gobierno en sus tres ámbitos de gobierno deberá tomar las medidas jurídicas, económicas, administrativas, en el marco de su poder político para cumplir su principal atribución y al propio tiempo, el principal derecho de los mexicanos, es decir: el derecho a que se garantice un trabajo digno.

Esto exigirá poner límites al saqueo y corruptelas tanto del sector público como del privado. Cuando esto se concretice con un carácter general, la riqueza económica y humana volverán a florecer en el país a raudales. Estamos, pues, hablando del denominado pleno empleo.

El derecho al trabajo es el eje de la Constitución, ya que nutre a todos los demás: el derecho a la vida, a la salud, a la democracia, al desarrollo de los menores y sus familias, a la existencia y fortalecimiento de la seguridad social, por citar algunos.

En contraposición a todo lo expuesto, los gobiernos neoliberales han hecho añicos los empleos, con mayor razón si hablamos de empleos dignos. Han destrozado la planta productiva, en general la economía nacional destacadamente el mercado interno.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Le pedimos concluir, diputado.

El diputado Ramón Jiménez López:Un momento, por favor, voy a concluir, señor presidente.

Han hecho sangrías constantes del poder adquisitivo de los salarios, han expulsado a millones de mexicanos que buscan una alternativa en países extraños, en una de las peores y más dolorosas diásporas de nuestra historia. Han condicionado, cuando no impulsado por acción u omisión, la aplicación del trabajo de muchos mexicanos en bien de los grupos criminales.

Las únicas plazas que están creciendo son al servicio de la criminalidad, que toma como víctima ante todo a los jóvenes, por no hablar de la cínica destrucción masiva de plazas con fines políticos y privatizadores en la industria minera y eléctrica.

Pido al señor presidente, por economía política, que quede inscrito en su totalidad en el Diario de los Debates y sólo menciono la parte final.

Por todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y adiciona una fracción XXV Bis al Apartado A del artículo 123 constitucional en los siguientes términos:

Artículo 123, viene el texto, y la fracción XXV Bis dice lo siguiente:

XXV Bis. Se crea el Consejo Nacional del Empleo como una instancia de coordinación para garantizar el derecho al empleo en que participarán el titular del Ejecutivo federal y los secretarios del despacho, los gobernadores de los estados y el jefe del Gobierno del Distrito Federal, los presidentes municipales, las directivas de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y 10 representantes, tanto de los trabajadores como de los patrones.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias por su atención y su paciencia.

«Iniciativa que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que concede el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona al Apartado A del artículo 123 constitucional, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México vive una gravísima crisis general que incluye el naufragio del Estado en todos los ámbitos: económico, político y, aún más grave, la crisis social, humana, que agrede con saña a nuestro pueblo. Así nos encontramos con el hambre que campea por todos los rumbos de nuestro país haciendo estragos especialmente sobre la vida de los niños, una educación vergonzosa que nos ubica en los últimos lugares de calidad de la enseñanza según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico(OCDE), una salud inspirada en la muerte, una seguridad social en pleno desmantelamiento. Al propio tiempo enfrentamos el creciente desempleo, el subempleo, empleo informal, out sourcing o subcontratación y demás formas de simulación de la relación de trabajo, que rompen con el desarrollo de las familias, el crecimiento económico y la seguridad pública. Pero, además, este crimen social, tan cínico e injusto, se encuentra legalizado por un estado de derecho cada vez más opresor, inequitativo, corrupto y alejado de la justicia.

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) son una cruel biografía del absoluto fracaso de un gobierno y un sistema que, en materia social, otorga a nuestro país muchos de los primeros lugares del horror a nivel mundial. Si queremos coadyuvar a remediar el estado actual de las cosas, la única manera es comenzar a poner fin a estas injusticias con efectividad y dignidad.

Para tal efecto entendemos que existe una relación estrecha entre el trabajo digno y el bienestar social, por tal motivo el Estado debe garantizar a cada mexicano, con derecho al trabajo, un empleo digno, lo cual no debe enfocarse como simple buen deseo, demagogia o como sueño imposible. El Estado debe ser un garante de los derechos sociales de los mexicanos.

El empleo es el primer derecho social, ya que de su realidad y estabilidad nacen de manera directa o indirecta, todos los demás: alimentación, educación, salud, vivienda, cultura. Esto independientemente de los valores inmateriales de tipo emocional y psicológico, que derivan del trabajo. En este sentido observamos que es absolutamente una agresión de los derechos humanos, la negación del empleo a un mexicano, especialmente en perjuicio de los jóvenes.

El estado debe brindar todos los medios y abrir todos los caminos para dar plena efectividad al derecho humano al trabajo. Por el contrario negar el trabajo significa poner en situación de franca discriminación, de desventaja, al que lo padece.

Es evidente que, a diferencia de otras épocas sociales, el trabajo ya no es un acto meramente natural, una actuación directa y libre sobre los recursos naturales, sino que su creación implica la formación de una red de relaciones jurídicas, económicas, en general sociales, cuyo eje es el Estado. Luego no basta la voluntad de una persona para emplearse, se requiere que sean abiertas las puertas de las estructuras necesarias por parte del Estado en interrelación con los empresarios.

Es decir, el trabajo ha pasado de mero acto natural a acto social; esto cobra especial relevancia, en la compleja sociedad actual, en la que las clases y sus diferencias se han radicalizado a tal grado que la actual lógica de la acumulación del capital se contrapone al respeto humano reflejado en el empleo y, especialmente, el empleo digno. Es decir, el empleo si bien es un acto social dada la amplitud de este concepto podemos afirmar que este se traduce en un acto económico y más aún político.

La provisión de los empleos necesarios para la población pasa de ser un acto esencialmente político a un acto que debe ser llevado consciente y planificadamente por parte del Estado, lo contrario es un acto de incumplimiento, en esencia, de sus atribuciones.

Es un acto de cobardía, de criminalidad histórica, el dejar al pueblo sujeto a los alevosos intereses y decisiones de la aristocracia empresarial, incluida la empresa en que se ha transformado de manera cínica el propio gobierno.

Ya basta de que la abstracción subyugue al derecho al empleo. El respeto al derecho a la educación exige la creación de escuelas con la estructura humana correspondiente. El derecho al trabajo debe cumplirse no sólo con discursos, planes, elefantes blancos y guerras de cifras, sino, así de sencillo, ¡con empleos concretos, tangibles, uno a uno y dignos en favor de cada persona con derecho a ellos! ¡Ya basta de que los pocos empleos que se crean sean como miserables barracas a punto de desfallecer momento a momento! ¡Ya basta de que nuestros empleos sean predominantemente ciudades perdidas!

Luego entonces, sin abstracciones mentirosas y embaucadoras, el Estado debe de crear la infraestructura jurídica, económica y social sancionadora para que, en coparticipación con la sociedad, todas las personas que necesiten y puedan trabajar, trabajen.

De no cumplir con esta obligación sustancial del Estado, éste debe indemnizar al titular de este derecho incumplido en forma de seguro de desempleo, que debe crearse con carácter nacional, general y obligatorio, caso contrario deberá cubrirse una indemnización en un solo pago para que el afectado esté en posibilidad de autoemplearse y obtener una entrada equivalente a un salario. Complementariamente, el Estado deberá dar todo tipo de apoyos en materia de vivienda, salud, educación y otros al desempleado y a su familia, para sustituir en lo posible la falta de ingresos derivados del desempleo.

Al ser el empleo el conducto para que las personas reciban los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades personales y sociales, en bien de la propia sociedad en su desarrollo, ante su falta que se deriva de la conducta omisa e irresponsable del Estado, éste debe reparar su conducta, asumir sus efectos. De lo contrario carece en gran parte de sentido la propia existencia del Estado.

Esto cobra aún más importancia en las actuales circunstancias que han elevado el desempleo a cifras históricas, basta recordar que al tercer trimestre de 2009, la población desocupada llegó a un total de 2 millones 925 mil 45 personas, que debe sumarse a una población disponible de 5 millones 447 mil 927 y a las 3 millones 41 mil 399 personas que no reciben remuneración alguna. Además de los 3 millones 825 mil 67 de subempleados y más de 12 millones de trabajadores informales. Es decir, una verdadera catástrofe social. Para no hablar de los salarios cada vez más injustos. Basta rememorar las cifras de escándalo sobre los 7 millones de jóvenes que ni trabajan ni estudian. Perdiendo el país el motor base para arrancar a más altos niveles de riqueza, como lo han hecho otros países.

El empleo es como el pegamento que mantiene unida a toda la sociedad. Al faltar, no debe sorprendernos que todo caiga por los suelos: las familias, la armonía social en todos los sentidos y hasta la esperanza.

A este respecto, cabe señalar que el artículo 123 constitucional, Apartado A, en su primer párrafo señala que “toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley”.

Es evidente, por lo antes dicho, lo alejado que está la realidad del mandato constitucional. Esto se debe en parte a la redacción de este precepto, que otorga a las personas un derecho al trabajo en abstracto sin que imponga al Estado de manera directa y concreta la obligación de garantizarlo, debiendo éste asumir su responsabilidad en caso de incumplimiento.

Por lo anterior, el propósito de esta iniciativa es reformar el primer párrafo del artículo 123, Apartado A, de la Constitución, a efecto de transformar el derecho al trabajo en una obligación prioritaria a cargo del Estado, debiendo garantizar su cumplimiento, o bien, asumir su responsabilidad en caso contrario. Para lograrlo, el gobierno en sus tres ámbitos de gobierno, deberá tomar las medidas jurídicas, económicas, administrativas, en el marco de su poder político, para cumplir su principal atribución y, al propio tiempo, el principal derecho de los mexicanos: el derecho a que se le garantice un trabajo digno. Esto exigirá poner límites al saqueo y corruptelas tanto del sector público como del privado. Cuando esto se concretice con un carácter general, la riqueza económica y humana volverán a florecer en el país a raudales. Estamos pues hablando del denominado “pleno empleo”.

El derecho al trabajo es el eje de la Constitución, ya que nutre a todos los demás: el derecho a la vida, a la salud, a la democracia, al desarrollo de los menores y sus familias, a la existencia y fortalecimiento de la seguridad social, por citar algunos.

En contraposición a todo lo expuesto, los gobierno neoliberales han hecho añicos los empleos, con mayor razón si hablamos de empleos dignos; han destrozado la planta productiva, en general la economía nacional, destacadamente el mercado interno; han hecho sangrías constantes del poder adquisitivo de los salarios; han expulsado a millones de mexicanos que buscan una alternativa en países extraños, en una de las peores y más dolorosas, diásporas de nuestra historia; han condicionado, cuando no impulsado por acción u omisión, la aplicación del trabajo de muchos mexicanos en bien de los grupos criminales. Las únicas plazas que están creciendo son al servicio de la criminalidad, que toma como víctimas ante todo a los jóvenes.

Para no hablar de la cínica destrucción masiva de plazas con fines políticos y privatizadores en las industrias minera y eléctrica.

Desde luego, las personas a quienes el Estado viole su derecho a un trabajo digno deberán tener acción legal para demandarle su cumplimiento. Esta es una más de las medidas indispensables para que el derecho al trabajo no quede como un buen deseo.

Igualmente, como un instrumento de importancia para revertir la actual crisis del empleo y garantizar el derecho al empleo, se propone la creación de un consejo nacional del empleo que se definirá como una instancia de coordinación entre todas las instancias de gobierno, al más alto nivel y los factores de producción.

Así pues, se hacen indispensables las reformas constitucionales que contiene nuestra iniciativa.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el primer párrafo y adiciona una fracción XX Bis al Apartado A del artículo 123 constitucional

Artículo 123. Toda persona tiene derecho a que el Estado le garantice un trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo; asimismo, se establece como obligación del Estado la creación de un seguro de desempleo, el otorgamiento de los apoyos necesarios para el autoempleo y demás medidas necesarias, justas y equivalentes. En caso contrario el afectado tendrá acción legal para hacer efectivo su derecho al trabajo.

I. a XXV. ...

XXV Bis. Se crea el consejo nacional del empleo como una instancia de coordinación para garantizar el derecho al empleo, en el que participarán el titular del Ejecutivo federal y los secretarios del despacho, los gobernadores de los estados y el jefe del Gobierno del Distrito Federal, los presidentes municipales, las directivas de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y 10 representantes, tanto de los trabajadores y como de los patrones.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2010.— Diputado Ramón Jiménez López (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El diputado Guillermo Cueva Sada:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, existe un alto índice de violencia de género en México, ya que cerca de 47 por ciento de las mujeres encuestadas fueron violentadas a lo largo de su relación como pareja.

Peor aún, según información disponible, 9 de cada 10 mujeres víctimas de violencia familiar no denuncian por temor a que el agresor incremente la violencia que ejerce sobre ellas, o por falta de recursos económicos propios.

Por consiguiente, creemos que entre las formas más efectivas para garantizar a una mujer una vida libre de violencia se encuentra la denuncia del delito correspondiente. La denuncia daría lugar a terminar con la impunidad, que alienta la continuación de la violencia y refuerza la subordinación a las mujeres.

Por ello, proponemos reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a efecto de que, en un marco de coordinación, las entidades federativas en sus respectivas competencias establezcan lo que sigue:

Uno. Establezcan programas de apoyo económico temporal dirigido a víctimas de violencia familiar que ayuden a denunciar el delito correspondiente.

Dos. Garanticen la seguridad e integridad física de las víctimas que denuncien.

Tres. Impulsen reformas para establecer la violencia familiar como delito grave, por afectar un valor fundamental de la sociedad: la familia. Y para que el agresor no goce del beneficio de la libertad bajo fianza.

De igual forma y con el propósito de apoyar a las mujeres para alejarse de relaciones de violencia, propongo en iniciativa diversa reformar el Código Penal Federal para que en el orden federal se establezca como delito grave el de violencia familiar.

Compañeros legisladores, en la mayoría de los casos la carencia de recursos económicos propios impide a las mujeres dejar una relación de violencia. Estamos convencidos de que al establecer en todo el país programas para otorgarles un apoyo económico por tiempo determinado podrán alcanzar condiciones mínimas de independencia para subsistir con sus hijos fuera del hogar conyugal, y fomentaremos la denuncia del delito de violencia familiar para acabar con la impunidad. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo del diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del PVEM

Guillermo Cueva Sada, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La violencia en México es una realidad que daña cotidianamente a la población femenina en todo el país y vulnera de manera significativa sus derechos. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006, 10 millones 88 mil 340 mujeres casadas o unidas de 15 años o más fueron violentadas a lo largo de su relación. De esa cifra, 44.6 por ciento ha sido agredido físicamente y 84.3 por ciento de mujeres ha padecido violencia psicológica.

Una de las formas más frecuente de violencia que sufren las mujeres es la proveniente del esposo o la persona con que se encuentran unidas afectivamente. Las manifestaciones de violencia no se reducen al maltrato físico, que va desde golpes y lesiones hasta el homicidio, sino que comprenden actos psicológicos y sexualmente coercitivos, como insultos, desprecios o devaluación.

Por consiguiente, la amenaza de violencia contra la integridad o la vida de las mujeres se encuentra en su hogar. Según información disponible, 9 de cada 10 mujeres víctimas de violencia familiar no denuncian por temor a que el agresor incremente la violencia que ejerce sobre ellas o por falta de recursos económicos propios para subsistir con los hijos fuera del hogar conyugal.

La presente iniciativa atiende al reconocimiento de que los problemas fundamentales que enfrentan las mujeres víctimas de violencia familiar son “la falta de denuncia ante el Ministerio Público por temor al agresor, la falta de autonomía económica, no tener una vivienda propia y no contar con redes familiares y sociales de apoyo”.

Se estima imprescindible reconocer que es obligación del Estado crear condiciones que garanticen a la mujer una vida libre de violencia. Una de las formas más efectivas de lograrlo es la denuncia del delito correspondiente, poniendo especial énfasis en la necesidad de implantar programas efectivos y de largo alcance que atiendan uno de los problemas principales que impide a las mujeres dejar una relación de violencia: la carencia de recursos económicos propios.

Con la presente iniciativa se propone reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a efecto de que, en un marco de coordinación, las entidades federativas establezcan programas de apoyo económico temporal dirigido a víctimas de violencia familiar que hayan denunciado ante la autoridad competente ese delito y que no cuenten con recursos económicos ni sociales que permitan condiciones mínimas de independencia, con la obligación de participar en un tratamiento psicológico especializado y gratuito, que favorezca su empoderamiento y repare el daño causado por la violencia.

La propuesta anterior toma en cuenta que las responsabilidades de los gobiernos estatales no se limitan a la violencia que ellos puedan ejercer en materia de derechos humanos, sino que “en virtud del derecho internacional y de pactos específicos de derechos humanos, los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas” (ONU, 2008).

Asimismo, considerando que 9 de 10 mujeres que sufren de violencia familiar no denuncian por temor a que el agresor con posterioridad y por venganza ejerza sobre ellas o sus hijos mayor violencia, se propone establecer que las entidades federativas, en el marco de su competencia, garanticen la seguridad e integridad física de las víctimas que denuncian a través de las instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública, y que se ordene que se les brinde protección en los casos en que haya un riesgo objetivo para su vida o integridad corporal.

Por lo expuesto, y en términos de lo previsto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Artículo Único.Se adicionan las fracciones VI, recorriéndose las demás en el orden, al artículo 8 y XXI, recorriéndose las demás en el orden, al artículo 49; y se reforman las fracciones V del artículo 8, VII del artículo 47 y XX y el último párrafo del artículo 49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 8. ...

I. a IV. ...

V.Favorecer la separación y alejamiento del agresor respecto a la víctima y, en caso de separación, otorgar apoyo económico temporal cuando la víctima no cuente con recursos económicos ni sociales que le permitan condiciones mínimas de independencia;

VI. Garantizar la seguridad e integridad física de las víctimas que denuncian a través de las instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública, y ordenar que se les brinde protección en los casos en que haya un riesgo objetivo para su vida o integridad corporal; y

VII.Favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios para las víctimas y sus hijas e hijos; la información sobre su ubicación será secreta y proporcionarán apoyo psicológico y legal especializados y gratuitos. Las personas que laboren en los refugios deberán contar con la cédula profesional correspondiente a la especialidad en que desarrollen su trabajo. En ningún caso podrán laborar en los refugios personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo violencia.

Artículo 47. Corresponde a la Procuraduría General de la República

I. a VI....

VII.Promover la cultura de respeto de los derechos humanos de las mujeres , garantizar la seguridad de quienes denuncian y brindarles información respecto al derecho que tiene la víctima de violencia familiar que denuncia a recibir apoyo económico temporal cuando no cuente con recursos económicos ni sociales que le permitan condiciones mínimas de independencia;

VIII. y IX....

Artículo 49. Corresponde a las entidades federativasy al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia

I.a XIX....

XX.Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para

a) El cumplimiento de los objetivos de la presente ley;

b) Establecer como agravantes los delitos contra la vida y la integridad cuando éstos sean cometidos contra mujeres, por su condición de género;

c) Tipificar la violencia familiar; y

d) Establecer como delito grave el de violencia familiar;

XXI. Establecer programas de apoyo económico temporal dirigido a víctimas de violencia familiar que hayan denunciado ante la autoridad competente ese delito y que no cuenten con recursos económicos ni sociales que les permitan condiciones mínimas de independencia.

Para tener derecho al apoyo económico temporal a que se refiere el párrafo anterior, la víctima deberá participar obligatoriamente en un tratamiento psicológico especializado y gratuito, que favorezca su empoderamiento y repare el daño causado por dicha violencia.

La permanencia de la víctima en el tratamiento psicológico no podrá ser mayor de seis meses, a menos que persista su inestabilidad psicológica o su situación de riesgo.

XXII.Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia; y

XXIII.Las demás aplicables a la materia que les conceda la ley u otros ordenamientos legales.

Las autoridades federales harán las gestiones necesarias para propiciar que las autoridades locales reformen su legislación para considerar como agravantes los delitos contra la vida y la integridad corporal cometidos contra mujeres, para tipificar la violencia familiar y establecerla como delito grave.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.En un marco de coordinación, las legislaturas de los estados promoverán las reformas necesarias en la legislación local, previstas en los incisos c) y d) de la fracción XX del artículo 49, en un término de cuatro meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero.En un marco de coordinación, en un plazo no mayor de sesenta días naturales, los estados deberán realizar las acciones necesarias para implantar los programas a que se refiere la fracción XXI del artículo 49, y los recursos para llevarlos a cabo se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.

Notas:

1 Panorama de violencia contra las mujeres en los Estados Unidos Mexicanos 2006. ENDIREH, 2006, México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

2 Entre ellos, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como “Convención de Belém do Pará”, de la cual México es Estado parte.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2010.— Diputados: Guillermo Cueva Sada, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, María de Jesús Aguirre Maldonado, Caritina Sáenz Vargas, María del Rosario Brindis Álvarez, Lorena Corona Valdés, María Cristina Díaz Salazar, Sonia Mendoza Díaz, Nancy González Ulloa, Tomasa Vives Preciado, Carlos Ezeta Salcedo, Alberto Emiliano Cinta Martínez, Víctor Alejandro Balderas Vaquera, Alejandro Carabias Icaza,  Laura García Dávila, Juan Carlos Natale López, María Joann Novoa Mossberger, Sergio Lobato García (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de Equidad y Género.

Diputada Aguirre, a sus órdenes.

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (desde la curul): Gracias, presidente. Para que pregunte al diputado Cueva si acepta que me pueda adherir a su iniciativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Señor diputado, ¿estaría usted de acuerdo en que se adhieran a su iniciativa? Sí está de acuerdo. Pueden pasar a la Secretaría a firmar las adhesiones.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El diputado Pedro Vázquez González:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la Ley General de Protección Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2000, define a la protección civil como el conjunto de disposiciones, medidas y acciones destinadas a la prevención, auxilio y recuperación de la población ante la eventualidad de un desastre.

Debido a los daños causados por el sismo del 19 de septiembre de 1985 surgieron en México diversas iniciativas para crear un organismo especializado que estudiara los aspectos técnicos de la prevención de desastres. El gobierno federal decidió establecer en México el Sistema Nacional de Protección Civil, dotándolo de una institución que proporcionara el apoyo técnico a las diferentes estructuras operativas que lo integran.

El Informe Global de Riesgos de Desastres Naturales de la Organización de las Naciones Unidas señala que en México existe una relación directa entre los niveles de pobreza y la gobernabilidad en los índices locales que explican, en alguna medida, los riesgos para nuestro país. Señala el informe que la población más desprotegida tarda más en reponerse de los efectos de los desastres naturales no sólo en lo económico, sino también en los factores de desarrollo social.

En este sentido el cambio climático, la explotación irracional del suelo en zonas de alto riesgo, el mal manejo de las cuencas hidrológicas han favorecido las condiciones de alta vulnerabilidad de millones de mexicanos frente a los fenómenos naturales.

Las lluvias cuantiosas que se han dejado sentir en los últimos días han provocado el desbordamiento de ríos, inundaciones en las zonas bajas y la destrucción de carreteras, puentes y caminos, así como también el rompimiento de muros de contención de aguas negras. Pero lo más lamentable es la pérdida de vidas humanas o sus patrimonios.

Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo es importante que reflexionemos en los últimos acontecimientos en el estado de México, en el Distrito Federal y en el estado de Michoacán, pues consideramos de extrema urgencia que esta soberanía tome medidas de manera conjunta para así reducir el riesgo ante la presencia de los fenómenos naturales.

Consideramos importante señalar que el argumento administrativo y financiero no sea obstáculo para la implementación de manera permanente de dicha comisión, pues los recursos que se destinen siempre serán insuficientes ante la destrucción de las zonas urbanas y, sobre todo, la pérdida de vidas humanas.

Por ello, proponemos modificar el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción XXIV del artículo 27, para integrar al listado de las comisiones ordinarias la Comisión de Prevención y Protección Civil, que nos permitirá crear los mecanismos de coordinación y supervisión que permitan la alerta, preparación y respuesta inmediata ante estas contingencias de manera conjunta con la Secretaría de Gobernación.

En el marco de lo que establece el artículo 5o de la Ley de Protección Civil, este Poder Legislativo debe asumir su tarea de legislar no sólo en el ámbito jurídico, sino también en la cuestión de la fiscalización de los recursos que se otorgan a las entidades en lo que se hace la declaración de desastre.

En este sentido, consideramos insuficiente que la responsabilidad de la prevención y protección civil sea únicamente de la Secretaría de Gobernación. Consideramos importante que la Cámara de Diputados asuma este papel y así avancemos en la construcción de instancias que coadyuven a fortalecer la cultura de la prevención y protección civil en el Estado mexicano. Por ello proponemos modificar la fracción XXIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, por las consideraciones antes expuestas someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXIX, recorriéndose en su orden actual la fracción XXIX, para pasar a ser la fracción XXX y así sucesivamente al numeral dos del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la Comisión de Prevención y Protección Civil. Y se reforma la fracción XXIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Le solicito a usted, señor diputado presidente, se sirva ordenar que la presente iniciativa se inserte íntegramente en el Diario de los Debates de esta honorable asamblea, así como también desde luego en la Gaceta Parlamentaria. Por su atención muchísimas gracias. Le entrego a la Secretaría la iniciativa.

«Iniciativa que que reforma los artículos 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXIX, corriéndose en su orden la actual fracción XXIX para pasar a ser fracción XXX y así sucesivamente al numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la comisión ordinaria de prevención y protección civil; y se reforma la fracción XXIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Según el Protocolo 2 de Ginebra, la protección civil nace el 12 de agosto de 1949 con la protección a las víctimas de los conflictos armados internacionales, siendo una de las disposiciones otorgadas para facilitar el trabajo de la Cruz Roja.

El Informe global de riesgos de desastres naturales de la Organización de las Naciones Unidas señala que en México existe una relación directa entre los niveles de pobreza y la gobernabilidad en los índices locales que explican en alguna medida los riesgos para nuestro país.

Señala el informe, que la población más desprotegida tarda más en reponerse de los efectos de los desastres naturales, no sólo en lo económico sino también en factores de desa-rrollo social.

En este sentido, el cambio climático, la explotación irracional del suelo en zonas de alto riesgo, el mal manejo de las cuencas hidrológicas, han favorecido las condiciones de alta vulnerabilidad de millones de mexicanos frente a los fenómenos naturales.

Las lluvias cuantiosas que se han dejado sentir en los últimos días ha provocado el desbordamiento de ríos, inundaciones en las zonas bajas y la destrucción de carreteras, puentes y caminos, así como también el rompimiento de muros de contención de aguas negras, pero lo mas lamentable es la perdida de vidas humanas o sus patrimonios.

Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo es importante que reflexionemos ante los últimos acontecimientos en Michoacán, Distrito Federal y estado de México, pues consideramos de extrema urgencia que esta soberanía tome medidas de manera conjunta y así reducir el riesgo ante la presencia de los fenómenos naturales.

Por ello, proponemos modificar el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para integrar al listado de las comisiones ordinarias la Comisión de Prevención y Protección Civil, que nos permitirá crear mecanismos de coordinación y supervisión que permitan la alerta, preparación y respuesta inmediata ante estas contingencias.

Consideramos importante señalar, que el argumento administrativo y financiero no sean obstáculos para la implantación de manera permanente de dicha comisión, pues los recursos que se destinen siempre serán insuficientes ante la destrucción de las zonas urbanas y la pérdida de vidas humanas.

En el marco de lo que establece el artículo 5o. de la Ley General de Protección Civil, este Poder Legislativo debe asumir la tarea de legislar, no sólo en el ámbito jurídico, sino también en la cuestión de la fiscalización de los recursos que se otorgan a las entidades en las que se hace la declaratoria de desastre.

En este sentido, consideramos insuficiente que la responsabilidad de la prevención y protección civil sea únicamente la Secretaría de Gobernación; por ello consideramos importante que esta Cámara de Diputados asuma su papel y así avancemos en la construcción de instancias que coadyuven a fortalecer la cultura de la prevención y protección civil en el Estado mexicano, para ello proponemos modificar el artículo 27, fracción XXIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Por lo expuesto, me permito someter a consideración de este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Primero.Por el que se adiciona una fracción XXIX, corriéndose en su orden la actual fracción XXIX para pasar a ser la fracción XXX y así sucesivamente al numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la Comisión de Prevención y Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 39

1. ...

2. La Cámara de Diputados cuenta con comisiones ordinarias que se mantienen de legislatura a legislatura y son las siguientes:

XXIX. Prevención y Protección Civil;

XXX. Puntos Constitucionales;

XL. Turismo; y

XLI. Vivienda.

Artículo Segundo. Se reforma la fracción XXIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar como sigue:

Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

XXIV. Conducir y poner en ejecución, en coordinación con las autoridades de los gobiernos de los estados, del Distrito Federal, los gobiernos municipales, con la Comisión de Prevención y Protección Civil de la Cámara de Diputadosy con las dependencias y entidades de la administración pública federal, las políticas y programas de protección civil del Ejecutivo, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo de la población en situaciones de desastre y concretar con instituciones y organismos de los sectores privado y social las acciones conducentes al mismo objetivo.

Transitorios

Primero.El presente decreto, en lo que corresponde al artículo primero, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El presente decreto, en lo que corresponde al artículo segundo, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2010.— Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica).»

Presidencia del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, señor diputado. Como lo solicita insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Gobernación.

ARTICULOS 108, 110 Y 111 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el señor diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 108, 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Omar Fayad Meneses:Buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados. Hoy vengo a esta tribuna a proponerles, a través de una iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre un tema que creo que debe ser del mayor interés no sólo de ustedes, no sólo de este Congreso, sino de todos los mexicanos.

Hoy reconocemos que la rendición de cuentas está entendida como una responsabilidad que deben tener los gobernantes de dar cuenta, de responder de sus actos, de responder por su gestión pública. La rendición de cuentas es parte fundamental del proceso de democratización de un país, ya que permite crear frenos, crear contrapesos que aseguren que aquellos que no detentan directamente el poder, pero que sí participan de su formación a través de su voto, puedan en todo momento opinar o disentir de una acción de los gobernantes y en su caso, reconfigurar las dinámicas del poder público.

Hoy por eso proponemos una modificación al esquema de responsabilidad de nuestros servidores públicos.

Tal vez la reforma que recuerde de mayor envergadura en este tema fue la de 1982, cuando se creó el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre la responsabilidad de los servidores públicos y se crea también la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, así como la Secretaría de la Contraloría de la Federación.

Desde entonces se han distinguido, particularmente en los artículos 108 al 114, cuatro tipos de responsabilidad para los servidores públicos de este país: la responsabilidad política, la responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal.

Si bien es cierto, que con dicha reforma y las adecuaciones legales que este Congreso ha venido haciendo en los últimos años, hoy contamos con mecanismos legales para asegurar la responsabilidad de los servidores públicos en todos los niveles de la administración y con ello se ha fortalecido sin duda el sistema de rendición de cuentas horizontal.

Pero debemos aceptar –y aquí los invito a todos a reflexionar sobre este tema– que existe todavía un gran pendiente en esta materia. Por ejemplo, sobre la responsabilidad política, si bien se amplió la posibilidad de ser sujeto de juicio político a todos los altos servidores públicos del Estado, de los tres Poderes públicos, incluso alcanzó a los gobiernos de las entidades federativas, resulta evidente que sigue estando ausente el tema de la responsabilidad política para el Presidente de la República. Con esto, vulnerando el principio de equilibrio y de equidad entre los Poderes.

En las democracias representativas la rendición de cuentas contribuye a la legitimidad del poder público y resulta ya injustificable que el titular del Ejecutivo esté fuera de un esquema constitucional de responsabilidad, sobre todo cuando tiene a su cargo la más alta responsabilidad pública como jefe de Estado y como jefe de gobierno.

Es por ello que vengo a proponerles que ahora sí en este Título Cuarto, en los artículos mencionados, incorporemos por primera vez en la historia moderna constitucional de México el tema de la revocación del mandato, para que el presidente de la República responda políticamente por sus actos.

Hoy sólo tenemos la posibilidad de votar a favor o en contra, pero a partir de esta propuesta, si ustedes la apoyan, los mexicanos tendrán la posibilidad de votar a favor o en contra, pero que determine, que concluya, una responsabilidad que fue obtenida a través del voto popular antes del plazo constitucional para el que se ha establecido.

Es un tema debatible, es un tema complejo, pero creo que los mexicanos tenemos derecho a ello. El presidente no es sujeto de juicio político, en los términos que lo tramite esta Cámara, porque sabemos que eso podría producir la ingobernabilidad.

Pero será a través de modernos mecanismos y de la propuesta que incluyo en estas modificaciones a la Constitución, como finalmente por primera vez los mexicanos tengan la posibilidad de exigir de su presidente la responsabilidad política que debe tener.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, espero que la analicen, la lean y, por favor, emitan su opinión al respecto apoyando. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 108, 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este honorable pleno la presente iniciativa de decreto por el que se derogan los párrafos segundo del artículo 108, cuarto del artículo 111 y se adiciona el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la figura de revocación de mandato al presidente de la república, presentada por el diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Exposición de Motivos

Uno de los componentes esenciales de todo régimen democrático es, sin lugar a dudas, la rendición de cuentas, entendida como la responsabilidad que deben tener los gobernantes de dar cuenta, de responder por su gestión pública.

En México, como en otros países en donde ha venido consolidándose el gobierno democrático, se ha intensificado la demanda ciudadana para dar mayor transparencia a las decisiones que se toman desde el gobierno, así como a las acciones que se ejecutan en términos de políticas públicas y de gobierno.

La rendición de cuentas es parte fundamental del proceso de democratización, ya que permite crear frenos y contrapesos que aseguren que aquellos que no detentan directamente el poder, pero que sí participan de su formación, a través de su voto, puedan en todo momento opinar o disentir de una acción de sus gobernantes y, en su caso, reconfigurar las dinámicas del poder público.

Los vertientes de la rendición de cuentas son variadas y se manifiestan a través de diversos mecanismos que pueden estar a cargo de unos u otros poderes públicos, como los esquemas de fiscalización entre órganos del Estado, o bien, a través de los esquemas de transparencia de la información pública e incluso pueden ser mucho más contundentes en sus efectos para la representación política, mediante procesos jurídicos como el sistema de responsabilidades de los servidores públicos o figuras como el juicio político.

En el caso de México, desde hace ya varias décadas, se ha venido perfeccionando el esquema de responsabilidades de los servidores públicos, siendo tal vez la reforma de mayor envergadura la realizada en 1982, por la que se crea el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la responsabilidades de los servidores públicos y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como la Secretaría de Contraloría General de la Federación.

Con tal reforma se reconfiguró el régimen de responsabilidades de los servidores públicos, estableciéndose cuatro tipos de responsabilidad en los artículos 108 a 114:

1. La política.

2. La administrativa.

3. La civil.

4. La penal.

Si bien es cierto, con dicha reforma y algunas adecuaciones legales más en los últimos años, contamos con mecanismos legales para asegurar la responsabilidad de los servidores públicos en todos los niveles de la administración pública y, con ello, se ha fortalecido la rendición de cuentas horizontal (entre órganos del Estado), debemos aceptar que existen todavía algunos pendientes.

Por ejemplo, sobre la responsabilidad política, si bien se amplió la posibilidad de ser sujeto de juicio político a todos los altos servidores públicos del Estado, de los tres poderes públicos e incluso alcanzó a los gobiernos de las entidades federativas, resulta evidente que sigue ausente la responsabilidad política del presidente de la república, vulnerando también el principio del equilibrio de poderes.

En las democracias representativas, la rendición de cuentas contribuye a la legitimidad del poder público, por ello, en el actual escenario, resulta injustificable que el titular del Ejecutivo quede fuera del esquema constitucional de responsabilidad, sobre todo cuando tiene a su cargo la más alta responsabilidad pública, la de jefe del Estado y del gobierno.

En el caso de los servidores públicos con importantes encargos para la nación, la responsabilidad política puede ser tramitada a través del juicio político, pero no así en el caso del presidente de la república.

Hoy el único mecanismo de rendición de cuentas vertical (entre electores y gobernantes) de que disponemos los ciudadanos para premiar o castigar a los gobernantes, es el voto libre y secreto, ya que no constamos con mecanismos como la reelección o la revocación de mandato.

De tal suerte, la presente iniciativa pretende abonar a esta insuficiencia en nuestro sistema, para establecer la figura de la de revocación del mandato del presidente de la república, con el propósito de que sean los electores, los ciudadanos, quienes determinen si procede o no su destitución.

La revocación de mandato es una institución jurídico-constitucional en la que pueden identificarse los siguientes rasgos distintivos:

• Es un derecho o facultad que asiste a los electores.

• Tiene por objeto la destitución de un funcionario o autoridad de elección popular antes que expire el periodo de su mandato.

• Requiere el acuerdo de una mayoría de electores.

• Puede promoverse por diversas causas.

En consecuencia, mediante el procedimiento, el electorado puede destituir a los representantes o funcionarios elegidos antes de que se cumpla el plazo fijado para su actuación. Es decir, el pueblo, mediante el sufragio, y de manera vinculante, decide sobre la continuidad en el desempeño del cargo de un funcionario de elección popular.

El objetivo de la revocación radica en mantener constantemente responsables ante sus electores a los funcionarios públicos elegidos.

Esta iniciativa opta por la inclusión de esta figura, ya que sería riesgoso incorporar al titular de tan alta responsabilidad al esquema vigente del juicio político, toda vez que es el Congreso de la Unión quien substancia dicho procedimiento, siendo muy posible la confrontación y desestabilización de este órgano de gobierno.

Por ello, la presente iniciativa propone derogar los párrafos segundo del artículo 108 y cuarto del artículo 111 para que quede encuadrada en una sola figura con mayor claridad, la responsabilidad a la que estará sujeto el presidente de la república.

Mediante la adición al artículo 110 de un último párrafo, se incluiría la revocación del mandato al presidente de la república, por las siguientes causales:

1. Por actos u omisiones contrarios a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes federales que de ella emanen.

2. Por manejo indebido de fondos y recursos federales.

3. Por la comisión de delitos graves, así clasificados por la ley penal.

Los sujetos legitimados para solicitar la revocación del mandato serían:

1. La mayoría de integrantes de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores.

2. Los gobernadores de las entidades federativas y del Distrito Federal.

3. El 25 por ciento de los municipios del país.

4. Cualquier ciudadano, por causa fundada y motivada.

Dicha solicitud debe ser presentada ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, quien procederá a la conformación de una comisión especial con participación de la Cámara de Senadores, a efecto de integrar el expediente respectivo, debiendo allegarse de la información necesaria para verificar la procedencia o no de la solicitud y emitir una resolución que deberá ser votada como dictamen y aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión de Congreso General.

De ser aprobado el dictamen, se procederá a la realización de un referéndum revocatorio que estaría a cargo del Instituto Federal Electoral con el propósito de que sea transparente, neutral y sin intervención de filiaciones partidistas, el cual deberá obtener un voto más a favor del total de la votación válida emitida el día en que se eligió al mandatario.

De obtenerse dicho requisito, la declaratoria de revocación del mandato sería emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Una vez revocado el mandato, el presidente de la república sería sustituido por quien designara el Congreso de la Unión por mayoría absoluta de sus miembros estando presentes cuando menos las dos terceras partes del total de miembros. El presidente designado deberá proceder conforme al artículo 84 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para en caso de tratarse de los dos primeros años de mandato, convocar a nuevas elecciones; y tratándose de los cuatro últimos años de mandato termine el periodo.

La ley reglamentaria, que a efecto expida el Congreso de la Unión, contemplará las especificidades del procedimiento de revocación, así como el procedimiento de sustitución del presidente de la república por revocación del mandato.

En México, en el marco de una democracia representativa en consolidación, en la que el pueblo delega su soberanía en representantes que ejercen su mandato desde los Poderes del Estado, es de vital importancia que estos mecanismos de legitimación del ejercicio del poder público respondan a la voluntad ciudadana en cualquier momento.

Con la ampliación de nuestro marco normativo de responsabilidades, ahora incluyendo al titular del Poder Ejecutivo federal, acabaremos con esa figura presidencial intocable, incuestionable, políticamente inimputable ante los ciudadanos, y dará a nuestro sistema democrático una mayor legitimidad.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este honorable pleno, el presente proyecto de iniciativa de

Decreto por el que se derogan los párrafos segundo del artículo 108, cuarto del artículo 111 y se adiciona el artículo 110, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la figura de revocación de mandato al presidente de la república

Primero.Se deroga el segundo párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 108. ...

Segundo.Se deroga el segundo párrafo del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 111. ...

Tercero.Se adiciona el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 110. ...

El presidente de la república sólo podrá ser sujeto de revocación de mandato, por las siguientes causas:

I. Por actos u omisiones contrarios a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes federales que de ella emanen.

II. Por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

III. Por la comisión de delitos graves, así clasificados por la ley penal.

Serán sujetos legitimados para solicitar la revocación del mandato:

I. Cualquier ciudadano, por causa fundada y motivada.

II. La mayoría de integrantes de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores.

III. Los gobernadores de las entidades federativas y del Distrito Federal.

IV. El 25 por ciento de los municipios del país.

Dicha solicitud debe ser presentada ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, quien procederá a la conformación de una comisión especial con participación de la Cámara de Senadores, a efecto de integrar el expediente respectivo, debiendo allegarse de la información necesaria para verificar la procedencia o no de la solicitud y emitir una resolución que deberá ser votada como dictamen y aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión de Congreso General.

De ser aprobado el dictamen, se procederá a la realización de un referéndum revocatorio a cargo del Instituto Federal Electoral.

Para que proceda la revocación de mandato, en el referéndum deberá obtenerse de conformidad un voto más adicional al total de la votación válida emitida a su favor el día en que se eligió como presidente de la república.

De obtenerse dicho requisito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá la declaratoria de revocación del mandato al presidente de la república.

Una vez revocado el mandato, el presidente de la república sería sustituido por quien designara el Congreso de la Unión por mayoría absoluta de sus miembros estando presentes cuando menos las dos terceras partes del total de miembros.

El presidente designado deberá proceder conforme al artículo 84 de esta Constitución, según se trate de interino o sustituto.

La ley reglamentaria, que a efecto expida el Congreso de la Unión, contendrá lo no contemplado por esta Constitución sobre la revocación del mandato al presidente de la república.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir en un plazo no mayor a 270 días naturales a partir del inicio de vigencia de este decreto, la ley reglamentaria del artículo 110 de la Constitución en materia de revocación del mandato al presidente de la república.

Tercero.Se derogan todas las demás disposiciones que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2010.— Diputados: Omar Fayad Meneses, Isaías González Cuevas, Humberto Lepe Lepe, María del Carmen Izaguirre Francos, Ana Estela Durán Rico, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Sergio Lobato García, Jorge Rojo García de Alba, José Manuel Aguero Tovar, Alejandro Canek Vázquez Góngora, María Teresa R. Ochoa Mejía (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

El diputado Jorge Rojo García de Alba(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Diputado Rojo.

El diputado Jorge Rojo García de Alba (desde la curul): ¿Me permite el orador hacerle una pregunta?

El diputado Omar Fayad Meneses:Adelante.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:¿Es pregunta o desea adherirse?

El diputado Jorge Rojo García de Alba(desde la curul): Gracias. No. ¿Me permite el orador adherirme a su iniciativa?

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:¿Señor diputado, acepta usted que se adhiera a su iniciativa?

El diputado Omar Fayad Meneses: ¿Qué?, perdón.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:¿Acepta usted que se adhiera a su iniciativa?

El diputado Omar Fayad Meneses:Sí, por supuesto. Bienvenido, diputado.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Todas aquellas y todos aquellos diputados que deseen adherirse, favor de pasar a la Secretaría a firmar el documento correspondiente. Gracias.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Señoras y señores...

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Una pregunta, es para adherirme.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Pues pídamela de allá, señor diputado. Sí, diputado, dígame.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Preguntarle al diputado Fayad si me permite adherirme a su propuesta.

El diputado Omar Fayad Meneses:Sí, claro, por supuesto que sí presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Pasen todos aquellos que deseen suscribir el documento. Muchas gracias.

Se encuentran en este recinto legislativo alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, invitados por el diputado Alberto Jiménez Merino. Sean ustedes bienvenidos.

Asimismo, tenemos como invitados de Ecatepec, del estado de México, quienes han sido a su vez invitados por el diputado Martín Vázquez Pérez. Así como alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, invitados por la diputada María Teresa Ochoa Mejía; e invitados de la colonia Rancho la Mora, Cuautitlán, invitados por el diputado José Luis Velasco Lino.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Alejandro Carabias Icaza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 134 Bis y reforma el artículo 141 de la Ley General de Salud.

El diputado Alejandro Carabias Icaza: Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea, la epidemia de la influenza AH1N1 ha sido un gran reto para el sector salud de nuestro país. A pesar de las acciones contínuas que se han implementado, la enfermedad sigue presente en México, de modo que actualmente se tienen más de 70 mil casos confirmados y más de mil defunciones.

En el combate a la emergencia sanitaria se han utilizado 238 millones de pesos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Se obtuvieron también donativos internacionales por 209 toneladas de insumos, representando 185 millones de pesos y, además, un conjunto de empresas y particulares han donado 172 toneladas de medicamentos que representan 34 millones de pesos.

En total, el gasto del gobierno para atender la emergencia sanitaria ha sido del orden de los 4 mil 400 millones de pesos adicionales a los recursos ordinarios contemplados en el presupuesto del sector salud.

Como consecuencia de la enfermedad se calcula que el país perdió 4 mil millones de dólares, representando el 8 por ciento del PIB, como consecuencia de la afectación a diversas actividades económicas.

Es fundamental que una vez superada la emergencia sanitaria se conserven las medidas de prevención y estemos preparados para atender posibles nuevos brotes de influenza y de otras enfermedades infecciosas a través de instrumentos diseñados específicamente para estos fines.

En este sentido, los legisladores del Partido Verde proponemos crear un Fondo para Atención de Emergencias Epidemiológicas, puesto que una de las lecciones que nos dejó la epidemia de la influenza es que debemos estar mejor preparados económicamente para enfrentar este tipo de contingencias.

Consideramos que este fondo no debe ser un fondo temporal sino permanente, para lo cual se le debe otorgar certeza jurídica y por ello proponemos incluirlo en la Ley General de Salud.

El fondo será calculado y determinado por la Secretaría de Salud y será independiente del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Se utilizará en caso de decretarse emergencia sanitaria por el brote epidémico de cualquier enfermedad transmisible y los recursos se destinarán a diversas acciones de prevención, atención y control.

Asimismo, los retos y desafíos que presentan las epidemias deben ser atendidos por la comunidad internacional en su conjunto, en el marco de un esfuerzo de cooperación bien definido.

En consecuencia, también proponemos reformar la Ley General de Salud, a efecto de que la cooperación internacional sea incluida como instrumento prioritario para realizar la vigilancia epidemiológica, prevención y atención de las enfermedades transmisibles como la influenza. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que adiciona el artículo 134 Bis y reforma el 141 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Alejandro Carabias Icaza, del grupo parlamentario del PVEM

Alejandro Carabias Icaza, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La cooperación internacional en el combate a la influenza

La epidemia de influenza AH1N1 ha sido un gran reto para el Sector Salud de nuestro país. A pesar de las acciones continuas que han implementado las autoridades del ramo, la epidemia sigue presente, de modo que hasta febrero de 2010, el número de casos confirmados asciende a 70 mil 302, y el número de defunciones asciende a mil 11.

La vigilancia epidemiológica en torno a este padecimiento ha generado cifras importantes que permiten conocer mejor el comportamiento del virus. Actualmente sabemos que la mayor frecuencia de contagios ocurre en el grupo de 10 a 30 años de edad, y la mayor frecuencia de muertes ocurre en el rango de 20 a 60 años.

También sabemos que el virus afecta por igual a mujeres y hombres. El 60 por ciento de los casos ocurren en pacientes con antecedentes patológicos importantes, como desórdenes metabólicos, tabaquismo y enfermedades cardio-vasculares. Las entidades federativas más afectadas hasta el momento son el Distrito Federal, San Luis Potosí, estado de México y Jalisco.

En la siguiente gráfica, elaborada por el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, se observa que hemos tenido tres oleadas de contagios, por lo cual se advierte que el problema persiste y es necesario conservar las medidas de mitigación y control.

En julio de 2009, en Cancún se llevó a cabo la Cumbre de Salud Lecciones aprendidas de la Influenza A (H1N1), organizada en conjunto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México. En esta cumbre se compartieron y analizaron las experiencias y opiniones de los ministros y expertos de países de los cinco continentes, con el fin de de enfrentar de mejor manera los retos futuros en salud.

Una de las conclusiones principales de la Cumbre fue el reconocimiento de que la cooperación internacional es el instrumento más eficaz para atender este tipo de enfermedades. Los retos y desafíos que demanda una enfermedad de esta naturaleza deben ser atendidos por la comunidad internacional en su conjunto, en el marco de un esfuerzo de cooperación bien definido.

Por otra parte, se reconoció el trabajo realizado bajo los auspicios de la OMS para hacer frente a una influenza pandémica, lo que dio lugar a esquemas de intensificación de vigilancia epidemiológica y notificación de casos de influenza AH1N1, lo que ha permitido dar puntual seguimiento a su evolución desde una etapa temprana hasta el día de hoy y documentar un fenómeno epidémico como nunca antes había sido posible hacerlo.

Los asistentes señalaron que debido a que las emergencias de salud pública internacional son impredecibles, pero recurrentes, y a que pueden afectar de manera severa la salud humana y el bienestar económico mundial, resulta necesario fortalecer la capacidad en salud pública dentro de los sistemas nacionales, a fin de permitir acciones más oportunas para reducir la propagación de enfermedades.

También manifestaron la conveniencia de revisar los lineamientos de preparación y respuesta para una gripe pandémica, o cualquier otra enfermedad transmisible con potencial pandémico, con el propósito de evitar al máximo la generación de pánico, y asegurar la eficiencia de la respuesta mundial.

Asimismo, se reiteró el compromiso por seguir fortaleciendo los nexos de cooperación entre los diferentes actores para que la salud global alcance su más alto estándar.

En consecuencia, es prioritario que la legislación mexicana reconozca la cooperación internacional como instrumento prioritario para realizar la vigilancia epidemiológica, prevención y atención de las enfermedades transmisibles, como la influenza. Para cumplir este objeto, proponemos como primer punto de la iniciativa, reformar el artículo 141 de la Ley General de Salud.

Recursos para la atención de emergencias sanitarias

El 21 de septiembre y el 14 de octubre de 2009, el secretario de Salud compareció ante las Comisiones de Salud del Senado y de la Cámara de Diputados, respectivamente, con motivo de la glosa del tercer Informe de Gobierno federal.

En ambas reuniones, el tema que se abordó con mayor profundidad fue la situación de la epidemia de influenza A (H1N1). El Secretario señaló algunas acciones y recursos utilizados en el combate a la emergencia sanitaria, entre ellos:

• Se utilizaron 2 mil 138 millones de pesos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos.

• Se obtuvieron donativos internacionales por 209 toneladas de insumos, que representan 184.8 millones.

• Diversas empresas y particulares donaron 172 toneladas de medicamentos, que representan 34 millones.

• Se firmaron convenios con laboratorios europeos, para adquirir 30 millones de dosis de la vacuna contra influenza A (H1N1).

• 27 estados del país instalaron y equiparon laboratorios de detección de la influenza.

• El Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades invirtió mil 851 millones y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias invirtió 287 millones.

Con estas cifras, el secretario de Salud concluyó que el gasto total del gobierno, para atender la emergencia sanitaria fue de 4 mil 400 millones, adicionales a los recursos ya contemplados en el presupuesto del sector salud.

Otros costos importantes derivados de la epidemia de influenza son los siguientes:

• Se calcula que el país perdió 4 mil millones de dólares de EUA, que representan el 8.0 por ciento del PIB.

• El turismo cayó hasta 90 por ciento, con un costo estimado en 366 millones de dólares.

• El consumo de productos porcinos cayó 70 por ciento.

• En el Distrito Federal el sector turístico tuvo pérdidas por 15 mil millones; en Jalisco de 12 mil 500 millones y en Yucatán de 650 millones.

Al declararse la alerta sanitaria, el Banco Mundial anunció un préstamo de 205 millones de dólares para México, distribuidos de la siguiente manera:

• 25 millones para atención inmediata de la crisis sanitaria.

• 180 millones para programas de salud pública y desarrollar una estrategia integral de control.

Una vez superada la emergencia sanitaria, es necesario conservar las medidas de prevención, para evitar nuevos brotes de influenza. En el Presupuesto de Egresos para 2010, el Congreso de la Unión aprobó una ampliación 153.7 millones, para protección contra riesgos sanitarios, adicionales al presupuesto del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades y de Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Este monto está completamente justificado, puesto que no solamente abarca la influenza, sino todas las enfermedades infecciosas. El tercer Informe de Labores de la Secretaría de Salud indica que existen programas permanentes de prevención y vigilancia epidemiológica de enfermedades como el dengue, el paludismo (malaria), el VIH/sida y la gripe aviar, ya que este tipo de enfermedades transmisibles pueden convertirse potencialmente en epidemias.

Por su parte, el Programa Nacional de Salud 2007-2012 señala que las enfermedades del rezago epidemiológico son responsables de 13 por ciento de las muertes en el país, pero en los municipios de alta y muy alta marginación contribuyen con 21 por ciento de las defunciones. Las muertes por infecciones comunes, en particular las diarreas y las infecciones respiratorias agudas, se concentran de manera muy importante en los menores de 5 años.

En este sentido, los legisladores del Partido Verde proponemos crear un Fondo Federal para atender emergencias epidemiológicas en el país, puesto que la epidemia de influenza dejó como lección que debemos mejorar las acciones de prevención y una de las más importantes consiste en estar preparados económicamente para este tipo de contingencias sanitarias.

Consideramos que este fondo no debe ser temporal, sino permanente, para lo cual se le debe otorgar certeza jurídica. Por ello proponemos como segundo punto de la iniciativa, adicionar el artículo 134 Bis de la Ley General de Salud.

El “Fondo para Atención de Emergencias Epidemiológicas” que proponemos tendrá las siguientes características:

• Será calculado y determinado por la Secretaría de Salud. Los cálculos deberán ser reportados al Congreso de la Unión.

• Será independiente del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

• El Fondo se utilizará en caso de decretarse emergencia sanitaria por el brote epidémico de cualquier enfermedad transmisible.

• Los recursos se destinarán a diversas acciones de prevención, atención y control.

Con las reformas que proponemos, el combate a la influenza y a todas las enfermedades transmisibles tendrá mayor fuerza, por medio de la cooperación internacional y recursos etiquetados para la atención de emergencias sanitarias.

Por lo expuesto, el legislador que suscribe, integrante del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona un artículo 134 Bis y reforma el artículo 141 de la Ley General de Salud

Artículo Único.Se adiciona un artículo 134 Bis y se reforma el artículo 141, ambos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 134 Bis. El gobierno federal establecerá un Fondo para Atención de Emergencias Epidemiológicas, mediante el cual aportará recursos para llevar a cabo acciones de prevención, atención y control, en caso de decretarse emergencia sanitaria por el brote epidémico de cualquier enfermedad transmisible.

La Secretaría de Salud calculará y determinará anualmente el monto de este fondo así como la distribución de éste. Las variables utilizadas para estos cálculos deberán ser reportadas al Congreso de la Unión. Los recursos asignados a este fondo serán independientes del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Artículo 141.La Secretaría de Salud coordinará sus actividades con otras dependencias y entidades públicas y con los gobiernos de las entidades federativas, para la investigación, prevención y control de las enfermedades transmisibles. La cooperación internacional será un instrumento prioritario para la vigilancia epidemiológica, prevención y atención de las enfermedades transmisibles.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En el ejercicio fiscal de 2011 y subsecuentes, el Congreso de la Unión asignará recursos al Fondo para Atención de Emergencias Epidemiológicas, con base en los montos determinados por la Secretaría de Salud.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veintitrés días del mes de febrero del año dos mil diez.— Diputado Alejandro Carabias Icaza (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Salud.Continúe la Secretaría dando lectura a un comunicado de reincorporación de diputado.

DIPUTADO QUE SE REINCORPORA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción VIII, y 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente solicito que tenga a bien poner a consideración de esta soberanía que el pasado 20 de diciembre de 2009 solicité una licencia temporal para retirarme de mis funciones hasta el día 30 de abril de 2010, por lo cual ahora solicito que se me conceda la reinstalación en mis funciones como diputado a partir del 1 de marzo del presente año ,y por tanto, se dé por concluida la licencia hasta ahora en vigencia.

Agradezco de antemano su atención y aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2010.— Diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De enterado y comuníquese.Continuamos con el orden del día en el capítulo correspondiente a proposiciones.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Esta Presidencia recibió de la diputada Esthela Ponce Beltrán, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo del estado de Baja California Sur a que realice las acciones conducentes a efecto de evitar más invasiones de predios en el estado.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo de Baja California Sur a realizar las acciones conducentes a evitar más invasiones de predios en el estado y a reubicar a los invasores actuales, con objeto de propiciar una adecuada convivencia social, garantizar los derechos jurídicos de los ciudadanos, y fortalecer el orden social y el cabal desarrollo económico de la entidad, así como a crear una comisión especial que dé seguimiento a esa problemática, a cargo de la diputada Esthela Ponce Beltrán, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y demás normatividad aplicable, someto a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde hace aproximadamente 10 años, Baja California Sur ha estado padeciendo un problema que es necesario atender de manera urgente y prioritaria, el cual ha sido calificado por la sociedad sudcaliforniana como “invasiones concertadas”.

En síntesis, se trata de que al amparo e incluso bajo el auspicio de las autoridades en el estado, grupos de personas se han dado a la tarea de invadir predios federales, estatales, ejidales y privados para realizar asentamientos irregulares.

De ninguna manera podemos justificar estos asentamientos con el pretexto de la pobreza o la falta de vivienda, ya que presentan características particulares que de antemano nos permiten desechar esta hipótesis, las cuales describiré en líneas posteriores, pero que permiten aseverar que se trata de una estrategia organizada y planeada de corte delictivo que tiende a institucionalizarse, y cuyo rastro de impunidad y corrupción ofende a la sociedad sudcaliforniana.

No se puede justificar como un asunto de pobreza porque quienes inician las invasiones son grupos de personas armadas, quienes cuentan con vehículos de años recientes que, cínicamente, estacionan afuera de las casuchas de cartón o madera instaladas para apropiarse del inmueble. Estas personas posteriormente se encargan de embaucar a otras, las que en la gran mayoría de las veces sí son de escasos recursos, pidiéndoles dinero con la promesa de regularizar los predios e instalarles los servicios públicos. Ejemplo claro de ello son los terrenos en que se asienta la colonia Los Cangrejos, en Cabo San Lucas, invadidos a finales de la década de 1990, hace 10 años.

No menos preocupante es el hecho de que en muchas ocasiones estas invasiones llevan fines electoreros, ya que a cambio de votos y un sinnúmero de ilícitos electorales se les ofrecen terrenos para asentarse de manera irregular.

La mayoría de los invasores que se dejan embaucar por los dirigentes son inmigrantes de diferentes estados de la república que, dada su vulnerabilidad, condiciones particulares y las facilidades con que hasta hace muy poco se otorgaba la credencial de elector, han sido presa fácil de engaños, hostigamiento e inducción del voto.

Esta estrategia les ha dado muy buenos resultados desde 1999 hasta esta fecha. Son 10 años de gobierno en que las invasiones se han incrementado de manera exponencial, principalmente en la zona de Los Cabos. El ejido San José es el principal afectado por esta estrategia. Se han invadido lechos de arroyos con peligro latente en temporada de huracanes, terrenos de alto valor comercial y el predio La Ballena, que colinda con el aeropuerto internacional de San José del Cabo, con elevada plusvalía.

Por los buenos resultados de la estrategia, las invasiones se han trasladado a la capital, La Paz. Hace unos días se invadieron predios en la zona alta de la ciudad que poseen vistas panorámicas de primer nivel. Eso lleva a deducir, desde luego, que un primer paso es realizar asentamientos irregulares y mediante triquiñuelas jurídicas despojar a los propietarios legítimos para después vender a precios reales terrenos de gran valor comercial.

A lo anterior se suman las lagunas existentes en la legislación, que complican la situación jurídica de los propietarios; y las mayorías en el congreso local han evitado subsanarlas.

En razón de lo anterior, se someten a consideración los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo de Baja California Sur a realizar en el ámbito de sus atribuciones las acciones conducentes a evitar que los predios federales, estatales, ejidales y privados que se encuentran en el estado sean invadidos.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo de Baja California Sur a reubicar con la mayor brevedad a los invasores que viven en pobreza y estado de vulnerabilidad, ofreciéndoles programas sociales de vivienda y seguridad social.

Tercero. Se exhorta al Ejecutivo de Baja California Sur a realizar de acuerdo con las atribuciones conferidas en la Constitución General de la Republica, en la Constitución de Baja California Sur y en las leyes que de ellas emanen las gestiones necesarias a efecto de que se aplique todo el peso de la ley contra quien o quienes dirigen y alienten las invasiones referidas en la exposición de motivos de la presente proposición, dando así la lucha frontal contra el flagelo de la impunidad y la corrupción, como también propiciar una adecuada convivencia entre los miembros de la sociedad e impulsar el desarrollo integral de Baja California Sur.

Cuarto.Se solicita a la Junta de Coordinación Política la creación de una comisión especial de carácter plural que dé seguimiento a la grave problemática que vive Baja California Sur debido al creciente número de invasiones que han ocurrido en predios públicos y en privados por asentamientos irregulares, lo que frena el desarrollo de la entidad y genera inseguridad social y jurídica a los ciudadanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2010.— Diputada Esthela Ponce Beltrán (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Junta de Coordinación Política.

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se recibió del señor diputado David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a que haga las investigaciones pertinentes sobre los hechos ocurridos en el Congreso local de Jalisco.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a investigar sobre hechos delictivos ocurridos en el Congreso de Jalisco, a cargo del diputado David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar las investigaciones pertinentes sobre hechos delictivos ocurridos en el Congreso de Jalisco.

Antecedentes

Con fecha 8 de febrero del año en curso, el ciudadano Roberto Marrufo Torres, diputado local de Jalisco, tomó posesión de las oficinas situadas en la parte superior del Palacio Legislativo. De forma accidental se percató de la existencia de aparatos de comunicación de audio (micrófonos), ocultos en diversas partes de la oficina de esta coordinación.

Por esa razón, el diputado local Roberto Marrufo Torres interpuso una denuncia contra quien o quienes resulten responsables por los hechos ilícitos que pudieran resultar de los actos delictivos en agravio de la coordinación del Grupo Parlamentario del PRI.

Ese tipo de actos delictivos van contra la seguridad. La conducta de instalar micrófonos ocultos se encuentra castigada y penada en las leyes mexicanas; es decir, en el Código Penal Federal, por ser ilegales. El intento de espionaje es una práctica que se considera autoritaria ya superada.

Por lo anterior, se somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar las investigaciones pertinentes sobre los hechos delictivos ocurridos en el Congreso de Jalisco.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2010.— Diputados: David Hernández Pérez, Olivia Guillén Padilla, Ana Estela Durán Rico (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Justicia.

PROMOCION DE MEXICO EN RUSIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se recibió de la diputada Caritina Sáenz Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las Comisiones de Economía, de Turismo, de Gobernación, de Juventud y Deporte, de Educación y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios a que estudien y emitan su opinión en torno a las ventajas que tendría el establecer mayores mecanismos de promoción, visas, comercio, cooperación e intercambio, para que las instancias pertinentes del gobierno federal puedan fortalecer y promover una política de mayor acercamiento en los ámbitos comerciales, turísticos, sociales, deportivos y educativos.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a las Comisiones de Economía; de Turismo; de Gobernación; de Juventud y Deporte; de Educación Pública y Servicios Educativos; y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios que analicen y emitan opinión en torno de las ventajas que tendría establecer mayores procedimientos de promoción, visas, comercio, cooperación e intercambio para que las áreas pertinentes del gobierno federal fortalezcan y promuevan una política de mayor acercamiento en los ámbitos comercial, turístico, social, deportivo y educativo, entre otros, con el gobierno ruso a través de su representación en México, a cargo de la diputada Caritina Sáenz Vargas, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputada Caritina Sáenz Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 67, numeral 1, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguiente consideraciones:

La Federación Rusa representa para México un vínculo muy importante de gran importancia al cual tenemos que afianzar como aliado-socio estratégico por sus características políticas, económicas y por su alto grado de desarrollo en temas de suma importancia para nuestro país tales como el energético, el agrícola, la tecnología, la educación y la cultura entre otros.

En el contexto de un mundo globalizado, nuestro país tiene que diversificar su visión estratégica y de cooperación más allá de nuestro vecino del norte. Hoy en día, no podemos permanecer aislados del mundo y mucho menos de las naciones que están desarrollando importantes rubros que pueden coadyuvar a que nuestro país tenga más y mayores oportunidades en diversos ámbitos además del económico.

Según la embajada de la Federación Rusa, nuestro país representa un “socio clave” en sus intereses regionales e internacionales. Así también, es más que reconocida la importancia de la influencia rusa en el haber de la sociedad mexicana, bastará recordar la gran influencia cultural que se tuvo durante casi una mitad del siglo XX, la cual en buena medida marcó las corrientes intelectuales, docentes y culturales en general de nuestro país.

Habría que recordar también que, a partir de la primera visita oficial de un presidente de los Estados Unidos Mexicanos (Luís Echeverría en 1973) a Moscú, sólo el ciudadano presidente Miguel de la Madrid ha omitido la oportunidad de visitar el Kremlin.

Muy importante también es tomar en cuenta que la relación bilateral México-Rusia no se limita al ámbito diplomático, sino que ambas naciones han suscrito tratados de cooperación, demostrando que a pesar de los altibajos que en algún momento sufrieron, el interés común de cooperación estratégica se mantiene e incluso pudiera aumentar.

Un claro ejemplo es el reto que tenemos en torno al fortalecimiento de la cooperación en los más variados ámbitos entre México y la Federación Rusia. Nuestras naciones estarán celebrando este año el 120 aniversario del establecimiento de vínculos diplomáticos, y a pesar de la amplia historia que tenemos con esta nación, no hemos podido consolidar una relación más estrecha en correspondencia con el potencial de ambos países, sin embargo, no por eso podemos renunciar a la firme intención de que a partir de este año las relaciones México-Rusia den un giro hacia una mayor cercanía y repercuta directamente en el fortalecimiento de la relación bilateral.

Sin duda, la visita que el jefe de la diplomacia rusa, Serguei Lavrov, realizará a México a partir del 15 de febrero se debe de tomar como una señal visible de que en Rusia y su gobierno está pensando en México más allá de un destino turístico, la agenda del señor Sergei Lavrov contempla una amplia gama de actividades entre las que se destaca la promoción turística y se afinarán detalles para que se firme pronto un acuerdo para la promoción y protección recíproca de las inversiones y un convenio en materia de transporte marítimo, entre otros documentos. Asimismo, se prevé discutir el mecanismo que promueva un mayor intercambio para afianzar la disposición de los dos países a reanudar los encuentros a nivel presidencial a través de visitas de Estado, ya que la última vez que un mandatario Mexicano visitó ese país fue en la persona de Vicente Fox hace 5 años.

Ahora sería el turno de viajar a México del presidente Dimitri Medvediev, pero también es importante que el presidente Felipe Calderón realice una gira oficial por Rusia. Con ello, estaría mandando un mensaje importante para que México no quede al margen del proceso de acercamiento que está viviendo América Latina Con Rusia.

Para México es fundamental continuar un proceso de fortalecimiento de los lazos diplomáticos, políticos y económicos con las grandes naciones del mundo, y la Federación Rusa merece una atención especial porque ambas naciones pertenecen al grupo de las 15 economías más importantes del mundo.

En diciembre pasado se realizó en Moscú la cuarta Comisión Mixta de Cooperación Económica-Comercial, Científico-Técnica y de Transporte Marítimo, esto de alguna manera sacó del letargo la relación bilateral que solo contaba entre sus antecedentes más recientes la visita que realizó la canciller Patricia Espinosa en octubre de 2008.

En la cuarta comisión mixta la delegación mexicana estuvo encabezada por Georgina Kessel, secretaria de Energía, quien se reunió con su homólogo ruso, Serguei Shmatkó, y en donde se intercambiaron opiniones importantes principalmente en el uso, procesamiento y aprovechamiento del gas natural. La Secretaria Kessel dejó el mensaje de que México quiere intercambiar experiencias en materia de eficiencia energética, exploración y explotación con el primer productor mundial de gas y el segundo de petróleo, que es Rusia.

Así también, nuestro embajador en Moscú ha promovido que los productores mexicanos entren al mercado ruso, donde 60 por ciento de los comestibles son importados

El turismo es una rama que también ha tenido alto impacto en las relaciones bilaterales por su nivel que va en crecimiento. Tras lograr que las autoridades migratorias en México aceptaran reducir a 48 horas el trámite de la visa que antes se llevaba 45 días, en 2009 viajaron a México como turistas cerca de 15 mil rusos, principalmente a Cancún y la Riviera Maya.

Según información disponible de la Secretaría de Relaciones Exteriores, existen 13 tratados vigentes suscritos por ambas naciones, los cuales se refieren a diversos temas.

Por otro lado, según datos de la Subsecretaría de Normatividad, Inversión extranjera y Prácticas Comerciales Internacionales, entre enero de 1999 y septiembre de 2006 las empresas con capital ruso materializaron inversiones por 920.8 miles de dólares. Rusia ocupó la segunda posición entre los países de Europa Central y Oriental que en ese lapso materializaron inversiones en México.

Entre enero de 1999 y septiembre de 2006, la inversión Rusa se destinó principalmente al sector servicios, con 70.4% del total; al comercio 28.1%; a la industria manufacturera, 1.3%; y a la construcción, 0.1%.

Ante ello, someto a consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: El Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos expresa su beneplácito y da la bienvenida al señor Serguei Lavrov, jefe de la diplomacia de la Federación Rusa.

Segundo: Se solicita a las Comisiones de Economía, de Turismo, de Gobernación, de Juventud y Deporte, de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios que estudien y emitan su opinión en torno a las ventajas que tendría establecer mayores mecanismos de promoción, visas, comercio, cooperación e intercambio para que las instancias pertinentes del gobierno federal de los Estados Unidos Mexicanos pueda fortalecer y promover una política de mayor acercamiento en los ámbitos comerciales, turísticos, sociales, deportivos, educativos entre otros con el gobierno ruso a través de la representación de la Federación Rusa en México.

Dado en el palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2010.»

«Anexo 1Tratados Bilaterales VigentesMéxico-Federación RusaCooperación Económica

1. Convenio comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y la Unión de Republicas Socialistas Soviéticas (Federación de Rusia) y protocolo sobre suministros de maquinaria y equipo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a los Estados Unidos Mexicanos. Mediante Nota 11/ugp, del 13 de enero de 1992, la Federación de Rusia informó que continúa con el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones derivadas de los acuerdos internacionales firmados por la URSS.

Adopción: Moscú, 16 de abril de 1973

Aprobación por el Senado: 22 de diciembre de 1973

Publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), aprobación: 27 de mayo de 1974

Entrada en vigor: 30 de septiembre de 1975

Publicación en el DOF de la promulgación: 20 de junio de 1975

2. Convenio de cooperación económica y tecnológica entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y la Unión de Republicas Socialistas Soviéticas (Federación de Rusia). Mediante Nota 11/ugp, del 13 de enero de 1992, la Federación de Rusia informó que continúa con el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones derivadas de los acuerdos internacionales firmados por la URSS.

Adopción: Moscú, 18 de octubre de 1976

Aprobación por el Senado: 8 de diciembre de 1977

Publicación en el DOF de la aprobación: 24 de enero de 1978

Entrada en vigor: 17 de abril de 1978

Publicación en el DOF de la promulgación: 21 de junio de 1978

3. Acuerdo de cooperación turística entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la Federación de Rusia.

Adopción: Moscú, 28 de enero de 1997

Aprobación en el Senado: 28 de abril de 1997

Publicación en el DOF de la aprobación: 19 de mayo de 1997

Entrada en vigor: 10 de julio de 1997

Publicación en el DOF de la promulgación: 14 de enero de 1998

4. Convenio entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la Federación de Rusia para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta.

Adopción: Ciudad de México, 7 de junio de 2004

Aprobación en el Senado: 28 de septiembre de 2004

Publicación en el DOF de la aprobación: 28 de octubre de 2004

Entrada en vigor: 2 de abril de 2008

Publicación en el DOF de la promulgación: 20 de mayo de 2008

Comunicaciones

5. Convenio sobre transportes aéreos entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la Unión de Republicas Socialistas Soviéticas (Federación de Rusia). Mediante Nota 11/ugp, del 13 de enero de 1992, la Federación de Rusia informó que continúa con el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones derivadas de los acuerdos internacionales firmados por la URSS.

Adopción: Ciudad de México, 2 de agosto de 1976

Aprobación en el Senado: 27 de diciembre de 1976

Publicación en el DOF de la aprobación: 20 de enero de 1977

Entrada en vigor: 11 de marzo de 1977

Publicación en el DOF de la promulgación: 16 de febrero de 1977

6. Convenio de transporte marítimo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la Unión de Republicas Socialistas Soviéticas (Federación de Rusia). Mediante Nota 11/ugp, del 13 de enero de 1992, la Federación de Rusia informó que continúa con el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones derivadas de los acuerdos internacionales firmados por la URSS.

Adopción: Moscú, 7 de julio de 1978

Aprobación en el Senado: 12 de diciembre de 1978

Publicación en el DOF de la aprobación: 30 de enero de 1979

Entrada en vigor: 13 de mayo de 1979

Publicación en el DOF de la promulgación: 3 de julio de 1979

Derecho diplomático y consular

7. Convenio consular entre los Estados Unidos Mexicanos y la Unión de Republicas Socialistas Soviéticas (Federación de Rusia). Mediante Nota 11/ugp, del 13 de enero de 1992, la Federación de Rusia informó que continúa con el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones derivadas de los acuerdos internacionales firmados por la URSS.

Adopción: Moscú, 18 de mayo de 1978

Aprobación en el Senado: 16 de noviembre de 1978

Publicación en el DOF de la aprobación: 22 de diciembre de 1978

Entrada en vigor: 9 de agosto de 1979

Publicación en el DOF de la promulgación: 2 de agosto de 1979

Cooperación educativa y cultural

8. Convenio de cooperación en las áreas de la cultura, la educación y el deporte entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la Federación de Rusia.

Adopción: Ciudad de México, 20 de mayo de 1996

Aprobación en el Senado: 29 de octubre de 1996

Publicación en el DOF de la aprobación: 18 de noviembre de 1996

Entrada en vigor: 28 de enero de 1997

Publicación en el DOF de la promulgación: 10 de abril de 1997

Cooperación jurídica

9. Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la Federación de Rusia sobre cooperación en materia de combate al narcotráfico y a la farmacodependencia.

Adopción: Ciudad de México, 20 de mayo de 1996

Aprobación en el Senado: 10 de diciembre de 1996

Publicación en el DOF de la aprobación: 6 de enero de 1997

Entrada en vigor: 20 de febrero de 1997

Publicación en el DOF de la promulgación: 13 de junio 1997

10. acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la Federación de Rusia en cooperación y asistencia aduanera mutua.

Adopción: Moscú, 21 de julio de 2003

Aprobación en el Senado: 30 de septiembre de 2003

Publicación en el DOF de la aprobación: 28 de enero de 2004

Entrada en vigor: 7 de marzo de 2004

Publicación en el DOF de la promulgación: 17 de marzo de 2004

11. Tratado sobre traslado de reos para la ejecución de sentencias penales privativas de la libertad entre los Estados Unidos Mexicanos y la Federación de Rusia.

Adopción: Ciudad de México, 7 de junio de 2004

Aprobación en el Senado: 4 de noviembre de 2004

Publicación en el DOF de la aprobación: 3 de diciembre de 2004

Entrada en vigor: 15 de febrero de 2006

Publicación en el DOF de la promulgación: 15 de febrero de 2006

12. Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la Federación de Rusia sobre asistencia legal reciproca en materia penal.

Adopción: Moscú, 21 de junio de 2005

Aprobación en el Senado: 8 de diciembre de 2005

Publicación en el DOF de la aprobación: 3 de febrero de 2006

Entrada en vigor: 23 de abril de 2008

Publicación en el DOF de la promulgación: 23 de abril de 20

Cooperación técnica y científica

13. Convenio de cooperación técnica y científica entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la Federación de Rusia. Dejó sin efectos el Convenio Básico de Cooperación Científica y Tecnológica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, firmado en la ciudad de Moscú, el 1 de octubre de 1975.

Adopción: Ciudad de México, 20 de mayo de 1996

Aprobación en el Senado: 8 de octubre de 1996

Publicación en el DOF de la aprobación: 29 de octubre de 1996

Entrada en vigor: 6 de noviembre de 1996

Publicación en el DOF de la promulgación: 13 de junio de 1997.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Se pospone la proposición del diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa.

Tiene la palabra el diputado Juan Pablo Escobar Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de los Poderes... Me informan que se encuentra fuera del recinto el diputado Juan Pablo Escobar.

ESTADO DE JALISCO - ESTADO DE NAYARIT

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de Jalisco y de Nayarit a que analicen, aprueben y eleven a iniciativa de decreto los convenios de coordinación y asociación de los municipios de Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, Nayarit.

El diputado Rafael Yerena Zambrano:Con su venia, señor presidente. A nivel internacional el turismo representa el 10.4 por ciento del producto interno bruto mundial. En la actualidad arriban a distintos destinos del mundo cerca de 500 millones de turistas internacionales. De esta cifra México participa con el 2.7 por ciento de estos turistas.

En lo que respecta al estado de Jalisco, en el año 2008 recibió 22.2 millones de visitantes, observando un crecimiento de 2 por ciento respecto del año 2007 y generando una derrama económica de 28 mil 585 millones de pesos, 7.2 por ciento mayor que en el año 2007. Del total de esa derrama económica, Puerto Vallarta participó con el 40.7 por ciento.

En los años cuarenta, Puerto Vallarta, Jalisco tenía una definición urbana y un atractivo particular basado en su cualidad de lejanía y cierto aislamiento. A partir de los años cincuenta, la región misma se transformó en una zona de amplias perspectivas dentro del desarrollo de los estados costeros, posicionando a Puerto Vallarta y Costa Alegre, de Jalisco, que comprende los municipios de Tomatlán, Cabo Corrientes, La Huerta, Zihuatlán, así como Bahía de Banderas en Nayarit, junto con los municipios de la denominada Rivera de Nayarit, que son Bucerías, Punta Anita, Rincón de Guayabitos y San Blas, como los destinos de sol y playa más importantes del país.

Derivado de este crecimiento y su vecindad es que en las últimas décadas los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas han considerado necesario el buscar mecanismos que permitan obtener oportunidades en beneficio de ambos municipios.

Para lograr lo anterior, debe partirse de un trabajo coordinado que permita superar y generar soluciones en materia de asentamientos humanos, educación, salud, economía, planeación, implementando un aparato administrativo eficiente, eficaz, que permita dar una mejor calidad de vida a los habitantes de ambos municipios.

Por lo anterior, la solución a los aspectos generados por la conurbación de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas desempeña un rol estratégico para la región Pacífico Medio, ya que se presenta como una de las áreas de desarrollo económico y turístico más importantes a nivel nacional y, por tanto, forma parte de las acciones prioritarias de las administraciones de Puerto Vallarta, Jalisco, y de Bahía de Banderas, Nayarit, encabezados por el licenciado Salvador González Resendiz y el contador público Héctor Paniagua Salazar, respectivamente.

Ambos ayuntamientos en fecha reciente aprobaron por unanimidad de sus plenos el punto de acuerdo por el que se propone elevar al honorable Congreso de Jalisco y al honorable Congreso de Nayarit la iniciativa de decreto en la que se solicita a dichas soberanías que analicen y aprueben los convenios de coordinación y asociación de los municipios de Puerto Vallarta, Jalisco, y de Bahía de Banderas, Nayarit.

En el corto plazo, con estos convenios se pretende que se definan acciones ordenadas de gestión que permitan, entre otros, elevar la competitividad como destinos turísticos, la planeación del desarrollo urbano y regional sustentable de los municipios conurbados, la ordenación del territorio y el incremento de servicios urbanos y de equipamiento e infraestructura, el de seguridad pública, la preservación del medio ambiente. Todo ello en el marco de las facultades que les otorga a los municipios la fracción VI del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Adicional a esto, Puerto Vallarta contempla la realización de obras de inversión prioritarias a través del Fondo Metropolitano, de 49.3 millones de pesos y, además, se presupuestaron 200 millones para la construcción de la carretera federal 200, y 90 millones para el túnel Luis Donaldo Colosio, obras que se sumarán al impulso de esta importante zona turística y del país, y que incluyeron los diputados federales de esta LXI Legislatura en el Presupuesto de Egresos de 2010.

A nivel más amplio, la aprobación de estos convenios de asociación y coordinación, así como la inversión en infraestructura marcarán las pautas de los diversos escenarios en los que se desarrollarán los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, y que beneficiarán a Jalisco y Nayarit.

Por lo anterior, es necesario que el honorable Congreso de Jalisco, en su LIX Legislatura, y el honorable Congreso de Nayarit, en su XXIX Legislatura analicen, aprueben y eleven la iniciativa de decreto, los convenios de coordinación y asociación de Puerto Vallarta, Jalisco, y Bahía de Banderas, Nayarit, ya que de ello dependerá el crecimiento y de-sarrollo de ambos municipios.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se exhorte al honorable Congreso de Jalisco y al honorable Congreso de Nayarit a analizar, aprobar y elevar la iniciativa de decreto lo antes posible, así como los convenios de coordinación y asociación de los municipios de Puerto Vallarta, Jalisco, y de Bahía de Banderas, Nayarit. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al honorable Congreso del estado de Jalisco de la LIX Legislatura y al honorable Congreso del estado de Nayarit de la XXIX Legislatura, para que aprueben y eleven a iniciativa de decreto los convenios de coordinación y asociación de los municipios de Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, Nayarit, a cargo del diputado Rafael Yerena Zambrano, integrante del Grupo Parlamentario del PRI.

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

A nivel internacional, el turismo representa el 10.4 por ciento del Producto Interno Bruto mundial y alrededor del 8.1 por ciento de los empleos. Asimismo la Organización Mundial del Turismo señala que en la actualidad arriban a distintos destinos del mundo cerca de 500 millones de turistas internacionales. De la cifra anteriormente mencionada México participa con el 2.7 por ciento de los turistas internacionales.

En lo que respecta al estado de Jalisco, durante el año 2008 recibió 22.2 millones de visitantes, lo que representó un crecimiento de 2 por ciento respecto del año 2007, esto es 446 mil 878 visitantes más que el año anterior; generando una derrama económica de 28 mil 585 millones de pesos, lo que mostró un crecimiento de 7.23 por ciento en relación con el año 2007; 1 mil 926 millones más que el año anterior. Del total de esta derrama económica Puerto Vallarta participó con el 40.7 por ciento.

Cerca de la primera mitad del siglo pasado esta realidad turística y económica era inimaginable. En los años cuarentas, Puerto Vallarta, Jalisco, tenía una definición urbana y un atractivo particular basado en su cualidad de lejanía y cierto aislamiento.

A partir de los años cincuentas, luego de la filmación y distribución de la película “La Noche de la Iguana”, este lugar se convirtió en un foco de atracción y se posicionó como destino mundial del turismo.

A partir de ese entonces, la región misma se transformó en una zona de amplias perspectivas dentro del desarrollo de los estados costeros, posicionando a Puerto Vallarta y la Costa Alegre de Jalisco, que comprende los municipios de Tomatlám, Cabo Corrientes, La Huerta y Cihuatlám, así como Bahía de Banderas, Nayarit, junto con los municipios de la denominada Riviera de Nayarit: Bucerias, Punta Mita, Rincón de Guayabitos y San Blas, como los destinos de sol y playa más importantes del país.

Derivado de este crecimiento y su vecindad es que en las últimas dos décadas los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas han considerado necesario el buscar mecanismos que permitan obtener oportunidades en beneficio de ambos municipios, dando respuesta a las demandas de los diversos sectores de la sociedad vallartense y de la población de Bahía de Banderas.

Para lograr lo anterior debe partirse de un trabajo coordinado que permita superar y generar soluciones en materia de asentamientos humanos, educación, salud, economía, planeación, etcétera, para de esta forma buscar una homologación entre ambos municipios, implementando un aparato administrativo eficiente, eficaz, que permita dar una mejor calidad de vida a los habitantes de ambos municipios.

Por lo anterior, la solución a los aspectos generados por la conurbación de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas de-sempeña un rol estratégico para la Región Pacífico Medio, ya que se presenta como una de las áreas de desarrollo económico y turístico más importantes a nivel nacional; y por lo tanto forma parte de las acciones prioritarias de las administraciones de Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, Nayarit, encabezadas por el licenciado Salvador González Resendiz y el C.P. Héctor Paniagua Salazar, respectivamente.

Ambos ayuntamientos con fecha reciente aprobaron por unanimidad de sus plenos el punto de acuerdo por el que se propone elevar al honorable Congreso del estado de Jalisco, LIX Legislatura, y al honorable Congreso del estado de Nayarit, XXIX Legislatura, iniciativa de decreto, en la que se solicita a dichas soberanías para que analicen y aprueben los convenios de coordinación y asociación de los municipios de Puerto Vallarta, Jalisco y de Bahía de Banderas, Nayarit.

En el corto plazo, con estos convenios se pretende que se definan acciones ordenadas de gestión que permitan, entre otros: elevar la competitividad como destino turístico, la planeación del desarrollo urbano y regional sustentable de los municipios conurbados, la ordenación del territorio, el incremento de servicios urbanos y de equipamiento e infraestructura, el de seguridad pública, la preservación del medio ambiente, etcétera. Todo ello en el marco de las facultades que les otorga a los municipios el artículo 115, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Adicional a esto, Puerto Vallarta contempla la realización de obras de inversión prioritarias a través del fondo metropolitano de 49.3 millones de pesos; además se presupuestaron 200 millones para la construcción de la carretera federal 200 y 90 millones para el túnel Luis Donaldo Colosio. Obras que se sumarán al impulso de esta importante zona turística del país y que incluyeron en el Presupuesto de Egresos 2010 los diputados federales de esta LVI Legislatura.

A nivel más amplio, la aprobación de estos convenios de asociación y coordinación así como la inversión en infraestructura marcaran las pautas de los diversos escenarios en los que se desarrollaran los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas y que beneficiaran a los estados de Jalisco y Nayarit.

Por lo anterior, es necesario que el honorable Congreso del estado de Jalisco, LIX Legislatura y el honorable Congreso del estado de Nayarit, XXIX Legislatura, analicen, aprueben y eleven a iniciativa de decreto los convenios de coordinación y asociación de Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, Nayarit, ya que de ello dependerá el crecimiento y desarrollo de ambos municipios.

Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorte al honorable Congreso del estado de Jalisco, LIX Legislatura y al honorable Congreso del Estado de Nayarit, XXIX Legislatura, para que analicen, aprueben y eleven a iniciativa de decreto, lo antes posible, los convenios de coordinación y asociación de los municipios de Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, Nayarit.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2010.— Diputados: Rafael Yerena Zambrano, Janet Graciela González Tostado, Malco Ramírez Martínez, Manuel Humberto Cota Jiménez, Ana Estela Durán Rico (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

El diputado Manuel Humberto Cota Jiménez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Dígame, diputado Cota.

El diputado Manuel Humberto Cota Jiménez(desde la curul): Solicitar respetuosamente sumarme al punto de acuerdo del diputado Yerena Zambrano.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Diputado Yerena, ¿acepta usted la adhesión del diputado Cota?

El diputado Rafael Yerena Zambrano:Estoy de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Está de acuerdo el señor diputado. Todas y todos aquellos legisladores que deseen adherirse, favor de pasar a la Secretaría.

Se pospone la participación del diputado Onésimo Mariscales Delgadillo.

ESTADO DE MORELOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al comandante de la vigésima cuarta zona militar, al secretario de Seguridad Pública y al Poder Ejecutivo del estado de Morelos, para que en la actividad de sus funciones y acciones operativas en la lucha contra la delincuencia organizada respeten las garantías individuales y derechos humanos de los ciudadanos morelenses.

El diputado José Manuel Agüero Tovar:Con su venia, señor presidente. Nuestro país se encuentra inmerso en sucesos que ponen en riesgo la seguridad y las garantías individuales de la ciudadanía. El incremento de las actividades delictivas ha creado un clima de inseguridad realmente preocupante, dando como resultado la violación de los derechos humanos, la caída de la actividad turística y la grave afectación de las actividades económicas en el estado de Morelos.

El pasado 11 de diciembre de 2009, en el fraccionamiento Los Limoneros, del poblado de Ahuatepec del municipio de Cuernavaca, tuvo lugar un tiroteo entre militares y narcotraficantes que dio como resultado la muerte de una vecina que pasaba por el lugar.

El mismo diciembre, el día 16, en la colonia La Selva del municipio de Cuernavaca se realizó un operativo a cargo de la Secretaría de Marina, con la finalidad de lograr la captura de Arturo Beltrán Leyva, dando como resultado la muerte de un civil que circulaba por el lugar.

Los ciudadanos del estado de Morelos hemos padecido de retenes montados por parte de militares, Policía Federal Preventiva, policía estatal y municipal, violando de esta manera el artículo 11 constitucional.

Los morelenses estamos conscientes de las medidas preventivas que diferentes autoridades realizan para preservar la seguridad pública. Lo que no es correcto y viola la integridad y seguridad de los ciudadanos es que en los retenes los pasajeros son bajados de sus vehículos con lujo de violencia, siendo cateados como si de criminales se tratara.

El que los militares actúen con pasamontañas es ilegal, violatorio de los derechos humanos de la población, ya que ésta no puede denunciar al no estar en posibilidades de identificar a quienes le agreden y, por tanto, no alcanzan justicia.

Asimismo, violando el artículo 16 constitucional, catean con violencia y sin orden judicial domicilios particulares, unidades habitacionales, colonias populares, fraccionamientos, incluso, establecimientos comerciales.

Los militares han tratado de impedir la labor de periodistas que documentan el desarrollo de operativos y detenciones arbitrarias que están cometiendo. También se les ha obstaculizado grabar y fotografiar las acciones, intimidándolos verbal y físicamente para que no lleven a cabo su labor profesional.

La ONU no recomienda el uso del ejército en labores de seguridad pública, ya que la experiencia internacional ha mostrado los efectos contraproducentes que conlleva utilizar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, violentando de esta manera el estado de derecho.

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia, rindió su informe de labores ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, haciendo serios señalamientos a varios gobernadores, entre ellos, al gobernador del estado de Morelos, por ignorar las recomendaciones emitidas a distintas violaciones a los derechos humanos dentro del ejercicio de su administración.

Por lo anteriormente expuesto, someto al pleno de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta al comandante de la vigésima cuarta zona militar, al secretario de Seguridad Pública y al Poder Ejecutivo de Morelos, para que en la actividad de sus funciones y acciones operativas en la lucha contra la delincuencia organizada respeten las garantías individuales y los derechos humanos de los ciudadanos morelenses.

Por obviedad de tiempo, señor presidente, le solicito sea integrado todo el texto al Diario de los Debates. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al comandante de la vigésima cuarta zona militar, al secretario de Seguridad Pública y al Poder Ejecutivo de Morelos a respetar en sus funciones y acciones operativas de lucha contra la delincuencia organizada las garantías individuales y los derechos humanos de los morelenses, a cargo del diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del PRI

El que se suscribe, diputado federal José Manuel Agüero Tovar perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea las siguientes

Consideraciones

Nuestro país se encuentra inmerso en sucesos que ponen en riesgo la seguridad y las garantías individuales de la ciudadanía, particularmente en algunas regiones y entidades del país; el incremento de las actividades delictivas, han creado un clima de inseguridad realmente preocupante, dando como resultado la violación de los derechos humanos, la caída de la actividad turística y la grave afectación de diversas actividades económicas en Morelos.

Casos emblemáticos de dicho fenómeno los encontramos al analizar diversos acontecimientos que a continuación se señalan:

Primero. El 7 de mayo del 2009 se realizó por elementos de la policía federal la captura de 14 miembros de la delincuencia organizada de los hermanos Beltrán Leyva, un operativo que tuvo lugar en un domicilio a cien metros de la Casa de Gobierno de Morelos, en el mismo mes, fue detenido y presentado en la Subprocuraduría en Investigación Especializada en Delincuencia Organizada Luis Ángel Cabeza de Vaca, quien fungía como secretario de Seguridad Pública del estado de Morelos, debido a los presuntos nexos con la organización de los Beltrán Leyva.

Segundo. El pasado 11 de diciembre de 2009 en el fraccionamiento Los Limoneros del poblado de Ahuatepec del municipio de Cuernavaca, tuvo lugar un tiroteo entre militares y narcotraficantes que dio como resultado la muerte de una vecina de dicho fraccionamiento, quien era completamente ajena al conflicto que en ese momento acontecía.

Tercero. El día 16 de diciembre de 2009, en la colonia La Selva del municipio de Cuernavaca se realizó un operativo a cargó de la Secretaría de Marina con la finalidad de lograr la captura de Arturo Beltrán Leyva, dio como resultado la muerte de un civil que circulaba por el lugar de los hechos.

Cuarto. Los ciudadanos de Morelos, han padecido de retenes montados por parte de los militares, Policía Federal Preventiva, Policía Estatal y Municipal, violando así el artículo 11 constitucional.

Los ciudadanos morelenses están conscientes de las medidas preventivas que diferentes autoridades realizan para preservar la seguridad pública, lo que no es correcto y viola la integridad y seguridad de los ciudadanos; en dichos retenes, los bajan de sus vehículos con lujo de violencia sin importar que viajen familias completas, siendo cateados como si de criminales se tratase.

Asimismo, catean con violencia y sin orden judicial (artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) domicilios particulares, sin distinguir que sean unidades habitacionales, colonias populares, fraccionamientos, etcétera, violando así sus derechos.

Las autoridades en el uso excesivo de la fuerza y cateos irregulares, sobajan a las familias morelenses.

Quinto. Los militares han tratado de impedir la labor de periodistas que documentan el desarrollo de operativos y detenciones arbitrarias que están cometiendo. Se les ha obstaculizado grabar y fotografiar las acciones, en donde los militares aparecen con el rostro cubierto con pasamontañas negros, intimidándolos verbal y físicamente para que no lleven a cabo su labor profesional y ordenándoles mostrar y entregar el material grabado y fotografiado, amenazando con quitar las cámaras o llevárselos.

Sexto. Otra violación a las garantías y derechos humanos de la población civil, es que los militares quieren que los ciudadanos obedezcan y acaten sus órdenes; se han presentado agresiones físicas y violación de garantías al querer imponer la ley marcial a la población civil, quienes al no tener la respuesta esperada, surge como resultado final la violencia por parte de los militares.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aceptó integrar las quejas por presuntas violaciones cometidas por elementos del Ejército Mexicano denunciadas por allanamientos, detenciones arbitrarias, tortura, privación ilegal de la libertad, robo, entre otras violaciones a sus derechos humanos cometidas en municipios de Morelos.

De lo anterior, obra el antecedente documentado mediante oficios recibidos por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) quién notificó que ambas quejas quedaron integradas con los números de expediente CNDH/2/2009/3978/Q y CNDH/2/2009/3799/Q, sin embargo, se sigue utilizando la vía de la justicia militar para investigar estos casos, lo que ha significado una garantía de impunidad.

La Organización de las Naciones Unidas no recomienda el uso del ejército en labores de seguridad pública, ya que la experiencia internacional ha mostrado los efectos contraproducentes que conlleva utilizar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, violentando el estado de derecho, toda vez que los retenes militares son anticonstitucionales; el que los militares actúen con pasamontañas es ilegal, violatorio de los derechos humanos de la población, ya que ésta no puede denunciar al no estar en posibilidades de identificar a quienes le agreden y por tanto no podrán alcanzar justicia.

Recientemente, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia, rindió su informe de labores ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, haciendo serios señalamientos a varios gobernadores entre ellos a Marco Antonio Adame Castillo gobernador de Morelos, por ignorar las recomendaciones emitidas por distintas violaciones a los derechos humanos dentro del ejercicio de su administración.

Al día de hoy, el gobierno de Morelos ha señalado que no existe una fecha para que la milicia deje de realizar actividades en contra de la delincuencia organizada en la entidad, a pesar de que en otros estados se han establecido fechas de inicio y conclusión.

Por lo expuesto, someto al pleno de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.Por el que se exhorta al comandante de la vigésima cuarta zona militar; al secretario de Seguridad Pública y al Poder Ejecutivo de Morelos, para que en la actividad de sus funciones y acciones operativas en la lucha en contra de la delincuencia organizada, respeten las garantías individuales y derechos humanos de los ciudadanos morelenses.

Palacio Legislativo, a 16 de febrero de 2010.— Diputado José Manuel Agüero Tovar (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Como lo solicita, señor diputado, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.

PORNOGRAFIA INFANTIL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los consejos de la Judicatura Federal y del Instituto Federal a que lleven a cabo las acciones necesarias para determinar si fue legal el proceder de jueces y magistrados respecto de las sentencias emitidas en los expedientes integrados con motivo de la probable responsabilidad penal de los delitos de pornografía infantil agravada, imputada al sacerdote Rafael Muñiz López y otros.

La diputada Leticia Quezada Contreras:Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Es un punto de urgente u obvia resolución. Es una vergüenza la impartición de justicia en nuestro país. Vengo a esta tribuna a exigir justicia. Esa justicia que no sea dilatoria, que no favorezca la impunidad, que no encuentre resquicios legales para dejar en libertad a pederastas, pornógrafos que se esconden bajo alguna sotana para cometer delitos, o que gozan de favores de las interpretaciones judiciales para seguir delinquiendo.

Es indignante. En este país existe impunidad a los ojos de todas y todos, corrupción y negligencia en la impartición de justicia. Quienes cometen delitos deben ser sancionados, más aún si estos delitos son cometidos contra nuestras niñas y niños, que son el sector más vulnerable de la sociedad.

Diputadas y diputados, los delitos referidos fueron cometidos contra menores indefensos, niñas y niños víctimas de depredadores sexuales, de animales, de sujetos que son basura para esta sociedad, que nos causan una indignación profunda, rabia y coraje.

Señoras y señores, estas basuras de la sociedad hoy están a un paso de ser declarados inocentes o puestos en libertad por autoridades judiciales de nuestro país.

Estos hechos tienen un antecedente en una averiguación previa iniciada por los delitos de pornografía infantil y delincuencia organizada, que derivó de la detención y arraigo de los probables responsables, entre ellos destaca el nombre de Rafael Muñiz López, por tratarse de un sacerdote de la diócesis de Xalapa, Veracruz.

En su integración, la PGJDF logró acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de dichos sujetos al recuperar los archivos borrados y eliminados en contra de pornografía infantil en las computadoras del inculpado Rafael Muñiz López.

Con todos estos elementos, se ejerció acción penal en contra de Rafael Muñiz López, señalando como el principal proveedor y distribuidor de la pornografía infantil, alias El lobo siberiano y sus cómplices.

En consecuencia, el juez 44 penal del Distrito Federal dictó auto de formal prisión a Rafael Muñiz, en el que consideró que el bien jurídico tutelado en el caso del delito de pornografía infantil es la moral pública, cuando en realidad es el delito de libre desarrollo de la personalidad psicosexual de la infancia, como lo establece la legislación penal en la capital.

Sin embargo, de forma extraña e irregular, pese a que el delito de pornografía infantil es un delito grave, le dio derecho a fianza, misma que se ha dicho pagó con ayuda del obispo de Xalapa.

A solicitud del sacerdote, el juez décimo de distrito en materia penal otorgó la protección de la justicia federal, al igual que el noveno tribunal colegiado en materia penal del primer circuito. Dichos tribunales consideraron que el juez 44 penal del Distrito Federal no fundó ni motivó debidamente el auto de formal prisión, además de no precisar en qué forma Rafael Muñiz participó en la comisión de los delitos de pornografía infantil y delincuencia organizada.

Diputados y diputadas, fueron más de 20 mil fotografías y videos de pornografía infantil –de niñas y niños– las encontradas en los archivos de este pornógrafo, mismas que intercambió y almacenó. Ya lo señaló el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal al decir que lo detectado en las conductas de este pederasta es –dicho por el propio presidente, y cito– un acto de resultados pervertidos que nos han indignado a todos.

Incluso en entrevista con Carmen Aristegui, el magistrado indicó que en la conducta de Rafael Muñiz –cito– hay claramente pornografía infantil con niños de ni siquiera un año, con recién nacidos. Son indescriptibles las fotografías, y comenta nadie resistiría verlas todas en su conjunto.

Lamentablemente hemos tenido conocimiento de que el juez 44 de lo penal del Distrito Federal, pese a que podría subsanar las deficiencias y dictar un nuevo auto de formal prisión o resolver únicamente sobre el almacenamiento de la pornografía infantil, otra vez de forma extraña optó por resolver que no contó con los elementos necesarios para subsanar las deficiencias señaladas y dictó, desgraciadamente, auto de formal libertad a Rafael Muñiz, mismo que ya fue impugnado por la PGJDF.

Diputados y diputadas, este caso ha evidenciado –por decir lo menos– la falta de conocimiento y de voluntad de jueces y magistrados para garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que todos los días y a cada hora son explotados sexualmente en este país.

Diputadas y diputados, para juzgar y condenar a este pederasta, a los otros delincuentes de su red de pornografía, así como a los otros pederastas, tratantes de personas, abusadores, violadores, homicidas, se necesita voluntad. Trabajar por las y los habitantes del país, por la sociedad. Hacer valer la ley para la impartición de justicia... Voluntad que no han tenido algunas y algunos jueces y magistrados de este país.

Hoy, Rafael Muñiz está en contravención de la ley y con la permisibilidad de las Diócesis de Xalapa, que en un comunicado dijo que celebra la liberación, y lamenta el desgaste físico, emocional y psicológico de El lobo siberiano.

¿Y qué ocurre con las niñas y los niños; con las víctimas de estos depredadores? Nada.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le pedimos concluir, diputada.

La diputada Leticia Quezada Contreras: Casi nadie se ocupa de este daño físico, emocional y psicológico. Es evidente que ni a los jueces ni a la Iglesia les importa.

Por todo esto, solicitamos que la Comisión de Justicia pueda crear una subcomisión de investigación y seguimiento de las actuaciones, determinaciones y sentencias emitidas por jueces del fuero común y federales respecto de los delitos de pornografía infantil y delincuencia organizada, en las que se encuentra en calidad de inculpado el señor Rafael Muñiz López y cuatro personas más. Y que se pronuncien al respecto.

Que dicha subcomisión exhorte y lleve a cabo las acciones necesarias para que el Consejo de la Judicatura Federal y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, analicen y determinen si fue o no conforme a derecho el proceder del juez décimo de distrito en materia penal.

Por último, se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política a dar puntual seguimiento al actuar de las y los jueces, y a los trabajos de la subcomisión.

Cárcel a pederastas. Cero tolerancia a pederastas en este país. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Consejos de la Judicatura Federal, y del Distrito Federal a llevar a cabo las acciones necesarias para determinar si fue legal el proceder de jueces y de magistrados en las sentencias emitidas en los expedientes integrados con motivo de la probable responsabilidad penal por los delitos de pornografía infantil agravada imputada al sacerdote Rafael Muñiz López y otros, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, a fin de que se exhorte respetuosamente al Consejo de la Judicatura Federal y al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal a llevar a cabo en el ámbito de su respectiva competencia las acciones necesarias para determinar si fue legal el proceder de jueces y de magistrados respecto a las sentencias emitidas en los expedientes integrados con motivo de la probable responsabilidad penal por los delitos de pornografía infantil agravada imputada al sacerdote Rafael Muñiz López y otros, conforme a los siguientes

Antecedentes

1. El 4 de marzo de 2009, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) inició la averiguación previa número FCH/CUH-6/T2/0330/09-03, por los delitos de pornografía infantil y delincuencia organizada, que derivó en la detención y el arraigo de los probables responsables Francisco Javier y Rafael Muñiz López, Luis Alejandro Vergara y Torres, Miguel Ángel Rodríguez Acosta, Luis Abraham Portilla Ramírez, Miguel Ángel Sánchez García y Edmundo Jesús Martínez Niño.

2. En la integración, el 11 de junio de 2009 la PGJDF logró acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de dichos sujetos, por lo que se ejercitó la acción penal en su contra y obtuvo el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión.

3. El 11 de junio de 2009, la PGJDF logró acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de dichos sujetos, por lo que se ejercitó la acción penal en su contra, y el juez de conocimiento otorgó una orden de aprehensión.

En la integración de la indagatoria se obtuvo la autorización del titular de la procuraduría para la simulación de conductas y se solicitó a las Procuradurías de Justicia de Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, Yucatán y Veracruz colaboración para llevar a cabo la orden de detención de los probables responsables, así como las órdenes de cateo para el aseguramiento de los instrumentos y objetos del delito.

4. Una vez lograda la detención de los inculpados, se procedió a solicitar su arraigo por los delitos de pornografía infantil y delincuencia organizada ante el Juzgado Cuadragésimo Cuarto de lo Penal del Distrito Federal.

5. El agente del Ministerio Público responsable instauró y utilizó diversas herramientas procedimentales, previstas en el sistema de justicia penal, como la autorización de simulación de conductas, las órdenes de detención por caso urgente, los oficios de colaboración a otras autoridades, u órdenes de cateo y arraigo.

Por primera vez en la historia jurídica del país se solicitó y obtuvo de la juez quinta de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal la intervención de comunicaciones privadas electrónicas para ingresar en los correos personales y mensajería instantánea (chat) de los inculpados, a efecto de encontrar pruebas que sustentaran su probable responsabilidad.

6. El Ministerio Público de la Fiscalía Desconcentrada en Cuauhtémoc, Distrito Federal, se auxilió con peritos en las siguientes especialidades forenses: medicina, psicología, antropología, traducción inglés-español, lingüística, fotografía, criminalística e informática, entre otras.

7. Se debe destacar el trabajo realizado por el Gobierno del Distrito Federal a través de la Unidad de Investigación Cibernética de la Policía Judicial del Distrito Federal, que fue determinante para el éxito de esta investigación, así como la participación de peritos en cibernética forense provenientes de Estados Unidos de América, de la corporación Flashback Data, a quienes se facultó legalmente: lograron recuperar los archivos borrados y eliminados con contenido de pornografía infantil en las computadoras del inculpado Rafael Muñiz López.

8. Las pruebas recabadas contra los entonces inculpados (cinco de ellos confesos) consistieron en informes de policía cibernética, confesiones e incriminaciones de sus coinculpados, dictámenes de informática forense respecto a los archivos encontrados en sus computadoras personales, dictámenes en psicología forense que concluyeron perfiles parafílicos y pedófilos para todos, y actas circunstanciadas de los resultados encontrados en las intervenciones de comunicaciones privadas electrónicas, donde se dio fe de sus bandejas de entrada y de salida, chats y mensajería instantánea, así como las miles de imágenes, los videos con audio con contenido de pornografía infantil que almacenaron, difundieron y distribuyeron a toda la red mundial de Internet.

9. Con todos estos elementos e indicios, la PGJDF logró reunir pruebas suficientes para ejercitar acción penal por los delitos de delincuencia organizada y pornografía infantil calificada contra Rafael Muñiz López, sacerdote de la diócesis de Xalapa, Veracruz; y Luis Alejandro Vergara y Torres, Miguel Ángel Rodríguez Acosta, Luis Abraham Portilla Ramírez, Miguel Ángel Sánchez García y Edmundo Jesús Martínez Niño.

10. El principal proveedor y distribuidor de la pornografía infantil era el usuario que utilizaba el nombre de “Lobo Siberiano”, quien fue identificado como el sacerdote Rafael Muñiz López, de la parroquia de San Pedro Apóstol en Xalapa, Veracruz.

11. El 9 de junio de 2009 se ejercitó acción penal contra el sacerdote Rafael Muñiz López por los delitos pornografía infantil agravada (se agrava el delito por ser ministro de culto) y delincuencia organizada, por considerar que con las personas referidas formaba parte de una red organizada de pedófilos.

12. El 22 de junio de 2009, el juez cuadragésimo cuarto de lo penal en el Distrito Federal dictó auto de formal prisión a Rafael Muñiz López. Se ha señalado, almacenaba y compartía imágenes de pornografía infantil a través de diferentes sistemas de cómputo con conexión a Internet.

En el auto de formal prisión, el juez cuadragésimo cuarto de lo penal indebidamente consideró que el bien jurídico tutelado en el caso del delito de pornografía infantil es la moral pública, cuando en realidad es el libre desarrollo de la personalidad psicosexual de la infancia.

13. El sacerdote Rafael Muñiz López interpuso demanda de amparo contra el auto de formal prisión dictado por el juez cuadragésimo cuarto de lo penal, que fue turnado al Juzgado Décimo de Distrito en materia Penal, que otorgó la protección de la justicia federal al considerar que el auto de formal prisión no se encontraba debidamente fundado y motivado, determinando que no se acreditó la participación como coautor en el delito de delincuencia organizada y tampoco la conducta consistente en la distribución de material pornográfico infantil, pues no lesiona el bien jurídicamente protegido de moral pública.

14. El Ministerio Público Federal, a petición de la PGJDF, interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada por el juez de distrito. Este recurso de revisión fue resuelto por el Noveno Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito, en sesión del 4 de febrero del presente año.

15. El Noveno Tribunal Colegiado de Circuito confirmó la sentencia, al considerar entre otros argumentos que, efectivamente, el juez 44 de lo penal del Distrito Federal no fundó ni motivó debidamente el auto de formal prisión, además de no precisar en qué forma Rafael Muñiz López participó en la comisión de los delitos de pornografía infantil y de delincuencia organizada.

16. El amparo que otorgó el juez décimo de distrito y que fue confirmado por el Noveno Tribunal de Circuito es para los efectos de subsanar las irregularidades de forma en el auto de formal prisión; no implica dejar en libertad al inculpado ni anular las actuaciones realizadas, sino que el juez 44 de lo penal deje “insubsistente el acto reclamado y, con plenitud de jurisdicción, dicte nueva resolución purgando los vicios de forma”.

17. Lamentablemente, hemos tenido conocimiento de que el juez 44 de lo penal del Distrito Federal optó por resolver que no cuenta con los elementos necesarios para subsanar las deficiencias señaladas por el Poder Judicial federal y, en consecuencia, se dicta un auto de libertad a Rafael Muñiz.

Considerando

Que el Código Penal para el Distrito Federal está dividido en títulos. En ese sentido, los delitos de pornografía, trata de personas, lenocinio, explotación laboral de personas menores de edad o personas con discapacidad física o mental están en el Título Sexto, “Delitos contra el libre desa-rrollo de la personalidadcometidos en contra de las personas mayores y menores de dieciocho años de edad o personas que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho o personas que no tengan la capacidad de resistir la conducta”.

Que de acuerdo con lo establecido en el Título Sexto, el bien jurídico tutelado es “el libre desarrollo de la personalidad”, entendido el “libre” como un bien jurídico supraindividual abstracto que se traduce en el libre desarrollo de la personalidad de la infancia, que se encuentra garantizado también en el artículo 1o. de la Constitución y en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre Derechos de los Niños y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y no la moral pública, como determinó el juez 44 de lo penal en el Distrito Federal.

Que aunque un juez por definición es “perito en derecho”, el juez 44 de lo penal, licenciado Paul Martin, indebidamente y demostrando desconocimiento en uno de sus principales instrumentos, el Código Penal, señaló en su auto de formal prisión que el bien jurídico tutelado en la norma penal en el caso de la pornografía infantil, particularmente la conducta consistente en distribución de pornografía infantil, es “la moral pública”.

Que el juez décimo de distrito y el Noveno Tribunal Colegiado de Circuito consideraron que el supuesto de distribución de material pornográfico infantil no se actualiza porque no se lesionó el bien jurídicamente protegido que, a decir de ellos, es “la moral pública”, pues el término distribuir –a decir del juez y de los magistrados federales– desde la dogmática penal debe entenderse como “hacer circular en la sociedad el material pornográfico”, y como en el caso concreto sólo se compartía en un círculo cerrado de personas adultas, entonces no se afectaba el bien jurídico protegido, la moral pública.

Que las resoluciones del Poder Judicial federal enviaron un mensaje contrario a la protección de los derechos humanos de la niñez en entidades como Querétaro y Veracruz, donde el delito de pornografía se encuentra en el título de delitos que afectan “la moral pública”. Sin duda, es un mensaje de impunidad; y abrieron otra puerta para llevar este caso a la impunidad.

Que el Distrito Federal es una de las entidades con legislación protectora. En el delito de pornografía infantil, que considera no sólo el almacenamiento sino la distribución de este material por diferentes medios, la labor de inteligencia desarrollada por la Policía Cibernética de la PGJDF permitió detectar que la pornografía infantil era distribuida desde Veracruz. La legislación capitalina permitió realizar una operación que llevó a la captura de sujetos no sólo en el Distrito Federal sino en otras entidades, que serían sujetos a proceso con las leyes del Distrito Federal.

Este caso ha evidenciado la falta de conocimiento y voluntad de jueces y de magistrados para garantizar los derechos humanos de niños y de adolescentes, que todos los días y a cada hora son explotados en el país.

Toda vez que se ha tenido conocimiento de que la PGJDF ha interpuesto un recurso respecto al auto de libertad dictado en favor del sacerdote Rafael Muñiz López y que ha sido turnado a la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, es fundamental dar seguimiento al actuar de los magistrados que resolverán este asunto, ya que es fundamental en la lucha contra la comisión de delitos contra los niños, particularmente contra la pornografía infantil.

No debe pasar por alto para esta soberanía que los problemas para juzgar y condenar a este sacerdote tienen su origen en la falta de un debido análisis y tipificación de todas las formas de comisión en que incurren los pederastas y las redes de delincuencia organizada que se encuentran en torno de la comisión y persecución de delitos relacionados con la pornografía infantil y explotación infantil, ya que muchas de las conductas asociadas a estos delitos no están consideradas delitos graves y algunas ni siquiera como delitos en los códigos penales de diversos estados en el país, y en los que está prevista no hay voluntad para hacer cumplir la ley.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Consejo de la Judicatura Federal y al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal a llevar a cabo en el ámbito de su respectiva competencia las acciones necesarias para determinar si el proceder del juez décimo de distrito en materia penal y las y los integrantes del Noveno Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito, así como del juez 44 de lo penal en el Distrito Federal, respecto a las sentencias emitidas en los expedientes integrados con motivo de la probable responsabilidad penal por los delitos de pornografía infantil agravada imputada al sacerdote Rafael Muñiz López y otros y, en su caso, se determine si hubo responsabilidad en su actuar.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a las legislaturas de las entidades del país a revisar y reformar en el ámbito de sus respectivas competencias su legislación penal, a efecto que se tipifiquen, desde el punto de vista de protección integral de los menores, los delitos de corrupción de menores, pornografía infantil, explotación infantil, trata de personas y lenocinio, a efecto de que se garantice la aplicación de la ley y de que estos delitos no queden impunes.

Palacio Legislativo, a 23 de febrero de 2010.— Diputadas: Leticia Quezada Contreras, Ana Estela Durán Rico, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, Ma.Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputada. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: En votación económica se pregunta, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente, dos terceras partes.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se considera de urgente resolución. Está a discusión. En virtud de no existir ninguna compañera legisladora y ningún compañero legislador registrados, se considera suficientemente discutida.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado y comuníquese.

CAMBIO CLIMATICO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se recibió del diputado Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo relativo al incumplimiento del gobierno federal del envío del Plan de Reducción de Emisiones a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: «Proposición con punto de acuerdo, relativo al incumplimiento por el gobierno federal del envío del plan de reducción de emisiones a la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, a cargo del diputado Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del PVEM

Gerardo Flores Ramírez, diputado integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Como todos sabemos, en diciembre de 2009 se celebró la reunión número quince de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés).

En esta decimoquinta Conferencia de las Partes (COP 15) en Copenhague, se esperaba que se llegase a un acuerdo internacional vinculante, donde todas las naciones tuvieran responsabilidad compartida con el cambio climático, con compromisos diferenciados de acuerdo a sus niveles de emisiones y su situación económica.

El resultado de la COP 15, no fue lo que se esperaba, pero se firmó un tratado no vinculante en el cual se consiguió entre otros los siguientes acuerdos:

• El aumento de la temperatura  mundial debe ser inferior a 2 grados Celsius.

• Los países desarrollados se comprometen a ejecutar los objetivos cuantificados de emisión para 2020 que serán presentados antes del 31 de enero de 2010.

• Las Partes no-Anexo I aplicarán medidas de mitigación, que se presentarán a la secretaría de la Convención antes del 31 de enero de 2010, para su compilación en un documento informativo.

• Se reconoce el papel fundamental de la reducción de emisiones procedentes de la deforestación y de la degradación forestal y la necesidad de aumentar la absorción de las emisiones de gases de efecto invernadero por los bosques.

• Se buscará aplicar distintos criterios, incluyendo las oportunidades de utilización de los mercados, para mejorar la relación costo-eficacia de las medidas de mitigación.

• Proporcionar a los países en desarrollo, para adaptación y mitigación, 30.000 millones de dólares para el período 2010-2012 y unos 100 mil millones de dólares al año hasta 2020.

• Se establecerá un Grupo de Alto Nivel para estudiar la contribución de las fuentes potenciales de ingresos, incluidas las fuentes alternativas de financiación.

• El Fondo Verde del Clima de Copenhague se constituirá como una entidad operativa del mecanismo financiero de la Convención para apoyar proyectos, programas, políticas y otras actividades en los países en desarrollo relacionadas con la mitigación.

Específicamente en la declaratoria número 3 los países parte del anexo 1, se comprometen a ejecutar, individual o conjuntamente, los objetivos macroecónomicos cuantificados de emisión para 2020, que serán presentados, a la secretaría de la Convención antes del 31 de enero de 2010.

En la declaratoria número 5 los países no anexo 1 (países en desarrollo) se comprometen a aplicar medidas de mitigación, que se presentarán a la secretaría por dichas partes, antes del 31 de enero de 2010.

Como se observa, ya expiró la fecha compromiso de ambas declaratorias, por lo cual el periódico New York Times, en su sección de Ciencia del 1 de febrero indicó que en total, 55 países desarrollados y en desarrollo presentaron los planes de reducción de emisiones a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, destacando que México y Rusia no habían presentado sus planes de reducción.

Por lo anterior, es importante mencionar que después de que México se ha destacado por sus diversas acciones en materia de cambio climático , es inesperado, que no haya enviado a la secretaría de la UNFCCC, los compromisos de reducción, toda vez que este compromiso fue adquirido por nuestro país desde marzo de 2009, en la reunión de Poznan, Polonia, en donde se indicó reducir para el año 2050, las emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) al 50 por ciento, con respecto a los niveles de 2002.

Recordemos que México, es uno de los países clave para lograr negociaciones que permitan avanzar en los compromisos posteriores a 2012, puesto que será la sede para una nueva reunión de la COP en el 2010, y a que fue durante la COP 15 el país al que le fue entregado el premio de la organización Globe International, en reconocimiento a su liderazgo medioambiental.

Es por ello que, México debe ser congruente con la política en materia de cambio climático que ha mostrado durante las conferencias de las Partes de la UNFCCC, a través de la entrega de compromisos adquiridos en el tratado de Copenhague, en tiempo y forma, ya que de no ser así, México pondría en riesgo el liderazgo que ha mostrado en la materia.

En mérito de lo expuesto y fundado, someto a la consideración de este honorable pleno, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados condena la falta de cumplimiento del titular del Ejecutivo federal, para entregar en tiempo y forma el plan de reducción de emisiones de acuerdo a la declaratoria número 5 del acuerdo de Copenhague.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a que guarde coherencia entre las medidas efectivas que se ponen en  marcha en nuestro país para mitigar el cambio climático y el discurso con que los representantes del gobierno federal ante instancias o esfuerzos internacionales se conducen en esta materia, con objeto de que se eviten cuestionamientos al papel de liderazgo que el gobierno de México ha pretendido asumir en este tema. Asimismo, informó a la sociedad el alcance de los planes que hubiere comunicado a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Nota:

1 Compromiso en de reducir para el año 2050, las emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) al 50%, con respecto a los niveles de 2002, sin tener la obligación de hacerlo.

Cuatro Comunicaciones Nacionales e Inventario Nacionales de Emisiones de Gases Efecto Invernadero

Propuesta de creación de un Fondo Mundial contra el Cambio Climático

Elaboración de Un Programa Especial de Cambio Climático

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veintitrés días del mes de febrero del año dos mil diez.— Diputado Gerardo Flores Ramírez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que explique los criterios de asignación de las frecuencias del espectro radio eléctrico.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Con su venia, presidente. El propósito de este punto de acuerdo es solicitar la comparecencia de Juan Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes, para que explique los criterios de asignación de las frecuencias del espectro radio eléctrico.

¿Por qué es necesario que los explique? Ustedes recordarán que en noviembre, de repente, apareció ahí una iniciativa –que salió de la nada– para exentar del cobro de los derechos a unas personas que fuesen los beneficiarios de una posible licitación –de la que hablaba el cuerpo de la iniciativa– del espectro radio eléctrico.

El 16 de febrero pasado nos enteramos que dos empresas –que desde un principio se sabía que iban a ser las beneficiadas– firmaron un acuerdo de compra-venta por el 30 por ciento de una telefónica –estoy hablando de Televisa y de Nextel– a condición de que estas empresas ganaran tal licitación. En opinión de algunos especialistas, el hecho de que estas empresas ganen esa licitación implicaría que nadie, por lo menos en el mediano plazo, tendrá la capacidad de competir con Televisa en materia de mercados convergentes. Eso, señores, es la creación y el reforzamiento de un monopolio.

Hace un rato vimos cómo un diputado juraba bajo la Constitución. La diputada. La Constitución prohíbe la existencia de este tipo de monopolios. Y con una mala licitación, con una licitación amañada de estas frecuencias estaremos fortaleciendo a un monopolio. Monopolio que de hecho ya existe.

En noviembre pasado la Comisión Federal de Competencia le impuso una multa a Televisa por llevar a cabo prácticas monopólicas. Dicha multa –valga decir– representó apenas el 2 por ciento de sus ingresos en un trimestre. Es decir, pagando en este país se puede seguir violando la ley.

Por eso es de suma importancia, para no violar la Constitución, que venga Juan Molinar Horcasitas a explicar los criterios bajo los cuales están licitando, porque es absurdo que se les perdonen derechos y que por la otra parte, por ejemplo, se le cobren impuestos a los jubilados. Todo esto lo tiene que venir a explicar Juan Molinar Horcasitas. Muchas gracias por su atención.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la SCT para que explique los criterios de asignación de las frecuencias del espectro radioeléctrico, a cargo del diputado Mario di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del PT

La Constitución General de la República prevé en los artículos 25 y 28, aquéllos bienes necesarios para el desarrollo de la infraestructura nacional y que considera como área prioritaria para ese efecto, sobre los cuales el Estado ejerce su rectoría. Entre éstos, destaca el espectro radioeléctrico.

De tal suerte, el espectro radioeléctrico es un bien de interés público cuya administración es parte estratégica de las políticas públicas del Estado mexicano para promover el desarrollo. Resulta indispensable, por tanto, contar con reglas claras para su asignación a los agentes económicos a fin de garantizar certeza jurídica, promover la competencia y evitar la corrupción.

En este sentido, los diputados debemos tener información sobre los criterios que el Ejecutivo federal utiliza para la licitación de las frecuencias del espectro radioeléctrico que son propiedad de la nación, es decir, propiedad de todos los mexicanos.

Es preocupante observar que contrario a lo que establece la legislación en la materia para promover una sana competencia entre los concesionarios y evitar la concentración, el Ejecutivo Federal este empeñado en regalar frecuencia del espectro radio eléctrico, a sus amigos o acreedores.

Es indispensable, si queremos que nuestro país se desarrolle en este sector, terminar con ese modelo perverso de licitar concesiones a la medida para los amigos o para pagar antiguas deudas,  ya que si se va a continuar con este tipo de decisiones absurdas, fuera de todo marco legal, entonces para que sirven las leyes e instituciones aprobados por este Congreso; como el caso de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Cofetel, que si no va a servir para regular la sana competencia y en este sector, pues mejor la desaparecemos y utilizamos los recursos de manera más eficiente, como pudiera ser para ayudar a los que menos tienen y no para seguir manteniendo funcionarios inútiles.

Es importante destacar que la decisión de favorecer a una sola empresa: Televisa, la mayor usufructuaria del espectro radioeléctrico, resulta contrario a las leyes aprobadas por este Congreso para mantener la competencia y evitar –como ya lo expusimos– la concentración en el sector.

Es obligación de este Congreso conocer la política integral en materia de comunicaciones que habrá de seguir el gobierno de Felipe Calderón, pues se deben evaluar si el desarrollo en el sector de debe a una planeación estratégica para el desarrollo económico de la nación o solamente al desarrollo de la economía personal de sus amigos.

Por las consideraciones expuestas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, somete al pleno de esta soberanía, como de urgente resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El pleno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, para que explique los criterios de asignación de las frecuencias del espectro radio eléctrico.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de febrero del año dos mil diez.— Diputado Mario di Costanzo Armenta (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones.

Se encuentran entre nosotros, en este recinto, invitados de la CTM de Guadalajara y de Puerto Vallarta que fueron invitados por el señor diputado Rafael Yerena Zambrano. Sean ustedes bienvenidos.

Asimismo, se encuentran entre nosotros estudiantes y maestros de la escuela Ignacio López Rayón, y vecinos de la colonia 10 de Abril, invitados por el diputado David Sánchez Guevara. Sean todos bienvenidos a este recinto.

ESTRATEGIA NACIONAL DE ENERGIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de Energía, para que en la Estrategia Nacional de Energía que envía al Congreso para su ratificación considere la propuesta suscrita por los diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez: Con su permiso, diputado presidente. Solicito, dado que tengo dos puntos de acuerdo seguidos, el 12 y el 13, poder hacer uso de la palabra por 10 minutos, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Adelante, diputada. Adelante, por favor.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez:Muchas gracias. Por ley nosotros somos los responsables de establecer los lineamientos en cuanto a la seguridad energética, porque así nos obliga la Constitución. Debemos defender la renta petrolera y las áreas exclusivas. Por ley estamos llamados a definir la Estrategia Nacional de Energía.

Para llevar a cabo esta tarea parlamentaria es necesario que todos y todas nos conduzcamos con responsabilidad y que nadie se esconda en eufemismos para entregar nuestro patrimonio nacional a las empresas trasnacionales.

El martes pasado el diputado Navarrete Prida expuso ante esta soberanía que las modificaciones hechas a las disposiciones administrativas eliminan los términos de inconstitucionalidad que nosotros habíamos señalado para interponer la controversia constitucional.

Con todo respeto, yo reto al diputado Navarrete Prida a un debate sobre la inconstitucionalidad de estas disposiciones administrativas. Realmente es importante que haya debate.

Si nosotros observamos lo que sucedió la vez anterior, resulta que fuera de toda reglamentación primero dejaron que habláramos nosotros, los que estábamos en contra, y finalmente, se cerró el debate con la intervención de Navarrete Prida, con el cual tenemos que discutir públicamente lo relacionado con estos aspectos que nosotros reiteramos, contienen estas disposiciones y que son inconstitucionales y representan una traición a la patria.

Sin embargo, se detalló mucho en un debate en torno a las monedas conmemorativas del bicentenario, donde quedó claramente detallado que confunden medallas con moneditas milagrosas. Pero al margen de que Navarrete Prida acepte o no acepte este debate, la ley obliga a esta asamblea a determinar la estrategia energética.

Por vez primera, a partir de la reforma energética de 2008 quedó contenido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 33, que durante febrero deberá entregar el Ejecutivo federal su propuesta de estrategia energética con un horizonte a 15 años, misma que se deberá debatir en el Congreso para ratificarse o modificarse.

Ésta es la oportunidad que tenemos de tomar verdaderamente en consideración también los aspectos que contempla la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en cuanto a los criterios que se deben establecer en esta estrategia nacional de energía, de la que por cierto, mañana van a hacer entrega a esta soberanía.

Estos criterios son, en primer lugar, la seguridad energética, la sustentabilidad en la plataforma anual de extracción de nuestros hidrocarburos. Dentro de estos criterios también está la diversificación de los mercados, la incorporación del mayor valor agregado a nuestros productos petroleros, el desarrollo de la planta productiva nacional y la protección al medio ambiente. Estos elementos representan los principios que nosotros, como diputados y diputadas, debemos seguir por ley, respetando la Constitución y los reglamentos.

Hoy presentamos nuestra propuesta alternativa del Partido del Trabajo, del Partido de la Revolución Democrática y de Convergencia, signada por cada uno de los coordinadores.

Felipe Calderón presentará –como he señalado– mañana su iniciativa. Por otro lado y en términos de ley, nosotros afirmamos que la seguridad y soberanía energética es un asunto evidentemente estratégico y de seguridad nacional. En cambio, la señora Kessel contrata a consultoras extranjeras, como es el caso de McKinsey, para definir los próximos años de política energética en el país. Qué barbaridad.

Nuestra propuesta, en cambio, reconoce que es imprescindible contar con una política a largo plazo que asegure la autosuficiencia y considere de manera integral todos los componentes energéticos tales como son el petróleo, el gas, la energía eléctrica y las fuentes renovables.

Por ello, proponemos establecer como norma el uso de recursos propios y la exportación exclusivamente de los excedentes petroleros.

En sentido opuesto, Kessel contrató a McKinsey, quien aconsejó cambiar el sentido a Pemex para convertirla solamente en una administradora de contratos y dejar de ser una operadora, es decir, impidió que Pemex siguiera explorando y perforando.

Mientras tanto, nuestra estrategia plantea para Pemex la construcción de tres nuevas refinerías, no dar contratos a privados en tareas de exploración y producción de crudo, prohibir la contratación de bloques o áreas de trabajo, disminuir la dependencia de nuestras finanzas nacionales al petróleo, el uso racional de los hidrocarburos, la integración de Petróleos Mexicanos en una sola entidad y un comité legislativo anticorrupción.

En cambio, Kessel contrató a McKinsey consultora que en 1992 valuó a 18 bancos mexicanos en 13 mil millones de dólares, cifra con la que nueve años después solamente uno de los bancos, Banamex, se vendió en esa misma cantidad. Ya sabemos quiénes fueron los empresarios beneficiarios de estas transacciones. Ya sabemos quién está detrás de McKinsey.

Nuestro proyecto, en cambio, se centra en garantizar la soberanía y la seguridad energética, el acceso universal de la población a la energía, el fortalecimiento de Pemex, de la CFE y la reincorporación de Luz y Fuerza, en fin. Nuestra propuesta es una propuesta con visión nacional, una visión estratégica que busca realmente reconocer al petróleo como palanca de desarrollo.

Por el contrario, la de Calderón se basa en la recomendación de una consultora que ha llevado a nuestro país a realizar los peores negocios a costa de qué: de la pobreza y del desempleo.

Finalmente quiero señalar que corresponde a nosotros, diputados y diputadas, discutir, debatir esta propuesta energética y por tanto, planteo también que se establezcan normas de procedimiento para el debate, la realización de un foro con la participación de expertos en los ramos, audiencias y comparecencias con representantes del sector energético, con preguntas parlamentarias dirigidas a los funcionarios.

Aún es tiempo de frenar la ambición desmedida de quienes pretenden gobernar en la inestabilidad. Aún es tiempo de frenar la entrega de nuestros recursos naturales. Aún es tiempo de salvar a la nación. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo Nacional de Energía a considerar, en la estrategia nacional de energía que envíe al Congreso para ratificación, la propuesta alternativa que se presenta; y a la Comisión de Energía de esta soberanía, a atender este proyecto en el dictamen correspondiente, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del PT, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios

De conformidad con los artículos 58, fracción I, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 33, fracción VI, último párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 4 Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo Petrolero, la suscrita, Laura Itzel Castillo Juárez, diputada a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, así como los demás firmantes, integrantes de los grupos parlamentarios del PT, del PRD y de Convergencia sometemos a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La soberanía energética es, en la actualidad, un asunto estratégico de seguridad nacional. Por tanto, es imprescindible contar con una política de largo plazo que asegure la autosuficiencia y considere en conjunto petróleo, gas, energía eléctrica y fuentes renovables.

En las condiciones actuales del país, una política energética de Estado es inseparable de la construcción de un nuevo modelo de desarrollo económico. Esta política tendría que ser definida en función de los intereses nacionales, en contraposición a los lineamientos de organismos financieros internacionales, que presionan y aún obligan a países en desarrollo a aplicar una política de reformas, donde se privilegia la ganancia privada sobre el desarrollo independiente y el bienestar de la mayoría del pueblo.

La privatización en marcha va en sentido contrario a lo que está ocurriendo a nivel mundial en materia energética. Por lo que respecta a las empresas petroleras, la orientación es cada vez más hacia el control estatal, así como también a una mayor integración vertical. No sólo es el caso de América Latina, sino también de Europa y Medio Oriente. No obstante, en México las metas para la industria petrolera nacional siguen siendo la sobreexplotación del recurso, la importación de hidrocarburos y el desmantelamiento de la empresa pública.

Esto queda demostrado con la publicación, en septiembre de 2009, de los reglamentos de la Ley de Petróleos Mexicanos y de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. Mediante estas normas prácticamente se está abriendo la puerta para que, en los procesos que corresponden de manera exclusiva a Pemex, se pueda entrar con los contratos de riesgo, prohibidos por la legislación.

Por estas razones, el 13 de octubre de 2009 la Cámara de Diputados aprueba el punto de acuerdo para interponer la controversia constitucional contra estos reglamentos. No obstante que se encuentran en proceso judicial ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seis de enero de 2010 el Consejo de Administración de Pemex publicó en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones administrativas de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, que van en sentido contrario a lo que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Estas disposiciones representan abiertamente el afán privatizador de la actual Administración Pública, así el inciso c) del artículo 78 de esta norma dispone lo siguiente:

Artículo 78. En los contratos cuyo objeto sea la ejecución de obras y servicios para la exploración y desarrollo de campos de petróleo crudo y gas natural, se podrán incluir, de manera enunciativa más no limitativa y de acuerdo con el modelo económico, algunos de los siguientes términos:

c) Cláusulas que permitan la explotación unificada de yacimientos que abarquen dos o más áreas de trabajo contiguas, a fin de establecer volúmenes de reserva, producciones e inversiones unificadas;

Petrolización de las finanzas públicas

Desde hace varios lustros, los gobiernos en turno decidieron incrementar la extracción de petróleo para su exportación. De 1996 a 2004 la operación fue en ascenso, hasta que ese año alcanzó su máximo de 3.38 millones de barriles diarios. Las exportaciones de crudo crecieron igualmente hasta obtener la cifra de 1.82 millones de barriles diarios. La mayor parte de este volumen se envió a Estados Unidos, al punto de representar el 80 por ciento o más.

El incremento en la extracción de petróleo ha sido acompañado de una baja tasa de restitución de reservas y del abatimiento acelerado de los yacimientos actuales. Y es que los recursos financieros de Pemex se han concentrado en cerca del 80 por ciento en extraer crudo de los yacimientos, descuidando las tareas de exploración.

Paralelamente, la participación de recursos provenientes de la industria petrolera en los ingresos del sector público, ha crecido notablemente. En años recientes, por cada peso que ingresa al erario, entre 30 y 40 centavos provienen del petróleo, sin contar los excedentes. Esto significa que existe una peligrosa petrolización de las finanzas públicas, con un agravante adicional: los recursos no se destinan a la inversión, menos aún a la inversión en la industria petrolera.

Peor aún: las contadas inversiones en la industria petrolera han sido destinadas a proyectos fallidos. Tal es el caso de la perforación indiscriminada de pozos en la región de Chicontepec, cuya mínima producción de ninguna manera justifica la millonaria contratación de empresas privadas extranjeras para realizar este trabajo. Otro fracaso ha sido la inyección de nitrógeno a yacimientos petrolíferos –Cantarell es un ejemplo de ello– con el supuesto objetivo de extraer una mayor cantidad de petróleo. Lo que en realidad ha ocurrido es la contaminación del aceite y del gas, además de acelerar la declinación en su producción. De igual manera, la irracional quema de más de mil millones de pies cúbicos diarios de gas en la atmósfera, contrasta con la importación de grandes cantidades del mismo gas para satisfacer la demanda nacional.

Por otro lado, desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Pemex y sus filiales (Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica, Pemex Petroquímica) han destinado más de 63 mil millones de pesos para constituir 37 empresas privadas. Algunos de estos recursos han sido radicados en paraísos fiscales como Islas Caimán y Bahamas, al igual que en Luxemburgo, Irlanda, Suiza, Países Bajos, Inglaterra y Delaware, Estados Unidos. En su momento, el entonces auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, señaló que 21 de estas firmas se manejan con total discrecionalidad. Incluso se descubrió que Pemex es accionista minoritario (con 4.9%) de Repsol, la empresa privada española que nos revende gas peruano a precios exorbitantes. En buena medida, la corrupción es posible porque no existe transparencia ni rendición de cuentas.

Energía eléctrica: privatización inconstitucional

Este año en que se cumple medio siglo de la nacionalización del servicio público de energía eléctrica, el artículo 27 de la Constitución es letra muerta. Dice el párrafo sexto: “Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”.

Pero la reforma legal impulsada por Carlos Salinas de Gortari, y aprobada durante su sexenio, hizo que la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en su artículo 32, no considerara como servicio público:

I. La generación de energía eléctrica para autoabastecimiento, cogeneración o pequeña producción; y

II. La generación de energía eléctrica que realicen los productores independientes para su venta a la Comisión Federal de Electricidad.

Esto ha propiciado que, en los hechos, los “productores independientes” generen el 33 por ciento de la energía eléctrica total de Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Sumados los “autoabastecedores”, el sector privado produce casi la mitad de la electricidad del país. De manera paralela, se han estado transfiriendo funciones de CFE a empresas particulares. Por ejemplo, las nuevas plantas generadoras propiedad de la dependencia, ya no son, como antes, construidas por su personal, sino contratadas con empresas privadas.

Otra forma de privatizar es la entrega de tramos de la red de CFE y de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) para uso, por parte de grandes grupos privados, para la transmisión de imagen, voz y datos. La liquidación de LyFC también ha sido privatizadora. Así, funciones que realizaba esta entidad, como el mantenimiento y reparación, ahora están en manos de empresas privadas de ciudades externas al sector central. La CFE sólo está al mando y coordina.

Cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya consideró todo este esquema de privatización como inconstitucional, sin que pudiera pronunciarse en contra de la ley respectiva, debido a que la controversia constitucional 22/2001 sólo se planteó contra el reglamento. Y ello fue así porque, cuando se publicó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la Constitución no contemplaba la posibilidad de que el Congreso de la Unión promoviera controversias constitucionales en contra de actos del Ejecutivo como fue el caso.

Empero, la Corte reconoció que el reglamento violaba por sí mismo la Constitución porque no puede interpretar la ley como si las disposiciones constitucionales no existieran, por lo que las convocatorias, licitaciones o permisos, pueden por sí mismos ser considerados como inconstitucionales.

Política energética de Estado

El gobierno federal pondera como “positivo” el debilitamiento de las entidades públicas del sector energético, y promueve cada vez mayor participación de empresas transnacionales en actividades reservadas por la Constitución al Estado. El afán privatizador quedó claro en el Foro Económico de Davos, efectuado recientemente. Ahí, Felipe Calderón ofreció a las empresas extranjeras una mayor apertura en Petróleos Mexicanos. Su argumento fue que se requiere el dinero de los privados para invertir en el desarrollo de la industria, toda vez que Pemex no cuenta con él. Esta política energética practicada desde la segunda parte de los años ochenta, entraña un debilitamiento de la seguridad nacional y de las condiciones económicas.

Contraria a esta visión, nuestra propuesta corresponde a una política energética integral soberana, que visualiza a ese sector como motor de la economía, fortalece a Pemex, promueve la seguridad en el suministro de energéticos, disminuye las importaciones, aumenta las reservas, promueve el uso racional de los hidrocarburos y las fuentes renovables de energía, disminuye los precios y busca cubrir las necesidades energéticas básicas para la población.

Una política energética de Estado debe considerar como elementos estratégicos: la soberanía y seguridad energéticas, la disminución del ingreso petrolero en las cuentas nacionales, la mejora de la productividad energética, los menores impactos ambientales de la producción y del consumo de la energía, la mayor participación de las energías renovables, una adecuada tasa de restitución de reservas probadas de hidrocarburos, el acceso universal de la población a las necesidades energéticas básicas, el fortalecimiento de las entidades públicas del sector energético y el apoyo a la investigación y el desarrollo tecnológico nacional.

Propuesta alternativa sobre la estrategia nacional de energía

Artículo Primero. Los intereses nacionales marcan la orientación de la estrategia nacional de energía. Esto incluye, los siguientes criterios:

I. la seguridad energética del país,

II. la sustentabilidad de la plataforma anual de extracción de hidrocarburos,

III. la diversificación de mercados,

IV. la incorporación del mayor valor agregado a sus productos,

V. el desarrollo de la planta productiva nacional, y

VI. la protección del medio ambiente.

Estos criterios deben ser interpretados en su conjunto, interrelacionados entre sí y de manera transversal a todos los ramos de la energía.

La Estrategia Nacional de Energía se basa en los criterios enunciados y se rige por lo siguiente:

A. Seguridad energética del país.

1. La seguridad energética del país se basa en el respeto y fortalecimiento de los principios contemplados en los artículos 25, 27, 28 y 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que corresponden a una política energética integral y soberana.

2. La seguridad energética implica el desarrollo de un programa de largo plazo que incluya:

I. todas las fuentes de energía;

II. la eficiencia energética;

III. el reconocimiento de la energía no como un fin en sí misma, sino como un medio para alcanzar un mejor desarrollo y mejores niveles de vida para la población;

IV. la garantía del suministro energético y de productos petroquímicos de largo plazo; y

V. el uso de recursos propios y por lo tanto, la exportación exclusivamente de excedentes de barriles de petróleo crudo y de otros productos energéticos estratégicos para el desarrollo nacional.

3. La seguridad energética del país tiene como objetivos obligatorios:

I. fortalecer a Pemex, así como a CFE y la reincorporación de LyFC;

II. cubrir las necesidades energéticas básicas para la población y para el desarrollo; y

III. revocar permisos a los particulares, que se hayan convertido en generadores de energía eléctrica para el servicio público.

4. Se declara a la inversión pública en energía como estratégica para el desarrollo nacional. Por ello se requiere de un presupuesto adecuado para atender el mantenimiento, la modernización, el crecimiento y los programas de exploración y producción. En el mismo sentido es necesario que el Congreso revise el empleo de los excedentes petroleros y así evite la discrecionalidad en su distribución, gasto o inversión.

5. Se considera como parte de la seguridad energética del país al incremento sustantivo de la producción nacional de gasolinas, así como al establecimiento de un programa de ahorro que contemple:

I. ahorros de combustibles en el sector público federal y en el transporte de carga en general;

II. transferencia de volúmenes de carga por carretera hacia los ferrocarriles;

III. transporte público en las ciudades;

IV. fomento al uso de coches híbridos; y

V. reconversión de parte de la flota vehicular de gasolinas a diesel u otros combustibles.

6. Se considera estratégico que la contratación que Pemex y demás organismos del sector realicen en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios se sujete a lo siguiente:

I. no se suscribirán contratos de exploración y producción que contemplen el otorgamiento de bloque en áreas exclusivas;

II. los denominados proyectos sustantivos no podrán incluir las áreas protegidas por los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución federal;

III. no podrán establecerse cláusulas o convenciones relativas a la rentabilidad del proyecto, ni compensaciones adicionales o incentivos que se generen por economías o cualquier otra circunstancia durante el proyecto;

IV. no se hará referencia a reservas petroleras por áreas, ni mucho menos a la explotación de las mismas, y

V. en general, el monto de la contra prestación pactada en la contratación inicial no podrá modificarse.

7. Además de los actuales mecanismos para auditar a Pemex, la Cámara de Diputados deberá constituir un comité anti-corrupción. Este comité debe apoyarse en ciudadanos mexicanos con los antecedentes profesionales y éticos que le den plena independencia de Pemex y del Ejecutivo.

8. Yacimientos transfronterizos

La Secretaría de Relaciones Exteriores debe de inmediato iniciar negociaciones para ampliar la moratoria relativa a la explotación de los yacimientos comprendidos en la zona de la Dona. También es necesario, con el mismo esquema realizar las negociaciones para acordar una moratoria para la explotación de todos los yacimientos transfronterizos con Estados Unidos.

9. En materia de gas natural la Secretaría de Energía y las demás instituciones competentes revertirán la tendencia de importar gas natural para las plantas eléctricas o para otros usos, mediante:

I. aumentar la producción nacional de gas natural;

II. impulsar la reconversión hacia las plantas conocidas como ultra-súper-críticas, para sustituir el gas natural. Estas termoeléctricas se basan en la retroalimentación del vapor y funcionan a temperaturas que alcanzan los 800 grados centígrados, con procesos de combustión más completos que las plantas térmicas convencionales;

III. aprovechar el potencial de ahorro y uso eficiente del gas natural en el sector petrolero;

IV. elevar a su máxima capacidad la operación de las plantas eléctricas de la CFE que no dependen del gas natural;

V. aumentar la capacidad de generación de energía eléctrica sólo en la medida en que la demanda real lo requiera;

VI. diversificar las fuentes de generación de electricidad al máximo posible y desarrollar una política agresiva de uso eficiente de la energía;

VII. dar mantenimiento sostenido del sistema hidráulico del Río Grijalva;

VIII. ampliar las reservas de gas natural, mediante la inversión en exploración;

IX. reactivar el Programa Estratégico de Gas, especialmente en las áreas donde se tiene confirmada su existencia, para su desarrollo a corto plazo; y

X. revisar las condiciones de los contratos y anexos firmados con productores independientes, en cuanto precios de gas y condiciones de recepción del mismo.

10. Como política de seguridad energética en materia de energía eléctrica se instruye al Ejecutivo para:

I. no se suscribirán contratos de exploración y producción que contemplen el otorgamiento de bloque en áreas exclusivas;

II. revocar permisos a los particulares, que se hayan convertido en generadores de energía eléctrica para el servicio público;

III. reincorporar a LyFC;

IV. permitir a CFE y a LyFC reincorporada administrar sus redes de telecomunicaciones para que presten el servicio conocido como triple play para otorgar condiciones preferenciales a zonas urbanas y rurales marginadas, así como en materia de salud y educación; y

V. fomentar el uso de energías renovables siempre y cuando la generación para servicio público corresponda exclusivamente al Estado.

B. Sustentabilidad de la plataforma anual de extracción de hidrocarburos.

1. La sustentabilidad de la plataforma anual de extracción de hidrocarburos es de interés nacional, por lo que mediante la inversión en exploración Pemex deberá buscar nuevos yacimientos de crudo y gas, a través de un esfuerzo sostenido en los campos existentes en aguas someras y tierra, así como en la investigación y desarrollo en nuevas áreas, a largo plazo, con el objetivo de: incrementar el ritmo de reposición de reservas probadas.

2. Para reponer el 100% de las reservas que se extraigan cada año, para recuperar producción de petróleo crudo, así como elevar la producción de gas, Pemex deberá realizar las siguientes actividades:

I. deslindar responsabilidades, junto con las autoridades competentes, en relación con los proyectos fallidos de inyección de nitrógeno, con objeto de cancelarlos, y se abstendrá de continuar con estos proyectos en campos similares; asimismo la Cámara de Diputados creará una comisión de investigación que determine la viabilidad jurídica y económica para cancelar los proyectos;

II. realizará estudios para obtener información sísmica tridimensional a detalle en áreas nuevas, intensificará y desarrollará las actividades exploratorias en aguas someras, aumentará la perforación de pozos exploratorios anuales, optimizará la producción, desarrollará los campos descubiertos, acelerará y reactivará desarrollos en donde determine la estrategia nacional de energía;

III. suspenderá, por incosteable, el desarrollo de Chicontepec, hasta encontrar tecnologías y/o precios que hagan rentable su explotación; y

IV. reorientará el presupuesto que actualmente se destina a las aguas profundas para la exploración sismológica de tres dimensiones, hacia otras regiones.

C. Diversificación de mercados.

1. Pemex participará en el mercado mundial siempre y cuando:

I. la seguridad energética del país no esté en riesgo; y

II. la sustentabilidad de la plataforma anual de extracción de hidrocarburos esté totalmente garantizada a mediano y largo plazo.

D. Incorporación del mayor valor agregado a sus productos.

1. Los objetivos de incorporar el mayor valor agregado a los productos energéticos son industrializar la materia prima para generar empleos y ya no vender petróleo al extranjero, así como disminuir el valor y la cantidad de las importaciones del sector energético.

2. En la primera etapa se dejará de exportar el crudo extra ligero.

3. Los petrolíferos deben elaborarse en México, con inversión y operación de Pemex, porque representan valor agregado, empleo, ingeniería y desarrollo tecnológico, así como certidumbre en la disponibilidad de los productos. Esto permitirá establecer una política de planeación integral, revertir el sistema de precios interorganismos y evitar la duplicidad de gastos administrativos y burocráticos.

4. Para incorporar el mayor valor agregado a los productos energéticos, la Secretaría de Energía y los demás organismos relacionados con el sector, deberán:

I. en general:

a. revertir la desintegración de la cadena de valor,

b. promover el uso racional de los hidrocarburos,

c. reintegrar a Pemex como una sola entidad,

d. reducir los costos de administración para liberar fondos para la operación y la inversión productiva, ajustar el aparato corporativo y fortalecer las áreas que producen bienes y servicios, y

e. recuperar al personal altamente calificado y con amplia experiencia en el sector, quienes están jubilados o liquidados y que tienen la capacidad demostrada de coordinar y dirigir este proyecto nacional de energéticos;

II. en petroquímica:

a. Eliminar los precios de transferencia entre Pemex Gas y Pemex Refinación, para que los productos petroquímicos que se elaboran sean de costo positivo, a través de fusionar refinación y petroquímica, con plantas químicas de economía de escala mundial y tecnología de punta, así como en aquellas que sean rentables,

b. ampliar a máxima economía de escala las actuales refinerías y complejos petroquímicos, donde sea viable, para que se transformen en la Plataforma de despegué de las nuevas plantas de proceso industrial de Pemex, utilizando las materias primas para petroquímicos y gasolinas que actualmente están subutilizadas,

c. elaborar un programa emergente para el rescate al sector petroquímico de Pemex, que contenga un análisis económico, tomando en cuenta el aprovechamiento de la infraestructura existente subutilizada para los nuevos proyectos,

d. reconfigurar la planta despuntadora de Cangrejera para convertirla en una refinería petroquímica, así como llevar las demás plantas químicas del complejo a una operación óptima, buscando mercado nacional e internacional para la colocación de sus productos,

e. invertir en las plantas abandonadas de amoniaco, etileno y metanol, y

f. desarrollar una nueva industria de los fertilizantes en México utilizando la infraestructura de Pemex;

III. en refinación:

a. operar las plantas de refinación a su máxima capacidad con la infraestructura actual,

b. construir tres nuevas refinerías,

c. sustentar el crecimiento de la generación eléctrica con el uso de los derivados pesados, mediante tecnologías que disminuyan los impactos ambientales, y

d. evaluar integralmente los proyectos de refinación en función de la sustentabilidad de la plataforma anual de extracción de hidrocarburos y de la seguridad energética del país; y

IV. en energía eléctrica:

a. reducir el costo de la electricidad y de las importaciones de gas; y

b. conjuntar en forma integral los intereses de los organismos del sector energético, especialmente deberán armonizar las políticas de expansión del sistema de refinación con las del sistema eléctrico.

E. Desarrollo de la planta productiva nacional.

1. Pemex deberá convertirse en motor de la economía nacional. Lo que significa que éste aproveche las oportunidades de cada uno de los procesos, desde la exploración hasta la comercialización. Si Pemex garantiza un abastecimiento adecuado de productos con certidumbre de volúmenes y precios competitivos, no sólo se fortalece a la entidad pública sino se genera un impulso a la actividad industrial nacional.

2. Precios de los energéticos. La Secretaría de Energía, junto con las dependencias competentes deberá generar un nuevo sistema de precios dentro del sector energético. Este sistema debe estar sustentado en el costo de producción y la renta petrolera nacional.

3. Los objetivos del nuevo sistema de precios son:

I. maximizar el valor y el uso de la infraestructura y los activos existentes;

II. reducir los precios de los hidrocarburos y la electricidad a la población; y

III. garantizar el abastecimiento adecuado de productos con certidumbre de volúmenes y precios competitivos.

4. El IMP y Pemex establecerán comisiones interinstitucionales por área. También deben establecerse programas permanentes de investigación y desarrollo con la UNAM, el IPN, el Instituto de Investigaciones Eléctricas, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y otras instituciones públicas de educación superior e investigación, así como en el desarrollo de las fuentes renovables de energía, el ahorro y el uso eficiente de la energía y la disminución de impactos ambientales.

5. La Secretaría de Energía integrará un Fondo para el desarrollo científico y tecnológico para la transición energética que apoye los esfuerzos hacia energías renovables y limpias, de los institutos nacionales y los centros de investigación de las instituciones públicas de educación superior.

F. Protección del medio ambiente.

1. Resolver el problema de la contaminación del gas y crudo con nitrógeno que ha originado el cierre de al menos 80 pozos, los cuales en promedio arrojarían en conjunto una producción de 500 mil barriles diarios.

2. El Presupuesto de Egresos canalizará recursos para la investigación y desarrollo tecnológico de estas fuentes, pero también debe reorientarse la planeación energética, para ir incorporándolas. Esto generará un uso racional del petróleo que permitirá incluso, una vida más larga de las reservas.

Artículo Segundo. Las disposiciones contempladas en el presente decreto son de observancia general.

Disposiciones Transitorias

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Consejo Nacional de Energía a fin de que, en la Estrategia Nacional de Energía que envíe al Congreso para su ratificación, considere la propuesta alternativa que se presenta.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Energía de esta Cámara para que atienda la presente propuesta en el dictamen correspondiente al proyecto de decreto de estrategia nacional de energía.

Diputados: Laura Itzel Castillo Juárez, Pedro Jiménez León, Alejandro Encinas Rodríguez, Ramón López, Pedro Vázquez González (rúbricas).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se establece el procedimiento de foro, preguntas a funcionarios y dictamen que la Comisión de Energía debe seguir en la ratificación, la modificación o el rechazo de la estrategia nacional de energía, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del PT, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios

De conformidad con los artículos 58, fracción I, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 93 constitucional y el artículo 16, fracciones V y VI, del acuerdo por el que se establecen las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados, la suscrita, Laura Itzel Castillo Juárez, diputada a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, así como los y las demás firmantes, integrantes de los Grupos Parlamentarios del PT, PRD y Convergencia, sometemos a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

1. Que el artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto; mientras que el diverso 72 regula el procedimiento que debe seguirse.

2. Que el último párrafo de la fracción VI del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que al Congreso corresponde ratificar la Estrategia Nacional de Energía.

3. Que para tal efecto resulta necesario que los diputados y diputadas se alleguen de información de las y los expertos del sector, mediante foros que dispone la fracción VI del artículo 16 de las normas relativas al funcionamiento de comisiones

4. Que es pertinente que la Comisión de Energía acceda a la información oficial mediante las preguntas e interpelaciones a las y los funcionarios relacionados con el ramo, en términos del segundo párrafo del artículo 93 constitucional, que faculta al Pleno de esta Cámara a convocarles a comparecer.

5. Que el artículo 4 bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo contempla los criterios que deberá contener la Estrategia Nacional de Energía.

Por lo expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se aprueban las normas del procedimiento de foro, preguntas a funcionarios y dictaminación que debe seguir la Comisión de Energía y el pleno en la ratificación, modificación o rechazo de la estrategia nacional de energía, en los términos siguientes:

Primera. Una vez que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados reciba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se establece la estrategia nacional de energía, deberá turnarla en sesión ordinaria a la Comisión de Energía.

Segunda. La Comisión de Energía convocará a la brevedad posible a un foro en el que participen las y los expertos que propongan los grupos parlamentarios. El foro se dividirá en reuniones de trabajo sucesivas en las que se aborden los criterios que establece el artículo 4 Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. Los participantes deberán presentar postulados sobre cada criterio a fin de que la comisión pueda establecer qué estrategias deben seguirse.

Tercera. Posteriormente al foro al que se refiere la norma segunda, la Comisión de Energía deberá citar a comparecer para que respondan interpelaciones o preguntas bajo protesta de decir verdad a las y los titulares y demás servidores públicos de las siguientes dependencias y entidades del actual régimen:

a) Secretaría de Energía,

b) Petróleos Mexicanos y subsidiarias,

c) Comisión Federal de Electricidad,

d) Luz y Fuerza del Centro, o quien la represente,

e) Comisión Reguladora de Energía,

f) Comisión Nacional de Hidrocarburos, y

g) Las demás que sean necesarias.

Cuarta. Las interpelaciones y preguntas que se formulen a las y los servidores públicos deberán ser respetuosas y dirigidas a definir los postulados a los que se refiere la norma segunda, así como a conocer su veracidad y su conveniencia.

Quinta. La Comisión de Energía y el pleno deberán tomar en consideración en el dictamen correspondiente todas las propuestas que los grupos parlamentarios presenten al pleno.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2010.— Diputados: Laura Itzel Castillo Juárez, Alejandro Encinas Rodríguez, Pedro Jiménez León, Pedro Vázquez González, Ramón Jiménez López (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputada. Se turnan ambas a la Comisión de Energía.

Tiene la palabra el diputado Sergio Octavio Germán Olivares. No se encuentra en el recinto. Se pospone su participación.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que otorgue los recursos económicos designados a las entidades federativas a través del Presupuesto 2010 para la implementación de las políticas públicas.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota:Gracias, ciudadano presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, votamos y aprobamos el Presupuesto de Egresos de la Federación y destinamos los recursos de este país para que se implementaran a la brevedad políticas públicas en nuestros estados y también para darle vida a muchos programas de esta nación que requieren la urgencia con el criterio de que estamos pasando una de las peores crisis económicas que ha vivido nuestro país.

Es práctica común que en los meses de octubre, noviembre, incluso diciembre, nuestros gobernadores estén en la Secretaría de Hacienda pidiéndole de caridad al secretario entregue los recursos que desde el PEF estuvieron destinados para los estados.

También estamos por terminar el mes de febrero y todavía no se publican las reglas de operación de muchos de los fondos a donde mandamos el recurso para la utilización y el ejercicio de los fondos que es necesario que en nuestro país estén circulando.

Es lamentable que nuestros gobernadores en uso de su derecho y además, en base a que nosotros en el PEF les destinamos los recursos a nuestros estados para que tuvieran la posibilidad de activar la economía –que tanto necesitamos en estos momentos reactivar–, no la tengan, porque todavía no se les etiquetan los recursos desde la Secretaría de Hacienda que ya están disponibles desde el PEF, y también los fondos todavía no tienen sus reglas de operación.

Es por eso que quiero pedirle presidente que consulte a la asamblea para que este punto se convierta en un punto de urgente u obvia resolución.

Que le pidamos a la Secretaría de Hacienda le entregue a la brevedad los recursos que corresponden a los estados designados en el PEF y también que antes de que termine este mes de febrero se publiquen todas las reglas de operación de los fondos a los que mandamos recursos importantes para la reactivación económica. Eso es lo que le pido, presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP que otorgue los recursos económicos designados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 a las entidades federativas para que no se retrase la implantación de las políticas públicas consideradas en cada una de éstas, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, Claudia Edith Anaya Mota, Samuel Herrera Chávez, Ramón Jiménez Fuentes, Gerardo Leyva Hernández y Heladio Verver y Vargas Ramírez, integrantes de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgue a la brevedad a las entidades federativas los recursos económicos que les fueron asignados a través del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, a efecto de no retrasar más la implementación de las políticas públicas contempladas por éstas, conforme a las siguientes

Consideraciones

La crisis financiera, iniciada el pasado 2008 en Estados Unidos, se reflejó en la caída de la actividad económica de nuestro país, llegando incluso a ser mayor que la efectuada en el resto de América Latina y el Caribe. Esta situación redundó en el alza de impuestos y de precios de los bienes y servicios, disminuyendo así el poder adquisitivo de la población y, con ello, la demanda del mercado interno. En adición, en el país se reporta un aumento del desempleo, menores ventas, inflación, quiebras y fuga de capitales.

La situación económica en el país se agrava día a día al enfrentar los mexicanos una crisis profunda, cuya duración se estima en al menos un año más. Lo que sin duda afecta negativamente a la economía nacional y, sobre todo, a los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Ante estas circunstancias, las entidades federativas, tratando de hacer frente a la crisis que vive la sociedad, han tomado una serie de medidas traducidas en políticas públicas que bien tratan de incentivar el comercio y el turismo, a fin de aminorar las consecuencias de la crisis económica que hoy día todavía se experimenta en el país. De igual manera, diversos programas estatales buscan poner en macha un conjunto de medidas de apoyo indirecto para los sectores económicos.

Catedráticos como Arturo Huerta González, profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, han precisado que la actual crisis es más grave que la de 1982 y la de 1994; por lo que el alza de impuestos afectará a la producción nacional y se agravarán los problemas internos de cartera vencida. Asimismo, señala que pese al crecimiento de la bolsa, la actividad económica sigue en crisis, al igual que el aumento de desempleo en el país. A ello, debemos sumarle el crecimiento de las importaciones, de los productos provenientes del exterior que desplazan la mercancía nacional y, en resumen, vuelven dependiente a nuestra economía nacional. A todo esto, se suma la caída de las remesas que, sin duda, representa una de las fuentes de economía de muchos mexicanos.

Ante este panorama, los gobiernos de las entidades federativas han diseñado programas, acciones y políticas destinadas a reactivar su economía, bien sea a través del fomento a la industria, a las actividades agrícolas, turísticas, obras públicas, entre otras, todo con el ánimo de aminorar las consecuencias de la crisis en que se encuentra inmerso, no sólo México, sino el mundo. Sin embargo, para poder implementar y ejecutar todas las acciones programadas, las entidades federativas requieren que la federación, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregue los recursos programados de manera inmediata; de lo contrario, dicho atraso repercutirá en la insatisfacción de las necesidades de la población, con lo que se estarán propiciando situaciones de inconformidad social.

En este sentido, es importante resaltar que la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que el Presupuesto de Egresos de la Federación debe ser aprobado por la Cámara de Diputados el 15 de noviembre. Lo anterior, con la intención de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuente con 45 días naturales para evaluar y documentar todos los programas y proyectos de obra para su ejecución y, así, esté en posibilidades de liberar los recursos correspondientes el 1 de enero del año siguiente, situación que, como se señalo anteriormente, no ha ocurrido. Existen entidades federativas que no han podido comenzar el desarrollo y ejecución de sus políticas y proyectos debido al retraso en la entrega de recursos.

De ahí la necesidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público designe, de manera puntual y oportuna, los recursos económicos ya designados a las entidades federativas, a fin de que éstas tengan la posibilidad real de atender oportunamente las necesidades sociales de sus población.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgue a la brevedad los recursos económicos designados a las entidades federativas, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, a efecto de que no se retrase la implementación de las políticas públicas contempladas en cada una de éstas.

Palacio Legislativo, a 11 de febrero de 2010.— Diputados: Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota:No, presidente. Le estoy pidiendo que le pregunte a la asamblea si puede ser de urgente u obvia resolución.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tenía que haberse hecho el trámite correspondiente ante la Junta de Coordinación Política, diputada.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota:No. Por eso le estoy pidiendo que en este momento. Lo que pasa es que ese punto está agendado desde hace 3 sesiones, por eso no estaba como urgente u obvia resolución. Pero a propósito de que estamos por concluir el mes febrero y apenas entró el punto, estoy pidiéndole que se le considere a la asamblea...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Los procedimientos que tenemos establecidos, con todo respeto, diputada, es que son vistos en la Junta de Coordinación Política.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota:Pero se puede preguntar a la asamblea, si la asamblea no está de acuerdo...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Una vez que están ahí, de ahí los atendamos, diputada.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota: La asamblea puede estar o no de acuerdo, presidente. También usted...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Fue aprobada el acta del orden del día en los términos como vienen, diputada. Con todo respeto se lo manifiesto.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota:Le pido también con todo respeto, le pregunte a la asamblea, presidente. Es mi derecho y es su obligación preguntar.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tenemos un procedimiento que hemos venido atendiendo desde el 1 de septiembre y continuáremos haciéndolo en la medida en la que continúen siendo las sesiones, para poder resolver los temas que tenemos agendados, diputada.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota:Muy bien, presidente. Nada más que usted no obedece el Reglamento.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se pospone la intervención del diputado Canek Vázquez Góngora, en virtud de que no se encuentra en la sala.

El diputado Pedro Ávila Nevárez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Dígame, diputado. ¿Con qué objeto desea usted intervenir?

El diputado Pedro Ávila Nevárez(desde la curul): Rectificar lo que dijo la diputada. Los estados de la República merecen que la Secretaría de Hacienda mande los fondos que se aprobaron aquí en el PEF y que la Cámara de Diputados en pleno la aprobó y que estos señores lo están regateando, mientras en los estados de la República faltan medicinas en los hospitales, faltan que se sigan haciendo carreteras.

La gente se muere de hambre y aquí nosotros los diputados que debemos velar por los intereses del pueblo salimos con mediocridades de que hay un reglamento y que hay un reglamento.

¿Cuál reglamento? Si los diputados somos la voz del pueblo. Venimos aquí a exigir cosas justas para el pueblo.

La gente de Durango, de Zacatecas, de Coahuila, de todos lados, por culpa del mediocre secretario de Hacienda es que no llegan los fondos a los gobernadores y no hacen las obras que se necesitan.

Exigimos cordura y respeto a los diputados. Que quede fuera esa mediocridad de que hay un reglamento, mientras el pueblo al que representamos se está muriendo de hambre.

Creo que usted ha de ser de los del dedazo, no lo eligieron. Por eso no sabe lo que es ser representante popular.

Exigimos que se le pida al secretario de Hacienda que se liberen esos fondos y se manden a los gobiernos de los estados.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se le tiene por esas manifestaciones. Continuamos con el procedimiento establecido.

DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a que ejerza con oportunidad, transparencia y equidad, el presupuesto aprobado a la delegación Iztapalapa.

La diputada Silvia Esther Pérez Ceballos:Con su permiso, señor presidente. Le solicito que se inserte el texto íntegro del presente punto de acuerdo en el Diario de los Debates.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a esta tribuna a presentar un punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a ejercer con transparencia y equidad el presupuesto aprobado por esta soberanía destinado a la delegación Iztapalapa. Como representante de una de las delegaciones más castigadas en cuestión de servicios públicos de esta ciudad.

Sin duda Iztapalapa es un territorio sumamente productivo políticamente para el Gobierno del Distrito Federal. Es por esto que mi cuestionamiento radica en la forma en que se ejerce el presupuesto que se aprueba para la demarcación. Más de la mitad del presupuesto aprobado para el ejercicio de 2009 no había sido ejercido en septiembre de dicho año. Esto, compañeros, es inadmisible en cualquier administración, más aún cuando nos referimos a una demarcación que es abatida con la escasez de agua, la inseguridad y, sobre todo, la alta marginación y pobreza en el Distrito Federal, siendo ejemplo de la enorme desigualdad que aqueja a nuestra ciudad.

Por todas estas razones resulta siempre más afectada en caso de desastres naturales, como el que recientemente vivimos.

Según el gobierno del Distrito Federal, los principales logros durante 2009 en la delegación Iztapalapa fueron:

1. Programa integral de mantenimiento a escuelas.

2. Conservación y mantenimiento de 18 mercados públicos.

3. Programas de equidad de género, desarrollo y asistencia social.

Compañeros, estoy cumpliendo con mi mandato como representante de la ciudadanía de Iztapalapa para que se ejerza responsablemente el presupuesto aprobado para la delegación, que asciende a 2 mil 944 millones de pesos.

Para el presente año el presupuesto autorizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, incluyendo Fortamun y FAFEF fue de 2 mil 944 millones de pesos, lo que implica un 1.3 por ciento más que el año anterior. El Fondo de Fortalecimiento Municipal para Iztapalapa en 2010 es aproximadamente de 733.082 millones de pesos, y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas es de cerca de 451.049 millones de pesos. Aunado a lo anterior se estima un ingreso fiscal aproximado de un millón 616 mil 54 millones de pesos.

En este orden de ideas, el presupuesto etiquetado de la delegación se establece de la siguiente manera:

a) Programa Integral de Mejoramiento de Escuelas (PIME): 126 mil 88 millones de pesos.

b) Mejoramiento urbano y accesibilidad: 225 mil 76 millones de pesos.

c) Proyectos delegacionales: 201 mil millones de pesos.

Por lo anterior, dado que la delegada manifestó –durante una mesa de trabajo con la Asamblea Legislativa del Distrito FederalÊ como prioridades la dotación de agua potable, el mejoramiento de la seguridad pública y educación, y solicitó un incremento del presupuesto para protección civil y apoyo a la economía de los habitantes de Iztapalapa, a pesar de que coincidimos en la necesidad imperante de agua potable en esta demarcación, así como un urgente incremento en la seguridad pública, no podemos sino manifestar nuestra suspicacia en el rubro etiquetado como: programas delegacionales. Ya que no se especifica cuáles serán esos programas, pudiendo ser utilizados con fines electorales, o –como parece señalar el ejercicio del año anterior– ser subejercidos, siendo obligación y responsabilidad del Gobierno del Distrito Federal, así como de las delegaciones políticas, actuar con transparencia en el ejercicio de los recursos aprobados.

Los habitantes de Iztapalapa están cansados de promesas. Es imperativo que el Gobierno del Distrito Federal se responsabilice y ejerza oportunamente los recursos aprobados para dicha demarcación, y que, además, lo realice con transparencia, ya que está obligado a ello.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este pleno el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se exhorta al gobierno del Distrito Federal a que ejerza con oportunidad, transparencia y equidad, el presupuesto aprobado a la delegación Iztapalapa. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al GDF a ejercer con oportunidad, transparencia y equidad el presupuesto aprobado a Iztapalapa, a cargo de la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos, del Grupo Parlamentario del PAN

Como representante del Distrito Federal y en particular de la delegación Iztapalapa, me dirijo a ustedes con una inquietud que todos los habitantes de esta ciudad compartimos, y es precisamente la forma en la que se ejerce el presupuesto que se otorga a la Ciudad de México por esta soberanía.

Durante el año 2009 se autorizó para la delegación Iztapalapa un presupuesto de 3 mil 76 millones de pesos, dicho presupuesto fue modificado, restándole el 4.9 por ciento lo que dio un resultado de 2 mil 905 millones de pesos. Sin embargo el presupuesto ejercido por dicha demarcación hasta septiembre de 2009 era sino de mil 677; es decir, que más de la mitad del presupuesto, un 55.7 por ciento no había sido ejercido para esa fecha, lo cual indica un posible subejercicio en perjuicio de los habitantes de una de las delegaciones con más problemas de inseguridad y sobre todo de marginación y pobreza en el Distrito Federal, siendo el ejemplo de la enorme desigualdad que aqueja a nuestra ciudad.

Según el Gobierno del DF los principales logros durante 2009 en la delegación Iztapalapa fueron:

1) Programa Integral de Mantenimiento a Escuelas.

2) Conservación y mantenimiento de 18 mercados públicos.

3) Programas de equidad de género, desarrollo y asistencia social.

Para el presente año, el presupuesto autorizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, incluyendo Fortamun y FAFEF fue de 2 mil 944 millones de pesos, lo que implica un 1.3 por ciento más que el año anterior. El Fondo de Fortalecimiento Municipal para Iztapalapa en 2010 es aproximadamente de 733.82 millones de pesos y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas es de cerca de 451.49 millones de pesos. Aunado a lo anterior, se estima un ingreso fiscal aproximado de mil 616.54 millones de pesos.

En este orden de ideas, el presupuesto etiquetado de la delegación se establece de la siguiente forma:

a) Programa Integral de Mejoramiento de Escuelas: 126.88 millones de pesos.

b) Mejoramiento Urbano y Accesibilidad: 225.76 millones de pesos.

c) Proyectos delegacionales: 201 millones de pesos.

Lo anterior, dado que la delegada manifestó durante una mesa de trabajo con la ALDF como prioridades la dotación de agua potable, el mejoramiento de la seguridad pública y educación, y solicitó un incremento del presupuesto de protección civil y apoyo a la economía de los habitantes de Iztapalapa.

A pesar de que coincidimos en la necesidad imperante de agua potable en esta demarcación, así como un urgente incremento en la seguridad pública, no podemos sino manifestar nuestra suspicacia en el rubro etiquetado como “programas delegacionales” ya que no se especifica cuales serán dichos programas, pudiendo ser utilizados con fines electorales, o como parece señalar el ejercicio del año anterior, ser subejercido; siendo una obligación y responsabilidad del Gobierno del Distrito Federal, así como de las Delegaciones Políticas actuar con transparencia en el ejercicio de los recursos aprobados.

Por lo expuesto y en beneficio de toda la población de la delegación Iztapalapa, es que presento la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a que ejerza con oportunidad, transparencia y equidad el presupuesto aprobado a la delegación Iztapalapa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero 2010.— Diputada Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputada Silvia Esther Pérez Ceballos. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión del Distrito Federal.

MINA 8 EN PASTA DE CONCHOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a que acepte la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, relativa a la explosión de la mina 8 en Pasta de Conchos.

El diputado Ramón Jiménez López:Gracias, señor presidente. A nombre del diputado Francisco Hernández Juárez, y adhiriéndome a la propuesta que él hace, planteamos los siguientes aspectos.

Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Procuraduría General de la República a que acepte la recomendación 64/2008 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, relativa a la explosión en la mina 8 en Pasta de Conchos.

Consideraciones. Este 19 de febrero se cumplen cuatro años de lucha por alcanzar la justicia para los 65 mineros que fallecieron al estallar la mina 8 de la unidad Pasta de Conchos, en Sabinas, Coahuila. Las viudas y familiares no han escatimado procedimiento jurídico alguno, han recurrido a todas las instancias nacionales e internacionales para lograr el rescate de los cuerpos y la aplicación de la justicia a los responsables del accidente en la mina, que prácticamente lo podemos catalogar como un crimen industrial. Los señores Germán Larrea y Francisco Javier García de Quevedo, dueños del corporativo industrial Minera México.

A lo largo de estos años, los deudos de los mineros fallecidos han logrado importantes resoluciones a su favor, tanto en la Organización Internacional del Trabajo como en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, instancia que hace responsable al gobierno de no cumplir las normas laborales establecidas.

En las legislaturas LIX y LX ha sido parte fundamental de la agenda el esclarecimiento del accidente en la mina 8 de Pasta de Conchos, cuya Comisión Especial para conocer las responsabilidades y origen de la yragedia en la mina Pasta de Conchos de la legislatura anterior, la cual concluyó que funcionarios de las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Economía y del Instituto Mexicano del Seguro Social eran responsables de negligencia por omisión, y que el grupo industrial Minera México lo era por incumplimiento de las normas laborales y de seguridad e higiene, haciendo las recomendaciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos y responsabilidades ocurridos.

Dentro de los procedimientos iniciados para deslindar responsabilidades se encuentra la averiguación previa 20/UEIDCSPCAJ/2007, presentada ante el Ministerio Público de la Federación para determinar las probables responsabilidades de servidores públicos adscritos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por las omisiones y negligencia en que habrían incurrido al faltar en su deber de inspeccionar las condiciones de seguridad e higiene, y de tutelar la vida de los trabajadores en la mina Pasta de Conchos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, por su parte, ha establecido en su recomendación 64/2008 que el Ministerio Público de la Federación no actuó con diligencia para la pronta y debida procuración de justicia.

Del mismo expediente se determina que es necesario que ingenieros en minería realicen un peritaje de la mina 8 que incluya las condiciones de operación y seguridad al momento y antes del siniestro. Además, que se hace necesario un peritaje de química forense, a fin de buscar e identificar las sustancias explosivas, para lo cual debería terminar con las operaciones de desescombro, rescate de cadáveres y desgasificación en el interior de la mina.

Ninguno de estos peritajes ha sido realizado por la PGR, incluso el agente del Ministerio Público de la Federación solicitó al director general de Servicios Periciales que requiriera la participación de profesionistas de la UNAM y del IPN, sin que exista hasta hoy respuesta alguna de la citada dirección.

Estas omisiones nos dan la convicción de que la PGR ha brindado protección a los funcionarios públicos que tenían por obligación aplicar las normas de seguridad e higiene.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le pido concluir, diputado.

El diputado Ramón Jiménez López:Concluyo, señor presidente. Esta impunidad ha permitido que el Grupo Industrial Minera México siga incumpliendo y poniendo en peligro la vida de sus trabajadores, pues mientras no se castigue a los responsables del homicidio industrial ni a los funcionarios que debieran evitarlo, las normas de protección a favor de los trabajadores seguirán siendo letra muerta.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proponemos el siguiente punto de acuerdo.

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al procurador general de la República, licenciado Arturo Chávez Chávez a que atendiendo al artículo 102, Apartado B de nuestra Carta Magna acepte la recomendación 64/2008, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos por las deficiencias en que incurrieron los servidores públicos de la dependencia a su cargo durante las indagatorias para determinar las causas de la explosión en la mina Pasta de Conchos en Sabinas, Coahuila el 19 de febrero de 2006, y en consecuencia, implemente los puntos recomendatorios con el fin de reabrir la averiguación previa y realice las diligencias necesarias para determinar la responsabilidad a que haya lugar. Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a aceptar la recomendación número 64/2008, emitida por la CNDH, sobre la explosión de la mina 8 en Pasta de Conchos, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a que acepte la recomendación 64/2008 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos relativa a la explosión de la mina 8 en Pasta de Conchos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Este 19 de febrero se cumplen 4 años de lucha por alcanzar la justicia para los 65 mineros que fallecieron al estallar la mina 8 de la unidad Pasta de Conchos, en Sabinas, Coahuila.

Las viudas y familiares no han escatimado procedimiento jurídico alguno; han recurrido a todas las instancias nacionales e internacionales para lograr el rescate de los cuerpos y la aplicación de la justicia a los responsables del accidente en la mina, los señores Germán Larrea y Francisco Javier García de Quevedo dueños del corporativo Industrial Minera México. A lo largo de estos años los deudos de los mineros fallecidos han logrando importantes resoluciones a su favor, tanto en la Organización Internacional del Trabajo como en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, instancia que hacen responsable al gobierno de no cumplir las normas laborales establecidas.

En las legislatura LIX y LX, ha sido parte fundamental de la agenda el esclarecimiento del accidente en la mina 8 de Pasta de Conchos, cuya Comisión Especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina Pasta de Conchos de la legislatura anterior, la cual concluyó que funcionarios de las secretarías de Trabajo y Previsión Social, de Economía y del Instituto Mexicano del Seguro Social eran responsables de negligencia por omisión y que el Grupo Industrial Minera México lo era por incumplimiento de las normas laborales y de seguridad e higiene, haciendo las recomendaciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos y responsabilidades ocurridos.

Dentro de los procedimientos iniciados para deslindar responsabilidades se encuentra la averiguación previa 20/UEIDCSPCAJ/2007, presentada ante el Ministerio Publico de la Federación, para determinar las probables responsabilidades de servidores públicos adscritos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por las omisiones y negligencias en que habrían incurrido al faltar en su deber de inspeccionar las condiciones de seguridad e higiene y de tutelar la vida de los trabajadores de la mina Pasta de Conchos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, por su parte, ha establecido en su recomendación 64/2008, que el Ministerio Publico de la Federación no actuó con diligencia para la pronta y debida procuración de justicia. Del mismo expediente se determina que era necesario que ingenieros en minería realicen un peritaje de la mina 8 que incluya las condiciones de operación y seguridad al momento y antes del siniestro; además que se hace necesario un peritaje de química forense a fin de buscar e identificar sustancias explosivas, para lo cual debería de terminar con las operaciones de desescombro, rescate de cadáveres y desgasificación en el interior de la mina.

Ninguno de estos peritajes ha sido realizado por la PGR. Incluso el agente del Ministerio Publico de la Federación solicitó al director general de Servicios Periciales que requiriera la participación de profesionistas de la UNAM y del IPN, sin que exista hasta hoy, respuesta alguna de la citada dirección.

Estas omisiones nos dan la convicción de que la PGR ha brindado protección a los funcionarios públicos que tenían por obligación aplicar las normas de seguridad e higiene.

Esta impunidad ha permitido que el grupo Industrial  Minera México siga incumpliendo y poniendo en peligro la vida de sus trabajadores, pues mientras no se castigue a los responsables del “homicidio industrial” ni a los funcionarios que debían evitarlo, las normas de protección a favor de los trabajadores seguirán siendo letra muerta.

Por lo expuesto y fundado, el suscrito diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al procurador general de la República, licenciado Arturo Chávez Chávez, a que, atendiendo al artículo 102 Apartado B de la Carta Magna, acepte la recomendación 64/2008 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por las deficiencias en que incurrieron los servidores públicos de la dependencia a su cargo, durante las indagatorias para determinar las causas de la explosión en la mina Pasta de Conchos, en Sabinas, Coahuila, el 19 de febrero de 2006, y en consecuencia implemente los puntos recomendatorios, con el fin de reabrir la averiguación previa y realice las diligencias necesarias para determinar la responsabilidad a que haya lugar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2010.— Diputados: Francisco Hernández Juárez, Ramón Jiménez López (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.

Se pospone la participación del diputado Marco Antonio García Ayala por no encontrarse en el recinto.

ESTADO DE NAYARIT

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada María Felícitas Parra Becerra, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al gobernador del estado de Nayarit envíe a esta soberanía un informe detallado sobre los avances y resultados del programa operativo, coordinado con el municipio de Tepic, Nayarit.

La diputada María Felícitas Parra Becerra:Con su venia, señor presidente. La delincuencia organizada en el país se ha incrementado de manera considerable. Sin embargo, el gobierno federal ha implementado diversos programas de coordinación entre las esferas de gobierno, con la finalidad de abatir la inseguridad relacionada con la delincuencia organizada.

En el estado de Nayarit, en fechas recientes se han registrado ataques arteros de organizaciones delictivas al realizar actividades ilícitas y que tienen presencia en el estado.

Tal es el caso de los hechos suscitados este mes donde hubo un enfrentamiento con armas de fuego y donde como resultado de ello resultaron 5 personas fallecidas y más de 4 heridas. Sucesos que no sólo expusieron la vida de personas de la sociedad civil en dichos enfrentamientos, sino que también fueron afectados en su integridad física y atentaron contra la estabilidad emocional, tranquilidad y paz social de la que presumíamos hace algunos años en nuestra entidad.

Las autoridades municipales, estatales y federales pusieron en marcha el operativo coordinado que tendrá como principal encargo el rondar por las colonias y barrios del estado con patrullas municipales de la policía estatal y patrullas militares, tanto en las principales avenidas como en las calles del municipio de Tepic, con la finalidad de inspeccionar y combatir el ya vigente y real problema de la inseguridad que se ha detectado en los últimos días, de lo cual podemos afirmar sin temor a equivocarnos que ya no se trata sólo de hechos aislados, como ha sido una reiteración de las autoridades encargadas de la seguridad pública estatal, sino de actos reiterados del crimen organizado.

El principal objetivo del programa operativo coordinado no sólo es el de disminuir la comisión de delitos de la delincuencia organizada, sino también en concordancia con una de las premisas del presidente Felipe Calderón de combatir de manera frontal este flagelo que lesiona al pueblo de México, coadyuvar a través de la participación de los operativos en conjunto con las corporaciones de los tres órdenes de gobierno, principalmente realizando patrullajes de carreteras y caminos vecinales para prevenir actos delictivos, fomentar la prevención del delito y disuadir a grupos delictivos, entre otros.

Es por ello que hago uso de esta tribuna para solicitar de manera comedida, urgente e inmediata al gobierno de Nayarit que salvaguarde la seguridad e integridad de la población de Nayarit, a fin de que regrese la tranquilidad y concordia de la que gozábamos y de la que fueron privados los nayaritas con este tipo de acontecimientos violentos.

En mi partido, el de Acción Nacional, estamos comprometidos con la ciudadanía que representamos en alzar la voz para solicitar los avances que haya sobre este programa. Es por ello que las diputadas y los diputados del PAN venimos ante esta honorable asamblea para solicitar al Poder Ejecutivo de Nayarit que haga uso del poder del Estado y de la representación popular que le confirió la sociedad nayarita para que cesen estos ataques y enfrentamientos con resultados fatales, mediante acciones conjuntas que tengan como finalidad primordial...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Concluya, diputada, por favor.

La diputada María Felícitas Parra Becerra:...lograr una mayor inspección y vigilancia de las calles, asimismo, para que rinda un informe de los avances y resultados del programa operativo coordinado.

Es menester de este Congreso ser contrapeso no solamente del Ejecutivo federal, sino también de nuestros ejecutivos estatales, para que nos brinden protección a todos y a nuestras familias con la finalidad de lograr, entre otras cosas, un mayor bienestar para todos. Sin duda alguna, esto logrará como objetivo principal el bienestar común.

La presente proposición tiene como finalidad solicitar al gobernador de Nayarit que envíe a esta soberanía un informe detallado sobre los avances y resultados del Programa Operativo Coordinado en Tepic, Nayarit.

Señor presidente, le solicito que la presente se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobernador de Nayarit que envíe a esta soberanía un informe detallado sobre los avances y resultados del programa operativo coordinado en Tepic, a cargo de la diputada María Felícitas Parra Becerra, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, fundamentada en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este honorable pleno, la proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

1. Que la delincuencia organizada en el país se ha incrementado de manera considerable; sin embargo, el gobierno federal ha implementado diversos programas de coordinación entre las esferas de gobierno con la finalidad de abatir la inseguridad relacionada con la delincuencia organizada.

2. Que en Nayarit, en fechas recientes, se han registrado ataques arteros de organizaciones dedicadas a realizar actividades ilícitas y que tienen presencia en el estado, tal es el caso, los hechos suscitados el pasado domingo donde hubo un enfrentamiento con armas de fuego dando como resultado de ello, cinco personas fallecidas y más de cuatro heridos, sucesos que no sólo expusieron la vida de personas de la sociedad civil en dichos enfrentamientos, sino que también fueron afectados en su integridad física y atentaron contra su estabilidad emocional, tranquilidad y paz social de que presumíamos hace algunos años en nuestra entidad.

3. Las autoridades municipales, estatales y federales, pusieron en marcha el operativo “Coordinado” que tendrá como principal encargo, el rondar por las colonias y barrios del estado con patrullas municipales, de la policía estatal y patrullas militares, tanto en las principales avenidas y calles del municipio de Tepic, con la finalidad de inspeccionar y combatir el ya vigente y real problema de la inseguridad que se ha detectado en estos últimos días, de lo cual podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que ya no se trata sólo de “hechos aislados” como ha sido una reiteración de las autoridades encargadas de la seguridad pública estatal, sino de “actos reiterados” del crimen organizado.

El principal objetivo del programa operativo “Coordinado” no sólo es el disminuir la comisión de delitos de la delincuencia organizada, sino también en concordancia con una de las premisas del presidente Felipe Calderón, de combatir de manera frontal este flagelo que lesiona al pueblo de México, y coadyuvar a través de la participación en los operativos en conjunto con las corporaciones de los tres órdenes de gobierno, principalmente realizando patrullajes de carreteras y caminos vecinales para prevenir actos delictivos, fomentar la prevención del delito y disuadir a grupos delictivos, entre otras.

Es por ello, que hago uso de esta tribuna para solicitar de manera comedida, urgente e inmediata al gobierno de Nayarit, salvaguarde la seguridad e integridad de la población de Nayarit, a fin de que regrese la tranquilidad y concordia de la de gozábamos y de la que fueron privados los nayaritas con este tipo de acontecimientos violentos por parte de la delincuencia organizada.

En el Partido Acción Nacional estamos comprometidos con la ciudadanía que representamos, en alzar la voz para solicitar los avances que haya sobre este programa, es por ello, que los diputados del PAN venimos ante esta honorable asamblea, para solicitarle al titular del Poder Ejecutivo de Nayarit haga uso del poder del Estado y de la representación popular que le confirió la sociedad nayarita para que cesen estos ataques y enfrentamientos con resultados fatales, mediante acciones conjuntas que tenga como finalidad primordial lograr una mayor inspección y vigilancia de las calles; asimismo, para que rinda un informe de los avances y resultados del programa operativo “Coordinado”.

Es menester de este Congreso, ser contrapeso no solamente del Ejecutivo federal, sino también de nuestros Ejecutivos estatales, para que nos brinden protección a nosotros y nuestras familias, con la finalidad de lograr entre otras cosas, un mayor bienestar para todos, que sin duda alguna resultará en alcanzar como objetivo principal el bienestar común.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de todos ustedes la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita al gobernador de Nayarit que envíe a esta soberanía un informe detallado sobre los avances y resultados del programa operativo coordinado, en el municipio de Tepic, Nayarit.

Diputada María Felicitas Parra Becerra (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias a usted, diputada. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.

HECTOR GALINDO GOCHICOA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se recibió de la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revise y resuelva el caso de Héctor Galindo Gochicoa, y a la Secretaría de Seguridad Pública, para que efectúe su traslado al Distrito Federal.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCJN que revise y resuelva el caso del ciudadano Héctor Galindo Gochicoa; y a la SSP, que lo traslade al Distrito Federal, a cargo de la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal Florentina Rosario Morales, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a conocer y resolver el caso de Héctor Galindo Gochicoa, originado por los sucesos ocurridos en 2006 en San Salvador Atenco, y a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal a concretar a la mayor brevedad el traslado del mismo a un reclusorio ubicado en el Distrito Federal, según las siguientes

Consideraciones

Uno de los rasgos más preocupantes de la actual situación que prevalece en cuestión del acceso a la justicia, es el que tiene que ver con la aguda criminalización de la protesta social y el caso Atenco se convirtió en un suceso emblemático por dondequiera que se vea. Castigar al reclamo social no es, bajo ninguna circunstancia, la mejor política ni social ni de seguridad pública, ya que sus perniciosos efectos en materia de derechos humanos abren aún más las heridas que deja la impunidad que le caracteriza, y que en nada apoya a mejorar la calidad de la vida democrática y el estado de derecho.

Son del conocimiento nacional e internacional los resultados de un injusto proceso penal que busca condenar a doce personas a la más dura reclusión y cuyas sentencias no se comparan ni por asomo con las que se ha aplicado a individuos que compurgan una prisión por delincuencia organizada. El caso Atenco ha exhibido las peores fallas del sistema de justicia, la imposición de penas inusitadas, falta de objetividad e independencia, ensañamiento y la manipulación del procedimiento judicial para fincar delitos como delincuencia organizada, secuestro, o ataque a las vías generales de comunicación.

Ha dejado al descubierto también las grandes diferencias para el acceso a una defensa profesional y eficiente, según se tengan los resultados o no para ello. Los resultados jurídicos no pueden depender de que se tengan las posibilidades de pagar una defensa particular o de no tener más recurso que el de la defensoría de oficio.

Tal es el caso del joven Héctor Galindo Gochicoa, quien no ha tenido acceso a una defensa particular, por lo que ha recurrido a la defensoria de oficio. La comunicación entre procesado y defensor ha sido prácticamente nula, él se encuentra recluido en un penal federal de maxima seguridad,en Almoloya de Juárez, mientras su defensor está adscrito a un juzgado de Nezahualcoyotl, ambos en el estado de México, pero muy distantes.

Es importante precisar que Héctor Galindo Gochicoa cursó la carrera de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero las condiciones altamente restringidas a las que se encuentra sujeto, en las que su comunicación con el exterior es mínima, no le han permitido ni siquiera tener acceso a códigos, leyes, ni a sus propios expedientes, lo que ha propiciado que su participación en su propia defensa sea de lo más restringida, lo que va en contra del principio constitucional para enfrentar un debido proceso.

Héctor ha sido condenado a una pena de 67 años y 6 meses de prisión por el delito de secuestro equiparado y está por recibir una condena adicional por el delito de ataques a las vías generales de comunicación y transporte en grado de instigación,es decir, que a consideración del juzgador fue él en su calidad de líder quien a través de un supuesto celular dio la orden para que un grupo de 600 personas bloquearan la carretera México-Texcoco.

En un inicio, los mismos hechos, delito, y grado, fue atribuido también a otros dos miembros del frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Pero a diferencia de ellos, Héctor Galindo no ha sido exonerado, lo que puede deberse a la deciente defensa a la que ha tenido acceso o a la falta de objetividad con la que se le ha juzgado.

En fecha reciente se ha tenido noticia de que dos amparos directos promovidos por el delito de secuestro equiparado fueron atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que en próximas fechas, muy probablemente, ejercerá la misma facultad para resolver los juicios de garantías de las otras 9 personas que se encuentran recluidas en un penal de Texcoco con una condena de 32 años, de ahí la necesidad de que el máximo órgano jurisdiccional también atraiga el juicio de amparo en revisión 21/2010 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que corresponde a Héctor Galindo, a fin de garantizar, que se aplique igual tratamiento procedimental, objetividad, imparcialidad, equidad y sobretodo profesionalización ya que se trata de los mismos hechos.

Lo anterior implica que dicha Corte ejerza en firme la facultad de atracción del Juicio de amparo en revisión.

Por otra parte, desde el día 23 de octubre del 2009, mediante oficio SG/10054/2009, el secretario de Gobierno del Distrito Federal, licenciado José Ángel Ávila Pérez, manifestó al doctor y general Eduardo Enrique Gómez García, la anuencia de cupo de parte del Gobierno del Distrito Federal para que Héctor Galindo Gochicoa sea trasladado a alguno de los centros de reclusión del sistema penitenciario del Distrito Federal, a fin de dar cabal cumplimiento a la garantía del preso de que sea trasladado al lugar mas cercano a su domicilio, en razón de que su residencia originaria y la de sus familiares es la de la Ciudad de México y no disponen tampoco de los recursos para apoyarlo.

No obstante este comunicado, las autoridades del Distrito Federal no han recibido aún respuesta favorable y expedita de parte del general Gómez García, comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado para la Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, lo cual afecta sobremanera a la familia del recluso.

Es necesario que se acuerde su traslado a un penal del Distrito Federal, ya que no existe fundamento jurídico, ni su perfil clínico-criminológico corresponde al de alta criminalidad,como para seguir justificando su permanencia en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”.

Por lo anterior, me permito someter a su consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se hace un atento exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en el marco del examen del caso Atenco, revise y resuelva el expediente 21/2010, de Héctor Galindo Gochicoa, radicado en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.

Segundo.Se solicita atentamente al comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado para la Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, general Eduardo Enrique Gómez García, permita a la brevedad el traslado de Héctor Galindo Gochicoa, actualmente en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano, a alguno de los Centros de Reclusión del Sistema Penitenciario ubicados en el Distrito Federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones, a 23 de febrero de 2010.— Diputada Florentina Rosario Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Justicia.

QUORUM

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, diputado Mario di Costanzo, dígame.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente, nada más para, en términos del Reglamento, pedir verificación de quórum. Ya es una burla esto. En términos del artículo 112 pedir una verificación de quórum. Aquí está por escrito.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Permítame el documento por escrito, diputado. Continuamos.

PRECIOS DE GASOLINAS Y DIESEL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar medidas que favorezcan al sector campesino y las correspondientes que contrarresten el alza de precios debido al aumento del costo de las gasolinas y del diesel.

El diputado Héctor Pedraza Olguín:Gracias, señor presidente. Honorable asamblea, nuestra Constitución Política, en la fracción X de su artículo 27 establece que el Estado debe promover las condiciones para un desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleos, de generar oportunidades y, sobre todo, de elevar la calidad de vida de los campesinos en el agro mexicano.

Para ello se habrán de fomentar actividades agropecuarias y forestales en el marco del desarrollo nacional haciendo un uso eficiente del suelo, del agua, de la tierra, a través de infraestructura, generando o dotando de insumos, de créditos, de servicios y de capacitación permanente.

Con la finalidad de materializar este espíritu constitucional, en diciembre de 2007 entró en vigor la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en donde busca consolidar este desarrollo agropecuario a través de la planeación, de la organización y que rinda mejores resultados.

Pero con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, en su capítulo de granos básicos de maíz, que permite el ingreso sin aranceles al país de diferentes granos y productos como el maíz, el frijol, la caña de azúcar y la leche en polvo que vienen de Estados Unidos y de Canadá, difícilmente nuestro campo puede ser competitivo con dichos productos.

Y si a ello le sumamos la falta de tecnología, de subsidios, emigración masiva, principalmente de jóvenes hacia los grandes centros urbanos, el bajo presupuesto dirigido al campo, el elevado costo de los insumos, dicha competencia es desleal y esto ha provocado un encarecimiento en los productos y la preferencia de los compradores por productos de menor costo.

En síntesis, todo esto representa un golpe a la economía del campo mexicano y, por ende, en la actividad agropecuaria se ha perdido el interés en los últimos años.

Aunado a lo anterior, los aumentos de los combustibles que vienen dándose en la presente administración desde el inicio del llamado gasolinazo y que han elevado los costos de los combustibles, que es un motor fundamental para propiciar el desarrollo en el sector agropecuario, trajo también consigo el incremento de manera excesiva de la canasta básica, pegando fuertemente a la economía, los exiguos bolsillos de los campesinos y sin duda, generando una situación de pobreza de muchas dificultades en la zona rural de nuestro país.

De alguna manera, esto contradice el anuncio que profiriera el Ejecutivo federal el año pasado cuando manifestó que a fin de apoyar a las economías mexicanas para enfrentar la crisis iba a estabilizar el precio de los combustibles, particularmente el diesel y la gasolina. Lamentablemente...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le pedimos concluir, diputado.

El diputado Héctor Pedraza Olguín: ...este precio ha generado problemas, por lo que pido muy atentamente, se pueda, como punto de acuerdo único, exhortar al Ejecutivo, a fin de que por conducto de las Secretarías de Economía, y de Agricultura, Recursos Naturales, Pesca y Alimentación instaure medidas para favorecer a los campesinos en el área rural. Es cuanto, diputado presidente. Muchísimas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar medidas que favorezcan al sector campesino y que contrarresten el alza debida al aumento del costo de las gasolinas y del diesel, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Héctor Pedraza Olguín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en esta LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición que contiene punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El artículo 27 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos en su fracción XX, establece que: “El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, crédito, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.”

Como resultado el 7 de diciembre del 2007 entró en vigor la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, reglamentaria de la fracción XX del artículo 27 Constitucional, donde el propósito fundamental de dicha ley, fue promover el desarrollo del país, considerado de interés general, así como el desarrollo rural que incluía la planeación y organización de la producción agropecuaria y todas aquellas acciones que buscaran elevar la calidad en la producción.

Uno de los principales problemas del campo mexicano se ha concentrado en el deterioro de los precios del grano mexicano, así como el elevado costo de los insumos; y la baja del presupuesto dirigido al campo, ya que en 1995 se destinaba el 6.5 por ciento del Presupuesto y en el 2000, bajó a 2.9 por ciento. Así pues, no es de extrañarse que a la actividad agraria se le haya perdido interés por parte de los productores, debido a que el gobierno no ha puesto la atención debida en este rubro.

En este contexto, los campesinos no han percibido un beneficio sustancial, ni recibido los apoyos necesarios en el campo mexicano, con motivo de la entrada en vigor de dicha ley, por el contrario se ha mantenido un constante aumento de precios en diversos sectores de la economía y productos, entre los que destacaron el maíz, por consiguiente la tortilla, la carne, el transporte, el pago de derechos, etétera.

Con la entrada en vigor del capítulo agrario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el primero de enero del 2008, que permite el ingreso sin aranceles al país, de diferentes granos y productos, como el maíz, frijol, la caña de azúcar y leche en polvo provenientes de Estados Unidos y Canadá; difícilmente el campo mexicano compite con dichos productos, debido a que no es fácil para los productores mexicanos ponerse a la altura de los socios comerciales de México, ya que el problema del campo mexicano, radica en la falta de tecnología y subsidios por parte del gobierno a los campesinos, así como la emigración de mano de obra que sufre cada año el campo en nuestro país; en contraste, Estados Unidos subsidia a los productores del campo con por lo menos 700 dólares mensuales.

Dicha competencia desleal, ha provocado el encarecimiento de los productos y la preferencia de los compradores por los productos de menor costo, lo que representa un golpe muy fuerte a la economía del campo mexicano.

Como parte de las reformas que el gobierno federal ha implantado para reactivar su economía, es el retirar gradualmente el subsidio al principal combustible; la gasolina, sin embargo, esto contradice al anuncio que en enero del 2009 realizó el presidente Felipe Calderón de mantener estables los precios de la gasolina, así como del gas doméstico y la electricidad a fin de apoyar a las familias mexicanas a afrontar la crisis económica.

Aunado a lo anterior, los aumentos a los precios de los combustibles que viene aplicando la presente administración; desde el inicio del llamado “gasolinazo”, consistente en adicionar entre 1.6 y 2.4 centavos al precio de cada litro de combustible, propició una alza de precios que no se hizo esperar y un impacto en la economía del sector agrario. Sin embargo, nuevamente se vuelve a la carga y a partir del primer minuto de este sábado 6 de febrero del presente año, los precios de las gasolinas y diesel sufrieron un incremento de precios, según dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El precio de la gasolina Magna aumentó ocho centavos, al pasar de 7.88 pesos por litro a 7.96 pesos, en tanto que la gasolina Premium registró un ajuste de cuatro centavos, por lo que el litro es comercializado en 9.70 pesos.

El precio del diesel tuvo un incremento de ocho centavos, ya que se vendía en 8.24 pesos y se expende en 8.32 pesos.

En la zonas fronterizas, donde se aplica una tasa de 11 por ciento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) el precio del litro de la gasolina Magna es de 7.65 pesos; la Premium de 9.31 pesos y el Diesel de 8.05 pesos.

El llamado “gasolinazo” es el punto de partida para el alza de los precios en nuestro país, debido a que los transportistas al ver un mayor gasto en su operación, tienen que elevar sus costos para trasladar los insumos, bienes y prestación de servicios en el campo mexicano.

Así las cosas, el sector agrario debe de convertirse en una de las prioridades de la Reforma del Estado, ello debido a que todos los programas con los que se cuenta no están integrados y no han dado el resultado esperado porque carecer de una planeación acorde a la realidad del agro mexicano.

El campo requiere mejores esquemas que garanticen la rentabilidad de la producción y de la comercialización de los productos y se necesita una política que en vez de favorecer a los productos extranjeros favorezca a los nacionales, dándoles facilidades y apoyos a los campesinos y productores para el desarrollo y comercialización de sus cultivos, ya que al realizarlo, ello se reflejará dentro de la economía del país, ya que la política actual va en detrimento de los campesinos y de la economía de las familias y en consecuencia provoca la alza de precios.

Por lo expuesto, someto a esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, a fin de que por conducto de las Secretarías de Economía, y de Agricultura, Recursos Naturales, Pesca y Alimentación, instaure medidas que favorezcan al sector campesino para contrarrestar el alza a los insumos agrícolas y el costo de los servicios, ocasionada por los constantes aumentos a los precios de la gasolina.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero del 2010.— Diputado Héctor Pedraza Olguín (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputado Pedraza Olguín. Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Economía.

QUORUM

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Señores diputados, hemos recibido la solicitud por escrito para verificación de quórum, y en los términos del artículo 27 del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, se ordena la verificación de quórum. Asimismo, se ordena abrir el sistema parlamentario de asistencia de votación y audio automatizado hasta por 10 minutos para tal efecto, en los mismos términos del acuerdo. Mientras transcurre este tiempo continuaremos con el desahogo de la sesión, para poder hacer la verificación correspondiente.

Proceda la Secretaría, en los términos del artículo 27 del acuerdo parlamentario relativo a las asistencias, le pido a la Secretaría abrir el registro electrónico por 10 minutos para verificar el quórum.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por diez minutos para la verificación del quórum.

ESTADO DE COLIMA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el señor diputado Leoncio Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se denuncian las actividades proselitistas, partidistas, del gobernador del estado de Colima.

El diputado Leoncio Morán Sánchez:Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores diputados, el pasado lunes 8 de febrero en la colonia Arboledas del Carmen, del municipio de Villa de Álvarez, en el estado de Colima, entre la una y las dos de la tarde el gobernador del estado, Mario Anguiano Moreno, puso en marcha la construcción del piso firme número 100, como parte del programa gubernamental estatal Cien días, Cien pisos.

Esto en un evento público, acompañado, entre otras personas, por la alcaldesa de la localidad, el secretario general de Gobierno y el secretario de Desarrollo Social. De acuerdo con información proporcionada por testigos asistentes a dicho evento, y lo que muestran diversas fotografías que exhibo ante ustedes en este momento, el ciudadano gobernador Mario Anguiano Moreno portó en todo momento una camisa verde con el logotipo del PRI, violando de esta forma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la normatividad vigente en materia electoral, que prohíbe el uso de los recursos públicos y programas de gobierno para la promoción de la imagen personal y de los partidos políticos.

El gobernador de Colima incurrió en diversas violaciones a la Constitución y a la ley, ignorando de manera flagrante los principios de imparcialidad y de equidad observables por todo servidor público de cualquier orden de gobierno, haciendo uso indebido de los recursos y programas públicos, con lo cual el acto fue deliberadamente desvirtuado para convertirse en un acto de propaganda partidista.

El gobernador Anguiano está incurriendo en un delito federal al utilizar recursos públicos derivados de un programa de gobierno en beneficio del PRI. Así lo señalan las sanciones del Código Penal Federal en su artículo 407: se impondrán de 200 a 400 días multa y prisión de uno a nueve años al servidor público que destine de manera ilegal fondos, bienes o servicios que tengan a su disposición, en virtud de su cargo, tales como vehículos, inmuebles y equipos, al apoyo de un partido político o de un candidato, sin perjuicio de las penas que pueda corresponder por el delito de peculado.

En el México de hoy no puede permitirse que en ningún orden de gobierno haya quien aproveche su condición pública para sus propios intereses y para los fines de un grupo por encima del interés general. La democracia exige de todos los actores, y en especial de los gobernantes, cumplir con la ley, con el estado de derecho, y no andar presentando programas gubernamentales bajo la bandera de ningún partido político.

Ostentar el cargo de gobernador de un estado de la República debe representar una alta responsabilidad frente a los gobernados y frente a la nación. Gobernar es servir; no tomar ventaja política del cargo. Gobernar es poner el poder al servicio del bien común, no al servicio de intereses particulares o de intereses mezquinos.

Por lo anterior, presento ante el pleno este punto de acuerdo por el cual la Cámara de Diputados exhorta a las autoridades competentes, a saber, la Comisión Jurisdiccional de esta soberanía, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Federal Electoral, el Instituto Electoral del estado de Colima y el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del estado de Colima, a iniciar las acciones correspondientes, dada la probable utilización de recursos públicos para fines de proselitismo político a favor del Partido Revolucionario Institucional por parte del gobernador constitucional del estado de Colima, Mario Anguiano Moreno. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se denuncian las actividades partidistas del gobernador de Colima, a cargo del diputado Leoncio Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades competentes, a saber, a la Comisión Jurisdiccional de esta honorable Cámara de Diputados, a la Auditoría Superior de la Federación, al Instituto Federal Electoral, al Instituto Electoral del Estado de Colima y la Contaduría Mayor de Hacienda del estado de Colima, a perseguir las probables violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Penal Federal, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Código Electoral del estado de Colima, la legislación vigente en materia de responsabilidades de los servidores públicos, entre otras, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado lunes 8 de febrero, en la colonia Arboledas del Carmen, del municipio de Villa de Álvarez, entre la una y las dos de la tarde, el gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno puso en marcha el programa gubernamental “Cien Días Cien Pisos”, en un acto público, acompañado, entre otras personas, por la alcaldesa de la localidad Brenda Gutiérrez Vega, por el secretario general de gobierno, Jesús Orozco Alfaro, y el secretario de Desarrollo Social de Colima, Héctor Michel Camarena.

De acuerdo con información proporcionada por testigos asistentes a dicho evento y lo que muestran diversas fotografías que exhibo ante ustedes en este momento, el gobernador Mario Anguiano Moreno portó en todo momento una camisa verde con el logotipo del PRI violando, de esta forma, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la normatividad vigente en materia electoral que prohíbe el uso de los recursos públicos y programas de gobierno para la promoción de la imagen personal y de los partidos políticos.

El artículo 134 constitucional es claro en ello:

Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

...

Los servidores públicos de la federación, los estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Por su parte, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señala en su artículo 347 que:

1. Constituyen infracciones al presente Código de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:

...

b) La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;

c) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales;

d) Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el séptimo párrafo del artículo 134 de la Constitución;

e) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato;

El Código Electoral del etado de Colima también contempla las faltas cometidas por el gbernador:

Artículo 291. Constituyen infracciones al presente Código por parte de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de las dependencias federales, los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:

a) ...

b) ...

c) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales;

d) ...

e) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal o municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato; y

De igual forma, el gobernador Anguiano está incurriendo en un delito federal al utilizar recursos públicos derivados de un programa de gobierno en beneficio del PRI como lo señalan las sanciones del Código Penal Federal en su artículo 407:

Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de uno a nueve años, al servidor público que:

I. Obligue a sus subordinados, de manera expresa y haciendo uso de su autoridad o jerarquía, a emitir sus votos en favor de un partido político o candidato;

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un partido político o candidato;

III. Destine, de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo tales como vehículos, inmuebles y equipos, al apoyo de un partido político o de un candidato, sin perjuicio de las penas que pueda corresponder por el delito de peculado; o

IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a los partidos políticos o a sus candidatos, a través de sus subordinados, usando del tiempo correspondiente a sus labores, de manera ilegal.

En suma, el gobernador de Colima incurrió en diversas violaciones a la Constitución y a la ley, ignorando de manera flagrante los principios de imparcialidad y de equidad, haciendo uso indebido de los recursos y programas públicos, con lo cual el acto fue deliberadamente desvirtuado para convertirse en un acto de propaganda partidista.

En el México de hoy no puede permitirse que en ningún orden de gobierno, haya quien aproveche su condición pública para sus propios intereses y para los fines de un grupo por encima del interés general. La democracia exige de todos los actores, y en especial de los gobernantes cumplir con la ley, con el Estado de Derecho, y no presentando programas gubernamentales bajo la bandera de ningún partido político. ¿Qué dirían ustedes, señores legisladores del PRI, si algún funcionario del gobierno federal o un gobernador acudiera en esas mismas condiciones portando en lugar visible un logotipo de mi partido o de cualquiera otro de los partidos políticos con registro vigente en el país.

Todos los esfuerzos para la consolidación de la democracia a nivel nacional se ven mermados con este tipo de acciones, en las que una autoridad pública tiene el descaro de hacer promoción para su partido político, sacando ventaja de su posición y de los recursos públicos.

Este tipo de actos vulneran la libertad y las conciencias de los ciudadanos, especialmente de aquellos que por necesidad son proclives a apoyar a aquella persona o partido que les brinda una ayuda inmediata, y que se vuelven parte de un círculo vicioso contrario a los objetivos y principios democráticos.

Acción Nacional hace una enérgica denuncia que sirva para frenar este tipo de acciones que sin duda afectan el desarrollo democrático del país, y hace un llamado a la conciencia de todos los representantes populares para privilegiar el respeto por el estado de derecho.

Es también un llamado a la ciudadanía para que estos hechos no queden en la impunidad y se denuncie a cualquier autoridad que utilice los recursos públicos para su propio beneficio.

Los partidos políticos representados en esta soberanía hemos estado de acuerdo en la necesidad de contar con un marco legal en materia electoral que sea respetado por los actores políticos, y la última Reforma es prueba de ello.

Condenamos todas aquellas prácticas contrarias a la ley y a los ordenamientos legales democráticos que como Estado nos hemos brindado en el conjunto de libertades, derechos y obligaciones a los que como sociedad, debemos apegarnos de forma irrestricta.

Ostentar el cargo de gobernador de un estado de la República debe representar una alta responsabilidad, frente a los gobernados y frente a la Nación.  Gobernar es servir, no tomar ventaja política del cargo. Gobernar es poner el poder al servicio del bien común, no al servicio de intereses particulares, de intereses mezquinos.

Basta ya de la impunidad para mantener cacicazgos; basta ya de las prácticas antidemocráticas; basta ya de intentar engañar a los ciudadanos con las viejas costumbres del dinosaurio, al cual, por desgracia para México, algunos se han empeñado en resucitar.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las autoridades competentes, a saber, a la Comisión Jurisdiccional de la honorable Cámara de Diputados, a la Auditoría Superior de la Federación, al Instituto Federal Electoral, al Instituto Electoral del Estado de Colima y a la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de Colima, a iniciar las acciones correspondientes dada la probable utilización de recursos públicos para fines de proselitismo político a favor del Partido Revolucionario Institucional, por parte del gobernador constitucional de Colima, Mario Anguiano Moreno.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 16 de febrero de 2010.— Diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Indira Vizcaíno Silva, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la intervención de las Secretarías de Hacienda, de Economía, y de Medio Ambiente, con relación a la situación de la industria automotriz.

La diputada Indira Vizcaíno Silva:Con su venia, señor presidente. El sector automotriz generó al menos un millón de empleos directos y aportó divisas al país por 17 mil millones de dólares en 2008. Sin embargo, la fabricación de automóviles en México reportó un decrecimiento de 34.9 por ciento entre enero y octubre de 2009 respecto del mismo periodo de 2008.

La crisis que atraviesa la industria automotriz significa una caída de más de 31 por ciento que acumulan las ventas del mercado interno.

La Secretaría de Economía desde hace tres años ha destinado apoyos a la industria automotriz por 4 mil millones de dólares. De dicho monto, 70 por ciento se ha destinado en 2009 para atender el problema de liquidez de las empresas y, además, el programa para la preservación del empleo para la nómina de las empresas, en caso de paros técnicos por la contracción del mercado.

No obstante, para los especialistas las medidas tomadas hasta ahora por el gobierno federal para este sector no son contracíclicas, pues no impulsan las ventas de autos nuevos en el mercado mexicano.

Recientemente la Secretaría de Economía anunció la ampliación del programa de renovación vehicular. Sin embargo, de acuerdo con los especialistas, el programa ha fracasado no sólo porque el apoyo es insuficiente, sino porque además se han chatarrizado sólo 3 mil 680 vehículos de un promedio de 700 al mes, cuando la expectativa es que serían destruidos entre 8 mil y 10 mil vehículos mensualmente.

En este sentido se han planteado algunas propuestas, entre las cuales se encuentran la eliminación de la tenencia de automóviles nuevos, así como una eliminación emergente del impuesto a la adquisición de autos nuevos y la aprobación de un fondo de 5 mil millones de pesos para un programa nacional de renovación vehicular.

Desde nuestra apreciación se pueden impulsar también otros estímulos adicionales a los que solicita el sector para beneficiar con la deducibilidad de autos nuevos a micro, pequeñas y medianas empresas, pequeños productores, cooperativas, universidades, escuelas rurales, organizaciones sociales, campesinas, pesqueras, etcétera.

Una medida para incentivar al sector automotriz y que la Secretaría de Economía pueda impulsar tiene que ver con mejorar las reglas existentes a cubrir por los automóviles usados que ingresan al país.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Esta soberanía acuerda solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que rinda un informe sobre otorgar incentivos al consumidor, impulsar el programa de renovación del parque vehicular, la eliminación de la tenencia de automóviles nuevos, así como una eliminación emergente del impuesto a la adquisición de autos nuevos, y la aprobación de un fondo de 5 mil millones de pesos para un programa de renovación del parque vehicular.

Segundo. Se acuerda solicitar a la Secretaría de Economía que proceda a realizar una investigación del programa vigente de renovación del parque vehicular, así como alcances, limitaciones y su impacto económico. Del mismo modo que se incluya el costo-beneficio si se consideran las propuestas del sector automotriz. Una vez concluida la investigación que sus conclusiones se entreguen a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Tercero. Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en el marco de sus atribuciones, verifique la correcta aplicación de los mecanismos de emisiones y condiciones físico-mecánicas de autos usados para que, en caso de que se encuentren en buenas condiciones, no sean incluidos en el programa de chatarrización de vehículos, por contar con más de 10 años, situación que afecta a las familias que no pueden acceder a la compra de un auto nuevo. Asimismo, se solicita a la Semarnat un informe sobre el seguimiento de la situación en que se encuentran los centros de verificación vehicular del país.

Muchas gracias. Le pido que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la intervención de la SHCP, de la SE y de la Semarnat respecto a la situación de la industria automotriz, a cargo de la diputada Indira Vizcaíno Silva, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El sector automotriz generó al menos un millón de empleos directos y aportó divisas al país por 17 mil millones de dólares en 2008, de acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), así como la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).

Sin embargo, la fabricación de automóviles en México reportó un decrecimiento de 34.9 por ciento entre enero y octubre de 2009 respecto al mismo periodo de 2008. La crisis que atraviesa la industria automotriz significa una caída de más de 31 por ciento que acumulan las ventas al mercado interno.

Ante la crisis, el sector automotor estima que el apoyo del gobierno federal se ha quedado corto y rezagado frente a las necesidades de la industria y comparado con las acciones en otras economías del mundo. Cabe recordar que la crisis del sector es reflejo del colapso financiero y la contracción del crédito han presionado los precios de las materias primas, así como los aumentos en los precios de los combustibles. En el caso de Estados Unidos de América, durante 2008 la Cámara de representantes aprobó un plan de rescate para la industria automotriz por 14 mil millones de dólares.

En Europa y Estados Unidos de América, la venta de coches cayó durante la crisis, en contraste en China el mercado del automóvil es el más dinámico del mundo.

Las ventas están impulsadas por los planes de estímulo, para fomentar la innovación tecnológica en el sector, sobre todo en los vehículos de bajo consumo, híbridos y eléctricos. En China, las ventas en noviembre crecieron 93 por ciento respecto al mismo periodo de 2008, cifras que contrastan con la modesta progresión en Europa (6.7 por ciento), en América Latina (5.0 por ciento) y en Estados Unidos de América (2.7 por ciento).

En el caso de Estados Unidos de América, el programa de incentivos para adquirir vehículos nuevos, tendrá apoyo gubernamental de mil millones de dólares para la compra de hasta 250 mil unidades, del programa Efectivo por Carcachas.

Apoyos similares en Brasil, Alemania, España y Canadá, donde el flujo de apoyos favoreció un aumento de un dígito en las ventas del sector automotor, luego que la comercialización había caído por la crisis financiera internacional.

La Secretaría de Economía desde hace tres años ha destinado apoyos a la industria automotriz por cuatro mil millones de dólares. De dicho monto, 70 por ciento se han destinado en 2009 para atender el problema de liquidez de las empresas, y además el Programa de Preservación del Empleo para la nómina de las empresas en caso de paros técnicos por la contracción del mercado.

No obstante para los especialistas del sector, las medidas tomadas hasta ahora por el gobierno federal para este sector no son contracíclicas pues no impulsan las ventas de autos nuevos en el mercado mexicano.

Recientemente, la Secretaría de Economía anunció la ampliación del Programa de Renovación Vehicular, sin embargo de acuerdo a los especialistas el programa ha fracasado no sólo porque el apoyo es insuficiente sini porque además se han chatarrizado sólo 3 mil 680 vehículos, un promedio de 700 al mes, cuando la expectativa es que serían destruidos ente 8 mil y 10 mil vehículos mensualmente.

Además aún no se definen las reglas sobre la antigüedad de los autos usados, ni sobre los requisitos que tendrán que cumplir los dueños para poder chatarrizar su vehículo. Tampoco se ha definido hasta cuando seguirá vigente el programa.

Otro aspecto tiene que ver con que no hay aún consenso en el tema del monto del subsidio, que es de 15 mil pesos, que se considera muy bajo y la causa principal del fracaso de la deschatarrización.

Por otra parte, el aumento a 16 por ciento en el IVA afectará las ventas de automotores nuevos durante 2010. Para algunos analistas, es un aumento indirecto que difícilmente podrá trasladarse en los precios de los autos nuevos en las condiciones actuales del mercado.

En este sentido se han planteado algunas propuestas entre las cuales se encuentran la eliminación de la Tenencia de automóviles nuevos (en su lugar crear una imposición de 350 pesos de este gravamen para los vehículos usados, incluidos los de más de 10 años de antigüedad), así como una eliminación emergente del impuesto a la adquisición de autos nuevos (ISAN) y la aprobación de un fondo de 5 mil millones de pesos para un programa nacional de renovación del parque vehicular.

Otras propuestas del sector son la ampliación de la deducibilidad de autos nuevos de 150 mil a 400 mil pesos. También la deducibilidad inmediata de los automotores adquiridos por las personas morales así como de las inversiones productivas del sector, así como mantener el decreto que ordena la entrada de autos usados al país.

Desde nuestra apreciación se pueden impulsar también otros estímulos adicionales a los que solicita el sector, para beneficiar con la deducibilidad de autos nuevos a micro, pequeños y medianas empresas, pequeños productores, cooperativas, universidades, escuelas rurales, organizaciones sociales, campesinas, pesqueras etcétera, los cuales contribuirían con la reactivación del sector y de la economía. Una medida para incentivar al sector automotriz y que la Secretaría de Economía puede impulsar tiene que ver con mejorar las reglas existentes a cubrir por los automóviles usados que ingresen al país. Asimismo, sería importante permitir a los consumidores devolver sus nuevos automóviles si pierden sus empleos.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.Esta soberanía acuerda solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público rendir un informe sobre otorgar incentivos al consumidor, impulsar el Programa de Renovación del Parque Vehicular, eliminación de la tenencia de automóviles nuevos, así como una eliminación emergente del impuesto a la adquisición de autos nuevos (ISAN) y la aprobación de un fondo de 5 mil millones de pesos para un programa nacional de renovación del parque vehícular, al mismo tiempo, elevar el nivel de deducibilidad, ampliándolo a todo el territorio nacional, para el ejercicio fiscal de 2010.

Segundo.Se acuerda solicitar a la Secretaría de Economía que proceda a realizar una investigación del programa vigente de renovación de parque vehicular, así como alcances, limitaciones y su impacto económico. Del mismo modo que se incluya el costo-beneficio si se consideran las propuestas del sector automotriz. Una vez concluida la investigación que sus conclusiones se entreguen a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Tercero.Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en el marco de sus atribuciones, verifique la correcta aplicación de los mecanismos de emisiones y condiciones físico-mecánicas de autos usados para que, en caso de que se encuentren en buenas condiciones, no sean incluidos en el programa de chatarrización de vehículos, por contar con más de 10 años, situación que afecta a las familias que no pueden acceder a la compra de un auto nuevo. Asimismo, se solicita a la Semarnat un informe sobre el seguimiento de la situación en que se encuentran los centros de verificación vehicular en el país.

Palacio Legislativo, a 11 de febrero de 2010.— Diputados: Indira Vizcaíno Silva, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, Olga Luz Espinosa Morales, María Dina Herrera Soto, César Daniel González Madruga (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía.

Tiene la palabra...

El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, diputado, dígame.

El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez(desde la curul): Quiero solicitarle a la diputada si puedo sumarme a su punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Diputada Indira Vizcaíno Silva ¿está usted de acuerdo en que se sume el señor diputado y que suscriba su iniciativa?

La diputada Indira Vizcaíno Silva(desde la curul): Sí, claro.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Está de acuerdo la diputada. Quienes deseen hacerlo, favor de pasar a la Secretaría.

FIDEICOMISO DE APOYO SOCIAL DE LOS EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Óscar García Barrón, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia ante esta soberanía del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de presidente del Comité Técnico que administra el Fideicomiso de Apoyo Social de los ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

El diputado Óscar García Barrón:Sería criminal conservar la mordaza y el silencio, y no denunciar ante la nación las injusticias hacia los más pobres de nuestra patria, que es México.

Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, someto a consideración de este pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el presente punto de acuerdo en el que solicitamos la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de presidente del Comité Técnico que administra el Fideicomiso de Apoyo Social de los ex Trabajadores Mexicanos y que comparezca ante esta honorable asamblea.

Los ex trabajadores migratorios mexicanos representan el símbolo de la injusticia en su expresión más descarnada. Expresión que para algunos pudiera ser temeraria, pero que basta recorrer las ciudades, los ejidos, comunidades y rancherías de nuestro sufrido país y ahí encontraremos la justificación de lo antes dicho.

Los problemas sociales que enfrenta nuestra gente son tan añejos que siguen vigentes, gracias a un gobierno insensible y sin compromiso social. Son tan visibles que la miopía y torpeza gubernamental no les permiten mirar al horizonte.

Don José María Morelos y Pavón, en su obra maestra, Los Sentimientos de la Nación, sabiamente hizo referencia a procurar justicia social y eso debe ser nuestro compromiso como legisladores, representantes de la nación y custodios de los derechos sociales de los mexicanos.

El día 25 de mayo del año 2005, compañeros diputados, se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea dicho fideicomiso. Dicha acción generó algarabía y provocó una esperanza de justicia en las familias de los ex braceros mexicanos. Pensaron que en pocos días tendrían en sus manos sus ahorros. Qué equivocados estaban, porque no ha acontecido dicha acción.

El descontento que provoca el abuso y atropello a lo más elemental del ciudadano, que es su dignidad, no se ha hecho esperar. Con la emisión de esta ley parecía que el Estado mexicano reconocía por vez primera la legitimidad y justeza de los reclamos de los ex trabajadores mexicanos que desde hace muchos años venían reclamando.

Somos testigos, como sociedad, compañeros diputados, que los ex braceros en su inmensa mayoría no han recibido sus ahorros como lo mandata la ley, y que el comité técnico del fideicomiso modifica a su arbitrio las reglas de operación en detrimento de los intereses de los ex trabajadores migratorios. Por estas irregularidades, compañeros diputados, proponemos lo siguiente:

Primero. Exhortar al Comité Técnico que administra el Fideicomiso de Apoyo Social a ex Trabajadores, a través de su presidente, que es el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que el pago correspondiente por 38 mil pesos, como lo establecen las reglas de operación, se pague en una sola exhibición.

Dos. Que sobre el periodo previsto por la ley, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación instruya –óigase bien– instruya una revisión de situación excepcional para auditar el fideicomiso de apoyo social de los ex trabajadores migratorios.

Y, finalmente, se exhorta al Comité Técnico a que revise las reglas de operación del fideicomiso para dar prioridad a los ex trabajadores migratorios mexicanos que por condición de salud o edad tengan prioridad como lo mandata la ley.

Compañeros diputados, es por lo anterior que comparto la exigencia que se manifiesta en esta tribuna y los invito a unirse y solidarizarse para apoyar esta causa justa de los más pobres de México. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SHCP, en su carácter de presidente del comité técnico que administra el Fideicomiso de Apoyo Social de los ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cumplir diversas disposiciones de la ley que crea el fideicomiso, a cargo del diputado Óscar García Barrón, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Óscar García Barrón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Comité Técnico que Administrará el Fideicomiso de Apoyo Social de los Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, conforme la siguiente:

Exposición de Motivos

I. Con fecha nueve de febrero de 2010, la diputada Diva Hadamira Gastelúm Bajo, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma la fracción II del artículo 5° y se adiciona el inciso a), de la fracción III del artículo 5°, de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

II. El autor manifiestan sustancialmente lo siguiente: Se refiere a los derechos de los ex trabajadores migratorios que laboraron a través de un convenio entre México y los Estados Unidos de América, de los años de 1942 a 1964; cita el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para los ex Trabajadores Migratorios creado por ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2005, con el cual se abrió la expectativa para que las decenas de miles de trabajadores migrantes contaran con un apoyo social que resarciera parte de lo que legítimamente les corresponde; que el Comité Técnico es el órgano encargado de administrar el fideicomiso señalado al rubro y está integrado por un representante de cada una de las siguientes dependencias del Poder Ejecutivo federal: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien lo presidirá, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Relaciones Exteriores y Secretaría de la Función Pública.

III. Que en el citado fideicomiso se establece que las reglas de operación que son de observancia general y tienen por objeto establecer los criterios de operación que rigen el funcionamiento del Fideicomiso Número 2106 Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos y en su numeral cinco establece: “El importe del apoyo social que se entregará a cada beneficiario será por la cantidad e $38,000.00 (treinta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), de acuerdo con los recursos disponibles en el patrimonio del fideicomiso, de conformidad con el orden de prelación que se establece en el artículo 5°., fracción II, del decreto”.

Así mismo en el numeral cuatro requisitos de elegibilidad, menciona lo siguiente : “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° y 6° del decreto y la cláusula Quinta del contrato, se les otorgarán apoyos sociales por una sola vez a los beneficiarios...”

VI. El autor emite la proposición con punto de acuerdo, por las siguientes razones:

A. Efectivamente, en los artículos 1º, 3º y 8º de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, se prevé la constitución de ese Fideicomiso con objeto de otorgar un apoyo social a los ex trabajadores migratorios mexicanos que hayan prestado sus servicios en los Estados Unidos de América durante los años de 1942 a 1964, de conformidad con el Programa establecido y las Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2005.

Con fecha 24 de junio de 2009, el Comité Técnico del Fideicomiso (2106) del Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos modificó el importe del apoyo social. “El importe del apoyo social que se entregará por una sola vez a cada beneficiario será por la cantidad de $38,000.00 (treinta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), misma que será entregada en exhibiciones de acuerdo a los recursos disponibles en el fideicomiso en cada ejercicio fiscal, de conformidad con lo que establecen las fracciones II y III del artículo 5o. de la ley.”

Consecuentemente, se considera procedente reformar el artículo 5o. de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos y se otorgue el pago a los beneficiarios una sola exhibición. Toda vez que el pago diferido contraviene a lo dispuesto al espíritu principal del Fideicomiso.

Puntos de Acuerdo

Primero. El que suscribe, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta al Comité Técnico que administra el Fideicomiso de Apoyo Social de los ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, por conducto de su Presidente, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que el pago correspondiente por $38,000.00 (treinta y ocho mil pesos M/N) que establece la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos y sus Reglas de Operación se realice en una sola exhibición.

Segundo. Es pertinente precisar que el exhorto se realice por conducto del secretario de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de presidente del Comité Técnico, en virtud de que conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 3º de la ley de la materia, el fideicomiso carece de estructura orgánica propia.

Tercero. Se solicita a la Mesa Directiva que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación instruya una revisión de situación excepcional para auditar el Fideicomiso de Apoyo Social de los Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación revise las Reglas de Operación del Fideicomiso para dar prioridad a los ex trabajadores migratorios mexicanos que por condición de salud y/o edad tengan prioridad, dando como resultado el respeto a los principios sociales y humanos con los que fueron creados dicha ley.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2010.— Diputados: Óscar García Barrón, Emilio Serrano Jiménez, Guadalupe Pérez Domínguez, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Víctor Manuel Castro Cosío, Rosalina Mazari Espín, Ramón Jiménez Fuentes, Feliciano Rosendo Marín Díaz, José Luis Iñiguez Gámez, María del Carmen Izaguirre Francos, Janet Graciela González Tostado, Adriana Terrazas Porras, Jaime Flores Castañeda, Héctor Eduardo Velasco Monroy, Marco Ramírez Martínez, Leobardo Soto Martínez, Jorge Venustiano González Ilescas, Hugo Héctor Martínez González, Héctor Fernández Aguirre, María Dina Herrera Soto, María Araceli Vázquez Camacho, Ana Estela Durán Rico, Elvia Hernández García, José Antonio Aysa Bernat, José Alberto González Morales, José Francisco Rábago Castillo, Jorge Arana Arana, Miguel Ángel Riquelme Solís, Roberto Rebollo Vivero, María de Jesús Aguirre Maldonado, Olivia Guillén Padilla, Daniela Nadal Riquelme, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, Guadalupe Valenzuela Cabrales, Patricio Chirinos del Ángel, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Leonardo Arturo Guillén Medina, J. Guadalupe Vera Hernández, Norma Sánchez Romero, Cristabell Zamora Cabrera, Laura García Dávila, Morelos Canseco Gómez,  Eduardo Zarzosa Sánchez, Miguel Ángel Luna Murguía, Mario Moreno Arcos, Hilda Ceballos Llerenas, Gerardo Sánchez García, Ricardo Armando Rebollo Mendoza, María Hilaria Domínguez Arvizu, José Ricardo López Pescador, Manuel Humberto Cota Jiménez, María Sandra Ugalde Basaldua, Felipe Borja Texocotitla, Fermín Montes Cavazos, Miguel Ángel Luna Murguía, Tereso Medina Ramírez, Laura Elena Estrada Rodríguez, Alma Carolina Viggiano Austria, Juan Huerta Montero, Nancy González Ulloa, José Manuel Marroquín Toledo, Carlos Cruz Mendoza, David Hernández Vallín, Inocencio Ibarra Piña, Omar Rodríguez Cisneros, Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, José Luis Soto Oseguera, Armando Corona Rivera, María del Rosario Brindis Álvarez, Francisco Lauro Rojas San Román, Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias diputado García Barrón. Le pido a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de asistencia.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Permítame, diputado. Diputado Emilio.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Diputado presidente, nada más para solicitarle respetuosamente si es tan amable de preguntarle al diputado orador, por considerar justa esa demanda de que les regresen lo que les robaron a los ex braceros, si me permite adherirme a su propuesta.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:¿Acepta usted, diputado García Barrón, que pueda sumarse?

El diputado Óscar García Barrón: Sí, por supuesto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muy bien. Entonces, está de acuerdo el señor diputado para que todas aquellas compañeras y compañeros que de-seen sumarse pasen a suscribir el documento a la Secretaría. Continúe la Secretaría en el cierre del sistema electrónico.

VERIFICACION DE QUORUM

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Muy bien. Pregunto primero si hay algún diputado o diputada que no haya pasado asistencia además de la diputada Daniela Nadal y la diputada Laura Felícitas García, que no tienen todavía el sistema electrónico. Entonces, en el caso de la diputada Daniela Nadal, está pasando lista de asistencia. La diputada Laura Felicitas García acá está también.

El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Presidente.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Permítame. Antes, estamos en lo de la lista de asistencia, diputado, un segundo. Si hay algún diputado o diputada adicional que no haya pasado.

El diputado Domingo Rodríguez Martell (desde la curul): Presidente.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: A ver, acá, diputado, de viva voz, de una vez diputado. Diputado Martell.

El diputado Domingo Rodríguez Martell (desde la curul): Presente.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Ciérrese el sistema electrónico. Hay registrados 302 diputados y diputadas, diputado presidente. Ahora nada más pídales que no se vayan para que haya quórum.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Hay quórum. Continuamos. Tiene la palabra el diputado Pedro Ávila. Dígame, diputado.

FIDEICOMISO DE APOYO SOCIAL DE LOS EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Pido la palabra, señor presidente, para hechos. Soy de Durango y comparto con el compañero García Barrón la necesidad de que se les pague a los compañeros braceros, y pido se me dé oportunidad, como diputado que soy, de hacer uso de la tribuna.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Diputado, solamente que son las proposiciones. No es tema de discusión ni está a discusión. Si estuviéramos en una discusión con mucho gusto le concedería el uso de la palabra, diputado. Pero estamos en el capítulo de proposiciones y estamos turnando el documento a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para efecto de su análisis, diputado. Dígame, diputado.

ORDEN DEL DIA

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Diputado presidente, sólo para subrayar que son las 2:34. Hay dos temas de la agenda política y aún no entramos a ellos.

Quisiera preguntarle si tanto el PRI, que tenía el tema de Ciudad Juárez, perdón, el PRD, que tenía el tema de Ciudad Juárez, como el PRI, que tiene el tema de los ex funcionarios encarcelados y algunos excarcelados, de Michoacán, han retirado ambos temas de la agenda.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:No, diputado. Subieron aquí con nosotros algunos de los coordinadores parlamentarios. Nos pidieron que continuáramos hasta las 2:45 atendiendo el tema de proposiciones en razón de desahogar el mayor número de asuntos y de entrar inmediatamente al informe del tema Michoacán, para poder concluir con ese tema la sesión. Así fue hecho el planteamiento, señor diputado.

FIDEICOMISO DE APOYO SOCIAL DE LOS EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu(desde la curul): Gracias, presidente. Sólo para solicitar que el punto de acuerdo al que ha dado lectura nuestro compañero diputado Óscar García Barrón, también lo comparta con la Comisión Especial de Braceros.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tomamos nota de lo usted nos solicita y lo veremos en la reunión de la Mesa Directiva para hacer el análisis correspondiente. Con mucho gusto, diputada.

ESTADO DE COLIMA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Indira Vizcaíno Silva, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría financiera de los recursos federales para el estado de Colima.

La diputada Indira Vizcaíno Silva:Muchas gracias. Recientemente, el ex gobernador de Colima, Silverio Cavazos Ceballos, fue acusado de enriquecimiento ilícito. Esto por haberse hecho acreedor, como él mismo lo ha aceptado públicamente, de dos bienes inmuebles de elevado costo durante su desempeño como gobernador. Es pertinente mencionar que la deuda estatal durante el mandato de Silverio Cavazos creció aproximadamente en 800 millones de pesos.

El actual gobernador no ha hecho público en qué se gastaron los mil 200 millones de pesos con que el ex gobernador Silverio Cavazos Ceballos dejó endeudado al gobierno estatal de Colima.

De acuerdo con cifras del gobierno del estado de Colima, hasta el 31 de octubre de 2009 la deuda del estado ascendía a mil 200 millones de pesos: 800 millones a pagar a largo plazo y 400 millones a corto plazo. Sin embargo, al cierre de 2009 se incrementó 76 millones más por deuda adquirida para cubrir compromisos.

Por otra parte, en el proyecto de la playa de La Boquita se llegó al acuerdo de suspender las obras hasta no recibir el estudio de impacto ambiental por parte de la Semarnat. Es en este sentido que se ha exhortado al gobernador a transparentar la historia de corrupción que ensombrece el convenio de compra-venta de La Boquita, Manzanillo, para la creación de un megaproyecto turístico.

Por su parte, en la Cuenta Pública de 2006 la Auditoría Superior de la Federación le solicitó al órgano interno del estado de Colima que fincara responsabilidad administrativa sancionadora por infracciones en la transparencia y aplicación de fondos de los recursos correspondientes al ejercicio de 2006, con cargo al Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados.

Es pertinente señalar que ya se recibieron los resultados de la auditoría de 2008, en la cual se menciona que las autoridades del gobierno estatal habrían provocado un daño a la hacienda pública federal por un monto de 82 millones de pesos sólo en los rubros de seguridad pública, salud y obras durante el periodo fiscal que corresponde al ejercicio 2008.

Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a la consideración de este pleno el siguiente punto de acuerdo:

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que la Auditoría Superior de la Federación lleve a cabo una auditoría financiera de los recursos federales para el estado de Colima, del último año de gestión del ex gobernador Silverio Cavazos Ceballos, el cual comprende del 1 de noviembre de 2008 al 31 de octubre de 2009.

Asimismo, de forma respetuosa le solicitamos al Órgano Interno de Control del Gobierno del estado de Colima informe por escrito en un plazo prudente la solventación que la Auditoría Superior de la Federación le solicitó de las observaciones realizadas a los ejercicios de 2006 y 2007 y el estado que guardan. Y que el mismo sea entregado a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Segundo. Se acuerda solicitar a la Secretaría de la Función Pública que proceda a realizar una investigación sobre los contratos y licitaciones de los recursos federales para el estado de Colima en el periodo citado. Una vez concluido el estudio, que sus conclusiones se entreguen a la Comisión de la Función Pública de esta soberanía y, en su caso, proceda a fincar las responsabilidades que a sus atribuciones correspondan.

Tercero. Esta soberanía exhorta respetuosamente a las autoridades competentes del estado de Colima para que apoyen la realización de la auditoría, con lo cual se estaría apoyando a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos federales que reciba la entidad.

Asimismo, se exhorta respetuosamente a que el gobernador de Colima considere las opiniones de la Auditoría Superior de la Federación, del Órgano Superior de la Auditoría y Fiscalización Gubernamental del estado, y de la Secretaría de la Función Pública. Y que esta opinión contribuya a dar respuesta a las demandas de la comunidad.

Compañeros diputados, que no nos tiemble la mano al votar por la transparencia. Muchísimas gracias. Solicito se inserte el texto íntegro al Diario de los Debates.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que la ASF realice una revisión financiera a los recursos federales para Colima, a cargo de la diputada Indira Vizcaíno Silva, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Recientemente el ex gobernador de Colima, Silverio Cavazos Ceballos, fue acusado de enriquecimiento ilícito, esto por haberse hecho acreedor (como el mismo lo ha aceptado públicamente) de 2 bienes inmuebles de elevado costo durante su desempeño como gobernador.

Es pertinente mencionar que la deuda estatal durante el mandato de Silverio Cavazos creció aproximadamente en 800 millonesde pesos. Del mismo modo no se ha informado en qué se utilizaron 60 millonesde pesos que quedaron como deuda durante la alcaldía del ahora gobernador Mario Anguiano. El gobernador no ha hecho público en que se gastaron los mil 200 millonesde pesos con que el ex gobernador Silverio Cavazos Ceballos dejó endeudado al gobierno estatal. Tampoco ha explicado los más de 60 millones de pesos que no se encuentran en el ayuntamiento de Colima. Asimismo, el desvío de los recursos que retuvieron a los trabajadores y que no enteraron a pensiones del gobierno del estado y que en el ayuntamiento de Colima se estima en 20 millonesde pesos que el ahora gobernador retuvo y no enteró en su momento.

De acuerdo con cifras del gobierno del estado de Colima, hasta el 31 de octubre de 2009, ascendía a 1 mil 200 millonesde pesos, 800millones para pagar a largo plazo y 400 millonesa corto plazo; sin embargo, al cierre de 2009 se incrementó 76 millonesmás por deuda adquirida para cubrir compromisos.

El gobierno del estado informó que de estos 1 mil 200 millones, más de 700 millonesse le deben a Banobras y 100 millonesa Banorte, mientras que la deuda restante a corto plazo, se cubrió en diciembre por un monto de 100 millones,este incluye el pago a proveedores y aportaciones.

Por su parte, el proyecto de la playa de La Boquita se llegó al acuerdo de suspender las obras, hasta no recibir el estudio de impacto ambiental por parte de la Semarnat. Es en este sentido que se ha exhortado al gobernador, a transparentar la historia de corrupción que ensombrece el convenio de compra-venta de La Boquita, Manzanilla, para la creación de un megaproyecto turístico.

Cabe recordar que el convenio de venta entre el gobierno estatal y la empresa privada Puerto Santiago Manzanillo, Sociedad de Responsabilidad Limitada, en el que destaca el pago de 1 millón de pesos, sin precisar a quién ni cuándo se hizo.

Además de la contaminación de la playa de ese lugar y la laguna de Juluapan, no existe la garantía de que con este proyecto se respetará la vida comercial de los habitantes de la zona.

De acuerdo a cifras reveladas por la Auditoría Superior de la Federación, ASF, sobre la Cuenta Pública de 2007, los resultados del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en el estado de Colima, fueron los siguientes:

La auditoría practicada al gobierno del municipio de Manzanillo, Colima, en relación con los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al municipio, a través del fondo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativa aplicable, así como el cumplimiento de metas y objetivos, se determinó fiscalizar un monto de 13 mil 561.1 miles de pesos, que representa el 89.9 por ciento de los 15 mil 88.6 miles de pesos reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2007.

La ASF considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Gobierno del municipio de Manzanillo, Colima, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables de la transferencia de recursos, adjudicación y contratación de obra públicas con recursos del fondo.

Por su parte, en la cuenta pública 2006 la ASF le solicitó al órgano interno del estado de Colima fincara responsabilidad administrativa sancionadora por infracciones en la transferencia y aplicación de fondos de los recursos correspondientes al ejercicio 2006 con cargo al fideicomiso para la infraestructura en los estados.

Mientras que en 2010, los recursos federales para el estado de Colima, los cuales incluyen las participaciones y aportaciones federales de los ramos 28 y 33, sumaran 6 mil 766 millonesde pesos, lo que representara un incremento de 1.1por ciento respecto a lo aprobado en 2009, según los datos identificados en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, de conformidad con lo aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en la Gaceta Parlamentaria del 15 de noviembre de 2009.

Es pertinente señalar que están por recibirse los resultados de la auditoría relativa al año 2008, mismos de los que también debemos estar estrictamente pendientes y deben considerarse.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita, a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que la Auditoría Superior de la Federación lleve a cabo una auditoría financiera de los recursos federales para el estado de Colima, del último año de gestión del ex gobernador Silverio Cavazos Ceballos, el cual comprende del 1 de noviembre de 2008 al 31 de octubre de 2009.

Asimismo, de forma respetuosa le solicitamos al órgano interno de control del gobierno del estado de Colima informe por escrito, en un plazo prudente la solventación que la ASF le solicitó de las observaciones realizadas a los ejercicios de 2006 y 2007 y el estado que guardan; y que sea entregado a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Segundo.Se acuerda solicitar a la Secretaría de la Función Pública que proceda a realizar una investigación sobre los contratos y licitaciones de los recursos federales para el Estado de Colima, en el periodo citado, una vez concluido el estudio que sus conclusiones se entreguen a la Comisión de la Función Pública de esta soberanía. y en su caso proceda a fincar las responsabilidades que a sus atribuciones corresponda.

Tercero.Esta soberanía exhorta respetuosamente a las autoridades competentes del estado de Colima para que se apoye en la realización de la auditoria, con lo cual se estaría apoyando la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos federales que recibe la entidad. Asimismo, se exhorta respetuosamente a que el gobernador de Colima considere las opiniones de la Auditoria Superior de la Federación, del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del estado y de la Secretaría de la Función Pública y que esta opinión contribuya a dar respuesta a las demandas de la comunidad.

Palacio Legislativo, a 11 de febrero de 2010.— Diputados: Indira Vizcaíno Silva, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, Yulenny Guylaine Cortés León (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputada Vizcaíno Silva. Como lo solicita, se inserta íntegramente en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Diputado Morán, dígame.

El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez (desde la curul): Preguntarle a la diputada Indira si puedo sumarme a su punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:¿Está de acuerdo, diputada?

La diputada Indira Vizcaíno Silva:Con mucho gusto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Está de acuerdo. Pase quien desee hacerlo a la Secretaría.

CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Germán Osvaldo Cortez Sandoval, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que otorgue a Conaculta la totalidad de los recursos que fueron aprobados por esta soberanía para el ejercicio fiscal 2009.

El diputado Germán Osvaldo Cortez Sandoval:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, de conformidad con lo establecido en la fracción IV del artículo 74 constitucional, corresponde de manera exclusiva a la Cámara de Diputados el examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En ejercicio de esta facultad constitucional, la LX Legislatura aprobó para el año 2009 un presupuesto total de 11 mil 931.34 billones de pesos, de los cuales el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes ejerce directamente cuatro mil 991 millones de pesos para que opere en programas estratégicos como el de Financiamiento a las Culturas Municipales y Comunitarias y apoyos a organizaciones y a artistas.

No obstante el mandato legislativo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por razones que solamente ellos saben, por la ineficiencia y opacidad que les caracteriza, de manera unilateral y arbitraria sustrae al Conaculta los ya de por sí insuficientes recursos que fueron aprobados.

Tal es el caso de los más de 300 millones de pesos aproximadamente que el Conaculta no ha recibido del presupuesto aprobado del año anterior.

Esta circunstancia es una grave violación a la división de poderes y una inadmisible falta de sensibilidad y compromiso del Poder Ejecutivo federal con el arte y la cultura, ante la cual no podemos ni debemos permanecer al margen en tiempos en que el país se debate en una ola de violencia y criminalidad, en época de profunda desigualdad y pobreza, exclusión social y desempleo, agudizada por la errática y fallida política social, económica y fiscal del gobierno federal.

Se deben reforzar aquellas acciones que nos conduzcan a recuperar la tranquilidad perdida y avanzar en una mayor justicia social como son el arte y la cultura, porque tenemos la certidumbre que es el mejor antídoto y es donde la paz encuentra asiento y sustento. Que no se confunda el secretario de Hacienda, esta no es una cuestión de números ni de criterios personales. Se trata de mexicanos iguales ante la ley que crean y actúan, cantan y bailan, pintan y escriben, que exigen que se les apoye con los recursos aprobados para tal efecto.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, todo parece indicar que para el presente año fiscal, el titular de rango hacendario procederá a realizar idénticas acciones en contra del Conaculta y, por ende, en contra de los artistas mexicanos. De aquí, desde la más alta tribuna del país, los diputados priistas le decimos al secretario de Hacienda que no vamos a permitir que se siga agraviando a la comunidad artística y cultural con decisiones que rompen el equilibrio de poderes y ponen en riesgo la precaria paz social.

En mérito de lo anterior, someto a consideración de este Poder Legislativo la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. La Cámara de Diputados en estricta observancia y respeto a la división de poderes exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Poder Ejecutivo federal, a que de manera pronta y expedita entregue al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes la totalidad de los recursos públicos aprobados por la LX Legislatura para el ejercicio fiscal de 2009 y se abstenga de incurrir en desacato al mandato legislativo aprobado y publicado para el ejercicio fiscal de 2010, con las excepciones previstas en la ley. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SHCP a entregar al Conaculta la totalidad de los recursos aprobados por esta soberanía para el ejercicio fiscal de 2009, a cargo del diputado Germán Osvaldo Cortez Sandoval, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Germán Osvaldo Cortéz Sandoval de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 58, 59, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Poder Ejecutivo federal para que entregue al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la totalidad de los recursos que le fueron aprobados por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal de 2009 y se abstenga de realizar recortes y practicar retrasos innecesarios para el presente año fiscal, sirviéndome para ello de la siguiente

Exposición de Motivos

De conformidad con lo establecido en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde de manera exclusiva a la Cámara de Diputados el examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En ejercicio de esta facultad constitucional la LX Legislatura aprobó para el ejercicio fiscal de año 2009, un presupuesto total de 11 mil 931.34 millones de pesos, de los cuales el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes ejerce directamente 4 mil 991 millones de pesos para que operen programas estratégicos como el de financiamiento a las culturas municipales y comunitarias, y los apoyos y donativos a organizaciones y artistas.

No obstante el mandato legislativo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por razones que sólo ellos saben, por la ineficiencia y opacidad que les caracteriza, de manera unilateral y arbitraria sustrae al Conaculta, los ya de por sí insuficientes recursos, que fueron autorizados para el ejercicio fiscal de 2009 y, por lo visto, pretende hacer lo mismo con los recursos aprobados para 2010.

Tal es el caso de los más de 300 millones de pesos que el Conaculta no ha recibido del año pasado.

Esta circunstancia es una grave violación a la división de Poderes y una inadmisible falta de sensibilidad y compromiso del Poder Ejecutivo federal con el arte y la cultura, ante la cual no podemos y ni debemos permanecer al margen.

En momentos en que el país se debate en una ola de violencia y criminalidad, en épocas de profunda desigualdad, pobreza y exclusión social agudizada por la errática política, social, económica y fiscal del  gobierno federal, se deben reforzar aquellas acciones que nos conduzcan a recuperar la tranquilidad perdida y avanzar en una mayor justicia social, como son el arte y la cultura, pues son el mejor antídoto y es donde la paz encuentra asiento y sustento.

Justamente por ello, nos oponemos terminantemente a que la Secretaría de Hacienda, entregue a Conaculta los recursos recortados, a cuenta gotas y a destiempo, después de trámites engorrosos e innecesarios.

Que no se confunda el secretario de Hacienda. Esta no es una cuestión de números, ni de criterios personales, se trata de mexicanos, de seres humanos iguales ante la ley que actúan, cantan y bailan; pintan y escriben; que exigen que se les apoye con los recursos aprobados para tal efecto.

Esta situación ha generado un descontento tal que ya se está conformando una red social de artistas por Internet, en el Facebook, para exigir al Conaculta que les liquide los adeudos autorizados.

Todo parece indicar que para el presente año fiscal, la secretaría del ramo hacendario procederá a realizar idénticas acciones en contra del Conaculta y, por ende, de los artistas mexicanos, por lo que desde la más alta tribuna del país, los diputados priistas le decimos al secretario de Hacienda, que no vamos a permitir que se siga agraviando a la nación, con decisiones que rompen el equilibrio de Poderes y ponen en riesgo, la precaria paz social.

En mérito de lo anterior, someto a consideración de este Poder Legislativo, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados en estricta observancia y respeto a la división de poderes, exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Poder Ejecutivo federal, a que de manera pronta y expedita entregue al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la totalidad de los recursos públicos aprobados por la LX Legislatura para el ejercicio fiscal del año 2009 y se abstenga de incurrir en desacato al mandato legislativo aprobado y publicado para el ejercicio fiscal de 2010, con las excepciones previstas en la ley.

Dado en el salón de sesiones del recinto legislativo de la Cámara de Diputados, a los 18 días del mes de febrero del año dos mil diez.— Diputados: Germán Osvaldo Cortéz Sandoval, Ma.Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Herón Agustín Escobar García, J. Eduardo Yáñez Montaño, Inocencio Ibarra Piña, Omar Rodríguez Cisneros, Héctor Pedroza Jiménez, Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, Armando Corona Rivera, José Luis Soto Oseguera, Francisco José Rojas Gutiérrez, María del Rosario Brindis Álvarez (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PETROLEOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se recibió del señor diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos y a los funcionarios que correspondan, a que informen a esta soberanía la situación jurídica que guardan los trabajadores de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros expulsados de su centro de trabajo.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos y a los servidores públicos correspondientes a informar a esta soberanía sobre la situación jurídica que guardan los trabajadores de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros expulsados de sus centros laborales, a cargo del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Jesús Zambrano Grijalva, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93, párrafo segundo, de la Carta Magna, 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 53, 58, 59, 60, 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente resolución al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El artículo 123 de la ley fundamental consagra la libertad sindical con un sentido pleno de universalidad, partiendo del derecho personal de cada trabajador a asociarse y reconociendo un derecho colectivo, por lo que la autoridad no puede ni debe cuestionar el derecho básico en cualquier Estado democrático de derecho, reconocido también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo y las diversas jurisprudencias y criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Que el respeto de la libertad sindical y el reconocimiento de los mismos es una exigencia primordial e ineludible para la Organización Internacional del Trabajo, de la que forma parte México.

Que diversos trabajadores dentro de la industria petrolera decidieron conjuntar esfuerzos y agruparse formalmente con intereses comunes para hacer valer sus derechos, mediante la creación de un sindicato denominado Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros.

Que con fecha 21 de diciembre de 2009 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social notificó de manera formal su registro al sindicato, y como consecuencia el reconocimiento de sus derechos y obligaciones ante las autoridades laborales de nuestra nación.

Que a pesar que el sindicato adquirió de manera formal personalidad y vida jurídica, las autoridades y dirigentes de la empresa nacional Petróleos Mexicanos han llevado a cabo distintos actos que limitan de manera grave la libertad sindical y su organización pacífica.

Que entre los actos y conductas, por acción u omisión, que las autoridades y dirigentes de Petróleos Mexicanos han llevado a cabo, según lo manifiestan los propios trabajadores del sindicato, destacan el no reconocimiento de sus derechos sindicales, amenazas, chantajes e incluso expulsión de manera violenta de sus centros de trabajo con el propósito de evitar su afiliación, reconocimiento e incluso intento de disolver la agrupación que legítima y legalmente ya se encuentra constituida.

Que existe un cuerpo de “servicios especiales” dentro de la organización de Pemex que utiliza, inexplicablemente, armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y se dedican a realizar acciones distintas de la salvaguarda de las instalaciones de Petróleos Mexicanos, que han reprimido a trabajadores que han decidido formar parte del sindicato Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros. Son ilustrativos los casos de Tula, Hidalgo, y Ciudad del Carmen, Campeche.

Que las conductas de los servidores públicos desplegadas en contra de los trabajadores de Petróleos Mexicanos y que son integrantes de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, pudieran ser consideradas constitutivas de delito o de responsabilidad administrativa, ya que en ningún momento han motivado y fundamentado su actuar.

Que la salvaguarda de manera inquebrantable de los derechos fundamentales de los trabajadores reconocidos en el Apartado A del artículo 123 del código político de 1917, es socavada por servidores públicos con la anuencia de altos funcionarios de Petróleos Mexicanos.

Que si a la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros se le niega de facto su representatividad, si no se le dota de los derechos y garantías necesarios para el fomento, defensa de los derechos de sus afiliados, la promoción del bienestar común, el registro y toma de nota otorgados legalmente quedarían desvirtuados, quebrantando gravemente el estado de derecho. Así como la resolución definitiva de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.

Por lo expuesto someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte a los ciudadanos Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos y a los funcionarios que corresponda, para que informen a esta soberanía la situación jurídica que guardan los trabajadores de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros expulsados de sus centros de trabajo.

Segundo. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte a los ciudadanos Juan José Suárez Coppel y a los funcionarios que corresponda para que informen a esta soberanía el estado y relación laboral que guarda la empresa nacional con el sindicato Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros.

Tercero. Que esta representación nacional exhorta a los servidores públicos antes mencionados, para que, en el ámbito de sus atribuciones ordenen de inmediato a los funcionarios de la paraestatal que cese todo hostigamiento laboral en contra de los integrantes de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros y se proceda a la reinstalación inmediatamente de todos aquellos que arbitrariamente fueron despedidos.

Esta soberanía solicita al director general de Petróleos Mexicanos, de ser el caso, que informe a la Cámara de Diputados qué servidores públicos han incurrido en responsabilidades administrativas.

Cuarto. El Pleno de la Cámara de Diputados instruye al Presidente de la Mesa Directiva de esta soberanía, para que a través de sus buenos oficios coadyuve en el establecimiento de una mesa de trabajo que permita a las partes iniciar un diálogo y dar seguimiento de las relaciones laborales entre la administración de Petróleos Mexicanos y el Comité Ejecutivo de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 23 de febrero de 2010.— Diputado Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Junta de Coordinación Política.

CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

El diputado Herón Agustín Escobar García (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, diputado, dígame.

El diputado Herón Agustín Escobar García(desde la curul): Presidente, es nada más para pedirle al diputado que acaba de hacer la propuesta si me permite sumarme a la misma.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:¿Acepta el señor diputado?

El diputado Germán Osvaldo Cortez Sandoval(desde la curul): Sí, por supuesto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Acepta el señor diputado. Todos aquéllos que quieran suscribirla pueden pasar a la Secretaría para poder adherirse a dicha propuesta.

Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ésta.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo vigésimo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted atentamente consultar al pleno la modificación al orden del día para la inclusión correspondiente en el primer turno posible del siguiente asunto, concediéndose el trámite de sólo turno a la Junta de Coordinación Política.

• Proposición con punto de acuerdo que presentan los diputados Cruz López Aguilar, Gerardo Sánchez García, José Tomás Carrillo Sánchez, Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y Francisco Hernández Juárez y Federico Ovalle Vaquera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; por el que exhortan a la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos para que se revisen y modifiquen los términos de la licitación 1857611202209 para la adquisición de etanol anhidro para oxigenar las gasolinas de la zona metropolitana de Guadalajara, priorizando su adquisición a productores nacionales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 25 de febrero de 2010.— Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Juan José Guerra Abud, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Pedro Vázquez González, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Reyes S. Tamez Guerra, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario del Convergencia.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Casi estoy pensando que es mayoría por la negativa, diputado presidente. Volveré a recabar la votación porque no me quedó claro.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Por favor, vuelva a preguntar, secretario, para tener la certeza.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Sé contar, lo que pasa es que casi nadie vota, entonces es muy difícil saber si están a favor o en contra.

Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. –¿Ven qué diferencia? Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado.

PETROLEOS MEXICANOS

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a revisar y modificar los términos de la licitación número 1857611202209, relativa a la adquisición de etanol anhidro para oxigenar las gasolinas de la zona metropolitana de Guadalajara, y conferir prioridad a la adquisición con productores nacionales, a cargo del diputado José Tomás Carrillo Sánchez y suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PRD

Los suscritos, diputados Cruz López Aguilar, Gerardo Sánchez García, José Tomas Carrillo Sánchez, Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI, y Francisco Hernández Juárez y Federico Ovalle Vaquera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos a revisar y modificar los términos de la licitación 1857611202209 para la adquisición de etanol anhidro para oxigenar las gasolinas de la zona metropolitana de Guadalajara, priorizando su adquisición a productores nacionales, bajo las siguientes

Consideraciones

1) El pasado martes 9 de febrero, esta soberanía aprobó un punto de acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta a la paraestatal Petróleos Mexicanos para que lleve a cabo una investigación sobre las empresas que participan en la licitación para la adquisición de etanol y considere dichos resultados en la emisión del fallo correspondiente; asimismo, considere la posibilidad de replantear los términos de la licitación y garanticen, como lo señala la ley de la materia, la participación de empresarios mexicanos y productores proveedores de materias primas.

2) El punto de acuerdo en comento, estima la necesidad de que esta institución paraestatal del gobierno mexicano lleve a cabo una revisión puntual de la licitación 1857611202209 para la adquisición de etanol anhidro y oxigenar las gasolinas de la zona metropolitana de Guadalajara, cuya convocatoria fue publicada el 29 de septiembre del 2009, toda vez que se observan incongruencias, inconsistencias, contrasentidos que violentan la Ley en materia de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos (LPDB) y sobretodo ponen en riesgo el sano desarrollo de esta industria que todos estamos procurando tener en beneficio de México, de los mexicanos y en especial de los productores del campo.

3) De acuerdo con el análisis que hemos realizado de dicha licitación, algunas observaciones son las siguientes:

– La LPDB indica en su artículo 1o. las bases para desarrollar la producción, comercialización y uso eficiente de los bioenergéticos para contribuir al desarrollo del sector rural, la generación de empleos y mejor calidad de vida para la población. Este propósito no aparece. En la licitación se observa lo contrario, pareciera que la sobredimensión del mercado es lo que los mueve, contraviniendo el espíritu social para la que fue creada Pemex.

– De la misma manera, violenta el artículo 8o. de la LPDB, ya que omite la participación del sector social en este arranque de la producción de los biocombustibles. A mayor abundamiento el artículo 17 señala que las secretarías integrantes de la Comisión de Bioenergéticos elaborarán e instrumentarán acciones para el fomento de la producción sustentable de insumos. Puntualiza que estas acciones estarán dirigidas a los productores de insumos y deberán impulsar la productividad, fomentar la generación de empleos, motivar la creación y consolidación de empresas rurales cuya participación accionaria de los productores de insumos sea de al menos un 30%. Impulsar la producción de bionergéticos sin la participación de los productores del campo es tanto como convertirlos en “carne de cañón” del gran capital o de las trasnacionales, que tienen puestos los ojos en el acaparamiento del mercado interno.

– La LPDB es clara y precisa para promover el desarrollo de esta industria de México y para los mexicanos. La licitación queda muy corta. La función fundamental de la Comisión Intersecretarial no se observa, incluso se manifiesta una falta de coordinación entre las diferentes secretarias participantes. Es más, ni siquiera la Secretaría de Energía (que es la cabeza de sector), tiene la información sobre los criterios para la adquisición de los bioenergéticos, como lo establece la fracción VI del Artículo 12 de la LPDB.

– Se observa en la licitación una desatención a las disposiciones en materia ambiental que se establecen en la LPDB, por ejemplo: Prevención control de la contaminación de la atmósfera, aguas, suelo originada por la producción de bioenergéticos; evaluación del impacto ambiental de las instalaciones para la producción, el almacenamiento, el transporte, la distribución y comercialización de los bioenergéticos; regulaciones en materia forestal, de vida silvestre y bioseguridad de organismos genéticamente modificados conforme lo dispuesto en la Ley de la materia, a fin de preservar, restaurar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales y la biodiversidad.

– Privilegia al sector externo en suministros de insumos, afectando la producción nacional de los mismos.

– Lo anterior no es ninguna casualidad ya que la propia licitación establece requisitos que es prácticamente imposible que productores mexicanos los cumplan, sobre todo los que son del medio rural. Con este criterio dejan fuera de toda posibilidad a los productores nacionales. Este no es un asunto sólo de mercado, sino de política económica para los bioenergéticos. Algo así como lo que en Brasil denominan “sello combustible social”, que no es otra cosa que una pieza de identificación donde el productor de bioenrgéticos tiene acceso a tasas de integración social, contribución para el financiamiento de la seguridad social y se garantiza el acceso a mejores condiciones para el financiamiento de la banca, entre otros.

– La falta de trasparencia es otra de las graves omisiones que se observan en la licitación, es decir, no se contempla de manera expedita lo que se establece en el artículo 24 de la LPDB.

3). Algunas de las sugerencias que consideramos debieran tomarse en la propuesta serían, por ejemplo, una mayor coordinación de las actividades de las secretarías que constituyen la Comisión Intersecretarial de Bioenergéticos; Incorporar la participación del sector social; incorporar los criterios para la adquisición de los bioenergéticos por parte de la Secretaría de Energía; incorporar la disposición de preferencia de la producción nacional, sobre la importación de bioenergéticos; Atender la disposición en materia ambiental; Incorporar criterios de transparencia; participación de proveedores de la región; Modificar la fórmula para el cálculo del precio del etanol; Preservar los aranceles actuales a la importación de etanol; considerar un esquema que permita la participación de los productores de manera asociada; Establecer esquemas de apoyo a los productores de insumos; eliminar el requisito de capital social; modificar la NOM-086, para prohibir la utilización del MTBE; establecer requisitos que puedan ser cubiertos por los productores nacionales; aumentar el componente de etanol para preferir la producción nacional del insumos.

Compañeras y compañeros diputados: Pemex es la industria más importante del gobierno mexicano. A más de 70 años de su nacionalización ha sido estratégica para el país. Durante décadas el desarrollo de esta industria permitió no sólo desarrollar la industria petrolera hacia adentro sino, al mismo tiempo, fue factor fundamental del proceso de industrialización de nuestra nación.

Es necesario pues que esta paraestatal retome su papel estratégico para la que fue creada. Si bien es cierto que no todo es Estado, tampoco todo es mercado. Las instituciones como Pemex no tienen porqué responder sólo a criterios mercantilistas. Su función no sólo es tecnocrática y hacer crecer su rentabilidad a costa de lo que sea. Las instituciones –a decir de Sartori– son instrumentos de gobierno. Para tener buenos gobiernos se necesitan buenas y sólidas instituciones. Pemex es una de estas instituciones que debe ser vértice para detonar nuevamente el desarrollo del país. Los bioenergéticos son una alternativa donde Pemex juega un papel decisivo. De ahí nuestra insistencia en este tema.

Por lo anterior, sometemos a consideración del pleno de esta honorable soberanía proposición con

Punto de Acuerdo

Único:Se exhorta a la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos a revisar y modificar los términos de la licitación 1857611202209 para la adquisición de etanol anhidro para oxigenar las gasolinas de la zona metropolitana de Guadalajara, priorizando su adquisición a productores nacionales; incorpore la participación del sector social; incorpore los criterios para la adquisición de los bioenergéticos por parte de la Secretaría de Energía; incorpore la disposición de preferencia de la producción nacional, sobre la importación de bioenergéticos; atender la disposición en materia ambiental; incorpore criterios de transparencia; priorice la participación de proveedores de la región; modifique la fórmula para el cálculo del precio del etanol; preserve los aranceles actuales a la importación de etanol; considere un esquema que permita la participación de los productores de manera asociada; establezca esquemas de apoyo a los productores de insumos; elimine el requisito de capital social; modifique la NOM-086, para prohibir la utilización del MTBE; establezca requisitos que puedan ser cubiertos por los productores nacionales; aumente el componente de etanol para preferir la producción nacional del insumo, entre otros puntos.

Diputados: Cruz López Aguilar, Gerardo Sánchez García (rúbrica), José Tomás Carrillo Sánchez, Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Francisco Hernández Juárez, Federico Ovalle Vaquera.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Túrnese a la Comisión de Energía.

Continúe la Secretaría con documentos enviados por la Junta de Coordinación Política.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y Transportes, a agilizar el registro de los caminos rurales y de las carreteras alimentadoras de las entidades federativas, conforme a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, y transferir a los gobiernos de los estados los recursos correspondientes para la realización de las obras

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo decimocuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presentan los diputados Silvio Lagos Galindo y Genaro Mejía de la Merced, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se somete a la consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. Se extiende respetuosamente una excitativa a las Comisiones Ordinarias de Transportes y de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, con el propósito de que de inmediato tomen las medidas pertinentes a fin de asegurar que las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público encuentren los cauces legales que permitan poner en marcha las obras que en materia de comunicaciones y transportes beneficiaran a los estados de la República.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que amplíe el plazo establecido en el artículo transitorio decimoquinto del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la  (rúbrica)de Comunicaciones y Transportes den ingreso y trámite a las solicitudes de registro ya presentadas por los estados a los Centros SCT, y a su vez informen cuantos proyectos han sido validados e ingresados formalmente al proceso de registro.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2010.— Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Juan José Guerra Abud, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Reyes Tamez Guerra, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

«Proposición con punto de acuerdo, a cargo del diputado Silvio Lagos Galindo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a los secretarios de Hacienda y Crédito público y de comunicaciones y transportes, a que agilicen el registro de los caminos rurales y carreteras alimentadoras de las entidades federativas, conforme lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 y transfieran a los gobiernos de los estados los recursos correspondientes para la realización de las obras

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Que es obligación de la federación, los estados y los municipios construir y extender las redes de comunicaciones y transportes del país con el fin de que con su ampliación se permita la integración de las comunidades puesto que así lo dicta el apartado B, fracción IV, del artículo 2 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos; y

Segunda. Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, establece en su artículo decimoquinto transitorio que los proyectos del Programa de Infraestructura Económica de Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales del ramo 09 del propio Presupuesto que no cuenten con registro en la cartera de inversión, se habrán de ajustar a lo siguiente:

I. Las entidades federativas podrán, a partir del inicio del ejercicio fiscal y hasta el último día hábil de febrero, presentar dichos proyectos para su registro en la cartera de programas y proyectos de inversión. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a las disposiciones aplicables realizará el análisis y trámite correspondiente de manera expedita, con el objeto de que los proyectos inicien su ejecución a la brevedad posible;

II. Una vez que dicho proyecto cuente con registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, se realizarán los trámites conducentes para efectos de la suscripción del convenio de reasignación correspondiente en términos de las disposiciones aplicables;

III. El recurso reasignado a la entidad federativa estará sujeto al cumplimiento de la normatividad federal aplicable en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, su Reglamento, en las demás disposiciones aplicables y en lo conducente, a la normatividad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y

IV. Los recursos reasignados a las entidades federativas a que se hace referencia en este artículo, sólo podrán aplicarse a los proyectos para los que son autorizados, los cuales se detallan en el anexo respectivo de este decreto; en consecuencia, queda prohibido transferir o traspasar dichos recursos a cualquier otro programa o proyecto. Los recursos que no sean, utilizados u observan subejercicios se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 14 de este decreto.

Antecedentes

El total de recursos destinados a caminos rurales en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009, autoriza 15 mil 917.7 millones de pesos para estudios, proyectos y la realización de obras de infraestructura en materia de caminos rurales y alimentadores.

Fue así que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo decimoquinto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, los gobiernos de los estados han entregado, durante enero y hasta el día de hoy, a los Centros SCT los proyectos ejecutivos, estudios técnicos, ambientales y socioeconómicos de los proyectos que corresponden a los caminos rurales durante enero y hasta el día de hoy incluidos en el PEF de 2010 con el objetivo de obtener el registro de las obras autorizadas en el ramo 09 del citado Presupuesto, conforme a la evaluación de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con ello estar en posibilidades de recibir las transferencias de los recursos del gobierno federal para la ejecución de las obras correspondientes, tal como se señala en el transitorio décimo quinto del propio decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Sin embargo, lejos de observar los términos del citado artículo, en el sentido de procesar en forma ágil y expedita las solicitudes de registro, las dependencias federales parecen obstaculizar este proceso y a la fecha no se advierten resultados de las gestiones iniciadas por los gobiernos estatales.

Por lo expuesto, y ante la urgente necesidad de dar cumplimiento a las normas fundadas se exhorta al Ejecutivo federal para que dé cumplimiento al artículo decimoquinto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, e instruya a los secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes, a que autoricen y agilicen el registro de los caminos rurales y carreteras alimentadoras de las Entidades Federativas autorizados en el ramo 09, Anexo 30 del citado Presupuesto, a efecto de que se transfieran de inmediato los recursos correspondientes a los estados.

De la misma manera, se exhorta al secretario de la Función Pública a que realice una investigación detallada con respecto al incumplimiento del proceso de registro en la cartera de programas y proyectos de inversión y de la liberación de los recursos las obras del ramo 09, en el rubro de caminos rurales y carreteras alimentadoras, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 y aplique en el marco de sus atribuciones las sanciones correspondientes a los servidores públicos que resulten responsables.

Por lo antes expuesto se presenta el presente punto de acuerdo de obvia y urgente resolución con los siguientes

Resolutivos

Primero. Se extiende respetuosamente una excitativa a las comisiones ordinarias de Transportes, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, con el propósito de que de inmediato tomen las medidas pertinentes a fin de asegurar que las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público encuentren los cauces legales que permitan poner en marcha las obras que en materia de comunicaciones y transportes beneficiaran a los estados de la República.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público amplíe el plazo establecido en el artículo transitorio decimoquinto del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes den ingreso y trámite a las solicitudes de registro ya presentadas por los estados a los Centros SCT y a su vez informen cuantos proyectos han sido validados e ingresados formalmente al proceso de registro.

Diputado Silvio Lagos Galindo (rúbrica).»

Presidencia del diputado Francisco Javier Salazar Sáenz

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Pregunte a la asamblea en votación económica si se aprueba.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobado.

DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Se recibió de la diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se propone que los diputados integrantes de la Cámara de Diputados que donen un día de su dieta para la reconstrucción del patrimonio de las personas afectadas por las inundaciones ocurridas los días 4 y 5 de febrero del 2010, en la delegación Venustiano Carranza.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se propone que los diputados a la LXI Legislatura donen un día de dieta para reconstruir el patrimonio de los afectados por las inundaciones del 4 y 5 de febrero de 2010 en Venustiano Carranza, Distrito Federal, a cargo de la diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD

Vengo a esta tribuna para compartirles una de las vivencias más dolorosas que se han suscitado en la delegación Venustiano Carranza.

El pasado 4 de febrero del año en curso las colonias Moctezuma Segunda Sección, Pensador Mexicano, Arenal segunda, Arenal tercera, Arenal cuarta y Fraccionamiento Aeropuerto Arenal.

Colonias donde el agua alcanzó el metro con 60 centímetros de altura.

Al llegar a la colonia Arenales encuentro rostros desolados, niños sin zapatos vistiendo un short y una playera porque no hay nada más que ponerse. Mujeres y hombres que se vieron secuestrados en su propio hogar, adultos mayores que hacía más de dos días que no tienen agua para beber, familias  y otras que se encontraban refugiados en el segundo piso de sus domicilios.

Cubetas y lazos eran el mejor medio para los vecinos, de esta manera se allegaban de alimentos, agua, leche o una cobija. Escuche voces escalofriantes que solicitan a nuestro paso una mamila, pañales, leche, agua para sus hijos ó un medicamento porque tenían fiebre, dolor intenso de estomago, mareos, ojos irritados, etcétera.

La prioridad, hasta ahora, ha sido bajar los niveles de agua. Esta acción ha posibilitado que, por fin muchos vecinos de la zona hayan logrado ingresar a sus viviendas a tres días del desastre.

El recuento de los daños incluye, la pérdida de muebles, daños estructurales en las viviendas, automóviles inservibles, negocios que se perdieron, infraestructura urbana destrozada, ausencia total de energía eléctrica, la ropa, los papeles personales de los vecinos, todo en pérdida total.

Por tres y cuatro días muchas familias han cambiado su hogar por un aula del Conalep o la escuela cercana. Y a pesar de la ayuda que se les ha brindado, cualquier acción o ayuda traerá un gran alivio para estas más de 40 mil familias afectadas por el fenómeno hidrometereológico que vivimos en el Distrito Federal.

Las lanchas, así como camiones de bomberos, pipas, carros de volteo, las camionetas y los camiones de la Secretaría de Seguridad Pública, son los vehículos que sirven para que la gente llegue a su casa.

Pues son los únicos que por el nivel del agua pueden transitar por las calles de Coxcox, Xanixa, Maxtla, Xalostoc, Cocotli, Xanaguia, Xamimilulco, Moctezuma II, por mencionar algunas de las más de colonias afectadas.

Ante la adversidad los mexicanos nos hemos distinguidos por ser un pueblo que resurge de sus cenizas.

No han hecho mella en nuestra esencia los sismos, los incendios y los cataclismos. Hemos vivido la guerra y las depresiones económicas y de todas nos hemos levantado.

Todo con el instinto y con la capacidad del raciocinio. La solidaridad nos salvó del terremoto de 1985 y con la experiencia y el uso razonado de los recursos nos ha permitido ayudar a otros pueblos a levantarse.

Con esa experiencia, motivación, y ante el poder gigantesco de la naturaleza, debemos ser solidarios con nuestros propios hermanos, sin distingos de colores o ideologías, y donar parte de nuestra dieta para la reconstrucción de su vida.

En nuestros estados hemos sufrido embates de orden natural o hidrometereológico, para nadie es ajeno el rostro de la tragedia.

Por eso acudo a ustedes para solicitar su solidaridad con nuestros vecinos de la delegación Venustiano Carranza, tengan la seguridad que su contribución aliviará en gran medida la desventura de miles de familias que hoy viven en la desesperanza de haber perdido su patrimonio.

En consecuencia, los invito para que donemos un día de dieta para las familias que se encuentran sin casa, sin muebles, sin ropa, otras sin su automóvil, sin agua y con el servicio de energía eléctrica suspendido.

Por lo expuesto ante este honorable pleno propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Los integrantes de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión acuerdan, de manera voluntaria, responsable y solidaria, que se destine un día de dieta para la reconstrucción de la población afectada en la delegación Venustiano Carranza, en el Distrito Federal debido a las inundaciones ocurridas los días 4 y 5 de febrero del 2010, recursos que serán canalizados a través de las autoridades competentes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los once días del mes de febrero de 2010.— Diputada Esthela Damián Peralta (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE MICHOACAN

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Señoras y señores, en virtud de los acuerdos legislativos que tenemos celebrados para el desarrollo de las sesiones, pasamos al siguiente punto que es agenda política. Comentarios en relación al informe trimestral de actividades del grupo plural de trabajo para dar seguimiento al proceso judicial a que han sido sometidos ex servidores públicos del estado de Michoacán, detenidos por presuntos vínculos con organizaciones delictivas. Tiene la palabra el señor diputado Rubén Moreira Valdez.

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Gracias, presidente, con su permiso. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el 19 de febrero los integrantes del grupo plural de trabajo para dar seguimiento al proceso judicial al que han sido sometidos ex servidores públicos del estado de Michoacán, detenidos por presuntos vínculos con organizaciones delictivas, entregó a la Junta de Coordinación Política el primer informe trimestral, el cual fue aprobado por todos los integrantes, del que me permito hacer algunos comentarios.

Como es de su conocimiento, el 26 de mayo y el 29 de junio de 2009 ocurrieron hechos inéditos en el estado de Michoacán: la detención, arraigo y confinamiento de presidentes municipales y funcionarios de los gobiernos estatal y municipales. Un total de 35 servidores presuntamente vinculados con organizaciones delictivas fueron puestos a disposición de la justicia por delitos contra la salud y delincuencia organizada.

El acto fue conocido en el lenguaje coloquial como el Michoacanazo y ocurrió en vísperas del proceso electoral 2009.

El operativo realizado por los elementos de la Policía Federal Preventiva y el Ejército Mexicano en cumplimiento a diversas órdenes de localización, y la actuación del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de la SIEDO, despertó inquietudes en diversos sectores de la sociedad, por la forma en que fueron ejecutadas esas detenciones y por el perfil de los detenidos.

El supuesto golpe al narcotráfico que realizaron las fuerzas federales se convirtió en la causa de especialistas, políticos, defensores de derechos humanos y, por supuesto, de las familias de los inculpados, quienes calificaron los hechos como violatorios de las garantías individuales consagradas en la Constitución y solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, misma que emitió recomendación 072 de 2009, conformando violaciones graves en este tema.

Aun más, por primera vez en la historia reciente de México se integraron tres órganos legislativos para dar seguimiento simultáneo a los referidos acontecimientos: la Comisión Especial en el Congreso de Michoacán, el grupo plural en el Senado y un grupo plural en esta Cámara de Diputados. Éste último en funciones desde el 20 de octubre de 2009 por mandato de la Junta de Coordinación Política y de este pleno es integrado actualmente por los diputados Camilo Ramírez Puente, Víctor Manuel Báez Ceja, Juan Enrique Ibarra Pedroza y la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, a quienes reconozco su convicción de lucha a favor de los derechos humanos y su dedicación a la comisión que este pleno les encomendó.

Este grupo plural actúa con pleno respeto a su mandato y en apego a la esfera competencial de los Poderes de la Unión. En tal razón, se presenta el primer informe trimestral de actividades en su ejercicio democrático y de rendición de cuentas.

El grupo plural realizó visitas para obtener las versiones de las personas e instituciones que intervinieron en los hechos mencionados. Solicitó a los juzgadores información sobre la situación jurídica de los inculpados. Externó su opinión acerca de la conveniencia de que los detenidos fueran juzgados de manera pronta y expedita. Acudió a los centros de reclusión en los que éstos se encontraban. Exhortó a la autoridad competente para que fueran trasladados a centros de internamiento cercanos a sus domicilios y, finalmente, estuvo presente en Michoacán durante la liberación de 12 de los procesados.

Lo anterior se logró gracias a la valiosa colaboración de los familiares y abogados defensores de los inculpados, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, el colectivo de organizaciones de derechos humanos del estado de Michoacán, el Congreso y el Gobierno de aquel estado, la Cámara de Senadores, el Poder Judicial Federal, la Secretaría de Gobernación y de la Administración Pública Federal.

De acuerdo con la recomendación en comento, de fecha 30 de octubre de 2009, instancia que atendió oportunamente las quejas de los presuntos responsables, existieron violaciones a los derechos humanos de los inculpados, a las garantías constitucionales de legalidad, defensa adecuada, debido proceso, presunción de inocencia y seguridad jurídica.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomendó a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de la República reparar el daño ocasionado a los agraviados, tomar medidas para evitar represalias, iniciar investigaciones administrativas y averiguación previa contra algunos de los servidores públicos involucrados en los hechos, ajustar su actuación a la legislación penal, garantizar el derecho a la presunción de inocencia y a una defensa adecuada.

Es importante dar seguimiento al cumplimiento de dicha recomendación en todos y cada uno de sus apartados porque se refiere a graves violaciones a los derechos humanos por parte de estas autoridades, en el entendido de que no todas las recomendaciones se aceptaron y que en otros casos la autoridad no dio prueba de su cumplimiento.

En el informe del grupo plural se exhorta a las autoridades de administración e impartición de justicia a que se desahogue el proceso sin dilación y en los términos y plazos que prevé la legislación procesal mexicana.

También se plantea la necesidad de efectuar una minuciosa revisión a las figuras jurídicas del arraigo y el testigo protegido, porque ha quedado demostrada la necesidad de ponderar los alcances y riesgos que esta figura representa para los derechos humanos.

Actualmente, la autoridad que recurre a las figuras mencionadas carece de contrapesos que limiten su actuación y no está obligada a rendir cuentas de los mismos. La ley tampoco prevé sanciones a la autoridad y al testigo protegido que ofrecen un falso testimonio ni define cómo reparar el daño a las personas que han resultado perjudicadas.

Por tal razón, el grupo plural propone se estudien y analicen las figuras referidas y otras que puedan resultar lesivas a los derechos humanos. Este grupo plural reconoce la lucha contra la delincuencia organizada, pero no a costa de la violación de los derechos humanos. Se declara en contra del uso ilegítimo de la fuerza y de que a la sombra de ese combate se restrinja el disfrute y libre ejercicio de las garantías constitucionales.

El grupo plural de trabajo para dar seguimiento al proceso judicial al que han sido sometidos los ex servidores públicos del estado de Michoacán, detenidos por presuntos vínculos con organizaciones delictivas, reitera su compromiso con el estado de derecho, la paz y la seguridad de todos los mexicanos.

Por último; y con el debido respeto al Poder Judicial federal, manifestamos el interés de los familiares y de los inculpados para que los procesos judiciales que se llevan a cabo en Nayarit sean turnados a Michoacán, con la finalidad de facilitar una defensa adecuada en aras de los principios de economía procesal y acceso efectivo a la justicia.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, los invitamos a conocer el informe del grupo plural que se entregó a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados. Además, insistimos que los derechos humanos son el gran tema de nuestro país. Muchas gracias, señor presidente.

Presidencia del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.

La diputada María Dina Herrera Soto(desde la curul): Presidente, pido adherirme al informe. Insisto en que se esclarezcan los hechos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí. ¿Diputado Moreira...? Nada más que es un informe, no es propuesta.

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez:No tengo inconveniente, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Bueno, no tiene inconveniente el señor diputado en que se adhiera usted al informe, no hay problema. Gracias.

La diputada María Dina Herrera Soto(desde la curul): Presidente, a los hechos sucedidos en Michoacán no se les ha dado el debido seguimiento, porque todavía quedan situaciones por hacer justicia en ese estado. Queda todavía mucha gente detenida, como en el caso del distrito de Zitácuaro, donde se detuvo también al ex presidente municipal. Es por eso que hoy también quiero levantar la voz para pedir, junto con el diputado Moreira, que esto no se deje de lado. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputada. Diputado Ibarra Pedroza. Tiene el uso de la palabra el diputado Ibarra Pedroza, adelante, diputado, hasta por cinco minutos.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza:Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, el caso que nos ha relatado Rubén Moreira es un botón de muestra más del estrepitoso fracaso de la lucha del presidente de facto, Calderón, contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Es, además, una prueba irrefutable de cómo esa lucha ha estado acompañada de la ilegalidad y de la violación recurrente a los derechos humanos. Por un afán mediático, Calderón, en los meses aquí ya referidos –mayo y junio del año pasado– hizo una efectista detención de más de 40 servidores públicos de Michoacán.

Gracias a que esta Cámara integró el grupo plural y que estuvimos representantes de diversos partidos políticos en esa entidad, pudimos –en las conversaciones que tuvimos con diputados locales de diversos partidos, con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con familiares de los detenidos y, por supuesto también con los abogados– percatarnos de un sinfín de irregularidades e ilegalidades, y para disipar cualquier duda de la gravedad de estos hechos sólo basta referir, literalmente, algunos de los señalamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que acreditó esta vulneración a los michoacanos.

Violaciones de la autoridad a los derechos de legalidad, seguridad jurídica, presunción de inocencia, defensa adecuada, indebidos procesos derivados de los cateos practicados sin orden emitidos por la autoridad competente, y dilación de su puesta a disposición ante la autoridad ministerial del conocimiento, en perjuicio de los agraviados.

–Continúa la recomendación ya citada.

Se incurrió en violaciones al derecho a la legalidad, atribuibles a servidores públicos de la entonces denominada Policía Federal Preventiva, consistentes en allanamiento de diversos edificios en el estado de Michoacán. Violaciones al derecho a la legalidad y seguridad jurídica consistentes en dilación en la puesta a disposición de los agraviados ante la autoridad ministerial, atribuibles a la PFP. Violaciones a los derechos de presunción de inocencia y otra serie de imputaciones a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada) y de la PGR.

Éstas son sólo algunas de las aseveraciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero este asunto aún no ha concluido, todavía permanecen ilegal y arbitrariamente detenidos 22 servidores públicos de Michoacán. Por eso es importante que este grupo continúe haciendo el trabajo que esta representación le confirió.

No podemos enmudecer. No podemos ser indiferentes ante estos atracos, estas violaciones a los derechos humanos de parte de la Policía Federal, de parte también, como lo acredita la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de elementos del Ejército mexicano, que en el caso de Michoacán volvieron con toda impunidad a flagelar los derechos de ciudadanos.

Imagínense ustedes la tragedia que han sufrido las familias de esos servidores públicos, y pese a las recomendaciones de la CNDH a la PGR y a otras autoridades del gobierno federal para que resarzan los daños en diversos sentidos, ocasionados a los agraviados, éstos ni siquiera han recibido una disculpa de ninguna instancia de alguna autoridad federal.

Por eso tenemos que estar atentos y tenemos que persistir hasta que quienes están injustamente encarcelados logren su liberación. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputado.

Pasamos al siguiente punto del orden del día. Le pido a la Secretaría dé cuenta.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:¿No pidió la palabra para firmar?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): No, le pedí la palabra para intervenir.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Pase usted, diputado, con mucho gusto.

La diputada María Dina Herrera Soto (desde la curul): Yo también le pido la palabra para participar.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Cómo no, diputada.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Sí, es que, como hice una seña así, pensó que era firmar. No, es para intervenir. Le agradezco, diputado presidente.

Miren, compañeros, compañeras, diputados, diputadas. La verdad es que aquí, desde esta tribuna se ejerce con firmeza la crítica y hay que reconocer también cuando las tareas se llevan a cabo de manera correcta.

Yo quiero felicitar a la comisión que ha hecho esta tarea, que ha presentado este informe, porque siendo una comisión plural ha ido a la esencia del problema y ha realizado una tarea con seriedad, con responsabilidad, con entrega y que francamente me parece que esta soberanía debemos reconocerles. Ése tipo de trabajo es lo que dignifica la tarea legislativa y es lo que dignifica la tarea plural que tenemos como responsabilidad nosotros encomendada.

Ahora bien, yo no quiero dejar pasar varias cosas. Primero, la irresponsabilidad de los medios de comunicación que frente al conocido michoacanazo juzgaron y sentenciaron, hicieron polvo a los funcionarios michoacanos que fueron detenidos. Los declararon narcotraficantes, los declararon culpables, los agraviaron y el asunto quedó olvidado.

La irresponsabilidad del gobierno usurpador que con un interés electoral se fue contra los funcionarios de gobiernos perredistas, fundamentalmente, y que le sirvió de nada, porque el PRD arrasó en las elecciones federales en Michoacán.

La saña con que han actuado enviándolos a un penal de alta seguridad, además retirado del lugar de residencia. El hecho de que a la fecha sigan impunes quienes hacen cateos sin orden judicial, detenciones. De lo único que se salvaron las familias y los funcionarios fueron de las ejecuciones extrajudiciales que ya también realiza el Ejército o la PFP o el Ejército disfrazado de PFP.

Me parece que es muy grave que frente a la petición del gobernador Godoy al gobierno de facto de que emitieran las disculpas correspondientes, hayan respondido con la prepotencia y la arrogancia de que la PGR hizo mal su trabajo y que por eso fueron liberados, porque ellos consideran que son culpables.

Nada más que da la casualidad que quienes están en el gobierno usurpador no son jueces, –afortunadamente– y, por tanto, ellos tienen que apegarse al mandato de las autoridades judiciales que liberaron a los funcionarios que ya se encuentran en esta situación.

Todavía me comentaron diputados federales integrantes de esta Legislatura que fueron a hablar con el asesino de García Luna, y que García Luna los trató con absoluta prepotencia diciendo que no se iban a disculpar porque ellos consideraban que eran culpables los funcionarios que fueron detenidos.

La verdad es que la prepotencia, el abuso, la barbarie con que han venido funcionando éstos del gobierno de facto, es inaceptable. Me parece que esta soberanía también tendrá que plantearse muy pronto, con seriedad, la idea de revisar el funcionamiento de la Policía Federal Preventiva, de exigir que se respete el marco constitucional y devolver al Ejército a los cuarteles.

El Ejército no tiene ninguna facultad para hacer funciones policiacas, pero además no está preparado para ello. No saben tratar con civiles, sólo saben mandar y obedecer y no entienden de ningún razonamiento, de ningún ordenamiento legal de derechos humanos y de respeto a la dignidad de las personas.

Es muy preocupante lo que está sucediendo en el país. Michoacán tiene más de 500 quejas por violaciones a derechos humanos contra el Ejército; de ellas, más de 50 por asesinato de civiles en retenes militares. Es muy serio lo que está pasando.

Hace un par de días que estuvo aquí el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dijo que había –números más, números menos– mil 714 quejas contra el Ejército. La verdad es que no le acabo de creer, porque sólo en Michoacán hay más de 500. Chihuahua encabeza la lista y debe tener muchas más de 500. Y no creo que en éstos dos, sólo hay un tercio de quejas del resto del país, donde las violaciones a derechos humanos, los atropellos, las detenciones ilegales, los cateos, las revisiones absolutamente fuera del marco legal son cada vez más una constante en el país.

Así es que yo sumo mi voz a la felicitación a la Comisión. Efectivamente, espero que continúen su trabajo con la seriedad y responsabilidad que lo han venido realizando y espero que más temprano que tarde esta soberanía dé ya un alto, un ya basta a la militarización del país, a las violaciones a derechos humanos, a las detenciones arbitrarias, porque a la fecha el 72 por ciento de las personas detenidas, supuestamente acusadas de vínculos con el narcotráfico, son liberadas y la inmensa mayoría de ellas no son liberadas por cosas de corrupción o venalidad de los jueces, sino porque efectivamente no les han podido acreditar ninguna responsabilidad en los ilícitos que les han señalado. Les agradezco mucho, compañeros diputados, compañeras diputadas.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Dina Herrera.

La diputada María Dina Herrera Soto:Con su venia, señor presidente. Señoras diputadas y diputados aquí presentes, hoy vengo a esta tribuna ante ustedes, a decir que no podemos decir que México está en desarrollo, que no podemos tener un país libre, independiente, y en el marco del bicentenario, hechos como éste, de los detenidos de Michoacán, ofrecen la justicia que debe prevalecer en nuestro país.

Sabemos que en el estado de Michoacán el gobernador ha sido muy golpeado y que una vez que fueron detenidos jamás se realizó ninguna investigación sobre los funcionarios que llegaron a una cárcel de alta seguridad, como la del estado de Nayarit.

Hoy, las cosas siguen igual o peor. Tenemos que hacer conciencia de que desde este recinto y desde esta tribuna nuestra obligación es levantar la voz para que la justicia sea una realidad y, sobre todo, que no podemos seguir permitiendo hechos como éste.

Una disculpa no vale, porque ante el daño que se les hizo a las familias de los detenidos no habrá mil palabras, ninguna, ni un millón para resarcir los daños que ya les hicieron.

Por eso hoy, más allá de los partidos políticos, tenemos que pensar muy seriamente en cómo tenemos que actuar para responder a la gente que está esperando que se le haga justicia y de una manera leal se respete la legalidad que debe prevalecer en nuestro país.

No podemos tampoco permitir acciones o palabras como la del secretario de Gobernación, Gómez Mont, que dijo que estaban libres pero que no estaban absueltos. Eso no puede ser.

Por eso desde esta tribuna vengo también a sumarme a las voces de los que me antecedieron, para que se haga inmediatamente la investigación pertinente y los hechos se aclaren, y los que están en la cárcel tengan la posibilidad de salir de manera inmediata.

Hoy, si dejamos pasar la oportunidad de legislar realmente de acuerdo con nuestros principios, de acuerdo con los valores, de acuerdo con el marco en el que estamos viviendo, y muy cerca de celebrar el bicentenario, no tendríamos ninguna validez, ninguna razón de ser ni de estar en esta tribuna si no exigimos de manera inmediata, si no sumamos nuestras voces para que se dé la libertad, a la voz de ya, a estos presos que aún siguen padeciendo, cuyas familias están sufriendo más que nunca. Es todo, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputada.

Pasamos al siguiente punto del orden del día que es documentos enviados por la Junta de Coordinación Política. Pido a la Secretaría que dé cuenta de la comunicación enviada por la Junta de Coordinación.

COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con la petición de que sean publicados en la Gaceta Parlamentaria e integrados en el expediente correspondiente:

Bajas

1. Diputada Ana María Rojas Ruiz, baja como integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

2. Diputada Ana María Rojas Ruiz, baja como integrante de la Comisión de Equidad y Género.

3. Diputada Angélica del Rosario Araujo Lara, baja como integrante de la Comisión de Equidad y Género.

4. Diputada Angélica del Rosario Araujo Lara, baja como integrante de la Comisión de Turismo.

5. Diputada Angélica del Rosario Araujo Lara, baja como secretaria de la Comisión de Vivienda.

6. Diputada Sara Gabriela Montiel Solís, baja como integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

7. Diputada Sara Gabriela Montiel Solís, baja como integrante de la Comisión de Derechos Humanos.

8. Diputada Sara Gabriela Montiel Solís, baja como integrante de la Comisión de Equidad y Género.

9. Diputada Hilda Esthela Flores Escalera, baja como integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

10. Diputada Hilda Esthela Flores Escalera, baja como integrante de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

11. Diputada Fuensanta Patricia Jiménez Case, baja como secretaria de la Comisión del Distrito Federal.

12. Diputada Fuensanta Patricia Jiménez Case, baja como integrante de la Comisión de Participación Ciudadana.

13. Diputada Yulma Rocha Aguilar, baja como secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

14. Diputada Yulma Rocha Aguilar, baja como integrante de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo.

15. Diputado Juan Carlos Lastiri Quiroz, baja como integrante de la Comisión Desarrollo Social

16. Diputado Juan Carlos Lastiri Quiroz, baja como integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

17. Diputado Juan Carlos Lastiri Quiroz, baja como integrante de la Comisión de Transportes.

18. Diputado Rodolfo Torre Cantú, baja como integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

19. Diputado Rodolfo Torre Cantú, baja como integrante de la Comisión de Salud.

20. Diputado Javier Duarte de Ochoa, baja como integrante de la Comisión de Economía.

21. Diputado Javier Duarte de Ochoa, baja como integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

22. Diputado Jorge Herrera Caldera, baja como secretario de la Comisión de Transportes.

23. Diputado Jorge Herrera Caldera, baja como integrante de la Comisión de Participación Ciudadana.

24. Diputado Jorge Herrera Caldera, baja como integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

25. Diputado Jesús Everardo Villarreal Salinas, baja como secretario de la Comisión de Energía.

26. Diputado Jesús Everardo Villarreal Salinas, baja como integrante de la Comisión de Juventud y Deporte.

27. Diputado Eviel Pérez Magaña, baja como integrante de la Comisión Función Pública.

28. Diputado Eviel Pérez Magaña, baja como integrante de la Comisión de Transportes.

29. Diputado Eviel Pérez Magaña, baja como integrante de la Comisión de Pesca.

30. Diputado Silvio Lagos Galindo, baja como integrante de la Comisión de Justicia.

31. Diputado Felipe Enríquez Hernández, baja como integrante de la Comisión de Reforma Agraria.

32. Diputada Claudia Ruiz Massieu, baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

33. Diputado José Oscar Aguilar González, baja como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales.

34. Diputado Leobardo Soto Martínez, baja como integrante de la Comisión de Seguridad Social.

35. Diputada Claudia Ruiz Massieu, baja como integrante de la Comisión Especial sobre cambio climático.

Altas

1. Diputado Efraín Ernesto Aguilar Góngora, alta como integrante de la Comisión de Turismo.

2. Diputado Efraín Ernesto Aguilar Góngora, alta como secretario de la Comisión de Vivienda.

3. Diputado Enrique Salomón Rosas Ramírez, alta como Comisión de Reforma Agraria.

4. Diputado Noé Fernando Garza Flores, alta en la Comisión de Derechos Humanos.

5. Diputado Noé Fernando Garza Flores, alta en la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

6. Diputado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, alta como secretario de la Comisión del Distrito Federal.

7. Diputado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, alta como integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

8. Diputado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, alta como integrante de la Comisión de Justicia.

9. Diputado Guillermo Ruíz de Teresa, alta como secretario de la Comisión de Energía.

10. Diputado Maleo Ramírez Martínez, alta como integrante de la Comisión de Seguridad Social.

11. Diputado José Oscar Aguilar González, alta como integrante de la Comisión de Desarrollo Social.

12. Diputado Leobardo Soto Martínez, alta como integrante de la Comisión de Transportes.

13. Diputado Silvio Lagos Galindo, alta como integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

14. Diputado Morelos Canseco Gómez, alta como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales.

15. Diputado Pedro Ávila Nevárez, alta como integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

16. Diputado Pedro Ávila Nevárez, alta como secretario Comisión de Ciencia y Tecnología.

17. Diputado Pedro Ávila Nevárez, alta como integrante de la Comisión de Transportes.

18. Diputada Daniela Nadal Riquelme, alta como integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

19. Diputada Daniela Nadal Riquelme, alta como integrante de la Comisión Equidad y Genero.

20. Diputada Daniela Nadal Riquelme, alta como integrante de la Comisión de Participación Ciudadana.

21. Diputado Eric Rubio Barthell, alta como integrante de la Comisión Especial de acceso digital.

22. Diputada Claudia Ruiz Massieu, alta como integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

23. Diputada Mercedes del Carmen Guillén, alta como integrante de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los feminicidios registrados en México

24. Diputado Carlos Oznerol Pacheco, alta como integrante de la Comisión Especial para la atención de los asuntos de la frontera sur, encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo de la frontera sur de México.

25. Diputado Ángel Aguirre, alta como integrante de la Comisión Especial sobre cambio climático.

26. Diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, alta como integrante de la Comisión Especial para la lucha contra la trata de personas.

27. Diputada Laura Felicitas García Dávila, alta como integrante de la Comisión de Juventud y Deporte.

28. Diputada Laura Felicitas García Dávila, alta como integrante de la Comisión de Equidad y Genero.

29. Diputada Laura Felicitas García Dávila, alta como Integrante Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2010.— Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica), Presidente.»

Presidencia del diputado Francisco Javier Salazar Sáenz

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Muchas gracias, diputada.

En votación económica, pregunte a la asamblea si se aprueba.

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobada.

Acabemos de recibir un documento del Senado de la República.

PERMISO PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACION

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Mario Vázquez Raña para aceptar y usar la condecoración Manuel Amador Guerrero, en Grado de Gran Oficial, que le otorga el gobierno de la República de Panamá.

Atentamente

México, DF, a 23 de febrero de 2010.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

MinutaProyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Mario Vázquez Raña, para aceptar y usar la condecoración Manuel Amador Guerrero, en Grado de Gran Oficial, que le otorga el gobierno de la República de Panamá.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 25 de febrero de 2010.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente;senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de Gobernación.

Se ha agotado la agenda del orden del día. Le pido a la Secretaría dé lectura al orden de la próxima sesión.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.— Primer Año de Ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Martes 2 de marzo de 2010.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Los asuntos no abordados y los demás con los que la Mésa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: (15:30 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 2 de marzo a las 10 horas, informándoles que está el sistema electrónico abierto a partir de las 8:30 de la mañana.

————— O —————

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 4 horas 12 minutos• Quórum a la apertura de sesión: 325 diputados• Asistencia al cierre de registro:  407 diputados• Asistencia en verificación de quórum:  202 diputados• Diputado que solicita licencia: 1• Diputado que se reincorpora: 1• Diputada suplente que se incorpora: 1• Comisiones reglamentarias y protocolarias: 3• Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 1• Temas de agenda política tratados: 1• Oradores que participaron: 70PRI          26 PAN        6 PRD          16 PVEM     7 PT              13 NA          1  Conv.       1Se recibió o presentó:• 2 invitaciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a ceremonias cívicas conmemorativas;• 1 comunicación del Grupo Plural de trabajo para dar seguimiento al proceso judicial a que han sido sometidos ex servidores públicos del estado de Michoacán detenidos por presuntos vínculos con organizaciones delictivas, con el que remite su primer informe trimestral de actividades;• 1 oficio de la Mesa Directiva con el que remite, de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, tres oficios con los que da contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente;• 1 oficio de la Entidad Superior de Fiscalización del estado de Querétaro con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente;• 1 oficio de la Secretaría General de Gobierno del estado de Guerrero con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente;• 4 oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados;• 2 oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente;• 1 oficio de la Junta de Coordinación Política con los que comunica cambios en la integración de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables; de Equidad y Género; de Turismo; de Vivienda; de Derechos Humanos; de Fomento Cooperativo y Economía Social; del Distrito Federal; de Participación Ciudadana; de Ciencia y Tecnología; de Fortalecimiento al Federalismo; de Desarrollo Social; de Hacienda y Crédito Público; de Transportes; de Salud; de Economía; de Presupuesto y Cuenta Pública; de Transportes; de Energía; de Juventud y Deporte; de la Función Pública; de Pesca; de Justicia; de la Reforma Agraria; de Desarrollo Metropolitano; de Puntos Constitucionales; de Seguridad Social; Especial sobre Cambio Climático; de la Reforma Agraria; Especial de Acceso Digital; Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación con los feminicidios registrados en México; Especial para la atención de los asuntos de la frontera sur, encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo de la frontera sur de México; y Especial para la lucha contra la trata de personas;• 1 iniciativa de senador del PRI;• 1 minuta con proyecto de decreto;• 1 minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso a ciudadano para aceptar y usar la condecoración que le otorga el gobierno de la República de Panamá;• 5 iniciativas del PRI;• 1 iniciativa del PAN;• 2 iniciativas del PRD;• 4 iniciativas del PVEM;• 2 iniciativas del PT;• 1 iniciativa de Nueva Alianza;• 1 iniciativa de Convergencia;• 24 proposiciones con puntos de acuerdo

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION