SUMARIO

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Presidencia del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña

ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Pido a la Secretaría haga del conocimiento de la Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las diputadas y los diputados.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar : Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 274 diputadas y diputados. Por tanto hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (a las 11:31 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.— Primer Año de Ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Martes 2 de marzo de 2010.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Mesa Directiva

Del diputado Leandro Rafael García Bringas.

Reincorporación de ciudadano diputado.

Protesta de ciudadano diputado.

De la Junta de Coordinación Política.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Proyecto de declaratoria de reforma constitucional

Declaratoria de aprobación del proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II de la Base Cuarta del Apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Con el que remite informe sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro, correspondiente al periodo octubre-diciembre de 2009.

Con el que remite el cuarto informe trimestral de 2009 respecto de la operación y gestión de Petróleos Mexicanos.

Con el que remite el informe de avance del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, correspondiente al cuarto trimestre de 2009, así como las observaciones de dicha dependencia al mismo.

Tres, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente.

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por el que informa que en el mes de enero de 2010 el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, únicamente dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquélla que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Iniciativas

Que reforma los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 188 y 189 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Sergio Lobato García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Sabino Bautista Concepción, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Alberto Ezeta Salcedo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 160 Bis a la Ley Sobre el Contrato de Seguro, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro y suscrito por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3 y 6 de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, suscrita por los diputados María de Jesús Aguirre Maldonado, Teresa del Carmen Incháustegui Romero y Jaime Fernando Cárdenas Gracia, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y del Trabajo, respectivamente. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3 de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo del diputado Hugo Martínez González y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, suscrita por los diputados María de Lourdes Reynoso Femat y Alejandro Bahena Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 35, 40, 41, 71 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que expide la Ley Federal que Regula la Iniciativa Legislativa Ciudadana, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 101 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 32-A del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 99 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Malco Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la Diputada María Elena Pérez de Tejada Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la Diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 10 y 15 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, y los artículos 2 y 14 de la Ley General de Bibliotecas, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Samuel Moreno Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De la Comisión de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 y adiciona los artículos 33, 43 y 44 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De la Comisión de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 24 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De la Comisión de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto que reforma el artículo 84 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma el primer y segundo párrafos del artículo 16 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Semarnat y a sus Órganos desconcentrados Conagua y Profepa a llevar a cabo acciones para el saneamiento de la cuenca del río Atoyac-Zahuapan.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a diversas autoridades a reforzar las acciones de protección, recuperación y vigilancia en el parque nacional la Malinche.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Profepa a instalar una mesa de diálogo con relación al proyecto de Confinamiento de Desechos Industriales en Zimapán, Hidalgo.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a garantizar que los árboles de navidad naturales de importación cumplan con la normatividad en materia de sanidad forestal.

De la Comisión de Juventud y Deporte, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a diversos Congresos Estatales a crear una Comisión de Juventud y Deporte, y a los gobiernos estatales y municipales a crear órganos administrativos de apoyo a la juventud y el deporte nacional.

Dictámenes negativos

De la Comisión de Comunicaciones, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para Prevención de Actividades Ilícitas a través de Servicios Móviles de Telecomunicaciones.

De las Comisiones Unidas de Energía y de Comunicaciones, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

De la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior.

De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1399 del Código de Comercio.

De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 10 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 3o. de la Ley Federal de Competencia Económica.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para crear una Comisión Especial de carácter plural, que tenga por objeto analizar, investigar y dar seguimiento a las propuestas existentes en torno a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, particularmente en su artículo 68; así como solicitar a diversas comisiones a emitir opinión fundada sobre el objeto de estudio, a cargo de la diputada Esthela de Jesús Ponce Beltrán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhortar a los grupos parlamentarios, funcionarios federales, estatales y municipales a no politizar los problemas de inseguridad que aquejan a la sociedad juarense, a fin de trabajar de manera conjunta para dar fin a éstos y regresar a Ciudad Juárez la paz, la tranquilidad, la integridad y la seguridad, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer, a través de la SEP, las medidas que favorezcan la protección y conservación de las lenguas indígenas, especialmente aquellas en peligro de extinción, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la creación de la Comisión Nacional de Control y Seguimiento a la Comercialización del Café, así como la operación de un fondo de contingencia para el fortalecimiento de su precio en el país, a cargo del diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad de la Secretaría de Salud, al DIF y a la SEP un informe detallado del ejercicio del presupuesto para este sector vulnerable, así como el impacto al mismo, a cargo de la diputada Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sedesol y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que proporcionen información concreta sobre la utilización de los datos de medición de pobreza, las correcciones, modificaciones y/o supresiones de programas que hayan sido resultado de la aplicación de dichas evaluaciones, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la PGR que envíe un informe detallado sobre el estado que guarda la denuncia presentada por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Legítimo, sobre quiénes causaron la actual tragedia nacional, a cargo del diputado Mario di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación de esta soberanía que lleve a cabo una investigación sobre la presunta agresión sufrida por un corresponsal de Trece TV, televisora pública de Yucatán, por parte de una funcionaria de la Delegación de la Sedesol en dicha entidad, a cargo del diputado Rolando Zapata Bello, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente municipal de Córdoba, Veracruz, a conducirse con honestidad en el ejercicio de sus funciones constitucionales, y a no evadir el pago de impuestos que le corresponde realizar como titular de dicho ayuntamiento, a cargo del diputado Bernardo Téllez Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a coordinarse con la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal ante las inundaciones que se presentaron en días pasados en las delegaciones Venustiano Carranza, Coyoacán, Iztapalapa y Gustavo A. Madero, a cargo del diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se propone la creación de la Comisión Nacional para la Cohesión Social, a cargo del diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la SEDENA y de la SEMAR, ante las comisiones de Marina, de Defensa Nacional y de Derechos Humanos, para que informen sobre los resultados de su incorporación a tareas de seguridad pública y sobre el estado que guardan los casos de violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas armadas, a cargo del diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Salud, un Tomógrafo de altas especificaciones médicas dentro del paquete presupuestal asignado al sector salud en este ejercicio fiscal del año 2010, para el Hospital General “Dr. Ernesto Meana San Román” del municipio de Jojutla de Juárez, en el estado de Morelos, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades educativas del Gobierno del Estado de Tamaulipas a realizar las acciones necesarias para cubrir las plazas de maestros jubilados en el municipio de Matamoros, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a suspender de inmediato el cobro del impuesto sobre la renta en perjuicio de los pensionados y jubilados, y se devuelva este gravamen en caso de que haya sido indebidamente cobrado, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que el Gobierno de México replantee la estrategia de energía con un criterio de desarrollo del país y no de favorecimiento a los grandes capitales extranjeros y nacionales, a cargo del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFE y a la Segob a suspender la instrumentación de cualquier convenio destinado a desarrollar el proyecto de la cédula de identidad ciudadana, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar, a través de la SHCP, la fracción VI, numeral 41, de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano para incorporar el municipio como un integrante más del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Metropolitano, a cargo de la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión)

Con punto de acuerdo, para que las legisladoras y los legisladores de esta honorable Cámara de Diputados donen voluntariamente un día de su dieta para las damnificadas y los damnificados de los municipios de los estados de Michoacán, Guanajuato, Querétaro, de México, y del Distrito Federal a los órganos político administrativos de las delegaciones Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa, que fueron afectados por los fenómenos hidrometeorológicos ocurridos en los primeros días de este mes, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a pagar en una sola exhibición la cantidad que se adeuda a ex trabajadores migratorios, con recursos del patrimonio del Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incrementar los recursos destinados a la administración del patrimonio de la beneficencia pública estatal de San Luis Potosí para atender la salud de personas de escasos recursos y que carecen de seguridad social, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a revisar y, en su caso, reparar o adecuar, a través del director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la infraestructura de las 175 estaciones de la red de dicho sistema, a cargo del diputado Carlos Bello Otero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a las afectaciones por las precipitaciones pluviales e inundaciones de los días 2, 3, 4 y 5 de febrero de 2010, en municipios de los estados de México y de Michoacán, así como en 4 delegaciones del Distrito Federal, suscrito por los diputados Leticia Robles Colín y Vidal Lleneras Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la Sedesol, a la CNBV y a la PGR a investigar el otorgamiento de créditos por parte de la SHF y de la Conavi a través del Infonavit y de sociedades financieras en diferentes entidades del país, principalmente en el estado de México, por haber defraudado a miles de familias; asimismo que se cite a comparecer a estos organismos de vivienda, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a crear el Consejo de Atención Inmediata a las Comunidades y Municipios que Presentan Mayor Incidencia Delictiva en el País, a cargo del diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se formulan preguntas parlamentarias al Ejecutivo federal en relación con su reciente viaje a Davos, Suiza, la visita oficial a Japón y las reuniones celebradas sobre el ramo del petróleo, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a considerar y hacer suya una propuesta de modificación al punto 11 “Etiquetado”, de la Norma Oficial Mexicana 086-SSA-1994, a cargo del diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de Pemex ante esta soberanía, con el fin de cumplimentar el artículo décimo quinto transitorio de la Ley de Pemex e informe del programa de reestructuración de ese organismo, sus alcances, metas y acciones que deriven de su aplicación, a cargo del diputado Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos de los 31 estados de la república y del Distrito Federal, que no hubiesen elaborado sus respectivos programas de derechos humanos para que, en la medida de sus atribuciones, elaboren y expidan los mismos con el fin de coadyuvar y fortalecer los propósitos establecidos en el Programa Nacional de Derechos Humanos, a cargo del diputado Juan Pablo Escobar Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la STPS para que coordine y elabore un programa de empleo para los jóvenes del país, con la participación que corresponda a las demás entidades del Gobierno Federal, tomando en consideración, la asignación de recursos del presupuesto 2010, a cargo del diputado Onésimo Mariscales Delgadillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a aplicar, a través de la Conagua y al Gobierno del Estado de México, los recursos necesarios que prevengan las inundaciones en el municipio de San Mateo Atenco, en el estado de México, a cargo del diputado Sergio Octavio Germán Olivares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP que informe sobre la situación de las inversiones realizadas por el IMSS en la empresa Metromedia, a cargo del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la Coordinación General de Protección Civil de la Segob que envíe un informe detallado sobre la situación que guardan los 159 nosocomios identificados como focos rojos o de alta complejidad, así como para exhortar a la Comisión de Salud para que realice una reunión de trabajo con esa dependencia acerca del mismo tema, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la Semarnat para que emita un reglamento sobre la obligatoriedad de la planeación del cese de operaciones de las minas en México y que se garantice que no se generen pasivos ambientales para el futuro de nuestros hijos, a cargo del diputado Carlos Samuel Moreno Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que solicita a los miembros permanentes, invitados y participantes de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas que cada dependencia que la integra contribuya a crear un acervo especializado que contenga un banco de información correspondiente al tema de la Trata de Personas, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Segob, así como al Comité Técnico del Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos a tomar las medidas pertinentes para cubrir el pago correspondiente a los ex braceros o a sus beneficiarios, cuando éste se les haya negado por errores tipográficos o en el proceso de integración de su expediente los cuales son totalmente ajenos a su responsabilidad, así como a corregir los mismos, a cargo de la diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP que destine parte de los subejercicios a que se refiere el artículo 14 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 al fideicomiso 2106, con el fin de incrementar el patrimonio de éste y dar cauce al objeto por el que fue creado, suscrito por los diputados Diva Hadamira Gastélum Bajo y Manuel Guillermo Márquez Lizalde, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH a realizar, por conducto de la Visitaduría correspondiente, las investigaciones e inspecciones pertinentes a fin de determinar la existencia de violaciones a los derechos humanos en los penales de Durango, a cargo del diputado Bonifacio Herrera Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Junta de Coordinación Política, en uso de sus facultades, autorice a las autoridades competentes a fin de que investiguen qué autoridad u órgano de esta honorable Cámara de Diputados instruyó la interposición de la revisión adhesiva, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reconsiderar su decisión de disminuir las capacidades y potencialidades para enfrentar a la delincuencia en los municipios del país, a fin de garantizar que por lo menos a cada entidad de este nivel de gobierno se autorice el presupuesto que se le asignó durante el ejercicio fiscal 2009, a cargo del diputado Liborio Vidal Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Banco de México, a la SHCP, a la STPS, a la SE, a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y a la Profeco a instrumentar las medidas necesarias, urgentes y suficientes para proteger y compensar el creciente deterioro del poder adquisitivo de la clase trabajadora, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP y de la Segob a permitir, en cumplimiento de sus atribuciones y funciones, la salvaguarda de la integridad, los derechos y bienes de los integrantes de esta sociedad mexicana; así como a actuar de manera igualitaria en la atención y dar respuestas concretas y eficientes a las víctimas de la delincuencia y el crimen organizado, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar, a través de las instancias correspondientes y en ejercicio de sus atribuciones, el estado de Campeche como sede para la construcción de un centro de investigaciones espaciales, a cargo del diputado José Ignacio Seara Sierra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhortar al titular de la CFE a rendir un informe detallado de los reportes de eventos diarios que emite el Sistema Integral de Control Remoto y Acción de Datos instalados en los centros de operación de las redes de distribución de Ecatepec, Pedregal y Verónica, como causa de las inundaciones ocurridas en Chalco, Ecatepec e Iztapalapa, a cargo del diputado Eduardo Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir el Reglamento de la Ley de la Policía Federal e informar, a través del titular de la SSP, sobre las razones por las cuales no se ha publicado dicha norma, a cargo de la diputada Adriana Sarur Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea un grupo de trabajo para impulsar la reforma del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implementar campañas de difusión a favor de la donación de órganos, así como a realizar las acciones necesarias para la creación de estos servicios en los hospitales, a cargo del diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar, a través de la SRE, que en las festividades propias de las embajadas y consulados mexicanos, en el exterior, el consumo de vinos de mesa preferentemente mexicanos, con el objeto de expandir la industria vitivinícola del país, a cargo del diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SCT que dé respuesta al exhorto realizado por la Comisión Permanente el 5 de enero de 2010 para cancelar la decisión de privatizar 28 kilómetros de la vía 80 que corre de El Desperdicio a Lagos de Moreno, Jalisco, a cargo del diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reclasificar, a través de la SHCP, de la CFE y de la Sener, las tarifas de energía eléctrica en el estado de Veracruz, a cargo de la diputada Carolina Gudiño Corro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, con la finalidad de crear una Comisión Especial para dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos del Ejecutivo federal en la estrategia para la recomposición social e institucional de Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que instruya al titular de la SCT para que se integre, dentro de las bases de licitación pública nacional relativas a obra pública a precios unitarios y por tiempo determinado, lo relativo a las garantías de construcción y conservación de carreteras, caminos rurales, terracerías, pavimentación, señalamientos y obras complementarias, de conformidad con lo establecido en las Leyes Federal de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento, a cargo del diputado Ángel Aguirre Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Gobierno del Estado de Baja California a asignar los recursos necesarios para que se realicen los estudios del estado de salud y estatus de conservación de la población de Totoaba, en el Golfo de California, a cargo del diputado Sergio Tolento Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT que instale sistemas de aterrizaje por instrumentos en el aeropuerto de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a cargo de la diputada Cristabell Zamora Cabrera y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al DIF nacional y a los estatales y del Distrito Federal a realizar un censo de los albergues que operan en sus demarcaciones, con el objeto de conocer cuántos menores de edad tienen a su cuidado y sus condiciones, e implantar un programa permanente de supervisión de los albergues, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la huelga de Cananea, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a congelar el precio del diesel durante 2010 y a reorientar los subsidios de los comestibles, a cargo del diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia, ante esta soberanía, de los titulares de la Segob, de la SHCP, de la Sedesol, de la Semarnat, de la Sener, de la SE, de la Sagarpa, de la SCT, de la SFP, de la STPS, de la CFE, del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a fin de exponer un informe documentado, completo y detallado del estado en que se encuentra el decreto de extinción de LyFC, la situación que guarda su proceso de desincorporación y el estado en que se encuentra la prestación del servicio público de energía eléctrica en la región atendida por LyFC, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de la CFE a disponer la reubicación de la planta generadora de energía, dentro de la misma subestación Los Remedios, en razón de que genera contaminación ambiental acústica y daños a las construcciones de los habitantes de los fraccionamientos Jardines de San Mateo y Alcanfores, del municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México, a cargo del diputado Sergio Mancilla Zayas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del GDF a dar cumplimiento a la entrega del Subsidio para la Segundad Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, con la finalidad de que las dieciséis delegaciones beneficiadas ejerzan este subsidio de manera autónoma, conforme a la fórmula que refleja los criterios que estableció esta soberanía en el PEF 2010, a cargo de la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta de manera urgente al Ejecutivo federal a remover al titular de la STPS, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la honorable Cámara de Diputados a otorgar con la mayor brevedad seguridad social a todas las personas que prestan sus servicios en esta soberanía, sea a grupos parlamentarios o por el régimen de honorarios, a cargo del diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del Inegi para que se cuente bien a los mexicanos de los municipios del país y considere la idea de no disminuir a menos de la mitad las preguntas del cuestionario en el próximo censo general de población y vivienda, a cargo del diputado Josué Cirino Valdés Huezo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Excitativas

A la Comisión de Salud, a solicitud de los diputados José Antonio Yglesias Arreola, Antonio Benítez Lucho y Rodrigo Reina Liceaga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Gobernación, a solicitud del diputado Rolando Zapata Bello, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Felipe Solís Acero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Salud, a solicitud del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Agenda política

Comentarios en torno a los asesinatos en Ciudad Juárez, a cargo de la diputada Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios sobre las controversias constitucionales presentadas por diversos gobiernos estatales, respecto a las leyes vigentes en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios sobre los actos de saqueo y corrupción de Pemex, de César Nava y de otros panistas connotados, a cargo del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Comentarios sobre la militarización y violación de los derechos humanos en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Comentarios sobre la militarización del país e instalación de retenes militares en diferentes partes de la república, en particular en Querubabi, Sonora, a cargo del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Comentarios relativos a la partidización de los apoyos y la parcial participación de las autoridades del estado de México y del Distrito Federal en las inundaciones registradas en el oriente del estado de México y la capital del país, a cargo del diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Cometarios relativos al desalojo de los vecinos de la colonia Nuevo Sol, en el municipio de Tuxpan, Veracruz, a cargo del diputado Miguel Martín López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Efemérides

Con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a cargo de la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ésta ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veinticinco de febrero de dos mil diez, correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura

Presidencia del diputadoFrancisco Javier Ramírez Acuña

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 325 diputadas y diputados, a las 11 horas con 18 minutos del jueves 25 de febrero de 2010, el presidente declaró abierta la sesión.

En votación económica se dispensó la lectura del orden del día y enseguida del acta de la sesión anterior, la que se aprobó de la misma manera. Desde sus curules los diputados: Jaime Fernando Cárdenas Gracia y Porfirio Muñoz Ledo, del Partido del Trabajo; Pablo Escudero Morelos, del Partido Verde Ecologista de México proponen, a la Presidencia, sesionar los miércoles. El presidente realizó comentarios al respecto.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a las ceremonias cívicas conmemorativas:

• Del cuadringentésimo 485 aniversario luctuoso de Cuauhtémoc, último Huei Tlatoani de la Triple Alianza, el próximo 28 de febrero.

• Del 181 aniversario luctuoso de Josefa Ortiz de Domínguez, el próximo dos de marzo.

El presidente designó las comisiones de cortesía que asistirían a dichas ceremonias.

Se dio cuenta con el informe trimestral del Grupo Plural de Trabajo para dar seguimiento al proceso judicial a que han sido sometidos ex servidores públicos del estado de Michoacán detenidos por presuntos vínculos con organizaciones delictivas. De enterado.

Se dio cuenta con oficio de la Mesa Directiva, relativo a tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente que remite la Auditoría Superior de la Federación a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. De enterado. Se remitió al promovente.

Solicitó licencia el diputado Eviel Pérez Magaña, del Partido Revolucionario Institucional, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el primer distrito electoral del estado de Oaxaca, a partir del primero de marzo del presente año, por tiempo indefinido. En votación económica se aprobaron los puntos de acuerdo por los que se concedió la licencia solicitada y se llamó al suplente. Comuníquense.

Se dio cuenta con oficios que remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente:

• De la Entidad Superior de Fiscalización del estado de Querétaro, sobre el uso indebido de recursos públicos por parte del ex gobernador Francisco Garrido Patrón, en la adquisición de bienes inmuebles a su favor. Se remite al promovente para su conocimiento.

• De la Secretaría General de Gobierno de Guerrero, relativo a la implantación de procedimientos que dan cumplimiento a la recomendación numero 78/2009, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se remitió al promovente para su conocimiento.

Se dio cuenta con oficios de la Secretaría de Gobernación:

a) Cuatro, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

• Relativo a la declaratoria de zona de desastre de Michoacán y México. Se remitió a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

• Relativo a la declaratoria de zona de desastre a Michoacán. Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

• Relativo al apoyo a los municipios afectados en Querétaro por las inundaciones. Se remitió a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

• Relativo al apoyo a la población afectada de Tijuana, Baja California, por las contingencias climatológicas. Se remitió a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

b) Dos, con los que remitió contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente.

• Relativo a la hepatitis C. Se remitió al promovente, para su conocimiento.

• Relativo a la declaratoria de emergencia de Tijuana y Playas de Rosarito de Baja California. Se remitió al promovente, para su conocimiento.

Se dio cuenta con oficios de la Cámara de Senadores con los que remite:

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Carlos Jiménez Macías, del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social.

• Minuta con proyecto de decreto que adiciona una fracción II Bis al artículo 7o. de la Ley General de Asentamientos Humanos. Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

Se recibieron iniciativas con proyectos de decreto de los diputados:

• Guillermo Cueva Sada, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turnó a la Comisión de Justicia.

• Canek Vázquez Góngora, Andrés Massieu Fernández y Roberto Borge Ángulo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos 4 y 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión. Se turnó a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

• Arturo Zamora Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. Se turnó a la Comisión de Seguridad Social.

Se dio cuenta con las siguientes iniciativas con proyectos de decreto de los diputados:

• Gabriela Cuevas Barron, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud. Se turnó a la Comisión de Salud.

• Claudia Edith Anaya Mota, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turnó a la Comisión de Gobernación.

A las 11 horas con 54 minutos, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría instruyó el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de 407 diputadas y diputados.

Se recibió del diputado Juan Carlos Natale López, del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 20, 24, 25 y 26 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Herón Escobar García, del Partido del Trabajo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social.

El presidente informó a la asamblea que la ciudadana Laura Felícitas García Dávila, diputada federal suplente electa en el segundo distrito de Tamaulipas, se encuentra a las puertas del salón de sesiones y designó una comisión para introducirla al recinto y acto seguido rindió protesta y entró en funciones.

• Roberto Pérez de Alva Blanco, de Nueva Alianza, que reforma el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, de Convergencia, que reforma los artículos 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Salvador Caro Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional, en nombre propio y de diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, que reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Presidencia del diputadoFrancisco Javier Salazar Sáenz

• Sandra Méndez Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Ramón Jiménez López, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Guillermo Cueva Sada, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turnó a la Comisión de Equidad y Género.

• Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo, que reforma los artículos 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turnó las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Gobernación.

Presidencia del diputadoFrancisco Javier Ramírez Acuña

• Omar Fayad Meneses, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos 108, 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Alejandro Carabias Icaza, del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona un artículo 134 Bis y que reforma el artículo 141 de la Ley General de Salud. Se turnó a la Comisión de Salud.

La Secretaría dio lectura al oficio del diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente, por el que informa la reincorporación a sus actividades legislativas a partir del 1 de marzo de 2010. De enterado. Comuníquese.

Se recibieron proposiciones con puntos de acuerdo de los diputados:

• Esthela Ponce Beltrán, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo de Baja California Sur, para que realice las acciones conducentes a efecto de evitar más invasiones de predios en el estado, así como reubicar a los invasores actuales, con el objeto de propiciar una adecuada convivencia entre los miembros de la sociedad, garantizar los derechos jurídicos de los ciudadanos; fortalecer el orden social y cabal desarrollo económico de la entidad; así como la creación de una comisión especial que dé seguimiento a la problemática planteada. Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

• David Hernández Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República para que se hagan las investigaciones pertinentes a los hechos delictivos ocurridos en el Congreso local de Jalisco. Se turnó a la Comisión de Justicia.

• Caritina Saénz Vargas, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se solicita a las Comisiones de Economía, Turismo, Gobernación, Juventud y Deporte, Educación Pública y Servicios Educativos, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, a que estudien y emitan su opinión en torno a las ventajas que tendría establecer mayores mecanismos de promoción, visas, comercio, cooperación e intercambio para que las instancias pertinentes del gobierno federal puedan fortalecer y promover una política de mayor acercamiento en los ámbitos comerciales, turísticos, sociales, deportivos, educativos entre otros con el gobierno ruso a través de la representación de la Federación rusa en México. Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Se dio cuenta con las siguientes proposiciones con puntos de acuerdo de los diputados:

• Rafael Yerena Zambrano, del Partido Revolucionario Institucional, exhorta a los Congresos de Jalisco y de Nayarit, a que analicen, aprueben y eleven a iniciativa de decreto, los convenios de coordinación y asociación de los municipios de Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, Nayarit. Se turnó a la Comisión de Gobernación.

• José Manuel Agüero Tovar, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al comandante de la 24 zona militar, al secretario de Seguridad Pública y al Poder Ejecutivo de Morelos, para que en la actividad de sus funciones y acciones operativas en la lucha en contra de la delincuencia organizada, respeten las garantías individuales y derechos humanos de los ciudadanos morelenses. Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

• Leticia Quezada Contreras, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal y al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, para que lleven a cabo las acciones necesarias para determinar si fue legal el proceder de jueces y magistrados, respecto a las sentencias emitidas en los expedientes integrados con motivo de la probable responsabilidad penal por los delitos de pornografía infantil agravada imputada al sacerdote Rafael Muñiz López y otros. En votación económica se consideró de urgente resolución. Se consideró suficientemente discutido y en votación económica se aprobó. Comuníquese.

Se recibió del diputado Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo relativo al incumplimiento del gobierno federal del envío del Plan de Reducción de Emisiones a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que explique los criterios de asignación de las frecuencias del espectro radio eléctrico. Se turnó a la Comisión de Comunicaciones.

• Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido del Trabajo, en nombre propio y de diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios, por el que se exhorta al Consejo Nacional de Energía, para que en la estrategia nacional de energía que envíe al Congreso para su ratificación, considere la propuesta alternativa que se presenta, y que la Comisión de Energía de esta soberanía atienda este proyecto en el dictamen correspondiente. Se turnó a la Comisión de Energía.

• Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido del Trabajo, en nombre propio y de diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios, por el que se establece el procedimiento de foro, preguntas a funcionarios y dictamen que debe seguir la Comisión de Energía en la ratificación, modificación o rechazo de la estrategia nacional de energía. Se turnó a la Comisión de Energía.

• Claudia Edith Anaya Mota, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, otorgue los recursos económicos designados a las entidades federativas, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, a efecto de que no se retrase la implantación de las políticas públicas contempladas en cada una de éstas, y solicita tramite de urgente resolución. La Presidencia hace comentarios de procedimiento y turnó la proposición a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Desde su curul el diputado Pedro Ávila Nevárez, del Partido Revolucionario Institucional, realizó comentarios. El presidente hizo aclaraciones.

• Silvia Esther Pérez Ceballos, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal, a que ejerza con oportunidad, transparencia y equidad el presupuesto aprobado a la delegación Iztapalapa. Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

• Ramón Jiménez López, en nombre propio y del diputado Francisco Hernández Juárez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que acepte la recomendación 64/2008, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, relativa a la explosión de la mina ocho en Pasta de Conchos. Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

• María Felícitas Parra Becerra, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita al gobernador de Nayarit, envíe a esta soberanía un informe detallado sobre los avances y resultados del programa operativo coordinado, en el municipio de Tepic, Nayarit. Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

Se recibió de la diputada Florentina Rosario Morales, del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revise y resuelva el caso de Héctor Galindo Gochicoa y a la Secretaría de Seguridad Pública, para que efectúe su traslado al Distrito Federal. Se turnó a la Comisión de Justicia.

• Héctor Pedraza Olguín, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que instaure medidas que favorezcan al sector campesino y las correspondientes que contrarresten el alza de precios debido al aumento del costo de las gasolinas y del diesel. Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Economía.

Se recibió del diputado Leoncio Morán Sánchez, del Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo por el que se denuncian las actividades proselitistas partidistas del gobernador de Colima. Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

• Indira Vizcaíno Silva, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Economía, así como de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con relación a la situación de la industria automotriz. Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía.

• Óscar García Barrón, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de presidente del Comité Técnico que administra el fideicomiso de apoyo social de los ex trabajadores migratorios mexicanos, para que dé cumplimiento a diversas disposiciones que estable la ley que crea dicho fideicomiso. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo, solicitó a la Presidencia la verificación de quórum. El presidente concede dicha solicitud. Con un registro de 407 diputadas y diputados se verifica la existencia de quórum.

Desde su curul el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, realizó comentarios de procedimiento. El presidente hizo aclaraciones.

Continuó la presentación de proposiciones con puntos de acuerdo los diputados:

• Indira Vizcaíno Silva, del Partido de la Revolución Democrática, para que la Auditoría Superior de la Federación, realice una auditoría financiera de los recursos federales para el estado de Colima. Se turnó a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

• Germán Osvaldo Cortéz Sandoval, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que entregue al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes la totalidad de los recursos que fueron aprobados por esta soberanía para el ejercicio fiscal de 2009. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se recibió del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos y a los funcionarios que corresponda, para que informen a esta soberanía la situación jurídica que guardan los trabajadores de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, expulsados de sus centros de trabajo. Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

Se recibieron de la Junta de Coordinación Política los siguientes asuntos:

• Se recibió de los diputados Cruz López Aguilar, Gerardo Sánchez García, José Tomás Carrillo Sánchez, Manuel Humberto Cota Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional; y Francisco Hernández Juárez y Federico Ovalle Vaquera, del Partido de la Revolución Democrática; por el que exhortan a la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos para que se revisen y modifiquen los términos de la licitación 1857611202209 para la adquisición de etanol anhidro para oxigenar las gasolinas de la zona metropolitana de Guadalajara, priorizando su adquisición a productores nacionales. Se turnó a la Comisión de Energía.

La Secretaría dio lectura a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se extiende una excitativa a las comisiones ordinarias de Transporte, y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados, con el propósito de que de inmediato tomen las medidas pertinentes a fin de asegurar que las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público encuentren los cauces legales que permitan poner en marcha las obras que, en materia de comunicaciones y transportes, beneficiarán a los estados de la república. En votación económica se aprobó. Comuníquese.

Se recibió de la diputada Esthela Damián Peralta, del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo por el que se propone que los diputados de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, donen un día de su dieta para la reconstrucción del patrimonio de las personas afectadas por las inundaciones ocurridas los días 4 y 5 de febrero de 2010 en la delegación Venustiano Carranza, en el Distrito Federal. Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

Se refirieron al informe trimestral de actividades del grupo plural de trabajo para dar seguimiento al proceso judicial a que han sido sometidos ex servidores públicos del estado de Michoacán detenidos por presuntos vínculos con organizaciones delictivas los diputados: Rubén Moreira Valdez, del Partido Revolucionario Institucional; Juan Enrique Ibarra Pedroza, y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo y María Dina Herrera Soto, del Partido de la Revolución Democrática.

La Junta de Coordinación Política, puso a consideración de la asamblea los siguientes cambios de los diputados, del Partido Revolucionario Institucional:

• Ana María Rojas Ruiz cauce baja como integrante de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, y de Equidad y Género.

• Angélica Rosario Araujo Lara cauce baja como integrante de las Comisiones de Equidad y Género, y de Turismo; y como secretaria de la Comisión de Vivienda.

• Sara Gabriela Montiel Solís cauce baja como integrante de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, de Derechos Humanos, y de Equidad y Género.

• Hilda Esthela Flores Escalera cauce baja como integrante de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, y de Fomento Cooperativo y Economía Social.

• Fuensanta Patricia Jiménez Case cauce baja como secretaria de la Comisión del Distrito Federal y como integrante de la Comisión de Participación Ciudadana.

• Yulma Rocha Aguilar cauce baja como secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología y como integrante de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo.

• Juan Carlos Lastiri Quirós cauce baja como integrante de las Comisiones de Desarrollo Social, de Hacienda y Crédito Público, y de Transportes.

• Rodolfo Torre Cantú cauce baja como integrante de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, y de Salud.

• Javier Duarte de Ochoa cauce baja como integrante de las Comisiones de Economía, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Jorge Herrera Caldera cauce baja como secretario de las Comisiones de Transportes, de Participación Ciudadana, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Jesús Everardo Villarreal Salinas cauce baja como secretario de la Comisión de Energía y como integrante de la Comisión de Juventud y Deporte.

• Eviel Pérez Magaña cauce baja como integrante de las Comisiones de la Función Pública, de Transporte, y de Pesca.

• Silvio Lagos Galindo cauce baja como integrante de la Comisión de Justicia y alta en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Felipe Enríquez Hernández cauce baja como integrante de la Comisión de la Reforma Agraria.

• Claudia Ruiz Massieu Salinas cauce baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

• José Óscar Aguilar González cauce baja como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales y alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Social.

• Leobardo Soto Martínez cauce baja como integrante de la Comisión de Seguridad Social.

• Claudia Ruiz Massieu Salinas cauce baja como integrante de la Comisión Especial sobre Cambio Climático.

• Efraín Ernesto Aguilar Góngora cauce alta como integrante de la Comisión de Turismo y como secretario de la Comisión de Vivienda.

• Enrique Salomón Rosas Ramírez cauce alta como integrante de la Comisión de Reforma Agraria.

• Noé Fernando Garza Flores cauce alta como integrante de las Comisiones de Derechos Humanos, y de Fomento Cooperativo y Economía Social.

• Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre cauce alta como secretario de la Comisión del Distrito Federal y como integrante de las Comisiones de Desarrollo Metropolitano, y de Justicia.

• Guillermo Raúl Ruiz de Teresa cauce alta como secretario de la Comisión de Energía.

• Malco Ramírez Martínez cauce alta como integrante de la Comisión de Seguridad Social.

• Leobardo Soto Martínez cauce alta como integrante de la Comisión de Transportes.

• Morelos Canseco Gómez cauce alta como integrante en la Comisión de Puntos de Constitucionales.

• Pedro Ávila Nevárez cauce alta como integrante de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, de Ciencia y Tecnología, como secretario de Comisión de Ciencia y Tecnología; y como integrante de la Comisión de Transportes.

• Daniela Nadal Riquelme cauce alta como integrante de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, de Equidad y Género, y de Participación Ciudadana.

• Éric Rubio Barthell cauce alta como integrante de la Comisión Especial de acceso digital.

• Claudia Ruiz Massieu cauce alta como integrante en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Mercedes del Carmen Guillén Vicente cauce alta como integrante de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes con relación a los feminicidios registrados en México.

• Carlos Oznerol Pacheco cauce alta como integrante de la Comisión Especial para la atención de los asuntos de la frontera sur, encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo de la frontera sur de México.

• Ángel Aguirre cauce alta como integrante de la Comisión Especial sobre cambio climático.

• Sebastián Lerdo de Tejada cauce alta en la Comisión Especial para la lucha contra la trata de personas.

• Laura Felícitas García Dávila cauce alta como integrante de las Comisiones de Juventud y Deporte, de Equidad y Género, y de Atención a Grupos Vulnerables.

En votación económica se aprobaron.

Se recibió de la Cámara de Senadores minuta con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Mario Vázquez Raña para aceptar y usar la condecoración Manuel Amador Guerrero en grado de Gran Oficial, que le otorga el gobierno de la República de Panamá. Se turnó a la Comisión de Gobernación.

La Secretaría dio lectura al orden del día de la próxima sesión.

El presidente clausuró la sesión a las 15 horas con 30 minutos y citó para la próxima que tendrá lugar el martes 2 de marzo de 2010 a las 10:00 horas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada el acta. Continúe la Secretaría con comunicaciones.

DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción VIII, y 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente solicito que tenga a bien poner en consideración de esta soberanía que se me conceda licencia para separarme de mis funciones, a partir de 1 de marzo del presente año, como diputado federal de la presente legislatura, por un periodo indefinido. Asimismo, le solicito que sea llamado mi suplente, el doctor José Encarnación Uribe Pozos, a rendir la protesta del encargo de diputado federal.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 1 de marzo de 2010.— Diputado Leandro Rafael García Bringas (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : Puntos de acuerdo.

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Leandro Rafael García Bringas para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el XI distrito del estado de Veracruz, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese. Continuamos, señor secretario, con la reincorporación de diputados. Proceda la Secretaría a dar lectura a la comunicación del ciudadano Sergio González Hernández.

DIPUTADO QUE SE REINCORPORA

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el acuerdo de fecha 5 de enero del año en curso, emitido por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, por el que se me concede licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo de diputado federal, electo en la cuarta circunscripción plurinominal, al respecto me permito solicitarle autorización para reincorporarme a mis funciones como diputado federal a partir del 1 de marzo de la presente anualidad. Lo anterior, para los efectos procedentes a que haya lugar.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Tlaxcala, Tlaxcala, a 25 de febrero de 2010.— Diputado Sergio González Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De enterado. Comuníquese.

DIPUTADA SUPLENTE QUE SE INCORPORA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana Violeta Avilés Álvarez, diputada suplente electa en el distrito I del estado de Oaxaca.

Se designa en comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones a los siguientes diputados: Sofía Castro Ríos, Margarita Liborio Arrazola, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva y Rodrigo Pérez-Alonso González. Le pido a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple con su encargo)

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : Se invita a los presentes a ponerse de pie.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Ciudadana Violeta Avilés Álvarez, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

La ciudadana Violeta Avilés Álvarez: Sí protesto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande.

Muchas gracias. Continúe la Secretaría con oficio de la Junta de Coordinación Política.

COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Roberto Gil Zuarth, subcoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; por el diputado Alejandro Encinas Rodríguez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; por el diputado Juan José Guerra Abud, coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM; y por el diputado Pedro Jiménez León, coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia:

Grupo Parlamentario del PAN

• Que la diputada María Matilde Díaz de León cause alta como integrante en las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social, y de Economía.

• Que el diputado Humberto Macías Romero cause alta como integrante en la Comisión de Recursos Hidráulicos.

• Que el diputado Bernardo Margarito Téllez Juárez cause alta como integrante en la Comisión Especial de Citricultura.

• Que la diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza cause alta como integrante en la Comisión Especial de Citricultura.

Grupo Parlamentario del PRD

• Que la diputada Florentina Rosario Morales cause alta como secretaria en la Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur sureste de México.

• Que el diputado Filemón Navarro Aguilar cause alta como integrante en Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur sureste de México.

• Que el diputado Alejandro Encinas Rodríguez cause baja como integrante en las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Gobernación.

• Que el diputado Vidal Llerenas Morales cause alta como integrante en la Comisión de Gobernación.

• Que el diputado Federico Ovalle Vaquera cause baja como integrante de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.

Grupo Parlamentario del PVEM

• Que el diputado Guillermo Cueva Sada cause baja como integrante en la Comisión de Seguridad Social.

Grupo Parlamentario de Convergencia

• Que la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía cause baja como integrante en la Comisión Especial sobre la no discriminación.

• Que la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, cause alta como integrante en la Comisión Especial de Competitividad.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2010.— Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica), Presidente.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Continúe con comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento, solicitado por el diputado Juan José Guerra Abud, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

• Que la diputada Caritina Sáenz Vargas cause baja como integrante de la Comisión de Marina.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2010.— Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De enterado. Comuníquese.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Roberto Gil Zuarth, subcoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y por el diputado Pedro Jiménez León, coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia:

Grupo Parlamentario del PAN:

• Que el diputado Luis Enrique Mercado Sánchez, cause baja como integrante en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

• Que el diputado Humberto Macías Romero, cause alta como integrante en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

• Que el diputado Sixto Alfonso Zetina Soto, cause baja como integrante en la Comisión de Defensa Nacional.

• Que la diputada Gabriela Cuevas Barrón, cause alta como integrante en la Comisión de Defensa Nacional.

• Que el diputado Enrique Octavio Trejo Azuara, causa baja como integrante en el Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria.

• Que el diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, cause alta como integrante en el Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria.

• Que la diputada Laura Elena Estrada Rodríguez, cause baja como integrante en la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los femenicidios registrados en México.

• Que los diputados Carlos Alberto Pérez Cuevas y Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, causen alta como integrantes en la Comisión Especial para la Familia.

Grupo Parlamentario de Convergencia:

• Que la diputada Laura Arizmendi Campos, cause alta como integrante en la Comisión Especial de la Familia.

• Que la diputada Laura Piña Olmedo, cause alta como integrante en la Comisión Especial sobre la no discriminación.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2010.— Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De enterado y comuníquese. Continúe con oficios de la Junta de Coordinación Política.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos en comisiones especiales, solicitados por el diputado Roberto Gil Zuarth, subcoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado Alejandro Bahena Flores cause alta como integrante en las Comisiones Especiales de la industria automotriz, en materia de protección civil, y de la industria manufacturera de exportación.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2010.— Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De enterado y comuníquese. Proceda la Secretaría a dar cuenta con el oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite el proyecto de declaratoria que reforma la fracción II de la Base Cuarta del Apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULO 122 CONSTITUCIONAL

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Hago de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha la Cámara de Senadores realizó el escrutinio de 19 votos de las legislaturas de los estados y emitió la declaratoria de aprobación del proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II de la Base Cuarta del Apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Presidencia dictó el siguiente trámite: Comuníquese a la Cámara de Diputados para los efectos del segundo párrafo del artículo 135 constitucional.

En consecuencia, adjunto, remito el expediente que contiene los votos aprobatorios de los Congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Atentamente

México, DF, a 25 de febrero de 2010.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Declaratoria

El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución General de la República y previa la aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados, declara reformada la fracción II de la Base Cuarta del Apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma la fracción II de la Base Cuarta del Apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 122. ...

...

...

...

...

...

A. y B. ...

C. ...

Base Primera a Tercera. ...

Base Cuarta. ...

I. ...

II. La administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia, de los juzgados y demás órganos judiciales estará a cargo del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. El Consejo de la Judicatura tendrá siete miembros, uno de los cuales será el presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será del Consejo. Los miembros restantes serán un magistrado y dos jueces elegidos por mayoría de votos de las dos terceras partes del pleno de magistrados; uno designado por el jefe del Gobierno del Distrito Federal y otros dos nombrados por la Asamblea Legislativa. Todos los consejeros deberán reunir los requisitos exigidos para ser magistrado y serán personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades, en el caso de los elegidos por el pleno de magistrados deberán gozar, además, con reconocimiento por sus méritos profesionales en el ámbito judicial. Durarán cinco años en su cargo, serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo.

El consejo designará a los jueces del Distrito Federal, en los términos que las disposiciones prevean en materia de carrera judicial. También determinará el número y especialización por materia de las salas del tribunal y juzgados que integran el Poder Judicial del Distrito Federal, de conformidad con lo que establezca el propio consejo.

III. a VI. ...

Base Quinta. ...

D. a H. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, DF, a 25 de febrero de 2010.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente;senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Proceda la Secretaría a dar cuenta de la documentación enviada por los Congresos de los estados que integran el expediente remitido por la honorable Cámara de Senadores.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar : Señor presidente, el expediente contiene los documentos de los Congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, por los que comunican la aprobación de la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción II de la Base Cuarta del Apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos remitido por la Cámara de Senadores.

Asimismo, se informa que las legislaturas de los estados de Guanajuato y San Luis Potosí remitieron a esta Cámara de Diputados voto aprobatorio a la minuta.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Solicito por tanto a la Secretaría realice el cómputo correspondiente, a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de votos aprobatorios.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar : Señor presidente, del cómputo realizado se informa que se recibieron 21 votos aprobatorios correspondientes a las legislaturas de los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

En consecuencia esta Secretaría da fe de la recepción de 21 votos aprobatorios a la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción II de la Base Cuarta del Apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Senadores.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña :A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados, la Cámara de Diputados emite la siguiente declaratoria:

El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución General de la República y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados, declara reformada la fracción II de la Base Cuarta del Apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por tanto, pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

REPUBLICA DE CHILE

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Señoras diputadas y señores diputados, la Mesa Directiva de esta LXI Legislatura realiza el siguiente pronunciamiento:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Pronunciamiento de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, sobre el terremoto sucedido recientemente en Chile

Pronunciamientos

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos se solidariza con el pueblo y el gobierno de la República de Chile ante los trágicos acontecimientos causados por el reciente terremoto y expresa sus condolencias por la pérdida de vidas humanas.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos hace un llamado a la comunidad internacional para prestar ayuda humanitaria a la República de Chile.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos exhorta al gobierno mexicano a acudir, mediante las instituciones nacionales de salud, de asistencia social y demás necesarias en esta situación de urgencia, en auxilio de la población chilena.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2010.— La Mesa Directiva: Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica), Presidente; diputado Francisco Javier Salazar Sáenz (rúbrica), vicepresidente;diputado Felipe Solís Acero (rúbrica), vicepresidente;diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica), vicepresidente;diputada María Dolores del Río Sánchez (rúbrica), secretaria;diputada Georgina Trujillo Zentella, secretaria;diputado Balfre Vargas Cortez (rúbrica), secretario;diputado Carlos Samuel Moreno Terán (rúbrica), secretario;diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (rúbrica), secretario;diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar (rúbrica), secretario;diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Secretaria.»

ENOCH CANCINO CASAHONDA - VICTOR BALDERAS RANGEL - CARLOS MONTEMAYOR

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : De igual manera, honorable asamblea, la Mesa Directiva participa a todos ustedes del lamentable deceso de quien fuera diputado federal en la LII Legislatura, Enoch Cancino Casahonda, literato y poeta indígena.

Asimismo, del señor Víctor Balderas Rangel, padre de nuestro compañero, el señor diputado Víctor Alejandro Balderas Vaquera.

También, el fallecimiento del literato Carlos Montemayor.

Expresamos a todos sus familiares y amigos nuestras sinceras condolencias y pido a los presentes ponernos de pie para guardar un minuto de silencio.

(Minuto de silencio)

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Muchas gracias.

Continúe la Secretaría con oficios de la Secretaría de Gobernación.

SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en los artículos 5o., fracción XIII, 8o., fracción VIII, y 12, fracciones III, VIII y XIII, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número D00/100/ 034/2010, el licenciado Pedro Ordorica Leñero, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, envía el informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo octubre-diciembre de 2009.

Por lo anterior, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en éste se menciona, en forma impresa y medio magnético.

Atentamente

México, DF, a 25 de febrero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Manuel Minjares Jiménez, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, atentamente le solicito sea usted el amable conducto para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5o., fracción XIII, 8o., fracción VIII, y 12, fracciones III, VIII y XIII, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y en el artículo 151 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Por lo anterior, anexo al presente, me permito acompañar por duplicado el informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo octubre-diciembre de 2009, tanto impreso como en disco compacto, el cual fue aprobado por la Junta de Gobierno de esta comisión en su primera sesión extraordinaria de 2010 y que, de no existir inconveniente, deberá entregarse a cada una de las Cámaras del honorable Congreso de la Unión a la mayor brevedad posible.

Sin más por el momento, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 25 de febrero de 2010.— Licenciado Pedro Ordorica Leñero (rúbrica), presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social para su conocimiento.

PETROLEOS MEXICANOS

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número SPEDT/200. 72.10, el licenciado Carlos Petersen y Von Bauer, subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, remite el cuarto informe trimestral de 2009 respecto de la operación y gestión de Petróleos Mexicanos.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, envío para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de sus anexos.

Atentamente

México, DF, a 26 de febrero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.

Contador Público Manuel Minjares Jiménez, subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía.— Presente.

Anexo al presente oficio del subsecretario de Hidrocarburos, con el que remite el informe trimestral respecto de la operación y gestión de Petróleos Mexicanos, entregado por la Dirección General de la paraestatal el pasado 25 de febrero.

Lo anterior con el objeto de que, por su amable conducto, se haga llegar dicha información al honorable Congreso de la Unión, dando cumplimiento de lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Petróleos Mexicanos.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, 26 de febrero de 2010.— Licenciado Carlos Petersen y Von Bauer (rúbrica), secretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.

Licenciado Carlos Petersen y Von Bauer, subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía.— Presente.

Anexo al presente me permito enviarle el informe trimestral respecto de la operación y gestión de Petróleos Mexicanos, remitido a esta dependencia por el director general de la entidad paraestatal el 25 de febrero de 2009. Lo anterior, con objeto de que, por su conducto, se haga llegar dicha información al Congreso de la Unión, dando cumplimiento de lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Petróleos Mexicanos.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, 25 de febrero de 2010.— Mario Gabriel Budebo (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo.— Pemex.— Dirección General.

Doctora Georgina Kessel Martínez, secretaría de Energía.— Presente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 71, primer párrafo, de la Ley de Petróleos Mexicanos, adjunto al presente sírvase encontrar el cuarto informe trimestral de Petróleos Mexicanos.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 22 de febrero de 2010.— Juan José Suárez Coppel (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Energía para su conocimiento.

PETROLEOS MEXICANOS

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número SPEDT/200.74.10, el licenciado Carlos Petersen y Von Bauer, subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, remite el informe de avance del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios correspondiente al cuarto trimestre de 2009, así como las observaciones de dicha dependencia a éste.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes copia del oficio al que me he referido y de sus anexos.

Atentamente

México, DF, a 26 de febrero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.

Contador Público Manuel Minjares Jiménez, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Anexo al presente oficio del subsecretario de Hidrocarburos, con el que de conformidad con lo establecido en el artículo noveno transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007 (decreto), remite el informe del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, correspondiente al cuarto trimestre de 2009, entregado por Pemex el 29 de enero de 2010 a esta dependencia, así como las observaciones de la Secretaría de Energía a este informe.

Lo anterior con el objeto de que, por su amable conducto, se haga llegar dicha información al honorable Congreso de la Unión, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo noveno transitorio del decreto.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, 26 de febrero de 2010.— Licenciado Carlos Petersen y Von Bauer (rúbrica), subsecretario de Planeación Energética y Desa-rrollo Tecnológico.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.

Licenciado Carlos Petersen y Von Bauer, subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía.— Presente.

De conformidad con lo establecido en la fracción II del artículo noveno transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007, por este conducto me permito enviarle el informe del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, correspondiente al cuarto trimestre de 2009, entregado por Pemex el 29 de enero de 2010 a esta dependencia, así como las observaciones de la Secretaría de Energía a este informe. Lo anterior, con el objeto de que se haga llegar dicha información al Congreso de la Unión, dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo noveno transitorio del decreto.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, 25 de febrero de 2010.— Mario Gabriel Budebo (rúbrica), subsecretario de Hidrocarburos.»

«Escudo.— Pemex.— Dirección General.

Doctora Georgina Kessel Martínez, secretaría de Energía.— Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 71, primer párrafo de la Ley de Petróleos Mexicanos, adjunto al presente sírvase encontrar el cuarto informe trimestral de Petróleos Mexicanos.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

México, DF, a 22 de febrero de 2010.— Juan José Suárez Coppel (rúbrica), director general.»

«Observaciones de la Secretaría de Energía al cuarto informe trimestral 2009 del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios

Antecedentes

La Ley Federal de Derechos establece que Petróleos Mexicanos (Pemex) debe enviar al Congreso de la Unión, a través de la Secretaría de Energía (Sener), un informe trimestral durante los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre de cada año, con el seguimiento del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios (PEO), el cual debe ir acompañado de las observaciones de la Secretaría.

El informe, elaborado por Pemex y enviado a través de la Sener al Congreso de la Unión, presenta el avance de las acciones del programa y reporta los indicadores que reflejan el desempeño operativo de la paraestatal al cuarto trimestre de 2009. En este reporte, se compara el valor acumulado de enero a diciembre de 2009 contra la meta anual de 2009.

Las observaciones de la Sener a este informe trimestral se presentan en dos secciones:

• La primera, contiene observaciones generales al informe.

• La segunda, incluye comentarios a la información presentada por cada subsidiaria, así como una evaluación de su desempeño a partir de los principales indicadores reportados.

1. Primera Sección. Observaciones generales al informe

Con base en el análisis de la información presentada por Pemex, la Sener hace las siguientes observaciones generales al informe:

• Pemex presentó su propuesta para establecer las metas de referencia durante 2010. La Sener evaluará esta propuesta y establecerá las metas para dicho periodo.

• Pemex elaboró y presentó a la Sener una primera propuesta de estimación sobre el impacto que tiene el cumplimiento de las metas del informe del PEO sobre sus resultados financieros. La Sener evaluará esta propuesta para incluirla en los siguientes informes.

• El informe permite evaluar el desempeño operativo de Pemex e identificar las áreas sobre las cuales tiene que mejorar su desempeño. La Sener reitera a Pemex la importancia de contar con un planteamiento adecuado de premisas para establecer las metas, con el objetivo de fortalecer la evaluación y planeación del Organismo. También debe mejorar la calidad en sus pronósticos para evitar que situaciones previsibles incidan negativamente en su desempeño operativo.

• La Sener recomendó, en las observaciones realizadas al anterior informe trimestral, que cuando se detecten incumplimientos recurrentes al Programa (incumplimientos anuales o por más de dos trimestres seguidos), Pemex debe identificar las causas que los motivan, las acciones correctivas implementadas y explicar cómo estas acciones correctivas eliminarán la desviación respecto a las metas establecidas. Sener observó que el Organismo cumplió con la recomendación anterior en el presente informe.

2. Segunda Sección. Observaciones a la información reportada por cada organismo subsidiario y el corporativo

Criterios de Evaluación:

Para evaluar el cumplimiento de las metas de Pemex, se determinaron cuatro categorías de cumplimiento conforme a los criterios señalados en la siguiente tabla:

Nivel de                                                                          Criterio

Cumplimiento

1   Pemex cumplió las metas comprometidas en 2008 y en 2009

2 Pemex cumplió la meta comprometida en 2009, pero no en 2008

3 Pemex cumplió la meta comprometida en 2008, pero no en 2009

4 Pemex incumplió con las metas comprometidas para 2008 y 2009.

Pemex Exploración y Producción

En general, la información presentada por Pemex Exploración y Producción (PEP) atendió las recomendaciones de la secretaría, entre las que se destacan:

• El organismo presentó un apartado en donde se atendieron las observaciones hechas por la Sener en el trimestre anterior.

• En la sección “Fortalecer la ejecución de los proyectos de desarrollo para mejorar el factor de recuperación y desarrollar nuevas reservas”, Pemex mejoró la descripción de los proyectos.

• Pemex proporcionó las fechas en las que se conocerán los resultados de los estudios que se están realizando dentro del proyecto Cantarell.

• Se incluyó una sección llamada “Mejoras tangibles”, en la que se destacan algunas mejoras operativas logradas en 2009.

En la siguiente tabla se muestra, en resumen, el desempeño de la subsidiaria en el 2009:

A continuación se presenta el nivel de cumplimiento de los indicadores con mayor incidencia en el desempeño de la Subsidiaria y una breve explicación:

Nivel de cumplimiento 1

• Producción de gas total

Con base en la meta programada en 2009, PEP tuvo un desempeño sobresaliente al alcanzar una producción de gas hidrocarburo (sin nitrógeno) de 6,534 MMpcd, lo que representa un 1% más que la meta establecida. Cabe mencionar que el desempeño observado en 2008 también fue mayor a lo programado.

El organismo señaló que los principales factores que contribuyeron a su desempeño en 2009 fueron el incremento de la explotación en la zona de transición en Cantarell; la realización de intervenciones mayores en Samaria-Luna; los mejores resultados en el proyecto Crudo Ligero Marino ubicado en el litoral de Tabasco; y, una producción record de gas no asociado de 1 mil 515 millones de pies cúbicos por día en el proyecto Burgos.

No obstante lo anterior, Sener ha detectado que en las metas de producción de gas no se elimina el componente de gas enviado a la atmósfera, por lo que el desempeño en 2009 de PEP debe de matizarse a la luz de la problemática de la quema y venteo de gas.

En función de lo anterior, Sener solicita al organismo complementar la información, indicando con claridad la producción total de gas, la producción de gas aprovechado (no quemado, ni ventado) y la producción de gas aprovechado sin nitrógeno, señalando el valor real y la meta establecida en el POA 2009, para evaluar el desempeño de la subsidiaria de la mejor manera.

La meta de 2010, por tanto, deberá considerar estos ajustes para que el reporte de la producción de gas sea más preciso y adecuado.

• Ingresos totales

En este rubro la subsidiaria tuvo un desempeño sobresaliente en los años 2008 y 2009. La paraestatal precisó que las cifras del indicador para el año 2009 son preliminares, ya que el dictamen oficial de auditores externos a la contabilidad y estados financieros se encuentra pendiente. Cabe señalar que este desempeño se debe, fundamentalmente, a un factor externo que fue el precio promedio observado en 2009 de la mezcla mexicana de exportación (57.44 dólares/barril), mayor al precio programado originalmente (56.15 dólares/barril), lo cual contribuyó al desempeño sobresaliente de la subsidiaria.

Nivel de cumplimiento 2

•Éxito exploratorio comercial

Para el año 2009, PEP tuvo un desempeño aceptable conforme a la meta establecida. Cabe destacar que el desempeño observado en 2008 no cumplió con su meta mínima establecida (39%); el valor del indicador se reportó en 32%. Pemex mencionó que el valor del indicador para 2009 es preliminar debido a que está sujeto al resultado de la certificación internacional de las reservas.

Nivel de cumplimiento 4

•Producción de crudo total

PEP no cumplió con las metas establecidas para los años 2009 y 2008. Pemex señaló que la desviación se explica por una menor producción base, resultado del cierre de pozos por alta relación gas-aceite en Cantarell; el cierre de pozos por libranza en la plataforma May-A; y, el retraso en la construcción de infraestructura de producción en el proyecto Aceite Terciario del Golfo, también conocido como Chicontepec.

Derivado de lo anterior, el cumplimiento con respecto a la meta de producción de crudo en particular en los proyectos de Cantarell y Chicontepec fue menor en 106 y 40 miles de barriles por día, respectivamente.

La Sener considera que las acciones emprendidas por PEP en materia de libranzas han sido adecuadas porque se han reducido el número de fallas en los equipos que impactan en la producción y los costos, debido a la mejor planeación y programación de los mantenimientos en instalaciones terrestres y marinas.

La Sener sugiere al organismo continuar trabajando en el fortalecimiento de su capacidad de pronóstico de producción y del ritmo de declinación de Cantarell. Asimismo, la dependencia recomienda poner especial énfasis en el cumplimiento de los programas de perforación, terminación y construcción de infraestructura para alcanzar una mayor producción, especialmente en Chicontepec, toda vez que, si bien es un monto menor en términos de barriles producidos, la desviación con respecto al programa fue muy sustancial en términos porcentuales.

Pemex refinación

En la siguiente tabla se muestra, en resumen, el desempeño de la subsidiaria en el 2009:

A continuación se presenta el nivel de cumplimiento de los indicadores con mayor incidencia en el desempeño de la subsidiaria y una breve explicación:

Nivel de cumplimiento 1

•Rendimiento de destilados del crudo (gasolina, diesel y turbosina)

Este indicador se mantuvo en un nivel de cumplimiento aceptable durante 2009, aunque mostró un retroceso respecto al observado en el mismo periodo de 2008. El organismo reportó que las principales acciones que ayudaron a cumplir la meta fueron la implementación del Programa de Mejoramiento de Desempeño Operativo en la refinería de Cadereyta y la eliminación de cuellos de botella en la refinería de Salina Cruz. Las recomendaciones vinculadas a las áreas de oportunidad detectadas en el programa en Cadereyta, permitieron obtener un beneficio acumulado del orden de los 142 millones de dólares.

No obstante lo anterior, la Sener recomienda agilizar la implementación del Programa de Mejoramiento de Desempeño Operativo en el resto de las refinerías del Sistema Nacional de Refinación (SNR) y la eliminación de cuellos de botella en las refinerías Madero y Minatitlán, actualmente en marcha, de tal forma que se puedan incrementar los rendimientos de gasolina, diesel y turbosina en el corto plazo. Se solicitará a Pemex Refinación (PR) informar sobre los avances en la implementación de estas actividades, así como reportarlos a su Consejo de Administración.

•Utilización de la capacidad de destilación equivalente

PR mostró un nivel de cumplimiento sobresaliente respecto de la meta establecida para 2009 y aceptable en el 2008. Pemex mencionó que la principal causa por la que se cumplió esta meta fue el inicio del Programa de Confiabilidad Operacional en las seis refinerías del SNR.

La Sener recomienda acelerar la ejecución de dicho programa, así como reforzar el programa de mantenimiento, con el fin de incrementar la disponibilidad, confiabilidad y flexibilidad operativa de las instalaciones. Dichos programas son fundamentales para el mejoramiento de los resultados económicos y la operación segura de la refinación del crudo. Por ello se solicitará a Pemex ajustar los calendarios y reportar el avance de los programas a esta secretaría.

•Utilización de la capacidad de coquización

La subsidiaria tuvo un desempeño sobresaliente respecto de la meta establecida para 2009.1 Pemex explicó que el principal factor que contribuyó al cumplimiento de esta meta fue la instrumentación del Programa de Mejoramiento de Desempeño Operativo en la refinería de Cadereyta, especialmente lo relacionado con la reducción del reflujo interno a la fraccionadora principal de la coquizadora.

La Sener recomienda agilizar la optimización de la reconfiguración en la refinería de Madero (válvulas deslizantes en tambores de coquización), y que se publiquen a la brevedad las bases de licitación que incluyen el suministro, el desarrollo de ingeniería, la ejecución de los trabajos y la puesta en operación de éstos.

Nivel de cumplimiento 2

•Proceso de crudo

Para el año 2009, PR tuvo un desempeño aceptable conforme a la meta establecida. El procesamiento de crudo en 2009 fue ligeramente mayor al observado en 2008. Por su parte, el desempeño observado en 2008 no fue satisfactorio, al estar por debajo de lo programado.

La Sener considera que a pesar del cumplimiento de la meta de 2009 hay pendientes importantes que deben resolverse, específicamente el retraso en la reconfiguración de la refinería de Minatitlán, proyecto cuya planeación muestra claras deficiencias y sobre el cual el organismo se limitó únicamente a informar el nivel de avance de cada uno de los paquetes que lo conforman, sin explicar las razones del retraso.

Con base en lo anterior, para contar con los elementos suficientes para evaluar adecuadamente el desempeño en este rubro, se recomienda que el organismo informe por separado el impacto de cada una de las causas que incidieron en el retraso del proyecto y las acciones correctivas que se tomaron para evitar que esto ocurra en futuros proyectos. Asimismo, la Sener solicita al organismo incluir en el próximo informe el calendario definitivo de culminación del proyecto, así como el impacto en las variables del proyecto.

Pemex también debe ampliar la información respecto a los proyectos de reconfiguración y/o de nueva capacidad de las demás refinerías, para dar a conocer su grado de avance y definir cuándo estarán listos los estudios de preinversión. En particular se debe avanzar en la reconfiguración de Salamanca y en el nuevo tren de refinación de Tula.

Adicionalmente, se solicita a Pemex que informe sobre el impacto que tendrá, en los programas de inversión en las refinerías, el traslado de las funciones de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos (DCIDP) a la Dirección Corporativa de Operaciones (DCO) y a los organismos subsidiarios.

Nivel de cumplimiento 3

• Índice de intensidad energética

PR tuvo un desempeño por debajo de la meta establecida para 2009, mientras que en 2008 la había cumplido de manera sobresaliente. Pemex señaló las razones del incumplimiento, así como las acciones correctivas que consisten en la estabilización de las plantas en el SNR e incrementar la confiabilidad del área de fuerza y servicios principales, lo cual depende de la ejecución de diversos proyectos que requieren suficiencia presupuestal.

La Sener considera que las acciones contempladas por Pemex permitirán reducir el consumo energético en las refinerías. Sin embargo, es necesario que el organismo profundice en la implementación de mejores prácticas operativas, orientadas a la optimización de la eficiencia energética, que contribuyan al cumplimiento de la meta establecida en el corto plazo. Asimismo, se recomienda agilizar el proyecto de cogeneración en la refinería de Salamanca, así como identificar a la brevedad los proyectos de cogeneración que pudieran seguir a éste en los próximos años, lo que contribuirá a reducir el índice de intensidad energética de manera importante.

Nivel de cumplimiento 4

• Participación de los diferentes medios de transporte-Buque tanque.

PR ha incumplido con las metas establecidas para este indicador en 2009 y 2008. Pemex señaló las razones del incumplimiento y las acciones correctivas implantadas. Estas últimas consisten en el establecimiento de un programa de mantenimiento de buques y la continuación del Programa de Modernización del Transporte Marítimo, a fin de mejorar la confiabilidad y disponibilidad de la flota petrolera.

La Sener recomienda que el organismo acelere el proceso de renovación de su flota marítima, como fue autorizado por el Consejo de Administración de Pemex Refinación, ya que se tiene un rezago importante respecto al programa. Lo anterior es relevante ya que el buque tanque es el segundo medio de transporte más económico, después del ducto, para mover grandes volúmenes a grandes distancias. Una acción decidida en este sentido, contribuirá a cumplir con la meta establecida.

• Costo de transporte

PR mostró un desempeño poco satisfactorio en 2009 y 2008 con respecto a las metas establecidas para este indicador. El organismo se limita a mencionar algunos factores que contribuyeron a un mayor uso de auto-tanques como fue el hundimiento de la Monoboya número 1 en Tuxpan (noviembre de 2009); condiciones climatológicas adversas que impidieron la llegada de producto y requirieron de movilizar producto nacional por transporte terrestre; así como el uso masivo de este tipo de transporte para desalojar el combustóleo de las refinerías de Tula y Salamanca por altos inventarios.

La Sener solicitará al organismo especificar el impacto que tuvo cada factor en el costo promedio de transporte y las medidas correctivas aplicadas para mejorar este indicador.

La Sener considera que parte de la problemática se deriva de aspectos de falta de planeación que contribuyen al incremento en el costo de transporte. En particular, en el caso del combustóleo, se solicitará al organismo informar sobre la desviación observada en 2009 respecto al programa de inventarios, así como sobre el avance en los proyectos para desalojar por vía férrea (carro-tanques) el combustóleo hacia la costa.

• Emisiones de óxidos de azufre

PR no ha cumplido con las metas establecidas para 2009 y 2008. Pemex señaló como causas de desviación las reparaciones programadas y mantenimientos correctivos en diversas unidades recuperadoras de azufre del SNR.

La Sener recomienda acelerar las reparaciones y rehabilitaciones de las instalaciones con mayores rezagos (plantas de azufre, plantas de tratamiento de gases, etcétera), de tal forma que se evite un mayor deterioro en el indicador y se cumpla en un futuro con las metas establecidas.

Ante la mayor producción de azufre y su menor desplazamiento por condiciones de mercado, se requiere que Pemex tome las acciones pertinentes para evitar estar sujeto al mercado spot de este producto, como puede ser la instalación de peletizadoras, ya que el almacenamiento de azufre en las refinerías es limitado y pone en riesgo el procesamiento de crudo por altos inventarios.

• Días de autonomía de Pemex Magna en terminales

La subsidiaria tuvo un desempeño poco satisfactorio respecto de la meta establecida para 2009.2 Pemex explicó las causas de dicha desviación y las acciones correctivas que está tomando.

Sin embargo, el hundimiento de la Monoboya número 1 en Tuxpan, la ruptura del poliducto Tuxpan-Azcapotzalco y las condiciones climatológicas adversas en dicho puerto durante 2009 pusieron de manifiesto las deficiencias en la infraestructura de importación dentro del esquema de abasto y garantía de suministro a la región del altiplano.

Se recomienda al organismo dar celeridad al proyecto de infraestructura Tuxpan-México para dar mayor certeza al abasto de gasolina, principalmente a la zona metropolitana del Valle de México. Asimismo, la Sener recomienda reforzar las acciones de redimensionamiento, reubicación y construcción de nuevas terminales, que le permitan mantener su capacidad de almacenamiento en niveles óptimos.

Por otra parte, debido a que los altos inventarios de residuales en las refinerías del centro del país afectan el procesamiento de crudo, y por lo tanto la disponibilidad de gasolina Pemex Magna en las terminales de almacenamiento y reparto de sus zonas de influencia, lo que presiona a su vez la infraestructura de importación de destilados e incrementa el costo de transporte, se recomienda al organismo instrumentar una mejor solución para el desplazamiento de residuales de las refinerías de Salamanca y Tula, mientras los proyectos para la reconfiguración de la primera y la nueva refinería se concluyen.

Pemex Gas y Petroquímica Básica

A continuación se presentan comentarios a los resultados de los indicadores de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) para 2009, los cuales, en lo general, resultan satisfactorios ya que en la mayoría se reporta calificación aceptable o sobresaliente.

Sin embargo, como se referirá más adelante, el análisis de los datos de este informe, comparados con las metas originales del PEO (establecidas en 2007 y en 2008), indican que existen oportunidades para mejorar la operación del organismo subsidiario.

En la siguiente tabla se muestra, en resumen, el desempeño de la subsidiaria en el 2009:

De los indicadores reportados, 12 mostraron una mejora en 2009 respecto 2008 (40%). Por su parte, el 37% de los indicadores presentó un valor inferior y el 20% permaneció constante, ambos casos comparando los indicadores del 2009, con los del año previo.

Es comprensible que PGPB se vea afectado en su desempeño debido a la menor disponibilidad de gas y condensados por parte de Pemex Exploración y Producción (PEP). No obstante, más allá de esta explicación, es conveniente que la subsidiaria haga un esfuerzo por mejorar su eficiencia operativa y que se cuente con indicadores que la reflejen. Por ejemplo, un indicador que considere la disponibilidad de las plantas de PGPB (días del año en que estuvo disponible la planta para operar), sería independiente del volumen de gas y condensados que entregue PEP y permitiría analizar la eficiencia operativa del organismo.

A continuación se presenta el nivel de cumplimiento de los indicadores con mayor incidencia en el desempeño de la subsidiaria y una breve explicación:

Nivel de cumplimiento 1

• Costo promedio diario de transporte de gas seco

Este indicador tuvo un desempeño aceptable durante 2009 y en el año 2008. El organismo precisó que la cifra del indicador es preliminar y el valor definitivo será informado en el siguiente reporte trimestral al contarse con el cierre contable 2009, a finales de febrero 2010.

Si bien la meta para este indicador se modificó para el ejercicio 2009, ésta se redujo y se ubicó en el mismo valor que se tenía para 2008. Con base en lo anterior, se sugiere que en la revisión de metas se incluya una meta ambiciosa.

• Costos de operación por CPG

Este indicador mostró un desempeño sobresaliente en 2009 y 2008. A pesar del cumplimiento en 2009, el costo en este año es mayor 8% al costo registrado en 2008.

La Sener sugiere revisar la meta, ya que pese a que el indicador observado haya sufrido un incremento de 8%, conforme a la metodología establecida, es calificado como sobresaliente.

• Inyección de gas al SNG fuera de norma

Se obtuvo una calificación aceptable para 2008 y 2009. Este indicador muestra la cantidad de ocasiones que se inyectó gas natural al Sistema Nacional de Gasoductos fuera de las especificaciones establecidas en la norma.

No obstante lo anterior, es necesario que Pemex tome las acciones necesarias para que la calidad del gas natural que se inyecta al Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) cumpla con los estándares marcados en la norma, para lo cual debe presentar un calendario de inversiones a realizar.

• Cumplimiento de los proyectos de plantas criogénicas

Este indicador fue aceptable en 2009 y 2008. El organismo informa que el cumplimiento de los proyectos de plantas criogénicas ha sido del 100%.

La Sener considera conveniente conocer el programa de trabajo y el estado que guarda el proyecto de construcción de la planta criogénica de 200 MMpcd en el CPG Poza Rica. Lo anterior con objeto de conocer si el proyecto sufrirá alguna modificación dado el comportamiento de la producción del proyecto Aceite Terciario del Golfo, Chicontepec (ATG).

Asimismo, PGPB debe presentar información que muestre la forma en que las modificaciones en los escenarios de producción del proyecto ATG inciden sobre otros proyectos del organismo.

Nivel de cumplimiento 2

• Capacidad criogénica utilizada

Según el organismo, este indicador se ubicó en un nivel de cumplimiento sobresaliente en 2009, mientras que el desempeño observado en 2008 fue insuficiente.

El organismo señala que las principales acciones que ayudaron a cumplir la meta en 2009 fueron el incremento de la capacidad de recuperación de licuables por la entrada en operación de las plantas criogénicas 5 y 6 en Burgos.

La Sener considera que este indicador refleja un escenario positivo derivado de la disminución del valor en la meta para 2009, por lo que es necesario que PGPB establezca valores más ambiciosos en las siguientes revisiones de metas.

Producción de gas licuado

Este indicador tuvo un desempeño aceptable para el año 2009 e insuficiente para 2008, a pesar de que en este último año el valor del indicador fue superior al de 2008.

Lo anterior refleja que PGPB cuenta con una meta relativamente holgada respecto a lo que realmente puede alcanzar. La Sener sugiere revisar el nivel de esta meta.

• Producción de gasolinas por unidad procesada

El indicador mostró un desempeño sobresaliente en 2009, mientras que en 2008 fue insuficiente.

A pesar del cumplimiento en 2009 la producción de gasolinas en 2009 fue menor que en 2008. Pemex señaló que dicha disminución se debió a un menor procesamiento de condensados amargos, los cuales tienen mayor rendimiento de gasolinas naturales que los condensados dulces.

Se observa que las metas de PGPB se encuentran por debajo de lo que realmente puede lograr.

Nivel de cumplimiento 3

• Gastos de operación por energía producida.

Este indicador se ubicó, en un nivel de insuficiencia respecto de la meta establecida para 2009. Respecto a 2008 la calificación fue aceptable.

Se sugiere acelerar el proyecto Nuevo Pemex para mejorar la eficiencia energética y reducir gastos de operación asociados a un mejor manejo de la energía. También deben considerarse otros proyectos que mejoren la eficiencia energética del organismo.

• Costo real entre costo estimado de proyectos.

No se reportó el desempeño en este indicador. El organismo informa que el cálculo de este indicador considera el costo de los proyectos de plantas criogénicas en relación con el costo estimado, el cual se reportó en 2008 para las criogénicas 5 y 6 de Burgos, por esta razón no se reportó en el informe de cierre de 2009.

Es conveniente que se reporte el costo real en el avance del proyecto Poza Rica y comparar éste contra el costo programado.

Pemex Petroquímica

Al cierre de 2009, Pemex Petroquímica (PPQ) muestra importantes áreas de oportunidad en los indicadores más relevantes asociados a la eficiencia operativa del organismo, tales como gastos de operación, consumos de materias primas (“etano-etileno”, “gas natural-amoniaco”, “nafta-aromáticos”), productividad laboral, producción de petroquímicos, índice de atención a clientes, entre otros.

Es necesario que PPQ lleve a cabo acciones específicas que permitan prever y anticipar desviaciones a los resultados programados, optimizar el capital de trabajo, eliminar operaciones fuera de estándares aprobados, reducir costos de operación y mejorar la confiabilidad en el suministro a los clientes, entre otros.

En la siguiente tabla se muestra, en resumen, el desempeño de la subsidiaria en el 2009:

A continuación se presenta el nivel de cumplimiento de los indicadores con mayor incidencia en el desempeño de la subsidiaria y una breve explicación:

Nivel de cumplimiento 1

• Eficiencia en el uso de materias primas y energía vs estándares tecnológicos

Este indicador, según el organismo, se ubicó en niveles de cumplimiento aceptables (100 por ciento) tanto para la meta establecida para 2009 (97 por ciento) como para la correspondiente a 2008.

El organismo señala que una de las principales acciones que ayudaron a cumplir la meta fue la implantación de la metodología de estándares de consumo de materia prima y energéticos, la cual le permitió analizar el desempeño y la eficiencia operativa en función del consumo de materias primas y energía por cada tonelada de producto elaborada, logrando un beneficio equivalente a 1,703 millones de pesos.

Si bien Pemex Petroquímica tuvo un desempeño aceptable respecto a las metas establecidas en 2009 y 2008 para este indicador, la Sener, considerando que existen instalaciones con consumos de energía y de materias primas por arriba de los estándares establecidos (CPQ Pajaritos), recomienda al organismo extender la aplicación de la citada metodología a estas instalaciones, a fin de identificar alternativas que permitan reducir el consumo de materias primas y de energía, lo cual permitirá reducir costos de producción.

• Factor de insumo etileno-polietilenos AD y BD

El indicador, se ubicó en niveles de cumplimiento aceptables tanto para la meta establecida para 2009 (1.02) como para la meta de 2008 (1.02).

El organismo señala que, entre los principales factores que ayudaron a cumplir la meta destaca la continuidad operativa de las plantas de polietilenos, las cuales consumieron una menor cantidad de materia prima (etileno) por cada tonelada de polietilenos producida.

No obstante, se recomienda al organismo dar a conocer los beneficios, que en términos de consumo de etileno y de energía se han obtenido con la implantación de la metodología de estándares de consumo de materia prima y energéticos, a fin de extender la aplicación de las acciones realizadas en estas plantas, en todas aquellas instalaciones que no han alcanzado los estándares de consumo establecidos por el organismo.

Nivel de cumplimiento 3

• Factor de insumo etano-etileno.

Este indicador cumplió su meta en 2008. Sin embargo, para 2009 el consumo de materia prima (1.31) fue ligeramente superior a la meta establecida (1.30 ton/ton).

El organismo señala que las principales causas de desviación fueron los bajos niveles de utilización de la capacidad instalada de las plantas de etileno, ocasionada por la contracción del mercado de productos petroquímicos, así como a los trabajos de mantenimiento programados de las plantas de polietileno (Mitsui) y cloruro de vinilo, así como a trabajos de mantenimiento a la planta de etileno de Cangrejera (limpieza de cambiadores de calor), lo cual incrementó la relación etano/etileno, debido a las operaciones de paro y arranque.

Para corregir la desviación de este indicador, PPQ plantea realizar acciones orientadas a la exportación del etileno excedente, lo cual permitirá aumentar el nivel de utilización de las plantas de etileno, disminuyendo con ello el impacto en el consumo de etano, lo que permitirá cumplir con la meta establecida para este indicador.

Se observa que las acciones planteadas por el organismo para corregir la desviación, no han sido suficientes y no reflejan con claridad los compromisos que debió asumir PPQ para cumplir esta meta. Por lo cual es necesario que replantee su estrategia.

• Factor de insumo gas natural-amoniaco

Este indicador no cumplió su meta para 2009. El consumo de gas natural fue superior en 1.69 MMbtu/tonelada de amoniaco producida respecto de la meta establecida (23 MMbtu/ton).

El organismo informa que la desviación de este indicador es resultado del bajo rendimiento (gas natural/amoniaco) de la planta de amoniaco VI del CPQ Cosoleacaque, ocasionado por el agotamiento del catalizador. Asimismo, señala que también se debió al desfasamiento del programa de mantenimiento.

PPQ estima que este indicador cumplirá la meta establecida, una vez que se sustituya dicho catalizador. Dicha sustitución requiere de un paro de planta total, por lo que se remplazara a la brevedad posible para cumplir con los programas de producción y mantenimiento correspondientes al año 2010.

Se sugiere que además de sustituir el catalizador, el organismo identifique y lleve a cabo acciones específicas orientadas al mejoramiento de las prácticas operativas en las plantas de amoniaco que están en operación, así como a la planeación y cumplimiento de los programas de mantenimiento.

• Índice de productividad laboral

Este indicador no cumplió la meta establecida para 2009 (1,028 t/ plaza ocupada), presentando una desviación del 15%, lo que significó dejar de producir 153 toneladas de petroquímicos por trabajador, respecto de 2008. Lo anterior se deriva de la situación económica mundial que provocó la caída en la demanda de petroquímicos, principalmente cloruro de vinilo, etileno, óxido de etileno y polietilenos, así como en la cadena de aromáticos.

Así, la desviación de este indicador, según el organismo, se debe a la disminución de las toneladas producidas debido a una menor demanda (el numerador disminuyó, mientras que el denominador se mantuvo constante ­plantilla de trabajadores).

En cuanto a las acciones correctivas, el organismo menciona que este indicador, se vio fuertemente influenciado por el nivel de producción obtenido durante 2009 y que para el año 2010 la programación de la producción en la planta de aromáticos seguirá siendo con naftas importadas.

Se observa que tanto las causas de desviación como las acciones correctivas son insuficientes para explicar el comportamiento de este indicador, por lo que es necesario que el organismo incluya acciones específicas para corregir la desviación de este indicador.

Nivel de cumplimiento 4

• Factor de insumo nafta-aromáticos

PPQ no ha podido cumplir con las metas establecidas para este indicador en 2009 y 2008. El organismo señaló como causas de desviación el cambio de orientación del complejo de aromáticos a gasolinas, resultado del cierre de la planta cristalizadora de paraxileno desde agosto de 2008.

También informó que para el año 2010 la operación del tren de aromáticos continuará orientada hacia un esquema de elaboración de gasolinas con uso de nafta importada y permanecerá vigente mientras se desarrolla el proyecto de modernización del tren de aromáticos.

Es necesario que el organismo incluya un nuevo indicador que relacione las naftas con la producción de gasolinas esquema que estará vigente hasta que se reinicie la producción de paraxileno.

• Gastos de operación

PPQ no ha cumplido con las metas establecidas para este indicador en 2009 y 2008. El organismo señaló como causas de desviación la disminución en 23% de la producción de diversos productos petroquímicos de las cadenas del etano, de aromáticos y de propileno, de petrolíferos y de residuo largo, entre otros.

Se considera que las causas de desviación y las acciones correctivas que menciona PPQ en el informe no son suficientes para explicar el comportamiento de este indicador, por lo que se solicita incluir las acciones específicas para cumplir con la meta establecida.

Petróleos Mexicanos (Corporativo)

La Sener solicitó, en el trimestre pasado, que el organismo incluyera un cronograma de la implantación del proceso de planeación estratégica, sin embargo esta sugerencia no fue atendida, además de que no reporto ningún avance.

Por otra parte, el Corporativo de Pemex reporta 5 indicadores relacionados con la gestión de servicios médicos que provee la empresa. De éstos, todos cumplieron con meta establecida para 2009, mostrando calificaciones de “aceptable” (esperanza de vida, tiempo de espera del primer nivel, porcentaje de satisfacción al cliente y mortalidad materna directa) y “sobresaliente” (porcentaje de surtimiento de medicamentos).

Notas:

1 Este indicador se incorporó al Programa de Eficiencia Operativa (PEO) a partir del año 2009.

2 Este indicador se incorporó al PEO)a partir del año 2009.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Energía para su conocimiento.

HUELGAS DE MINEROS

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L.61-II-9-0673, signado por los diputados Felipe Solís Acero y María Teresa Ochoa Mejía, vicepresidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 0051, suscrito por el doctor Álvaro Castro Estrada, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la huelga de los mineros de Cananea.

Atentamente

México, DF, a 25 de febrero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas, titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Contador Público Manuel Minjares Jiménez, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/369/10, de fecha 4 de febrero de 2010, mediante el cual se remite el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en su sesión del 4 de febrero del presente año, por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación, y del Trabajo y Previsión Social a evitar un golpe de mano en contra de la huelga de los mineros de Cananea, Sombrerete y Taxco, a fin de que prevalezca en todo momento las vías de diálogo y la legalidad, esto en aras de preservar la paz social.

Al respecto, se señala lo siguiente:

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha señalado públicamente que garantizará el pleno respeto a los derechos de los ex trabajadores de la mina de Cananea durante su proceso de liquidación, luego de que el Segundo Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer Circuito confirmara el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) por el que se aprobó la terminación de las relaciones de trabajo, tanto individuales como colectiva, en la empresa Mexicana de Cananea, SA.

Cabe recordar que Mexicana de Cananea dio aviso a la JFCA de la terminación de las relaciones de trabajo y del contrato colectivo de trabajo, que tenía con sus trabajadores y el Sindicato Minero. Lo anterior, al amparo de !as disposiciones que para este tipo de casos prevé la Ley Federal del Trabajo y con base en el dictamen emitido por la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, que determinó en marzo de 2009 la imposibilidad de la mina para continuar con las labores propias de la concesión otorgada, derivado del grado de destrucción, vandalismo, pillaje y deterioro ocasionado a las instalaciones durante el periodo de la huelga; lo cual, conforme a la Ley Minera y su Reglamento, dieron origen a una causa de fuerza mayor no imputable a la empresa para cerrarla.

Siguiendo el procedimiento especial que indica la Ley Federal del Trabajo, la JFCA admitió a trámite la solicitud de la empresa y el 14 de abril de 2009 la propia JFCA cumplió con su obligación de ley y emitió el laudo correspondiente, en el que aprobó el aviso dado por la compañía, al actualizarse una causa de fuerza mayor no imputable al patrón, que traía como consecuencia inmediata y directa la terminación de las relaciones de trabajo y del contrato colectivo de trabajo. Asimismo, la JFCA, en dicha resolución, fijó la indemnización legal que cada uno de los trabajadores debía recibir, consistente en el importe de 3 meses de salario más su prima de antigüedad, que incluye el pago de doce días de salario por cada año de servicios prestados por el trabajador.

En virtud de la reciente resolución emitida por el Poder Judicial de la Federación, queda firme el referido laudo emitido por la JFCA, lo que traerá como consecuencia que se cuantifiquen las indemnizaciones de los hoy ex trabajadores, para que éstos las reciban por la conclusión del vínculo laboral con la empresa.

Por tanto, como resultado de esta decisión del Poder Judicial de la Federación, se debe continuar con la entrega de las indemnizaciones correspondientes a los ex trabajadores sindicalizados y de confianza, conforme a lo dispuesto en el referido laudo de la JFCA, por el que se condenó a la empresa a pagar la indemnización prevista en el artículo 436 de la Ley Federal del Trabajo.

En este proceso indemnizatorio, la STPS vigilará en forma escrupulosa que, en términos de ley, se respeten los derechos laborales de los ex trabajadores.

Con esta resolución se reactivará la economía de ese municipio, donde a los habitantes se les privó durante todo este largo tiempo, del derecho a trabajar en esa importante fuente de empleo y obtener una remuneración digna para solventar sus necesidades.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de febrero de 2010.— Doctor Álvaro Castro Estrada (rúbrica), subsecretario del Trabajo.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su conocimiento.

ESTADO DE GUERRERO

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-9-0692 signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Georgina Trujillo Zentella, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGF/319/2010, suscrito por el ciudadano Rubem Hofliger Topete, director general del Fondo de Desastres Naturales, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la declaratoria de zona de desastre al municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Atentamente

México, DF, a 25 de febrero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Manuel Minjares Jiménez, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SEL/UEL/311/405/10, de fecha 9 de febrero de 2010, dirigido inicialmente a la licenciada Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil, y que fuera recibido en esta Dirección General del Fondo de Desastres Naturales, DGF, el 11 de febrero del año en curso, por medio del cual se informa que mediante oficio DGPL 61-II-9-0692, de fecha 9 de febrero de 2010, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Georgina Trujillo Zentella, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de. Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, comunican a la Secretaría de Gobernación, Segob, el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 9 del presente mes y año, y cuyo resolutivo único se reproduce a continuación:

“Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación y de la Coordinación General de Protección Civil, para que en cumplimiento de sus atribuciones legales en materia de protección civil, emitan la declaratoria de emergencia y liberen los recursos del Fondo para Desastres Naturales para atender, en forma inmediata, al municipio de Chilpancingo de los Bravo, estado de Guerrero, con motivo del desastre ocurrido por las intensas lluvias acontecidas entre el 2 y el 4 de febrero de 2010.”

Sobre el particular, me permito solicitar atentamente a usted, sea el amable conducto para hacer del conocimiento de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados las acciones efectuadas en el marco del programa Fondo de Desastres Naturales, Fonden, en Guerrero, para dar atención a la ocurrencia de lluvias severas los días 3, 4 y 5 de febrero de 2010, y que se relacionan con el punto de acuerdo referido con antelación.

Para tales efectos y de manera previa, consideramos oportuno realizar las siguientes precisiones:

• En términos de lo dispuesto en el numeral 1 del “Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales”1 (en lo sucesivo las ROF), el Fondo de Desastres Naturales, Fonden, se define como un instrumento de coordinación intergubernamental e interinstitucional cuyo objeto es, bajo principios de corresponsabilidad, complementariedad, oportunidad y transparencia, ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador2 , en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil.

Para la realización de tales objetivos, el Fonden cuenta con los instrumentos siguientes, a través de los cuales, atendiendo a sus características y alcances, se autorizan suministros de auxilio o recursos para dar atención al fenómeno natural perturbador de que se trate:

a) ElFondo Revolvente Fonden, que sólo podrá ser utilizado cuando exista una declaratoria de emergencia y con ello que la DGF autorice la adquisición desuministros de auxilio conforme a la normatividad aplicable para responder de manera inmediata a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población afectada por situaciones de emergencia generadas o asociadas con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un fenómeno natural perturbador (numeral 3, fracción I, de las ROF, en concordancia con los artículos 1 y3del “Acuerdo que establece los Lineamientos para emitir las Declaratorias de Emergencia y la utilización del Fondo Revolvente Fonden”3 (en lo sucesivo losLineamientos) .

Cabe señalar que si bien es cierto a la DGF le corresponde autorizar la adquisición de suministros de auxilio con cargo al Fondo Revolvente Fonden, y coordinar el procedimiento de acceso a los mismos, también lo es que esta unidad administrativa no tiene a su cargo la entrega de tales suministros a las entidades federativas, municipios o delegaciones políticas en particular, dado que las entidades federativas son las encargadas de llevar a cabo dichas acciones, a través de las instancias estatales designadas para esos efectos.

b) ElFonden Reconstrucción (que incluye al Programa Fondo de Desastres Naturales del Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas” del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, y el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, en términos del numeral 3, fracciones II y III, de las propias ROF). Con cargo a este instrumentose autorizan recursos (ya sea del Programa Fonden o del Fideicomiso 2003 Fonden Federal), destinados a la restitución parcial o total de los daños sufridos por un fenómeno natural perturbador en los sectores de competencia federal, o de las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos en el Distrito Federal, previstos en las ROF, de acuerdo con los porcentajes de coparticipación establecidos; así como también a la mitigación de los daños a las viviendas de la población de bajos ingresos afectadas por un fenómeno natural perturbador.

Respecto de este instrumento se puntualiza que a la Segob, por conducto de la DGF, únicamente le corresponde coordinar el procedimiento de acceso a los recursos del Fonden Reconstrucción, dando cumplimento para tales efectos a los plazos, requisitos y formalidades establecidos en las ROF, motivo por el cual no autoriza, ni tiene a su cargo la entrega de los recursos autorizados a un municipio o delegación política en particular, así como tampoco actúa como ejecutora de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado.

• Ahora bien, para acceder a los instrumentos que opera el Fonden, es necesario que se cumpla previamente con los requisitos, formalidades y procedimientos establecidos en la normatividad aplicable a cada uno de ellos.

A ese respecto, diremos que para efectos de la autorización de suministros de auxilio (insumos) con cargo al FondoRevolvente Fonden, los Lineamientos establecen la necesidad de contar con una solicitud de declaratoria de emergencia, dirigida a la Coordinación General de Protección Civil, CGPC, de la Secretaría de Gobernación, Segob, debiendo estar suscrita por el titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente (o en su caso por el servidor público del nivel jerárquico inmediato inferior con facultades expresas para ello), en la que se describa, entre otros aspectos, el fenómeno natural perturbador origen de la situación de emergencia, los municipios u órganos político-administrativos en situación de emergencia, la población estimada que fue o pueda ser afectada con motivo de la emergencia, y señalar expresamente que ha sido rebasada la capacidad de respuesta de la Entidad Federativa y de los municipios u órganos político-administrativos respecto de los que se solicita la declaratoria de emergencia.

En ese mismo sentido, el artículo 7 de los lineamientos, dispone que las entidades federativas son las instancias facultadas para solicitar a la Segob, la emisión de una declaratoria de emergencia, motivo éste por el que los municipios u órganos político-administrativos deberán establecer los mecanismos de coordinación necesarios con la Entidad Federativa a la que pertenezcan para efectos de ser considerados en una solicitud.

Es importante manifestar que, según se adelantaba, los insumos autorizados para la atención de una emergencia determinada, bajo ninguna circunstancia son proporcionados directamente a la población en general, o bien, a las autoridades municipales, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de los Lineamientos, dichos insumos son entregados por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, DGRMSG, de la Segob, a la entidad federativa de que se trate, para que la misma proceda a su posterior distribución.

Por su parte, y para efectos de la autorización de los recursos con cargo al Fonden Reconstrucción, las ROF establecen que una vez corroborada la existencia del fenómeno natural perturbador por parte de la instancia técnica facultada para ello4 , el gobierno de la entidad federativa afectada debe presentar una solicitud de Declaratoria de Desastre, suscrita por el titular del Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente, dirigida a la CGPC, de la Segob, en la que se deberá manifestar, entre otros aspectos, la descripción del fenómeno natural perturbador de que se trate, la fecha de su ocurrencia, los municipios u órganos político-administrativos que hayan sido previamente corroborados por la instancia técnica facultada respectiva como afectados por el fenómeno en cuestión, y la manifestación de que ha sido rebasada su capacidad financiera y operativa, para atender por sí misma la totalidad de los efectos producidos por éste.

No se omite señalar que los recursosque se autorizan con cargo a este instrumento del Fonden para llevar a cabo labores de reconstrucción en los sectores de competencia de las entidades federativas, son transferidos del Fideicomiso 2003 Fonden Federal al Fideicomiso Fonden Estatal5 de la entidad federativa en donde se haya presentado el desastre, a fin de que la ejecución de obras y acciones de reconstrucción sean realizadas por las propias entidades federativas, a través de las instancias ejecutoras estatales designadas para ello.

Visto lo anterior, se informa que durante el presente ejercicio fiscal, el gobierno del estado de Guerrero ha presentado una solicitud de Declaratoria de Emergencia, con la finalidad de dar atención a la “...presencia del fenómeno de origen hidrometeorológico denominado corriente de chorro... (y) ... el frente frío número 29...” (fenómeno que se corroboró, según se verá, como ocurrencia de lluvias severas los días 4 y 5 de febrero de 2010), y una solicitud de Declaratoria de Desastre Natural por los fenómenos naturales perturbadores mencionados (corroborándose en este caso como lluvia severa los días 3, 4 y 5 de febrero de 2010). Cabe señalar que en ambas solicitudes se incluyó, entre otros, al municipio de Chilpancingo de los Bravo, el cual fue corroborado en ambos casos como municipio afectado.

En ese orden de ideas, procedemos a informar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respecto de las acciones que la Segob, por conducto de la DGF y a través de los instrumentos Fondo Revolvente Fonden y Fonden Reconstrucción, ha llevado a cabo para dar atención a la ocurrencia de lluvia severa los días 3, 4 y 5 de enero de 2010 en la Entidad Federativa que nos ocupa.

Fondo Revolvente Fonden

Declaratoria de emergencia por la ocurrencia de lluvia severa los días 3, 4 y 5 de febrero de 2010, en 30 municipios de Guerrero.

• Mediante oficio sin número, de fecha 8 de febrero del presente año, el Gobernador del Estado de Guerrero, solicitó a la CGPC la emisión de la declaratoria de emergencia para 30 municipios de esa Entidad Federativa: Chilpancingo de los Bravo, Juan R. Escudero, Eduardo Neri, Leonardo Bravo, General Heliodoro Castillo, Zitlala, José Joaquín de Herrera, San Luis Acatlán. José Azueta (Zihuatanejo), Técpan de Galeana, Benito Juárez, Atoyac de Álvarez, Coyuca de Benítez, Acatepec, Alcozauca de Guerrero, Atlamajalcingo del Monte, Metlatonóc, Tlapa de Comonfort, Atlixtac, Zapotitlán Tablas, Cochoapa el Grande, Malinaltepec, Iliatenco, Copanatoyac, Tlacoapa, San Miguel Totolapan, Cutzamala de Pinzón, Pungarabato, Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso, por “...la presencia del fenómeno de origen hidrometeorológico denominado corriente de chorro (fuertes vientos que se manifiestan en los niveles altos, que superan los 150 k.p.h.), aunado a las aguas calidas del Pacífico, que comenzaron a afectar a la entidad a partir del3 al 5 de febrero del presente año, asimismo en ese período se manifestó el frente frío número 29”.

• Con oficio CGPC/184/2010, de fecha 8 de febrero de 2010, la CGPC solicitó a la Comisión Nacional del Agua, Conagua, la emisión del dictamen técnico correspondiente.

• Dicha solicitud fue atendida mediante oficio BOO.- 216, de fecha 10 de febrero de 2010, en el que se corroboró la ocurrencia de lluvias severas los días 4 y 5 de febrero de 2010, para los30 municipios de esa entidad federativa solicitados.

• Mediante boletín de prensa 50/10, de fecha 10 de febrero del año en curso, la CGPC difundió la declaratoria de emergencia para los municipios antes mencionados del Estado de Guerrero, afectados por las lluvias severas los días, 3, 4 y 5 de febrero del año que transcurre, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de 2010.

• Con base en lo anterior, al día de la fecha el gobierno de Guerrero ha presentado dos solicitudes de insumos, que se autorizaron de la manera siguiente:

No obstante, cabe señalar que si bien es cierto a la DGF le corresponde autorizar la adquisición de suministros de auxilio con cargo al Fondo Revolvente Fonden, y coordinar el procedimiento de acceso a los mismos, también lo es que esta unidad administrativa no tiene a su cargo la adquisición y la entrega de tales suministros a las entidades federativas, municipios o delegaciones políticas en particular, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de los Lineamientos, dichos insumos son adquiridos por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, DGRMSG, de la Segob, y entregados por dicha unidad administrativa a la entidad federativa de que se trate, a efecto de que esta última proceda a su posterior distribución.

• Al día de la fecha, la declaratoria de emergencia continúa abierta, razón ésta por la que aún no se concluye con la atención de la emergencia en la entidad federativa en comento.

Fonden Reconstrucción

Lluvias severas los días 3, 4 y 5 de febrero de 2010.

• Mediante oficio sin número de fecha 8 de febrero de 2010, en cumplimiento al numeral 7 de las ROF, el Gobernador del Estado de Guerrero solicitó a la Conagua opinión técnica respecto de la ocurrencia del fenómeno hidrometeorológico denominado “...corriente de chorro aunado a las aguas calidas del pacifico presentado los días 3 al S de febrero del presente año, asimismo en ese periodo se manifestó el frente frío número 29...” , en los municipios de Chilpancingo de los Bravo, Juan R. Escudero, Eduardo Neri, Leonardo Bravo, Heliodoro Castillo, Zitlala, José Joaquín Herrera, San Luis Acantán, Zihuatanejo, Benito Juárez, Atoyac de Álvarez, Tecpan de Galeana, Coyuca de Benítez, Acatepec, Alcozauca, Atlamajalcingo del Monte, Tlapa de Comonfort, Metlatónoc, Atlixtac, Zapotitlán Tablas, Cochoapa el Grande, Malinaltepec, Iliatenco, Copanatoyac, Tlacoapa, San Miguel Totolapan, Cutzamala, Pungarabato, Coyuca de Catalán y Ajucitlán.

• Con oficio BOO.-238, de fecha 11 de febrero de 2010, en cumplimiento a lo que señala el numeral 8 de las ROF, la Conagua manifestó que “...con la información que hasta el momento ha proporcionado la dirección local en Guerrero de la Conagua, así como los datos con los que cuenta el Servicio Meteorológico Nacional, de 30 municipios en estudio se han analizado 12...” , que fueron corroborados como afectados por la ocurrencia de lluvia severa los días 3, 4 y 5 de febrero de 2010 a saber: Ajuchitlán del Progreso, Atoyac de Álvarez, Benito Juárez,Chilpancingo de los Bravo , Pungarabato, Técpan de Galeana y Tlapa de Comonfort del Estado de Guerrero.

Adicionalmente, en el oficio aludido, se menciona que “...En cuanto se tenga la información complementaria se emitirá la opinión para el resto de los municipios”.

En tal virtud, con fecha 15 de febrero de 2010, en sujeción a las disposiciones de las ROF se llevó a cabo la sesión de instalación del Comité de Evaluación de Daños, CED, en Guerrero, con el objeto de realizar la cuantificación y evaluación de los daños ocasionados por la ocurrencia de lluvias severas los días 3, 4 y 5 de febrero de 2010. Para esos efectos, los integrantes del CED se agruparon en subcomités de los sectores: vivienda, carretero, educativo, hidráulico, salud y urbano.

En dicha sesión, el CED acordó que la entrega de resultados se llevaría a cabo en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la instalación del CEO, situación que tendrá verificativo el 26 de febrero de 2010.

En ese mismo acto, el gobierno de Guerrero entregó al representante de la Segob, la solicitud de declaratoria de desastre natural, de conformidad con el numeral 9 de las ROF, por lo que dicha dependencia del gobierno federal, por conducto de la CGPC, emitióy publicó en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 2010 la “Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de lluvias severas los días 3, 4 y 5 de febrero de 2010, en 12 municipios del estado de Guerrero”, procediendo a declarar como zona de desastre a los municipios de Ajuchitlán del Progreso, Atoyac de Álvarez, Benito Juárez, Chilpancingo de los Bravo, Copanatoyac, Eduardo Neri, General Heliodoro Castillo, Zihuatanejo de Azueta, Leonardo Bravo, Pungarabato, Técpan de Galeana y Tlapa de Comonfort (municipios que el estado de Guerrero incluyó en su respectiva solicitud de declaratoria de desastre y que fueron corroborados en el dictamen parcial de la Conagua como municipios afectados por la presencia de lluvias severas los días 3, 4 y 5 de enero de 2010).

No se omite señalar que, con fundamento en lo establecido por los numerales 17 y 20 de las ROF, en la sesión de instalación del CED antes aludida, se solicitaron recursos para diversos sectores, por concepto de Apoyos Parciales Inmediatos, APIN, con cargo al Fonden, para la ejecución de las acciones, trabajos y obras prioritarias y urgentes, dirigidas a solventar la situación crítica derivada del desastre natural en cuestión, mismos que se autorizaron de la siguiente manera:

• En este punto se informa que actualmente se encuentra transcurriendo el plazo establecido en el numeral 13, fracción II, de las ROF para que se lleve a cabo la sesión de entrega de resultados del CED, motivo por el cual, una vez realizadas tales acciones se podrá estar en condiciones de saber de qué manera y con qué montos se atenderán y apoyarán, finalmente y con cargo al Fonden, los daños ocurridos por la presencia de lluvia severa los días 3, 4 y 5 de febrero de 2010, en 12 municipios del estado de Guerrero.

No obstante, adelantamos que una vez que hayan sido autorizados en su totalidad los recursos con cargo al Fonden para dar atención al fenómeno perturbador de referencia, y transferidos los mismos del Fideicomiso Fonden Federal al Fideicomiso 1991-Fonden estado de Guerrero, atentos al numeral 44 de de las ROF, el Comité Técnico de dicho fideicomiso estatal, será el responsable de verificar que se cumpla el calendario de ejecución de las obras y acciones de las dependencias y entidades ejecutoras, en el entendido de que, de observarse retrasos constantes e injustificados hasta por un plazo de tres meses en el cumplimiento de dicho calendario, deberá realizar las acciones necesarias para que, en su caso, se reintegre al patrimonio del Fideicomiso-Fonden federal el remanente de la coparticipación de orden federal.

Asimismo, dentro de las sesiones ordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso 1991-Fonden estado de Guerrero, los ejecutores del gasto invariablemente deberán presentar los avances físicos y financieros de sus programas de reconstrucción que se encuentren en ejecución y, en su caso, las problemáticas que éstos enfrenten.

De igual manera, en términos del numeral 46 de las ROF, será responsabilidad del Fiduciario del referido Fideicomiso 1991-Fonden etado de Guerrero, llevar el control detallado para la atención, recepción y desembolso de los recursos destinados a dicha Entidad Federativa que por concepto de coparticipaciones se les hayan entregado a través del Fonden, siendo corresponsables en ese control las dependencias y entidades normativas y ejecutaras, respectivamente, a través de las cuales se canalizaron los recursos al Fideicomiso Fonden Estatal para la atención del desastre natural.

Lluvias severas los días 3, 4 y 5 de febrero de 2010

• Por virtud del ya referido oficio sin número de fecha 8 de febrero de 2010, mediante el cual el Gobernador del Estado de Guerrero solicitó a la Conagua opinión técnica respecto de la ocurrencia del fenómeno hidrometeorológico denominado “...corriente de chorro aunado a las aguas calidas del pacifico presentado los días 3 al 5 de febrero del presente, año, asimismo en ese periodo se manifestó el frente frío número 29...”, en los municipios de Chilpancingo de los Bravo, Juan R. Escudero, Eduardo Neri, Leonardo Bravo, Heliodoro Castillo, Zitlala, José Joaquín Herrera, San Luis Acantán, Zihuatanejo, Benito Juárez, Atoyac de Álvarez, Tecpan de Galeana, Coyuca de Benítez, Acatepec, Alcozauca, Atlamajalcíngo del Monte, Tlapa de Comonfort, Metlatónoc, Atlixtac, Zapotitlan Tablas, Cochoapa el Grande, Malinaltepec, Iliatenco, Copanatoyac, Tlacoapa, San Miguel Totolapan, Cutzamala, Pungarabato, Coyuca de Catalán y Ajucitlán, mediante oficio BOO.-255, de fecha 17 de febrero de 2010, la Conagua emitió su opinión técnica y corroboró la ocurrencia de lluvia severa los días 3, 4 y 5 de febrero de 2010, en 16 municipios adicionales a los ya corroborados mediante el oficio 800-238, siendo los que a continuación se indican: Acatepec, Alcozauca de Guerrero, Atlamajalcingo el Monte, Atlixtac, Cochuapa el Grande. Coyuca de Benítez, Coyuca de Catalán, Cutzamala de Pinzón, Iliatenco, José Joaquín Herrera, Juan R. Escudero, Metlatónoc, San Luis Acatlán, San Miguel Totolapan, Zapotitlan Tablas y Zitlala, de Guerrero.

• Por ello, con fecha 18 de febrero de 2010, en apego a las disposiciones de las ROF se llevó a cabo otra sesión de instalación del Comité de Evaluación de Daños, CED, en Guerrero, con el objeto de realizar la cuantificación y evaluación de los daños ocasionados por la ocurrencia de lluvias severas los días 3, 4 y 5 de febrero de 2010. Para esos efectos, los integrantes del CED se agruparon en subcomités de los sectores: vivienda, carretero, urbano, hidráulico, educativo y salud.

En dicha sesión, el CED acordó que la entrega de resultados se llevaría a cabo en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la instalación del CED, situación que tendrá verificativo el 3 de marzo de 2010.

En ese mismo acto, el gobierno de Guerrero entregó al representante de la Segob, la solicitud de declaratoria de desastre natural, de conformidad con el numeral 9 de las ROF, por lo que dicha dependencia del gobierno federal, por conducto de la CGPC, esta en proceso de emitir y publicar en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de desastre correspondiente.

• No se omite señalar que, con fundamento en lo establecido por los numerales 17 y 20 de las ROF, en la sesión de instalación del CED antes aludida, se solicitaron recursos para diversos sectores, por concepto de Apoyos Parciales Inmediatos, APIN, con cargo al Fonden, para la ejecución de las acciones, trabajos y obras prioritarias y urgentes, dirigidas a solventar la situación crítica derivada del desastre natural en cuestión. No obstante lo anterior se comunica que la autorización de los mismos se encuentra en proceso por parte de la Unidad de Política y Control Presupuestario, UPCP, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Asimismo, en este punto se informa que actualmente se encuentra transcurriendo el plazo establecido en el numeral 13, fracción II, de las ROF para que se lleve a cabo la sesión de entrega de resultados del CED, motivo por el cual, una vez realizadas tales acciones se podrá estar en condiciones de saber de qué manera y con qué montos se atenderán y apoyarán, finalmente y con cargo al Fonden, los daños ocurridos por la presencia de lluvia severa los días 3, 4 y 5 de febrero de 2010, en 16 municipios de Guerrero.

No obstante, adelantamos que una vez que hayan sido autorizados en su totalidad los recursos con cargo al Fonden para dar atención al fenómeno perturbador de referencia, y transferidos los mismos del Fideicomiso Fonden federalal Fideicomiso 1991-Fonden estado de Guerrero , atentos al numeral 44 de de las ROF, el Comité Técnico de dicho Fideicomiso Estatal, será el responsable de verificar que se cumpla el calendario de ejecución de las obras y acciones de las dependencias y entidades ejecutaras, en el entendido de que, de observarse retrasos constantes e injustificados hasta por un plazo de tres meses en el cumplimiento de dicho calendario, deberá realizar las acciones necesarias para que, en su caso, se reintegre al patrimonio del Fideicomiso Fonden Federal el remanente de la coparticipación de orden federal.

Asimismo, dentro de las sesiones ordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso 1991-Fonden estado de Guerrero, los ejecutores del gasto invariablemente deberán presentar los avances físicos y financieros de sus programas de reconstrucción que se encuentren en ejecución y, en su caso, las problemáticas que éstos enfrenten.

De igual manera, en términos del numeral 46 de las ROF, será responsabilidad del Fiduciario del referido Fideicomiso 1991-Fonden estado de Guerrero, llevar el control detallado para la atención, recepción y desembolso de los recursos destinados a dicha entidad federativa que por concepto de coparticipaciones se les hayan entregado a través del Fonden, siendo corresponsables en ese control las dependencias y entidades normativas y ejecutoras, respectivamente, a través de las cuales se canalizaron los recursos al Fideicomiso Fonden estatal para la atención del desastre natural.

Finalmente, y con el ánimo de apoyar las afirmaciones hasta aquí vertidas, ofrecemos una descripción sucinta del procedimiento de acceso a los instrumentos que opera el Fonden, en términos de las ROF y de los Lineamientos, respectivamente:

Procedimiento de acceso a los suministros de auxilio del fondo revolvente Fonden

El procedimiento de acceso a los suministros de auxilio con cargo a este instrumento, se encuentra descrito de manera gráfica en la dirección electrónica del Sistema Nacional de Protección Civil México, específicamente en el vínculo:

http://www.proteccioncivil.gob.mx/fonden/fondoRevolvente2008/Fl ujograma_Fonden_Revolvente_2008.pdf

No obstante, para pronta referencia, a continuación se detalla tal procedimiento:

• El titular del Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente deberá formular una solicitud por escrito de declaratoria de emergencia6 , dirigida a la CGPC (artículos 7 y 8, fracción I, de los Lineamientos).

• Una vez formulada esta solicitud, la CGPC, a más tardar el día siguiente, la remitirá a la instancia técnica facultadaque corresponda, ya sea la Comisión Nacional del Agua, Conagua, por tratarse de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos, la Comisión Nacional Forestal, Conafor, en caso de incendios forestales o el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred, para el caso de los fenómenos geológicos, a fin de que corrobore o niegue la existencia de una situación de emergencia por la presencia o inminente presencia de un fenómeno natural que de origen a una emergencia (Artículo 9, fracciones I y II, de los Lineamientos).

• La instancia técnica facultada tendrá un término máximo de 2 días hábiles para corroborar o negar la presencia o inminente presencia de un fenómeno natural que de origen a una situación de emergencia (artículo 9, fracción II, de los Lineamientos).

• En el caso de que el dictamen técnico corrobore la presencia del fenómeno natural perturbador, la CGPC emitirá una declaratoria de emergencia a más tardar al día siguiente de recibido tal dictamen. Dicha declaratoria de emergencia se difunde por medio de un boletín de prensa y por cualquier medio de comunicación disponible. La CGPC contará con 6 días hábiles siguientes a la emisión del boletín de prensa para publicar la declaratoria de emergencia en el Diario Oficial de la Federación (artículo 9, fracciones III y IV, de los Lineamientos).

• El gobierno de la entidad federativa, una vez difundida la declaratoria de emergencia mediante Boletín de Prensa. Deberá presentar a la DGF una solicitud de insumos para la atención de las necesidades urgentes de la población afectada o susceptible de ser afectada exclusivamente de los municipios declarados en emergencia, en la que deberán justificar la necesidad de los productos solicitados, debiendo señalar la cantidad de personas que se apoyará con los insumos requeridos. Los insumos consumibles que se requieran para atender a la población serán por un período de hasta 4 días (Artículo 12 de los Lineamientos).

• Una vez recibida la solicitud de insumos, la DGF, analizará la viabilidad de la solicitud bajo los criterios de racionalidad y proporcionalidad emitidos por la CGPC, y en caso de determinarse procedente, enviará a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Gobernación, DGRMSG, la requisición de los insumos que se autorizan, para que por su conducto se realicen las compras respectivas y, posteriormente, la entrega de éstos alas entidades federativas (artículo 15 de los Lineamientos).

La DGRMSG enviará la información detallada de los contratos y/o pedidos a la DGF, para que se coordinecon las instancias responsables de la recepción de los insumos para las entidades federativas declaradas en emergencia , sobre las condiciones establecidas con los proveedores, de acuerdo a las características de las fichas técnicas, los tiempos de entrega y la recepción de las mercancías.

•La entidad federativa correspondiente, será la responsable de destruir en losmunicpios declarados en emergencia los insumos autorizados (artículo 15, último párrafo, de los Lineamientos).

• A efecto de dar por concluida la vigencia de las declaratorias de emergencia, la Dirección General de Protección Civil, DCPC, de la Segob, a más tardar dentro dé los quince días naturales siguientes a la difusión vía boletín de prensa de la emisión de la declaratoria de emergencia respectiva, enviará a la CGPC una opinión manifestando si, a su juicio persisten los efectos de la emergencia ante la población o si por el contrario, han dejado de surtir sus efectos, debiendo tomar en cuenta los argumentos e información que, en su caso, envíe la entidad federativa declarada en emergencia.

En el evento de que la opinión de la DGPC determine que han cesado los efectos de la emergencia, la CGPC emitirá a más tardar al día siguiente de recibido el citado dictamen, el aviso de término de éste, el que se difundirá mediante boletín de prensa a través de cualquier medio de comunicación y por correo electrónico disponible, informando de inmediato a la DGRMSG y a la DGF del cierre de la declaratoria de emergencia, debiendo publicado en el Diario Oficial de la Federación a más tardar en los 6 días hábiles siguientes (artículo 11 de los Lineamientos).

De acuerdo al procedimiento que antecede, es importante destacar que a la DGF, sólo le corresponde coordinar el procedimiento de acceso a los insumos del Fondo Revolvente Fonden, desde la ocurrencia de la emergencia, hasta la autorización de los mismos, por lo que conforme al procedimiento antes descrito no es la encargada de realizar las compras respectivas, ni actúa como ejecutora de la distribución de éstos.

Procedimiento de acceso a los recursos del instrumento Fonden Reconstrucción

Para acceder a los recursos con cargo al Fonden Reconstrucción, deberá observarse el procedimiento contenido en las ROF, que se encuentra descrito de manera gráfica en la dirección electrónica del Sistema Nacional de Protección Civil México, específicamente en el vínculo:

http://www.proteccioncivil.gob.mx/upLoad/Fonden/flujograma/P rocedimiento_de_acceso_a_recursos_FONDEN_e.swf

No obstante, para pronta referencia, a continuación se detalla tal procedimiento. Para esos efectos se transcribe en su totalidad el numeral 4 de las ROF:

“4. Son fines del Fondo de Desastres Naturales:

I. Canalizar al Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales constituido por cada una de las entidades federativas los recursos que le corresponda aportar, por cuenta y orden de las entidades federativas, para la restitución parcial o total de los daños sufridos por un fenómeno natural perturbador en los sectores de competencia de las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, previstos en las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, de acuerdo con los porcentajes de coparticipación establecidos; así como también en la mitigación de los daños a las viviendas de la población de bajos ingresos afectadas por un fenómeno natural perturbador.

Los recursos que se ejerzan en coparticipación estarán condicionados a la aportación de las entidades federativas, de acuerdo con los porcentajes establecidos en las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, con excepción de los apoyos parciales inmediatos y los anticipos, los cuales no están sujetos de inicio a dicha coparticipación;

II. Apoyar la restitución parcial o total de los daños sufridos en los sectores de competencia federal afectados por un fenómeno natural perturbador, de acuerdo con los porcentajes de coparticipación previstos en las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales con excepción de los bienes de dominio público de la federación objeto de concesión o cualquier otra figura análoga por la cual se otorgue su uso o explotación;

III. Otorgar recursos a través de apoyos parciales inmediatos para la ejecución de las acciones emergentes, así como los trabajos y obras de carácter prioritario y urgente, dirigidas a solventar la situación crítica derivada del desastre natural, tales como el restablecimiento de las comunicaciones, los servicios básicos, la limpieza inmediata, remoción de escombros y todo aquello que coadyuve a la normalización de la actividad de la zona afectada, así como para evitar mayores daños y proteger a la población;

IV. Otorgar recursos al Fondo Revolvente Fonden y al Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales a que se refiere el numeral 3 de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales;

V. Otorgar recursos a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la adquisición de equipo especializado destinado a la atención de emergencias y desastres naturales;

VI. Otorgar recursos a las entidades federativas para la constitución de fondos estatales para la prevención y atención de desastres naturales;

VII. Constituir mediante subcuentas específicas en el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, fondos y reservas financieras con el propósito de asegurar la oportuna asignación y aplicación de recursos dirigidos a proyectos preventivos y a solventar aspectos prioritarios y urgentes relacionados o derivados de fenómenos naturales perturbadores;

VIII. Canalizar recursos para la realización de proyectos y el establecimiento de instrumentos de administración y transferencia de riesgos que estén relacionados con la prevención y atención de los efectos ocasionados por fenómenos naturales perturbadores; para la protección financiera del patrimonio del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, así como los servicios necesarios relacionados con dichas contrataciones, en términos de lo previsto en el Anexo I de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, y

IX. Aportar y recibir recursos del Programa Fondo para la Prevención de Desastres Naturales y del Fideicomiso Preventivo a cargo de la Secretaría de Gobernación y de otros programas e instrumentos financieros relacionados con los fines del Fondo de Desastres Naturales, en términos de las disposiciones aplicables.”

Visto lo anterior, y para efectos del acceso a los recursos del instrumento en estudio, se deberá observar el siguiente procedimiento:

• Ante la presencia de un desastre natural, la entidad federativa correspondiente debe solicitar inmediatamente a la instancia técnica facultada7 , indique si desde su punto de vista, el desastre natural respectivo existe o tiene la magnitud necesaria para ser susceptible de apoyo del Fonden (numeral 7 de las ROF). Dicha solicitud deberá contener, entre otros aspectos, los municipios involucrados, es decir, todos aquellos municipios que se considera sufrieron o pudieron haber sufrido afectaciones a causa del fenómeno natural perturbador de que se trate (numeral 7, fracción II, de las ROF).

• La instancia técnica facultada tiene 4 días hábiles para emitir su respuesta a la solicitud de la entidad federativa y en caso de que se cuente con información que permita inferir una afectación en el abastecimiento de agua potable se tendrán 7 días hábiles (numeral 8 de las ROF).

• En caso de resultar afirmativa la respuesta de la instancia técnica facultada, el gobierno de la entidad federativa deberá convocar a un Comité de Evaluación de Daños, CED, que tiene por objeto evaluar y cuantificar los daños producidos por un fenómeno natural perturbador en particular. Dicho Comité se integrará por servidores públicos estatales y federales de los sectores afectados, funcionando en subcomités que se agruparan por materia o sector.

Es en este momento en que la entidad federativa deberá entregar al representante de la Segob la solicitud de emisión de una declaratoria de desastre natural firmada por el titular del Ejecutivo de dicha entidad federativa (numeral 9 de las ROF).

Desde la instalación del CED correspondiente, las dependencias y entidades federales, así como a las entidades federativas, podrán solicitar apoyos parciales inmediatos, APIN8 , con cargo al Fonden (numeral 11 de las ROF).

Vale la pena mencionar que los APIN son autorizados por la Unidad de Política y Control Presupuestario, UPCP, de la Secretaría de Hacienda y crédito Público, SHCP, los cuales formaran parte de los anticipos que llegase a solicitar la Entidad Federativa. En caso de que no se soliciten dichos anticipos, los APIN serán incluidos en el diagnóstico de obras y acciones que deriven de la sesión de entrega de resultados.

Asimismo, resulta importante precisar que con el propósito de que se presente, y en su caso, se autorice el listado de acciones, trabajos y obras considerados como prioritarios y objeto de apoyo de los APIN, la entidad federativa en coordinación con el Fiduciario del Fideicomiso Fonden Estatal deberá convocar a su Comité Técnico, en donde se adoptaran los acuerdos conducentes, tomando como base a la gradualidad y las disponibilidades financieras existentes. Dicha resolución deberá ser hecha del conocimiento de la DGF (numeral 17, de las ROF).

• En los cuatro días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de la declaratoria de desastre natural, siempre que ésta cumpla con los requisitos señalados, la Segob por conducto de la Coordinación General de Protección Civil, CGPC, deberá emitir y publicar en el Diario Oficial de la Federación, la declaratoria de desastre natural respectiva.

• A partir de la instalación del CED, empieza a correr una cuenta regresiva de hasta 10 días hábiles (prorrogables) para realizarse la entrega de resultados del referido CED en donde se identificarán por sector afectado, los datos aludidos en el numeral l4 de las ROF (numeral 13, fracción II, de las ROF).

• Durante la sesión de entrega de resultados se realizan las siguientes acciones (numeral13 , fracción III de las ROF):

- Presentación y entrega de los resultados de cuantificación y evaluación de daños elaborados en conjunto por el estado y las contrapartes de las dependencias y entidades federales;

- Entrega de la solicitud de anticipos por el gobierno del estado.

• Respecto de los anticipos es importante mencionar que éstos tienen por objeto contribuir en la realización de trabajos y obras prioritarias y se deberán de ejercer con base en los programas de obras y acciones autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso.

Los anticipos serán con cargo al patrimonio del Fideicomiso Fonden hasta por un monto equivalente al cincuenta por ciento de la coparticipación federal que corresponda al Fonden.

Si las dependencias o entidades federales que validarán la evaluación de los daños, consideran que es procedente la solicitud de anticipos, solicitarán a la UPCP la autorización de los mismos, la cual en su caso, instruirá al Fiduciario del Fideicomiso Fonden para que los recursos solicitados sean transferidos al Fideicomiso Fonden Estatal correspondiente (numeral 21 de las ROF)

Cabe señalar que los anticipas deberán regularizarse con la autorización por parte del Comité Técnico de los recursos correspondientes.

• Ahora bien, a partir de la sesión de entrega de resultados, la Dependencia o Entidad Federal tendrá un plazo máximo de 7 días hábiles, para presentar la solicitud de recursos y el diagnóstico de obras y acciones a la Segob, incorporando los diagnósticos presentados en dicha sesión (numeral 22 de las ROF).

Por lo que, una vez que cuente con la información antes descrita y de acuerdo a lo establecido en el numeral 23 de las ROF, la Segob por conducto de la DGF, dentro de un plazo de 2 días hábiles realizará las siguientes acciones:

I. Elaborar, dictaminar y presentar la solicitud global de recursos a la UPCP.

II. Verificar que no exista duplicidad de acciones y que no se encuentren pendientes o en trámite solicitudes de APIN o anticipos.

III. Verificar que no se soliciten recursos del Fonden para la reparación de daños ajenos al Desastre Natural en cuestión.

IV. Verificar que la infraestructura objeto de apoyo no haya sido materia de otros apoyos anteriores.

V. Anexar las solicitudes de recursos elaboradas por las dependencias y entidades federales, así como sus respectivos diagnósticos de obras y acciones, tanto de los programas de competencia local como federal.

• Una vez que la Segob remite a la UPCP de la SHCP la solicitud de recursos, ésta autorizará con cargo al Programa Fonden, comprendido en el Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF, para el ejercicio fiscal que resulte aplicable o convocará a sesión del Comité Técnico del Fideicomiso Fonden para que los recursos sean aprobados con cargo al patrimonio del citado Fideicomiso, a efecto de que la entidad federativa de que se trate, a través de las instancias estatales ejecutoras correspondientes, pueda disponer de los recursos del Fonden para iniciar de inmediato las acciones de reconstrucción o apoyo autorizadas, previo la aportación de la coparticipación que le corresponda ante el Fideicomiso Fonden Estatal.

• En ese sentido, en caso de que las acciones de reconstrucción resulten competencia de las entidades federativas, municipios delegaciones políticas, los recursos se ejercerán a través de los Fideicomisos Fonden Estatales, los cuales tienen por objeto establecer un mecanismo ágil y transparente para ejercer los recursos que aporten las entidades federativas para atender un desastre natural, incluyendo las coparticipaciones federales asignadas a dichas entidades federativas.

Por lo que, a más tardar a los cuatro días hábiles siguientes de haberse recibido la notificación de la autorización de los recursos, se convocará a sesión del comité técnico del Fideicomiso Fonden Estatal, a efecto de que las dependencias y entidades ejecutaras presenten para autorización sus programas de obras y acciones con sus respectivos calendarios de ejecución, previo al ejercicio de los recursos.

El Comité Técnico del Fideicomiso Fonden Estatal será responsable de verificar que se cumpla con el programa de fechas de ejecución de las obras y acciones por parte de las dependencias y entidades ejecutoras (numeral 44 de las ROF).

• Por lo anterior y en su oportunidad, los recursos en coparticipación serán transferidos del patrimonio del Fideicomiso 2003-Fonden Federal al Fideicomiso estatal, en el pari passu respectivo, conforme a las aportaciones que realice el gobierno estatal, de acuerdo al calendario aprobado y autorizado por el Comité Técnico del Fideicomiso estatal en comento.

• Cabe señalar que el Anexo XVI de las ROF, establece que en términos de lo dispuesto por los numerales 39 y 41de dicha normativa, el fiduciario pagará directamente a los contratistas de obra pública, prestadores de bienes y servicios y proveedores por cuenta y orden de las instancias ejecutaras, previo a la presentación de entre otras cosas, de las facturas que amparen la ejecución de las obras y acciones realizadas.

Es importante hacer hincapié en el hecho de que, en materia de atención a desastres naturales a través del Fonden Reconstrucción, a la Segob, por conducto de la DGF, únicamente le corresponde coordinar el procedimiento de acceso a los recursos del instrumento financiero en mención, dando cumplimento para tales efectos a los plazos, requisitos y formalidades establecidos en las ROF, motivo por el cual no autoriza, ni tiene a su cargo la entrega de los recursos autorizados a un municipio u órgano político administrativo en particular, así como tampoco actúa como ejecutora de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado.

En esa lógica, se precisa que son las entidades federativas las encargadas de llevar a cabo la ejecución de obras de reconstrucción y la correspondiente distribución de los recursos autorizados con cargo al instrumento en mención, a través de las instancias ejecutaras estatales designadas para esos efectos (numeral39 de las ROF).

Sin otro particular, y esperando que la presente información sea de utilidad, le saludo cordialmente.

Notas:

1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de mayo de 2009.

2 Entendidos como los eventos generados por la naturaleza, que por sus características extremas, atípicas o severas condiciona o genera una situación de desastre natural, caracterizado por la ausencia relativa de la participación directa o indirecta del ser humano.

3 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008.

4 Aquellos entes facultados para corroborar la ocurrencia de un desastre natural en una fecha y lugar determinado, pudiendo ser la Comisión Nacional del Agua, Conagua, por tratarse de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos, la Comisión Nacional Forestal, Conafor, en caso de incendios forestales, o el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred, para el caso de los fenómenos geológicos.

5 Los Fideicomisos Fonden Estatales tienen por objeto establecer un mecanismo ágil y transparente para ejercer los recursos que aporten las entidades federativas para atender un desastre natural, incluyendo las coparticipaciones federales asignadas a dichas Entidades Federativas (numeral 44de las ROF).

6 La declaratoria de emergencia es el reconocimiento que hace la Secretaría de Gobernación que uno o varios municipios u órganos político-administrativos de una entidad federativa, se encuentran ante la inminencia o presencia de un fenómeno natural perturbador, que pudiera provocar un daño a la sociedad y crear un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población (artículo 7 de los Lineamientos).

7 Según se ha visto, aquellos entes facultados para corroborar la ocurrencia de un desastre natural en una fecha y lugar determinado.

8 Entendiéndose, estos, como los recursos destinados para la ejecución de acciones emergentes, así como los trabajos y obras de carácter prioritario y urgente, dirigidas a solventar la situación critica del desastre natural, tales como el restablecimiento de las comunicaciones, los servicios básicos, la limpieza inmediata, remoción de escombros y todo aquello que coadyuve a la normalización de la actividad de la zona afectada, para evitar mayores daños y proteger a la población.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 22 de febrero de 2010.— Rubem Hofliger Topete (rúbrica), director general del Fondo de Desastres Naturales.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Gobernación para su conocimiento.

ESTADO DE MEXICO - ESTADO DE MICHOACAN - DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-0695, signado por los diputados Francisco Ramírez Acuña y Jaime Arturo Vázquez Aguilar, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGF/318/2010, suscrito por el ciudadano Rubem Hofliger Topete, director general del Fondo de Desastres Naturales, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al apoyo a la población afectada en los estados de México y Michoacán, así como en el Distrito Federal, por las contingencias climatológicas.

Atentamente

México, DF, a 25 de febrero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Manuel Minjares Jiménez, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/408/l0, de fecha 9 de febrero de 2010, dirigido inicialmente a la licenciada Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil, y que fuera recibido en esta Dirección General del Fondo de Desastres Naturales (DGF) el 11 de febrero del año en curso, por medio del cual se informa que mediante oficio número D.G.P .L.61-II-9-0695, de fecha 9 de febrero de 2010, signado por los diputados Francisco Ramírez Acuña y Jaime Arturo Vázquez Aguilar, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, comunican a la Secretaría de Gobernación (Segob) el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 9 del presente mes y año, el cual se reproduce a continuación:

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca a liberar de manera inmediata los recursos del Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden) y de los programas para contingencias climatológicas administrados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (Sagarpa), para la atención de los afectados por las torrenciales lluvias acaecidas el 3 y el 4 de febrero de 2010 en los estados de México, Michoacán y el Distrito Federal. Segundo. Esta soberanía exhorta a la Secretaría de Gobernación a efecto de que sean revisadas las reglas de operación y los procedimientos administrativos de liberación de estos recursos para que las entidades federativas puedan afrontar adecuadamente las emergencias causadas por fenómenos naturales.

Sobre el particular, y concretamente los aspectos que incumben a esta Segob, me permito solicitar atentamente a usted, sea el amable conducto para hacer del conocimiento de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de las acciones efectuadas en el marco del programa Fondo de Desastres Naturales, para dar atención a la ocurrencia de lluvia severa el 3, el 4 y el 5 de febrero de 2010, que afectaron a diversos municipios de los estados de México y Michoacán, así como a varios órganos político-administrativos en el Distrito Federal, y que se relacionan con el punto de acuerdo que nos ocupa.

Para tales efectos y de manera previa, consideramos oportuno realizar las siguientes precisiones:

• En términos de lo dispuesto por el numeral 1 del “acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (en lo sucesivo las ROF)”,1 el Fondo de Desastres Naturales se define como un instrumento de coordinación intergubernamental e interinstitucional cuyo objeto es, bajo principios de corresponsabilidad, complementariedad, oportunidad y transparencia, ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador,2 en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil.

Para la realización de tales objetivos, el Fonden cuenta con los instrumentos siguientes, a través de los cuales, según sus características y alcances, se autorizan suministros de auxilio o recursos para dar atención al fenómeno natural perturbador de que se trate:

a) El fondo revolvente Fonden, que sólo podrá ser utilizado cuando exista una declaratoria de emergencia y con ello, la DGF esté en posibilidad de autorizar la adquisición de suministro de auxilio, conforme a la normatividad aplicable, para responder así de manera inmediata a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población afectada por situaciones de emergencia generadas o asociadas con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un fenómeno natural perturbador (numeral 3, fracción I, de las ROF, en concordancia con los artículos 1 y 3 del “acuerdo que establece los lineamientos para emitir las declaratorias de emergencia y la utilización del fondo revolvente Fonden (en lo sucesivo los lineamientos)”.3

Cabe señalar que, si bien es cierto, a la DGF le corresponde autorizar la adquisición de suministros de auxilio con cargo al fondo revolvente Fonden, y coordinar el procedimiento de acceso a éstos, también lo es que esta unidad administrativa no tiene a su cargo la entrega ni la distribución de tales suministros a las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos en el Distrito Federal, dado que las entidades federativas son las encargadas de llevar a cabo dichas acciones, a través de las instancias estatales designadas para esos efectos.

b) El Fonden Reconstrucción (que incluye al programa Fondo de Desastres Naturales del Ramo General 23, “Provisiones Salariales y Económicas”, del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, y el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, en términos del numeral 3, fracciones II y III, de las propias ROF). Con cargo a este instrumento se autorizan recursos (ya sea del programa Fonden o del Fideicomiso 2003 Fonden federal), destinados a la restitución parcial o total de los daños sufridos por un fenómeno natural perturbador en los sectores de competencia federal, o de las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos en el Distrito Federal, previstos en las ROF, de acuerdo con los porcentajes de coparticipación establecidos, así como también a la mitigación de los daños a las viviendas de la población de bajos ingresos afectadas por un fenómeno natural perturbador.

Respecto de este instrumento se puntualiza que a la Segob, por conducto de la DGF, únicamente le corresponde coordinar el procedimiento de acceso a los recursos del Fonden Reconstrucción, dando cumplimento para tales efectos a los plazos, requisitos y formalidades establecidos en las ROF, motivo por el cual no autoriza, ni tiene a su cargo la entrega de los recursos autorizados a un municipio u órganos político-administrativos en el Distrito Federal en particular, así como tampoco actúa corno ejecutara de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado.

• Ahora bien, para acceder a los instrumentos que opera el Fonden, es necesario que se cumpla previamente con los requisitos, formalidades y procedimientos establecidos en la normatividad aplicable a cada uno de ellos.

A ese respecto, diremos que para efectos de la autorización de suministros de auxilio (insumos) con cargo al fondo revolvente Fonden, los lineamientos establecen la necesidad de contar con una solicitud de declaratoria de emergencia, dirigida a la Coordinación General de Protección Civil (CGPC) de la Secretaría de Gobernación, debiendo estar suscrita por el titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente (o, en su caso, por el servidor público del nivel jerárquico inmediato inferior con facultades expresas para ello), en la que se describa, entre otros aspectos, el fenómeno natural perturbador origen de la situación de emergencia, los municipios u órganos político-administrativos en situación de emergencia, la población estimada que fue o pueda ser afectada con motivo de la emergencia y señalar expresamente que ha sido rebasada la capacidad de respuesta de la entidad federativa y de los municipios u órganos político-administrativos en el Distrito Federal respecto de los que se solicita la declaratoria de emergencia.

En ese mismo sentido, el artículo 7 de los lineamientos dispone que las entidades federativas son las instancias facultadas para solicitar a la Segob la emisión de una declaratoria de emergencia, motivo por el que los municipios u órganos político-administrativos deberán establecer los mecanismos de coordinación necesarios con la entidad federativa a la que pertenezcan para efectos de ser considerados en una solicitud.

Es importante manifestar que, según se adelantaba, los insumos autorizados para la atención de una emergencia determinada bajo ninguna circunstancia son proporcionados directamente a la población en general, o bien, a las autoridades municipales, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de los lineamientos, dichos insumos son entregados por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG) de la Segob a la entidad federativa de que se trate, para que ésta proceda a su posterior distribución.

Por su parte, y para efectos de la autorización de los recursos con cargo al Fonden Reconstrucción, las ROF establecen que una vez corroborada la existencia del fenómeno natural perturbador por parte de la instancia técnica facultada para ello,4 el gobierno de la entidad federativa afectada debe presentar una solicitud de declaratoria de desastre, suscrita por el titular del Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente, dirigida a la CGPC de la Segob, en la que se deberá manifestar, entre otros aspectos, la descripción del fenómeno natural perturbador de que se trate, la fecha de su ocurrencia, los municipios u órganos político-administrativos que hayan sido previamente corroborados por la instancia técnica facultada respectiva como afectados por el fenómeno en cuestión, y lamanifestación de que ha sido rebasada su capacidad financiera y operativa, para atender, por sí misma, la totalidad de los efectos producidos por el fenómeno natural en cuestión.

No se omite señalar que los recursos que se autorizan con cargo a este instrumento del Fonden para llevar a cabo labores de reconstrucción en los sectores de competencia de las entidades federativas, son transferidos del Fideicomiso 2003 Fonden federal al Fideicomiso Fonden estatal5 de la entidad federativa en donde se haya presentado el desastre, a fin de que la ejecución de obras y acciones de reconstrucción sean realizadas por las propias entidades federativas, a través de las instancias ejecutoras estatales designadas para ello.

Visto lo anterior, y toda vez que los gobiernos de los estados de México, de Michoacán y del Distrito Federal han satisfecho los requisitos y formalidades establecidos en los lineamientos y en las ROF para acceder a los suministros de auxilio y recursos que se autorizan con cargo a los instrumentos financieros del Fonden, procedemos a informar respecto de las acciones que la Segob, por conducto de la DGF y a través de los instrumento aludidos, han llevado a cabo para dar atención a la ocurrencia de lluvia severa el 3, el 4 y el 5 de febrero de 2010 en las entidades federativas en comento:

Fondo Revolvente Fonden Estado de México

Lluvia severa el 3 y el 4 de febrero de 2010 (Ecatepec de Morelos, Netzahualcóyotl y Valle de Chalco Solidaridad)

• Mediante oficio número SGG/0011/2010, de fecha 5 de 2010, el secretario general de Gobierno del estado de México solicitó a la CGPC la emisión de la declaratoria de emergencia para los municipios de Ecatepec de Morelos, Netzahualcóyotl y Valle de Chalco Solidaridad, por la presencia de lluvia severa el 3, el 4 y el 5de febrero de 2010.

• Con oficio CGPC/0172/2010, de fecha 5 de febrero de 2010, la CGPC solicitó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la emisión del dictamen técnico correspondiente.

• Dicha solicitud fue atendida mediante oficio número BOO.- 176, de fecha 5 de febrero de 2010, en el que se corroboró la ocurrencia de lluvia severa sólo el 3 y el 4 de febrero de 2010, para los municipios de Ecatepec de Morelos, Netzahualcóyotl y Valle de Chalco Solidaridad, estado de México.

• Mediante boletín de prensa 41/10, de fecha 5 de febrero del año en curso, la CGPC difundió la declaratoria de emergencia en los municipios antes mencionados del estado de México, afectados por la ocurrencia de lluvia severa el 3 y el 4 de febrero de 2010, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de febrero de 2010.

• Con base en lo anterior, al día de la fecha, el gobierno del estado de México ha presentado seis solicitudes de insumos, las cuales se han autorizado de la manera siguiente:

En este punto, cabe señalar que si bien es cierto, a la DGF le corresponde autorizar la adquisición de suministros de auxilio con cargo al fondo revolvente Fonden, y coordinar el procedimiento de acceso a éstos, también lo es que esta unidad administrativa no tiene a su cargo la adquisición y la entrega de tales suministros a las entidades federativas, municipios o delegaciones políticas en particular, ya que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de los lineamientos, dichos insumos son adquiridos por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG) de la Segob, y entregados por dicha unidad administrativa a la entidad federativa de que se trate, a efecto de que esta última proceda a su posterior distribución.

• Al día de la fecha, esta declaratoria de emergencia continúa abierta, razón por la que aún no se concluye con la atención de ésta.

Lluvia severa el 3 y el 4 de febrero de 2010 (Chalco)

• Mediante oficio número SGG/0017/2010, de fecha 8 de febrero de 2010, el secretario general de Gobierno del estado de México solicitó a la CGPC la emisión de la declaratoria de emergencia para el municipio de Chalco, por la presencia de lluvia severa el 3, el 4 y el 5 de febrero de 2010.

• Con oficio número CGPC/0l85/2010, de fecha 8 de febrero de 2010, respectivamente, la CGPC solicitó a la Conagua la emisión del dictamen técnico correspondiente.

• Dicha solicitud fue atendida mediante oficio número BOO.- 199, de fecha 9 de febrero de 2010, en el que se corroboró la ocurrencia de lluvia severa sólo el 3 y el 4 de febrero de 2010 para el municipio de Chalco, estado de México.

• Mediante boletín de prensa 49/10, de fecha 9 de febrero de 2010, la CGPC difundió la declaratoria de emergencia en el municipio antes mencionado del estado de México, afectado por la ocurrencia de lluvia severa el 3 y el 4 de febrero de 2010, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero de 2010.

• Con base en lo anterior, al día de la fecha el gobierno del estado de México ha presentado tres solicitudes de insumos, las cuales se han autorizado de la manera siguiente:

Se reitera que, si bien es cierto, a la DGF le corresponde autorizar la adquisición de suministros de auxilio con cargo al fondo revolvente Fonden, y coordinar el procedimiento de acceso a éstos, también lo es que esta unidad administrativa no tiene a su cargo la adquisición y la entrega de tales suministros a las entidades federativas, municipios o delegaciones políticas en particular, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de los lineamientos, dichos insumos son adquiridos por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Segob, y entregados por dicha unidad administrativa a la entidad federativa de que se trate, a efecto de que esta última proceda a su posterior distribución.

• Al día de la fecha, esta declaratoria de emergencia continúa abierta, razón por la que aún no se concluye con la atención de ésta.

Fondo Revolvente Fonden Michoacán

Lluvias severas el 3 de febrero de 2010 (Angangueo, Tuxpan, Tuzantla, Ocampo y Tiquicheo de Nicolás Romero) y del 3 al 5 de febrero de 2010 (Hidalgo, Jungapeo y Zitácuaro)

• Mediante oficios números GEM/012/2010 y GEM/013/2010, ambos de fecha 4 de febrero del presente año, el gobernador de Michoacán solicitó a la CGPC la emisión de la declaratoria de emergencia para los municipios de Angangueo, Tuxpan, Tuzantla, Ocampo y Tiquicheo, por las lluvias torrenciales y desbordamiento de río acontecidos el 3 y el 4 de febrero de 2010.

• Con oficio número CGPC/165/2010, de fecha 4 de febrero de 2010, la CGPC solicitó a la Conagua la emisión del dictamen técnico correspondiente.

• Dicha solicitud fue atendida mediante oficio número BOO.- 173, de fecha 5 de febrero de 2010, en el que se corroboraron lluvias severas el 3 de febrero de 2010 para los municipios de Angangueo, Tuxpan y Tuzantla, Michoacán.

Asimismo, con oficio número BOO.-174, de fecha 5 de febrero de 2010, la Conagua corroboró las lluvias severas el 3 de febrero de 2010 en los municipios de Ocampo y Tiquicheo de Nicolás Romero.

• Mediante boletines de prensa números 39/10 y 40/10, ambos de fecha 5 de febrero del año en curso, la CGPC difundió las declaratorias de emergencias para los municipios antes mencionados de Michoacán, afectados por las lluvias severas el 3 de febrero de 2010. La declaratoria correspondiente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 7 de febrero de 2010.

• Con base en lo anterior, y por cuanto hace a los municipios de Angangueo, Tuxpan y Tuzantla, al día de la fecha el gobierno de Michoacán ha presentado seis solicitudes de insumos, las que se han autorizado de la manera siguiente:

• Respecto de los municipios de Acampo y Tiquicheo de Nicolás Romero, al día de la fecha el gobierno de Michoacán ha presentado tres solicitudes de insumos, las que se han autorizado de la manera siguiente:

• Al día de la fecha, las declaratorias de emergencia continúan abiertas, razón por la que aún no se concluye con la atención de esta emergencia en Michoacán.

Lluvias severas del 3 y 5 de febrero de 2010 (Hidalgo, Jungapeo y Zitácuaro)

• Mediante oficios GEM/0l8/2010 y GEM/020/2010, de fechas 5 y 8 de febrero del presente año, el gobernador de Michoacán solicitó a la CGPC la emisión de la declaratoria de emergencia para los municipios de Hidalgo, Jungapeo y Zitácuaro, por las lluvias atípicas ocasionada por tormentas de baja presión provenientes del pacífico y ocasionadas por el frente frío número 29, y tormenta invernal 5.

• Con oficio CGPC/191/2010, de fecha 9 de febrero de 2010, la CGPC solicitó a la Comisión Nacional del Agua la emisión del dictamen técnico correspondiente.

• Dicha solicitud fue atendida mediante oficio BOO.- 244, de fecha 15 de febrero de 2010, en el que se corroboró la ocurrencia de lluvia severa del 3 al 5 de febrero de 2010, para los municipios de Hidalgo, Jungapeo y Zitácuaro, Michoacán.

• Mediante el boletín de prensa 62/10, de fecha 15 de febrero del año en curso, la CGPC difundió la declaratoria de emergencia para los municipios antes mencionados de Michoacán, afectados por la ocurrencia de lluvia severa del 3 al 5 febrero de 2010.

• Con base en lo anterior, y por cuanto hace a los municipios de Hidalgo, Jungapeo y Zitácuaro, al día de la fecha el gobierno de Michoacán ha presentado dos solicitudes de insumos, la cual se ha autorizado de la manera siguiente:

Reiteramos que si bien es cierto a la DGF le corresponde autorizar la compra de los suministros de auxilio con cargo al fondo revolvente Fonden, y coordinar el procedimiento de acceso, también lo es que la DGF no compra ni entrega tales suministros a los estados, municipios u órganos político-administrativos en particular, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de los lineamientos, dichos insumos los compra la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, DGRMSG, de la Secretaría de Gobernación, y ésta los entrega al estado cuyas autoridades son las encargadas de su distribución.

• Al día de la fecha, la declaratoria de emergencia continúa abierta, razón por la que aún no se concluye con la atención de esta emergencia en Michoacán.

Distrito Federal

Lluvia severa los días 3 y 4 de febrero de 2010 (lztapalapa, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero)

• Mediante oficio JG/007/10, de fecha 5 de febrero de 2010, el jefe del Gobierno del Distrito Federal (firmando en su ausencia el secretario del Gobierno), solicitó a la CGPC la emisión de la declaratoria de emergencia “...para las delegaciones Iztapalapa, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero del Distrito Federal...”, por la ocurrencia de lluvia atípica el 4 de febrero de 2010.

Asimismo mediante oficio JG/009/10, de fecha 5 de febrero del presente año, el Gobierno del Distrito Federal en alcance al oficio JG/007/10 solicitó a la CGPC, “...se comprenda en dicha declaratoria a la delegación Iztacalco...”.

• Con oficios CGPC/0178/2010 y CGPC/0179/2010, de fecha 6 de febrero de 2010, respectivamente, la CGPC solicitó a la Comisión Nacional del Agua, la emisión del dictamen técnico correspondiente.

• Dichas solicitudes fueron atendidas mediante oficio BOO.- 179 y BOO.- 180, de fecha 6 de febrero de 2010, en los que se corroboró la ocurrencia de lluvia severa los días 3 y 4 de febrero de 2010, para “...las 3 delegaciones del Distrito Federal: Iztapalapa, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero... ”, así como la ocurrencia de lluvia severa los días 3 y 4 de febrero de 2010 “...para la delegación Iztacalco del Distrito Federal...”.

• Mediante el boletín de prensa 43/10, de fecha 6 de febrero del año en curso, la CGPC difundió la declaratoria de emergencia “...para cuatro delegaciones del Distrito Federal... ”, afectadas por la ocurrencia de lluvia severa los días 3 y 4 de febrero de 2010, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero de 2010.

• Con base en lo anterior, al día de la fecha el Gobierno del Distrito Federal ha presentado una solicitud de insumos, la que se autorizó de la manera siguiente:

En este punto, cabe señalar que si bien es cierto a la DGF le corresponde autorizar la adquisición de suministros de auxilio con cargo al fondo revolvente Fonden, y coordinar el procedimiento de acceso, también lo es que esta unidad administrativa no tiene a su cargo la adquisición y la entrega de tales suministros a las entidades federativas, municipios o delegaciones políticas en particular, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de los lineamientos, dichos insumos son adquiridos por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, DGRMSG, de la Secretaría de Gobernación, y entregados por dicha unidad administrativa a la entidad federativa de que se trate, a efecto de que esta última proceda a su posterior distribución.

• Al día de la fecha, esta declaratoria de emergencia continúa abierta, razón por la que aún no se concluye con su atención.

Fonden ReconstrucciónEstado de México

Lluvia severa los días 3 y 4 de febrero de 2010 (Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl y Valle de Chalco Solidaridad)

• Mediante oficio SGG/0009/2010, de fecha 4 de febrero de 2010, en cumplimiento al numeral 7 de las ROF, el secretario general de gobierno del estado de México solicitó a la Comisión Nacional del Agua la opinión técnica respecto de la ocurrencia del fenómeno hidrometeorológico catalogado como lluvia severa ocurrida los días 3 y 4 de febrero de 2010 en los municipios de Ecatepec de Morelos y Nezahualcóyotl.

Asimismo, mediante el oficio SGG/0010/2010, de fecha 5 de febrero de 2010, el secretario general de gobierno del estado de México solicitó a la Comisión Nacional del Agua opinión técnica respecto de la ocurrencia del fenómeno hidrometeorológico catalogado como lluvia severa ocurrida los días 3, 4 y 5 de febrero de 2010 en el municipio de Valle de Chalco.

• Con oficios BOO.-171 y BOO.-175, ambos de fecha 5 de febrero de 2010, en cumplimiento al numeral 8 de las ROF, la Comisión Nacional del Agua emitió su opinión técnica y corroboró la ocurrencia de lluvia severa, el 3 de febrero de 2010, en los municipios de Ecatepec de Morelos y Nezahualcóyotl, y lluvia severa los días 3 y 4 de febrero de 2010 en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, todos del estado de México.

• Con fecha 5 de febrero de 2010, en apego a las disposiciones de las ROF, se llevó a cabo la sesión de instalación del Comité de Evaluación de Daños, CED, en el estado de México, con el objetivo de realizar la cuantificación y evaluación de los daños ocasionados por la ocurrencia de lluvias severas los días 3 y 4 de febrero de 2010. Para esos efectos, los integrantes del CED se agruparon en subcomités de los sectores: vivienda, infraestructura urbana, carretero, hidráulico, educativo y salud.

En dicha sesión, el CED acordó que la entrega de resultados correspondiente se llevaría a cabo en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de su instalación, para lo cual se señaló el 18 de febrero de 2010. No obstante lo anterior, a petición de los subcomités y en virtud de la imposibilidad técnica manifestada para evaluar y cuantificar los daños en los municipios afectados, en términos del numeral 13, fracción II, de las ROF, el CED autorizó por única vez, la ampliación en el plazo por 10 días hábiles más, siendo su fecha límite el 4 de marzo de 2010.

En ese mismo acto, el gobierno del estado de México entregó al representante de la Secretaría de Gobernación, la solicitud de declaratoria de desastre natural, de conformidad con el numeral 9 de las ROF, por lo que dicha dependencia del gobierno federal, por conducto de la CGPC, emitió y publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de febrero de 2010, la declaratoria de desastre natural por la ocurrencia de lluvia severa los días 3 y 4 de febrero de 2010, en 3 municipios del estado de México; procediendo a declarar como zona de desastre a los municipios de Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl y Valle de Chalco Solidaridad (que se incluyeron en la solicitud de declaratoria de desastre y que fueron corroborados por la Comisión Nacional del Agua como municipios afectados por la presencia de lluvia severa el 3 de febrero de 2010 y lluvia severa los días 3 y 4 de febrero de 2010, respectivamente).

No se omite señalar, que con fundamento en lo establecido por los numerales 17 y 20 de las ROF, en la sesión de instalación del CED antes aludida, se solicitaron recursos para diversos sectores, por concepto de apoyos parciales inmediatos (Apin) con cargo al Fonden, para la ejecución de las acciones, trabajos y obras prioritarias y urgentes, dirigidas a solventar la situación crítica derivada del desastre natural en cuestión, mismos que se autorizaron de la siguiente manera:

• En este punto, se informa que, según se ha señalado, actualmente se encuentra transcurriendo el plazo establecido en el numeral 13, fracción II, de las ROF para que se lleve a cabo la sesión de entrega de resultados del CED, motivo por el cual, una vez realizadas tales acciones se podrá estar en condiciones de saber de qué manera y con qué montos se atenderán y apoyarán, finalmente y con cargo al Fonden, los daños ocurridos por la presencia de lluvia severa los días 3 y 4 de febrero de 2010, en los municipios del estado de México en comento.

No obstante, adelantamos que una vez que hayan sido autorizados en su totalidad los recursos con cargo al Fonden para dar atención al fenómeno natural perturbador de referencia, y transferidos los mismos del Fideicomiso Fonden Federal al Fideicomiso 1989.-Fonden estado de México, atentos al numeral 44 de las ROF, el Comité Técnico de dicho fideicomiso estatal será el responsable de verificar que se cumpla el calendario de ejecución de las obras y acciones de las dependencias y entidades ejecutoras, en el entendido de que, de observarse retrasos constantes e injustificados hasta por un plazo de tres meses en el cumplimiento de dicho calendario, deberá realizar las acciones necesarias para que, en su caso, se reintegre al patrimonio del fideicomiso Fonden federal el remanente de la coparticipación de orden federal.

Asimismo, dentro de las sesiones ordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso 1989.-Fonden estado de México, los ejecutores del gasto invariablemente deberán presentar los avances físicos y financieros de sus programas de reconstrucción que se encuentren en ejecución y, en su caso, las problemáticas que éstos enfrenten.

De igual manera, en términos del numeral 46 de las ROF, será responsabilidad del fiduciario del referido Fideicomiso 1989.-Fonden estado de México, llevar el control detallado para la atención, recepción y desembolso de los recursos destinados a dicha entidad federativa que por concepto de coparticipaciones se les hayan entregado a través del Fonden, siendo corresponsables en ese control las dependencias y entidades normativas y ejecutaras, respectivamente, a través de las cuales se canalizaron tos recursos al fideicomiso Fonden estatal para la atención del desastre natural.

Lluvia severa los días 3 y 4 de febrero de 2010 (municipio de Chalco, estado de México)

• Mediante oficio SGG/0015/2010, de fecha 8 de febrero de 2010, en cumplimiento al numeral 7 de las ROF, el secretario general de gobierno del estado de México solicitó a la Comisión Nacional del Agua opinión técnica respecto de la ocurrencia del fenómeno hidrometeorológico catalogado como lluvia severa en las colonias Unión de Guadalupe, Culturas Mexicanas y Covadonga en el municipio de Chalco, suscitada 3, 4 y 5 de febrero de 2010.

• Con oficio BOO.-200, de fecha 9 de febrero de 2010, en cumplimiento a lo que señala el numeral 8 de las ROF, la Comisión Nacional del Agua emitió su opinión técnica y corroboró la ocurrencia de lluvia severa, sólo los días 3 y 4 de febrero de 2010, en el municipio de Chalco del estado de México.

• Con fecha 10 de febrero de 2010, en apego a las disposiciones de las ROF, se llevó a cabo la sesión de instalación del Comité de Evaluación de Daños, CED, en el estado de México, con el objetivo de realizar la cuantificación y evaluación de los daños ocasionados por la ocurrencia de lluvias severas los días 3 y 4 de febrero de 2010 en el municipio de Chalco. Para esos efectos, los integrantes del CED se agruparon en subcomités de los sectores: vivienda, infraestructura urbana, carretero, hidráulico, educativo y salud.

En dicha sesión, el CED acordó que la entrega de resultados se llevaría a cabo en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la instalación del CED, para lo cual se señaló el 23 de febrero de 2010. No obstante lo anterior, a petición de los subcomités y en virtud de la imposibilidad técnica manifestada para evaluar y cuantificar los daños en los municipios afectados, en términos del numeral 13, fracción II de las ROF, el CED autorizó por única vez, la ampliación en el plazo por 10 días hábiles más siendo su fecha límite el 9 de marzo de 2010.

En ese mismo acto, el gobierno del estado de México entregó al representante de la Secretaría de Gobernación, la solicitud de declaratoria de desastre natural, de conformidad con el numeral 9 de las ROF, por lo que dicha dependencia del gobierno federal, por conducto de la CGPC, emitió y publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 16 de febrero de 2010, la declaratoria de desastre natural por la ocurrencia de lluvia severa los días 3 y 4 de febrero de 2010, en el municipio de Chalco del estado de México, procediendo a declarar como zona de desastre al municipio de Chalco (municipio que el estado de México incluyó en su respectiva solicitud de declaratoria de desastre y que fue corroborado por la Comisión Nacional del Agua como municipio afectado por la presencia de lluvia severa los días 3 y 4 de febrero de 2010).

No se omite señalar que, con fundamento en lo establecido por los numerales 17 y 20 de las ROF, en la sesión de instalación del CED antes aludida, se solicitaron recursos para diversos sectores, por concepto de apoyos parciales inmediatos, con cargo al Fonden, para la ejecución de las acciones, trabajos y obras prioritarias y urgentes, dirigidas a solventar la situación crítica derivada del desastre natural en cuestión, que se autorizaron de la siguiente manera:

• En este punto, se informa a ese órgano legislativo que, según se ha observado, actualmente se encuentra transcurriendo el plazo establecido en el numeral 13, fracción II, de las ROF para que se lleve a cabo la sesión de entrega de resultados del CED, motivo por el cual, una vez realizadas tales acciones se podrá estar en condiciones de saber de qué manera y con qué montos se atenderán y apoyarán, finalmente y con cargo al Fonden, los daños ocurridos por la presencia de lluvia severa los días 3 y 4 de febrero de 2010, en el municipio de Chalco, México.

No obstante, reiteramos que, una vez que hayan sido autorizados en su totalidad los recursos con cargo al Fonden para dar atención al fenómeno natural perturbador de referencia, y transferidos del fideicomiso Fonden federal al Fideicomiso 1989.-Fonden estado de México, atentos al numeral 44 de de las ROF, el Comité Técnico de dicho fideicomiso estatal, será el responsable de verificar que se cumpla el calendario de ejecución de las obras y acciones de las dependencias y entidades ejecutoras, en el entendido de que, de observarse retrasos constantes e injustificados hasta por un plazo de tres meses en el cumplimiento de dicho calendario, deberá realizar las acciones necesarias para que, en su caso, se reintegre al patrimonio del fideicomiso Fonden federal el remanente de la coparticipación de orden federal.

Asimismo, dentro de las sesiones ordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso 1989.-Fonden estado de México, los ejecutores del gasto invariablemente deberán presentar los avances físicos y financieros de sus programas de reconstrucción que se encuentren en ejecución y, en su caso, las problemáticas que éstos enfrenten.

De igual manera, en términos del numeral 46 de las ROF, será responsabilidad del fiduciario del referido Fideicomiso 1989.-Fonden estado de México, llevar el control detallado para la atención, recepción y desembolso de los recursos destinados a dicha entidad federativa que por concepto de coparticipaciones se les hayan entregado a través del Fonden, siendo corresponsables en ese control las dependencias y entidades normativas y ejecutoras, respectivamente, a través de las cuales se canalizaron los recursos al fideicomiso Fonden estatal para la atención del desastre natural.

Fonden ReconstrucciónMichoacán

Lluvias severas los días 3 y 4 de febrero de 2010 (Angangueo, Ocampo, Tiquicheo de Nicolás Romero, Tuxpan y Tuzantla)

• Mediante oficio GEM/019/2010, de fecha 6 de febrero de 2010, en cumplimiento al numeral 7 de las ROF, el gobernador de Michoacán solicitó a la Comisión Nacional del Agua opinión técnica respecto de la lluvia atípica ocasionada por tormentas de baja presión provenientes del pacífico y ocasionadas por el frente frío número 29, tormenta invernal número 5, ocurrida los días 3 y 4 de febrero de 2010, en los municipios de Angangueo, Ocampo, Tiquicheo de Nicolás Romero, Tuxpan y Tuzantla.

• Con oficio BOO.-189, de fecha 7 de febrero de 2010, en cumplimiento a lo que señala el numeral 8 de las ROF, la Comisión Nacional del Agua emitió su opinión técnica y corroboró la ocurrencia de lluvia severa los días 3 y 4 de febrero de 2010, en los municipios de Angangueo, Ocampo, Tiquicheo de Nicolás Romero, Tuxpan y Tuzantla, Michoacán.

• Con fecha 8 de febrero de 2010, en apego a las disposiciones de las ROF, se llevó a cabo la sesión de instalación del Comité de Evaluación de Daños, CED, en Michoacán, con el objetivo de realizar la cuantificación y evaluación de los daños ocasionados por la ocurrencia de lluvias severas los días 3 y 4 de febrero de 2010, en los municipios referidos. Para esos efectos, los integrantes del CED se agruparon en subcomités de los sectores: vivienda, urbano, carretero, hidráulico, hidroagrícola, educativo, deportivo, salud y medio ambiente.

En dicha sesión, el CED acordó que la entrega de resultados se llevaría a cabo en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la instalación del CED, para lo cual se señaló el 19 de febrero de 2010. No obstante lo anterior, a petición de los subcomités y en virtud de la imposibilidad técnica manifestada para evaluar y cuantificar los daños en los municipios afectados, en términos del numeral 13, fracción II, de las ROF, el CED autorizó, por única vez, la ampliación en el plazo por 10 días hábiles más, siendo su fecha límite el 5 de marzo de 2010.

En ese acto, el gobierno de Michoacán entregó al representante de la Secretaría de Gobernación, la solicitud de declaratoria de desastre natural, de conformidad con el numeral 9 de las ROF, por lo que dicha dependencia del gobierno federal, por conducto de la CGPC, emitió y publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de febrero de 2010, la declaratoria de desastre natural por la ocurrencia de lluvias severas los días 3 y 4 de febrero de 2010, en cinco municipios de Michoacán, procediendo a declarar como zona de desastre a los municipios de Angangueo, Ocampo, Tiquicheo de Nicolás Romero, Tuxpan y Tuzantla (los cuales Michoacán incluyó en su respectiva solicitud de declaratoria de desastre y que fueron corroborados por la Comisión Nacional del Agua como municipios afectados por la presencia de lluvia severa los días 3 y 4 de febrero de 2010).

No se omite señalar que, con fundamento en lo establecido por los numerales 17 y 20 de las ROF, en la sesión de instalación del CED antes aludida, se solicitaron recursos para diversos sectores, por concepto de apoyos parciales inmediatos, con cargo al Fonden, para la ejecución de las acciones, trabajos y obras prioritarias y urgentes, dirigidas a solventar la situación crítica derivada del desastre natural en cuestión, los cuales que se autorizaron de la siguiente manera:

• En este punto se informa que, de igual manera, actualmente se encuentra transcurriendo el plazo establecido en el numeral 13, fracción II, de las ROF para que se lleve a cabo la sesión de entrega de resultados del CED, motivo por el cual, una vez realizadas tales acciones se podrá estar en condiciones de saber de qué manera y con qué montos se atenderán y apoyarán, finalmente y con cargo al Fonden, los daños ocurridos por la presencia de lluvia severa los días 3 y 4 de febrero de 2010, en los 5 municipios del Estado de Michoacán aludidos con anterioridad.

Así también, una vez que hayan sido autorizados en su totalidad los recursos con cargo al Fonden para dar atención al fenómeno natural perturbador de referencia, y transferidos los mismos del Fideicomiso Fonden Federal al Fideicomiso 1994-Fonden estado de Michoacán, atentos al numeral 44 de de las ROF, el Comité Técnico de dicho Fideicomiso Estatal, será el responsable de verificar que se cumpla el calendario de ejecución de las obras y acciones de las dependencias y entidades ejecutaras, en el entendido de que, de observarse retrasos constantes e injustificados hasta por un plazo de tres meses en el cumplimiento de dicho calendario, deberá realizar las acciones necesarias para que, en su caso, se reintegre al patrimonio del Fideicomiso Fonden Federal el remanente de la coparticipación de orden federal.

Asimismo, dentro de las sesiones ordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso 1994-Fonden estado de Michoacán, los ejecutores del gasto invariablemente deberán presentar los avances físicos y financieros de sus programas de reconstrucción que se encuentren en ejecución y, en su caso, las problemáticas que éstos enfrenten.

De igual manera, en términos del numeral 46 de las ROF, será responsabilidad del fiduciario del referido Fideicomiso 1994-Fonden Estado de Michoacán, llevar el control detallado para la atención, recepción y desembolso de los recursos destinados a dicha entidad federativa que por concepto de coparticipaciones se les hayan entregado a través del Fonden, siendo corresponsables en ese control las dependencias y entidades normativas y ejecutaras, respectivamente, a través de las cuales se canalizaron los recursos al Fideicomiso Fonden estatal para la atención del desastre natural.

Lluvias severas los días 4 y 5 de febrero de 2010 (Hidalgo, Jungapeo y Zitácuaro)

• Mediante oficio sin número, de fecha 16 de febrero de 2010, en cumplimiento al numeral 7 de las ROF, el gobernador de Michoacán solicitó a la Conagua opinión técnica respecto de la ocurrencia de lluvias severas del día 4 al 11 de febrero del año en curso, en los municipios de Hidalgo, Jungapeo y Zitácuaro.

• Con oficio BOO-265 de fecha 18 de febrero de 2010, en cumplimiento a lo que señala el numeral8 de las ROF, la Conagua emitió su opinión técnica y corroboró la ocurrencia de lluvia severa sólo los días 4 y 5 de febrero de 2010, en los tres municipios referidos del Estado de Michoacán de Ocampo (Hidalgo, Jungapeo y Zitácuaro).

• Con fecha 19 de febrero de 2010, en apego a las disposiciones de las ROF, se llevó a cabo la sesión de instalación del Comité de Evaluación de Daños, CED, en Michoacán, con el objeto de realizar la cuantificación y evaluación de los daños ocasionados por la ocurrencia de lluvia severa los días 4 y 5 de febrero de 2010 en los municipios de Hidalgo, Jungapeo y Zitácuaro. Para esos efectos, los integrantes del CED se agruparon en subcomités de los sectores: vivienda, educativo, deportivo, medio ambiente y de salud, infraestructura urbana, infraestructura carretera, infraestructura hidráulica e infraestructura hidroagrícola.

En dicha sesión, el CED acordó que la entrega de resultados se llevaría a cabo en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la instalación del CED, para lo cual se señaló el día 4 de marzo de 2010. No obstante lo anterior, a petición de los subcomités y en virtud de la imposibilidad técnica manifestada para evaluar y cuantificar los daños en los municipios afectados, en términos del numeral 13, fracción II de las ROF, el CED autorizó por única vez, la ampliación en el plazo por 10 días hábiles más, siendo su fecha límite el 18 de marzo de 2010.

En ese mismo acto, el gobierno de Michoacán entregó al representante de la Segob, la solicitud de Declaratoria de Desastre Natural, de conformidad con el numeral9 de las ROF, por lo que dicha dependencia del gobierno federal, por conducto de la CGPC, se encuentra en proceso de emitir y publicar en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de desastre natural correspondiente, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el numeral 10 de las ROF.

No se omite señalar que, con fundamento en lo establecido por los numerales 17 y 20 de las ROF, en la sesión de instalación del CED antes aludida, se solicitaron recursos para diversos sectores, por concepto de Apoyos Parciales Inmediatos, APIN, con cargo al Fonden, para la ejecución de las acciones, trabajos y obras prioritarias y urgentes, dirigidas a solventar la situación crítica derivada del desastre natural en cuestión. No obstante, se comunica que la autorización de éstos se encuentra en proceso de trámite por parte de la Unidad de Política y Control Presupuestario, UPCP, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP.

• Actualmente se encuentra transcurriendo el plazo establecido en el numeral 13, fracción II, de las ROF para que se lleve a cabo la sesión de entrega de resultados del CED, motivo por el cual, una vez realizadas tales acciones se podrá estar en condiciones de saber de qué manera y con qué montos se atenderán y apoyarán, finalmente y con cargo al Fonden, los daños ocurridos por la presencia de lluvia severa los días 4 y 5 de febrero de 2010, en 3 municipios de Michoacán.

Así también, una vez que hayan sido autorizados en su totalidad los recursos con cargo al Fonden para dar atención al fenómeno natural perturbador de referencia, y transferidos los mismos delFideicomiso Fonden Federal al Fideicomiso 1994-Fonden estado de Michoacán , atentos al numeral 44 de de las ROF, el Comité Técnico de dicho Fideicomiso estatal, será el responsable de verificar que se cumpla el calendario de ejecución de las obras y acciones de las dependencias y entidades ejecutaras, en el entendido de que, de observarse retrasos constantes e injustificados hasta por un plazo de tres meses en el cumplimiento de dicho calendario, deberá realizar las acciones necesarias para que, en su caso, se reintegre al patrimonio del Fideicomiso Fonden federal el remanente de la coparticipación de orden federal.

Asimismo, dentro de las sesiones ordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso 1994-Fonden estado de Michoacán, los ejecutores del gasto invariablemente deberán presentar los avances físicos y financieros de sus programas de reconstrucción que se encuentren en ejecución y, en su caso, las problemáticas que éstos enfrenten.

De igual manera, en términos del numeral 46 de las ROF, será responsabilidad del fiduciario del referido Fideicomiso 1994-Fonden estado de Michoacán, llevar el control detallado para la atención, recepción y desembolso de los recursos destinados a dicha entidad federativa que por concepto de coparticipaciones se les hayan entregado a través del Fonden, siendo corresponsables en ese control las dependencias y entidades normativas y ejecutoras, respectivamente, a través de las cuales se canalizaron los recursos al Fideicomiso Fonden estatal para la atención del desastre natural.

Distrito Federal

Lluvias severas los días 3 y 4 de febrero de 2010 (Venustiano Carranza, Iztacalco, Gustavo A. Madero e Iztapalapa)

• Mediante oficio JG/008/10, de fecha 5 de febrero de 2010, en cumplimiento al numeral 7 de las ROF, el jefe del Gobierno del Distrito Federal (firmado en su ausencia por el secretario de Gobierno del Distrito Federal) solicitó a la Conagua opinión técnica respecto de la lluvia atípica ocurrida el día 4 de febrero de 2010, en las delegaciones Venustiano Carranza, Iztacalco, Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

Mediante oficio JG/010/10, de fecha 6 de febrero de 2010, en alcance al oficio JG/008/10, el Gobierno del Distrito Federal informó a la Conagua que las lluvias atípicas ocurrieron los días 2, 3 y 4 de febrero del presente año, y que las delegaciones afectadas son: Venustiano Carranza, Iztacalco, Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

• Con oficio BOO-190 de fecha7 de febrero de 2010, la Conagua emitió su opinión técnica y corroboró la ocurrencia de lluvia severa los días 3 y 4 de febrero de 2010, en las Delegaciones Venustiano Carranza, Iztacalco, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, en el Distrito Federal.

• Con fecha 8 de febrero de 2010, en apego a las disposiciones de las ROF, se llevó a cabo la sesión de instalación del Comité de Evaluación de Daños, CED, en la Ciudad de México Distrito Federal, con el objeto de realizar la cuantificación y evaluación de los daños ocasionados por la ocurrencia de lluvia severa los días 3 y 4 de febrero de 2010. Para esos efectos, los integrantes del CED se agruparon en subcomités de los sectores: vivienda, infraestructura urbana, hidráulico, educativo y salud.

En dicha sesión, el CED acordó que la entrega de resultados se llevaría a cabo en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la instalación del CED, para lo cual se señaló el día 19 de febrero de 2010. No obstante lo anterior, a petición de los subcomités y en virtud de la imposibilidad técnica manifestada para evaluar y cuantificar los daños en los municipios afectados, en términos del numeral 13, fracción II de las ROF, el CED autorizó por única vez, la ampliación en el plazo por 10 días hábiles más, siendo su fecha límite el 5 de marzo de 2010.

En ese mismo acto, el Gobierno del Distrito Federal entregó al representante de la Segob, la solicitud de declaratoria de desastre natural, de conformidad con el numeral9 de las ROF, por lo que dicha dependencia del gobierno federal, por conducto de la CGPC, emitió y publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 2010 la “Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de lluvias severas los días 3 y 4 de febrero de 2010, en 4 delegaciones del Distrito Federal”, procediendo a declarar como zona de desastre a las delegaciones Venustiano Carranza, Iztacalco, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, en el Distrito Federal (delegaciones que el Gobierno del Distrito Federal incluyó en su respectiva solicitud de declaratoria de desastre y que fueron corroborados por la Conagua como municipios afectados por la presencia de lluvias severas los días 3 y 4 de febrero de 2010).

Con fundamento en lo establecido por los numerales 17 y 20 de las ROF, en la sesión de instalación del CED antes aludida, se solicitaron recursos para diversos sectores, por concepto de Apoyos Parciales Inmediatos, APIN, con cargo al Fonden, para la ejecución de las acciones, trabajos y obras prioritarias y urgentes, dirigidas a solventar la situación crítica derivada del desastre natural en cuestión, mismos que se autorizaron de la siguiente manera:

• Se informa que, de igual manera, actualmente se encuentra transcurriendo el plazo establecido en el numeral 13, fracción II, de las ROF para que se lleve a cabo la sesión de entrega de resultados del CED, motivo por el cual, una vez realizadas tales acciones se podrá estar en condiciones de saber de qué manera y con qué montos se atenderán y apoyarán, finalmente y con cargo al Fonden, los daños ocurridos por la presencia de lluvias severas los días 3 y 4 de febrero de 2010, en 4 órganos político-administrativos del Distrito Federal.

Así también, una vez que hayan sido autorizados en su totalidad los recursos con cargo al Fonden para dar atención al fenómeno natural perturbador de referencia, y transferidos los mismos del Fideicomiso Fonden Federal al Fideicomiso 2088-Fondo de Desastres Naturales Distrito Federal, atentos al numeral 44 de de las ROF, el Comité Técnico de dicho Fideicomiso estatal, será el responsable de verificar que se cumpla el calendario de ejecución de las obras y acciones de las dependencias y entidades ejecutaras, en el entendido de que, de observarse retrasos constantes e injustificados hasta por un plazo de tres meses en el cumplimiento de dicho calendario, deberá realizar las acciones necesarias para que, en su caso, se reintegre al patrimonio del Fideicomiso Fonden federal el remanente de la coparticipación de orden federal.

Asimismo, dentro de las sesiones ordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso 2088-Fondo de Desastres Naturales Distrito Federal, los ejecutores del gasto invariablemente deberán presentar los avances físicos y financieros de sus programas de reconstrucción que se encuentren en ejecución y, en su caso, las problemáticas que éstos enfrenten.

De igual manera, en términos del numeral 46 de las ROF, será responsabilidad del Fiduciario del referido Fideicomiso 2088-Fondo de Desastres Naturales Distrito Federal, llevar el control detallado para la atención, recepción y desembolso de los recursos destinados a dicha entidad federativa que por concepto de coparticipaciones se les hayan entregado a través del Fonden, siendo corresponsables en ese control las dependencias y entidades normativas y ejecutoras, respectivamente, a través de las cuales se canalizaron los recursos al Fideicomiso Fonden Estatal para la atención del desastre natural.

Visto lo anterior, y con el ánimo de apoyar las afirmaciones hasta aquí vertidas, ofrecemos una descripción sucinta del procedimiento de accesos a los recursos que se autorizan con cargo al Fonden Reconstrucción, en términos de las ROF vigentes:

Procedimiento de acceso a los recursos del instrumento Fonden Reconstrucción

Para acceder a los recursos con cargo al Fonden Reconstrucción, deberá observarse el procedimiento contenido en las ROF, mismo que se encuentra descrito de manera gráfica en la dirección electrónica del Sistema Nacional de Protección Civil México, específicamente en el vínculo:

http://www.proteccioncivil.gob.mx/upload/Fonden/flujograma/proc edimiento_de_acceso_a_recursos_Fonden_e.swf

No obstante, para pronta referencia, a continuación se detalla tal procedimiento. Para esos efectos se transcribe en su totalidad el numeral 4 de las ROF:

“4. Son fines del Fondo de Desastres Naturales:

I. Canalizar al Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales constituido por cada una de las entidades federativas los recursos que le corresponda aportar; por cuenta y orden de las entidades federativas, para la restitución parcial o total de los daños sufridos por un fenómeno natural perturbador en los sectores de competencia de las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, previstos en las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, de acuerdo con los porcentajes de coparticipación establecidos; así como también en la mitigación de los daños a las viviendas de la población de bajos ingresos afectadas por un fenómeno natural perturbador.

Los recursos que se ejerzan en coparticipación estarán condicionados a la aportación de las entidades federativas, de acuerdo con los porcentajes establecidos en las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, con excepción de los apoyos parciales inmediatos y los anticipos, los cuales no están sujetos de inicio a dicha coparticipación;

II. Apoyar la restitución parcial o total de los daños sufridos en los sectores de competencia federal afectados por un fenómeno natural perturbador, de acuerdo con los porcentajes de coparticipación previstos en las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales con excepción de los bienes de dominio público de la Federación objeto de concesión o cualquier otra figura análoga por la cual se otorgue su uso o explotación;

III. Otorgar recursos a través de apoyos parciales inmediatos para la ejecución de las acciones emergentes, así como los trabajos y obras de carácter prioritario y urgente, dirigidas a solventar la situación crítica derivada del desastre natural, tales como el restablecimiento de las comunicaciones, los servidos básicos, la limpieza inmediata, remoción de escombros y todo aquello que coadyuve a la normalización de la actividad de la zona afectada, así como para evitar mayores daños y proteger a la población;

IV. Otorgar recursos al Fondo Revolvente Fonden y al Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales a que se refiere el numeral J de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales;

V. Otorgar recursos a las dependencias y entidades de la administración pública federal para la adquisición de equipo especializado destinado a la atención de emergencias y desastres naturales;

VI. Otorgar recursos a las entidades federativas para la constitución de fondos estatales para la prevención y atención de desastres naturales;

VII. Constituir mediante subcuentas específicas en el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, fondos y reservas financieras con el propósito de asegurar la oportuna asignación y aplicación de recursos dirigidos a proyectos preventivos y a solventar aspectos prioritarios y urgentes relacionados o derivados de fenómenos naturales perturbadores;

VIII. Canalizar recursos para la realización de proyectos y el establecimiento de instrumentos de administración y transferencia de riesgos que estén relacionados con la prevención y atención de los efectos ocasionados por fenómenos naturales perturbadores; para la protección financiera del patrimonio del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, así como los servicios necesarios relacionados con dichas contrataciones, en términos de lo previsto en el Anexo I de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, y

IX. Aportar y recibir recursos del Programa Fondo para la Prevención de Desastres Naturales y del Fideicomiso Preventivo a cargo de la Secretaría de Gobernación y de otros programas e instrumentos financieros relacionados con los fines del Fondo de Desastres Naturales, en términos de las disposiciones aplicables.”

Visto lo anterior, y para efectos del acceso a los recursos del instrumento en estudio, se deberá observar el siguiente procedimiento:

• Ante la presencia de un desastre natural, la entidad federativa correspondiente debe solicitar inmediatamente a la instancia técnica facultada6 , indique si desde su punto de vista, el desastre natural respectivo existe o tiene la magnitud necesaria para ser susceptible de apoyo del Fonden (numeral7 de las ROF). Dicha solicitud deberá contener, entre otros aspectos, los municipios involucrados, es decir, todos aquellos municipios que se considera sufrieron o pudieron haber sufrido afectaciones a causa del fenómeno natural perturbador de que se traté (numeral 7, fracción II, de las ROF).

• La instancia técnica facultada tiene 4 días hábiles para emitir su respuesta a la solicitud de la entidad federativa y en caso de que se cuente con información que permita inferir una afectación en el abastecimiento de agua potable se tendrán 7 días hábiles (numeral 8 de las ROF).

• En caso de resultar afirmativa la respuesta de la instancia técnica facultada, el Gobierno de la entidad federativa deberá convocar a un Comité de Evaluación de Daños, CED, que tiene por objeto evaluar y cuantificar los daños producidos por un fenómeno natural perturbador en particular. Dicho comité se integrará por servidores públicos estatales y federales de los sectores afectados, funcionando en Subcomités que se agruparan por materia o sector.

Es en este momento en que la entidad federativa deberá entregar al representante de la Segob la solicitud de emisión de una Declaratoria de Desastre Natural firmada por el titular del Ejecutivo de dicha entidad federativa (numeral 9 de las ROF).

Desde la instalación del CED correspondiente, las dependencias y entidades federales, así como las entidades federativas, podrán solicitar Apoyos Parciales Inmediatos, APIN7 , con cargo al Fonden (numeral 11 de las ROF).

Vale la pena mencionar que los APIN son autorizados por la Unidad de Política y Control Presupuestario, UPCP, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, los cuales formaran parte de los anticipos que llegase a solicitar la Entidad Federativa. En caso de que no se soliciten dichos anticipos, los APIN serán incluidos en el diagnóstico de obras y acciones que deriven de la sesión de entrega de resultados.

Asimismo, resulta importante precisar que con el propósito de que se presente, y en su caso, se autorice el listado de acciones, trabajos y obras considerados como prioritarios y objeto de apoyo de los APIN, la entidad federativa en coordinación con el Fiduciario del Fideicomiso Fonden Estatal deberá convocar a su Comité Técnico, en donde se adoptaran los acuerdos conducentes, tomando como base la gradualidad y las disponibilidades financieras existentes. Dicha resolución deberá ser hecha del conocimiento de la DGF (numeral 17, de las ROF).

• En los cuatro días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de la declaratoria de desastre natural, siempre que ésta cumpla con los requisitos señalados, la Segob por conducto de la Coordinación General de Protección Civil, CGPC deberá emitir y publicar en el Diario Oficial de la Federación, la declaratoria de desastre natural respectiva.

6 Según se ha visto, aquellos entes facultados para corroborar la ocurrencia de un desastre natural en una fecha y lugar determinado.

7 Entendiéndose estos, como los recursos destinados para la ejecución de acciones emergentes, así como los trabajos y obras de carácter prioritario y urgente, dirigidas a solventar la situación critica del desastre natural, tales como el restablecimiento de las comunicaciones, los servicios básicos, la limpieza inmediata, remoción de escombros y todo aquello que coadyuve a la normalización de la actividad de la zona afectada, para evitar mayores daños y proteger a la población.

• A partir de la instalación del CED, empieza a correr una cuenta regresiva de hasta 10 días hábiles (prorrogables) para realizarse la entrega de resultados del referido CED en donde se identificarán por sector afectado, los datos aludidos en el numeral 14 de las ROF (numeral 13, fracción II, de las ROF).

• Durante la sesión de entrega de resultados se realizan las siguientes acciones (numeral 13, fracción III de las ROF):

Presentación y entrega de los resultados de cuantificación y evaluación de daños elaborados en conjunto por el estado y las contrapartes de las dependencias y entidades federales;

Entrega de la solicitud de anticipos por el gobierno del estado.

• Respecto de los anticipos es importante mencionar que éstos tienen por objeto contribuir en la realización de trabajos y obras prioritarias y se deberán de ejercer con base en los programas de obras y acciones autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso.

Los anticipos serán con cargo al patrimonio del Fideicomiso Fonden hasta por un monto equivalente al cincuenta por ciento de la coparticipación federal que corresponda al Fonden.

Si las dependencias o entidades federales que validarán la evaluación de los daños, consideran que es procedente la solicitud de anticipes, solicitarán a la UPCP la autorización de los mismos, la cual en su caso, instruirá al Fiduciario del Fideicomiso Fonden para que los recursos solicitados sean transferidos al Fideicomiso Fonden Estatal correspondiente (numeral 21 de las ROF)

Cabe señalar que los anticipos deberán regularizarse con la autorización por parte del Comité Técnico de los recursos correspondientes.

• Ahora bien, a partir de la sesión de entrega de resultados, la dependencia o entidad federal tendrá un plazo máximo de 7 días hábiles, para presentar la solicitud de recursos y el diagnóstico de obras y acciones a la Segob, incorporando los diagnósticos presentados en dicha sesión (numeral 22 de las ROF).

Por lo que, una vez que cuente con la información antes descrita y de acuerdo a lo establecido en el numeral 23 de las ROF, la Segob por conducto de la DGF, dentro de un plazo de 2 días hábiles realizará las siguientes acciones:

I. Elaborar, dictaminar y presentar la solicitud global de recursos a la UPCP.

II. Verificar que no exista duplicidad de acciones y que no se encuentren pendientes o en trámite solicitudes de APIN o anticipos.

III. Verificar que no se soliciten recursos del Fonden para la reparación de daños ajenos al desastre natural en cuestión.

IV. Verificar que la infraestructura objeto de apoyo no haya sido materia de otros apoyos anteriores.

V. Anexar las solicitudes de recursos elaboradas por las dependencias y entidades federales, así como sus respectivos diagnósticos de obras y acciones, tanto de los programas de competencia local como federal.

• Una vez que la Segob remite a la UPCP de la SHCP la solicitud de recursos, ésta autorizará con cargo al Programa Fonden, comprendido en el Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas”. del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF, para el ejercicio fiscal que resulte aplicable o convocará a sesión del Comité Técnico del Fideicomiso Fonden para que los recursos sean aprobados con cargo al patrimonio del citado Fideicomiso, a efecto de que la entidad federativa de que se trate, a través de las instancias estatales ejecutaras correspondientes, pueda disponer de los recursos del Fonden para iniciar de inmediato las acciones de reconstrucción o apoyo autorizadas, previo la aportación de la coparticipación que le corresponda ante el Fideicomiso Fonden estatal.

• En ese sentido, en caso de que las acciones de reconstrucción resulten competencia de las Entidades Federativas, municipios delegaciones políticas, los recursos se ejercerán a través de los Fideicomisos Fonden estatales, los cuales tienen por objeto establecer un mecanismo ágil y transparente para ejercer los recursos que aporten las entidades federativas para atender un desastre natural, incluyendo las coparticipaciones federales asignadas a dichas entidades federativas.

Por lo que, a más tardar a los cuatro días hábiles siguientes de haberse recibido la notificación de la autorización de los recursos, se convocará a sesión del comité técnico del Fideicomiso Fonden estatal, a efecto de que las dependencias y entidades ejecutoras presenten para autorización sus programas de obras y acciones con sus respectivos calendarios de ejecución, previo al ejercicio de los recursos.

El Comité Técnico del Fideicomiso Fonden estatal será responsable de verificar que se cumpla con el programa calendarizado de ejecución de las obras y acciones por parte de las dependencias y entidades ejecutoras (numeral 44 de las ROF).

• Por lo anterior y en su oportunidad, los recursos en coparticipación serán transferidos del patrimonio del Fideicomiso 2003.- Fonden FEDERAL al Fideicomiso Estatal, en el pari passu respectivo, conforme a las aportaciones que realice el gobierno estatal, de acuerdo al calendario aprobado y autorizado por el Comité Técnico del Fideicomiso estatal en comento.

• Cabe señalar que el Anexo XVI de las ROF, establece que en términos de lo dispuesto en los numerales 39 y 41 de dicha normativa, el Fiduciario pagará directamente a los contratistas de obra pública, prestadores de bienes y servicios y proveedores por cuenta y orden de las instancias ejecutoras, previo a la presentación de entre otras cosas, de las facturas que amparen la ejecución de las obras y acciones realizadas.

Es importante hacer hincapié en el hecho de que, en materia de atención a desastres naturales a través del Fonden Reconstrucción, ala Segob, por conducto de la DGF, únicamente le corresponde coordinar el procedimiento de acceso a los recursos del instrumento financiero en mención, dando cumplimento para tales efectos a los plazos, requisitos y formalidades establecidos en las ROF, motivo por el cual no autoriza, ni tiene a su cargo la entrega de los recursos autorizados a un municipio u árgano político administrativo en particular, así como tampoco actúa como ejecutora de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado.

En esa lógica, se precisa que son las entidades federativas las encargadas de llevar a cabo la ejecución de obras dereconstrucción y la correspondiente distribución de los recursos autorizados con cargo al instrumento en mención, a través de las instancias ejecutoras estatales designadas para esos efectos (numeral 39 de las ROF).

Finalmente y en atención al puntoresolutivosegundo del punto de acuerdo que nos ocupa, relativo a que esa soberanía “... exhorta a la Secretaría de Gobernación para que sean revisadas las Reglas de Operación y los Procedimientos administrativos de liberación de estos recursos para que las entidades federativas puedan afrontar adecuadamente las emergencias causadas por fenómenos naturales.” Consideramos necesario hacer del conocimiento de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que, en cumplimiento a la instrucción recibida por parte del presidente de la República, en cumplimiento al compromiso que se tiene con la población que ha resultado afectada, o que pudiera serio en virtud de la ocurrencia de un desastre natural, y conscientes de que las ROF pueden ser perfectibles, en enero de 2008, la Segob comenzó con los trabajos tendientes a la elaboración y publicación de unas nuevas Reglas de Operación del Fonden, mismo que dio como resultado que con fecha 27 de mayo de 20°9, se publicara en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales.” Dicho trabajo fue encabezado por la DGF, en coordinación con la Unidad de Política y Control Presupuestario, UPCP, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, y se desarrolló en las siguientes etapas:

1. Solicitud de comentarios y propuestas de todas las instancias involucradas.

2. Análisis y evaluación de las Reglas de Operación entonces vigentes (a saber el “Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de septiembre de 2006).

3. Desarrollo de propuestas e ideas base.

4. Recordatorios y seguimiento a las instancias.

5. Análisis de propuestas.

6. Mesas de trabajo derivadas de los análisis de propuestas.

7. Consulta con especialistas.

8. Mesas de trabajo derivadas de las consultas con especialistas.

9. Elaboración del proyecto final.

10. Revisión y visto bueno.

11. Presentación ante la Procuraduría Fiscal.

12. Presentación ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Segob.

13. Presentación ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Cofemer.

14. Firma y Publicación del Acuerdo.

Debemos precisar que el inicio del proceso para llegar a las nuevas Reglas de Operación del Fonden comenzó por solicitar vía oficio, las opiniones y propuestas de todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal involucradas en los procesos de acceso a los recursos con cargo al Fonden, recibiendo de igual manera propuestas de las entidades federativas y de las Unidades Estatales de Protección Civil, dando como resultado las siguientes cifras:

• 145 Reuniones de trabajo llevadas a cabo.

• 17 Propuestas recibidas por parte de las entidades federativas.

• 28 Propuestas recibidas por parte de las dependencias y entidades federales integrantes de la administración pública federal.

En la elaboración del proyecto de las nuevas Reglas de Operación del Fonden, participaron las instancias federales que a continuación se indican:

• Secretaría de Gobernación (Segob)

• Unidad de Política y Control Presupuestario (dependiente de la SHCP)

• Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, (Banobras)

• Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred)

• Comisión Nacional Forestal (Conafor)

• Comisión Nacional del Agua (Conagua)

• Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca)

• Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)

• Secretaría de la Función Pública (SFP)

• Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)

• Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social (dependiente de la SHCP).

• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)

• Secretaría de Educación Pública (SEP)

• Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)

• Secretaría de Salud

• Secretaría de Marina-Armada de México (Semar)

Ahora bien, debemos mencionar que la emisión de las nuevas Reglas de Operación del Fonden, ha tenido como propósitos principales, entre otros, la inmediatez en la autorización de recursos para acciones urgentes, la simplificación de los procesos, la transparencia y el fortalecimiento de los mecanismos de control, la corresponsabilidad y la complementariedad de los distintos órdenes de gobierno, y cambiar la percepción del Fonden.

Los principales cambios que se pueden observar en las nuevas Reglas de Operación del Fonden son:

• El reordenamiento en su estructura, para efectos de una mejor comprensión y manejo (numerales, definiciones, anexos y formatos).

• La simplificación y agilización de los procesos de acceso a los recursos (por ejemplo: la emisión de la Declaratoria de Desastre al inicio del proceso de acceso a los recursos que se autorizan con cargo al Fonden, lo cual activa otros programas de apoyo, así como la eliminación de trámites con lo que se simplifican los procesos y se reducen los tiempos de acceso a los recursos).

• A efecto de que se autoricen recursos de manera inmediata a la ocurrencia del desastre se creó la figura de los Apoyos Parciales Inmediatos, APIN, con el objetivo de asegurar la oportuna asignación y aplicación de recursos dirigidos a solventar aspectos prioritarios y urgentes, tales como el restablecimiento de comunicaciones, servicios básicos, limpieza y remoción de escombros, así como todo aquello que coadyuve a la normalización de la actividad de la zona afectada, evitando mayores daños y buscando la protección y salvaguarda de la población afectada. Con esta figura se responde a un vacío financiero existente entre la ocurrencia del desastre y la disponibilidad de los recursos totales para la reconstrucción, disminuyendo la probabilidad de encontrarnos ante la falta de atención que se pudiera generar por no poder accesar a los recursos destinados a las acciones y obras urgentes de apoyo a la población.

El APIN ha permitido que las entidades federativas, las dependencias y entidades federales puedan acceder en un menor tiempo a una parte de los recursos que se autorizan con cargo al instrumento denominado Fonden Reconstrucción, a través del cual según se ha visto, se autorizan recursos destinados a la restitución, parcial o total, de los daños ocasionados en la infraestructura pública y sector vivienda de éstas, afectadas por un fenómeno natural perturbador.

• Con el propósito de reducir los desembolsos constantes y elevados, tanto del gobierno federal como de las entidades federativas en la atención a desastres, yen relación al fortalecimiento de esquemas de aseguramiento, en las nuevas Reglas de Operación del Fonden se prevé la posibilidad de que, con cargo a este programa federal, se canalicen recursos para la realización de proyectos y el establecimiento de instrumentos de administración y transferencia de riesgos que estén relacionados con la prevención y atención de los efectos ocasionados por fenómenos naturales perturbadores; para la protección financiera del patrimonio del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, así como los servicios necesarios relacionados con dichas contrataciones.

En este orden de ideas, con cargo al Fonden se podrán otorgar apoyos a las entidades federativas que lo soliciten para desarrollar una estrategia de gestión integral de riesgos, con el compromiso de adquirir el instrumento de administración y transferencia de los mismos que resulte de dicha estrategia, y de informar al Comité Técnico del Fideicomiso Fonden Federal, por conducto de la Segob, la conclusión de cada una de las acciones que comprenda dicha estrategia de gestión integral de riesgo.

• Se presenta un aumento en los porcentajes de coparticipación que debe cubrir el Fonden para efectos de la recuperación de la infraestructura local afectada por el desastre natural de que se trate (se incrementa a 50 por ciento la coparticipación del Fonden en casi todos los sectores que pudieran resultar afectados), con lo que se disminuye la carga financiera para entidades federativas y municipios por estos conceptos.

• Existe una mayor cobertura en los sectores de infraestructura pública (a manera de ejemplo diremos que en las nuevas Reglas de Operación del Fonden se prevé la cobertura de la infraestructura deportiva; la posibilidad de reubicar escuelas y hospitales en zonas de riesgo; cobertura de la infraestructura naval, entre otras).

• Ahora el Fonden puede ser una fuente de financiamiento para otros programas que interactúan en situaciones de desastre, cuando éstos últimos vean agotados sus presupuestos (tales como el Programa de Apoyos a Contingencias Climatológicas, PACC. a cargo de la Sagarpa, y los programas Habitat y de Empleo Temporal, PET, a cargo de Sedesol).

De igual manera, se prevé que para abril de 2010, la evaluación de los daños que deba realizar cada sector afectado, en el seno de los CED respectivos, deberá contar con soporte fotográfico que incluya la georeferenciación satelital de cada una de las acciones de reconstrucción a realizar.

Sin otro particular, y esperando que la presente información sea de utilidad, le saludo cordialmente.

Notas:

1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2009.

2 Entendidos como los eventos generados por la naturaleza, que por sus características extremas, atípicas o severas condiciona o genera una situación de desastre natural, caracterizado por la ausencia relativa de la participación directa o indirecta del ser humano.

3 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008.

4 Aquellos entes facultad os para corroborar la ocurrencia de un desastre natural en una fecha y lugar determinado, pudiendo ser la Comisión Nacional del Agua, por tratarse de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos, la Comisión Nacional Forestal, en caso de incendios forestales, o el Centro Nacional de Prevención de Desastres, para el caso de los fenómenos geológicos.

5 Los fideicomisos Fonden estatales tienen por objeto establecer un mecanismo ágil y transparente para ejercer los recursos que aporten las entidades federativas para atender un desastre natural, incluyendo las coparticipaciones federales asignadas a dichas entidades federativas (numeral 44 de las ROF).

6 Según se ha visto, aquellos entes facultados para corroborar la ocurrencia de un desastre natural en una fecha y lugar determinado.

7 Entendiéndose, estos, como los recursos destinados para la ejecución de acciones emergentes, así como los trabajos y obras de carácter prioritario y urgente, dirigidas a solventar la situación critica del desastre natural, tales como el restablecimiento de las comunicaciones, los servicios básicos, la limpieza inmediata, remoción de escombros y todo aquello que coadyuve a la normalización de la actividad de la zona afectada, para evitar mayores daños y proteger a la población.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 22 de febrero de 2010.— Rubem Hofliger Topete (rúbrica), director general del Fondo de Desastres Naturales.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Gobernación para su conocimiento.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-6-0242, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UR 120 UCE/CECU/0045/10, suscrito por Fabricio Montaño Figueroa, coordinador de Enlace con el honorable Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al apoyo de la selección nacional de personas con discapacidad para asistir a la copa de futbol soccer en Sudáfrica.

Atentamente

México, DF, a 25 de febrero de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SEL/UEL/311/283/10, mediante el cual remite el punto de acuerdo aprobado por el honorable Congreso de la Unión, relacionado con el exhorto a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) a efecto de que en uso de sus facultades se apoye a la selección nacional de personas con discapacidad para que pueda asistir a la copa de futbol soccer rumbo a Sudáfrica.

Con relación al punto de acuerdo por el que se exhorta al director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) a efecto de que en uso de sus facultades apoye a la selección nacional de personas con discapacidad para asistir a la copa de futbol soccer rumbo a Sudáfrica, esta entidad, en primer término, reconoce la preocupación e interés que el honorable Congreso de la Unión ha mostrado permanentemente en la promoción y fomento, no sólo del deporte, sino también de la cultura física en nuestro país.

Ahora bien, antes de avocarnos al resolutivo único del citado punto de acuerdo, es importante para este organismo hacer algunas precisiones, pues aún coincidiendo en gran parte con lo manifestado en los antecedentes y consideraciones que integran dicho punto de acuerdo, no se comparte lo señalado en los párrafos segundo y octavo de la consideración II, por lo que cabe resaltar que la Ley General de Cultura Física y Deporte (LGCFD), así como su reglamento, consideran importantes avances relativos a la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad, sin discriminación alguna, tanto en el ámbito deportivo y sus diferentes modalidades, así como en la cultura física.

En este sentido, la Conade, cumpliendo con el principio de igualdad de oportunidades, ha realizado diversas acciones encaminadas a apoyar e impulsar el desarrollo de las personas con discapacidad en el ámbito deportivo, con el propósito de establecer una nueva convivencia social, otorgándoles derechos sin ningún tipo de distinción sea por origen étnico, nacional, laboral, deportivo, político, religioso, o cualquier otro que atente contra su dignidad; para ello, desde hace más cuatro años, dentro de la Olimpiada Nacional se creó una etapa especial denominada Paralimpiada Nacional, dirigida a los atletas discapacitados con objeto de que participen todas aquellas personas con algún tipo de discapacidad en las disciplinas deportivas que se encuentran comprendidas en los eventos internacionales en los que participa nuestro país.

Además, la Conade y órganos estatales del deporte otorgan becas a los deportistas más destacados en los que se incluyen a los deportistas con algún tipo de discapacidad. Aunado a lo anterior, la Conade apoya a las federaciones deportivas que cuentan entre sus filas a deportistas con discapacidad como son la Federación Mexicana de Ciegos y Débiles Visuales, entre otras.

Asimismo, no podemos dejar de mencionar la  primera Carrera deportiva por la inclusión de las personas con discapacidad 2008, una de las más recientes actividades que esta entidad organizó en coordinación con la Secretaría de Salud a través del Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social y otras asociaciones civiles.

Por otro lodo, no se puede dejar de mencionar que con fecha 11 de octubre de 2004, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, donde a propuesta de la Conade se incluyó al Premio Nacional del Deporte un rubro especial para el deporte paralímpico, observando en todo momento los principios de equidad, justicia social, igualdad de oportunidades, dignidad, integración y respeto dirigidos a ofrecer una vida digna en sociedad.

Ahora bien, adentrándonos a lo previsto en el resolutivo único del citado punto de acuerdo, esta entidad informa lo siguiente:

Que la Conade, a través de la Subdirección General de Calidad para el Deporte, realizó una reunión de trabajo con  el licenciado Miguel Ángel García Meza, presidente de la Federación de Deportistas Especiales, AC, en la cual se acordó incluir en el presupuesto de dicha federación el costo de 18 boletos de transportación aérea para la participación de la selección nacional de personas con discapacidad en la eliminatoria rumbo a la copa mundo de futbol soccer Sudáfrica 2010, la cual se llevará a cabo en Sao Paulo, Brasil. Dicho apoyo garantiza la participación de los jugadores, entrenador, auxiliar de entrenador y del médico del equipo. Asimismo, se acordó que en el supuesto de alcanzar la clasificación dicha copa mundial, la Conade apoyará con los gastos de transportación aérea para 18 personas y la federación de referencia cubrirá el apoyo por concepto de alimentación y hospedaje.

Por otro lado, se hace del conocimiento que con apego al Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 21008-20012, el presupuesto asignado a la federación de referencia para 2008 y 2009 fue de 1 millón 700 mil pesos, respectivamente, y para el presente año asciende a más de 3 millones de pesos, cantidad que será aplicada para la participación en nueve encuentros internacionales de las siguientes disciplinas: natación, atletismo, básquetbol y fútbol. Dentro de éstos está incluido el Campeonato Mundial de Atletismo para Personas con Síndrome de Down, el primero en la historia que se llevará a cabo en nuestro país.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de febrero de 2010.— Fabricio Montaño Figueroa (rúbrica), coordinador de Enlace.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase al promovente para su conocimiento.

Continúe la Secretaría con oficios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva  de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera, por este conducto me permito hacer de su conocimiento que el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, en enero de 2010, únicamente dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y la que no es transferible, al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Los bienes reportados como destinados por dichas autoridades aduaneras se informan en relación anexa.

Atentamente

México, DF, a 23 de febrero de 2010.— Licenciado Fernando Garcidueñas Torres (rúbrica), administrador central de Destino de Bienes.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Economía para su conocimiento.

Continuamos con el orden del día en el capítulo de iniciativas.

ARTICULO 69 CONSTITUCIONAL - LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña : Esta Presidencia recibió del señor diputado Sergio Lobato García, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 188 y 189 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez : «Iniciativa que reforma los artículos 69 de la Constitución Política, 7 de la Ley Orgánica del Congreso General, y 188 y 189 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Sergio Lobato García, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Sergio Lobato García, diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 56, 62, 63 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; se permite someter a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 188 y 189 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El sistema presidencial es una forma de gobierno que surge con la independencia de las 13 colonias de América del Norte y que nuestro país adopta, tras la consagración de la independencia de la monarquía española.

El devenir histórico ha otorgado a la figura del presidente en México, una fuerza natural que convirtió durante mucho tiempo a este funcionario en el personaje más importante y decisivo en la política nacional. Esta fuerza natural se construyó a partir de las funciones y poderes que el cargo fue adquiriendo, pues ha jugado un papel protagónico en la historia nacional. La sociedad mexicana también ha contribuido al fortalecimiento de la investidura presidencial, pues ha depositado en ella el cuidado de los bienes y valores más queridos, un orden social justo, la seguridad personal y el fomento y respeto de las libertades.

En su libro “El presidente de la República: poderes y privilegios”, Jacinto Faya Viesca establece que el Ejecutivo mexicano es poseedor de una fuerza de gran magnitud, pues al presidente se le otorgan poderes establecidos en la Constitución, así como también poderes implícitos que convierten al cargo en la figura central del país. El autor concluye que los poderes y funciones del presidente en México no están contenidos en su totalidad y ni siquiera  de manera importante en nuestra Constitución, este texto enumera algunos, y en forma general bosqueja otros, pero ni por asomo las contiene en su totalidad.

Es por todo esto que el desempeño y las actividades que el presidente realice influyen de manera decisiva en la política y economía nacional, por lo que el informe presidencial que se había establecido a partir de  la Constitución de 1824, representaba la rendición de cuentas de un poder hacia otro y, por lo tanto, el conocimiento de la situación que guardaba el país por parte de los representantes de la población y de la federación, es decir el Congreso General.

El informe presidencial representa la rendición de cuentas en cada uno de los aspectos importantes del país, permite descubrir dónde estamos y hacia dónde vamos. Permite a los mexicanos acercarse a las actividades del Ejecutivo y este a su vez responder por sus actos. En un sistema de gobierno donde existe la democracia como medio para obtener el acceso al poder, es necesaria la presencia de mecanismos que limiten a la autoridad y que permitan que el actuar esté dentro de un marco legal.

El Ejecutivo de nuestra nación, no es sólo el titular de uno de los tres Poderes de la Unión, es también el presidente de la República, el jefe de Gobierno y del Estado mexicano, comandante de las Fuerzas Armadas y representante del país ante la comunidad internacional. Por todo esto, él se encuentra obligado como todos los funcionarios a rendir cuentas, que nos permitirán saber si está cumpliendo los propósitos para los cuales fue elegido.

Antecedentes del informe presidencial en México

A partir de 1808 con la caída del régimen de Fernando VII y la pretensión del emperador francés Napoleón I de colocar en el trono español a su hermano José Bonaparte, se generó en España una crisis política que desataría conflictos armados hasta 1814. Los españoles se organizaron en resistencias contra los franceses y crearon juntas provisionales de gobierno, las cuales desconocían la autoridad de José I. Estas juntas provisionales de gobierno promulgaron en 1812 la primera Constitución escrita en lengua española, de carácter liberal y altamente influenciada por los ideales de la revolución francesa. Esta Carta Magna es conocida como la Constitución de Cádiz y estuvo en vigencia durante dos años, hasta la restauración del absolutismo español por Fernando VII, quien regresó a la corona después de la expulsión de los franceses.

Esta Constitución tuvo vigencia temporal en la Nueva España y posteriormente ejercería una influencia como modelo constitucional en el México independiente, que junto con la influencia americana, moldearon gran parte del nuevo Estado mexicano. Esta Constitución Española establecía en sus artículos 121 y 123 la obligación del monarca de asistir a la apertura y clausura de las Cortes y disponía que el rey pronunciara un discurso con propuestas sobre lo que juzgara necesario, el cual debía ser respondido por el presidente de las Cortes en términos muy generales.

El decreto constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 1814, mejor conocido como Constitución de Apatzingán, proponía el establecimiento de un régimen republicano de gobierno; consideraba supremo al Congreso, el cual tenía las facultades de nombrar a los integrantes del Poder Ejecutivo formado por tres personas, las cuales conforme al artículo 74 debían presentar al Congreso cada seis meses, un informe breve de ingresos, inversiones o sobre la existencia o falta de caudales públicos.

Posteriormente, durante el primer Imperio Mexicano, Agustín I (Agustín de Iturbide) fue el primer gobernante que presentó resultados de su gobierno, uno en noviembre de 1822 y el otro en marzo de 1823, previo a la abdicación del monarca. Más tarde, en el establecimiento de la República con la Constitución de 1824, fue trasladada la influencia de las Cortes españolas de la rendición de cuentas al artículo 68 de dicha Constitución, donde se obligaba al presidente de la República a asistir a la apertura de sesiones del Congreso General, donde asimismo debía pronunciar también un discurso que reflejara la importancia del acto, el cual sería respondido por el presidente del Congreso.

El 1 de enero de 1825, el presidente Guadalupe Victoria ofrece el primer informe presidencial en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso General. Los primeros mensajes que rindieron los gobernantes del México independiente, al inaugurar los periodos de sesiones del Congreso, fueron declaraciones de carácter general, en las que sólo excepcionalmente se hacían referencias a problemas particulares del país. Más que informes de gobierno, eran proclamas con contenidos casi exclusivamente políticos o militares.

En el artículo 63, de la Constitución liberal de 1857, se señaló que a la apertura de sesiones del Congreso asistiría el presidente de la Unión a rendir un informe sobre el estado que guarda la administración pública del país, que sería contestado por el presidente del Congreso en términos generales. Para entonces, el presidente de la República no estaba obligado a asistir a la clausura de sesiones, solamente a la apertura.

A partir de 1878, con el presidente Porfirio Díaz, los informes presidenciales se redujeron a dos, presentándose al Congreso durante la apertura de los periodos ordinarios de sesiones.

Después del estallido del movimiento revolucionario, específicamente en la etapa constitucionalista, Venustiano Carranza cumplió con el protocolo de informar a la nación a través del Congreso como presidente de la República; además, se estableció en la Constitución de 1917 que la lectura del informe presidencial se realizaría una vez al año, en la fecha en la cual el Congreso iniciaba sus sesiones ordinarias: el 1 de septiembre.

Desde entonces, el informe presidencial se ha rendido en la fecha señalada, solamente con dos excepciones. La primera del presidente Álvaro Obregón, quien rindió su informe durante un periodo extraordinario de sesiones del Poder Legislativo, el 7 de febrero de 1921. Y la segunda durante la transmisión del Poder Ejecutivo entre Emilio Portes Gil y Pascual Ortiz Rubio, el 5 de febrero de 1930.

La crisis del informe presidencial

El 1 de septiembre de 2006 el presidente Vicente Fox Quesada –a menos de tres meses de terminar su gestión– no pudo rendir su sexto y último informe. Los resultados cuestionados de las elecciones del 2 de julio tenían a la clase política, al gobierno panista y al país crispados. México estaba al borde de una crisis constitucional.

A unos metros de ingresar a la Cámara de Diputados, el presidente Fox constató que, en efecto, las condiciones eran adversas y que prácticamente no podría dar un mensaje a la nación con motivo de su sexto Informe de Gobierno. Ante la caótica situación que se vivía en ese momento en el interior del recinto, el presidente Fox tuvo que entregar el texto del informe en el vestíbulo de la Cámara al secretario de la Mesa Directiva del Senado, Rodolfo Pérez Gavilán. A partir de este suceso se complicaría la presencia de los mandatarios en el recinto de San Lázaro, ya que en el siguiente año, el presidente Felipe Calderón tampoco logró dar su mensaje a la nación y sólo entregó su informe por escrito en la Cámara en un lapso menor a los 5 minutos.

Los anteriores acontecimientos, sobre todo aquellos ligados a la transición presidencial del 2006 marcaron de manera importante al país. Estos trajeron consecuencias en distintos aspectos, que propiciaron un cambio en las relaciones del poder. Una de estas consecuencias fue la reforma constitucional al artículo 69 publicada el 15 de agosto de 2008 en el Diario Oficial de la Federación.

Anteriormente este artículo establecía que el presidente de la República asistiría a la apertura de sesiones del Congreso General, donde estaba obligado a presentar un informe donde presentara el estado en el que se encuentra la administración pública del país.

La reforma de marras quedó de la siguiente forma:

“Artículo 69. En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus Cámaras, el presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.”

Como es de observarse, esta reforma establece la modificación sustancial del informe, pues a partir del 2008, sólo se presentaría de manera escrita. Sin embargo, el nuevo formato se encuentra en un estado de cuestionamiento pues se duda de su efectividad para cumplir su propósito principal, rendir cuentas a la nación, restándole al Congreso de la Unión, la posibilidad de escrutinio al ejercicio del Poder Ejecutivo.

El formato vigente del informe presidencial de gobierno, no permite al presidente de la República cumplir de una manera óptima la tradición y obligación histórica que se le ha conferido al cargo que ostenta; es decir, el informar a la nación el estado en el cual se encuentra la federación.

No cabe duda que los motivos que impulsaron la reforma constitucional fueron de carácter político, al no poderse lograr los acuerdos y consensos para que la investidura del presidente de la República no fuese vapuleada como sucedió con Vicente Fox y con Felipe Calderón al inicio de su ejercicio. Al realizarse la reforma, se olvidó la esencia que se expresaba en el artículo 69 y que permitía a los mexicanos conocer si la persona por la cual habían votado estaba cumpliendo sus obligaciones en el cargo.

Sin embargo, también es verdad que el antiguo formato del informe previo a la modificación constitucional, había ya caducado y tampoco permitía la rendición efectiva de cuentas, pues se había convertido en un día dedicado a celebrar y aplaudir cada uno de los supuestos logros del presidente.

En consecuencia, propongo a esta soberanía se reforme el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de que, en un acto republicano, tanto el presidente de la República como el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acudan de forma obligatoria a la sesión de Congreso General en el que se apertura el primer periodo de cada año de ejercicio; pero siendo sólo obligatorio para el titular del Ejecutivo federal la rendición de cuentas en una doble vertiente: dirigir un mensaje a la nación con los puntos o temas más sobresalientes y la entrega al Congreso General de un informe escrito y detallado del estado que guarda su administración.

Asimismo, se incluye en el texto constitucional la corresponsabilidad política del Congreso General de fijar sus respectivos posicionamientos y que éstos, sean escuchados por el presidente de la República, con la finalidad de hacer de esta obligación constitucional, un acto republicano donde impere el respeto, la interlocución y, sobre todo, la civilidad política.

Con la reforma que propongo, se vigoriza la efectiva rendición de cuentas y obliga a que los auxiliares del titular del Ejecutivo federal, sean corresponsables en el ejercicio del poder público y en la rendición de cuentas de cara a la nación, ya que se recoge el espíritu de la reforma del 2008 y se obliga a los funcionarios enumerados a acudir al Congreso o a alguna de sus Cámaras para ahondar en el informe presentado por el presidente de la República. Asimismo, el titular del Ejecutivo federal tendrá la obligación constitucional de responder por escrito a dudas o cuestionamientos que formulen los legisladores federales, durante el análisis del informe presentado.

En este mismo artículo, propongo un tercer párrafo que se refiere a la apertura de sesiones extraordinarias del Congreso General o de una de sus Cámaras. Este texto se encuentra actualmente en el primer párrafo del artículo 69 constitucional, pero su redacción resulta confusa y atiende a un tema distinto al de la rendición de cuentas; por ello, propongo se separe y quede en forma autónoma en un tercer párrafo del artículo reformado.

Por otra parte, propongo las respectivas adecuaciones en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de precisar los alcances del artículo 69 constitucional y se diseñe el ceremonial protocolario que amerita un acto republicano de esta magnitud e importancia para todos los mexicanos.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Por el que se reforman los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 188 y 189 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo Primero. Se reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 69. A la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, asistirán el presidente de la República y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el presidente de la República, además de asistir a dicha sesión, presentará y dará lectura a un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En ese acto republicano, el presidente de la República pronunciará un mensaje dirigido a la nación y, una vez que haya concluido su intervención, cada grupo parlamentario representado en la Cámara de Diputados, hará uso de la palabra preferentemente a través de su coordinador, para fijar posicionamiento.

En sesiones sucesivas de cada una de las Cámaras, estas realizarán el análisis del informe y podrán solicitar al presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.

En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión o, de una sola de sus Cámaras, el presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Articulo 7.

1. A la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, a celebrarse el primero de septiembre de cada año, asistirán a las 18:00 horas, el presidente de la República y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el titular del Ejecutivo federal presentará y dará lectura a un informe por escrito de conformidad con el artículo 69 de la Constitución.

2. Posterior al mensaje del presidente de la República, el coordinador parlamentario por cada uno de los partidos políticos que estén representados en el Congreso, hará el posicionamiento de su grupo parlamentario. Estas intervenciones se realizarán en orden creciente, en razón del número de diputados de cada grupo partidista y cada una de ellas no excederá de quince minutos. El mensaje del presidente de la República no podrá exceder del tiempo total asignado a los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados.

3. Esta sesión no tendrá más objeto que celebrar la apertura del periodo de sesiones y que el presidente de la República presente y dé lectura a su informe; en tal virtud, durante ella no procederán intervenciones o interrupciones por parte de los legisladores.

4. En sesiones posteriores de cada una de las Cámaras, respectivamente, analizarán el informe presentado por el presidente de la República. El análisis se desarrollará clasificándose por materias: en política interior, política económica, política social y política exterior.

5. El Congreso o cada una de sus Cámaras, podrá solicitar al presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad.

6. Las versiones estenográficas de las sesiones serán remitidas al presidente de la República para su conocimiento.

Artículo Tercero. Se reforman los artículos 188 y 189 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 188. Cuando el presidente de la República y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación asistan a la apertura de las sesiones del Congreso General, saldrán a recibirlos, respectivamente, hasta la puerta del salón, una comisión compuesta por un diputado y un senador por cada grupo parlamentario representado en el Congreso.

Dicha comisión los acompañará hasta sus asientos respectivos y, a la salida de ambos, hasta la puerta. El presidente de la República tomará asiento al lado izquierdo del presidente del Congreso y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la derecha del presidente de la República. El presidente del Senado se ubicará a la derecha del presidente del Congreso.

Al entrar y salir del salón los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial, respectivamente, se pondrán en pie todos los asistentes a las galerías y los miembros del Congreso, a excepción de su presidente, que solamente lo verificará a la entrada del primero, cuando éste haya llegado a la mitad del salón.

Artículo 189. Posterior al mensaje del presidente de la República, preferentemente el coordinador parlamentario de cada uno de los partidos políticos que estén representados en el Congreso, hará el posicionamiento de su partido político. Estas intervenciones se realizarán en orden creciente, en razón del número de diputados de cada grupo partidista y cada una de ellas no excederá de quince minutos. El mensaje del presidente de la República no podrá exceder del tiempo total asignado a los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados.

Al concluir el posicionamiento de los grupos parlamentarios, el presidente del Congreso contestará el mensaje del presidente de la República en términos generales y concisos, previo acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los dos días del mes de marzo del año dos mil diez.— Diputados: Sergio Lobato García, José Manuel Agüero Tovar (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña :Tiene la palabra el señor diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez :Con su autorización, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, vengo a hacer uso de la tribuna para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia y protección de datos personales, que por obvio de tiempo solicito al señor presidente se integre al Diario de los Debates y entrego a la Secretaría.

El objetivo fundamental de esta iniciativa es dar un paso sustancial para modificar los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información, tanto de la Cámara de Diputados como del Congreso de la Unión en su conjunto.

Debemos asumir que la Legislatura tiene un profundo déficit ante la ciudadanía en materia de rendición de cuentas, y uno de los aspectos más cuestionados del Poder Legislativo, al igual que de los otros Poderes de la Unión, es la opacidad con que se manejan los recursos y se toman las decisiones en este órgano de gobierno.

Esta iniciativa se elaboró tomando la opinión no solamente de especialistas de la academia, particularmente de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana, sino también se tomó en consideración la experiencia de distintos institutos de acceso a la información de los estados de la República y se hizo un análisis particular de la forma en que actualmente la Cámara de Diputados aplica el derecho de acceso a la información pública.

Por ello proponemos dos ejes fundamentales de la reforma. El primero es romper con un vicio de origen que se mantiene vigente actualmente, en donde los integrantes de la Junta de Coordinación Política formamos parte al mismo tiempo del órgano que se encarga de garantizar el acceso a la información.

Esto indudablemente genera un conflicto de intereses, porque no puede ser que los organismos regulados para el acceso a la información formen parte al mismo tiempo de la instancia responsable de rendir cuentas.

Por eso nuestra propuesta avanza en la necesidad de crear un consejo bicamaral de acceso a la información integrado por la Cámara de Diputados y el Senado de la República, en donde en cada una de estas instancias existan unidades de enlace que permitan con ello rendir cuentas plenamente y garantizar a la ciudadanía el acceso a la información que requiera de los órganos legislativos.

El segundo objetivo fundamental es precisar, delimitar con toda claridad, cuáles son los alcances del acceso a la información a que va a tener derecho la ciudadanía.

Por ello, en la iniciativa de ley establecemos que es obligación del Poder Legislativo no solamente dar cuenta de los trámites, requisitos y formatos de servicios del Congreso de la Unión, de la bitácora de asistencia de los legisladores a las sesiones ordinarias y a las sesiones en las comisiones, sino que debe avanzarse en dar plenamente información de la estructura orgánica del Congreso de la Unión en cada una de sus cámaras, el directorio de los servidores públicos desde el nivel de jefe de departamento, y al mismo tiempo se haga pública la remuneración por puesto de todos los servidores públicos en el Congreso.

Proponemos que se haga pública la asignación presupuestal y el detalle del subejercicio debidamente desglosado por partidas, montos y fechas, y que se publiquen los resultados de las auditorías del ejercicio presupuestal de cada órgano y sujeto obligado en el Congreso, incluidos las subvenciones que se entregan a los grupos parlamentarios.

Planteamos la necesidad de que se publiquen las concesiones, permisos, autorizaciones otorgadas a las obras públicas, los bienes adquiridos o arrendados, los servicios contratados y los estudios e investigaciones en donde debe señalarse el monto, el nombre del proveedor, contratista o persona física o moral con el que se haya celebrado el contrato, la fecha y el cumplimiento del mismo.

Proponemos también, que se ventilen temas que han causado una gran preocupación en la opinión pública, como es el informe de los viajes oficiales que realizan los legisladores o servidores públicos de la Cámara, así como los informes que se deriven de los viajes con cualquier propósito legislativo. Ello con el fin de cumplir con los principios rectores básicos de lo que es la transparencia y el acceso a la información: de máxima publicidad, imparcialidad, legalidad y objetividad. Y el objetivo de cumplir una de las asignaturas pendientes de este Congreso con la ciudadanía, para acabar con la opacidad con que en ocasiones se manejan los recursos de esta Cámara de Diputados y del Senado de la República.

Esperando contar con su apoyo en la comisión respectiva, agradezco su atención. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Alejandro Encinas Rodríguez, diputado federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia y protección de datos personales, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002, representó un avance importante en el ejercicio del derecho a la información de las personas y en establecer un sistema de rendición de cuentas de la función pública.

Para el caso del Poder Legislativo federal, dicha ley determinó en su artículo 61 que cada Cámara, la Comisión Permanente y la Auditoría Superior de la Federación “en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán mediante reglamentos o acuerdos de carácter general, los órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a la información, de conformidad con los principios y plazos establecidos en esta ley”.

En cumplimiento de dicho artículo, cada Cámara definió a partir de su normatividad, los órganos responsables, los criterios de clasificación de información y los procedimientos para garantizar el acceso a la información pública.

El 12 de mayo de 2003, la Cámara de Diputados publicó el Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública de la honorable Cámara de Diputados. En materia de órganos responsables en el acceso a la información pública, el Reglamento creó la Unidad de Enlace encargada de recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso; y realizar las acciones correspondientes para que los organismos de la Cámara entreguen la información.

Asimismo, estableció el Comité de Información otorgándole funciones relativas a la confirmación, revocación y modificación de la clasificación de información hechas por las áreas, y al establecimiento de criterios para la organización de los documentos.

Por último, dispuso que la Mesa Directiva fuera la responsable de garantizar la aplicación de la ley, así como de resolver los recursos de revisión y reconsideración interpuestos por las personas.

Posterior a la publicación del Reglamento, el 25 de agosto de 2003, mediante el acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establecen los criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial, la Cámara de Diputados fijó las pautas para que sus unidades administrativas identifiquen los casos de reserva y confidencialidad de la información.

Por su parte, el 30 de abril de 2003, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó el acuerdo parlamentario para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en la Cámara de Senadores.

El acuerdo establece una Unidad de Enlace que desempeña funciones operativas tales como: recabar y difundir información de oficio; recibir y tramitar las solicitudes de acceso. También crea un Comité de Información, responsable de confirmar, revocar o modificar la clasificación de la información hecha por las instancias de la Cámara; de supervisar y coordinar las acciones para proporcionar la información de oficio, además de establecer los procedimientos que aseguren la eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso.

Por último, el Senado constituye un Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información que, a propuesta de la Mesa Directiva al pleno, se integra por un legislador de cada grupo parlamentario del Senado. El Comité de Garantía es el responsable de resolver los recursos de revisión que las personas interponen para inconformarse parcial o totalmente de la respuesta a la solicitud de información requerida.

Como se observa, el cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, produjo cambios importantes en el diseño institucional y normativo del Poder Legislativo. En la Cámara de Diputados y de Senadores se crearon por medio del reglamento y los acuerdos señalados: una Unidad de Enlace, un Comité de Información, una instancia responsable tanto para aplicar la ley como para resolver los recursos de revisión, además de especificar criterios y procedimientos para el acceso, la clasificación y la organización de la información.

El derecho de acceso a la información se actualizó con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de 20 de julio de 2007, del decreto por el que se reforma el artículo 6o. constitucional, la cual introduce bases mínimas en cuestión de principios, integración y naturaleza de los órganos responsables en materia de transparencia, así como en procedimientos de acceso a la información y de revisión. Ello implicaría la obligatoriedad de que leyes, reglamentos o disposiciones de menor rango regulen lo establecido en la Constitución.

En virtud de la reforma constitucional, la Cámara de Diputados, el 4 de junio de 2009, publica el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales con el cual se abroga tanto el Reglamento emitido en mayo de 2003, como el acuerdo de agosto de 2003, anteriormente citados.

El actual Reglamento de la Cámara de Diputados introduce modificaciones en los órganos responsables de acceso a la información. En el Reglamento anterior, como se observó, se establecían tres órganos responsables: Unidad de Enlace, Comité de Información y Mesa Directiva. En el reciente se mantiene la Unidad de Enlace, y desaparecen el Comité de Información y la Mesa Directiva, que son sustituidos por el Órgano Rector, y el Consejo de Transparencia y Acceso a la Información.

Como su nombre lo señala, el Órgano Rector es el facultado para establecer la política de transparencia, acceso a la información y de datos personales en la Cámara, además de resolver los recursos de revisión. El órgano está compuesto por integrantes de la Junta de Coordinación Política. Además de participar en éste, el secretario general, el contralor interno, el director general de Asuntos Jurídicos, y el titular de la Unidad de Enlace, quienes figuran como consultores.

Asimismo, se dispuso la integración de un Consejo de Transparencia y Acceso a la Información, que hasta el momento no se ha formado. El consejo estaría compuesto, de acuerdo con el Reglamento, por especialistas en transparencia y acceso a la información, y tendría facultades para participar en el diseño de la política institucional mediante análisis, evaluaciones, estudios y recomendaciones, además de que sería el encargado de conocer, sustanciar y resolver los casos de reconsideración.

En lo correspondiente al Senado, continúa vigente el acuerdo aprobado por el pleno en el año de 2003.

II. Propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión en materia de transparencia

Como se ha señalado, la reforma constitucional adiciona un segundo párrafo con siete fracciones al artículo sexto. Con dicha reforma constitucional se establecen los principios y las bases operativas, a partir de las cuales el Estado Mexicano en sus diferentes ámbitos de competencia: federal, estatal y municipal, cumplirá con la función de hacer pública la información en su posesión, salvo los casos de excepción establecidas por las leyes, así como garantizar la “máxima publicidad” en el ejercicio del derecho de acceso a la información de las personas.

La reforma constitucional representó la determinación de generar cambios políticos, sociales y culturales, encaminados a consolidar el proceso democrático nacional en donde el uso, la organización y el acceso a la información figuran como ejes centrales.

La democracia no se entiende actualmente, si no está acompañada de una política estatal en la cual, se constituyan instituciones, normas, y procedimientos que permitan de manera sistemática que el Estado cumpla con su obligación de transparentar la información pública, que garantice el acceso a la información de las personas, y que establezca con ello, bases firmes para un sistema de rendición de cuentas.

Nuestra forma de Estado se define como una república representativa, democrática y federal. En donde la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo. La representación política está a cargo de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, los cuales se integran por medio de elecciones libres, y periódicas. Parte esencial para instaurar en nuestro país un sistema democrático ha sido la consolidación del Poder Legislativo como un órgano contenedor, y controlador de los otros poderes federales, además de desempeñar sus funciones de representación, legislación y legitimación.

Como órgano autónomo de representación política, el Poder Legislativo, conformado por las Cámaras de Diputados y Senadores, tiene la responsabilidad de establecer un sistema de rendición de cuentas que permita a cualquier persona y a los electores, un escrutinio de su desempeño y actuar cotidiano. Con un mecanismo vertical de rendición de cuentas en donde el sujeto fiscalizador es la sociedad, permite que ésta conozca, premie o en su caso, sancione la actuación de los legisladores.

Para ello, el Poder Legislativo requiere asegurar un conjunto de condiciones “mínimas”, tales como el compromiso de establecer canales de comunicación con la sociedad mediante la publicidad de sus acciones, así como garantizar el pleno ejercicio de las personas de su derecho de acceso a la información.

En este sentido, para poner las bases tendentes a garantizar el debido ejercicio del derecho de acceso a la información y una rendición de cuentas del Poder Legislativo con la sociedad, se requiere llevar a cabo un rediseño institucional, que contemple a órganos responsables y procedimientos a partir de una regulación integral congruente con las determinaciones constitucionales en la materia.

El Poder Legislativo como poder autónomo se da, sin necesidad de sanción del Ejecutivo, su propia normatividad. No obstante, la Constitución como norma suprema sienta las bases para que otras de menor rango, incorporen y regulen a detalle lo dispuesto en ella.

La normatividad emitida tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, si bien muestra avances en materia de órganos, procedimientos, y criterios que garanticen el derecho de acceso a la información pública, y de datos personales, no logra regular adecuadamente lo dispuesto en el artículo sexto constitucional.

Es así, que una tarea impostergable del Poder Legislativo es traducir a cabalidad lo dispuesto en la Constitución. Por ello, se propone adicionar a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que es la encargada de regular la composición del Poder Legislativo y las funciones de sus instancias internas, un Título relativo a la transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en donde se establezcan aspectos generales previstos en la norma constitucional, en materia de órganos responsables, clasificación de información: de oficio, reservada y confidencial, así como los procedimientos tanto de acceso como revisión, y lo concerniente a los datos personales. A partir de dichas generalidades se definirá una base legal mínima tanto para la Cámara de Diputados como para la de Senadores con el fin de que en el marco de sus propias autonomías reglamenten a detalle lo establecido en la ley.

Así, en el artículo 6o. de la Constitución, en su fracción I, señala: Toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

Como se observa, la Constitución establece que toda la información que detente el Estado mexicano es pública, y sólo en los casos en que sea prioritario salvaguardar el interés público, se reservará temporalmente. Hay que subrayar, que en los casos de excepción, la información no pierde su carácter de pública sino que se pospone su conocimiento con el propósito de asegurar un interés público. No obstante, en el ejercicio de acceso a la información, el Estado debe de priorizar la máxima publicidad de sus actos, siendo los casos de reserva, sólo excepciones temporales a la regla.

Bajo el principio de la máxima publicidad, el Poder Legislativo está obligado a establecer una política tendente a transparentar y a garantizar el acceso a la información pública.

Por esa razón, se propone que en la Ley Orgánica se plasme el principio de máxima publicidad como eje rector en las funciones legislativas, administrativas y representativas de ambas Cámaras. Consecuente con eso, se establece que toda la información en posesión del Congreso es pública, y con ello se fijan sólo los casos de reserva temporal, que se acreditarán con una prueba de daño, con el fin de salvaguardar un interés público relacionado con: la seguridad nacional o pública, las relaciones frente a otros países u órganos internacionales, la estabilidad económica y financiera, la impartición de la justicia así como con la salud y seguridad las personas.

Por cuanto hace a lo previsto en la fracción II, del artículo 6o. constitucional respecto a que la información concerniente a la vida privada y [a]los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes, en la Ley Orgánica se propone establecer disposiciones generales con el fin de salvaguardar los datos personales que detenta el Poder Legislativo; se establece como obligatorio el consentimiento de los titulares, cuando se tenga que difundir información de carácter personal, además de ser imperativo elaborar versiones públicas en los casos en que un documento contenga datos personales, y se señalan con claridad las causas de excepción para la divulgación de los datos personales sin previo consentimiento de las personas, tratándose de fines estadísticos, científicos, por orden judicial, o por interés general.

Con lo anterior, se atiende a la distinción que en la Constitución se advierte sobre la información pública y la relacionada con los datos personales. Mientras la información pública está abierta al conocimiento, al escrutinio y a la sanción de cualquier persona, y es susceptible, sólo en casos de excepción, de ser reservada; en los datos personales dicha información es confidencial. Por su naturaleza confidencial, no está abierta al conocimiento público ni tampoco a la reserva temporal, sino que son datos protegidos, y sólo sus titulares tienen derecho de acceder a ellos.

No obstante, que los datos personales son protegidos y sólo sus titulares o sus representantes pueden acceder a ellos, la Constitución prevé excepciones establecidas en las leyes. Esos casos de excepción existen cuando se observa una prevalencia del interés público sobre el personal. Así, bajo dichas bases cada Cámara deberá regular y establecer el respectivo procedimiento para el tratamiento de los datos personales con el fin de garantizar su legalidad, su lealtad y su calidad; y tutelar los derechos fundamentales de acceso y rectificación de los datos.

La fracción III de la Constitución expresa: Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.

En esta fracción se muestra la determinación de que el derecho de acceso a la información pública y de datos personales, no esté obstaculizado por cuestiones económicas, o bien que para su ejercicio las personas tengan que justificar interés o razón alguna.

Con ello, se reconoce que cualquier persona es el titular del derecho a la información y que por dicho motivo, no necesita justificar su ejercicio. Por el carácter personal y privado de los datos personales, sólo su titular puede acceder a ellos, para lo cual tampoco requiere justificar sus razones.

Por el tipo de objeto que se tutela, se tendrá que definir requisitos diferentes para que las personas logren acceder por una parte, a la información pública, y por otra, a sus datos personales en posesión del Poder Legislativo.

Mientras la información pública es un bien común, por lo cual para la práctica del derecho de acceso a la información es imperioso solicitar a las personas su identificación; en el caso de los datos personales en su carácter de información confidencial, para su ejercicio, es indispensable solicitar identificación con el fin de asegurar que la persona que acceda sea el titular de los datos.

Asimismo, se establece que los principios de veracidad, certeza jurídica, disponibilidad de la información, legalidad, celeridad, y gratuidad, serán rectores en cualquier órgano de Congreso. La aplicación de dichos principios dará seguridad a cada persona que el tratamiento de sus datos se realice de forma exacta y conforme a la finalidad por la cual fueron recabados, además de que el ejercicio de sus derechos de acceso y rectificación no implicarán costo alguno.

En relación con la fracción IV, el artículo 6o. constitucional señala: Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión.

En virtud de lo señalado en dicha fracción, el Poder Legislativo requiere asegurar la conformación de órganos especializados y autónomos en materia de transparencia y acceso a la información. Dichos órganos deberán garantizar y fomentar a plenitud el derecho subjetivo de las personas a acceder a información relacionada con las actividades cotidianas y sustanciales de sus representantes, así como la relativa a sus datos personales.

Para eso, es indispensable que la política del Poder Legislativo sobre transparencia, acceso a la información, organización de archivos, clasificación de información, en materia de datos personales, así como lo relativo a la resolución de los recursos de revisión tengan un papel determinante los órganos especializados e imparciales.

El Constituyente Permanente subrayó las características de especializado e imparcial como elementos determinantes en la actuación y conformación de los órganos u organismos garantes de resolver los recursos de revisión y garantizar el derecho de acceso a la información.

De igual forma, con la sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad en contra del Poder Legislativo del estado de Querétaro donde en un sola dependencia conjuntaron las Comisiones Estatales de Derechos Humanos y de Acceso a la Información Pública, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en torno a los atributos de los órganos u organismos especializados establecidos en el artículo 6o. constitucional fracción IV, lo siguiente:

La citada fracción IV prevé características específicas para los órganos garantes del derecho de acceso a la información, de tal suerte que no queda al arbitrio de los legisladores dotar a dichos órganos de ciertas particularidades; por el contrario, es mandato constitucional crear órganos con ciertas características, que precisamente garanticen de manera uniforme y efectiva el ejercicio del derecho de acceso a la información.

En ese sentido, la fracción IV es determinante en atribuirles a los órganos garantes, especialidad en la materia, es decir, éstos deben conocer exclusivamente del derecho de acceso a la información, por lo que no resulta procedente que dicha materia se sume a las que ejerce otro órgano, aun cuando ese otro órgano esté dotado de autonomía operativa, de gestión y de decisión; o bien, se pretenda, como acontece en la especie, fusionar dos órganos que han sido establecidos en la Constitución federal con alcances diversos.1

Como observamos, tanto la Constitución como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han sido determinantes en señalar las características de especialidad e imparcialidad como cualidades de los órganos u organismos garantes del derecho de acceso a la información.

Como requisito indispensable de la especialización, se determinó la exclusiva competencia sobre la materia de acceso a la información. Sin embargo, hasta el momento ni la Cámara de Diputados ni tampoco la de Senadores, poseen un órgano especializado e imparcial.

En el caso de la Cámara de Diputados aunque después de la reforma constitucional se promulga un nuevo reglamento, en donde destaca la disposición de crear un órgano especializado e imparcial, la política de acceso, de transparencia y de datos personales está a cargo del Órgano Rector quien es además el responsable de resolver los recursos de revisión.

El órgano no posee el carácter imparcial y especializado establecido por la Constitución. Ello en virtud de que la mayoría de sus integrantes forman parte de la Junta de Coordinación Política, con lo cual se incumple el requisito de exclusividad que debe de tener el órgano especializado. También se quebranta la condición de imparcialidad debido a que los miembros de la Junta de Coordinación son los propios coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos políticos con lo cual no se garantiza que como integrantes del Órgano Rector, en la toma de decisiones se conducirán de manera objetiva y profesional.

En el caso del Senado, como se señaló en los antecedentes, no se han realizado las adecuaciones a su normatividad de acceso a la información para hacerlas congruentes con la reforma constitucional. De ahí que el acuerdo aprobado por el pleno en 2003, determina que el Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información figura como el organismo encargado de sustanciar y de resolver los recursos de revisión.

El Comité de Garantía, por las mismas razones expresadas en relación con el Órgano Rector, no cubre con las características establecidas por la constitución al no ser un organismo especializado e imparcial.

Se propone que se constituya un Consejo de Transparencia que será el órgano especializado e imparcial del Congreso, y que contará con autonomía tanto operativa y de gestión.

Se integrará por tres consejeros especialistas nombrados por cada cámara, cuya presidente será nombrado por la Cámara de diputados,  quienes duraran en el cargo cinco años con posibilidad de una reelección inmediata.

Dentro de los requisitos establecidos para ser consejero se encuentran el ser mexicano, contar con una trayectoria profesional, académica o en el servicio público en temas de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, y no haber sido, tres años previo a su designación, diputado, senador, dirigente de partido, ministro de culto o secretario de Estado.

Su designación se realizará mediante convocatoria emitida por la Junta de Coordinación Política de cada Cámara, para que las organizaciones de la sociedad civil, academias e instituciones de investigación especializadas en la materia, presenten propuestas de candidatos. La Junta de Coordinación en la Cámara respectiva determinará las etapas de acuerdo con el procedimiento establecido, y su peno será el encargado de seleccionar a los consejeros.

El Consejo de Transparencia que se propone tendrá dentro de sus atribuciones  aplicar la política de transparencia y rendición de cuentas que garantice el acceso a la información pública y de datos personales en cada Cámara. Cabe precisar que el consejo no tendrá facultades –como se muestra en el caso actual del Órgano Rector del Cámara de Diputados– para fijar la política de transparencia, acceso a la información y de datos personales, sino más bien en su calidad de órgano especializado e imparcial, la pondrá a consideración del pleno para su valoración y, en su caso, aprobación.

El consejo tendrá facultades para garantizar el acceso a la información y de datos personales, y coadyuvar en la aplicación de la política de transparencia del Congreso, las cuáles deberán ser detalladas en el reglamento respectivo. Dentro de estas facultades destacan: vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley, y en la normatividad aplicable; conocer, sustanciar, investigar, y resolver los recursos de revisión y de reconsideración; diseñar y aplicar indicadores para evaluar el desempeño de la Cámara en materia de transparencia, acceso a la información y de datos personales.

Aunado a ello, es necesario que la creación de dicho órgano, esté acompañado de un respaldo institucional para que, en el ámbito de sus competencias, los otros órganos involucrados en las tareas de transparencia, acceso a la información y de datos personales, a saber: Unidad de Enlace, y el Comité de Información, desarrollen sus funciones de forma competente y que sus integrantes estén cualificados para realizarlas.

Las Unidades de Enlace son instancias que vinculan el trabajo del Poder Legislativo con la sociedad y sus representantes. Por ello, con el fin de impulsar, y dar continuidad a los trabajos de las Unidades de Enlace, se propone que sea el propio Consejo de Transparencia la responsable de designar a su titular, y que todas las personas que laboren en ella, formen parte del servicio civil de carrera del Congreso.

Asimismo, en cada Cámara existirá un Comité de Información. Las principales funciones que tendrá dicho comité, en su nivel de competencia, son las de vigilar y garantizar que toda persona tenga acceso a la información pública y a sus datos personales en posesión del Congreso.

Por ello, con la creación en cada Cámara de un órgano autónomo, especializado e imparcial, que es el garante en la materia, así como un Comité de Información y una Unidad de Enlace, ambos conformados por personal del servicio civil de carrera, se busca impulsar de manera firme la transparencia de las actividades del Poder Legislativo, y que el acceso a la información pública y de datos personales, estén garantizados.

Ahora bien, concerniente a la fracción V del artículo 6o., la Constitución destaca la publicación “a través de los medios electrónicos disponibles, [de] la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos”.

La Constitución establece un umbral mínimo de información que por oficio deben publicitar los sujetos obligados. Por ello, implica una práctica de los órganos del Estado para poner a disposición pública, información que detentan sobre sus decisiones, sus políticas, sus programas y sus funcionarios públicos.

Con el acto de transparentar, se debe mostrar el compromiso del Estado de establecer canales de comunicación con la sociedad, mediante la publicidad de sus acciones y sobre temas de relevancia social. Con dichos elementos se contribuiría a que las personas y los grupos sociales evalúen el desempeño público. Además de que con eso, en el ámbito de los órganos de gobierno, facilita las funciones de vigilancia, cooperación y contrapeso de los poderes.

Ese es el motivo por el cual, se sugiere establecer para ambas Cámaras la información que por oficio están obligados a hacer pública, mediante medios electrónicos que sea de fácil localización y entendimiento para las personas.

Dentro de la información de oficio se contempla la relativa a sus aspectos organizativos del Congreso; a sus trabajos legislativos, y a sus acciones programáticas-presupuestales.

Como parte de las obligaciones de transparencia, la fracción VI, de la Constitución determina además, que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.

La rendición de cuentas tiene como un elemento central, la transparencia sobre el ejercicio, gasto y destino de los recursos públicos de los órganos de gobierno. En la pérdida de credibilidad del gobierno ante la sociedad, se encuentra implicada la discrecionalidad con la que funcionarios han manejado y designado los recursos públicos.

Imposible concebir un Estado democrático en donde prevalezcan los problemas de corrupción y opacidad en el uso de los recursos. Dichos aspectos, por el contrario figuran como causas que debilitan y erosionan su legitimidad social y su capacidad de gobierno.

Por ello, la política de transparencia tiene dentro de sus principales ejes de actuación la publicidad en el uso de los recursos públicos. En todo sistema de rendición cuentas es indispensable la fiscalización que hagan las personas, y los electores para comprobar que el empleo de los recursos humanos, materiales y económicos esté de conformidad con la ley.

La Constitución en la fracción VI del artículo 6o., contempla como parte de las obligaciones de oficio de los órganos públicos, publicitar información concerniente a los recursos entregados a cualquier persona física o moral. Ello, implica transparentar el tipo y monto de recurso otorgado a las personas físicas o bien a sindicatos, partidos políticos, empresas, organismos de la sociedad civil, entre otras.

En concordancia con ello, se establece en la propuesta de adiciones a la Ley Orgánica, en el apartado de información pública por oficio lo concerniente a transparentar información relacionada con las obras públicas, los bienes adquiridos, o arrendados, los servicios contratados y los estudios o investigaciones en donde especifique el monto, el nombre del proveedor, contratista o persona física o moral con la cual se haya realizado el contrato, y la fecha de su cumplimiento.

Finalmente, la fracción VII del artículo 6o. establece que la inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongas las leyes.

Como en todo sistema de rendición de cuentas, se necesita de sanciones en casos de incumplir con lo establecido por la Constitución, y con las respectivas leyes en materia de transparencia, acceso a la información pública y de datos personales.

En dichos casos, corresponderá a las respectivas Cámaras determinar las acciones que constituyan alguna violación a los derechos fundamentales de acceso a información pública y de datos personales, así como el órgano responsable decidir y aplicar la sanción.

Con las modificaciones que se proponen realizar a la Ley Orgánica se daría un paso determinante en el Poder Legislativo, en establecer un diseño institucional de rendición de cuentas. Además dotaría de contenido a la reforma constitucional con un marco normativo que fomentaría y garantizaría el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y de datos personales.

Por esa razón, se expresaría el compromiso del Poder Legislativo con el fortalecimiento y el avance de nuestro régimen democrático. Al encauzar con dichos cambios una relación con la sociedad basada en la transparencia y el escrutinio constante de los electores sobre la gestión pública, y el trabajo tanto legislativo como administrativo del Congreso de la Unión.

Con base en las consideraciones expuestas, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se recorre el inciso i) del numeral 1, del artículo 34 y se adiciona el inciso j); se adiciona un inciso g), al numeral 4, del artículo 48; se adiciona el inciso e), al numeral 2 del artículo 52; se adiciona un segundo numeral al artículo 53; se recorre el inciso f) y se adiciona un inciso g), al numeral 1, del artículo 82; se adiciona el inciso i), del numeral 1, del artículo 109; se adiciona el inciso d)  al numeral 1, del artículo 110; se recorre el inciso n, del numeral 1, del artículo 113, y se adiciona el inciso ñ), y se adiciona un Título Sexto a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 34.

1. A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes:

a) a h)...

i) Proponer al pleno tres consejeros del Consejo de Transparencia.

j) Las demás que le atribuyen esta ley o los ordenamientos relativos.

Artículo 48.

1. a 3. ...

4. El secretario general de la Cámara tiene las atribuciones siguientes:

a) a f)...

g) Nombrar a un servidor público que sea integrante del Comité de Información.

Artículo 52.

2. Al secretario le corresponde:

a) a d)...

e) Designar a un servidor público que forme parte del Comité de Información para desahogar las consultas de carácter técnico-jurídico.

Artículo 53.

1. ...

2. El titular de la Contraloría Interna formará parte del Comité de Información de la Cámara.

Artículo 82.

1. La Junta de Coordinación Política tiene a su cargo las siguientes atribuciones:

a) a e)...

f) Proponer al pleno tres consejeros del Consejo de Transparencia.

g) Las demás que se deriven de esta ley y del Reglamento.

Artículo 109.

1. La Secretaría General de Servicios Parlamentarios tendrá las funciones siguientes:

a) a h)...

i) Designar al servidor público que forme parte del Comité de Información y al servidor público que desahogue las consultas de carácter técnico-jurídico en dicho comité; dichas funciones pueden recaer en un mismo funcionario.

Artículo 110.

1. La Secretaría General de Servicios Administrativos tiene a su cargo las siguientes atribuciones:

a) a c)...

d) Nombrar a un servidor público que sea integrante del Comité de Información.

Artículo 113.

1. La Contraloría Interna, tendrá las siguientes atribuciones:

a) a m)...

n) Formar parte del Comité de Información de la Cámara.

ñ) Las demás que determine la Mesa Directiva.

Título SextoDe la transparencia, el acceso a la información pública, y la protección de datos personales en posesión del Congreso de la Unión Capítulo PrimeroDisposiciones generales

Artículo 136.

1. Las disposiciones de éste Título tienen por objeto regular  los órganos de transparencia del Congreso y sus atribuciones, a efecto de implementar una política de transparencia y rendición de cuentas, en la que se asegure el acceso a la información pública y la protección de datos personales contenidos en los documentos en posesión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 137.

1. Los órganos del Congreso implementarán una política integral de transparencia y rendición de cuentas, privilegiando en todo momento los principios de máxima publicidad, disponibilidad de la información, veracidad, certeza jurídica, legalidad y celeridad, de conformidad con las bases y principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Capítulo SegundoDe la publicidad de la información del Congreso

Artículo 138.

1. Para efectos de éste título, la obligación de proporcionar la información pública y resguardar la información de acceso restringido que posean recae en todos los órganos de ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Artículo 139.

1. Con excepción de la información de acceso restringido en su modalidad de reservada o confidencial prevista en la Ley, los órganos del Congreso deberán poner a disposición del público y actualizar, a través de sus respectivos sitios de Internet la información que se defina en el reglamento respectivo.

Artículo 140.

1. La información a que se refiere el artículo anterior estará disponible de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

Capítulo TerceroDe los órganos de transparencia del Congreso

Artículo 141.

1. El Congreso de la Unión en materia de transparencia contará, con los órganos siguientes:

I. Consejo de Transparencia

II. Comités de Información

III. Unidades de Enlace

Sección primeraDel Consejo de Transparencia del Congreso de la Unión

Artículo 142.

1. El Congreso de la Unión contará con un Consejo de Transparencia bicameral dotado de autonomía operativa, de gestión presupuestal y de decisión, encargado de velar por el cumplimiento del Titulo Sexto de esta ley, y de las bases establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

2. Serán principios rectores del Consejo el de máxima publicidad, imparcialidad, legalidad y objetividad. Para efectos de sus resoluciones adoptará sus decisiones con plena independencia y autonomía y contará con los recursos humanos y materiales necesarios para el desempeño de sus funciones.

Artículo 143.

1. El Consejo de Transparencia estará integrado por seis consejeros especialistas en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Durarán en su encargo cinco años, con posibilidad de una reelección por otro periodo igual.

2. Los Consejeros serán designados por el pleno de cada cámara a propuesta de las respectivas Juntas de Coordinación Política, previa convocatoria a organizaciones no gubernamentales, centros de investigación, instituciones académicas públicas y privadas para que presenten candidatos a consejeros especialistas, de acuerdo con el procedimiento establecido por cada Cámara.

3. El presidente del Consejo de Transparencia será designado por la votación mayoritaria del Pleno de la Cámara de diputados y, durará en su encargo, el periodo establecido para su designación como Consejero.

4. Durante su designación los consejeros no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia. Sus emolumentos serán equivalentes a los de Director General.

Artículo 144.

1. Para ser consejero se requiere:

a) Ser ciudadano mexicano, con residencia legal en el territorio nacional, por lo menos cinco años anteriores a que sea designado.

b) Tener por lo menos treinta años cumplidos.

c) Contar con destacada trayectoria en actividades profesionales, académicas o de servicio público, en temas de democracia, transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

d) No haber sido, diputado federal o local, senador, secretario de estado, dirigente de algún partido político o ministro de culto durante tres años previos a la designación.

e) No haber sido condenado por algún delito doloso y gozar de reputación personal y profesional.

Artículo 145.

1. Los consejeros especialistas estarán sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos establecido en la materia. La remoción del presidente y los consejeros se determinará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del pleno de cada Cámara.

Artículo 146.

1. El Consejo de Transparencia tendrá las atribuciones siguientes:

1. Será el órgano encargado de aplicar y darle seguimiento a las políticas de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales que definan ambas cámaras;

2. Conocer, substanciar, y resolver los recursos de revisión y reconsideración interpuestos por los particulares, ante la inconformidad u omisión en la entrega de información pública del Congreso;

3. Establecerá de manera específica y desarrollar sus facultades y procedimientos institucionales, mediante reglamentos, lineamientos o manuales de conformidad con el presente Titulo, y las disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

4. Designar a los titulares de los Comités de Información y de las Unidades de Enlace encargados de recibir las solicitudes de acceso a información pública, de acceso o rectificación de datos personales  así como supervisar y evaluar sus actividades.

5. Diseñar y aplicar indicadores para evaluar el desempeño de la Cámara en materia de transparencia, acceso a la información y datos personales;

6. Presentar su informar anual de actividades a ambas Cámaras.

7. Las demás que deriven de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y otras disposiciones aplicables.

Sección SegundaDe los Comités de Información

Artículo 147.

1. Cada una de las cámaras contará con un Comité de Información que será el encargado de vigilar y garantizar que toda persona tenga acceso a la información pública ó, a sus datos personales que obren en el Congreso, ajustándose a la normatividad aplicable.

Artículo 148.

1. Cada comité de información estará integrado por:

a) Un servidor público designado respectivamente, por el titular de la Secretaría General para el comité de la Cámara de Diputados; y por el titular de la Secretaria General de Servicios Administrativos para el comité de la Cámara de Senadores.

b) El titular de la Unidad de Enlace respectiva de cada Cámara.

c) Un servidor público designado por el titular de la Secretaría de Servicios Parlamentarios de las respectivas Cámaras, según el comité de información que corresponda.

d) Un servidor público para desahogar consultas de carácter técnico-jurídico, designado por el titular de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para el comité de la Cámara de Diputados, y por el titular de la Secretaria General de Servicios Parlamentarios para el comité de la Cámara de Senadores.

e) El titular del órgano interno de control de cada Cámara, según corresponda.

Artículo 149.

1. El Comité de Información de cada Cámara del Congreso tendrá las atribuciones siguientes:

a) Coordinar y supervisar las acciones tendentes a propiciar la información prevista en éste Título;

b) Asesorar y desahogar consultas jurídicas ante los órganos del Congreso, derivadas del ejercicio de acceso a información pública y protección de datos personales;

c) Establecer los procedimientos que faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y el procedimiento de acceso o rectificación de datos personales;

d) Confirmar, modificar o revocar la clasificación de información propuesta por la Unidad de Enlace;

e) Declarar la inexistencia de la información;

f) Realizar a través de la respectiva Unidad de Enlace, las gestiones necesarias para localizar la información que se solicite;

g) Elaborar un informe anual sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y el acceso o rectificación de datos personales; y

h) Las demás que les otorguen los ordenamientos aplicables.

Sección TerceraDe las Unidades de Enlace

Artículo 150.

1. El Consejo de Transparencia designara  al titular de la Unidad de Enlace; quien será el encargado de tutelar y recibir las solicitudes de acceso a información pública, de acceso o rectificación de datos personales; publicar la información de oficio en la página web correspondiente; tutelar el trámite de las mismas y, otorgar las respectivas respuestas a las solicitudes.

Artículo 151.

1. Las unidades de enlace, tendrán las facultades siguientes:

a) Recibir y dar curso a las solicitudes de acceso a la información pública y de  acceso o rectificación de datos personales del Congreso;

b) Recibir y turnar al respectivo órgano especializado los recursos de revisión que interpongan los particulares en contra de la respuesta sus solicitudes;

c) Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y, en su caso, orientar sobre las dependencias competentes para detentar y desahogar la solicitud;

d) Realizar los trámites internos necesarios para entregar la información;

e) Proponer al Comité de Información la clasificación de información sugerida por los titulares de los órganos o unidades del Congreso;

f) Proponer al Comité de Información los procedimientos que faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información pública del Congreso;

g) Llevar un registro de las solicitudes, su trámite y sus resultados;

h) Formar parte del Comité de Información; y

i) Las demás necesarias para garantizar y agilizar el flujo de información entre el Congreso y los particulares, que determine el Comité de Información.

Artículo 152.

1. El personal de la Unidad de Enlace formará parte del Servicio Civil de Carrera del Congreso, el cual deberá cumplir con los requisitos y ejercerá las atribuciones que establezca el Estatuto del Servicio Civil de Carrera; serán considerados como trabajadores de confianza de conformidad con el artículo 115 de ésta Ley.

Capítulo CuartoDe la información de acceso restringido del Congreso

Artículo 153.

1. La información que obra en los archivos del Congreso es pública, con excepción de aquella que de manera expresa se prevea como información de acceso restringido.

2. La información definida como de acceso restringido, en sus modalidades de reservada o confidencial, no puede ser divulgada bajo ninguna causa, salvo las excepciones señaladas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. La propuesta de clasificación de la información con motivo de una solicitud de información compete al titular de cada uno de los órganos o unidades del Congreso que la posean, quien la deberá remitir al titular de la Unidad de Enlace para que éste someta su aprobación al Comité de Información.

3. Los documentos clasificados como reservados o confidenciales, serán custodiados por los titulares de los órganos o unidades del Congreso que los posean.

Sección PrimeraDe la información reservada

Artículo 154.

1. La información solamente podrá ser clasificada como reservada mediante resolución fundada y motivada del Comité de Información, en la que se identifique la fuente de la información y se acredite plenamente que su divulgación perjudique el interés público que protege, de acuerdo con alguna de las hipótesis de excepción previstas en la Ley.

2. En la clasificación de reserva se tendrá que señalar las partes del documento que se reservan, su plazo y la autoridad del Congreso encargada de su custodia.

Artículo 155.

1. La información se considerará como reservada en los casos siguientes:

a) Cuando su difusión comprometa la seguridad nacional, o la seguridad pública;

b) Cuando menoscabe la conducción de las negociaciones o bien, de las relaciones internacionales, incluida aquella información que otros estados u organismos internacionales entreguen con carácter de confidencial al Estado Mexicano;

c) Dañe la estabilidad financiera, económica o monetaria del país;

d) Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona;

e) Cause un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, impartición de la justicia, de recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio y de estrategias en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado;

f) Los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal;

g) Los expedientes seguidos en forma de juicio que no hayan causado estado;

h) La que por disposición de una Ley así sea considerada; y

i) La información clasificada como reservada por otros poderes y que haya sido entregada con tal carácter al Congreso.

Artículo 156.

1. La información clasificada como de acceso restringido en su modalidad de reservada permanecerá con tal carácter hasta por un periodo de doce años, en el cual, únicamente pierde su particularidad cuando se extingan las causas que le dieron origen a su clasificación.

2. Cuando la información reservada pierda tal carácter, se elaboraran versiones públicas de la información que contenga datos personales ó información de carácter confidencial.

Sección SegundaDe la información confidencial

Artículo 157.

1. Se considera como información confidencial:

a) Los datos personales en posesión de cada Cámara.

b) Los datos personales de los legisladores, servidores públicos y prestadores de servicios del Congreso.

c) La entregada con tal carácter por los particulares al Congreso, siempre que así se considere por el Comité de Información.

d) La relacionada con la organización de la seguridad interna de las Cámaras del Congreso.

e) La que por disposición de una ley así sea considerada.

Artículo 158.

1. El tratamiento de los datos personales obedecerá exclusivamente a las atribuciones legales o reglamentarias de cada órgano del Congreso.

2. Para el tratamiento de los datos personales se requerirá del consentimiento inequívoco, expreso y por escrito del interesado, y se garantizará que exclusivamente la persona interesada pueda acceder a éstos.

3. Como excepción de lo anterior, el tratamiento de los datos personales por los órganos del Congreso que los posean, no requerirá consentimiento del interesado, cuando medien razones de interés general, con fines estadísticos científicos o históricos atendiendo a la calidad de los datos, y así lo disponga una ley.

4. El tratamiento de los datos personales únicamente será efectuado por el personal autorizado para ello. La persona responsable verificará que los datos recabados sean ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación a su finalidad de obtención.

5. Los datos personales deben ser resguardados de modo que permitan ejercer su derecho de acceso o rectificación previsto en la ley, y solo serán destruidos cuando dejen de ser necesarios para los fines a los que fueron obtenidos.

Artículo 159.

1. No se considerara como información de acceso restringido en su modalidad de confidencial la que se contenga en registros públicos o en fuentes de acceso público.

2. La información clasificada como confidencial, mantendrá ese carácter de manera indefinida y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma y los servidores públicos que requieran conocerla para el debido ejercicio de sus funciones.

3. En el caso de que exista una solicitud de información que contenga información confidencial, ésta se comunicará al interesado siempre y cuando exista consentimiento expreso del titular de la información.

Capítulo QuintoDel procedimiento de acceso a la información pública y de acceso o rectificación de datos personales del Congreso

Artículo 160.

1. Cualquier persona podrá presentar una solicitud de acceso a información pública, y el titular de datos personales o su representante legal la solicitud de acceso y rectificación, de sus datos personales, ante las Unidades de Enlace del Congreso, de manera escrita o por medio electrónico en los formatos aprobados por el pleno de la Cámara.

2. En el caso de las solicitudes de información pública, se asegurará que toda persona tenga acceso a la información pública del Congreso sin necesidad de acreditar interés jurídico, ni justificar la utilización de la información requerida.

Artículo 161.

1. La solicitud que se presente deberá contener cuando menos lo siguiente:

a) Nombre, domicilio u otro medio para recibir notificaciones.

b) Los datos del representante, quien acreditará su carácter en tal caso.

c) Descripción clara y precisa de los documentos que solicita.

d) Cualquier dato que facilite la localización de la información.

e) La modalidad en que se prefiere sea otorgada la información, la cual podrá ser mediante consulta directa, copias simples, copias certificadas o cualquier otro tipo de medio electrónico, siempre que así exista en los archivos de la Cámara.

3. Para formular solicitud acceso, o rectificación de datos personales el interesado, o su representante legal, deberán acreditar fehacientemente su identidad o carácter.

4. Las solicitudes de rectificación de datos personales el interesado deberán señalar el sistema de datos personales en donde se encuentren sus datos, las modificaciones que solicita y, la documentación que motive su petición.

Artículo 162.

1. Las unidades de enlace auxiliaran en todo momento a los particulares en la elaboración de sus solicitudes. Cuando la información que se pretenda obtener no sea competencia del Congreso, la Unidad de Enlace deberá orientar al particular sobre el sujeto obligado competente para detentar la información.

Artículo 163.

1. La Unidad de Enlace deberá turnar las solicitudes a las unidades u órganos internos del Congreso para su debido trámite, con el objeto de que ésta la localice y verifique su clasificación, a fin de facilitar el acceso a la información, de manera que sea procedente su acceso.

2. El acceso a información pública o de datos personales serán gratuitas, y sólo podrá establecerse un costo en el caso de reproducción de documentos de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 164.

1. Las Unidades de Enlace del Congreso cuentan con un plazo máximo de veinte días hábiles para dar respuesta a las solicitudes, contados desde la presentación de la solicitud ante la Unidad. En la respuesta las unidades u órganos del Congreso deberán precisar el costo y la modalidad en que se tiene la información, atendiendo en la medida de lo posible a la solicitud del particular.

2. El plazo señalado, por única vez podrá ser ampliado por el mismo periodo, cuando existan razones que lo justifiquen y siempre que sea notificado al solicitante.

3. La información debe entregarse en un término de diez días hábiles a partir de que la Unidad de Enlace notifique al particular la disponibilidad de ésta, y siempre que en su caso, se cubran con los costos del pago de derechos correspondientes.

Artículo 165.

1. Las Unidades de Enlace del Congreso atenderán las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales, en los términos y plazos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y normatividad que para tal efecto emita el Consejo.

Capítulo SextoDel recurso de revisión

Artículo 166. El solicitante que esté inconforme con la respuesta recaída a su solicitud de información pública o de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales o ante la omisión de respuesta podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, el recurso de revisión ante el Consejo o ante la unidad de enlace que haya conocido el asunto, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación. La unidad de enlace deberá remitir el asunto al Consejo al día siguiente de haberlo recibido.

Lo anterior, sin perjuicio del derecho que les asiste a los interesados de interponer queja ante los órganos de control interno de los entes obligados.

Artículo 167. EI Consejo tendrá acceso a la información que resulte indispensable para resolver el recurso. Dicha información deberá ser mantenida con carácter de reservada o confidencial, según sea el caso, y no estará disponible en el expediente.

Las resoluciones que emita el Consejo serán definitivas, inatacables y obligatorias para la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Comisión Permanente y la Auditoría Superior de la Federación.

En contra de las resoluciones del Consejo el particular podrá interponer juicio de amparo.

Artículo 168. El recurso de revisión será tramitado de conformidad con los términos, plazos y requisitos señalados en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la normatividad que para tal efecto emita el Consejo.

Igualmente, el recurrente podrá interponer el recurso de reconsideración, que será sustanciado en los términos que establezca la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la normatividad que para tal efecto emita el Consejo.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las Juntas de Coordinación Política de ambas cámaras deberán emitir la convocatoria pública abierta para la designación de los consejeros del órgano especializado, en un plazo de treinta días hábiles, a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. Cada Cámara del Congreso cuenta con un plazo de sesenta días hábiles para integrar e instalar su Comité de Información y su Unidad Enlace.

Cuarto. Cada una de las Cámaras del Congreso, a través del pleno, cuenta con treinta días hábiles a partir de la instalación del Consejo de Transparencia para emitir los reglamentos o los acuerdos de carácter general, en los que establezca los criterios y bases de la Unidad de Enlace; del Comité de Información; así como los procedimientos de acceso a la información pública y el de acceso o rectificación de datos personales; de interposición y substanciación del recurso de revisión y reconsideración, observando las bases de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y éste Titulo, de acuerdo a las atribuciones establecidas en la ley.

Quinto . Los trámites y recursos que se hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto y se encuentren en proceso, concluirán su trámite de conformidad con las disposiciones vigentes en su momento, para cada una de las Cámaras.

Sexto. En ningún caso se podrá aplicar en forma retroactiva, normas que afecten la situación laboral o administrativa del personal que presta sus servicios en el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Nota:

1 Diario Oficial de la Federación, sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad 76/2008 y sus acumuladas 77/2008 y 78/2008, promovidas las dos primeras por el procurador general de la República y la última por el Partido del Trabajo, en contra del Poder Legislativo del estado de Querétaro, 21/11/2008, páginas 51 a 53.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2010.— Diputados: Alejandro Encinas Rodríguez, César Daniel González Madruga, Miguel Martín López, Bonifacio Herrera Rivera, Jaime Arturo Vázquez Aguilar (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña :Como lo solicita, señor diputado, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña :Pido a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y de diputados.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 393 diputadas y diputados, más el diputado Castro Cosío, el diputado Covarrubias y el diputado Fernández Noroña.

Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña :Muchas gracias. Tiene la palabra el señor diputado Sabino Bautista Concepción, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

El diputado Sabino Bautista Concepción :Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, dentro del marco de las responsabilidades del Estado mexicano se encuentra la de dotar a la población de servicios públicos para satisfacer, de manera regular y continua, sus diversas necesidades básicas colectivas, privilegiando abatir el rezago en aquellas comunidades consideradas como de alta y muy alta marginación, donde carecen de servicios públicos básicos para el desarrollo de su población.

Sin embargo, es evidente que en el servicio público de energía los altos costos que se tienen que pagar siguen siendo un obstáculo para el buen desarrollo productivo y socioeconómico de la comunidad. No olvidemos que la energía eléctrica es un insumo básico para lograr una mejor calidad de vida.

Como legisladores tenemos el compromiso de establecer condiciones para que en nuestro país la prestación del servicio de energía eléctrica se realice atendiendo el beneficio social para el pleno desarrollo nacional, por lo cual, es necesario establecer una política de reajuste de las tarifas, en donde se considere como prioritario establecer tarifas de bajo costo en las zonas de atención prioritaria que son aprobadas por esta soberanía.

Hay que recordar que las altas tarifas eléctricas hacen inaccesible un servicio que es fundamental para llevar a cabo las actividades socioeconómicas de cada comunidad para alcanzar su desarrollo económico y social. Por tal razón, es justa la exigencia de tarifas eléctricas accesibles a la situación económica de cada región del país. En este proceso han participado integrantes de los sectores público, social y privado en razón de que se trata de una demanda cuya resolución beneficiará el bolsillo de todos los mexicanos.

Es oportuno exigir al gobierno federal, que ante la crisis económica en que está inserta el país, proceda a elaborar un programa de tarifas preferenciales que atiendan de manera adecuada la problemática de los costos elevados de la energía eléctrica. Ya que hemos estado observando cómo la política tarifaria que está en manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha sido abandonada para convertirse en un sistema de recaudación fiscal.

El exceso de aumento en las tarifas eléctricas se ha dado en todos los sectores de la sociedad mexicana. Pero lo más lamentable es que los estados de la República donde se generan mayores volúmenes de energía para el abasto del país sean los más afectados en el cobro de este vital servicio. Como ejemplo tenemos que en San Luis Potosí, considerado como uno de los principales generadores de energía eléctrica en el país en los últimos años, con la termoeléctrica que se encuentra en el municipio de Tamazunchale, la población ha manifestado su exigencia por la disminución en el cobro de las tarifas eléctricas, al afirmar que sus recibos por este servicio son muy elevados e imposibles de pagar.

Por tal motivo, es fundamental impulsar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida, no sólo para el estado sino para toda la población. Para ello, hay que demandar a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Energía a instaurar mecanismos de ajuste y reestructuración de las tarifas eléctricas, con base en los estudios socioeconómicos elaborados tanto por la Secretaría de Desarrollo Social como por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de las zonas de atención prioritaria aprobadas anualmente por esta soberanía.

El utilizar este criterio permitirá el establecimiento de cobros justos del servicio de energía eléctrica para las zonas de alta y muy alta marginación y con situación de extrema pobreza, buscando mejorar su bienestar y condiciones de vida.

Es cuanto, señor presidente. Le solicito sea integrado el texto de mi iniciativa en el Diario de los Debates. Gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Sabino Bautista Concepción, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Sabino Bautista Concepción integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, con fundamento el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5, 6, fracción VI y VII del artículo 12, 30 y 31 todos de la Ley del Servicio de Público de Energía Eléctrica, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Dentro de las principales responsabilidades del Estado mexicano, está dotar a la población de servicios públicos para satisfacer, de manera regular y continua sus diversas necesidades básicas colectivas, privilegiando abatir el rezago en aquellas comunidades consideras como alta y muy alta marginación, donde carecen de servicios públicos básicos para el desarrollo de su población. Sin embargo, es lamentablemente, que esta responsabilidad por el actual gobierno federal no se cumple en su cabalidad, es a todas luces obvio como en las comunidades de extrema pobreza carecen del servicio público de energía eléctrica, y en dado caso de contar con este servicio, es evidente los altos costos que tienen que pagar por el servicio, siendo un obstáculo para el buen desarrollo productivo y socioeconómico de la comunidad. No olvidemos que la energía eléctrica es un insumo básico para lograr una mejor calidad de vida.

Como legisladores tenemos el compromiso de establecer condiciones para que en nuestro país la prestación del servicio de energía eléctrica se realice atendiendo el beneficio social para el pleno desarrollo nacional, por lo cual, el necesario establecer una política de reajuste de las tarifas, en donde se considere como prioritario establecer tarifas de bajo costo en las zonas de atención prioritaria que son aprobadas por esta soberanía. Hay que recordar que las altas tarifas eléctricas hacen inaccesible un servicio que es fundamental para llevar a cabo las actividades socioeconómicas de cada comunidad para alcanzar su desarrollo económico y social. Por tal razón, es justa la exigencia de tarifas eléctricas accesibles a la situación económica de cada región del país. En este proceso han participado integrantes de los sectores público, social y privado en razón de que se trata de una demanda cuya resolución beneficiará el bolsillo de todos los mexicanos.

Es oportuno exigir al gobierno federal y ante la crisis económica que padece el país, elaborar un programa de tarifas preferenciales que atienda de manera adecuada la problemática de los costos elevados de la energía eléctrica. Ya que hemos estado observando como la política tarifaria que está en manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha sido abandonada para convertirse en un sistema de recaudación fiscal.

El exceso de aumento en las tarifas eléctricas, se ha dado en todos los sectores de la sociedad mexicana, pero lo más lamentable es que en los estados de la República donde se generan mayores volúmenes de energía para el abasto del país, sean los más afectados en el cobro de este vital servicio. Como ejemplo tenemos que San Luis Potosí, considerado como uno de los principales generadores de energía eléctrica en el país en los últimos años, con la Termo Eléctrica que se encuentra en el municipio de Tamazunchale, la población ha manifestado su exigencia por la disminución en el cobro de las tarifas eléctricas, al afirmar que en sus recibos por este servicio son muy elevados e imposibles de pagar.

Por tal motivo, es fundamental impulsar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida, no solo para el Estado sino para toda la población, para ello, hay que demandar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Energía a instaurar mecanismos de ajuste y reestructuración de la tarifa eléctrica, con base en los estudios socioeconómicos elaborados tanto por la Secretaría de Desarrollo Social como por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de las zonas de atención prioritaria aprobadas anualmente por esta soberanía. Al utilizar este criterio permitirá el establecimiento de cobros justos del servicio de energía eléctrica, para las zonas de alta y muy alta marginación y con situación de extrema pobreza, buscando mejorar su bienestar y condiciones de vida.

Por lo expuesto, presento ante el pleno de ésta honorable Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de

Decreto, por el que se reforman los artículos 5, 6, fracción VI y VII, del artículo 12, 30 y 31, todos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica

Para quedar como sigue:

Artículo Único. Se reforman los artículos 5, 6, fracción VI y VII del artículo 12, 30 y 31, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 5. LaSecretaría de Energía, dictará, conforme a la política nacional de energéticos, las disposiciones relativas al servicio público de energía eléctrica, que deberán ser cumplidas y observadas por la Comisión Federal de Electricidad y por todas las personas físicas o morales que concurran al proceso productivo.La Secretaría de Energía, al elaborar las disposiciones relativas al servicio público de energía eléctrica, observara el establecimiento de una tarifa de acuerdo a las condiciones socioeconómicas de las zonas de atención prioritaria aprobadas anualmente por la Cámara de Diputados en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 6. Para los efectos del artículo anterior, laSecretaría de Energía autorizará, en su caso, los programas que someta a su consideración la Comisión Federal de Electricidad, en relación con los actos previstos en el artículo 4.La Comisión Federal de Electricidad dentro de los programas que someta a autorización de la Secretaría de Energía, promoverá el establecimiento de tarifas a bajo costo para las zonas de atención prioritaria, aprobadas anualmente por la Cámara de Diputados dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación. Todos los aspectos técnicos relacionados con la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica serán responsabilidad exclusiva de la Comisión Federal de Electricidad.

Artículo 12. La Junta de Gobierno deberá:

I. a V. ...

VI. Aprobar las propuestas de ajuste a las tarifas, que deberán formularse de acuerdo con el estado patrimonial y financiero del organismo,asimismo, ajustará las tarifas en las zonas de atención prioritaria aprobadas anualmente por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, observando sus condiciones socioeconómicas que prevalecen en dichas zonas;

VII. Aprobar, en su caso, la propuesta de reestructuración tarifaria,en dicha propuesta se contemplara una tarifa de bajo costo a las zonas de atención aprobadas por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación;

VIII. a la XII. ...

Artículo 30. La venta de energía eléctrica se regirá por las tarifas que apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en dichas tarifas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,promoverá el establecimiento de tarifas de bajo costo a las zonas de atención prioritaria aprobadas por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos.

Las condiciones de la prestación de los servicios que deban consignarse en los contratos de suministro y de los modelos de éstos, serán aprobados por laSecretaría de Economía , oyendo a la deEnergía . Dichas formas de contrato se publicaran en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 31. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de lassecretarías de Energía y Economía, a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público, y el racional consumo de energía,así como las condiciones socioeconómicas de las zonas de atención prioritaria aprobadas por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Asimismo, y a través del procedimiento señalado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima, combinación de ambas,y a las zonas de atención prioritaria aprobadas por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, para establecer las tarifas de bajo costo a las zonas de atención prioritaria aprobadas por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, podrá solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y a la Cámara de Diputados datos socioeconómicos de dichas zonas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2010.— Diputado Sabino Bautista Concepción (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña :Como lo solicita diputado, insértese en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Energía.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña :Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Ezeta Salcedo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputadoCarlos Alberto Ezeta Salcedo :Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, vengo hoy a presentarles una iniciativa de ley que propone reformar el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

En tres ejes baso mi proyecto; el primero es fortalecer el trabajo de comisiones y en consecuencia, el que se hace en el pleno de la Cámara de Diputados. El segundo, ampliar nuestro sistema de rendición de cuentas. Tercero, mejorar la percepción que hoy tiene la ciudadanía de nosotros los diputados.

Fortalecer el trabajo en comisiones. El trabajo que se realiza en comisiones es medular en el proceso de creación y reforma de leyes. La elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones que en ella se emitan coadyuvan a que las cámaras cumplan con las atribuciones que la Constitución y demás ordenamientos legales les han conferido.

En los hechos es en comisiones donde se realiza el trabajo técnico legislativo. En ellas se concentra el estudio, la discusión y el intercambio de ideas de las iniciativas o proyectos de ley que habrá de conocer y votar el pleno de la Cámara de Diputados, por lo que el desempeño y productividad de este órgano colegiado está directamente vinculado al trabajo que se realiza en cada una de las comisiones.

Sobra decir que uno de los principales factores que ha agravado el rezago legislativo es la constante inasistencia de los integrantes a las comisiones de que forman parte, lo que ha complicado el desahogo y resolución de los asuntos que el pleno les turna.

Por ello, para fortalecer el trabajo en comisiones propongo adicionar dos párrafos al artículo 44 de la Ley Orgánica, con el objeto de que se descuente un día de dieta a aquel o aquellos legisladores que injustificadamente falten a una sesión de la comisión que integran.

Asimismo, propongo un listado de supuestos utilizables para la justificación de faltas, mismo del que carece nuestro ordenamiento legal hoy en día.

Segundo punto, ampliar el sistema de rendición de cuentas. La rendición de cuentas se ha constituido en elemento central de las democracias representativas contemporáneas, en su realización encontramos uno de los principales instrumentos para garantizar que los gobernantes cumplamos con transparencia, honestidad, eficiencia y eficacia, el mandato hecho por la sociedad. A través de la rendición de cuentas los servidores públicos estamos obligados a informar y justificar nuestros planes de acción, desempeño y logros, así como sujetarnos a las sanciones y recompensas correspondientes.

Hoy en día, la ley que como diputados nos rige carece de sanción alguna. Ejemplo de ello es el artículo que nos ocupa, en donde se prevé la obligación de los miembros de asistir a las comisiones y de no hacerlo, justificar su falta.

No obstante, dicho ordenamiento donde se prevé una obligación carece también de una sanción, por lo que en aras de emplear nuestro sistema de rendición de cuentas es indispensable su reforma.

Por último, tercer punto, mejorar la percepción que hoy tiene la ciudadanía de nosotros los diputados. Estoy convencido que como legisladores debe ser nuestro compromiso recuperar la credibilidad y confianza que se ha perdido en la ciudadanía a lo largo de los años.

Sin lugar a dudas, con comisiones trabajando con todos sus integrantes y presentando resultados entre los que se incluya el rezago legislativo, así como el fortalecimiento de la rendición de cuentas mediante la aplicación de sanciones por incumplimiento, favorecerá para que la sociedad valore el quehacer que día a día realizamos.

Compañeros diputados y compañeras diputadas, los invito a darle una nueva cara a la Cámara de Diputados y al trabajo que hoy realizamos apoyando esta iniciativa.

Diputado presidente, por la restricción del tiempo solicito que la presente iniciativa se inserte en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Alberto Ezeta Salcedo, del Grupo Parlamentario del PVEM

Carlos Alberto Ezeta Salcedo, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II; 73, fracción XXX; y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto con base en la siguiente

Exposición de Motivos

De gran relevancia para México es el trabajo que realiza su Poder Legislativo, a través de las dos Cámaras que integran el Congreso General. Por mandato constitucional aquel está facultado, entre otras, para estudiar, discutir, votar, aprobar o rechazar las iniciativas de ley que conforman el marco legal de nuestro país, gracias al cual se regulan nuestras relaciones políticas, sociales, económicas, culturales, etcétera.

Parte medular del proceso de creación y modificación de leyes es el trabajo en comisiones, las cuales, una vez constituidas por el pleno coadyuvan, mediante la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones a que las Cámaras cumplan con las atribuciones que la Constitución y demás ordenamientos legales les confieren.

En los hechos, es en las comisiones en donde se realiza el trabajo técnico legislativo. En dicha instancia se concentra el estudio, la discusión y el intercambio de ideas de todas y cada una de las iniciativas o proyectos de ley que habrá de conocer y votar el pleno de la Cámara de Diputados, por lo que el desempeño y productividad de dicho órgano colegiado está directamente vinculado al trabajo que se ejecuta en cada una de aquellas.

Esta esencial función para la creación de leyes se ha venido disminuyendo por la falta de nuevos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas del actuar de los integrantes del órgano legislativo en su conjunto y de los diputados en particular, así como la inexistencia en la legislación vigente de multas y sanciones aplicables a aquellos cuando descuiden la labor legislativa para la cual fueron electos.

Ejemplo de lo anterior es el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se prevé la obligación a los miembros de las comisiones de acudir puntualmente a las reuniones y, de no hacerlo, justificar y comunicar su falta, omitiendo sanción alguna en caso de incumplimiento. Lo que deriva en una norma imperfecta.

Caso contrario ocurre en Chile y España en cuyas legislaciones se establece la obligación de los diputados de asistir a las sesiones del pleno y de las comisiones de las que formen parte, además se fijan las sanciones correspondientes en caso de inasistencias injustificadas.

Sobra decir que uno de los principales factores que ha agravado el rezago legislativo y, en consecuencia, ayudado a que la percepción ciudadana respecto a los legisladores no corresponda a la importancia del trabajo que el Poder Legislativo desempeña, es la constante inasistencia de los integrantes a las comisiones y por ende su no instalación, lo que ha complicado el desahogo y resolución de los asuntos que el pleno les turna.

A seis meses de iniciada la LXI Legislatura hay ya una gran cantidad de iniciativas y puntos de acuerdo propias y heredadas pendientes de dictaminación, las cuales, por su importancia, deben ser resueltas a la brevedad. Esta falta de productividad y eficiencia no debe continuar, está en noso-tros los legisladores hacer todo lo posible para eficientar el trabajo que se realiza en comisiones, concretamente evitando el rezago legislativo originado por la falta de asistencia o retraso a las comisiones.

En ese sentido, como legisladores, es nuestra obligación crear o modificar leyes que además de ser funcionales no sean imperfectas o de imposible realización y menos cuando se trate de aquellos ordenamientos jurídicos que por su naturaleza regulen el actuar de los órganos de gobierno, en este caso, la Cámara de Diputados. Asimismo, derivado de nuestros resultados, debe ser nuestro compromiso recuperar la credibilidad y confianza que se ha perdido ante la ciudadanía a lo largo de los años.

En aras de contar con mecanismos que permitan una mayor rendición de cuentas, así como la actualización de una norma que por su falta de sanciones es imperfecta, además de buscar reconquistar la credibilidad perdida en la ciudadanía, proponemos modificar el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso, en el sentido de que los legisladores que no concurran a una sesión de la comisión a la que pertenezcan sin causa justificada y debidamente comunicada, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día de la inasistencia.

En ese orden de ideas, la dieta es la retribución o remuneración a la que tenemos derecho los diputados por el desempeño del cargo, el cual implica el cumplimiento de diversas obligaciones inherentes a la función de legislador, entre ellas, la de asistir a las reuniones de comisiones para cumplir con la función de dictamen. En consecuencia, ante la ausencia injustificada del legislador a las sesiones de las comisiones, no se debe actualizar la correlativa obligación del Estado de efectuar el pago de la dieta del día correspondiente en que se incurrió en la falta.

Por otro lado, en esta iniciativa se propone modificar también el artículo señalado para incluir un listado de causas, gracias a las cuales se podrán justificar faltas a las comisiones y, por ende, no hacerse acreedor a la pena que se plantea. No contemplarlas nos pondría nuevamente frente a una norma imperfecta que por su carencia no proporcionaría la certidumbre legal que toda norma debe brindar.

Por lo expuesto se propone el siguiente

Decreto que reforma el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adicionan dos párrafos, 2 y 3, recorriéndose los demás en su orden, del artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 44.

1. Los miembros de las comisiones están obligados a acudir puntualmente a sus reuniones y sólo podrán faltar por causa justificada y debidamente comunicada.

2. Los legisladores que no concurran a una sesión de la comisión a la que pertenezcan, sin causa justificada y sin estar debidamente comunicada no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día en que falten.

Son causas justificadas de inasistencia: enfermedad, estado de gravidez u otras razones de salud; asistencia a reunión de otra comisión de la que sea integrante o cuando no sea integrante, pero se discuta un asunto del que sea autor; asistencia a reunión de Junta de Coordinación Política o de la Conferencia, y por estar en cumplimiento de encomiendas oficiales autorizadas por la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política o el pleno.

La justificación y comunicación se entregará por escrito al presidente de la comisión quien al final de cada mes, enviará mediante oficio, el reporte mensual de asistencias, a cada integrante de la comisión. Si los miembros en un plazo máximo de tres días naturales no emiten observaciones en contrario, se entenderán que están de acuerdo para efectos de lo dispuesto en el párrafo siguiente.

3. Al final de cada mes, la Secretaría Técnica de la comisión entregará a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de la Cámara, la información relativa a las asistencias e inasistencias para hacer los trámites correspondientes.

4. ...

5. ...

6. ...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, durante el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura, a 25 de febrero de 2010.— Diputado Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña :Como usted lo solicita, diputado, insértese en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña :Tiene la palabra el diputado Francisco Saracho Navarro para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 160 Bis a la Ley sobre el Contrato de Seguro, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Francisco Saracho Navarro :Muchas gracias, diputado. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el contrato de seguro tiene como finalidad el resarcimiento económico ante la eventualidad de que ocurra un riesgo, lo que genera para las personas un cierto margen de previsión que repercute en una estabilidad innegable. Por ello, la función que desempeñan las compañías de seguros está sujeta a la supervisión constante del Estado por estar relacionado con una cuestión de interés público.

Por otra parte, resulta absurdo que muchas familias pierdan su patrimonio por no contar con los recursos económicos suficientes para hacer frente a una contingencia relacionada con la salud de cualquiera de sus miembros, o que las personas, sin escatimar esfuerzos, contratan un seguro de gastos médicos mayores a pesar del costo que ello representa, y también sufren el mismo menoscabo patrimonial.

Lejos de considerarse la contratación de un seguro de gastos médicos como un lujo, debe tomarse en cuenta que los individuos efectivamente tienen el legítimo derecho de procurarse una mejor atención médica posible, máxime cuando lo que está en riesgo es su vida o su salud.

Así, quienes han decidido hacer el sacrificio económico de adquirir este tipo de seguros, también deben contar con ciertas garantías que se establezcan en la ley, a fin de no estar sujetos a la incertidumbre que dictan las reglas del mercado, las que únicamente se encuentran orientadas a la rentabilidad de las aseguradoras, perdiéndose de vista que en el ámbito de la salud el Estado debe compaginar estos intereses con los de ese sector de la sociedad, que compense las deficiencias de los servicios de salud pública.

Una de las políticas que suelen aplicar las compañías aseguradoras es la de no renovar el contrato cuando el asegurado llega a la edad de 70 años, no obstante el tratarse de personas que han aportado a la aseguradora durante muchos años considerables sumas de dinero por concepto de primas.

Por lo anterior, deben erradicarse este tipo de políticas, lo que sólo se consigue estableciendo de manera expresa su prohibición en la ley, máxime que las compañías aseguradoras a pesar de pertenecer al sector privado desempeñan una función de interés público superior al inmiscuirse en el sector de los servicios de salud, como se desprende de la autorización especial que les es concedida cuando pretenden incursionar en este sector.

También, que se establezca el derecho a una renovación vitalicia del contrato como una prerrogativa de que debe corresponder a la fidelidad de los asegurados que han aportado por cinco años consecutivos ingresos a la compañía de seguros sin importar la edad con que cuenten. Además de evitarse la realización de prácticas discriminatorias se garantizará el que los adultos mayores que no cuenten con servicios públicos de salud y que han aportado sus recursos para una atención médica de calidad tengan la certeza de que sus esfuerzos serán vindicados al contar con la seguridad de poder hacer frente a las posibles inclemencias que pudieran presentarse en la última y más importante etapa de su vida.

Por lo expuesto, se presenta ante esta soberanía esta iniciativa con proyecto de decreto para adicionar el artículo 160 Bis a la Ley sobre el Contrato de Seguro, para que en los contratos de seguros que cubran gastos médicos a la salud el pago de la prima respectiva durante cinco años continuos conferirá al asegurado el derecho a su renovación para los años subsecuentes, siempre y cuando se mantengan al corriente del pago de dicha prima, sin que obste para ello la edad con la que cuente el asegurado, salvo los casos en que la no renovación del contrato obedezca a causas distintas a la edad del asegurado. Muchas gracias.

«Iniciativa que adiciona el artículo 160 Bis a la Ley sobre el Contrato de Seguro, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los diputados federales de la LXI Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Francisco Saracho Navarro, Hugo Martínez González, Melchor Sánchez de la Fuente, Rubén Moreira Valdéz, Miguel A. Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Noe Fernando Garza Flores y Tereso Medina Ramírez, con fundamento en el artículo 71, fracción II y artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que se adiciona un artículo 160 Bis, a la Ley sobre el Contrato de Seguro.

Exposición de Motivos

El contrato de seguro tiene como finalidad el resarcimiento económico, ante la eventualidad de que ocurra un riesgo, lo que genera para las personas un cierto margen de previsión y que repercute en una estabilidad innegable; por ello, la función que desempeñan la compañías de seguros, está sujeta a la supervisión constante del Estado, por estar relacionada con una cuestión de interés público.

Por otra parte, resulta absurdo que muchas familias pierdan su patrimonio por no contar con los recursos económicos suficientes para hacer frente a una contingencia relacionada con la salud de cualquiera de sus miembros o que las personas que sin escatimar esfuerzos, contratan un seguro de gastos médicos mayores, a pesar del costo que ello representa, también sufran el mismo menoscabo patrimonial.

Lejos de considerarse la contratación de un seguro de gastos médicos o salud, como un lujo, debe tomarse en cuenta que los individuos, efectivamente, tienen el legítimo derecho de procurarse la mejor atención médica posible, máxime cuando lo que está en riesgo es su vida o la de sus seres queridos.

Así, quienes han decidido hacer el sacrificio económico de adquirir este tipo de seguro, también deben contar con ciertas garantías que se establezcan en la ley, a fin de no estar sujetos a las incertidumbres que dictan las reglas que rigen el mercado, las que únicamente se encuentran orientadas a la rentabilidad para las aseguradoras, perdiéndose de vista que, en el ámbito de la salud, el Estado debe compaginar estos intereses con los de ese sector de la sociedad que compensa las deficiencias de los servicios de salud pública, mediante la contratación de un seguro de gastos médicos mayores.

Una de las políticas que suelen aplicar las compañías aseguradoras, es la de no renovar el contrato cuando el asegurado llegue a la edad de 70 años, no obstante tratarse de personas que han aportado a la aseguradora, durante muchos años, considerables sumas de dinero, por concepto de primas.

Por lo anterior, deben erradicarse ese tipo de políticas, lo que sólo se consigue estableciendo, de manera expresa, su prohibición en la ley, máxime que las compañías aseguradoras, a pesar de pertenecer al sector privado, desempeñan una función de interés público superior, al inmiscuirse en el sector de los servicios de salud, como se desprende de la autorización especial que les es concedida cuando pretenden incursionar en este sector.

Además, que la salud que se pretende proteger, es precisamente la de uno de los sectores menos favorecidos y más discriminados en nuestra sociedad, como resulta ser el de las personas adultas mayores, cuyo crecimiento para los próximos diez años será considerable.

En México, las mujeres mayores de 60 años, representan actualmente el 8.67 por ciento de la población, lo que se incrementará para el año 2020 al 11.70 por ciento y, los hombres de significar el 7.42 por ciento de la población llegarán, a ese año, a un 10.12 por ciento1 ; lo que sin lugar a dudas evidencia que existe la urgente necesidad de implementar las medidas necesarias para que, este sector de nuestra sociedad cuente con las condiciones óptimas para vivir una vejez digna.

El que se establezca el derecho a una renovación vitalicia del contrato, como una prerrogativa que debe corresponder a la  fidelidad de los asegurados que, han aportado por cinco años consecutivos, ingresos a la compañía de seguros, sin importar la edad con que cuenten; además de evitarse la realización de prácticas discriminatorias, se garantizará el que los adultos mayores que no cuenten con servicios públicos de salud y que han aportado sus recursos para una atención médica de calidad, tengan la certeza de que sus esfuerzos serán vindicados, al contar con la seguridad de poder hacer frente a las posibles inclemencias que pudieran presentarse en la última y más importante etapa de su vida.

Por lo expuesto, se presenta ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se adiciona un artículo 160 Bis, a la Ley Sobre el Contrato de Seguro, para quedar como sigue:

Artículo 160 Bis. En los contratos de seguro que cubran gastos médicos o la salud, el pago de la prima respectiva, durante cinco años continuos, conferirá al asegurado el derecho a su renovación para los años subsecuentes, siempre y cuando se mantenga al corriente del pago de dicha prima; sin que obste para ello, la edad con la que cuente el asegurado, salvo los casos en que la no renovación del contrato obedezca a causas diferentes a la edad del asegurado.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se abrogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Nota:

1 Informe Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a 23 de febrero de 2010.— Diputados: Francisco Saracho Navarro, Melchor Sánchez de la Fuente, Rubén Ignacio Moreira Valdéz, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Noe Fernando Garza Flores, Julieta Octavia Marín Torres, María del Carmen Izaguirre Francos, Benjamín Clariond Reyes Retana, Fermín Montes Cavazos, Patricio Chirinos del Ángel, Laura Felícitas García Dávila, Mercedes del Carmen Guillén Vicente,  Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, Elsa María Martínez Peña (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña :Muchas gracias, señor diputado. Insértese en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Clariond, ¿desea manifestar algo?

El diputadoBenjamín Clariond Reyes Retana (desde la curul): Sí, quisiera pedirle autorización al diputado Carlos Ezeta para adherirme a su ponencia.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña :Gracias. Pregunto al diputado Saracho si está de acuerdo en la adhesión del diputado Clariond.

El diputado Francisco Saracho Navarro (desde la curul) : Sí, claro.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña :Sí, está de acuerdo. Todas y todos aquellos diputados que deseen pasar a suscribirlo, pasen por favor a la Secretaría.

LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña :Tiene la palabra la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 6 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, suscrita por los diputados María de Jesús Aguirre Maldonado, Teresa del Carmen Incháustegui Romero y Jaime Fernando Cárdenas Gracia, de los Grupos Parlamentarios del PRI, PRD y PT, respectivamente.

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado :Gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hace dos semanas en la Comisión de Seguridad Pública de esta Cámara de Diputados discutíamos algunas de las iniciativas que se habían quedado ahí, de la LX Legislatura.

Dentro de estas iniciativas había una muy importante para la Comisión de Seguridad Pública, que tenía que ver con las necesidades de espacios propios para las mujeres recluidas en un centro de readaptación social y los requerimientos específicos para albergar a los hijos.

La propuesta del diputado, su intención era muy buena, era una intención excelente, sobre todo si se trata de poder cuidar los derechos de las niñas y niños de este país. Sin embargo, la iniciativa que proponía no era el ordenamiento legal adecuado. Nos dimos a la tarea, el diputado Jaime Cárdenas, del PT, la diputada Teresa Incháustegui, del PRD y una servidora, de volver a plantear esta iniciativa para poder dictaminarla dentro de la Comisión de Seguridad Pública.

Este problema no es una cosa menor. Se calcula que existen 7 mil 543 mujeres purgando alguna condena en las cárceles mexicanas. Se estima que alrededor de 33 mil 498 niñas y niños son hijos de mujeres reclusas, los cuales carecen de las condiciones y espacios necesarios para proveerles un desarrollo armónico e integral que les permita poseer los elementos necesarios para alcanzar un mejor futuro.

Se necesita modificar los modelos bajo los cuales son construidos la mayoría de los penales mexicanos, pues de las 446 cárceles con las que se cuenta en México, sólo 12 son abocadas para albergar a mujeres. El resto únicamente cuenta con un anexo para la población femenina.

El implementar dichos espacios permitirá a las mujeres que están sentenciadas poder convivir de forma más segura, adecuada y continua con sus hijas e hijos, lo cual sin duda las ayudará a tener un mejor proceso de reinserción social que les permitirá una formación integral de oportunidades.

Esto también es muy importante, porque es responsabilidad del Estado mexicano proveer lo necesario para velar por los derechos humanos de las niñas y los niños mexicanos en su totalidad, sin distinción alguna, así como los de sus madres.

Por tal motivo es que se presenta la siguiente iniciativa que responde a una demanda constante en los últimos años del país.

Esta presente iniciativa también responde al hecho de que en la legislación mexicana no existe la regulación que indique las condiciones y la temporalidad en las que se atenderá a las hijas e hijos de las madres que purgan alguna sentencia.

Por otra parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su recomendación general número 3 del 14 de febrero de 2002 estableció que es necesario que se creen instalaciones y programas de atención para las niñas y niños que permanecen con sus madres, sus familias, en los centros de reclusión del país y para las internas, para que las internas mantengan el contacto necesario con los hijos que viven en el exterior.

Es por eso que nosotros nos damos a la tarea de hacer esta iniciativa y de proponerles este decreto que reforma y adiciona los artículos 3 y 6 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

En este artículo primero se adiciona un párrafo sexto y se reordenan los subsecuentes del artículo 3 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados para quedar como sigue:

Artículo 3. La Secretaría de Seguridad Pública tendrá a su cargo aplicar estas normas en el Distrito Federal y en los reclusorios dependientes de la federación. Asimismo, las normas se aplicarán en lo pertinente a los reos federales sentenciados en toda la República y se promoverá su adopción por parte de las entidades federativas. Para este último efecto, así como para la orientación de las tareas de prevención social de la delincuencia, el Ejecutivo federal podrá celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas.

Se celebrarán convenios con las entidades federativas a fin de establecer que las hijas e hijos de internas que permanezcan con ellas dispondrán de los espacios correspondientes para asegurar su desarrollo integral, incluyendo los servicios de alimentación, salud y educación hasta los 6 años de edad, cuando así lo determine el personal capacitado, con opinión de la madre y considerando el interés superior de la infancia.

Artículo segundo. Se modifica el párrafo tercero del artículo 6o. de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados para quedar como sigue:

Artículo 6o. El tratamiento será individualizado, con aportación de las diversas ciencias y disciplinas pertinentes para la reincorporación social del sujeto, consideradas sus circunstancias personales, usos y costumbres tratándose de internos indígenas, así como la ubicación de su domicilio, a fin de que puedan compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a aquel. Esto último con excepción de los sujetos internos por delincuencia organizada y de aquellos que requieran medidas especiales de seguridad.

El sitio en que se desarrolle la prisión preventiva será distinto del que se destine para la extinción de las penas y estarán completamente separados. Las mujeres quedarán recluidas en lugares separados de los destinados a los hombres y tendrán la infraestructura, información y personal capacitado para el cuidado de sus hijas e hijos que permanezcan con ellas, así como para el desarrollo pleno de sus actividades.

Por su atención, compañeras diputadas y compañeros diputados, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 3 y 6 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, suscrita por los diputados María de Jesús Aguirre Maldonado, Teresa del Carmen Incháustegui Romero y Jaime Fernando Cárdenas Gracia, de los Grupos Parlamentarios del PRI, del PRD y del PT, respectivamente

Los suscritos, diputados federales María de Jesús Aguirre Maldonado, del Partido Revolucionario Institucional; Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Partido de la Revolución Democrática; y Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someten a consideración de la honorable asamblea el presente proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3 y 6 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La actualidad del sistema penitenciario muestra dentro de sus problemáticas actuales, una evidente invisibilidad de los derechos de las madres que purgan alguna sentencia y por ende, también vulnera los derechos de sus hijas e hijos.

El sistema penitenciario mexicano está construido bajo modelos enfocados a la población masculina, haciendo de lado las necesidades de espacios propios para las mujeres recluidas en un centro de readaptación social y los requerimientos específicos para albergar a sus hijos.

Esta situación vulnera los derechos de las mujeres así como los de las niñas y niños, los cuales se encuentran protegidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

El problema no es menor, pues se calcula que existen aproximadamente 7 mil 543 mujeres purgando alguna condena en las cárceles mexicanas, las cuales en su mayoría cumplen una sentencia por delitos del fuero federal y siendo el 86% de ellas madres de un promedio de 3 hijas o hijos.

De hecho se estima, pues no se hayan datos exactos, que alrededor de 33 mil 498 niñas y niños son hijos de mujeres reclusas, los cuales carecen de las condiciones y espacios necesarios para proveerles un desarrollo armónico e integral, que les permita poseer los elementos necesarios para alcanzar un mejor futuro.

Se necesita modificar los modelos bajo los cuales son construidos la mayoría de los penales mexicanos, pues de las 446 cárceles con las que se cuenta en México, solo 12 son avocadas para albergar a mujeres, el resto únicamente cuenta con un anexo para población femenina.

El implementar dichos espacios permitirá a las mujeres que están sentenciadas a poder convivir de forma más segura, adecuada y continua con sus hijas e hijos, lo cual, sin duda, ayudara a tener un mejor proceso de reinserción social que les permitirá una formación integral de oportunidades.

La permanencia de mujeres sentenciadas en los penales mexicanos que tengan los espacios funcionales propios de sus necesidades, evitará las condiciones de hacinamiento, violencia, corrupción y violaciones a sus derechos humanos; y por otro lado les proveerá de espacios y servicios de desarrollo integral infantil a sus hijas e hijos.

El diseño de espacios que aseguren el desarrollo integral, incluyendo los servicios de alimentación, educación y salud, hará visibles los derechos de las y los hijos de madres que cumplen con una pena y permitirá dar un paso importante en el cumplimiento de los derechos de las mujeres.

También es importante que se cuente con el personal capacitado para atender a las hijas e hijos de las internas para implementar programas de desarrollo infantil al lado de sus madres, alejándolos de un ambiente de violencia y sobretodo evitando su crecimiento fuera de un entorno familiar, tal como lo exige la Convención sobre los Derechos del Niño.

Es responsabilidad del Estado mexicano proveer lo necesario para velar por los derechos humanos de las y los niños de México en su totalidad, sin distinción alguna, así como los de sus madres, por tal motivo es que se presenta la siguiente iniciativa, que responde a una demanda constante en los últimos años del país.

La presente iniciativa también responde al hecho de que en la legislación mexicana no existe la regulación que indique las condiciones y la temporalidad en las que se atenderá a las hijas e hijos de madres que purgan alguna sentencia.

Esta iniciativa al proponer dotar de los servicios necesarios para garantizar el desarrollo integral de las hijas e hijos de madres que purgan alguna condena es consecuente con los que establece el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual menciona que “los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud y educación, para que alcancen su desarrollo integral.”

También responde a lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la cual indica en su artículo tercero que “la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad”.

Por otro lado cabe mencionar que también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su recomendación general número 3, del 14 de febrero de 2002, estableció que es necesario que “se creen instalaciones y programas de atención para las niñas y niños que permanecen con sus madres sus familias en los centros de reclusión del país, y para que las internas mantengan el contacto necesario con los hijos que viven en el exterior”.

Por tales motivos, es que esta iniciativa pretende reformar la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, la cual es el ordenamiento jurídico que regula los procedimientos que se llevaran cabo para garantizar la readaptación social de las y los sentenciados que purgan una condena en México.

Finalmente cabe decir que el fin de esta iniciativa es asegurar el interés superior de las niñas y niños cuyas madres se encuentran recluidas y recaba el esfuerzo de varias diputadas y diputados de diversas fracciones parlamentarias en este importante tema.

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3 y 6 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados

Artículo Primero. Se adiciona un párrafo sexto y se reordenan los subsecuentes del artículo 3 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados para quedar como sigue:

Articulo 3o. La Secretaría de Seguridad Pública tendrá a su cargo aplicar estas normas en el Distrito Federal y en los reclusorios dependientes de la Federación. Asimismo, las normas se aplicarán, en lo pertinente, a los reos federales sentenciados en toda la república y se promoverá su adopción por parte de las entidades federativas. Para este último efecto, así como para la orientación de las tareas de prevención social de la delincuencia, el Ejecutivo federal podrá celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas.

...

Se celebraran convenios con las entidades federativas a fin de establecer que las hijas e hijos de internas, que permanezcan con ellas, dispondrán de los espacios correspondientes para asegurar su desarrollo integral, incluyendo los servicios de alimentación, salud y educación, hasta los seis años de edad cuando así lo determine el personal capacitado, con opinión de la madre y considerando el interés superior de la infancia.

...

Artículo Segundo. Se modifica el párrafo tercero del artículo 6 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados para quedar como sigue:

Artículo 6o. El tratamiento será individualizado, con aportación de las diversas ciencias y disciplinas pertinentes para la reincorporación social del sujeto, consideradas sus circunstancias personales, sus usos y costumbres tratándose de internos indígenas, así como la ubicación de su domicilio, a fin de que puedan compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a aquél, esto último, con excepción de los sujetos internos por delincuencia organizada y de aquellos que requieran medidas especiales de seguridad.

...

El sitio en que se desarrolle la prisión preventiva será distinto del que se destine para la extinción de las penas y estarán completamente separados. Las mujeres quedarán recluidas en lugares separados de los destinados a los hombresy tendrán la infraestructura, información y personal capacitado para el cuidado de sus hijas e hijos que permanezcan con ellas así como para el desarrollo pleno de sus actividades. Los menores infractores serán internados, en su caso, en instituciones diversas de las asignadas a los adultos.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de Febrero de 2010— Diputados: María de Jesús Aguirre Maldonado, Julieta Octavia Marín Torres, Malco Ramírez Martínez (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña :Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.

Señoras diputadas y señores diputados, se encuentran entre nosotros estudiantes y maestros de la Universidad de Occidente, licenciatura en ciencias de la comunicación, invitados por el señor diputado Rolando Zubia Rivera.

LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña :Tiene la palabra el diputado Hugo Martínez González, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3 de la Ley Federal de Competencia Económica, suscrita por diputados integrantes del PRI.

El diputado Hugo Héctor Martínez González :Con su permiso, señor diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, me presento ante ustedes para exponerles una iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objetivo principal el de eximir a los notarios públicos de ser catalogados como agentes económicos dentro de la Ley Federal de Competencia Económica.

Los notarios públicos han sido sujetos de investigación por presuntas prácticas monopólicas por parte de la Comisión Federal de Competencia (CFC) en diversas ocasiones. Esta comisión sólo se puede ocupar de regular agentes económicos, como se establece en el artículo 3o. de la Ley Federal de Competencia Económica.

Este artículo ha motivado grandes controversias, toda vez que la ley en cuestión no define quiénes son los agentes económicos, y sí, en cambio, hace una lista de quiénes deben considerarse como tales, pero sin definir el concepto referido.

Las investigaciones realizadas por la Comisión Federal de Competencia han tenido que ser sobreseídas en razón de no encontrarse elementos que sustenten la presunción.

Compañeros, no debemos dejar inadvertido que la falta de elementos se constriñe a una razón, que es que los notarios públicos no son agentes económicos, y en este sentido se han promovido juicios de amparo mediante los cuales se defiende la naturaleza de los mismos y se establece que éstos no pueden ser considerados agentes económicos, toda vez que ésta es una función propia de los ejecutivos estatales y es delegada a particulares y por tal razón no se encuentra sujeta a las reglas del mercado, sino por el contrario, se apega un tabulador de aranceles que cada ley estatal contempla.

Nuestro máximo tribunal así lo ha determinado en su tesis que a la letra dice: Notarios públicos. No son agentes económicos para efectos de la Ley Federal de Competencia Económica.

El notario público es aquel funcionario investido de fe pública que realiza como función primordial la de autenticar instrumentos en que se consignen actos y hechos jurídicos. Esto es, se trata de un fedatario público que con motivo de esa actividad está facultado para exigir de los interesados los gastos que hubiera erogado, y cobrar honorarios conforme al arancel correspondiente, pero sin que sus funciones deban considerarse compatibles, entre otras, con las de comerciante o agente de cambio. Y por otro, que por agente económico, para los efectos de la Ley Federal de Competencia Económica, se entiende aquella persona que participa de manera directa en la producción, distribución, intercambio y consumo de artículos necesarios que inciden directamente en la estructura económica de un estado y que sin lugar a duda persigue un lucro.

Se concluye que el citado funcionario al ser un fedatario público no realiza actos mercantiles o de comercio y, por ende, no es agente económico sujeto a la última ley citada.

Debemos privilegiar el diálogo entre poderes. Por ello, resulta conveniente por parte de este Legislativo el escuchar los criterios sustentados por el Judicial, a efecto de plasmarlos en la ley y evitar controversias futuras sobre la materia.

Por tanto, se propone que el artículo 3o. de la Ley Federal de Competencia Económica quede como sigue:

Artículo 3o. Están sujetos a lo dispuesto por esta ley todos los agentes económicos, sea que se trate de personas físicas o morales, con o sin fines de lucro. Dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, asociaciones, cámaras empresariales, agrupaciones de profesionistas, fideicomisos, o cualquier otra forma de participación en la actividad económica.

Para efectos de esta ley, los notarios públicos dada la función pública que desempeñan no serán considerados como agentes económicos. Serán responsables solidarios los agentes económicos que hayan adoptado la decisión y el directamente involucrado en la conducta prohibida por esta ley.

Solicito, señor presidente, que se inserte íntegro en el Diario de los Debates. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 3 de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo del diputado Hugo Martínez González y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como, 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos; los diputados de Coahuila Rubén Moreira Valdez, Francisco Saracho Navarro, Melchor Sánchez de la Fuente, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Tereso Medina Ramírez y Noé Fernando Garza Flores, en voz del diputado Hugo Martínez González, presentan a esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se adiciona un segundo párrafo al artículo 3 de la Ley Federal de Competencia Económica.

Exposición de Motivos

En un país como el nuestro, regido por una economía de libre mercado, las instituciones gubernamentales deben garantizar la competencia entre empresas que conforman cualquier industria. Como consecuencia, resulta trascendente contar con leyes y órganos que regulen y garanticen una libre competencia y eviten que exista un jugador claramente dominante dentro de la industria, el cual, sea capaz de fijar precios o tomar una clara ventaja de su dominio del mercado.

El control de la existencia de los monopolios en nuestro país tiene sus raíces en el artículo 28 de la Constitución de 1917, en el cual se hace expresa la prohibición de las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos. En este artículo se especifica que la ley perseguirá y castigará severamente las concentraciones que tengan por objetivo obtener el alza de los precios.

Emanada del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), tiene como objetivo específico proteger el proceso de competencia y libre concurrencia. Esto lo realiza mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones para lograr el funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios. Para efectos de esta y otras leyes fiscales, la tesis aislada sin número emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la séptima época define los monopolios como sigue:

Monopolio. Exenciones en las leyes fiscales.

...

El aprovechamiento exclusivo de alguna industria o comercio, bien provenga de algún privilegio, bien de otra causa cualquiera y, en general, todo lo que constituye una ventaja exclusiva e indebida en favor de una o varias personas, con perjuicio del pueblo en general o de una clase social1

...

En México es de gran importancia continuar con políticas no intervencionistas, ya que esto promueve la existencia de un libre mercado. Las autoridades mexicanas deben contar con todas las herramientas necesarias para garantizar la libre competencia y la que debe estar basada, fundamentalmente en permitir que todos los participantes de un mercado tengan libertad de elección, operen con reglas claras para todos y que el Estado tenga una mínima intervención. En este sentido, con la intención de acabar con los monopolios, la Ley Federal de Competencia Económica crea la Comisión Federal de Competencia, la cual está facultada para investigar la existencia de monopolios; establecer mecanismos de coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales; resolver los casos de su competencia; entre otras. Esta comisión es clave para la eliminación de monopolios. La Comisión Federal de Competencia sólo se puede ocupar de regular a agentes económicos como se establece en el artículo 3o. de la LFCE:

Artículo 3o. Están sujetos a lo dispuesto por esta ley todos los agentes económicos, sea que se trate de personas físicas o morales, con o sin fines de lucro, dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, asociaciones, cámaras empresariales, agrupaciones de profesionistas, fideicomisos, o cualquier otra forma de participación en la actividad económica estarán sujetos a esa ley.

Este artículo ha motivado grandes controversias, toda vez que la ley en cuestión no define quienes son los agentes económicos, y sí, en cambio, hace una lista de quienes deben considerarse como tales, pero sin definir el concepto referido. Esta situación ha desatado importantes problemas jurídicos, tal es el caso de los notarios públicos, los cuales han tenido que promover juicios de amparo para poder evitar la imposición de cuantiosas multas y otras restricciones.

A pesar de que en la LFCE no se especifica quiénes están exceptuados de incurrir en prácticas monopólicas, en nuestra economía existen diferentes actores comerciales que no pueden ser considerados para este fin. En este sentido, la Constitución de 1917 en su artículo 28 determina que no constituyen prácticas monopólicas:

• Las funciones del Estado como correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión.

• Las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del banco central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes.

• Las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región.

• Los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

Estas distinciones consagradas en la LFCE y en la Constitución son de gran importancia ya que a través de ellas se permite al Estado tener una mayor fuerza e independencia en los mecanismos mediante los cuales se generan los ingresos más significativos. Sin embargo, a pesar de estas distinciones, aún nos podemos encontrar con algunas ambigüedades o lagunas en la ley.

La LFCE es aplicable a los agentes económicos, por ellos se entiende aquella persona que participa de manera directa en la producción, distribución, intercambio y consumo de artículos necesarios, que inciden directamente en la estructura económica de un Estado y que, sin lugar a duda, persigue lucro, se concluye que el notario público, al ser fedatario público no puede ser considerado un agente económico.

Esta iniciativa se ocupa de los notarios públicos y de su naturaleza jurídica. Con ella se busca llenar esta laguna legal y establecer que los notarios públicos no son agentes económicos y que, por lo tanto, no están sujetos a las LFCE. Esto es debido a que el ejercicio del notario público obedece a una función de orden público, la cual está originalmente a cargo del Ejecutivo del Estado o del jefe de gobierno. Esta función es otorgada solamente a profesionistas del derecho.

Otra descripción válidamente aceptada sobre la naturaleza de los notarios es la establecida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la tesis P./J. 74/2005 perteneciente a la novena época, la cual reza:

Notariado. Corresponde al Estado, a través del Ejecutivo local, otorgar la patente respectiva, vigilar su actuación y, en su caso, suspenderla o revocarla.

Es el Estado, a través del Ejecutivo local, el que otorga la patente de notario cuando los aspirantes reúnen los requisitos previstos por la ley correspondiente, y vigila que al realizar su actuación cumplan con sus normas, e inclusive tiene la facultad para suspender o revocar dicha patente en los casos que prevé la ley.2

Con base en las descripciones que anteceden, se puede deducir que los notarios públicos no pueden estar sujetos a procesos legales por incurrir en prácticas monopólicas. Esto se debe a que no pueden ser considerados agentes económicos toda vez que los notarios públicos ejercen una facultad conferida por el Ejecutivo del estado, que por ello revista la calidad de función pública.

Al respecto, la Suprema Corte Justicia de la Nación, a través de su primera sala, ha emitido el criterio por medio de la tesis 1ª XXXI/20023 que al rubro establece que:

Notarios públicos. No son agentes económicos para efectos de la Ley Federal de Competencia Económica.

Si se toma en consideración, por un lado, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7, 10 y 17 de la Ley del Notariado del Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 1980, abrogada por la Ley del Notariado para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 28 de marzo de 2000, el notario público es aquel funcionario, investido de fe pública, que realiza como función primordial la de autenticar instrumentos en que se consignen actos y hechos jurídicos, esto es, se trata de un fedatario público que, con motivo de esa actividad, está facultado para exigir de los interesados los gastos que hubiere erogado y cobrar honorarios conforme al arancel correspondiente, pero sin que sus funciones deban considerarse compatibles, entre otras, con la de comerciante o agente de cambio y, por otro, que por agente económico, para los efectos de la Ley Federal de Competencia Económica, se entiende aquella persona que participa de manera directa en la producción, distribución, intercambio y consumo de artículos necesarios, que inciden directamente en la estructura económica de un Estado y que, sin lugar a duda, persigue un lucro, se concluye que el citado funcionario, al ser un fedatario público, no realiza actos mercantiles o de comercio y, por ende, no es agente económico sujeto a la última ley citada.

Esta tesis se elaboró tomando en cuenta que el notario público es aquel funcionario investido de fe pública, que realiza como función primordial la de autenticar instrumentos en que se consignen actos y hechos jurídicos, esto es, se trata de un fedatario público que, con motivo de esta actividad, está facultado para exigir a los interesados los gastos que hubiere erogado y cobrar honorarios conforme al arancel correspondiente, pero sin que sus funciones deban considerarse asimilables, entre otras, con la del comerciante o agente de cambio. Por otro lado, el notario público no puede ser considerado agente económico ya que no realiza actos mercantiles o de comercio y, por ende, no es un agente económico sujeto a la LFCE.

Tomando en cuenta la importancia de cubrir cualquier laguna que se presente en la ley, y por lo anteriormente expuesto, presento a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, para quedar como sigue:

Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 3o. de la Ley Federal de Competencia Económica, para quedar como sigue:

Artículo 3o.

...

Para efectos de esta ley los notarios públicos, dada la función pública que desempeñan, no serán considerados agentes económicos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación 50, primera parte, página 65.

2 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, julio de 2000, página 791.

3 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, abril 2002, página 466.

Palacio de San Lázaro, a 25 de febrero de 2010.— Diputados: Hugo Héctor Martínez González, Rubén Moreira Valdez, Francisco Saracho Navarro, Melchor Sánchez de la Fuente, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Tereso Medina Ramírez, Noé Fernando Garza Flores, Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, Luis Carlos Campos Villegas, Julieta Octavia Marín Torres, Malco Ramírez Martínez, Elsa María Martínez Peña, Arturo Zamora Jiménez (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña :Gracias, señor diputado.Túrnese a la Comisión de Economía.

Diputado Zamora.

El diputadoArturo Zamora Jiménez (desde la curul): Para solicitarle al proponente si me permite sumarme a esta iniciativa, por ser de gran importancia.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña :Diputado Hugo Martínez González, ¿está usted de acuerdo en que se sume el diputado Zamora? Manifiesta su anuencia. Todas y todos aquéllos que deseen hacerlo pasen a la Secretaría.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña :Tiene la palabra la diputada María de Lourdes Reynoso Femat para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, suscrita por los diputados María de Lourdes Reynoso Femat y Alejandro Bahena Flores, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputadaMaría de Lourdes Reynoso Femat :Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días diputadas y diputados, los que suscribimos, diputados federales María de Lourdes Reynoso Femat y Alejandro Bahena Flores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 71 constitucional, así como en los artículos 55, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de este pleno la iniciativa de proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, con el objetivo de fortalecer las actividades de divulgación de la ciencia y tecnología desde la educación básica, con base en lo siguiente:

Uno de los factores que más han influido en el desarrollo científico, técnico y tecnológico de los pueblos ha sido la posibilidad histórica de transmisión y/o difusión del conocimiento.

El siglo XXI es considerado por cada vez más expertos como una época en la que la gestión del conocimiento será la base de las relaciones económicas y sociales de la mayor parte de las sociedades existentes.

La difusión científica permite que las personas estén informadas sobre los resultados de la ciencia, sus aplicaciones y los beneficios que ambas actividades aportan a sus vidas. Además, contribuyen a consolidar la cultura del conocimiento. Sin embargo, no sólo es necesario difundir el conocimiento científico y tecnológico, sino que también resulta de primordial importancia hacerlos accesibles para el entendimiento del grueso de la población que no habla el lenguaje de los especialistas, es decir, divulgarlos, lo que facilita la conformación de sociedades del conocimiento.

Es importante que a la par de la generación del conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y la innovación se emprenda una estrategia de Estado a favor de su divulgación. La tarea de divulgar implica hacer accesible, acercar el conocimiento y no solamente ponerlo al alcance de las personas. Implica también el compartir conocimiento realizando una labor didáctica de manera que el individuo pueda apropiarse del conocimiento.

Se requiere ir más allá de la difusión, que se refiere únicamente a propagar conocimientos y noticias utilizando medios impresos y electrónicos, entre otros, se limita a hacer público el conocimiento. Pero si la práctica de difusión no es acompañada de la tarea de divulgación, el conocimiento corre el peligro de no ser entendido, es decir que el individuo no lo haga propio. o si lo hace, lo haga erróneamente.

La divulgación científica es importante porque fortalece la capacidad de los ciudadanos para hacerse de información útil y transformarla en conocimientos. Pero también para utilizar el conocimiento generado por otros en las diferentes actividades productivas sociales y culturales en las que están involucrados.

La información y el conocimiento generan desarrollo en los países. El acercamiento a las ciencias a una edad temprana tiene un impacto muy positivo en la calidad de la educación, debido a que involucra un ejercicio extremadamente importante de razonamiento, lo que despierta en el niño su espíritu creativo, su interés, haciendo que se mejore el aprendizaje en todas las disciplinas.

Justamente porque aspiramos a una educación de calidad es preciso estar atentos a un aspecto fundamental que se constituye en un acercamiento a la ciencia desde la educación básica, asociada a instrumentos pedagógicos que estimulen las habilidades necesarias para el aprendizaje permanente y favorezca el ejercicio de las habilidades intelectuales.

Países como el nuestro deben brindar una mayor atención a la divulgación de la ciencia, que permita adquirir actitudes, valores y formas de pensar basadas en la búsqueda de la verdad y capacita a todos los seres humanos para aprender, entender, cuestionar y resolver creativamente los problemas.

Por todo lo anteriormente expuesto es necesario incorporar en la Ley General de Educación el impulso a la divulgación de la ciencia y la tecnología como un elemento sustantivo en el proceso educativo que contribuya a la apropiación del conocimiento. Además armoniza las disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología con las establecidas en esta de Educación respecto de las obligaciones del gobierno federal para apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.

Con base en lo anterior, ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 9 y fracción VI del artículo 14, adiciona una fracción XIII del artículo 12, una fracción VII al artículo 13 de la Ley General de Educación, con el objetivo de fortalecer las actividades de divulgación de la ciencia y tecnología desde la educación básica para que quede esto como sigue:

Artículo 9o. Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá –directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio– todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación. Apoyará la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación e impulsará su divulgación.

Artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

XIV. Fomentar las acciones, programas y políticas de divulgación científica, tecnológica e innovación en educación básica y media superior.

Artículo 13. Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:

VII. Coordinar con la Secretaría las acciones, programas y políticas en materia de divulgación científica, tecnológica e innovación que habrán de incluirse en el proceso educativo para la educación básica y media superior; y

Artículo 14. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

VI. Prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas, a fin de apoyar el sistema educativo nacional, a la innovación educativa y a la investigación científica, tecnológica y humanística y su divulgación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le pedimos concluir, diputada, por favor.

La diputada María de Lourdes Reynoso Femat:Fracción VIII. Impulsar el desarrollo de la enseñanza tecnológica y de la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y alentar a su divulgación.

Señor presidente, le solicito que la iniciativa se integre en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, suscrita por los diputados María de Lourdes Reynoso Femat y Alejandro Bahena Flores, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados María de Lourdes Reynoso Femat y Alejandro Bahena Flores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de este pleno la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 9 y 14, fracción VI; adiciona una fracción XIII al artículo 12 y una fracción VII al artículo 13 de la Ley General de Educación, con el objetivo de fortalecer las actividades de divulgación de la ciencia y la tecnología desde la educación básica, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los factores que más han influido en el desarrollo científico, técnico y tecnológico de los pueblos, ha sido la posibilidad histórica de transmisión o difusión del conocimiento. El siglo XXI es considerado por cada vez más expertos como una época en la que la gestión del conocimiento será la base de las relaciones económicas y sociales de la mayor parte de las sociedades existentes.

La difusión científica permite que las personas estén informadas sobre los resultados de la ciencia, sus aplicaciones y los beneficios que ambas actividades aportan a sus vidas; además, contribuyen a consolidar la cultura del conocimiento. Sin embargo, no sólo es necesario difundir el conocimiento científico y tecnológico sino también resulta de primordial importancia hacerlos accesibles para el entendimiento del grueso de la población que no habla el lenguaje de los especialistas, es decir, divulgarlos, lo que facilita la conformación de sociedades del conocimiento.

Es importante que a la par de la generación del conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y la innovación se emprenda una estrategia de Estado a favor de su divulgación.

La tarea de divulgar implica hacer accesible, acercar el conocimiento y no solamente ponerlo al alcance de las personas, implica también el compartir conocimiento realizando una labor didáctica, de manera que el individuo pueda apropiarse del conocimiento.

Se requiere ir más allá de la difusión, que refiere únicamente a propagar conocimientos y noticias utilizando medios impresos y electrónicos, entre otros, se limita a hacer público el conocimiento. Pero si la práctica de difusión, no es acompañada de la tarea de divulgación, el conocimiento corre el peligro de no ser entendido, es decir que el individuo no lo haga propio, o si lo hace, lo haga erróneamente.

La divulgación científica es importante porque fortalece la capacidad de los ciudadanos para hacerse de información útil y transformarla en conocimiento, pero también para utilizar el conocimiento generado por otros en las diferentes actividades productivas, sociales y culturales en las que están involucrados. La información y el conocimiento generan desarrollo en los países.

Durante las últimas décadas se ha puesto especial énfasis en la capacidad que deben tener los gobiernos, organizaciones e individuos para generar conocimiento y transformarlo en aplicaciones útiles para el avance y desarrollo de sus comunidades. No obstante, también es preciso poner atención en la difusión y divulgación científica y tecnológica, que son estrategias transversales a la tarea de gestionar el conocimiento, en la medida en que fortalecen la cultura científica.

La divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación, debe complementar la labor didáctica que favorece la apropiación de conocimiento por parte del individuo en el proceso educativo, es este sentido debe estar vinculada con la labor cotidiana del sistema educativo nacional, en la medida en que habilita a los ciudadanos a ser actores del conocimiento. Asimismo, permite complementar los diferentes planes y programas de estudio, incorporen de forma rápida y sencilla los nuevos conocimientos que son comunicados a través de la divulgación; y dota, tanto a alumnos como a maestros, de las herramientas necesarias para mantenerse actualizados y ser competitivos.

Sin embargo, en nuestro país, no se ha puesto el suficiente énfasis en la enseñanza de las ciencias en la educación básica, a pesar de la fuerte presencia de la tecnología en la vida de las personas y el lugar central que ocupa la innovación tecnológica como elemento de competencia entre las empresas y las naciones.

El acercamiento a las ciencias a una edad temprana tiene un impacto muy positivo en la calidad de la educación debido a que involucra un ejercicio extremadamente importante de razonamiento, lo que despierta en el niño su espíritu creativo, su interés, haciendo que se mejore el aprendizaje de todas las disciplinas. Por este motivo, si los niños se familiarizan con las ciencias desde temprano tendrá mayores oportunidades de desarrollarse, tanto en ese campo como en otros.

Este único hecho ya justificaría por sí mismo una mayor atención a la enseñanza de ciencias por parte de las autoridades educativas, pero también existen otros motivos. Por una parte se argumenta que sólo con una buena enseñanza de ciencias para todos los niños es posible atraer talentos hacia las carreras científicas y, por otra, está el hecho de que el conocimiento científico y las nuevas tecnologías son fundamentales para que la población pueda posicionarse frente a procesos e innovaciones sobre los que necesita tener una opinión.

Se suele decir en el mundo contemporáneo, que el capital más importante de un país es su conocimiento. El conocimiento, no obstante, depende de la formación de las personas capaces de producirlo. En países como el nuestro, con un importante número de niños, niñas y jóvenes en edad escolar, no es una exageración decir que es éste el bien más valioso que tenemos a nuestra disposición. Si se aprovecha bien este potencial, por medio de una educación de calidad, se puede convertir en una verdadera ventaja competitiva.

Justamente porque aspiramos a una educación de calidad es preciso estar atentos a un aspecto fundamental que se constituye en un acercamiento a la ciencia desde la educación básica, asociada a instrumentos pedagógicos que estimulen las habilidades necesarias para el aprendizaje permanente y favorezcan el ejercicio de habilidades intelectuales. Asimismo, se busca reforzar las actividades que los diversos ámbitos de gobierno en coordinación con las instituciones de educación superior y de investigación y con la colaboración del sector social y privado realizan a favor de la divulgación de la ciencia.

Países como el nuestro debe brindar una mayor atención a la divulgación de la ciencia que permita adquirir actitudes, valores y formas de pensar basadas en la búsqueda de la verdad y capacita a todos los seres humanos para aprender, entender, cuestionar y resolver creativamente los problemas.

Por todo lo anteriormente expuesto, es necesario incorporar en la Ley General de Educación el impulso a la divulgación de la ciencia y la tecnología como un elemento sustantivo en el proceso educativo que contribuya a la apropiación del conocimiento. Además armoniza las disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología con las establecidas en esta de educación, respecto de las obligaciones del Gobierno Federal para apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.

Con base en los anteriores argumentos, ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 9 y 14 fracción VI; adiciona una fracción XIII al artículo 12 y una fracción VII al artículo 13 de la Ley General de Educación

Artículo Único. Se reforman los artículos 9 y 14 fracciones VI y VIII; y se adiciona una fracción XIV al artículo 12 y una fracción VII al artículo 13, recorriéndose la subsiguiente, todos de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 9o. Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá –directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio– todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación e impulsará su divulgación, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

Artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I. a XIII. ...

XIV. Fomentar las acciones, programas y políticas de divulgación científica, tecnológica e innovación en educación básica y media superior.

Artículo 13. Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:

I. a VI. ...

VII. Coordinar con la secretaría las acciones, programas y políticas en materia de divulgación científica, tecnológica e innovación que habrán de incluirse en el proceso educativo para la educación básica y media superior; y

VIII. Las demás que con tal carácter establezcan esta ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 14. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I. a V. ...

VI. Prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas, a fin de apoyar al sistema educativo nacional, a la innovación educativa y a la investigación científica, tecnológica y humanística ysu divulgación;

VII. ...

VIII. Impulsar el desarrollo de la enseñanza tecnológica y de la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y alentara su divulgación;

IX. a XIII. ......

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2010.— Diputados: María de Lourdes Reynoso Femat, Alejandro Bahena Flores, Jaime Arturo Vázquez Aguilar, Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña :Muchas gracias. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

ARTICULOS 35, 40, 41, 71 Y 73 CONSTITUCIONALES - LEY FEDERAL QUE REGULA LA INICIATIVA LEGISLATIVA CIUDADANA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña :Tiene la palabra el señor diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 35, 40, 41, 71 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que expide la Ley Federal que regula la Iniciativa Legislativa Ciudadana.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia : Gracias, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, esta iniciativa tiene dos propósitos. Uno, solicitar la modificación y adicionar distintos artículos de la Constitución para incluir en estas disposiciones la figura de la iniciativa legislativa ciudadana. En segundo lugar, esta propuesta incluye ya el texto de lo que sería la legislación en materia de iniciativa legislativa ciudadana. Es decir, la legislación secundaria.

¿Cuál es la estructura de esta iniciativa? Podemos decir que esta iniciativa tiene cuatro elementos fundamentales. El primero es establecer contra o respecto a qué normas los ciudadanos pueden proponer iniciativas de ley. La idea es que los ciudadanos, tanto individualmente como en grupos, de hecho o de derecho, puedan proponer iniciativas de ley para solicitar la aprobación de una nueva ley para solicitar la reforma, la adición o la derogación de leyes vigentes, o para solicitar la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A diferencia de otras propuestas, como la de Calderón, esta iniciativa trata de que el mecanismo de iniciativa legislativa popular sea realmente accesible a los ciudadanos. No se propone un 1 por ciento del padrón electoral para que los ciudadanos propongan la iniciativa –o el 2 por ciento o el 1.5 por ciento. Se propone que solamente con el 0.13 por ciento del padrón de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, los ciudadanos puedan proponer iniciativas de reforma legal o de reforma constitucional.

Yo creo que en esta discusión que hay en estos días sobre la reforma política en México, si se van a incorporar mecanismos de democracia participativa en nuestra Constitución o en nuestras leyes, estos mecanismos de democracia participativa deben ser realmente accesibles a los ciudadanos para que sean efectivos, porque si exigimos umbrales muy altos de 2 por ciento de participación o de 1 por ciento, o de 0.5 por ciento de participación, vamos a hacer inviables los mecanismos de participación ciudadana.

También se establece que cuando los ciudadanos –muy semejante a la propuesta que hizo públicamente el PRD– presenten iniciativas de ley o de reforma constitucional haya un procedimiento preferente para que las comisiones de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores... Y también en el plazo previsto para dictaminarla se establezca un plazo muy breve, que puede ser de 20 días naturales o cuando mucho que abarque un periodo de sesiones en las Cámaras de Diputados y de Senadores.

Lo que propongan los ciudadanos, reuniendo los requisitos y mediante la verificación correspondiente por parte de las autoridades electorales, debe dictaminarse de una manera expedita por las Cámaras y por las comisiones.

Eso es lo que propone en síntesis esta iniciativa, que además, también faculta al IFE y al Tribunal Electoral. Da competencias al IFE para organizar los procedimientos de iniciativa legislativa ciudadana para verificar las firmas, y al Tribunal Electoral, en caso de que exista controversia con alguno de los trámites o etapas del procedimiento de iniciativa legislativa ciudadana. Se prevé, por ejemplo, un recurso de apelación contra las decisiones del Instituto Federal Electoral y también se contemplan las responsabilidades en que incurrirían servidores públicos por deficiencia, por omisión indebida en el procedimiento de iniciativa legislativa popular.

Yo, como en otros casos, presidente de la Mesa Directiva, diputado Ramírez Acuña, solicito a mis compañeros diputados, compañeras diputadas, que los que quieran hacer propia esta propuesta se sumen a ella. Me parece que debemos dar pasos indudables y decididos en México para generar condiciones más participativas y deliberativas en la vida pública del país.

También, por la urgencia del tiempo, pido muy atentamente que esta iniciativa completa conste en el Diario de los Debates de esta honorable Cámara de Diputados. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma los artículos 35, 40, 41, 71 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley Federal que regula la Iniciativa Legislativa Ciudadana, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT

Jaime Fernando Cárdenas Gracia, diputado federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 35, 40, 41, 71 y adiciona la fracción XXIX-P al 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que propone la expedición de la Ley Federal que regula la Iniciativa Legislativa Ciudadana.

Exposición de Motivos

Desde los inicios del Estado moderno, la facultad de accionar el proceso legislativo ha sido monopolizada por las elites en el poder. Lo anterior, en el Estado mexicano se encuentra más vivo que nunca y la prueba es el contenido del artículo 71 constitucional que atribuye la facultad de iniciar leyes al presidente de la República, a los diputados y senadores del Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los estados. El precepto citado, con evidentes tintes paternalistas, no se adecua a la realidad ni a las exigencias de la modernidad.

“Se entiende por iniciativa legislativa popular o ciudadana, el procedimiento establecido en las Constituciones políticas de los Estados Modernos mediante el cual el pueblo de manera directa, inmediata y a través de un número determinado de ciudadanos, participa en la formación de normas jurídicas con rango de ley. En otras palabras, la iniciativa legislativa popular consiste en la capacidad que posee un número constitucionalmente legitimado de ciudadanos para instar o iniciar, sin la concurrencia de otro órgano, el procedimiento de creación de las leyes ante alguna de las cámaras que integran el Poder Legislativo.”1

Hoy en día, en la mayoría de los casos, existe una desvinculación entre los partidos políticos, representantes y la ciudadanía. En ocasiones, los reclamos de los ciudadanos no son tomados en cuenta por sus representantes en los Poderes Legislativo y Ejecutivo, lo que se debe a muchos factores, entre otros, podemos citar algunos: falta de interés de los representantes por atender los reclamos de la sociedad una vez que ya han sido electos, los representantes populares se subordinan a los intereses de sus partidos políticos y de los poderes fácticos, el número tan extenso de ciudadanos mexicanos no permite atender todas las exigencias de los mismos, etcétera.

Lo que se propone en la presente iniciativa es eliminar a los intermediarios para accionar el proceso legislativo, de modo tal, que cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos de hecho o de derecho, que cuente con el sustento del 0.13 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, se encuentre en posibilidades de iniciar el proceso legislativo. Lo anterior no quiere decir que por el simple hecho de presentar una iniciativa legislativa ciudadana, ésta se vaya a aprobar sin ninguna modificación. Sin embargo, se reconoce en esta iniciativa el derecho de los ciudadanos de retirar un proyecto de ley que durante el proceso legislativo ha sido modificado de tal forma que los ciudadanos consideren que no se apega a su contenido original.

También se propone un procedimiento expedito ante el Instituto Federal Electoral para el conteo, la verificación y la autenticidad de las firmas. Como ya se mencionó con anterioridad, para promover una iniciativa legislativa popular, es necesario contar con la aprobación del 0.13 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, por lo tanto, es necesario establecer un procedimiento legal para poder probar que se cuenta con dicho requisito legal. De igual manera se propone que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sea el órgano decisor sobre cualquier controversia que se pueda suscitar por las resoluciones que emita el Instituto Federal Electoral.

Una vez concluido el procedimiento de conteo, verificación y autenticidad de las firmas ciudadanas, el proyecto de ley deberá tramitarse por los procedimientos legislativos ordinarios. Asimismo se dispone que se publique un extracto de referencia que permita ubicarlo el proyecto de ley en el proceso legislativo. En otros términos, una vez que concluya el procedimiento ante el Instituto Federal Electoral y en su caso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el proyecto de ley presentado por los ciudadanos deberá seguir el proceso legislativo establecido en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual manera cuando se pretenda reformar la Constitución, se respetará el contenido del artículo 135 de la ley suprema de la Unión.

Por último, con la finalidad de evitar que se suspenda por un tiempo indeterminado el trámite de los proyectos de ley presentados en ejercicio del derecho de Iniciativa Legislativa Ciudadana, se establece un plazo máximo de 20 días naturales para dictaminar, discutir y votar dichas iniciativas, asimismo se regula que si transcurre dicho plazo sin que se presente el dictamen correspondiente, el Presidente de la Cámara que corresponda debe someter de inmediato al pleno el proyecto de ley para su discusión y votación, y finalmente se propone que el proceso legislativo en el Congreso de la Unión, tratándose de las iniciativas de carácter legal, debe concluir a más tardar el día último de sesiones ordinarias del mismo periodo.

Por lo expuesto, someto a su consideración el siguiente proyecto de

Decreto que reforma los artículos 35, 40, 41, 71 y adiciona la fracción XXIX-P al 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que propone la expedición de la Ley Federal que regula la Iniciativa Legislativa Ciudadana

Artículo Primero. Se adicionan las fracciones VI, VII, VIII, IX y X al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en los siguientes términos:

Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano:

I. Votar en las elecciones populares;

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley;

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes; y

V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho  de petición.

VI. Participar en la conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

VII. Ejercer el derecho de plebiscito y referéndum.

VIII. Revocar el mandato de los servidores públicos electos popularmente, sujetándose a lo dispuesto en esta Constitución y por la ley reglamentaria.

IX. Iniciar reformas a la Constitución, leyes y propuestas administrativas, y

X. Ejercer los medios de democracia participativa y deliberativa que esta Constitución y las leyes establezcan.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en los siguientes términos:

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa,participativa, deliberativa , democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Artículo Tercero. Se reforma el primer párrafo del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en los siguientes términos:

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.Igualmente, el pueblo ejerce su soberanía a través de los medios de democracia participativa y deliberativa que establezca esta Constitución y las leyes.

Artículo Cuarto. Se adiciona la fracción IV al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforma el último párrafo, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

I. Al presidente de la República;

II. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión;

III. A las legislaturas de los estados; y

IV. A los ciudadanos mexicanos.

Las iniciativas presentadas por el presidente de la República, por las legislaturas de los estados, o por las diputaciones de éstos, pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados,los senadores y ciudadanos , se sujetarán a los trámites que designe el Reglamento de Debates.

Artículo Quinto. Se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en los siguientes términos:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-O. ...

XXIX-P. Para expedir las leyes que establezcan a nivel federal los procesos de plebiscito, referéndum, iniciativa legislativa ciudadana, revocación del mandato, presupuesto participativo, acciones ciudadanas de inconstitucionalidad, acciones para la protección de intereses colectivos y difusos y, demás medios e instrumentos de democracia participativa y deliberativa.

Artículo Sexto. Se expide la Ley Federal que Regula la Iniciativa Legislativa Popular

Ley Federal que Regula la Iniciativa Legislativa Ciudadana

Capítulo IDe la iniciativa legislativa ciudadana

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social, tiene como finalidad reglamentar la fracción IV del artículo 71 constitucional.

Artículo 2. La iniciativa legislativa ciudadana es el derecho político de los ciudadanos para presentar un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados.

El proyecto de ley tendrá las siguientes finalidades:

I. Solicitar la aprobación de una nueva ley.

II. Solicitar la reforma, adición o derogación de una ley vigente.

III. Solicitar la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 3. No podrán ser objeto de Iniciativa Legislativa Ciudadana los proyectos referidos a materia presupuestaria, tributaria, fiscal y de aprobación de empréstitos.

Artículo 4. En la interpretación de las disposiciones de esta ley se deben tomar en cuenta los principios rectores de la participación democrática previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de oscuridad, la interpretación debe ser extensiva, ampliando en todo momento los derechos del ciudadano.

A falta de disposición expresa en esta ley, se estará a lo dispuesto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios que en aplicación de la misma establezca el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el ámbito de su competencia.

Artículo 5. Para ser promotor de una iniciativa legislativa popular es necesario contar con el respaldo del 0.13 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

Artículo 6. Podrá ser promotor de una iniciativa legislativa popular cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos, organizados de hecho o de derecho, que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo anterior.

Artículo 7. Los ciudadanos tienen la capacidad de disponer libremente del proyecto de ley. Si como producto de la fase de discusión y aprobación, el texto del proyecto de ley sufre alteraciones que no sea de la aprobación de los ciudadanos, éstos podrán retirar el proyecto de ley en cualquier momento antes de la aprobación definitiva de las cámaras.

Capítulo IIProcedimiento de la iniciativa legislativa ciudadana

Artículo 8. Cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos, organizados de hecho o de derecho, interesados en someter al conocimiento del Congreso de la Unión un proyecto de ley, depositarán ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el correspondiente proyecto de ley, con las respectivas hojas, en las que se ha recolectado el porcentaje al que se refiere el artículo 5 de esta ley.

Artículo 9. Una vez que se haya presentado un proyecto de ley, la Cámara de Diputados ordenará publicarlo en la Gaceta Parlamentaria; el encabezado de la publicación deberá referirse expresamente a que se trata de un proyecto de ley bajo el procedimiento especial de iniciativa legislativa ciudadana.

Artículo 10. El ciudadano o grupo de ciudadanos a los que se refiere el artículo 7 deberán indicar, su nombre, su clave de elector y la firma de los ciudadanos que apoyan el proyecto de ley.

Artículo 11. Cada hoja en las que se recojan las firmas de los ciudadanos deberán contener los siguientes requisitos:

I. La reseña del proyecto de ley.

II. El nombre del promotor, así como la clave de la credencial para votar.

III. La firma de los ciudadanos que apoyan el proyecto de ley.

Artículo 12. Una vez presentado el proyecto de ley ante la Cámara de Diputados en un plazo no mayor a cinco días hábiles, deberá remitirla al Instituto Federal Electoral.

Artículo 13. Una vez recibido el proyecto de iniciativa legislativa ciudadana y las firmas correspondientes, el Instituto Federal Electoral dispondrá de un plazo de treinta días naturales, para verificar su autenticidad. Cualquier interesado podrá estar presente durante el proceso.

En caso de que se repitan las firmas, sólo se computarán una vez y se excluirán aquellas que presenten dudas sobre su autenticidad. Si, una vez computadas las firmas, no se alcanza el porcentaje requerido, el Instituto Federal Electoral prevendrá a los promotores sobre el faltante y les concederá un plazo improrrogable de 60 días naturales para que cumplan con las firmas faltantes; en caso contrario, el proyecto de ley se tendrá por desechado.

Contra los actos emitidos sobre el conteo, la verificación y la autenticidad de las firmas, procede el recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo que dispone la Ley General del Sistema de medios de Impugnación en Materia Electoral.

Artículo 14. Revisadas las firmas y verificado el porcentaje requerido, el Instituto Federal Electoral trasladará el proyecto de ley a la Cámara de Diputados.

Artículo 15. Todo proyecto de ley presentado por los ciudadanos, deberá tramitarse por los procedimientos legislativos  y constitucionales previstos, pero tendrán carácter de preferente frente a otras iniciativas. Debe publicarse un extracto de referencia que permita ubicarla en el proceso legislativo.

Todas las iniciativas señaladas con el carácter de preferente deben dictaminarse, discutirse y votarse en cada Cámara en un plazo inferior a veinte días naturales posteriores a su presentación en la Cámara de Diputados o, en su caso, a la recepción del proyecto en la Cámara de Senadores. Si transcurre dicho plazo sin que se presente el dictamen correspondiente, el Presidente de la Cámara que corresponda debe someter de inmediato al pleno el proyecto de ley para su discusión y votación.

Tratándose de iniciativa legislativa ciudadana de carácter legal el proceso legislativo en el Congreso de la Unión debe concluir a más tardar el día último de sesiones ordinarias del mismo periodo.

Artículo 16. Los proyectos de iniciativa legislativa ciudadana deben seguir el proceso legislativo establecido en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuando se trate de una iniciativa legislativa ciudadana que pretenda reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe seguirse el procedimiento dispuesto en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 17. El plazo dispuesto en el artículo 15 de la presente ley comenzará a computarse desde que el proyecto de iniciativa legislativa ciudadana sea presentado ante la Mesa Directiva de a Cámara de Diputados.

Capítulo IIIRecurso de apelación

Artículo 18. Contra las resoluciones que emita el Instituto Federal Electoral en materia de iniciativa legislativa ciudadana, procede el recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo que dispone la Ley General del Sistema de medios de Impugnación en Materia Electoral.

Capítulo IVResponsabilidad por el incumplimiento de de las disposiciones de esta ley

Artículo 19. En caso de no dictaminación, discusión y votación de las iniciativas legislativas ciudadanas en tiempo y forma, los servidores públicos responsables se sujetarán a las sanciones que se deriven del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Transitorio

Único. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Mora-Donatto, Cecilia. Iniciativa Legislativa Popular.Enciclopedia Jurídica Mexicana, Tomo IV. Editorial Porrúa y UNAM, 2004, páginas 543 y 544.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2010.— Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña :Gracias, diputado. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates ytúrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

En el entendido que todas aquellas compañeras y compañeros diputados que deseen adherirse podrán hacerlo con la autorización expresa del señor diputado.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña :Tiene la palabra el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma  los artículos 101 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y 32-A del Código Fiscal de la Federación.

El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar : Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en los últimos años el crecimiento de instituciones de educación privada en nuestro país ha sido un fenómeno relevante, al grado que ha llamado la atención de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Sin embargo, el crecimiento de instituciones de educación superior privada no siempre ha estado provisto y respaldado de una regulación pertinente, rigurosa, eficiente y que dé consistencia a su desarrollo.

Este proceso es preocupante, ya que el impacto social que estas instituciones tienen es central, al ser estas universidades e institutos los formadores de 3 de cada 10 alumnos de nivel superior en este país.

En este sentido es necesario y urgente actualizar y profundizar su regulación, recomendando la construcción de marcos normativos más estrictos y pertinentes que coadyuven a combinar libertad, pluralidad, pertinencia social, pero sobre todo estándares mínimos de calidad académica.

Al mismo tiempo es necesario reforzar la regulación y vigilancia de las universidades e institutos de educación superior, con el fin de que cumplan plenamente con sus obligaciones fiscales.

Consideramos que el flujo de recursos que reciben las instituciones privadas, registradas la mayoría de las veces como asociaciones civiles, debe vigilarse por parte de la Secretaría de Hacienda y el Sistema de Administración Tributaria, principalmente cuando sabemos que los ingresos por el cobro de colegiaturas son altos y crecientes, y que la mayoría de ellas se declaran como instituciones no lucrativas.

Por ello, es necesario que las instituciones de educación superior privada cumplan con sus obligaciones fiscales, como claramente lo señala el artículo 31 de nuestra Constitución, que establece que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la federación como del Distrito Federal o del estado y municipios en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

En Nueva Alianza asumimos el compromiso de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales de todos y cada uno de los ciudadanos e instituciones obligadas, con el fin de posibilitar una mejor integración social.

Por ello es que proponemos la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 101 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se adiciona una fracción V al artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, para quedar en los términos siguientes:

Artículo primero. Se adiciona una fracción VII al artículo 101 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 101. Las personas morales...

VII. Las sociedades y asociaciones civiles que conforme a este título no sean consideradas contribuyentes del impuesto sobre la renta, por tener como objeto la enseñanza con reconocimiento oficial deberán dictaminar sus estados financieros dentro de los términos que se refieren en el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación.

Artículo segundo. Se adiciona una fracción V al artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación para quedar como sigue:

Artículo 32-A. Las personas físicas...

V. Las asociaciones y sociedades civiles dedicadas a la enseñanza, que conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta no sean consideradas como contribuyentes de este impuesto, por tener reconocimiento oficial.

Señor presidente, por economía parlamentaria le solicito que el texto íntegro quede inscrito en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 101 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 32-A del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55, fracción II, 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurren a solicitar se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 101 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, de acuerdo a la siguiente:

Exposición de Motivos

En México, en los últimos años, el crecimiento de instituciones de educación privada, ha sido un fenómeno realmente relevante, al grado que ha llamado la atención de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Este fenómeno expresado sobre todo por el crecimiento de instituciones de educación superior privada, no siempre ha estado provisto y respaldado de una regulación pertinente, rigurosa y eficiente que dé consistencia a su desarrollo a lo largo y ancho del país.

Este proceso es preocupante, ya que el impacto social que estas instituciones tienen es central, por ser estas universidades e institutos los formadores de más del 30 por ciento de los recursos humanos de nivel superior en el país.

Por tal razón es necesario y urgente actualizar y profundizar su regulación, recomendando la construcción de marcos normativos más estrictos y pertinentes que permitan combinar libertad, pluralidad, pertinencia social y estándares mínimos de calidad académica.

En distintas evaluaciones del sistema educativo nacional, ambos organismos reconocen la necesidad de consolidar mecanismos regulatorios para las universidades particulares en México, especialmente con el fin de que vigilen, regulen y fortalezcan su calidad académica.

En este mismo sentido es necesario reforzar la regulación y vigilancia de las universidades e institutos de educación superior, con el fin de que cumplan plenamente con sus obligaciones fiscales.

Este importante flujo de recursos que reciben las instituciones de privadas que imparten educación superior, registradas como asociaciones civiles, debe vigilarse por parte de la Secretaría de Hacienda y el Sistema de Administración Tributaria. Sobre todo cuando sabemos que los ingresos de estas instituciones, por el cobro de colegiaturas, son altos y crecientes. Sobre todo cuando sabemos que la mayoría de ellas se declaran como instituciones no lucrativas.

Esta situación, afecta a las familias que aportan recursos crecientes, por medio del pago de colegiaturas, mismas a la fecha pueden llegar a representar hasta un 35 por ciento del gasto total de las familias.

No hay duda de que el crecimiento del sector privado que imparte educación superior se encuentra insuficientemente regulado por el Estado, tanto por el lado de la calidad académica como por el de la vigilancia y exigencia en el cumplimiento de sus compromisos fiscales.

El ritmo y las características del crecimiento explosivo de las instituciones educativas que imparten educación superior, ha rebasado el actual modelo regulatorio que instrumenta el Estado”, la legislación y los instrumentos aplicados para garantizar la calidad y el cumplimiento y vigilancia de sus obligaciones fiscales ha quedado rebasada.

Por ello, es necesario que las instituciones de educación superior privada, debidamente registradas bajo el régimen de Asociaciones Civiles cumplan con sus obligaciones, no sólo académicas, sino también con las fiscales como claramente lo señala el artículo 31 constitucional que a la letra dice:

“Son obligaciones de los mexicanos:

.....

Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.

En este sentido, y siendo consecuentes con lo anterior, estamos obligados a promover la observancia del texto constitucional, como uno de nuestros principales compromisos, ya que como legisladores siempre reconoceremos en ella a la ley suprema.

Esto compromiso, se torna aún más relevante cuando sabemos que en México existe una gran elusión y evasión fiscal, causales entre otros, de nuestra débil estructura de ingresos tributarios.

Por ello, alcanzar la equidad y la proporcionalidad tributarias, sigue siendo en nuestro país metas a alcanzar y para nosotros como legisladores un compromiso que también debe ser asumido por las instituciones encargadas de los asuntos hacendarios.

En Nueva Alianza asumimos el compromiso de promover y fortalecer el desarrollo integral de la Nación, por lo que reiteramos nuestro compromiso de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales de todos y cada uno de los ciudadanos e instituciones obligadas con el fin de posibilitar una mejor integración social, es por ello que proponemos la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el Artículo 101 del Impuesto Sobre la Renta y el Artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, de conformidad con el siguiente:

Decreto

Por el que se adiciona una fracción VII al artículo 101 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y se adiciona una fracción V al artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, para quedar en los términos siguientes:

Artículo Primero. Se adiciona una fracción VII al artículo 101 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 101. Las personas morales...

I. a VI. (Quedan igual)

Fracción VII. Las sociedades y asociaciones civiles que conforme a este título no son consideradas contribuyentes del impuesto sobre la renta por tener como objeto la enseñanza con reconocimiento oficial, deberán dictaminar sus estados financieros dentro de los términos que refiere el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación.

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción V al artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 32-A. Las personas físicas...

I. a IV (Quedan igual)

V. Las asociaciones y sociedades civiles dedicadas a la enseñanza, que conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta no sean consideradas como contribuyentes de este impuesto, por tener reconocimiento oficial.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 2 días de febrero de 2010.— Diputados: Jaime Arturo Vázquez Aguilar, Roberto Pérez de Alva Blanco, Carlos Samuel Moreno Terán, Reyes S.Tamez Guerra, Elsa María Martínez Peña (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña :Gracias, señor diputado. Como lo solicita insértese en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña :Tiene la palabra el diputado Malco Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 99 de la Ley General de Salud.

El diputadoMalco Ramírez Martínez :Con su permiso, señor presidente. Con su venia, compañeros diputados y compañeras diputadas, durante la última década, México ha sido víctima de la falta de visión de Estado, la nula aplicación de políticas públicas estratégicas y la falta total de acciones eficientes en materia de salud.

Como todos sabemos, el año pasado vivimos la más fuerte epidemia de influenza de la que tengamos registro. Según un estudio publicado por la propia Secretaría de Salud, el 19 de febrero del presente año, sobre la situación que guarda dicha enfermedad podemos señalar que hubo 70 mil 615 casos confirmados del 12 de marzo de 2009 al 18 de febrero de 2010. De los casos reportados, según las cifras oficiales, hubo mil 66 defunciones.

La falta de previsión de este tipo de acontecimientos sin duda impacta de manera negativa en las finanzas públicas, en el producto interno bruto, en la economía de la ciudadanía y causan sentimientos de zozobra en la población.

No es posible que a pesar de que en 1999 la Organización Mundial de la Salud alertó con insistencia a las naciones a prepararse para una epidemia y emitiendo como una de sus principales recomendaciones el crear laboratorios para desarrollar tratamientos de inmunización con el objetivo vital de garantizar la disponibilidad de vacunas, en México no se haya hecho nada, sino hasta hace apenas unos meses y eso, en razón de que ya habíamos vivido la epidemia.

Es vergonzoso que durante la firma del convenio de colaboración con el laboratorio francés Sanofi Aventis para producir vacunas en México, donde éste informó que invertirían en México 100 millones de euros, el propio secretario de Salud federal reconociera que hace 30 años el país era autosuficiente en la producción de vacunas. Pero es más vergonzoso aún que reconociendo el problema no se realicen acciones contundentes para revertirlo.

Seguimos siendo dependientes de las farmacéuticas transnacionales en lo que a producción de vacunas se refiere y ante la falta de políticas públicas de salud por parte del gobierno federal el país entero está condenado a vivir en el miedo por el rebrote de esta enfermedad o alguna nueva.

El PRI se ha caracterizado por ser un partido con visión de Estado, con mujeres y hombres preparados para enfrentar los retos que el país tiene. Por ello consideramos que la salud pública es un tema de seguridad nacional. Ante este reto, creemos que debemos estar preparados.

En el tema de la falta de previsión en salud hemos identificado que se generan problemas colaterales como son: el rezago de comunidades enteras, la pobreza, las pérdidas económicas y la disolución del núcleo familiar al morir de manera intempestiva uno de sus miembros. La afectación a su economía al no tener para pagar los tratamientos médicos, entre otros problemas colaterales, que le cuesta al Estado mucho más caro contenerlos que prevenirlos.

La investigación refiere que tenemos nosotros un problema de salud pública y que tenemos que hacer una emergencia sanitaria contra la influenza, o aprovechar la infraestructura que tenemos a través de Birmex, quien opera desde hace 60 años.

Tenemos un problema con los Laboratorios Biológicos y Reactivos de México, ya que vive una circunstancia en donde sus valores –publicados pomposamente en su página Web–, en lo que a competitividad se refiere, plantean estar comprometidos para lograr el liderazgo en el mercado internacional, atendiendo las oportunidades de negocio, siempre bajo esquemas de eficiencia, rentabilidad y productividad.

En su objetivos estratégicos –también publicados en la red– hablan de garantizar la disponibilidad de vacunas, sueros y reactivos que demandan los programas de salud de la nación, incrementar su participación en los mercados nacional e internacional con productos de alta calidad, desa-rrollar nuevos productos y tecnologías de producción que garanticen su permanencia en el mercado, y lograr la rentabilidad de la operación y la autosuficiencia financiera de la empresa.

Como pudimos darnos cuenta, con la epidemia del virus de la influenza ninguno de los objetivos estratégicos de Birmex se cumple actualmente. Muy por el contrario, creo que si no hacemos nada se encontrarán cada día más lejos de poder cumplirlos.

Actualmente Birmex elabora únicamente cinco productos: la vacuna antipoliomielítica oral, la vacuna Td, los faboterápicos del suero antialacrán y antiviperino; y antitoxinas. Todos los demás productos que comercializa son importados de diferentes partes del mundo.

Por otro lado, he de resaltar que en 2009 el monto total de la inversión para el Indre fue de 542.7 millones de pesos y para el 2009 la legislatura que nos antecedió aprobó 233 millones de pesos destinados a continuar con la construcción y equipamiento del nuevo instituto.

Sin embargo, el Ejecutivo modificó el presupuesto reduciéndole 11.5 millones de pesos, quedando un presupuesto de 221 millones de pesos. Además de su reducción presupuestaria, durante el primer trimestre de 2009 no se ejercitó un solo peso para avanzar en la construcción del Indre. El avance físico desde que inició el proyecto hasta marzo fue solamente de 2.6 por ciento.

Birmex, por su parte, tiene un proyecto para la construcción de una planta que prevé producir vacuna contra la influenza, cuyo monto es de 668 millones de pesos. El presupuesto aprobado para 2009 también sufrió un recorte de casi 20 millones de pesos y para el primer trimestre del año solamente se habían ejercido el 10 por ciento de los recursos.

Por lo expuesto, someto a su consideración la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Salud en el Título Quinto, que se refiere a investigación para la salud, en el artículo 99, a fin de crear el programa de vigilancia epidemiológica, y de prevención y control de enfermedades transmisibles. Presentada por un servidor, para que seamos autosuficientes y no tengamos que depender de ningún país extranjero. Cabe señalar que hace 30 años éramos autosuficientes. El día de hoy de los 15 biológicos que se aplican a la población producimos únicamente 5.

Es cuanto, señor presidente. Solicito que se inserte en el Diario de los Debates.

«Iniciativa que reforma el artículo 99 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Malco Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Malco Ramírez Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del honorable Congreso de la Unión iniciativa que reforma el artículo 99 de la Ley General de Salud al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Durante la última década, México ha sido víctima de la falta de visión de Estado, la nula aplicación de políticas públicas estratégicas y la falta total de acciones eficientes en materia de salud.

Como todos sabemos, el año pasado vivimos la más fuerte epidemia de influenza de la que tengamos registro. Según un estudio publicado por la propia Secretaría de Salud el 19 de febrero del presente año, sobre la situación que guarda dicha enfermedad.

Podemos señalar lo siguiente:

• Hubo setenta mil setecientos quince casos confirmados, del 12 de marzo del 2009 al 18 de febrero del 2010.

• De los casos reportados, según las cifras oficiales, hubo mil 66 defunciones.

• La mayor cantidad de muertes se sitúa de la siguiente forma: 193 de personas entre los 20 y 29 años de edad; 241, de entre los 30 y 39; 200, de entre los 40 y 49 años cumplidos; y 189, del grupo poblacional de entre los 50 y 59 años. Los restantes son niños y personas mayores.

Como podemos darnos cuenta, el mayor número de muertes fue de personas que vivía su etapa más productiva de la vida.

La falta de previsión de este tipo de acontecimientos, sin duda impacta de manera negativa en las finanzas públicas, en el producto interno bruto, en la economía de la ciudadanía y causan sentimientos de zozobra en la población.

No es posible que a pesar de que en 1999 la Organización Mundial de la Salud alertó con insistencia a las naciones a prepararse para una epidemia y emitiendo como una de sus principales recomendaciones crear laboratorios para desarrollar tratamientos de inmunización, con el objetivo vital de garantizar la disponibilidad de vacunas, en México no se haya hecho nada, sino hasta hace apenas unos meses y eso en razón de que ya habíamos vivido la epidemia.

Es vergonzoso que durante la firma del convenio de colaboración con el laboratorio francés Sanofi Adventis, para producir vacunas en México, donde éste informó que invertiría en México 100 millones de euros, el propio secretario de Salud federal reconociera que hace 30 años el país era autosuficiente en la producción de vacunas. Pero es más vergonzoso aún que, reconociendo el problema, no se realicen acciones contundentes para revertirlo.

Seguimos siendo dependientes de las farmacéuticas transnacionales en lo que a producción de vacunas se refiere y ante la falta de políticas públicas de salud  por parte del gobierno federal, el país entero está condenado a vivir en la zozobra por el rebrote de esta enfermedad o de alguna nueva.

El PRI se ha caracterizado por ser un partido con visión de Estado, con mujeres y hombres preparados para enfrentar los retos que el país tiene, por ello es que consideramos que la salud pública es un tema de seguridad nacional y ante este reto, creemos que debemos estar preparados.

En el tema de la falta de previsión en la salud, hemos identificado que se generan problemas colaterales como son el rezago de comunidades enteras, la pobreza, pérdidas económicas, disolución del núcleo familiar al morir de manera intempestiva uno de sus miembros, la afectación de su economía al no tener para pagar los tratamientos médicos, entre otros problemas colaterales, que le cuesta al Estado mucho más caro contenerlos que prevenirlos.

Según datos del estudio realizado por la investigadora Briseida Lavielle, de Fundar Centro de Análisis e Investigación, AC, publicado el 14 de mayo de 2009, la emergencia sanitaria por la influenza humana dejó al descubierto la fragilidad del sistema nacional de salud para atender cabalmente la salud de la población. De haber sido más letal el virus, son impensables los costos de vidas que hubiese significado.

La investigadora refiere que un sistema de salud en estas condiciones deja expuesta a la población, se requiere un sistema integrado con infraestructura suficiente tanto en el primer nivel de atención como en los hospitales, centros de investigación, laboratorios así como el equipamiento necesario. México está muy lejos de estos parámetros, tal y como lo confirmó la emergencia sanitaria.

Plantea que frente a la evidencia vale la pena preguntarse cuál ha sido la respuesta del gobierno, que en sus propios diagnósticos reconoce las deficiencias, para construir un sistema de salud sólido. Nosotros consideramos que no ha habido respuesta eficiente por parte del gobierno federal.

En el cuerpo del documento de la investigadora, hace referencia a la inversión en infraestructura y comenta que para 2009 se previeron diversas inversiones en proyectos y programas de infraestructura en salud para construir, ampliar y equipar hospitales de tercer nivel de atención así como diversos establecimientos. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda, sin embargo durante los primeros meses de 2009 no se habían ejercido muchos de los recursos aprobados.

En los casos de algunos de los establecimientos que tuvieron mayor importancia durante la epidemia de la influenza, y se les asignó presupuesto en 2009, se encuentran el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre) y la entidad paraestatal Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, SA de CV (Birmex).

En el caso del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos la inversión, según la descripción del proyecto, le permitiría contar con más de 65 laboratorios. La pregunta es ¿qué avance hay actualmente en la construcción de dichos centros?

Este importante instituto, opera en instalaciones de hace 70 años, enfrenta una problemática de urgente solución dada la obsolescencia de su infraestructura, “el Indre está constantemente rebasado para garantizar la calidad y la oportunidad del trabajo, para cumplir con su misión además de poner en riesgo la salud del personal y, como consecuencia de lo anterior, se han presentado accidentes que han puesto en riesgo la salud del personal por no contar con niveles de bioseguridad y bioprotección adecuados”.

La entidad paraestatal Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, SA de CV, vive una circunstancia similar. Según sus valores, publicados pomposamente en su página web, en lo que ha competitividad se refiere plantean ser “comprometidos para lograr el liderazgo en el mercado internacional, atendiendo las oportunidades de negocio, siempre bajo esquemas de eficiencia, rentabilidad y productividad”.

En sus objetivos estratégicos, también publicados en la red, hablan de “garantizar la disponibilidad  de vacunas, sueros y reactivos que demandan los programas de salud de la nación, incrementar su participación en los mercados nacional e internacional con productos de alta calidad, desarrollar nuevos productos y tecnologías de producción que garanticen su permanencia en el mercado y lograr la rentabilidad de la operación y la autosuficiencia financiera de la empresa”. Como pudimos darnos cuenta, con la epidemia del virus de la influenza ninguno de los objetivos estratégicos de Birmex se cumple actualmente y muy por el contrario, creo que si no hacemos nada, se encontrarán cada día más lejos de poder cumplirlos.

Por otro lado, es de resaltar  que en 2009, el monto total de la inversión para el Indre fue de 542.7 millones de pesos y para 2009 la legislatura que nos antecedió aprobó 233 millones de pesos destinados a continuar con la construcción y equipamiento del nuevo instituto, sin embargo, el Ejecutivo modificó el presupuesto reduciéndole 11.5 millones, quedando un presupuesto de 221.4 millones de pesos para 2009. Además de la reducción presupuestaria, durante el primer semestre de 2009 no se ejerció un solo peso para avanzar en la construcción del Indre. El avance físico desde que inició el proyecto hasta marzo fue de solamente 2.6 por ciento.

Por su parte, la paraestatal Birmex tiene un proyecto para la construcción de una planta que prevé producir vacuna contra la influenza cuyo monto es de 668,2 millones de pesos. El presupuesto aprobado para 2009 de 368.1 millones también sufrió un recorte de casi 20 millones de pesos y para el primer trimestre del año solamente se habían ejercido el 10 por ciento de los recursos.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, México compra cerca de 19 millones de dosis de influenza estacionaria cada año a un costo de 30 pesos cada una; es decir, invierte cerca de 570 millones de pesos tan sólo en esta vacuna. Como podemos darnos cuenta en este sencillo análisis cuantitativo, ¡se invierte en la dependencia! No le interesa al gobierno federal invertir en la investigación y producción de nuestras propias vacunas. Recordemos que el mapa genómico del mexicano tiene características particulares que nos llevan a necesitar medicamentos específicos y evitar así riesgos de alergias como se han presentado en algunas entidades de la federación.

Permítanme darles más datos que nos ejemplifica claramente el rezago en el que vivimos y la falta de voluntad del actual gobierno por resolver el tema que nos atañe. Los mayores productores de vacunas de influenza son Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón y Estados Unidos de América. Se calcula que entre todos producen y distribuyen más de 262 millones de dosis, es decir, el 95 por ciento de las que se aplican anualmente. Esto sin contar otro tipo de vacunas que se requieren para prevenir diferentes enfermedades.

Según cifras de Fundar, que fueron solicitadas vía IFAI con número de folio IFAI/000120042109, durante enero y febrero de 2009 solamente se transfirieron a los estados 10 millones de pesos para la creación de infraestructura sanitaria de un total de más de 2 mil millones de pesos aprobados para ese año. La indolencia con que es ejercido el gasto público, que podría fortalecer el sistema de salud, es recurrente pues desde la creación del Fideicomiso de Protección Social en Salud, en 2004 hasta 2008, a pesar de haber recibido 5 mil 380 millones de pesos, solamente transfirió a los estados para la construcción, mejora y equipamiento de sus establecimientos de salud el 21 por ciento.

Además de que es imprescindible que el Ejecutivo federal modifique la forma en que transfiere los recursos a los estados para que pueda invertirse el presupuesto del fideicomiso en la construcción de establecimientos sanitarios que requiere con urgencia el país, la emergencia sanitaria mostró evidencias de que es un imperativo inaplazable.

Se necesita llevar a cabo acciones coordinadas entre las entidades federativas, las universidades, los centros de investigación científica y tecnológica y las dependencias del gobierno federal, a fin de avanzar en la prevención de epidemias y tener una autosuficiencia en la investigación y elaboración de vacunas, ya que al tener estos programas tendremos como beneficio la respuesta oportuna ante epidemias, se generarían empleos para especialistas en el tema y se ahorraría a largo plazo el Estado muchos recursos consumiendo vacunas nacionales, incluso podríamos vender vacunas y obtener recursos adicionales por ello.

Por lo anterior, se vuelve indispensable realizar acciones legislativas tendentes a eliminar esta deficiencia gubernamental, y el Partido Revolucionario Institucional lo toma como un compromiso inaplazable. Es por ello que el suscrito propone crear un programa en el que participen diversas áreas de investigación, a fin de estimular la investigación científica y tecnológica para la realización de actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de enfermedades transmisibles, en el que participen médicos, biólogos, infectólogos,  especialistas e investigadores mexicanos en general.

Por lo expuesto y fundado, someto a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la Ley General de Salud en el Título Quinto, que se refiere a investigación para la salud, en el artículo 99, a fin de crear el programa de vigilancia epidemiológica y de prevención y control de enfermedades transmisibles

Único. Se reforma el artículo 99 de la Ley General de Salud, adicionándole un párrafo, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 99. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y con la colaboración del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de las instituciones de educación superior, realizará y mantendrá actualizando un inventario de la investigación en el área de salud del país.

En el mismo sentido creará un programa en el que participen diversas áreas de investigación, de conformidad a lo que establece la Ley de Bioseguridad  de Organismos Genéticamente Modificados, a fin de estimular la investigación científica y tecnológica para la realización de actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de enfermedades transmisibles, el cual deberá ser revisado y actualizado anualmente por las autoridades que dirijan el programa.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2010. — Diputados: Malco Ramírez Martínez, Julieta Octavia Marín Torres, Violeta Avilés Álvarez (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña :Gracias, señor diputado. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Salud.

Se encuentran entre nosotros artesanos, empresarios y miembros del ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, invitados por el diputado Jorge Arana.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña :Tiene la palabra la diputada María Elena Pérez de Tejada Romero, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

La diputada María Elena Pérez de Tejada Romero : Con su permiso, presidente. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, para la armonización entre la vida laboral y la familiar, presentada por su servidora, perteneciente al Grupo Parlamentario del PAN.

La Organización Internacional del Trabajo reconoce que todos los seres humanos, sin distinción de ninguna naturaleza, tienen derecho a alcanzar su bienestar material y desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, así como de seguridad económica en igualdad de oportunidades. En otras palabras, de contar con un empleo digno que le permita obtener los satisfactores necesarios para su subsistencia, respetando su dignidad humana.

En México, las mujeres se han ido incorporando progresivamente a las diversas actividades económicas del país, se han consolidado como uno de los motores más importantes de la economía mexicana. Sin embargo, la legislación laboral no ha sufrido las modificaciones sustantivas.

En nuestro país ha cobrado fuerza la demanda de que se lleve a cabo una reforma laboral que prohíba la discriminación y mejore las condiciones laborales de las mujeres trabajadoras. Sin duda alguna, al Estado le corresponde proteger y promover los derechos de la ciudadanía.

El listado de problemas que deben resolverse es muy amplio, sin embargo, es preciso dar atención inmediata a la problemática en el ámbito laboral y buscar mejorar la calidad del entorno de las y los trabajadores, encontrar una solución a la crisis social de las familias, situación que se ha incrementado por los roles que hoy juegan las madres y los padres trabajadores.

En este contexto, urge modernizar y armonizar el marco normativo laboral nacional con los compromisos asumidos por México en materia de equidad y género a través de los instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU.

Por lo anterior, es necesario incorporar en la legislación laboral nacional vigente lo relativo a la conciliación entre la vida familiar y la vida laboral, en virtud de que son palpables los efectos negativos que ha acarreado para la sociedad la constante ausencia de los padres, dado el incremento fáctico de las jornadas de trabajo y la incorporación de la mujer en la vida laboral.

Las empresas y personas empleadoras perciben las responsabilidades familiares como cargas que amenazan el rendimiento y la utilidad laboral. Esta percepción limita la promoción, contratación y ascenso de las trabajadoras. Sin embargo, alcanzar la conciliación de vida-trabajo trae consigo beneficios no sólo para las trabajadoras, sino también para las empresas.

Por lo anterior es necesario destacar que la conciliación de la vida familiar y laboral debe partir de un principio de buena fe compartido por todos los actores implicados: empresas, gobierno, trabajadoras, trabajadores, sindicatos, etcétera.

Esta propuesta de modificación a la Ley Federal del Trabajo incorpora lo siguiente:

Otorgar permisos por responsabilidades familiares. La posibilidad de que patrón y trabajador acuerden el otorgamiento de permisos, para hacer frente a las responsabilidades familiares cuando se tenga un nuevo hijo o se adopte uno.

En este último caso incorporar la posibilidad de acordar permisos para realizar los trámites de adopción.

Incrementar las semanas de descanso posterior al parto cuando el producto no haya sido dado de alta o haya nacido con algún defecto congénito.

Por lo antes expuesto, la suscrita diputada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de responsabilidades familiares.

Artículo único. Se reforman los artículos 3o., 58, 70, 76 y 170, y se adicionan los artículos 61 Bis, 70 Bis y 70 Bis 1, todos de la ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

El trabajo es un derecho y un deber social. No es un artículo de comercio, exige respeto para la libertad y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para las y los trabajadores y sus familias y procurando la compatibilidad entre sus obligaciones laborales y el cumplimiento de sus responsabilidades familiares.

Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los patrones serán responsables de que en un plazo no mayor a 30 días se realicen las adecuaciones al reglamento interior y demás normas vigentes aplicables en la empresa o establecimiento de que se trate, a fin de que les sean incorporadas las disposiciones del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 2 de marzo de 2010.

Señor presidente, le solicito que el contenido de la iniciativa sea insertado en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María Elena Pérez de Tejada Romero, del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la que suscribe, María Elena Pérez de Tejada Romero, diputada a la LXI Legislatura, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa, que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo (LFT), al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce que todos los seres humanos, sin distinción de ninguna naturaleza, tienen derecho a alcanzar su bienestar material y desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica en igualdad en condiciones de libertad y dignidad, y de seguridad económica en igualdad de oportunidades; en otras palabras: de contar con un empleo digno que les permita obtener los satisfactores necesarios para su subsistencia, respetando su dignidad.

En las últimas décadas, las mexicanas se han ido incorporando progresivamente a las actividades económicas. Se han consolidado como uno de los motores más importantes de la economía; sin embargo, la legislación laboral no se ha modificado desde hace casi 40 años.

Cuando se promulgó la LFT había en el país condiciones sociales, económicas, políticas y culturales muy distintas de las actuales, y la demanda de empleo y las actividades productivas que ofrecían empleo para las mujeres eran menos y con poca diversidad. (La ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1970.)

De acuerdo con el Inegi, en 1972 17 de cada 100 mujeres trabajaban, en tanto que en 2007 38 de cada 100 se encontraban incorporadas a un empleo. Con toda seguridad la cifra se incrementaría si se tomara en cuenta el sector informal, que se ha convertido en una opción ante la escasez de empleos.

En materia de derechos laborales de las mujeres, la legislación no posee enfoque de género. Los derechos especiales son prácticamente nulos y el componente de la ley que hace referencia a los derechos de la mujer reviste carácter transitorio, pues es exigible sólo en el embarazo, el parto y el puerperio.

En el país ha cobrado fuerza la demanda de que se lleve a cabo una reforma laboral que mejore las condiciones en que las trabajadoras desempeñan su trabajo y que no oculte la discriminación y el abuso selectivo contra ellas, detrás del igualitarismo jurídico que emite regulaciones para los trabajadores en general, negándose a aceptar que en los centros de trabajo existe una férrea convicción de que sí hay una evidente diferencia entre unas y otros, diferencia que se concreta negativamente para ellas: en los sueldos, el trato respetuoso, el reconocimiento de las capacidades y los logros, el acceso a las oportunidades y a la formación en el empleo, la promoción, la organización y la toma de decisiones, por decir lo menos.

Es necesario incorporar en la legislación laboral lo relativo a la noción de las responsabilidades familiares, con la intención de estimular la provisión de servicios sociales para permitir que ambos padres combinen las obligaciones familiares con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública. Lo anterior lo incluye la CEDAW, y la misma noción se enuncia en el Convenio 156 de la OIT.

Sin duda, al Estado corresponde proteger y promover los derechos de todos los ciudadanos. La lista de problemas que merecen resolverse es muy amplia; sin embargo, a la problemática en el ámbito laboral es preciso dar atención inmediata y mejorar la calidad del entorno de los trabajadores y de las trabajadoras, encontrar una solución a la crisis social que se ha incrementado en las familias por los papeles que hoy desempeñan las madres y los padres trabajadores; es decir, reconocer que resulta necesario proteger el derecho de quienes integran la familia a una convivencia diaria, de manera que no tengan que renunciar a ello a causa del exceso de trabajo. En el mismo sentido, se debe garantizar el derecho de la madre a acceder y permanecer en el mercado de trabajo; del padre, a participar en la convivencia familiar y los cuidados; de los hijos, a recibir cuidados y educación; y de la población adulta mayor y otras personas dependientes, a permanecer con la familia si así lo desean. Esto no debe ser abordado sólo desde la esfera privada: el Estado debe dar una respuesta, mediante la entrega directa de servicios o la organización de sistemas que garanticen la provisión privada.

Mientras que en el discurso se reconoce la incorporación de la mujer al trabajo y su activa participación social, la realidad es que en la sociedad aún es clara la división de tareas entre la pareja. Actualmente, las mujeres comparten con los hombres el papel de proveer ingresos; sin embargo, está pendiente el correlato del proceso: los hombres no han asumido de manera equivalente su corresponsabilidad en la formación de los hijos y en la vida doméstica.

Lo anterior ha generado fuertes problemas sociales. De ahí las tensiones, pues la mujer se ve rebasada por las jornadas laborales, por las tareas domésticas, por la atención de los hijos. Si a lo anterior se suman las desigualdades de muchas mujeres, especialmente para las que provienen de hogares más pobres, lo anterior se vuelve una carga de doble jornada laboral y se reproducen las desigualdades socioeconómicas y de género que las caracterizan.

En el país, las mujeres destinan entre 4 veces más horas de su tiempo a los quehaceres del hogar y cuidado de la familia que, por ejemplo, en Chile, donde es de 1.5 horas a la semana, en comparación con lo que dedica un hombre. La presencia de adultos mayores y de enfermos aumenta la participación y el tiempo destinado por las mujeres a ese tipo de tareas, lo mismo ocurre cuando hay niños en el hogar. Lo anterior, aunado a otros factores, ha generado la dificultad de conciliar las actividades laborales con las familiares; es decir, tenemos la obligación de generar marcos jurídicos que nos permitan condiciones para crear una armonía entre familia y trabajo, nuevas formas de conciliación para la corresponsabilidad social.

Hasta el momento, en la legislación nacional no se ha reconocido la función social de la conciliación y lo que ésta conlleva; por el contrario, las mujeres soportan los costos de la conciliación de la vida familiar y laboral, pues no se han instaurado suficientes políticas públicas que les garanticen los mínimos indispensables para tal corresponsabilidad social.

La conciliación de la vida familiar y laboral debe partir de un principio de buena fe, por todos los actores implicados: empresa, gobierno, trabajadoras, trabajadores, sindicatos, etcétera. Es oportuno comenzar a organizar el trabajo en torno de la obtención de resultados con calidad y no con base en la cantidad de horas que pasa una trabajadora o un trabajador en el centro de trabajo.

En la presente modificación de la ley se propone una definición de responsabilidades laborales, la cual se apoya en la noción de dependencia económica, a fin de incorporar el concepto de trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares. Se sugiere atender a lo señalado en los artículos 1o. y 9o. del Convenio 156 de la OIT.

La flexibilidad laboral y la conciliación no suponen trabajar menos sino hacerlo desde una perspectiva de eficiencia y calidad en el uso del tiempo, pues de esa forma se generará un clima laboral adecuado, con trabajadoras y trabajadores motivados, con una mejor disposición para el trabajo, que dará lugar a una mayor productividad para la empresa.

La propuesta de modificación de la LFT incorpora lo siguiente:

- La prohibición de que se discrimine o se deniegue la contratación a una trabajadora o trabajador por la razón de poseer responsabilidades familiares.

- La posibilidad de que patrón y trabajador acuerden el otorgamiento de permisos para hacer frente a las responsabilidades laborales del segundo, así como para apoyar en las labores de adaptación de la situación familiar, cuando tenga un nuevo hijo o adopte uno. En este último caso, incorpora la posibilidad de acordar permisos para realizar los trámites de adopción.

- La contratación por objetivos, a fin de lograr la corresponsabilidad social en el cumplimiento de las obligaciones laborales y las familiares.

- Se incrementan las semanas de descanso posterior al parto, para la madre trabajadora, cuando el producto no haya sido dado de alta o que haya nacido con algún defecto congénito.

Esta iniciativa pretende dar un paso importante en materia de igualdad, garantizar a las mujeres igualdad de oportunidades y trato en el trabajo, así como sumar a los hombres a una mayor participación de él en la familia. Lo anterior busca alcanzar un beneficio para hombres y mujeres, para la familia; lograr una distribución más igualitaria de las responsabilidades familiares, garantizar a ambos el derecho al trabajo sin que sus responsabilidades sean un obstáculo laboral o un impedimento de convivencia familiar.

Por lo expuesto, la suscrita, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de responsabilidades familiares

Artículo Único. Sereforman los artículos 3o., 58, 70, 76 y 170; y seadicionan el 61 Bis, 70 Bis y 70 Bis 1 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 3o. El trabajo es un derecho y un deber social. No es un artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para las y los trabajadores y sus familias y procurando la compatibilidad entre sus obligaciones laborales y el cumplimiento de sus responsabilidades familiares.

Para efectos de esta ley, se entenderá por trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares las y los que tengan a su cargo familiares en línea directa, hasta el tercer grado, que dependan por completo de su cuidado, en virtud de su dependencia económica dada la total incapacidad legal o material de procurarse por sí mismos el sustento.

Nopodrá establecerse distinción ni discriminación alguna entre las y los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política, condición social,condición económica, preferencias sexuales, estado civil, lengua, embarazo, salud, discapacidad, género, etnia y responsabilidades familiares. Ni podrá denegarse el empleo por las mismas causas.

...

Artículo 58. Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador ola trabajadora prestan un servicio o trabajo a un patrón. Las trabajadoras o los trabajadores con responsabilidades familiares podrán, de común acuerdo con el patrón, acordar la distribución de las horas de trabajo durante la semana sin exceder los máximos legales, logrando una armonía entre el cumplimiento de sus obligaciones laborales y de las responsabilidades familiares.

Artículo 61 Bis. Los trabajadores podrán acceder, sin afectación del salario, a permisos extraordinarios para atender asuntos familiares que, por su naturaleza, deban ser resueltos durante el horario de la jornada laboral, cuando de la atención personal de ellos dependa el bienestar de un miembro de su familia o el buen desarrollo o la educación de un menor que esté a su cargo. Su extensión deberá convenirse de común acuerdo con el patrón.

Artículo 70. En los trabajos que requieran una labor continua, los trabajadores y el patrón fijarán de común acuerdo los días en que los trabajadores deban disfrutar de los de descanso semanal, procurando la armonía entre las obligaciones laborales y las responsabilidades familiares.

Artículo 70 Bis. Las trabajadoras o trabajadores que adopten a un menor, una vez que hayan sido declarados padres idóneos por la autoridad competente, disfrutarán de las horas de permiso necesarias para efectuar los trámites de adopción, lo cual se procurará con el común acuerdo del patrón, salvo cuando se trate de mandato de la autoridad jurisdiccional, en cuyo caso deberá otorgarse el permiso en los días y horas señalados. Asimismo, disfrutarán de una semana de descanso a partir del día en que el menor se incorpore al núcleo familiar.

Artículo 70 Bis 1. Los padres trabajadores disfrutarán de un descanso tres días posteriores al parto, sin menoscabo de su ingreso salarial, siempre que lo destinen al cuidado y apoyo de la madre y de la hija o hijo.

Artículo 76. Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborables, y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a doce, por cada año subsecuente de servicios.Se procurará de común acuerdo con el patrón que la programación del periodo vacacional contribuya a la convivencia y al cumplimiento de las responsabilidades familiares.

...

Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I. y II. ...

III. Los periodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se prorrogarán por el tiempo necesario en el caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo o del parto,y hasta por nueve semanas cuando se trate de parto múltiple, o cuando el hijo o hija requiera permanecer hospitalizado o haya nacido con algún defecto congénito;

IV. a VII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2010.— Diputados: María Elena Pérez de Tejada Romero, Juan Huerta Montero, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, María Yolanda Valencia Vales (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña :Gracias, diputada. Como lo solicita insértese en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Se pospone la participación del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia.

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña :Tiene la palabra la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La diputada Elsa María Martínez Peña :Con su permiso, diputado presidente; compañeras y compañeros diputados, a nivel mundial, la práctica de utilizar a las instituciones financieras para llevar a cabo operaciones relacionadas con el lavado de dinero es un problema que toma proporciones globales, por lo que se han emprendido programas que articulen los esfuerzos y las responsabilidades de todos los gobiernos.

En ese sentido las instituciones financieras mexicanas han realizado acciones tendientes a implementar y optimizar sus procedimientos, para prevenir y/o controlar el riesgo de ser utilizadas con fines ilícitos.

Sin embargo, las acciones que se han emprendido para combatir este problema han sido objeto de cuestionamientos por parte de organismos e instituciones financieras internacionales.

Hoy las actividades ligadas al lavado de dinero representan un riesgo al sistema económico y de pagos, porque en la medida en que se debilita la integridad de los mercados financieros se genera el riesgo de disminuir la calidad de la regulación monetaria y financiera, favoreciendo distorsiones en los mercados, propiciando la pérdida del control, ingresos fiscales y además por el hecho de que estos recursos le den al crimen organizado la capacidad para corromper y enfrentar al gobierno.

La delincuencia organizada es un fenómeno que hoy se ha convertido en una amenaza para nuestro país y una de las acciones que le permite seguir funcionando es el lavado de dinero a través de operaciones de tipo financiero, mercantil, bancario, bursátil o comercial, invirtiendo sus recursos en la constitución de empresas, complejos turísticos, bares, discotecas, etcétera, para introducirlos en la economía formal.

Es cierto que ante este fenómeno el gobierno federal cuenta con diversas instancias para combatirlo a través de la supervisión, vigilancia e investigación, para detectar las anomalías que se presenten en el sistema financiero. Sin embargo, es evidente que es urgente reforzar estas acciones y los mecanismos que hoy operan.

En este escenario es ilógico que el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no forme parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que es la instancia donde tienen lugar los acuerdos, lineamientos y políticas públicas a seguir por los tres órdenes de gobierno del Estado mexicano en el combate al delito. Esta insuficiencia propicia que el círculo de la acción legal no se cierre.

En ese tenor, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza consideramos que la presencia y participación activa del titular de la Secretaría de Hacienda y de las instancias que detectan e investigan el lavado de dinero, aportarían conocimientos y combate de los delitos financieros al Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Cabe señalar, adicionalmente, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de asesorar regularmente a las instituciones financieras y proporciona guías e información que permiten detectar operaciones ilícitas que deben reportarse conforme a las leyes y regulaciones aplicables.

Por todo lo anterior, la presente iniciativa propone reformar el artículo 12 de la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que el secretario de Hacienda y Crédito Público forme parte del Consejo de Seguridad Nacional junto con los demás integrantes del gabinete de seguridad nacional, y los gobernantes de las entidades federativas.

En Nueva Alianza estamos convencidos que de esta manera se contribuye a dotar de instrumentos legales al esfuerzo por combatir a la delincuencia organizada. Por ello, solicitamos su apoyo a esta propuesta legislativa.

Por su atención muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Elsa María Martínez Peña, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, presenta ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Como es del dominio público, a través del lavado de dinero las organizaciones criminales buscan esconder y aparentar como legítimas las ganancias que provienen de actividades ilícitas, sin embargo esta actividad delictiva no solo facilita el aprovechamiento de dichas dividendos indebidos, sino también se traduce en un impacto negativo en el tejido social, en consecuencia las autoridades deben adoptar medidas y acciones contundentes en torno a dicho delito.

La delincuencia organizada efectúa operaciones ilegales de tipo financiero, mercantil, bancario, bursátil o comercial, porque los recursos de procedencia ilícita se invierten en la constitución de empresas, complejos turísticos, bares, discotecas, gasolineras etc., y en esa forma, introducirlos en la economía formal con la finalidad de que aparezcan como de procedencia legítima. Ese contexto es necesario reforzar acciones para prevenir, y reprimir ese delito, dotando las dependencias encargadas de investigar y perseguirlo, de herramientas jurídicas que les permitan combatirlo con eficiencia y eficacia, siempre con arreglo irrestricto al estado de derecho.

Cabe mencionar que las actividades ligadas al lavado de dinero representan riesgos al sistema económico y de pagos de cualquier país, porque en la medida en que se debilita la integridad de los mercados financieros, se genera el riesgo de disminuir la calidad de la regulación monetaria y financiera, lo que favorece mayores distorsiones en los mercados, propiciando, adicionalmente, con ello, pérdida de control  e ingresos fiscales.

A nivel mundial, el intento de utilizar a las instituciones financieras para llevar a cabo operaciones relacionadas con el lavado de dinero es un problema que se ha ido agravando y se presenta en proporciones globales, por lo que se han emprendido programas tendientes a unir esfuerzos y compartir responsabilidades en esa materia, de tal manera que cada vez más países comienzan a regular y combatir el lavado de dinero. Sin embargo, las investigaciones para combatir ese flagelo realizadas por el gobierno mexicano han sido objeto de cuestionamientos por parte organismos financieros internacionales, como por ejemplo del Fondo Monetario Internacional. No se omite mencionar que, las instituciones financieras mexicanas, han realizado acciones tendientes a diseñar e implementar controles, herramientas y procedimientos que les permitan prevenir o mitigar el riesgo de ser utilizadas con fines ilícitos, siempre en apego a los estándares nacionales e internacionales en esta materia.

El punto central es la ausencia de coordinación de las autoridades vinculadas a la investigación de delitos financieros y lavado de dinero, dentro de las que se contemplan, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y sus unidades encargadas de ese rubro, que dependen del procurador general de la República; en tanto la Secretaria de Hacienda y Crédito Público cuenta con instancias especializadas encargadas también de la investigación del delito de lavado de capitales, como son:

a) La Unidad de Inteligencia Financiera;

b) La Dirección General de Delitos Financieros y de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que forma parte de la estructura de la Procuraduría Fiscal de la Federación y;

c) La Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

El gobierno federal cuenta, sin duda con diversas instancias, que tienen la encomienda común de supervisar, vigilar, investigar y detectar, las anomalías que se presenten en las operaciones financieras, pero su actuación es dispersa, desarticulada y carente de coordinación, consecuentemente no se aterriza en la principal finalidad, que se traduce en el combate eficiente del delito de lavado de dinero, que a decir de expertos nacionales y extranjeros es a través de este mecanismo como se presentaría una mejor ofensiva del gobierno en su lucha contra el crimen organizado.

Observar este escenario lleva a reflexionar que es ilógico que el titular de la hacienda pública federal no forme parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que es la instancia que por antonomasia, tienen cobertura los acuerdos, lineamientos y se instrumentan las acciones y políticas públicas a seguir por los tres órdenes de gobierno del Estado mexicano en el combate al delito. Esta insuficiencia obliga a que el círculo no se cierre.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública cuenta con atribuciones como establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendentes a cumplir los objetivos y fines de la seguridad pública; instituye los lineamientos para la formulación de políticas generales en la  materia mencionada; también promueve la efectiva coordinación de las instancias que integran el sistema así como da seguimiento de las acciones que para tal efecto se establezcan; formula propuestas para los programas nacionales de seguridad pública, de procuración de justicia y de prevención del delito, promueve políticas de coordinación y colaboración con el Poder Judicial de la federación y los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas, entre otros.

En ese tenor consideramos –en el Grupo Parlamentaria Nueva Alianza– que la presencia y participación activa y la solidez de criterio del titular de la Secretaria de Hacienda y de las instancias que detectan e investigan el blanqueo de dinero, se aportarían, conocimientos, experiencias, y estrategias de investigación y combate de los delitos financieros, al Consejo Nacional de Seguridad Pública.

La iniciativa que se promueve se sustenta, entre otras cosas, atendiendo a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de asesorar regularmente a las instituciones financieras y proporciona guías, información y tipologías que permiten detectar operaciones que deben reportarse conforme a las leyes y regulaciones aplicables.

Recordemos que el problema en la investigación de este delito se profundiza, porque se requiere que el Servicio de Administración Tributaria y las unidades de inteligencia de la Secretaría de Hacienda trabajen coordinadamente, con sus homólogos de la PGR, para de esa forma garantizar el acceso puntual, total y seguro a los reportes de operaciones sospechosas que provengan de los centros de cambio y de negocios.

Con los con los argumentos esgrimidos, en el presente proyecto de decreto se propone que el Secretario de Hacienda y Crédito Público conforme parte del Consejo Nacional de Seguridad, ya que en la actualidad, esta integrado por el presidente de la República, quien lo presidirá, los Secretarios de Gobernación, de Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad Pública, el procurador general de la República, los gobernadores de los estados, el jefe del Gobierno del Distrito Federal y El secretario ejecutivo del sistema, cabe acotar que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos será invitado permanente. En las sesiones del consejo sus integrantes deberán asistir personalmente. De acuerdo con el artículo 10 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, será la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas.

Pese al gran avance que ha tenido México para combatir el lavado de dinero, es necesario continuar promoviendo la creación, implantación y reforzamiento de políticas, controles y procedimientos para efectuar en su totalidad las recomendaciones emitidas a nivel internacional y continuar actualizando y mejorando las leyes y regulaciones para prevenir el lavado de dinero...1

En mérito de lo expuesto, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, comprometido en impulsar proyectos que redunden en beneficio de la sociedad, somete a aprobación de esta asamblea la presente iniciativa, por la que se reforma al artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con base en el siguiente

Decreto por el que se reforma al artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Para quedar en los siguientes términos:

Artículo Único. Se reforma al artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 12. El Consejo Nacional estará integrado por:

I. El presidente de la República, quien lo presidirá;

II. El secretario de Gobernación;

III. El secretario de Hacienda y Crédito Público;

IV. El secretario de la Defensa Nacional;

V. El secretario de Marina;

VI. El secretario de Seguridad Pública;

VII. El procurador general de la República;

VIII. Los gobernadores de los estados;

IX. El jefe del Gobierno del Distrito Federal, y

X. El secretario ejecutivo del Sistema.

El presidente del Consejo...

El Consejo podrá invitar...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación,

Nota:

1 Artículo escrito por: Guillermo Horta Montes, director de Prevención de Lavado de Dinero para México y Latinoamérica de Citygroup, con la colaboración de Marcela López González, Regina Saénz Urdaneta y Gabriela Uribe Rodríguez, integrantes de la Dirección de Prevención de Lavado de Dinero de Grupo Financiero Banamex. México 2006.

Dado en el Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los  24 días del mes de febrero de 2010.— Diputados: Elsa María Martínez Peña, Jaime Arturo Vázquez Aguilar, Reyes S.Tamez Guerra (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña :Muchas gracias, diputada.Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.

ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña :Tiene la palabra el diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Omar Fayad Meneses : Buenas tardes compañeras diputadas y compañeros diputados. Vengo hoy aquí, a la máxima tribuna, por convicción propia, pero también pensando sin duda en México, en los estados de la República y fundamentalmente en sus municipios.

Haciendo alarde de un federalismo que queremos transite, galope, se desarrolle y crezca, vengo a proponerles –creo que en nombre de todos los presidentes municipales de este país– una iniciativa de reforma a la Constitución para que podamos ya dar un paso importante en el 115 constitucional y de una vez por todas tomemos juntos la decisión de ampliar el periodo constitucional de los alcaldes del país, y dejar muy claro en la Constitución de la República que queda abierta la puerta para que los alcaldes de este país puedan durar en su encargo, tanto ellos como los síndicos y regidores, cuando menos un periodo de cuatro años.

Sabemos que hoy está de moda plantear reformas de carácter político y sabemos que existen diversas propuestas de reforma política en este país. Su servidor, Omar Fayad, les pide que insertemos este tema como importante, como fundamental en lo que es la reforma política del país, razones hay sobradas.

En primer lugar: ¿de qué se critica a los municipios de México? ¿Qué se les echa en cara? ¿Por qué no tienen recursos y viabilidad? Les echan en cara que muchos no saben recaudar, que por eso no tienen recursos. No se dan cuenta que la labor de un presidente municipal es muy compleja, se planea a un plazo muy corto.

Es de risa que la ley exija una planeación a tres años, es de risa que puedan alcanzar los objetivos que se proponen en un lapso tan corto. Es evidente que recaudan mal y que no pueden fortalecer sus haciendas porque el año que llega un presidente municipal al encargo es un año en el que aprende y en el que, además, se va con cuidado para tomar las decisiones más importantes y sobre todo aquellas que tienen que ver con los impuestos que van a cobrar.

Cuando ya aprenden, cuando se sienten seguros de hacerlo están en el segundo año. Y en el segundo año un planteamiento de modificación a las cuestiones catastrales y del predial implica que entran en función hasta el tercer año, y en operación hasta el tercer año.

¿Qué es lo que sucede? Los resultados de ese esfuerzo de modificar la hacienda municipal ya ni siquiera los disfrutan en su periodo, porque ustedes conocen perfectamente los incentivos que dan nuestras leyes a los municipios que cobran bien y que hacen ese esfuerzo, se los acaban entregando dos años después de que realizan ese esfuerzo.

Por eso, compañeras diputadas y compañeros diputados, quiero pedirles que alentemos a que el municipio se fortalezca, que alentemos a que el municipio crezca, que se fortalezca la hacienda municipal, que los presidentes municipales puedan tomar mejores decisiones.

No incluí el tema de la reelección, ya sabemos que el presidente Calderón lo incluyó en su iniciativa de reformas políticas y nuestros compañeros senadores, los del PRI, también lo incluyeron. No quise meter el tema de reelección a debate, porque quiero que avancemos y tengo la impresión de que ése es un tema que va a tardar mucho en su procesamiento. Éste es más sencillo.

Ampliemos el periodo, abramos la puerta. No se les olvide a los que fueron alcaldes, en esta Cámara, de la necesidad que se tiene. Y aquéllos que se dicen de espíritu federalista, y aquéllos que se dicen municipalistas, éntrenle. Hoy es cuando podemos provocar esta modificación trascendente para la vida municipal. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Omar Fayad Meneses, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este honorable pleno la presente iniciativa de reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para ampliar el periodo de los ayuntamientos.

El municipio es la célula medular de nuestra organización política y social. El papel que ha desempeñado en el desarrollo de la vida nacional a través de las diversas etapas de nuestro acontecer histórico ha sido determinante y el futuro de nuestro país está condicionado en buena parte por el resultado de las decisiones que adoptemos para resolver los problemas que agobian al municipio y dificultan su desarrollo.

Una de estas decisiones que ahora buscamos impulsar, como uno de los cambios más importantes para el futuro del municipio mexicano, es la ampliación del periodo de presidentes municipales, síndicos y regidores, a través de la reforma al artículo 115 constitucional. Este viraje nos permitiría aprovechar de mejor manera la experiencia política y administrativa del cuerpo municipal.

El oficio político y la gestión pública municipal en México están coartados por un periodo limitado de ejercicio, perdiéndose así la continuidad en los programas y la especialización de los servidores públicos locales.

Con un periodo tan corto, temas torales para la administración municipal están sujetos a la política en turno, fomentando el desperdicio de recursos públicos.

La ampliación del periodo de gobierno de los ayuntamientos es una variable importante en la solución de la problemática que éstos enfrentan.

De nadie es ajeno el razonamiento que durante el primer año de gobierno, las autoridades municipales aprenden su función; en el segundo, tienen la posibilidad de instrumentar lo aprendido; y en el tercero, dejan de lado toda iniciativa, porque están ocupados en preparar su salida y su siguiente opción política.

Esto estimularía la continuidad de las políticas públicas y programas municipales exitosos, así como disponibilidad de un plazo mayor que permitiría iniciativas de mayor impacto. Las ventajas de ampliar el periodo pueden redundar en la profesionalización del gobierno en la gestión y una planeación a más largo plazo. Coadyuvará a sentar las bases para alentar una cultura de la gestión pública municipal.

La organización administrativa municipal en muchos casos insuficiente y afectada por las más diversas razones, requiere con urgencia una revitalización que permita la reasignación de recursos orientada a la capacitación de los servidores públicos, para una mejor atención de las necesidades ciudadanas.

La ciudadanía considera que la responsabilidad pública y la rendición de cuentas son valores fundamentales de la democracia que se han perdido con el tiempo en sus gobernantes en general.

Por tales razones presento, ante este pleno, la iniciativa de reforma al artículo 115 para ampliar el periodo de encargo de los ayuntamientos, al establecer un ejercicio mínimo de 4 años. Así, podríamos dar un impulso al desarrollo de estrategias públicas de mediano y largo plazo.

Podrían impulsarse aquellas acciones que lleven a que aspectos como la eficiencia, el uso intensivo de los recursos, la eficacia y la legitimidad estén presentes en el escenario de gobierno local.

Es conveniente que en México los protagonistas del sistema político contribuyamos a una verdadera opción de cambio institucional para el país.

Debemos enriquecer las bases de la renovada democracia mexicana, con el fin de buscar el fortalecimiento de los órganos de poder y poder responder a una sociedad heterogénea.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este honorable pleno, el presente proyecto de iniciativa de reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para ampliar el periodo de los ayuntamientos.

Único. Se reforma el párrafo segundo de la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 115. ...

I. ...

Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para el periodo inmediatoy durarán en su cargo un periodo mínimo de cuatro años. Las personas que, por elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna autoridad, de-sempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser electas para el periodo inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes sí podrán ser electos para el periodo inmediato como propietarios a menos que hayan estado en ejercicio.

...

II. a X.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Segundo. Las entidades federativas deberán ajustar sus Constituciones Políticas y leyes respectivas a lo dispuesto en esta Constitución a más tardar en un plazo de 120 días, a partir de la vigencia del presente decreto.

Tercero. Se derogan todas las demás disposiciones que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2010.— Diputado Omar Fayad Meneses (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña :Muchas gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se encuentran entre nosotros...

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña :Sí, diputado, dígame. Diputado Fernández Noroña, dígame usted.

El diputadoJosé Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Nada más para comentar al diputado Omar Fayad que estuvo muy bien en su intervención. Comentó que el presidente de la República, yo vuelvo a insistir que no hay presidente de la República, se robó la Presidencia de la República.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña :Se encuentran entre nosotros alumnos y maestros de la escuela Primaria General Ignacio Mejía, de Ciudad Nezahualcóyotl del estado de México, invitados por la diputada local Karen Quiroga, quien se encuentra aquí con nosotros. Muchas gracias por su asistencia.

LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO - LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña :Recibimos del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 10 y 15 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, y los artículos 2 y 14 de la Ley General de Bibliotecas.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez : «Iniciativa que reforma los artículos 10 y 15 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, y 2 y 14 de la Ley General de Bibliotecas, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Jorge Antonio Kahwagi Macari, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el pleno de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 10 y 15 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro y los artículos 2 y 14 de la Ley General de Bibliotecas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La educación como ningún otro componente del desarrollo socioeconómico juega un papel determinante dentro de un país pues ejerce una influencia directa sobre la disminución de las desigualdades sociales y culturales, y tiende a fortalecer los valores cívicos, colaborando en la formación de las y los ciudadanos, y en la integración de una sociedad más informada y participativa.

La lectura es uno de los ejes centrales del proceso educativo. El acceso a la información y el conocimiento requiere saber leer y escribir y utilizar estas herramientas para aprender. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha manifestado que la lectura debe ser considerada prioritariamente por todos sus países miembros como un indicador importante del desarrollo humano de sus habitantes.

“El concepto de capacidad o competencia lectora retomada por muchos países hoy en día, es un concepto que es mucho más amplio que la noción tradicional de la capacidad de leer y escribir (alfabetización), en este sentido, la formación lectora de los individuos para una efectiva participación en la sociedad moderna requiere de la habilidad para decodificar el texto, interpretar el significado de las palabras y estructuras gramaticales, así como construir el significado. También implica la habilidad para leer entre líneas y reflexionar sobre los propósitos y audiencias a quien se dirigen los textos. La capacidad lectora involucra por tanto, la habilidad de comprender e interpretar una amplia variedad de tipos de texto y así dar sentido a lo leído al relacionarlo con los contextos en que aparecen. En síntesis, la capacidad lectora consiste en la comprensión, el empleo y la reflexión a partir de textos escritos y virtuales, con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento y el potencial personal y participar en la sociedad” (Ariel Gutiérrez Valencia y Roberto Montes de Oca García, Revista Iberoamericana de Educación, ISSN: 1681-5653).

A pesar de que en nuestro país el 92.1% de la población total de 12 y más años sabe leer y escribir (Conteo de Población de 2005, Instituto Nacional de Estadística y Geograrfía) y contamos con uno de los sistemas educativos más grandes del mundo con una población escolar equivalente al 31.6% de la población total (33.8 millones de alumnos, ciclo escolar 2008-2009, Secretaría de Educación Pública); el número de lectores habituales es una cifra extremadamente reducida en comparación a las dos anteriores.

La Encuesta Nacional de Lectura 2006 señala que tan sólo el 56.4% de las y los mexicanos reporta que lee libros, el 30.4% mencionó haberlos leído alguna vez en su vida y el 12.7% aseguró nunca haberlos leído. El promedio de libros leídos en el año es de 2.9, cifra nada alentadora si se compara con la de Noruega (18 libros), Alemania (15), Portugal (8.5) o España (7.7). Solamente el 16% de la población mexicana lee por gusto, placer o entretenimiento y poco más de la mitad de los entrevistados (54.7%) declaró no haber gastado en libros en el año.

Además de la baja frecuencia de lectura, una proporción considerable de los mexicanos ha desarrollado capacidades limitadas para leer, lo que configura un círculo vicioso difícil de romper. De acuerdo con sus propias percepciones, alrededor de 39 millones de personas (casi la mitad de la población de 12 años o más sólo entiende algo, poco o simplemente nada de lo que lee).

Ante tal escenario, una de las preocupaciones del Gobierno y de las instituciones educativas y culturales en los últimos años ha sido la de lograr una mayor eficiencia y articulación de las políticas públicas de educación y cultura, enfatizando acciones en la promoción de la lectura. Por ello, uno de los retos más importantes es el de garantizar que el libro y la lectura lleguen a todas las personas sin ningún tipo de exclusión, incluyendo a las personas con discapacidad que por motivos de discriminación ven dificultado su acceso a la lectura, a los libros y materiales y a las instalaciones que son utilizadas tradicionalmente para el fomento de la lectura y el uso de los libros como las bibliotecas.

México, al ser uno de los principales países impulsores y promotores de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que entró en vigor el 3 de mayo de 2008, y acorde a la Ley Federal de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2005, está obligado a contribuir al desarrollo e inclusión plena de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida.

Para lograrlo, el gobierno creó el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012 cuya misión es la de conjuntar las políticas de Estado y conducir la operación de estrategias en las instituciones del sector público en los tres órdenes de gobierno, para favorecer el desarrollo integral y la inclusión plena de las personas con discapacidad y sus familias en la vida social y productiva del país, con absoluto respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales.

Como objetivo específico número 4, el programa nacional establece el de elevar la calidad de la educación y ampliar las oportunidades de acceso, permanencia, egreso y logro educativo para la población con discapacidad en los diferentes tipos, niveles y modalidades del sistema educativo nacional.

En relación a la promoción de la lectura y el libro para personas con discapacidad la estrategia 4.7 nos habla de que la atención educativa a la diversidad implica optimizar los recursos con los que cuenta la escuela y, al mismo tiempo, flexibilizar y enriquecer el currículo mediante prácticas docentes que incluyan una serie de recursos materiales y metodológicos pertinentes a las necesidades de los alumnos que presentan alguna discapacidad. Por ello un objetivo es la ampliación y diversificación de la producción de libros de texto gratuitos y otros materiales de lectura y consulta para personas ciegas, débiles visuales y sordas, en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo nacional.

4.7.1 Ampliar la producción y mejorar la distribución de libros de texto gratuitos y diccionarios enciclopédicos en braille y macrotipos.

4.7.2 Ofrecer diversos apoyos tecnológicos para favorecer el acceso a la información de personas ciegas y débiles visuales.

4.7.3 Continuar adaptando al lenguaje braille los materiales de educación básica para adultos ciegos y débiles visuales en condición de rezago educativo.

4.7.4 Ampliar la producción y mejorar la distribución y difusión de materiales audiovisuales interpretados en lengua de señas mexicana, para poder implementar el método de educación bilingüe para la atención educativa de alumnos sordos.

4.7.5 Capacitar a maestros en la lengua de señas mexicana para favorecer la educación bilingüe para personas sordas en escuelas regulares.

4.7.6 Diversificar la producción de material didáctico y tecnológico para mejorar la calidad de la educación de personas sordas o con hipoacusia.

Asimismo, el objetivo específico número 7 tiene como fin el de contribuir a que las personas con discapacidad desarrollen su creatividad y habilidades culturales y disfruten de los bienes y servicios culturales y artísticos. Para lograrlo, la estrategia 7.3 indica que las bibliotecas públicas del país deberán ser ampliadas paulatinamente, al mismo tiempo que la oferta de libros especiales destinados a las personas con discapacidad visual, de modo tal que puedan tener un creciente acceso a los beneficios y el disfrute de la lectura.

7.3.1 Brindar atención gratuita y especializada a la población con discapacidad en la Red Nacional de Bibliotecas, sin discriminación ni distinción alguna.

7.3.2 Incluir temáticas y textos en sistema braille para ciegos y débiles visuales en el programa de salas de lectura.

7.3.3 Incentivar la participación de las personas con discapacidad en las distintas actividades culturales que se programan en las bibliotecas.

7.3.4 Difundir entre la comunidad de personas ciegas y débiles visuales los servicios de internet y los audiolibros, así como las ediciones en Braille disponibles actualmente en la Red Nacional de Bibliotecas e incrementar el acervo bibliográfico en esta materia.

Acorde con estos fines, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza considera sumamente importante que en la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, principal instrumento jurídico que establece las bases fundamentales para la definición de políticas de estado en este campo, se tomen en cuenta las necesidades y el derecho de las personas con discapacidad a la información.

Para ello, se propone que a la Secretaría de Educación Pública le corresponda la tarea de diseñar y producir los libros y materiales didácticos necesarios para que las personas con discapacidad puedan integrarse al sistema educativo nacional en igualdad de condiciones. Por su parte, se plantea que el Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura apoye y fomente la edición, producción y difusión de libros y materiales accesibles para este sector.

Por otra parte, la iniciativa propone que en la Ley General de Bibliotecas se establezca explícitamente que la biblioteca pública tiene como finalidad ofrecer en forma democrática y sin discriminación el acceso a los servicios de consulta de libros, impresos y digitales, y otros servicios culturales complementarios, como orientación e información, que permitan a la población adquirir, transmitir, acrecentar y conservar en forma libre el conocimiento en todas las ramas del saber. Para lograrlo el Sistema Nacional de Bibliotecas adecuara progresivamente las instalaciones, los acervos y materiales para garantizarles la accesibilidad y el uso de las bibliotecas, salas de lectura y servicios de información pertenecientes al sistema.

La crisis de lectores que vive hoy la sociedad mexicana, amenaza seriamente nuestro proceso educativo y cultural, ya que al carecer de las capacidades lectoras las personas no se benefician suficientemente de las oportunidades educativas y no están adquiriendo los conocimientos y habilidades necesarias para un buen desarrollo. Si a ello le aunamos la exclusión de las personas con discapacidad, estamos hablando de una sociedad que continua discriminando a importantes sectores de nuestra sociedad y no aplica las suficientes estrategias para promocionar e incentivar, en condiciones de igualdad, la lectura y el gusto por lo libros.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 10 y 15 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro y los artículos 2 y 14 de la Ley General de Bibliotecas

Primero. Se adiciona una fracción IX al artículo 10 y una fracción XVI al artículo 15 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, para quedar como sigue:

Artículo 10. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública:

VII. Promover el acceso y distribución de libros, fortaleciendo el vínculo entre escuelas y bibliotecas públicas, en colaboración con las autoridades educativas locales, las instituciones de educación superior e investigación, la iniciativa privada y otros actores interesados,

VIII. Impulsar carreras técnicas y profesionales en el ámbito de la edición, la producción, promoción y difusión del libro y la lectura, en colaboración con autoridades educativas de los diferentes órdenes de gobierno, instituciones de educación media superior y superior y la iniciativa privada, y

IX. Diseñar y producir los libros y materiales didácticos necesarios para que las personas con discapacidad puedan integrarse al sistema educativo nacional en igualdad de condiciones.

Artículo 15. El Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura tendrá las siguientes funciones:

XIV. Proponer incentivos para la creación, edición, producción, difusión, venta y exportación de libros en las diferentes lenguas del país, y apoyar la traducción a ellas de textos de literatura nacional y universal a las diferentes lenguas del país,

XV. Expedir su manual de operación conforme al cual regulará su organización, funcionamiento y trabajo, y

XVI. Apoyar y fomentar la edición, producción y difusión de libros y materiales accesibles para personas con discapacidad.

Segundo. Se reforma el segundo párrafo del artículo dos y se adiciona una fracción VII al artículo 14, recorriéndose en su orden la subsecuente de la Ley General de Bibliotecas, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

La biblioteca pública tendrá como finalidad ofrecer en forma democráticay sin discriminación el acceso a los servicios de consulta de libros, impresos y digitales, y otros servicios culturales complementarios, como orientación e información, que permitan a la población adquirir, transmitir, acrecentar y conservar en forma libre el conocimiento en todas las ramas del saber.

Artículo 14. Para el cumplimiento de sus propósitos, el Sistema Nacional de Bibliotecas, promoverá el desarrollo de las siguientes acciones:

I. ... a V. ...

VI. Proporcionar servicios de catalogación y clasificación a solicitud de los interesados en general, mediante el pago de las cuotas a que haya lugar;

VII. Adecuar progresivamente las instalaciones, los acervos y materiales para garantizar a las personas con discapacidad la accesibilidad y uso de las bibliotecas, salas de lectura y servicios de información pertenecientes al Sistema.

VIII. Las demás que sea análogas a las anteriores que le permitan alcanzar sus propósitos.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 25 de febrero de 2010.— Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Asimismo, del propio diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, recibimos iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Iniciativa que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Jorge Antonio Kahwagi Macari, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el Pleno de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La crisis financiera ha afectado significativamente, transmitiéndose por todos los canales mediante los cuales los países se relacionan con el resto del mundo, tales como el comercio, las corrientes de capital, las remesas y la inversión extranjera directa. A causa de ello se han generado, en forma simultánea, distintos efectos negativos en la economía: una reducción tanto de la cantidad como del precio de las exportaciones, una restricción considerable del acceso a los mercados de capital, una merma del monto de remesas recibidas y una disminución de los flujos de inversión extranjera directa.

Estas diferentes secuelas de la crisis han afectado las finanzas públicas, restringiendo a la vez la capacidad de respuesta de los gobiernos. Por una parte, se observa una reducción importante de los ingresos fiscales producto de la desaceleración o recesión del nivel de actividad y de la caída de precios de los productos básicos. Por otra, los países han adoptado políticas de estímulo que significarán un deterioro adicional de los resultados fiscales. Al respecto, deben considerarse también las medidas contingentes que han aplicado para compensar los costos distributivos de la crisis. Más aún, es preciso tener en cuenta que este empeoramiento de los resultados fiscales se dará en el marco de una importante restricción del financiamiento externo y luego de varios años de mejora de las cuentas públicas.

Queda claro que una recesión anormalmente alta, inducida por choques de comercio o interrupciones súbitas, o ambos, representa una amenaza muy concreta. En relación con los desequilibrios financieros y la sostenibilidad de la deuda pública, la situación parece ser, por ahora, mejor que en otros episodios de contagio, pero no hay mucho lugar para el optimismo debido a que la restricción que ya está operando ha sido suficiente para inducir fuerzas recesivas importantes y los equilibrios financieros parecen estar ocurriendo en un contexto de filo de la navaja.

Los espacios de política fiscal no son inmutables y, lo que es más relevante, que son sensibles al comportamiento previo a los choques y suelen sufrir modificaciones significativas ante la ocurrencia de choques de magnitud. No hay duda de que los choques actuales han achicado los espacios de política fiscal y generarán difíciles dilemas al aumentar la competencia de las políticas por los recursos y los instrumentos existentes. Por ende, la capacidad de los Estados para coordinar políticas dependerá críticamente de factores como la organización del sector público y la efectividad de la burocracia y de las instituciones para el manejo de conflictos en espacios reducidos.

El espacio fiscal se comporta de manera pro cíclica: disminuye de tamaño con los choques negativos y aumenta una vez que los movimientos de capital se recomponen y se supera el episodio de interrupción súbita. Por este motivo, es clave incentivar un aumento del espacio fiscal en momentos de auge.

En los años 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 los ingresos presupuestarios del gobierno federal registraron excedentes. En los años 2001, 2002 y 2009 estos ingresos registraron faltantes en la recaudación.

La recaudación de los ingresos presupuestarios del gobierno federal es pro cíclica, lo que implica que cuando la actividad económica se expande, la recaudación también lo hace y viceversa.

Sin embargo, el crecimiento de la economía mexicana está asociado al ciclo económico de Estados Unidos y al mercado petrolero mundial. Por lo tanto, el comportamiento de la recaudación de los ingresos presupuestarios del Gobierno Federal responde a estas dos últimas variables exógenas.

En los años en que los ingresos presupuestarios del gobierno federal registraron excedentes, la actividad económica del país creció básicamente por la expansión de la economía norteamericana y por los altos precios internacionales del petróleo, incluyendo el de la mezcla mexicana de exportación.

Por el contrario, durante 2009, la recesión de la actividad económica de Estados Unidos y la errónea evolución del mercado petrolero internacional han contribuido a profundizar la recesión de la economía nacional y la caída de la recaudación de los ingresos presupuestarios del Gobierno Federal.

Al realizar una comparación regional, se observa que los países de carga tributaria más elevada han demostrado históricamente una mayor capacidad de recaudar impuestos que aquellos de baja presión tributaria como México, que apenas reúnen más del 10% del producto interno bruto (PIB) y cuentan con deficiencias recaudatorias de carácter estructural que se ven potenciadas en épocas de crisis.

El desafío de la política fiscal es doble si se considera que las mayores demandas de gasto ocurren en un momento en que se espera una disminución de los recursos fiscales como resultado de la caída de los precios de los productos básicos y de una reducción del nivel de actividad, en un contexto de menor acceso al mercado de crédito. Todo esto pone de relieve la centralidad del debate acerca de la política pública que se plantea.

El desafío de política fiscal en la actual coyuntura consiste en desplegar una acción contracíclica en el contexto de una merma de la recaudación, sin dejar de proteger ciertos gastos (educación, protección social e infraestructura) que son vitales para evitar un aumento de la pobreza y sentar las bases del crecimiento futuro.

La política fiscal para algunos debería servir para atenuar los ciclos económicos. En ese sentido, debería ser contracíclica. Es decir, expansiva en momentos de recesión y contractiva en momentos de expansión. Lo que los datos reflejan es que mientras los países desarrollados efectivamente siguen una política fiscal contracíclica, los países en vías de desarrollo siguen una política fiscal claramente pro cíclica. Gran parte de esta explicación está en el hecho que las fluctuaciones de la base imponible son mucho mayores en los países en desarrollo que en los desarrollados. Esta mayor volatilidad exigiría tener déficit y superávit fiscales mayores, o en todo caso se necesitaría tener un fondo de estabilización fiscal de mayor capacidad para sostener una política menos pro cíclica.

Una razón por la cual los países en desarrollo son incapaces de generar superávit fiscales considerables cuando vienen los buenos tiempos justamente está en las características de sus instituciones fiscales, así como el llamado efecto de voracidad fiscal. Según esta teoría, frente a una mejora inesperada de la recaudación fiscal los grupos de presión demandarán una mayor transferencia generando un superávit fiscal mucho menor al que existiría si estas presiones redistributivas no tuvieran éxito. Como consecuencia de estas consideraciones los buenos tiempos no serán sinónimo de amplios superávit fiscales y los malos tiempos serán sinónimo de amplios déficit fiscales.

Una de las características intrínsecas de nuestra política fiscal es su inestabilidad. La estructura tributaria lejos de ser permanente, sufre continuas modificaciones. Idas y venidas en tasas y excepciones reducen la predictibilidad de la política fiscal y contribuyen a añadir mayor incertidumbre en las decisiones de inversión. Basta mirar en cada impuesto y se podrá establecer una frondosa historia de cambios y como consecuencia la recuperación de los niveles de pobreza que se generan lleva mucho más tiempo. Si se analiza la evolución del PIB por habitante en el ciclo de recesión que afectó a la región latinoamericana durante grandes crisis, se puede observar que recuperar el nivel anterior a la misma llevó alrededor de 14 años, en cambio, para volver a los niveles de pobreza previos a las crisis, que alcanzaban a alrededor del 40% de la población, la región necesitó 25 años.

La dimensión del espacio de política con que cuenta el gobierno para cumplir con la función de estabilización es una función de tres determinantes clave: la cuantía de recursos disponibles para financiar iniciativas anticíclicas y de ajuste, el número de instrumentos independientes para cumplir con los objetivos propuestos y el grado de competencia de las políticas que rivalizan con la política fiscal anticíclica en cuanto al uso de recursos e instrumentos.

Una característica distintiva del espacio de política anticíclica es que su dimensión puede cambiar de manera sustancial en poco tiempo ante la ocurrencia de una perturbación. Los choques modifican el espacio de política no solo porque influyen sobre los recursos, sino también porque determinan la intensidad con que otras políticas compiten con las de estabilización. Por ejemplo, cuando ocurre un choque negativo, como en el caso actual, las demandas de los sectores afectados aumentan y se intensifica la competencia por el uso tanto de recursos como de instrumentos de política, que son estructuralmente escasos en México.

Estos hechos crean una relación de doble vía entre la función fiscal de estabilización y los choques y desequilibrios macroeconómicos: las políticas fiscales buscan cerrar los desequilibrios abiertos por los choques, pero esos mismos choques y desequilibrios ponen restricciones sobre la capacidad de las autoridades para hacer política al modificar la dimensión del espacio de maniobra.

Esto último es evidente en el caso de la política fiscal, ya que al caer el producto se reduce la recaudación tributaria y, con frecuencia, también se resiente la capacidad del sector público de endeudarse cuando el acceso a los mercados de capital es pro cíclico.

Los hechos presentes sobre volatilidad indican que los choques permanentes y las crisis serán más frecuentes, pero cabe distinguir entre distintos tipos de choque al diseñar políticas fiscales de estabilización, será esencial distinguir entre choques normales, que inducen fluctuaciones estacionarias alrededor de una tendencia, y choques excepcionales, que pueden tener efectos irreversibles.

Derivado de la crisis internacional, México mostró una mayor exposición a choques excepcionales, o de carácter no estacionario y la respuesta fiscal discrecional del gobierno federal no fue la adecuada. Si a ello se agrega que las instituciones son débiles y las restricciones de economía política importantes, no sorprende que las respuestas fiscales discrecionales no hayan sido de calidad y que, por ende, la cuestión de discrecionalidad haya estado siempre en el centro de la escena al discutir la política fiscal de estabilización.

El primer punto es que cuando se producen perturbaciones de tamaño y característica excepcionales se incrementa la incertidumbre sobre los efectos de las políticas fiscales de estabilización y el segundo es que en una situación de crisis aumenta exponencialmente la demanda de coordinación de políticas, lo que en buena medida se debe al incremento de la competencia entre por el uso de recursos e instrumentos.

Ante estas crisis, el fisco está destinando recursos fiscales a estabilizar el sistema bancario y a estimular la economía y, como consecuencia, el déficit fiscal y la relación entre deuda y PIB aumentarán por encima de las metas previas al choque. De esta forma, la política anticrisis puede estar dominando los objetivos de la política de mantener la sostenibilidad de la deuda y pone rígidos límites al espacio de política fiscal que tendrán a su disposición los futuros gobiernos.

Dada la diversidad de circunstancias que afectan a México, en el diseño del “paquete de medidas emergentes” ante crisis que se presenten, se deberán reflejar las condiciones especificidades, tomando en consideración su estructura económica y social, así como los factores institucionales existentes, es decir, los estímulos o medidas que se adopten deben responder a algunas premisas básicas tales como temporalidad, sustentabilidad y fortalecimiento institucional.

En este sentido, las medidas que se adopten deben ofrecer la posibilidad de hacer sentir sus efectos de manera inmediata, sin diluirse a lo largo del tiempo, es preciso que tengan una fecha límite de aplicación. Esto es especialmente importante cuando se trata de políticas de promoción o estímulo de la demanda de inversión, puesto que no tienen un plazo fijo de finalización y el momento de aplicar los beneficios queda al arbitrio de los sujetos económicos. Además un segundo aspecto a considerar es que no deben comprometer la solvencia fiscal a mediano y largo plazo, ya que de lo contrario no solo despertarán dudas en cuanto a su eficacia, sino también sobre la evolución futura de la economía.

Lo anterior requiere compatibilizar las decisiones de corto y mediano plazo, dado que no siempre se toman en consideración al mismo tiempo. Por lo tanto, es recomendable que las medidas adoptadas puedan invertirse rápidamente una vez que se observen cambios positivos en la evolución de la crisis.

En relación con la crisis actual puede decirse que se presentó con gran intensidad y rapidez y, a su vez, que aún no está claramente definida la dinámica que tomará en el futuro. Las observaciones y análisis efectuados hasta el momento no son coincidentes en cuanto a su posible evolución y salida final, por eso es importante el establecimiento de un fondo de estabilización fiscal que de cierta certidumbre a las micro, pequeñas y medianas empresas.

En este orden de ideas lo que se pretende es contrarrestar la inestabilidad de los ingresos fiscales y sus consecuencias en el gasto público, reduciendo el impacto de la volatilidad de los ingresos de un gobierno que depende de un commodity, basando la solvencia de las cuentas públicas en fuentes de ingresos menos vulnerables a los ciclos económicos, dado que la sostenibilidad de las finanzas públicas en el tiempo es una condición necesaria para construir espacios que posibiliten el ejercicio de una política fiscal contracíclica.

Este fondo contribuirá a que el gasto fiscal, especialmente el gasto social, no se vea mayormente afectado por los vaivenes de la economía mundial y la volatilidad de los ingresos que provienen de los impuestos, el petróleo y otras fuentes, reduciendo el impacto de la volatilidad del petróleo y apoya la competitividad del sector exportador.

Además este fondo permitirá dar continuidad y apoyar políticas socioeconómicas, de promoción industrial que pueden amentar el crecimiento potencial del país.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Artículo Único. Se reforman los incisos a) al d); se adiciona un inciso e); se reforma el párrafo tercero y se adiciona un párrafo quinto recorriéndose en su orden los subsecuentes, todos de la fracción IV del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue

Artículo 19. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los excedentes que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos o de excedentes de ingresos propios de las entidades, conforme a lo siguiente:

I. Los excedentes de ingresos que resulten de la Ley de Ingresos, distintos a los previstos en las fracciones II y III de éste y el artículo siguiente, deberán destinarse en primer término a compensar el incremento en el gasto no programable respecto del presupuestado, por concepto de participaciones; costo financiero, derivado de modificaciones en la tasa de interés o del tipo de cambio; adeudos de ejercicios fiscales anteriores para cubrir, en su caso, la diferencia entre el monto aprobado en el Presupuesto de Egresos y el límite previsto en el artículo 54, párrafo cuarto de esta ley; así como a la atención de desastres naturales cuando el Fondo de Desastres a que se refiere el artículo 37 de esta Ley resulte insuficiente.

En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, las erogaciones adicionales necesarias para cubrir los incrementos en los precios de combustibles con respecto a las estimaciones aprobadas en la Ley de Ingresos y su propio presupuesto, procederán como ampliaciones automáticas con cargo a los ingresos excedentes a que se refiere esta fracción. Dichas ampliaciones únicamente aplicarán para compensar aquel incremento en costos que no sea posible repercutir en la correspondiente tarifa eléctrica.

El remanente de los ingresos excedentes a que se refiere la presente fracción, se destinará en los términos de la fracción IV de este artículo;

II. En el caso de los ingresos que tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal, o conforme a éstas se cuente con autorización de la Secretaría para utilizarse en un fin específico, ésta podrá autorizar las ampliaciones a los presupuestos de las dependencias o entidades que los generen, hasta por el monto de los ingresos excedentes obtenidos que determinen dichas leyes o, en su caso, la Secretaría.

La Secretaría deberá informar a la Cámara de Diputados sobre las autorizaciones que emita en los términos de las leyes fiscales, para otorgar un destino específico a los ingresos excedentes a que se refiere esta fracción, dentro de los 30 días naturales siguientes a que emita dichas autorizaciones;

III. Los excedentes de ingresos propios de las entidades se destinarán a las mismas, hasta por los montos que autorice la Secretaría, conforme a las disposiciones aplicables.

En el caso de las entidades reconocidas como centros públicos de investigación, sus excedentes de ingresos propios se destinarán a las mismas, sin requerir autorización de la Secretaría, a la cual se le informará en cuanto a su monto, origen y criterios de aplicación.

IV. Los ingresos excedentes a que se refiere el último párrafo de la fracción I de este artículo una vez realizadas, en su caso, las compensaciones entre rubros de ingresos a que se refiere el artículo 21 fracción I de esta Ley, se destinarán a lo siguiente:

a) En un23% al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas;

b) En un23% al Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos;

c) En un36% al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros.

d) En un8% a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas. Dichos recursos se destinarán a las entidades federativas conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado en la Cuenta Pública más reciente.

e) En un 10% al Fondo de Estabilización para el Desarrollo Económico.

Los ingresos excedentes se destinarán a los Fondos a que se refiere esta fracción hasta alcanzar una reserva adecuada para afrontar una caída de la Recaudación Federal Participable o de los ingresos petroleros del Gobierno Federal y de Petróleos Mexicanos. El monto de dichas reservas, en pesos, será igual al producto de la plataforma de producción de hidrocarburos líquidos estimada para el año, expresada en barriles, por un factor de 3.25 para el caso de los incisos a) y b), y de 6.50 en el caso del inciso c), en todos los casos por el tipo de cambio del dólar estadounidense con respecto al peso esperado para el ejercicio. En el caso de los ingresos excedentes para el Fondo a que se refiere el inciso b) de esta fracción, estos recursos se transferirán anualmente a Petróleos Mexicanos para que éste constituya la reserva, quién podrá emplear hasta el 50% de los recursos acumulados en este fondo al cierre del ejercicio fiscal anterior para la ampliación de la infraestructura de refinación en territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

Los Fondos de Estabilización a que se refiere esta fracción se sujetarán a reglas de operación que deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación, y en el caso del Fondo de Estabilización para el Desarrollo Económico, el mismo estará presidido por el Secretario de Economía.

En el caso del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, los recursos serán administrados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en calidad de fiduciario del fideicomiso público sin estructura orgánica establecido para tal efecto. Dicho fideicomiso contará con un Comité Técnico conformado por tres representantes de las entidades federativas y tres representantes del Gobierno Federal; la Presidencia de dicho Comité corresponderá a uno de los representantes de las entidades federativas.

En el caso del Fondo de Estabilización de Desarrollo Económico, los recursos serán administrados por Nacional Financiera, S.N.C., en calidad de fiduciario.

......

Fracción V. .........

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2010.— Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rubrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Dígame, diputado.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente, una pregunta. No sé si la nueva manera de pasar lista en esta Cámara es presentando iniciativas, lo digo porque se me hace una falta de respeto a este Congreso que el diputado Kahwagi nunca se pare por aquí y que cada sesión envíe una o dos iniciativas.

ARTICULO 4O. CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el señor diputado Carlos Samuel Moreno Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Permítame, un momento, señor diputado.

El diputadoCarlos Samuel Moreno Terán: Con su permiso, señor presidente. La actual problemática del agua en un amplio sector de la población en México generó ya importantes debates sobre la posibilidad y la conveniencia de proteger este recurso, incluyendo en la Constitución política el derecho fundamental al agua.

Ello se debe a que el gobierno y la sociedad han cobrado conciencia de que este recurso escasea y está en grave peligro. La creciente crisis hidrológica en la que se encuentra nuestro país está exigiendo la puesta en marcha de todos los instrumentos que estén a nuestro alcance para intentar frenar las graves consecuencias que ya estamos padeciendo.

Es obligación ineludible del Estado mexicano garantizar el derecho al agua para que toda persona pueda disponer de manera suficiente, salubre, aceptable y accesible para el uso personal y doméstico.

Este derecho se encuadra con toda claridad en la categoría de las garantías individuales indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado para los mexicanos.

El derecho al agua no debe interpretarse de forma restrictiva simplemente en relación con cantidades volumétricas y tecnológicas. El agua debe tratarse como un bien social y cultural y no solamente como un bien económico. El modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sustentable, de manera que este derecho pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras.

El derecho al agua impone tres tipos de obligaciones a los gobiernos, obligaciones de respetar, proteger y cumplir. Las tres tienen como objetivo general que el derecho al agua se convierta en una prioridad para la nación y en una realidad para personas y medio ambiente.

La obligación de respetar exige que los estados se abstengan de realizar cualquier práctica o actividad que restrinja o deniegue el acceso al agua potable a cualquier persona. Esto significa, entre otras cosas, que bajo ninguna circunstancia deberá privarse a una persona del mínimo indispensable de agua de uso personal y doméstico.

La obligación de proteger impone a los Estados el deber de impedir que terceros puedan menoscabar el disfrute del derecho al agua. El Estado queda obligado a controlar y regular a particulares, grupos, empresas y otras entidades para que no interfieran con el disfrute del derecho de todas las personas.

Por último, la obligación de cumplir se traduce en obligación de facilitar, promover y garantizar. Todas ellas deben obligar al gobierno a que de forma progresiva, pero utilizando el máximo de los recursos disponibles, dirijan sus esfuerzos para concretar el derecho de agua. No se puede seguir politizando el tema del agua. Politizar es simplemente una excusa de los actores políticos para no afrontar la realidad que nos aqueja, que es la falta de agua.

La percepción muy equivocada de aquellos que tienen facilidades de acceso al agua es la de considerar a este recurso como un bien renovable, inagotable, apropiable y barato. Lo que ha contribuido de manera muy lesiva a que el agua sea desperdiciada o aprovechada de manera irresponsable.

La realidad nos está demostrando que no es así y eso preocupa, por fortuna, a todos en el mundo. La comunidad internacional ha sido especialmente activa desde hace varias décadas en promover la protección y el cuidado del agua en sus diferentes dimensiones.

Por la magnitud del problema consideramos que expresar en nuestro sistema jurídico el derecho del agua como una garantía individual plasmada en la Constitución política de nuestro país es indispensable para reorientar las políticas públicas generales y locales de acceso a este vital recurso, para realizar un esfuerzo de modificar las conductas sobre su uso y aprovechamiento, debiendo todos hacer frente a los retos que esto implica.

La propuesta que vengo sometiendo a consideración se traduce de manera concreta en adicionar un párrafo al artículo 4o. constitucional para que se lea toda persona tiene derecho a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.

Ya se discutió en demasía este tema, ya se politizó de igual manera. Es momento de afrontar la realidad por parte de los gobiernos y buscar una solución a esta problemática con la participación de toda la sociedad. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Samuel Moreno Terán, del Grupo Parlamentario del PVEM

Carlos Samuel Moreno Terán, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el pleno de esta honorable asamblea, la presente iniciativa que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Un amplio sector de la población en México está generando un importante debate sobre la posibilidad y la conveniencia de proteger este recurso, incluyéndolo en la Constitución Política, que es el derecho fundamental al agua. Lo anterior, se debe a que tanto el gobierno como la academia y la sociedad civil han cobrado conciencia de que este recurso es escaso y está en grave peligro. La destrucción por contaminación de la mayor parte de nuestras fuentes superficiales, el encarecimiento del agua potable por su embotellamiento y distribución por empresas privadas, la inequitativa distribución del líquido entre personas y grupos, así como la inconsciente e irresponsable extracción del recurso por el mercado en detrimento de los ecosistemas y el medio ambiente han logrado que en todos los sectores de la sociedad se empiece a tomar conciencia.

Por ello, en virtud de esta grave situación es que la vida, presente y futura, de la personas, de las culturas y de los ecosistemas, depende directamente de la cantidad de agua que hoy seamos capaces de proteger y garantizar en el largo plazo.

La creciente crisis hidrológica en la que se encuentra el planeta —de la que México no escapa— está exigiendo la puesta en marcha de todos los instrumentos que estén a nuestro alcance para intentar frenar las graves consecuencias que ya estamos padeciendo.

Es a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) que la comunidad internacional ha desarrollado con mayor detalle este derecho. Es importante decir que el Senado mexicano ratificó este pacto el 18 de diciembre de 1980, acto jurídico que se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 12 de mayo de 1981, donde se señaló que dicha norma comenzaría a ser vinculante para el país a partir del 23 de marzo de 1981. Al ratificar este instrumento, el Estado mexicano aceptó voluntariamente las obligaciones para realizar progresivamente, y utilizando el máximo de los recursos disponibles, el derecho al agua que, como ha señalado el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Comité DESC), es esencial para alcanzar un nivel de vida adecuado.

De acuerdo con el Comité DESC1 el derecho al agua se desprende de los artículos 11.1 y 12 del pacto. Así lo ha establecido en su observación general número 15 (OG 15) donde además ha detallado con mucha precisión el contenido esencial de dicho derecho así como las obligaciones que adquieren los Estados al firmar el instrumento.

Se puede definir que el derecho humano al agua consiste en que toda persona pueda disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Este derecho se encuadra con toda claridad en la categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado porque es una condición necesaria para la supervivencia, además que los gobiernos parte deberían garantizar un acceso suficiente al agua para la agricultura de subsistencia y para asegurar la supervivencia de los pueblos indígena.

El derecho al agua contiene tanto libertades como derechos. Las libertades son el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario y el derecho a no ser objeto de injerencias; por ejemplo, no sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos. Asimismo, el derecho al agua debe ser adecuado a la dignidad, la vida y la salud humanas.

El derecho al agua no debe interpretarse de forma restrictiva, simplemente en relación con cantidades volumétricas y tecnológicas. El agua debe tratarse como un bien social y cultural, no como un bien económico. El modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras.

En este sentido, debido a que lo adecuado para el ejercicio del derecho puede variar en función de distintas condiciones que existan en cada región, existen cinco factores que se deben aplicar en cualquier circunstancia.

a) Disponibilidad. Esto significa que el suministro de agua para cada persona debe ser continuo y suficiente para el uso personal y doméstico.

b) Calidad. Además de que el agua debe ser suficiente, debe estar libre de agentes que puedan ser dañinos para la salud: microorganismos y sustancias químicas o radioactivas.

c) Accesibilidad física. En tercer lugar tener derecho al agua supone que las instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población. En cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo debe haber un suministro de agua o, por lo menos, la posibilidad de tener acceso a alguno que esté en sus cercanías inmediatas.

d) Asequibilidad o accesibilidad económica. Esto significa que el agua y los servicios e instalaciones que permitan acceder a ella deben ser asequibles en relación con el ingreso de las personas.

e) No discriminación. Con base en el concepto de no discriminación, el comité establece que el agua salubre y los servicios deben estar al alcance físico y económico de todas las personas y especialmente de aquellas que históricamente no han podido ejercer este derecho por motivos de raza, religión, origen nacional o cualquier otro de los motivos que están prohibidos.

El artículo 2o. del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales resulta especialmente relevante debido a que en él se describe la índole de las obligaciones jurídicas generales contraídas por los Estados firmantes. Por lo que se interpreta, aun cuando en el párrafo 1 de dicho artículo se establece que la realización de las obligaciones es paulatina y progresiva, los Estados firmantes adquieren algunas de ellas con efecto inmediato. De estas, dos resultan especialmente importantes:1) garantizar los derechos reconocidos en el pacto sin discriminación, y 2) adoptar medidas.

En el caso del derecho al agua, la obligación de adoptar medidas significa que los Estados tienen el deber constante y continuo de avanzar con la mayor rapidez y efectividad posibles hacia su plena realización. Deben marcar un rumbo y comenzar a dar pasos hacia la meta establecida dentro de un plazo razonablemente breve tras la entrada en vigor del pacto.

Entre las medidas que el Estado debe adoptar —sin poder justificar su omisión— están las de:a) adecuación del marco legal, b) revelación de información, y c) provisión de recursos judiciales efectivos en la materia.

Es importante señalar que existe una fuerte presunción de que la adopción de medidas regresivas con respecto al derecho al agua está prohibida por el pacto. En caso de que éstas sean adoptadas, corresponde al Estado demostrar que se han aplicado tras un examen exhaustivo de todas las alternativas posibles.

El derecho al agua impone tres tipos de obligaciones a los Estados parte, estas son: respetar, proteger y cumplir. Las tres tienen como objetivo general que el derecho al agua se convierta en una prioridad para los Estados parte y en una realidad para personas y medio ambiente.

La obligación de respetar exige que los Estados se abstengan de realizar cualquier práctica o actividad que restrinja o deniegue el acceso al agua potable de cualquier persona. Esto significa, entre otras cosas, que bajo ninguna circunstancia deberá privarse a una persona del mínimo indispensable de agua para su uso personal y doméstico. También supone la prohibición de contaminación de fuentes de agua por parte de instituciones pertenecientes al Estado, o bien, la de limitar el acceso a los servicios y la infraestructura de suministro como medida punitiva o de coacción comercial.

La obligación de proteger impone a los Estados el deber de impedir que terceros puedan menoscabar el disfrute del derecho al agua. El Estado queda obligado a controlar y regular a particulares, grupos, empresas y otras entidades para que no interfieran con el disfrute del derecho de todas las personas. Se trata de una obligación de enorme relevancia en contextos en los que existe una creciente participación de actores privados en las labores de gestión y distribución del agua.

Por último, la obligación de cumplir se subdivide en obligación de facilitar, promover y garantizar. Todas ellas obligan a los Estados parte a que, de forma progresiva pero utilizando el máximo de los recursos disponibles, dirijan sus esfuerzos para concretar el derecho al agua. La obligación de facilitar exige a los Estados que adopten medidas positivas que permitan a todas las personas y comunidades ejercer el derecho. La obligación de promover impone a los Estados la exigencia de adoptar estrategias de difusión y comunicación sobre el uso adecuado del agua y la protección de las fuentes. Por último, la obligación de garantizar se traduce en el requerimiento a los Estados para que hagan efectivo el derecho en los casos en los que las personas, por circunstancias ajenas a su voluntad, no estén en condiciones de ejercer por sí mismas ese derecho.

La importancia del agua en el contexto humano, para lo cual nos referiremos a la paradoja del agua y los diamantes expuesta por Adam Smith en su famosa obra Riqueza de las Naciones como introducción a los conceptos de valor de uso y valor de cambio. El economista señaló textualmente que“no hay cosa más útil que el agua y apenas con ella se podrá comprar otra alguna, ni habrá cosa que pueda darse por ella a cambio; por el contrario, un diamante apenas tiene valor intrínseco de utilidad y, por lo general, pueden permutarse por él muchos bienes de gran valor”.

Independientemente de la clara ejemplificación, útil para entender los conceptos aludidos, la percepción de la población en general que tiene acceso al agua sigue siendo la misma al considerarse un bien renovable, inagotable, apropiable y barato, lo que ha contribuido a que el agua sea desperdiciada o aprovechada de manera indiscriminada e irresponsable.

La realidad nos está demostrando que no es así, lo que está preocupando a todos en el mundo. La comunidad internacional ha sido especialmente activa desde hace varias décadas en promover la protección y el cuidado del agua en sus diferentes dimensiones: el mar, el medio ambiente marino y, por supuesto, el agua dulce como elemento básico y fundamental de la supervivencia de los seres humanos, abarcando desde los aspectos de consunción hasta su uso en actividades productivas.

El agua también está siendo objeto de acciones sociales para tratar de garantizar su acceso y calidad para una humanidad cada vez más creciente, más pobre y más demandante de este vital recurso. El problema lo amerita: su escasez es alarmante, en tanto que la población sigue creciendo de manera exponencial; su reducida calidad para consumo humano por actividades humanas contaminantes y el enorme esfuerzo gubernamental y de recursos públicos que se requieren para hacerla accesible a un mayor número de personas y actividades, han hecho que los gobiernos y las sociedades comiencen a replantear su percepción y cultura acerca de las formas de acceso, abastecimiento, aprovechamiento y cuidado del agua por todos.

En este contexto, el derecho humano al agua está en el centro de gran parte de las inquietudes sociales y las agendas públicas de varios países, entre los que está México.

Por la magnitud del problema, consideramos que expresar en nuestro sistema jurídico el derecho al agua como una garantía individual estipulada en la Constitución Política de nuestro país es indispensable, para reorientar las políticas públicas generales y locales de acceso a este vital recurso, así como las conductas sobre su uso y aprovechamiento, debiendo todos hacer frente a los retos que esto implica.

El derecho al agua constituye entonces una condición fundamental para el pleno goce de aquellos derechos conforme a los cuales ha adquirido obligaciones internacionales de buena fe. A la luz de las obligaciones contraídas resulta contradictoria la situación actual que se vive en México con relación al derecho al agua. La situación de los recursos hídricos en México es alarmante, el agua se distribuye de manera desigual por geografía, temporada y población. Tan sólo 7 de cada 10 mexicanos cuentan con agua potable y más de 40 millones no cuentan con un sistema de drenaje. Persiste una cobertura insuficiente de los servicios de agua potable y la demanda crece a una mayor velocidad de la observada cuando se llevaron a cabo las construcciones de las obras de infraestructura.

Actualmente en las zonas urbanas aproximadamente 12 millones de personas carecen de agua potable y 20 no tienen servicio de drenaje. Agréguese a este panorama que la calidad del agua es deficiente y el suministro irregular; también los niveles de contaminación están inadecuadamente controlados. 38.5 por ciento de la población infantil en México, es decir 14.6 millones de niños y niñas, no cuenta con servicio de agua potable dentro de su vivienda. Cerca de 75 por ciento de la mortalidad infantil de menores de cinco años en México se relaciona con enfermedades gastrointestinales, la mayoría de las cuales es provocada por la mala calidad del agua utilizada para beber. México se encuentra entre los últimos por el índice de calidad de agua potable, ya que ocupa el lugar 106 entre 122 países, apenas por encima de Marruecos e Indonesia. Como se puede inferir de la información anterior, en el país persiste un grave problema tanto legal como institucional, respecto al suministro y a la calidad del agua.

Es por todo lo anterior que salta a la vista la necesidad de la incorporación del derecho al agua como parte de las garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No se puede garantizar una protección integral del derecho a la vida digna y otros que lo complementan si no se atiende a las condiciones fundamentales que lo componen. Resulta imposible pensar en la inviolabilidad del domicilio si en él no hay acceso al agua potable. No es posible tener una buena alimentación si el agua que se consume no es segura para el consumo humano. No es exigible el derecho a la salud si no se ha resuelto el problema de abastecimiento de recursos hídricos a los núcleos poblacionales. Es impensable gozar plenamente del derecho a la vida si no se tienen los insumos fundamentales que lo componen, como lo son el derecho a la salud, la alimentación y el agua.

Así, es evidente la importancia del tema y la necesidad de comenzar a valorarlo como parte de la temática de los derechos fundamentales. El acceso a los recursos hídricos implica una realidad apremiante para millones de personas en México. Cualquier teoría de los derechos fundamentales que busque ser realista e inclusiva, con miras a lograr una verdadera protección integral del derecho a la vida digna, debe tomar en cuenta la problemática tan ardua que se genera alrededor del tema del agua.

En virtud de esto, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentamos esta iniciativa con el objetivo de incorporar el acceso al agua como una garantía constitucional en nuestra Carta Magna y retomando los preceptos esgrimidos por nuestro grupo parlamentario en pasadas legislaturas.

Con ello, estaremos otorgando la certeza que requiere el cuidado y conservación del recurso; y cumpliendo con el mandato previsto en la meta 10 del objetivo número 7 de la Declaración del Milenio, que establece la necesidad de “reducir a la mitad, para el año 2015, la proporción de personas que carecen de acceso sostenible al agua potable”.

Por lo expuesto, el que suscribe, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo quinto al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adiciona un párrafo quinto al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos recorriéndose los subsiguientes, para quedar como sigue.

Artículo 4. ...

Toda persona tiene derecho a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.

...

Notas:

1 Órgano especializado encargado de vigilar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y facultado por la Organización de las Naciones Unidas para realizar la interpretación autorizada.

Dado en la sede del Congreso de la Unión, a 2 de marzo de 2010.— Diputado Carlos Samuel Moreno Terán (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se pospone la participación del señor diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI.

Le pido a la Secretaría dar cuenta del documento enviado por el diputado José César Nava Vázquez.

DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito licencia para separarme de mi encargo como diputado federal, a partir del 2 de marzo y hasta el 5 de julio del presente año.

Lo hago de su conocimiento para los efectos a que haya lugar, con el propósito de que se realicen todos los trámites conducentes.

Sin más por el momento, agradezco su atención a esta misiva y le reitero mi consideración más distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2010.— Diputado César Nava Vázquez.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En consecuencia, pido a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo.

Primero. Se concede licencia al diputado José César Nava Vázquez para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el distrito XV del Distrito Federal, del 2 de marzo al 5 de julio del presente año.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese.

El siguiente punto del orden del día son proposiciones... Diputado Martel, dígame.

El diputad José Ramón Martel López (desde la curul): Le pediríamos que se verificara una vez más la votación, y si no, que se haga nominal. Parece evidente que la Secretaría no dio cuenta de lo que ostensiblemente observamos los señores diputados. Si es así, simple y llanamente pedimos ratificación de lo que parece que observó la Secretaría. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto, señor diputado. Pido a la Secretaría que ratifique la votación. Diputado, dígame.

El diputado Camilo Ramírez Puente (desde la curul): Señor presidente, únicamente para recordarle a la asamblea que ya está tomada la votación. Ya no es sujeta nuevamente a análisis.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, está tomada la votación, pero al igual que en otras ocasiones, cuando ha habido algún punto de duda hemos repetido la votación para que no quede duda alguna en el pleno.

Tiene usted razón en lo que dice, pero también hemos repetido el procedimiento en otras ocasiones para que no quede duda. Diputado Escudero, dígame.

El diputadoPablo Escudero Morales (desde la curul): Presidente, solicitarle que la votación sea nominal toda vez que hay más de cinco diputados que lo estamos solicitando. Ya está el oficio circulándose para pedir que sea nominal. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Proceda la Secretaría a levantar de nueva cuenta la votación económica. Diputado, dígame.

El diputado Ricardo Sánchez Gálvez (desde la curul): Señor presidente, apoyo la moción del diputado de que la votación sea nominal.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Ante todo, no tengo ninguna solicitud por escrito en los términos planteados por el Reglamento, por eso estoy instruyendo a la Secretaría proceda a la votación.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica, las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, no hay claridad en la votación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Me dice la Secretaría que no hay claridad en la votación. En tales condiciones, esta Presidencia decide tomarla de votación nominal. Le pido a la Secretaría abra el sistema electrónico para la misma, por cinco minutos.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento. Ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos.

(Votación)

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Dígame, diputado Pérez Cuevas.

El diputadoCarlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Presidente, para efecto de pedirle que en el ámbito de sus atribuciones pueda ampliar el tiempo para la votación. Yo le pediría a la generación del no, que nos deje hacer propuestas en beneficio del sí. La ampliación, presidente, es en razón de que en este momento se están desahogando trabajos en comisiones y, por tanto, habría que hacer el llamado respectivo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Esta Presidencia determinó el tiempo correspondiente, diputado, para efectos de poder levantar la votación. Todas y todos aquellos diputados que estén en comisiones deben venir de manera inmediata a rendir su voto, para efectos de que quede plasmada su voluntad.

Le pido a la Secretaría informe a esta Presidencia el resultado de la votación.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Sigue abierto el sistema electrónico.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pídales a aquellos diputados que no han votado lo hagan de viva voz, a efecto de recibir la votación.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Los diputados que no han votado, por favor, de viva voz.

La diputada María Joann Novoa Mossberger (desde la curul): A favor.

La diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Arturo Vega de la Madrid (desde la curul): A favor.

El diputado Ignacio Téllez González (desde la curul): A favor.

La diputada Paz Gutiérrez Cortina (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Vamos por orden. Les pediría a los diputados, de derecha a izquierda.

El diputado César Octavio Pedroza Gaitán (desde la curul): A favor.

El diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Huerta Montero (desde la curul): A favor.

El diputado Nazario Herrera Ortega (desde la curul): A favor.

El diputado Teófilo Manuel García Corpus (desde la curul): En contra.

La diputada María de Lourdes Reynoso Fermat (desde la curul): A favor.

La diputada Cristabell Zamora Cabrera (desde la curul): En contra.

La diputada Violeta Avilés Álvarez (desde la curul): En contra.

La diputada Laura Margarita Suárez González (desde la curul): A favor.

El diputado Óscar Javier Lara Aréchiga (desde la curul): En contra.

El diputado Héctor Guevara Rodríguez (desde la curul): En contra.

El diputado Rodrigo Reina Liceaga (desde la curul): En contra.

La diputada Josefina Eugenia Vázquez Mota (desde la curul): A favor.

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (desde la curul): En contra.

El diputado Raúl Domínguez Rex (desde la curul): En contra.

El diputado Luis Félix Rodríguez Sosa (desde la curul): En contra.

El diputado Manuel Humberto Cota Jiménez (desde la curul): En contra.

La diputada Daniela Nadal Riquelme (desde la curul): En contra.

El diputado Armando Jesús Báez Pinal (desde la curul): En contra.

El diputado Manuel Cadena Morales (desde la curul): En contra.

El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal (desde la curul): En contra.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Está en abstención; se va en contra. Diputado Riquelme.

El diputado Miguel Ángel Riquelme Solís (desde la curul): En contra.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega (desde la curul): En contra.

El diputado Gerardo Leyva Hernández (desde la curul): A favor.

La diputada María Dina Herrera Soto (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Hernández Cruz (desde la curul): A favor.

El diputado Nazario Norberto Sánchez (desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Jaime Correa (desde la curul): A favor.

El diputado Mario Moreno Arcos (desde la curul): En contra.

El diputado Reginaldo Rivera de la Torre (desde la curul): En contra.

El diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (desde la curul): En contra.

El diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández (desde la curul): En contra.

El diputado José M. Torres Robledo (desde la curul): En contra.

El diputado José Narro Céspedes (desde la curul): En contra.

El diputado Avelino Méndez Rangel (desde la curul): En contra.

La diputada Lizbeth García Coronado (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Felipe Eguía Pérez (desde la curul): En contra.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): A favor.

El diputado Domingo Rodríguez Martell (desde la curul): Quiero corregir el sentido de mi voto para dejarlo en contra, diputada.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En contra, diputado.

Diputada Mary Telma Guajardo.

La diputada Mary Telma Guajardo Villarrea l (desde la curul): En contra.

El diputado Cuauhtémoc Salgado Romero (desde la curul): En contra.

El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: A favor, el diputado Lozano, ¿verdad?

El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera (desde la curul): Sí, a favor.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Gracias. Diputado Eduardo Zarzosa.

El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez (desde la curul): En contra.

El diputado Felipe Borja Texocotitla (desde la curul): En contra.

El diputado Héctor Eduardo Velasco Monroy (desde la curul): En contra.

La diputada Ivideliza Reyes Hernández (desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Cruz Mendoza (desde la curul): En contra.

El diputado César Mancillas Amador (desde la curul): A favor.

El diputado Pedro Jiménez León (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: ¿Falta algún otro diputado o diputada por dar a conocer su votación?

El diputado José Luis Velasco Lino (desde la curul): En contra.

La diputada Rosalina Mazari Espín (desde la curul): En contra.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Señor presidente, el resultado de la votación es 215 en contra, 142 a favor, 11 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En virtud del resultado dado a conocer por la Secretaría no se aprueba la solicitud de licencia.

El siguiente punto del orden del día son proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno. Proceda la Secretaría a darnos cuenta de ellos.

PETROLEOS MEXICANOS

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con la que remite informe complementario relativo a la modificación de las disposiciones administrativas de contratación en materia de adquisiciones, arrendamiento, obras y servicio de las actividades sustantivas de carácter productivo de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios por el Consejo de Administración de esa dependencia en su sesión extraordinaria del 25 de febrero pasado

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se dirige respetuosamente a esta soberanía a efecto de informar lo siguiente:

Primero. Que el pasado jueves 18 de febrero esta Junta de Coordinación Política remitió al Pleno de esta Cámara de Diputados el acuerdo que contenía el informe detallado sobre el proceso de análisis y despacho de la proposición con punto de acuerdo presentada el 4 de febrero anterior por el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en la que se solicitaba que el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que presentara en tiempo y forma controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de las disposiciones administrativas de contratación en materia de adquisiciones, arrendamiento, obras y servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios, publicada el día 6 de enero de 2010 en el Diario Oficial de la Federación;

Segundo. Que en dicho informe se hizo constar que para atender la preocupación del promovente respecto de la supuesta inconstitucionalidad de las disposiciones administrativas ya referidas, los grupos parlamentarios acordaron dirigirse a la Dirección General de Pemex a efecto de valorar la posibilidad de someter a la consideración de su Consejo de Administración la modificación de las disposiciones administrativas ya referidas, a efecto de que en estas se suprimiera todo elemento susceptible de ser interpretado como controvertible constitucionalmente, desapareciendo, por tanto, las causales de inconstitucionalidad invocadas y planteadas por el diputado Cárdenas Gracia;

Tercero. Que como resultado de lo anterior, el 18 de febrero pasado, en el marco de su octava sesión extraordinaria, el Comité de Adquisiciones Arrendamientos, Obras y Servicios de Pemex, aceptó hacer los cambios solicitados por la Cámara de Diputados a efecto de suprimir de manera clara y definitiva cualquier disposición que pudiera interpretarse como contraria a disposiciones constitucionales en las disposiciones administrativas ya señaladas, anunciando que serían sometidas, para su ratificación, ante el Consejo de Administración de la misma dependencia;

Cuarto. Que en cumplimiento de los compromisos y acuerdos establecidos en el marco de lo señalado en el párrafo anterior, el 25 de febrero pasado el Consejo de Administración de Pemex celebró su sesión 809 extraordinaria en la cual emitió las reformas, adiciones y derogaciones a las disposiciones administrativas de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, a efecto de precisar lo necesario para que en estas se suprimieran los elementos que pudieran ser interpretados como inconstitucionales;

Quinto. Que en relación con lo anterior, esta Junta de Coordinación Política considera que se atendieron de manera clara, oportuna y definitiva, las preocupaciones planteadas por el diputado Cárdenas Gracias y otros diputados en relación con la materia de su punto de acuerdo presentado el 4 de febrero pasado.

Por lo anterior, se considera el asunto como definitivamente concluido y se instruye que el expediente se archive de manera definitiva.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2010.— Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica en contra), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Reyes Tamez Guerra (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De enterado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia ( desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Cárdenas Gracia, dígame.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente, si está de acuerdo en que hable mi coordinador, y yo también, quiero hacer algunas manifestaciones.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le estoy dando la palabra a usted, usted no se la puede dar a otro. Así que, ¿la usa o no la usa, diputado?

El diputadoJaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Considero que ante este acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en donde mi coordinador parlamentario, el diputado Pedro Vázquez, votó en contra y porque no estamos satisfechos con las modificaciones que realizó el Consejo de Administración de Pemex a esas disposiciones administrativas.

El punto debe ser sometido a discusión, a debate y a votación. No consideramos que se trate de un asunto concluido porque las modificaciones que en su momento se publiquen en el Diario Oficial de la Federación pueden ser impugnadas a través de una controversia constitucional.

El asunto no puede estar como suficientemente concluido porque en esa reforma que hizo el Consejo de Administración todavía pueden caber recursos jurídicos, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto, se le tienen por hechas sus manifestaciones, diputado. Nada más le comento que éste es un informe complementario del informe que se presentó. En la sesión anterior se hicieron los posicionamientos de todos los grupos parlamentarios, incluyendo el suyo.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Fernández Noroña, dígame usted.

El diputadoJosé Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Quiero que quede constancia en el acta de la sesión de nuestra inconformidad frente al informe presentado.

Primero. La Cámara de Diputados no le hizo señalamientos a Petróleos Mexicanos. No hubo un proceso de discusión aquí, donde fuera acordado qué puntos se modificarán del reglamento. Así es que no sólo es inexacto sino es absolutamente fuera de verdad que la Cámara le haya hecho planteamientos a la administración de Petróleos Mexicanos, como lo asevera la Junta de Coordinación Política.

Segundo. Están vivos los agravios en materia de controversia constitucional; siguen los contratos incentivados, sigue el desmantelamiento de Petróleos Mexicanos y la entrada del capital privado, que es un eufemismo para encubrir a las transnacionales del petróleo.

A este tema, que como bien lo comenta, diputado presidente, fue ampliamente abordado en la tribuna, se pretende darle un carpetazo como si el asunto hubiera concluido de manera correcta, yendo al fondo del asunto, con lo cual nosotros discrepamos de manera tajante y clara.

Por esta razón pedimos que anexos al documento que se ha presentado estén los argumentos que estamos dando y que son reclamaciones muy serias al remate del patrimonio nacional por parte del gobierno de facto que encabeza en este momento Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Queda en el acta constancia de su intervención, diputado.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Di Costanzo.

El diputadoMario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Pedirle que el asunto no se dé por concluido. Tengo en mis manos un oficio de Pemex girado a los responsables, en donde le solicitan sujetarse a las bases publicadas el 6 de enero.

Creo que no podemos dar ese asunto por concluido, no hasta que en el último de los casos se haya publicado este asunto en el Diario Oficial de la Federación. Aquí está.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Este informe complementario es acerca de lo planteado con toda oportunidad. Si usted considera que hay otros elementos, tendrán que hacerse nuevos planteamientos para que se entre al estudio del nuevo planteamiento que se realice.

El diputado Pedro Vázquez González (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, dígame. Diputado Vázquez, dígame.

El diputadoPedro Vázquez González (desde la curul): Presidente, solamente para que instruya al secretario y manifieste el sentido del voto de los coordinadores, para que quede perfectamente claro que el suscrito votó en contra de ese acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Yo se lo comento, con mucho gusto. Efectivamente, aquí aparece, usted vota en contra y lo está firmando.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputada, dígame.

La diputadaLaura Itzel Castillo Juárez (desde la curul): Diputado presidente, solicito que se lleve a cabo la votación. No es posible que se considere que fue un acuerdo consensuado y simplemente como un trámite más. Que se le dé lectura aquí. Cuando hay denuncias, como la que acaba de hacer el compañero Mario di Costanzo, en el sentido de que Pemex ha estado girando ya oficios para que realmente trabajen ya directamente conforme a las nuevas disposiciones para la contratación.

Solicito aquí, atentamente, que se lleve a cabo la votación con relación a ese documento, ya que no es un documento que haya sido consensuado y que me parece que es muy grave para el futuro de nuestra nación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con todo respeto, diputada, no procede ninguna votación. Es un informe complementario, el cual ya fue planteado en la tribuna y fueron planteados los puntos de acuerdo por los grupos parlamentarios.

Continúe la Secretaría.

REPUBLICA DE CHILE

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para expresar la solidaridad fraternal con nuestros hermanos de la República de Chile, en estas horas de dolor, desolación, incertidumbre y desesperanza

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presenta el diputado Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por lo que se somete a la consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Gobierno federal a tomar las medidas pertinentes a efecto de poder enviar de inmediato a la República de Chile alimentos, medicinas y equipos adiestrados en la búsqueda de supervivientes, para auxiliar y ayudar a mitigar las necesidades de la población civil de ese país, en estos momentos en que nos debemos manifestar fraternal y solidariamente con nuestros hermanos chilenos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2010.— Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En votación económica pregunte usted a la asamblea si se aprueba.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Aprobado.

Continúe con los oficios enviados por la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE GUERRERO

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, una vez emitida la declaratoria de emergencia, a agilizar por parte de la SHCP la liberación inmediata de los recursos del Fondo de Desastres Naturales, a fin de atender a la población damnificada por las inundaciones en 30 municipios de Guerrero

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presenta el diputada Ana Luz Lobato Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por lo que se somete a la consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que una vez emitida la declaratoria de emergencia se agilice por parte de la SHCP la liberación inmediata de los recursos del Fondo de Desastres Naturales, a fin de atender a la población damnificada por las inundaciones en 30 municipios del estado de Guerrero.

Segundo. Se solicita a la Sedesol, a la SCT y a la Secretaria de Salud que en coordinación con el gobierno municipal y estatal facilite la entrega inmediata y transparente de los recursos necesarios para la rehabilitación de los caminos afectados y daños en 30 municipios del estado; asimismo, que se cuente con los recursos necesarios para tomar las mediadas necesarias para evitar un problema de salud publica en la región.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2010.— Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese.

Continúe con el cuarto acuerdo de la Junta de Coordinación Política que fue enviado.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se crea un grupo plural de trabajo para dar seguimiento a la problemática causada en la región de Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, por la operación de la Minera San Xavier

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y

Considerando

I. Que el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara de Diputados y el órgano en que se impulsan entendimientos y convergencias políticas a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden;

II. Que el artículo 34, numeral 1, inciso b), del citado ordenamiento establece que la Junta de Coordinación Política tiene la atribución de presentar a la Mesa Directiva y al Pleno proyectos de acuerdo;

III. Que a este órgano de gobierno le fue turnada por la Mesa Directiva la proposición con punto de acuerdo relativo al caso de la Minera San Xavier en el estado de San Luis Potosí, presentado por el Diputado Domingo Rodríguez Martell, del Grupo Parlamentario del PRD, en nombre de legisladores de diversos grupos parlamentarios;

IV. Que en dicha proposición los legisladores exponen la problemática causada en la región del Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, debido a la operación de la Minera San Xavier, mina a tajo de cielo abierto y lixiviación explotada a base de enormes cantidades de cianuro y la utilización de 25 toneladas diarias de explosivos, cuya actividad ha generado impactos ambientales, económicos y sociales en esa región, clasificada como zona de alta marginación;

V. Que los legisladores promoventes manifiestan el interés por atender las problemáticas que han afectado la zona y el poblado del Cerro de San Pedro para aprovechar sus capacidades naturales y convertirlo en un polo de desarrollo turístico sustentable, alentando y verificando la implementación de programas de rehabilitación, con apoyos económicos que puedan generar un desarrollo en armonía con la vocación natural de la zona considerada por decreto, zona de monumentos, lo cual no sólo beneficiaría a la economía, sino a las finanzas públicas municipales y estatales;

VI. Que en virtud del interés y las preocupaciones manifestadas por los promoventes, la Junta de Coordinación Política, en el ámbito de sus atribuciones, ha considerado necesario proponer al Pleno la conformación de un grupo plural para que recabe información, analice la problemática y en su caso a las dependencias y órdenes de gobierno concurrentes en la problemática jurídica, social, política y del patrimonio cultural en que se encuentra dicha localidad y se propongan acciones inmediatas para mejorar la situación existente en relación con los acontecimientos multicitados;

Y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión crea un grupo plural de trabajo para dar seguimiento a la problemática causada en la región de Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, por la operación de la Minera San Xavier.

Segundo. El grupo plural de trabajo estará integrado un total de nueve diputados, correspondiendo uno a cada grupo parlamentario con representación en esta Cámara, a los que se agregarán los Presidentes de la Comisiones de Economía y de Energía, quedando de la siguiente manera:

Tercero. La coordinación del grupo de trabajo será rotatoria y corresponderá al Grupo Parlamentario que presida la Junta de Coordinación Política.

Los cambios de integrantes de este grupo de trabajo deberán ser comunicadas por los grupos parlamentarios a la Junta de Coordinación Política.

Cuarto. Para el cumplimiento de su objetivo, este grupo plural podrá allegarse de la información que considere pertinente, y sus integrantes podrán reunirse, cuando lo estimen necesario, con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción, de conformidad al marco normativo aplicable.

Igualmente, podrán solicitar y recibir los archivos de legislaturas anteriores que existan sobre la materia de trabajo que deban atender.

Quinto. Las labores del grupo de trabajo concluirán en el momento en que a consideración de sus integrantes se hayan atendido de manera clara y suficiente los asuntos a los que darán seguimiento, debiendo presentar informes bimestrales de sus trabajos y actividades al Pleno de la Cámara de Diputados, o en su caso, ante la Comisión Permanente.

Sexto. El grupo de trabajo no contará con recursos técnicos, administrativos o financieros para el desarrollo de sus actividades.

Transitorio

Único. Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2010.— Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pregunte a la asamblea en votación económica si se aprueba.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: En votación económica pregunto si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado.

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El siguiente punto del orden del día son dictámenes de primera lectura.

En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, le pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, mediante el “Acuerdo de la Mesa Directiva relativo a los dictámenes de proyectos de ley o decreto y de proposiciones con punto de acuerdo que quedaron pendientes de resolver por el peno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura”, publicado en la Gaceta Parlamentaria el pasado 18 de septiembre de 2009, le fue turnada para su estudio y dictamen la “iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable”, presentada por el diputado Miguel Ángel Peña Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 30 de abril de 2009.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Desarrollo Rural somete a la consideración de sus integrantes, el presente dictamen el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha 30 de abril de 2009, el diputado Miguel Ángel Peña Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

II. En la misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Desarrollo Rural para su estudio y dictamen.

Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa sostiene que uno de los principales mecanismos para fomentar la organización y beneficiarse de un valor agregado de las materias primas consiste en la articulación de cadenas productivas.

No obstante, el diputado proponente señala que, en el sector rural, el reto no consiste solamente en organizar a los productores dentro de la dinámica de las cadenas productivas, sino además que puedan acceder al modelo actual y que esto les permita ser más competitivos y obtener mayores beneficios del valor agregado con los productos finales a partir del proceso de transformación y comercialización. Sostiene, además, que el acceso a la tecnología y al crédito permitirá incrementar los niveles de producción y productividad en el medio rural.

Bajo esta perspectiva, el diputado proponente señala como necesaria la aplicación de los recursos públicos para el fomento del desarrollo rural teniendo en cuenta una visión integradora de los procesos productivos, de tal manera que la generación de valor agregado vaya permitiendo la capitalización de los productores para que logren su autosuficiencia productiva y financiera.

Por tal razón, esta iniciativa tiene por objeto que se homologue el concepto de cadenas productivas en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable además de reforzar el acompañamiento institucional que actualmente contempla esta Ley para incluir el financiamiento de los proyectos que se organicen en cadenas productivas y que detonen el desa-rrollo rural sustentable a nivel local, regional o federal.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de ésta comisión formulamos las siguientes

Consideraciones

Primera. La Comisión de Desarrollo Rural, en su calidad de comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos expuestos en la iniciativa citada con el objeto de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Segunda. Esta comisión dictaminadora coincide con los argumentos planteados por el legislador dentro de su exposición de motivos en los que establece que en un país en desarrollo como México, estimular o fomentar la organización económica a través de cadenas productivas permitiría incidir como instrumento de cambio de la realidad del país, toda vez que uno de los principales problemas de las actividades productivas es que se enfrentan a la fragmentación y dispersión del capital, lo cual provoca que se encarezca el crédito cuando éste se entrega de manera individual.

Tercera. El gobierno federal reconoce en el Plan Nacional de Desarrollo que se requiere garantizar el abasto de alimentos sanos a través del fomento a la producción de cultivos y productos básicos para la alimentación de los mexicanos, así como fortalecer su comercialización mediante la promoción y ordenamiento de los mercados; asimismo, se requiere diseñar esquemas de financiamiento diferenciados, tomando en consideración el nivel de desarrollo y capitalización de los productores con plazos, tasas y tipos de garantías preferenciales y flexibles.

Cuarta. De conformidad con lo establecido en el artículo 3o., fracción XXXI, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la definición legal de sistema-producto refiere al conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos de productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos productivos, recursos financieros, la producción primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización, definición dentro de la cual a manera enunciativa y no limitativa se encuentra referidas las cadenas productivas.

Quinta. Desde el punto de vista legislativo, si bien es cierto que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable reconoce la importancia de la articulación de las cadenas productivas, resulta necesario eliminar las denominaciones que puedan generar ambigüedad en el concepto, toda vez que la ley las menciona invariablemente como cadenas productivas, cadenas de producción, cadenas de producción-consumo, cadenas alimentarias, cadenas de alimentos, cadenas de agroalimentos, cadenas de producción y mercado o cadenas productivas y de poscosecha, lo cual genera sobre un mismo concepto una connotación distinta en todos los casos si realizáramos una interpretación literal de la ley, tal como lo señala el legislador proponente.

Asimismo, esta comisión dictaminadora considera conveniente integrar la definición de cadenas productivas a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, por lo que se propone adicionar una fracción VII, recorriéndose las demás, al artículo 3 para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. a VI. ...

VII. Cadenas productivas. Todas las etapas comprendidas en la siembra, cosecha, transformación, distribución y comercialización de un bien o servicio hasta su consumo final.

VIII. a XXXIII. ...

Sexta. Por otra parte, dado que el acompañamiento institucional es una de las características de la integración de las cadenas productivas, esta comisión dictaminadora coincide con la intención del diputado proponente de reforzar el respaldo institucional que actualmente existe en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para incluir el financiamiento de los proyectos que se organicen en cadenas productivas y que detonen el desarrollo rural sustentable a nivel local, regional o federal.

Séptima. Por último, aun cuando esta comisión dictaminadora comparte la inquietud del promovente de adicionar una fracción V al artículo 121 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, considera conveniente modificar los términos de la redacción con la finalidad de clarificar que el acompañamiento financiero e institucional al que se hace referencia se llevará a cabo a través de los programas con los que cuenta la secretaría, por lo que no implicaría una propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos y, por lo tanto, no generaría impacto presupuestal en términos de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La redacción propuesta es la siguiente:

Artículo 121.

...

V. Apoyar financiera e institucionalmente, a través de los programas con los que cuente la Secretaría para ese efecto, los proyectos articulados en cadenas productivas con capacidad de atraer, organizar o mejorar el desarrollo rural sustentable a nivel local, regional o federal en el territorio nacional.

En mérito de lo expuesto con base en las consideraciones anteriores y el análisis de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, manifestamos nuestra aprobación y sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Artículo Único. Se reforman los artículos 116, segundo párrafo; 143, primer párrafo; 144, fracción IV; 182; 183, fracciones III y VI; y 185, fracción IV; se adicionan los artículos 3o., con una fracción VII, recorriéndose en su orden las demás fracciones y 121, con una fracción V de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. a VI. ...

VII. Cadenas productivas. Todas las etapas comprendidas en la siembra, cosecha, transformación, distribución y comercialización de un bien o servicio hasta su consumo final.

VIII. a XXXIII. ...

Artículo 116. ...

Tendrán preferencia los pequeños productores y agentes económicos con bajos ingresos, las zonas del país con menor desarrollo económico y social, los proyectos productivos rentables, los que sean altamente generadores de empleoo que se encuentren organizadas en cadenas productivas , así como la integración y fortalecimiento de la banca social. Serán reconocidas como parte de la banca social, todas aquellas instituciones financieras no públicas que, sin fines de lucro, busquen satisfacer las necesidades de servicios financieros de los agentes de la sociedad rural, en los términos de la legislación aplicable.

...

Artículo 121. ...

I. y II. ...

III. Canalizar apoyos económicos para desarrollar el capital humano y social de los organismos de los productores que conformen esquemas de financiamiento complementarios de la cobertura del sistema financiero institucional;

IV. Normar y facilitar a los productores el uso financiero de los instrumentos de apoyo directo al ingreso, la productividad y la comercialización, para complementar los procesos de capitalización; y

V. Apoyar financiera e institucionalmente, a través de los programas con los que cuente la Secretaría para ese efecto, los proyectos articulados en cadenas productivas con capacidad de atraer, organizar o mejorar el desarrollo rural sustentable a nivel local, regional o federal en el territorio nacional.

Artículo 143. El gobierno federal, mediante mecanismos de coordinación, con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, promoverá y fomentará el desa-rrollo del capital social en el medio rural a partir del impulso a la asociación y la organización económica y social de los productores y demás agentes de la sociedad rural, quienes tendrán el derecho de asociarse libre, voluntaria y democráticamente, procurando la promoción y articulaciónde las cadenas productivas para lograr una vinculación eficiente y equitativa entre los agentes del desarrollo rural sustentable. Lo anterior, dando prioridad a los sectores de población más débiles económica y socialmente y a sus organizaciones, a través de:

I. a VII. ...

Artículo 144. ...

I. a III. ...

IV. La promoción y articulación de lascadenas productivas , para lograr una vinculación eficiente y equitativa de la producción entre los agentes económicos participantes en ellas;

V. a IX. ...

Artículo 182. Las acciones para la soberanía y la seguridad alimentaria deberán abarcar a todos los productores y agentes intervinientes, impulsando la integración de lascadenas productivas .

Artículo 183. ...

I. y II. ...

III. La definición de acciones de capacitación y asistencia técnica, y el impulso a proyectos de investigación en lascadenas productivas ;

IV. y V. ...

VI. La elaboración y difusión de guías sobre prácticas sustentables en las diferentes etapas de lascadenas productivas ;

VII. y VIII. ...

Artículo 185. ...

I. a III. ...

IV. Asesorar jurídicamente a los participantes en los Sistema-Producto, en las actividades propias del comercio y resolver a solicitud de las partes las controversias que se susciten como resultado de las transacciones celebradas a lo largo de lascadenas productivas .

V. y VI. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en elDiario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de enero de 2010.

La Comisión de Desarrollo Rural, diputados: Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (rúbrica), presidente; Guillermina Casique Vences (rúbrica), Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, María Esther Terán Velázquez (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Federico Ovalle Vaquera (rúbrica), Martín Enrique Castillo Ruz (rúbrica), Julio Saldaña Morán (rúbrica), Alfonso Jesús Martínez Alcázar (rúbrica), secretarios; Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Luis Félix Rodríguez Sosa, Guadalupe Pérez Domínguez (rúbrica), Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Sabino Bautista Concepción (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez, Rubén Arellano Rodríguez, Alba Leonila Méndez Herrera, Fermín Montes Cavazos (rúbrica), Rolando Zubia Rivera (rúbrica), Alberto Esquer Gutiérrez, Arturo Ramírez Bucio (rúbrica), Avelino Méndez Rangel, Emiliano Velázquez Esquivel, Norma Leticia Orozco Torres,. Sergio Ernesto Gutiérrez Villanueva, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Israel Madrigal Ceja.»

Es de primera lectura.

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 y adiciona el 33, 43 y 44 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, mediante el acuerdo de la Mesa Directiva relativo a los dictámenes de proyectos de ley o decreto y de proposiciones con punto de acuerdo que quedaron pendientes de resolver por el pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, publicado en la Gaceta Parlamentaria el 18 de septiembre de 2009, fue turnada para estudio y dictamen la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentada por el diputado Ramón Barajas López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 28 de abril de 2009.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de De-sarrollo Rural somete a consideración de sus integrantes el presente dictamen, el cual se realiza conforme a los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha 28 de abril de 2009, el diputado Ramón Barajas López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

II. En la misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Desarrollo Rural para estudio y dictamen.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa se sustenta en el hecho de que el acceso y uso de nuevas tecnologías de información y comunicación por la población rural no han sido valorados, destacando que en el Título Tercero, Capítulo II, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se establecen en las fracciones I y II los sistemas nacionales de investigación y transferencia tecnológica para el desarrollo rural sustentable, y de capacitación y asistencia técnica rural integral. En el artículo 33 de la citada ley se establece que la comisión intersecretarial, con la participación del consejo mexicano, integrará la política nacional de investigación para el desarrollo rural sustentable.

Respecto al sistema nacional de capacitación y asistencia técnica rural integral, dicho ordenamiento establece que corresponde al gobierno federal desarrollar la política de capacitación. Por lo anterior, el legislador proponente considera que hay formas de establecer vínculos que redunden en beneficio de los productores rurales, haciendo efectiva la aplicación de la investigación, la capacitación y la transferencia de tecnología al sector productivo rural.

Para el diputado proponente, el fortalecimiento de la coordinación institucional, la investigación y la transferencia de tecnología deben ser asequibles para los productores rurales para conocer y, en su caso, satisfacer sus necesidades específicas en materia de desarrollo rural sustentable, permitiéndoles conocer los avances que se vayan registrando conforme a los resultados de los procesos de investigación y los adelantos tecnológicos que se vayan generando.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta comisión formulamos las siguientes

Consideraciones

Primera. La Comisión de Desarrollo Rural, en su calidad de dictaminadora, realizó el estudio y análisis de los planteamientos expuestos en la iniciativa citada, con objeto de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Segunda. La comisión dictaminadora coincide con los argumentos planteados por el legislador proponente respecto a la importancia que revisten la investigación y la transferencia de tecnología. En términos de lo previsto en el artículo 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se considera entre las acciones por establecer para incrementar la productividad y la competitividad en el ámbito rural dar impulso a la investigación y al desarrollo tecnológico agropecuario, a la apropiación tecnológica y su validación, así como la transferencia de tecnología a los productores, promoviendo la inducción de prácticas sustentables.

Tercera. Conforme a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el sistema nacional de investigación y transferencia tecnológica para el desarrollo rural sustentable se establece para impulsar la generación de investigación sobre el desarrollo rural sustentable y, en particular, el desarrollo tecnológico, su validación, transferencia y apropiación por los productores y demás agentes rurales, considerando que la investigación y la formación de recursos humanos son una inversión prioritaria para el desarrollo rural sustentable, por lo que se deberán fortalecer las instituciones públicas encargadas de la generación de dichos activos.

Cuarta. La comisión dictaminadora coincide con el legislador proponente en que resulta conveniente que la población rural cuente con los elementos indispensables para que tenga acceso a las tecnologías de la información, facilitando la capacitación en el uso de portales informáticos, toda vez que con ello se fortalecen la investigación, la capacitación y la actualización de la asistencia técnica rural integral que, para efectos productivos, satisface las necesidades cognitivas de los productores rurales respecto al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del campo.

Quinta. Desde el punto de vista legislativo, si bien es cierto que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece instancias colegiadas como los sistemas y servicios nacionales inherentes a la capacitación, asistencia técnica rural integral, investigación y transferencia de tecnología, el acceso a tecnologías de la información y de la comunicación no se considera de manera expresa en estas instancias. Por ello destaca el legislador proponente que en la actualidad tener acceso a las comunicaciones electrónicas no es una necesidad que sólo se genere en las grandes ciudades, es también una vía para que los actores productivos del sector rural se comuniquen y amplíen su interacción con el resto de la sociedad.

Sexta. La comisión dictaminadora coincide con la intención del diputado proponente de que es pertinente que la política nacional de investigación en el ámbito del desarrollo rural sustentable debe considerar el uso de las tecnologías de información y comunicación tanto para su formulación como para la difusión de avances con los diversos actores de la sociedad rural.

En mérito de lo expuesto, con base en las consideraciones anteriores y en el análisis de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados en la LXI Legislatura manifestamos nuestra aprobación y sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Artículo Único. Se reforma el artículo 37, fracción I; y se adicionan los artículos 33, con un tercer párrafo, 43, con un segundo párrafo, y 44, con una fracción VIII, recorriéndose las subsecuentes, a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 33. ...

...

La política nacional de investigación contemplará el uso de las tecnologías de información y comunicación tanto para su formulación como la difusión de avances, con los diversos actores de la sociedad rural.

Artículo 37. ...

I. Atender las necesidades en materia de ciencia y tecnología de los productores y demás agentes de las cadenas productivas agropecuarias y agroindustriales y las de carácter no agropecuario que se desarrollan en el medio rural;

II. a XVIII. ...

Artículo 43. ...

El Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral deberá considerar el uso de las tecnologías de información y comunicación para el cumplimiento de sus propósitos.

Artículo 44. ...

I. a VII. ...

VIII. Las instituciones públicas de educación que desarrollan actividades en la materia;

IX. Los organismos de educación técnica y de capacitación de la Secretaría de Educación Pública; y

X. Los mecanismos y las estructuras que se deberán establecer para este fin en los distritos de desarrollo rural.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de enero de 2010.

La Comisión de Desarrollo Rural, d iputados: Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (rúbrica), presidente; Guillermina Casique Vences (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Alfonso Jesús Martínez Alcázar (rúbrica), Federico Ovalle Vaquera, María Esther Terán Velázquez (rúbrica), Martín Enrique Castillo Ruz (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Julio Saldaña Morán (rúbrica), secretarios; Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh (rúbrica), María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Felipe Borja Texocotitla, Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Luis Félix Rodríguez Sosa, Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Guadalupe Pérez Domínguez (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez, Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Rubén Arellano Rodríguez, Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Avelino Méndez Rangel, Fermín Montes Cavazos (rúbrica), Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica), Rolando Zubía Rivera (rúbrica), Norma Leticia Orozco Torres (rúbrica), Alberto Esquer Gutiérrez, Sergio Ernesto Gutiérrez Villanueva, Arturo Ramírez Bucio (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Israel Madrigal Ceja (rúbrica).»

Es de primera lectura.

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 24 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, mediante el acuerdo de la Mesa Directiva relativo a los dictámenes de proyectos de ley o decreto y de proposiciones con punto de acuerdo que quedaron pendientes de resolver por el pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, publicado en la Gaceta Parlamentaria el pasado 18 de septiembre de 2009, fue turnada para estudio y dictamen lainiciativa que adiciona el artículo 24 Bis de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentada por el diputado Martín Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 30 de octubre de 2008.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de De-sarrollo Rural somete a consideración de sus integrantes el presente dictamen el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha 30 de octubre de 2008, el diputado Martín Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

II. En la misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Desarrollo Rural para estudio y dictamen.

Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa destaca la importancia de los factores que fortalecen el desarrollo rural sustentable, señalando que la tecnificación e intensificación del riego agrícola en el campo, así como las facilidades para acceder a mayores financiamientos para la compra de activos, como tractores y otros tipos de maquinaria, permite a los productores generar alimentos de mejor calidad que pueden ser ofertados a precios más competitivos.

El legislador proponente plantea que una de las medidas más atinadas que pudiera adoptar el gobierno federal a corto plazo consiste en hacer efectiva la planeación del desarrollo rural sustentable a mediano y largo plazos, a través de la creación de comités consultivos alimentarios, en las cadenas productivas en las que se considere necesario integración que se vería reflejada al interior de los Consejos para el Desarrollo Rural Sustentable.

Lo anterior se pretende concretar a través de la adición de un artículo 24 Bis en el contenido de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a fin de que estos comités consultivos especializados en política alimentaria y conformados por algunos miembros de los consejos, se enriquecieran con la opinión de jóvenes egresados de carreras dedicadas al aprovechamiento del campo, profesionales que con sus contribuciones apoyarían a los referidos comités en el diseño e implantación de políticas públicas en materia alimentaria, particularmente de la producción agropecuaria, considerando las características agroecológicas, económicas, sociales y culturales del estado, región o municipio de que se trate, impulsando así la producción nacional con criterios de factibilidad económica, en beneficio de productores y consumidores.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta comisión formulamos las siguientes

Consideraciones

Primera. La Comisión de Desarrollo Rural, en su calidad de comisión dictaminadora, realizó el estudio y análisis de los planteamientos expuestos en la iniciativa citada con objeto de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Segunda. Esta comisión dictaminadora coincide con los argumentos planteados por el legislador proponente en que es indispensable hacer efectiva la planeación del desarrollo rural sustentable, haciendo uso de los conocimientos actualizados en el aprovechamiento de los recursos naturales del campo mexicano, utilizando herramientas tales como la tecnificación e intensificación del riego agrícola en el campo, así como las facilidades para acceder a mayores financiamientos para la compra de activos, como tractores y otros tipos de maquinaria.

Tercera. En términos de lo establecido en el artículo 22, fracciones II, y XV de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable mediante la concertación que realice con las dependencias y entidades del sector público y con los sectores privado y social integrará el sistema y el servicio nacionales de capacitación y asistencia técnica rural integral. Por ello el gobierno federal desarrollará la política de capacitación a través del Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, atendiendo la demanda de la población rural y sus organizaciones.

Cuarta. Por otro lado, en el marco jurídico aplicable al desarrollo rural sustentable se tiene previsto que las acciones en materia de cultura, capacitación, investigación, asistencia técnica y transferencia de tecnología son fundamentales para el fomento agropecuario y el desarrollo rural sustentable y se consideran responsabilidad de los tres órdenes de gobierno y de los sectores productivos, las cuales se deberán cumplir en forma permanente y adecuada a los diferentes niveles de desarrollo y consolidación productiva y social.

Quinta. En este sentido, la comisión dictaminadora coincide con el proponente en que es importante que tanto la capacitación, como la asistencia técnica rural integral que demanda de la población rural y sus organizaciones, podrá ser atendida de manera adecuada con la creación de comités consultivos alimentarios que operen al interior de los consejos estatales, municipales y distritales, con profesionales preparados que proporcionen la información requerida para que los productores alimentarios cuenten con herramientas eficientes para hacer uso de la tecnificación de forma sustentable.

Sexta. Finalmente, en aras de enriquecer la iniciativa de referencia, el diputado Israel Madrigal Ceja expreso ante el pleno de esta comisión dictaminadora expresó la conveniencia de citar en el cuerpo del artículo 24 Bis, que también podrán incorporarse expertos de gran valía adscritos a los centros de investigación y a instituciones educativas de nivel superior, propuesta que fue aprobada por los integrantes del pleno de la Comisión de Desarrollo Rural.

Consecuentemente, la Comisión de Desarrollo Rural, por acuerdo unánime de sus integrantes, adiciona al segundo párrafo del artículo 24 Bis la redacción que compila la propuesta del diputado Israel Madrigal Ceja.

En mérito de lo expuesto, con base en las consideraciones anteriores y el análisis de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 24 Bis de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura manifestamos nuestra aprobación y sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un artículo 24 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Artículo Único. Se adiciona un artículo 24 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para quedar como sigue:

Artículo 24 Bis. Se podrán integrar, dentro de los consejos mexicano, estatales, distritales y municipales, cuando así se considere necesario, comités consultivos alimentarios, cuya finalidad será opinar al seno de los consejos mexicano, estatales, distritales y municipales en materia de producción agropecuaria, utilizando criterios de factibilidad técnica y económica, considerando principalmente las características agroecológicas, económicas, sociales y culturales del ámbito territorial en cuestión.

Podrán participar en los comités consultivos alimentarios, adicionalmente a los integrantes de los consejos mexicano, estatales, distritales y municipales, profesionistas inscritos en el padrón de prestadores de servicios del sector rural perteneciente al Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral al que hace referencia esta ley en el Capítulo Tercero del Título Tercero, en su carácter de expertos en los temas abordados por los comités consultivos alimentarios, con la finalidad de reforzar la opinión técnica que dichos comités puedan emitir en el seno de los consejos mexicano, estatales, distritales y municipales.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de enero de 2010.

La Comisión de Desarrollo Rural, diputados: Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (rúbrica), presidente; Guillermina Casique Vences (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Alfonso Jesús Martínez Alcázar (rúbrica), Federico Ovalle Vaquera, María Esther Terán Velázquez, Martín Enrique Castillo Ruz (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Julio Saldaña Morán (rúbrica), secretarios; Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh (rúbrica), María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Felipe Borja Texocotitla, Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Luis Félix Rodríguez Sosa, Sabino Bautista Concepción, Guadalupe Pérez Domínguez (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez, Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Rubén Arellano Rodríguez, Alba Méndez Herrera (rúbrica), Avelino Méndez Rangel, Fermín Montes Cavazos (rúbrica), Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica), Rolando Zubia Rivera (rúbrica), Norma Leticia Orozco Torres, Alberto Esquer Gutiérrez, Sergio Ernesto Gutiérrez Villanueva, Arturo Ramírez Bucio (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Israel Madrigal Ceja (rúbrica).»

Es de primera lectura.

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto que reforma el artículo 84 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, mediante el acuerdo de la Mesa Directiva relativo a los dictámenes de proyectos de ley o decreto y de proposiciones con punto de acuerdo que quedaron pendientes de resolver por el pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, publicado en la Gaceta Parlamentaria el 18 de septiembre de 2009, fue turnada para estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo del artículo 84 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentada por el diputado Ramón Barajas López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Desarrollo Rural somete a consideración de sus integrantes el presente dictamen, el cual se realiza conforme a los siguientes

Antecedentes

1. La iniciativa mencionada fue presentada por el diputado Ramón Barajas López, del Grupo Parlamentario del PRI, el 24 de abril de 2009 y fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de esa fecha.

2. En términos del último párrafo del artículo 94 del Reglamento para Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la iniciativa referida en el proemio del presente dictamen fue turnada por la Mesa Directiva de la LXI Legislatura a la Comisión de Desarrollo Rural como parte de los asuntos legislativos pendientes de resolución con el carácter de proyectos.

Contenido de la iniciativa

1. La iniciativa materia del presente dictamen implica la adición del tercer párrafo del artículo 84 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como a continuación se transcribe:

Artículo Único. Se reforma y adiciona un tercer párrafo al artículo 84 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 84. El gobierno federal, a través de las dependencias y entidades competentes, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y con la participación de los productores beneficiarios, promoverá el desarrollo de la electrificación y los caminos rurales y obras de conservación de suelos y agua, considerándolos como elementos básicos para el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del medio rural y de la infraestructura productiva del campo.

...

La infraestructura de comunicación deberá ser la adecuada a las condiciones geográficas y climatológicas de la zona, así como con la calidad requerida para ser usada por transporte de personas, productos, insumos y maquinaria necesarios para las tareas agrícolas, ganaderas y pecuarias, incidiendo en la producción y en las condiciones de bienestar de la población rural.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de la comisión formulamos las siguientes

Consideraciones

Primera. La Comisión de Desarrollo Rural, en su calidad de dictaminadora, realizó el estudio y análisis de los planteamientos expuestos en la iniciativa precitada, con objeto de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Segunda. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, como ordenamiento reglamentario de la fracción XX del artículo 27 constitucional, considera de interés público el desarrollo rural sustentable, que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas las acciones tendentes a la elevación de la calidad de vida de la población rural, según lo previsto en el artículo 26 de la Carta Magna, para lo cual el Estado tendrá la participación que determina este ordenamiento.

Tercera. En términos de lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la comisión intersecretarial se encargará de atender, coordinar y dar el seguimiento correspondiente a los programas sectoriales y especiales que tengan como propósito impulsar el desarrollo rural sustentable. Asimismo, será la responsable de promover y coordinar las acciones y la concertación de la asignación de responsabilidades a las dependencias y entidades federales competentes en las materias consideradas en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Cuarta. Según lo establece el artículo 36, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde formular y conducir las políticas y los programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo con las necesidades del país. Asimismo, conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es una de las dependencias integrantes de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable.

Quinta. Como expone el legislador proponente, en el campo mexicano hay una notable demanda de vías de comunicación eficientemente acondicionadas, las que optimizarían el transporte de personas y productos resultado de las actividades económicas del sector rural, facilitando el acceso de insumos, materias primas, equipos y maquinaria para las tareas productivas, incrementando el bienestar de la población que vive en el campo y, con ello, propiciando una efectiva calidad de vida a ese sector de la población.

Sexta. En consecuencia, de aprobarse la adición propuesta en la iniciativa de referencia, al establecer que la infraestructura de comunicación deberá tomar en cuenta las condiciones geográficas y climáticas de cada zona, así como con la calidad requerida para ser usada por transporte de personas, productos, insumos y maquinaria necesarias para las tareas agrícolas, ganaderas y pecuarias, se estarían haciendo efectivas las acciones tendentes a la elevar de la calidad de vida de la población rural, de conformidad con la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política y con el objeto de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Conclusiones

Primera. En virtud de lo anterior y una vez que la comisión dictaminadora ha entrado en el análisis del fondo del asunto, valorando los argumentos que sustentan la adición propuesta en la iniciativa, se determina que la propuesta legislativa es jurídicamente procedente.

Segunda. Consecuentemente, la Comisión de Desarrollo Rural considera que es procedente aprobar la iniciativa materia de este dictamen, por resultar congruente con lo establecido por la fracción XX del artículo 27 constitucional y con el objeto que persigue la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, por lo que respecta a elevar la calidad de vida de la población rural.

En mérito de lo expuesto, y con base en las consideraciones anteriores y en el análisis de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 84 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su primer párrafo, y se adiciona al mismo artículo 84 un párrafo tercero, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura manifestamos nuestra aprobación y sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 84 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo y se adiciona un tercer párrafo al artículo 84 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 84. El gobierno federal, a través de las dependencias y entidades competentes, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y con la participación de los productores beneficiarios , promoverá el desarrollo de la electrificación y los caminos rurales y obras de conservación de suelos y agua, considerándolos elementos básicos para el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del medio rural y de la infraestructura productiva del campo.

...

La infraestructura de comunicación rural deberá ser la adecuada a las condiciones geográficas y climáticas de la zona, así como con la calidad requerida para ser usada por transporte de personas, productos, insumos y maquinaria necesarios para las tareas agrícolas y pecuarias, incidiendo en la producción y en las condiciones de bienestar de la población rural.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2009.

La Comisión de Desarrollo Rural, diputados: Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (rúbrica), presidente; Guillermina Casique Vences (rúbrica), Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh (rúbrica), María Esther Terán Velázquez (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Federico Ovalle Vaquera (rúbrica), Martín Enrique Castillo Ruz (rúbrica), Julio Saldaña Morán (rúbrica), Alfonso Jesús Martínez Alcázar (rúbrica), secretarios; Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Luis Félix Rodríguez Sosa, Guadalupe Pérez Domínguez, Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), María Hilaria Domínguez Arvizu, Francisco Alberto Jiménez Merino, Sabino Bautista Concepción, José Erandi Bermúdez Méndez, Rubén Arellano Rodríguez (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Fermín Montes Cavazos, Rolando Zubía Rivera, Alberto Esquer Gutiérrez (rúbrica), Arturo Ramírez Bucio (rúbrica), Avelino Méndez Rangel, Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica), Norma Leticia Orozco Torres, Sergio Ernesto Gutiérrez Villanueva, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Israel Madrigal Ceja (rúbrica).»

Es de primera lectura.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Continuamos con el orden del día, manifestándoles primeramente, señoras diputados y señores diputados, que les damos la más cordial bienvenida a los profesores, padres de familia y alumnos de la primaria Justo Sierra, del municipio de Puente de Ixtla, del estado de Morelos, invitados por la diputada Rosalina Mazari Espín.

Asimismo, se encuentran entre nosotros invitados especiales de Ecatepec, y alumnos del telebachillerato del estado de Veracruz, invitados por los diputados Martín Vázquez Pérez y Fabiola Vázquez Saut. Sean todos ustedes bienvenidos.

LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LA FEDERACION

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los párrafos primero y segundo del artículo 16 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma el primero y segundo párrafos del artículo 16 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

Honorable Asamblea:

La Comisión de la Función Pública de esta honorable Cámara de Diputados, con base en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XVIII, 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos y aplicables de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración el siguiente dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y segundo del artículo 16 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Antecedentes

I. El día 1 de julio de 2009 fue presentada ante el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, por el diputado Antonio Ortega Martínez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los párrafos primero y segundo del artículo 16 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

II. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente la turnó para su estudio y dictamen a la Comisión de la Función Pública, bajo el expediente número 2831.

III. Recibida en la Comisión de la Función Pública y una vez que fue sometida a estudio y análisis, se preparó un proyecto de dictamen en sentido positivo, el cual fue sometido a la consideración de los integrantes de la Comisión de la función Pública de la Cámara de Diputados, quienes lo aprobaron en sesión pública por 17 votos a favor, 0 votos en contra, y 0 abstenciones.

IV. La LX Legislatura no llegó a conocer sobre el dictamen aprobado por la Comisión de la Función Pública, por lo que, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mantiene el carácter de proyecto, por lo que la iniciativa deberá ser dictaminada, de nueva cuenta, por la Comisión de la Función Pública.

Análisis de la iniciativa

De la exposición de motivos de la iniciativa bajo dictamen, se desprende que el diputado proponente considera que la abrogación de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación causada por la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación ha ocasionado importantes cambios a la legislación aplicable, particularmente en el caso de las disposiciones que detallan las atribuciones que ejerce la Auditoría Superior de la Federación en materia de fiscalización y ejecución de auditorías.

Una vez concluidas las labores de auditoría, durante el mes de diciembre del año en que se presentó la Cuenta Pública y a más tardar en el mes de enero del año siguiente, se informa a las entidades fiscalizadas los resultados finales y las observaciones preliminares, con la finalidad de que estas puedan presentar las justificaciones y las aclaraciones que den respuesta a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Según la exposición de motivos de la iniciativa bajo dictamen, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación no prevé el tiempo suficiente para la realización adecuada de los procesos de preconfronta y confronta, lo que en la práctica constituye un grave riesgo para que la Auditoría Superior de la Federación entregue su informe, en tiempo y forma, tal y como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dada la anterior problemática, la iniciativa propone ampliar el plazo de que dispone la Auditoría Superior de la Federación para dar a conocer a las entidades fiscalizadas los resultados finales y las observaciones preliminares que se deriven de la revisión de la Cuenta Pública (actualmente limitado a los meses de diciembre y enero) con la finalidad que la Auditoría Superior de la Federación pueda citar a los entes fiscalizados a las reuniones en que se dan a conocer los resultados finales y las observaciones preliminares, encualquier momento durante el desempeño de su función de fiscalización, hasta el mes de enero del año siguiente al que se haya entregado la Cuenta Pública.

Por otra parte, se estima improcedente la intención de eliminar la última frase del segundo párrafo del artículo 16 de la ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que se lee de la siguiente forma: “mismas que deberán ser valoradas por esta última para la elaboración del Informe del Resultado”. Lo anterior debido a que las justificaciones y aclaraciones presentadas por las entidades fiscalizadasdeben de ser valoradas por la Auditoría Superior de la Federación, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la fracción segunda del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En referencia a lo anterior, cabe señalar que la eliminación de esta frase no aparece sustentada en ninguna parte de la exposición de motivos de la iniciativa bajo estudio.

Por su parte, en relación con la propuesta que establece que la revisión concluya antes que las reuniones de preconfronta y confronta, ésta se considera improcedente, ya que las revisiones o auditorías incluyen las reuniones de preconfronta y confronta donde aún se pueden modificar los resultados y observaciones, además de que es posible que aún después de dichas reuniones la Auditoría Superior de la Federación revise aspectos específicos para corroborar, constatar o ratificar evidencias que apoyan los resultados y posteriormente notificar la finalización de la auditoría respectiva.

Consideraciones

Primera. Los integrantes de la Comisión de la Función Pública coinciden con el propósito principal de la iniciativa presentada por el diputado Antonio Ortega Martínez, que consiste en ampliar el plazo del que dispone la Auditoría Superior de la Federación para dar a conocer a las entidades fiscalizadas los resultados finales y las observaciones preliminares que se deriven de la revisión de la Cuenta Pública. Estos resultados y observaciones se darán a conocer a las entidades fiscalizadas a más tardar durante el mes de enero del año siguiente al que se haya presentado la Cuenta Pública.

Segunda. Se estima improcedente la propuesta que pretende eliminar la última frase del segundo párrafo del artículo 16 de la ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en la parte que impone a la Auditoría Superior de la Federación la obligación de valorar las justificaciones y aclaraciones que presenten las entidades fiscalizadas para la elaboración del Informe de Resultado. Lo anterior debido a que en la exposición de motivos de la iniciativa bajo dictamen no se encuentra argumentación alguna que sustente la reforma a este respecto, independientemente de esta situación, la Comisión de la Función Pública no pasa por alto que las justificaciones y aclaraciones presentadas por las entidades fiscalizadasdeben de ser valoradas por la Auditoría Superior de la Federación, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercera. Se estima improcedente la propuesta que pretende adicionar a la parte final del segundo párrafo del artículo 16 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación la frase: “El proceso de aclaraciones de los resultados y observaciones deberá iniciar inmediatamente de que concluya la revisión”. Lo anterior debido a que las revisiones o auditorías incluyen las reuniones de preconfronta y confronta, en las cuales aún es posible modificar los resultados y observaciones, además de que es posible que aún después de dichas reuniones la Auditoría Superior de la Federación revise aspectos específicos para corroborar, constatar o ratificar evidencias que apoyan los resultados y posteriormente notificar la finalización de la auditoría respectiva.

Por lo anteriormente expuesto, se estima procedente la reforma al artículo 16 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, con la finalidad de ampliar el plazo del que dispone la Auditoría Superior de la Federación para dar a conocer a las entidades fiscalizadas los resultados finales y las observaciones preliminares que se deriven de la revisión de la Cuenta Pública. Estos resultados y observaciones se darán a conocer a las entidades fiscalizadas a más tardar durante el mes de enero del año siguiente al que se haya presentado la Cuenta Pública.

Lo anterior facilitará a Auditoría Superior de la Federación dar estricto cumplimiento a los Programas Anuales de Auditorías para la Fiscalización de la Cuentas Públicas que elabore, lo cual traerá como beneficio una mayor calidad en la elaboración del Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública que se entrega a la Cámara de Diputados.

Con base en lo anterior, los integrantes de la Comisión de la Función Pública presentan al Pleno de esta soberanía, para su aprobación, el siguiente dictamen con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y segundo del artículo 16 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para quedar como sigue:

Proyecto de decreto que reforma el primer y segundo párrafos del artículo 16 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

Artículo Único. Se reforman el primer y segundo párrafos del artículo 16 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 16. La Auditoría Superior de la Federación,a más tardar en el mes de enero del año siguiente al que se presentó la Cuenta Pública, dará a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados finales y las observaciones preliminares que se deriven de la revisión de la misma, a efecto de que dichas entidades presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan.

A las reuniones en las que sedé a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultadosy observaciones preliminares que se deriven de la revisión de la Cuenta Pública, se les citará por lo menos con 3 días hábiles de anticipación, remitiendo con la misma anticipación a las entidades fiscalizadas los resultados y las observaciones preliminares de las auditorías practicadas. En dichas reuniones las entidades fiscalizadas podrán presentar las justificaciones y aclaraciones que estimen pertinentes. Adicionalmente, la Auditoría Superior de la Federación les concederá un plazo de 7 días hábiles para que presenten argumentaciones adicionales y documentación soporte, mismas que deberán ser valoradas por esta última para la elaboración del Informe del Resultado.

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Comisión de la Función Pública, diputados: Pablo Escudero Morales (rúbrica), presidente; Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), Josué Cirino Valdés Huezo (rúbrica), Marcos Pérez Esquer (rúbrica), Juan Carlos López Fernández (rúbrica), secretarios; Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León (rúbrica), Esthela Damián Peralta (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), Lizbeth García Coronado, Miguel Ángel García Granados, César Daniel González Madruga (rúbrica), Janet Graciela González Tostado, Agustín Guerrero Castillo (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), Kenia López Rabadán, Tereso Medina Ramírez (rúbrica), Héctor Pedroza Jiménez (rúbrica), Pedro Peralta Rivas, Eviel Pérez Magaña, Ramón Ramírez Valtierra (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), José Francisco Rábago Castillo (rúbrica), Fausto Sergio Saldaña del Moral (rúbrica), María del Pilar Torre Canales, Enrique Torres Delgado (rúbrica), Enrique Octavio Trejo Azuara (rúbrica), Guillermo José Zavaleta Rojas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto.

Al no haber oradores inscritos, se declara suficientemente discutido.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación)

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se pide a la Secretaría dar cuenta de la votación.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: ¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto? Está abierto el sistema todavía, diputados.

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Diputados, lo hacemos de viva voz.

La diputada Violeta Avilés Álvarez (desde la curul): A favor.

El diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Carlos Meillón Johnston (desde la curul): A favor.

El diputado Javier Corral Jurado (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Huerta Montero (desde la curul): A favor.

El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez (desde la curul): a favor.

El diputado Jesús Giles Sánchez (desde la curul): A favor.

El diputado José Erandi Bermúdez Méndez (desde la curul): A favor.

El diputado Sixto Alfonso Zetina Soto (desde la curul): A favor.

El diputado Miguel Antonio Osuna Millán (desde la curul): A favor.

El diputado Roberto Gil Zuarth (desde la curul): A favor.

El diputado Sergio Octavio Germán Olivares (desde la curul): A favor.

La diputada Margarita Gallegos Soto (desde la curul): A favor.

La diputada Adriana Fuentes Cortés (desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Cruz Mendoza (desde la curul): A favor.

La diputada Hilda Ceballos Llerenas (desde la curul): A favor.

El diputado Baltazar Martínez Montemayor (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Pablo Escobar Martínez (desde la curul): A favor.

El diputado José Óscar Aguilar González (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Ramos Montaño (desde la curul): A favor.

La diputada Ivideliza Reyes Hernández (desde la curul): A favor.

El diputado Éric Luis Rubio Barthell (desde la curul): A favor.

La diputada Adriana Terrazas Porras (desde la curul): A favor.

El diputado Óscar Javier Lara Aréchiga (desde la curul): A favor.

El diputado Humberto Lepe Lep e (desde la curul): A favor.

El diputado Héctor Fernández Aguirre (desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Armando Rebollo Mendoza (desde la curul): A favor.

El diputado Héctor Guevara Ramírez (desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Flores Rico (desde la curul): A favor.

El diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (desde la curul): A favor.

El diputado Omar Fayad Meneses (desde la curul): A favor.

El diputado Aarón Irízar López (desde la curul): A favor.

El diputado Gerardo Leyva Hernández (desde la curul): A favor.

El diputado Germán Osvaldo Cortez Sandoval (desde la curul): A favor.

El diputado Óscar Román Rosas González (desde la curul): A favor.

El diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (desde la curul): A favor.

La diputada Daniela Nadal Riquelme (desde la curul): A favor.

El diputado Armando Jesús Báez Pinal (desde la curul): A favor.

El diputado José Tomás Carrillo Sánchez (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Carlos López Fernández (desde la curul): A favor.

La diputada María Guadalupe García Almanza (desde la curul): A favor.

El diputado José María Valencia Barajas (desde la curul): A favor.

La diputada Florentina Rosario Morales (desde la curul): A favor.

El diputado Manuel Humberto Cota Jiménez (desde la curul): A favor.

La diputada Silvia Esther Pérez Ceballos (desde la curul): A favor.

El diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: ¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto? No. Ah, la diputada Araceli Vázquez, allá arriba.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho (desde la curul): A favor.

El diputado Adán Augusto López Hernández (desde la curul): A favor.

El diputado Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor (desde la curul): A favor.

El diputado José Guadalupe Vera Hernández (desde la curul): A favor.

El diputado Ramón Merino Loo (desde la curul): A favor.

El diputado Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (desde la curul): A favor.

El diputado Reginaldo Rivera de la Torre (desde la curul): A favor.

La diputada Julieta Octavia Marín Torres (desde la curul): A favor.

El diputado Israel Madrigal Ceja (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Señor presidente se emitieron un total de 338 votos a favor, 0 en contra, y 4 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado en lo general y en lo particular por 338 votos a favor, el proyecto de decreto que reforma el primer y segundo párrafos del artículo 16 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

ESTADOS PUEBLA Y DE TLAXCALA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se autoriza. En consecuencia proceda la Secretaría a dar lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: D«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Semarnat y a sus órganos desconcentrados Conagua y Profepa a llevar a cabo acciones para sanear la cuenca del río Atoyac-Zahuapan

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 792, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con los gobiernos de los estados de Puebla y de Tlaxcala emprendan acciones para el saneamiento de la cuenca del río Atoyac-Zahuapan, presentado por el diputado Sergio González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrito por integrantes de diversos grupos parlamentarios.

En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, esta comisión legislativa, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39, numeral 1 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada el día 1 de diciembre de 2009 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado Sergio González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con los gobiernos de los estados de Puebla y Tlaxcala emprendan acciones para el saneamiento de la cuenca del río Atoyac-Zahuapan.

Segundo. En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

El diputado promovente expone los impactos que, en el deterioro ambiental y en la población, han ocasionado las principales fuentes de contaminación procedentes de las descargas de aguas residuales vertidas en la cuenca de los ríos Atoyac y Zahuapan, ubicada en los estados de Tlaxcala y Puebla, perteneciente a una de las regiones más importantes de México que es la cuenca del río Balsas. Señala, en su exposición de motivos, como una de las principales causas de los grandes niveles de contaminación, las fallas en los sistemas de alcantarillado existentes, la falta de saneamiento e instalación de plantas de tratamiento y los costos por la introducción de los servicios de agua potable. Finalmente, plantea la necesidad de implementar acciones enfocadas al manejo integral y sustentable del agua, así como al diseño y adecuada operación de los sistemas de captación, tratamiento del agua y regulación de descargas de aguas residuales a los cuerpos receptores, a fin de garantizar la conservación del medio ambiente y el bienestar actual y futuro de los habitantes de esa región. Como consecuencia de su exposición de motivos, expone dos propuestas con punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con los gobiernos de Puebla y Tlaxcala emprendan acciones inmediatas para el saneamiento de la cuenca del río Atoyac-Zahuapan.

Segunda. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que realice las auditorías ambientales correspondientes a las empresas de la zona del afluente del río Atoyac-Zahuapan e informe los resultados obtenidos a esta soberanía y a las autoridades correspondientes, en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la aprobación de este punto de acuerdo, a efecto de verificar el cumplimiento eficiente de sus tratamientos de aguas residuales y, en su caso, sancionar a los responsables.1

En relación a lo expuesto por el diputado Promovente, cabe señalar lo siguiente:

El Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales2 señala en sus artículos 2 fracción XXXI inciso a) y 44, que para el estudio, planeación y despacho de sus asuntos contara con organismos desconcentrados, entre ellos la Comisión Nacional del Agua, la cual tendrá las atribuciones que se establecen en la Ley de Aguas Nacionales.

El Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua,3 señala en su artículo 6 que ésta se organizará en dos niveles para el ejercicio de sus funciones, uno nacional y otro regional hidrológico-administrativo. Los titulares de las unidades administrativas, de ambos niveles, estarán jerárquicamente subordinados al director general de la comisión. Las unidades administrativas del nivel regional hidrológico-administrativo serán los organismos de cuenca, cuyos titulares y los de las unidades que les estén adscritas ejercerán sus atribuciones conforme a la ley, el reglamento interior de la comisión y los instrumentos administrativos que emita el director general de la comisión, en la circunscripción territorial correspondiente.

El país se encuentra dividido en 718 cuencas hidrográficas, las cuales se encuentran agrupadas en 37 regiones hidrológicas y estas a su vez estas integradas en 13 regiones hidrológico administrativas, cuyas unidades administrativas serán los organismos de cuenca.

13 Regiones Hidrológicas-administrativas

La Región Hidrológico Administrativa IV, Organismo de Cuenca Balsas, abarca la superficie de ocho entidades federativas. El estado de Morelos pertenece de manera total, de manera parcial se encuentran Tlaxcala, Puebla, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Estado de México y Jalisco. Para la adecuada gestión de sus recursos hídricos y la planeación se divide en tres subregiones: alto Balsas, medio Balsas y bajo Balsas.

Subregiones del Organismo de Cuenca, Balsas

La subregión alto Balsas es la más significativa, ya que la integran 334 municipios (79% del total regional) de seis Entidades Federativas (24 de Guerrero, 16 del Estado de México, 33 de Morelos; 78 de Oaxaca; 127 de Puebla; y 56 de Tlaxcala), ésta se divide en siete cuencas hidrológicas, alto Atoyac, río Amacuzac, río Tlapaneco, río Nexapa, río Mixteco, Bajo Atoyac, Libres Oriental, cuyas principales Corrientes provienen de los Ríos Atoyac, Mixteco, Amacuzac, Apatlaco, Tembembe, Nexapa, Tlapaneco y Mixteco.4

La cuenca del río alto Atoyac está conformada por 69 municipios, 22 de ellos en el estado de Puebla y 47 en el estado de Tlaxcala. Los Ríos Zahuapan, Atoyac y Alseseca, forman parte de la cuenca del alto Atoyac; comprenden la parte central de los estados de Puebla y Tlaxcala y confluyen en la Presa Manuel Ávila Camacho, también conocida como Valsequillo.

El diputado promovente señala que las principales fuentes de contaminación proceden de las descargas de origen doméstico y público que constituyen las aguas residuales de origen municipal, las descargas de aguas residuales de origen industrial y residuos sólidos (basura).

Efectivamente, el río Zahuapan cruza de forma directa por 25 de los 60 municipios de Tlaxcala y, de forma indirecta, 20 realizan descargas, a través de sus drenajes, aguas residuales sin tratamiento previo y sin ningún tipo de control. Esto significa que el río Atoyac, durante su trayectoria, transporta aguas residuales sin tratamiento previo, con sustancias para el tratamiento de la tela, cloroformo, cloruro de metileno (detergentes), metales pesados, sólidos suspendidos y coliformes (excremento), así como sustancias tóxicas, provocando altos grados de contaminación ambiental y degradación ecológica, tanto en los ríos como en la presa.

De acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales, para descargar aguas residuales se requiere un permiso de descarga expedido por la Comisión Nacional del Agua, los cuales deberán estar inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA).5

El REPDA es la instancia legal, mediante la cual la Comisión Nacional del Agua, hace públicas y da autenticidad a los actos jurídicos relativos a asignación o concesión de aguas nacionales, así como permisos de descargas en cuerpos de propiedad nacional, que conforme a la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento precisan de este requisito, para que surtan sus efectos ante terceros.

De los resultados publicados por el REPDA el 31 de diciembre de 2009, referentes a las descargas de aguas residuales en el Organismo de Cuenca Río Balsas,6 los volúmenes de descarga concesionados, referentes al uso industrial, público y urbano, resulta superior al promedio de otros usos.

El Organismo de Cuenca de la Región Hidrológico Administrativa IV Balsas lleva a cabo mediciones periódicas a través de la Red Nacional de Monitoreo de Calidad del Agua para conocer el comportamiento de la calidad del agua en los cuerpos de agua superficial y en los acuíferos de la región. Actualmente utiliza tres parámetros indicadores para evaluar la calidad del agua: la demanda bioquímica de oxígeno a cinco días (DBO5), la demanda química de oxígeno (DQO) y los sólidos suspendidos totales (SST).

La DBO5 y la DQO se utilizan para determinar la cantidad de materia orgánica presentes en los cuerpos de agua provenientes principalmente de las descargas de aguas residuales, de origen municipal y no municipal. La DBO5 determina la cantidad de materia orgánica biodegradable y la DQO mide la cantidad de materia orgánica. Por otro lado, el aumento de DQO indica presencia de sustancias provenientes de descargas no municipales. Los SST tienen su origen en las aguas residuales y la erosión del suelo. El incremento de los niveles de SST hace que un cuerpo de agua pierda la capacidad de soportar la diversidad de la vida acuática.

Como resultado de los análisis antes descritos, la publicación denominada Estadísticas del Agua 2008, Región Hidrológico Administrativa IV, Balsas, afirma que la cuenca del río Atoyac-Zahuapan, ha sido catalogada como “contaminada” y “fuertemente contaminada.” Tal y como se aprecia en los mapas que a continuación se muestran:

Sitios de monitoreo de DBOS, Región IV Balsas

Sitios de monitoreo de DQO, Región IV Balsas

Sitios de monitoreo de SST, Región IV Balsas

Adicionalmente, la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional, realizó 2 trabajos, el primero, Diagnóstico integral para el saneamiento de la cuenca del alto Atoyac (Zahuapan-Atoyac) en el estado de Tlaxcala, realizado para el gobierno de estado de Tlaxcala, a través de la Coordinación General de Ecología, el cual fue entregado en abril del 2008. El segundo, Estudio de clasificación del río Zahuapan, Puebla-Tlaxcala, realizado para la Comisión Nacional del Agua, fue entregado a la Gerencia Regional del Balsas, ubicada en Cuernavaca, Morelos.7

Las consecuencias de la contaminación del agua son tan graves, que han sido objeto de controversia para el Tribunal Latinoamericano del Agua, el cual fue titulado: Contaminación industrial en los ríos Atoyac y Xochiac, estados de Tlaxcala y Puebla. República Mexicana, dentro del cual se mostraron estudios que afirman la presencia de grasas y aceites por encima de los límites permitidos, así como sólidos suspendidos y sedimentados y una demanda bioquímica de oxígeno que supera los límites máximos. Esto significa, además, que el agua se encuentra contaminada con materia orgánica, disminuyendo el oxígeno necesario para la vida acuática normal.

El diputado promovente señala, que en el corredor industrial Quetzalcóatl, ubicado en San Baltasar Temaxcalac, se encuentran instaladas empresas de textiles, de fabricación de químicos aromáticos para la industria alimenticia, así como la rama metalúrgica, entre otras, cuyas aguas residuales con colorantes, pigmentos, solventes, ácidos grasos, metales, insecticidas, plaguicidas, fertilizantes, detergentes y muchas otras sustancias químicas tóxicas para la salud, son vertidas al río Zahuapan. Y, Efectivamente, el Tribunal Latinoamericano del Agua resolvió reconocer la responsabilidad de las industrias asentadas en el corredor industrial Quetzalcóatl, en la cuenca del río Atoyac, que descargan sus aguas servidas del proceso industrial, por la contaminación del río y apoyar las gestiones orientadas a establecer un monitoreo independiente que permita establecer la existencia o no del nexo causal entre la contaminación aludida y la empresa Textiles KN Oriente, respecto a la cual, no se ha comprobado la existencia de este nexo. Por lo que el veredicto de la audiencia pública regional-México, de Marzo 2006, señaló lo siguiente:

En las inmediaciones de las descargas industriales y drenajes municipales, se encontró que la contaminación por aguas y aceites, sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentales y demanda bioquímica de oxígeno (DBO) rebasó los parámetros ambientales establecidos en la norma mexicana, mientras que compuestos como fluoruros, cloruros de metileno y tolueno y cloroformo, muestran concentraciones elevadas no están debidamente normados en la legislación ambiental mexicana.

A pesar de lo expuesto, con base en los datos de los informes de 2007 del Inventario Nacional de Plantas Municipales de Potabilización y de Tratamiento de Aguas Residuales en Operación, el estado de Tlaxcala no cuenta con alguna planta potabilizadora que acondicione las aguas, de manera que se permita el consumo sano para los habitantes de la región. Por lo que hace a los datos de las principales plantas de tratamiento del estado de Tlaxcala, sólo cuenta con 2 la Apizaco B, y la Tlaxcala, en ambas el cuerpo receptor o de reúso es el río Zahuapan.

Ante dicho escenario, el diputado promovente señala que, resulta de urgente aplicación, llevar a cabo acciones enfocadas al manejo integral y sustentable del agua, así como implementar adecuadamente sistemas de captación, tratamiento del agua y regulación de descargas de aguas residuales a los cuerpos receptores, a fin de garantizar el bienestar actual y futuro de los habitantes de esa región, además de la conservación del medio ambiente.

Con el fin de tratar asuntos referentes a su competencia, el Consejo de Cuenca del Río Balsas8 realizó su cuarta sesión ordinaria el 27 de marzo de 2008, en la que se acordaron 2 puntos trascendentes que a la letra se citan:

Segundo: Se aprueba la firma del acuerdo para realizar el saneamiento de la cuenca del alto Atoyac para contribuir con el rescate ecológico de los ríos Zahuapan, Atoyac, Alseseca y la presa Manuel Ávila Camacho (Valsequillo) en los estados de Puebla y Tlaxcala.

...

Quinto: Se acuerda revisar y actualizar el Programa Hídrico de la Cuenca Balsas con un horizonte de planeación al 2012, tomando como marco lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Nacional Hídrico 2007-2012.9

Finalmente, cabe señalar, que el 26 de noviembre del 2009 en la ciudad de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 13, 13 Bis 1, 13 Bis 2 y 13 Bis 3, 14 y 15 de la Ley de Aguas Nacionales y 19 y 21 de su reglamento, 31 al 38 de las Reglas de Organización y Funcionamiento de los Consejos de Cuenca, se acordó constituir e instalar la Comisión de Cuenca de los Ríos Atoyac-Zahuapan, como un órgano auxiliar del Consejo de Cuenca del Río Balsas, integrándose de una manera colegiada al incorporar a los usuarios de aguas nacionales, instituciones de los tres niveles de gobierno y al poder legislativo del congreso estatal en la loable actividad de coordinar y concertar metas, políticas, programas, proyectos y acciones específicas para sanear los ríos antes mencionados e incidir en la gestión integrada de los recursos hídricos.10

Con base en lo anterior, y tal como lo señala el diputado promovente, el agotamiento de los recursos hídricos es considerado como un problema alarmante de la actualidad y un asunto prioritario en la agenda internacional, por lo que es necesario que las autoridades competentes implementen acciones para un uso eficiente y una adecuada gestión que contrarreste el aumento en los niveles de contaminación existentes en la cuenca del río Atoyac y Zahuapan y de esa manera poder satisfacer las necesidades sociales más básicas, como la del agua, condición necesaria para hacer viable el desarrollo social, económico y ambiental de nuestro país.

De acuerdo con lo antes expuesto, los integrantes de la comisión dictaminadora legislativa que suscriben el presente, se permiten someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita a la Comisión Nacional del Agua para que informe a esta soberanía respecto de

1. Cuántos permisos de descarga de aguas residuales tiene dentro del Registro Federal de Derechos del Agua y las condiciones particulares de descarga.

2. Las visitas de inspección realizadas a las empresas que descargan aguas residuales en la cuencas del río Atoyac- Zahuapan y el debido cumplimiento que hayan tenido de los parámetros y límites máximos permisibles en las NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, y la NOM-002-SEMARNAT-1997, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, las metas de calidad del agua derivadas de las declaratorias de clasificación de cuerpos receptores, así como de los resultados del Estudio de clasificación del río Zahuapan, Puebla-Tlaxcala, realizado por el Instituto Politécnico Nacional. Asimismo, manifieste si cuentan con una estrategia de monitoreo integral para la zona.

3. Las acciones realizadas para el saneamiento de la cuenca del río Atoyac-Zahuapan, así como de los estudios y proyectos realizados para la construcción de infraestructura de tratamiento de aguas residuales, a través de la Comisión de Cuenca de los Ríos Atoyac y Zahuapan, como órgano auxiliar del Consejo de Cuenca del Río Balsas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que cuando estén el próximo periodo de revisión de las NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, y la NOM-002-SEMARNAT-1997, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, contemple la posible inclusión de los fluoruros, cloruros de metileno, tolueno y cloroformo.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que informe a esta soberanía sobre las empresas ubicadas en la zona de la cuenca del río Atoyac-Zahuapan, que han sido incorporadas al Programa Nacional de Auditoría Ambiental y que hayan obtenido su certificado de industria limpia, así como las que se encuentren en trámite.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita al gobierno del estado de Tlaxcala que informe a esta soberanía sobre las acciones, obras y proyectos realizados, en el marco de la estrategia de saneamiento del Alto Atoyac 2008-2010 y de los resultados del diagnóstico integral para el saneamiento de la cuenca del alto Atoyac (Zahuapan-Atoyac) en el estado de Tlaxcala.

Notas:

1 Turnada a la Comisión de Medio Ambiente. Presentada por el diputado Sergio González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios. Gaceta Parlamentaria número 2899-III, jueves 26 de noviembre 2009.

2 Publicación en el Diario Oficial de la Federación, 21 de enero de 2003.

3 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2006.

4 http://www.conagua.gob.mx/OCB07/Temas/EstadisticasBALSAS-FINALago09.pdf

5 Ley de Aguas Nacionales. Capítulo IV, Registro Público de Derechos de Agua del Título Cuarto, Derechos de Explotación, Uso o Aprovechamiento de Aguas Nacionales.

6 http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/REPDA_GR-04.pdf

7 http://www.transparencia.ipn.mx/resolucionesComite/2008/resolucion1117100034708 .pdf

8 El 15 de diciembre de 1998, se suscribió un acuerdo de coordinación en el que los Ejecutivos de los estados de Guerrero, Jalisco, Michoacán, México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, así como dependencias y entidades federales involucradas en materia de agua, manifestaron su voluntad política para desarrollar programas y acciones sobre ordenamiento, explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales, saneamiento, uso eficiente del agua y conservación en el ámbito de la cuenca del río Balsas, que incluye parte de las entidades federativas antes mencionadas con el propósito de formular y ejecutar programas y acciones para la mejor administración de las aguas, el desarrollo de la infraestructura y de los servicios respectivos y la preservación de los recursos naturales en la cuenca del río Balsas.

El Consejo de Cuenca del Río Balsas, instalado mediante acta constitutiva del 26 de marzo de 1999, de conformidad con la Ley de Aguas Nacionales e integrado conforme lo que establece el artículo 15 del Reglamento de la Ley de Aguas, se constituye como una instancia de coordinación y concertación entre la Comisión Nacional del Agua, las dependencias y entidades de las instancias federal, estatal o municipal y los representantes de los usuarios de la cuenca hidrológica, con objeto de formular y ejecutar programas y acciones para la mejor administración de las aguas, el desarrollo de la infraestructura hidráulica y de los servicios respectivos y la preservación de los recursos de la cuenca.

9 http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/SeguimientoPNIjulio-2009r.pdf

10 http://www.consejosdecuenca.org.mx/modules.php?name= News&file=article&sid=68

Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados, el día 17 de febrero de 2010.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Roberto Borge Angulo, Jeny de los Reyes Aguilar (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Alejandro Bahena Flores, Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), María Estela de la Fuente Dagdug, Gerardo del Mazo Morales, Jesús Giles Sánchez (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), Leoncio Morán Sánchez (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino, José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Leticia Robles Colín (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón, Judith Fabiola Vásquez Saut (rúbrica), Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación económica en conjunto. Continúe la Secretaría.

PARQUE NACIONAL LA MALINCHE

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a diversas autoridades a reforzar las acciones de protección, recuperación y vigilancia en el parque nacional La Malinche

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnado, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 180, que contiene la proposición con punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades para que refuercen las acciones de protección, recuperación y vigilancia en el parque nacional La Malinche, presentado por el diputado Juan Carlos Natale López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, esta comisión legislativa, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39 numeral 1 y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea, el presente Dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada el día 1 de octubre de 2009 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado Juan Carlos Natale López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el pleno la proposición con punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades para que refuercen las acciones de protección, recuperación y vigilancia en el parque nacional La Malinche.

Segundo. Con esta misma fecha, dicha propuesta con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

La biodiversidad es uno de los patrimonios naturales más importantes con que cuentan las naciones, en los últimos años ésta se ha visto gravemente amenazada, debido a la política económica de muchos países, los cuales en la realización de sus actividades productivas, generan graves daños a los ecosistemas y por consiguiente a su diversidad. Existe una creciente preocupación de la comunidad internacional por tratar de establecer mecanismos efectivos para lograr preservar la riqueza biológica y diversidad de la tierra.

Un importante referente al respecto es la Convención de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, mejor conocida como Cumbre de la Tierra, celebrada en 1992, en ciudad de Río de Janeiro, Brasil, la cual sirvió como marco para la suscripción del Convenio sobre Diversidad Biológica, en el que las partes firmantes reconocieron la importancia de tratar los recursos biológicos y su conocimiento asociado en función de objetivos de triple vía: la protección de la biodiversidad; el uso sustentable de sus recursos para el bienestar de las generaciones presentes y futuras; y, la necesidad de distribuir justa y equitativamente los beneficios derivados de su uso. El Convenio entró en vigor desde 1994, y actualmente ha sido ratificado por 191 países, entre los que se encuentra México. Este instrumento constituyó un referente internacional de las áreas naturales protegidas, ya que en su inciso a), artículo 8, determina como una de las medidas de conservación in situ que los países firmantes adopten sistemas de áreas protegidas.

Dadas las características orográficas y climáticas del territorio, México es el segundo país en el mundo con mayor variedad de ecosistemas y el cuarto en diversidad biológica,1 ya que alberga aproximadamente entre el 10 y el 12% del total mundial. Esta gran estructura ecológica representa un reto de gestión para la nación, ya que resulta de toral importancia garantizar su conservación y continuidad.

El punto de acuerdo que se dictamina se refiere a una importante área natural protegida del centro del país, el parque nacional La Malinche, decretada como tal, el día 6 de octubre de 1938, en el Diario Oficial de la Federación, por el general Lázaro Cárdenas del Río.2

Esta área natural protegida se encuentra entre los límites jurisdiccionales de los estados de Puebla y Tlaxcala, ocupando una superficie de aproximadamente3 45,711 hectáreas, abarcando un total de 15 Municipios.4 En cuanto a la tenencia de la tierra de la poligonal del área natural protegida, según datos del Instituto Nacional de Ecología, 20,000 hectáreas corresponden a terrenos ejidales (43.77%), 15,000 hectáreas a tierras comunales (32.81%), y 10, 711 hectáreas, aun no se ha identificado la tenencia de la tierra (23.42%), de estas tierras el 60% tiene uso agrícola y pecuario, el 33% son zonas forestales y el 7% se divide en otros usos.

En esta zona podemos encontrar diversos tipos de ecosistemas, como el bosque de oyamel, bosque de pino-encino así como pastizales. Este tipo de ecosistemas, constituyen un importante hábitat para una gran cantidad de especies de fauna silvestre, razón por la cual, dentro de La Malinche se han podido registrar aproximadamente 5 especies de anfibios y 11 de reptiles, 77 especies de aves y 27 de mamíferos, de entre los que podríamos destacar por su gran importancia y endemismo a 15 especies. Dos anfibios: las salamandras Pseudoeutycea gadovii y P. leprosa; reptiles como la lagartija espinosa de mezquite (Sceloporus grammicus microlepidotus), eslizon (Eumeces brevirostris), el lagarto alicante del Popócatepetl (Barisia i. imbricata), la víbora de cascabel ( Crotalus t. triseriatus),la cascabel pigmea (Sistrurus ravus),la culebra –listonada de montaña– cola larga ( Thamnophis scalaris scaliger); tres especies de aves: el chepito serrano (Catharus occidentales), el chipe orejas de plata (Ergaticus ruber), el zorzal rayado (Oriturus superciliosus); y tres mamíferos: musaraña (Sorex oreopolus), el ratón de los volcanes (Neotomodon alstoni) y el conejo serrano (Sylvillagus cunicularius).Asimismo, y pese a que no son endémicas de la región, también podemos encontrar ciertas especies sujetas a alguna categoría de protección especial por la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001,5 como la codorniz pinta (Cyrtonyx montezumae), el tejón (Nasua nasua), el lince o gato montés (Lynx rufus).6

Además de contar con la declaratoria de área natural protegida, esta zona se encuentra considerada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, como una “región terrestre prioritaria”, debido a sus condiciones particulares de importancia para la biodiversidad.

Desafortunadamente, esta zona no se encuentra exenta de los problemas de degradación ambiental que sufren la gran mayoría de los ecosistemas del país, y pese a que se encuentra considerada como un área natural protegida, tal y como lo manifiesta el diputado promovente dentro de su exposición de motivos, la riqueza biológica y los servicios ambientales que presta La Malinche, han sufrido graves daños debido a la pérdida de grandes extensiones forestales. Esta problemática estriba principalmente en la presión que sufren los ecosistemas forestales, como consecuencia del cambio de uso de suelo de forestal a agrícola o pecuario, el excesivo pastoreo, incendios forestales, aprovechamientos forestales clandestinos y la fragmentación de ecosistemas.7 Aproximadamente el 77% de su vegetación se encuentra en algún estado de deterioro, esto, sin considerar la disminución en la disponibilidad de los servicios ambientales que el parque nacional La Malinche presta a ambos Estados, así como a sus Municipios y comunidades aledañas.

Sin embargo, es importante precisar que pese a ser una área natural protegida de carácter federal, su administración se encuentra a cargo de los Estado de Tlaxcala y Puebla, ya que de conformidad con los artículos 11 y 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el día 18 de octubre de 1995 se firmó un convenio de coordinación, mediante el cual la entonces Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca, trasfería la administración y aprovechamiento de esta área natural protegida, a los estados de Tlaxcala y Puebla.8 De acuerdo con lo establecido en las cláusulas de dicho convenio, tiene una duración indefinida, obligando a los Estados parte a realizar acciones relativas a la planeación, promoción, ejecución, control, supervisión y evaluación que permitan lograr la restauración, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos naturales; por medio del Comité que cada uno de ellos constituyó, con competencia sólo en el territorio que a cada uno corresponde. Asimismo, dicho convenio determina las obligaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en materia de asistencia y coordinación con los estados.

Uno de los puntos a destacar es que, desde la firma del acuerdo la Semarnat se comprometió a elaborar y publicar el programa de manejo del área natural, lo cual de conformidad con la información disponible en la página oficial de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas no ha sucedido.9 Del mismo modo, se faculta a la Profepa para atender cualquier asunto relacionado con anomalías e infracciones o cualquier otro acto contrario a las leyes forestales o de carácter ambiental. Por lo cual esta Comisión dictaminadora considera oportuno exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, por medio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, elabore y publique el programa de manejo del parque nacional La Malinche, en razón de que este constituye un instrumento rector para determinar la administración y vigilancia del área, lo cual fortalecerá la participación de los tres órdenes de gobierno en la preservación de este importante parque nacional.

Por último, esta Comisión ha determinado dejar sin materia el tercero de los acuerdos propuestos por el diputado promovente, ya que solicita dar a conocer este tema a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con el objeto de incluir una partida especial en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, que permita resarcir los efectos de deforestación y degradación de bosques, suelos, ecosistemas y mantos acuíferos con el fin de garantizar la sustentabilidad del parque; sin embargo, esta Cámara ha aprobado el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal correspondiente y si bien no fueron etiquetados los recursos solicitados por el promovente, en su presupuesto aprobado la Semarnat cuenta con recursos para actividades de conservación y restauración por medio de la Comisión Nacional Forestal y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Por lo expuesto, los diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, nos permitimos poner a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que por medio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas elabore y publique a la brevedad posible, y de acuerdo con lo establecido por el Título II, Capítulo I, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y su Reglamento en materia de Áreas Naturales Protegidas, el Programa de Manejo del parque nacional La Malinche.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, recomienda respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Gobierno del Estado de Puebla y del Gobierno del Estado de Tlaxcala, realizar una revisión de las cláusulas que integran el acuerdo de coordinación mediante el cual se transfiere la administración del parque nacional La Malinche a los gobiernos de Tlaxcala y Puebla, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de febrero de 1996, con el objeto de coordinar y fortalecer la administración y vigilancia del área natural protegida.

Notas:

1 Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad de México, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

2 Diario Oficial de la Federación, 6 de octubre de 1938.

3 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, ficha técnica RTP (región terrestre prioritaria) 106, La Malinche.

4 11 municipios del estado de Tlaxcala y 4 del estado de Puebla.

5 Protección ambiental, especies nativas de México de flora y fauna silvestre, categoría de riesgo y especificaciones para una inclusión, exclusión o cambio, lista en especies de riesgo.

6 Instituto Nacional de Ecología en SARH 1993. Diagnóstico del parque nacional Malinche o Matlacueyatl, Tlaxcala, Subsecretaría Forestal y de fauna Silvestre. Pausa. Noviembre. 39 páginas, más cinco anexos: florístico, faunístico, jurídico y cartográfico (18 páginas).

7 La importancia del deterioro de La Malinche en el estado de Tlaxcala, María M. Adelina Espejel Rodríguez, Noé Santa Cruz García, Héctor Martínez de la Fuente, Instituto Nacional de Ecología.

8 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de febrero de 1996.

9 Consultado en http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/programa_manejo.php, el 21 de enero de 2010.

Dado en el Salón de Plenos de la honorable Cámara de Diputados el día 17 de febrero de 2010.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Roberto Borge Angulo, Jeny de los Reyes Aguilar (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Juan José Guerra Abud (rúbrica), Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), María Estela de la Fuente Dagdug, Judith Fabiola Vásquez Saut (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino, Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Leoncio Morán Sánchez (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores, Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Leticia Robles Colín (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación económica en conjunto. Continúe la Secretaría.

ESTADO DE HIDALGO

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a las Secretarías de Gobernación, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Profepa, a instalar una mesa de diálogo sobre el proyecto de confinamiento de desechos industriales en Zimapán, Hidalgo

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnado, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 188, que contiene la proposición con punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Gobernación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor a instalar la mesa de diálogo con relación al proyecto de confina miento de desechos industriales en Zimapán, estado de Hidalgo, presentada por el diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, esta comisión legislativa, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39 numeral 1 y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

Primero. El 1 de octubre del 2009, el diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Gobernación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor a instalar la mesa de diálogo con relación al proyecto de confinamiento de desechos industriales en Zimapán, estado de Hidalgo.

Segundo. En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

En 133 hectáreas del ejido Cuauhtémoc, ubicado en el municipio de Zimapán, Hidalgo, la empresa española Befesa Sistemas de Desarrollo Sustentable, SA de CV, realizó la construcción del Confinamiento de Residuos Tóxicos Peligrosos, denominado Sistemas de Desarrollo Sustentable.

Este proyecto fue presentado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) identificada con la clave 13HI2004I0006, y después de su evaluación de impacto ambiental, fue aprobada mediante resolución S.G.P.A.DGIRA.DDT.64604 de fecha 11 de noviembre del 2004, en la que la autoridad determinó que el proyecto Sistemas de Desarrollo Sustentable es ambientalmente viable, por lo que lo autorizó de manera condicionada.1

Toda vez, que el proyecto fue autorizado en materia de impacto ambiental por la Semarnat y que la obra ya fue concluida. Esta Comisión efectuó un análisis técnico jurídico a la resolución mencionada en el párrafo anterior. Del análisis realizado, se considera relevante lo acordado en su primer término, el cual describe que la autorización fue derivada de la evaluación del impacto ambiental que pudiera generar la ejecución de las obras y/o actividades del proyecto Sistemas de Desarrollo Sustentable, consistentes en:

“Una planta de estabilización-inertización, con capacidad de tratamiento de residuos sólidos, semisólidos y líquidos con la finalidad de estabilizarlos mediante un proceso que utiliza una serie de reactivos (cal, cemento y arcillas principalmente) para reducir la naturaleza peligrosa del residuo, minimizando la velocidad de migración de los contaminantes al medio ambiente y reduciendo la toxicidad de sus componentes, mediante este proceso de adición de reactivos, los residuos se solidifican, aumentando su resistencia y disminuyendo la compresibilidad y la permeabilidad de los mismos”.

Asimismo, la construcción y operación del confinamiento controlado, tendrá una capacidad para contener 106,676.83 metros cúbicos en su primera fase, y un volumen de 342,917.29 metros cúbicosen la segunda fase, en total sería un volumen de 449,594.12 metros cúbicos,por lo que contendrá una planta para los lixiviados que se generen.2

Partiendo de estas características, la Semarnat determinó que el proyecto debe cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas NOM-056-SEMARNAT-19933 y NOM-057-SEMARNAT-1993.4

La Nom-056-SEMARNAT-1993, tiene por objeto establecer “los requisitos para el diseño y construcción de las obras complementarias de un confinamiento controlado de residuos peligrosos”.

Mientras que el objeto de la NOM-057-SEMARNAT-1993, es establecer “los requisitos que deben observarse en el diseño, construcción y operación de celdas de un confinamiento controlado de residuos peligrosos”. Asimismo, describe el diseño y construcción de sistemas de captación de lixiviados.

Estos lineamientos normativos, debieron ser acatados por la empresa Befesa, ya que establecen las condiciones y requisitos para el diseño y construcción de obras, y así obtener una máxima seguridad para garantizar la protección de la población y del equilibrio ecológico.

Por ello, es importante, y en cumplimiento a dicha normatividad, conocer los resultados de las verificaciones realizadas por la Semarnat, durante la construcción del proyecto Sistemas de Desarrollo Sustentable, así que esta comisión ordinaria con carácter de dictaminadora, considera necesario exhortar a la Semarnat, con el fin de que emita un informe sobre el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas ya mencionadas.

El manejo de residuos peligrosos debe ser operado con responsabilidad, en virtud de las propias características que define la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, al considerar como peligrosos “todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas, representen un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente”.5

Asimismo, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, define a los residuos peligrosos como: “Aquellos que posen alguna de las características de corrosividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieren peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio”.6

Es de señalarse que la misma ley dispone que el tratamiento de los residuos será bajo los “procedimientos físicos, químicos, biológicos o térmicos, mediante los cuales se cambian las características de los residuos y se reduce su volumen o peligrosidad”.7 El objeto del tratamiento de residuos es reducir el volumen y la peligrosidad de los mismos, con el propósito de disminuir la cantidad destinada a los confinamientos, con lo cual se alargará la vida útil de éstos, las alternativas de manejo de residuos peligrosos, está sujeta a varias restricciones jurídicas y se debe presentar ante la Semarnat,8 los procedimientos, métodos o técnicas mediante los cuales se realizarán.9

Continuando con el estudio de la resolución administrativa, en su Segundo Término describe que el área donde se edificaron las plantas de tratamiento y las obras complementarias, ya estaban alteradas por la construcción en su momento del campamento de la Comisión Federal de Electricidad, razón por lo que dicha área no requirió autorización del cambio de uso de suelo. Sin embargo, el promovente, en este caso el representante legal de la empresa Befesa, debió obtener la autorización del cambio de utilización de terrenos forestales, en un término de 10 días. Por lo que es necesario que la Semarnat manifieste a este Órgano Legislativo, si la empresa Befesa subsanó en tiempo y forma dicho documento.

Resulta también de vital importancia lo señalado en el Término Octavo de la resolución en comento, referente a las condicionantes que la empresa Befesa debió cumplir durante las etapas de construcción del proyecto Sistemas de Desarrollo Sustentable. Por lo que este Órgano Legislativo considera necesario exhortar a la Semarnat, para que envíe un informe detallado de las condiciones emitidas en la autorización que emitió la Semarnat, así como indicar si fue otorgada a la empresa Befesa la autorización para el manejo y tratamiento de residuos peligrosos.

Actualmente, el confinamiento de desechos industriales ubicado en Zimapán no se encuentra operando, por lo que esta comisión considera importante conocer los motivos, por ello exhorta tanto a la Semarnat como al gobierno del estado de Hidalgo a informar a esta honorable Cámara de Diputados.

La compleja situación técnico-jurídica, ha generado conflictos agrarios y de inconformidad por los vecinos aledaños, así que la Secretaría de Gobernación se ofreció a instalar una mesa de diálogo permanente para atender las peticiones de la comunidad, y comprometiéndose a convocar a las organizaciones para analizar las propuestas. A la fecha, la comunidad de Zimapán, Hidalgo, está en espera del llamado.

Por lo antes manifestado, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hace un atento llamado a la Secretaría de Gobernación para que realice la mesa de diálogo con los habitantes afectados por la construcción del proyecto Sistemas de Desarrollo Sustentable.

Cabe destacar que en el Senado de la República se presentó una proposición con punto de acuerdo sobre la problemática ambiental causada por la construcción de dicho Confinamiento. Con fecha 15 de diciembre del 2009, el Pleno del Senado aprobó, en votación económica, el documento consistente en el “dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; de Recursos Hidráulicos y, de Ciencia y Tecnología al punto de acuerdo con relación al proyecto de Confinamiento de residuos peligrosos en Zimapán, Hidalgo”.10

Finalmente, es importante señalar que se efectuó la corrección del órgano administrativo gubernamental, de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Por las consideraciones expuestas los integrantes de esta Comisión nos permitimos someter a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que envíe a la brevedad a este órgano legislativo, lo siguiente:

1. Un informe sobre el cumplimiento de las NOM-056-SEMARNAT-1993, que establece los requisitos para el diseño y construcción de las obras complementarias de un confinamiento controlado de residuos peligrosos, y NOM-057-SEMARNAT-1993, requisitos que deben observarse en el diseño, construcción y operación de celdas de un confinamiento controlado para residuos peligrosos, durante la construcción del proyecto Sistemas de Desarrollo Sustentable en el estado de Hidalgo.

2. Manifieste si la empresa Befesa Sistemas de Desarrollo Sustentable, SA de CV, subsanó en tiempo y forma el documento donde obtuvo la aprobación del cambio de utilización de terrenos forestales, de no ser así, indique qué sanción emitió.

3. Copia certificada de la autorización para el manejo y tratamiento de residuos peligrosos otorgada a la empresa Befesa.

4. Un informe detallado del cumplimiento de la empresa Befesa sobre las condicionantes señaladas en el término octavo de la resolución administrativa número S.G.P.A.DGIRA.DDT.64604 de fecha 11 de noviembre del 2004, así como el cumplimiento de cada uno de los términos señalados en dicha resolución.

5. Informe los motivos por los cuales el confinamiento desechos industriales no está operando.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Secretaría de Gobernación convoque, e instale a la brevedad posible, la mesa de diálogo que ha quedado pendiente, con la representación de los habitantes afectados por la problemática de la construcción del proyecto Sistemas de Desarrollo Sustentable en Zimapán, Hidalgo, con el fin de analizar y tomar las medidas conducentes que beneficien a la comunidad y así evitar un problema social.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al gobierno del estado de Hidalgo que informe sobre los motivos por los cuales el confinamiento de desechos industriales no está operando.

Notas:

1 Información disponible en:

http://sinat.semarnat.gob.mx/portal/NvoPortal/estado.php?_idBita cora=13HI2004I0006&_origen=Busqueda_directa_1

2 Información disponible en:

http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/hgo/resolutivo s/2004/13HI2004I0006.pdf

3 NOM-056-SEMARNAT-1993, que establece los requisitos para el diseño y construcción de las obras complementarias de un confinamiento controlado de residuos peligrosos, publicada en el Diario Oficial el 22 de octubre de 1993.

4 NOM-057-SEMARNAT-1993, requisitos que deben observarse en el diseño, construcción y operación de celdas de un confinamiento controlado para residuos peligrosos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 1993.

5 Fracción XXXII del artículo 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

6 Fracción XXXII del artículo 5 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

7 Fracción XLI del artículo 5 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

8 Carmona Lara. María del Carmen, Temas Selectos de derecho ambiental,“El destino de los residuos peligros en México, de acuerdo con la normatividad ambiental vigente”, UNAM, Profepa, México 2006, página 590.

9 Artículo 58 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

10 Senado de la República, Gaceta Parlamentaria número 71, 15 diciembre del 2009.

Dado en el salón de Plenos de la honorable Cámara de Diputados el día 17 de febrero de 2010.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Roberto Borge Angulo, Jeny de los Reyes Aguilar (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Juan José Guerra Abud (rúbrica), Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), María Estela de la Fuente Dagdug, Judith Fabiola Vásquez Saut (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino, Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Leoncio Morán Sánchez (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores, Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Leticia Robles Colín (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación económica en conjunto. Continúe la Secretaría.

ARBOLES DE NAVIDAD NATURALES

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a garantizar que los árboles de Navidad naturales de importación cumplan la normativa en materia de sanidad forestal

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnado, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 707, que contiene la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a garantizar que los árboles de navidad naturales de importación cumplan la normatividad en materia de sanidad forestal, presentada por el diputado Rafael Pacchiano Alamán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, esta comisión legislativa, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

Primero. El 24 de noviembre del 2009, el diputado Rafael Pacchiano Alamán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a garantizar que los árboles de navidad naturales de importación cumplan con la normatividad en materia de sanidad forestal.

Segundo. En esa misma fecha, la Mesa Directiva, turnó la propuesta citada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

Esta comisión dictaminadora comparte los considerandos del legislador promovente de la proposición con punto de acuerdo que fue turnada a esta Comisión para su análisis y elaboración del presente dictamen. Tal y como se señala a continuación:

Que, en la segunda semana de noviembre del 2009, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) regresó a Estados Unidos los primeros pinos de navidad de la temporada, por la presencia de una de las 12 nuevas plagas cuarentenarias consideradas en la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-158-SEMARNAT, que regula sanitariamente la importación de árboles de navidad naturales de las especies de los géneros Pinus y Abies; y la especie Pseudotsuga menziesii, para prevenir el ingreso al país de las siguientes plagas asociadas a éstos, Vespula germanica, Choristoneura fumiferana, Chorristoneura occidentalis, Deroceras reticulatum, Diprion similis, Orgya pseudotsugata, Paradiplosis tumifex, Grovesiella abieticola, Rhabdocline weirii, Nalepella ednae, Epitrimerus pseudotsugae y Phomopsis lokoyae.1

La plaga que detecto la Profepa durante la inspección ambiental en puertos, aeropuertos y fronteras fue de molusco Deroceras reticulatum(babosa gris), la cual es considerada como plaga de alto riesgo para cultivos de maíz, soya, girasol, hortalizas, plantas de ornato y vegetación de bosque.

Partiendo de este acontecimiento, el legislador promovente expresa su preocupación por la importación de árboles de navidad naturales que se hace cada año en México, toda vez que en los árboles provenientes de Canadá y Estados Unidos, se han registrado plagas y enfermedades que ponen en peligro la calidad, no sólo de los árboles de navidad producidos en el territorio nacional, sino también de las zonas agrícolas y de los recursos forestales en su conjunto.

De esta problemática ambiental la Profepa ha venido trabajando, toda vez, que en 1996, se implemento la operación del Programa de Inspección en Puertos, Aeropuertos y Fronteras, cuyos objetivos son: “Prevenir y combatir el tráfico ilegal internacional de especies de vida silvestre reguladas”, y “Prevenir la introducción de plagas de importancia cuarentenaria a nuestro país”. Asimismo, fue creado con el objeto de: “Cumplir los compromisos adquiridos por México al adherirse a la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna (CITES) 1991”, “Cumplir las responsabilidades derivadas de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria del año de 1976 y ratificada en el 2000”, y “Verificar el cumplimiento de las restricciones no arancelarias de las fracciones listadas en el Acuerdo de Clasificación y Codificación de Mercancías cuya Importación y Exportación está Sujeta a Regulación por Parte de la Semarnat, publicado en el Diario Oficial de la Federación en 1995 y sus posteriores modificaciones”.2

Otra inquietud del promovente es la producción mexicana de árboles de navidad naturales, por lo que manifiesta la importancia de continuar con el otorgamiento de incentivos para el fortalecimiento de la producción de éstos.

Actualmente, existen en México poco más de 500 proyectos de plantaciones forestales comerciales especializadas en el cultivo de árboles de navidad, de los cuales 22% ya está en producción. La superficie plantada actualmente es de aproximadamente mil 750 hectáreas en 14 estados, destacando el estado de México con 800 ha; el Distrito Federal con 220 ha; Guanajuato con 210 ha, Veracruz con 195 ha; Michoacán 130 y Puebla con 100 ha. El resto se distribuyen en Nuevo León, Morelos, Hidalgo, Querétaro, Tamaulipas y otras entidades.3

Derivado de la actividad que realiza la Semarnat sobre los trabajos de sanidad forestal y de plantaciones comerciales por conducto de la Comisión Nacional Forestal, así como de la inspección y vigilancia en puertos, aeropuertos y fronteras de la importación de arbolitos naturales de navidad por la Profepa, esta Comisión considera relevante exhortar a la Semarnat para que envíe a este órgano legislativo el informe del Programa de Inspección Fitosanitaria de la temporada 2009, para la importación de árboles de navidad.

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de esta comisión nos permitimos someter a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a enviar a este órgano legislativo el informe del Programa de Inspección Fitosanitaria de la temporada 2009 para la importación de árboles de navidad. Asimismo, que siga implementando los incentivos para la producción de árboles de navidad certificados, a través de los proyectos de plantaciones forestales comerciales especializadas en el cultivo de éstos.

Notas:

1 Diario Oficial de la Federación, noviembre 6 de 2009, Primera Sección, México, DF, p. 9.

2 Información disponible en:

http://www.profepa.gob.mx/PROFEPA/InspeccionIndustrial/PuertosA eropuertosyFronteras/

3 Información disponible en: http://www.conafor.gob.mx/index. php?option=com_content&task=blogcategory&id=45&Itemid=145

Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados el día 17 de febrero del 2010.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Roberto Borge Angulo, Jeny de los Reyes Aguilar (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Juan José Guerra Abud (rúbrica), Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), María Estela de la Fuente Dagdug, Judith Fabiola Vásquez Saut (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas, José Alfredo Torres Huitrón, Francisco Alejandro Moreno Merino, Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Leoncio Morán Sánchez (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores, Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Leticia Robles Colín (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación económica en conjunto. Continúe la Secretaría.

COMISIONES DE JUVENTUD Y DEPORTE

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a diversos congresos estatales a crear una comisión de juventud y deporte; y a los gobiernos estatales y a los municipales, a establecer órganos administrativos de apoyo de la juventud y el deporte nacionales

Honorable Asamblea:

La Comisión de Juventud y Deporte de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

A la Comisión de Juventud y Deporte de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 488, que contiene una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversos Congreso estatales a instaurar Comisiones de Juventud y Deporte para fortalecer las acciones y medidas a favor de los jóvenes mexicanos, así como a los gobiernos estatales y municipales a favorecer la creación de órganos administrativos encargados de la aplicación y ejecución de disposiciones del sector juvenil y de la actividad deportiva, presentado por el diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el jueves 29 de octubre de 2009.

El legislador refiere que la importancia de los jóvenes y el fomento del deporte deben tener sin duda mayor atención de los gobiernos locales y municipales como un fenómeno cultural y social; ya que los jóvenes son uno de los mayores generadores de recursos económicos y humanos.

Asimismo, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población, las personas de 12 a 29 años de edad suman más de 35 millones, que representan el 33 por ciento de la población nacional. En efecto, la tercera parte de la población nacional corresponde al sector juvenil, que se infiere como un óptimo bono demográfico.

El diputado promovente resalta que el aprovechamiento de las potencialidades de los jóvenes depende de los apoyos sociales e institucionales con que cuenten. De ahí la importancia de diseñar y poner en marcha políticas públicas que se orienten a mejorar sus posibilidades de acceso a actividades que garanticen su pleno desarrollo físico, familiar, psicológico, deportivo, cultural y educativo, y que, en conjunto, constituyan la base para contribuir a fortalecer sus capacidades para la vida productiva del país. En otras palabras, el mayor desafío en esta tarea radica en lograr el pleno acceso de los jóvenes a la educación con calidad y pertinencia y a empleos bien remunerados, programas que atiendan su salud y promuevan adecuadamente la práctica del deporte, actividades culturales y artísticas que propicien su desarrollo integral y más facilidades para la adquisición de vivienda, entre otros aspectos, expone el legislador.

En este sentido, indica que el éxito de la atención de las instituciones gubernamentales hacia este sector dependerá en gran medida del diseño, inclusión e implantación de acciones y programas por el lado administrativo, y de un marco normativo oportuno y adecuado por el lado legislativo. De esta manera, el diputado justifica la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta de los órganos legislativos y administrativos de cada nivel de gobierno para garantizar el pleno acceso a las oportunidades de este grupo poblacional el cual, resalta el promovente, ha llegado a ser criminalizado por algunos funcionarios y legisladores al momento de diseñar ciertas leyes.

La Comisión de Juventud y Deporte procedió al estudio y análisis del punto de acuerdo de referencia, llevando a cabo para tal efecto diversas reuniones de trabajo con los integrantes de la misma, hasta alcanzar el dictamen que hoy se presenta con las siguientes

Consideraciones

Este órgano legislativo coincide con el legislador promovente respecto a la importancia de la juventud y el fomento al deporte.

En cuanto a la juventud mexicana, no obstante que siempre ha formado parte del discurso de los distintos actores sociales, ha sido históricamente relegada, en los hechos casi nunca se han atendido sus necesidades básicas, así las y los jóvenes siguen enfrentando frecuentemente y a mayor escala situaciones sociales adversas y en cadena para su desarrollo, como la falta de oportunidades, el incremento del desempleo y en consecuencia de la pobreza, haciéndose más amplia la brecha de las desigualdades y de la discriminación, generándose un efecto social de invisibilidad de sus aportaciones y la relevancia de éstas. Es decir, no se ha hecho conciencia sobre la importancia que representan, por ejemplo, en nuestro país el aprovechamiento de los dividendos demográficos ha sido muy modesto, por citar algo; entre 2000 y 2006, la población de 15 a 64 años aumentó de 60.3 a 67.1 millones y se mejoraron las condiciones de dependencia demográfica. A su vez, la población económicamente activa ocupada se incrementó de 39.5 millones a 42.6 millones en el mismo lapso. Sin embargo, los aumentos en el empleo formal fueron discretos, de acuerdo con estimaciones del Conapo basadas en los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo del Inegi.

La realidad es reveladora, la importancia que representan las y los jóvenes mexicanos para el desarrollo de nuestra sociedad es ahora, más que nunca, histórica, pues contamos con una población de jóvenes que representan cerca del 27.3 por ciento de la población total, y que alcanzará su máximo histórico en unos años más, constituyendo desde ahora un bono demográfico es decir, un proceso de transición demográfica en el que la población mexicana en edad de trabajar es mayor que la dependiente, lo que significa para México la oportunidad de desarrollo más grande hacia los próximos 20 años.

En cuanto a la práctica de la cultura física y deporte, su importancia no es menos que la de la juventud. Los sociólogos1 coinciden en que el deporte es un fenómeno social emergente que ha tenido un avance importante en las últimas dos décadas, al cual se le atribuyen infinidad de beneficios, por ejemplo; ayuda a la formación de identidades nacionales y personales, otorga la oportunidad para proyectar tensiones y canalizar la agresividad y adopta diferentes grados de complejidad en su proceso de socialización, tanto desde una perspectiva institucional como individual, hasta conseguir armonizar las perturbadoras divisiones del sistema social, es decir, haciendo efectivos los procesos de integración y socialización de los individuos.2

El deporte, entendido en este sentido, representa un ejemplo viviente y eficiente de organización y cohesión social, pues cumple una clara función integradora y socializadora.3 Asimismo, los estudiosos de la materia encuentran en la actividad física, que es también parte esencial del deporte, un papel preponderante para la prevención de diversas enfermedades pues, por ejemplo, ayuda a prevenir y/o controlar la diabetes, la hipertensión arterial, constituye una de las acciones más importantes de prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares4 e incrementa la capacidad respiratoria y la fortaleza de las estructuras óseas y musculares, entre muchos otros beneficios para la salud. Por otro lado, la cultura física conlleva beneficios de culturización cuyos alcances día a día se van apreciando como la prevención e inhibición de conductas antisociales.

Razones fundamentales como estas hacen urgente la atención prioritaria de los gobiernos de los tres órdenes, en sus respectivos ámbitos de competencia, por lo que la Comisión de Juventud y Deporte comparte por completo con el legislador la idea de atender a la juventud mexicana así como la cultura física y el deporte empezando por el gobierno. De ahí la necesidad de contar con instituciones gubernamentales tanto de la federación, de los estados, del Distrito Federal como de los municipios, especiales, es decir, organismos administrativos de la juventud y del deporte.

Motivada por la propuesta del diputado promovente, la Comisión de Juventud y Deporte llevó a cabo una investigación de campo a fin de conocer que Congresos estatales cuentan con un órgano legislativo en materia de juventud y de deporte, encontrando que; de los 31 estados, así como el DF, sólo 9 Congresos locales no cuentan cuando menos con una comisión ordinaria (permanente) que atienda los asuntos de juventud y de deporte, siendo estos los siguientes:

Entidad federativa                                     Comisión de Juventud                    Comisión de Deporte

Baja California Sur  No tiene                        Si tiene

Campeche                No tiene                        Si tiene

Durango                  No tiene                        Si tiene

Puebla                     No tiene                        Si tiene

San Luis Potosí       No tiene                        Si tiene

Guerrero                  Si tiene                          No tiene

Oaxaca                    Es especial (temporal)   Es especial (temporal)

Tamaulipas              Es especial (temporal)   Es especial (temporal)

Yucatán                   Es especial (temporal)   Es especial (temporal)

Lo anterior, merece el reconocimiento de este órgano legislativo y de la sociedad en general para todos los Congresos que han demostrado sensibilidad para atender temas prioritarios como el de la juventud y el deporte. Asimismo, para los Congresos que aún no lo han hecho, este órgano legislativo estima conveniente exhortarlos respetuosamente para que se sensibilicen ante la necesidad de atender a la juventud y el deporte.

De la misma manera, es pertinente hacer un exhorto a los gobiernos estatales y municipales a crear órganos administrativos encargados de la aplicación y ejecución de disposiciones y políticas que promuevan el desarrollo integral de las y los jóvenes, e impulsen entre la sociedad la práctica de la cultura física y el deporte dentro de su ámbito de competencia; tomando como base sus planes de desarrollo y de acuerdo con su capacidad técnica, humana y financiera.

Por las consideraciones expuestas, las Comisión de Juventud y Deporte emite el siguiente

Dictamen

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos de Baja California Sur, Campeche, Durango, Puebla, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas y Yucatán, a crear una Comisión de Juventud y Deporte ordinaria, para que atienda las necesidades específicas de estos sectores de la población mexicana.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados y de los municipios a crear órganos administrativos encargados de la aplicación y ejecución de disposiciones y políticas que promuevan el desarrollo integral de las y los jóvenes, e impulsen entre la sociedad la práctica de la cultura física y el deporte dentro de su ámbito de competencia, con base en sus planes integrales de desarrollo y de acuerdo con su capacidad técnica, humana y financiera; y en los casos de contar con éstos, fortalecerlos administrativa, presupuestal y jurídicamente.

Notas:

1 Confróntese Ribeiro da Silva Ataide, Psicología del deporte y preparación del deportista, Kapelusz, Buenos Aires, segunda edición, 1975, página 77; Lagardera Otero, Francisco, La Sociología y el Deporte, INEFC, Universidad de Lleida, página 14.

2 Ibidem, página 15.

3 Elias Norberto, 1992. Refiriéndose a la aportación social del deporte, comenta que lejos de significar un pasatiempo inocuo e intrascendente, es una más de las claves sociales que nos permiten comprender el origen y evolución de los tiempos modernos: “La deportivización fue como un empuje civilizador comparable por su dirección global a la cortesanización de los guerreros, proceso en el que las opresivas reglas de la etiqueta desempeñaron un papel significativo... es posible pensar que las sociedades europeas, desde el siglo XV en adelante, sufrieran una transformación que imponía a sus miembros una reglamentación cada vez mayor de su conducta y sus sentimientos... el progresivo reforzamiento de los controles reguladores sobre las conductas de las personas y la correspondiente formación de la conciencia, la interiorización de las normas que regulan más detalladamente todas las esferas de la vida, garantizaba a las personas mayor seguridad y estabilidad en sus agradables asociadas con formas de conducta más sencillas y espontáneas.El deporte fue una de las soluciones a este problema” .Confróntese Lagardera Otero, Francisco, La Sociología y el Deporte. Op. Cit. páginas 21 y 22.

4 Revista “Deporte Federado”, Codeme, Año 4, número 19, febrero de 2005.

Salón de sesiones de la Comisión de Juventud y Deporte, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los dieciséis días del mes de febrero de dos mil diez.

La Comisión de Juventud y Deporte, diputados: Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), presidente; Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Sandra Méndez Hernández (rúbrica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Juan José Cuevas García (rúbrica), César Daniel González Madruga, Sixto Alfonso Zetina Soto (rúbrica), Carlos Torres Piña (rúbrica), Juan Carlos Natale López (rúbrica), secretarios; Carlos Cruz Mendoza, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Noé Martín Vázquez Pérez, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira, Francisco Ramos Montaño, Rolando Bojórquez Gutiérrez (rúbrica), Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Martín Enrique Castillo Ruz (rúbrica), Jesús Everardo Villarreal Salinas, Yulenny Guylaine Cortés León (rúbrica), Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes, Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón, Jesús Gerardo Cortés Mendoza (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo, Ilich Augusto Lozano Herrera (rúbrica), Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Diego Guerrero Rubio (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban éste y los puntos de acuerdo anteriormente reservados.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica se pregunta si se aprueban éste y los puntos de acuerdo anteriormente reservados. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, la mayoría es por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

LEY PARA PREVENCION DE ACTIVIDADES ILICITAS A TRAVES DE SERVICIOS MOVILES DE TELECOMUNICACIONES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Continuamos con el orden del día que son dictámenes negativos.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se autoriza. En consecuencia proceda la Secretaría a dar lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para Prevención de Actividades Ilícitas a través de Servicios Móviles de Telecomunicaciones

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 55, 56, 60, 65, 87,88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Comunicaciones somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el presente dictamen en sentido negativo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. En sesión ordinaria celebrada en fecha 2 de diciembre de 2008, se dio cuenta a la asamblea de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la iniciativa que expide la Ley para la Prevención de Actividades Ilícitas a través de Servicios Móviles de Telecomunicaciones, suscrita por el diputado César Duarte Jáques, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

II. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades y mediante el oficio número DPGL 60-II-4-1778, instruyó el turno de la iniciativa de referencia a la Comisión de Comunicaciones, con opinión de las Comisiones de Justicia, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la LX Legislatura para su estudio y dictamen; sin embargo por razones desconocidas, dicho órgano colegiado no emitió el dictamen correspondiente.

III. Con base en lo anterior, la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura procedió a la revisión del expediente, al análisis de la iniciativa y la elaboración del presente dictamen en sentido negativo.

Contenido de la iniciativa

1. El proponente argumenta que la telefonía celular ha permitido tener una sociedad cada vez mejor comunicada, transformando la vida cotidiana de las personas, así como la actividad económica en el mundo. Que la demanda de estas tecnologías ha cambiado el quehacer cotidiano de las sociedades, permitiendo comunicar a personas en lugares y a distancias nunca antes imaginadas, activando así, la agenda política, social y económica de la humanidad.

2. Que México en los últimos años ha experimentado una revolución comunicativa que ha impactado económicamente a un mercado que engloba a las empresas concesionarias y distribuidoras; empleados y sobre todo usuarios, los cuales generan una economía que consolida a la industria de la telefonía móvil como una de las más sólidas.

3. Comenta como uno de los aspectos relevantes que en 1996 existían en nuestro país cerca de 1 millón de líneas móviles y para el año 2000 esta cifra había aumentado a 14 millones de teléfonos celulares; precisa que a la fecha, de acuerdo a estudios recientes, la cifra se aproxima a los 62 millones de líneas celulares, siendo el medio de comunicación más utilizado en todo México.

4. Que en los últimos años, las bondades de la telefonía celular se han pervertido en mala fe, llegando a ocupar un lugar preponderante como herramienta para la consumación de actos delictivos. Que es común escuchar que secuestradores, asaltantes, extorsionadores y narcotraficantes hagan uso de los servicios de la telefonía celular por la finalidad de movilidad y sustitución que se ofrece en el mercado; de cambio de servicio - prepago y renta - o de número, así como de las ventajas que representan el anonimato que da el simple hecho de cambiar un chip.

5. En este orden de ideas, resalta el proponente que estudios recientes realizados por el Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, AC, muestran que en México se cometen diariamente alrededor de 760 ilícitos utilizando este medio de comunicación como medio directo para lograr su cometido.

Que la extorsión, las amenazas y el hostigamiento vía telefónica, las comunicaciones de “negociación” con secuestradores y familiares de sus victimas, la realización de actividades ilegales, el espionaje y las llamadas que conllevan a fraudes cibernéticos o electrónicos, son algunas actividades delictivas que se realizan por medio del teléfono celular, adicionalmente, se debe agregar el robo de equipos y tarjetas de prepago. Que el mismo estudio muestra que se han detectado cerca de 240 grupos criminales dedicados a la extorsión vía telefónica, y en muchas ocasiones operando con teléfonos celulares desde los Centros de Readaptación Social.

6. Que bajo las circunstancias actuales que vive el país, es necesario establecer las disposiciones legales que permitan regular el uso adecuado de la telefonía celular, aplicando nuevas reglas, medidas y procedimientos para que los operadores móviles estén obligados a perfeccionar el servicio que ofrecen, con el objeto de colaborar con las autoridades competentes en la prevención y persecución de actos u operaciones ilícitas realizadas a través de los equipos de telecomunicación.

7. Que uno de los objetivos principales de la iniciativa que se presenta es establecer como requisito que los concesionarios u operadores móviles, tengan la obligación de mantener un registro completo de los teléfonos celulares que comercializan.

8. La Iniciativa plantea que cada operador móvil deberá crear, mantener y actualizar una base de datos de las comunicaciones que se originen, cursen y terminen empelando su red pública de telecomunicaciones, con el fin de que permitan identificar con precisión diversos datos.

Dispone que los concesionarios de las redes públicas de telecomunicaciones deberán mantener un registro de los usuarios de los servicios de telefonía celular y sus respectivos modos de transmisión ya sean de voz, datos o video, que hayan sido suspendidos por robo o extravío, permitiendo así, estar en posibilidades de determinar si estos vuelven a ser utilizados.

9. Adicionalmente, la iniciativa propone la creación de una unidad especializada, dependiente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que tenga como objeto concentrar, actualizar y analizar los registros proporcionados por los concesionarios. Dicha unidad, mediante orden dictada por un juez competente, estará facultada para compartir la información concreta y específica de los registros de los operadores móviles, y en este sentido, deberá coordinarse con las instituciones de seguridad pública para la persecución de los delitos.

Es importante mencionar que la Iniciativa impone la obligación a dicha unidad de estar en contacto con las autoridades similares de otros países, a efecto de compartir la información necesaria para dar seguimiento a los delitos en los que se utilicen teléfonos celulares extranjeros.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen exponemos las siguientes

Consideraciones

1. Esta comisión llevó a cabo el análisis y discusión del contenido de la Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para la Prevención de Actividades Ilícitas a través de Servicios Móviles de Telecomunicaciones, en los términos expuestos por el diputado César Duarte Jáques, al proponer la regulación de los aspectos relacionados con las obligaciones de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones; los suscriptores y concesionarios; la información contenida en las bases de datos; la tecnología y los servicios, para que el uso de la telefonía celular sea utilizada únicamente en beneficio de la población y no en su contra.

2. Resulta necesario establecer las disposiciones legales que permitan regular el uso adecuado de la telefonía celular, aplicando nuevas reglas, medidas y procedimientos para que los operadores móviles estén obligados a perfeccionar el servicio que ofrecen, para colaborar con las autoridades competentes en la prevención y persecución de actos u operaciones ilícitas realizadas a través de los equipos de telecomunicaciones.

3. El 9 de febrero de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, con el propósito de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, supervise la elaboración y actualización por parte de los concesionarios, del Registro Nacional e Usuarios de Telefonía Móvil, como una acción coordinada con la autoridad correspondiente, que permitan combatir los delitos de extorsión, amenazas, secuestros en cualquiera de sus modalidades o algún delito grave o relacionado con la delincuencia organizada, así como las medidas necesarias para llevar un registro pormenorizado u preciso sobre los usuarios de teléfonos móviles, con la debida protección de datos.

Se considera inviable la iniciativa en estudio, ya que las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicadas mediante decreto el día 9 de febrero de 2009, se atiende el propósito de la iniciativa.

Por lo expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura, sometemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para la Prevención de Actividades I lícitas a través de Servicios Móviles de Telecomunicaciones, presentada por el diputado César Duarte Jáques, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el martes 2 de diciembre de 2008.

Segundo. Archívese el expediente como asunto resuelto y totalmente concluido. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2009.

La Comisión de Comunicaciones, diputados: José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), presidente; Éric Luis Rubio Barthell (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Pablo Rodríguez Regordosa (rúbrica), Arturo García Portillo (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández, Fernando Ferreyra Olivares (rúbrica), secretarios; Maurilio Ochoa Millán (rúbrica), Ana Estela Durán Rico (rúbrica), Sofía Castro Ríos (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Rogelio Cerda Pérez (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Janet Graciela González Tostado (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Sergio Arturo Torres Santos (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Juan Huerta Montero (rúbrica), Adriana Fuentes Cortés (rúbrica), Javier Corral Jurado, Adriana Sarur Torre (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Francisco Hernández Juárez.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Están a discusión los puntos de acuerdo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Mario di Costanzo. Sí, diputado, dígame.

El diputadoMario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Estamos desechando iniciativas, son dictámenes de diferentes comisiones.

En virtud de que hace un rato se aprobó un punto de acuerdo relativo a los árboles de navidad, en marzo. Es decir, no sabemos ni qué se está votando. Pediría que en términos del artículo 108 del Reglamento, los integrantes o el presidente de cada comisión, siquiera nos explicara qué es lo que se está desechando. Creo que es importante saber qué estamos desechando para poder saber cómo se va a votar, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Están publicados íntegramente, diputado, en la Gaceta Parlamentaria.

Ya la asamblea aprobó que en virtud de estar publicados se proceda solamente a la votación de los puntos de acuerdo. Seguramente que si usted le da lectura va a encontrar las razones por las cuales en la comisión, integrada por todos los grupos parlamentarios, consideraron desechar estas iniciativas.

En virtud de que no se ha registrado orador alguno se reserva para su votación en conjunto. Continúe la Secretaría.

LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA - LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Energía, y de Comunicaciones, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes del Servicio Público de Energía Eléctrica, y Federal de Telecomunicaciones

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 60, 87, y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones de Energía y de Comunicaciones someten a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el presente dictamen en sentido negativo, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

I. En sesión ordinaria celebrada en fecha 13 de diciembre de 2007, se dio cuenta a la asamblea de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona los artículos 6 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, así como el artículo 7 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por el diputado José Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

II. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades y mediante el Oficio número D.G.P.L. 60-II-2-1159, instruyó el turno de la iniciativa de referencia a la Comisión de Energía y a la Comisión de Comunicaciones para su estudio y la formulación del dictamen correspondiente.

III. Las comisiones dictaminadoras de la LXI Legislatura han procedido a la revisión del expediente, al análisis de la iniciativa y la elaboración del presente dictamen.

Contenido de la iniciativa

1. Dentro de la exposición de motivos, la presente iniciativa señala que el desarrollo de nuevas tecnologías en materia de telecomunicaciones, particularmente la PLC (Power Line Comunication), hace posible que a través de la red del sistema eléctrico nacional se pueden transmitir datos, imágenes y voz (carrier of carriers). Este novedoso avance tecnológico puede significar un salto para el desarrollo de nuestra sociedad al hacer más accesible esta imprescindible herramienta de trabajo y difusión de conocimientos, para todos los habitantes de nuestra nación.

Asimismo, desde la nacionalización de la industria eléctrica mexicana, el 27 de septiembre de 1960, nuestro país ha venido desarrollando una infraestructura de electrificación que cubre el 97 por ciento del territorio nacional. Se han unificado las frecuencias de distribución a 110 KW y se ha creado un sistema eléctrico que funciona de manera integrada en la mayor parte de nuestro país.

La iniciativa refiere que, dada la importancia que tiene la industria de las telecomunicaciones en México y, señala para el caso particular de la desaparecida Luz y Fuerza del Centro, se tiene la infraestructura para ofrecer servicios de última milla, de voz, datos, imagen e Internet a través de la red de distribución eléctrica; se estima que dicha infraestructura podría aumentar la calidad y bajar el costo de los servicios de Internet en nuestro país.

2. Desde el 10 de noviembre de 2006, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó a la Comisión Federal de Electricidad el título de concesión de una red pública de telecomunicaciones interestatal que permite ofrecer a través de sus líneas existentes, interconexión a los diversos operadores de servicios de telecomunicaciones.

3. El diputado José Antonio Almazán González plantea reformar el artículo 6 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, así como el artículo 7 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a efecto de facultar a los organismos Luz y Fuerza del Centro y Comisión Federal de Electricidad (ahora únicamente Comisión Federal de Electricidad) para que participen a través de su red eléctrica en el servicio de voz, imagen, datos e Internet. La participación en el PLC sería una actividad complementaria por parte de estas dos empresas, con el objetivo de prestar un servicio con precios competitivos y de mayor calidad, en beneficio de los usuarios.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de las comisiones de Comunicaciones y de Energía de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen exponemos las siguientes:

Consideraciones

Respecto del análisis de la iniciativa que aquí se dictamina, es importante señalar las valiosas aportaciones que al respecto formularon los diputados José del Pilar Córdova y Sergio Quiroz, integrantes de la Comisión de Energía.

Primera. El 11 de octubre de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, el artículo 1o. del mismo decreto establece: “Se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, el cual conservará su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación”.

De lo anterior se desprende que la iniciativa en referencia es técnicamente imposible de aprobación, debido a la extinción del organismo público Luz y Fuerza del Centro.

Segunda. En lo que se refiere a la Comisión Federal de Electricidad, cabe señalar que como la misma iniciativa indica, desde el 10 de noviembre de 2006 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó a la Comisión Federal de Electricidad la concesión de una red pública de telecomunicaciones interestatal que le permitiría ofrecer, a través de sus líneas existentes con que cuenta a nivel nacional, interconexión a los diversos operadores de servicios de telecomunicaciones. Este título de concesión es para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones interestatal, cuya vigencia será de 15 años.

Por lo que, en este sentido, no es necesario modificar el artículo 7o. de la Ley Federal de Telecomunicaciones, debido a que los artículos 11, 24 y 44 de dicho ordenamiento establecen los procedimientos de concesión, para el fin antes mencionado.

Tercera. En el artículo primero del proyecto de decreto propuesto en la iniciativa, se señala lo siguiente:

“Artículo primero. Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para quedar como sigue:

Artículo 6. Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal autorizará, en su caso, los programas que someta a su consideración la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, en relación con los actos previstos en el artículo 4. Todos los aspectos técnicos relacionados con la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica serán responsabilidad exclusiva de la Comisión Federal de Electricidadcomo una actividad complementaria de la prestación del servicio público de energía eléctrica, tanto la CFE como Luz y Fuerza del Centro podrán participar, a través de su red pública de telecomunicaciones; mediante sus torres de transmisión; su red subterránea; su red aérea y sus postes, en la prestación de servicios de transmisión de imagen, voz, datos, internet y televisión por cable, denominado Power Line Communications; en los términos que establecen la fracción X, del artículo 3, y el artículo 7, ambos de la Ley Federal de Telecomunicaciones.”

Los cambios propuestos al artículo citado aparecen en negrita.

Al respecto, estas comisiones dictaminadoras realizan las siguientes observaciones a la redacción de la adición planteada:

a. La redacción del texto que se propone adicionar da lugar a confusiones pues carece de una sintaxis adecuada. Ello es así, en virtud de que no existe una consecución de ideas entre la primera parte del párrafo sexto vigente y la segunda parte que se propone adicionar. No se toma en consideración que el artículo 6o. vigente de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, por su contenido, se relaciona directamente con los artículos 4o. y 5o. del mismo ordenamiento.

b. Existe una confusión de términos en cuanto a que se entiende por una red pública de telecomunicacionesen la redacción que se propone adicionar al artículo citado. En efecto, se establece que “...tanto la CFE como Luz y Fuerza del Centro podrán participar, a través de su red pública de telecomunicaciones...” La redacción anterior da lugar a que se entienda que ambos organismos descentralizados ya tienen una red pública de telecomunicaciones, lo cual es incorrecto.

Para instalar, operar y explotar una red de telecomunicaciones se requiere de una concesión que expide la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Adicionalmente, el objetivo de la iniciativa que aquí se dictamina, como se señala en la exposición de motivos, lo que se pretende es precisamente facultar a los organismos descentralizados mencionados para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones.

c. En la redacción de la adición propuesta se describen elementos que ya se encuentran definidos en la legislación actual, concretamente en la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Se propone agregar en la redacción del artículo 6o. vigente de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica: “...mediante sus torres de transmisión; su red subterránea; su red aérea y sus postes...”

En la fracción VIII del artículo 3 de la Ley Federal de Telecomunicaciones se define la “red de telecomunicaciones” como un sistema integrado por medios de transmisión y, entre otros, se encuentran las redes de transmisión eléctrica. Si lo que se pretende es tener una red de dicha naturaleza, entonces deberá hacerse alusión como medio de transmisión a la red eléctrica con que cuenta el país. Se suma a lo anterior, el hecho de que en la fracción citada ya se hace referencia a centrales, dispositivos de conmutación o cualquier equipo necesario, como elementos adicionales a los medios de transmisión que componen el sistema de la red de telecomunicaciones.

d. Igualmente, se mencionan de forma innecesaria otros elementos que ya se encuentran definidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Se propone en la redacción en comento: “...en la prestación de servicios de transmisión de imagen, voz, datos, internet y televisión por cable, denominado Power Line Communications...”

En la fracción XIV del Artículo 3 de la Ley Federal de Telecomunicaciones se establece que por “telecomunicaciones” se entiende toda emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúa a través de hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos, u otros sistemas electromagnéticos. En consecuencia, no resulta adecuado volver a señalar algunos de los elementos ya establecidos en la legislación aplicable.

Consecuentemente, la redacción propuesta es inadecuada e incorrecta, al no tomar en consideración la normatividad aplicable al tema de las redes públicas de telecomunicaciones establecida en la Ley Federal de Telecomunicaciones. Ello aunado a que la redacción carece de una sintaxis adecuada que orilla a una lectura confusa del artículo que se pretende adicionar.

Cuarta. Por otra parte, en el Artículo segundo del proyecto de decreto propuesto en la iniciativa, se señala lo siguiente:

“Artículo segundo. Se reforma el artículo 7, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:

Artículo 7. La presente ley tiene...

Para coadyuvar en la realización de estos objetivos, y además fortalecer la red pública de telecomunicaciones, la CFE y Luz y Fuerza del Centro, podrán arrendar sus redes de telecomunicaciones a otras empresas oferentes de servicios de telefonía, Internet y de televisión por cable. Para tal efecto, se utilizará la red eléctrica de estas empresas, para enlazar a los usuarios con la telefonía pública e Internet, y cuya aplicación se extiende a ámbitos tan importantes para el desarrollo del país como la educación, salud, vivienda, cultura y recreación para las familias mexicanas.

Para el logro de estos objetivos,...”

El diputado José Antonio Almazán González propone reformar el artículo 7 de la Ley Federal de Telecomunicaciones para adicionar un segundo párrafo, del cual se resalta el texto arriba transcrito con la finalidad de distinguir la propuesta realizada.

Al respecto, estas comisiones dictaminadoras realizan las siguientes observaciones a la redacción de la adición planteada:

En el párrafo propuesto se establece como idea central el que los organismos descentralizados Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro puedan arrendar sus redes de telecomunicaciones para diferentes servicios relacionados con la misma. Dicha redacción resulta errónea e inadecuada, toda vez que, al igual que en el caso de la reforma comentada en el apartado anterior, no se toma en consideración la normatividad legal vigente aplicable a las redes públicas de telecomunicaciones.

Efectivamente, en el contenido de las fracciones VIII, X y XIV del artículo 3 de la Ley Federal de Telecomunicaciones se definen los conceptos de telecomunicaciones, red de telecomunicaciones, así como red pública de telecomunicaciones.

Así, el hecho de operar una red de telecomunicaciones para cualquier concesionario implica obtener un título de concesión otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y, a su vez, implica diversos derechos y obligaciones. Entre dicho derechos se encuentran el de explotar comercialmente los servicios de telecomunicaciones (artículo 3, fracción X, en relación con artículo 11, fracción II).

De la misma manera que en la reforma propuesta para la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la redacción propuesta a la Ley Federal de Telecomunicaciones es inadecuada e incorrecta, al no tomar en consideración la normatividad aplicable al tema de las redes públicas de telecomunicaciones establecida en ese mismo ordenamiento.

Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de las comisiones de Energía y de Comunicaciones de la LXI Legislatura, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de la Ley Federal de Telecomunicaciones, presentada por el diputado José Antonio Almazán González.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, febrero de 2010.

La Comisión de Energía, diputados: Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (rúbrica), Ramón Ramírez Valtierra (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Jesús Everardo Villarreal Salinas (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez, Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica en contra), Pedro Jiménez León, Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Canek Vázquez Góngora, José Luis Soto Oseguera, Jorge Alberto Juradini Rumilla, José Luis Velasco Lino (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola, Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced (rúbrica), Éric Luis Rubio Barthell (rúbrica), Miguel Martín López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica), César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), Magdalena Torres Abarca (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica en contra), Cesar Francisco Burelo Burelo (rúbrica).

La Comisión de Comunicaciones, diputados: José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), presidente; Éric Luis Rubio Barthell (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Pablo Rodríguez Regordosa (rúbrica), Arturo García Portillo (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor (rúbrica en abstención), Gerardo Leyva Hernández, Fernando Ferreyra Olivares (rúbrica), secretarios; Maurilio Ochoa Millán (rúbrica), Ana Estela Durán Rico (rúbrica), Sofía Castro Ríos (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Rogelio Cerda Pérez (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Janet Graciela González Tostado (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Sergio Arturo Torres Santos (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Juan Huerta Montero (rúbrica), Adriana Fuentes Cortés (rúbrica), Javier Corral Jurado, Adriana Sarur Torre (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Francisco Hernández Juárez.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se reserva para su votación en conjunto. Continúe la Secretaría.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, dígame.

El diputadoMario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Primero, en el punto anterior, solicité en términos del artículo 108 del Reglamento, que sea algún integrante de la comisión que está proponiendo estos dictámenes el que venga a exponer en qué consisten los dictámenes.

Esto es muy aparte de que se haya publicado en la Gaceta o no se haya publicado; es muy claro el Reglamento. ¿O ya vamos a violar, también el Reglamento?

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No, no estamos violando ningún reglamento, diputado. Le estoy indicando dónde está verdaderamente inscrito y lo invito a que le dé lectura en la Gaceta Parlamentaria. Continúe la Secretaría.

LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DE LA FEDERACION

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación

Honorable Asamblea:

A la Comisión de la Función Pública en la LX Legislatura fue turnada para estudio y dictamen la iniciativa que reforma el artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, en materia de presupuestos con perspectiva de género, hacia la igualdad entre mujeres y hombres, presentada por integrantes de la Comisión de Equidad y Género de la LX legislatura.

La Comisión de la Función Pública, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 73, fracción XXX, en relación con el 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1 y 3, y 45, numerales 6, incisos e), f) y g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 60, 65, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen con proyecto de decreto. Y al efecto expone los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 30 de abril de 2009, integrantes de la LX Legislatura presentaron ante el pleno del Congreso de la Unión la iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, en materia de presupuestos con perspectiva de género, hacia la igualdad entre mujeres y hombres.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión dispuso que dicha iniciativa fuera turnada para estudio y dictamen a la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, asignándole el número de expediente 6071.

3. Una vez recibida y previo estudio de la iniciativa, se preparó el siguiente proyecto de dictamen:

Contenido de la iniciativa

I. La iniciativa que se dictamina propone considerar la igualdad entre mujeres y hombres al momento de establecer los criterios para las auditorías, procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública y del Informe de Avance de Gestión Financiera.

II. Los integrantes de la LX Legislatura expresaron en la exposición de motivos lo siguiente:

En el cambio político, económico y social que México enfrenta, demanda la incorporación de la perspectiva de género en los criterios de diseño, implantación, evaluación de las políticas públicas y del Presupuesto público, no sólo para atender las demandas derivadas de la creciente participación de las mujeres en el mercado laboral y en los puestos de toma de decisiones sino para dar cumplimiento de los derechos culturales, civiles y políticos de la población. Asimismo, y con el fin de cerrar brechas, se han implantado acciones afirmativas y desarrollado políticas específicas dirigidas al mejoramiento de la condición social de las mujeres tanto a nivel federal como local.

Los expertos en política económica coinciden en que las políticas públicas aumentarán su eficacia si sus beneficios trascienden de manera equitativa a la mayor parte de la población a que van dirigidas, y serán más eficientes si se basan en la identificación correcta de las circunstancias y motivaciones de los agentes económicos involucrados. Sin embargo, estas cualidades deseadas en las políticas públicas no han podido convertirse en una realidad para las mujeres, debido a que su posición y condición de género las continúan excluyendo, discriminando y limitando en el acceso, control y disfrute de los recursos, bienes y servicios públicos.

Los proponentes continúan:

Actualmente, el presupuesto basado en resultados trata de evaluar el efecto del gasto en la población objetivo y, por tanto, abre la posibilidad para la incorporación de la perspectiva de género como una herramienta analítica que apoya en la detección del beneficio de los programas y las políticas en mujeres y en hombres, la que fortalece la rendición de cuentas y transparencia. De acuerdo con lo que establece la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, realizar análisis del Presupuesto desde la perspectiva de género contribuye a que los gobiernos rindan cuentas de sus compromisos con la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres.

Por la misma razón, este proceso de incorporar la perspectiva de género en la planeación y el presupuesto implica además revisar que se dé cumplimiento a la normatividad en la materia. En esta parte del proceso, la función fiscalizadora cobra relevancia para el ejercicio democrático, dado que el Legislativo tiene la facultad de hacer una revisión del ejercicio valiéndose de un órgano técnico, en este caso la Auditoría Superior de la Federación. Es necesario que también durante esta etapa se considere lo referente al cumplimiento del principio de igualdad entre las mujeres y los hombres.

En la argumentación de esta iniciativa se reconoce que el proceso de incorporar lineamientos y criterios, y realizar revisiones, la fiscalización con perspectiva de género permitirá observar el cumplimiento o las deficiencias para ejecutar los mandatos y compromisos adquiridos por el Estado mexicano en la materia, en específico lo referente a los presupuestos con perspectiva de género.

Considerando

1. Conforme a la publicación de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de fecha 29 de mayo de 2009, en el Diario Oficial de la Federación por promulgación del presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, y con estricto arreglo a sus facultades constitucionales, que entró en vigor el día siguiente al de su publicación de manera sincrónica para toda la república, por tratarse de un ordenamiento federal, siendo lo anterior el 30 de mayo de 2009 para dar cumplimiento al decreto de aprobación expedido por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dejó sin materia la presente iniciativa.

2. La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación referida abrogó de manera automática la anterior Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la cual era el ordenamiento que afectaría la presente iniciativa en estudio. Lo anterior da lugar a que la iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, en materia de presupuestos con perspectiva de género, hacia la igualdad entre mujeres y hombres, se quedara sin materia.

Por las razones y argumentación anteriores, la Comisión de la Función Pública emite la siguiente

Conclusión

En virtud de lo establecido en los considerandos primero y segundo del dictamen, la comisión dictamina y resuelve en sentido negativo la iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, en materia de presupuestos con perspectiva de género, hacia la igualdad entre mujeres y hombres, por carecer de materia; y somete a consideración de esta soberanía los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma el artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, en materia de presupuesto con perspectiva de género, hacia la igualdad entre mujeres y hombres, presentada por integrantes de la LX Legislatura el 30 de abril de 2009.

Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

La Comisión de la Función Pública, diputados: Pablo Escudero Morales (rúbrica), presidente; Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), Josué Cirino Valdés Huezo (rúbrica), Marcos Pérez Esquer (rúbrica), Juan Carlos López Fernández (rúbrica), secretarios; Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León (rúbrica), Esthela Damián Peralta, Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), Lizbeth García Coronado, Miguel Ángel García Granados, César Daniel González Madruga (rúbrica), Janet Graciela González Tostado, Agustín Guerrero Castillo (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica),Kenia López Rabadán, Tereso Medina Ramírez (rúbrica), Héctor Pedroza Jiménez (rúbrica), Pedro Peralta Rivas, Eviel Pérez Magaña, Ramón Ramírez Valtierra (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), José Francisco Rábago Castillo (rúbrica), Fausto Sergio Saldaña del Moral (rúbrica), María del Pilar Torre Canales, Enrique Torres Delgado (rúbrica), Enrique Octavio Trejo Azuara (rúbrica), Guillermo José Zavaleta Rojas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto. Continúe la Secretaría.

LEY DE COMERCIO EXTERIOR

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, correspondiente a la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior, presentada por la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 30 de abril de 2008, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Lo anterior, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Comisión de Economía, con fundamento en los artículo 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa mencionada al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. En la sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el 30 de abril de 2008, los secretarios dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la iniciativa con proyecto de decreto que presentó la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional.

Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Economía.

Tercero. La legisladora expone en lo siguiente:

... Los grandes cambios sociales, culturales, económicos, tecnológicos y laborales vividos durante las últimas décadas del siglo XX y el periodo que corre de este siglo han modificado sustancialmente la vida de las personas y sobre todo de las mujeres. El aumento de la esperanza de vida, su mayor nivel educativo y la tendencia a tener menos hijos son factores que han influido en su creciente participación laboral.

Las mujeres representan en nuestro país poco más de 50 por ciento de la población. De ellas, sólo 35 por ciento se encuentran ocupadas en el mercado laboral, 53 por ciento de los hogares mexicanos dependen de los ingresos económicos de las mujeres y, en promedio, sus ingresos son 35 por ciento menores a los de los hombres.

México adquirió como compromiso, en la Plataforma de Pekin, reforzar la capacidad económica y las redes de apoyo a las mujeres, fomentar la armonización de las responsabilidades de hombres y mujeres con respecto al trabajo y la familia y proporcionar capacitación, información y apoyo firme e institucional para el acceso de las mujeres a los mercados económicos.

En la actualidad, el trabajo de las mujeres ha dejado de ser complementario del trabajo de los hombres. Sin embargo, ante un mercado laboral aún difícil para la incorporación femenina, muchas mujeres se desempeñan en categorías laborales bajas, debido, principalmente, a condiciones discriminatorias propias del actual mercado laboral. Lo anterior, aunado a la pretensión de obtener autonomía profesional y económica, evitar la jerarquización laboral, luchar por la flexibilidad de horarios que les permitan conciliar su vida familiar y personal y, ante todo, crear las condiciones que destierren la discriminación por motivos de género. Estos importantes objetivos, condicionantes de la autentica igualdad social, hacen imprescindible la necesidad de allegarse de ingresos económicos por cuenta propia mediante la creación de pequeñas y medianas empresas que se conviertan a su vez en generadoras de empleos. Esta tendencia se observa mucho más marcada en las mujeres jóvenes y en virtud de la implementación de políticas y programas institucionales de apoyo a las mujeres emprendedoras para formar parte del sector empresarial, ahora existen mejores circunstancias para emprender proyectos que constituyan una fuente de desarrollo económico para las mujeres, así como para sus familias.

A escala mundial cada vez más mujeres se suman al mundo empresarial, laboral y productivo. Sólo en las zonas urbanas son dueñas de 31 por ciento de los negocios. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, las mujeres empresarias en Latinoamérica, desde hace algunos años, tienen una edad promedio de 35 años, son mujeres casadas y con hijos, 50 por ciento cuenta con carrera universitaria, dedican más de 48 horas semanales al trabajo empresarial y menos de 30 horas a las actividades en el hogar; 70 por ciento son socias o dueñas de micro, pequeñas y medianas empresas con un nivel de 10 años de antigüedad y tienden a crear estrategias empresariales basadas en la apertura a las innovaciones en materia de relaciones laborales. Su participación gremial es considerada baja y los factores que limitan el acceso de las mujeres a los diversos gremios empresariales son, principalmente, sus responsabilidades familiares, la falta de tiempo y la ausencia de estímulo e información por parte de las organizaciones empresariales. De hecho, al nivel de los directorios empresariales en América Latina, las mujeres constituyen sólo 6 por ciento y 30 por ciento en las comisiones, según un diagnostico realizado par la Organización Internacional del Trabajo en 1992.

Las mujeres empresarias han probado tener una visión transformadora de los modelos de trabajo existentes y muestran un profundo compromiso para maximizar la productividad y las utilidades que generan, así como para aprovechar los avances tecnológicos y fomentar el intercambio internacional. Además, existen claras evidencias de que están comprometidas con el cuidado de nuestro planeta y la generación de políticas que fomenten el crecimiento económico propio y de la sociedad en su conjunto.

No obstante lo anterior, persisten la falta de confianza en sí mismas y los prejuicios sociales. Es el caso de las mujeres empresarias que se enfrentan a la falta de experiencia empresarial y de comercialización, a la insuficiente formación empresarial en aspectos administrativos y de difusión de sus productos, la escasa actualización e información en temas económicos y financieros, barreras en el acceso a fuentes financieras y a los problemas de conciliación laboral, personal y familiar.

Lo anterior hace necesaria la implementación de mecanismos que valoricen las capacidades de liderazgo y gestión pública y empresarial de las mujeres, por lo que es fundamental estimular cada vez más la creación de empresas dirigidas y operadas por mujeres que contribuyan a la superación de la pobreza y al desarrollo económico en México.

El gran desafío hoy día consiste en desarrollarnos plenamente como mujeres y como personas íntegras; superar la pobreza y los fenómenos de exclusión; y lograr un bienestar económico y social que sea viable, sostenible y equitativo. Las mujeres empresarias y sus organizaciones pueden ser promotoras y aliadas activas en este proceso.

La iniciativa que hoy someto a la consideración de esta honorable asamblea propone reformar la Ley de Comercio Exterior, a efecto de que la Secretaría de Economía promueva y fomente el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas creadas y dirigidas por mujeres, a través de establecer facultades expresas para promover la exportación de sus productos.

De igual forma, propone que se establezca en las reglas de origen de las mercancías que ingresan al país y que se exportan, un porcentaje de utilización de mano de obra de las mujeres, como parte de las reglas de contenido nacional a regional que certifican los productos; de este modo, en el contexto de la globalización y la integración de los mercados, que hoy parece ser el coto privilegiado de las grandes empresas y que acentúa un peligroso mercantilismo de las relaciones sociales y económicas, en el marco de las doctrinas del comercio justa y del comercio solidario que muchas voces impulsan mundialmente, como Joseph Stiglitz, Amartya Sen o Noam Chomsky se pugna por darle rostro social a estos procesos.

De este modo, cuestiones como el comercio y las inversiones también es legítimo que se liguen a objetivos de bienestar y de equidad social, por lo que sería muy importante que los flujos comerciales tengan reglas que impulsen una mayor y mejor equidad. Por ello, esta propuesta garantizaría un mayor impulso en las empresas, de proporcionar empleo para las mujeres, pues se deberá certificar un porcentaje de la participación de la mujer en la elaboración de los productos objeto del comercio internacional, con lo que México sería sin duda un ejemplo para otras regiones y países.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior

Único. Se reforma el último párrafo del artículo 10 y se adiciona en el artículo 5o. un nuevo texto en la fracción XII, recorriéndose el texto vigente de las actuales fracciones, en orden numérico consecutivo, ambos de la Ley de Comercio Exterior, para quedar como sigue:

I. a XI. ...

XII. Promover y fomentar la exportación de productos elaborados por pequeñas y medianas empresas creadas y dirigidas por mujeres;

XIII. Emitir reglas que establezcan disposiciones de carácter general en el ámbito de su competencia, así como los criterios necesarios para el cumplimiento de las leyes, acuerdos o tratados comerciales internacionales, decretos, reglamentos, acuerdos y demás ordenamientos generales de su competencia, y

XIV. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y los reglamentos.

Artículo 10. ...

I. a III. ...

La secretaría podrá utilizar criterios adicionales cuando no se pueda cumplir con los anteriores, los cuales deberán especificarse en la regla de origen respectiva. Asimismo impulsará que se establezca un porcentaje de utilización de mano de obra de las mujeres, como parte del contenido nacional o regional que deben certificar los productos que ingresan al país y que se exportan ...

Cuarto . Dicha iniciativa fue dictaminada negativamente por la Comisión de Economía de la LX Legislatura en fecha 26 de marzo de 2009; sin embargo, aun y cuando fue enviada a la mesa directiva, en razón de la finalización de labores de aquella legislatura, no alcanzó a ser presentada al pleno de la Cámara de Diputados.

Quinto. Que de conformidad con el acuerdo relativo a los dictámenes de proyectos de ley o decreto y proposiciones con punto d acuerdo que quedaron pendientes de resolver por el pleno de la Cámara de Diputados de la pasada legislatura, aprobado por la Mesa Directiva el 17 de septiembre de 2009, los dictámenes quedarán a disposición de las comisiones respectivas de esta LXI Legislatura con el carácter de proyectos.

Sexto. Así, el 6 de octubre de 2009, la Mesa Directiva de esta legislatura regresó el dictamen referido a esa comisión a fin de reiniciar su trámite legislativo.

Consideraciones

Primera. Que de conformidad con el numeral 3o. del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer sobre la iniciativa con proyecto de decreto presentada por la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez.

Segunda. Que el 12 de enero de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la ley que crea al Instituto Nacional de las Mujeres que se constituye formalmente el 8 de marzo de ese mismo año, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, lo cual es una prueba fehaciente de que existen mecanismos que buscan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como combatir la discriminación contra las mujeres en nuestro país.

Tercera. Que dada la importancia que tiene el que se facilite e impulse el trabajo de mujeres, existen programas de capacitación laboral dirigidos a las mujeres, mediante los cuales la Secretaría del Trabajo y Previsión Social busca vincular en forma oportuna, eficaz y adecuada a las trabajadoras desempleadas con las opciones de colocación que ofrecen las empresas productivas, de acuerdo con sus conocimientos, habilidades y experiencia. Asimismo, capacita a la población femenil desempleada y subocupada con el fin de facilitar su incorporación en el empleo y elevar la productividad, mediante el otorgamiento de becas para las mujeres.

Cuarta. Que la Ley de Comercio Exterior tiene por objeto regular y promover el comercio exterior, incrementar la competitividad de la economía nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país, integrar adecuadamente la economía mexicana con la internacional, defender la planta productiva de prácticas desleales del comercio internacional y contribuir a la elevación del bienestar de la población.

Quinta. Que las disposiciones sobre las reglas de origen establecidas en el Capítulo IV del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que trata sobre reglas de origen, así como las correlativas de los demás acuerdos comerciales de México, tienen como objeto determinar cuándo se considera originario un bien para efectos de obtener el trato preferencial, previsto en el tratado.

Asimismo, el artículo 402 del TLCAN, y sus correlativos en los demás tratados de libre comercio suscritos por México, establecen las disposiciones para determinar el valor de contenido regional de un bien. Dichas disposiciones no diferencian, en cuanto a género, el tipo de mano de obra que se debe utilizar en la producción de un bien.

En este sentido, determinar un porcentaje de mano de obra femenino dentro de las reglas de origen de contenido regional sería violatorio de lo que las partes acordaron en el TLCAN e inclusive también violentaría otros tratados internacionales que México ha suscrito, como el Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros de 1999, donde en su anexo K, al definir las reglas de origen, no se hace distinción sobre el género, religión, edad o demás características particulares de quienes participaron en su producción o elaboración, por lo que una reforma en tal sentido de igual forma violentaría dicho tratado.

Sexta. Que debe mencionarse que el objetivo de las regla de contenido regional o nacional consiste en asegurar un grado mínimo de integración de la industria a través de un porcentaje de contenido nacional o regional. Dicha integración viene determinada por el grado de utilización de insumos que se puedan considerar de origen nacional o regional, según sea el caso, así como mano de obra, principalmente.

En este sentido, la definición de un porcentaje obligatorio de empleo mano de obra femenina en una regla de origen implicaría la reducción de la flexibilidad de las estructuras de producción, las cuales se harían mucho más dependientes de las fluctuaciones que se presentan en el mercado laboral y en su composición, y limitaría las alternativas que puede tener una empresa para definir las condiciones que le permitan maximizar sus ventas.

Asimismo, las reglas de origen de producción, fabricación o elaboración tienen como propósito identificar los procesos industriales específicos que se tienen que efectuar, con el fin de que el bien final que se o tiene de dichos procesos se pueda considerar originario de un país o región según sea el caso.

Aunque dichas reglas podrían permitir la definición de procesos industriales que sean efectuados únicamente mediante el uso de mano de obra femenina, debe decirse que el criterio fundamental para establecer la regla de origen se define a nivel técnico a partir de la transformación que se tiene que efectuar sobre los insumos y no respecto del género que participa en su elaboración.

Séptima. Que los integrantes de la Comisión de Economía coinciden con la exposición de motivos que la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, plasma en la iniciativa que puso a consideración de la Cámara de Diputados, en los que básicamente manifiesta la necesidad de implementación de mecanismos que valoricen las capacidades de liderazgo y gestión pública y empresarial de las mujeres; sin embargo, también reconocen y concluyen que existen varios organismos de nuestro país enfocados en ese objeto, los cuales han impulsado la acción coordinada para abrir las puertas a una verdadera igualdad entre hombres y mujeres, pues la premisa básica es que las profesiones están abiertas a todos los ciudadanos por igual; por lo que, el modificar la Ley de Comercio Exterior no se estima como el medio idóneo para dar a conocer e impulsar participación de las mujeres en las pequeñas y medianas empresas.

Octava. Por lo que en virtud de lo expuesto, la Comisión de Economía:

Acuerda

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior, presentada por la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de enero de 2010.

La Comisión de Economía, diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Roberto Borge Angulo (rúbrica), Javier Duarte de Ochoa, Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Jorge Humberto López Portillo Basave (rúbrica), David Penchyna Grub (rúbrica), David Ricardo Sánchez Guevara, Jesús Everardo Villarreal Salinas (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Sergio Gama Dufour, Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), Ramón Merino Loo, Martín Rico Jiménez, Ramón Jiménez López (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández (rúbrica), Carlos Torres Piña (rúbrica), José Torres Robledo (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Están a discusión los puntos de acuerdo. No existiendo orador alguno registrado, se reserva para su votación en conjunto. Continúe la Secretaría.

LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Dictamen de la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LX Legislatura fue turnada para estudio y dictamen la iniciativa de decreto que reforma la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada por la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa, el 10 de marzo de 2009, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Lo anterior, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 10 de marzo de 2009, los secretarios de ésta dieron cuenta al pleno de la iniciativa con proyecto de decreto que presentó la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa.

Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.

Tercero. La legisladora expone en resumen lo siguiente:

• Modificar el artículo 2o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de que se reconozca a los niños y a los adolescentes como consumidores.

(Se anexa al dictamen copia simple de la iniciativa para su consulta.)

Cuarto. Dicha iniciativa fue dictaminada negativamente por la Comisión de Economía de la LX Legislatura, en fecha 2 de abril de 2009. Sin embargo, una vez enviada a la Mesa Directiva de esa legislatura, no alcanzó a presentarse al pleno de la Cámara de Diputados.

Quinto. De conformidad con el acuerdo relativo a los dictámenes de proyectos de ley o decreto y proposiciones con punto de acuerdo que quedaron pendientes de resolver por el pleno de la Cámara de Diputados de la pasada legislatura, aprobado por la Mesa Directiva el 17 de septiembre de 2009, los dictámenes quedarán a disposición de las comisiones respectivas de la LXI Legislatura con el carácter de proyectos.

Sexto. El 6 de octubre de 2009, la Mesa Directiva de esta legislatura regresó el dictamen referido a esa comisión a fin de reanudar el trámite legislativo.

Consideraciones

Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Comisión de Economía es competente para conocer sobre la iniciativa con proyecto de decreto presentada por la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez.

Segunda. Que la Comisión de Economía estima que el planteamiento realizado por la diputada de Alternativa, no obstante que puede considerarse que sus fines son correctos y congruentes con el deber ser, no puede ser considera viable desde el punto de vista jurídico por las siguientes razones:

1. La Ley Federal de Protección al Consumidor tiene por objeto promover y proteger los derechos y la cultura del consumidor, así como procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores yconsumidores, correspondiendo su aplicación a la Procuraduría Federal de Consumidor.

2. El artículo 2o. de la referida ley establece qué se entiende por consumidor:

I. Consumidor:la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, productos o servicios. Se entiende también por consumidor a la persona física o moral que adquiera, almacene, utilice o consuma bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros, únicamente para los casos a que se refieren los artículos 99 y 117 de esta ley.

3. Como se observa, en la anterior disposición a efecto de definir al consumidor se utiliza el término persona física que adquiere, realiza o disfruta de bienes productos o servicios. Persona física es un término jurídico que se refiere a los individuos con capacidad para contraer obligaciones y ejercer derechos, para lo que el Código Civil Federal, en el artículo 22 –que es correlativo a todos los Códigos Civiles de la República Mexicana– dispone: “La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código”. De ahí que se concluya que la Ley Federal de Protección al Consumidor en la actualidad ya considera como consumidores a los niños y a los adolescentes.

4. Cabe mencionar que sobre el tema del alcance del término consumidor –de si abarca a los niños o no–, a la fecha no se ha generado debate alguno.

5. De lo expuesto se concluye que ya la Ley Federal de Protección al Consumidor considera consumidores a los niños y a los adolescentes, por lo cual una reforma en ese sentido lo único que generaría es incertidumbre en la aplicación de la ley hacia casos actuales y pendientes de resolución donde los consumidores fueran niños o adolescentes, pues se mandaría el mensaje de que antes de la reforma este sector no era considerado no que proteger de acuerdo con las disposiciones de la ley en comento, lo que inclusive podría usarse como medio de interpretación analógica para otros cuerpos legales a fin de evitar la aplicación de la ley donde el bien en juego esté afectando a los niños.

6. La inclusión en la ley de los términos niños y adolescentes como definición para considerarlos consumidores por sí sola no tendría el efecto de evitar el uso de propaganda del tipo que menciona la promovente, sino que lo que se necesitaría en todo caso es que la Profeco aplique el objeto de la ley, de acuerdo con los principios básicos de las relaciones de consumo que se establecen en el artículo 1o. y en la fracción VII del artículo 76 Bis, entre otros –los que incluso menciona la propia promovente en la exposición de motivos de la iniciativa–, o que en su defecto se regule vía legislación el contenido de la publicidad que va dirigida a ese sector vulnerable de la población, pues como se desprende de los argumentos que utiliza la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, hay suficiente bibliografía que documenta el efecto adverso en los menores de la publicidad del tipo que se menciona en la iniciativa, así como del uso abusivo de los proveedores. Sin embargo, se reitera, modificar el artículo 2o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor en los términos en que se propone no es la vía correcta para lograr los fines que persigue la iniciativa que se dictamina.

Tercera. En virtud de lo expuesto, la Comisión de Economía

Acuerda

Primero. Se desecha la iniciativa de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada por la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa, el 10 de marzo de 2009.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2010.

La Comisión de Economía, diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), José Luis Velasco Lino, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes, Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Roberto Borge Angulo, Javier Duarte de Ochoa, Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Jorge Humberto López Portillo Basave (rúbrica), David Penchyna Grub, David Ricardo Sánchez Guevara, Jesús Everardo Villarreal Salinas, José Antonio Arámbula López (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez, Ramón Merino Loo, Martín Rico Jiménez, Ramón Jiménez López (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández, Carlos Torres Piña (rúbrica), José Torres Robledo, Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica en abstención).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de no haberse registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto. Continúe la lectura de los documentos la Secretaría.

LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Dictamen de la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 10 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LX Legislatura, fue turnada para estudio y dictamen iniciativa que adiciona el artículo 10 Bis a la Ley Federal de Protección al consumidor, presentada por el honorable Congreso de Chihuahua, el 4 de febrero 2009, ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Lo anterior, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Comisión de Economía, con fundamento en los artículo 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa mencionada al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 4 de febrero 2009, los secretarios de ésta dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la iniciativa que presentó honorable Congreso de Chihuahua.

Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite:Túrnese a la Comisión de Economía.

Tercero. El honorable Congreso de Chihuahua, en la iniciativa que nos ocupa, propone lo siguiente:

Adicionar un articulo 10 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor, con la finalidad de prevenir el delito, mediante la imposición de una obligación especial a los prestadores de servicios de préstamos prendarios, como es la obligación de requerir, a los pignorantes la documentación que acredite la propiedad de los bienes sujetos al contrato de prenda, cuando por cualquier circunstancia puedan estimar que dichos bienes fueron obtenidos mediante la comisión de un delito.

(Se anexa copia de la iniciativa para su consulta)

Cuarto. Dicha iniciativa fue dictaminada negativamente por la Comisión de Economía de la LX Legislatura en fecha 26 de marzo 2009, sin embargo, aún y cuando fue enviada a la Mesa Directiva, en razón de la finalización de labores de aquella legislatura, ésta no alcanzó a ser presentada al peno de la honorable Cámara de Diputados.

Quinto. Que de conformidad con el acuerdo relativo a los dictámenes de proyectos de ley o decreto y proposiciones con punto de acuerdo que quedaron pendientes de resolver por el pleno de la Cámara de Diputados de la pasada legislatura, aprobado por la Mesa Directiva el 17 de septiembre 2009, los dictámenes quedarán a disposición de las comisiones respectivas de esta LXI Legislatura con el carácter de proyectos.

Sexto. Así, el 6 de octubre 2009, la Mesa Directiva de esta legislatura regresó el dictamen referido a esa comisión a fin de reiniciar su trámite legislativo.

Consideraciones

Primera. Que de conformidad con el numeral 3o. del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer sobre la iniciativa presentada por el honorable Congreso de Chihuahua.

Segunda. Que las casas de empeño son instituciones de asistencia privada, asociaciones civiles y sociedades mercantiles que prestan dinero a cambio de dejar una prenda en garantía. Las prendas comúnmente van desde alhajas, muebles, electrodomésticos, hasta autos y viviendas, entre otros.

Tercera. Que el éxito de la actividad del empeño entre la población se debe a que se trata de una especie de crédito a corto o largo plazo, que se proporciona nítidamente, sin tantos tramites ni estudios socioeconómicos, dando a sus usuarios liquidez en cuestión de minutos, abriendo el crédito a un sector de la población que no tienen acceso a otras opciones de financiamiento.

Cuarta. Que no obstante lo anterior, se reconoce por instituciones como la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras, que el empeño es un préstamo accesible pero caro, pues aunque existen muchas maneras de obtener un crédito, es un hecho de que cuando se trata de una emergencia y la cantidad requerida no es muy alta, gran parte de la población sigue prefiriendo solicitarla en casas de empeño; y que factores como la sencillez de los trámites y el escaso conocimiento de otras posibilidades es lo que podría explicar la proliferación de estas instituciones, aún cuando los intereses que cobran son superiores a los bancos, Sofol, Sofom y Fonacot, entre otros.

Quinta. Que se calcula que en México existen unas 25 firmas y más de 3 mil establecimientos que prestan dinero a cambio del resguardo de una prenda, entre franquicias, negocios propios y de asistencia privada, quienes compiten por un mercado de 30 millones de usuarios.

Sexta. Que según los resultados de la encuesta, realizada por la Procuraduría Federal del Consumidor, relativa a sondeo sobre casas de empeño e instituciones de asistencia privada, arrojó lo siguiente:

• 88.8 por ciento de los objetos empeñados son las alhajas;

• 65.7 por ciento de quienes que empeñan alguna prenda, acude a una institución de asistencia privada;

• 49.8 por ciento de la gente, durante el 2008, empeñó algún objeto al menos una vez;

• 37.64 por ciento uso el préstamo del empeño para alimentos;

• 21.8 por ciento para deudas;

• 88.1 por ciento eran mujeres;

• 48.2 por ciento se dedicaban al hogar;

• 57.1 por ciento tienen estudios máximos de secundaria o menos;

• 69.0 por ciento eran casados;

• 49.8 por ciento no percibía ningún ingreso; y

• 36 por ciento tenía un ingreso entre 2.4 y 5.2 salarios mínimos.

De lo anterior, fácilmente se puede inferir que una regulación que dificulte –aunque sea en pequeña proporción– el acceso a este tipo de créditos impactará a un sector vulnerable de la sociedad como es el de las mujeres que se dedican al hogar, que no perciben ningún ingreso, que son parte de un núcleo familiar y que además, un porcentaje importante de este sector utiliza el dinero obtenido por el empeño para la adquisición de alimentos.

Sétima. Que entre la legislación adecuada para la regulación de las casas de empeño, se encuentra la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), que tiene por objeto promover y proteger los derechos y cultura del consumidor, así como procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Que los proveedores que presten el servicio de garantía prendaria son regulados por la Procuraduría Federal del Consumidor en lo general como todos los proveedores, sobre lo que refiere a la transparencia de sus operaciones, en su publicidad, términos y condiciones de sus contratos, las características de la información mínima que se debe proporcionar al consumidor. Asimismo, deberá contener o permitir obtener para los principales servicios ofrecidos, la suma de todos los costos asociados a la operación.

Que el artículo 65 Bis de la LFPC dispone que los proveedores personas físicas o sociedades mercantiles no regulados por leyes financieras, que en forma habitual o profesional realicen contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, deberán registrar su contrato de adhesión ante la Procuraduría Federal del Consumidor para que esta verifique el cumplimiento de los requisitos legales mínimos para el cumplimiento de su objeto, y les prohíbe prestar servicios o realizar operaciones reservadas por las leyes a las instituciones del sistema financiero nacional.

Por su parte, en la regulación de las casas de empeño puede mencionarse a la Norma Oficial Mexicana NOM-179-SCFI-2007, “Servicios de mutuo con interés y garantía prendaria”.

Octava. Que en el caso de que algún pignorante pretenda o deje empeñada alguna prenda de procedencia ilegal, estaríamos ante la figura del fraude penal, que en términos del artículo 386 del Código Penal Federal, entendiéndose como delito de fraude a quien engañando a uno o aprovechándose del error en que este se halla se hace ilícitamente de alguna cosa alcanza un lucro indebido, y sancionándole en proporción al valor de lo defraudado, con penas que van desde un par de días hasta los doce años de prisión y multas de 30 a 120 veces el monto del salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Y que cabe decir que dicha disposición es concordante con todas las legislaciones penales de los estados de la República Mexicana.

Novena. Que los integrantes de la Comisión de Economía que dictamina reconocen y concluyen que la propuesta no considera el origen de las casas de empeño, que es brindarle atención atender a un segmento de la población que requiere financiamiento inmediato y que no tiene acceso a los servicios de financiamiento bancario y que al generarle mayores requisitos para empeñar sus pertenencias, afectaría un sector muy vulnerable de la población, lo que lejos de desincentivar el crimen, podría tener el efecto contrario de propiciar la búsqueda de alternativas de acceso a dinero ilegales; y que además, la conducta ilegal que se pretende combatir, ya se encuentra sancionada por otras leyes especializadas como las penales.

Décima. Por lo que en virtud de lo expuesto, la Comisión de Economía

Acuerda

Primero. Se desecha la iniciativa que adiciona un artículo 10 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor, remitida por el honorable Congreso de Chihuahua el 4 de febrero de 2009.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero 2010.

La Comisión de Economía, diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), José Luis Velasco Lino, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes, Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), secretarios; Roberto Borge Angulo, Javier Duarte de Ochoa, Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Jorge Humberto López-Portillo Basave (rúbrica), David Penchyna Grub, David Ricardo Sánchez Guevara, Jesús Everardo Villarreal Salinas, José Antonio Arámbula López (rúbrica en abstención), Sergio Gama Dofour (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez, Ramón Merino Loo, Martín Rico Jiménez, Ramón Jiménez López (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández, Carlos Torres Piña (rúbrica), José Torres Robledo (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica en abstención).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto. Continúe.

LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Dictamen de la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 3o. de la Ley Federal de Competencia Económica

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 3o. de la Ley Federal de Competencia Económica, a fin de precisar quiénes serán considerados como agentes económicos para esa norma, presentada por el diputado federal Jesús de León Tello, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 30 de abril 2009, ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Lo anterior, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Comisión de Economía, con fundamento en los artículo 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa mencionada al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el día 30 de abril 2009, los ciudadanos secretarios de la misma dieron cuenta al Pleno de esta soberanía de la iniciativa que presentó el diputado federal Jesús de León Tello, del Partido Acción Nacional.

Segundo. El ciudadano Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “túrnese a la Comisión de Economía”.

Tercero. El legislador propone lo siguiente:

Adicionar un tercer párrafo al artículo 3o. de la Ley Federal de Competencia Económica, para considerar como excepción del ámbito de aplicación de esa ley a las personas que realicen funciones de orden e interés público por delegación del Estado, como serían los notarios públicos.

(Se anexa copia de la iniciativa para su consulta)

Consideraciones

Primera. Que, de conformidad con el numeral 3o. del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer sobre la iniciativa presentada por el diputado Jesús de León Tello.

Segunda. Que la competencia económica y libre concurrencia es la posibilidad que tiene cualquier persona de participar en alguna actividad económica como vendedor o comprador (oferente o demandante), con plena libertad de decidir cuándo entrar y salir del mercado, y sin que nadie pueda imponer condiciones en las relaciones de intercambio, siendo de tal relevancia que el Constituyente de 1917 prohibió de manera taxativa, en el artículo 28 constitucional, los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las excepciones de impuestos.

Tercera. Que la ley reglamentaria del artículo 28 constitucional, en materia de competencia económica, monopolios y libre concurrencia, es la Ley Federal de Competencia Económica y su objeto es proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios.

Cuarta. Que la Ley Federal de Competencia Económica fue concebida para ser aplicada a toda la actividad económica, es decir, se refiere a los agentes económicos de manera global, ya que la teoría económica reconoce al gobierno, a una empresa o a una persona física como tal; siendo importante precisar que los monopolios constitucionales de las áreas estratégicas, los agentes u organizaciones sin fines de lucro, las cámaras empresariales, las asociaciones de trabajadores, los autores y artistas, los inventores y perfeccionadores, así como las cooperativas están sujetos a la ley respecto de actos que dañen el proceso de competencia y libre concurrencia.

Quinta. Que el artículo 3o. de la Ley Federal de Competencia Económica, antes de las reformas publicadas el día 28 de junio 2006 en el Diario Oficial de la Federación, establecía:

Artículo 3. Están sujetos a lo dispuesto por esta Ley todos los agentes económicos, sea que se trate de personas físicas o morales, dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, asociaciones, agrupaciones de profesionistas, fideicomisos, o cualquier otra forma de participación en la actividad económica.

Sexta. Que bajo la vigencia del texto referido –tal y como expresa el promovente– la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en el año 2002, que los notarios públicos no eran agentes económicos:

Novena Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XV, Abril de 2002

Página: 466

Tesis: 1a. XXXI/2002

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

Notarios públicos. No son agentes económicos para efectos de la Ley Federal de Competencia Económica. Si se toma en consideración, por un lado, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos, 7o., 10 y 17 de la Ley del Notariado del Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de mil novecientos ochenta, abrogada por la Ley del Notariado para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintiocho de marzo de dos mil, el notario público es aquel funcionario investido de fe pública, que realiza como función primordial la de autenticar instrumentos en que se consignen actos y hechos jurídicos, esto es, se trata de un fedatario público que, con motivo de esa actividad, está facultado para exigir de los interesados los gastos que hubiere erogado y cobrar honorarios conforme al arancel correspondiente, pero sin que sus funciones deban considerarse compatibles, entre otras, con la de comerciante o agente de cambio y, por otro, que por agente económico,para los efectos de la Ley Federal de Competencia Económica, se entiende aquella persona que participa de manera directa en la producción, distribución, intercambio y consumo de artículos necesarios, que inciden directamente en la estructura económica de un Estadoy que, sin lugar a duda, persigue un lucro , se concluye que el citado funcionario, al ser un fedatario público, no realiza actos mercantiles o de comercio y, por ende, no es agente económico sujeto a la última ley citada.

Amparo en revisión 761/99. José Melesio Mario Pérez Salinas. 20 de febrero de 2002. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Francisco Octavio Escudero Contreras.

Séptima. Que en fecha 11 de octubre 2005, el diputado Jaime del Conde Ugarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa de ley mediante la cual solicitaba reformar el artículo 3o. de la referida ley antimonopolios, pidiendo “Incluir la definición de agentes económicos, como todas aquellas personas físicas o morales y entidades públicas, cuando éstas realicen actividades que se encuentren estrechamente vinculadas con la producción, la distribución, el intercambio y el consumo de artículos necesarios, que repercutan y trasciendan en la economía”, iniciativa que fue recogida en la reforma a la Ley Federal de Competencia Económica, publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 28 de junio 2006, quedando dicho dispositivo de la siguiente manera:

Artículo 3. Están sujetos a lo dispuesto por esta Ley todos los agentes económicos, sea que se trate de personas físicas o morales,con o sin fines de lucro, dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, asociaciones,cámaras empresariales , agrupaciones de profesionistas, fideicomisos, o cualquier otra forma de participación en la actividad económica.

Serán responsables solidarios los agentes económicos que hayan adoptado la decisión y el directamente involucrado en la conducta prohibida por esta Ley.

Octava. Que como puede apreciarse del actual artículo 3o., este Poder Legislativo mandó el mensaje de que todos los agentes económicos que tuvieran de alguna manera injerencia en el mercado, estarían sujetos al ámbito de aplicación de la Ley Federal de Competencia Económica, no importando su naturaleza, pues se estima que si participan en el comercio de bienes y servicios, tienen posibilidad de crear distorsiones en el mercado en perjuicio de su funcionamiento eficiente, lo que invariablemente impactaría negativamente a los consumidores.

Novena. Que los Tribunales Colegiados de Circuito, han formado jurisprudencia respecto del concepto de “agente económico”, coincidiendo sus criterios con la intención legislativa plasmada en la reforma apuntada, estableciendo que no importa el estatuto jurídico o la forma de financiación del ente en cuestión para su consideración como agente económico, sino que ejerza una actividad económica en el mercado. Dicha jurisprudencia a la letra dice:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXVIII, Noviembre de 2008

Página: 1211

Tesis: I.4o.A. J/65

Jurisprudencia

Materia(s): Administrativa

Agentes económicos. Su concepto. Tanto el derecho de defensa de la competencia nacional como el de la Comunidad Europea (como referencia por ser análoga a la legislación mexicana, concretamente coincidente con los criterios jurisprudenciales de los tribunales) consideran agente económico a cualquier sujeto de derecho (persona física o jurídica) que ejerza de forma autónoma una actividad económica en el mercado.También lo han definido como toda entidad que ejerza una actividad económica, independientemente de su estatuto jurídico o de su modo de financiación. De acuerdo con lo anterior, debe entenderse por agente económico a aquellas personas que compiten y concurren en la producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes y servicios, mediante contratos, convenios, arreglos o combinaciones que pactan entre sí, de tal forma que su actividad repercute en los mercados y procesos de libre concurrencia, ya que dadas las ganancias o utilidades comerciales que obtienen, trascienden a la economía del Estado. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo en revisión 479/2006. Yoli de Acapulco, SA de CV, 18 de junio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.

Amparo en revisión 481/2006. Embotelladora Zapopan, SA de CV, y otra. 18 de junio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.

Amparo en revisión 394/2006. Embotelladora La Victoria, SA de CV, y otra. 18 de junio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.

Amparo en revisión 360/2006. Coca-Cola Femsa, SA de CV, y otra. 18 de junio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.

Amparo en revisión 478/2006. The Coca-Cola Export Corporation. 18 de junio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.

Décima. Por lo anterior, esta Comisión de Economía estima que no es factible incluir en las excepciones a ninguna persona, ya sea física o moral, con fines de lucro o no, o que realice funciones de orden e interés público o no, del ámbito de aplicación de la Ley Federal de Competencia Económica, pues con ello se dejaría de perseguir el mandamiento consagrado en el artículo 28 constitucional y se abriría la posibilidad a que entes que tienen participación en el mercado y en la economía, realicen prácticas monopólicas que los distorsionarían en perjuicio de su funcionamiento eficiente con un alto costo para el consumidor, lo que debe de evitarse a toda costa.

Décima Primera. En virtud de lo expuesto, la Comisión de Economía:

Acuerda

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 3o. de la Ley Federal de Competencia Económica, presentada por el diputado Jesús de León Tello, del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 30 de abril de 2009.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de febrero 2010.

La Comisión de Economía, diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), José Luis Velasco Lino, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes, Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica en abstención), Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Roberto Borge Angulo, , Javier Duarte de Ochoa, Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Jorge Humberto López-Portillo Basave (rúbrica), David Penchyna Grub, David Ricardo Sánchez Guevara, José Antonio Arámbula López (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez, Ramón Merino Loo, Martín Rico Jiménez, Ramón Jiménez López (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández, Carlos Torres Piña (rúbrica), José M. Torres Robledo, Ifigenia Martha Martínez y Hernández.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto. Continúe la Secretaría.

CODIGO DE COMERCIO

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Dictamen de la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1399 del Código de Comercio

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, correspondiente a la LXI Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1399 del Código de Comercio, presentada por el diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 8 de diciembre de 2009, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Lo anterior, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa mencionada al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero. En la sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el 8 de diciembre de 2009, los secretarios dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la iniciativa con proyecto de decreto que presentó el diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Economía.

Tercero. El legislador expone en resumen lo siguiente:

Que en la reforma al Código de Comercio que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 2008, se modificó, entre otros dispositivos, el artículo 1396, en el cual se estableció que el término para contestar la demanda en los juicios ejecutivos mercantiles sería de ocho días, pero que se olvidó armonizar los demás artículos, pues el artículo 1399 mantenía el anterior término para contestar que era de cinco días, generando confusión ante la falta de concordancia entre uno y otro precepto, por lo que propone reformar este último dispositivo para adecuarlo con el 1396.

Consideraciones

Primera. Que de conformidad con el numeral 3o. del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Comisión de Economía es competente para conocer sobre la iniciativa con proyecto de decreto presentada por el diputado Nazario Norberto Sánchez.

Segunda. Que efectivamente, tal y como atinadamente lo expresa el diputado Nazario Norberto Sánchez, en la reforma al Código de Comercio que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril 2008, en donde se modificó el artículo 1396 para establecer que el término para contestar la demanda sería de ocho días, se pasó por alto armonizar el artículo 1399 que establecía que el término para ese efecto sería de cinco días.

Sin embargo, debe decirse que esa armonización sucedió posteriormente y mediante la reforma al Código de Comercio que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en fecha 30 de diciembre de 2008, se corrigió la discrepancia que existía y se dejó establecido que el término para contestar la demanda en los juicios ejecutivos sería de ocho días, de manera concordante con el diverso 1396.

Tercera. En virtud de lo anterior, no obstante lo loable de la iniciativa de decreto presentada por el diputado Nazario Norberto Sánchez, a la fecha, ha quedado sin materia, pues la modificación que propone ya fue realizada y se encuentra vigente.

Cuarta. Por lo que en virtud de lo expuesto, la Comisión de Economía:

Acuerda

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1399 del Código de Comercio presentada por diputado Nazario Norberto Sánchez, en virtud de que, a la fecha, ha quedado sin materia.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de enero de 2010.

La Comisión de Economía, diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Roberto Borge Angulo (rúbrica), Javier Duarte de Ochoa, Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Jorge Humberto López Portillo Basave (rúbrica), David Penchyna Grub (rúbrica), David Ricardo Sánchez Guevara, Jesús Everardo Villarreal Salinas (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Sergio Gama Dufour, Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), Ramón Merino Loo, Martín Rico Jiménez, Ramón Jiménez López (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández (rúbrica), Carlos Torres Piña (rúbrica), José Torres Robledo (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Están a discusión los puntos de acuerdo.

En virtud de que no se ha registrado ningún orador, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se aprueban estos puntos de acuerdo y los anteriormente reservados.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueban estos puntos de acuerdo y los anteriormente reservados. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos concluidos.

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLE

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Continuamos con el orden del día, en el capítulo de proposiciones. Esta Presidencia recibió de la diputada Esthela de Jesús Ponce Beltrán, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo para crear una comisión especial de carácter plural, que tenga por objeto analizar, investigar y dar seguimiento a las propuestas existentes en torno a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, particularmente en su artículo 68, así como solicitar a diversas comisiones emitir opinión fundada sobre el objeto de estudio.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Proposición con punto de acuerdo, para crear una comisión especial de carácter plural que analice, investigue y realice el seguimiento respecto a las propuestas existentes en torno de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, particularmente en el artículo 68; y solicitar a diversas comisiones que emitan opinión fundada sobre el objeto de estudio, a cargo de la diputada Esthela de Jesús Ponce Beltrán, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, y demás normatividad aplicable, someto a consideración de la asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de los siguientes

Motivos

El 1 de diciembre de 2009, el diputado José Luis Marcos León Perea presentó una iniciativa para reformar y adicionar la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en los artículos 4o. y 68.

La Comisión de Pesca integró cuatro grupos de trabajo, entre los cuales se encuentra el formado para analizar la reforma del artículo 68 de esa ley.

De manera breve expongo algunas de las consideraciones particulares que, sin duda, merecen toda la atención de la Cámara por tratarse de un tema de la mayor relevancia que involucra diversos elementos de tipo ecológico, económico, turístico, pesquero, laboral y de competitividad, que por sus alcances y dimensiones repercuten en el desarrollo integral de Baja California Sur, de la nación y de diversos sectores productivos:

I. La zona de Los Cabos anualmente la visitan 400 mil turistas, que vienen a disfrutar de la pesca deportiva recreativa, lo que representa una derrama importante de recursos para los sectores de la economía y para el pago de los impuestos que les correspondan, estatales y federales.

II. Por una sobreexplotación comercial de las especies marinas mencionadas en el punto tercero de la exposición de motivos estarían en riesgo sin duda los destinos turísticos de Baja California Sur. Se perdería su principal atractivo mundial, la pesca deportiva recreativa, y habría una drástica disminución de las fuentes de empleo.

III. También estarían en riesgo las inversiones muy próximas de tres marinas de gran calado, que representan una inversión de poco más de 400 millones de dólares, provocando una derrama importante de recursos para los sectores de la economía de la localidad y la creación de empleos.

IV. Los pescadores ribereños de Baja California Sur, por la falta de una estructura, implementos y artes de pesca, podrían estar en total desventaja con las que poseen las grandes empresas cuyo giro principal sea la pesca comercial de altura. La iniciativa de ley comentada en la exposición de motivos se podría entender, sin que sea ése su objetivo, que beneficia ese tipo de empresas.

V. El sector turístico es el principal detonador de la economía de Baja California Sur. Una afectación provocaría un desequilibrio en la sociedad, con resultados económicos desfavorables, que frenarían el desarrollo integral del estado y de miles de familias sudcalifornianas.

VI. No es posible que se pretenda que un mandato de ley ahora quede a la discrecionalidad de la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca), como son la emisión de los permisos de pesca. Es evidente que la iniciativa en comento resulta contraria al espíritu del Constituyente originario y a la esencia de la norma jurídica, la cual tiene como finalidad orientar y normar la conducta a través de la fuerza legal.

VII. Los estudios en que se basa la propuesta son muy antiguos; por tanto, carecen de validez en el presente. Además, lo que hacen es denunciar la explotación de las especies destinadas a la pesca deportiva en la ley, y poner al descubierto la incapacidad de la Conapesca para garantizar el cumplimiento de la norma jurídica. Entonces, ¿cómo es posible que la iniciativa pretenda dejar a discrecionalidad de dicha dependencia la emisión de los permisos, cuando no puede garantizar el cumplimiento de las disposiciones que emitiera?

VIII. En la iniciativa no se define el término excedente ni cómo será determinado, ya que lo deja a la discrecionalidad de la Conapesca. En realidad, parece que la iniciativa pretende otorgar manga ancha a dicha dependencia, liberándola de los límites de la ley, lo que sin duda constituye un retroceso.

Como el tema que aquí nos ocupa reviste una fenomenología específica, la cual requiere un tratamiento interdisciplinario integral, responsable y transversal, pongo a su consideración los siguientes puntos de acuerdo, con la idea de dar respuesta a las demandas de los diferentes sectores poblacionales, atender las necesidades regionales e impulsar las acciones pertinentes, así como coadyuvar con la comisión dictaminadora a un análisis profundo, objetivo e institucional:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita la creación de una comisión especial de carácter plural que tenga duración mínima de un año, la cual analice, investigue y dé seguimiento respecto a las propuestas existentes en torno de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, particularmente al artículo 68, así como realizar las acciones conducentes a efecto de dar voz a los diferentes sectores productivos involucrados y realizar las gestiones necesarias que permitan a esta soberanía tomar decisiones oportunas y certeras en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, teniendo como base criterios fundamentales como el desarrollo integral y sustentable, la competitividad, la inclusión, el crecimiento económico y el equilibrio ecológico.

Segundo. Se solicita respetuosa y solidariamente a las Comisiones de Turismo, de Economía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al Comité de Competitividad de la Cámara de Diputados, que emitan opinión fundada de la iniciativa, presentada el 1 de diciembre de 2009 por el diputado José Luis Marcos León Perea, para reformar y adicionar la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en los artículos 4o. y 68, tomando en cuenta las consideraciones en la presente proposición.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2010.— Diputada Esthela Ponce Beltrán (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Junta de Coordinación Política.

CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió también, del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los grupos parlamentarios, funcionarios federales, estatales y municipales, a no politizar con los problemas de inseguridad que aquejan a la sociedad juarense.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los grupos parlamentarios y a los servidores públicos federales, estatales y municipales a no politizar los problemas de inseguridad que aquejan a Ciudad Juárez, a fin de trabajar en conjunto para darles fin y regresar al municipio la paz, la tranquilidad, la integridad y la seguridad, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Jaime Flores Castañeda, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Ciudad Juárez inició el año con su primera masacre el último día de enero. En esta ocasión, las víctimas no eran miembros del crimen organizado sino jóvenes estudiantes de preparatoria, jugadores de futbol americano y miembros del cuadro de honor, quienes celebraban un cumpleaños y un triunfo obtenido, tras ganar un campeonato de futbol americano.

Durante mucho tiempo, los mexicanos hemos mostrado solidaridad ante una tragedia; acudimos a aportar la ayuda necesaria, sin importar absolutamente nada: sexo, raza, religión o ideología, ya que ante el dolor y la tragedia estamos presentes. Lo interesante es que en situaciones como la mencionada no podemos ser solidarios para prevenir ese tipo de tragedias. Regularmente esperamos a que ocurra algún evento de esa índole para que la autoridad competente o cualquier otro miembro de la sociedad civil actúen en apoyo de las víctimas.

Resulta indignante que el crimen organizado nos robe la tranquilidad, la paz, la seguridad y, principalmente, la libertad. Todos somos responsables de esto, pues parecería que Ciudad Juárez, incluso el país, no fuera nuestra, cuando es responsabilidad de todos cuidarla y protegerla.

Esta situación, como tantas otras tragedias, se podría haber evitado si sólo fuéramos solidarios con nuestros conciudadanos, si la policía cumpliera su labor de vigilancia, si nosotros, compañeros legisladores, actuamos haciendo un frente común, sin perseguir un interés político, pero principalmente si se denunciara la impunidad de los irresponsables.

Compañeras y compañeros legisladores: debemos actuar en beneficio de la sociedad, sin tintes partidistas; hay que trabajar con los ciudadanos de Juárez y del país; seamos solidarios con nuestra gente para prevenir tragedias, y no sólo cuando éstas han ocurrido.

La sociedad juarense no quiere caras que no son; la sociedad juarense clama por justicia.

No podemos decir que la operación conjunto Chihuahua no funciona, debido a que no hay resultados ni informes. La sociedad no sabe qué es peor; lo único que sabemos es que el principal problema es la impunidad, debido a que el problema de la violencia comienza ahí, pues las fronteras son zonas muy complicadas, ya que el negocio de la droga, se encuentra en ambos lados, la sociedad juarense se pregunta cómo es posible que El Paso sea una de las ciudades más pacíficas de Estados Unidos y Juárez sea calificada como la más violenta. Parecería que hay algo en la naturaleza de los juarenses que precipita la violencia, pero no es así. Es más bien la situación geográfica, debido a que éste es uno de los puntos de cruce de droga más importantes para el crimen organizado; por eso hay un conflicto tan fuerte.

La ola de violencia ya llega a la capital de Chihuahua, a otras ciudades y a distintos estados del país; se desborda.

A diferencia del de México, el gobierno de Colombia ha trabajado de manera conjunta, mostrando acciones concretas contra el lavado de dinero, detenciones de alto nivel, programas de seguridad que han dado valiosos resultados, labores de inteligencia. En México no es suficiente contar sólo con la voluntad del presidente: los tres niveles de gobierno debemos trabajar en conjunto.

Ciudad Juárez fue muy rica, con mucha vida; ahora ha perdido esto en manos del crimen organizado. Si no se corrige la estrategia, la cifra se elevaría aproximadamente a 270 homicidios por cada 100 mil habitantes, y ésta sería la cifra más grande en la historia de las ciudades de todo el mundo, según la publicación de una revista el 8 de febrero de 2010.

No debemos seguir como ha iniciado el año, sin corregir la estrategia, sin que los tres niveles de gobierno trabajemos en conjunto y sin labores de inteligencia.

Compañeras y compañeros legisladores: resulta verdaderamente indignante que tan sólo de 2007 a 2009, la comisión de delitos aumentara en 800 por ciento. No es posible que en tan corto plazo se haya incrementado la violencia.

El gobierno federal ha reducido el número de militares en Ciudad Juárez y enviado a unos 2 mil agentes de la Policía Federal. Esto resulta insuficiente, pues tiene que haber un verdadero compromiso de los servidores públicos federales, estatales y municipales para ejecutar órdenes de aprehensión, para hacer labores de inteligencia contra los carteles y averiguaciones previas contra lavadores de dinero, por mencionar algunas acciones por considerar.

En mérito de lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los grupos parlamentarios y a los servidores públicos federales, estatales y municipales a trabajar en conjunto para solucionar los graves problemas de inseguridad y regresar a Ciudad Juárez la paz interior, la tranquilidad, la integridad y, sobre todo, la seguridad que se ha perdido en los últimos años a causa del crimen organizado, sin ningún fin político.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2010.— Diputado Jaime Flores Castañeda (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Junta de Coordinación Política.

PROTECCION Y CONSERVACION DE LENGUAS INDIGENAS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Educación Pública establezca las medidas que favorezcan la protección y conservación de las lenguas indígenas, especialmente aquellas en peligro de extinción.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer a través de la SEP medidas que favorezcan la protección y conservación de las lenguas indígenas, especialmente de aquellas en extinción, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Héctor Pedraza Olguín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en esta LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición que contiene punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el mundo hay alrededor de 7 mil lenguas en uso y cada año desaparecen 20. Además, la mitad de las existentes está en peligro de extinción, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

UNESCO, señala que la mitad de las lenguas existentes en el mundo podrían perderse dentro de “pocas generaciones”, debido a su marginación de Internet, presiones culturales y económicas y el desarrollo de nuevas tecnologías que favorecen la homogenización.

La UNESCO considera que la lengua de una comunidad está en peligro de extinción cuando 30 por ciento de sus niños no la aprende y cuando la familia deja de hablarla en el espacio doméstico, aunado a otros factores como el desplazamiento forzado de la comunidad, el contacto con una cultura más agresiva o acciones destructivas de los miembros de una cultura dominante

Asimismo a la presión de fuerzas económicas, religiosas, culturales, e incluso la educación. Aunque también hay factores internos, como los cambios de actitud hacia ellas de parte de sus hablantes que, por vergüenza u otros factores, dejan de practicarlas.

Datos proporcionados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, señalan que durante la segunda mitad del siglo XX, se han perdido en México más de 110 idiomas, entre ellos el chiapaneco y el cuicateco. Sin embargo, hay muchos otros que están en riesgo, porque en riesgo están las culturas que los han generado.

Existen instrumentos jurídicos internacionales para el reconocimiento de los derechos culturales y lingüísticos de los pueblos indígenas, entre los cuales destacan: la Declaración de los Derechos Lingüísticos, proclamada en Barcelona en 1996, la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Resolución 12 de la UNESCO en torno a la aplicación de una política lingüística basada en el pluralismo, dichos instrumentos se enfrentan actualmente a esquemas rígidos en los cuales los sistemas educativos reaccionan con lentitud.

En México el bilingüismo y la biculturalidad han avanzado lentamente y aún no logran una diferencia sustancial. La secundaria y el bachillerato se enfrentan todavía a problemáticas no resueltas, mientras que la aplicación de la justicia y el uso de los medios de comunicación, tampoco son campos influidos por el ejercicio de esos derechos por parte de los grupos indígenas.

Al respecto es importante destacar que en materia de justicia la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que en los últimos 13 meses han sido liberados mediante el recurso de libertad anticipada o condicionada 674 indígenas recluidos en penales del país.

De los mil 179 casos en los que la comisión gestionó durante ese periodo, el organismo logró resultados “satisfactorios” para 631 hombres y 43 mujeres de etnias como Cora, Chianteco, Chol, Maya, Mixteco, Mayo, Náhuatl y Huichol, entre otras.

Asimismo, El Universal publicó, recientemente, que la Organización de Estados Americanos, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la CNDH coincidieron en que los indígenas en México sometidos a un proceso penal enfrentan un sistema judicial que tiene “graves deficiencias”, además de que los detienen, acusan y sentencian con criterios discriminatorios y racistas. Aseguran que los indígenas se enfrentan a procesos plagados de irregularidades como son detención ilegal, fabricación de pruebas, tortura, irrespeto al principio de presunción de inocencia, falta de traductores, dilación y aplicación de la máxima pena sin considerar usos y costumbres.

En este orden de ideas, el estudio de la situación real de las lenguas indígenas, es un asunto importante para la planeación política y la urgencia se centra en una reforma educativa que apunte a la biculturalidad y la condición bilingüe del pueblo mexicano.

Se requiere el fortalecimiento de la educación bilingüe y bicultural, de la que se ha escrito y hablado en demasía, pero que no se lleva a cabo, si se asiste a las escuelas de las comunidades indígenas, se podrá observar que no tienen los programas bilingües y generalmente se descuida la conservación de la lengua indígena y se enseña mal el español.

Si la prioridad más importante para el gobierno federal no es la educación, entonces no saldremos adelante, se han privilegiado más los aspectos económicos, las medidas políticas y el combate a la delincuencia organizada; y ha quedado abandonada la política educativa para los pueblos indígenas, desde el punto de vista de su bilingüismo.

Asimismo, la migración es otro fenómeno social que provoca interesantes cambios en el uso de la lengua, a tal grado que se da la condición bilingüe entre los emigrantes indígenas que aprenden el inglés y ya no se interesan por el aprendizaje del español. Pero esta condición, antes que tener su origen en la migración, se deriva de un panorama social con pocas alternativas debido a las precarias situaciones económicas, de inseguridad y de inestabilidad política a las que la población indígena se enfrenta en la actualidad, pero también a los modelos de vida extranjeros que se reciben por los medios masivos de comunicación a cada uno de los hogares, sean indígenas o no.

El reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en la Constitución, la expedición de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la creación de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe de la SEP y de los trabajos realizados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, sin duda han sido avances, en una tarea que de grandes dimensiones. Un tema de justicia y democracia para muchos mexicanos pertenecientes a grupos indígenas, a quienes todavía no les es posible expresarse, estudiar, leer y vivir en su propia lengua.

Sin embargo, lejos estamos todavía del pleno ejercicio de los derechos lingüísticos de los grupos indígenas, ya que la gran mayoría de lenguas indígenas se encuentran en situaciones límite de extinción.

Hablar, leer, pedir justicia y vivir en igualdad con las lenguas indígenas todavía es un reto, en un país que se ha declarado pluricultural y multilingüe.

Por lo expuesto, someto a esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, a fin de que por conducto de la Secretaría de Educación Publica, establezca medidas que favorezcan la protección y conservación de las lenguas indígenas, especialmente aquellas en peligro de extinción.

Sede de la Cámara de Diputados, a 16 de febrero de 2010.— Diputado Héctor Pedraza Olguín (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas.

COMISION NACIONAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA COMERCIALIZACION DEL CAFE

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se recibió igualmente, del señor diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo relativo a la creación de la Comisión Nacional de Control y Seguimiento a la Comercialización del Café.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Proposición con punto de acuerdo, relativo a la creación de la comisión nacional de control y seguimiento a la comercialización del café, así como a la operación de un fondo de contingencia para el fortalecimiento de su precio en el país, a cargo del diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Felipe Amadeo Flores Espinosa, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para solicitar la creación de la comisión nacional de control y seguimiento de la comercialización del café, así como la operación de un fondo de contingencia para el fortalecimiento de su precio en el país, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

Como se ha expuesto en esta tribuna, en el marco de la propuesta para la creación de la Comisión Especial del Café de la Cámara de Diputados, nos encontramos ante una de las principales actividades agroindustriales del país que, sin embargo, sigue padeciendo la iniquidad del mercado internacional y la falta de mecanismos eficientes en el mercado interno para garantizar un precio justo para los miles de productores del país.

En los meses recientes hemos visto cómo el precio internacional del café ha tenido un repunte considerable que, sin embargo, no se ha reflejado en el precio que se paga a los productores mexicanos.

Pese a las grandes oportunidades de mercado que ofrece el aromático, en el país hay factores que debilitan su competitividad, como la marginalidad en que vive 87 por ciento de los productores, la deficiente infraestructura carretera, la falta de apoyos para la renovación de los cafetales de avanzada edad, la falta de capacitación para el mejoramiento de los procesos de siembra y cultivo, la escasez de mano de obra por la creciente migración, el abandono de las tierras, la rotación de cultivo, la existencia de intermediarios, y los altos costos de producción, que han hecho que cultivar café ya no sea atractivo para muchas de las tradicionales regiones cafetaleras.

Como muchas otras actividades del campo mexicano, el café sigue siendo una actividad de comerciantes ricos con productores pobres.

No hay un mercado estable que garantice equidad y precios competitivos para todos los integrantes de la cadena productiva. Hoy sabemos que si bien los programas de apoyo han llegado a los productores, éstos no encuentran precios que garanticen la producción.

Tenemos un mercado sumamente irregular por la diferencia de precios. Observamos una gran diferencia incluso en una misma zona o entre una empresa y otra. Un ejemplo lo observamos en Veracruz, donde en los tres últimos ciclos tuvimos precios de hasta 3 pesos por kilogramo en regiones como Los Tuxtlas, hasta 7 pesos en zonas de montaña como Coatepec y Huatusco; sin embargo, pese al buen precio internacional, en el mercado interno los precios al campo se desplomaron.

Aunado a ello, durante los últimos cuatro años los programas de fomento productivo y coberturas han requerido que los productores demuestren el registro de su comercialización; o bien, sus promedios de producción para poder recibir mayores recursos. Por esa razón, sólo en Veracruz cerca de 30 mil productores han dejado de ser sujetos de estos programas por no tener registrada y documentada la comercialización que realizan.

Asisto a esta tribuna para proponer que se establezcan nuevos mecanismos compensatorios que permitan equilibrar el precio del café en beneficio de los productores. La creación de una comisión nacional de control y seguimiento de la comercialización del café, así como la operación de un fondo de contingencia para el fortalecimiento de su precio en el país, permitirá impulsar de manera definitiva este importante sector.

Esta comisión deberá contar con la participación de las instituciones involucradas en el sector tanto a escala federal como de cada entidad a través del Consejo Mexicano del Café y su organismo rector, para la vigilancia y el seguimiento de las acciones de la comercialización del café, que den como resultado inmediato la aplicación de precios justos en el campo.

Al mismo tiempo, se propone impulsar la fortaleza financiera para la defensa del precio mediante la operación de un fondo de contingencia integrado por aportaciones de los gobiernos federal y estatal, y de los productores. De esa forma, el producto será colocado con oportunidad en el mercado a los precios fijados con referencia del precio de bolsa y con la empresa que haya pactado la venta del café acopiado, considerando los costos de beneficio y comercialización.

Veracruz ya ha dado los primeros pasos en este objetivo. A iniciativa de los productores veracruzanos, del Consejo Estatal de Productores de Café de Veracruz, AC, y con el apoyo del gobernador Fidel Herrera Beltrán, el pasado 25 de enero se tomó protesta a los integrantes de la comisión que aquí se propone que funcione para el resto de las entidades productoras de café.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a las Comisiones de Agricultura, y Especial del Café de la Cámara de Diputados su intervención ante el gobierno federal y los estatales a fin de promover la creación de la comisión nacional de control y seguimiento de la comercialización del café, así como la operación de un fondo de contingencia para el fortalecimiento de su precio en el país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2010.— Diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad de la Secretaría de Salud, al DIF y a la Secretaría de Educación Pública, un informe detallado del ejercicio del presupuesto para este sector vulnerable.

La diputadaHilda Ceballos Llerenas: Con su permiso, ciudadano presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. La Constitución General de la República, desde su artículo 1o., prohíbe cualquier forma de discriminación que atente contra la dignidad humana y expresamente se refiere a la condición social de la discapacidad.

El Plan Nacional de Desarrollo propone otorgar apoyos a las personas con discapacidad para su integración a las actividades productivas y culturales con plenos derechos y con independencia.

La filosofía y espíritu de estos instrumentos de atención a las personas con algún tipo de discapacidad física, intelectual, auditiva, motora, visual y otros problemas de comportamiento son, sin embargo, menoscabados por las autoridades de la burocracia. Parecería que a este sector vulnerable de nuestra sociedad se le quisiera mantener invisible.

Hay en nuestro país una ausencia histórica de estrategias públicas que valoren adecuadamente la realidad de 10 millones de personas –cifra estimada en la Organización Mundial de la Salud– que hoy más que nunca requieren de la solidaridad de la sociedad, de la atención de los programas de gobierno, de sus presupuestos y del interés de las políticas públicas.

Es muy importante hacer conciencia de que estos compatriotas nuestros, mermados por complicaciones en su naturaleza humana, luchan con gran dignidad para hacer valer su derecho a la vida, no piden caridad ni pretenden ser una carga para nadie, sino demandan espacios de oportunidad que estimulen su integración laboral, social, educativa y cultural.

Desafortunadamente en nuestro país se va imponiendo la cultura de la indiferencia a las personas con discapacidad. Esta afirmación se comprueba con un dato preocupante: los recursos etiquetados para su apoyo y su atención, que concentra el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Secretaría de Educación Pública, se redujeron para este 2010 hasta es un 55 por ciento. Esta situación se agrava en estados y municipios. Ésas son las razones que me impulsaron para presentar este punto de acuerdo.

Cuando en junio de 2003 se aprobó la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que establece medidas que protegen a las personas con discapacidad. Este hecho fue el primer paso para concretar medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades.

El avance se sintió más alentador cuando en 2006 se aprobó la Ley General para las Personas con Discapacidad, que establece la obligación del Estado de capacitar y procurar la inserción al empleo a personas con discapacidad y diseñar programas para ser incorporadas como servidores públicos.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Único. Que por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados se solicite al Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad de la Secretaría de Salud, al Sistema Nacional para el Desa-rrollo Integral de la Familia y a la Secretaría de Educación Pública, un informe detallado del ejercicio del presupuesto de 2008 y de 2009. Y por lo que respecta a 2010 que se dé un informe semestral, así como el impacto de los ajustes presupuestales en el cumplimiento de los objetivos institucionales de este programa.

Solicito que se inserte el texto en el Diario de los Debates en forma íntegra como fue expuesto. Es cuanto, ciudadano presidente. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad de la Secretaría de Salud, al DIF y a la SEP un informe detallado del ejercicio y el efecto del presupuesto destinado a este sector vulnerable, a cargo de la diputada Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del PRI

La Constitución General de la República, desde su artículo primero, prohíbe cualquier forma de discriminación que atente contra la dignidad humana y expresamente se refiere a la condición social de la discapacidad. El Plan Nacional de Desarrollo propone otorgar apoyos a las personas con discapacidad para su integración a las actividades productivas y culturales, con plenos derechos y con independencia.

La filosofía y espíritu de estos instrumentos de atención a las personas con algún tipo de discapacidad física, intelectual, auditiva, motora, visual y otros problemas de comportamiento, son sin embargo menoscabados por las prioridades de la burocracia. Parecería que a este sector vulnerable de nuestra sociedad se le quisiera mantener invisible, en la oscuridad. Hay en nuestro país, una ausencia histórica de estrategias públicas que valoren adecuadamente la realidad de 10 millones de personas –cifra estimada por la Organización Mundial de la Salud– que hoy más que nunca requieren de la solidaridad de la sociedad; de la atención de los programas de gobierno y sus presupuestos, y del interés de las políticas públicas.

Es muy importante hacer conciencia de que estos compatriotas, mermados por complicaciones en su naturaleza humana, luchan con gran dignidad por hacer valer su derecho a la vida. No piden ni imploran caridad o misericordia ni pretenden ser una carga para nadie, sino demandan su espacio de oportunidad que estimule su integración laboral, social, educativa y cultural.

Desafortunadamente, en nuestro país se va imponiendo la cultura de la indiferencia hacia las personas con discapacidad. Esta afirmación se comprueba con un dato preocupante: Los recursos etiquetados para su atención y apoyo, que concentra el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF y la Secretaría de Educación Pública, se redujeron para 2010, hasta en 55 por ciento. Esta situación se agrava en estados y municipios.

Estas son las razones que me impulsaron para presentar este punto de acuerdo. Cuando en junio de 2003 se aprobó la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación que establece medidas que protegen a las personas con discapacidad, este hecho fue saludado con gran optimismo pues era el primer paso para concretar medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades.

El avance se sintió más alentador, cuando en el 2006 se aprobó la Ley General para las Personas con Discapacidad que establece la obligación del Estado de capacitar y procurar la inserción al empleo a personas con discapacidad o diseñar y ejecutar programas para incorporar a estas personas como servidores públicos.

Estos logros, tan cruciales y decisivos en las leyes, se ven sin embargo disminuidos en la realidad. A la involución de los presupuestos, se suma la insuficiente promoción de una cultura de inclusión social y de respeto, que garantice a los discapacitados el derecho a la igualdad, que es el primero de los derechos fundamentales de la Constitución.

Ese es el gran reto que tenemos como sociedad, como gobierno y como legisladores: lograr que los esfuerzos que se han hecho para conseguir que las personas con discapacidades cobren visibilidad pública, se transformen ahora en acciones permanentes, con presupuestos suficientes e intocables, que garanticen para este sector de mexicanos, su plena inclusión social.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados, se solicite al Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad de la Secretaría de Salud; al Sistema Nacional para el Desa-rrollo Integral de la Familia y a la Secretaría de Educación Pública, un informe detallado del ejercicio del presupuesto para este sector vulnerable, así como el impacto de los ajustes presupuestales en el cumplimiento de los objetivos institucionales de este programa.

Palacio Legislativo, a 16 de febrero de 2010.— Diputada Hilda Ceballos Llerenas (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Tiene la palabra el diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a Sedesol y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que proporcione información concreta sobre la utilización de los datos de medición de pobreza.

¿No está? Por no encontrarse en el pleno se manda hasta el final de la lista.

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la PGR que envíe un informe detallado sobre el estado que guarda la denuncia presentada por el licenciado Andrés Manuel López Obrador.

El diputadoMario Alberto di Costanzo Armenta: Compañeras y compañeros, el objeto de este punto de acuerdo, que además estoy pidiendo que se trate como un asunto de obvia o urgente resolución, es pedirle al procurador general de la República que entregue un informe a esta soberanía del estado que guarda la denuncia presentada por el licenciado Andrés Manuel López Obrador –el presidente omitió decir que es el presidente legítimo de México– en contra de una serie de personajes que son los responsables de la tragedia nacional. Entre estos personajes se encuentran el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, Roberto Hernández, Vicente Fox, Claudio X. González, Felipe Calderón, y otra serie de próceres nacionales.

Me pregunto, cómo es posible que la semana pasada Carlos Salinas de Gortari hiciera aseveraciones tan absurdas como el asunto de la banca y que sea secundado por muchos diputados aquí, cuando estos mismos diputados, si consultan Gacetas Parlamentarias anteriores se van a dar cuenta que precisamente en el caso del Fobaproa es el auditor canadiense Michael Mackey quien hace una crítica al proceso de privatización de los bancos, concluyendo que eso dio origen a la crisis que posteriormente vivió el país. Es decir, que lo que dijo Carlos Salinas de Gortari es que ellos son los papás del Fobaproa y que los panistas son las mamás del Fobaproa, porque nunca quisieron investigar el asunto.

Por eso hoy le pido a estas curules que por lo menos nos den su voto para que el procurador general de la República pueda informar en qué estado se encuentra la denuncia. En dicha denuncia se presentaron amplias pruebas en las que es fácil encontrar responsabilidad de estos actores.

Por consiguiente, solicito que tengan a bien apoyarme en esta solicitud que le estamos haciendo al procurador general de la República. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la PGR un informe detallado del estado que guarda la denuncia presentada por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo, contra los causantes de la actual tragedia nacional, a cargo del diputado Mario di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para solicitar información al procurador general de la República, licenciado Arturo Chávez Chávez, sobre el estado que guarda la denuncia presentada por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo, bajo los siguientes

Considerandos

México ha sido azotado por la peor crisis de su historia reciente, desde el, porfiriano y la Revolución no se había visto tanta opresión, violencia, corrupción y empobrecimiento; esta tragedia nacional ha sido causada por un grupo de delincuentes, traficantes de influencias y políticos corruptos, que han saqueado impunemente bienes nacionales y recursos públicos, como no se había visto desde la época colonial y como no ha sucedido, en los últimos tiempos, en ningún otro país del mundo.

Este grupo surge a partir de los tecnócratas, semilleros del neoliberalismo en México, en donde Carlos Salinas (1988-1994) decide entregar bancos y empresas públicas a sus allegados; con el paso del tiempo estos personajes no solo siguieron, mediante el influyentismo, multiplicando sus riquezas, sino que también se fueron asociados y adquiriendo poder político hasta convertirse en una mafia que está colocada por encima de las instituciones constitucionales.

Este grupo es el que viene, mandando en el país, con el fraude electoral 2006 impusieron al señor Calderón para tener a un representante o empleado en la presidencia de republica, sin duda es un gobierno espurio.

Este gobierno espurio y su grupo es el que decide sobre cuestiones fundamentales en la Cámara de Diputados y en el Senado, en el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justica de la Nación, en el Instituto Federal y en el Tribunal Electoral, en la Procuraduría General de la Republica, en la Secretaría de Hacienda y en los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional. Además, este grupo controla a la mayoría de los medios de comunicación e inclusive es dueño de los medios de comunicación más influyentes del país.

Que existe una republica aparente, simulada, falsa, hay poderes constitucionales, pero en los hechos, un grupo ha confiscado todos los poderes. México es un país rico en recursos naturales, con una gran cultura, con gente buena y trabajadora y sin embrago, por el predominio de esta minoría rapaz, se está hundiendo y la mayoría del pueblo mexicano ha sido orillada al sufrimiento y a la frustración, esto no les interesa a este gobierno de facto, sólo ven por sus propios beneficios.

Hechos y pruebas

El grupo de delincuentes que denunciamos ha venido llevando a cabo, de manera impune, actos que violan la constitución y las leyes de la república. Existen pruebas de que se trata de una asociación delictuosa dedicada al tráfico de influencias, la corrupción y el saqueo de bienes y recursos públicos.

Como es obvio, a esta mafia no le ha importado el destino del país y mucho menos el bienestar de la gente. Durante más de dos décadas México ha sido uno de los países con menor crecimiento en el mundo (anexo 235 Informe de la Cepal sobre el crecimiento económico de México), desde 1983 se empezó a desmantelar la política de fomento y generación de empleos, se dejo sin apoyo a los productores del campo, y se descuido de manera deliberada el sector energético para arruinarlo y justificar la privatización de la electricidad y de la industria petrolera.

Como consecuencia de esta política de pillaje, México hoyes un país en ruinas, cuyo extraordinario pueblo ha sido condenado a la sobrevivencia o al destierro. Millones de familias están padeciendo por falta de empleo o porque sus ingresos no les alcanzan ni siquiera para lo más indispensables. Muchos mexicanos viven hacinados, abandonados, enfermos y sin seguridad social. A los jóvenes se les ha cancelado el futuro, pues no tienen oportunidades ni de trabajo ni de estudios, y se les ha obligado a tomar el camino de las conductas antisociales.

También estos personajes que se han apoderado de todo, son los principales responsables de la inseguridad y de la violencia que se padece en el país. Nada bueno podría esperarse que sucediera cuando el dinero sustituyó al poder social y el gobierno se convirtió de lleno en un comité al servicio de unos pocos.

Esta mafia está integrada por Carlos Salinas de Gortari, Roberto Hernández, Vicente Fox, Claudio X. González, Felipe Calderón, Gastón Azcárraga, Elba Esther Gordillo, Diego Fernández de Cevallos, José Luis Barraza y Ernesto Zedillo entre otros.

Los delitos cometidos por cada uno de ellos se pueden resumir de la siguiente manera.

Carlos Salinas de Gortari. Entre otros graves señalamientos, fue acusado recientemente por el ex presidente Miguel de la Madrid de haberse robado la mitad de la partida secreta (anexos 2 y 3 de la versión estenográfica de la entrevista de Miguel de la Madrid a la periodista Carmen Aristegui y audio de la conversación de Luis Téllez) además fue el ejecutor de la operación fraudulenta de traslado de dominio de los bienes públicos a particulares y prestanombres. Un dato contundente y revelador: en 1987 en la lista de la revista Forbes donde aparecen los hombres más ricos del mundo, solo había un mexicano con mil millones de dólares: al finalizar el gobierno de Salinas, seis años después, ya eran 24 con 44 mil 100 millones de dólares,  y la mayoría de estos nuevos multimillonarios habían sido beneficiados con la privatización de bancos y empresas públicas (anexo 1 información de Forbes citada por la revista Proceso número 932-02) (anexo 4 del informe de la Oficina de Fiscalización General de los Estados Unidos –General Accountability Office-GAO– sobre el lavado de dinero en instituciones bancarias de Raúl Salinas de Gortari).

Roberto Hernández. Recibió de Carlos Salinas de Gortari el Banco Nacional de México (Banamex) (anexos 5 Diario Oficial de la Federación de 16 de agosto de 1992 en donde se publica el decreto con el que se transforma Banco Nacional de México, SNC, en Banco Nacional de México, S.A., información publicada en la revista Proceso, sobre la venta de empresas paraestatales en el gobierno de Salinas de Gortari, número 907. Información publicada en la revista Fortuna sobre la venta de Banamex a Roberto Hernández y socios, número 46); posteriormente, en 1995, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, fue rescatado con recursos públicos (anexo 6 del informe integral sobre la fiscalización del rescate bancario de 1995-2004, de la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados). Al llegar Vicente Fox a la Presidencia, nombró como secretario de Hacienda a Francisco Gil Díaz, quien era empleado de Roberto Hernández en la empresa telefónica Avantel. Y en ese gobierno Roberto Hernández vendió Banamex a City Group en 12 mil millones de dólares, sin pagar un solo centavo de impuestos, cometiendo un fraude fiscal de 3 mil millones de dólares (anexo 7, oficios del 21 de mayo del 2001 en el cual Francisco Gil Díaz, Secretario de Hacienda, se excusa para intervenir en proceso de ventana de Banamex, y del 30 de octubre de 2001, en que autoriza la venta o “fusión” de Banamex a City Group).

Vicente Fox (200-2006), en su gobierno protegió a los integrantes de la mafia, les entregó bienes del pueblo y de la nación, se alió a Salinas de Gortari y encabezo el fraude electoral 2006.

Claudio X. González fue asesor de Salinas de Gortari y desde entonces actúa como tenaz promotor de las privatizaciones de las empresas públicas. Entre otros hechos delictivos, participó en la privatización institucional de la industria eléctrica nacional y, al mismo tiempo, se asocio con José Córdoba Montoya, coordinador de la oficina de la Presidencia durante el gobierno de Salinas, para crear una compañía privada que le vende energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (anexo 8 Escritura Pública de la empresa eléctrica propiedad de Claudio X. González y José Córdova Montoya, número veinte y siete mil noventa y tres de la fecha 25 de agosto de 2003, otorgada ante el licenciado Alejandro Eugenio Pérez Teuffer, Notario Público 19 el estado de México). Asimismo como ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial, formó parte del grupo que implementó la guerra sucia en contra nuestra durante la campaña presidencial de 2006. Con ese propósito destinaron, sin comprobar su origen, 180 millones de pesos para la compra de espacios de radio y televisión y violaron flagrantemente la Ley Electoral (anexo 9 informe del costo de la guerra sucia durante la campaña de 2006, publicado en el libro La guerra sucia de 2006, escrito por Jenaro Villamil y Julio Scherer Ibarra).

Felipe Calderón. Este individuo desde antes de usurpar la presidencia de la República ya venía cometiendo delitos en beneficios propio, de su familia y de sus allegados. Por ejemplo, cuando fue director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), de febrero a agosto de 2003, a los tres meses de haber ocupado ese cargo se autootorgó un crédito hipotecario por 3 millones 100 mil pesos a un plazo de 20 años e intereses del 4 por ciento anual durante los primeros 15 años y del 6 por ciento para los últimos 5 años (anexo 11, documentos sobre el autopréstamo de Felipe Calderón en Banobras). Pero una vez que fue descubierto y denunciado públicamente no le quedo más remedio que devolverlo como consta en la escritura número 101 mil 617 de fecha 13 de agosto de 2003. Ese mismo día, por su relación de complicidad con los banqueros, recibió un crédito hipotecario de Ixe Banco, SA, representado por Javier Molinar Horcasitas (hermano del actual secretario de Comunicaciones y Transportes) por 4 millones 793 mil 554 pesos, a cubrir en un plazo de 15 años con “intereses ordinarios”. Sin embargo, este adeudo lo pagó, 21 meses después, el 16 de mayo de 2005, en una sola exhibición y exactamente por la misma cantidad recibida (4 millones 554 pesos). Sin justificar el origen del dinero (anexo 12, asiento registral del crédito de Felipe Calderón y el Banco Ixe, y anexo 13, inscripción de escrituras de propiedad, adquirida por Felipe Calderón, en el Registro Público de la Propiedad). Asimismo, siendo director de Banobras autorizó una aportación a “fondo perdido” por 400 millones de pesos, depositados en un fideicomiso privado para la construcción de un túnel bajo el río Coatzacoalcos. La obra fue promovida por el señor Enrique Baños Urquijo, directivo de la empresa Grupo Básico Mexicano, esposo de la ex senadora panista y actual directora del Instituto Nacional de Migración, Cecilia Romero, y suegro de César Nava, en ese entonces abogado General de Petróleos Mexicanos y posteriormente secretario particular de Felipe Calderón. Adicionalmente este fideicomiso recibió 200 millones de Pemex y desde 2002 cobra el peaje del puente I de Coatzacoalcos.

La obra del túnel muestra poco avance y no hay información disponible sobre el destino de los fondos públicos (anexo 14, Diario oficial de la Federación y diversos documentos que dan cuenta de la entrega, “a fondo perdido”, de 400 millones de pesos de Banobras y de Pemex al fideicomiso del túnel sumergido en Coatzacoalcos, Veracruz). Además, Calderón es el protector de los negocios turbios de su cuñado Hildebrando Zavala (anexo 15, diversos contratos con dependencias federales de la empresa de Hildebrando Zavala, cuñado de Felipe Calderón, incluidos los firmados con Pemex cuando era secretario de Energía).

Igualmente, cuando se desempeño como secretario de Energía y presidente del consejo de administración de Pemex (de septiembre de 2003 a mayo 2004), otorgó un contrato a Repsol de España, sin que participara otra empresa en la licitación, por 2 mil 437.2 millones de dólares para la explotación del gas en la cuenca de Burgos, cuyo resultado ha sido un rotundo fracaso en perjuicio de la hacienda pública (anexos 16, contrato entre Pemex y Repsol de España para la explotación de gas de la cuenca de Burgos).

Asimismo, en ese entonces vendió acciones que Pemex tenía en Repsol por debajo de su valor de mercado, ocasionando un daño patrimonial de 655 millones de dólares (Anexo 17, informe del Resultado de la Revisión de y Fiscalización Superior de la Cuenta pública 2006 de la Auditoria Superior de la Federación, sobre la venta de acciones que Pemex poseía de Repsol). Por último, en 2007, ya cuando se encontraba usurpando la presidencia, otorgó un nuevo contrato a Repsol de España por 21 mil millones de dólares para la compra de gas procedente del Perú (anexo 18, Contrato entre la Comisión Federal de Electricidad y Repsol por 21 mil millones de dólares para la compra de gas procedente del Perú). A este personaje es quien la mafia impuso mediante el fraude en la Presidencia de la República.

Gastón Azcárraga. Ayudó a Fox económicamente durante la campaña presidencial de 2000. Siendo Fox candidato, vivió en el hotel Fiesta Americana de la Ciudad de México, propiedad de Gastón Azcárraga, quien recibió en pago, en 2005, la empresa pública Mexicana de Aviación. En su carácter de presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, fue promotor de la guerra sucia y del fraude electoral en el 2006 (anexo 19, informe del IPAB sobre la licitación pública del Grupo Aeroméxico y de Mexicana de Aviación, y de diversos comunicados del IPAB sobre la venta de Aeroméxico y anexo 10 Carta del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios a todos sus miembros sobre los resultados de la elección presidencial 2006).

Elba Esther Gordillo. Esta lideresa de los maestros fue impuesta por Carlos Salinas de Gortari, y desde entonces se ha enriquecido impunemente. Además de estar al servicio de Salinas recibe instrucciones desde Londres, de Roberto Hernández, como consta en una conversación telefónica, en la cual ella se compromete con el banquero a impulsar la llamada reforma fiscal y energética (anexo 20, bota del periódico Reforma del 27 de agosto de 2003, sobre la conversación telefónica entre Elba Esther Gordillo y Roberto Hernández) además, participó abiertamente en el fraude electoral de 2006, recibiendo como pago el manejo de la Secretaría de Educación Pública (su yerno es subsecretario de Educación Básica, el ISSSTE y la Lotería Nacional).

Diego Fernández de Cevallos. Con un largo historial de tráfico de influencias, es considerado el abogado más rico del mundo. Desde 1988 ha sido empleado de Salinas de Gortari. En ese entonces como diputado federal del PAN, subió a la tribuna para pedir que se quemaran las boletas electorales de esa elección fraudulenta (anexo 21, video de la intervención de Diego Fernández de Cevallos en la Cámara de Diputados, solicitamos la quema de las boletas electorales de 1988). Durante el sexenio de Salinas y dos días antes de que terminara la administración de Francisco Ruiz Massieu, en el gobierno del estado de Guerrero, le concedió la propiedad de 55,418 metros cuadrados de un terreno en la zona turística conocida como Punta Diamante del puesto de Acapulco (anexo 22, información diversa sobre los terrenos propiedad de Diego Fernández de Cevallos en Punta Diamante, Acapulco, Guerrero). Ha sido abogado de empresas que se han visto favorecidas por la Secretaría de Hacienda, con devoluciones millonarias de impuestos (anexo 23, información sobre la devolución de impuestos a Jugos del Valle, empresas asesorada por Diego Fernández de Cevallos). Durante los gobiernos panistas de Fox y Calderón ha ganado juicios en contra de las Secretarías de la Reforma Agraria y de la de Comunicaciones y Transportes por 3 mil millones de pesos (anexo 24, información pública sobre los juicios ganados por Diego Fernández Cevallos a la Secretaría de la Reforma Agraria y Secretaría de Comunicaciones y Transportes) junto con Salinas y Fox estuvo involucrado en el complot en contra nuestra, cuando los escándalos de los videos de Carlos Ahumada. Ha participado en otros hechos delictivos y recientemente fue el que influyo en la designación de su colega, Fernando Gómez Mont, como Secretario de Gobernación del gobierno usurpador.

José Luís Barraza. Como presidente del Consejo Coordinador Empresarial participó en la guerra sucia y en el fraude electoral del 2006 y en pago Felipe Calderón le entregó la empresa pública Aeroméxico (anexo 19, informe del IPAB sobre la licitación pública el Grupo Aeroméxico y de Mexicana de Aviación, y diversos comunicados del IPAB sobre la venta de Aeroméxico)

Ernesto Zedillo (1994-2000). Durante su gobierno continuó el saqueo de bienes del pueblo y de la nación. Es el principal responsable del vandalismo llevado a cabo con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. En ese entonces, en abierta violación a la Constitución, las deudas privadas de unos cuantos se convirtieron en deuda pública. Este fraude a la nación representa un quebranto al erario por 120 mil millones de dólares, recursos que han dejado de destinarse al desarrollo del país y al bienestar del pueblo (anexo 6, informe integral sobre la Fiscalización del Rescate Bancario de 1995-2004, de la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados).

Además de toda esta mafia existen otras personas que corresponderá a la autoridad competente investigar sus nombres, responsabilidades y vínculos con esta pandilla. Pero considero que estos delincuentes no rebasan el numero de 30 aunque para llevar a cabo sus fechorías cuentan con una red de funcionarios, abogados, concesionarios de radio y televisión, periodistas prestanombres y políticos corruptos, todos los cuales también deben ser investigados en razón del daño que han causado al pueblo de México y a la nación.

Derivado de lo anterior someto a consideración de este pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados de la LXI Legislatura solicita al titular de la Procuraduría General de la Republica, al procurador Arturo Chávez Chávez, que envíe un informe detallado con los avances y el estado que guarda la denuncia presentada el 15 de junio de 2009 y ratificada el 11 de agosto del mismo año, por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente Legitimo, sobre quienes causaron la actual tragedia nacional.

Dado en el Palacio Legislativo, a 4 de febrero de 2010.— Diputado Mario di Costanzo Armenta (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, hay dos terceras partes por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No se considera de urgente resolución.Se turna a la Comisión de Justicia.

ESTADO DE YUCATAN

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Efraín Aguirre, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación que lleve a cabo una investigación sobre la presunta agresión sufrida por un corresponsal de Trece TV, televisora pública, de Yucatán, por parte de una funcionaria de la delegación de Sedesol en dicha entidad.

El diputadoEfraín Ernesto Aguilar Góngora: Con su venia, presidente. Efraín Ernesto Aguilar Góngora, señor presidente.

Compañeras y compañeros legisladores, la libertad de expresión constituye una de las garantías más sólidas de la democracia y del desarrollo moderno de los Estados. La violación de ésta constituye una violación a la democracia, marco necesario para la realización de los derechos humanos, aún más repudiable e inaceptable si proviene de funcionarios públicos.

El caso que nos ocupa ocurrió en el municipio de Valladolid, Yucatán, el 13 de febrero del presente, cuando Inés Antonia Canul Uc, funcionaria de la delegación de Sedesol en Yucatán, agredió físicamente y luego despojó de una videocámara a René Gómez Dzib, corresponsal del canal 13 TV, televisora pública, cuando éste filmaba acciones con respecto al uso electoral del programa Oportunidades, de acuerdo a la versión contenida en la denuncia interpuesta.

A decir de Gómez Dzib, y de quienes presenciaron los hechos, éste filmó la labor de proselitismo político que llevaban a cabo empleados de Sedesol, e intentó entrevistar a Canul Uc sobre el uso electorero del programa Oportunidades a favor del PAN, lo que enfureció a la mujer, quien agredió físicamente al joven y le arrebató su videocámara para borrar toda evidencia en su contra.

Este caso tan lamentable toma características preocupantes por el desarrollo de un proceso electoral local en Yucatán, en medio de dudas y manifestaciones sobre el comportamiento de las delegaciones federales en el estado, en específico Sedesol, en relación al uso electoral de programas sociales, principalmente la ampliación y registro de beneficiarios del programa Oportunidades.

Recientemente en un medio de prensa escrita local se difundió que una brigada de empleados de la Sedesol, transportándose en automóviles oficiales recorrían colonias populares y marcaban con pañuelos blancos y azules a los futuros beneficiarios identificados con el Partido Acción Nacional.

Lo anterior resulta más significativo ya que refleja una clara estrategia del gobierno federal para el uso electoral de recursos públicos y la intimidación en el proceso electoral que se lleva a cabo en Yucatán.

Por lo anteriormente expuesto y en representación de los diputados del PRI, por Yucatán, someto a su consideración el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se solicita a la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación de la Cámara de Diputados, que en el ejercicio de sus atribuciones lleve a cabo un puntual seguimiento sobre la presunta agresión sufrida por un corresponsal de 13 TV, por parte de una funcionaria de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en Yucatán, ocurrida en el municipio de Valladolid, el 13 de febrero del presente.

Asimismo, dicha comisión informe a la brevedad posible a esta soberanía sobre los resultados del seguimiento y sus implicaciones.

Presidente, solicito que en el Diario de los Debates sea integrado el resolutivo de este punto de acuerdo tal y como fue leído. Y le hago entrega del contenido fidedigno del punto de acuerdo para que sea turnado a la comisión correspondiente.

«Proposición con  punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación de esta soberanía, lleve a cabo una investigación sobre la presunta agresión sufrida por un corresponsal de Trece Tv, televisora pública de Yucatán, por parte de una funcionaria de la delegación de la Sedesol, en dicha entidad, a cargo del diputado Rolando Zapata Bello, del Grupo Parlamentario del PRI.

El que suscribe, Rolando Zapata Bello, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

La libertad de expresión constituye una de las garantías más sólidas de la democracia y el desarrollo moderno de los Estados. Esta libertad no sólo exige que los individuos sean libres de transmitir ideas e información, sino que también que toda la sociedad pueda recibir información lo más oportuna y objetiva posible.

La violación de la libertad de expresión y de prensa constituye una violación de la democracia, marco necesario para la realización de los derechos humanos.

De esta manera, si las agresiones a periodistas y comunicadores atentan contra principios esenciales de la democracia y la protección a los derechos humanos, es totalmente repudiable e inaceptable que dichas agresiones provengan de funcionarios públicos.

De acuerdo con el reporte del Centro Nacional de Comunicación Social, AC, el número de agresiones contra periodistas y medios de comunicación llegó a 244 en 2009, y de esa cifra 65 por ciento de los presuntos autores materiales fueron identificados como funcionarios.

El informe establece que de las 244 agresiones registradas, 109 fueron físicas o materiales y 47 amenazas, y en cuanto a los presuntos responsables de la agresión, 65.7 por ciento fueron identificados como funcionarios públicos, 7.79 por ciento como partidos políticos y sólo 6.15 por ciento como delincuentes.

Un caso que evidencia los datos anteriores ocurrió en el municipio de Valladolid, Yucatán, el 13 de febrero del presente, cuando Inés Antonia Canul Uc, funcionaria de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Yucatán, presuntamente agredió físicamente y luego le robó una videocámara a René Gómez Dzib, corresponsal de Trece TV, televisora pública en el estado, cuando éste filmaba acciones respecto al uso electoral del programa Oportunidades, de acuerdo a la versión contenida en el expediente número 281/13A/2010 del Ministerio Público en la entidad.

La agresión al corresponsal de Trece TV fue relatada por testigos de los hechos, quienes manifestaron que los empleados de la Sedesol, muchos de ellos alcoholizados, realizaban trabajo de proselitismo político con la gente de la zona, a quienes ofrecían Oportunidades si se comprometían a votar en mayo por el PAN.

A decir de Gómez Dzib y de quienes presenciaron los hechos, éste filmó la labor de proselitismo político que llevaban a cabo empleados de Sedesol e intentó entrevistar a Canul Uc sobre el uso electorero del programa Oportunidades a favor del PAN, lo que enfureció a la mujer, quien agredió físicamente al joven. Y no sólo eso: sino que le arrebató su videocámara para borrar toda evidencia en su contra, los hechos quedaron registrados en la denuncia que presentó el presunto agredido.

Este caso tan lamentable toma características preocupantes por el desarrollo de un proceso electoral local en Yucatán, en medio de dudas y manifestaciones sobre el comportamiento de las Delegaciones Federales en el estado, en específico de Sedesol, en relación con el uso electoral de programas sociales, principalmente la ampliación y registro de beneficiarios de Oportunidades.

Recientemente, un medio de prensa escrita local difundió que una brigada de empleados de la Sedesol, transportándose en automóviles oficiales, recorría colonias populares y marcaban con pañuelos blancos y azules a los futuros beneficiarios, identificados con el PAN.

Este caso resulta significativo, ya que pudiera reflejar una estrategia del gobierno federal, que incluyera el uso electoral de recursos públicos y la intimidación de quienes presencien estas actividades para ser evidenciadas o denunciadas.

Con base en lo anterior, es indispensable el deslinde de las responsabilidades en este caso y, sobre todo, clarificar las causas de estos sucesos que parecieran vincularse de forma importante con la participación indebida de instancias gubernamentales en los procesos electorales.

Si las agresiones a periodistas atentan contra la libertad de expresión, son mucho más condenables cuando sean realizadas por funcionarios públicos y durante un proceso electoral.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación de la Cámara de Diputados que lleve a cabo una investigación sobre la presunta agresión sufrida por un corresponsal de Trece TV, televisora pública de Yucatán, por parte de una funcionaria de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en esa entidad, ocurrida en el municipio de Valladolid, el día 13 de febrero del presente. Asimismo, que dicha comisión informe con la mayor brevedad a esta soberanía sobre los resultados de la indagación y sus implicaciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2010.— Diputados: Rolando Zapata Bello, Efraín Ernesto Aguilar Góngora, Jorge Carlos Ramírez Marín, Eric Luis Rubio Barthell, Felipe Cervera Hernández, Martín Enrique Castillo Ruz, Liborio Vidal Aguilar (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita diputado.

La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama. Dígame.

La diputadaRosa Adriana Díaz Lizama (desde la curul): Presidente, para solicitar al diputado Efraín Aguilar la adición del siguiente párrafo a su punto de acuerdo, que dice:

Se solicita igualmente a la Comisión de Derechos Humanos de está Cámara de Diputados dar seguimiento a la violación de las garantías individuales de dos jóvenes yucatecos que vendían camisetas con la leyenda Yo chiflé a Ivonne y que presuntamente fueron detenidos y torturados por la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Yucatán, representando el hecho una violación a la libertad de expresión.

Es cuanto. Hago entrega de mi solicitud al diputado y a la Mesa Directiva.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí. Le pregunto al señor diputado Efraín Aguilar si está usted de acuerdo en que pudiera hacerse esa adición.

El diputado Efraín Ernesto Aguilar Góngora: No estoy de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No está de acuerdo el diputado. Le pregunto al señor diputado Ramírez Marín, ¿con qué objeto, diputado?

El diputadoJorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Señor presidente, para señalar la posición de nuestro grupo parlamentario. Se trata de un punto de acuerdo diferente que con todo gusto procesaremos y si la diputada quiere, de urgente resolución, para que se discuta a fondo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Cómo la diputada había solicitado la anuencia del diputado para que se agregara un párrafo, al no haber la anuencia del diputado Aguilar no se está en las condiciones de que la diputada le dé trámite a su propuesta para que pueda procesarse.

Se remite a la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación.

ESTADO DE VERACRUZ

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Bernardo Téllez Juárez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente municipal de Córdoba, Veracruz, a que se conduzca con honestidad en el ejercicio de sus funciones constitucionales y que no evada el pago de impuestos que le corresponde realizar como titular de dicho ayuntamiento.

El diputadoBernardo Margarito Téllez Juárez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el pasado 31 de diciembre de 2007 tomó protesta como alcalde constitucional de la ciudad de Córdoba, Veracruz el ciudadano Juan Antonio Lavín Torres, al haber obtenido la confianza mayoritaria del pueblo residente de aquella ciudad histórica de Córdoba, Veracruz.

Uno de los compromisos principales de campaña del alcalde al llegar a la alcaldía fue hacer llegar agua a esta congregación de la Sierra del Gallego, haciéndole autónoma con un interesante proyecto de reciclaje y saneamiento.

Quisiera ser breve, porque no me va a dar tiempo de leer todo el proceder de que este proceso no se dio como se hubiera querido. El presidente municipal de Córdoba, Veracruz, hace una exposición ante el cabildo de la existencia de un predio denominado La Cueva que cuenta con un venero situado en el municipio de Ixhuatlán del Café y la conveniencia de adquirirlo.

Segundo. El cabildo expresa que al respecto se deben realizar estudios que determinen la verdadera conveniencia para proceder a su adquisición.

Tercero. El alcalde hace caso omiso al cabildo y adquiere el bien inmueble autorizando una erogación de sus arcas públicas por un monto de 3 millones 400 mil pesos.

Cuarto. El cabildo le pide cuentas al edil, con motivo de no haber realizado los estudios que se habían acordado antes de la adquisición y que determinara la real pertenencia de la transacción, así como también por haber autorizado la erogación correspondiente del erario público por haberse descubierto que al respecto nunca se realizó una compra-venta, si no una donación.

Quinto. El presidente municipal informa a la representación municipal que efectivamente, legalmente no fue adquirido mediante una compra-venta, sino mediante una donación, pero que el dinero sí fue entregado al entonces propietario y que si la transacción se hizo de esta manera fue para evadir el pago de impuestos.

Sexto. Al día de hoy no ha aparecido el donante de la propiedad en comento a manifestar el haber recibido esta cantidad de dinero.

Séptimo. Para redondear este torpe trato, la congregación de la Sierra del Gallego ha afirmado que el predio adquirido no contiene venero ni manantial alguno, por lo que se considera que resulta imprescindible que en Córdoba, Veracruz, se aclare puntualmente el destino que se dio a esos 3 millones 400 mil pesos, toda vez que la oscuridad en el proceder del ciudadano presidente municipal, Juan Antonio Lavín, da lugar a la especulación y descrédito popular.

Resulta intolerable que un funcionario público de primer nivel declare abiertamente –y así está en los medios de comunicación– el haber efectuado un acto que no se llevó a cabo, para evadir impuestos.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo:

Único. Que esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte al presidente municipal de Córdoba a que se conduzca con honestidad en el ejercicio de sus funciones constitucionales, y a no evadir el pago de impuestos que le corresponde realizar como titular de este honorable ayuntamiento.

Solicito, señor presidente, que este documento quede inscrito en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente municipal de Córdoba, Veracruz, a conducirse con honestidad en el ejercicio de sus funciones constitucionales, y a no evadir el pago de impuestos que le corresponde como titular de dicho ayuntamiento, a cargo del diputado Bernardo Téllez Juárez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado por Veracruz a la LXI Legislatura, Bernardo Margarito Téllez Juárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la atención de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El pasado 31 de diciembre de 2007 tomó protesta como presidente municipal constitucional de la ciudad de Córdoba, Veracruz, Juan Antonio Lavín Torres al haber obtenido la confianza mayoritaria del pueblo residente de aquélla ciudad histórica fundada por los 30 caballeros.

A lo largo de su administración el derroche de recursos públicos en beneficio de un personal proyecto partidista denota los matices de su desempeño como alcalde. Hoy día no es el rojo de la sangre de los héroes nacionales que firmaron en esa histórica ciudad la independencia de nuestro país lo que mancha sus calles principales y centro histórico, sino un personal creciente e ilegal activismo político. Pero al adentrarse al verdadero pueblo cordobés, aquél que vive enclavado en los cerros de El Jacal, El Ezotepec, El Chinatepec, El Gallego y El Ejido, lo que pinta es un gris desteñido, propio de una administración municipal corta y retraída.

Muchos son los problemas locales que aún quedan por resolver; los caminos de esta demarcación no existen, han sido cubiertos por el fango o bien quebrantado por las lluvias, la falta de los rellenos sanitarios y la deforestación en las inmediaciones son sólo algunos, pero el más grave de todos es la escasez de agua. En particular en la Sierra del Gallego, perteneciente al ayuntamiento en comento, se han implantado, ya desde hace varios años, convenios con entidades vecinas como Ixhuatlán del Café y con Amatlán de los Reyes para surtir del vital líquido a esa comunidad cuya principal actividad económica y de subsistencia depende de su suministro.

Es por ello que uno de los principales compromisos de campaña de Juan Antonio Lavín Torres para llegar a la alcaldía fue el hacer llegar agua a esta congregación ya mencionada de la Sierra del Gallego haciéndola autónoma con un interesante proyecto de reciclaje y saneamiento. Pero ya con más de dos terceras partes del trienio que comprende su administración no existe solución para estos habitantes, por el contrario todo se ha complicado y envuelto en un escandaloso proceder del presidente municipal Lavín Torres al haber adquirido un predio, que presuntamente protegería el manantial denominado “Los Berros” que surte de agua a esta comunidad.

Este ignominioso proceder se dio de la siguiente manera:

1. El presidente municipal de Córdoba, Veracruz, expone ante el cabildo la existencia de un predio denominado “La Cueva” que cuenta con un venero situado en municipio de Ixhuatlán del Café, y la conveniencia de adquirirlo.

2. El cabildo expresa que al respecto se deben de realizar estudios que determinen la verdadera conveniencia para proceder a su adquisición.

3. El alcalde hace caso omiso al cabildo y adquiere el bien inmueble autorizando una erogación de sus arcas públicas por un monto de 3 millones 400 mil pesos.

4. El cabildo le pide cuentas al edil con motivo de no haber realizado los estudios que se habían acordado, antes de la adquisición y que determinaran la real pertinencia de la transacción, así como también por haber autorizado la erogación correspondiente del erario público pero haberse descubierto que al respecto nunca se realizó una compraventa sino una donación.

5. El presidente municipal informa a la representación municipal que efectivamente legalmente no fue adquirido mediante una compra-venta sino mediante una donación, pero que el dinero sí le fue entregado al entonces propietario, y que si la transacción se hizo de esa manera fue para evadir el pago de impuestos.

6. Al día de hoy no ha aparecido el donante de esta propiedad en comento a manifestar el haber recibido esta cantidad de dinero.

7. Para redondear este torpe trato, la congregación de la sierra El Gallego han afirmado que el predio adquirido no contiene ningún venero, ni manantial alguno.

Consideraciones

Primera. El mandato popular representa el encargo más delicado para un ciudadano de la república. Es otorgado directamente por el pueblo soberano en una de sus muy pocas manifestaciones y contiene la confianza general y la esperanza del mejoramiento popular. Quienes tenemos la muy alta distinción de ejercerlo debemos ser congruentes de palabra y de acciones, ser cercanos a nuestros mandantes y conducirnos en todo momento con una intachable conducta, tanto en nuestra vida pública como en la privada; de hecho dedicarse al servicio público, quizás significa despojarse de la vida privada.

Segunda. Resulta imprescindible que en la ciudad de Córdoba, Veracruz, se aclare puntualmente el destino que se le dieron a esos 3 millones 400 mil pesos, toda vez de que la obscuridad en el proceder del presidente municipal, Juan Antonio Lavín Torres, da lugar a la especulación y descrédito popular.

Tercera. Resulta intolerable el que un funcionario público de primer nivel declare abiertamente el haber efectuado un acto fraudulento con el ánimo de engañar a las autoridades recaudadoras correspondientes. Eso lo único que demuestra es el ser tramposo, afecta las finanzas públicas en perjuicio de todos los mexicanos, y naturalmente desvanece la confianza una vez depositada.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al presidente municipal de la ciudad de Córdoba, Veracruz, a que se conduzca con honestidad en el ejercicio de sus funciones constitucionales, y a que no evada el pago de impuestos que le corresponde realizar como titular de ese ayuntamiento.

Palacio Legislativo, a 16 de febrero de 2010.— Diputado Bernardo Margarito Téllez Juárez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, diputado, insértese en el Diario de los Debates.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Se pospone la intervención del diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD.

COMISION NACIONAL PARA LA COHESION SOCIAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se propone la creación de una Comisión Nacional para la Cohesión Social.

El diputadoEduardo Ledesma Romo: Buenas tardes. Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, honorables curules: el pasado viernes 19 de febrero celebramos el Día del Ejército Mexicano, cuando reconocimos el importante papel que éste desempeña como ejército del pueblo.

En el Partido Verde tenemos muy clara la importancia del Ejército Mexicano y es por ello que en todo momento hemos apoyado sus acciones. Por eso respaldamos la postura del general Guillermo Galván, secretario de la Defensa Nacional, en la ceremonia conmemorativa del 97 aniversario de la Marcha de la Lealtad, en la que señaló que la cohesión de la sociedad es un factor indispensable para concretar el proyecto de país, transformada en apoyo, y que hace viable toda estrategia comprometida con el desarrollo, seguridad y bienestar de la población.

En este sentido, la cohesión social es prioritaria, especialmente en el escenario de crisis económica y descomposición social que estamos atravesando. Como ejemplo, la reciente masacre de los jóvenes de Ciudad Juárez, Chihuahua nos llama a replantear la estrategia de combate a la delincuencia organizada.

Por ello debemos dejar a un lado las medidas desesperadas como la instalación de más retenes militares, para proponer medidas de fondo.

Ha llegado el momento de enfocar los esfuerzos gubernamentales para impulsar una cohesión social sólida que sea congruente con un proyecto de nación para el siglo XXI.

Para ello, proponemos la creación de un Consejo Nacional para la Cohesión Social integrado por representantes de los Poderes de la Unión, de la sociedad civil, de instituciones de educación superior y organismos de carácter consultivo.

Esperamos contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios representados en esta soberanía para que la proposición sea aprobada y así fomentar que las políticas públicas del gobierno federal sigan la dirección de cohesión social. Solamente con la cohesión social será posible atacar con mayor posibilidad de éxito la pobreza y la desigualdad que aquejan actualmente a nuestra nación. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se propone crear la comisión nacional para la cohesión social, a cargo del diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del PVEM

Eduardo Ledesma Romo, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con puntos de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado viernes 19 de febrero celebramos una vez más con el fervor y el respeto que nos merece en la agenda cívica nacional el Día del Ejército Mexicano. Además de reconocer el importante papel que desempeña como ejército del pueblo, fue ocasión propicia para rendir un homenaje a militares caídos en la lucha contra el narcotráfico. Y desde esta tribuna hoy refrendamos a la institución armada nuestro más amplio reconocimiento y de manera respetuosa también nos solidarizamos con quienes han perdido la vida en el cumplimiento del deber.

En el Partido Verde no tenemos la menor duda de la importancia que representa para el país el Ejército. Por ello, en todo momento hemos asumido una postura de respeto y solidaridad con sus acciones, sin dejar de reivindicar la vigencia y la observancia irrestricta del mandato constitucional.

Por eso vemos con simpatía la postura del general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional, en la ceremonia conmemorativa del 97 aniversario de la Marcha de la Lealtad, en cuyo marco señaló que desde el ámbito miliciano se estima que “las prioridades del México contemporáneo pueden quedar enmarcadas en dos grandes objetivos: la cohesión social y el acuerdo político; ambos, en aras del interés nacional”.

Y no podríamos estar más de acuerdo con su apreciación cuando agrega: “La cohesión de la sociedad es un factor indispensable e insustituible para concretar el proyecto de país. Transformada en apoyo, hace viable toda estrategia comprometida con el desarrollo, la seguridad y el bienestar de la población”.

Es de reconocerse y ponderarse en toda su extensión el hecho de que la voz del Ejército Nacional coloque como prioridad de la agenda pública atender y promover la cohesión social por todo lo que ello significa e implica en medio de un escenario de crisis económica y descomposición social por el que venimos atravesando de años atrás.

Baste observar los dramáticos hechos que se registran en la frontera norte para tratar de dimensionar el grado de descomposición del tejido social en que hemos caído. Para muestra ahí está la masacre de jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua, que nos ha llenado de indignación y tristeza, y ha propiciado un replanteamiento en la estrategia gubernamental en la lucha contra la delincuencia organizada.

Aun cuando quisiéramos, resulta más que difícil ser optimistas al conocer datos duros del Unicef, que indican que en el país 7 de cada 100 alumnos no se inscriben en el siguiente ciclo escolar debido a la pobreza o a la violencia. O que entre 2006 y 2008, previamente a la crisis económica, el número de pobres en México haya aumentado en 6 millones de personas, y que la situación más difícil se presente en el campo, donde 2.8 millones no tienen forma de satisfacer sus mínimos requerimientos alimenticios, según estudios del Departamento de Economía y Finanzas del Tecnológico de Monterrey, campus estado de México.

Todo indica claramente que hay un agotamiento del modelo económico y social, tanto como el paulatino agotamiento de los recursos naturales en el país.

Ante ello, resulta impostergable pasar del debate sobre medidas de carácter coyuntural, como sin duda son las acciones desesperadas que se toman en ciudades fronterizas, como la instalación de retenes militares a discreción que tienden a estrangular la de por sí golpeada actividad económica, a medidas de fondo como las planteadas por el secretario de la Defensa Nacional.

Creemos que ha llegado el momento de colocar en el centro de todo el esfuerzo gubernamental la tarea de promover la cohesión social, como condición indispensable para garantizar la viabilidad del país.

Hablamos de la cohesión social que de manera dramática se pierde en toda la nación, y muy particularmente en las ciudades fronterizas, que se han sumergido en una profunda incertidumbre, donde –por citar otro dato– en los últimos meses el desempleo y la inseguridad en Tijuana, Juárez y Reynosa llevaron a 15 mil personas con créditos del Infonavit a abandonar sus viviendas sin informar al instituto.

Igual que el secretario Guillermo Galván Galván, venimos a pronunciarnos por elevar al mayor rango de prioridad, es decir, a prioridad de Estado, la tarea de construir con visión de largo alcance un gran esfuerzo nacional en favor de la cohesión social, con la participación de los tres órdenes de gobierno y de los sectores de la sociedad civil, principalmente de las instituciones de educación superior, comprometidas con el interés superior de la nación.

Hablamos de asumir el reto de reconstruir una cohesión social sólida, congruente con un proyecto de nación para el siglo XXI y que trascienda las visiones parciales y de coyunturas políticas. Conseguirla, sabemos, implica compromisos duraderos que propicien una cooperación pública que dé valor a ese objetivo, de primer orden en la experiencia estatal-nacional del país.

Para ello consideramos la pertinencia de promover la creación de un espacio de interlocución y generación de propuestas, como sería en este caso un consejo nacional para la cohesión social, integrado por representantes de los Poderes de la Unión, de la sociedad civil, de instituciones de educación superior y organismos de carácter consultivo que trabajan con esta visión y compromiso.

Se ha dicho en reiteradas ocasiones que para avanzar hacia un nuevo estadio en el desarrollo, resulta indispensable construir una visión compartida entre ciudadanos y gobierno de un modelo de sociedad basado en la justicia social, en la primacía del estado de derecho y la cultura de la solidaridad.

Una visión compartida que posibilite “el establecimiento de consensos sobre la canalización del gasto público entre distintos sectores, generaciones y territorios, la recaudación impositiva, el financiamiento de los servicios sociales, la seguridad, las políticas de inclusión y protección social y la generación de empleo.

”Los sistemas de protección e inclusión que caracterizan una situación de cohesión social hacen que sea posible atacar con mayores posibilidades de éxito los problemas de pobreza y desigualdad en la distribución de los ingresos.”

En este sentido, “las políticas públicas en favor de la cohesión social serían las que a) desarrollen identidad común; b) construyan solidaridad; c) establezcan horizontes de confianza; d) establezcan situaciones de igualdad de oportunidades; y e) generen en la comunidad relaciones basadas en la reciprocidad”.

Sin duda, a esto se refiere en su discurso el secretario de la Defensa Nacional, lo cual confirma una vez más el alto sentido patrio del instituto armado.

Antes de continuar tensando y lastimando el maltrecho tejido social, con medidas que semejan situaciones de excepción, siempre será preferible y de mayor provecho ir a los problemas de fondo y articular el esfuerzo con renovados consensos.

Con esta firme convicción, consideramos tarea prioritaria para la presente legislatura salir a promover la cohesión social, procurando que las políticas del gobierno federal apunten en esta dirección.

Con base en lo expuesto y fundado, el legislador que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a tomar las medidas necesarias para garantizar que las políticas públicas apuntalen el fortalecimiento de la cohesión social en el país.

Segundo. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a elaborar los estudios y las disposiciones que se requieran para crear y operar el consejo nacional para la cohesión social, como órgano de consulta y participación de la sociedad civil, instituciones de educación superior y organismos especializados en la materia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a veinticinco de febrero de dos mil diez.— Diputado Eduardo Ledesma Romo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado.Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.

FUERZAS ARMADAS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que solicita la comparecencia de los titulares de las Secretarías de Defensa Nacional y de Marina ante sus respectivas comisiones, para que informen de resultados y tareas de seguridad pública.

El diputadoJuan Enrique Ibarra Pedroza: Gracias, ciudadano presidente. Señoras y señores representantes de la nación, en primer lugar quiero dejar asentado en mi intervención que al igual que millones de mexicanos siento un profundo respeto por nuestras honorables Fuerzas Armadas, por nuestro Ejército nacional, el cual surge del propio pueblo en la lucha en contra de la dictadura de Díaz y de la usurpación de Huerta, y deviene como tal como Ejército Constitucionalista al triunfo de la Revolución.

Sin embargo, igual que millones de mexicanos estoy preocupado y en desacuerdo con el papel que el presidente de facto, Calderón, le ha encomendado a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Sería ocioso abundar aquí en el estrepitoso fracaso de la estrategia calderonista y que, entre otros aspectos, ha llevado a un innegable desgaste y erosión de la imagen de las Fuerzas Armadas ante la población. Las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de las acciones del Ejército y la Marina, se nos fue informado aquí, superaron las mil 700 tan sólo en el 2009.

Por eso es necesario un debate de fondo, que está pendiente, para revisar constitucionalmente el papel de las Fuerzas Armadas, y que éstas no estén subordinadas a la voluntad unipersonal del presidente en turno, sino a las normas de la Constitución y a los Poderes del Estado. Pero también es necesario que esta representación sea informada del papel que han tenido, tanto el Ejército como la Marina en esta lucha en estos tres años.

El artículo 93 de la Constitución da a esta Cámara la facultad de convocar a los secretarios de Estado a informar sobre sus quehaceres, y aquí concurren prácticamente todos ellos. Por eso mi punto de acuerdo es que también acudan los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina para informarnos entre otros aspectos a los diputados, los resultados concretos que ha generado la participación de las honorables Fuerzas Armadas en la estrategia y la seguridad en estos tres años.

Las razones por las cuales se presentaron más de mil 700 quejas por violación a los derechos humanos en el 2009 en contra de ellos. Los datos sobre los procesos en curso sobre sentencias y condenas contra los miembros que incurrieron en violaciones a los derechos de la población civil desde el 2006 a la fecha. Ellos no pueden sustraerse de las normas de la Constitución. Necesitamos ser informados en esta representación.

Es tiempo de que este tema deje de ser un tabú en nuestro sistema constitucional y en esta representación. Tienen que comparecer, deben comparecer ante esta representación los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la Sedena y de la Semar ante las Comisiones de Marina, de Defensa Nacional, y de Derechos Humanos para que informen sobre los resultados de su incorporación a tareas de seguridad pública y el estado que guardan los casos de violaciones de los derechos humanos por miembros de las Fuerzas Armadas, a cargo del diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del PT

Juan Enrique Ibarra Pedroza, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En el inicio de este segundo periodo ordinario de sesiones es el momento límite para revisar, desde el Poder Legislativo, la estrategia contra el crimen organizado. Desde hace ya tres años, el Ejecutivo ha emprendido dos operaciones de considerable alcance institucional: la Iniciativa Mérida que ha comprometido un gran número de recursos en conjunto con los Estados Unidos de América y el Operativo Conjunto Chihuahua que ha orientado a las instituciones militares hacia tareas de seguridad pública.

Los magros resultados saltan a la vista: en las más recientes encuestas, la mayoría de la población cree que la estrategia emprendida por Calderón ha generado mayor inseguridad. Por si fuera poco, a esta espiral de violencia que afecta al tejido social se agrega una crisis económica sin precedentes.

El Ejecutivo ha sostenido que las operaciones contra el crimen organizado comprenden una “guerra” y que su objetivo es preservar la seguridad. No obstante, para ello se requiere la autorización del Congreso de la Unión, de acuerdo con el artículo 89, fracción VIII, de la Constitución para declarar una guerra; en consecuencia, el mensaje hacia la población y hacia los miembros de las Fuerzas Armadas parte de una impostura contraria al principio constitucional. A estos excesos se agrega una interpretación sesgada del artículo 13 constitucional, al considerar los actos castrenses que afecta a la población civil como faltas contra la disciplina militar.

Las poblaciones que en algún momento clamaban su ayuda para el combate a los grupos delincuenciales, hoy gritan su retiro. El miedo a los secuestros, las ejecuciones, los robos y las drogas hoy se acompañan del miedo de ser detenidos sin motivo, de ser afectados por los militares. La confusión gubernamental entre seguridad pública y seguridad nacional ha lastimado al país entero. No sólo no se han registrado disminuciones en las operaciones delincuenciales, sino que se ha incrementado su beligerancia y su capacidad de respuesta.

Nuestras honorables Fuerzas Armadas, como parte fundamental del Estado mexicano, deben estar obligadas a rendir cuentas de sus acciones. Los incrementos significativos y constantes en su presupuesto no han sido acompañados por mecanismos que informen a la población de sus actividades, mucho menos de sus resultados.

Pareciera que el aumento presupuestal ha sido proporcional a las violaciones de derechos humanos que han perpetrado. Durante 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió más de mil 500 denuncias contra miembros de las Fuerzas Armadas. Organizaciones nacionales e internacionales coinciden en que cada día se señalan abusos, violaciones físicas, emocionales y sexuales, torturas y detenciones arbitrarias.

La impunidad no puede ser parte del combate a la inseguridad, mucho menos la impunidad uniformada. Por ello, exigimos transparencia, rendición de cuentas y respeto a la ciudadanía en la lucha por la recuperación de la soberanía interior arrebatada por la delincuencia. Exigimos que las Fuerzas Armadas se transparenten y nos informen verazmente, ése sí es un aspecto que incide en la seguridad nacional y en la seguridad pública.

En ocasión del bicentenario, debemos reivindicar las luchas históricas que buscaron la igualdad de los ciudadanos ante la ley, que pugnaron por abolir los fueros y los privilegios, que buscaron acotar la arbitrariedad de los gobiernos. Esta soberanía ha sido omisa con respecto a la situación que está generando, en los hechos, fueros y privilegios para los poderes fácticos y para integrantes de esferas del Estado cuya tarea es proveer seguridad. Ante la menor sospecha de que la utilización de instituciones honorables como las Fuerzas Armadas está generando un daño a la ciudadanía, el Poder Legislativo debe vigilar estrictamente el apego al estado de derecho.

Hoy que se habla de replantear el régimen político, comencemos por la relación entre los poderes y por la relación de éstos con la ciudadanía. El estado de derecho comienza por las instituciones públicas. Reconozcamos que la cohesión social que ha aludido el secretario de la defensa es inalcanzable sin una plena gobernabilidad democrática.

De acuerdo con el artículo 93 de la Constitución, la Cámara tiene la facultad de convocar a los secretarios de Estado a informar, bajo protesta de decir verdad, sobre sus respectivos ramos y actividades. Es por ello que la Cámara de Diputados debe llamar a comparecer a los titulares del las Secretarías de la Defensa Nacional, y de Marina para informar, entre otros aspectos que los diputados consideren pertinentes:

• Los resultados concretos que ha generado la participación del Ejército y la Armada en la estrategia de seguridad a lo largo de tres años.

• Las razones por las cuales se presentaron más de mil 500 quejas por violaciones a los derechos humanos durante 2009.

• Las acciones preventivas y disuasivas que estén desarrollando los mandos de las Fuerzas Armadas para las detenciones arbitrarias, cateos ilegales y torturas.

• Datos sobre el número de procesos en curso, sentencias y condenas contra los miembros que incurrieron en violaciones a los derechos de la población civil desde diciembre de 2006 hasta la fecha.

• El estado que guarda la investigación sobre el asesinato de dos civiles en las operaciones armadas de la Marina en Morelos en diciembre de 2009.

Apercibidos de la comparecencia a puerta cerrada que el Senado de la República convocó a los titulares de las Secretarías de Seguridad Pública, de Marina, y de la Defensa Nacional, y de la Procuraduría General de la República, los diputados deben conducir su actividad republicana con plena transparencia y rendición de cuentas, al convocar a comparecer a los secretarios de la Defensa y de Marina en una sesión pública ante las Comisiones de Defensa, de Marina, y de Derechos Humanos.

Por lo expuesto, solicito respetuosamente que se someta a consideración del pleno de esta soberanía, como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Por lo expuesto solicito se cite a comparecer públicamente ante las Comisiones de Defensa, de Marina, y de Derechos Humanos, a los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional, y de Marina, a fin de que informen sobre los resultados de su incorporación a tareas de seguridad pública y sobre el estado que guardan los casos de violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de las Fuerzas Armadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2010.— Diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias diputado.Túrnese a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Marina.

ESTADO DE MORELOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud equipo médico para el hospital general Doctor Ernesto Meana San Román, del municipio de Jojutla de Juárez, en el estado de Morelos.

La diputadaRosalina Mazari Espín: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, presento a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Salud del gobierno de la República un tomógrafo de altas especificaciones médicas dentro del paquete presupuestal asignado al sector salud en este ejercicio fiscal de 2010, por esta honorable Cámara de Diputados para el hospital general Doctor Ernesto Meana San Román, del municipio de Jojutla de Juárez, en Morelos, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

El estado de Morelos requiere de infraestructura hospitalaria que permita el equipamiento de hospitales generales del sector público con tecnología de punta, 86 por ciento de la población en esta entidad federativa es urbana y el resto se ubica en zonas rurales de alta marginación, donde las enfermedades que más afectan a los habitantes siguen siendo principalmente padecimientos del corazón, tumores malignos, sobresale el cáncer de mama, la diabetes mellitus, enfermedades del hígado, también las cerebrovasculares y pulmonares, entre otros padecimientos.

Ante esto se necesita la inversión económica de la Secretaría de Salud del gobierno de la República, que otorgue el equipamiento para la modernización hospitalaria en rescate de vidas y en la calidad para la atención médica.

El IV distrito, que represento, abarca 10 municipios de Morelos y por extensión territorial es el más grande, con municipios muy urbanos y otros, como Tlaquiltenango, tiene comunidades de alta marginación social.

Existen dos comunidades indígenas, las más representativas de la entidad federativa, como son Xoxocotla. perteneciente al municipio de Puente de Ixtla y Coatetelco, de Miacatlán, las cuales enfrentan altos grados de enfermedades y una limitada economía que les hace imposible pagar de 5 mil a 8 mil pesos los estudios de tomografía para lograr imágenes detalladas de cortes axiales del cuerpo humano.

El hospital público más cercano y que tiene un tomógrafo está en la capital del estado, a una hora de distancia y el cual sólo alcanza a cubrir a la población enferma de su jurisdicción sanitaria ante el alto índice de padecimientos de la población del centro del estado de Morelos, lo que hace imposible que ciudadanos de la zona sur y sur poniente de Morelos se vean beneficiados, por lo que están clínicamente ante un estado vulnerable al no tener los medios económicos que les permitan detectar de forma precisa, clara y a tiempo la situación física de su cuerpo.

El hospital general Doctor Ernesto Meana San Román, por su ubicación abarca una población de 350 mil habitantes, siendo el hospital regional más concurrido, cercano y que cuenta con mejor atención por su nivel dentro del sector salud. A pesar de una actual ampliación a sus instalaciones, ésta no contempla la adquisición de un tomógrafo, el cual tiene que ser de altas especificaciones en cortes axiales del cuerpo humano que logre una imagen final del padecimiento, equipo que permite la exploración de huesos rotos, cánceres, coágulos de sangre, signos de enfermedad cardíaca y hemorragia interna.

Por los montos económicos que representa hace necesario e indispensable que esta diputación federal, y yo como secretaria de la Comisión de Salud de esta honorable Cámara de Diputados, solicite a la Secretaría de Salud que otorgue este indispensable equipo médico con los recursos asignados por esta honorable Cámara de Diputados en el ejercicio fiscal de 2010.

Por lo expuesto, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. Se otorgue un tomógrafo de altas especificaciones al hospital general Doctor Ernesto Meana San Román, de Jojutla de Juárez, Morelos, por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno de la República, con los recursos asignados al sector por esta honorable Cámara de Diputados dentro del ejercicio fiscal de 2010, ante la urgencia médica de la población de las zonas sur y sur-poniente de Morelos.

Es cuanto, señor presidente. Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Salud un tomógrafo de altas especificaciones médicas en el paquete presupuestal asignado en 2010 al sector salud para el hospital general Doctor Ernesto Meana San Román, de Jojutla de Juárez, Morelos, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del PRI

Rosalina Mazari Espín, diputada federal del distrito 4 por el estado de Morelos en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración del pleno una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Salud del gobierno de la República, un tomógrafo de altas especificaciones médicas dentro del paquete presupuestal asignado al sector salud en este ejercicio fiscal de 2010 por la Cámara de Diputados, para el hospital general “ Doctor Ernesto Meana San Román” del municipio de Jojutla de Juárez, en Morelos, de acuerdo a las siguientes

Consideraciones

Morelos requiere de infraestructura hospitalaria que permita el equipamiento de hospitales generales del sector público con tecnología de punta, 86 por ciento de la población en esta entidad federativa es urbana y el resto se ubica en zonas rurales de alta marginación donde las enfermedades que más afectan a los habitantes siguen siendo principalmente padecimientos del corazón, tumores malignos, sobresale el cáncer de mama, la diabetes mellitus, las enfermedades del hígado, también las cerebrovasculares y pulmonares, entre otros padecimientos, ante esto se necesita la inversión económica de la Secretaría de Salud del gobierno de la República, que otorgue el equipamiento para la modernización hospitalaria en rescate de vidas y en la calidad para la atención médica.

El distrito 4 que represento abarca 10 municipios de Morelos, y por extensión territorial es el más grande, con municipios muy urbanos y otros como Tlaquiltenango tiene comunidades de alta marginación social, existen dos comunidades indígenas las más representativas de la entidad federativa, como son Xoxocotla perteneciente a Puente de Ixtla y Coatetelco, de Miacatlán, las cuales enfrentan altos grados de enfermedades y una limitada economía que les hace imposible pagar de 5 a 8 mil pesos los estudios de tomografía para lograr imágenes detalladas de cortes axiales del cuerpo humano.

El hospital público más cerca y que tiene un tomógrafo está en la capital del estado, a una hora de distancia y el cual sólo alcanza a cubrir la población enferma de su jurisdicción sanitaria ante el alto índice de padecimientos de la población del centro de Morelos, lo que hace imposible que ciudadanos de la zona sur y sur poniente de Morelos se vean beneficiados, por lo que están clínicamente ante un estado vulnerable al no tener los medio económicos que les permita detectar de forma precisa, clara y a tiempo la situación física de su cuerpo.

El hospital general “Doctor Ernesto Meana San Román”, por su ubicación abarca una población de 350 mil habitantes, siendo el hospital regional más concurrido, cercano y que cuenta con mejor atención por su nivel dentro del sector salud. A pesar de una actual ampliación a sus instalaciones, ésta no contempla la adquisición de un tomógrafo el cual tiene que ser de altas especificaciones en cortes axiales del cuerpo humano que logre una imagen final del padecimiento, equipo que permite la exploración de huesos rotos, cánceres, coágulos de sangre, signos de enfermedad cardiaca y hemorragia interna; por los montos económicos que representa, hace necesario e indispensable que esta diputación federal y como secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, solicite a la Secretaría de Salud otorgue este indispensable equipo médico con los recursos asignados por la honorable Cámara de Diputados en el ejercicio fiscal de 2010.

Por lo expuesto, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se otorgue un tomógrafo de altas especificaciones al hospital general “ Doctor Ernesto Meana San Román” de Jojutla de Juárez, en Morelos, por parte de la Secretaría de Salud del gobierno de la República, con los recursos asignados al sector salud por la honorable Cámara de Diputados dentro del ejercicio fiscal de 2010, ante la urgencia médica de la población de la zona sur y sur poniente de Morelos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2010.— Diputados: Rosalina Mazari Espín, Emilio Serrano Jiménez, Sergio Tolento Hernández, Laura Arizméndi Campos, Leticia Quezada Contreras, María Esther de Jesús Scherman Leaño, José Antonio Aysa Bernat, Víctor Manuel Báez Ceja, Miguel Ángel García Granados, Olga Luz Espinosa Morales, Ana Luz Lobato Ramírez, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Laura Felícitas García Dávila, María del Carmen Izaguirre Francos (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada.Túrnese a la Comisión de Salud.

La diputada Laura Arizmendi desea hacer una manifestación.

La diputadaLaura Arizmendi Campos (desde la curul): Pedirle a la diputada Rosalina Mazari que me permita adherirme a su propuesta.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Está usted de acuerdo, diputada, en la adhesión de la diputada Arizmendi? Está de acuerdo para que pasen a firmarla a la Secretaría.

Se pospone la participación de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN.

PENSIONADOS Y JUBILADOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a suspender el cobro del impuesto sobre la renta a los jubilados y pensionados.

El diputadoEmilio Serrano Jiménez: Buenas tardes. Diputado presidente, con su venia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, y a quienes nos ven en los monitores también los saludamos con afecto.

Si bien es cierto que solicité que este punto de acuerdo se pusiera a consideración de esta honorable asamblea con carácter de urgente u obvia resolución, le voy a solicitar respetuosamente que sea turnado este punto de acuerdo a la Comisión de Seguridad Social.

Ciertamente en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el artículo 109, se faculta para que se hagan descuentos a los jubilados, a los pensionados de México, a partir de 1979, y que no se había aplicado sino hasta febrero de 2010. También es cierto que es legal, pero es totalmente injusto, pues se habla de 9 salarios mínimos para arriba. Una persona que gana 15 mil 514.2 pesos y si gana un peso más le van a descontar mínimo mil 550 pesos. Quiere decir que va a ganar mucho menos de lo que le van a aumentar.

También nos parece injusto que existan pensiones ofensivas que hacen daño a la dignidad de los jubilados y pensionados. Y además que sean heredadas, como la viuda de José López Portillo, mejor conocida como Sasha Montenegro, quien tiene una percepción de 115 mil 187 pesos mensuales. Ha de haber hecho muy buen trabajo para ganar esa pensión.

Yo creo que es injusto que los presidentes, después de haberse llevado tanto y de haber hecho negocios, se jubilen con una pensión de más de 200 mil pesos mensuales. Es ofensivo para quienes ganan, por ejemplo los del ISSSTE, hasta 10 salarios mínimos.

Entonces, sí es de reflexión, y que allá en la Comisión de Seguridad Social se tome en cuenta para que se actúe con justicia; no con arbitrariedad. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a suspender de inmediato el cobro del impuesto sobre la renta a pensionados y jubilados, y a devolverlo si fue indebidamente cobrado, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

En el país, “adulto mayor” es casi sinónimo de “pobreza”, “marginación”, “desamparo”. Esto ha impulsado un reclamo nacional para que las pensiones y jubilaciones adopten el carácter de derecho universal y, al propio tiempo, alcancen un monto digno.

A contracorriente de lo anterior, a partir de febrero de este año el gobierno federal decidió reducir en 17 por ciento (según denuncia de los derechohabientes) el monto, ya de por sí precario, de las pensiones otorgadas por los Institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), pues les aplica el cobro por concepto del impuesto sobre la renta. El golpe a las pensiones ha sido más duro, debido al injusto incremento de 2 por ciento de la tasa de ISR decretada por el PRIAN a partir de 2010.

Sobre el gravamen de que son objeto las pensiones, argumentan los personeros del gobierno federal, el cobro es legal, ya que desde 1979 se encuentra previsto en la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; que sólo por problemas operativos no se había aplicado antes; pero sobre todo, que únicamente afecta las pensiones que excedan de 9 salarios mínimos generales del área geográfica respectiva, que representan alrededor de 2 por ciento.

La esencia del problema no es si este cobro es legal, por ya preverse en el artículo 109 de mención, sino si es constitucional; más aún: debe valorarse si es justo. Por otro lado, es evidente que no fueron problemas meramente operativos los que hasta la fecha evitaron este despojo, pues es imposible que en más de 30 años no se hubieran resuelto éstos, cuanto más que se trata de pensiones bajo el control del IMSS e ISSSTE; sino que el nuevo cobro del ISR responde al encarnizamiento político de un gobierno federal que, en medio de la peor crisis económica de los últimos tiempos, pretende sostener sus privilegios a costa de los intereses de los que menos tienen, amén de su poco respeto de la soberanía nacional, ya que desde hace varios años el Banco Mundial había venido insistiendo en la necesidad de gravar las pensiones.

El hecho de que el gobierno federal reviva este injusto impuesto pone en riesgo también las pensiones que no rebasan nueve salarios mínimos generales, pues abre las puertas para que en el futuro sean gravadas, ya que la esencia del neoliberalismo es quitar de manera insaciable a los pobres para enriquecer a unos cuantos. La recomendación del Banco Mundial para gravar las pensiones abarca prácticamente todas, sin distingo, con el falso argumento de que la mayor parte de los pensionados del IMSS e ISSSTE no es pobre y pertenece a los estratos medio y alto de ingresos.

En segundo lugar, parecería que los pensionados y jubilados que obtienen mensualmente 15 mil 514.20 pesos o más por concepto de pensión gozaran de un privilegio inaceptable, que obtuvieran una verdadera fortuna, cuando esta cantidad ha sido propuesta por diversos estudiosos como la cantidad que debería comprender el salario mínimo en el país precisamente para satisfacer los extremos del salario remunerador previsto en el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo.

En lugar de que el gobierno federal se sintiera avergonzado de las pensiones de hambre que da al pueblo y tratara de mejorarlas hasta igualarlas con las que reciben los trabajadores de mejores ingresos, pretende aplicar a todos un rasero de miseria.

Con base en cifras del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el salario mínimo general apenas si se puede adquirir, y esto a principios de 2009, 40.56 por ciento de la canasta básica recomendable. De tal manera, casi 18 millones de mexicanos no tienen ingresos suficientes para adquirir esta canasta básica.

Es decir, las pensiones de más de 9 salarios mínimos sí se comparan con las pensiones de mil 600 pesos que en promedio reciben los trabajadores. Pueden parecer altas, pero si se comparan con la actual carestía de la vida, los mínimos de bienestar requeridos para una vida digna, las necesidades adicionales de los adultos mayores y, con la pensión remuneradora que ordena la Constitución, tales pensiones son apenas suficientes, por lo que es injusto que se reduzcan para que el gobierno federal siga con el inadmisible derroche de un “gobierno rico” a costa de un pueblo pobre.

Los mexicanos mayoritariamente viven en la miseria. En México hay 54.8 millones de pobres; y según los grupos neoliberales que malamente gobiernan el país, ése es el único estatus válido para el pueblo: el hambre, la miseria más abyecta, la desesperación. Por lo mismo, en su criterio es inaceptable que gente del pueblo, con base en su esfuerzo, supere la línea de la supervivencia, y obtenga recursos para un poco de mayor bienestar.

Esto es aún más inaceptable, ya que en su momento los jubilados y pensionados pagaron impuestos sobre sus salarios, en general sobre los ingresos recibidos, base de los ahorros que dieron origen a las pensiones y jubilaciones.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a intervenir de inmediato ante el secretario de Hacienda y Crédito Público para que suspenda cuanto antes el cobro del impuesto sobre la renta en perjuicio de los pensionados y jubilados; igualmente, a dictar las medidas necesarias para que el impuesto ya cobrado a éstos les sea devuelto sin dilación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2010.— Diputado Emilio Serrano Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

ESTRATEGIA NACIONAL DE ENERGIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el señor diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo para que el Gobierno de México replantee la estrategia de energía con un criterio de desarrollo.

El diputadoFrancisco Amadeo Espinosa Ramos: Gracias, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en el Partido del Trabajo existe una profunda convicción nacionalista, antimonopólica y antiimperialista. Un enfoque para que las políticas públicas incidan y promuevan un desarrollo sustentable pero, sobre todo, que la mayoría de la población cuente con un modo de vida digno: trabajo, educación, salud y vivienda. Estas aspiraciones están contenidas en la Constitución Política de nuestro país y no son ajenas a los ideales del pueblo mexicano.

El cambio climático es uno de los problemas que pesan sobre la humanidad en nuestros días. Representa a mediano y largo plazo una de las mayores amenazas para el proceso de desarrollo y el bienestar humano, además de producir un desplazamiento de regiones climáticas, intensificación de sequías, inundaciones, huracanes intensos, derretimiento de glaciares, aumento en el nivel del mar, entre otros efectos, incide en la pérdida de la biodiversidad, así como en el deterioro de los recursos hídricos y de los servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas.

Enfrentar el cambio climático implica desarrollar de inmediato actividades de mitigación o reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de adaptación o reducción de la vulnerabilidad y de los riesgos para la vida, para el orden natural y el desarrollo.

Este fenómeno trasciende a intereses personales, de grupo, de organización, de partidos, de religiones, de países, puesto que se coloca como prioridad para todo el planeta, nuestra gran casa.

Dependiendo de cómo se afronte puede haber dos desenlaces: o genera y profundiza las desigualdades sociales y económicas o es factor de equilibrios sociales y económicos entre personas, pueblos, regiones y países. Esta reflexión tiene que ver con recientes decisiones del gobierno mexicano.

El proyecto global de combustibles limpios de Pemex Refinación contempla la construcción de 22 plantas en las seis refinerías del país, además de la modernización de otras 18 plantas de destilados intermedios. Once corresponden a unidades de postratamiento de gasolinas: cuatro de hidrodesulfuradoras, cuatro de hidrógeno y tres para tratamientos de azufre.

Se consideraron hasta ahora tres paquetes de contrato de obra pública que esencialmente buscan procesar y producir gasolinas ultra bajo azufre para ajustarse a las normas que se venden en México, según la norma oficial mexicana expedida por Semarnat.

Con la primera decisión, aunque se licitó y existen observaciones sobre ello, Pemex entrega a grandes empresas extranjeras la opción de construir plantas para producir combustibles limpios que coadyuven a mitigar los gases de efecto invernadero que son los causantes principales del cambio climático.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputado.

El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos:La construcción y desarrollo de estas plantas desulfuradoras de gasolina en Tula, Salamanca, Cadereyta y Ciudad Madero se licitaron mediante contratos que suman aproximadamente mil 500 millones de dólares y se otorgaron a las empresas Samsung coreana, ICA Fluor mexicana-norteamericana y Saipem, de origen italiano.

Por esta razón proponemos a esta Cámara de Diputados que, en virtud de que aún cuando se acaba de hacer llegar hace algunos días la estrategia de energía propuesta por la propia secretaria Georgina Kessel, ya se están echando a andar medidas como las que acabo de mencionar, por lo cual proponemos:

Primero. Que el gobierno de México replantee la estrategia de energía con un criterio de desarrollo para el país y no de favorecer a los grandes capitales extranjeros y nacionales.

Segundo. Exhortamos a todos los diputados y diputadas de esta honorable asamblea para que en la revisión que vamos a llevar a cabo de la estrategia de energía, propuesta por Georgina Kessel, pongamos por delante los intereses de la nación y no de las grandes empresas trasnacionales, y respaldemos la propuesta alternativa presentada a esta soberanía por los diputados Laura Itzel Castillo, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Pedro Jiménez León, Pedro Vázquez González y Ramón López, de diversos grupos parlamentarios, el pasado 25 de febrero de este año. Muchas gracias, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para que el gobierno de México replantee la estrategia de energía con un criterio de desarrollo del país y no favorecedor de los grandes capitales extranjeros y de los nacionales, a cargo del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Grupo Parlamentario del PT

En el Partido del Trabajo existe una profunda convicción nacionalista, antimonopólica y antiimperialista, un enfoque para que las políticas públicas incidan y promuevan un desarrollo sustentable pero, sobretodo, que la mayoría de la población cuente con un modo de vida digno: trabajo, educación, salud, vivienda.

Estas aspiraciones están contenidas en la Constitución Política de nuestro país, no ajenas a los ideales del pueblo de México.

Hace 31 años, en 1979, en la primera Conferencia Mundial sobre el Clima se advirtió el proceso de cambio climático, y hoy “se ha perfilado como el problema ambiental global más relevante de nuestro siglo, en función de sus impactos previsibles sobre los recursos hídricos, los ecosistemas, la biodiversidad, los procesos productivos, la infraestructura, la salud pública y, en general, sobre los diversos componentes que configuran el proceso de desarrollo.

“La necesidad y la conveniencia de actuar ahora resulta cada vez más evidente y no debe posponerse una acción que, además de contrarrestar el cambio climático y sus impactos adversos, podría contribuir al logro de múltiples objetivos que confluyen en el desarrollo humano sustentable, como la seguridad energética y alimentaria, la salud pública, la defensa del capital natural o la utilización racional de nuestros recursos naturales.” Cita del Programa Especial de Cambio Climático 2008-2012 del gobierno de México.

El cambio climático, “representa, a mediano y largo plazo, una de las mayores amenazas para el proceso de desarrollo y el bienestar humano: además de producir un desplazamiento de regiones climáticas, intensificación de sequías, inundaciones, huracanes intensos, derretimiento de glaciares, aumento en el nivel del mar, entre otros efectos, incide en la pérdida de biodiversidad, así como en el deterioro de los recursos hídricos y de los servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas.

Enfrentar el cambio climático implica desarrollar de inmediato actividades de mitigación, o reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y de adaptación, o reducción de la vulnerabilidad y de los riesgos para la vida, para el orden natural y el desarrollo”, cita del mismo documento.

Este fenómeno trasciende intereses personales, de grupo, de organización, de partidos, de religiones, de países, puesto que se coloca como prioridad para todos: el planeta, nuestra gran casa.

Dependiendo de cómo se afronte, puede haber dos desenlaces:o genera y profundiza las desigualdades sociales y económicas, o es un factor de equilibrios sociales y económicos entre personas, pueblos, regiones y países.

Esta reflexión tiene que ver con recientes decisiones del gobierno mexicano:

El Proyecto Global de Combustibles Limpios de Pemex Refinación considera la construcción de 22 plantas en las seis refinerías del país, además de la modernización de otras 18 plantas de destilados intermedios.

11 corresponden a unidades de postratamiento de gasolinas, 4 hidrodesulfuradoras, 4 de hidrógeno y 3 para tratamiento de azufre.

Se consideraron hasta ahora 3 paquetes de contratos de obra pública que esencialmente se busca procesar y producir gasolinas ultra bajo azufre para ajustarse a las especificaciones para combustibles que se venden México, según las normas oficiales mexicanas expedidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Con la primera decisión –aunque se licitó y existen observaciones sobre ello–, Petróleos Mexicanos (Pemex) entrega a grandes empresas extranjeras la opción de construir plantas para producir combustibles limpios que coadyuven a mitigar los gases efecto invernadero que son los causantes principales del cambio climático.

La construcción y desarrollo de estas plantas desulfuradoras de gasolina, en Tula, Salamanca, Cadereyta y Ciudad Madero, se licitaron mediante contratos que suman aproximadamente mil quinientos millones de dólares y se otorgaron a las empresas Samsung, coreana; ICA Fluor, mexicana-estadounidense; y Saipem, de origen italiano.

La segunda decisión del gobierno –que ya fue ciertamente considerada en este pleno el pasado 9 de febrero–, se refiere al proceso de licitación para adquirir por Pemex un biocombustible denominado Bioetanol –esencialmente alcohol anhidro (derivado de caña de azúcar, sorgo o remolacha, entre otros)– para sustituir al MTBE (éter metilterbutílico) como un aditivo para mejorar la combustión de las gasolinas –en lugar de utilizar plomo, como se realizaba anteriormente– y actualmente también recomendándose no utilizarse por efectos negativos en la salud humana.

Además de los señalamientos de procedimientos en el proceso de licitación para adquirir etanol o Bioetanol que ha seguido Pemex, lo que nos interesa destacar es que ciertamente, al aprobarse la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, una de las causas que la motivaron fue que contribuyera al desarrollo del campo mexicano aprovechando y creando cadenas productivas con participación de productores, puesto que se busca un desarrollo rural sustentable.

El hecho es que el gobierno, al margen de lo que indica la propia ley referida, no asume lo establecido en los artículos 25, 26 y 27 de nuestra Constitución Política en el sentido de la rectoría, planeación y promoción del desarrollo nacional, dejando y esperando en consecuencia que sólo sea la iniciativa privada, las grandes empresas nacionales y trasnacionales, sean quien se apliquen a invertir, producir y obtener sus ganancias, cuando los recursos públicos pueden ser un instrumento para fomentar la producción y el desarrollo.

En resumen, planteamos que las políticas públicas consideren fundamentalmente el desarrollo nacional y la búsqueda de equilibrios económicos y sociales y no al contrario como ocurre al favorecer a los grandes empresarios y extranjeros.

En la Cámara de Diputados debemos estar atentos y dar seguimiento a la estrategia para afrontar el cambio climático, o más miseria o desarrollo.

Por tanto proponemos a esta honorable Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Que el Gobierno de México replantee la estrategia de energía con un criterio de desarrollo de México y no de favorecimiento a los grandes capitales extranjeros y nacionales.

Segundo. Que como se establece en la ley, en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la administración pública federal, primero se presente a la honorable Cámara de Diputados la estrategia de energía antes de ponerla en marcha.

Salón de sesiones, a 16 de febrero de 2010.— Diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado.Se turna a la Comisión de Energía.

CEDULA DE IDENTIDAD CIUDADANA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral y a la Secretaría de Gobernación a suspender la instrumentación de cualquier convenio destinado a desarrollar el proyecto de la Cédula de Identidad Ciudadana.

La diputadaClaudia Ruiz Massieu Salinas: Gracias, diputado presidente. Compañeros diputados, me dirijo a ustedes a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, su voto para la aprobación de un exhorto, tanto al Instituto Federal Electoral como a la Secretaría de Gobernación, para que se posponga la celebración del convenio relativo a la Cédula de Identidad Ciudadana.

A lo largo de estos meses y desde su anuncio por parte del Ejecutivo federal, el año pasado, ha quedado claro que la Cédula de Identidad Ciudadana, en los términos originalmente planteados en la Ley General de Planeación, debe revisarse.

Diecinueve años después de las reformas constitucionales que dieron vida al IFE y 17 años después de la consolidación de la credencial para votar con fotografía como el instrumento de identificación de millones de mexicanos, el presidente de la República anuncia la expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana.

Se ha evidenciado la urgencia del gobierno federal por concretar las licitaciones en la materia, aún cuando en su momento distintos actores políticos, académicos y legisladores plantearon reservas, como sucedió durante la negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, cuando los diputados desechamos la partida específica destinada al mencionado proyecto.

Es por todos conocido que el propio Instituto Federal Electoral ha manifestado sus diferencias con el proyecto.

Ahora, el IFE y la Secretaría de Gobernación han anunciado la firma de convenios para instrumentar la expedición de la cédula.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional considera que las decisiones en este tema ameritan un análisis profundo y sistémico, centrado en la distribución competencial que hace la Constitución y en la eficiencia del gasto público. Nuestro país merece una política pública coherente en esta materia, sin duplicidades funcionales, sin demérito de las funciones del IFE o de la integridad del padrón electoral y mucho menos de los derechos de los ciudadanos.

Los legisladores federales consideramos que estos convenios no cumplen con el primer principio que deben observar las autoridades en el marco del estado de derecho: el principio de legalidad.

Las funciones, los instrumentos, finalidades y alcances del Registro Federal de Electores y del Registro Nacional de Ciudadanos son divergentes. Revisarlos es atribución del Poder Legislativo.

Por lo anteriormente expuesto me permito someter ante esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo. Solicito al diputado presidente ordene la inserción íntegra de su texto en el Diario de los Debates.

Punto de acuerdo. Único. Se exhorta al Instituto Federal Electoral y a la Secretaría de Gobernación a posponer la instrumentación de cualquier convenio encaminado a ejecutar el proyecto de la Cédula de Identidad Ciudadana, en tanto el Congreso de la Unión no defina, en el contexto de un debate incluyente, la regulación del respectivo marco jurídico, evitando con ello graves confusiones en la instrumentación del proyecto referido, así como eventuales riesgos que vulneren la autonomía del Instituto Federal Electoral. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFE y a la Segob a suspender la instauración de cualquier convenio destinado a desarrollar el proyecto de la cédula de identidad ciudadana, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI

Los antecedentes del padrón electoral se remontan a 1946 cuando, derivado de una reforma, se federalizó la estructura del organismo encargado de supervisar los procesos electorales. No obstante, es a partir de 1990 cuando se crea el Instituto Federal Electoral cuando se consolidan las bases para dotar de certeza, transparencia y equidad a los diversos actores sobre la legalidad y legitimidad del árbitro electoral.

Desde su formación, el IFE enfrentó retos formidables todos circunscritos a su función como organizador de elecciones. Por ejemplo, para la ejecución del proceso electoral de 1991, y con el propósito de contar con información con una base necesaria de confianza, se inició un levantamiento casa por casa, realizando cerca de 16 millones de visitas domiciliarias, registrando cerca de 39 millones de ciudadanos, lo que permitió, en casi 9 meses, la entrega de poco más de 36 millones de credenciales para la creación de un padrón electoral totalmente nuevo.

No obstante, en 1992 el Consejo General del IFE aprobó la conformación de un nuevo documento que incluía, entre otras modificaciones, la inclusión de la fotografía del ciudadano. En un principio sólo serviría para garantizar la certeza de la participación ciudadana en los comicios pero, en razón de su seguridad, se convirtió en el principal documento de identificación para los mexicanos, al grado de que fue necesaria, como una medida emergente, una reforma a la Ley General de Población para establecer que, en tanto no se expidiera la Cédula de Identidad Ciudadana, la credencial para votar con fotografía podría servir como medio de identificación personal en trámites administrativos.

En este orden de ideas, y en el marco del establecimiento del registro nacional ciudadano, los transitorios de la reforma de 1992 reconocían la necesidad de que la Secretaría de Gobernación utilizará la información procedente del padrón electoral en virtud de su confiabilidad y extensión.

A raíz de las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) de 1996 se establece que la Secretaría de Gobernación (Segob) debería publicar un acuerdo para establecer las bases de la conformación del registro nacional de ciudadanos y la expedición de la cédula de identidad ciudadana. En 1997 se publica este acuerdo, y en 1999 el Instituto Federal Electoral (IFE) y la Segob firman un convenio de colaboración en el que el IFE se compromete en entregar la base de datos e imágenes del padrón electoral para la construcción de la clave única de registro de población (CURP).

No es sino hasta septiembre de 2003 que la Segob decide dar por concluido el mencionado convenio e inicia el levantamiento de información para la conformación de la CURP y excluye la posibilidad de acceder a la información de imágenes y datos del padrón electoral.

En 2009, 19 años después de las reformas constitucionales y 17 años después de la consolidación de la credencial para votar con fotografía, el presidente de la república anuncia la expedición de la cédula de identidad ciudadana. A partir de este suceso se ha hecho evidente una indudable urgencia por parte del gobierno federal para concretar este asunto, al grado de que se ha expuesto a desgastes innecesarios con diversos actores. Por ejemplo, durante la negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, los diputados desecharon la partida específica destinada al mencionado proyecto. Asimismo, el propio IFE ha manifestado sus diferencias.

Después de varios desencuentros el IFE y la Segob han manifestado su disposición a trabajar de manera conjunta para concretar la expedición de este documento; sin embargo, por la complejidad e implicaciones y los antecedentes antes referidos, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional considera que este tema debe pasar por una integral, profunda y razonada deliberación, centrada en los aspectos vinculados con el ejercicio de las funciones del Estado y la distribución competencial que hace la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de ellas. La protección de datos personales de los ciudadanos, el uso y confluencia de las bases de datos en poder de diferentes órganos del Estado, los pretendidos elementos exigibles para acreditar la identidad de los ciudadanos y la construcción el registro correspondiente, así como los requisitos exigibles para la expedición de la credencial para votar con fotografía, conforme a su naturaleza y finalidad.

Efectivamente debemos reconocer que fuera de la formalidad de las leyes las finalidades de la cédula de identidad ciudadana y de la credencial para votar parecen ser útiles para un mismo objetivo, no obstante, nuestros marcos normativos establecen claramente sus diferencias.

Es evidente, por ejemplo, que la naturaleza, finalidad y alcances de la credencial para votar con fotografía, que debe expedir y expide el Instituto Federal Electoral en el marco de su independencia como una actividad exclusiva, es servir como instrumento para que los ciudadanos mexicanos ejerzan su derecho al voto, activo y pasivo. Ninguna otra finalidad, más que la de carácter electoral.

Por otro lado, la expedición de la cédula de identidad deriva claramente de la función estatal de construir el registro nacional de población, entre ellos el de ciudadanos, que tiene como finalidad registrar a la población del país a fin de certificar y acreditar fehacientemente su identidad.

En este sentido, se ha insistido en que la firma de un eventual convenio que fusione los dos proyectos subsanaría los impedimentos para su ejecución; sin embargo, consideramos que sería claramente contrario al orden constitucional y legal, ya que, como se ha precisado, las funciones, los instrumentos y sus alcances se derivan, por necesidad, de un orden normativo constitucional y legal que, en todo caso, compete al Congreso de la Unión resolver.

Si resultara procedente desde la perspectiva del Estado mexicano modificar la naturaleza y alcances de los registros nacional de ciudadanos y federal de electores, y consecuentemente la cédula de identidad y la credencial para votar, corresponde al Poder Legislativo hacerlo. El ejercicio de las atribuciones del Estado no puede ni debe convenirse, aun cuando se trate de entes diversos del Estado. El Congreso de la Unión ya ha asumido esa responsabilidad, presentando iniciativas que derivaran en un proceso deliberativo y de análisis para legislar en la materia.

Existen muchos riesgos al distanciarse de la letra y la recta interpretación de la ley, asumiendo compromisos por encima o en contra del orden normativo que lo rige. La pretensión de convenir funciones del Estado puede generar un irremediable detrimento al Instituto Federal Electoral desviando el cumplimiento de su función exclusiva de organizar las elecciones federales.

El carácter del Instituto Federal Electoral como órgano constitucional autónomo fue un logro histórico en 1996; en ese año, y con la demanda de los partidos políticos, se aprobaron por unanimidad reformas constitucionales que hicieron posible que el Instituto adquiriera independencia respecto del Poder Ejecutivo y, en particular, de la Secretaría de Gobernación.

Lo que ahora se pretende podría significar un grave retroceso en este importante avance.

Por lo anteriormente expuesto me permito someter ante esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Instituto Federal Electoral y a la Secretaría de Gobernación a detener la instrumentación de cualquier convenio encaminado a activar el proyecto de la cédula de identidad ciudadana, en virtud de que existiría una peligrosa transgresión de las normas legales, en tanto el Congreso de la Unión no defina, en el contexto de un debate incluyente, la regulación del respectivo marco jurídico.

Palacio de San Lázaro a 23 de febrero de 2010.— (Rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada.

En virtud de que fue presentado como de urgente resolución, pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución, en votación económica.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, lo que pasa es que aunque hay mayoría no son dos terceras partes.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pido a la Secretaría que vuelva a pedir la votación para efecto de que quede claridad en la misma.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Quienes estén a favor sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, hay mayoría simple. No hay dos terceras partes.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Dígame, diputado Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Decirle a la señora secretaria que es evidente que sí se dan las dos terceras partes.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En virtud...

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, dígame.

El diputadoVíctor Manuel Báez Ceja (desde la curul): Nominal, la votación que sea nominal.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Hay un procedimiento para pedir la votación nominal. No se ha presentado a esta Presidencia.

El diputado Roberto Gil Zuarth (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Gil. Sonido para el diputado Gil.

El diputado Roberto Gil Zuarth (desde la curul): Presidente, salvo instrucción en contrario de usted, la votación ya fue tomada y el resultado ya fue determinado por quien tiene competencia para tal propósito. En consecuencia, le ruego que pudiéramos continuar con el orden del día.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputado Ramírez Marín.

El diputadoJorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente, hace unos momentos, en otra votación, el grupo afectado por la falta de claridad en la votación solicitó con tiempo la votación nominal. Le pedimos ese mismo trato.

Y como en ocasiones, cuando se trata de rectificaciones de quórum, que se abre el tablero a fin de verificar efectivamente el número de diputados. La solicitud ya está lista.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En virtud de que fue tomada la votación y fue rectificada por la propia Secretaría y ante la propia visión de los secretarios que señalan que es una votación con mayoría simple, la Presidencia lo declara como de no urgente resolución.Se turna a la Comisión de Gobernación.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente, antes de la declaración de usted, estuvo formulada por escrito la petición para que se abra el tablero.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, nada más que la votación fue tomada y la Presidencia considera que lo dicho por la Secretaría es lo correcto en esta votación.

Por tanto, continuamos con los acuerdos de la Junta de Coordinación Política.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Presidente.

El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, dígame. Diputado... Dígame, diputado Emilio...

El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera (desde la curul): Señor presidente, le solicito amablemente que no se intente inducir las votaciones ni desde la Secretaría ni desde la Presidencia.

Fue evidente; el pleno de esta Cámara observó que había una mayoría y desde la Secretaría se intenta inducir una votación, cosa que pueden compartir todos los legisladores aquí presentes. Por ello le pedimos que se respete la votación o que se vuelva a tomar en votación nominal, porque hay una mayoría calificada evidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con todo respeto, diputado. He dado muestras bastantes durante mi ejercicio del cumplimiento de la ley y de la observancia de la misma, por tanto he tomado la determinación en razón de lo que la Secretaría me informa.

Continúe la Secretaría. Emilio, dígame. Diputado Serrano.

El diputadoEmilio Serrano Jiménez (desde la curul): Presidente, sabemos de la imparcialidad con la que usted ha actuado durante su gestión al frente de la Mesa Directiva, por tal motivo y como hay dudas en esta votación le solicitamos respetuosamente que la votación sea nominal, para evitar dudas.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: La votación ha sido suficientemente clara. Aclarada, sobre todo, con la asistencia mínima del quórum para poder tomar esa determinación. Diputado Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Presidente, tan no fue evidente la decisión de la secretaria que la tuvimos que rectificar, y en la última rectificación, si acudimos al acta de la sesión, es decir, a la versión estenográfica, usted verá que la diputada incluso dudó en decir por qué lado se inclinaba.

Lo único que solicitamos es que se rectifiquen esos términos, presidente. Estamos pidiendo que tal y como se ha hecho siempre se tome la votación por tablero.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: La votación fue dictada y emitida por todos los diputados y las diputada presentes. La Secretaría dio cuenta de ello y dimos cuenta al pleno en razón de lo que se nos informó.

Continuamos con acuerdos de la Junta de Coordinación Política. Le pido a la Secretaría dar cuenta de ellos.

COMISION ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LA PROBLEMATICA SURGIDA DE LOS CONFLICTOS MINEROS EN EL PAIS

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto y en cumplimiento al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado por el pleno en su sesión del jueves 23 de febrero, por el que se creó la Comisión Especial para da seguimiento a la problemática surgida de los conflictos mineros en el país, me permito comunicar a usted las designaciones de diputados hechas para integrarse a ésta, tal y como fueron comunicados por los grupos parlamentarios, solicitándole sean puestos a la consideración del pleno y se integren a los expedientes correspondientes:

Nombre/cargo/grupo parlamentario

Diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, integrante, PAN;

Diputado Leonardo Arturo Guillén Medina, integrante, PAN;

Diputado Ramón Jiménez López, secretario, PRD;

Diputado Francisco Hernández Juárez, integrante, PRD;

Diputado Carlos Samuel Moreno Terán, secretario, PVEM;

Diputado Gerardo Fernández Noroña, integrante, PT;

Diputado Roberto Pérez de Alba, integrante, Nueva Alianza;

Diputada Ana Laura Arizmendi Campos, integrante, Convergencia.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2010.— Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica), Presidente.»

En votación económica se consulta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada.

Continúe la Secretaría con los acuerdos enviados por la Junta de Coordinación Política.

PETROLEOS MEXICANOS

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a revisar y modificar los términos de la licitación número 1857611202209, para la adquisición de etanol anhidro para oxigenar las gasolinas de la zona metropolitana de Guadalajara, confiriendo prioridad a su adquisición con productores nacionales

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo decimocuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presentan los diputados Cruz López Aguilar, Gerardo Sánchez García, José Tomás Carrillo Sánchez, Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como Francisco Hernández Juárez y Federico Ovalle Vaquera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por lo que se somete a la consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta a la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos a revisar y modificar los términos de la licitación número 1857611202209, para la adquisición de etanol anhidro para oxigenar las gasolinas de la zona metropolitana de Guadalajara, priorizando su adquisición a productores nacionales; incorporar la participación del sector social; incorporar los criterios para la adquisición de los bioenergéticos por parte de la Secretaría de Energía; incorporar la disposición de preferencia de la producción nacional, sobre la importación de bioenergéticos; atender la disposición en materia ambiental; incorporar criterios de transparencia; priorizar la participación de proveedores de la región; modificar la fórmula para el cálculo del precio del etanol; preservar los aranceles actuales a la importación de etanol; considerar un esquema que permita la participación de los productores de manera asociada; establecer esquemas de apoyo a los productores de insumos; eliminar el requisito de capital social; modificar la NOM-086 para sustituir la utilización del MTBE; establecer requisitos que puedan ser cubiertos por los productores nacionales; aumentar el componente de etanol para preferir la producción nacional del insumo, entre otros puntos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2010.— Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Reyes Tamez Guerra, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

Las diputados y los diputados que estén por la afirmativa, en votación económica, sírvanse manifestarlo. Las diputados y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, hay mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado.

FONDO METROPOLITANO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, modifique la fracción VI, numeral 41 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano.

La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama: Con su permiso, señor presidente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente propuesta con punto de acuerdo.

Consideraciones. Hoy día, el crecimiento de las ciudades se da de manera vertiginosa trayendo como resultado el seguimiento y la multiplicación de diversas necesidades sociales que los gobiernos locales deben resolver de manera eficiente.

El crecimiento de la población, la dotación de servicios públicos, la conservación y proyectos de sustentabilidad del medio ambiente, entre otros de no menos importancia, son algunos de ellos.

Este crecimiento constante de las ciudades ha dado origen al desarrollo de las denominadas zonas metropolitanas y, en consecuencia, en nuestro país han generado una responsabilidad adicional y compartida del gobierno federal, el estatal y el Poder Legislativo.

En principio se destinaron recursos al rubro Fondo Metropolitano que incluía única y exclusivamente recursos para el Distrito Federal y el estado de México. sin embargo, con el paso del tiempo se han ido incorporando nuevas zonas al grado de considerarse hoy en día 32 zonas metropolitanas en el presupuesto 2010, entre las que se encuentra la ciudad de Mérida, cuyos recursos ascienden a 67.8 millones de pesos.

Ante la compleja situación económica derivada de la crisis internacional, el destacado crecimiento demográfico de la zona metropolitana de Mérida y la proliferación de zonas afectadas por altos índices de marginación, para los gobiernos municipales resulta fundamental contar no sólo con el respaldo de la federación sino también del gobierno del estado para asegurar que se disponga de los recursos apropiados para atender los programas y acciones que se llevan a cabo a favor de la población. Y quiénes más aptos para el ejercicio de estos recursos sino los gobiernos municipales, quienes conocen las necesidades básicas de la población.

Quiero señalar que a pesar de que, ante el Consejo de De-sarrollo Metropolitano de Yucatán, los presidentes municipales de la zona metropolitana tienen el derecho de presentar planes y proyectos para que les sean tomados en cuenta y, en consecuencia, acceder a más y mejores recursos, el gobierno estatal, haciendo patente su autoritarismo y su falta de visión en materia de planeación, ha demostrado una nula coordinación para con los órganos municipales, pero aún más, a lo largo de los últimos años ha limitado el acceso a los recursos por parte del fondo por no decir que ha seleccionado muy bien a sus beneficiarios.

Por si su razonamiento político –que no económico ni social– fuera poco, encontramos una alta opacidad y falta de transparencia por parte del gobierno del estado en el ejercicio de estos recursos al no querer proporcionar información de cómo se llevan a cabo las funciones del Consejo de Desarrollo Metropolitano, ni permitir –como lo establecen claramente las reglas de operación del fondo vigentes– que sean los municipios que cumplan con los requerimientos quienes concursen, administren y ejecuten los recursos, así como la lógica de distribución de los recursos del fideicomiso y su administración.

Es imposible continuar con esta situación, misma que seguramente se repite en la mayor parte de las zonas metropolitanas que integran el citado fondo.

Por lo expuesto, pongo a consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a modificar la fracción VI, numeral 41 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano para incorporar al municipio como un integrante más del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Metropolitano. Es cuanto, presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar mediante la SHCP la fracción VI, numeral 41, de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano para incorporar el municipio como integrante del Comité Técnico del Fideicomiso de ese fondo, a cargo de la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del PAN

Rosa Adriana Díaz Lizama, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Cámara de Diputados, la siguiente propuesta con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hoy día el crecimiento de las ciudades se da de manera vertiginosa, trayendo como resultado el surgimiento y la multiplicación de diversas necesidades sociales que los gobiernos locales deben resolver de manera eficiente. El crecimiento de la población, la dotación de servicios públicos, la conservación y proyectos de sustentabilidad del medio ambiente, entre otros de no menos importancia, son algunos de ellos.

Las ciudades que no se adapten rápidamente a las condiciones que marcan estos procesos, sin duda quedarán rezagadas y sus problemas, seguramente, se incrementarán al grado de no ser controlables en el mediano y largo plazo.

Este crecimiento constante de las ciudades ha dado origen al desarrollo de las denominadas zonas metropolitanas y en consecuencia en nuestro país, han generado una responsabilidad adicional y compartida del gobierno federal, el estatal y el Poder Legislativo. Por ello, en 2006 se crea y se aprueban recursos para el Fondo Metropolitano como una respuesta a los problemas del crecimiento de éstas, con el objetivo de reordenar la vida social en las zonas metropolitanas y tratar de que el ejercicio eficiente de los recursos administrados por un consejo, atiendan aspectos como el abastecimiento de agua potable, alcantarillado, drenaje, transporte público y obras de inversión vial.

En principio se destinaron recursos al rubro Fondo Metropolitano que incluía única y exclusivamente recursos para el Distrito Federal y el estado de México. Sin embargo, con el paso del tiempo se han ido incorporando nuevas zonas, al grado de considerarse hoy  día, 32 zonas metropolitanas en el Presupuesto 2010, entre las que se encuentra la ciudad de Mérida cuyos recursos asciende a 67.8 millones de pesos.

Ante la compleja situación económica derivada de la crisis internacional, el destacado crecimiento demográfico de la zona metropolitana de Mérida y la proliferación de zonas afectadas por altos índices de marginación, para los gobiernos municipales resulta fundamental contar no sólo con el respaldo de la federación sino también del gobierno del estado para asegurar que se disponga de los recursos apropiados para atender los programas y acciones que se llevan a cabo a favor de la población. ¿Y quiénes más aptos para el ejercicio de estos recursos sino los gobiernos municipales que conocen las necesidades básicas de la población?

Quiero señalar que a pesar de que ante el Consejo de Desarrollo Metropolitano de Yucatán (Comey) los presidentes municipales de la zona metropolitana tienen el derecho de presentar planes y proyectos para que les sean tomados en cuenta y en consecuencia acceder a más y mejores recursos, el gobierno estatal haciendo patente su autoritarismo y su falta de visión en materia de planeación, ha demostrado una nula coordinación para con los gobiernos municipales, pero aún más, a lo largo de los últimos años ha limitado el acceso a los recursos por parte del fondo por no decir que ha seleccionado a los beneficiarios.

Por si su razonamiento político (que no económico y social) fuera poco, encontramos una alta opacidad y falta de transparencia por parte del gobierno del estado en el ejercicio de estos recursos al no querer proporcionar información de cómo se llevan a cabo las funciones del Consejo de Desarrollo Metropolitano, ni permitir como lo establecen claramente las reglas de operación del fondo vigentes, que sean los municipios que cumplan con los requerimientos quienes concursen, administren y ejecuten los recursos, así como la lógica de distribución de los recursos del fideicomiso y su administración.

Es imposible continuar con esta situación, la cual  seguramente se repite en la mayor parte de las zonas metropolitanas que integran el citado fondo. El municipio, como cualquier orden de gobierno, debe de fungir como un ente más en la toma de decisiones para la distribución y, por supuesto, para el ejercicio de los recursos del mencionado fondo.

Debemos considerar que, en la actualidad, la verdadera problemática a la que se enfrentan las zonas metropolitanas no se relacionan única y exclusivamente con su crecimiento o el rebase de sus límites municipales, sino también con las formas de coordinación entre administraciones, pero aún más importante, con la disponibilidad de recursos para enfrentar a los retos que genera el crecimiento de nuestras ciudades.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a modificar la fracción VI, numeral 41, de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano para incorporar al municipio como un integrante más del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Metropolitano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2010.— Diputados: Rosa Adriana Díaz Lizama, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, María Yolanda Valencia Vales, Adriana Fuentes Cortés, José Ignacio Seara Sierra, Cecilia Soledad Arévalo Sosa, Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se pospone la participación...

El diputado Efraín Ernesto Aguilar Góngora (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, dígame. Adelante, diputado.

El diputadoEfraín Ernesto Aguilar Góngora (desde la curul): Gracias, señor presidente. Sólo para preguntarle a la compañera diputada si me permite anexar a su escrito el reconocimiento que se le ha hecho a nivel nacional a la Coordinación Metropolitana del estado por haberlo abierto en un concurso público, como único estado de toda la República, a todos los sectores de la sociedad, que no pasa en ninguno de los estados y que creo que es importante reconocerlo, no sólo por Yucatán, sino para que otros estados también lo tomen en cuenta y lo hagan igual que Yucatán.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pregunto a la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama si está de acuerdo en la adición que propone el diputado, a efecto de un párrafo en el punto de su proposición.

La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (desde la curul): Necesito el sonido, presidente, por favor.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Denle sonido a la curul de la diputada Díaz Lizama.

La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (desde la curul): Con mucho gusto lo acepto, señor diputado, siempre y cuando me muestre el documento oficial que lo compruebe. Con mucho gusto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Lo acepta, si usted le entrega el documento, señor diputado. Así que en esas condiciones estaría presentado.

Se pospone la presentación de la diputada...

El diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Ávila.

El diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz (desde la curul): ¿Me permite la palabra?

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Dígame, ¿con qué objeto?

El diputadoDaniel Gabriel Ávila Ruiz (desde la curul): Nada más para preguntar a la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama si me puedo adherir a este punto de acuerdo que considero es muy importante para Yucatán.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Acepta usted la adhesión del diputado a su documento, diputada?

La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (desde la curul): Estoy de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo. Así que quien desee pasar, adelante.

Se pospone la participación de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Partido de la Revolución Democrática. Tiene la palabra el diputado Porfirio Muñoz Ledo. No se encuentra el diputado en el pleno.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a que incremente los recursos destinados a la administración del patrimonio de la beneficencia pública estatal en San Luis Potosí.

La diputadaDelia Guerrero Coronado: Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a incrementar los recursos destinados a la administración del patrimonio de la beneficencia pública estatal de San Luis Potosí, para atender la salud de personas de escasos recursos y que carecen de seguridad social.

La que suscribe, Delia Guerrero Coronado, diputada federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a incrementar los recursos destinados a la administración del patrimonio de la beneficencia pública del estado de san luis potosí con base en las siguientes consideraciones:

En fundamento jurídico de la beneficencia pública se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya fracción III del artículo 27 establece la ayuda o el auxilio a los necesitados como objeto de la administración del patrimonio de la beneficencia pública.

Reconociendo las importantes acciones de la beneficencia pública a favor de las personas más desprotegidas de nuestra sociedad, en abril de 1995, el Consejo Nacional de Salud adoptó el acuerdo de promover la creación de las beneficencias públicas estatales.

También se propuso que para favorecer la formación de un patrimonio de beneficencia pública estatal, los estados ya descentralizados establecieran un fondo proveniente de un porcentaje de las cuotas de recuperación obtenidas en sus unidades aplicativas.

Actualmente, ya existen diversos estados de la federación que a partir de decretos expedidos por los gobernadores de las respectivas entidades y, en su caso, por decreto de la legislatura estatal, ya cuentan con su beneficencia pública.

En San Luis Potosí, el patrimonio de la beneficencia pública se constituyó mediante decreto publicado en octubre de 1998 y su instalación se logró en enero de 2002.

En el caso de la administración de la beneficencia pública en San Luis Potosí, su función sustantiva consiste en ayudar a personas de escasos o nulos recursos y que carecen de seguridad social, que se encuentren en situación emergente, brindándoles apoyo y recursos de atención a la salud y mejorando la calidad de vida de esa población vulnerable.

La importancia de esta institución radica en el cada vez mayor número de personas apoyadas. Básicamente se apoya a las personas de bajos recursos económicos, a los no derechohabientes de alguna institución de seguridad social o a los derechohabientes en conceptos no considerados por su institución pública.

El presupuesto de la mayoría de las beneficencias depende exclusivamente del depósito del 10 por ciento del total de las cuotas de recuperación de las unidades médicas aplicativas del primero y segundo nivel de atención de la Secretaría de Salud.

Actualmente la administración del patrimonio de la beneficencia pública de San Luis Potosí recibe alrededor de 2 millones 750 mil pesos anuales por parte del gobierno estatal, y en cuotas de recuperación correspondiente al 10 por ciento de lo recaudado en los hospitales públicos son alrededor de 2 millones 500 mil pesos anuales.

Sin embargo, para mejorar la situación financiera y poder ampliar el apoyo a más pacientes con mejores insumos se requiere al menos el triple de recursos de los que actualmente se tienen.

La situación financiera de la administración del patrimonio de la beneficencia Pública estatal es crítica debido a que en los últimos años se registró una reducción significativa de sus recursos netos, mientras que la demanda de apoyos para atender a la población de escasos recursos, sin cobertura de seguridad social, se ha visto incrementada.

La crisis económica que se experimenta actualmente en nuestro país ha motivado que un mayor número de personas desempleadas haya perdido su cobertura de seguridad social y acuda a los servicios públicos de salud en busca de atención.

El efecto combinado de ambas tendencias se ha traducido en un deterioro continuo de flujo de efectivo y consecuentemente, de la capacidad financiera de la institución para dar cumplimiento a su función social.

Consecuentemente, es necesario obtener una ampliación líquida presupuestal para operar en forma efectiva la actividad sustantiva de la administración del patrimonio de la beneficencia pública en san luis potosí, lo cual implica restablecer la capacidad financiera de la institución para dar cumplimiento a su función social...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputada.

La diputada Delia Guerrero Coronado:Por lo anterior expuesto, la que suscribe somete a consideración de la asamblea el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud federal a incrementar los recursos destinados a la administración del patrimonio de la beneficencia pública estatal de San Luis Potosí, para atender la salud de personas de escasos recursos y que carecen de seguridad social.

Es cuanto, señor presidente. Solicito a usted se inserte en el Diario de los Debates. Gracias, compañeros.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incrementar los recursos destinados a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública de San Luis Potosí para atender la salud de personas de escasos recursos y carentes de seguridad social, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Delia Guerrero Coronado, diputada federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a incrementar los recursos destinados a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de San Luis Potosí con base en las siguientes

Consideraciones

En fundamento jurídico de la beneficencia pública se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo 27, fracción III, establece la ayuda o el auxilio a los necesitados como objeto de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Reconociendo las importantes acciones de la beneficencia pública a favor de las personas más desprotegidas de nuestra sociedad, en abril de 1995, el Consejo Nacional de Salud adoptó el acuerdo de promover la creación de las Beneficencias Públicas Estatales.

También se propuso que para favorecer la formación de un patrimonio de beneficencia pública estatal, los estados ya descentralizados establecieran un fondo proveniente de un porcentaje de las cuotas de recuperación obtenidas en sus unidades aplicativas.

Actualmente, ya existen diversos estados de la federación que a partir de decretos expedidos por los gobernadores de las respectivas entidades y, en su caso, por decreto de la legislatura estatal, ya cuentan con su Beneficencia Pública.

En San Luis Potosí, el patrimonio de la beneficencia pública se constituyó mediante decreto publicado en octubre de 1998 y su instalación se logró en enero de 2002.

En el caso de la Administración de la Beneficencia Pública en San Luis Potosí, su función sustantiva consiste en ayudar a personas de escasos o nulos recursos y que carecen de seguridad social, que se encuentren en situación emergente, brindándoles apoyo y recursos de atención a la salud y mejorando la calidad de vida de esa población vulnerable.

Concientes de que actualmente el sistema de seguridad social no cubre en su totalidad a los derechohabientes con ayudas funcionales a los que sean derechohabientes ya sea del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o de hospitales privados para su inserción a la sociedad, la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del estado ha buscado apoyar a la sociedad económicamente más desprotegida

La importancia de esta institución radica en el cada vez mayor número de personas apoyadas. El año pasado la institución atendió  miles de casos en cuestión de medicamentos, gastos de hospitalización, estudios de laboratorio y gabinete, sesiones de hemodiálisis, tratamiento oncológico y radioterapia, entre otros.

Básicamente se apoya a las personas de bajos recursos económicos, a los no derechohabientes de alguna institución de seguridad social, ó a los derechohabientes en conceptos no considerados por su institución pública.

Adicionalmente también se han brindado apoyos a organizaciones de la sociedad civil constituidas jurídicamente y que tienen proyectos de alto impacto en salud.

El total de pacientes atendidos por esta institución alcanzó los 49 mil 155 personas a julio de 2009, de los cuales 19 mil 963 fueron pacientes de primera vez y 29 mil 192 subsecuentes.

El promedio diario de casos atendidos es de aproximadamente 40 a los que se procura ayudar y brindar una solución a sus peticiones de acuerdo a la capacidad económica el mismo día en que son atendidos.

Y también se han beneficiado a personas físicas con apoyos funcionales en especie con la donación de 48 prótesis de cadera, 15 prótesis de rodilla, 14 prótesis para amputado, 2 prótesis oculares, 1 prótesis de húmero, 408 auxiliares auditivos, 47 sillas de ruedas, 6 concentradores de oxigeno, 44 pares de muletas, 15 andadores y 5 sets de columna, entre otros muchos apoyos.

El presupuesto de la mayoría de las beneficencias depende exclusivamente del depósito del 10 por ciento del total de las cuotas de recuperación de las unidades médicas aplicativas del primero y segundo nivel de atención de la Secretaría de Salud.

También otras fuentes de financiamiento como son donativos, herencias y legados, pero en este tipo de financiamiento, lo recaudado es mínimo. Después de la creación del Seguro Popular de Salud, las beneficencias públicas han visto disminuido el ingreso por el 10 por ciento de las cuotas de recuperación, ya que estos pagos que efectúa el seguro popular no los registran las unidades aplicativas vía recibos únicos nacionales.

Actualmente la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública de San Luis Potosí recibe alrededor de 2 millones 750 mil pesos anuales por parte del gobierno estatal y en cuotas de recuperación correspondiente al 10 por ciento de lo que recaudan los hospitales públicos son alrededor de 2 millones 500 mil pesos anuales.

Sin embargo, para mejorar la situación financiera y poder ampliar el apoyo a más pacientes con mejores insumos se requiere al menos el triple de recursos de los que actualmente se tienen.

La situación financiera de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública estatal es crítica, debido a que en los últimos años se registró una reducción significativa de sus recursos netos, mientras que la demanda de apoyos para atender a la población de escasos recursos sin cobertura de seguridad social se ha visto incrementada.

La crisis económica que se experimenta actualmente en nuestro país ha motivado que un mayor número de personas desempleadas haya perdido su cobertura de seguridad social y acuda a los servicios públicos de salud en busca de atención.

El efecto combinado de ambas tendencias se ha traducido en un deterioro continuo del flujo de efectivo y, consecuentemente, de la capacidad financiera de la institución para dar cumplimiento a su función social.

Consecuentemente, es necesario obtener una ampliación líquida presupuestal para operar en forma efectiva la actividad sustantiva de la Administración del patrimonio de la Beneficencia Pública en San Luis Potosí, lo cual implica restablecer la capacidad financiera de la institución para dar cumplimiento a su función social.

Por lo expuesto, la que suscribe somete a consideración de la asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud federal a incrementar los recursos destinados a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública de San Luis Potosí  para atender la salud de personas de escasos recursos y que carecen de seguridad social.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2010. — Diputada Delia Guerrero Coronado (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita insértese en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Salud.

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Carlos Bello Otero, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Distrito Federal para que a través del director general del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, revise, y en su caso repare o adecue la infraestructura de las 175 estaciones.

El diputadoCarlos Bello Otero: Muchas gracias. Con su permiso, diputado presidente. Diputadas, diputados, muy buenas tardes. Agradezco a las ciudadanas diputadas del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional que suscriben la presente proposición.

Porque son las barreras físicas una situación de desventaja real, de participación plena y efectiva de las personas con discapacidad, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que los Estados parte adoptarán las medidas apropiadas para asegurar plenamente su participación en la vida pública, privada y social.

Razón por la que la Ley General de las Personas con Discapacidad establece las garantías de libre desplazamiento, en condiciones dignas y seguras en espacios públicos.

De forma importante, la Ley para las Personas con Discapacidad del Distrito Federal establece que la Secretaría de Transporte y Vialidad y el Sistema de Transporte Colectivo, Metro, establecerán las acciones que permitan a las personas con discapacidad contar con las facilidades y preferencias en su transporte y libre desplazamiento.

Según datos de la Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, el Sistema de Transporte Colectivo, Metro, de la Ciudad de México, se ubica como el quinto sistema más grande del mundo. Ocupa el cuarto lugar en número de estaciones y en afluencia. El sistema se distribuye en 11 líneas por las cuales circulan diariamente un aproximado de 4.6 millones de personas.

Información de 2009 señala que más de 15 personas con discapacidad visual han caído a las vías del Metro, de las cuales desafortunadamente 3 perdieron la vida.

Una de las causas de estos accidentes se debe a la falta precisamente de mantenimiento a las muy precarias medidas de seguridad en los andenes de acceso.

Tratándose de aquellos usuarios con discapacidad motriz, la red del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, cuenta con 24 plataformas que descienden o ascienden en zonas de escaleras fijas sólo en 6 de sus 175 estaciones. Desafortunadamente la mayoría de estas plataformas no funcionan adecuadamente, razón por la cual el transporte y la accesibilidad de las personas en silla de ruedas se obstaculiza o dificulta.

De conformidad con lo anterior, en el Sistema de Transporte Colectivo, Metro, los usuarios con ceguera o debilidad visual y las personas con discapacidad motriz no se desplazan con el máximo de seguridad y accesibilidad que exige la legislación en comento.

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal, a través del director general del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, a revisar y, en su caso, a reparar o adecuar la infraestructura de las 175 estaciones de la red del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, para garantizar la seguridad y accesibilidad de las personas con discapacidad visual y motriz.

1. Se emprenda un programa correctivo y preventivo de mantenimiento de las líneas amarillas de seguridad de la red del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, de tal manera que sea lo suficientemente perceptible para el desplazamiento del bastón blanco para ciegos.

2. Se incrementen gradualmente el número de estaciones con canaletas o ranuras guías a nivel de piso para garantizar un mejor desplazamiento y accesibilidad de las personas con discapacidad visual.

3. Se incrementen gradualmente el número de estaciones con plataformas de ascenso y descenso en zonas de escaleras fijas para las personas con discapacidad motriz y, en su caso, se reparen las ya existentes.

Segundo. Se solicita respetuosamente al gobierno del Distrito Federal, de conformidad con su Ley para las Personas con Discapacidad, se establezcan las acciones pertinentes que permitan a los futuros usuarios con discapacidad de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, contar con mayores medidas de accesibilidad, seguridad y libre desplazamiento.

Finalmente solicito a usted, diputado presidente, ordene que la presente proposición con punto de acuerdo se inserte íntegra en el Diario de los Debates de esta honorable asamblea. Muchas gracias. Buenas tardes.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del Distrito Federal para que a través del director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, revise, y en su caso repare o adecue, la infraestructura de las 175 estaciones, a cargo del diputado Carlos Bello Otero, del Grupo Parlamentario del PAN.

El que suscribe, diputado Carlos Bello Otero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal, a través del director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, a revisar y, en su caso, reparar o adecuar la infraestructura de las estaciones de la Red de Transporte Colectivo Metro para garantizar la seguridad y accesibilidad de las personas con discapacidad visual y motriz, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El desarrollo de una sociedad requiere de la aplicación efectiva y real de los principios de igualdad, solidaridad y respeto. Pero no se trata sólo de alcanzar estos principios en los ordenamientos jurídicos aplicables, sino se trata de lograr que tales principios estén en la raíz de nuestro quehacer democrático.

Una de las principales necesidades y demandas de las personas con discapacidad es la accesibilidad. La eliminación de todo tipo de barreras, porque son las barreras físicas, en muchos de los casos, una situación de desventaja real de participación plena y efectiva para un individuo determinado.

Al respecto la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece en su artículo 9, fracción A, y artículo 14, fracción 1, inciso a), respectivamente, sobre la accesibilidad, libertad y seguridad de las personas.

Artículo 9. Accesibilidad

A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;

Artículo 14. Libertad y seguridad de la persona

1. Los Estados partes asegurarán que las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás:

a) Disfruten del derecho a la libertad y seguridad de la persona;

Por su parte la Ley General de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2005, en sus artículos 13 y 17, fracción I, establece respectivamente que:

Artículo 13. Las personas con discapacidad tienen derecho al libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras en espacios públicos.

Las dependencias de la administración pública federal, estatal y municipal vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se establecen en la normatividad vigente.

...

Artículo 17. Las autoridades competentes realizarán entre otras acciones, las siguientes:

I. Impulsar programas que permitan la accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad en los medios de transporte público aéreo, terrestre y marítimo y medios de comunicación a las personas con discapacidad;

De forma importante la Ley para las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, en su artículo 18, fracción I, establece:

Artículo 18. La Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal y el Sistema de Transporte Colectivo Metro establecerán las acciones que permitan a las personas con discapacidad contar con las facilidades y preferencias que les permitan su transporte y libre desplazamiento, conforme a lo siguiente:

I. Los vehículos del servicio público de transporte deberán cumplir con las especificaciones técnicas que permitan el acceso y uso a las personas con discapacidad, incluyéndose la adecuación de instalaciones físicas como paraderos y estacionamientos, conforme a esta ley y sin perjuicio de lo dispuesto en otros ordenamientos legales;

...

De las disposiciones jurídicas señaladas anteriormente, me permito destacar las siguientes consideraciones: “libre desplazamiento, accesibilidad y seguridad de las personas con discapacidad de los sistemas de transporte”. Y lo hago por las razones que a continuación expongo:

Primero. Según datos de la Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, se ubica como el quinto sistema más grande del mundo en cuanto a extensión con una red de 201.3 kilómetros; ocupa el cuarto en número de estaciones y en afluencia (175 y 1.3 millones de usuarios); el sistema se distribuye en 11 líneas por las cual circulan diariamente 4.6 millones de personas.

Segundo. Según información de la Asociación Civil Mexicana por el Trato Humano, Social, Material y Cultural de los Invidentes y Débiles Visuales de la Ciudad de México, diariamente trabajan como comerciantes en los vagones del Sistema de Transporte Colectivo Metro más de 500 personas con discapacidad visual.

Tercero. A estas más de 500 personas con discapacidad visual que se dedican al comercio al interior de los vagones del Metro, se suma otro número indeterminado de personas con ceguera o debilidad visual que no son comerciantes pero que también usan este medio de transporte, además de un número desconocido de personas en silla de ruedas o con otra discapacidad motriz.

Se destacan estos datos porque, tratándose de personas con discapacidad visual, independientemente de que justificada o injustificadamente muchos de ellos se dediquen al comercio, lo cierto es que la Asociación Civil Mexicana por el Trato Humano, Social, Material y Cultural de los Invidentes y Débiles Visuales ha informado que para octubre de 2009, más de 15 personas con discapacidad visual han caído a las vías del Metro, de las cuales 3 han perdido la vida y son: Oswaldo Rodríguez Domínguez, quien murió el 12 de febrero en la estación Pino Suárez; Jaime Delgado, murió el 20 de mayo en la estación Juan Acatlán; y Adolfo Ayala García, perdió la vida el 11 de septiembre en la estación Cuauhtémoc.

La causa fundamental de estos accidentes, según nos señala el representante legal de la citada asociación civil, se debe a que la línea amarilla de seguridad que se encuentra en la orilla de los andenes para abordar el Metro, y que necesariamente debe ser lo suficientemente ásperas, para que sea muy fácil de detectar con el “bastón blanco para ciegos”, en varias estaciones del Metro existen tramos que han perdido lo rasposo y han dejado de ser seguras para las personas con ceguera o debilidad visual, ocasionando así que en su desplazamiento sobre los andenes no las detecten y que con facilidad caigan a las vías del Metro.

Es importante señalar que este evidente peligro se incrementa en aquellas estaciones con andenes sin una pared lateral y donde en ambos lados circula el tren del Metro.

Tratándose de aquellos usuarios con discapacidad motriz, la Red del Sistema de Transporte Colectivo Metro cuenta con 24 plataformas que descienden o ascienden en zonas de escaleras fijas en 6 de las 175 estaciones; desafortunadamente la mayoría de estas plataformas no funcionan adecuadamente, razón por la cual el transporte y la accesibilidad de las personas en silla de ruedas o con otra discapacidad motriz a las instalaciones del Metro obstaculizan y dificultan su traslado.

De conformidad con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley General de las Personas con Discapacidad y con la Ley para las Personas con Discapacidad del Distrito Federal es claro que en el Sistema de Transporte Colectivo Metro los usuarios con ceguera o debilidad visual no se desplazan con el máximo de seguridad y accesibilidad que exige la legislación en comento.

Asimismo, debido al deterioro de las plataformas de ascenso y descenso, y porque estas plataformas sólo se encuentran instaladas en seis estaciones, las personas con discapacidad motriz no pueden tener acceso a la totalidad de la red de este importante medio de transporte como lo disponen los citados ordenamientos.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal a través del director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro a revisar y, en su caso, reparar o adecuar la infraestructura de las 175 estaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo Metro para garantizar la seguridad y accesibilidad de las personas con discapacidad visual y motriz, bajo las siguientes premisas:

I. Se emprenda un programa correctivo y preventivo de mantenimiento de las líneas amarillas de seguridad, de la Red del Sistema de Transporte Colectivo Metro, de tal manera que sea lo suficientemente perceptibles para el deslizamiento del “bastón blanco para ciegos”.

II. Se incrementen gradualmente el número de estaciones con canaletas o ranuras guías a nivel de piso para garantizar un mejor desplazamiento y accesibilidad de las personas con discapacidad visual.

III. Se incrementen gradualmente el número de estaciones con plataformas de ascenso y descenso en zonas de escaleras fijas para las personas con discapacidad motriz y en su caso se reparen las ya existentes.

Segundo. Se solicita respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal que, de conformidad con la Ley para las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, se establezcan las acciones pertinentes que permitan a los futuros usuarios con discapacidad de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro contar con mayores medidas de accesibilidad, seguridad y libre desplazamiento.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 16 de febrero de 2010.— Diputado Carlos Bello Otero (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.

Se pospone la participación de la diputada Leticia Robles Colín y/o Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario del PRD.

En virtud de los acuerdos parlamentarios, por la hora establecida, pasamos al capítulo de excitativas.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: La Presidencia recibió de los diputados José Antonio Yglesias Arreola, Antonio Benítez Lucho y Rodrigo Reina Liceaga, del Grupo Parlamentario del PRI, solicitud de excitativa a la Comisión de Salud.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Excitativa a la Comisión de Salud, a solicitud de los diputados José Antonio Yglesias Arreola, Antonio Benítez Lucho y Rodrigo Reina Liceaga, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscritos, diputados José Antonio Yglesias Arreola, Antonio Benítez Lucho y Rodrigo Reina Liceaga, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en los artículos 21, fracción XVI, y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados se formule excitativa a la Comisión de Salud para que analice, y en su caso apruebe, el dictamen que reforma los artículos primero, tercero, cuarto y quinto transitorios del artículo 376 de la Ley General de Salud, publicado en la Gaceta Parlamentaria del 30 abril de 2009 y que quedó en la Mesa Directiva de LX Legislatura como de primera lectura, bajo los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 12 de febrero de 2009, fue presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma al artículo 376 de la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de febrero de 2005, suscrita por los diputados Lorena Martínez Rodríguez y Fernando Enrique Mayans Canabal, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos: Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, respectivamente.

En su momento, la Presidencia de la Cámara dictó el turno, con la misma fecha, a la Comisión de Salud para su estudio, análisis y posterior dictamen.

2. El día 30 de abril del año en curso, los integrantes de esta Comisión de Salud de la LX Legislatura, después de analizar exhaustivamente la iniciativa en comento convergieron que cumplía con todos los fundamentos legales y causales por lo que emitieron el dictamen correspondiente, publicado en la Gaceta Parlamentaria, quedando de primera lectura en la Mesa Directiva.

Consideraciones

Con la finalidad de respetar el marco legal, para que en cumplimiento de lo que disponen los artículos 3o., 4o. y 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, es necesario se publiquen en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos, marco regulatorio y reglamento a fin de que surtan efectos jurídicos los requisitos y procedimientos del artículo 376 de la Ley General de Salud, modificado el 24 de febrero de 2005. Para ello es necesario se apruebe el dictamen en comento, emitido por la Comisión de Salud publicado en la Gaceta Parlamentaria del 30 abril de 2009.

Cabe destacar, que dado que esta última reforma carecía de artículos transitorios que fijaran la fecha límite para la publicación de dicha normatividad, no se ha podido dar certidumbre a todo el sistema de abasto de medicamentos del sector público y privado y por ende la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no ha publicado el listado de los registros que han sido renovados.

El 19 de marzo de 2009, el titular de la Cofepris, licenciado Miguel Ángel Toscano Velasco afirmó ante la Comisión de Salud de la XL Legislatura de la honorable Cámara de Diputados que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) exentó a la comisión que preside de publicar en el DOF los lineamientos y formatos para la renovación de registros sanitarios. Según su declaración oficial textual ante los diputados federales ello equivaldría a publicar  un reglamento sobre el reglamento.

Aunado a lo anterior y ante las negativas de la Cofepris para transparentar sus listas de renovación de registros sanitarios para medicamentos alopáticos, la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos interpuso un recurso de revisión y el pasado miércoles 9 de septiembre de 2009 el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) resolvió, en el expediente 2199/09, instruir a dicha comisión, para que en un término no mayor a 10 días hábiles cumpla con la publicación de las listas de los laboratorios a los que les fue aprobado el trámite así como a los que les fue rechazado, que no ha cumplido.

Posteriormente, en sesión celebrada el 21 de octubre el pleno de comisionados del IFAI aprobó la resolución 3847/09, mediante la cual se comprobó que la Cofepris no tiene la pretendida exención de la Cofemer declarada por su titular para publicar los lineamientos y demás disposiciones reglamentarias y regulatorias que permitan a la industria farmacéutica la renovación de sus registros sanitarios.

Es particularmente importante este dictamen que reforma los artículos transitorios del artículo 376 de la Ley General de Salud, toda vez que se refiere a la renovación o prórroga de los registros sanitarios para la fabricación de medicamentos y demás insumos para la salud,  dado que en las actuales circunstancias no hay certeza jurídica para renovarlos. En enero del 2008 en el DOF se publicaron parcialmente los reglamentos y demás disposiciones generales a través de una modificación a tres artículos del Reglamento de Insumos para la Salud, quedando pendientes de publicarse hasta la fecha los lineamientos, pruebas, visitas de inspección In Situ y formatos para tramitar dicha renovación, como lo establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Es elemental señalar que la Cofepris agregó el requisito de visita in situ. Por su impacto regulatorio y de costos económicos la Cofemer no la ha aprobado. Todo ello ha creado una situación de incertidumbre jurídica que esta soberanía legislativa debe subsanar para dotar de certeza jurídica a la industria farmacéutica en la renovación de sus registros sanitarios.

Cabe mencionar que existen alrededor de 10 mil registros sanitarios, –sin considerar más de 35 mil de otros insumos para la salud– de los cuales mil 500 son considerados como innovadores y 8 mil 500 genéricos; que para su renovación necesitan presentar estudios de bioequivalencia e intercambiabilidad que deberían de llevarse a cabo en cinco años y que sin la reforma a los transitorios que en dicho dictamen se propone, solo quedarían escasos días, lo cual  es técnicamente imposible.

Para que sea posible alcanzar la cobertura de los estudios para los 10 mil registros y dotar a la industria farmacéutica de certeza jurídica y evitar un impacto económico negativo, que se reflejaría en un encarecimiento de los medicamentos, se excita a la discusión, al análisis y en su caso a la aprobación de dicho proyecto de dictamen.

Excitativa

Único. Con fundamento de lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta honorable asamblea, formule una excitativa a la Comisión de Salud para que analice y en su caso apruebe el proyecto de dictamen que reforma los artículos primero, tercero, cuarto y quinto transitorios del artículo 376 de la Ley General de Salud, que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria del 30 de abril de 2009, quedando de primera lectura en la Mesa Directiva de la LX Legislatura.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2010.— Diputados: José Antonio Yglesias Arreola, Antonio Benítez Lucho, Rodrigo Reina Liceaga (rúbricas).»

LEY DE AUSTERIDAD PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LOS TRES PODERES DE LA UNION Y DE LOS ORGANISMOS CON AUTONOMIA RECONOCIDA EN LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: La Presidencia recibió también del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del PRD, solicitud de excitativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Excitativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del PRD

Víctor Manuel Báez Ceja, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva que formule atenta excitativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que dictamine la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Austeridad para los Servidores Públicos de los tres Poderes de la Unión y de los Organismos con Autonomía Reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Con fecha 1 de octubre de 2009, en sesión plenaria presenté la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Austeridad para los Servidores Públicos de los tres Poderes de la Unión y de los Organismos con Autonomía Reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva para su estudio y análisis, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Con base en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública debió emitir el dictamen de la citada iniciativa en un tiempo de cinco días siguientes al de la fecha en la que se haya recibido. Sin embargo, han pasado 4 meses desde que se turnó la iniciativa mencionada y la comisión obligada no ha emitido el dictamen correspondiente.

Consideraciones

La iniciativa de ley en comento tiene como propósito establecer los criterios de economía y austeridad que deberán regir para la elaboración, control y ejercicio anual del presupuesto que realicen las dependencias de los tres Poderes de la Unión, los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos, así como los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esto en función de que, ante la reciente crisis económica que se ha vivido a nivel mundial y la incertidumbre que aún prevalece respecto a la economía en nuestro país, es necesario establecer nuevas reglas que reordenen los recursos del presupuesto federal, dando prioridad a los asuntos más sensibles de nuestro país.

No es posible que con los altos índices de pobreza que imperan en México, la numerosa pérdida de empleos durante el último año, los recientes aumentos de precios en los productos y servicios básicos, y en la gasolina, dilapidemos los pocos recursos económicos en una clase política llena de prebendas y privilegios, por lo tanto, debemos poner un alto a esta mala práctica. Pues solo será, hasta que el Estado mexicano limite sus derroches en gasto corriente, que se podrán reorientar los recursos a las áreas estratégicas que permitan combatir la pobreza, impulsar el desarrollo económico y una redistribución más justa de los recursos públicos.

Por ello, los legisladores, como representantes populares, debemos ser los primeros en solidarizarnos con nuestros representados y promover la equidad entre todos los sectores de la población, pues ya no es posible mantener funcionarios privilegiados y ciudadanos empobrecidos.

De ahí la importancia de que esta iniciativa de ley sea dictaminada a la brevedad posible, pues de lo contrario se corre el riesgo de que quede en la llamada “congeladora” legislativa, mientras que es urgente establecer un plan de austeridad.

Por lo anterior, solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que dé trámite a la siguiente

Excitativa

Único. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que dictamine la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Austeridad para los Servidores Públicos de los tres Poderes de la Unión y de los Organismos con Autonomía Reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2010.— Diputado Víctor Manuel Báez Ceja (rúbrica).»

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Asimismo, del diputado Rolando Zapata Bello, del Grupo Parlamentario del PRI, solicitud de excitativa a la Comisión de Gobernación.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Excitativa a la Comisión de Gobernación, a solicitud del diputado Rolando Zapata Bello, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Rolando Zapata Bello, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo reglamentado en los artículos cuarto, párrafo cuarto, quinto, inciso i), y decimoquinto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, se solicita que formule una excitativa a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para que a la mayor brevedad dictamine la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con base en los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha martes 27 de octubre de 2009, el suscrito presentó ante el pleno de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa mencionada a la Comisión de Gobernación para dictaminen.

Consideraciones

Primera. El contenido de la iniciativa es referente a las funciones que deben realizar las delegaciones de las secretarías de Estado en las entidades federativas. Así, basándose en el principio de subsidiariedad, se establece para tales delegaciones una competencia funcional en materias que no son exclusivas de la federación, delimitando su ámbito a actividades de carácter normativo, de supervisión o evaluación para programas que, de acuerdo a los argumentos de la iniciativa, los gobiernos de los estados deben operar y ejecutar.

Segunda. La iniciativa busca contribuir a unaeficiente utilización de recursos y funciones que evite duplicidades y aumente sustantivamente una eficaz coordinación entre órdenes de gobierno; asimismo, que fortalezca el federalismo, al basarse en el principio de la subsidiariedad, estableciendo las competencias adecuadas a la naturaleza de los gobiernos locales y federal.

Tercera. Una finalidad de la iniciativa es que los gobiernos de las entidades federativas con sus dependencias correspondientes puedan ser los que implanten, operen y ejecuten directamente los programas en los que se entregue un beneficio directo a la población y, así, reducir la carga administrativa y presupuestal que implica una parte importante del aparato burocrático y administrativo de algunas delegaciones federales.

Cuarta. En la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de 2010, se han incluido los principios y objetivos fundamentales de la iniciativa en comento, tal como lo evidencian las siguientes determinaciones contenidas en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010:

Artículo 29, inciso b): “Se procurará que la ejecución de las acciones correspondientes a los programas federales que por su naturaleza así lo permitan, sea desarrollada por los órdenes de gobierno más cercanos a la población, debiendo reducir al mínimo indispensable los gastos administrativos y de operación del programa respectivo;”

Artículo 30, apartado II, tercer párrafo : “El gobierno federal y los gobiernos estatales previa opinión de los Comités de Planeación para el Desarrollo o su equivalente y dentro del marco del Convenio de Coordinación respectivo, decidirán a que orden de gobierno corresponde la ejecución de los programas de acuerdo a la naturaleza de cada uno de ellos y a las características de las zonas donde se van a aplicar los programas, para lograr el mejor desarrollo e impacto social de los mismos.”

Transitorio Vigésimo Segundo : “En caso de que se aprueben reformas que modifiquen las estructuras del gobierno federal que ejercen facultades administrativas y de gasto en las entidades federativas, estas, ajustarán sus estructuras a fin de que los ahorros de gasto corriente que eventualmente se generen, se destinarán a proyectos de inversión que cuenten con registro en la cartera de proyectos de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

Quinta. De acuerdo con todo lo anterior, se evidencia la relevancia y pertinencia del tema de las delegaciones federales, por lo que se hace indispensable el análisis y dictaminación de esta propuesta, la cual regula las funciones que realizan en las entidades federativas dichas estructuras de la administración pública federal.

Por las razones expuestas y con fundamento en el artículo 45, numeral 6, incisos c), e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados lo siguiente:

Único. Se excite a la Comisión de Gobernación de la honorable Cámara de Diputados para que, a la brevedad posible, presente el dictamen correspondiente a la iniciativa que con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, turnada el martes 27 de octubre de 2009.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2010.— Diputado Rolando Zapata Bello (rúbrica).»

ARTICULO 133 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De igual manera, de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRD, solicitud de excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRD

Claudia Edith Anaya Mota, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a consideración de esta soberanía en la sesión ordinaria del jueves 10 de diciembre de 2009, iniciativa que reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para elevar a rango constitucional los tratados internacionales de derechos humanos.

El presidente de la Mesa Directiva ordenó se insertará el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y que fuera turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

En virtud del artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala “Toda Comisión deberá presentar dictamen en los negocios de su competencia, dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que los haya recibido. Todo dictamen deberá contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.”,la Comisión de Puntos Constitucionales debió presentar el dictamen de la iniciativa en un tiempo de cinco días siguientes al de la fecha en la que se haya recibido.

Sin embargo, han transcurrido dos meses desde que se turnó la iniciativa en mención, y la comisión no ha emitido el dictamen correspondiente.

Consideraciones

En la iniciativa, solicitud de la presente excitativa señale que la interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecida a través de la tesis P. IX/2007, correspondiente a la novena época, emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro “Tratados Internacionales”, son parte integrante de la ley suprema de la unión y se sitúan jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y locales. Interpretación del artículo 133 constitucional, de fecha abril de 2007, ha determinado que los tratados internacionales se sitúan jerárquicamente debajo de la Constitución federal y por encima de las leyes generales, federales y locales.

Situación que se traduce en la posibilidad de impugnar los derechos consagrados en instrumentos internacionales, por considerar que no están acorde con las disposiciones de la Constitución; hecho que atenta contra el principio de progresividad de los derechos humanos. Pues si bien las Constituciones contienen los principios y ejes rectores de un Estado, no se puede considerar que los tratados internacionales de derechos humanos, que son consensuados en su creación y sometidos a análisis rigurosos para su ratificación e incorporación a los estados como instrumentos normativos, puedan ser contrarios a ésta. Pues, en ellos se plasman las especificidades que en un instrumento de orden constitucional, dada su propia naturaleza, sería imposible especificar y prever.

En virtud de los anterior, propuse que los tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como aquellos que contengan disposiciones en las que los reconozcan, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida que contengan disposiciones sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en la Constitución.

Por lo expuesto, solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Puntos Constitucionales, a fin de que dictamine la iniciativa que reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para elevar a rango constitucional los tratados internacionales de derechos humanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2010.— Diputada Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica).»

ARTICULOS 37, 71, 72 Y 78 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Del señor diputado Felipe Solís Acero, del Grupo Parlamentario del PRI, solicitud de excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Felipe Solís Acero, del Grupo Parlamentario del PRI

Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

Señor diputado Presidente:

Como es de su conocimiento, los días 19 y 20 de junio del año 2008 se celebró un periodo extraordinario, convocado por la LX Legislatura del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos.

Como parte de los trabajos de este periodo extraordinario, la Cámara de Diputados conoció tres dictámenes con proyecto de decreto, cuyo contenido y proceso legislativo aplicado a continuación se describe:

1. Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Contenido

Este proyecto de decreto tiene por objeto modificar el trámite que deben hacer los ciudadanos mexicanos para no perder tal carácter, por prestar voluntariamente servicios o funciones oficiales a un gobierno extranjero, por aceptar o usar condecoraciones extranjeras o por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones. En estos casos el dictamen propone que se deberá solicitar permiso al Ejecutivo federal y ya no al Congreso o a la Comisión Permanente, como ocurre actualmente.

Proceso legislativo

En sesión celebrada el 20 de junio del año 2008, la Cámara de Diputados, como Cámara de origen, aprobó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales por 351 votos a favor y ocho en contra. En consecuencia, en la misma fecha se turnó a la Cámara de Senadores.

La Cámara de Senadores, como Cámara revisora, en sesión celebrada el 28 de abril del año 2009, discutió y aprobó con modificaciones el dictamen de referencia por 76 votos en pro y una abstención; devolviéndolo a Cámara de Diputados para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Cámara de Diputados dio cuenta de la recepción de las modificaciones enviadas por el Senado de la República, en sesión celebrada el 30 de abril del año 2009, dictándose turno a la Comisión de Puntos Constitucionales, en donde se encuentra depositada la minuta devuelta por la colegisladora.

2. Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Contenido

Este proyecto de decreto contiene reformas para establecer que el día de la apertura de cada periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, el presidente de la republica podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite legislativo preferente, las cuales deberán ser discutidas y votadas por ambas Cámaras a más tardar el último día de sesiones ordinarias del periodo que corresponda. Se establece, también, que si transcurrido el plazo antes señalado no se hubiere presentado el dictamen correspondiente, el presidente deberá inmediatamente someter a la consideración del Pleno dichas iniciativas, exceptuando de ese carácter las presentadas en materia electoral y de partidos.

Proceso legislativo

En sesión celebrada el 19 de junio del año 2008, la Cámara de Senadores, como Cámara de origen, aprobó el proyecto de decreto por 105 votos a favor, turnándolo en la misma fecha a la Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados, como Cámara revisora, en sesión celebrada el 20 de junio del año 2008, dispensó la segunda lectura del dictamen de referencia discutiéndose y votándose en esa misma fecha. Al no alcanzar en la votación la mayoría calificada, en votación económica se aprobó devolverlo a la Comisión de Puntos Constitucionales.

3. Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 71, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Contenido

Este proyecto de decreto tiene por objeto ampliar de 10 a 30 días naturales el plazo para que el Ejecutivo federal pueda remitir sus observaciones a un proyecto de ley o decreto aprobado por las Cámaras del Congreso de la Unión. Establece, también, que las observaciones del Ejecutivo deberán ser devueltas a la Cámara que se lo hubiese remitido y, una vez vencido este plazo, el Ejecutivo dispondrá de 10 días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, sin que el Ejecutivo federal lo haga, la ley o decreto se considerará promulgado y el Presidente de la Cámara de origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Los plazos respectivos no se interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente. La propuesta fundamental de este proyecto de decreto es cancelar la posibilidad del llamado “veto de bolsillo” por parte del Ejecutivo.

Proceso legislativo

En sesión celebrada el 15 de abril del año 2003, la Cámara de Diputados, como Cámara de origen, aprobó el proyecto de decreto por 389 votos a favor, 2 en contra y una abstención, turnándolo a la Cámara de Senadores.

La Cámara de Senadores, como Cámara revisora, en sesión celebrada el 19 de junio del año 2008, dispensó la segunda lectura del dictamen de referencia y fue aprobado con modificaciones por 105 votos en pro, turnándose a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El dictamen de referencia se incluyó en el orden del día de la sesión celebrada el 20 de junio del 2008 por la Cámara de Diputados, el cual quedó de primera lectura.

Es el caso que durante la actual legislatura la Comisión de Puntos Constitucionales que conoce de los proyectos apuntados no ha determinado sobre estos importantes asuntos que son de su competencia, en los términos del artículo 87 del propio reglamento.

Por lo anterior y conforme a lo dispuesto por el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, respetuosamente le solicito se formule excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales de esta honorable Cámara de Diputados, para que presente al Pleno los dictámenes relativos a las minutas con proyecto de decreto detalladas en el presente escrito.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2010.— Diputado Felipe Solís Acero (rúbrica).»

LEY DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De igual forma se recibió del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, solicitud de excitativa a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Salud.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:   «Excitativa a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Salud, a solicitud del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Juan Carlos Natale López, diputado federal de la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso p) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 21, fracción XVI; y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente solicita se formule excitativa a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Salud de la honorable Cámara de Diputados, a efecto de que presente el dictamen relativo a la minuta que contiene proyecto de decreto que expide la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El 13 de noviembre de 2007, los senadores María de los Ángeles Moreno Uriegas y Carlos Aceves del Olmo presentaron ante el pleno del Senado de la República la iniciativa por la que se crea la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores.

2. El 30 de abril de 2009, fue aprobado el dictamen de la iniciativa por el Pleno del Senado, con 77 votos a favor, 6 abstenciones y cero en contra.

3. La minuta fue ingresada a la Cámara de Diputados el pasado jueves 3 de septiembre de 2009 y fue turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Salud, con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Consideraciones

Primera. Si bien la iniciativa de Ley de Ayuda Alimentaria fue presentada y aprobada en el Senado de la República en comparación al que ahora registramos, su dictamen y aprobación por la Cámara de Diputados es ya improrrogable dadas las condiciones en las que se encuentra la lacerada economía familiar: De noviembre del 2007, cuando fue presentada la iniciativa, a enero del 2010, la inflación de los artículos de la canasta básica fue del 14.53 por ciento; en el mismo periodo, el salario promedio de los trabajadores que cotizan al IMSS apenas creció, al pasar de 210.9 pesos en noviembre del 2007 a 228.7, es decir, un 8.4 por ciento comparado con la inflación del mismo periodo.

Por otro lado, y a pesar de que el Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en 3.57 por ciento durante 2009, una canasta de 25 productos de primera necesidad se incrementó en un promedio de 7.8 por ciento, de acuerdo con datos reportados por la Procuraduría Federal del Consumidor. Lo anterior obedeció, en gran parte, a la eliminación del subsidio a los combustibles que en enero, la SHCP determinó disminuir de cuerdo a lo dispuesto en la reforma fiscal de 2007. Sin embargo, se prevé que a lo largo del año, se mantenga constante la escalada de los precios en productos de primera necesidad.

Segunda. Con base también a los indicadores de prospectiva económica, los responsables de la política monetaria, crediticia y fiscal del país, aún no pronostican en el corto plazo una recuperación económica sino hasta el 2011. Por lo que mientras la recuperación económica y la capacidad de consumo de las familias y los trabajadores se mejoran, se requieren políticas que protejan a la clase trabajadora del país.

Tercera. El pasado 25 de enero de los presentes, el titular del Ejecutivo federal presentó el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria: Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad. Durante la presentación, señaló el Ejecutivo que “el 70 por ciento de los adultos en México están excedidos de peso, así como 4 millones y medio de niños entre los cinco y los 11 años. De 1980 a la fecha, el porcentaje de mexicanos y mexicanas con sobrepeso u obesidad se ha triplicado en casi 30 años”. De este modo, el Ejecutivo urgió a los distintos sectores, entre ellos a los industriales; medios de comunicación y autoridades responsables en la materia a atender el problema de obesidad ya que México es el primer país con problemas producto del sobrepeso y obesidad tanto en adultos como en niños.

Quinta. De acuerdo a uno de los objetivos de dicho plan propuesto por el Ejecutivo, se encuentra el relativo al fomento de mejores estilos de vida entre los trabajadores de las industrias y de la misma sociedad que consume sus productos y utiliza sus servicios. De igual modo, el acuerdo señala que entre las acciones que deberán emprender las dependencias gubernamentales, concierne a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a promover la actividad física y la alimentación correcta en los centros de trabajo.

Sexta. Independientemente de que La Ley de Ayuda Alimentaria tiene el propósito de ser un mecanismo legal para compensar y apoyar directamente la economía de los trabajadores y sus familias, tiene los objetivos fundamentales de incidir en la dieta correcta para los trabajadores y sus familias con una mayor calidad nutricional; de que se reduzcan los accidentes de trabajo y se aumente la productividad elevando en su conjunto, la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.

De hecho, un aumento del 1 por ciento en el consumo de calorías en la dieta habitual de los trabajadores resulta un incremento del 2.27 por ciento en la productividad. Los esquemas de ayuda alimentaria han demostrado además que: impulsan el estado de ánimo; reducen el número de accidentes y días de ausentismo por enfermedad; disminuyen los costos en los servicios de salud a largo plazo; se eleva el PIB y los ingresos fiscales nacionales, ya que por un lado, se generarían empleos del sector de restaurante y alimentos, así como de la industria agroalimentaria y, por el otro lado, el gobierno lograría una disminución en los niveles de evasión, lo cual generaría mayor nivel de recaudación de impuestos y la reducción a largo plazo de los costos en los servicios de salud.

En suma, la presente excitativa tiene como propósito el de alentar, dado el debate y el contexto económico, laboral y de salud pública del país, el dictamen de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores a efecto de contribuir a disminuir los problemas relacionados con la obesidad y el sobrepeso entre los trabajadores y sus familias mejorando así su calidad y estilo de vida; además de que dicha ley, conjuntamente con otras disposiciones de normas oficiales, sentarían las bases para la transición de un régimen alimentario obesigénico y desequilibrado a uno nutrimental basado en términos de salud pública, ahorro y economía productiva y calidad nutricional dados los altos índices progresivos de mortandad por enfermedades relacionadas con la obesidad y el sobrepeso.

Por lo expuesto, y habiéndose cumplido el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de las atribuciones que me confiere el marco normativo de ésta soberanía, me permito solicitarle ciudadano presidente, la siguiente

Excitativa

Única. Excitativa a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Salud de la honorable Cámara de Diputados, a efecto de que presenten dictamen relativo a la minuta que contiene proyecto de decreto que expide la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores aprobada por el Senado de la República el 30 de abril de 2009 y remitida minuta a esta soberanía el jueves 3 de septiembre de 2009; y en caso, de que las comisiones no presenten el dictamen respectivo durante el segundo periodo ordinario del primer año de ejercicio legislativo, se proponga un cambio de turno a otra comisión de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, durante el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura, a los 25 días del mes de febrero del año 2010.— Diputado Juan Carlos Natale López (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De conformidad con lo que establece la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones mencionadas para que emitan los dictámenes correspondientes.

Vamos a dar cuenta de documentos y acuerdos enviados de la Junta de Coordinación Política.

Proceda la Secretaría a darnos cuenta de los acuerdos recibidos hasta este momento de la Junta de Coordinación Política.

CEDULA DE IDENTIDAD CIUDADANA

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al IFE y a la Segob a suspender la instauración de cualquier convenio destinado a desarrollar el proyecto de la cédula de identidad ciudadana

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo decimocuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presenta el diputado Canek Vázquez Góngora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta al Instituto Federal Electoral y a la Secretaría de Gobernación a suspender la instauración de cualquier convenio destinado a desarrollar el proyecto de la cédula de identidad ciudadana.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2010.— Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputada Josefina Vázquez Mota, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Reyes Tamez Guerra, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado.

Continuamos con la agenda política del orden del día.

Se retira del orden del día el tema que fue inscrito acerca de los comentarios en torno a los asesinatos en Ciudad Juárez, igualmente se retiran del orden del día los comentarios sobre las controversias constitucionales presentadas por diversos gobiernos estatales respecto de las leyes vigentes en el Distrito Federal.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el señor diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para comentar sobre los actos de saqueo y corrupción de Pemex. Sonido para el diputado Fernández Noroña.

VERIFICACION DE QUORUM

El diputadoJosé Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Antes de que me dé la palabra, diputado presidente, me parece que no podemos seguir trabajando en estas condiciones. Es una falta de respeto a todos, es evidente que no hay quórum y le solicito que verifique si hay quórum en la sesión. Lo pido con todo respeto y con toda energía, porque francamente no es la manera en que debemos trabajar en este pleno.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señor diputado, evidentemente sus comentarios tienen validez. Sin embargo, en este momento la presencia de diputadas y diputados ha estado mejorando, por lo cual consideramos que debemos continuar con la agenda de este día. Ha mejorado, una vez que han estado saliendo del trabajo de comisiones, sobre todo para efecto de poder continuar con la sesión.

PETROLEOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene usted el uso de la palabra para hacer referencia a los actos de saqueo y corrupción de Pemex que registró usted oportunamente.

El diputadoJosé Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Compañeros diputados, compañeras diputadas, quiero comentarles, en primer lugar, que desde aquí arriba francamente mucho quórum no se ve. Me parece no sólo que no hay, sino que es una doble rudeza innecesaria –y miren quién se los está diciendo.

Es una doble rudeza innecesaria porque, por un lado, no hay quórum y nos estamos maltratando en una sesión larguísima, que todo mundo ya está hasta las orejas, si me permiten el término.

Por otro lado, si ya le dimos su tratamiento especial hoy al diputado César Nava, por qué darle uno segundo. Francamente me parece excesivo, pero ya que pide el cliente que se lo apliquemos, lo tendré que hacer.

El libro Camisas azules, manos negras documenta con muchísima seriedad los actos de corrupción que durante los gobiernos panistas se han venido desarrollando en torno a Petróleos Mexicanos. Es una investigación de la reportera Ana Lilia Pérez, que trabajó primero para Excélsior y después trabaja en la revista Contralínea.

El trabajo que ella y Miguel Badillo han venido desarrollando les ha ganado una frecuente persecución, amenazas de muerte, amenazas a su familia, a su integridad y a su seguridad.

El documento a que estoy haciendo alusión viene absolutamente documentado, valga la redundancia, con los expedientes de la Secretaría de la Función Pública primero, después de la Contraloría y de la Auditoría Superior de la Federación, y precisa puntualmente:

Primero. Los contratos que César Nava realizó con despachos privados desde su responsabilidad como abogado general de Petróleos Mexicanos, a pesar de que tenía abogados adscritos para esto, llegando al grado de contratar a un despacho privado para defender a Pemex de una denuncia que le hizo el ayuntamiento de Coatzacoalcos para que pagara impuestos que no correspondían y ese mismo despacho era el que a nombre del ayuntamiento de Coatzacoalcos estaba demandando a Petróleos Mexicanos.

Se señala una obra pública, un túnel ahí en Coatzacoalcos, que el actual alcalde Montiel, desde su gestión anterior, hace más de 3 años, acordó con César Nava para llevarse una parte de los casi 900 millones de pesos que le sacaron a Petróleos Mexicanos y comprometer la mayor parte de esta cantidad para una obra pública en el citado ayuntamiento.

Hicieron lo mismo con Cosoleacaque, que también está documentado en el libro que estoy comentado.

Pero no queda ahí la responsabilidad de César Nava. A él le debemos los contratos de servicios múltiples en la cuenca de Burgos, que abrió bajo el falso argumento de que la entrada del capital privado –léase las trasnacionales del gas– a la zona harían que la importación desapareciera, que mejorara el abasto, que bajaran los precios. Lo cual no sólo no ha sucedido, sino que han devastado las zonas, han generado desempleo, han generado miseria y han generado altos niveles de corrupción, a tal grado que Repsol, que tiene uno de los grandes bloques de explotación en esta zona de cuenca de Burgos, tiene sólo 5 empleados adscritos, 2 vehículos y nada más, porque Schulemberger es la que les hace todo el trabajo, porque hacen a su vez una subcontratación y esto, en este tipo de negocios, en este tipo de procesos para ir desmantelando a Petróleos Mexicanos está vinculado César Nava.

Está el caso escandalosísimo de los Bribiesca Sahagún, que me parece que esta soberanía debe formar una comisión especial que vaya a fondo y en serio con el asunto que se conoce como de Oceanografía, pero que en realidad tiene muy diversas ramificaciones, porque han venido cambiando de nombre las empresas.

Ya lo comenté alguna vez aquí en tribuna, un contrato de 100 millones de dólares para un buque-tanque, que si lo compra Pemex nuevo vale 25 millones de dólares. O sea, se paga por un arrendamiento cuatro veces lo que vale el buque.

Pero además, se han metido embarcaciones en mal estado que han generado accidentes, que han generado pérdidas, que han generado resoluciones de los órganos internos del gobierno en turno que se le deben retirar todos los contratos y todas las concesiones a esta gente y, sin embargo, se mantienen hoy aquí, ahora, a la fecha ese tipo de contratos.

Está el caso también de la familia Mouriño, que en paz descanse el español, pero que su familia sigue saqueando al país en torno a los negocios y a las concesiones de Petróleos Mexicanos.

Están absolutamente documentados, no solamente los negocios derivados del petróleo, sino el uso de recursos de programas gubernamentales de apoyo –en el colmo de la desvergüenza– para zonas deprimidas que se anunció con esa característica y que les fueron entregados a la familia de Mouriño, para abrir cadenas de hamburgueserías de Burger King en los más diversos puntos del sureste que no tiene nada que ver con zonas con dificultades económicas y que han sido beneficiarios de este tipo de programas y de este tipo de apoyos económicos.

Está en el libro, muy documentado el asunto de Nordhausen, primero senador y presidente de la comisión en el Senado de Energía, y luego, diputado y presidente de la comisión respectiva, haciendo tropelía y media, negocios al cobijo del poder, vinculando a su familia, a sus empresas al desarrollo de negocios en torno a Petróleos Mexicanos.

Lo que les quiero decir con este tema es que hasta dónde se va a permitir el desmantelamiento de la riqueza principal que tiene el país, que es el petróleo. Hasta cuándo vamos a poner un alto a este saqueo criminal.

Criminal, porque el dinero que debería ser para beneficio de todos los mexicanos y mexicanas, en obra pública, en educación, en vivienda, en empleo, en mejores condiciones de vida está llevándoselo una minoría rapaz y voraz que de manera corrupta, de manera prepotente han estado saqueando la riqueza nacional.

Un libro de estas características en cualquier régimen medianamente democrático obligaría a la renuncia del gobierno responsable de estas tropelías. Aquí, el libro tiene 10 días en las librerías y cómo si no pasara nada.

Quiero por cierto decir, que una de las razones por las que voté en contra de la licencia de César Nava es para que estuviera aquí presente y tuviera oportunidad de defenderse y de decir qué pensaba sobre todas estas acusaciones, imputaciones ampliamente documentadas que se están haciendo.

Está claro que este gobierno que estamos sufriendo premia a los delincuentes. No me sorprendería que Molinar Horcasitas después de haber sido señalado como responsable, corresponsable del asunto de los niños muertos de la guardería ABC sea promovido a secretario de Gobernación. No me sorprendería que César Nava después de esto sea promovido a secretario de Comunicaciones y Transportes y que después deriven sus negocios, ahora, ya no sólo en el petróleo, sino en el área de comunicaciones, lo cuál sería el colmo de la desvergüenza.

Estamos viviendo tiempos canallas, estamos viviendo tiempos de un deterioro brutal de las instituciones de la República, de una doble moral y de una hipocresía francamente que da náusea. Creo que frente a este tipo de cosas debemos tomar decisiones de fondo.

Termino planteando, me parece que la agenda política no solamente debe ser un espacio de reflexión sobre los grandes problemas que están dándose en el país, sino que debe derivar en decisiones concretas.

Le planteó a esta soberanía que debe constituirse una comisión plural del más alto nivel de esta soberanía, para hacer las investigaciones de las denuncias ampliamente documentadas en este texto por la periodista Ana Lilia Pérez.

Y que debemos parar ya de manera definitiva el saqueo que se viene dando en torno a Pemex y al petróleo que, les guste o no les guste a algunos y le pese a quien le pese, es de todos los mexicanos, no es propiedad de una administración, no es propiedad de un gobierno, no es propiedad de un partido, no es propiedad de una fracción, no es propiedad de un grupo de familias, sino es propiedad de todos los mexicanos.

Les agradezco mucho, compañeros y compañeras diputadas.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No hay ningún orador inscrito en este tema. Diputado Cárdenas Gracia, pase usted.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, yo creo que este libro al que hace alusión nuestro compañero Gerardo Fernández Noroña Camisas azules, manos negras, debería invitar no solamente a la reflexión de esta asamblea, sino también a la toma de medidas tanto legislativas como de control por parte de la Cámara de Diputados.

Es conocido, es lugar común, que en México una de las instituciones en donde prevalece la corrupción en todos los niveles es en el organismo descentralizado Petróleos Mexicanos. Y esto tiene explicación, razón de ser. Solamente hay que recordar o traer a la memoria que el 50 por ciento de la contratación que realiza el gobierno federal es verificada por Petróleos Mexicanos, que las compras, que los contratos que celebra Pemex muchas veces se dan mediante el procedimiento de adjudicación directa o invitación restringida, que muy pocas veces existen licitaciones públicas.

Hay que recordar que la reforma petrolera aprobada en 2008 favorece la opacidad y la falta de transparencia. ¿Por qué? Por ejemplo, a partir de la reforma petrolera de 2008, la Secretaría de la Función Pública tendrá menos atribuciones de control y fiscalización en Pemex. Serán los propios órganos, los comités del Consejo de Administración de Pemex, los que realizarán la fiscalización interna en Petróleos Mexicanos, y la función pública pierde competencias. Es conocida también la proverbial falta de transparencia en Petróleos Mexicanos, la opacidad, por ejemplo, que existe en las contrataciones.

Hoy estuve en una reunión interna del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y uno de los consejeros independientes nos decía, por ejemplo, que las actas de sesiones del Consejo de Administración de Pemex no son públicas, es decir, el Consejo de Administración de Pemex, un órgano que entrega el 50 por ciento de los contratos gubernamentales de este país no sesiona públicamente y las actas de sesiones del Consejo de Administración tampoco son públicas.

El libro Camisas azules, manos negras expresa claramente cómo muchos políticos, tanto de la época del PRI como ahora de la época del Partido Acción Nacional, se han enriquecido a la sombra de Petróleos Mexicanos y de los negocios que se celebran bajo la sombra de Petróleos Mexicanos.

En ese libro –ya lo mencionó Gerardo Fernández Noroña– se reseñan negocios del fallecido secretario de Gobernación, Mouriño, del ex director de Pemex, Reyes Heroles, que no tiene nada que ver con su padre, de otros políticos como el senador Bueno Torio o el senador Nordhausen y otros muchos más que han hecho negocios al amparo de Petróleos Mexicanos.

Creo que es un tema que debemos tomar con mucha seriedad. Por ejemplo, propongo, al igual que mi compañero Gerardo Fernández Noroña, que esa publicación debiera ser parte de la tarea de una comisión de investigación que se integrara en esta Cámara de Diputados para verificar si la información que consta en ese libro es cierta, como yo creo que lo es. Además, para determinar posibles responsabilidades políticas, penales o administrativas de los servidores públicos en esos hechos y conductas implicados.

Me parece también que esta Cámara de Diputados debe exigir a Pemex y a sus organismos subsidiarios la transparencia plena –como ya dije en alguna ocasión aquí– de todos los contratos que celebra Petróleos Mexicanos.

Debemos exigir, sin lugar a dudas, que haya transparencia contrato por contrato en todo el clausulado de los convenios que celebre Pemex con las empresas petroleras extranjeras y las empresas de servicios de otros países. Tenemos graves obligaciones como legisladores.

Me parece también, por estos hechos que se narran en el libro, en donde aparecen senadores que son presidentes o diputados, que son miembros de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados o de Senadores, que debemos tomarnos muy en serio la aprobación de una modificación que la Cámara de Diputados no ha atendido en materia de incompatibilidades parlamentarias.

No se puede ser legislador y representar el interés general de la República y al mismo tiempo tener negocios privados. Debemos prohibir cualquier tipo de negocio privado cuando estamos en encargos, como el del ser legislador de la República. Debemos regular también en este Congreso los conflictos de interés y debemos establecer reglas muy precisas en torno al cabildeo.

Más allá de los hechos y de las responsabilidades de cada funcionario –termino, compañero, esto es más importante que los minutos...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Termino, señor presidente. Es muy importante que tomemos las medidas institucionales para diseñar categorías jurídicas, instituciones...

La diputada Adriana Fuentes Cortés (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputado. Diputada Fuentes, dígame.

La diputada Adriana Fuentes Cortés (desde la curul): No tengo sonido.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Que eviten el conflicto de interés...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputado, por favor.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Sí, como no.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputada, dígame.

La diputada Adriana Fuentes Cortés (desde la curul): No es mi intención interrumpirlo, que concluya el diputado.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Entonces que termine el señor diputado. Pensé que era alguna pregunta, algo para el diputado. Disculpe.

Sí, diputado, continúe, disculpe usted.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Creo que es muy importante que legislemos en torno a las incompatibilidades parlamentarias, a los conflictos de interés, al cabildeo y desde luego, que aprobemos una nueva Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública para que no exista poder fáctico o asunto que tenga que ver con los contratos del Estado, que pueda considerarse información reservada o confidencial.

Mucho me temo, señor presidente, que en estos contratos que en el futuro celebrará Pemex no tendremos acceso a la información completa de su clausulado, porque las autoridades de Pemex invocarán secreto industrial, secreto empresarial y los ciudadanos nos quedaremos sin conocer qué es lo que está ocurriendo en la industria petrolera nacional.

Termino diciendo que me sumo a la propuesta del diputado Gerardo Fernández Noroña, para que constituyamos en esta Cámara una comisión de investigación, en los términos del artículo 93 de la Constitución, para saber si los hechos que narra ese libro son ciertos y poder deslindar responsabilidades de los funcionarios y servidores públicos implicados. Muchas gracias a todos ustedes, compañeros.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado.

La diputada Adriana Fuentes Cortés (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputada Fuentes, dígame.

VERIFICACION DE QUORUM

La diputadaAdriana Fuentes Cortés (desde la curul): Diputado presidente, respetuosamente le solicito que hiciera usted una verificación de quórum.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Es coincidente su propuesta con lo que han hecho otros diputados. Evidentemente nos encontramos en este momento con una falta de quórum en esta asamblea, por tanto es procedente.

Declaramos ausencia de quórum.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (a las 16:39 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 4 de marzo a las 10 de la mañana, informándoles que estará abierto el sistema electrónico a partir de las 8:30 horas.

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RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 5 horas 8 minutos
• Quórum a la apertura de sesión: 274 diputados
• Asistencia al cierre de registro: 395 diputados
• Declaratoria que reforma la fracción II de la Base Cuarta del Apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Pronunciamiento de la Mesa Directiva
• Minuto de silencio: 1
• Diputado que solicita licencia: 1
• Diputado que se reincorpora: 1
• Diputada suplente que se incorpora: 1
• Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1
• Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 6
• Temas de agenda política tratados: 1
• Oradores que participaron: 77
PRI          31PAN         13 PRD          7 PVEM       5 PT                        16 NA            4 Conv.        1
Se recibieron o presentaron:
• 4 oficios de la Junta de Coordinación Política con los que comunica cambios en la integración de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social; de Seguridad Social; de Economía; de Recursos Hidráulicos; Especial de Citricultura, Especial Encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur sureste de México; de Presupuesto y Cuenta Pública; de Gobernación; de Fortalecimiento al Federalismo; Especial sobre la no discriminación; Especial de Competitividad; de Marina; de Radio, Televisión y Cinematografía; de Defensa Nacional; Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación con los feminicidios registrados en México; Especial para la Familia; Especial sobre la no discriminación; Especial de la Industria Automotriz; Especial en materia de protección civil; Especial de la industria manufacturera de exportación; y en el Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria
• 1 minuta con proyecto que declara reformada la fracción II de la Base Cuarta del Apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se realiza la declaratoria;
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite informe sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro;
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el IV Informe Trimestral de 2009 respecto de la Operación y Gestión de Petróleos Mexicanos;
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el Informe de Avance del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios;
• 3 oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados;
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente;
• 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
• 7 iniciativas del PRI;
• 2 iniciativas del PAN;
• 1 iniciativa del PRD;
• 2 iniciativas del PVEM;
• 1 iniciativa del PT;
• 4 iniciativas de Nueva Alianza;
• 17 proposiciones con puntos de acuerdo;
• 6 excitativas a comisiones
Dictámenes de primera lectura:
• 1 de la Comisión de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;
• 1 de la Comisión de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 y adiciona los artículos 33, 43 y 44 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;
• 1 de la Comisión de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 24 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;
• 1 de la Comisión de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto que reforma el artículo 84 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable
Dictámenes aprobados:
• 1 de la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma el primer y segundo párrafos del artículo 16 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación;
• 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emprender acciones mediante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con los gobiernos de Puebla y de Tlaxcala, para sanear la cuenca del río Atoyac-Zahuapan;
• 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades para que refuercen las acciones de protección, recuperación y vigilancia en el Parque Nacional La Malinche ubicado en los estados de Puebla y Tlaxcala;
• 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a instalar la mesa de diálogo sobre el Proyecto de Sistemas de Desarrollo Sustentable que plantea construir el confinamiento de desechos tóxicos y peligrosos más grande de Latinoamérica en el municipio de Zimapán, Hidalgo;
• 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a garantizar que los árboles de Navidad naturales de importación cumplan con la normatividad en materia de sanidad forestal;
• 1 de la Comisión de Juventud y Deporte, con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversos congresos estatales a crear una Comisión de Juventud y Deporte, y a los Gobiernos Estatales y Municipales a crear órganos administrativos de apoyo a la Juventud y el Deporte Nacional;
• 1 de la Comisión de Comunicaciones, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para Prevención de Actividades Ilícitas a través de Servicios Móviles de Telecomunicaciones;
• 1 de las Comisiones Unidas de Energía, y de Comunicaciones, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de la Ley Federal de Telecomunicaciones;
• 1 de la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación;
• 1 de la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior;
• 1 de la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor;
• 1 de la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 10 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor;
• 1 de la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 3o. de la Ley Federal de Competencia Económica;
• 1 de la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1399 del Código de Comercio;