SUMARIO

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Presidencia del diputado Francisco Javier Salazar Sáenz

ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Pido a la Secretaría haga del conocimiento de la Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de señores diputados y señoras diputadas.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 260 diputadas y diputados. Por tanto hay quórum.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz (11:00 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden día. Las diputadas y los diputados que se encuentren presentes y estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Se dispensa la lectura.

«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.— Primer Año de Ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Jueves 4 de marzo de 2010.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Mesa Directiva

Protesta de diputados.

De la Junta de Coordinación Política.

Del Instituto Nacional de Migración

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: Juan Manuel García Camarillo, Sergio Morales Gómez y María Luisa Tovar Hernández, puedan prestar servicios en la Embajada del Japón en México y en el Consulado de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco, e informa que los ciudadanos María de Lourdes Guzmán Contró y Araceli Minerva Fabián Vargas, dejan de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos José Mauricio Fernández Maya y Alejandro Maciel Garza, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en el Consulado de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León. (Turno a Comisión)

Con el que envía el informe semestral de avances y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, abril-septiembre de 2009.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

Dos, con los que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente.

Oficios de la Cámara de Senadores

Por el que comunica la apertura de su segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.

Iniciativas

Que reforma el artículo 124 y adiciona un artículo 124 Ter a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ignacio Téllez González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, suscrita por las diputadas Tomasa Vives Preciado y Sonia Mendoza Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 46 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Ovidio Cortázar Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 17 Bis a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, a cargo del diputado Baltazar Martínez Montemayor, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 203 Ter y reforma el artículo 204 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Velia Idalia Aguilar Armendariz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gastón Luken Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Margarito Bernardo Téllez Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 34 y 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Luis Jaime Correa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Precios Competitivos, a cargo del diputado Mario di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 22 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 40 y deroga los artículos 41, 42 y 43 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Alejandro Gertz Manero, del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley Federal de Extinción de Dominio y expide la Ley General de Protección a Víctimas del Delito, Reglamentaria del inciso c) del artículo 20 Constitucional, a cargo del diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Mary Telma Guajardo Villareal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3 y 10 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a evitar o, en su caso, dejar sin efecto, a través de la SCT, el nombramiento de Seferino Salgado Almaguer como delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el estado de Nuevo León, a cargo del diputado Benjamín Clariond Reyes Retana, y suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y a la STPS a evitar un golpe de mano en contra de las huelgas de los mineros de Cananea, Sombrerete y Taxco, a fin de que prevalezcan en todo momento las vías del dialogo y la legalidad, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a efecto de que requiera a los titulares de la Segob y de la PGR para que, de manera inmediata, ofrezcan disculpas públicas y reivindiquen el nombre, prestigio y honor de los quince servidores públicos del estado de Michoacán que fueron liberados por resultar inocentes de las acusaciones vertidas en su contra, en el marco del operativo de combate al narcotráfico que se llevo a cabo en dicha entidad en el mes de mayo de 2009, por el cual se vieron injustamente recluidos por más de ocho meses, que fueron puestos en libertad en días recientes, a cargo del diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que el Presidente de la Mesa Directiva de esta soberanía presente, en tiempo y forma, controversia constitucional ante la SCJN en contra de las disposiciones administrativas de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, publicadas el día 6 de enero de 2010 en el Diario Oficial de la Federación, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Profeco y a la Secretaría de Economía que promuevan la producción, venta y uso de juguetes que sirvan para ejercitar y estimular la mente y despierten en niños, niñas y adolescentes el respeto a la vida, la lealtad, el respeto al adversario, la comprensión, la tolerancia y el entendimiento entre los hombres, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la seguridad de México, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a coordinarse con el del Estado de San Luis Potosí, a través de la Semarnat y de la Profepa, para elaborar e implementar un programa de acción para la conservación de las especies silvestres en peligro de extinción, así como estrategias para combatir su venta ilegal en el municipio de Guadalcázar, de esa entidad, a cargo del diputado Juan Pablo Escobar Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la STPS con relación a la pérdida de empleos y la estrategia anunciada por el presidente de la república en su mensaje de año nuevo, así como para que informe sobre la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y la asunción de sus funciones por la CFE, a cargo del diputado Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener a revisar, a través de la Comisión Reguladora de Energía y a la Profeco, las condiciones de operación comerciales y de establecimiento del precio de venta de la empresa Gas Natural de Juárez, SA de CV, y de resultar procedente, se sancione mediante la cancelación de la concesión, a cargo de la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia de la titular de la Sener, a fin de puntualizar la estrategia petrolera, la implementación de las reformas en materia de energía aprobadas por esta soberanía y los conflictos de su gobierno corporativo, a cargo del diputado Ramón Ramírez Valtierra, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ALDF a reformar el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a efecto de que el presupuesto ejercido por los entes públicos sea publicado a nivel partida presupuestal y por unidad administrativa responsable de ejecutarlo, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares del Ejecutivo federal, de la Segob, de la SSP y de la SS diversos informes con el fin de esclarecer los trágicos asesinatos de dieciséis adolescentes en Ciudad Juárez en días recientes, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que solicita a los titulares de la PGR y de la SSP que, en su calidad de miembros de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, continúen llevando a cabo las acciones pertinentes, en conjunto con los demás miembros de la comisión, den protección y asistencia a las víctimas de este delito e impulsen programas en forma permanente con el propósito de prevenir dicho ilícito, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol y a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra a abocarse a la reubicación del asentamiento humano en zona federal que se encuentra sobre la avenida las Torres, en el tramo comprendido entre Bordo de Xochiaca y la avenida Texcoco, Ciudad Nezahualcóyotl, estado de México, a cargo del diputado Omar Rodríguez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SSP y al Gobierno del estado de Sinaloa a llevar a cabo una investigación e implementar medidas para deslindar responsabilidades a todos aquellos policías que extorsionan al autotransporte público de carga en dicho estado, a cargo del diputado Adolfo Rojo Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos del estado de México y del Distrito Federal a realizar una investigación sobre las corporaciones policíacas y se deslinden responsabilidades a todos aquellos agentes de tránsito que abusan y extorsionan a los conductores con placas de otros estados que circulan por su jurisdicción, a cargo de la diputada Adriana Fuentes Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la SHCP a llevar a cabo un estudio integral para la aplicación de tarifas de peaje diferenciadas, como medida para incentivar al sector del autotransporte, el cual ha sido afectado por la crisis económica, a cargo del diputado Gumercindo Castellanos Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a considerar prioritario, a través del programa Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, haciendo uso de los recursos asignados para Ejercicio Fiscal 2010, el apoyo a la comercialización de trigo de productores del Valle de Mexicali, Baja California, a cargo del diputado Sergio Tolento Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a liberar, a través de la Segob, los recursos del Fonden para el municipio de Tijuana, que ha sido afectado por un nuevo frente frio y lluvias de fuertes a intensas y poder atender la contingencia en dicha entidad federativa, a cargo del diputado Óscar Martín Arce Paniagua, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a las autoridades federales y estatales que intensifiquen las labores de investigación de los asesinatos de periodistas que han sido radicados bajo su jurisdicción y que aún se encuentran pendientes de resolver, a cargo de la diputada María Yolanda Valencia Vales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a realizar lo conducente a efecto de evitar el daño ecológico, económico y social a la zona denominada Sierra de la Laguna, en Baja California Sur, con el establecimiento del proyecto minero Paredones Amarillos, a cargo de la diputada Esthela de Jesús Ponce Beltrán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Gobierno del Estado de Durango a informar a esta soberanía sobre los hechos ocurridos el pasado 20 de enero en el Cereso número 1, así como el avance y resultado de las investigaciones, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sedesol y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desa-rrollo Social que proporcionen información concreta sobre la utilización de los datos de medición de pobreza, las correcciones, modificaciones y/o supresiones de programas que hayan sido resultado de la aplicación de dichas evaluaciones, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al incumplimiento del gobierno federal del envío del Plan de Reducción de Emisiones a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, a cargo del diputado Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la PGR que envíe un informe detallado sobre el estado que guarda la denuncia presentada por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Legítimo, sobre quiénes causaron la actual tragedia nacional, a cargo del diputado Mario di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud que incremente los recursos destinados a prevenir y atender a las víctimas de cáncer; así como a la Comisión de Salud de esta soberanía, a convocar al titular de dicha dependencia para que explique por qué el costo de atención a enfermedades catastróficas está muy por encima del promedio del IMSS, a cargo del diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a instruir para que la Secretaría de Salud informe a esta soberanía sobre los recursos que hubiere utilizado el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, a fin de atender las acciones derivadas del brote de influenza atípica; así como respecto de los mecanismos que se estén implementando, en su caso, para recuperar los recursos respectivos al Fideicomiso Administrador del Fondo y las acciones futuras derivadas del mismo, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobernador del estado de Chihuahua a rendir un informe detallado y puntual sobre las investigaciones relativas a la masacre de jóvenes ocurrida el pasado 31 de enero de 2010 en Ciudad Juárez, así como crear una Comisión Especial para dar seguimiento a dichos asesinatos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol, así como a la Comisión de Desarrollo Social de esta soberanía a crear un programa especial en apoyo a migrantes que a causa de la crisis económica mundial quedaron sin empleo y están de vuelta en nuestro país, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la SCT ante el Pleno de esta soberanía a efecto de que explique por qué tuvo un subejercicio en 2009 de cerca de quince mil millones de pesos, a cargo del diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo Nacional de Energía para que, en la estrategia nacional de energía que envíe al Congreso para su ratificación, considere la propuesta alternativa que se presenta, y que la Comisión de Energía de esta Soberanía atienda este proyecto en el dictamen correspondiente, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y suscrita por diputados integrantes diversos Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la STPS para que coordine y elabore un programa de empleo para los jóvenes del país, con la participación que corresponda a las demás entidades del gobierno federal, tomando en cuenta la asignación de recursos del Presupuesto para 2010, a cargo del diputado Onésimo Mariscales Delgadillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados a dictaminar el proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo 4 y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 constitucionales y se amplíe el turno a la Comisión de Juventud y Deporte para que emita su opinión al respecto, suscrita por la diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se insta al Conacyt a otorgar a los beneficiarios la prórroga de la beca de manutención por un año a que tienen derecho para la conclusión de sus estudios de posgrado, a cargo de la diputada Mary Telma Guajardo Villareal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se establece el procedimiento de foro, preguntas a funcionarios y dictaminación que debe seguir la Comisión de Energía en la ratificación, modificación o rechazo de la estrategia nacional de energía, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a incrementar, a través de la Secretaría de Salud, las acciones para la detección, prevención, tratamiento y control del cáncer con programas de difusión dirigidos a la población, así a mejorar la infraestructura, el equipamiento, aumento del personal de salud y surtimiento de medicamentos, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a entregar a esta soberanía, a través de Petróleos Mexicanos, un informe detallado sobre los avances en la exploración y explotación de los yacimientos transfronterizos compartidos con los Estados Unidos de América y Cuba, a cargo del diputado Rafael García Bringas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob y a la SHCP que destinen una partida presupuestal del Fonden para sufragar los gastos de capacitación, técnicas de rescate, paramédicas, primeros auxilios, así como para equipo y medicamentos de la brigada de rescate Topos Tlatelolco, AC, entre otras, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Excitativa

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Jesús Ramírez Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Agenda política

Comentarios con relación al 93 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Muchas gracias. Las diputadas y los diputados por la negativa.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes dos de marzo de dos mil diez, correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura

Presidencia del diputadoFrancisco Javier Ramírez Acuña

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 274 diputadas y diputados, a las 11 horas con 31 minutos del martes 2 de marzo de 2010, el presidente declaró abierta la sesión.

En votación económica se dispensó la lectura del orden del día y enseguida del acta correspondiente a la sesión anterior, la que se aprobó de la misma manera.

Solicita licencia el diputado Leandro Rafael García Bringas, del Partido Acción Nacional, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el XI distrito electoral del estado de Veracruz, a partir de esta fecha, por tiempo indefinido. En votación económica se aprobaron los puntos de acuerdo por los que se concedió la licencia solicitada y se llamó al suplente. Comuníquense.

La Secretaría dio lectura al oficio del diputado Sergio González Hernández, por el que informa la reincorporación a sus actividades legislativas a partir del primero de marzo de 2010. De enterado. Comuníquese.

El presidente informó a la asamblea que la ciudadana Violeta Avilés Álvarez, diputada federal suplente electa en el I distrito del estado de Oaxaca, se encontraba a las puertas del salón de sesiones y designó una comisión para introducirla al recinto y acto seguido rindió protesta y entró en funciones.

Se sometieron a consideración de la asamblea los siguientes cambios de los diputados:

a) Del Partido Acción Nacional:

• María Matilde Díaz de León cause alta como integrante en las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social, y de Economía.

• Humberto Macías Romero cause alta como integrante en la Comisión de Recursos Hidráulicos.

• Bernardo Margarito Téllez Juárez cause alta como integrante en la Comisión Especial de Citricultura.

• Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza cause alta como integrante en la Comisión Especial de Citricultura.

• Caritina Saénz Vargas cause baja como integrante de la Comisión de Marina.

• Luis Enrique Mercado Sánchez cause baja como integrante en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

• Humberto Macías Romero cause alta como integrante en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

• Sixto Alfonso Zetina Soto cause baja como integrante en la Comisión de Defensa Nacional.

• Gabriela Cuevas Barron cause alta como integrante en la Comisión de Defensa Nacional.

• Enrique Octavio Trejo Azuara causa baja como integrante en el Comité del Centro de Estudios para el Desa-rrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria.

• Javier Bernardo Usabiaga Arroyo cause alta como integrante en el Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria.

• Laura Elena Estrada Rodríguez cause baja como integrante en la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los feminicios registrados en México.

• Carlos Alberto Pérez Cuevas y Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes causen alta como integrantes en la Comisión Especial para la Familia.

• Alejandro Bahena Flores cause alta como integrante de la Comisión Especial de la industria automotriz en materia de protección civil, y de la Comisión Especial de industria manufacturera de exportación.

b) Del Partido de la Revolución Democrática:

• Florentina Rosario Morales cause alta como secretaria en la Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur sureste de México.

• Filemón Navarro Aguilar cause alta como integrante en la Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur sureste de México.

• Alejandro Encinas Rodríguez cause baja como integrante en las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Gobernación.

• Vidal Llerenas Morales cause alta como integrante en la Comisión de Gobernación.

• Federico Ovalle Vaquera cause baja como integrante en la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.

c) Del Partido Verde Ecologista de México:

• Guillermo Cuevas Sada cause baja como integrante en la Comisión de Seguridad Social.

e) De Convergencia:

• María Teresa Rosaura Ochoa Mejía cause baja como integrante en la Comisión Especial sobre No Discriminación y cause alta como integrante en la Comisión Especial de Competitividad.

• Laura Arizmendi Campos cause alta como integrante en la Comisión Especial de la Familia.

• Laura Piña Olmedo cause alta como integrante en la Comisión Especial sobre la no Discriminación

En votación económica se aprobaron.

Se dio cuenta con oficio de la Cámara de Senadores con el que remite proyecto de Declaratoria de Reforma Constitucional, por el que se reforma la fracción II de la Base Cuarta del Apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Secretaría informó que se recibieron veintiún votos aprobatorios correspondientes a las legislaturas de: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Pasó al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

El presidente dio lectura a pronunciamiento con el que la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se solidariza con el pueblo y el gobierno de la República de Chile ante los acontecimientos causados por el reciente terremoto y expresa sus condolencias por la pérdida de vidas humanas.

El presidente informó de los fallecimientos de quien fuera diputado federal en la LII Legislatura, Enoch Cancino Casahonda, literato y poeta indígena; del señor Víctor Balderas Rangel, padre del diputado Víctor Alejandro Balderas Vaquera; y del literato Carlos Montemayor, y pidió a la asamblea ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en su memoria.

Se dio cuenta con oficios de la Secretaría de Gobernación:

a) Con el que remitió informe sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo octubre-diciembre de 2009. Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para su conocimiento.

b) Con el que remitió el Cuarto Informe Trimestral de 2009 respecto de la Operación y Gestión de Petróleos Mexicanos. Se remitió a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

c) Con el que remitió el Informe de Avance del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, correspondiente al cuarto trimestre de 2009, así como las observaciones de dicha dependencia a éste. Se remitió a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

d) Tres, con los que remitió contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

• Relativo a la huelga de los mineros de Cananea. Se remitió a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

• Relativo a la declaratoria de zona de desastre al municipio de Chilpancingo de los Bravos, Guerrero. Se remitió a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

• Relativo al apoyo a la población afectada por las contingencias climatológicas en los estados de México, Michoacán y en el Distrito Federal. Se remitió a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

e) Con el que remitió contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, relativo al apoyo de la Selección Nacional de Personas con Discapacidad para asistir a la Copa de Fútbol en Sudáfrica. Se remite al promovente, para su conocimiento.

Se dio cuenta con oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el que informa que en el mes de enero de 2010, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, únicamente dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquélla que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Se remitió a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

Se recibió del diputado Sergio Lobato García, del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 188 y 189 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Se dio cuenta con las siguientes iniciativas con proyectos de decreto de los diputados:

• Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

A las 12 horas con 10 minutos, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría instruyó el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de 395 diputadas y diputados.

• Sabino Bautista Concepción, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Se turnó a la Comisión de Energía.

• Carlos Alberto Ezeta Salcedo, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

• Francisco Saracho Navarro, en nombre propio y de diputados del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona un artículo 160 Bis a la Ley sobre el Contrato de Seguro. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• María de Jesús Aguirre Maldonado, del Partido Revolucionario Institucional, en nombre propio y de los diputados Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Partido de la Revolución Democrática y Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, que reforma los artículos 3 y 6 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

• Hugo Martínez González, en nombre propio y de diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 3 de la Ley Federal de Competencia Económica. Se turnó a la Comisión de Economía.

• María de Lourdes Reynoso Femat, en nombre propio y del diputado Alejandro Bahena Flores, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, que reforma los artículos 35, 40, 41, 71 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que expide la Ley Federal que regula la Iniciativa Legislativa Ciudadana. Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Jaime Arturo Vázquez Aguilar, de Nueva Alianza, que reforma los artículos 101 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 32-A del Código Fiscal de la Federación. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Malco Ramírez Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 99 de la Ley General de Salud. Se turnó a la Comisión de Salud.

• María Elena Pérez de Tejada Romero, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Elsa María Martínez Peña, de Nueva Alianza, que reforma el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

• Omar Fayad Meneses, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se recibieron del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, de Nueva Alianza, iniciativas con proyectos de decreto:

• Que reforma los artículos 10 y 15 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro y los artículos 2 y 14 de la Ley General de Bibliotecas. Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura.

• Que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Presenta iniciativa con proyecto de decreto el diputado Carlos Samuel Moreno Terán, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Solicitó licencia el diputado José César Nava Vázquez, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el XV distrito del Distrito Federal, del 2 de marzo al 5 de julio del presente año. Desde sus respectivas curules realizan comentarios de procedimiento los diputados: José Ramón Martel López, del Partido Revolucionario Institucional; Camilo Ramírez Puente, del Partido Acción Nacional; Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México; Ricardo Sánchez Gálvez, del Partido Acción Nacional y Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional. No se aprobó la solicitud de licencia por 215 votos en contra, 142 en pro y 11 abstenciones.

Se dio cuenta con comunicaciones de la Junta de Coordinación Política:

• Con informe complementario relativo a la modificación de las disposiciones administrativas de contratación en materia de adquisiciones, arrendamiento, obras y servicio de las actividades sustantivas de carácter productivo de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios por el Consejo de Administración de esa dependencia en su sesión extraordinaria del jueves 25 de febrero pasado. De enterado. Desde sus respectivas curules hicieron comentarios los diputados: Jaime Fernando Cárdenas Gracia; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, quien solicitó que quedara constancia en el acta de su inconformidad con el informe de referencia; Mario Alberto di Costanzo Armenta; Pedro Vázquez González, quien solicitó que se aclarara que su voto había sido en contra del informe, y Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido del Trabajo. El presidente en su oportunidad informa del voto del diputado Vázquez González y hace las aclaraciones respectivas.

• Con proposición de acuerdo para expresar la solidaridad fraternal con nuestros hermanos de la República de Chile, en estas horas de dolor, desolación incertidumbre y desesperanza. En votación económica se aprobó. Comuníquese.

• Con proposición de acuerdo se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que una vez emitida la declaratoria de emergencia, se agilice por parte de la Secretaría de Hacienda la liberación inmediata de los recursos del Fondo Nacional para Desastres Naturales, a fin de atender a la población damnificada por las inundaciones en 30 municipios de Guerrero. En votación económica se aprobó. Comuníquese.

• Con proposición de acuerdo por el que se crea un grupo plural de trabajo para dar seguimiento a la problemática causada en la región de Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, por la operación de la minera San Xavier. En votación económica se aprobó. Comuníquese.

Quedaron de primera lectura los siguientes dictámenes con proyectos de decreto de la Comisión de Desarrollo Rural:

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

• Que reforma el artículo 37 y adiciona los artículos 33, 43 y 44 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

• Que adiciona un artículo 24 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

• Que reforma el artículo 84 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Se someten a discusión los siguientes dictámenes de las comisiones de:

a) La Función Pública, con proyecto de decreto que reforma el primer y segundo párrafos del artículo 16 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. En votación económica se dispensó la lectura. Se consideró suficientemente discutido y se aprobó proyecto de decreto por 338 votos en pro, cero en contra y 4 abstenciones. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

b) De Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo:

• Por los que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a sus órganos desconcentrados Comisión Nacional del Agua y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente la llevar a cabo acciones para el saneamiento de la cuenca del río Atoyac-Zahuapan.

• Por los que se exhorta a diversas autoridades, para que refuercen las acciones de protección, recuperación y vigilancia en el Parque Nacional la Malinche.

• Por los que se exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a instalar una mesa de diálogo con relación al proyecto de Confinamiento de Desechos Industriales en Zimapán, Hidalgo.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a garantizar que los árboles de navidad naturales de importación cumplan con la normatividad en materia de sanidad forestal.

c) De Juventud y Deporte, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a diversos Congresos estatales a crear una Comisión de Juventud y Deporte, y a los gobiernos estatales y municipales a crear órganos administrativos de apoyo a la juventud y el deporte nacional.

En votación económica se aprobaron los puntos de acuerdo. Comuníquense.

Se dio cuenta con los siguientes dictámenes en sentido negativo, con puntos de acuerdos de las Comisiones de:

a) Comunicaciones, por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para Prevención de Actividades Ilícitas a través de Servicios Móviles de Telecomunicaciones. Desde su curul el diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo, en dos ocasiones, realizó comentarios de procedimiento. El presidente hizo aclaraciones al respecto.

b) Unidas de Energía, y de Comunicaciones, por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

c) La Función Pública, por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

d) Economía, por los que se desechan las iniciativas con proyectos de decreto que:

• Reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior.

• Reforma el artículo segundo de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

• Adiciona un artículo 10 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

• Adiciona un último párrafo al artículo 3o. de la Ley Federal de Competencia Económica.

• Reforma el artículo 1399 del Código de Comercio.

En votación económica se aprobaron los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos concluidos.

Se recibieron proposiciones con puntos de acuerdo de los diputados:

• Esthela de Jesús Ponce Beltrán, del Partido Revolucionario Institucional, para crear una Comisión Especial de carácter plural, que tenga por objeto analizar, investigar y dar seguimiento a las propuestas existentes en torno a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, particularmente en su artículo 68; así como solicitar a diversas comisiones a emitir opinión fundada sobre el objeto de estudio. Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

• Jaime Flores Castañeda, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhortar a los grupos parlamentarios, funcionarios federales, estatales y municipales a no politizar con los problemas de inseguridad que aquejan a la sociedad juarense, a fin de trabajar de manera conjunta para dar fin a éstos y regresar a Ciudad Juárez, la paz, la tranquilidad, la integridad y la seguridad. Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

• Héctor Pedraza Olguín, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Educación Pública, establezca las medidas que favorezcan la protección y conservación de las lenguas indígenas, especialmente aquellas en peligro de extinción. Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas.

• Felipe Amadeo Flores Espinosa, del Partido Revolucionario Institucional, relativo a la creación de la Comisión Nacional de Control y Seguimiento a la Comercialización del Café, así como la operación de un Fondo de Contingencia para el Fortalecimiento de su precio en el país. Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Se dio cuenta con las siguientes proposiciones con puntos de acuerdo de los diputados:

• Hilda Ceballos Llerenas, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita al Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad de la Secretaría de Salud, al Desarrollo Integral de la Familia y a la Secretaría de Educación Pública, un informe detallado del ejercicio del presupuesto para este sector vulnerable, así como el impacto a éste. Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

• Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo, por el que se solicita al titular de la Procuraduría General de la República, envíe un informe detallado sobre el estado que guarda la denuncia presentada por el Lic. Andrés Manuel López Obrador,  sobre quiénes causaron la actual tragedia nacional. Se turna a la Comisión de Justicia.

• Efraín Ernesto Aguilar Góngora, en nombre propio y del diputado Rolando Zapata Bello, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación de esta soberanía, lleve a cabo una investigación sobre la presunta agresión sufrida por un corresponsal de Trece TV, televisora pública de Yucatán, por parte de una funcionaria de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social, en dicha entidad. Desde sus curules, los diputados: Rosa Adriana Díaz Lizama, del Partido Acción Nacional, solicitó al proponente la inclusión de un párrafo; y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional, realizó comentarios de procedimiento. El proponente rechaza la solicitud de inclusión. Se remitió a la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación.

• Bernardo Téllez Juárez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al presidente municipal de Córdoba, Veracruz, a que se conduzca con honestidad en el ejercicio de sus funciones constitucionales, y a que no evada el pago de impuestos que le corresponde realizar como titular de dicho ayuntamiento. Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

• Eduardo Ledesma Romo, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se propone la creación de la Comisión Nacional para la Cohesión Social. Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

• Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo, por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, ante las comisiones de Marina, de Defensa Nacional y de Derechos Humanos, para que informen sobre los resultados de su incorporación a tareas de seguridad pública y sobre el estado que guardan los casos de violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas armadas. Se turnó a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, y de Marina.

• Rosalina Mazari Espín, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a la Secretaría de Salud, un tomógrafo de altas especificaciones médicas dentro del paquete presupuestal asignado al sector salud en este ejercicio fiscal de 2010, para el Hospital General “Doctor Ernesto Meana San Román” del municipio de Jojutla de Juárez, en Morelos. Se turnó a la Comisión de Salud.

• Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, suspenda de inmediato el cobro del impuesto sobre la renta en perjuicio de los pensionados y jubilados, y se devuelva este impuesto en caso de haber sido indebidamente cobrado. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo, para que el gobierno de México replantee la estrategia de energía con un criterio de desarrollo del país. Se turnó a la Comisión de Energía.

• Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral y a la Secretaría de Gobernación a suspender la aplicación de cualquier convenio destinado a desarrollar el proyecto de la Cédula de Identidad Ciudadana y solicitó tramite de urgente resolución. Desde sus respectivas curules realizan comentarios de procedimiento los diputados: Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional, en tres ocasiones; Víctor Manuel Báez Ceja, del Partido de la Revolución Democrática; Roberto Gil Zuarth, del Partido Acción Nacional; Emilio Serrano Jiménez e IIlich Augusto Lozano Herrera, del Partido de la Revolución Democrática. Se turnó a la Comisión de Gobernación.

Se dio cuenta con proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno, de la Junta de Coordinación Política:

a) Relativo a la integración complementaria de la Comisión Especial para dar seguimiento a la problemática surgida de los conflictos mineros en el país. En votación económica se aprobó.

b) Por el que se exhorta a la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos para que revise y modifique los términos de la licitación para la adquisición de etanol anhidro para oxigenar las gasolineras de la zona Metropolitana de Guadalajara, priorizando su adquisición a productores nacionales. En votación económica se aprobó. Comuníquese.

Continuaron la presentación de proposiciones con puntos de acuerdo los diputados:

• Rosa Adriana Díaz Lizama, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, modifique la fracción VI numeral 41 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano para incorporar al municipio como un integrante más del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Metropolitano. Desde su curul el diputado Efraín Ernesto Aguilar Góngora, del Partido Revolucionario Institucional, le propuso a la diputada Díaz Lizama una adición, que esta acepta. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Delia Guerrero Coronado, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que incremente los recursos destinados a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública Estatal de San Luis Potosí, para atender la salud de personas de escasos recursos y que carecen de seguridad social. Se turnó a la Comisión de Salud.

• Carlos Bello Otero, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal, para que a través del Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, revise, y en su caso, repare o adecue, la infraestructura de las ciento setenta y cinco estaciones de la red de dicho sistema de transporte. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Se recibieron solicitudes de excitativas de los diputados:

• José Antonio Yglesias Arreola, Antonio Benítez Lucho y Rodrigo Reina Liceaga, del Partido Revolucionario Institucional, a la Comisión de Salud.

• Víctor Manuel Báez Ceja, del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Rolando Zapata Bello, del Partido Revolucionario Institucional, a la Comisión de Gobernación.

• Claudia Edith Anaya Mota, del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Felipe Solís Acero, del Partido Revolucionario Institucional, a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Juan Carlos Natale López, del Partido Verde Ecologista de México, a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Salud.

Se excitó a las comisiones mencionadas para que emitan los dictámenes correspondientes.

Se dio cuenta con acuerdos de Junta de Coordinación Política:

• Por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral y a la Secretaría de Gobernación a suspender la instrumentación de cualquier convenio destinado a desarrollar el proyecto de la Cédula de Identidad Ciudadana. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

Desde su curul el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, solicitó la verificación de quórum. El presidente declaró su existencia.

Se refirieron a los presuntos actos de saqueo y corrupción de Petróleos Mexicanos, de César Nava y de otros panistas connotados, los diputados: José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña y Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo.

Desde su curul la diputada Adriana Fuentes Cortés, del Partido Acción Nacional, solicitó la verificación de quórum y ante su visible falta el presidente levantó la sesión a las 16 horas con 39 minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el jueves 4 de marzo de 2010 a las 10:00 horas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobada el acta.

Continúe con oficios de la Secretaría de Gobernación.

PERMISO PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número DEP-0179/10, la licenciada Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la persona que se cita a continuación pueda prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Isaac Esau Palacios de la Peña.

Puesto: Empleado de correos en el Departamento de Sistemas.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración del expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y original del escrito en que solicita que se realicen los trámites correspondientes, así como copia simple de la identificación oficial.

Atentamente

México, DF, a 16 de febrero de 2010.—  Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número DEP-0266/10, la licenciada Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar servicios a los gobiernos extranjeros que se mencionan:

Nombre: Adriana María Guereca García.

Puesto: Auxiliar de visas.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Nombre: Claudia Morlet Novales.

Puesto: Asistente de recursos humanos.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Myriam Melania Renaat Tollenier.

Puesto: Secretaria administrativa.

Lugar de trabajo: Embajada de Bélgica en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de los expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento y de la carta de naturalización, que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas, y originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de las identificaciones oficiales.

México, DF, a 1 de marzo de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número DEP-0235/10, la licenciada Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar servicios a los gobiernos extranjeros que se mencionan:

Nombre: Karla Paniagua Ramírez.

Puesto: Asistente del agregado agrícola.

Lugar de trabajo: Embajada de la República de Chile en México.

Nombre: Juan Antonio Vega Lara.

Puesto: Mecánico de mantenimiento.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Matamoros Tamaulipas.

Nombre: Angélica María Barrera Morales.

Puesto: Empleada de limpieza en la sección de servicios generales.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de los expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de las identificaciones oficiales.

Atentamente

México, DF, a 1 de marzo de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnense a la Comisión de Gobernación.

ESTADO DE MEXICO

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-0730, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Jaime Arturo Vázquez Aguilar, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UR 120 UCE/CECU/0055/10, suscrito por el ciudadano Fabricio Montaño Figueroa, coordinador de Enlace con el honorable Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública, así como el anexo que en el se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a los vestigios arqueológicos en el Cerro de Moctezuma en el estado de México.

Atentamente

México, DF, a 1 de marzo de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SEL/UEL/311/443/10 mediante el cual remite el punto de acuerdo aprobado por la honorable Cámara de Diputados, relacionado con el exhorto a esta secretaría para que instruya al director general del INAH para que disponga la realización de una nueva investigación de vestigios arqueológicos en el Cerro de Moctezuma, localizado en el municipio de Naucalpan, estado de México.

Sobre el particular me permito remitir a usted, la respuesta emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, organismo sectorizado de esta secretaría.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 26 de febrero de 2010.— Fabricio Montaño Figueroa (rúbrica), coordinador.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Maestro Fabricio Montaño Figueroa, coordinación de Enlace con el honorable Congreso de la Unión.— Secretaría de Educación Pública.— Presente.

Muy distinguido maestro Montaño Figueroa:

Me refiero al punto de acuerdo aprobado por la Junta de Coordinación Política del honorable Congreso de la Unión, relacionado con los 14 predios ubicados en la calle de Circunvalación Poniente y Cerrada de Moctezuma, en la orilla de la falda del Cerro de Moctezuma, frente al fraccionamiento Balcones de San Mateo, estado de México, remitido por esa Coordinación de Enlace con el honorable Congreso de la Unión de la Secretaría de Ecuación Pública.

Al respecto, por instrucciones del licenciado Alfonso de María y Campos, director general de este órgano desconcentrado, me permito informar lo siguiente:

1. El denominado Cerro de Moctezuma no cuenta con declaratoria de zona de monumentos arqueológicos, en términos del artículo 37 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

2. No obstante, desde el año 1986, el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha llevado acabo diversos recorridos en el Cerro de Moctezuma, lo que permitió determinar la presencia de patrimonio arqueológico únicamente en la cúspide del Cerro, en una superficie aproximada de 91 662 308 de metros cuadrados.

3. Según los trabajos arqueológicos a que nos hemos referido en líneas anteriores, el INAH determinó que en los predios a que se refiere el punto de acuerdo no existe patrimonio arqueológico.

No obstante lo anterior, derivado de los planteamientos formulados por los vecinos del lugar, el INAH comisionó a expertos para que corroboraran si en los predios de referencia existía evidencia arqueológica. De esta forma, en el año 2001 se llevó a cabo un recorrido en el área en comento, determinándose nuevamente la inexistencia de monumentos arqueológicos; posteriormente durante el año 2008 se llevaron a. cabo 3 recorridos cuyos resultados corroboraron la inexistencia de vestigios.

Lo anterior se ha hecho del conocimiento de los vecinos del lugar por lo que el INAH estima innecesario la realización de nuevos trabajos de inspección en esos predios.

4. Por otra parte, me permito comentar que, toda vez que en la parte más alta del Cerro de Moctezuma es dónde sí existen evidencias arqueológicas, el INAH tiene contemplado dentro de su programa de trabajo para este año una nueva temporada de exploración.

5. Finalmente, por lo que respecta al uso del suelo considerado por el Plan de Desarrollo Urbano aplicable en la zona, donde se ubican dichos predios, corresponde al honorable ayuntamiento de Naucalpan determinar respecto a su procedencia.

En espera de que la información proporcionada sea de uti1idad, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 25 de febrero de 2010.— Licenciada María del Perpetuo Socorro Villarreal Escarrega (rúbrica), coordinadora nacional de Asuntos Jurídicos.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Remítase a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su conocimiento.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del  honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 107, fracción II, de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito enviar la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes a enero de 2010.

Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a entidades federativas, así como el pago de éstas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con enero de 2009.

De igual forma, en términos del artículo 22, fracción I, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para enero de 2010.

Adicionalmente, se incluye la información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública a enero del año en curso.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 2 de marzo de 2010.— Ernesto Javier Cordero Arroyo (rúbrica), secretario de Hacienda y Crédito Público.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

INSTITUCIONES DE CREDITO

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En atención del punto de acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso de la Unión respecto a “vigilar el funcionamiento de las instituciones de crédito para evitar prácticas abusivas de carga de adeudos en los depósitos bancarios de salarios, pensiones y de otras prestaciones de carácter laboral en cuentas de nómina de los trabajadores” y con fundamento en el artículo 11, fracción X, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, al respecto le comento:

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros tendrá como finalidad promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los usuarios frente a las instituciones financieras, arbitrar sus diferencias de manera imparcial y proveer a la equidad en las relaciones entre éstos, de conformidad con el artículo 5o. de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

No obstante lo anterior, el artículo 57, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito establece:

Artículo 57. ...

I.Cuenten con la autorización del cliente de que se trate; o

II. ...

En razón de lo anterior, los usuarios que al momento de la celebración de su contrato de apertura de cuenta hayan pactado la autorización a las instituciones de crédito para el retiro de sus cuentas de ahorro o cheque los adeudos que tengan con ésta, no contravienen el derecho, aunado a lo dispuesto en el artículo 78 del Código de Comercio:

Artículo 78. En las convenciones mercantiles, cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados.

Ahora bien, derivado de las nuevas atribuciones con que contará este organismo a partir de marzo del año en curso, me permito informar a usted que la comisión contará con las facultades de supervisión y vigilancia en el cumplimiento de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, así como de las diversas disposiciones de carácter general que emita nuestro organismo.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 23 de febrero de 2010.— Licenciado Luis Alberto Amado Castro (rúbrica), director general de Servicios Legales.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Remítase al promovente para su conocimiento.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Me dirijo a usted atendiendo a lo dispuesto en el artículo duodécimo transitorio del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, a fin de remitir a esa soberanía dos documentos elaborados por la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Subsecretaría de Comunicaciones de esta dependencia:

1. Estrategia nacional de conectividad 2009-2012; y

1. Agenda digital en México.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 26 de febrero de 2010.— Maestro Mony de Swaan (rúbrica), titular de la Unidad de Apoyo al Cambio Estructural.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Remítase a la Comisión de Comunicaciones para su conocimiento.

PETROLEOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : «Escudo.—Pemex.— Dirección General.— Coordinación Ejecutiva.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente;diputado Carlos Samuel Moreno Terán, secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Por instrucciones del director general de Pemex y en respuesta a su oficio número DGPL 61-II-9-0687, les envío información remitida a esta coordinación ejecutiva por la Oficina del Abogado General relativa al punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta al director general de Pemex para que lleve a cabo una investigación sobre las empresas que participan en la licitación para la adquisición de etanol y considere dichos resultados en la emisión del fallo correspondiente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 24 de febrero de 2010.— Licenciado Homero Niño de Rivera Vela (rúbrica), coordinador ejecutivo.»

«Escudo.— Pemex.

Remitente: Licenciada Laura Chong Gutiérrez

Titular de la Asesoría Jurídica de Asuntos Especiales

Oficina del Abogado General

Número: OAG-AJAE-018-2010

Destinatario: Licenciada Elva Cristina Pelayo Cárdenas

Coordinadora Interinstitucional

Coordinación Ejecutiva de la Dirección General

Asunto: Punto de acuerdo licitación etanol

Anexo X

Por medio del presente, me permito remitir respuesta al punto de acuerdo de la Cámara de Diputados por el cual se exhorta a Petróleos Mexicanos para que lleve a cabo una investigación sobre las empresas que participan en la licitación púbica para la adquisición de etanol, lo anterior para los efectos conducentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de febrero de 2010.— Licenciada Laura Chong Gutiérrez (rúbrica), titular de la Asesoría Jurídica de Asuntos Especiales.»

«Escudo.—Pemex.

Asunto: Punto de acuerdo sobre la licitación pública del suministro de etanol anhidro.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos para que lleve una investigación sobre las empresas en la licitación pública del suministro de etanol anhidro, que señala textualmente lo siguiente:

Único . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la paraestatal Petróleos Mexicanos para que lleve a cabo una investigación sobre las empresas que participan en la licitación para la adquisición de etanol y considere dichos resultados en la emisión del fallo correspondiente.

Al respecto se informa lo siguiente:

El 1 de octubre de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria número 022/09 de Pemex Refinación para la licitación pública nacional número 18576112-022-09 para “adquisición de bienes consistentes en etanol anhidro para oxigenar gasolinas en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, bajo la modalidad de contrato abierto sujeto a ajuste de precios”, licitación que se ha llevado a cabo de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Lo anterior se desprende de los siguientes actos que se han desarrollado en el procedimiento de licitación pública:

• Se inició con la publicación de la convocatoria, estableciendo los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, otorgándoles el mismo acceso a la información relacionadas con el procedimiento de licitación, apegándose a lo estipulado por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

• Ha contado con la participación del testigo social en todas las etapas del procedimiento de la licitación pública.

• Se solicitó en la convocatoria respectiva a los participantes la declaración por escrito, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que de encontrase en alguno de éstos, Pemex se vería imposibilitado de recibir propuestas y por consecuencia adjudicar algún contrato.

El fallo que emita Pemex Refinación contendrá el debido análisis y razonamiento de las proposiciones de los participantes en estricto apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento, precisando cada uno de los elementos que debe contener como son, entre otros conceptos, los siguientes:

I . La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon expresando todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla.

II . La relación de licitantes cuyas proposiciones re- sultaron solventes, describiendo en lo general dichas proposiciones, presumiéndose que la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno.

III . En caso de que se determine que el precio de una proposición no es aceptable o no es conveniente, se anexará copia de la investigación de precios realizada o del cálculo correspondiente.

IV . Nombre del o los licitantes a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como la indicación de la o las partidas, los conceptos y montos asignados a cada licitante.

V . Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y, en su caso, la entrega de anticipos.

VI . Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rijan a la convocante.

Ahora bien, atendiendo la solicitud de investigación a las empresas participantes en la licitación que nos ocupa, y en apego a los criterios que regula el procedimiento de licitación (economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia), Pemex Refinación tiene la obligación, conforme a la ley, de emitir un fallo debidamente razonado, soportado con el análisis correspondiente que contenga la documentación e información que hayan proporcionado cada una de las empresas participantes en sus proposiciones y las causas y motivos que llevaron al organismo a decidir por una empresa determinada para adjudicarle el contrato.

No omitimos comentar que no es competencia de Pemex Refinación realizar una investigación de tipo penal a las empresas sobre presuntos hechos constitutivos de delito, primero porque los servidores públicos sólo podemos hacer lo que nos permite la ley y no sería competencia nuestra, además de que no contamos con los recursos para llevar a cabo una investigación de esa naturaleza; y en segundo lugar, la ley en la materia no prevé como causal del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el hecho de que si alguna de las empresas participantes en la licitación estuviese sentenciada penalmente, fuese un impedimento para recibirle proposiciones o, en su caso, adjudicarle el contrato correspondiente.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Remítase a la Comisión de Energía para su conocimiento.

DESARROLLO RURAL

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : «Escudo.— Gobierno del Estado de México.

Diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión.— Presente.

Con relación a su atento oficio número DGPL 61-II-2-351, de fecha 16 de febrero del presente año, dirigido al licenciado Enrique Peña Nieto, gobernador constitucional del estado de México, que da cuenta del exhorto que hace el Congreso de la Unión a las entidades federativas a aportar los recursos financieros para el programa de subsidios de 2010, me permito hacer de su conocimiento que el gobierno del estado de México ha honrado puntualmente sus compromisos en la materia y que está en proceso de revisión el convenio respectivo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a efecto de que, con oportunidad, se aporten los recursos establecidos y se pueda ejercer con eficiencia el presupuesto federalizado que tuvo a bien aprobar la Cámara de Diputados.

Atentamente

Metepec, México, a 22 de febrero de 2010.— Arturo Osornio Sánchez (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Remítase a la Comisión de Agricultura y Ganadería para su conocimiento.

DESARROLLO RURAL

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : «Escudo.— Gobierno del Estado de México.

Diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión.— Presente.

Con relación a su atento oficio número DGPL 61-II-6-0280, de fecha 16 de febrero del presente año, dirigido al licenciado Enrique Peña Nieto, gobernador constitucional del estado de México, me permito hacer de su conocimiento que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, a mi cargo, da cuenta del punto de acuerdo que el Congreso de la Unión tuvo a bien aprobar.

Asimismo, hace de su conocimiento que en esta entidad con toda frecuencia han sido auditados los recursos que se nos asignan y ha sido línea de conducta respetar la participación ciudadana, por lo que mantendremos la sujeción a la normativa federal y a la estatal emitidas por las diferentes instituciones.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Metepec, México, a 22 de febrero de 2010.— Arturo Osornio Sánchez (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Remítase a la Comisión de Agricultura y Ganadería para su conocimiento.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Francisco Agundis Arias, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con la finalidad de que las personas físicas puedan hacer deducibles los gastos para realizar actividades deportivas.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 2 de marzo de 2010.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Los suscritos, senadores de la república de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56, y demás relativos de Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona una fracción IX al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La obesidad y el sobrepeso en México se ha convertido en uno de los más graves problemas de salud pública y es el principal riesgo financiero que tendrán que enfrentar tanto el gobierno federal, como las autoridades locales, en virtud del elevado costo que implica la atención de las diversas enfermedades que se generan a partir de estos padecimientos.

Se estima que 90 por ciento de los casos de diabetes mellitus tipo 2 son atribuibles al sobrepeso y la obesidad. Otras enfermedades crónicas rio trasmisibles relacionadas son la hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedad coronaria, enfermedad vascular cerebral, osteoartritis, y los cánceres de mama, esófago, colon, endometrio y riñón, entre otras.1

Por ello, actualmente el costo directo atribuible al sobrepeso y la obesidad en México es de más de 42 mil millones de pesos al año, habiendo costos indirectos por falta de productividad de la población por cerca de 25 mil millones. Es decir, la obesidad y el sobrepeso le cuesta anualmente al país más de 67 mil millones de  pesos y se estima que para el 2017 esta cifra sea de más de 150 mil millones2 .

México ocupa el primer lugar a nivel mundial en sobrepeso y obesidad. Hoy son 52.6 millones los mexicanos que tienen estos problemas y son cerca de un millón cien mil personas las que cada año se incorporan a este universo. A pesar de esto, las políticas públicas aún no se encuentran diseñadas para hacer frente a esta problemática, la cual es grave, pues pone en riesgo la sustentabilidad económica del Sistema de Salud Pública y el propio gasto familiar.

Es por ello que son necesarias y urgentes las propuestas legislativas que coadyuven a transformar nuestros sistemas educativos, de salud y deportivos, a fin de que la población tenga mejores hábitos alimenticios, una; mayor práctica deportiva y una óptima atención médica, para abatir efectivamente los problemas de obesidad.

En este sentido, es bien sabido por todos que la práctica regular del deporte es un factor determinante en la salud de la población. Sin embargo, desafortunadamente el 60 por ciento3 de la población no realiza ninguna actividad física y nuestro país no cuenta con la infraestructura deportiva adecuada para ofrecer en forma masiva opciones viables para ejercitarse. La gran mayoría de los parques y deportivos de nuestro país se encuentran en malas condiciones y plagados de inseguridad.

Son pocos los esfuerzos y la inversión que se realiza para procurar la actividad deportiva generalizada.

De manera que si una persona quiere hacer deporte con la debida instrucción o contar incluso con aparatos para ejercitarse, tendrá que desembolsar recursos propios para poder asistir a algún deportivo o llevar a sus hijos a practicar un deporte específico.

Esta situación se dificulta debido al diminuto ingreso per cápita que tiene la población y a la situación económica por la que atraviesa regularmente el país. El deporte se convierte en una actividad secundaria, incluso en un lujo, que la mayor parte de la población no puede darse.

Aunque la prevalencia de sobrepeso y obesidad es similar en los quintiles de mayor y menor ingreso, los sectores más desfavorecidos de la población enfrentan una mayor carga por las enfermedades crónicas asociadas con la obesidad, las cuales son un gasto repetitivo y de por vida.

Además, el sobrepeso y la obesidad son causa de empobrecimiento porque disminuyen la productividad laboral y provoca gastos catastróficos en salud relacionados con enfermedades crónicas. Por ejemplo, actualmente 12 por ciento de la población que vive en pobreza tiene diabetes y 90 por ciento de esos casos se pueden atribuir a sobrepeso y obesidad.

De igual forma, se ha demostrado que el sobrepeso y la obesidad pueden presentarse como secuelas de la desnutrición en las etapas tempranas de la vida, tal como suele ocurrir en situaciones de pobreza. Los niños que crecen en desnutrición almacenan más grasas con respecto a las proteínas, lo que tiende a aumentar el sobrepeso y la obesidad.

Es por ello, que el Partido Verde Ecologista de México propone esta iniciativa para que las personas físicas puedan hacer deducible anualmente, los pagos realizados por concepto de inscripción y mensualidades de clubes deportivos o actividades deportivas del contribuyente, su cónyuge y sus descendientes en línea recta, siempre y cuando dichas erogaciones se hagan en establecimientos que se dediquen al deporte con autorización o con reconocimiento de validez de la Conade, federaciones y confederaciones deportivas o autoridades correspondientes de la SEP.

La cantidad máxima que se podrá deducir de los pagos erogados, incluyendo las inscripciones por cada ejercicio fiscal, es el equivalente hasta 500 salarios mínimos del área geográfica del Distrito Federal.

Esta propuesta nos resulta necesaria, ya que nuestro gobierno ha sido incapaz de proporcionar infraestructura e instrucción deportiva gratuita, para dar atención a toda la población. Por ello, se requiere crear incentivos fiscales que promuevan la actividad deportiva en forma particular.

Esto lejos de representar una disminución en los ingresos fiscales, tendrá un f mayor impacto en la disminución del gasto en salud, que se tiene que erogar para la atención de enfermedades crónico degenerativas provocadas por el sobrepeso y la obesidad.

Actualmente, el costo per cápita atribuible a los problemas de sobrepeso es de casi mil 300 pesos, cifra que puede disminuirse en gran medida si se fomenta el deporte en México.

Sin duda alguna la actividad deportiva de alto rendimiento debe impulsarse y generar mayores triunfos internacionales, sin embargo, el mayor triunfo de la política deportiva a nivel nacional será la masificación del deporte. Busquemos instrumentos para lograrlo.

Por todo ello, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fraccion IX al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Único. Se adiciona una fracción IX al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 176 . Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada capítulo de esta ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:

I. ...

II. ...

...

IX. Los gastos destinados al pago por concepto de inscripción y mensualidades de clubes deportivos o actividades deportivas del contribuyente, su cónyuge y sus descendientes en línea recta, siempre y cuando dichas erogaciones se hagan en establecimientos que se dediquen al deporte con autorización o con reconocimiento de validez de la Conade, federaciones y confederaciones deportivas o autoridades correspondientes de la SEP.

La cantidad máxima que se pueda deducir de los pagos erogados, incluyendo las inscripciones por cada ejercicio fiscal, es el equivalente hasta 500 salarios mínimos del área geográfica del Distrito Federal.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria. Estrategia contra el sobre peso y la obesidad.

2 Idem.

3 Idem.

Senado de la República, a 1 de marzo de 2010.— Senadores: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), coordinador; Francisco Agundis Arias (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Ludivina Menchaca Castellanos, Javier Orozco Gómez (rúbrica), Manuel Velásco Coello.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, con los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Turismo y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que colaboren en el fomento y la promoción del deporte nacional de la charrería.

Segundo. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a los titulares de los Poderes Ejecutivos federal, estatales y municipales a conmemorar fielmente el 14 de septiembre como Día Nacional de la Charrería.

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Comisiones de Juventud y Deporte, de Turismo, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 analicen, discutan y, en su caso, aprueben destinar los recursos necesarios para fomentar en todo el país el deporte nacional de la charrería y las cabalgatas, por ser éstas actividades de fomento del turismo.

Cuarto. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para que, en base en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, estudie la posibilidad de destinar recursos para el impulso, la creación y la construcción de la escuela nacional de charrería.

Quinto. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a los congresos de las entidades federativas y del Distrito Federal para que en sus proyectos de presupuesto anual analicen, discutan y, en su caso, aprueben destinar los recursos necesarios para fomentar el deporte nacional de la charrería y las cabalgatas que se desarrollan con la finalidad de impulsar la mexicanidad.

Atentamente

México, DF, a 2 de marzo de 2010.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a las Comisiones de Juventud y Deporte, de Turismo y de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY FEDERAL DE DEFENSORIA PUBLICA - LEY FEDERAL DE DERECHOS LINGÜISTICOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS - LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas presentaron propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a comisiones de la Cámara de Diputados a dictaminar la minuta que reforma la Ley Federal de Defensoría Pública, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el Código Federal de Procedimientos Civiles, en materia de justicia indígena.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 2 de marzo de 2010.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Propuesta con punto de acuerdo, por el que media exhorto a las Comisiones Unidas de Justicia y Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, para que dictaminen minuta que reforma la Ley Federal de Defensoría Pública, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el Código Federal de Procedimientos Civiles, en materia de justicia indígena

Honorable Asamblea:

Los senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República, con fundamento en los artículos 58, 59 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía, la siguiente propuesta con punto de acuerdo, bajo las siguientes consideraciones:

El 29 de marzo de 2007, el pleno del Senado aprobó por mayoría el dictamen correspondiente a la  iniciativa que reforma diversos ordenamientos para garantizar el acceso efectivo a la justicia, presentada en diciembre del 2006 y que hoy lamentablemente se encuentra pendiente de dictamen en la Cámara de Diputados.

Como todos saben ha sido un compromiso de las distintas instituciones políticas del país impulsar y promover cambios que permitan no sólo el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país, sino lograr las reformas y acciones necesarias para que dichos derechos se ejerzan y reconozcan plenamente.

La minuta en comento pretende reformar diversos ordenamientos, para que por un lado se formen y acrediten defensores y asesores jurídicos dentro del Instituto Federal de Defensoría Pública y se cumpla eficientemente con el mandato constitucional que tiene todo indígena de ser asistido por defensores o traductores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

También en esta minuta se pretende que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas como institución pública cuyo objetivo se centra en promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, el conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la nación, y asesorar a los tres órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias en la materia, tendrá la atribución de auxiliar al Instituto Federal de Defensoría Pública en la formación y acreditación de dichos defensores públicos y asesores jurídicos, así como formar y acreditar interpretes y traductores que asistan a las autoridades responsables de la procuración y administración de justicia, cuando proceda.

Lo anterior, debido a que es una prioridad reforzar la defensoría y asesoría pública federal en este tema y es que la demanda de defensoría de oficio de indígenas en el país es mucha, y ante la capacidad real del Instituto Federal de Defensoría Pública, se hace necesaria la cooperación institucional, por ello, se faculta Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Inali, para auxiliar a estas instituciones, debido a su propia naturaleza, reconociendo y preservando en todo momento el objeto de su creación.

Asimismo, y tras un seguimiento valorativo, se encuentra como una facultad discrecional que el Ministerio Pública federal solicite interpretes o traductores en lenguas indígenas, lo cual es un problema que atenta contra la garantía de los indígenas a acceder plenamente a la justicia del Estado.

Por tal motivo, y basados en el principio de legalidad, se pretende reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República a efecto de que se considere como causa de responsabilidad de los agentes del Ministerio Público de la federación el no solicitar interprete o traductor en lenguas indígenas, cuando proceda, es decir, partiendo de la idea de que si el defensor del o los indígenas no tiene conocimiento de la lengua y cultura, el Ministerio Público tendrá la obligación de solicitar un intérprete o traductor, de lo contrario se hará acreedor a una sanción. En este sentido, se propone que el servicio de defensoría pública federal ante el Ministerio Público, los juzgados y tribunales federales comprenda, entre otras cosas, el solicitar interprete o traductor en lenguas indígenas, lo cual refuerza la obligación del Ministerio Público federal al efecto.

Por otro lado, se observa que actualmente el Código Federal de Procedimiento Civiles, establece que las actuaciones dictadas en los juicios de una o ambas partes que sean indígenas que no supieran leer español, el tribunal deberá traducirlas a su lengua, dialecto o idioma con cargo a su presupuesto y por conducto de la persona autorizada, al igual que en el caso de la promociones de indígenas que se hicieren en una lengua, dialecto o idioma, la cual también se harán por oficio y con cargo a su presupuesto.

Lo anterior ha generado un gran problema, ya que por una parte no se cuenta aún con algún programa de certificación o catálogo de traductores en lenguas indígenas, y por el otro al obligarlo a hacerlo con cargo a su presupuesto, la voluntad del juzgador no siempre atiende a la necesidad del indígena, sino de su propio interés, ante la justificación de que su presupuesto no alcanza.

De ahí la necesidad de reformar estos artículos para eliminar la obligación de hacerlo con cargo a su presupuesto y solicitar la asistencia de traductores al propio Inali, previa solicitud.

Con lo anterior, se pretende garantizar institucionalmente que en efecto existan defensores de oficio y asesores capacitados en lenguas indígenas así como en sus usos y costumbres y que además tengan la posibilidad de contar con la asistencia de intérpretes indígenas.

Dicha minuta es relevante para los miles de mexicanos indígenas en el país toda vez que representa un paso importante en materia de acceso a la justicia para que los indígenas no lleguen a la cárcel sin que se garanticen sus derechos procesales y es que el problema hoy en día no debe centrarse en buscar los medios para liberarlos o reponer procedimientos, sino para que haya los medios que prevean que desde la procuración hasta la impartición de justicia sus derechos sean ejercidos plenamente.

Ahora bien sabemos que la minuta es perfectible y asimismo conocemos de la voluntad de las comisiones en la Colegisladora por dictaminar los temas de relevancia nacional, no obstante es nuestra responsabilidad pugnar por que dicha minuta se analice y dictamine lo antes posible.

En razón a lo expuesto sometemos a la consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que el Senado de la República exhorte respetuosamente a las Comisiones Unidas de Justicia, y Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados para que dictaminen la minuta que reforma la Ley Federal de Defensoría Pública, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el Código Federal de Procedimientos Civiles, en materia de justicia indígena.

Senado de la República, a 2 de marzo de 2010.— Senadores: Andrés Galván Rivas, Salomón Jara Cruz, Adolfo Toledo Infanzón, María Serrano Serrano (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Remítase a las Comisiones Unidas de Justicia y de Asuntos Indígenas.

LEY DE ASCENSOS DE LA ARMADA DE MEXICO

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ascensos de la Armada de México.

Atentamente

México, DF, a 2 de marzo de 2010.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente de la Mesa Directiva.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

MinutaProyecto de Decreto

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ascensos de la Armada de México

Artículo Único: Sereforman los artículos 2o.; 3o.; 4o., párrafo primero; 5o.; 9o.; 11; 12; 13; 14; 15, párrafo primero; 16; 17, párrafo primero; 18; 19; 20, párrafo primero y fracciones III y IV; 21; 26; 30, fracción III; 32, fracción II, y párrafo segundo; 33, fracción II, y párrafo segundo; 34, párrafo primero, fracciones I y II; 35, fracciones IV, V y VI; 45; 46, fracción III; 47; 48; 49; 50, fracción III; 51, fracciones III y VIII; y 54, así como la denominación del Capítulo VI del Título Segundo; y sederogan las fracciones I y II, del artículo 4o.; artículo 7o.; párrafos segundo y tercero del artículo 15; apartados a), b), c), d) y e) de la fracción II del artículo 34, todos de la Ley de Ascensos de la Armada de México, para quedar como sigue:

Artículo 2. Es facultad del Mando Supremo ascender a los vicealmirantes, contralmirantes, capitanes de navío y capitanes de fragata, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 89, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la presente ley.

Artículo 3. Es facultad del Alto Mando ascender al personal de capitanes de corbeta y oficiales, previo acuerdo del Mando Supremo, según lo establecido en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 4. Es facultad del Alto Mando ascender al personal de clases y marinería según lo establecido en la presente ley y demás disposiciones aplicables.

I. a II. Se derogan.

Artículo 5. Los ascensos a que se refieren los artículos 3o. y 4o. de la presente ley, serán conferidos de acuerdo a los resultados obtenidos en el concurso de selección para ascenso.

Artículo 7. Se deroga.

Artículo 9. Cuando se obtenga un ascenso por méritos especiales o por las causas establecidas para tiempo de guerra, el ascendido deberá cumplir con lo previsto en esta ley y demás disposiciones para ese grado, a efecto de poder tomar parte en promociones posteriores.

Artículo 11. En igualdad de competencia profesional determinada por el promedio de las calificaciones obtenidas en el concurso de selección, será ascendido el de mayor antigüedad en el grado.

Artículo 12. El personal naval que sea ascendido por haber obtenido alguna de las vacantes existentes, ocupará su nuevo lugar escalafonario atendiendo a la prelación que ocupaba en el grado anterior.

Artículo 13. El Alto Mando ordenará al Estado Mayor General de la Armada y a la unidad administrativa correspondiente, la formulación anual del escalafón de almirantes, capitanes y oficiales de la milicia permanente, así como el del personal de la milicia auxiliar. Los citados escalafones serán difundidos a todo el personal de la institución.

Artículo 14. Los órganos asesores auxiliarán al Alto Mando en el proceso para calificar, seleccionar y proponer al personal naval para ascenso, de marinero hasta capitán de corbeta. Para los ascensos de capitán de fragata hasta vicealmirante, el Alto Mando se auxiliará de los órganos asesores designados para integrar el expediente y reunir los elementos de juicio relativos a los aspectos que determina el artículo 18 de esta ley, los que serán sometidos a consideración del Mando Supremo.

Los órganos asesores para el proceso de ascensos serán el Estado Mayor General de la Armada y la Comisión Coordinadora para Ascensos en términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 15. Los ascensos en tiempo de paz tienen por objeto cubrir las vacantes de la Armada de México con personal apto e idóneo para desempeñar las labores del grado inmediato superior.

Artículo 16. Para determinar su derecho al ascenso, desde marinero hasta capitán de corbeta, se convocará a concurso de selección al personal de un mismo escalafón y grado.

Artículo 17. Los requisitos indispensables para ser convocado al concurso de selección para ascenso, en lo conducente, serán los establecidos en los Capítulos II, III y IV de este Título, además de buena conducta militar y civil acreditada mediante las hojas de actuación o memoriales de servicio, así como no encontrarse comprendido en los supuestos que prevé el artículo 51 de esta ley.

...

Artículo 18. Los ascensos a los grados de capitán de navío, contralmirante, vicealmirante y almirante, serán conferidos por el Mando Supremo, atendiendo preferentemente al mérito, aptitud, competencia profesional y conducta militar y civil, así como antigüedad en el grado.

Artículo 19. Cuando un miembro de la Armada sea excluido por estar imposibilitado para participar en el concurso de selección por enfermedad u otras causas de fuerza mayor comprobadas, será convocado para determinar su derecho al ascenso, al desaparecer las causas que motivaron la exclusión, siempre y cuando pueda concursar dentro del periodo que al efecto se establezca.

Artículo 20. Cuando un miembro de la Armada se encuentre en cualquiera de los supuestos siguientes, se considerará el grado que ostente como grado tope:

I. y II. ...

III. Haber sido convocado y participado en tres concursos de selección para ascenso sin obtener el promedio de calificación mínima aprobatoria, y

IV. Cualquier combinación de las fracciones I, II y III anteriores que sumen tres de los supuestos indicados, ostentando el militar un mismo grado.

Artículo 21. El grado tope se comunicará por escrito, por el Estado Mayor General de la Armada al personal núcleo de los cuerpos y por la unidad administrativa correspondiente al personal núcleo de los servicios y las escalas de los cuerpos y servicios.

Artículo 26. El personal de los establecimientos de educación naval egresará con el grado que establece la Ley Orgánica de la Armada de México.

Al presentar y aprobar su examen profesional de acuerdo con los requisitos establecidos en el reglamento respectivo para prácticas y examen profesional, ascenderá al grado que le corresponda.

Artículo 30. ...

I. y II. ...

III. Presentar un trabajo de investigación tipo tesis y obtener resultado aprobatorio, tratándose de personal núcleo de los cuerpos y servicios, y

IV. ...

Artículo 32. ...

I. ...

II. Personal de capitanes de fragata que no se encuentra en los supuestos que prevé el artículo 51, y

III. ...

Dicha lista será elaborada por el Estado Mayor General y los criterios establecidos corresponderán al grado del participante.

Artículo 33. ...

I. ...

II. Personal de los grados de capitán de navío, contralmirante y vicealmirante que no se encuentren en los supuestos que prevé el artículo 51, y

III. ...

Dicha lista será elaborada por el Estado Mayor General y los criterios establecidos corresponderán al grado del participante.

Capítulo VIDel concurso de selección para ascenso a cabo hasta capitán de fragata

Artículo 34. El concurso de selección para ascenso tiene por objeto determinar el orden de prelación de los convocados, conforme a lo siguiente:

I. Para clases y marinería se determinará de acuerdo a los resultados de los exámenes que menciona el artículo 35 y conforme al Manual de Normas y Procedimientos de la Comisión Coordinadora correspondiente, y

II. Para oficiales, incluyendo el ascenso de capitán de corbeta a capitán de fragata, se llevarán de acuerdo con el Manual de Normas y Procedimientos de la Comisión Coordinadora correspondiente. En el establecimiento del orden de prelación en cada grado, núcleo y escala, se atenderán los conceptos de mérito, aptitud, competencia profesional, conducta militar y civil, así como a los resultados de los exámenes que establece el artículo 35, correspondientes al grado que ostenta el convocado.

a) a e) Se derogan.

Artículo 35. ...

I. a III. ...

IV. Examen de conocimientos prácticos para el personal de clases y marinería, de acuerdo con la reglamentación correspondiente;

V. Examen de lengua extranjera, únicamente para oficiales y capitanes del núcleo de los cuerpos y servicios, y

VI. Trabajo de investigación tipo tesis, únicamente para tenientes de navío del núcleo de los cuerpos y servicios.

Artículo 45. El grado que ostente el personal de la milicia permanente será acreditado con la expedición del despacho correspondiente y a falta de éste, con el documento oficial por el que se haya comunicado el ascenso al grado respectivo.

Artículo 46. ...

I. y II. ...

III. Grado, fecha de ascenso y motivo del mismo;

IV. y V. ...

Artículo 47. Los despachos de los Almirantes y Capitanes de Navío serán legalizados con las firmas del Mando Supremo y del Alto Mando y llevarán el gran sello de la nación.

Artículo 48. Los despachos de los capitanes de corbeta y fragata, así como de los oficiales, serán legalizados con las firmas del alto mando y de los servidores públicos de las unidades administrativas correspondientes.

Artículo 49. El grado que ostente el personal de la milicia auxiliar, será acreditado por el nombramiento que se les expida, firmado por el Alto Mando.

Artículo 50. ...

I. y II. ...

III. Grado, fecha de ascenso y motivo del mismo;

IV. y V. ...

Artículo 51. ...

I. y II. ...

III. Excedido de la edad límite en su grado;

IV. a VII. ...

VIII. Cuando no reúnan los requisitos establecidos por esta ley para cada grado,

IX. y X. ...

Artículo 54. En caso de procedencia de la inconformidad por exclusión, el Alto Mando ordenará la evaluación del interesado colocándolo en el orden de prelación que le corresponda. Si ya fue efectuada la promoción y hubiere obtenido un lugar con derecho a alguna de las vacantes existentes, la situación de exclusión del concurso de selección para ascenso, será considerada como postergación.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto por el presente Decreto.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 2 de marzo de 2010. — Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente; senador Adrián Rivera Pérez (rúbrica) secretario.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Marina.

LEY ORGANICA DE LA ARMADA DE MEXICO

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México.

Atentamente

México, DF, a 2 de marzo de 2010.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

MinutaProyecto de Decreto

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México

Artículo Único. Sereforman los artículos 1, 2, fracciones IV, V, VI, VIII, X, XI, XIII, XIV y XV, 3, 7, párrafo primero, fracciones I y IV, 8, fracción III y párrafo segundo, 9, fracciones I, II y III, 11, fracciones I y II, en su Apartado B, 12, segundo párrafo, 13, párrafos primero y tercero, 15, párrafos primero, tercero y cuarto, 16, párrafo primero, 17, párrafos primero y tercero, 18, 20, 21, 22, 23, 25, fracciones I y III, 26, párrafo segundo, 27, 29, 30, párrafos primero y tercero, 31, 32, 33, 36, párrafo primero, las fracciones II y III del párrafo segundo y párrafo tercero, 38, párrafo primero y fracción III, 40, 42, 43, 44, 45, 46, fracciones V, X y XI, 47, fracciones II y V, 48, párrafo primero, 51, 52, fracciones I y II, 54, párrafo primero, 56, párrafo primero y fracción I, 58, 59, párrafo primero, 61, 62, 64, 65, fracción I y sus Apartados A y B, 66, párrafo primero, 67, 68, 69, 72, fracción V, 73, fracciones I y II, 74, 81, segundo párrafo, 85, fracción I y sus Apartados C, D y E, fracción II, en sus Apartados D y numeral 1, y E, fracción III, en sus Apartados B y D, y 87, sustituyéndose los incisos a) y b) por fracciones, así como la denominación del Capítulo Cuarto; seadicionan la fracción XVI al artículo 2, la fracción III Bis al artículo 8, el artículo 15 Bis, el artículo 22 Bis, la fracción IV al artículo 25, el artículo 27 Bis, las fracciones I, II, III y IV al párrafo primero del artículo 30, el artículo 32 Bis, la facción XII al artículo 46, un párrafo segundo al artículo 52, un rubro a la fracción IV del artículo 60, el Apartado C a la fracción I del artículo 65, recorriéndose el actual, el Apartado F y un párrafo segundo a la fracción I, un párrafo segundo a la fracción II, un Apartado C, recorriéndose el actual, y un párrafo segundo a la fracción III del articulo 85; y sederogan el párrafo segundo del artículo 13, el párrafo segundo del artículo 15, el artículo 19, la fracción II del artículo 25, el párrafo segundo del artículo 30, el artículo 34, el artículo 63, el artículo 70, las fracciones III y IV del artículo 73, y el Apartado C de la fracción II del artículo 85 de la Ley Orgánica de la Armada de México, para quedar como sigue:

Artículo 1. La Armada de México es una institución militar nacional, de carácter permanente, cuya misión es emplear el poder naval de la federación para la defensa exterior y seguridad interior del país.

Artículo 2. ...

I. a III. ...

IV. Proteger el tráfico marítimo, fluvial y lacustre en las zonas marinas mexicanas, aguas interiores navegables y donde el mando supremo lo ordene, así como establecer las áreas restringidas a la navegación, incluidos los espacios aéreos correspondientes, en coordinación con las autoridades competentes y de conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales y la legislación nacional;

V. Salvaguardar la vida humana mediante operaciones de búsqueda y rescate en las zonas marinas mexicanas, aguas internacionales y en todas aquellas en las que el mando supremo lo ordene;

VI. Proteger instalaciones estratégicas del país en su ámbito de competencia y donde el mando supremo lo ordene;

VII. ...

VIII. Proteger los recursos marítimos, fluviales y lacustres nacionales, así como participar en toda actividad relacionada con el desarrollo marítimo nacional;

IX. ...

X. Realizar actividades de investigación científica, oceanográfica, meteorológica, biológica y de los recursos marítimos, actuando por sí o en colaboración con otras instituciones nacionales o extranjeras, o en coordinación con dependencias y entidades de la administración pública federal;

XI. Intervenir, sin perjuicio de las atribuciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal, en la prevención y control de la contaminación marítima, así como vigilar y proteger el medio marino en el área de su responsabilidad, actuando por sí o en colaboración con otras dependencias e instituciones nacionales o extranjeras;

XII. ...

XIII. Ejecutar los trabajos hidrográficos de las costas, mares, islas, puertos y vías navegables; publicar la cartografía náutica y la información necesaria para la seguridad de la navegación; y organizar el archivo de cartas náuticas y las estadísticas relativas;

XIV. Administrar y fomentar la educación naval en el país;

XV. Participar en los órganos del fuero de guerra; y

XVI. Las demás que le señalen las disposiciones aplicables y le encomiende el mando supremo.

Artículo 3. La Armada de México ejerce sus atribuciones por sí o con el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, o en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno cuando el mando supremo lo ordene o las circunstancias así lo requieran.

Artículo 7. El alto mando es ejercido por el secretario de Marina, responsable ante el mando supremo del desempeño de las atribuciones siguientes:

I. Planear, elaborar, determinar y ejecutar la política y estrategia naval;

II. a III. ...

IV. Establecer, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, la creación y organización de sectores navales, así como las áreas de control naval del tráfico marítimo;

V. a VIII. ...

Artículo 8....

I. y II. ...

III. Regiones, zonas y sectores navales;

III Bis. Cuartel General del alto mando;

IV. a VII. ...

Asimismo, y para el despacho de los asuntos a que se refiere el artículo 2 de esta ley, el alto mando se auxiliará con el subsecretario, oficial mayor, inspector y contralor general de Marina, directores generales, agregados navales y demás servidores públicos que establezcan los reglamentos respectivos.

Artículo 9. ...

I. Superiores en jefe: los titulares de las fuerzas navales, regiones navales y el del Cuartel General del alto mando;

II. Superiores: los titulares de las zonas navales y otros que designe el alto mando; y

III. Subordinados: los titulares de sectores, flotillas, escuadrillas, unidades de superficie, unidades aeronavales, batallones de infantería de marina, y otros que designe el alto mando.

Artículo 11. ...

I. El alto mando será suplido por el subsecretario y, en ausencia de éste, por el oficial mayor;

II. ...

A. ...

B. En las regiones navales, por el comandante de zona más antiguo de su jurisdicción y en el Cuartel General del alto mando por el jefe del Estado Mayor.

III. y IV. ...

...

Artículo 12. ...

Estará integrado con personal Diplomado de Estado Mayor y el personal especialista que sea necesario para el cumplimiento de sus atribuciones. El titular será de la categoría de almirante.

Artículo 13. Las fuerzas navales son el conjunto organizado de hombres, buques, aeronaves y unidades de infantería de marina capacitados para el cumplimiento de la misión y atribuciones asignadas la Armada de México.

Los comandantes de las fuerzas navales serán de la categoría de almirante.

Artículo 15. Las regiones navales son áreas geoestratégicas, determinadas por el mando supremo, que agrupan a zonas, sectores, flotillas, escuadrillas y otras unidades y establecimientos.

Tienen a su cargo la concepción, preparación y conducción de las operaciones navales para el cumplimiento de la misión y atribuciones asignadas a la Armada de México en su área jurisdiccional.

Los comandantes de las regiones serán de la categoría de almirante y estarán subordinados directamente al alto mando.

Artículo 15 Bis. El Cuartel General del alto mando se integra con las unidades operativas y establecimientos navales de la capital de los Estados Unidos Mexicanos.

Tiene a su cargo la concepción, preparación y conducción de las operaciones, proporcionando seguridad y apoyo logístico a las unidades y establecimientos en dicha capital.

El comandante del Cuartel General del alto mando será de la categoría de almirante y estará subordinado directamente al alto mando.

Artículo 16. Las zonas navales son las áreas geográfico-marítimas determinadas por el mando supremo, que agrupan a sectores navales, flotillas, escuadrillas y otras unidades y establecimientos que determine el alto mando.

..

...

Artículo 17. Los sectores navales son las subdivisiones geográfico-marítimas determinadas por el alto mando, que tienen bajo su mando a las flotillas, escuadrillas, unidades, establecimientos y fuerzas adscritas, incorporadas o destacadas.

...

Los comandantes serán de la categoría de almirante y estarán subordinados al mando de la región o zona naval que corresponda.

Artículo 18. Las flotillas y escuadrillas tienen a su cargo la supervisión de las actividades operativas de las unidades de superficie adscritas, a fin de mantenerlas con un alto grado de alistamiento, incrementar su eficiencia y optimizar los medios disponibles para el desarrollo de las operaciones que se les asignen.

Están integradas por personal y unidades de superficie de acuerdo con los requerimientos operativos. Los comandantes serán de la categoría de capitán del Cuerpo General y estarán subordinados al comandante de región, zona o sector naval que corresponda.

Artículo 19. Se deroga.

Artículo 20. Las unidades operativas son los buques, aeronaves y unidades de infantería de marina, mediante los cuales se cumplimentan las funciones que se derivan de la misión y atribuciones de la propia Armada. Contarán con el personal necesario de los cuerpos y servicios.

Artículo 21. Las unidades de superficie de la Armada de México, adscritas a los mandos navales, se agruparán en diferentes tipos y clases de acuerdo con su misión, empleo táctico, equipamiento y sistemas de armas.

Artículo 22. Las unidades de infantería de marina, adscritas a los mandos navales, se integran en batallones, fuerzas especiales y otras que designe el alto mando.

Artículo 22 Bis. Las unidades aeronavales, adscritas a los mandos navales, son de ala fija o móvil, de diferentes tipos y clases, encuadradas a bases, estaciones y escuadrones aeronavales.

Artículo 23. Los establecimientos de educación naval tienen por objeto adiestrar, capacitar, formar y proporcionar estudios de posgrado al personal de la Armada de México y, en su caso, de los becarios en los términos del Plan General de Educación Naval.

La Armada de México contará con los establecimientos educativos necesarios para preparar los recursos humanos que requiera a nivel técnico, técnico-profesional, profesional y posgrado, de acuerdo con los recursos financieros que le sean asignados.

Artículo 25. ...

I. El Consejo del Almirantazgo, en sus modalidades de reducido y ampliado;

II. Se deroga.

III. La Comisión Coordinadora para Ascensos; y

IV. Otros que establezca.

Artículo 26. ...

Funcionará y se integrará en los términos que establece la presente ley.

Artículo 27. El Consejo del Almirantazgo tiene las funciones siguientes:

I. En su modalidad de ampliado:

A. Asesorar al alto mando en asuntos de carácter estratégico;

B. Proporcionar los elementos de juicio que sustenten la toma de decisiones en asuntos relacionados con el desarrollo del poder naval; y

C. Proponer las políticas de la institución relacionadas con el ámbito marítimo que impacten en el desa-rrollo del país.

II. En su modalidad de reducido, conocerá de las inconformidades a que se refieren los artículos 31 y 33 de la presente ley.

Artículo 27 Bis. El Consejo del Almirantazgo se integrará de la manera siguiente:

I. En la modalidad de reducido por

A. Secretario;

B. Subsecretario;

C. Oficial Mayor;

D. Inspector y contralor general de Marina;

E. Jefe del Estado Mayor General de la Armada;

F. Comandante de la Fuerza Naval del Golfo; y

G. Comandante de la Fuerza Naval del Pacífico.

II. En la modalidad de ampliado, además de los servidores públicos señalados en la fracción anterior, por los comandantes de las regiones navales.

En ambas modalidades será presidido por el alto mando.

Artículo 29. Los órganos de disciplina son competentes para conocer, resolver y sancionar las faltas graves en contra de la disciplina naval, así como calificar la conducta o actuación del personal de la Armada de México.

Artículo 30. Los órganos de disciplina son

I. La Junta de Almirantes;

II. Los Consejos de Honor Superior;

III. Los Consejos de Honor Ordinario; y

IV. Los Consejos de Disciplina.

Funcionarán y se organizarán conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 31. Los órganos de disciplina funcionarán con carácter permanente y sus resoluciones serán autónomas.

Dichas resoluciones se aplicarán en tiempo y forma sin que ello coarte la posibilidad de interponer el recurso de inconformidad ante el órgano de disciplina superior al que emitió el fallo, en un término de 15 días naturales.

El Consejo del Almirantazgo, en su modalidad de reducido, conocerá de las impugnaciones en contra de las resoluciones que emita la Junta de Almirantes.

Artículo 32. La Junta Naval es un órgano administrativo de carácter permanente y estará integrada de un presidente y dos vocales de la categoría de almirantes en servicio activo de los diferentes cuerpos y servicios de la Armada de México, designados por el alto mando; el segundo vocal fungirá como secretario.

Será competente para conocer de la inconformidad que manifieste el personal respecto a

I. Situaciones escalafonarias;

II. Antigüedad en el grado;

III. Exclusión en el concurso de selección para ascenso;

IV. Postergas;

IV. Adecuación de grado; y

VI. Pase a la milicia permanente.

Artículo 32 Bis. La inconformidad a que se refiere el artículo anterior deberá interponerse por escrito ante la Junta Naval, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación.

La resolución de la inconformidad deberá ser emitida en un plazo no mayor de noventa días naturales posteriores a aquel en que se interpuso la inconformidad.

Las inconformidades se regularán conforme a las disposiciones reglamentarias respectivas.

Artículo 33. Las resoluciones emitidas por la Junta Naval serán autónomas y obligatorias. En caso de inconformidad, deberán ser analizadas por el Consejo del Almirantazgo en su modalidad de reducido.

Artículo 34. Se deroga.

Artículo 36. El personal de la milicia permanente se caracteriza por su estabilidad en el servicio.

...

I. ...

II. El que habiendo causado alta como marinero obtenga por ascensos sucesivos el grado de primer maestre o equivalente y haya cumplido ininterrumpidamente cuatro años de servicio;

III. El que obtenga el grado de primer maestre o equivalente y no se encuadre en la fracción anterior, al cumplir quince años de servicio ininterrumpidos y reúna los requisitos establecidos en el reglamento respectivo, previa solicitud, podrá participar en el proceso de pase de oficiales de la milicia auxiliar a la milicia permanente; y

IV. ...

A. a D. ...

Al personal mencionado que haya sido adecuado de grado por estudios efectuados se computará el tiempo de servicios en cada uno de los grados que haya ostentado.

...

Artículo 38. El personal de la milicia permanente, núcleo o escala de los diferentes servicios podrá obtener los distintos grados conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Ascensos de la Armada de México o realizando estudios acordes con su profesión, por su cuenta y sin perjuicio del servicio, pudiendo obtener los grados de

I. y II. ...

III. Teniente de navío, con segunda especialidad afín o doctorado.

...

Artículo 40. El personal de la milicia auxiliar podrá ascender por adecuación de grado al haber realizado estudios por su cuenta acordes con su profesión sin perjuicio del servicio y que sean de utilidad para la Armada, pudiendo obtener los grados de

I. Tercer maestre, con estudios de nivel técnico profesional;

II. Segundo maestre, con estudios de nivel técnico profesional con especialidad;

III. Primer maestre, con estudios de nivel técnico superior universitario;

IV. Teniente de corbeta, con estudios de licenciatura;

V. Teniente de fragata, con especialidad o maestría; y

VI. Teniente de navío, con segunda especialidad afín o doctorado.

La adecuación de grado estará sujeta a la consideración del alto mando, a que exista vacante y a la presentación de título o diploma y cédula profesional.

Artículo 42. El personal se agrupa en cuerpos y servicios en atención de su formación y funciones.

A su vez, los cuerpos y los servicios están constituidos por núcleos y escalas. Los núcleos agrupan al personal profesional, y las escalas al técnico profesional y no profesional.

Artículo 43. Los cuerpos son los siguientes:

I. Cuerpo General;

II. Infantería de Marina;

III. Aeronáutica Naval; y

IV. Otros que sean necesarios a juicio del alto mando.

Los núcleos de los cuerpos señalados están constituidos por personal egresado de la Heroica Escuela Naval Militar, que podrá realizar las especialidades que resulten necesarias para la Armada de México, en los términos previstos en el Plan General de Educación Naval.

Los núcleos de los servicios están constituidos por personal profesional procedente de establecimientos educativos superiores de la Armada de México, o de otras instituciones de educación superior tanto nacionales como extranjeras. Los estudios en estas últimas, para su reconocimiento, deberán ser revalidados por la Secretaría de Educación Pública.

Artículo 44. La escala técnico profesional de los cuerpos y servicios está integrada por el personal que haya realizado estudios en escuelas reconocidas por la Secretaría de Educación Pública, de nivel técnico profesional, con una duración mínima de tres años lectivos y que obtengan el título o diploma y la cédula profesional correspondiente.

Artículo 45. La escala no profesional de los cuerpos y servicios está integrada por el personal no considerado en los artículos 43 y 44 de esta ley.

Artículo 46. ...

I. a IV. ...

V. Logística Naval;

VI. a IX. ...

X. Sanidad Naval;

XI. Trabajo Social Naval; y

XII. Otros que sean necesarios a juicio del alto mando.

Artículo 47. ...

I. ...

II. No contar con otra nacionalidad;

III. y IV. ...

V. Reunir los requisitos de edad, de aptitud física y académica, y de conducta, así como encontrarse médica y clínicamente sano y apto para el servicio de las armas, en términos de las normas aplicables.

Artículo 48. El reclutamiento del personal se efectuará

I. y II. ...

Artículo 51. La educación naval tiene por objeto proporcionar al personal los principios doctrinarios navales, conocimientos y habilidades para el cumplimiento de sus funciones dentro de la Armada de México, en los términos establecidos en las disposiciones legales y reglamentarias.

La educación naval se forma por los siguientes niveles educativos:

I. Adiestramiento;

II. Capacitación;

III. Formación; y

IV. Posgrado.

Estos niveles se llevarán a cabo en las unidades y en los establecimientos de la Armada, así como en otros centros educativos nacionales o extranjeros.

Artículo 52. ...

I. En planteles nacionales, un tiempo equivalente a dos veces el que duren sus estudios; y

II. En planteles extranjeros, un tiempo equivalente a tres veces el que duren sus estudios.

El personal que solicite su separación del servicio activo y no haya concluido el tiempo de servicio especificado en las fracciones anteriores cubrirá el total o la parte proporcional del importe erogado por la institución para la realización de dichos estudios.

Artículo 54. El personal desempeñará los cargos y las comisiones acordes con su cuerpo, servicio y grado establecidos en las planillas orgánicas de las unidades y establecimientos de la Armada de México, así como los que se le nombren por necesidades del servicio, de conformidad con lo establecido en esta ley y demás ordenamientos aplicables.

...

Artículo 56. Al personal de los cuerpos corresponden las funciones siguientes:

I. Ejercer los niveles y tipos de mando que establece esta ley;

II. y III. ...

Capítulo CuartoGrados y Escalafones

Artículo 58. Los grados en el personal tienen por objeto el ejercicio de la autoridad, otorgando a su titular los derechos y consideraciones establecidos en las leyes y reglamentos respectivos, e imponiendo las obligaciones y deberes inherentes a la situación en que se encuentre.

Artículo 59. El personal, por su grado, se agrupará en las categorías siguientes:

I. a VI. ...

Artículo 60. ...

I. a III. ...

IV. Cadetes          Cadetes                              Cadetes

Cadetes                Cadetes                              Cadetes

Alumnos              Alumnos                  Alumnos

V. y VI. ...

Artículo 61. Al personal que se encuentre cursando estudios en los diferentes establecimientos de educación naval se denominará cadetes a nivel licenciatura, y alumnos a nivel técnico profesional o técnico.

Tendrán los grados que establezcan los reglamentos de los establecimientos educativos y estarán sujetos a la legislación militar con el grado de segundo maestre.

Artículo 62. Los ascensos del personal naval se conferirán con arreglo a lo previsto en las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 63. Se deroga.

Artículo 64. El grado tope es el grado máximo que puede alcanzar el personal de la Armada.

Quien alcance el grado tope, en los términos en que lo establece esta ley o la Ley de Ascensos de la Armada de México, al cumplir cinco años en dicho grado percibirá una asignación mensual igual a la diferencia de percepciones que exista entre el grado que ostenta y el inmediato superior.

Cada cinco años dicha asignación será aumentada a las percepciones que correspondan al grado inmediato superior de los que perciba.

Artículo 65. ...

I. Para los cuerpos:

A. Núcleo: desde guardiamarina hasta almirante;

B. Escala técnico profesional: de primer maestre hasta capitán de corbeta;

C. Escala no profesional: desde marinero hasta teniente de navío; y

II. ...

...

Artículo 66. El escalafón de la Armada de México se integra de acuerdo con la normatividad aplicable, agrupando al personal de la milicia permanente por cuerpos y servicios, núcleos y escalas en orden descendente, en razón de la categoría, grado y la antigüedad, señalando las especialidades que ostenten.

...

Artículo 67. El personal de la Armada de México podrá ser cambiado de cuerpo, servicio, núcleo o escala por necesidades del servicio, recomendación de un consejo médico integrado por médicos especialistas navales o a petición del interesado, sujetándose a las siguientes reglas:

I. Si el cambio es por necesidades del servicio o recomendación de un consejo médico como resultado de lesiones en actos del servicio, no perderá el grado ni la antigüedad; y

II. Si el cambio es a solicitud del interesado o recomendación de un consejo médico como resultado de lesiones en actos no imputables al servicio, ocupará el último lugar del grado que ostente en el cuerpo o servicio del escalafón a que vaya a pertenecer a partir de la fecha del cambio.

Para efectos de retiro no perderá el tiempo de servicio en el grado.

Para efectos de ascenso, la antigüedad en el grado contará a partir de la fecha del cambio.

Artículo 68. Al término de los estudios en la Heroica Escuela Naval Militar, el personal de cadetes perteneciente a los cuerpos será promovido al grado de guardiamarina y el de los servicios a primer maestre; los egresados de los demás establecimientos de educación naval de nivel licenciatura, al de primer maestre; y los de nivel técnico profesional, al de segundo maestre.

Artículo 69. El personal de clases que concluya satisfactoriamente algún curso en los centros de capacitación de la Armada de México se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Ascensos de la Armada de México.

Artículo 70. Se deroga.

Artículo 72. ...

I. a IV. ...

V. Con licencia, a excepción de la ilimitada.

Artículo 73. ...

I. El personal en espera de órdenes para que le sea asignado cargo o comisión; y

II. El personal que pase a esta situación por resolución de órgano de disciplina en los términos que dispone la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México.

III. Se deroga.

IV. Se deroga.

Artículo 74. El personal a que hace referencia la fracción II del artículo anterior estará sujeto a las normas siguientes:

I. Mientras permanezca en esta situación, no será convocado para efectos de ascenso;

II. Se le deducirá de la antigüedad del grado que ostente el tiempo que dure a disposición y pasará a ocupar el lugar que le corresponda del escalafón; y

III. El alto mando tendrá la facultad para suspender o dar por terminada la situación a disposición a todo el personal que se encuentre considerado en esta fracción.

Artículo 81. ...

Se dará por terminada cuando el interesado sea dado de alta o hasta que se expida el certificado de incapacidad permanente.

...

Artículo 85. ...

I. Por ministerio de ley, al concretarse alguna de las circunstancias siguientes:

A. y B. ...

C. Ser declarados prófugos de la justicia, tratándose de almirantes, capitanes y oficiales de la milicia permanente, sin perjuicio del proceso que se les siga;

D. El personal de la milicia auxiliar, por faltar injustificadamente tres días consecutivos, sin perjuicio del proceso que se les siga;

E. Cuando se adquiera otra nacionalidad; o

F. Por resolución firme del órgano de disciplina competente para el personal de la milicia auxiliar.

Las bajas previstas en esta fracción serán comunicadas por la autoridad competente o el mando naval correspondiente.

II. ...

A. y B. ...

C. Se deroga.

D. Tratándose del personal de la milicia auxiliar, por incapacidad para el cumplimiento de las obligaciones inherentes al servicio, en los casos siguientes:

1. Encontrarse sujeto a un proceso penal, en las jurisdicciones federal o común, que amerite prisión preventiva sin derecho a libertad caucional. De resultar absuelto, podrá reingresar en el servicio siempre que cumpla los requisitos de ingreso establecidos en esta ley;

2. ...

E. Tratándose de personal de la milicia auxiliar, por terminación de su contrato o anticipadamente por no ser necesarios sus servicios, conforme a las cláusulas de su contrato y demás disposiciones legales.

El afectado será escuchado en defensa dentro de los quince días naturales siguientes a su notificación.

III. ...

A. ...

B. Por observar mala conducta determinada por el consejo de honor de la unidad o dependencia a que pertenezca;

C. Por colocarse en situación de no poder cumplir sus obligaciones militares por causa no imputable a la Armada de México; y

D. Por terminación de su contrato o anticipadamente por no ser necesarios sus servicios o cuando se detecten hechos de falsedad en declaraciones o en la documentación presentada para la acreditación de su situación y de sus derechohabientes.

Para los casos señalados en los apartados C y D, el interesado será escuchado en defensa dentro de los quince días naturales siguientes a la notificación correspondiente.

Artículo 87. ...

I. Primera Reserva; y

II. Segunda Reserva.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto por el presente decreto.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 2 de marzo de 2010.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente;senador Adrián Rivera Pérez (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Marina.

LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil.

Atentamente

México, DF, a 2 de marzo de 2010.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

MinutaProyecto de Decreto

Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil

Único. Se reforman las fracciones IV, V, VI, VII, X, XI, XIII, XV y XXII del artículo 3; la fracción II del artículo 4; 7; la fracción VIII del artículo 10; 11; las fracciones I, X, XVII, XVIII y XIX al artículo 12; primer párrafo, y la fracción II al artículo 16; primer párrafo al artículo 17; 18; el primer párrafo al artículo 22; la fracción II, al artículo 28; el primer párrafo al artículo 30; el primer párrafo al artículo 31; los párrafos segundo y tercero al artículo 32; 36; y el segundo párrafo al artículo 38; se adicionan las fracciones del I a IV y párrafos segundo y tercero al artículo 1; las fracciones XXIII a la XXXII al artículo 3; una nueva fracción III y se recorren las subsecuentes para quedar como fracciones IV y V y un último párrafo al 4; un párrafo segundo del artículo 6; un artículo 8-A; unas nuevas fracciones IX y X al artículo 10; unas nuevas fracciones XX a XXIV al artículo 12; se modifica la denominación del actual capítulo IIII, para quedar “De la Comisión Nacional de Protección Civil”, adicionándose e integrándose al mismo los nuevos artículos 15-A a 15-F; se adiciona una Sección I, denominada “Del Consejo Nacional”, integrándose a la misma los artículos 16 a 20; una nueva fracción II, recorriéndose la subsecuentes para quedar numeradas del III al VII, al artículo 20; se crea la Sección II, denominada “Del Director General”, integrada y adicionada con los artículos 21-A al 21-O; se crea una Sección III, denominada “De la Junta de Titulares de los Representantes de Protección Civil de las Entidades Federativas”, integrada y adicionada por los artículos 21-E a 21-H; un tercer párrafo al artículo 22; los párrafos segundo y tercero al artículo 23; un artículo 24-A; un nuevo Capítulo IV BIS, denominado “De la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios”, integrado y adicionado con los nuevos artículos 25 Bis a 25 Quáter; un segundo párrafo al artículo 28; un tercer párrafo al artículo 31; un nuevo Capítulo VIII, denominado “Obligaciones de los Particulares”, integrado y adicionado con los nuevos artículos 41 a 44; un nuevo capítulo IX, denominado “De la Atención a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas”, integrado y adicionado por los nuevos artículos 45 a 49; un nuevo capítulo X, denominado “De las Aportaciones para Auxiliar a la Población”, integrado y adicionado por los nuevos artículos 50 a 56; un nuevo Capítulo XI, denominado “De la Cultura de Prevención y Protección Civil”, integrado y adicionado con los nuevos artículos 57 a 61; un nuevo capítulo XII, denominado “De la Escuela Nacional de Protección Civil, Capacitación, Acreditación y Certificación”, integrado y adicionado con los nuevos artículos 62 a 66; un nuevo capítulo XIII, denominado “De la Información y Transparencia”, integrado y adicionado con los nuevos artículos 67 a 70; y un nuevo Capítulo XIV, denominado “De las Sanciones e Indemnizaciones”, integrado y adicionado con los nuevos artículos 71 a 78; y se deroga la fracción VII del artículo 16, todos de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 1. ...

Las acciones de protección civil deberán regirse por los principios de:

I. Prioridad en la protección de la vida, la salud y la integridad de las personas;

II. Prevención e inmediatez en la prestación de auxilio y la entrega de sus recursos;

III. Coordinación, complementariedad y proporcionalidad de las funciones asignadas a las instancias de Gobierno, y

IV. Control, eficacia, racionalidad y transparencia en el gasto.

Son sujetos de los derechos que establece este ordenamiento, todos los hombres y las mujeres, en lo individual y colectivo, que se encuentren en territorio nacional.

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entiende por:

I. al III. ...

IV. Protección civil: Conjunto de disposiciones, planes, programas, medidas y acciones destinados a salvaguardar la vida y proteger los bienes de la población, incluyendo su participación con las autoridades en acciones de prevención, auxilio y recuperación ante la presencia de fenómenos perturbadores de origen natural o antropogénico.

V. Prevención: Conjunto de acciones y mecanismos de preparación implementados con anticipación al desastre, tendientes a identificar y a reducir riesgos, así como evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo de los fenómenos perturbadores sobre la vida y bienes de la población, la planta productiva, los servicios públicos y el medio ambiente.

VI. Auxilio: Acciones destinadas primordialmente a salvaguardar la vida, la salud y la integridad física de las personas, la protección de los bienes de la población y la planta productiva y a preservar los servicios públicos y el medio ambiente, ante la presencia de un agente destructivo.

VII. Recuperación: Proceso orientado a la reconstrucción y mejoramiento del sistema afectado, estableciendo las bases para su ulterior desarrollo integral, así como a la reducción del riesgo de ocurrencia y la magnitud de los desastres futuros.

VIII. al IX. ...

X. Agentes destructivos: Los fenómenos de carácter geológico, hidrometeorológico, químico-tecnológico, sanitario-ecológico y social que pueden producir riesgo, emergencia o desastre. También se les denomina fenómenos perturbadores.

XI. Fenómeno geológico: Calamidad que tiene como causa las acciones y actividad telúrica violenta. A esta categoría pertenecen los sismos o terremotos, las erupciones volcánicas, los tsunamis o maremotos y la inestabilidad de suelos, también conocida como movimientos de tierra, los que pueden adoptar diferentes formas: arrastre lento o reptación, deslizamiento, flujo o corriente, avalancha o alud, derrumbe y hundimiento.

XII. ...

XIII. Fenómeno químico-Tecnológico: Calamidad que se genera por la acción de diferentes sustancias derivadas de su interacción molecular o nuclear. Comprende fenómenos destructivos tales como: incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas y radiaciones.

XIV. ...

XV. Fenómeno social: Calamidad generada por motivo de errores humanos o por acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de población.

XVI. ...

XVII. a XXI. ...

XII. Secretaría: La Secretaría de Gobernación.

XXIV. Junta de Titulares: Junta de Titulares de Protección Civil de las entidades federativas.

XXV. Unidades Internas: Unidades internas de protección civil.

XXVI. Atlas Nacional de Riesgo: Sistema integral de información sobre riesgos de desastres a nivel nacional, estatal y municipal, que tiene como objetivo evaluar el riesgo mediante un análisis espacial y temporal de peligro, vulnerabilidad y grado de exposición de los sistemas afectables. Este sistema consta de bases de datos, sistemas de información geográfica y herramientas para el análisis y la simulación de escenarios, así como la estimación de posibles pérdidas por desastres.

XXVII. Aportación: La aportación en especie, numerario o mano de obra que realizan las personas físicas o morales, la sociedad civil organizada y la población en general, para ayudar a las entidades, municipios o comunidades declaradas en emergencia o desastre.

XXVIII. Brote epidémico: La aparición de dos o más casos de la misma enfermedad asociados en tiempo, lugar y persona.

XXIX. Endemia: la existencia en un área o región de una enfermedad generalmente infecciosa, la enfermedad se mantiene en un nivel usual, incluyendo sus variables estacionales.

XXX. Epidemia: Aparición, en una comunidad o región definida, de casos de una enfermedad con una frecuencia que claramente rebasa la incidencia normal prevista. El número de casos que indica la existencia de una epidemia varía según el agente infeccioso, las dimensiones y el tipo de la población expuesta, su experiencia previa o la falta de exposición a la enfermedad, así como la época y el lugar donde se presenta.

XXXI. Pandemia: Es la afectación de una enfermedad infecciosa de los humanos a lo largo de un área geográficamente extensa. Para que pueda denominarse pandemia, ésta debe tener un alto grado de infectabilidad y un fácil traslado de un sector geográfico a otro.

XXXII. Programas internos: Son instrumentos de pla-neación y operación implementados en los centros laborales, educativos privados, de recreación o de cualquier índole que concentren o reciban una gran afluencia de personas, los cuales deberán basarse en el establecimiento de medidas y dispositivos de protección, seguridad y autoprotección para el personal, los usuarios y bienes ante la eventualidad de una emergencia, alto riesgo, siniestro o desastre.

Artículo 4. ...

I. ...

II. Incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación, el Fondo de Desastres Naturales, el Fondo para la Prevención de Desastres y el Programa de Atención a Contingencias Climatológicas estableciendo los montos para la operación de cada uno de ellos, conforme a las disposiciones aplicables, cuya coordinación será responsabilidad de la Secretaría y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, según corresponda;

III. Considerar las adecuaciones presupuéstales cada año, en términos reales, que se requieran en cada periodo para propiciar el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional y Programa Nacional en materia de protección civil, así como los fondos y programas previstos en la fracción anterior;

IV. Emitir declaratorias de emergencia o de desastre, en los términos del Capítulo VI de esta ley, y

V. Disponer la utilización y destino de los recursos del Fondo de Desastres, con arreglo a la regulación que al respecto se emita.

La federación, a través de la Secretaría y la Comisión Nacional, será la autoridad competente para la aplicación e interpretación de la presente ley, a fin de fortalecer la promoción; propiciar y asegurar la coordinación de acciones en materia de protección civil de las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal, así como de las entidades federativas y municipios; con respeto a su competencia y sin afectar las atribuciones que a cada una de ellas corresponda.

Artículo 6. ...

La Secretaría, a través de la Comisión Nacional, deberá promover la interacción de la protección civil con los procesos de información, a fin de impulsar acciones a favor del aprendizaje y práctica de conductas seguras, mediante el aprovechamiento de los tiempos otorgados por el Estado y las aportaciones de espacios en los medios de comunicación que realicen los particulares.

Artículo 7. Para que los particulares o dependencias públicas puedan ejercer la actividad de asesoría o capacitación en la materia, deberán contar con el registro normalizado correspondiente ante las autoridades federales, estatales o del Distrito Federal de protección civil, sin perjuicio de lo que establezcan los ordenamientos locales en la materia. La solicitud deberá presentarse por escrito ante la Comisión Nacional en los términos que establezca el reglamento de esta ley y las demás normas aplicables.

El registro será obligatorio y permitirá a los particulares o dependencias públicas referidas en el párrafo anterior, emitir la carta de corresponsabilidad que se requiera para la aprobación de los programas internos y especiales de protección civil, expedido por la Comisión Nacional.

Artículo 8-A. Son instrumentos para la protección civil, los siguientes:

I. El Sistema Nacional de Protección Civil;

II. Comisión Nacional de Protección Civil, y

III. El Programa Nacional de Protección Civil.

Artículo 10. ...

...

...

I. al V. ...

VI. El establecimiento de programas educativos y de difusión, dirigidos a toda la población, que les permita conocer los mecanismos de ayuda en caso de emergencia, así como la manera en que pueden colaborar en estas actividades;

VII. El desarrollo y aplicación de medidas, programas e instrumentos económicos para fomentar, inducir e impulsar la inversión y participación de los sectores social y privado en la promoción de acciones de prevención, incluyendo los mecanismos normativos y administrativos;

VIII. Llevar a cabo los proyectos, los estudios y las inversiones necesarias para ampliar y modernizar la cobertura de los sistemas de medición de los distintos fenómenos naturales y antropogénicos que provoquen efectos perturbadores. Establecer líneas de acción y mecanismos de información y telecomunicaciones especialmente a nivel municipal, debidamente instrumentados, difundidos y de fácil acceso;

IX. La investigación científica y el desarrollo tecnológico, enfocado a diversos tipos de fenómenos, bajo la conducción del Centro Nacional de Prevención de Desastres, y

X. Acciones de difusión respecto de la cultura de prevención en materia de protección civil.

Artículo 11. El Sistema Nacional se encuentra integrado por el Presidente de la República, el Consejo Nacional, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, las Dependencias, Organismos e Instituciones de la Administración Pública Federal, la Comisión Nacional, los grupos voluntarios, vecinales y no gubernamentales, y los sistemas de protección civil de las entidades federativas, del Distrito Federal y de los municipios.

Artículo 12. ...

I. Integrar, coordinar y supervisar el Sistema Nacional para garantizar, mediante la adecuada planeación, prevención, auxilio y recuperación de la población y de su entorno ante situaciones de emergencia o desastre, incorporando la participación activa y comprometida de la sociedad, tanto en lo individual como en lo colectivo;

II. a la IX. ...;

X. Promover la integración de fondos estatales para la prevención y atención de desastres;

XI. a la XVI. ...;

XVII. Desarrollar, coadyuvar y actualizar, con la participación conjunta de la federación, las entidades federativas y los municipios el Atlas Nacional de Riesgos;

XVIII. Determinar los lineamientos generales del Programa Nacional;

XIX. Coordinar con las autoridades correspondientes, los lineamientos que deberá contener la materia de protección civil en el Sistema Educativo Nacional;

XX. Elaborar e implementar acciones destinadas a la prevención, auxilio y recuperación, que involucren mecanismos interinstitucionales, intermunicipales y regionales;

XXI. Promover, apoyar y llevar a cabo la capacitación de profesionales, especialistas y técnicos en la materia;

XXII. Elaborar y mantener actualizado el manual de organización y operación del Sistema Nacional;

XXIII. Promover ante los titulares de las entidades federativas la homologación del marco normativo, de las estructuras funcionales de la protección civil, así como la creación de fondos en cada entidad federativa, y

XXIV. Las demás que la ley le señale o le asignen el Presidente de la República y el Consejo Nacional.

Capítulo IIIDe la Comisión Nacional de Protección Civil

Artículo 15-A. Se crea la Comisión Nacional, como un organismo desconcentrado de la Secretaría, en los términos de su Reglamento Interior, con atribuciones especificas para resolver sobre las materias que se señalan en la presente ley y las demás disposiciones relativas.

La Comisión Nacional contará con autonomía técnica y de gestión, en los términos de esta ley y de lo dispuesto en el Reglamento Interior de la Secretaría, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria aprobada para tal efecto en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 15-B. La Comisión Nacional tendrá como objetivo la conducción y ejecución del Sistema Nacional, articulando los propósitos y coordinando la aplicación de los recursos de las dependencias y entidades federales, estatales y municipales, así como las organizaciones sociales y privadas, destinados a la protección de la sociedad contra los peligros y riesgos que se generen por los desastres.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres, funciona como área de apoyo de la Comisión Nacional y tiene como objeto promover la aplicación de las tecnologías para la prevención y mitigación de desastres, impartir la capacitación profesional y técnica sobre la materia, así como apoyar las medidas de preparación y autoprotección de la población ante la contingencia de un desastre.

Artículo 15-C. Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión Nacional tiene las siguientes atribuciones:

I. Establecer, aplicar y ejecutar las bases de coordinación en protección civil de acuerdo a lo que establece el artículo 1 del presente ordenamiento;

II. Conducir y coordinar los trabajos del Centro Nacional de Prevención de Desastres;

III. Determinar la cuantificación del desastre o emergencia, con apoyo de estudios y esquemas de evaluación a cargo del área correspondiente;

IV. Elaborar, en coordinación con las instancias facultadas para tales efectos, las normas técnicas y los términos de referencia en los que se establecerán los requisitos, especificaciones, condiciones y parámetros que deberán observarse en el desarrollo de las actividades o acciones que incidan en materia de protección civil;

V. Elaborar, coordinar y revisar el Programa Nacional y presentarlo para su aplicación a la Secretaría;

VI. Proponer acciones para el Programa Nacional, en coordinación con la Junta de Titulares;

VII. Apoyar, supervisar y dar seguimiento, en el ámbito de su competencia y en coordinación con las autoridades administrativas que correspondan, a la ejecución de las políticas de protección civil de conformidad con los lineamientos del Programa Nacional y del Plan Nacional de Desarrollo;

VIII. Celebrar convenios con las entidades federativas, municipios, universidades e institutos de investigación y educación, y con organizaciones nacionales e internacionales de los sectores sociales y privado, para la realización de acciones de protección civil;

IX. Implementar y administrar el registro y la información de los particulares o dependencias públicas que ejerzan la actividad de asesoría o capacitación;

X. Implementar y administrar el registro y la información de los grupos de voluntarios;

XI. Determinar en el reglamento los lineamientos básicos que deben contener los programas internos a los que se refiere la fracción XXVII del artículo 30 del presente ordenamiento;

XII. Promover el uso del uniforme e insignia distintiva de protección civil, de acuerdo a lo que establezca el reglamento de la presente ley;

XIII Determinar en el reglamento del presente ordenamiento las medidas necesarias para prevenir, controlar y sancionar el uso indebido de la insignia distintiva internacional, así como del uniforme e insignia distintiva nacional de protección civil;

XIV. Supervisar que no se autoricen asentamientos humanos en zonas de riesgo, y en caso de que estos asentamientos se den en forma ilegal, se notifique a las autoridades locales correspondientes para que procedan a su reubicación, así como de las responsabilidades en las que incurren por la omisión ante dichas irregularidades;

XV. Apoyar y ejecutar en el ámbito de su competencia, en coordinación con la Secretaría de Salud y las autoridades correspondientes, programas de emergencia que se apliquen a la población en caso de brotes de epidemias, endemias y pandemias;

XVI. Coordinar en una situación de desastre los trabajos de los grupos voluntarios a que se refiere el artículo 24-A en el marco del Sistema Nacional;

XVII. Promover la constitución de fondos y de fidecomisos necesarios para el financiamiento general de las acciones de protección civil y de los programas específicos consignados en acuerdos y convenios;

XVIII. Determinar los lineamientos para la administración, destino y vigilancia de los donativos realizados a través de las instituciones bancarias y organizaciones e instituciones privadas;

XIX. Administrar los recursos que le sean asignados, así como las aportaciones que reciba de otras personas, instituciones y países, y

XX. Las demás que le correspondan conforme a las disposiciones legales aplicables.

Artículo 15-D. El titular del Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional, podrá convocar, cuando así lo amerite, a los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como a los invitados que se considere pertinente, cuando se presenten situaciones extremas de emergencia, desastre o cuando la probabilidad de afectación por un fenómeno perturbador sea muy alta, poniendo en inminente riesgo a grandes núcleos de población.

La reunión, que será presidida por el Presidente de la República, o en su ausencia por el Secretario de Gobernación y el Director de la Comisión Nacional de Protección Civil tendrá como propósitos:

I. Analizar la situación de emergencia o desastre que afecte al país, a fin de evaluar el alcance del impacto y formular las recomendaciones necesarias para proteger a la población, sus bienes y su entorno;

II. Determinar las medidas urgentes que deben ponerse en práctica para hacer frente a la situación, así como los recursos indispensables para ello;

III. Proveer los medios materiales y financieros necesarios para las acciones de auxilio;

IV. Vigilar el cumplimiento de las acciones acordadas y dar seguimiento a la situación de emergencia o desastre, hasta que ésta haya sido superada.

Artículo 15-E. La Comisión Nacional se conforma por:

I. El Consejo Nacional, y

II. El Director General.

El Director General contará con la estructura administrativa que se establezca en el Reglamento Interior de la Secretaría.

Artículo 15-F. La Comisión Nacional podrá vigilar la aplicación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, el Fondo de Desastres Naturales y el Fondo Revolvente, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos de las normas correspondientes. Con respecto al Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, la Comisión Nacional podrá vigilar su aplicación en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Cualquier acción de supervisión, evaluación y vigilancia por parte de la Comisión Nacional, se realizará con independencia de las facultades que tienen la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos de lo previsto en el artículo 60 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.

Sección IDel Consejo Nacional

Artículo 16. El Consejo Nacional es la autoridad suprema de la Comisión Nacional, que tendrá el carácter de órgano consultivo en materia de planeación de protección civil. Sus atribuciones son las siguientes:

I. ...

II. Fomentar, a través de Comisión Nacional, la participación comprometida y corresponsable de todos los sectores de la sociedad, en la formulación y ejecución de los programas destinados a satisfacer las necesidades de protección civil en el territorio nacional;

II. a VI. ...

VII. Se deroga;

VIII. Evaluar anualmente el cumplimiento de los objetivos del Programa Nacional, y

IX. ...

Artículo 17. El Consejo Nacional estará integrado por el Presidente de la República, quien lo presidirá y por los titulares de las Secretarías de Gobernación; Relaciones Exteriores; Defensa Nacional; Marina; Hacienda y Crédito Público; Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Función Pública; Educación Pública; Salud; los Gobernadores de los Estados y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Cada titular designará un suplente, siendo para el caso de los Secretarios un Subsecretario; para los Gobernadores y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Secretario General de Gobierno y un representante del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. En el caso del Secretario de Gobernación, lo suplirá el Director General de la Comisión Nacional.

Artículo 18. El Secretario de Gobernación será el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional. El Secretario Técnico será el Director General de la Comisión Nacional.

Artículo 20. Corresponde al Secretario Ejecutivo:

I. Por instrucciones del Ejecutivo federal, presidir las sesiones del Consejo Nacional;

II. Supervisar y evaluar los avances del Programa Nacional;

III. Presentar a la consideración del Consejo Nacional el informe del Avance del Programa Nacional de Protección Civil;

IV. Llevar a cabo la ejecución del Programa Nacional en los distintos ámbitos de la Administración Pública;

V. Concertar con los poderes Legislativo y Judicial de la Unión, así como con las autoridades estatales y del Distrito Federal y con las organizaciones voluntarias, privadas y sociales el cumplimiento del Programa Nacional;

VI. Proporcionar a la población la información que se genere en materia de protección civil, y

VII. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional.

Sección IIDel Director General

Artículo 21-A. El Director General de la Comisión Nacional será designado por el titular del Poder Ejecutivo federal y deberá reunir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Contar con experiencia mínima de cinco años en la materia objeto de esta ley;

III. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en materia administrativa, y

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión.

Artículo 21-B. El Director General de la Comisión Nacional será removido por el Ejecutivo federal cuando transgreda en forma grave o reiterada las disposiciones contenidas en esta Ley y sus principios rectores, así como por actos u omisiones que afecten las atribuciones de la Comisión Nacional.

Artículo 21-C. El Director General de la Comisión Nacional no podrá desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión distintos que sean remunerados, con excepción de los de carácter docente o científico.

Artículo 21-D. El Director General de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. Administrar y representar legalmente a la Comisión Nacional, llevando a cabo todos los actos jurídicos y de administración necesarios para su funcionamiento, con las limitaciones que establezca el Consejo Consultivo;

II. Distribuir y delegar funciones en términos del Reglamento Interno de la Secretaría;

III. Formular los programas institucionales y someterlos a la aprobación del Consejo Nacional;

IV. Elaborar el proyecto de presupuesto de la Comisión Nacional y someterlo a la consideración del Consejo Nacional;

V. Elaborar y someter anualmente a consideración del Consejo Nacional, el Programa Nacional que deberá desarrollar la Comisión Nacional;

VI. Presentar semestralmente al Consejo Nacional el informe del desempeño de actividades de la Comisión Nacional, incluido el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos;

VII. Elaborar y someter anualmente a consideración del Consejo Nacional, los resultados de los indicadores y evaluaciones del Programa Nacional y acciones implementadas por la Comisión Nacional, para lo cual se coordinará de manera permanente con los Sistemas de Protección Civil de las entidades federativas;

VIII. Recabar Información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las funciones de la Comisión Nacional, con el propósito de mejorar y evaluar su gestión;

IX. Celebrar acuerdos de colaboración con organismos nacionales y extranjeros, para el desarrollo de las atribuciones de la Comisión Nacional, de conformidad con las normas aplicables;

X. Concurrir con voz a las sesiones del Consejo Nacional, de conformidad con la presente Ley, y cumplir las disposiciones generales y acuerdos de dicho cuerpo colegiado;

XI. Ejecutar los acuerdos y demás disposiciones del Consejo Nacional, así como supervisar su cumplimiento;

XII. Coordinar el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas de la Comisión Nacional y dictar los acuerdos tendientes a dicho fin;

XIII. Coordinar, establecer y mantener actualizados los procedimientos, sistemas y aplicaciones de los servicios de la Comisión Nacional;

XIV. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas y los objetivos propuestos;

XV. Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones de la Comisión Nacional se realicen de manera articulada, congruente y eficaz, y

XVI. Las demás que le confieran éste u otros ordenamientos legales y administrativos.

Sección IIIDe la Junta de Titulares de los Representantes de Protección Civil de las Entidades Federativas

Artículo 21-E. Con el fin de fortalecer la cooperación entre los tres órdenes de gobierno se crea la Junta de Titulares de Protección Civil. Sin perjuicio de lo que establecen los ordenamientos locales en la materia, los responsables de protección civil podrán formar parte de la Junta de Titulares.

Artículo 21-F. La Secretaría y los gobiernos de las entidades, por medio de los responsables de protección civil, participarán en el desarrollo, vigilancia y perfeccionamiento de los mecanismos de coordinación de la Junta de Titulares.

La Junta de Titulares será convocada por el Director General de la Comisión Nacional o por la Comisión Permanente de la Junta de Titulares, la cual se reunirá cuando menos dos vez al año en el lugar del territorio nacional que elijan sus integrantes.

Artículo 21-G. La Comisión Permanente de la Junta de Titulares se integrará por el Director General de la Comisión Nacional y cuatro titulares representantes de las regiones señaladas en las fracciones I a IV de este artículo.

La Comisión Permanente de la Junta de Titulares será presidida por el titular de la Comisión Nacional.

Las entidades federativas que integren la Comisión Permanente serán elegidas por cada una de las regiones, la representación de las regiones será rotativa. Las regiones quedarán integradas de la siguiente forma:

I. Región Norte: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas.

II. Región Centro. Distrito Federal; Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos.

III. Región Centro Occidente. Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luís Potosí, Zacatecas.

IV. Región Sur Sureste: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Veracruz, Tabasco, Yucatán.

Las regiones sesionarán por lo menos dos veces al año en el territorio que elijan sus integrantes. Serán convocados por el representante regional que se encuentre en turno en la Comisión Permanente.

Artículo 21-H. La Comisión Permanente será convocada por la Secretaría, el Director General de la Comisión Nacional o tres miembros de la Comisión Permanente. En la convocatoria se señalarán los asuntos que deban tratarse en el orden del día.

Serán facultades de la Comisión Permanente:

I. Promover medidas y presentar proyectos ante el Consejo Nacional que mejoren la capacidad operativa, de planeación y respuesta del Sistema Nacional;

II. Promover la actualización y publicación del Atlas de Riesgos que apoyen el ordenamiento territorial y los proyectos de vivienda libre de riesgos;

III. Coadyuvar en la evaluación del Programa Nacional;

IV. Proponer al Sistema Nacional acciones de prevención y promoción de la cultura en materia de protección civil, y

V. Proponer a la Comisión Nacional mecanismos que permitan mejorar la eficiencia en las reglas de operación y distribución de los fondos destinados a las diversas áreas que conforman la protección civil.

Artículo 22. Esta Ley reconoce como grupos voluntarios a las instituciones, organizaciones y asociaciones municipales, estatales, regionales, nacionales e internacionales que obtengan su registro ante la instancia correspondiente. Los grupos voluntarios de carácter regional, nacional e internacional tramitarán su registro ante la Comisión Nacional; los estatales y municipales según lo establezca la legislación local respectiva.

...

La Comisión Nacional informará a las entidades federativas sobre el registro de los grupos internacionales, nacionales, regionales o estatales.

Artículo 23.

La Secretaría, a través de la Comisión Nacional, implementará y mantendrá actualizado un Registro Nacional con la información necesaria para la supervisión, control, vigilancia y evaluación de los grupos voluntarios, su personal, y equipo, mismo que constituirá un sistema de consulta y acopio de información integrado por un banco de datos suministrado por los grupos y las autoridades competentes de las entidades federativas y los municipios.

Para la debida integración del Registro, el Sistema Nacional, por conducto de la Comisión Nacional, celebrará convenios de coordinación con los gobiernos estatales y del Distrito Federal, a fin de que estos últimos remitan la información correspondiente de cada uno de los grupos voluntarios autorizados en su ámbito territorial, misma que podrá ser consultada por las autoridades locales competentes.

Artículo 24-A. los grupos voluntarios de bomberos, paramédicos, instituciones privadas de protección civil, lucrativas y no lucrativas, y demás organismos sociales afines, deberán registrarse ante la Comisión Nacional y obtener un certificado de autorización para su funcionamiento, en el que se indicará el número de registro, nombre del grupo voluntario, actividades a las que se dedica y adscripción autorizada.

El servicio de los grupos voluntarios señalados en el párrafo anterior deberá realizarse con base en los objetivos, estrategias y prioridades establecidas en el marco del Sistema y el Programa Nacional.

Capítulo IV BisDe la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios

Artículo 25-A. los Brigadistas Comunitarios son las personas capacitadas por la autoridad o por medios propios en materias afines a la protección civil, registradas en la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios, manteniendo coordinación con las autoridades de protección civil de su comunidad.

Artículo 25-B. la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios es la estructura de organización, preparación y capacitación individual y voluntaria, de miembros de la sociedad, con el fin de coordinar y compartir esfuerzos para enfrentar en su entorno .2 riesgos causados por fenómenos de origen natural o antropogénico.

Artículo 25-C. la Comisión Nacional de Protección Civil promoverá y coordinará el funcionamiento de la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios.

Artículo 28. ...

I. ...

II. Se trate de grupos específicos, como personas minusválidas, de la tercera edad, jóvenes, menores de edad y grupos étnicos, así como aquellos grupos que debido a su condición física o social, sean considerados vulnerables, para efectos de la protección civil.

La Secretaría en su carácter de Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional, o la Comisión Nacional podrá convocar a las instituciones públicas, privadas, sociales y académicas que considere necesarias para que participen en la elaboración de programas especiales.

Artículo 30. Le competerá a la Federación, a través de la Comisión Nacional, sin perjuicio de lo que en términos de las disposiciones locales les corresponda realizar a las entidades federativas y municipios, lo siguiente:

I. ...

II. Consolidar, reestructurar, o en su caso, reconstruir los monumentos arqueológicos y los inmuebles artísticos e históricos que tengan acuerdo de destino, se encuentren bajo custodia de ésta o dedicados al culto público, de conformidad con las leyes y demás disposiciones de la materia;

III y IV. ...

Artículo 31. La coordinación de acciones en materia de atención de desastres y la recuperación de la población y su entorno se apoyarán en los convenios que al efecto celebre la federación, a través de la Secretaría de Gobernación o Comisión Nacional, con cada una de las entidades federativas.

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En dichos convenios deberán incluirse los instrumentos de control y fiscalización de los recursos materiales y humanos para la prevención y atención de emergencias y desastres, con apego a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, respecto de los recursos federales.

Artículo 32. ...

Una vez presentada la solicitud de declaratoria de desastre natural, la autoridad tendrá un plazo no mayor de cinco días naturales para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El plazo para que gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal tengan acceso a los recursos tendientes a la atención de desastres, será de hasta doce días naturales, contados a partir del día en que se publique en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de desastre.

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Artículo 36. El reglamento de esta ley y las disposiciones administrativas establecerán los procedimientos y demás requisitos para la emisión de las declaratorias de emergencia y de desastre, así como del acceso a recursos de los fondos para la realización de las acciones preventivas previstas en el presente capítulo, atendiendo al principio de inmediatez.

Artículo 38. ...

Las fuerzas armadas participarán en la atención de situaciones extraordinarias que requieran acciones inmediatas de protección civil dentro de cualquiera de los niveles de la estructura institucional, municipal o estatal, coordinándose con las mismas para tal efecto realizando las tareas que les competen aun cuando no se haya declarado un desastre. Corresponde al Ejecutivo federal girar las instrucciones de dicha participación, de manera coordinada en el marco del Sistema Nacional o Estatal, según corresponda.

Capítulo VIIIObligaciones de los Particulares

Artículo 41. Las personas físicas, morales e instituciones del sector privado, que por su uso y destino concentren o reciban una afluencia masiva de personas, están obligadas a contar con una unidad interna de protección civil y elaborar un programa interno, en los términos que establezca esta ley y su reglamento, sin perjuicio de lo señalado en los respectivos ordenamientos locales.

Las instituciones públicas o privadas, que atiendan a los grupos específicos señalados en el artículo 28, fracción II, están obligadas a contar con una unidad de protección civil conformada por su propio personal y a elaborar un programa interno. Esta unidad será certificada por la autoridad correspondiente, en los términos que establezca la legislación local y el reglamento en la materia.

Artículo 42. Las personas físicas o morales del sector privado cuya actividad sea el manejo, almacenamiento, distribución, transporte y/o utilización de materiales peligrosos, hidrocarburos y explosivos presentarán ante la autoridad correspondiente los programas internos de protección civil a que se refiere la fracción XXVII del artículo 3 de la presente ley.

Artículo 43. Los responsables de la administración y operación de las actividades señaladas en los artículos anteriores deberán integrar las unidades internas con su respectivo personal, de acuerdo con los requisitos que señale el reglamento interno de la presente ley, sin perjuicio de lo que establezcan las leyes y reglamentos locales.

Artículo 44. Toda persona física o moral deberá informar a las autoridades competentes, haciéndolo de forma directa de cualquier alto riesgo, siniestro o desastre que se presente o pudiera presentarse.

Capítulo IXDe la Atención a la Población Afectada por Contingencias Climatológicas

Artículo 45. Es responsabilidad del Gobierno Federal y de las entidades federativas atender los efectos negativos provocados por fenómenos climatológicos extremos en el sector rural, en este sentido, la Comisión solicitará que se atienda de manera ágil y oportuna mediante apoyos directos y contratación de seguros catastróficos a los productores agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros, de bajos ingresos, afectados por contingencias climatológicas extremas, de conformidad con lo establecido en el artículo 126 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Artículo 46. Para dar cumplimiento a la responsabilidad del Gobierno Federal de atender a los productores rurales de bajos ingresos afectados por contingencias climatológicas, el Ejecutivo federal deberá activar oportunamente el programa para la atención de contingencias climatológicas que afecten los activos productivos de productores rurales de bajos ingresos y su previsión presupuestal según lo establecido en el artículo 4 de esta ley.

Artículo 47. los gobiernos federal y estatal deberán concurrir tanto en acciones como en la aportación de recursos, para la instrumentación de programas que coadyuven a la reincorporación de los productores de bajos ingresos a sus actividades productivas.

Artículo 48. El Gobierno Federal deberá cuidar que el Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, se aplique de manera oportuna y se mantenga su suficiencia.

Artículo 49. El Gobierno Federal, con la participación de las entidades federativas, deberá ampliar su cobertura territorial de estaciones meteorológicas para fortalecer y mejorar la emisión de los dictámenes de ocurrencia de las contingencias. Asimismo, deberá buscar concentrar el manejo de la infraestructura climatológica a través de una sola instancia o dependencia pública federal.

Capítulo XDe las Aportaciones para Auxiliar a la Población

Artículo 50. Las autoridades correspondientes establecerán las bases para recibir y distribuir las aportaciones que los particulares otorguen a las entidades, municipios o comunidades declaradas en emergencia o zona de desastre con apego a lo establecido en el artículo 54 de la presente ley.

Artículo 51. Los Gobiernos Federal y estatales, en el ámbito de sus respectivas competencias decidirán, en la esfera de sus atribuciones y con apego a sus ordenamientos jurídicos, la forma de aplicar los recursos en las emergencias y desastres, así como aquellos que reciban directamente en donación por particulares, instituciones, organizaciones y países.

Artículo 52. Sin menoscabo de lo que expresa el artículo anterior, el Ejecutivo federal deberá promover al interior del Consejo Nacional un mecanismo ágil, transparente y efectivo de coordinación para que los recursos donados a la población, sean administrados y entregados a las entidades, municipios o comunidades declaradas en emergencia o zona de desastre.

Artículo 53. Los donativos en efectivo recibidos por las instituciones bancarias, cuando sean destinadas a la población damnificada, serán deducibles para quienes realizan las aportaciones pero no para las instituciones bancarias que las reciban.

Artículo 54. El Ejecutivo federal, o los titulares de las entidades federativas determinarán, en forma prioritaria el uso de los donativos en las entidades, municipios o comunidades declaradas en emergencia o zona de desastre y deberán entregar un informe a la Comisión sobre los recursos recibidos y su empleo.

Artículo 55. En caso de que exista un remanente de las aportaciones, éste será dirigido a programas de apoyo específicos a los productores más vulnerables.

Bajo ninguna circunstancia, las aportaciones en efectivo que la sociedad realice, podrán invertirse en cuentas productivas a plazos, como tampoco serán mantenidas como reserva para una siguiente emergencia.

Artículo 56. Las aportaciones a las entidades, municipios o comunidades declaradas en emergencia o zona de desastre deberán realizarse con apego a lo establecido en este ordenamiento, su reglamento y demás disposiciones aplicables a la materia.

Capítulo XIDe la Cultura de Prevención y Protección Civil

Artículo 57. Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales fomentarán la cultura en esta materia entre la población, mediante su participación individual y colectiva.

Artículo 58. Corresponde a la Comisión Nacional, a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres:

I. Dictar los lineamientos generales y diseñar formas para inducir y conducir la formación de una cultura de prevención y protección civil, y

II. Difundir entre las autoridades correspondientes y a la población en general, a través de publicaciones y actos académicos, los resultados de los trabajos de investigación, estudio, análisis y de recopilación de información, documentación e intercambio que realice a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres.

Artículo 59. A fin de fomentar dicha cultura, las autoridades correspondientes dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, deberán:

I. Fomentar las actividades de protección civil;

II. Promover la incorporación de contenidos temáticos en materia de protección civil en todos los niveles educativos e instituciones públicas y privadas, considerándola como asignatura obligatoria;

III. Impulsar programas dirigidos a la población en general que le permita conocer de forma clara mecanismos de prevención y autoprotección;

IV. Elaborar, estructurar y promocionar campañas de difusión sobre temas de protección civil, y

V. Promover la celebración de convenios con los sectores público, social, privado y académico con el objeto de difundir la cultura de protección civil.

Artículo 60. Los integrantes del Sistema Nacional promoverán mecanismos para motivar y facilitar la participación de sus dependencias de forma activa, real, concreta y responsable en acciones específicas que reflejen una cultura de prevención en protección civil.

Artículo 61. Las autoridades correspondientes en su ámbito de competencia llevarán a cabo proyectos, estudios e inversiones necesarias para ampliar y modernizar la cobertura de los sistemas de medición de los distintos fenómenos perturbadores naturales y humanos, encaminados a prevenir riesgos que pongan en peligro la vida y que puedan provocar daños irreversibles a la población.

Capítulo XIIDe la Escuela Nacional de Protección Civil, Capacitación, Acreditación y Certificación

Artículo 62. La Escuela Nacional de Protección Civil, es la institución oficial dependiente de la Comisión Nacional de Protección Civil, abocada a impartir materias teóricas, prácticas y de especialización, para formar, capacitar y actualizar /recursos humanos, profesionales y técnicos en la materia, de manera sistemática e institucionalizada mediante el establecimiento de mecanismos de profesionalización, acreditación y certificación.

Artículo 63. La educación que imparta la Escuela Nacional de Protección Civil, buscará como objetivo la conformación de cuadros técnicamente capacitados, tanto para dar respuesta oportuna y adecuada a los efectos negativos ocasionados por fenómenos de origen natural o antropogénico, como para contribuir a la transmisión de una cultura de protección civil.

Artículo 64. La Comisión Nacional de Protección Civil, con la participación de otras dependencias y organismos especializados, elaborará el mapa curricular de los contenidos académicos que imparta la Escuela Nacional de Protección Civil y fungirá como ente rector en la materia, en coordinación con las autoridades educativas del país.

Artículo 65. La Escuela Nacional de Protección Civil es una instancia de acreditación y certificación de las capacidades de personas físicas y morales que ofrezcan y comercialicen servicios de asesoría y capacitación en los temas relacionados con protección civil.

También podrán participar como instancias de acreditación y certificación de capacidades a las que se refiere este artículo, las instituciones educativas nacionales que posean en sus programas académicos estudios técnicos y profesionales en materia de protección civil.

De igual forma podrán participar instancias privadas especializadas en los procesos de acreditación y certificación de capacidades.

Artículo 66. La Escuela Nacional de Protección Civil, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, será el conducto oficial en materia de cooperación internacional relativa a intercambios científicos y tecnológicos de protección civil.

Capítulo XIIIDe la Información y Transparencia

Artículo 67. Toda persona tendrá derecho a que las autoridades y organismos públicos pongan a su disposición la información que les soliciten sobre políticas, instrumentos y normas en materia de protección civil en los términos previstos por las leyes federales o locales correspondientes.

Artículo 68. El Ejecutivo federal, con apoyo de los sistemas nacional, estatal y municipal de protección civil, deberá promover esquemas de cooperación para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 69. Las autoridades responsables deberán hacer pública la siguiente información pormenorizada:

I. Origen y aplicación de los recursos destinados a la protección civil;

II. Origen y aplicación de los recursos obtenidos de las donaciones recibidas en las instituciones bancarias;

III. los resultados de las evaluaciones respecto de los resultados y avances del Programa Nacional, y

IV. las demás establecidas por el ordenamiento correspondiente.

Artículo 70. la Comisión Nacional tiene encomendado el desempeño del Registro Nacional de los Grupos Voluntarios, siendo responsable de la confidencialidad, guarda, custodia y reserva de la información inscrita en éste, de acuerdo con lo establecido en la presente ley y la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Capítulo XIVDe las Sanciones e Indemnizaciones

Artículo 71. la trasgresión a los principios y programas que la ley prevé será sancionada de acuerdo a lo dispuesto por la ley correspondiente y, en su caso, por las leyes aplicables de las entidades federativas, que regulen esta materia, independientemente de las sanciones que se prevén en el presente ordenamiento, sin perjuicio de la aplicación de las penas que correspondan, cuando sean constitutivas de delito.

Artículo 72. las autoridades responsables que realicen actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos en la presente ley, su reglamento y demás disposiciones generales en la materia, serán sancionadas de conformidad con lo previsto en la ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

I. Multa, y

II. Revocación del registro a que se refieren los artículos 7 y 23 de este ordenamiento.

Artículo 74. La violación a las disposiciones contenidas en el artículo 7 de esta Ley se sancionarán con multa equivalente a 100 a 150 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Al que dolosamente denuncie falsos hechos o actos en los términos de lo previsto por esta ley, se le impondrá multa equivalente de hasta 100 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Artículo 75. A las organizaciones civiles que proporcionen información falsa para obtener el registro, correspondiente, se les impondrá multa de 100 a 150 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Artículo 76. A las personas físicas o morales que de acuerdo con el artículo 44 del presente ordenamiento proporcionen información falsa o alterada, se les impondrá una multa de 100 a 150 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Artículo 77. Para la imposición de las sanciones a que se refiere este ordenamiento que aplique la Secretaría o la Comisión Nacional se estará a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Contra las resoluciones emitidas por la Secretaría o la Comisión Nacional que impongan sanción, procederá el recurso que corresponda de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento en materia de procedimiento administrativo.

Artículo 78. Los actos u omisiones que impliquen el pago de indemnizaciones por parte del Estado se atenderán con base en lo que dispone la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Ejecutivo federal expedirá dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor de este decreto, el reglamento correspondiente y las demás disposiciones administrativas necesarias. Asimismo, establecerá las adecuaciones de carácter orgánico, estructural y funcional para su debido cumplimiento.

Artículo Tercero. El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, realizará las gestiones conducentes ante las entidades federativas, con el propósito de que se promuevan las adecuaciones correspondientes en las leyes y demás disposiciones locales en la materia, ajustándose a lo previsto en este cuerpo normativo.

Artículo Cuarto. La Comisión Nacional de Protección Civil a que se refiere la presente ley, deberá constituirse dentro de los ciento veinte días siguientes a la entrada en vigor de este decreto.

Artículo Quinto. La Secretaría de Gobernación dentro de los ciento ochenta días siguientes a la aprobación del presente decreto, adecuará el Reglamento Interior que la rige, a fin de incluir a la Comisión Nacional de Protección Civil como órgano desconcentrado y señalar las atribuciones que esta ley le confiere.

Artículo Sexto. La Secretaría de Gobernación, una vez publicado el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, le destinará a la Comisión Nacional de Protección Civil una partida presupuestal de la asignada a esa Secretaría en el ejercicio fiscal en curso, a fin de iniciar sus trabajos en el tiempo señalado en este capítulo.

Artículo Séptimo. El Ejecutivo federal una vez publicado el presente Decreto, derogará el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 1988, por el cual se creó el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el cual se incorpora, como una unidad operativa y de apoyo de la Comisión Nacional de Protección Civil.

Artículo Octavo. Los recursos humanos, financieros y materiales destinados por la Secretaría de Gobernación a la Coordinación General de Protección Civil, se transferirán mediante movimientos compensados para la constitución y funcionamiento del órgano desconcentrado Comisión Nacional de Protección Civil. En caso de que para el funcionamiento del órgano de referencia se requieran de mayores recursos, éstos tendrán que provenir del presupuesto de esa Secretaría.

Artículo Noveno. El personal de la Secretaría de Gobernación que, en aplicación de esta ley pase a la Comisión Nacional de Protección Civil, en ninguna forma resultará afectado en los derechos que haya adquirido, en virtud de su relación laboral con la Administración Pública Federal.

Artículo Décimo. Se derogan todos aquellos ordenamientos y disposiciones que se opongan al presente decreto.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 2 de marzo de 2010.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente; senador Adrián Rivera Pérez (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

LEY GENERAL DE TURISMO - LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :La Presidencia recibió del diputado Carlos Manuel Joaquín González, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Turismo, y de las Personas con Discapacidad.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Turismo, y de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Carlos Manuel Joaquín González, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Carlos Manuel Joaquín  González, diputado federal de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presidente de la Comisión de Turismo, del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone  la adición del concepto de turismo accesible en las Leyes General de Turismo, y General de las Personas con Discapacidad al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT) de las Naciones Unidas, el turismo  es una actividad que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos. En la actualidad el turismo es una de las principales industrias a nivel global y existen casi tantos tipos de turismo como intereses humanos. Incluso, hoy día dicha actividad en muchos países iguala y hasta supera los ingresos de las exportaciones del petróleo. En consecuencia, el turismo se ha convertido en uno de los principales actores del comercio internacional, representando  una de las principales fuentes de ingresos de numerosos países en vías de desarrollo como es el caso de México, siendo el turismo el tercer generador de divisas del país, aportando, según los datos proporcionados  por el Banco de México, el  8 por ciento del producto interno bruto (PIB) del total nacional.

Generalmente cuando se habla del turismo, el tema nos remite a las personas y su descanso y diversión, sin embargo, no es común que pensemos en el turismo accesible, es decir, en aquella actividad donde la accesibilidad es una prioridad en el diseño de instalaciones y servicios para un grupo de personas con discapacidad, adultos mayores, niñas y niños, mujeres embarazadas, personas lisiadas, entre otras, las cuales tienen derecho a disfrutar, con medidas de seguridad y adaptaciones adecuadas, de un verdadero descanso. Por muchos años el turismo y la accesibilidad fueron elementos aislados, pero  hoy día, la visión de un turismo sin barreras y para todos, pretende garantizar condiciones de acceso confortable, autónomo, seguro y de calidad para todas las personas, considerando de manera particular, la integración de individuos con diferentes discapacidades.

Actualmente, en nuestro país, los principales sitios turísticos son inaccesibles; de ahí la  necesidad de una política pública dirigida a dichas personas, las cuales precisan, de manera urgente y efectiva, de una política de protección y preferencial, no paternalista, para alcanzar verdaderos niveles de igualdad, de hecho y de derecho en múltiples y diversos ámbitos de aplicación; es decir, que desde la educación, salud, el ámbito laboral, deporte,  la cultura y recreación, incluyendo por supuesto al turismo, alcancen niveles reales de igualdad y  de oportunidades.

En los últimos años, se ha observado que la falta de información, incluso la ignorancia que existía sobre estos asuntos en la sociedad, lenta pero paulatinamente se ha venido superando, por lo que estamos ya en el punto en donde, convencidos de la necesidad de proteger a todos aquellos grupos vulnerables que han sufrido discriminaciones históricas y no tan históricas, se potencie la implementación de políticas activas que busquen ubicar a estos colectivos en igualdad, sobre todo en lo referente a la accesibilidad.

Innegablemente México, en esta década, ha avanzado de manera considerable en la sensibilización de los diferentes interlocutores que participan en la sociedad, sin embargo, falta mucho por hacer para lograr una sociedad más justa y armónica, aún cuando el gobierno federal se ha comprometido  con los mexicanos para  otorgar igualdad de oportunidades en el acceso de los servicios sociales, necesarios para alcanzar su pleno bienestar individual y familiar, estableciendo con la sociedad y los demás órdenes de gobierno una relación incluyente, corresponsable y participativa.

Así las cosas, en el México del siglo XXI, el turismo debe ser entendido como un bien social de primera magnitud, al alcance de todos los ciudadanos, sin que ningún grupo de población pueda quedar excluido con independencia de las circunstancias personales, sociales, económicas o de cualquier otra índole.

Incluso en la Constitución se establece, en el Capítulo I, De las Garantías Individuales, en el artículo 1o., lo siguiente:

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

Y siendo congruentes con lo plasmado en la propia Constitución, la accesibilidad en el turismo pretende, entre otros objetivos, que todas las personas sin discriminación alguna sean partícipes de actividades turísticas, así como del disfrute de los beneficios que éstas ofrecen; además del descanso y el esparcimiento que mejoran la salud, alejando a las personas de tensiones cotidianas; proporciona también la posibilidad de recrear los vínculos familiares.

El turismo permite mejorar la calidad de vida en los aspectos psicológicos, abriendo la mente a nuevas alternativas. Asimismo, el turismo accesible no hace más que constituir un acto de justicia hacia todas aquellas personas que por el solo hecho de tener alguna de sus capacidades restringidas, se enfrentan a barreras físicas, sociales y comunicacionales que les dificultan e, incluso, impiden el libre goce de su tiempo libre. El turismo accesible, en consecuencia, se presenta como un derecho que dignifica a las personas en situación vulnerable y al mismo tiempo, es una obligación para toda la sociedad.

Como se puede apreciar, el turismo accesible es una necesidad en el presente siglo, la consigna  es satisfacer las necesidades de todos aquellos que requieren algo de ayuda extra. ¡Aquí nadie debe quedar fuera! De ahí que, tanto el gobierno como los empresarios y la sociedad, deben tomar en cuenta a los 600 millones de personas que de acuerdo con las Naciones Unidas, viven en el mundo con alguna discapacidad, quienes representan un mercado potencial para el turismo en el mundo.

Y en lo referente a México, uno  de los países más visitados a nivel internacional, las cifras proporcionadas por el Inegi arrojan que  un poco más de 1 millón y medio de la población total padece de alguna discapacidad; mientras que la Organización Mundial de la Salud indica que el 10 por ciento de nuestra población sufre de alguna discapacidad. Por los datos supracitados, podemos constatar que México es un  país  privilegiado  en la industria turística y con expectativas de seguir recibiendo turistas tanto nacionales como extranjeros, Sin embargo, aunque esto suene paradójico este país no cuenta con las instalaciones adecuadas, limitando así la posibilidad de acceso a importantes destinos turísticos y la afluencia de un mayor número de turistas internacionales. Por estas razones, el concepto de turismo  accesible cobra mayor importancia día con día.

Cabe mencionar que la Organización Mundial de Turismo prevé un permanente incremento en el mercado turístico mundial (937 millones de personas para 2010).

En este contexto, las personas con limitaciones en sus capacidades y sus grupos familiares o de pertenencia, se convierten en  un segmento de mercado por demás interesante desde el punto de vista comercial, como demandantes de bienes y servicios turísticos.

Como se señaló en un principio, se está acabando con la idea de  considerar que las personas con discapacidad, los adultos mayores y otras personas en situación vulnerable  son un grupo reducido, ya que en realidad la población anciana y de personas con discapacidad tiende a crecer en los próximos años, constituyendo una porción considerable de la sociedad y por ende, un porcentaje importante de la demanda turística. En este sentido, el turismo y el desarrollo de las actividades recreativas, apuntan a los colectivos de personas que se encuentran en vulnerabilidad,  no solamente por motivos sociales sino también porque la inversión en este grupo de personas, como es el caso de los países de-sarrollados europeos en donde resulta ser  un importante punto dentro de la industria turística, aumentando el empleo, reflejado en cifras económicas.

Por lo expuesto, es urgente que nuestro país, al igual que en otras legislaciones del mundo, esté a la vanguardia de las necesidades de la mencionada población, e incorpore en la ley el concepto de turismo accesible, que a pesar de su trascendencia, no se encuentra incluido en la Ley General de las Personas con Discapacidad, motivo por el cual se propone anexar una fracción. Por su parte, en la Ley General de Turismo, en el Capítulo IV, Del Turismo Accesible, en los artículos 18 y 19, se establece lo siguiente:

“Artículo 18. La secretaría, con el apoyo y en coordinación con las dependencias y entidades competentes, promoverá la prestación de servicios turísticos con accesibilidad que tengan por objeto beneficiar a la población con alguna  discapacidad.

“Artículo 19. Los prestadores de servicios turísticos deberán proveer lo necesario para que las personas con discapacidad cuenten con accesibilidad a los servicios en condiciones adecuadas.

La misma obligación tendrán las autoridades respecto de los sitios culturales con afluencia turística.

“La secretaría, los estados, municipios y el Distrito Federal, supervisarán que lo dispuesto en este capítulo se cumpla.”

Puede apreciarse  que en la Ley General de Turismo, en los artículos citados, se refiere de forma muy somera, al turismo accesible, pero no hace mayores especificaciones sobre que es el turismo accesible y, sobre todo, qué grupos de personas lo conforman. Sin duda alguna, otorgarle mayor relevancia al turismo accesible resulta necesario toda vez que la tendencia  actual apunta a  una “cultura del ocio”, en la cual el buen uso del tiempo libre tiene una significativa importancia para el desarrollo psíquico y social de las personas. Esa valoración contemporánea del tiempo libre nos lleva a una consideración particular de la accesibilidad para todas las personas respecto del uso de ese tiempo destinado al turismo y la recreación. Además que incorporar  el concepto de turismo accesible en ambas leyes, cumple con los compromisos adquiridos  por nuestro país en el extranjero, ya que con base en las facultades que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 89, fracción X, el Ejecutivo federal, el 30 de marzo de 2007, conjuntamente con más de 70 países, México, firmó en la sede de la ONU, Nueva York, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La convención fue adoptada el 13 de diciembre de 2006, durante el sexagésimo primer periodo de sesiones de la Asamblea General le la Organización de las Naciones Unidas, en la resolución 61/106, ratificada por la honorable Cámara de Senadores el 27 de septiembre de 2007.

Estos compromisos internacionales, conducidos por la Organización de las Naciones Unidas, han contribuido a homologar los criterios jurídicos en beneficio de los derechos de la comunidad internacional.

Los países que se unen a la convención se comprometen a elaborar y poner en práctica políticas, leyes y medidas administrativas para asegurar los derechos reconocidos en la convención y abolir las leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que constituyen discriminación.

Al firmar y ratificar, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos  de las Personas con Discapacidad, que obliga a los Estados parte, entre otros compromisos, a los siguientes:

En cuanto a la cuestión fundamental de la accesibilidad, la convención requiere que los países identifiquen y eliminen los obstáculos y las barreras asegurando que las personas con discapacidad puedan tener acceso a su entorno, al transporte, las instalaciones y los servicios públicos, y tecnologías de la información y las comunicaciones.

La convención instituye que los países firmantes establecerán que las personas con discapacidad tendrán la opción de vivir en forma independiente, ser incluidas en la comunidad, elegir dónde y con quién vivir y tener acceso a servicios de apoyo en el hogar, en la comunidad donde habitan. Debe promoverse la movilidad personal y la independencia, facilitando la movilidad personal accesible, la capacitación al respecto y el acceso a ayudas para la movilidad, aparatos, tecnologías de asistencia y asistencia personal.

Es importante destacar que legislaciones en el mundo, como es el caso de la española y argentina por mencionar sólo algunas, han respondido a la preocupación y a las necesidades  de adaptaciones y accesibilidad  en el turismo de su población vulnerable. De ahí la importancia  de definir al turismo accesible y los grupos que lo conforman.

Finalmente, y a efecto de estar acorde a una regulación internacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona el concepto de turismo accesible en la Ley General de Turismo  y en la Ley General de las Personas con Discapacidad

Artículo 1

Adicionar una fracción XXII al artículo 3 de la Ley General de Turismo para quedar como sigue:

XXI. Zonas de desarrollo turístico sustentable. Aquellas fracciones del territorio nacional, claramente situadas y delimitadas geográficamente que, por sus características naturales o culturales, constituyen un atractivo turístico. Se establecerán mediante declaratoria específicas que emitirá el presidente de la República a solicitud de la secretaría.

XXII. Turismo accesible. Se entiende a las actividades originadas durante el tiempo libre, orientado al turismo y la recreación, que posibilitan la plena integración —desde la óptica funcional y psicológica— de las personas con movilidad o comunicación reducidas, obteniendo durante éstas la satisfacción individual y social del visitante y una mejor calidad de vida. El turismo accesible, en consecuencia, implica un turismo para todos y establece pautas de integración respecto de las actividades recreativas, turísticas y culturales ya sea para personas con discapacidad  o sin ellas, y su grupo familiar, amigos o allegados, teniendo como especial objetivo una  verdadera integración física, funcional y social de las personas con discapacidades (físicas, sensoriales y psíquicas), planificando un futuro sin barreras y adoptando el medio actual a través de su eliminación gradual.

Artículo 11

Adicionar una fracción  XV al artículo 2o. de la Ley General de las Personas con Discapacidad para quedar como sigue:

XIV. Sistema de escritura braille. Sistema para la comunicación representado mediante signos en relieve, leídos en forma táctil, por los ciegos.

XV. Turismo accesible. Se entiende al complejo de actividades originadas durante el tiempo libre, orientado al turismo y la recreación, que posibilitan la plena integración —desde la óptica funcional y psicológica— de las personas con movilidad o comunicación reducidas, obteniendo durante éstas la satisfacción individual y social del visitante y una mejor calidad de vida. El turismo accesible, en consecuencia, implica un turismo para todos y establece pautas de integración respecto de las actividades recreativas, turísticas y culturales ya sea para personas con discapacidad  o sin ellas, y su grupo familiar, amigos o allegados, teniendo como especial objetivo una  verdadera integración física, funcional y social de las personas con discapacidades (físicas, sensoriales y psíquicas), planificando un futuro sin barreras y adoptando el medio actual a través de su eliminación gradual.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2010.— Diputado Carlos Manuel Joaquín  González (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a las Comisiones Unidas de Turismo, y de Atención a Grupos Vulnerables.

ARTICULO 41 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Tiene la palabra el diputado Juventino Víctor Castro y Castro, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Juventino Víctor Castro y Castro :Con su venia, señor presidente. Señoras diputadas y señores diputados, el artículo 39 constitucional es un artículo básico, establece con toda claridad tres principios: 1) La soberanía nacional reside en el pueblo. 2) Todo poder público deriva del pueblo. 3) El uso legítimo del poder público sólo puede hacerse y llevarse a cabo si es en beneficio del pueblo. Si es en beneficio de cualquier otra persona, no.

Dice el 39 que la soberanía nacional reside en el pueblo. Pero el artículo 41 actual establece: el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión en su caso, y los de los estados, tratándose de los gobiernos interiores. Es decir, hay una palpable contradicción. La contradicción es: si el pueblo es soberano, cómo es que cede o permite el uso de su poder a otras personas.

Eso es precisamente lo que pretende el proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y adiciona un párrafo segundo a la Constitución Política en su artículo 41.

Entendámonos. La democracia tiene dos formas de ejercerse –toda democracia– en forma directa por el pueblo, y en forma indirecta por medio de los representantes que el pueblo nombre. Pero cuando el pueblo nombra representantes no se desprende del poder público, simple y sencillamente lo ejerce siempre en forma directa. Esto es lo que se llama democracia participativa. Y a ésa es precisamente a la que propongo que lleguemos como una nueva forma de atender la cuestión pública en general.

Dice la iniciativa que ahora presento, en su artículo 41, el pueblo mexicano ejerce su soberanía directamente, actuando bajo los principios de la democracia participativa e indirectamente por medio de los Poderes de la Unión, en el caso de las competencias de éstos y por las de los estados en lo que toca a sus regímenes interiores. Y así continúa el artículo en la forma en que actualmente está.

La democracia participativa es una riqueza que se nos ha entregado y que el pueblo mexicano no ha querido tomar en sus manos.

La democracia participativa se resuelve mediante consultas al pueblo y el pueblo lo puede llevar a cabo mediante plebiscitos, referendos, iniciativas populares de leyes planteadas al Poder Legislativo, revocación de mandato otorgado por el propio pueblo e intervención en la planeación a lo que se refiere el artículo 26 de la Constitución.

En otras palabras, se ha estado hablando de plebiscitos y referendos, pero no se da la base de porqué se establece esto. Ello es muy sencillo: porque el pueblo está ejercitando directamente el poder público. Por ello presento esta iniciativa.

Ruego al señor presidente que se publique íntegra en la Gaceta Parlamentaria. La dejo en la Secretaría a disposición de ustedes, para quienes quieran adherirse a él. Para mí sería una honra que se unan conmigo. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juventino Víctor Castro y Castro, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en lo dispuesto los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos, así como 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La definición de democracia ha atravesado diferentes debates. Desde los antiguos griegos hasta Rousseau, se pensaba a la democracia como una democracia directa, en la cual los ciudadanos ejercen el derecho a la participación en la toma de decisiones sin intermediación. Es decir como un ejercicio de soberanía popular. De estas discusiones históricas surge el concepto “democracia participativa” o también denominada democracia sustantiva.

Así, la democracia participativa como régimen político en la mayoría de los países del mundo en donde se ha incorporado a los cuerpos normativos responde a una exigencia permanente de la sociedad civil de la democratización del ejercicio del poder público. Estas discusiones han generado cambios significativos en la cultura política y relaciones de poder entre gobernantes y gobernados.

A través de la historia los actores sociales han encontrado que los procedimientos de democracia participa como: referéndum y plebiscito e iniciativa popular, entre otras, permite el autodesarrollo y autogestión de los ciudadanos en todos los aspectos de la vida social.

La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para acceder mejores niveles de desarrollo social.

Sin embargo, las sociedades contemporáneas por la imposibilidad del autogobierno han derivado en la incorporación procedimental de conceptos como democracia representativa, definida como: Un sistema político basado en el poder popular, en este sentido la titularidad del poder pertenece al “demos”, mientras que el ejercicio es confiado a representantes elegidos periódicamente por el pueblo.

Autores como Schumpeter definen la democracia como “un método para llegar a decisiones políticas en la que los individuos adquieren el poder de decidir por medio de una lucha de competencias por el voto del pueblo”1

Desde la antigüedad clásica hasta prácticamente el siglo pasado no fue retomado el término, sino hasta después de las luchas de reivindicación social independentistas y la formación de los Estados nación.

Sin embargo los debates académicos de las últimas décadas del siglo veinte sobre democracia sostienen que no sólo hace falta la democracia representativa a nivel electoral para que exista democracia. Es decir que para alcanzar la máxima socialización o significación práctica de democracia es necesario que ésta se extienda a otras esferas de la vida, permitiendo el máximo desarrollo de las actitudes individuales y colectivas.

El Estado que aspire a ser democrático, y social, de derecho y justo debe propugnar como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de actuación con responsabilidad social.

Así la democracia participativa también llamada sustantiva, ha sido expuesta tanto en el pensamiento liberal democrático (desde Rousseau), como en el socialismo democrático. Este ha sido un debate teórico sobre las bondades y limitaciones de los mecanismo de participación societarios y una de las discusiones más importantes de las últimas décadas del siglo veinte hasta nuestros días, en todos los sistemas políticos mundiales.

La democracia participativa y el rescate de la tradición democrática antigua se mueven en el concepto de ágora, cuyos lineamientos básicos podemos encontrar en la Grecia clásica, caracterizados como una forma de gobierno en dónde los miembros de la comunidad política, de manera responsable y eficaz toman decisiones. En los cuales encontramos grandes supuestos de base por un lado la confianza en los ciudadanos por el otro y en que las diferencias entre los individuos y los grupos no son irresolubles sino que son negociables en ejercicios deliberativos.

Históricamente la democracia, se caracteriza por su énfasis en la igualdad y participación; pero no sería hasta el siglo XIX, cuando el concepto de democracia tomaría un primer plano en la acción de las reivindicaciones de las masas populares cuestionando los modelos autoritarios.

La existencia de estas dos grandes vertientes en el concepto democracia por una parte como la visión clásica griega como se ha mencionado anteriormente y por otro lado tradición liberal de democracia. Manifiesta los debates académicos sobre el significado e implicaciones tanto de la democracia representativa como democracia sustantiva en las sociedades contemporáneas, los cuales han sido marcados por argumentos de complejidad y extensión poblacional, recursos económicos y técnicos.

El sistema de partidos políticos junto con la universalización del sufragio fue la vertiente que se generalizo alrededor del mundo y que sugirió formas relativamente funcionales para resolver la complejidad de las sociedades contemporáneas. Argumentando que el involucramiento público en la toma de decisiones de los asuntos políticos como se concibió en las antiguas formas de democracia “clásica” no eran posibles en el mundo moderno.

La búsqueda de pluralidad de los marcos normativos ha implementado a lo largo del mundo: figuras de participación social. Así como la inclusión de los actores sociales excluidos en la toma de decisiones esto tiene una importancia sustancial en la democracia participativa sobre todo porque incorpora los procesos de educación y cultura ciudadana.

En esta orientación la democracia tiene una definición de mayor alcance a los fines electorales de la democracia representativa.

Como “la teoría democrática clásica se basa en la suposición de que la dignidad del hombre, la verdad, su crecimiento y desarrollo como ente actuante y responsivo en una sociedad libre, depende de su posibilidad de participar en forma activa en las decisiones”.

Para Macperson2 las contradicciones y tensiones existentes en las sociedades occidentales se resuelven con la participación popular directa en la toma de decisiones de carácter político que le otorgan legitimidad y mayores niveles de igualdad al poder público. Por tanto en el nuevo diseño la democracia participativa incorpora figuras como: plebiscito referéndum e iniciativa popular y rescata el mantenimiento de las instituciones de la democracia representativa que cautelan los derechos individuales y de las minorías; pero incorpora características de la democracia sustantiva en relación con ideal igualitario rescatando el pluralismo político y cultural de las sociedades complejas e integran tanto la visión hegemónica de la democracia representativa así como la posibilidad de incorporar la visión de los pueblos originarios y demás actores socialmente excluidos tanto como al resto de la sociedad en la práctica política en los asuntos relevantes del país.

En este tenor de ideas se manifiesto que el agotamiento social mandata a todos los actores políticos a buscar mayores espacios de configuración social y política que definan mecanismos de horizontalidad en el entre el poder y los ciudadanos.

El establecimiento de figuras jurídicas de participación ciudadana que definan los espacios deliberativos de la sociedad civil con poderes públicos para la construcción política de consensos.

La tesis para el fortalecimiento de la demodiversidad, implica que no existe ningún motivo para que la democracia asuma una sola forma. Asimismo esta concepción incorpora a ciudadanos con distintos intereses con la posibilidad de agruparse libremente, y de coexistencia de grupos de interés, libres y competitivos pero que converjan en la solución de las diferencias políticas y sociales o de cualquier índole de manera pacífica.

Autores como Bartach, Macpherson3 y Pateman afirman que la poca participación y la desigualdad social, “están íntimamente unidas”; para que exista una sociedad más equitativa es necesario un sistema político más participativo.

Rescatan la dimensión de la democracia que hace referencia a la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones. La democracia no sería entonces sólo un método sino que posee una dimensión más allá de lo electoral que abarca no sólo las instituciones representativas gubernamentales sino aquellos espacios en los que se toman decisiones que afectan los valores con la democracia directa en la base y delegada en los niveles por encima de ella.

Por lo anteriormente expuesto extraña que pese a la gran discusión a nivel mundial en materia democracia participativa su incorporación en una gran cantidad de países europeos y latinoamericanos. Todavía no se incorporé en nuestro marco normativo como ejercicio de su soberanía, y aunque en la Constitución Política se reconoce que la soberanía nacional (artículo 39) que todo el poder público reside en el pueblo, en el texto constitucional es de observar que tan sólo norme que el ejercicio indirecto de esta soberanía y poder por medio de representantes, y no en forma directa, mediante la intervención ( la participación) del pueblo soberano.

Es por ello que con gran frecuencia el ciudadano llega a pensar que cuando nombra a sus representantes, en realidad cede su soberanía y su poder público, que en lo sucesivo pasa a las manos de aquellos a los cuales eligió dentro de nuestro sistema democrático, y tales ciudadanos soberanos pasan a ocupar el modesto puesto de gobernados.

Siempre he creído que esta cuestión es tan importante que merece intentemos una trascendente reforma constitucional que establezca un cambio fundamental en nuestro sistema político; y un regreso al verdadero sistema democrático.

Dice el artículo 40 constitucional: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal...”

Por su parte el inciso a) de la fracción II del artículo 3o., que ordena el criterio que orientará a la educación del Estado mexicano, afirma que debe ser democrático, y añade como orientación el concepto: “...considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.”

Asimismo el artículo 41 actual precisa a la democracia como estructura jurídica y como régimen político al ordenar que la renovación de poderes Legislativo y Ejecutivo, “se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas”, es decir comodemocracia representativa , pero sin especificar la estructura de lademocracia participativa , o sea aquella que constituye un sistema de vida para la mejoría económica, social y cultural del pueblo.

Tan sólo se menciona constitucionalmente algunas funciones de la democracia participativa en el artículo 25, que se refiere a la rectoría del Estado en su calidad de régimen democrático, planeándolo como un desarrollo en el que deben intervenir el sector público, el sector social y el sector privado.

Finalmente el párrafo tercero, del apartado A del artículo 26 expresa que la ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos departicipación yconsulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo.

La ley reglamentaria de los procedimientos de participación popular que estructuraría a la democracia participativa, jamás se ha dictado y es indispensable que el propio texto constitucional indique con mayor claridad la diferencia entre la democracia representativa y la participativa, y sus bases normativas principales. Esta es la razón por la cual estructuré esta iniciativa con proyecto para reformar el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la siguiente forma:

Decreto que reforma el párrafo primero y adiciona un párrafo segundo recorriéndose en su orden los subsecuentes al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el párrafo primero y se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose en su orden los subsecuentes al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41. El pueblo mexicano ejerce su soberanía, directamente actuando bajo los principios de la Democracia Participativa e indirectamente por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos, y por lo de los estados en los que tocas a sus regímenes interiores en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución federal y las particulares de los Estados las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal.

Participa el pueblo en forma directa, aceptando o rechazando las consultas planteadas a él en plebiscitos, referéndum, iniciativas populares de leyes planteadas al Poder Legislativo, revocación de mandato otorgados por el propio pueblo, e intervenciones en la planeación a que se refiere el artículo 26 de esta Constitución, siguiendo las disposiciones de una ley para ejercicio de la democracia participativa.

...

l. a VI.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Queda sin efecto cualquier normatividad que contraponga a lo establecido en el presente decreto.

Notas:

1 Schumpeter. Joseph A. Capitalismo, socialismo y democracia, Orbis, Barcelona ,1983.

2 Macpherson C.B. La democracia liberal y su época,Alianza, Madrid.

3 Macpherson C.B. La democracia liberal y su época, Alianza, Madrid.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2010.— Diputados: Juventino Víctor Castro y Castro, Víctor Hugo Círigo Vásquez, Eduardo Mendoza Arellano, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, Feliciano Rosendo Marín Díaz (rúbrica), Indira Vizcaino Silva, Jaime Cárdenas Gracia, Matín García Avilés, Emiliano Velázquez Esquivel, Luis Felipe Eguía Pérez, Emilio Serrano Jiménez, Francisco Armando Meza Castro, Víctor Manuel Castro Cosío, Eduardo Mendoza Arellano, José M.Torres Robledo, Sergio Lobato García, Hernán de Jesús Orantes López, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, María Araceli Vázquez Camacho, Martín García Avilés, José de Jesús Zambrano Grijalva, José M. Torres Robledo, Samuel Herrera Chávez, Rigoberto Salgado Vázquez, Luis Hernández Cruz, Filemón Navarro Aguilar, Agustín Guerrero Castillo, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, José Luis Jaime Correa, Balfre Vargas Cortez, Emiliano Velázquez Esquivel (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Obsequiando la solicitud del señor diputado, insértese íntegramente en la Gaceta Parlamentaria.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES - LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Se recibió del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, César Augusto Santiago Ramírez, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta ante el pleno iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los factores que animan a interponer la presente iniciativa es la necesidad de replantear los términos en que debe fundarse el principio de rendición de cuentas en el sistema electoral mexicano y la pertinencia de garantizar la aplicación de medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria en el desarrollo de los procesos de renovación de autoridades representativas.

Es evidente que hay un reclamo social centrado en establecer nuevos criterios legales que definan reglas más eficaces en los procesos de vigilancia y fiscalización de los recursos empleados en la renovación de los poderes en el país.

Así lo confirman innumerables estudios, foros, seminarios, conferencias y opiniones dados a conocer sobre el tema, que coinciden en señalar que es preciso replantear los criterios en materia de revisión del gasto electoral y de las erogaciones de las autoridades en la materia, así como los mecanismos de fiscalización de los gastos de los partidos políticos en su conjunto.

Los procesos de rendición de cuentas se han constituido como elementos esenciales de las democracias representativas en la época contemporánea. De ahí que tales procesos sean uno de los principales instrumentos que permiten controlar el abuso del poder y garantizar que los órganos electorales cumplan con transparencia, honestidad y eficacia las tareas que constituyen su función constitucional.

En la medida en que han evolucionado los sistemas políticos y los procesos de renovación de autoridades se identifica que es creciente la demanda ciudadana por información precisa y comprobable tanto de los recursos ejercidos por los órganos electorales como de los resultados de su gestión. Tal situación no puede considerarse sino como un derecho fundamental para el ciudadano y una obligación para los integrantes de los órganos electorales.

La evolución del concepto rendición de cuentas corre en paralelo a la transformación de las ideas sobre legitimidad y soberanía. Por ello, la rendición de cuentas nace con el advenimiento de la democracia representativa. De ahí la importancia de que en los procesos electorales, la rendición de cuentas y el ejercicio racional del presupuesto sean elementos que deben garantizarse mediante un marco normativo adecuado.

Por ello debe contarse con mecanismos legales que permitan conocer el desempeño de todas las vertientes de los procesos electorales en su conjunto. Lo anterior, con objeto de garantizar que la gestión de dichos procesos se realice con transparencia y que la información inherente a ellos sea de acceso libre y público.

En ese contexto se promueve esta propuesta de reforma de la normativa electoral, cuya pertinencia se identifica cuando se revisan su naturaleza y sus alcances. En primer término, con esta iniciativa se busca que el Poder Legislativo tenga la posibilidad de recibir información precisa acerca de los procesos de fiscalización que la instancia correspondiente del Instituto Federal Electoral lleve a cabo en el ejercicio de sus funciones.

Igualmente, se plantea que el titular de la instancia fiscalizadora del órgano electoral –en un pleno respeto de la autonomía del Instituto Federal Electoral- pueda ser convocado ante la representación popular, a efecto de que haga del conocimiento de ésta el estado que guardan los trabajos en materia de fiscalización de los partidos políticos.

Alcances similares tiene la propuesta referente a la Contraloría Interna del Instituto Federal Electoral. Respecto a esta instancia, se plantea en la iniciativa una modificación esencial. Consideramos conveniente que la contraloría sea considerada un órgano central del instituto y que tenga un nivel jerárquico equivalente al del secretario ejecutivo de éste para fortalecer su independencia y garantizar la plena funcionalidad de las tareas efectuadas por esa instancia.

Para los mismos efectos, se considera pertinente establecer que el Contralor General del instituto deba reunir los mismos requisitos que la legislación establece para los consejeros electorales, pues su designación está sujeta al mismo procedimiento establecido para los integrantes del Consejo General del IFE.

Por lo que se refiere al proceso de transparencia y rendición de cuentas inherente a todos los procesos electorales, se propone que, igual que la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, la Contraloría Interna del IFE rinda al Congreso de la Unión informes periódicos sobre los procesos de revisión que son competencia de esa instancia, planteándose también que su titular pueda ser convocado ante esta soberanía legislativa.

La propuesta de reforma recoge una arraigada demanda ciudadana referente a la necesidad de establecer mecanismos de racionalidad presupuestaria y austeridad en el desa-rrollo de la función electoral.

Al efecto, se plantea que, dejando intocado el principio de autonomía del IFE, éste adopte para los periodos en que no se desarrollan procesos electorales las medidas de racionalización del gasto que se desprenden de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria –y que podrían centrarse, por ejemplo, en el ajuste del tamaño de las áreas no estratégicas del propio instituto en épocas no electorales–, medidas como ésa, en su conjunto, tendrían por objeto coadyuvar al cumplimiento de las normas de disciplina financiera que se han implanto en la administración pública en sus distintos niveles, en los poderes federales y en los de las entidades federativas.

Objetivo similar se persigue al plantear en esta iniciativa que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación adopte medidas análogas a las propuestas para el IFE por lo que se refiere a disciplina presupuestaria y racionalidad financiera. Lo anterior, en la medida en que, por ejemplo, en épocas no electorales, las cargas de trabajo de las salas regionales del Tribunal Electoral son sustancialmente menores que las observadas en periodos de impugnaciones y de calificación de comicios. De tal manera, la iniciativa plantea también cambios de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, orientados a que –en un pleno respeto de la soberanía del Poder Judicial– su tribunal electoral adopte las medidas que considere necesarias a fin de racionalizar su gasto en años no electorales.

Las propuestas anteriores contribuirán sin duda a fortalecer el cabal desempeño de los procesos electorales en su conjunto y permitirán volver óptimas las tareas de ejercicio presupuestario en la materia.

Por lo expuesto, se propone el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

Artículo Primero. Sereforman los artículos 86.2, 388, numerales 2 y 5, 389.1 y 390.2; y seadicionan un párrafo al artículo 86.2, dos numerales al 105, un inciso al 108.1 y dos numerales al 388 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que el contenido de tales disposiciones quede como a continuación se señala:

Artículo 86

2.Las Cámaras del Congreso de la Unión, el consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo recibirán del director general de la unidad informes semestrales respecto del avance en las revisiones y auditorías que ésta realice.

El director general de la Unidad de Fiscalización podrá ser convocado por cualquiera de las Cámaras del Congreso para que, bajo protesta de decir verdad, informe del estado que guarda la unidad a su cargo.

Artículo 105

1. a 3.

(...)

4. El instituto implantará las obligaciones y las medidas de racionalidad y austeridad que se deriven de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, a fin de coadyuvar al cumplimiento de las normas de disciplina presupuestaria.

5. Para el diseño del presupuesto del instituto que en ejercicio de sus atribuciones aprueba anualmente su consejo general, se considerará si se trata de un año electoral o no. El proyecto de presupuesto del instituto que el presidente del consejo general remita al titular del Poder Ejecutivo deberá comprender los ajustes respectivos y la compactación de áreas, funciones y personal, a fin de racionalizar el ejercicio presupuestal del instituto en años no electorales.

Artículo 108

1. Los órganos centrales del Instituto Federal Electoral son

a) a e)

(...)

f) La Contraloría General

Artículo 388

1 (...)

2. El titular de la contraloría tendrá un nivel jerárquico equivalenteal del secretario ejecutivo del instituto .

3. y 4.

(...)

5. El contralor durará en el encargo seis años y podrá ser reelegido por una sola vez;mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Presidencia del Consejo General y con la entidad de fiscalización superior de la federación a que se refiere el artículo 79 de la Constitución.

6. y 7.

(...)

8. Las Cámaras del Congreso de la Unión recibirán del titular de la Contraloría General informes semestrales respecto al avance de los procesos de fiscalización de los ingresos y los egresos del instituto que esa instancia realice.

9. El titular de la Contraloría General podrá ser convocado por cualquiera de las Cámaras del Congreso para que, bajo protesta de decir verdad, informe del estado que guarda la unidad a su cargo.

Artículo 389

1. El contralor general deberá reunir los mismos requisitos que este código establece para losconsejeros electorales del instituto, y los siguientes:

a) a e)

(...)

Artículo 390

1. ...

a) a e)

(...)

2. La Cámara de Diputados resolverá sobre la aplicación de las sanciones al contralor general, incluida entre éstas la remoción, por causas graves de responsabilidad administrativa, debiendo garantizar el derecho de audiencia al afectado. La remoción requerirá el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión.

Artículo Segundo. Sereforma la fracción VI del artículo 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 186. En términos de lo dispuesto en los artículos 41, Base VI; 60, párrafos segundo y tercero; y 99, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral, de conformidad con lo que señalen la propia Constitución y las leyes aplicables, es competente para

I. a V. (...)

VI. Elaborar anualmente el proyecto de su presupuesto y proponerlo al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su inclusión en el del Poder Judicial de la Federación.El Tribunal Electoral implantará las obligaciones y las medidas de racionalidad y austeridad que se deriven de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente.

El proyecto de presupuesto del Tribunal Electoral que se proponga al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá comprender los ajustes respectivos y la compactación de áreas, funciones y personal, a fin de racionalizar el ejercicio presupuestario del tribunal en años no electorales.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, DF, a 2 de marzo de 2010.— Diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia.

Señoras y señores diputados, me permito informarles que se encuentran de visita en esta instalación alumnos y maestros del Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, estado de México, a invitación del diputado Emilio Chuayffet Chemor.

Igualmente se encuentran alumnos y maestros de la secundaria número 62, Adolfo López Mateos, de Atizapán de Zaragoza, estado de México, invitados por el diputado Fausto Sergio Saldaña del Moral. A los cuales les damos la más cordial bienvenida.

ARTICULOS 41, 51 Y 54 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Tiene la palabra la diputada Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 41, 51 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca :Con su venia, señor presidente. A 100 años de la Revolución Mexicana, una de las mejores maneras de honrar las celebraciones es continuar con la batalla en contra de todas las discriminaciones, que también fueron factores para movilizar a los mexicanos de aquellos años.

El Poder Legislativo, concretamente la Cámara de Diputados, no se pueden prestar a que las legisladoras que fueron designadas para ocupar una curul cedan su cargo a un varón, rompiendo con la legalidad y con el espíritu de las acciones afirmativas que concentran la lucha de género de muchas de las generaciones de hombres y mujeres valiosas que nos han antecedido. La visión de género debe prevalecer en este órgano de representación popular por el bien del país.

No se entiende o no se quiere entender que hacer realidad todos los derechos de las mujeres, y concretamente los de carácter político, no sólo es una cuestión de género, sino que es una vía para asegurar el desarrollo de nuestra nación hacia mejores formas de vida para más mexicanos. Mutilar este avance se ha transformado en un verdadero escándalo nacional que nos divorcia, que nos enfrenta aún más con la ciudadanía.

Para nadie es un secreto que existen factores culturales que influyen en un papel secundario para las mujeres en nuestro país. También que en materia de la cultura nacional no se pueden dar saltos que pudieran generar riesgos de inestabilidad. Sabemos también que las acciones para la equidad de género deben ser cuidadosas, pero, al mismo tiempo, deben ser continuas.

En ese orden, lo primero que se impone es un respeto total a lo ya conseguido. Si las mujeres ya están en ascenso en la vida del país no podemos cometer el error de retroceder, menos podemos hacerlo en el Congreso de la Unión.

Nuestra Constitución en el artículo 4o. establece la igualdad de género. Esta disposición constitucional está avalada por distintas instancias internacionales, de muchas de las cuales nuestro país es signatario. En suma, no es un asunto de formalidades, sino de avanzar en la realidad en las relaciones sociales de género.

Ya existe una legislación para frenar la violencia de género en prácticamente todas las entidades federativas del país. Sin embargo, considero que es necesario poner freno a las modalidades más sutiles de violencia. Esto es, a la violencia que está implícita en los tratos discriminatorios o, lo que es peor, en la manipulación para llegar a puestos políticos sin tener los méritos ni hacer los esfuerzos que son necesarios.

Este asunto de la equidad, es necesario recordarlo también, no es un problema exclusivo de los partidos políticos; es, por fortuna, un tema en toda la sociedad mexicana. Sin embargo, los partidos políticos son las fuerzas organizadas y los espacios por excelencia para construir las grandes propuestas de Estado. Es en los partidos políticos en donde las aspiraciones sociales y los compromisos de los protagonistas se deben sistematizar y convertir en políticas de Estado.

Por eso mismo, el primer llamado de atención es justamente hacia los partidos que tienen representación en esta asamblea constitucional. Si hay discriminaciones y simulaciones en lo que deben ser las vanguardias sociales, qué se espera de otros espacios en la vida del país.

Si se utiliza tramposamente a las mujeres para conseguir el voto o la designación por la vía de la representación proporcional, ¿qué esperamos las mujeres en otros planos de la vida civil?

Los números no mienten: las mujeres constituimos aproximadamente el 51 por ciento de la población nacional y en esta Cámara apenas rebasamos el 25 por ciento de la representación nacional. Ciertamente, no se me olvidan los sustratos culturales, pero insisto en que no se vale retroceder. En ese sentido, somos un país de alta discriminación y la legitimidad y la fidelidad de la representación legislativa es –para no entrar en mayores detalles– sencillamente deficiente.

En buena medida se puede avanzar en la solución del problema con la voluntad de los partidos políticos y el respeto a las normas nacionales vigentes. Sin embargo, para que los avances se consoliden debemos convertir la búsqueda de la equidad de género en un asunto mejor definido en nuestra Constitución y en las leyes de la materia.

Si se legisla con una visión progresiva, la equidad de género tendrá un sustento más y, lo que también es importante, podremos evitar situaciones que, también para decir lo menos, han sido penosas.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 41, 51 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los siguientes términos:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 41, 51 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos.

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo y se adicionan los párrafos tercero y cuarto de la fracción I del artículo 41, se reforma el artículo 51 y se reforma la fracción III del artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 41. ...

I. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, velando que en todo momento la igualdad de oportunidades y la paridad entre las mujeres y los hombres en la vida política se verifique a través de la postulación equitativa de los mismos a cargos de elección popular. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. Por tanto, queda prohibida la intervención de organizaciones gremiales o con objetos sociales diferentes en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señala esta Constitución y la ley.

Artículo 54. ...

III. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido los candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. Las listas de todos los partidos que se constituirán por fórmulas del mismo género de manera alternada bajo el principio de paridad. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Presidente, solicito que se inserte íntegro este punto de acuerdo en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 41, 51 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad concedida en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 41, 51 y 54 de la Carta Magna con base en la siguiente

Exposición de Motivos

A cien años de la Revolución Mexicana, una de las mejores maneras de honrar las celebraciones es continuar con la batalla en contra de todas las discriminaciones, que también fueron factores para movilizar a los mexicanos de aquellos años.

El Poder Legislativo, y concretamente la Cámara de Diputados, no se pueden prestar a que las legisladoras que fueron designadas para ocupar una curul cedan su cargo a un varón, rompiendo con la legalidad y con el espíritu de las acciones afirmativas que concentra la lucha de género de muchas de las generaciones de hombres y mujeres valiosas que nos han antecedido. La visión de género debe prevalecer en este órgano de representación popular por el bien del país.

No se entiende o no se quiere entender que hacer realidad todos los derechos de las mujeres y, concretamente, los de carácter político, no sólo es una cuestión de género, sino que es una vía para asegurar el desarrollo de nuestra nación hacia mejores formas de vida para más mexicanos. Mutilar este avance se ha transformado en un verdadero escándalo nacional, que nos divorcia, que nos enfrenta aún más con la ciudadanía.

Para nadie es un secreto que existen factores culturales que influyen en un papel secundario para las mujeres en nuestro país. Sabemos bien que en materia de la cultura nacional no se pueden dar saltos que pudieran generar riesgos de inestabilidad. Sabemos también que las acciones para la equidad de género deben ser cuidadosas, pero, al mismo tiempo, deben ser continuas.

En ese orden, lo primero que se impone es un respeto total a lo ya conseguido. Si las mujeres ya están en ascenso en la vida del país no podemos cometer el error de retroceder, menos podemos hacerlo en el Congreso de la Unión.

Nuestra Constitución, en el artículo 4o., establece la igualdad de género. Esta disposición constitucional está avalada por distintas instancias internacionales de muchas de las cuales nuestro país es signatario. En suma, no es un asunto de formalidades, sino de avanzar en la realidad en las relaciones sociales de género.

Ya existe una legislación para frenar la violencia de género en prácticamente todas las entidades federativas del país. Sin embargo, considero que es necesario poner freno a las modalidades más sutiles de violencia. Esto es, a la violencia que está implicada en los tratos discriminatorios o, lo que es peor, en las manipulaciones para llegar a puestos políticos sin tener los méritos ni hacer los esfuerzos que son necesarios.

Este asunto de la equidad, es necesario recordarlo también, no es un problema exclusivo de los partidos políticos; es, por fortuna, un tema de toda la sociedad mexicana.  Sin embargo, los partidos políticos son las fuerzas organizadas y los espacios por excelencia para construir las grandes propuestas de Estado. Es en los partidos políticos en donde las aspiraciones sociales y los compromisos de los protagonistas se deben sistematizar y convertir en políticas de Estado.

Por eso mismo, el primer llamado de atención es justamente hacia todos los partidos que tienen representación en esta asamblea constitucional. Si hay discriminaciones y simulaciones en lo que deben ser las vanguardias sociales, qué se espera de otros espacios en la vida del país.

Si se utiliza tramposamente a las mujeres para conseguir el voto o la designación por la vía de la representación proporcional, qué esperamos las mujeres en otros planos de la vida civil.

Los números no mienten: las mujeres constituimos aproximadamente 51 por ciento de la población nacional y en esta Cámara apenas rebasamos 25 por ciento de la representación nacional. Ciertamente, no se me olvidan los sustratos culturales, pero insisto en que no se vale retroceder. En ese sentido, somos un país de alta discriminación y la legitimidad y la fidelidad de la representación legislativa es –para no entrar en mayores detalles– sencillamente deficiente.

En buena medida, se puede avanzar en la solución del problema con la voluntad de los partidos políticos y el respeto a las normas nacionales vigentes. Sin embargo, para que los avances se consoliden, debemos convertir la búsqueda de la equidad de género en un asunto mejor definido en nuestra Constitución y en las leyes de la materia.

Si se legisla con una visión progresiva, la equidad de género tendrá un sustento más y, lo que también es importante, podremos evitar situaciones que, también para decir lo menos, han sido penosas.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona los artículos 41, 51 y 54  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo y se adicionan los párrafos tercero y cuarto de la fracción I del artículo 41, se reforma el artículo 51 y se reforma la fracción III del artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 41. ...

...

I. ...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo; velando que en todo momentola igualdad de oportunidades y la paridad entre las mujeres y los hombres en la vida política se verifique a través de la postulación equitativa de los mismos a cargos de elección popular. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley.

II. al VI. ...

Sección IDe la Elección e Instalación del Congreso

Artículo 51. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la nación, electos en su totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario se elegirá un suplentedel mismo género.

Artículo 54. La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

I. y II. ...

III. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal.Las listas de todos los partidos se constituirán por fórmulas del mismo género de manera alternada bajo el principio de paridad. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes.

IV. a VI. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2010.— Diputados: Magdalena Torres Abarca, Emilio Serrano Jiménez, Laura Arizméndi Campos, María Araceli Vázquez Camacho, Ariel Gómez León, Florentina Rosario Morales, José Luis Jaime Correa, Sergio Lobato García, Ovidio Cortazar Ramos, José Narro Céspedes (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

La diputada Laura Arizmendi Campos (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Sí, diputada Arizmendi.

La diputadaLaura Arizmendi Campos (desde la curul): Quiero preguntarle, señor presidente, a la diputada Torres, si me permite adherirme a su propuesta.

La diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca :Sí.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :No tiene inconveniente, por tanto puede usted pasar a la Secretaría a firmar su adhesión.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Tiene la palabra la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley General de Desarrollo Social.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún :Muchas gracias. En nuestro país la denuncia ha servido como un elemento que refuerza y complementa el marco legal, muchas veces perentorio en la definición de algún asunto que agravia el derecho de muchos mexicanos en los términos de los beneficios que ofrecen los programas sociales.

En la práctica, sigue siendo insuficiente este mecanismo para frenar de manera definitiva la pretensión o, en su caso, la aplicación del recurso público traducido en programas para beneficio personal.

Lamentablemente, situaciones de este tipo son las que se perciben comúnmente en la vida política y pública de este país. Sin embargo, los discursos y el planteamiento por atacar este grave problema aún quedan como letra muerta y buenas intenciones.

Hoy en día somos testigos de una mala actuación de las autoridades frente a la investigación de algún acto de denuncia, además de que suele ser mucho peor si se trata de una acusación donde se vea en riesgo toda una red de intereses que presuntamente puedan beneficiar a alguien en específico, por medio de actividades y programas sociales.

En este sentido, pese a las precarias condiciones económicas y la urgente necesidad de obtener cualquier tipo de apoyo económico o en especie, en cualquier zona del país sirve la plataforma para fortalecer actos de campaña de algún candidato político o bien, para mantener cooptados a los pobladores de dichas zonas con fines de apoyo electoral, lucrando con la necesidad de la gente.

Es común escuchar de actividades como la entrega de despensas, láminas, animales de corral y materiales para la construcción y la siembra, siempre encontrando la manera para disfrazar el mal uso y la incorrecta aplicación de los recursos que son parte del erario público.

Ejemplo de esto lo observamos hace unos días con la entrega de subsidios al actual secretario de la Sagarpa, Javier Mayorga, además de algunos de sus familiares, por una cantidad superior a los 10 millones de pesos a través de Procampo.

Debemos ser claros, en México el anuncio de logros y resultados proveídos por algún programa social, particularmente aquellos trabajados por la Sedesol, contienen en su mensaje la leyenda que dice “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos del programa”. Principalmente aquellos mensajes trasmitidos por medio de la radio y la televisión.

No obstante las regulaciones en esta importante materia que es la distribución equitativa y adecuada promoción y aprovechamiento de los programas sociales, no es suficientemente atendida, pues vemos cómo se hace un mal uso de las bondades que pueden representar los ya mencionados programas con fin de atender a la población desprotegida.

Por las consideraciones antes expuestas, compañeras y compañeros legisladores, sometemos a la consideración de este pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma las fracciones II y V del artículo 71 de la Ley General de Desarrollo Social, para prohibir el uso de programas sociales con fines personales de los funcionarios, secretarios de Estado, de sus familiares y para impedir los fines proselitistas, para quedar como sigue:

Artículo 71...

II. Vigilar el ejercicio de los recursos públicos y la aplicación de los programas de desarrollo social conforme a la ley y a las reglas de operación, quedando prohibido su uso para fines personales, en beneficio de sus familiares directos y para uso proselitista.

V. Presentar ante la autoridad competente las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales, relacionadas con los programas sociales que sean violatorios a lo dispuesto en la fracción II de este artículo.

Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan a la presente ley.

Es todo, señor presidente. Le solicito la inserción total del texto en el Diario de los Debates. Gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 71 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este pleno, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma las fracciones II y V del artículo 71 de la Ley General de Desarrollo Social, para prohibir el uso de programas sociales con fines personales de funcionarios, secretarios de Estado, de sus familiares y con fines proselitistas, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

En nuestro país la denuncia ha servido como un elemento que refuerza y complementa el marco legal, muchas veces perentorio en la definición de algún asunto que agravie el derecho de muchos mexicanos, en los términos de los beneficios que ofrecen los programas sociales.

En la práctica, sigue siendo insuficiente este mecanismo para frenar, de manera definitiva, la pretensión o, en su caso, la aplicación del recurso público traducido en programas para beneficio personal.

En este sentido, la falta de información genera en las personas una situación aislada de denuncia, que inhibe la vigilancia del buen uso de los recursos públicos y la denuncia de los actos de corrupción, del nepotismo, del uso de recursos en programas de asistencia social con tendencias proselitistas, además de la autorización de programas sociales a discreción, etcétera.

Lamentablemente, situaciones de este tipo son las que se perciben comúnmente en la vida pública de este país; sin embargo, los discursos y el planteamiento por atacar este grave problema aun queda como letra muerta y buenas intenciones.

Si bien es cierto que nuestro sistema judicial menciona pero no garantiza, en los hechos, que un acto de denuncia pueda derivar en una investigación profunda y se finquen las responsabilidades del caso. Debemos recordar que en cualquier mecanismo de denuncia ya sea por escrito o de manera verbal como anónimo, se exige responsabilidad para conducirse con apego a la legalidad y también exige certidumbre respecto de la oportunidad, eficacia y probidad para perseguir y sancionar los delitos a los que se refiera.

En muchas de estas ocasiones, esta aproximación a lo que se entiende por justicia, no es la más adecuada, mucho menos considerando que quien procede a levantar una denuncia se encuentra intimidado, amenazado o bien se hacen caso omiso o a destiempo sin procesar los elementos con los que se cuenten para actuar conforme a la ley.

Es triste también observar que el hablar de denuncia es sinónimo de venganza y autoritarismo. Esto no debe seguir así.

Hoy día somos testigos de una mala actuación de las autoridades frente a la investigación de algún acto de denuncia, además que suele ser mucho peor, si se trata de una acusación donde se vea en riesgo todo una red de intereses que presuntamente pueda beneficiar a alguien en específico, por medio de actividades y programas sociales.

En este sentido, pese a las precarias condiciones económicas y la urgente necesidad de obtener cualquier tipo de apoyo, económico o en especie, en cualquier zona del país, sirve de plataforma para fortalecer actos de campaña de algún candidato político o bien, para mantener cooptados a los pobladores de dichas zonas con fines de apoyo político, lucrando con la necesidad de la gente.

Es común escuchar de actividades como la entrega de despensas, láminas, animales de corral para su crianza, y materiales para la construcción y la siembra, siempre encontrando la manera para disfrazar el mal uso de los recursos que son parte del erario público.

Es necesario recalcar que el impulso por atender el tema de control y vigilancia de los distintos programas sociales del país, tiene que ver con las auditorías al gasto federal para su ejercicio mediante, y que equivalen, anualmente, entre 30 y 40 por ciento en las cuentas públicas.

Por increíble que parezca, la generación de un clima de inseguridad y de desconfianza que vive el país es el resultado de las redes de complicidad ahora trabajadas con autoridades y servidores públicos, ante esto, muchas de las veces la desesperanza y la falta de credibilidad frente a las instituciones no se hace esperar. Así, la gente no está segura de saber si es bueno o no levantar una que tenga el propósito de frenar el mal uso y la distribución discrecional.

Ejemplo de esto, lo observamos en días recientes con la entrega de subsidios al actual secretario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Javier Mayorga, además de algunos de sus familiares, por una cantidad superior a los 10 millones de pesos a través del programa Procampo.

Actos como este y como los de corrupción y nepotismo dados en perjuicio de miles de personas realmente necesitadas, son las circunstancias que generan el rechazo a estas medidas de participación activa en la vigilancia de cualquier administración.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos de que una contraloría social, realmente constituida por personas experimentadas en los temas de desa-rrollo social, justicia y políticas públicas, es la que debe de comprometerse con el país y buscar soluciones a las enormes carencias de millones de familias mexicanas, en espera de ser atendidas por algún programa público.

Específicamente deben atender de manera plural, todas y cada una de las demandas de ciudadanos interesados, pero su calificación, en ningún momento debe marcar diferencias entre la población destinataria. Todas estas personas deben ser tratadas y resueltas en sus demandas bajo los mismos criterios, pero ello no debe ser motivo que de pie para malversar los fondos, ni para desviar recursos para fines personales de funcionarios y secretarios de despacho, así como para fines proselitistas.

En esencia, nuestra propuesta, aquí presentada, incluye los candados que eviten lograr un beneficio personal de funcionarios o secretarios de Estado y familiares, materia más que necesaria en la vida pública de la nación.

Debemos ser claros, en México el anuncio de logros y resultados proveídos por algún programa social, particularmente aquellos trabajados por la Secretaría de Desarrollo Social, contienen en su mensaje la leyenda que dice: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”, principalmente, aquellos mensajes transmitidos a través de la televisión y la radio.

Por último, no obstante las regulaciones en esta importante materia que es la distribución equitativa, su adecuada promoción y el aprovechamiento de programas sociales, no es lo suficientemente atendida, puesto que vemos como hacen mal uso de las bondades que representan los ya mencionados programas con el fin de atender las necesidades de los mayormente desprotegidos.

Por las consideraciones antes expuestas, sometemos a la consideración de este pleno, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma las fracciones II y V del artículo 71 de la Ley General de Desarrollo Social, para prohibir el uso de programas sociales con fines personales de funcionarios, secretarios de Estado, de sus familiares y con fines proselitistas

Artículo 71. ...

II. Vigilar el ejercicio de los recursos públicos y la aplicación de los programas de desarrollo social conforme a la ley y a las reglas de operación,quedando prohibido su uso para fines personales, en beneficio de sus familiares directos y para uso proselitista.

...

V. Presentar ante la autoridad competente las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con los programas sociales,que sean violatorias de lo dispuesto en la fracción segunda de este artículo.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan a la presente ley.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2010.— Diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Insértese en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.

LEY FEDERAL QUE RESCATA EL PAISAJE DE LAS CIUDADES, POBLACIONES Y CAMINOS DE VALLAS, ESTRUCTURAS Y ESPECTACULARES PUBLICITARIOS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Tiene la palabra la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal que rescata el Paisaje de las Ciudades, Poblaciones y Caminos de Vallas, Estructuras y Espectaculares Publicitarios.

La diputada Rosalina Mazari Espín :Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, presento a consideración del pleno una iniciativa de Ley Federal que rescata el Paisaje de las Ciudades, Poblaciones y Caminos de Vallas, Estructuras y Espectaculares Publicitarios de acuerdo a la siguiente exposición de motivos.

Existe un problema urbano en el país en materia de publicidad visual por vallas, estructuras metálicas y anuncios espectaculares que afectan la forma original y natural de ciudades, poblaciones y caminos del país.

En la mayoría de ciudades importantes y capitales del mundo por mencionar en América del Norte y Europa son lugares que a pesar del crecimiento poblacional, económico y comercial mantienen en su totalidad el espacio visual libre que permite visualizar o contemplar sin alteraciones los paisajes propios de las casas, edificios, torres, monumentos históricos y las áreas verdes de campos, logrando en esto una armonía visual que permite conservar un rostro urbano y rural único. Evita la carga de estímulos visuales a los ciudadanos y elimina información que nada aporta culturalmente a las personas.

Es sabido que la publicidad es necesaria en la actividad mercantil, pero el desorden por estructuras, vallas y espectaculares presentado en los últimos años ha originado desvirtuar casi completamente el rostro de las ciudades, pueblos y sus caminos.

El presente ordenamiento busca de manera rápida impedir la colocación de estructuras y las que existan sean retiradas de manera progresiva, teniendo un plazo perentorio hasta dejar completamente limpia de contaminación visual a la población por la colocación de publicidad en forma desordenada.

Con base en un padrón, previa autorización se podrán colocar vallas, estructuras y espectaculares con amplia distancia entre ellos, y sin modificar el paisaje urbano y rural y los caminos que comunican a la nación.

Las negociaciones tienen el libre derecho de anunciar en el exterior de sus inmuebles sus productos, actividades o servicios de forma ordenada, proporcional y utilizando como base de apoyo su propia construcción, siguiendo el estilo urbano señalado por la autoridad municipal o estatal.

Es urgente que una ley federal de esta naturaleza jurídica limite el lucro indebido de empresas que beneficiando su inversión construyan en patios, techos y predios estructuras monumentales sin regulación alguna, con el riesgo que –ante los cambios climáticos mundiales por tormentas, lluvias y temperaturas cambiantes del país– puedan éstos caer súbitamente originando la muerte de personas y daños patrimoniales.

Sería un error que se dejara en anarquía para un futuro la saturación mayor de publicidad por vallas, estructuras y espectaculares que responden a intereses individuales económicos, en perjuicio del interés general y el urbanismo al denigrar el paisaje natural de las ciudades, poblaciones rurales y caminos. Es nuestra obligación crear una norma positiva que respete nuestro entorno en esta materia y que podamos heredar un rostro digno en las ciudades, pueblos y caminos.

El ordenamiento se basa en siete capítulos el cual refiere en el primero de ellos el bien jurídico a tutelar como es el rescate del entorno visual o paisaje en zonas urbanas, rurales y caminos, donde viven y transitan en forma cotidiana los ciudadanos ante la colocación de estructuras fabricadas en todos sus tipos y modalidades con fines publicitarios, lucrativos y privados.

Es fundamental que la autoridad tenga facultades claras que permitan reglamentar el uso y el aprovechamiento en esta materia de espacios libres, casas, edificios y construcciones, que siendo de su propiedad privada por causa de interés público se norme la colocación y exhibición de vallas, anuncios y publicidad, cualquiera que sea su naturaleza en los muebles e inmuebles de particulares.

En cuanto al tercer capítulo establece el ejercicio de las atribuciones de la autoridad y los derechos y obligaciones de los particulares para acceder a las autorizaciones y las formalidades que la autoridad debe cumplir para la inmediata cancelación y desmantelamiento a costa del infractor por vallas, estructuras y espectaculares de publicidad.

El ordenamiento menciona las medidas de seguridad y de protección civil que deben cumplir las vallas, estructuras y espectaculares colocados en zona urbana, caminos y carreteras nacionales conforme lo establece el capítulo cuarto de la presente propuesta de ley.

En su quinto capítulo refiere del contenido de la publicidad basado en el respeto a la dignidad, integridad e individualidad de la persona y al desarrollo colectivo fundado en valores sociales de la sociedad mexicana. En este capítulo busca que la información pueda ser diversa pero alejada del abuso en contenidos y formas de cosas y personas.

En el sexto capítulo menciona las medidas y proporciones que deben tener los anuncios y estructuras publicitarias, en busca de uniformar las proporciones donde predomine la forma del inmueble, los colores y los márgenes de edificios, pero que a su vez se permita apreciar con claridad la información e imagen a publicitar desde la mayor distancia posible.

En las sanciones que señala el capítulo séptimo se estima desde el apercibimiento en primer término, la multa estimada en salarios mínimos vigentes en el país como sanción económica, la cancelación de actividad comercial de la persona física o moral que infrinja esta ley, y el desmantelamiento y retención de las estructuras, anuncios o vallas por la autoridad con el cargo pecuniario del infractor de norma.

Señor presidente, solicito se inserte en su totalidad en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que expide la Ley Federal que rescata el Paisaje de las Ciudades, Poblaciones y Caminos de Vallas, Estructuras y Espectaculares Publicitarios, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del PRI

Rosalina Mazari Espín, diputada federal del 04 distrito por Morelos en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración del pleno iniciativa de Ley Federal que rescata el Paisaje de las Ciudades, Poblaciones y Caminos de Vallas, Estructuras y Espectaculares Publicitarias, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

Existe un problema urbano en el país en materia de publicidad visual por vallas, estructuras metálicas y anuncios espectaculares que afecta la forma original y natural de ciudades, poblaciones y caminos del país, en la mayoría de ciudades importantes y capitales del mundo por mencionar en América del Norte y Europa, son lugares que a pesar del crecimiento poblacional, económico y comercial mantienen en su totalidad el espacio visual libre que permite visualizar o contemplar sin alteraciones los paisajes propios de las casas, edificios, torres, monumentos históricos y las áreas verdes de campos logrando en esto una armonía visual, que permite conservar un rostro urbano y rural único, evita la carga de estímulos visuales a los ciudadanos y elimina  información que nada aporta culturalmente a las personas.

Es sabido que la publicidad es necesaria en la actividad mercantil, pero el desorden por estructuras, vallas y espectaculares presentado en los últimos años ha originado desvirtuar casi completamente el rostro de ciudades, pueblos y sus caminos, el presente ordenamiento busca de manera rápida, impedir la colocación de estructuras y las que existan sean retiradas de manera progresiva teniendo un plazo perentorio, hasta dejar completamente limpia de contaminación visual a la población por la colocación de publicidad en forma desordenada.

En base a un padrón previa autorización se podrá colocar vallas, estructuras y espectaculares con amplias distancias entre ellos y sin modificar el paisaje urbano, rural y los caminos que comunican a la nación.

Las negociaciones tienen el libre derecho de anunciar en el exterior de sus inmuebles sus productos, actividades o servicios de forma ordenada, proporcional y utilizando como base de apoyo su propia construcción siguiendo el estilo urbano señalado por la autoridad municipal o estatal.

Es urgente que una ley federal de esta naturaleza jurídica limite el lucro indebido de empresas que beneficiando su inversión construyen en patios, techos y predios estructuras monumentales sin regulación alguna, con el riesgo ante los cambios climáticos mundiales por tormentas, lluvias y temperaturas cambiantes del país, y puedan estos caer súbitamente originando la muerte de personas y daños patrimoniales.

Sería un error que se dejara en anarquía para un futuro la saturación mayor de publicidad por vallas, estructuras y espectaculares que responden a intereses individuales económicos en perjuicio del interés general y el urbanismo al denigrar el paisaje natural de las ciudades, poblaciones rurales y caminos.

Es nuestra obligación crear una norma positiva que respete nuestro entorno en esta materia y que podamos heredar un rostro digno en las ciudades, pueblos y caminos.

El ordenamiento se basa en siete capítulos el cual refiere en el primero de ellos el bien jurídico a tutelar como es el rescate del entorno visual o paisaje en zonas urbanas, rurales y caminos, donde viven y transitan de forma cotidiana los ciudadanos, ante la colocación de estructuras fabricadas en todos sus tipos y modalidades con fines publicitarios, lucrativos y privados.

Es fundamental que la autoridad tenga facultades claras que permita reglamentar el uso y aprovechamiento en esta materia de espacios libres, casas, edificios y construcciones que siendo de su propiedad privada por causa de interés público se norme la colocación y exhibición de vallas, anuncios y publicidad, cualquiera que sea su naturaleza en los muebles e inmuebles de particulares.

En cuanto al tercer capítulo establece el ejercicio de las atribuciones de la autoridad y los derechos y obligaciones de los particulares para acceder a las autorizaciones y las formalidades que la autoridad debe cumplir para la inmediata cancelación y desmantelamiento a costa del infractor por vallas, estructuras y espectaculares de publicidad.

El ordenamiento menciona las medidas de seguridad y protección civil que deben cumplir las vallas, estructuras y espectaculares colocados en zona urbana, caminos y carreteras nacionales conforme lo establece el capítulo cuarto de la presente propuesta de ley.

En su quinto capítulo refiere del contenido de la publicidad basado en el respeto a la dignidad, integridad e individualidad de la persona y al desarrollo colectivo fundado en valores sociales de la sociedad mexicana, en este capítulo busca que la información pueda ser diversa pero alejada del abuso en contenidos y formas de cosas y personas.

En el sexto capítulo menciona las medidas y proporciones que deben tener los anuncios y estructuras publicitarias en busca de uniformar las proporciones donde predomine la forma del inmueble, los colores y los márgenes de edificios, pero que a su vez se permita apreciar con claridad la información e imagen a publicitar desde la mayor distancia posible.

Las sanciones que señala el capítulo séptimo se estima desde el apercibimiento en primer término, la multa estimada en salarios mínimos vigente en el país como sanción económica, la cancelación de actividad comercial de la persona física o moral que infrinja esta ley, y el desmantelamiento y retención de las estructuras, anuncios o vallas por la autoridad con el cargo pecuniario del infractor de la norma.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que aprueba la Ley Federal que rescata el Paisaje de las Ciudades, Poblaciones y Caminos de Vallas, Estructuras y Espectaculares Publicitarias

Capítulo IDisposiciones Generales

Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés social y regirán en todo el territorio nacional.

El objeto es regular la colocación de publicidad y el retiro de vallas, estructuras y espectaculares publicitarias en el país, que regrese a la forma del paisaje natural urbano de las ciudades, en las poblaciones y de los caminos sin las alteraciones visuales que estas provocan.

Artículo 2. Para los efectos de esta ley, se entiende por

Vallas: marcos o bases elaborados de cualquier material que de forma rectangular y consecutiva se coloca publicidad partiendo del suelo, a una altura menor de tres metros de altura partiendo del suelo de la calle.

Estructuras: el armazón fijo al suelo o a un inmueble de cualquier material sólido necesario para sostener  diseños o imágenes publicitarias, luminosos o no y ser apreciadas exteriormente por la población desde una distancia lejana.

Espectaculares: estructuras metálicas de grandes dimensiones y altitud, con bases sepultadas al suelo o sujetas al techo de uno o varios inmuebles, con una plancha exclusiva para colocar publicidad impresa, luminosa o no y con un alcance visual de la población a uno o más kilómetros de distancia.

Publicidad: material de cualquier tipo impreso que permite difundir imágenes e información escrita masiva a la sociedad.

Alteraciones a paisajes: toda modificación de  inmuebles, caminos, carreteras, calles, montes, valles y explanadas de zonas urbanas, rurales y caminos, que son alterados mediante la colocación de vallas, estructuras o espectaculares que difunden publicidad, y que cambian visualmente de manera individual o en conjunto la forma original de lugares o cosas, de manera permanente y bajo cualquier ángulo de apreciación.

Armonía visual: el respeto al crecimiento arquitectónico normal de ciudades, poblaciones y caminos sin la presencia o predominio visual de publicidad.

Caminos: toda vía terrestre de comunicación.

Campos: toda área natural con o sin cultivo.

Autoridad: Las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Gobernación.

Artículo 3. Las empresas, los poderes y organismos públicos, y las personas físicas que utilicen vallas, estructuras y espectaculares publicitarias situadas en ciudades, pueblos, caminos, montes, valles y explanadas deberán sujetarse estrictamente a la presente ley conforme lo determine la autoridad para  su armado, construcción, colocación, instalación, modificación y desmantelamiento.

Artículo 4. Los ciudadanos que se consideren amenazados o afectados en su integridad física o patrimonial por el armado, construcción, colocación, instalación y modificación de vallas, estructuras o espectaculares podrán solicitar a la autoridad su inmediato retiro, la cual deberá resolver bajo su más estricta responsabilidad lo solicitado.

Artículo 5. En un plazo máximo de 15 días hábiles computado a la fecha de recibida la solicitud, el peticionario tendrá una respuesta debidamente fundada y motivada por parte de la autoridad, y en caso omiso de ésta, bajo el criterio de protección civil o por alteraciones a paisajes y armonía visual, se otorgará por pleno derecho cancelar el armado, construcción, colocación, instalación y modificación; y se procederá a su desmantelamiento de las vallas, estructuras publicitarias y espectaculares.

Capítulo IIDe las Facultades de la Autoridad y del Interés Público

Artículo 6. Son facultades de la federación:

I. Rescatar la imagen y paisajes de las ciudades, pueblos, campos y caminos de la nación mexicana, por la presencia de vallas, estructuras y espectaculares publicitarias.

II. Proveer de políticas y lineamientos de carácter público que en materia urbana, protección civil y de la protección al medio ambiente visual de la población, sean necesarias para lograr el objeto de esta ley.

III. Constituir el registro nacional de empresas y personas físicas relacionadas con la explotación económica de este ramo publicitario para su debido control y sanción.

IV. Autorizar la instalación en todo el país de vallas, estructuras metálicas y espectaculares publicitarias por la autoridad.

V. Cancelar el armado, construcción, colocación, instalación y modificación de vallas, estructuras y espectaculares publicitarias, por alteraciones al paisaje, la armonía visual o ser una amenaza a la integridad física de los habitantes, así mismo ejecutar su desmantelamiento.

VI. Inspeccionar en cualquier momento que las vallas, estructuras y espectaculares publicitarias reúnan las especificaciones de consistencia del suelo, la resistencia física, los aspectos climáticos del área, la protección civil y legalidad.

VII. Ordenar el inmediato desmantelamiento de estructuras y espectaculares con el auxilio de las autoridades locales y municipales en materia de protección civil y medio ambiente, las cuales podrán retenerlas, hasta el debido pago de los gastos provocados por el infractor.

VIII. Sancionar el incumplimiento al presente ordenamiento y establecer medidas preventivas conforme la normatividad de protección civil y medio ambiente federal.

IX. Asesorar a los interesados mediante información de la presente ley de forma pronta y explicita.

Artículo 7. Las atribuciones que esta ley otorga a la federación serán ejercidas por el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la Secretaría de Gobernación, en todo lo que tenga que ver con la protección civil de los ciudadanos.

Cuando se requiera la intervención de otras dependencias para alcanzar el cumplimiento de esta ley y de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales las coordinará.

Artículo 8. Son facultades de las entidades federativas:

I. Coadyuvar con la federación en todo lo relativo a la presente ley en materia de protección civil y medio ambiente para el rescate del paisaje urbano, rural y caminos del país.

II. Informar dentro de su ámbito estatal a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Secretaría de Gobernación para integrar el registro nacional de empresas y personas físicas relacionadas con la explotación económica publicitaria.

III. Establecer los lineamientos y políticas públicas estatales que rescate el paisaje y elimine la contaminación visual que provoca las vallas, estructuras y espectaculares publicitarias.

IV. Cumplimentar con la federación la cancelación, desmantelamiento y destrucción en su caso de vallas, estructuras y espectaculares publicitarias.

V. Establecer medidas preventivas de protección civil dentro de su competencia.

Artículo 9. Los municipios tendrán las siguientes facultades.

I. Apoyar a la federación y la entidad federativa en el objeto de la presente ley.

II. Establecer los lineamientos y políticas públicas municipales necesarias para el debido rescate del paisaje urbano, rural y caminos en su ámbito territorial, por la colocación de vallas, estructuras y espectaculares publicitarias.

III. Remitir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las peticiones de autorización que reciban para la colocación, instalación y modificación de vallas, estructuras y espectaculares publicitarias.

IV. Informar a la autoridad de ser requerido o de manera propia, las condiciones que beneficien o perjudiquen por la colocación de vallas, estructuras o espectaculares publicitarias.

V. Disponer de los medios necesarios para ejecutar las sanciones y medidas preventivas que establezca la federación y entidades federativas en esta materia.

VI. Aplicar las medidas de protección civil y del medio ambiente municipal necesarias, que eviten daños físicos y materiales por la existencia, funcionamiento, modificación y desmantelamiento de vallas, estructuras y espectaculares publicitarias.

VII. Asesorar a los particulares en lo relativo a su competencia municipal de la presente ley.

Artículo 10. Son causas de interés público.

I. La colocación dentro de la propiedad privada de vallas, estructuras  y espectaculares publicitarias que modifican el aspecto original en ciudades, poblaciones y caminos.

II. La integridad física y patrimonial de propietarios y transeúntes por el riesgo permanente que representan la existencia de vallas, estructuras y espectaculares publicitarias por su caída total o parcial.

III. La contaminación visual que desvirtúa la forma original y natural de ciudades, campos y caminos por la colocación de vallas, estructuras y espectaculares publicitarias.

Artículo 11. Los particulares deberán respetar en sus propiedades el interés público general mencionado en el artículo inmediato anterior. La autoridad al momento de autorizar o prohibir la existencia de vallas, estructuras y espectaculares publicitarias garantizará la legalidad y audiencia de los particulares.

Capítulo IIDe las Autorizaciones para el Funcionamiento de Vallas, Estructuras y Espectaculares Publicitarios

Artículo 12. Los interesados cumplirán los siguientes requisitos para obtener autorizaciones de permanencia, instalación, funcionamiento y modificación de vallas, estructuras y espectaculares publicitarias:

a) Solicitud por escrito ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

b) Adjuntar el dictamen en materia de protección civil que contenga: nombre de la persona que exclusivamente realizará el aprovechamiento comercial de la estructura o espectacular para efectos de la  responsabilidad, el tipo, uso y consistencia del suelo o inmueble donde se fijará las estructuras, los certificados de calidad de cada material a ocupar y proyecto ejecutivo con desglose de edificación,  ensamble, resistencia, seguridad y vida útil.

c) Adjuntar también en materia de protección civil un dictamen climatológico del área que acredite la resistencia a vientos y temperaturas en condiciones normales y en situaciones de contingencia.

d) Se colocarán exclusivamente pegados o fijados a las paredes de los edificios, casas o inmuebles en general, en la parte que permita la mayor visibilidad de la sociedad. A falta de ángulos por la ubicación del predio y sus paredes se usará forma de pedestal u otra estructura que garantice la difusión publicitaria requerida por el dueño de la negociación.

e) Establecer una garantía económica de buen funcionamiento y responsabilidades estimada por la autoridad.

Artículo 13. Los particulares en sus negociaciones propias pueden con toda libertad colocar anuncios que promuevan sus productos y servicios, siempre y cuando estén debidamente fijados sin ocasionar riesgo alguno a las personas, y los cuales medirán como máximo 20 metros cuadrados, usando cualquier modelo o forma que decidan.

En caso de requerir mayores proporciones por el movimiento comercial de los establecimientos se sujetará al artículo anterior.

Artículo 14. La autoridad en todo tiempo podrá cancelar en definitiva la instalación, funcionamiento y ordenar el desmantelamiento de una estructura y  espectacular cuando se den alteraciones al paisaje, la armonía visual o ser una amenaza a la integridad física de los habitantes.

Artículo 15. La autoridad en pleno uso de la garantía económica otorgada para la autorización respectiva, la ocupará para sufragar hasta donde alcance los gastos de retiro de la publicidad y desmantelamiento de vallas, estructuras y espectaculares publicitarias.

Artículo 16. Se podrá retener por parte de la autoridad las vallas, estructuras y espectaculares publicitarias, las cuales retiradas serán devueltas a los dueños una vez pagados los gastos originados.

En caso de abandono por el infractor al ser superior los gastos adeudados ante la autoridad, en razón de su valor y utilidad de las vallas, estructuras y espectaculares publicitarias, se procederá a su disposición o aprovechamiento conforme a la ley respectiva.

Capítulo IDe las Medidas de Protección Civil

Artículo 17. Las vallas, estructuras y espectaculares publicitarias cumplirán las siguientes medidas de protección civil.

a) Se utilizará materiales de alta calidad que garantice su resistencia o vida útil.

b) Estarán alejadas de los sistemas o depósitos  que suministran materiales inflamables, tóxicos, corrosivos y explosivos.

c) Los edificios desde su edificación tendrán  bases cimentadas, prensadas o empotradas propias para estas.

d) Se mantendrán distantes de escaleras de emergencia y ventanas necesarias para la ventilación del inmueble.

e) Utilizarán la técnica más segura para sostener las impresiones, lonas o materiales a publicitar.

f) Un sistema eléctrico debidamente entubado que impida transmitir incorrectamente la energía eléctrica que invada a las estructuras.

Artículo 18. La federación, los estados y municipios en el ejercicio de sus facultades en materia de protección civil, aplicarán las medidas necesarias para tutelar la integridad física y patrimonial de las personas.

Artículo 19. Los habitantes que hayan sido afectados de algún daño físico personal por las vallas, estructuras y espectaculares publicitarias, podrán solicitar a la autoridad la disposición de la garantía para el pago inmediato de curaciones, quedando a salvo sus derechos de la responsabilidad penal o civil.

Capítulo VDel Contenido de la Publicidad

Artículo 20. Toda publicidad que se coloque en vallas, estructuras y espectaculares publicitarias respetará la dignidad de la persona, quedando estrictamente prohibido el demerito o desprecio del ser humano por su pertenencia étnica, preferencia religiosa, sexual, nivel educativo, aspecto físico, condición económica, su edad o la discapacidad.

Artículo 21. El contenido a publicitar estará ajeno de todo contenido sexual, bélico, terrorismo y delictivo. Se buscará difundir principalmente contenidos con respeto a la moral y buenas costumbres de la sociedad mexicana.

Artículo 22. La autoridad en todo tiempo podrá retirar la publicidad que no se sujete al contenido del presente capítulo, misma que se regresará al peticionario una vez pagado los gastos y las multas establecidas por el desacato. Antes de proceder habrá un requerimiento formal de ser persona cierta o conocida, si no se le puede localizar se actuará con inmediatez para su retiro.

Artículo 23. Los poderes y los organismos públicos, y los partidos políticos deberán sujetarse estrictamente al presente ordenamiento en la contratación y difusión de las obras, servicios, políticas públicas y de la propaganda electoral.

Capítulo VIDe las Medidas y Proporciones de Vallas, Estructuras y Espectaculares Publicitarias

Artículo 24. Las medidas y proporciones de vallas, estructuras y espectaculares publicitarias serán las siguientes:

I. Las vallas serán menores a 3 metros de altura partiendo del piso de la calle y 10 metros de largo, debiendo dejar una distancia de 50 metros entre una y otra.

II. Las estructuras y espectaculares publicitarias tendrán un máximo de 70 metros cuadrados con la forma y tipo que consideren.

III. En campo y caminos se dejará una distancia entre una valla, estructura y espectacular publicitarias y otra, de 3 kilómetros.

La área física publicitaria de las vallas, estructuras o espectaculares, será cercana a los árboles o cerros que evite cambiar el rostro natural del lugar.

Artículo 25. No existe excepción a lo establecido en el artículo anterior, la autoridad se sujetará a conceder o negar la autorización y ordenar el desmantelamiento respectivo cuando se incumpla lo establecido.

Capítulo VIIDe las Sanciones Administrativas

Artículo 26. Las violaciones a los preceptos de esta ley serán sancionadas administrativamente por la autoridad, con una o más de las siguientes sanciones:

I. Apercibimiento.

II. Multa por el equivalente de cien a setenta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción.

III. Negación definitiva de autorizaciones hasta por un año al infractor.

IV. Arresto administrativo hasta por 36 horas.

V. El decomiso de las vallas, estructuras y espectaculares.

VI. La suspensión o revocación de otras autorizaciones en funcionamiento en el caso de reincidencia.

Artículo 27. Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto, en un periodo de un año, contado a partir de la fecha en que se levante el acta en que se hizo constar la primera infracción, siempre que esta no hubiese sido desvirtuada.

Artículo 28. Para la imposición de las sanciones por violaciones a esta ley, se basará en lo siguiente:

a) La gravedad de la infracción;

b) Las condiciones económicas del infractor;

c) La reincidencia, si la hubiere;

d) El carácter intencional o negligencia por las acciones y omisiones cometidas; y

e) El beneficio económico obtenido.

Artículo 29. Las resoluciones o actos administrativos que se dicten con motivo de la aplicación de esta ley, podrán ser impugnadas por los afectados, mediante el recurso de revisión, dentro de los cinco días hábiles siguientes  a la fecha de su notificación, o ante las instancias jurisdiccionales competentes.

El recurso de revisión de hace valer directamente ante la autoridad que emitió la resolución impugnada, quien en su caso, acordará su admisión, y el otorgamiento o negación de la suspensión del acto impugnado, turnado al superior jerárquico para su resolución definitiva.

Artículo 30. Se aplicará de manera supletoria a la presente ley, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Iniciada la vigencia de la presente ley, se procederá al retiro inmediato de todas las vallas, estructuras y espectaculares publicitarias que no reúnan los requisitos del presente ordenamiento.

Tercero. Las personas morales y físicas dedicadas al ramo de la publicidad, una vez iniciada la vigencia de esta ley retirarán de forma inmediata el cuarenta por ciento del total que no cumpla con las formalidades o requisitos de ley. Antes de dos años, la totalidad de sus vallas, estructuras y espectaculares publicitarias estarán retiradas o situadas conforme la presente ley.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2010.— Diputados: Rosalina Mazari Espín, José Manuel Agüero Tovar (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Insértese en el Diario de los Debates.Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El diputado José Manuel Agüero Tovar (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Sí, diputado José Manuel Agüero Tovar.

El diputadoJosé Manuel Agüero Tovar (desde la curul): Señor, sólo para preguntarle a la diputada Mazari si me permite adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Diputada Mazari, ¿está usted de acuerdo?

La diputada Rosalina Mazari Espín (desde la curul): De acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Está de acuerdo la diputada. Por tanto, puede usted pasar a firmar a la Secretaría.

Por petición del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se pospone la participación del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Tiene la palabra el diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 201 y deroga el artículo 213 de la Ley del Seguro Social.

El diputado Pedro Vázquez González :Con la venia de usted, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la prestación relativa a los servicios de guardería se considera dentro del marco de las conquistas sociales de los trabajadores de México y de las trabajadoras de México. Surge como un derecho derivado de la relación laboral, que en su origen se otorgaba directamente por los patrones a las madres trabajadoras.

La seguridad social ha sido un logro del siglo XX tanto en su creación como en su funcionamiento. Las principales instituciones de seguridad social en México son desde luego el IMSS y el ISSSTE.

La Ley del Seguro Social expedida en 1995 que rige actualmente al IMSS, establece que el ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiere conferido la custodia de sus hijos, a partir de los 43 días de nacido hasta que cumpla los cuatro años de edad.

De acuerdo a lo señalado en los artículos 201 y 204 de la Ley del Seguro Social vigente, el IMSS está obligado a prestar el servicio de guardería por medio del establecimiento de instalaciones especiales en zonas convenientemente localizadas en relación con los centros de trabajo y de habitación, cuando la mujer trabajadora o el trabajador no pueda proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos durante la primera infancia.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, en junio de 2009 México vivió una de las peores tragedias de su historia reciente. Los terribles sucesos de la guardería subrogada del IMSS en Hermosillo, Sonora, denominada ABC, cobraron la vida de 49 niños y dejó a 75 más en deplorables condiciones, algunos para el resto de sus vidas. En un espacio educativo y lúdico, en el que se supone deben de-sarrollar sus capacidades con plena seguridad personal y emocional.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales ejerció su facultad de investigación y ha emitido un informe que está en revisión del pleno del máximo tribunal, del que se deberán derivar las responsabilidades administrativas y penales para todos los funcionarios involucrados.

La investigación de nuestro máximo tribunal es relevante porque saca a la luz las irregularidades que se han cometido en el manejo de las guarderías, como que se hayan firmado contratos de prestación de servicios sin que el Consejo Técnico del IMSS esté facultado para ello.

Además está el hecho de que no se cumplieron las visitas de supervisión que marca la normatividad para ratificar que se cubren las normas de seguridad. Sólo 14 contratos de prestación de servicios, de un total de 1 mil 480, se otorgaron habiendo quedado satisfechos todos los requisitos previos que la normatividad en la materia exige.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que no hay fundamento jurídico ni constitucional para la subrogación de las guarderías.

Parar los diputados del Partido del Trabajo no hay duda alguna de que los trágicos hechos en Hermosillo, Sonora, evidenciaron dos problemas en los servicios educativos y de prevención social que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social. El primero es el que se privilegie la concesión a terceros, todos los amigos de los funcionarios, del cuidado y la atención de los hijos y las hijas de los trabajadores que cotizan en el IMSS.

El segundo es que la corrupción y la impunidad permea en las mejores instituciones de los mexicanos en muchísimos organismos nacionales.

En el marco de las tareas de fiscalización de las que hace mención el Informe de la Auditoría Superior de la Federación de la Cuenta Pública 2008, se llevaron a cabo en 60 guarderías inspecciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación como pruebas selectivas en varias partes del país, por ejemplo en los estados de Sonora, Yucatán y Distrito Federal.

Destacan algunas irregularidades que resultan a la luz de dicha inspección, como que no tienen detectores de humo conectados al techo, que no tienen actualizados los programas de protección civil, el material de los muros es inflamable y emite gases tóxicos al incendiarse.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por la propia Auditoría Superior de la Federación existen hasta este momento 1 mil 417 guarderías subrogadas, donde el costo de atención al niño es por casi 1 mil 700 pesos, mientras que las guarderías operadas directamente por el Seguro Social es de 3 mil 781.

Para el grupo parlamentario y con esto finalizo señor presidente, consideramos que es obligación del Seguro Social prestar directamente el servicio de guarderías a las madres trabajadoras que cotizan en el IMSS.

Debe eliminarse de una vez por todas con la lógica perversa de concesionar funciones de gobierno que ha abdicado en favor de los particulares.

Señoras legisladoras y señores legisladores, señor presidente, éste es el sentido de la iniciativa que sometemos a la consideración de este honorable pleno. Le solicito, señor presidente, incluya en el Diario de los Debates el texto íntegro de la presente iniciativa. Es cuanto y muchísimas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma el artículo 201 y deroga el 213 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 201 y se deroga el artículo 213 de la Ley del Seguro Social, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo a la Enciclopedia Jurídica Mexicana del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, un sistema de seguridad social es concebido en la doctrina como “el conjunto de disposiciones legales dictadas por el Estado a favor de sus gobernados, por las cuales cada individuo al producirse ciertos acontecimientos que ocasionen una situación de necesidad, tienen derecho en ciertas consideraciones a una serie de prestaciones determinadas que tienden, bien a eliminar las causas de aquellos o a garantizarles, en cualquier caso, cuidados físicos y médicos, así como educativos en un mínimo de nivel de vida decoroso.”

Es preciso mencionar que la prestación relativa a los servicios de guardería se considera dentro del marco de las conquistas sociales de los trabajadores. Surgen como un derecho derivado de la relación laboral que en su origen se otorgaba directamente por los patrones a las madres trabajadoras.

La seguridad social ha sido un logro del siglo XX, tanto en su creación como en su funcionamiento. Las principales instituciones de seguridad social en México son el IMSS y el ISSSTE.

La Ley del Seguro Social expedida en 1995, que entró en vigor en julio de 1997 y que rige actualmente al IMSS, establece que “el ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos”, a partir de los 43 días de nacidos y hasta que cumplan 4 años de edad.

De acuerdo a lo señalado en los artículos 201 y 204 de la Ley del Seguro Social, el Seguro Social se encuentra obligado a prestar el servicio de guardería, por medio del establecimiento de instalaciones especiales en zonas convenientemente localizadas en relación con los centros de trabajo y de habitación, cuando la mujer trabajadora o el trabajador, no puede proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia.

En junio de 2009, México vivió una de las peores tragedias de su historia reciente. Los terribles sucesos de la guardería subrogada del IMSS en Hermosillo, Sonora llamada ABC, cobró la vida de varias decenas de niños, en un espacio educativo y lúdico en el que se supone deben desa-rrollar sus capacidades con plena seguridad personal y emocional.

Hasta la fecha no se han deslindado las responsabilidades y las familias siguen esperando justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales ejerció su facultad de investigación y esperamos que su resolutivo sea apegado a derecho y haya la voluntad política para castigar a los responsables.

Los trágicos hechos de Hermosillo, Sonora, evidenciaron un problema en los servicios educativos y de previsión social que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social, al concesionar a terceros el cuidado y la atención de las hijas y los hijos de los trabajadores que cotizan al IMSS.

El antecedente del esquema de las guarderías en apoyo a las madres trabajadoras data de los primeros años de la década de los años setenta del siglo pasado. Primeramente, se estableció el derecho en la Ley Federal del Trabajo y luego en la Ley del Seguro Social para que se aplicara la prestación. En este punto cabe señalar que el IMSS era el responsable de proporcionar el servicio de manera directa, creando para ello las instalaciones, contratando y capacitando al personal necesario.

Para la década de los ochenta, el propio Instituto modifica su esquema y empieza a subrogar el servicio con la intervención directa de la comunidad y conforma una serie de Asociaciones Civiles que coadyuvan para tal fin y como consecuencia se amplía la cobertura de atención.

En el año de 1995 se propone el esquema vecinal comunitario con la participación indirecta de las Asociaciones Civiles creadas una década atrás, al invertir estas últimas en el 100 por ciento de la infraestructura, esquema que funcionó con resultados aceptables los años siguientes.

Lamentablemente, cuando arribamos al año 2000 y bajo una marcada lógica de medrar con la atención a los derechohabientes, el Instituto y los particulares se plantean una serie de modalidades, coberturas y contratación que provocaron que la calidad del servicio disminuyera sensiblemente, ya que se instituyeron requisitos menos severos para la operación de las guarderías.

En el marco del Informe de la Auditoria Superior de la Federación de la Cuenta Pública 2008 y como parte de las tareas de fiscalización, se llevaron a cabo inspecciones en una muestra de 60 guarderías del IMSS en varias partes del país, por ejemplo en Sonora, Yucatán y Distrito Federal derivado de los trágicos sucesos de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora.

Destacan algunas irregularidades como resultado de dicha inspección que no tienen detectores de humo conectados en el techo, que no tiene actualizados los programas de protección civil, el material de los muros es inflamable o emite gases tóxicos al incendiarse.

De acuerdo a cifras proporcionadas por la Auditoria Superior de la Federación existen mil 417 guarderías subrogadas, el costo de atención por niño es de casi mil 700 pesos, mientras que en las guarderías operadas directamente por el Seguro Social es de 3 mil 781 pesos.

De estos datos, se podría concluir de manera simplista que el esquema subrogado es menos costoso que la atención directa por parte del Seguro Social, pero no debemos olvidar que la atención de los niños no es meramente un asunto de costo, sino de brindarles una atención integral, de la cual carecen en el esquema subrogado.

Es evidente que el costo es menor en el esquema subrogado, pero éste no cumple con los requisitos mínimos de seguridad y atención de los pequeños, además de que se ha llegado al extremo de otorgar guarderías subrogadas a familiares de funcionarios del propio instituto y de otras dependencias de la administración pública federal.

A mayor abundamiento se puede señalar que en el Informe de la Revisión de la Cuenta Pública 2008 se señalan una serie de irregularidades en la operación de las guarderías contratadas con particulares, que van desde que el director al momento de la firma Juan Molinar Horcacitas firmó 155 contratos sin estar facultado expresamente para ello y el Consejo Técnico y recibió la autorización del Consejo Técnico, hasta la falta de supervisión de las guarderías e incumplimiento de diversas Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud, nutrición de los infantes y protección civil.

La realidad es que se requiere revisar de manera puntual los esquemas de “privatización disfrazada” que ha efectuado el IMSS. Es preciso implantar un esquema donde el control sea llevado directamente por el Instituto.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo considera que es obligación del Seguro Social prestar el servicio de guarderías a las madres trabajadoras que cotizan al IMSS. Debe eliminarse de una vez por todas con la lógica perversa de concesionar funciones del gobierno a los particulares.

Proponemos pues que se elimine el esquema de subrogación para la prestación del servicio de guardería a los cotizantes del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por las consideraciones expuestas, sometemos a su consideración el siguiente proyecto de

Decreto que reforma diversas disposiciones de la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social Para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 201 y se deroga el artículo 213, todos de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 201. ...

...

...

El instituto no podrá subrogar los servicios de guarderías con particulares o terceros.

Artículo 213 . Se deroga

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El instituto deberá elaborar un plan para que a más tardar en un año a partir de la publicación del presente decreto, las guarderías subrogadas sean operadas de manera directa por el IMSS.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cuatrro días del mes de marzo de dos mil diez.— Diputado Pedro Vázquez González, Emilio Serrano Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Insértese en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Seguridad Social.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Sí, señor diputado Emilio Serrano.

El diputadoEmilio Serrano Jiménez (desde la curul): Señor presidente, si es tan amable de preguntarle al orador si me permite adherirme a su propuesta.

El diputado Pedro Vázquez González (desde la curul): No tengo inconveniente, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :No tiene inconveniente el proponente, por lo tanto puede usted pasar a firmar su adhesión.

LEY DE AMPARO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Tiene la palabra el diputado Francisco Saracho Navarro, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Francisco Saracho Navarro :Muchas gracias. Compañeras diputadas y compañeros diputados, de entre los tantos aspectos que corresponden a la sustanciación de un juicio cobra relevancia la forma en que el juzgador analiza la demanda al momento de realizar el pronunciamiento de la sentencia respectiva cuando pretende dilucidar la problemática propuesta o causa de pedir.

Sin embargo, la forma de plantear la demanda es la primera dificultad con que se enfrentan los gobernados, pues es menester que cuenten con una debida asesoría que les garantice que la defensa de sus derechos va a ser óptima y comprensible para el órgano jurisdiccional.

Así, tenemos que para que sean debidamente oídos los gobernados en un juicio de amparo deben contar con los recursos suficientes para contratar abogados que tengan conocimiento de la materia, dada su complejidad, cada vez más agravada por la vía de la jurisprudencia.

En este contexto, uno de los grupos sociales afectados por la insuficiencia de recursos es el de las personas adultas mayores que pretenden jubilarse o se han jubilado, pues el importe de las pensiones previstas tanto en la Ley del ISSSTE, como en la del Instituto Mexicano del Seguro Social es insuficiente siquiera para asegurarles una honrosa subsistencia.

Las autoridades encargadas de realizar el cálculo inicial o actualización de las pensiones, en la mayoría de los casos, lo realizan desapegados de los ordenamientos legales, lo que podría calificarse como una consigna por parte de la autoridad que apuesta a que este grupo de afectados se defienda y que, de entre los que lo hacen, pocos tengan éxito, lo cual es inaceptable, además de discriminatorio para las personas adultas mayores, quienes se merecen todo nuestro respeto.

Ahora bien, en el caso de la propuesta presentada ante esta soberanía, una de las formas de atenuar el efecto propiciado por la carencia de recursos de las personas adultas mayores y, por ende, el que no cuenten con la debida asesoría en el planteamiento de una demanda de amparo en la defensa de sus derechos de seguridad social, es precisamente que el juzgador, desdeñando todo formalismo, se aboque a analizar la cuestión efectivamente planteada tanto en la demanda o, en su caso, en los recursos que prevé la ley de la materia, supliendo las deficiencias que adviertan en los conceptos de violación o agravios, aun ante su ausencia.

Por lo expuesto, se presenta ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Artículo único. Se adiciona la fracción VII al artículo 76 Bis de la Ley de Amparo para quedar como sigue:

Artículo 76 Bis. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece conforme a la siguiente. –Adicionar la fracción:

VII. A favor de las personas mayores de 60 años, en la defensa de sus derechos de seguridad social, aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios.

Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los diputados federales de la LXI Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Francisco Saracho Navarro, Hugo Martínez González, Melchor Sánchez de la Fuente, Rubén Moreira Valdez, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Noé Fernando Garza Flores y Tereso Medina Ramírez, con fundamento en el artículo 71 fracción II y artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que se adiciona una fracción VII al artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, para quedar como sigue:

Exposición de Motivos

En muchas ocasiones se ha hablado de que una de las primordiales labores del Estado es la de establecer las condiciones necesarias a fin de que los gobernados tengan un efectivo acceso a la impartición de justicia, sin embargo, ese cometido no se cumple a cabalidad, dado que la transformación del entorno en que se desarrollan las sociedades, conlleva el surgimiento de nuevas problemáticas cada vez más complejas, a grado tal que, las instituciones del Estado, muchas veces son rebasadas por esa realidad.

De ahí, la importancia de la labor legislativa que viene a atemperar y, en ocasiones, a diluir ese desequilibrio, al implementar nuevas regulaciones que establecen las modalidades necesarias y reconfiguran los sistemas obsoletos, para tornarlos funcionales.

Por ello, en el ámbito de la impartición de justicia se requiere que esta labor se aboque al constante replanteamiento de cada una de las secuelas procesales a fin de que se cumplan las máximas que rigen todo procedimiento, identificadas en nuestra Carta Magna como las garantías individuales que proporcionan seguridad jurídica a los gobernados.

De entre los tantos aspectos que corresponden a la substanciación de un juicio, cobra relevancia la forma en que el juzgador analiza la demanda al momento de realizar el pronunciamiento de la sentencia respectiva, cuando pretende dilucidar la problemática propuesta o causa de pedir.

Sin embargo, la forma de plantear la demanda es la primera dificultad con que se enfrentan los gobernados, pues es menester que cuenten con una debida asesoría que les garantice que la defensa de sus derechos va a ser óptima y comprensible para el órgano jurisdiccional.

Así, tenemos que para que sean debidamente oídos los gobernados, en un juicio de amparo, deben contar con los recursos suficientes para contratar abogados que tengan conocimientos en esa materia, dada su complejidad, cada vez más agravada por vía de la jurisprudencia.

En este contexto, uno de los grupos sociales mayormente afectados por la insuficiencia de recursos, es el de las personas adultas mayores que pretenden jubilarse o se han jubilado, pues el importe de las pensiones previstas tanto en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como en la del Instituto Mexicano del Seguro Social, es insuficiente, siquiera, para asegurarles una honrosa subsistencia.

Al no existir una cultura de valores sobre la vejez, a menudo los ancianos sufren situaciones de violencia física, de abandono y de falta de atención a sus problemas.

En México hay 8,623,154 de personas mayores de sesenta años y se tiene que al año 2050, el incremento anual promedio será en un 3.7%, en el caso de las mujeres y en un 4.84%,1 en hombres. Ello incide directamente en la atención a la salud, el empleo, la protección social y, por ende al crecimiento económico.

Por ello, con la finalidad de homologar los programas de atención a este grupo vulnerable, el 25 de julio de 2002 se publicó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que confiere al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores la rectoría de la política nacional a favor de las personas de 60 años y más.

Un buen número de personas adultas mayores no recibe pensión alguna. La mayor parte de los adultos viven con recursos precarios. La situación de los jubilados es un ejemplo de que las pensiones actuales no garantizan una vejez digna.

La población mayor de 60 años con ingresos por pensión asciende a 2,568,101 de personas, lo que representa el 29.78% de dicha población.2

Por si fuera poco, las autoridades encargadas de realizar el cálculo inicial o actualización de las pensiones, en la mayoría de los casos, lo realizan desapegados a los ordenamientos legales, lo que podría calificarse como una consigna por parte de la autoridad, que apuesta a que un pequeño grupo de afectados se defienda y que, de entre los que lo hacen, pocos tengan éxito, lo cual es inaceptable, además de discriminatorio para las personas adultas mayores, quienes se merecen toda nuestra veneración, al haber entregado sus mejores años para el crecimiento y desarrollo del país.

Desafortunadamente, la tutela efectiva de los derechos de los grupos vulnerables, a pesar de los avances en los últimos años, no es una realidad, pues existen rezagos importantes en esta materia.

Ahora bien, en el caso de la propuesta presentada a esta H. Soberanía, una de las formas para atenuar el efecto propiciado por la carencia de recursos de las personas adultas mayores y, por ende, el que no cuenten con un debido asesoramiento en el planteamiento de una demanda de amparo, en la defensa de sus derechos de seguridad social, es precisamente que el juzgador, desdeñando todo formalismo, se aboque a analizar la cuestión efectivamente planteada tanto en la demanda o, en su caso, en los recursos que prevé la ley de la materia, supliendo las deficiencias que advierta en los conceptos de violación o agravios, aun ante su ausencia.

Por lo expuesto, se presenta a esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto deDecreto

Artículo Único. Se adiciona la fracción VII al artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, para quedar como sigue:

Artículo 76 Bis. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente:

I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.

II. En materia penal, la suplencia operará aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo.

III. En materia agraria, conforme a lo dispuesto por el artículo 227 de esta ley.

IV. En materia laboral, la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador.

V. En favor de los menores de edad o incapaces.

VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa.

VII. A favor de las personas mayores de sesenta años, en la defensa de sus derechos de seguridad social, aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Informe del Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (CESOP).

2 Informe del CESOP.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a 4 de marzo de 2010.— Diputados: Francisco Saracho Navarro, Hugo Héctor Martínez González, Melchor Sánchez de la Fuente, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Noé Fernando Garza Flores, Tereso Medina Ramírez, Emilio Serrano Jiménez (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Justicia. Sí, diputado Serrano.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Si es tan amable de preguntarle al orador si me puedo adherir a su propuesta.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Manifiesta el proponente que no tiene ningún inconveniente. Puede usted pasar a firmar.

ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Se recibió de la diputada Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Iniciativa que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 62, 63 y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona al Apartado A del artículo 123 constitucional, al tenor siguiente

Exposición de Motivos

En México la crisis económica se ha convertido en una crisis social. La población menos favorecida por el desarrollo se ha visto reducida a niveles de supervivencia tras un ya largo tiempo de políticas públicas que solamente benefician la concentración del ingreso.

Hay una crisis social que se traduce en un malestar cada vez más generalizado, ante la riqueza que insulta y la pobreza que oprime.

Las cifras del Inegi son una señal clara de advertencia. Los números del desempleo ya son históricos en el país, con casi 3 millones de los últimos 3 años. Esta cifra se suma a los 5 millones y medio de mexicanos disponibles y 3 millones 800 mil subempleados.

El escenario alarmante se completa con casi 12 millones de trabajadores en la economía informal y los varios miles que integran las poco estudiadas filas del delito.

Es grave, extremadamente grave, que las únicas vacantes en nuestro país estén en las empresas del crimen.

Siete millones de jóvenes ni estudian ni trabajan. En corto plazo, esta población será uno de los puntos críticos para toda la sociedad mexicana.

Aquí, cuando se dicetoda quiere decirtoda , porque se trata de factor social con muchas energías que lo mismo pueden desarrollar el país que dar al traste con la gobernabilidad en todos los sentidos.

Podemos aportar más números, pero estoy segura de que con estos es más que suficiente para motivar las preocupaciones en el honorable Congreso de la Unión. Son suficientes para preocuparnos y, sobre todo, para ocuparnos aquí y ahora.

El problema no es sencillo ni mucho menos. Lo sabemos muy bien y sabemos también que no es un asunto solamente de buenos deseos. Hace falta decisión política y una ética republicana que lleve a asumir los costos a todas las fuerzas políticas aquí presentes.

Hace falta voluntad para las acciones y acciones de Estado, que vayan más allá del corto plazo.

Nuestra Constitución Política, en el Apartado A del artículo 123 constitucional, establece que: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverá la creación de hémelos y la organización social del trabajo conforme a la ley”. Es decir, el trabajo remunerado y digno es un derecho para todos los mexicanos.

Sin embargo, la realidad es muy distinta. De alguna manera, necesitamos modificar la redacción y hacer más clara la obligación del gobierno en el sentido de cumplir con el mandato constitucional. El asunto no se va a resolver solamente con leyes, pero una legislación más apropiada es, sin duda alguna, el inicio para una solución satisfactoria para más mexicanos.

Será una solución adecuada, porque el derecho al trabajo, en términos reales, tutela el derecho a la salud, a la educación, a la libertad e, indudablemente, a la democracia.  Una democracia de ciudadanos al borde de la supervivencia no tiene ningún futuro.

En suma, el derecho al trabajo es el derecho a la vida digna.

Por esa razón, el grupo parlamentario a la que represento en esta tribuna, trae una propuesta para que el Estado sea un promotor del empleo. Sabemos que los recursos son pocos y las necesidades son muchas y sin embargo es necesario actuar de inmediato.

En los manuales más simples de la economía política se indica que un empleado es un consumidor y un consumidor es un factor para el mercado.

A su vez, el mercado es el mecanismo movilizador del de-sarrollo productivo. Así, crear empleos es alimentar la máquina de la demanda que es esencial para el crecimiento y desarrollo de la economía.

Así de simple, pero esta idea es ignorada sobre todo por quienes el día de hoy promueven un esquema de liberalismo y de adoración hacia el mercado.

En este caso, el esquema liberal ha sido incapaz de generar los empleos y es necesario desde ya, poner un alto a esa incapacidad.

Por ese motivo, vengo a proponer una modificación y una adición a nuestro texto constitucional, a fin de que se deje clara la obligación del gobierno para generar empleos y resolver los problemas de los desempleados.

Propongo con carácter de urgente, la creación de unseguro temporal de desempleo, que será activado cuando el Congreso de la Unión lo determine. De manera específica, cuando haya tasas de crecimiento negativo en el país.

El argumento para oponerse a esta medida será, inevitablemente, que el gobierno no tiene recursos suficientes y eso, en cierta medida, es verdad. Sin embargo, queda en el país la reducción del gasto corriente y de los privilegios laborales o fiscales del que gozan muchos mexicanos privilegiados.

Vamos a ponerles, desde el Congreso de la Unión, límites estas condiciones de excepción, que no caben en una moral republicana.

Celebremos el bicentenario y el centenario con un gran acto de justicia para los mexicanos.

Honremos a los héroes que nos dieron patria y libertad y a los mexicanos que dieron su vida y su sacrificio, con un acto que además de generoso es útil para reanimar nuestra desangelada economía.

En este orden de ideas, propongo las

Reformas y adiciones

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley. Cuando el Congreso de la Unión lo determine, se activará el Seguro Temporal de Desempleo, en los términos que la Ley Federal del Trabajo lo determine.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2010.— Diputada Magdalena Torres Abarca (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

ARTICULO 69 CONSTITUCIONAL - LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Tiene la palabra el diputado Jorge Venustiano González Ilescas, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Jorge Venustiano González Ilescas :Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, honorable asamblea, el informe presidencial es el instrumento en el que se resumen las principales actividades de las diversas ramas de la administración pública, se justifican medidas importantes tomadas durante el año, se anuncian los principales proyectos que el Ejecutivo presentará a la consideración del Congreso y se reserva una parte importante para el mensaje político, porque en él se trazan las líneas generales de la política del presidente conectadas con la situación general del país.

La sociedad mexicana actual dispone de medios y sistemas de información pública con avances tecnológicos que permiten una gran celeridad en el acceso a ésta. Es también una sociedad cada vez más consciente de su condición política y de los instrumentos institucionales de su participación en la actividad y las decisiones del poder público.

La gradual aparición de la democracia participativa, el volumen de la información rendida y la nueva fortaleza de la representación política plantean hoy requerimientos de información político-administrativa más amplia y, en consecuencia, obligan a que sean menores los periodos informados y mayor su precisión.

El reclamo de una transparencia verificable de las crisis generales de la actividad político-administrativa y de las esferas económicas y sociales, así como la comprobación de resultados de la gestión administrativa durante el periodo que se informa, son algunas de las exigencias que la sociedad se plantea.

El informe del titular del Ejecutivo es un acto público, republicano, en el que el jefe del Poder Ejecutivo federal informa al pleno del Poder Legislativo el estado que guarda la nación, es decir, es un acto de poder a poder.

La medida que presento propone reducir el ámbito de la obligación de la rendición de la información y los criterios que en él se sustentan, estableciendo una orientación precisa de su contenido, toda vez que al tener por objeto el conocimiento del avance del Plan Nacional de Desarrollo se cumpliría sustancialmente con los principios del artículo 69 constitucional.

En concordancia con este propósito, existe el reclamo popular para que el Congreso de la Unión sesione y cumpla mejor sus funciones representativas, legislativas, de control, de vigilancia y de deliberación de los grandes asuntos nacionales, así como de disponer de un periodo mayor para el análisis de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifiesta el estado general que guarda la administración pública. Así como de acuerdo con estos artículos, el jefe del Ejecutivo no está obligado a presentarse ante el Congreso de la Unión.

Recordemos que hasta antes de la reforma al artículo 69, de agosto de 2008, el presidente acudía por obligación constitucional a presentarse en el Congreso General.

El Congreso de la Unión ha sido colocado en condición de enemigo de gobierno, de la República y de la gobernabilidad. Se parte de un supuesto falaz que consiste en suponer que por no compartir sus desaciertos y falta de compromisos tenemos la obligación incondicional de no buscar la transformación positiva de los mecanismos obsoletos de control y facultades de los Poderes de la Unión.

Nuestro país, compañeras diputadas y compañeros diputados, se ha caracterizado por el excesivo ejercicio del poder en el Ejecutivo federal; es quizás el principal factor que explica los problemas nacionales.

El nivel de abuso de poder o de falta de rendición de cuentas que vivimos es directamente proporcional a la falta de controles democráticos en el país. El resultado ha sido que en México existe un gobierno todopoderoso y una sociedad que tiene al alcance pocos medios para controlarlo y ceñirlo al orden legal y constitucional que nos rige.

Ante esta situación es claro que el presidente de la República debe interactuar más y no menos –como ocurre hasta ahora–, y en un marco republicano de civilidad y respeto con quienes honrosamente materializamos la representación del pueblo de México en esta Cámara. Esta interacción, sin duda, debe tener como objeto un ejercicio más constante y fluido de rendición de cuentas. Para eso existe en textos democráticos del mundo la obligación del jefe de la administración pública de comunicar a los representantes parlamentarios sobre su actuación al frente del gobierno y de la nación.

Por las razones anteriores, compañeras diputadas y compañeros diputados, propongo que en lugar de un informe, se rindan dos.

El primero de ellos deberá rendirse el 1 de septiembre de cada año, correspondiente al inicio del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

Un segundo informe deberá rendirse el 1 de marzo de cada año, comprendiendo el segundo periodo ordinario del segundo y tercer años de sesiones del Congreso de la Unión.

Esta iniciativa viene acompañada por las firmas de diputados de mi fracción y de otros partidos. Solicito por tanto, señor presidente, se incorpore la propuesta que hago, así como el texto que aquí leí ante ustedes. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Venustiano González Ilescas, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Jorge González Ilescas, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta Cámara iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 69 de la propia Constitución; y 6o., fracción 1, y 7o., fracciones 1, 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, en términos de la siguiente

Exposición de Motivos

a) En el informe presidencial se deben resumir las principales actividades de los diversos ramos de la administración pública, se justifican medidas importantes tomadas durante el año, se anuncian los principales proyectos que el Ejecutivo presentará a consideración del Congreso y se reserva una parte al mensaje político, que es muy importante porque en él se trazan las líneas generales de la política del presidente, conectadas con la situación general del país.

Los antecedentesconstitucionales ylegales de la figura del informe presidencial en el país datan de los artículos 121 y 122 de la Constitución de Cádiz; 67 y 68 de la Constitución de 1824; 63 de la Constitución de 1857; y 69 de la Constitución de 1917, con las reformas de 1923 y 1986.

El principio de división de poderes, establecido en el artículo 49 constitucional, regula las relaciones independientes de colaboración entre dichos poderes para lograr el equilibrio funcional que da razón y fundamento al estado de derecho, y que permite que el poder público tenga controles, frenos y contrapesos que permitan un ejercicio más eficaz, consciente y controlado de las funciones del Estado.

b) La sociedad mexicana actual, que dispone de medios y sistemas de información pública con avances tecnológicos que permiten gran celeridad en el acceso a ésta, es también una sociedad cada vez más consciente de su condición política y de los instrumentos institucionales de su participación en la actividad y las decisiones del poder público.

La gradual aparición de la democracia participativa, el volumen de la información rendida y la nueva fortaleza de la representación política plantean hoy requerimientos de información político-administrativa más amplia y, en consecuencia, obligan a quesean menores los periodos de que se informa y mayor la precisión.

El reclamo de una transparencia verificable de las crisis generales de la actividad político-administrativa y en las esferas económicas y sociales, así como la comprobación de resultados de la gestión administrativa durante el periodo de que se informa, son algunas de las exigencias de la sociedad.

El informe deltitular del Ejecutivo es un acto público que, simultáneamente, debe expresar los resultados generales del ejercicio de la gestión administrativa, y establecer el grado de avance y la sujeción en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo (PND) a través de los programas de gobierno.

En un acto republicano, eljefe del Poder Ejecutivo federal informa al pleno delPoder Legislativo sobre el estado que guarda la nación; es decir, de poder a poder.

c) Por ello, elpresidente los Estados Unidos Mexicanos deberá informar a la opinión pública de los resultados su gestión, de manera semestral, así como alCongreso de la Unión, donde compartiendo este propósito republicano del titular delPoder Ejecutivo, por lo cual se propone que el plazo para la presentación delinforme presidencial se reduzca a seis meses, con lo que no se pretende limitar la actividad informativa del Ejecutivo sino, como corresponde a las actuaciones de los poderes públicos en el estado de derecho, reconducida a los márgenes del artículo 69 constitucional.

La medida propone reducir el ámbito de la obligación de la rendición de la información y los criterios que en él se sustentan, estableciendo una orientación precisa de su contenido, toda vez que al tener por objeto el conocimiento del avance del PND, se cumplirían sustancialmente los principios del artículo 69 constitucional.

En concordancia con este propósito, existe el reclamo popular de que elCongreso de la Unión sesione y cumpla mejor sus funciones representativas, legislativas, de control, de vigilancia y de deliberación de los grandes asuntos nacionales, así como disponer de un periodo mayor para el análisis de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

d) El artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos dispone que en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso,el presidente de la República presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país.

De acuerdo con estos artículos, eljefe del Ejecutivo federal no está constreñido a presentarse ante el Congreso de la Unión. Hasta antes de la reforma del artículo 69 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2008, elpresidente de la República tenía la obligación constitucional de presentarse una vez al año ante el Congreso General, a la sesión de apertura del primer periodo ordinario de sesiones del año respectivo.

El Congreso de la Unión ha sido colocado en condición de enemigo del actual gobierno de la república y de la gobernabilidad. Se parte de un supuesto falaz, que consiste en suponer que por no compartir sus desaciertos y falta de compromisos, tenemos la obligación incondicional de no buscar la transformación positiva de los procedimientos obsoletos de control y facultades de los Poderes de la Unión.

El país se ha caracterizado por el excesivo ejercicio del poder en elEjecutivo federal; es quizás el principal factor que explica los problemas nacionales. El nivel de abuso de poder o de falta de rendición de cuentas que vivimos es directamente proporcional a la falta de controles democráticos en el país. El resultado ha sido que en México hay un gobierno todopoderoso, y una sociedad que tiene al alcance pocos medios para controlarlo y ceñirlo al orden legal y constitucional que nos rige.

Elpresidente de la República debe interactuar más, y no menos –como ocurre hasta ahora–, y en un marco republicano de civilidad y respeto, con quienes honrosamente materializamos la representación del pueblo de México, en el Congreso de la Unión. Esa interacción, sin duda, debe tener como objeto un ejercicio más constante y fluido de rendición de cuentas. Para eso existe, en los textos constitucionales de la gran mayoría de los países democráticos, la obligación del jefe de la administración pública de comunicar a los representantes parlamentarios sobre su actuación al frente del gobierno de la nación.

Por las razones anteriores, se propone que el informe presidencial del estado general de la administración sea rendido alCongreso de la Unión de la siguiente manera:

• El primer informe deberá rendirse el 1 de septiembre de cada año, correspondiente al inicio del primer periodo ordinario de sesiones delCongreso de la Unión, y deberá comprender de septiembre a diciembre.

• El segundo informe deberá rendirse el 1 de marzo de cada año, comprendiendo el primer periodo ordinario del segundo y tercer años de sesiones delCongreso de la Unión y deberá comprender de febrero a abril.

Como consecuencia de las modificaciones propuestas, procede la reforma de las diversas disposiciones legales y reglamentarias que instauran el ejercicio de las atribuciones constitucionales que aquí se postulan.

Por lo expuesto, se somete a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6o., fracción 1, y 7o., fracciones 1, 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión

Único. Se reforman los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6o., punto l, y 7o., puntos l, 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, para quedar como sigue:

Artículo 69. A la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso asistirá el presidente de la República, quien presentará unprimer informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país.

Un segundo informe, de características similares al establecido en el párrafo anterior, deberá ser presentado el 1 de marzo de cada año. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus Cámaras, el presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Cada una de las Cámaras realizará el análisis de los respectivos informes, y podrá solicitar al presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.

Ley Orgánica del Congreso de la Unión

Artículo 6o.

1. El 1 de septiembre, a las 17:00 horas, y el 1 de marzo, a las 11:00 horas, de cada año, elCongreso de la Unión se reunirá en sesión conjunta en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados para recibir los informes presidenciales.

2. ...

Artículo 7o.

1. El 1 de septiembre y el 1 de marzo de cada año asistirá elpresidente de la República y presentará los informes correspondientes de conformidad con el artículo 69 de la Constitución.

2. Una vez que el presidente de la República hubiere rendido el informe correspondiente, los integrantes de las Cámaras podrán hacer preguntas relacionadas con la información presentada.

Las preguntas y las respuestas deberán hacerse respecto al grado de avance en la ejecución de programas identificados en el Plan Nacional de Desarrollo y no podrán ser mayores de tres minutos por cada uno de los grupos parlamentarios representados en elCongreso de la Unión , en orden creciente en razón del número de miembros de dichos grupos.

3. Al concluir las intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios, elpresidente del Congreso comentará el informe del Ejecutivo en términos concisos y generales, con las formalidades que correspondan al acto.

4. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2010.— Diputado Jorge González Ilescas, Miguel Ernesto Pompa Corella, Sami David David, Isaías González Cuevas, Luis Félix Rodríguez Sosa, José Manuel Agüero Tovar, Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Inclúyase en el Diario de los Debates.Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Señoras diputadas y señores diputados, les informo que se encuentran de visita entre nosotros alumnos y maestros del Colegio Cristóbal Colón, de Naucalpan, estado de México, a invitación del diputado David Sánchez Guevara, a quienes les enviamos un saludo.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y de diputados.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : ¿Falta algún diputado o alguna diputada por registrar su asistencia?

La diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca (desde la curul): Yo, presidente.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : Adelante, diputada. Está abierto todavía el sistema. Si algún otro diputado o diputada falta, está todavía abierto el sistema electrónico.

Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 412 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Gracias, señor secretario.

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Tiene la palabra el diputado Jesús Ramírez Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 49 Bis a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

El diputadoJesús Ramírez Rangel :Con su venia, diputado presidente. El Infonavit enfrenta hoy un gran reto que consiste, prácticamente, en la elevada cantidad de cartera vencida por concepto de las deudas de sus acreditados. Esto ha generado que este organismo busque los mecanismos para recuperar los créditos otorgados y, en consecuencia, se beneficien los mismos trabajadores derechohabientes, toda vez que los recursos recuperados regresan al mismo Fondo Nacional de Vivienda.

Es importante mencionar que factores económicos han golpeado a nuestra economía afectando directamente a los trabajadores y trayendo consigo una importante suspensión de pagos de los créditos del instituto. Tan sólo esto se tradujo en un incremento importante de la cartera vencida de créditos hipotecarios, lo cual ascendió a casi 38 mil millones de pesos, que representan alrededor de 5.9 por ciento de los créditos otorgados, según las cifras del propio instituto.

El incremento de la cartera vencida ha afectado, desde luego, las finanzas del instituto y su capacidad para otorgar nuevos créditos.

Por lo anterior, es importante destacar que el instituto puede y debe recuperar los créditos vencidos. Sin embargo, también es imprescindible que los mecanismos utilizados para estos fines no vulneren la esfera jurídica de los acreditados, más aún cuando dichos mecanismos se encuentran regulados en la ley de la materia.

El Infonavit realiza la cobranza directamente o a través de despachos de cobranza y sigue determinados lineamientos que establece la propia ley, además de un Código de Ética del Infonavit y un modelo de cobranza del organismo.

Nos preocupa que existan casos que contravienen lo establecido en nuestra Constitución, casos intimidatorios que contravienen lo que establece el artículo 17, que prácticamente dice que nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil; o el 14, que nos dice que nadie puede ser privado de sus propiedades o posesiones si no se hace mediante un juicio seguido en tribunales previamente establecidos.

Ahora bien, los códigos y lineamientos por carácter coercitivo de ley no resuelven el fondo de la problemática de la cobranza indebida a los deudores, y se siguen detectando quejas y reclamos referentes a las malas prácticas de cobranza, particularmente de despachos externos.

Se han presentado diversas demandas de los acreditados solicitando a los despachos que realizan la cobranza que no utilicen prácticas intimidatorias ni amenazas, lo cual representa un acto de molestia para los deudores. Además de que en sus hogares reciben diversos documentos privados, sin valor judicial, con leyendas de embargo, generando esto incertidumbre y falta de información precisa a los acreditados sobre el estado de su crédito.

Si bien es cierto que el Infonavit ha avanzado en este aspecto, es necesario otorgar seguridad jurídica a los acreditados para que las prácticas de cobranza se den con respeto y calidad en el servicio. Además de que se permita al instituto recuperar los créditos otorgados y al deudor tener un pleno conocimiento del estado de su deuda sin sentirse amenazado para el pago de ésta.

Para concluir, el objetivo de esta iniciativa radica en que la ley del instituto establezca las condiciones fundamentales mediante las cuales se realiza la cobranza de las deudas de los acreditados, además que se sancionará el incumplimiento a dichas disposiciones por el propio instituto y con base en su normatividad aplicable con respecto a la cobranza de los créditos.

Es importante que la ley del instituto retome los lineamientos y el código de ética del organismo respecto a la cobranza, y que en la ley se considere la posibilidad de que los deudores puedan realizar las quejas correspondientes en el supuesto de que el personal del instituto o los despachos de cobranza incumplan con lo establecido en la ley, y así poder darle mejores garantías a los trabajadores, ya que finalmente son ellos el corazón y el motor de la economía de nuestro país. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que adiciona el artículo 49 Bis a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Jesús Ramírez Rangel, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputado federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 49 Bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el año de 1972, el Ejecutivo federal, a raíz de diversas demandas laborales respecto a la vivienda, determinó la expedición de una ley para la creación de un organismo tripartita que sería el encargado de manejar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, es así como se crea el Institutodel Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el cual desde entonces ha velado para que las aportaciones realizadas por el patrón a favor de sus trabajadores les otorgue el derecho de obtener un crédito para una vivienda o la devolución periódica del fondo que se constituya, denominado “fondo de ahorro”, cumpliendo con lo establecido en nuestra carta magna, con respecto a la obligación de proporcionar a los trabajadores viviendas cómodas e higiénicas.

La creación del Infonavit sin lugar a dudas es un gran avance en la política habitacional, así mismo, representa un logro que le permite a los trabajadores obtener una vivienda a través de un crédito, lo cual representa la oportunidad de liquidar dicho crédito en base a su capacidad económica.

En la actualidad se ha presentado un gran reto para el instituto, el cual consiste en la cantidad elevada de la cartera vencida en virtud de las deudas de los acreditados, lo cual ha generado que este organismo busque los mecanismos para recuperar los créditos otorgados y en consecuencia se beneficien los mismos trabajadores derechohabientes, toda vez que los recursos recuperados regresan al Fondo Nacional de la Vivienda.

Por lo anterior, es importante destacar que el Instituto puede recuperar los créditos vencidos, sin embargo, también resulta imprescindible que los mecanismos utilizados para estos fines no vulneren la esfera jurídica de los acreditados, además, de que dichos mecanismos se encuentren regulados en la ley de la materia.

El Infonavit realiza la cobranza directamente o a través de despachos de cobranza, y cuentan con Lineamientos de Servicio en Materia de Cobranza de Créditos, que establecen una serie de conductas para realizar esa actividad, las cuales deben de estar apegadas a un código de ética del instituto y a un modelo de cobranza social del organismo.

Lo anterior, sin duda, ha permitido un avance en lo que respecta a la cobranza de los créditos otorgados, no obstante, se hace necesario que los referidos lineamientos estén en la ley que regula el actuar del instituto y así de esa manera los acreditados derechohabientes cuenten con la certeza jurídica de que la cobranza se realizará bajo lo señalado en el ordenamiento legal.

Asimismo, resulta pertinente esta iniciativa en el sentido de que se han presentado diversas demandas de los acreditados solicitando a los despachos que realizan la cobranza, no utilicen prácticas intimidatorias, ni amenazas, lo cual representa un acto de molestia para los deudores, además, de que en sus hogares reciben diversos documentos privados sin valor judicial, con leyendas de embargo, generando esto incertidumbre y falta de información precisa a los acreditados sobre el estado de su crédito.

No es novedosa la situación de las prácticas que utilizan los despachos de cobranza, las cuales no siempre se apegan a proporcionar un trato digno y de respeto a los deudores, ya que las quejas se inclinan generalmente a las llamadas a través de sistemas telefónicos a altas horas de la noche; amenazas para que se otorgue el pago; se establece comunicación con menores de edad; se amenaza que si no se realiza el pago, los deudores serán acreedores a una pena privativa de la libertad, entre un número de condiciones que se han tornado comunes y sobre todo ilegales.

Dichas prácticas vulneran lo establecido en nuestra Constitución, la cual menciona en su artículo 17 último párrafo, que “nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil”, toda vez que se garantiza a quienes tengan adeudos que, en ningún caso, la falta de pago será sancionada con la privación de la libertad.

Por otra parte, el artículo 14 constitucional es claro en el sentido de que para que podamos ser privados de nuestras propiedades y posesiones es imprescindible la sustanciación de un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, el cual se cumplimente en estricto apego a las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Es por ello, que autoridades como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en virtud de las innumerables quejas en ese sentido, emitieron un Código de Ética conjuntamente con la Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos, AC, con la finalidad de que las prácticas de cobranza se realicen bajo el marco del respeto y la ética.

Este código es el mismo que ha servido de base para el Código de Ética del Infonavit, así como para establecer sus Lineamientos de Servicio en Materia de Cobranza de Créditos y un Modelo de Cobranza Social, los cuales de hecho, van más allá y establecen sanciones para aquellos funcionarios del Instituto o despachos de cobranza que no cumplan con dicha normatividad.

Sin embargo, los códigos y lineamientos por carecer del carácter coercitivo de la ley, no resuelven de fondo la problemática de la cobranza indebida a los deudores, y se siguen detectando quejas y reclamos referentes a las malas prácticas de cobranza, sobre todo de los despachos externos.

Si bien es cierto, el Infonavit ha avanzado en este aspecto, es necesario otorgar seguridad jurídica al acreditado; que las prácticas de cobranza se den con el respecto y la calidad de servicio, además, que permitan al instituto recuperar los créditos otorgados y al deudor tener pleno conocimiento del estado de su deuda sin sentirse amenazado para el pago de esta.

El objetivo de esta iniciativa radica en que la ley del instituto establezca las condiciones fundamentales mediante las cuales se realizará la cobranza de las deudas a los acreditados, además, que se sancionará el incumplimiento a dichas disposiciones, por el propio Instituto y en base a su normatividad aplicable con respecto a la cobranza de créditos.

Es importante que la Ley del Instituto retome los lineamientos y el Código de Ética del organismo respecto a la cobranza, así mismo, que en la Ley se considere la posibilidad de que los deudores puedan realizar las quejas correspondientes en el supuesto de que el personal del Instituto o los despachos de cobranza incumplan con lo establecido en la ley.

Por las razones expuestas anteriormente, someto a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 49 Bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Primero. Se adiciona el artículo 49 Bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para quedar como sigue:

Artículo 49 Bis. El Instituto podrá efectuar la cobranza, directamente o a través de terceros, ante la falta de pago en que pueda incurrir el trabajador derechohabiente respecto al crédito otorgado, debiendo seguir los siguientes lineamientos:

I. Identificarse plenamente al momento de realizar la cobranza.

II. Abstenerse de requerir el pago a menores de edad, personas de la tercera edad o personas con alguna discapacidad.

III. Las llamadas telefónicas para el cobro de las deudas deberán realizarse a partir de las 7:00 horas hasta las 22:00 horas, hora local del domicilio del deudor.

IV. No actuar en detrimento de la dignidad de los acreditados.

V. Abstenerse de establecer comunicación en domicilios distintos a los señalados en el contrato.

VI. Abstenerse de hacer uso de lenguaje obsceno o de palabras altisonantes al establecer comunicación con el acreditado o quienes atienden la llamada.

VII. Evitar hacer amenazas a los acreditados de manera directa o a través de sus familiares, vecinos, amigos o compañeros de trabajo así como ostentarse como representante de cualquier órgano jurisdiccional.

VIII. Evitar engañar al acreditado con el argumento de que al no pagar su deuda, comete un delito sancionado con privación de la libertad, ni hacer creer con falsos escritos de demanda o de notificaciones judiciales, que se ha iniciado un juicio en su contra.

IX. Abstenerse de utilizar cartelones, anuncios o cualquier medio impreso en lugares públicos, o en el exterior de los domicilios de los acreditados, en los que se haga referencia a su adeudo.

X. Abstenerse de enviar correspondencia a los acreditados con leyendas exteriores que mencionen que el comunicado trata específicamente de cobranza.

XI. Al realizar la cobranza se deberá de proporcionar a los acreditados, de requerirlo, toda la información disponible para la integración de su saldo.

El Instituto conocerá de las quejas que los acreditados realicen cuando no se cumpla con lo establecido en este artículo. En el caso de que las quejas resulten procedentes, se aplicará la sanción correspondiente conforme a lo establecido en la normatividad del Instituto en materia de cobranza de créditos, en los contratos de prestación de servicios profesionales que se tienen formalizados con despachos de cobranza y el Instituto, así como en la legislación aplicable.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 4 de marzo de 2010.— Diputados: Jesús Ramírez Rangel, J. Guadalupe Vera Hernández, Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Vivienda.

Diputado Guadalupe Vera.

El diputadoJ. Guadalupe Vera Hernández (desde la curul): Para preguntar al diputado Rangel si me puedo adherir a su iniciativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Diputado Ramírez Rangel, ¿está usted de acuerdo? Está de acuerdo, por lo que puede usted pasar.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Tiene la palabra la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo :Gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el reconocimiento de las mujeres a una designación propia de género es una condición imprescindible del derecho a una igualdad real. El mantenimiento del masculino genérico en el lenguaje no responde a la totalidad de la humanidad, sino a la designación del hombre.

Es cierto que puede sobreentenderse nuestra denominación dentro del género masculino, pero también es cierto que por esa circunstancia a las mujeres se nos excluye del lenguaje, particularmente del jurídico. En términos jurídicos el trato humillante que se le daba a la mujer en muchas legislaciones, en comparación con el hombre hizo posible que en algunos textos constitucionales se introdujera expresamente el principio de igualdad entre el hombre y la mujer.

En el caso de nuestra Constitución, mediante una reforma realizada en 1974 al artículo 4o. se introduce un mandato sencillo pero contundente: el varón y la mujer son iguales ante la ley. Sin embargo, en la actualidad un número importante de leyes sigue manteniendo una buena cantidad de normas discriminatorias en contra de la mujer. El enorme rezago que guarda la legislación nacional frente a los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos permite constatar lo que se puede calificar como una asignatura pendiente de nuestro desarrollo institucional.

La igualdad entre el hombre y la mujer se sustenta en importantes instrumentos internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la cual en el tema que nos ocupa establece que los Estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir por todos sus medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyen discriminación contra la mujer.

Por tanto la iniciativa que someto a la consideración de esta soberanía va encaminada a que en las leyes que aprueben las Cámaras del Congreso de la Unión, así como toda la documentación oficial, actos públicos y la información que se difunda por los medios de comunicación se haga uso del lenguaje con perspectiva de género.

Lo anterior, con la finalidad de que siendo el Congreso de la Unión el órgano constitucional de donde emanan las leyes se evite que las normas que aprueben sus Cámaras contengan en su redacción normas discriminatorias en contra de la mujer; es decir, que tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República y sus órganos se permitan analizar las políticas, decisiones o los hechos lingüísticos, sociales, económicos y culturales desde una perspectiva de género. Tomando en consideración las repercusiones que estas políticas, decisiones o hechos puedan tener, tanto para mujeres y hombres como sujetos sociales y no como sujetos biológicos.

No hacerlo equivale a renunciar a nuestra función legislativa y a no velar por el respeto a nuestra Constitución.

Por lo expuesto propongo a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los numerales 3 y 4 al artículo 3o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

3. En todos los documentos oficiales, actos públicos y medios de comunicación de los órganos de las Cámaras del Congreso de la Unión se hará uso del lenguaje con perspectiva de género.

4. Para los efectos del numeral anterior, se entiende por lenguaje con perspectiva de género el uso de expresiones lingüísticas que incluyan tanto al género femenino como al masculino cuando se requiera hacer referencia a ambos y no el uso exclusivo del género masculino.

Diputado presidente, le solicito se incluya el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el se adicionan los numerales 3 y 4 del artículo 3o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El reconocimiento del derecho de las mujeres a una designación propia de género es una condición imprescindible del derecho a una igualdad real. El mantenimiento del masculino genérico en el lenguaje no responde a la totalidad de la humanidad, sino a la designación del hombre. Es cierto que puede sobreentenderse nuestra denominación dentro del género masculino, pero también es cierto por esa circunstancia que a las mujeres se nos excluye del lenguaje, particularmente del jurídico.

En términos jurídicos, el trato humillante que se le daba a la mujer en muchas legislaciones, en comparación con el hombre, hizo posible que en algunos textos constitucionales se introdujera expresamente el principio de igualdad entre el hombre y la mujer1 .

En el caso de nuestra Constitución, mediante una reforma en 1974 al artículo 4o., se introduce un mandato sencillo pero contundente: “El varón y la mujer son iguales ante la ley”. No obstante lo anterior en la actualidad un número importante de leyes sigue manteniendo una buena cantidad de normas discriminatorias en contra de la mujer.

El enorme rezago que guarda la legislación nacional frente a los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos permite constatar lo que se puede calificar como un déficit democrático de nuestro desarrollo institucional.

La igualdad entre el hombre y la mujer se sustenta en importantes instrumentos internacionales en materia de derechos humanos como la Convención sobre la eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la cual en el tema que nos ocupa establece que:

Los Estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer.

Por tanto la iniciativa que ponemos a la consideración de esta soberanía va encaminada a que las leyes que aprueben las Cámaras del Congreso de la Unión, así como toda la documentación oficial, actos públicos y la información que se difunda por los medios de comunicación se haga uso del lenguaje con perspectiva de género.

Lo anterior, con la finalidad de que siendo el Congreso de la Unión el órgano constitucional donde emanan las leyes, se evite que las normas que aprueban sus Cámaras contengan en su redacción normas discriminatorias en contra de la mujer, es decir, que tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República y sus órganos se permitan analizar las políticas, decisiones o los hechos lingüísticos, sociales, económicos, culturales, desde una perspectiva de género es, pues, tomando en consideración las repercusiones que estas políticas, decisiones o hechos pueden tener tanto para mujeres y hombres como sujetos sociales y no como sujetos biológicos.

No hacerlo, equivale a renunciar a nuestra función legislativa y a velar por el respeto a la Constitución.

Por lo anteriormente expuesto, propongo a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el se adicionan los numerales 3 y 4 del artículo 3o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adicionan los numerales 4 y 5 al artículo 3o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o.

1. El Congreso y las Cámaras que lo componen tendrán la organización y funcionamiento que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta ley, las reglas de funcionamiento del Congreso General y de la Comisión Permanente, así como los reglamentos y acuerdos que cada una de ellas expida sin la intervención de la otra.

2. Esta ley y sus reformas y adiciones no necesitarán de promulgación del presidente de la república, ni podrán ser objeto de veto.

3. En todos los documentos oficiales, actos públicos y medios de comunicación de los órganos de las Cámaras del Congreso de la Unión se hará uso del lenguaje con perspectiva de género.

4. Para los efectos de numeral anterior, se entiende por lenguaje con perspectiva de género, el uso de expresiones lingüísticas que incluyan tanto al género femenino como al masculino, cuando se requiera hacer referencia a ambos y no el uso exclusivo del género masculino.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Carbonell, Miguel, Los derechos fundamentales en México.CNDH/Porrúa. México 2004, página 209.

Diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Inclúyase en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Sí, diputada.

La diputadaClaudia Edith Anaya Mota (desde la curul): Presidente, solicito que también se turne para opinión de la Comisión Especial sobre la No Discriminación.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Le consulto a la diputada si tiene algún inconveniente.

La diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (desde la curul): Con todo gusto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :No lo tiene. Por tanto, está a su disposición en la Secretaría.

LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Tiene la palabra el diputado Alberto Cinta Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 46 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito.

El diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez :Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a presentar una propuesta para limitar los esquemas de operación del corresponsal bancario.

Este tema que puede sonar muy técnico tiene implicaciones muy importantes en este país en relación a un tema que debe ser fundamental y que no se ha atendido con la importancia que realmente se merece, que es el tema del lavado de dinero.

Este país está sumergido en una guerra terrible contra los cárteles del narcotráfico que, a juicio nuestro, está mal enfocada y no ataca uno de los aspectos centrales para acabar con el narcotráfico en México, que es el uso de los recursos de los narcotraficantes. De nada sirve estar en las calles matando sicarios si los narcotraficantes disponen de recursos a granel para reemplazarlos al día siguiente por otros sicarios que van a seguir haciendo lo mismo.

Es muy importante que el Congreso apruebe todas las leyes que puedan ser conducentes a que el uso de los recursos por parte de los narcotraficantes se limite y a que los beneficios, el lucro que el narcotráfico consigue de contaminar a los jóvenes de esta país con las drogas se limiten y no permitamos que los narcotraficantes sigan operando y lavando dinero a discreción en este país, por eso esta propuesta, esta iniciativa lo que busca es limitar el esquema de corresponsal bancario.

Hace poco, afortunadamente, el Congreso elevó a rango de la Ley de Instituciones Bancarias algunas disposiciones relativas al corresponsal bancario, que es muy importante que yo precise muy brevemente.

Básicamente esta ley permite que se depositen diariamente en los corresponsales bancarios el aproximado a 17 mil pesos diarios. Esta cantidad es a todas luces exagerada, cuando se considera que la figura del corresponsal bancario busca atender a un segmento de la población que difícilmente gana más de tres salarios mínimos, es decir, 5 mil pesos al mes.

No podemos tener una figura de servicios financieros que atiende a un grupo de la población que gana 5 mil pesos al mes, o menos, que equivale al 50 por ciento de la fuerza laboral de este país y que permitamos que los depósitos sean tan elevados, hasta 10 veces un salario mínimo diario. Es un límite demasiado alto, es un límite peligroso, es un límite que no ayuda a combatir el lavado de dinero.

Por otro lado, es un límite que no es congruente con las medidas que se han llevado a cabo recientemente en materia de lavado de dinero, que precisamente tienen la tendencia a reducir el monto total de los recursos que se pueden depositar en el sistema financiero.

Si a esto le sumamos, además, que en el sistema de corresponsables bancarios las personas que están encargadas de recibir los depósitos no cuentan con la capacitación que se requiere para poder identificar movimientos extraños, movimientos que suenan preocupantes u operaciones inusuales, no hay mecanismos para dirigirse al personal y reportar este tipo de operaciones, pues es otra razón más que va en el sentido de que es importante acotar el monto diario que reciben los corresponsables bancarios.

Por eso, someto a esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformaría el inciso a) de la fracción VI del artículo 46 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Artículo 1. Se reforma el inciso a) de la fracción VI, para quedar como sigue:

Los límites aplicables a las operaciones que podrán llevarse a cabo a través de terceros por cuenta de la propia institución, observando, en todo caso, respecto de las operaciones previstas por las fracciones I y II del artículo 46 de esta ley, lo siguiente:

a) Individuales, por tipo de operación y cliente, los cuales no excederán por comisionista de un monto diario equivalente en moneda nacional a mil 500 unidades de inversión por cada tipo de inversión y cuenta, tratándose de retiros en efectivo y pago de cheques, así como del equivalente en moneda nacional a 2 mil unidades de inversión respecto de depósitos en efectivo.

Ésta es la propuesta. Creo que es una propuesta que ayudaría mucho a combatir a la criminalidad, al crimen organizado en materia del narcotráfico, en aquella arena realmente importante que es la del dinero. Muchas gracias.

«Iniciativa quereforma el artículo 46 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Alberto Cinta Martínez, del Grupo Parlamentario del PVEM

Alberto Cinta Martínez, en mi carácter de diputado de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta soberanía la presente iniciativa, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 73, fracción X, faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de Comercio y Servicios Financieros. En este sentido el Congreso de la Unión reformó la Ley de Instituciones de Crédito e insertó en la misma, en el Título Segundo, un Capítulo IV, que abarca los artículos 45-O al 45-S, titulado “De las Instituciones de Banca Múltiple que tengan vínculos de negocio o patrimoniales con personas morales que realicen actividades empresariales”, es decir, reguló todas las relaciones que deben de existir entre la banca o sistema bancario y el comercio en general.

Dentro del género “vinculación entre las instituciones de crédito y el comercio en general”, se encuentra la figura de la “corresponsalía”, que es la especie de dicho género y que se encuentra prevista en el artículo 46 Bis 1, de la Ley de Instituciones de Crédito.

El citado artículo 46 Bis 1, regula los requisitos que deben cumplirse para la prestación de servicios bancarios por parte de los corresponsales, mediante un contrato de servicios con la Institución Financiera; sin embargo, antes de junio de 2009, dentro de la misma disposición se dejaba en manos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la facultad de legislar sobre los límites que se debían cumplir en las relaciones entre las Instituciones de Crédito y los Comercios, siendo este un tema que, según lo dispone nuestra Carta Magna, es facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar sobre el mismo.

En este sentido y con esta facultad en manos de la autoridad reguladora, el 20 de junio de 2008, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria publica el Anteproyecto de reglas para operar bajo el esquema de Corresponsal Bancario.

Dicho documento establecía como límite individual diario por cuenta para operar bajo esta figura hasta el equivalente a 10,000 unidades de inversión (Udi) y agregado hasta por el equivalente al 25% de la captación mensual promedio del último año y autorizaba a la CNBV, autorizar excesos a dicho límite sin restricciones, otorgándose una discrecionalidad absoluta.

En junio de 2009, el Congreso de la Unión tomó con base en la facultad que le otorga la Constitución para legislar en materia de servicios financieros, elevar a nivel de ley, los límites aplicables a las operaciones a través de Corresponsales Bancarios, en lugar de estar a nivel de disposiciones generales.

Actualmente, de acuerdo con lo establecido en los incisos a) y b), de la fracción VI, del artículo 46 Bis 1, de la Ley de Instituciones de Crédito, los límites para operar bajo esta figura son los siguientes:

• Individual: Para retiros y pago de cheques, hasta el equivalente en moneda nacional a 1,500 Udi, ($6,535mxp aprox.) diario por opn y cuenta. Para depósitos. Hasta el equivalente en moneda nacional a 4,000 Udi, ($17,427mxp aprox.) diario por cuenta.

• Agregado: Hasta el 50% mensual del importe total de las operaciones realizadas en el periodo por la institución de que se trate. Este límite será de 65%, durante los primeros 18 meses de operación con el comisionista.

En este sentido, establecer dichos límites a nivel de Ley, promueve la certeza jurídica y suprime la discrecionalidad de las autoridades administrativas, sin embargo aún hay temas que se deben atender para el mejor desarrollo de la figura de corresponsalía bancaria.

Los citados límites resultan excesivos para aquellos segmentos de la población que por su naturaleza y características no tienen acceso a servicios bancarios y mucho menos manejan estos importes para la realización de sus operaciones y que la final son a quienes van dirigidos los corresponsales bancarios para la realización de sus operaciones bancarias.

A este respecto, dichos límites, además de estar muy por arriba de lo que las personas que conforman la base de la pirámide ganan al mes, abre la puerta a lavadores de dinero para ingresar recursos de procedencia ilícita al sistema bancario en pequeñas cantidades, amén de la falta de medidas de seguridad física para el público bancario que acude a ese tipo de establecimientos; según se ilustra a continuación:

Base de la pirámide

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo,1 cuyos resultados publica entre otros órganos de gobierno, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social; a finales de 2007, el 52.8% de la población económica activa en México ganaba menos de tres salarios mínimos; 5.3 millones de personas viven sólo con un salario mínimo.

Considerando que en 2010 los salarios mínimos establecidos por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Diario Oficial de la Federación 23/diciembre/09) son para el área geográfica “A”: $57.46, para la “B”: $55.84 y para la “C”: $54.47; un salario mínimo promedio mensual sería de $1,678 mxp y tres salarios mínimos promedio mensuales de $5,033 mxp.

Lo anterior se traduce en que para un cliente que gana un salario mínimo mensual, el límite individual para depósitos le representa casi diez veces su ingreso mensual, es decir, casi un año de trabajo, y ello sin contar las erogaciones que tiene que realizar para cubrir sus necesidades primarias; aún para un cliente que gana hasta tres salarios mensuales, el límite referido le representa más de tres veces su percepción  mensual total.

Las cifras referidas constatan que el límite individual diario para depósitos a través de la figura que nos ocupa, sigue siendo demasiado holgado en función del ingreso mensual percibido por el público ahorrador al cual está dirigida esta figura.

Con base en lo anterior, es menester apuntar que permitir un límite tan amplio para que el público ahorrador que hoy día no tiene acceso a servicios financieros, principalmente porque su ingreso económico es restringido, abre el riesgo a que redes de lavadores de dinero ingresen recursos de procedencia ilícita al sistema bancario en pequeñas cantidades que ya sumadas involucran cantidades importantes de recursos.

Las “operaciones fraccionadas” es una de las formas más comunes y recurrentes de operar por los lavadores de dinero profesionales; la importancia del tema impulsó que las autoridades financieras emitieran el 20 de abril de 2009 nuevas disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) que, entre otras cosas, restringen aún más los parámetros para prevenir y detectar este tipo de operaciones.

Sobre el particular, las reglas anteriores establecían como parte de los supuestos para identificar operaciones inusuales, aquéllas realizadas en una misma cuenta, por montos fraccionados que sumados en 5 días hábiles, fueran iguales o superiores al equivalente a $10,000 usd. Lo que las nuevas reglas establecen al respecto es, aquellas operaciones realizadas en una misma cuenta, por montos fraccionados, por cada operación individual, iguales o que superen el equivalente a $500 usd, y que en un mismo mes calendario sumen $10,000 usd.

Lo anterior se agrava cuando las Reglas de Corresponsales Bancarios no contemplan que el personal que labora en ese tipo de establecimientos, tenga conocimientos básicos en materia de PLD, en cuanto a:

• Conocer que es una operación preocupante, inusual y en su caso relevante.

• A que área tiene que dirigirse el personal para reportar este tipo de operaciones.

• Conocer a los clientes en cuanto a su actividad económica, laboral, profesión, giro del negocio, origen de los recursos, etcétera.

• Conocer el monto y el comportamiento transaccional habitual de sus clientes.

Es por ello y en congruencia con las acciones emprendidas por la misma autoridad, que se propone restringir aún más el límite individual diario por cuenta para depósitos a través de corresponsales bancarios, fortaleciendo el marco regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero.

Otro de los temas que inspiran la presente reforma es que, una de las principales preocupaciones de las autoridades financieras ha sido el proteger tanto al personal que labora en las sucursales bancarias como a la clientela en general que acude a estas instalaciones, para cuyo efecto ha tenido a bien emitir normatividad específica mediante las Reglas Generales que Establecen las Medidas Básicas de Seguridad, en las que se estipulan los diferentes modelos y tipos de sucursales, las cuales deben cumplir con requisitos mínimos de seguridad para su adecuado funcionamiento.

Con respecto a este tema, es decir, el de seguridad básica, podemos corroborar como la autoridad una vez más, viola la legislación en la materia, ya que pese a que en el artículo 96 de la LIC se establece que

“...Cuando las instituciones contraten a las personas referidas en el artículo 46 Bis 1 de esta Ley, con el objeto de que éstas reciban recursos de sus clientes, en efectivo o cheque, adicionalmente deberán asegurarse que los establecimientos que al efecto utilicen dichas personas para llevar a cabo tales operaciones en representación de las propias instituciones, cuenten con las medidas básicas de seguridad que se establezcan conforme a lo señalado en el presente artículo”.

Si revisamos las Reglas de Corresponsales Bancarios, podemos constatar que las mismas no prevén la aplicación de ninguna medida de seguridad para los establecimientos en los que se presta este tipo de servicio, lo que deja expuesto a un alto riesgo, tanto a la gente que labora en los corresponsales, y principalmente, a la clientela que acude a este tipo de instalaciones.

No es ajeno a los mexicanos que las instituciones financieras son el motor de un país, y que las prácticas de éstas tienen un profundo efecto en el sistema económico nacional, por lo que es de la mayor importancia la protección del público ahorrador perteneciente a las clases económicamente más desprotegidas, por lo que sería pertinente que la autoridad estableciera a falta de medidas de seguridad física, medidas lógicas que salvaguarden los recursos del público bancario que acude a este tipo de establecimientos.

Resulta fundamental el establecimiento de medidas que incidan en una mayor protección para el usuario de la banca, en ese contexto sería adecuado disminuir los límites para depósitos. En el caso hipotético de un cliente que gana un salario mínimo, el acudir a un corresponsal bancario a realizar un depósito bancario hasta por el monto máximo permitido para este tipo de operaciones: $17,427 mxp, sufrir un asalto dentro del establecimiento por la ausencia de medidas de seguridad, afectaría en grado extremo su patrimonio; si dicho límite fuera la mitad de lo que es ahora: $8,714 mxp aprox.; su perjuicio hubiera sido en menor grado.

Por todo lo anterior y en congruencia con las acciones emprendidas por la misma autoridad en materia de prevención de lavado de dinero, sería apropiado ajustar el límite individual diario por cuenta para depósitos a través de corresponsales bancarios, restringiéndolo de 4,000 Udi, ($17,427mxp aproximadamente) a 2,000 Udi ($8,714mxp aproximadamente). Esta medida no afecta en nada al público ahorrador en general, por el contrario, busca fortalecer el marco regulatorio en materia de PLD de las Instituciones de Crédito pero principalmente la protección y salvaguarda de los recursos del público ahorrador perteneciente a las clases económicamente más desprotegidas que conforman la base de la pirámide.

Con base en los argumentos antes expuestos, y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente

Decreto por el que se reforma el inciso a), de la fracción VI, del artículo 46 Bis 1, de la Ley de Instituciones de Crédito

Artículo Único. Se reforma el inciso a), de la fracción VI, del artículo 46 Bis 1, de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue

Artículo 46 Bis 1. ...

VI. Los límites aplicables a las operaciones que podrán llevarse a cabo a través de terceros por cuenta de la propia institución, observando en todo caso, respecto de las operaciones previstas en las fracciones I y II del artículo 46 de esta ley, lo siguiente:

a) Individuales, por tipo de operación y cliente, los cuales no excederán por comisionista de un monto diario equivalente en moneda nacional a 1,500 Unidades de Inversión, por cada tipo de inversión y cuenta, tratándose de retiros en efectivo y pago de cheques, así como del equivalente en moneda nacional a 2,000 Unidades de Inversión respecto de depósitos en efectivo, y

b) ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 http://www.empleo.gob.mx/wb/BANEM/BANE_indicadores_trimestrales

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil diez.— Diputados: Alberto Cinta Martínez, Adriana Sarur Torre, Caritina Sáenz Vargas, Norma Leticia Orozco Torres, Rafael Pacchiano Alaman (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Gracias a usted, diputado.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :La Presidencia amplía el turno de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue.Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la Comisión Especial sobre no discriminación, nuevos sujetos y nuevos derechos.

CODIGO FEDERAL DEL TRABAJO - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS DEL TRABAJO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Tiene la palabra el diputado Amador Monroy Estrada, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide el Código Federal del Trabajo y el Código Federal de Procedimientos del Trabajo.

El diputado Amador Monroy Estrada :Con su permiso, señor presidente. Con el permiso de mis compañeras legisladoras y compañeros legisladores y con mi solicitud del apoyo de todos ustedes a la presente iniciativa.

Amador Monroy Estrada, diputado de la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 55, y artículo 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados iniciativa de la ley que reforma la actual Ley Federal del Trabajo, para sugerir que quede como sigue:

Se denominaría Código Federal del Trabajo y Código Federal de Procedimientos del Trabajo. Asimismo, se propone reorganizar el articulado actual toda vez que existen múltiples enumeraciones ya derogadas y que de manera ociosa componen nuestros ejemplares.

El trabajo nace por la necesidad de evolución y desarrollo del hombre por y para el surgimiento de la familia y el suyo propio. El trabajo es considerado como un factor de producción que supone el intercambio de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas.

Este hecho social crea la necesidad de regulación, es por ello que surge dentro del derecho la rama del derecho del trabajo, que no es más que el conjunto de normas de orden público que regulan las relaciones jurídicas que tienen por causa el trabajo como hecho social, y que por gozar de un sistema homogéneo de estas normas, además de un sistema administrativo y judicial propio, lo hace ser autónomo de las demás ramas, claro está que relacionándola siempre con ellas.

Sabemos que el derecho procesal laboral en México está regulado hoy por la misma Ley Federal del Trabajo, lo que hace a esta ley sustantiva, adjetiva e incluso orgánica. Debemos considerar en México que la ley y el procedimiento son muy importantes porque distinguiríamos la adopción de los principios procesales de concentración, celeridad y veracidad, cuya finalidad es lograr una pronta y eficaz solución de las controversias laborales, esta división materializa el carácter legislativo del derecho que sería la finalidad de la división que se propone.

Las bondades o deficiencia de la nueva normativa procesal es algo que se evidenciará cuando entre en aplicación. Nosotros sólo podemos señalar que cualquier medida destinada a abreviar los procesos laborales en beneficio de los trabajadores siempre será bienvenida.

Pensando que con esta iniciativa que presento ante esta honorable soberanía podría ser el principio de un sistema homogéneo de reglas orientadas, con un principio tutelar del trabajo por cuenta y bajo dependencia ajena.

Se refiere a que el derecho laboral tiene sus propias leyes sustantivas, porque tiene normas especiales para la materia laboral. Por sus fuentes y métodos de interpretación propia tiene fuentes muy particulares al derecho procesal que se debe entender quién es el débil, es decir, que se incline la balanza hacia el débil jurídicamente hablando.

Un artículo es vigente desde el momento en que una disposición del mismo sistema jurídico así lo prevé, ya sea mediante una disposición de carácter supletorio que establezca la regla general o un artículo transitorio que lo determine específicamente hasta que es derogada o abrogada, sea expresa o tácitamente.

Es por eso la tarea legislativa que realizamos. Ésta tiene como objetivo la satisfacción de los intereses colectivos que se van transformando con las acciones, considerando que la Ley Federal de Trabajo es permanente en el ejercicio de sus funciones, por lo mismo resulta obsoleta la existencia de artículos derogados que de manera ociosa hoy se mantienen sin ningún efecto en nuestra ley vigente y sólo elevan el numeral que de nada nos sirve.

Por lo anterior expuesto, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, se propone la presente iniciativa con la intención de terminar con la especulación de que hoy existe una Ley Federal de Trabajo muy extensa y muy amplia a favor de los trabajadores mexicanos y así establecer claramente en un documento que contenga la parte verdaderamente sustantiva y que se denominará Código Federal del Trabajo.

Como propuesta en éste, en un principio cubrirá el articulado del número 1 al 684 actual. De la misma forma se propone crear el conjunto de normas en lo procesal, que se practique para dar vigencia al sustento de nuestra legislación laboral, para cuyo efecto se propone la denominación del Código Procesal del Trabajo.

Esto es, el principio de un reordenamiento en el futuro inmediato, la creación de nuevas normas de origen interno no necesariamente que modifiquen las condiciones actuales de la ley, sí que las actualicen para poder vivir dentro de un marco jurídico legal. La intención es que a través de iniciativas –como lo mencioné antes– podamos vivir dentro de un marco jurídico que establezca lo que allá afuera, en la práctica, se está viviendo.

Por su atención, muchísimas gracias. Señor presidente, le solicito que el texto antes expuesto sea integrado, por favor, al Diario de los Debates.*

* La iniciativa presentada por el diputado Amador Monroy Estrada, se encuentra en el Anexo I del Diario de los Debates del 4 de marzo, número 12.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Intégrese en el Diario de los Debates. Gracias, señor diputado.Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Señoras diputadas y señores diputados, les informo que nos visitan el señor presidente municipal de El Bosque, Chiapas, y el comisariado ejidal del municipio de Tapilula, Chiapas, invitados por el diputado Hernán Orantes López.

DONACION DE ORGANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Pasamos ahora al capítulo de proposiciones. Esta Presidencia recibió del diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a que implemente campañas de difusión a favor de la donación de órganos.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implantar campañas de difusión en favor de la donación de órganos y a rea-lizar las acciones necesarias para establecer esos servicios en los hospitales, a cargo del diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

La cultura es lo que los hombres necesitamos para dar valor a nuestras acciones cotidianas. En México, son pocas las personas que conducen su vida con un valor así; es por ello que una de las cuestiones que sobresalen en este tema es la donación de órganos, la cual se define como el acto de dar un órgano, tejido o células de sí mismo a otra persona que lo necesita.

Data de 1963 el primer trasplante realizado en México, lo cual reflejó una evolución para nuestro país dentro de la complejidad y fascinación de 1a medicina moderna. En la actualidad, existen 400 hospitales autorizados activos en esta tarea, de los cuales 337 cuentan con licencia para trasplante y sólo 20 por ciento de éstos aplica este tipo de operaciones, lo cual es un dato poco alentador.

Lo anterior nace de las necesidades que presentan algunas personas, que claman por una esperanza de salvar su vida o mejorar su salud. Hoy día, la realidad en general resulta muy diferente a como quisiéramos, ya que, a lo largo de toda la República Mexicana, existe una lista de espera con cerca de 12 mil pacientes, a quienes desafortunadamente no se les puede cubrir sus necesidades, a causa de la escasez de órganos donados, de equipo humano y técnico para realizarlo, lo cual refleja la falta de difusión hacia los posibles donadores y el empeño por parte del gobierno en crear estos servicios de donación en los hospitales.

Según estadísticas del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), los órganos que reciben más demanda son los riñones y las córneas, ya que abarcan cerca del 90 por ciento de los órganos necesitados, seguidos por el hígado, corazón, páncreas y pulmón.

Crear una conciencia de solidaridad en todos los niveles es muy importante, porque a la fecha, las respuestas alentadoras solo son realizadas por parte de los que tienen mayor nivel cultural, socioeconómico o grado de escolaridad.

La evolución que presenta una persona receptora es positiva, ya que su nivel de vida aumenta y mejora su salud. De igual manera los pacientes que son donantes pueden mantener su vida en muy buenas condiciones, ya que el artículo 333 de la Ley General de Salud señala como uno de los requisitos para el trasplante entre vivos: “II. Donar un órgano o parte de él, que al ser extraído, su función pueda ser compensada por el organismo del donante de forma adecuada y suficientemente segura”.

La donación no se debe percibir como algo obligatorio, las campañas de difusión deben crear conciencia de la necesidad que estamos viviendo y que mediante el trasplante, todo ser humano puede tener la oportunidad de salvar la vida de muchas personas; pero a la vez, debemos estar enterados de que podemos ser objeto de este padecimiento por muy remoto que parezca.

Por su parte, el artículo 327 dice: “...la donación de éstos con fines de trasplantes, se regirá por principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad...”. Es por ello que se debe propagar esta labor altruista en todos los ámbitos posibles, desde el seno de la familia, la escuela, los grupos sociales, eventos masivos, medios de comunicación, entre otros; ya que mientras mayor sea el conocimiento que tengamos de esta situación, de igual manera será la respuesta positiva que se obtendrá.

El trasplante es definido como un tratamiento médico complejo, el cual permite que órganos, tejidos o células de una persona, puedan reemplazar órganos, tejidos o células enfermos de otra persona. La  invaluable oportunidad en la que se ha convertido el proceso donación-trasplante, nunca será posible sin las piezas clave, que son los donantes y el servicio de donación en los hospitales.

Es verdad que se han implantado campañas que abordan este tema, pero la realidad es que no se está logrando un resultado satisfactorio, ya que las personas que padecen enfermedades crónicas y que provoca la insuficiencia de un órgano, en algunos casos, trascendental para la vida, aumenta día a día.

Es de vital importancia incrementar las campañas de donación en todos los lugares posibles, esto porque para muchas personas en nuestro país, aún es un tema nuevo y, por tanto, la ignorancia hace tener una idea errónea sobre el tema; otro motivo de difusión, es que varias de las personas aún siguen en proceso de aceptación, por no estar bien enteradas de la actual problemática; otro argumento para el presente, es precisamente por no ser éste, un tema con el que están familiarizadas las personas y  simplemente se mantienen al margen de este inconveniente.

Las principales razones por las cuales todos los mexicanos debemos estar enterados de los beneficios y cualidades que traen consigo la donación y trasplante de órganos, son las de preservar la vida, dar aliento y esperanza a los que necesitan, así como sobresalta el notorio acto de bondad entre los seres humanos.

Es de todos sabido, que el inculcar las personas una cultura de donación y a través de campañas a favor, cambiaría su ideología sobre el tema, ejemplo de esto es la difusión que otros países de primer mundo han realizado en la propagación de donación de órganos, lo cual ha sido respaldo esencial para las reformas y modificaciones a los planes de estudio.

Tener a la brevedad posible entre los mexicanos la aceptación, es imprescindible, debido a las cifras que emanan por parte de los ahora involucrados en esta larga lista de espera. Esto es un problema que aqueja a todos, por el simple hecho de estar con la incertidumbre de si algún día necesitaremos de esta ayuda.

La sociedad es digna de recibir toda la información precisa que necesite para poder dejar en claro sus dudas respecto a este tema, principalmente los infantes y adolescentes, para que puedan crear conciencia y asociarse a este propósito. El gobierno debe mostrar su compromiso con el derecho a la salud que tenemos todos los mexicanos, debe formar un sistema integral que comprenda a todas las personas que son posibles donadores o que como ya se mencionó, a las que en un futuro lo podrán ser. Con ese simple hecho, se puede lograr satisfacer las necesidades que exige la donación en nuestro país.

Este tema, es un elemento esencial que debe ser incorporado a la Ley General de Salud, de una manera más analítica respecto a la situación actual que vivimos en México, debido al valor que tiene la donación de órganos. Así, el suscrito, diputado federal, considera que es de trascendental importancia la implantación y difusión de campañas en favor de la donación de órganos y realizar las acciones necesarias para que éstos servicios sean otorgados en más hospitales.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito a la presidencia de la Mesa Directiva someta a consideración de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Exhortar a la Secretaría de Salud a implantar campañas en favor de la donación de órganos, así como realizar las acciones necesarias para la creación de estos servicios en los hospitales, a fin de obtener los resultados favorables para salvaguardar el valor más importante que es la vida.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2010. — Diputado Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de Salud.

JUBILADOS Y PENSIONADOS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Se recibió del señor diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo relativo al pago extraordinario denominado bono sexenal, a todos los jubilados y pensionados de la administración pública federal.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que los titulares de la SHCP y del ISSSTE realicen el pago extraordinario, “bono sexenal”, como complemento de las medidas del fin de sexenio próximo pasado, a todos los jubilados y pensionados de la administración pública federal, a cargo del diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado José Manuel Agüero Tovar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete al pleno de ésta honorable soberanía del honorable Congreso de la Unión el siguiente punto de acuerdo, mediante el que se exhorta por tercera ocasión a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a cumplir con el pago del m a jubilados y pensionados del gobierno federal, en función del punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados y Publicado en la Gaceta Parlamentaria No. 2136-I del martes 21 de noviembre del 2006.

Consideraciones

Al término del sexenio del Presidente Zedillo, se cubrió el bono a jubilados y pensionados el mes de marzo del 2000, por un total de 625 millones de pesos, correspondiendo a cada uno la cantidad de $1,592.00, tras una serie de manifestaciones públicas de miles de derechohabientes.

Se publicó un punto de acuerdo en la Gaceta Parlamentaria del 21 de noviembre de 2006, mediante el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público “para que, en el marco de sus atribuciones y competencias, disponga lo necesario para que de inmediato se haga extensivo el pago extraordinario como complemento a las medidas de fin de sexenio a todos los trabajadores al servicio del Estado, a todos los de la educación, así como a los pensionados y jubilados de la administración pública federal”.

En diciembre de 2006 se pagó dicho bono a los trabajadores en activo; sin embargo, no se ha pago a la fecha a los jubilados y pensionados.

El mes de junio del 2007, ante la inexplicable exclusión del pago, diversas organizaciones de jubilados y pensionados enviaron oficios al ciudadano presidente de la república, con copia a los titulares de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, solicitando la entrega del apoyo a los trabajadores jubilados y pensionados.

La Presidencia, informó que tardaría entre 30 y 40 días la determinación de lo procedente y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado estaban en espera de la decisión del ciudadano presidente de la república, toda vez que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debía decidir la partida presupuestal para pagar a jubilados y pensionados el bono sexenal.

El 15 de agosto del 2007 los diputados federales Marco Antonio Bernal Gutiérrez y María del Carmen Pinete Vargas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron el punto de acuerdo exhortando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que “en el marco de sus atribuciones y competencias, disponga lo necesario para que de inmediato se haga extensivo el pago extraordinario, denominado bono sexenal, como complemento a las medidas de fin del sexenio próximo pasado, a todos los trabajadores pensionados y jubilados de la Administración Pública Federal”.

El 21 de agosto de 2007, la comisión dictaminadora de la Tercera Comisión, con fundamento en todo lo anteriormente expuesto, consideró procedente exhortar nuevamente al Poder Ejecutivo federal, a fin de que los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, contemplen y procedan a realizar el pago extraordinario denominado bono sexenal, a todos los jubilados y pensionados de la administración pública federal, como complemento a las medidas de fin de sexenio 2006.

Considerando que en los logros de nuestras instituciones, han sido alcanzados con la participación de quienes en su momento eran trabajadores en activo y hoy son jubilados y pensionados de la administración pública federal, que en su mayoría reciben pensiones de sobrevivencia, y que han transcurrido dos años y medio, y a la fecha no se ha cumplido el exhorto mencionado, es evidente la injusticia de esta situación. Como un acto de elemental justicia y solidaridad debe de otorgárseles este beneficio, mismo que sería un alivio temporal para su angustiada situación, sin dejar al olvido que el legislativo debe analizar reformas que mejoren su nivel de vida.

De otra manera, nunca se podrán avanzar en la construcción de una nación de justicia y de leyes encaminadas a lograr el bienestar social, como lo dispone la Constitución General de la República.

Por todo lo antes expuesto someto a la consideración del pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado procedan a realizar el pago extraordinario denominado “bono sexenal”, como complemento a las medidas del fin de sexenio próximo pasado, a todos los jubilados y pensionados de la administración pública federal.

Palacio Legislativo, a 4 de marzo de 2010.— Diputado José Manuel Agüero Tovar (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.

INDUSTRIA MAQUILADORA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Se recibió del diputado Roberto Pérez de Alva Blanco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal en relación con el decreto para el fomento y operación de la industria maquiladora.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a agregar el inciso d) a la fracción VII del artículo 24 del decreto para el fomento y operación de la industria maquiladora, a cargo del diputado Roberto Pérez de Alva Blanco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Roberto Pérez de Alva Blanco, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La actividad maquiladora fue el sector más dinámico de la economía mexicana en las dos últimas décadas del siglo pasado. Numerosos estudios indican que desde el establecimiento de las primeras maquiladoras en territorio nacional, el crecimiento anual de empleo fue próximo a 10 por ciento, en contraste con un promedio nacional del 2 por ciento concentrado principalmente en la franja fronteriza norte.

Ante el grave descenso de la actividad agrícola y la amplia demanda de empleo impulsada por diferentes fenómenos sociales, como la repatriación de los braceros y el descenso de la actividad turística en la zona fronteriza principalmente, se dio lugar a un alto índice de crecimiento poblacional, que fue generando un grave fenómeno de falta de empleo en las ciudades de esa franja.

Ante tal situación, en la década de 1970 el gobierno federal inició una serie de programas, como el Nacional Fronterizo, la introducción de los artículos gancho, y el Programa de Industrialización Fronteriza (PIF). Mientras las dos primeras medidas se orientaban a la reactivación y el impulso del turismo, buscando la retención de los compradores del lado mexicano, el PIF surgió con la idea de contrarrestar el desempleo generado por el término del Programa Bracero, así como del proceso de internacionalización de los grandes capitales y de empresas transnacionales.

Así, en 1965 se aprobó el impulso de la industrialización de la frontera norte mediante el PIF, que consistió básicamente en la instalación de fragmentos de los procesos productivos de industrias que requerían uso intensivo de mano de obra.

Para finales de los setenta, México se había convertido en uno de los países maquiladores más importantes: ocupaba el tercer lugar mundial, sólo detrás de Alemania occidental y Canadá.

El desarrollo de la industria maquiladora se ha situado en gran medida en la zona fronteriza norte, por el concepto de “plantas gemelas”, en las que una sola gerencia podía manejar una planta de alta tecnología de capital intensivo extranjero, y una planta de uso intensivo de mano de obra en el lado mexicano, acogiéndose al régimen aduanero de importación temporal, que permite la introducción en el país, con ciertas facilidades, de todo tipo de maquinaria, equipo, materia prima, etcétera, todo ello sujeto a la reexportación.

La industria maquiladora en el país, desde la publicación del decreto que regula su funcionamiento, ha cobrado enorme importancia en el ramo productivo y en la generación de empleos en el país, particularmente en la región fronteriza norte. Sus objetivos de crear fuentes de empleo, fortalecer la balanza comercial del país, elevar la competitividad internacional de la industria mexicana y fomentar la capacitación de los trabajadores, junto con el impulso del desarrollo y la transferencia de tecnología moderna en la nación, se han venido cumpliendo de manera cada vez más intensa, no obstante que su desarrollo ha enfrentado crisis recurrentes y altibajos, lo que puede observarse con una simple mirada a las estadísticas que lo confirman.

En efecto, en una amplia gama de actividades, las maquiladoras industriales, las controladoras de empresas, las de servicios, etcétera, que obedecen al concepto del proceso industrial o de servicio destinado a la transformación, elaboración o reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportación, han desempeñado su trabajo con inobjetable beneficio a la economía nacional, fundamentalmente en el marco de la legislación laboral mexicana y con un efecto que ha sustituido algunas otras ramas de la producción, en particular la actividad agropecuaria, que en los últimos años ha tenido un grave deterioro.

Por razones evidentes, este desarrollo se ha concentrado en la frontera norte, derivado de los bajos costos de transporte y la mayor calidad de la infraestructura industrial. Diversos estudios señalan que las diferencias entre la región note y el centro del país en la captación de la inversión extranjera en la industria maquiladora en cuanto a tipo de industria y complejidad antes de disminuir siguen aumentando; entre las razones están la proximidad con el mercado y los proveedores, los bajos costos de transporte y una mayor productividad, lo que desaparece otro tipo de desventajas, como la de remuneraciones más altas.

Lo expuesto deja muy en claro la enorme importancia y el nivel de participación que tiene en el empleo de miles de nacionales la industria de la maquila, que si bien cumple en lo general sus obligaciones patronales, con frecuencia saltan a la vista algunas que, desempeñándose formal o informalmente, dejan de hacerlo por la permisividad de la norma que las regula.

Para el propósito de esta propuesta, deseo centrar la atención en el aspecto laboral en el que se desempeñan, sobre todo en la zona fronteriza, decenas de miles de empleados, y muy particularmente resaltar algunas desventajas de esa ubicación tan cerca de la línea fronteriza, a la luz del acogimiento de ciertas empresas al régimen de importación temporal.

Particularmente deseo referirme al caso de la reexportación o retorno al país de origen de forma repentina de maquinarias, equipo y en ocasiones materias primas, que con la protección del régimen de importación temporal hacen algunas empresas en forma intempestiva, dejando tras de ese retorno deudas por falta de pago en salarios o prestaciones a los trabajadores y con adeudos ante los Institutos Mexicano de Seguro Social, y del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y que al retornar el capital que significa el equipo de trabajo, dejan a los empleados en el más absoluto desamparo.

Estas empresas, por fortuna las menos, han recibido el calificativo de “golondrinas”. Es frecuente que los medios de comunicación nos enteren de la justa protesta de los trabajadores por uso abusivo del régimen de importación temporal que permite el retiro de los equipos de manera apresurada, lo que se convierte en un problema social que en un momento afecta también diversas instancias de gobierno.

La Ley Aduanera considera algunas prevenciones y requerimientos para que se permita a las empresas que dejan la plaza definitivamente el retorno de los equipos; sin embargo, esos requerimientos son de tipo administrativo y aduanero y en ningún capítulo se incluye alguna prevención que verifique la condición laboral que tras de sí dejan las empresas al momento del retorno de sus maquinarias.

Por lo anterior, el punto de acuerdo que se presenta exhorta al Ejecutivo federal a incorporar en el articulado de las obligaciones de las personas morales a que se haya aprobado un programa de operación de maquila como considera el decreto para el fomento y operación de la industria maquiladora de exportación un agregado que establezca la obligación para que en el trámite al momento del retorno y la salida definitiva del país ante la autoridad aduanera se incorpore en las documentales testimonio de la autoridad laboral o social correspondiente de que la empresa está al corriente con sus obligaciones patronales, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo y cualquier otra norma concurrente. Esto, a fin de proteger a los trabajadores ante un eventual incumplimiento de sus derechos, manteniendo los equipos en territorio nacional como garantía de sus prestaciones.

A fin de evitar complejidades burocráticas, el agregado que se propone establece que si las autoridades correspondientes no expiden la constancia de la regularidad en las obligaciones patronales en un plazo no mayor de 10 días calendario, la solicitud se tomará como respondida afirmativamente.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a agregar el inciso d) a la fracción VII del artículo 24 del decreto para el fomento y operación de la industria maquiladora, para quedar como sigue:

Artículo 24. Las personas morales a que se autorice un programa están obligadas a

I. a VI. ...

VII. Solicitar a la secretaría el registro, previo trámite ante el SAT, de lo siguiente:

a) a c) ...

d) El trámite del retorno ante la autoridad aduanera deberá acompañarse de constancia de la Secretaría del Trabajo de que la empresa se encuentra al corriente de sus obligaciones patronales. Si la autoridad responsable no expide la constancia de la regularidad en un plazo no mayor de diez días hábiles a partir de que le fue solicitada, se tendrá por respondida afirmativamente.

VIII. a X. ...

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 4 de marzo de 2010.— Diputado Roberto Pérez de Alva Blanco (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de Economía.

TURISMO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Igualmente se recibió del diputado Carlos Manuel Joaquín González, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de Economía y de Turismo, con el fin de incrementar y fortalecer la actividad turística en México.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y a la Sectur a ejercer una acción coordinada para emitir la norma oficial mexicana que incremente y fortalezca la actividad turística, a cargo del diputado Carlos Manuel Joaquín González, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Manuel Joaquín González, diputado presidente de la Comisión de Turismo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Turismo, a que ejerzan una acción coordinada a fin de emitir la Norma Oficial Mexicana “Para Prácticas de Comercialización del servicio de Tiempo Compartido”, con el fin de incrementar y fortalecer la actividad turística en México.

Señores diputados y señoras diputadas, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; como es de todos sabido el turismo en México es una actividad económica importante para el país, y ha sido posicionada en octavo lugar a nivel mundial en términos de llegadas de turistas internacionales.

En el sector turístico existen diferentes actividades que provocan derrama económica en nuestros destinos turísticos, una de ellas es el tiempo compartido, que nace dentro de la industria turística, como un procedimiento para comercializar cualquier bien inmueble donde la división implica la copropiedad de cada unidad y los gastos de conservación y mantenimiento se comparten.

La industria del tiempo compartido actual incluye cerca de 6 mil desarrollos en todo el mundo, para un dar total de 11 millones de “intervalos” de tiempo compartido que ha sido vendido individualmente a cerca de 7 millones de familias en todo el mundo. Las ventas globales de tiempo compartido suman un total de más de 9 mil millones de euros anualmente, con un crecimiento proyectado que es del doble del turismo mundial.

Antecedentes

El tiempo compartido como actividad, se ha venido desa-rrollando durante varios años; esta actividad es inminentemente turística, y se encuentra regulada y sancionada por la Secretaría de Economía, por lo que estamos convencidos que en esta regulación debe existir una coordinación entre la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Economía toda vez que reconocemos que la Secretaría de Economía ha llevado a cabo esfuerzos importantes para regular la actividad, pero que sin duda la mejor forma de hacerlo es con la colaboración de la secretaría coordinadora de sector.

En la actualidad esta actividad representa cerca del 39 por ciento de la oferta de hospedaje de calidad turística del país, con 409 proyectos, lo que equivale a cerca del 24 por ciento de la oferta en Latinoamérica y el Caribe, es decir cerca de 46 mil 549 unidades construidas o 100 mil cuartos hoteleros generando más de 6 millones de turistas, niveles de ocupación del 80 por ciento al año, y ventas del orden de los 3 mil 44 millones de dólares.

La Ley Federal de Turismo en su capítulo VI, artículo 66, señala que corresponde a la Secretaría de Turismo verificar el cumplimiento de esta ley, su Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas en Materia de Turismo verificando a los prestadores de servicios turísticos; razón que no ha sido aplicada para los tiempos compartidos.

En tanto que la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, contempla en el artículo 42, sección X, que corresponde a la Secretaría de Turismo regular, orientar y estimular las medidas de protección al turismo, y vigilar su cumplimiento, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal y con las autoridades estatales y municipales, Así como en su artículo 34, sección II, corresponde a la Secretaría de Economía regular, promover y vigilar la comercialización, distribución y consumo de los bienes y servicios.

Considerandos

La Norma Oficial Mexicana emitida por la Secretaría de Economía 029-SCFI-1998, establece únicamente la relación comercial que se genera, sin especificar que dicha actividad es puramente turística; por lo cual, resulta conveniente resaltar la importancia de la regulación de los tiempos compartidos para el fortalecimiento y el desarrollo del turismo en México.

La elaboración de la Norma Oficial Mexicana 029-SCFI-2009 para “Prácticas Comerciales-Requisitos informativos para la prestación del servicio de tiempo compartido”, contempló algunos temas innovadores que a experiencia de las localidades es de difícil aplicación, por los antecedentes ocurridos en materia turística y que de acuerdo a dicha experiencia las Legislaturas Locales, han venido haciendo lo propio para poder dar certeza y certidumbre jurídica a los contratos y a la figura del tiempo compartido.

En la elaboración de cada una de estas normas jurídicas entendemos, han tenido una importante colaboración la Secretaría Federal de Turismo, generando con ello una mayor satisfacción tanto en los empresarios como en los turistas, haciendo crecer en una forma exponencial y ordenada esta actividad.

En virtud de lo anteriormente señalado se presenta este punto de acuerdo para que ésta actividad siga siendo un ámbito de competencia concurrente entre la Secretaría de Economía y la Secretaría de Turismo Federal.

En mi calidad de presidente de la Comisión de Turismo presento el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Turismo a ejercer una acción conjunta a fin de emitir la Norma Oficial Mexicana “Para Prácticas de Comercialización del Servicio de Tiempo Compartido”, con el fin de incrementar y fortalecer la actividad turística en México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2010.— Diputado Carlos Manuel Joaquín González (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Economía, con opinión de la Comisión de Turismo.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Se recibió de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Inegi a que realice y publique un censo con información estadística acerca de la niñez y adolescencia en México.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Inegi a realizar y publicar un censo con información estadística acerca de la niñez y la adolescencia, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita María de Jesús Aguirre Maldonado, diputada federal por el estado de Nuevo León e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el pleno de esta honorable Cámara, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con los motivos que a continuación expongo:

Consideraciones

La importancia y relevancia de contar con datos estadísticos veraces, precisos y actuales de la población es asunto que tanto los estados como la gran diversidad de instituciones públicas y privadas deben considerar dentro de sus plataformas y campos de acción, pues dicha información cubre distintas áreas de interés acerca de la realidad demográfica y socioeconómica de una población en una situación temporal determinada.

Para las autoridades de los distintos niveles de gobierno, estos datos sirven para cuantificar y cualificar necesidades, para determinar grupos específicos dentro de la población y áreas geográficas; para conocer potencialidades, tendencias y comportamientos de fenómenos específicos, así como las dimensiones que estos tienen, su distribución en el espacio físico, la ubicación en el tiempo en que se suscitan, su comportamiento, es decir, si el fenómeno se mantiene estable, decrece o incrementa y finalmente los vínculos que puede tener con fenómenos de otra naturaleza. Con ello se establecen los programas de acción convenientes para cada problemática.

En el caso de nuestro país, en el año 1116 dentro de la época prehispánica, el rey Xólotl de la tribu Chichimeca notó la imperante necesidad de establecer un censo poblacional, por lo que ordenó que todos sus súbditos fueran contados, aquél censo fue el primero registrado en México. Tiempo después, en los años 1791 y 1793 de la época colonial, se realizaron censos que incluían información de la población, recursos naturales, manufacturas, vías de comunicación, número de profesionistas, migración y educación. Con el paso del tiempo los censos poblacionales fueron perfeccionados pero no fue hasta 1985 que se realizó el primer Censo General de Población y Vivienda.

En la actualidad, la institución encargada de esta formidable y compleja labor es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), quien lleva a cabo proyectos censales a nivel nacional y que permiten el desglose geográfico de la información; gracias a ella se establece un perfil de la población y sirve a su vez para compararse a nivel nacional e internacional.

Posteriormente, en 1993 el INEGI publicó un documento llamado Los Niños en México, el cual contenía información de vital importancia acerca de este creciente e importante segmento de la población; en el mencionado documento se pudieron recabar aspectos generales como: el porcentaje de población infantil de 0 a 14 años en 1990, su distribución por edad y su tasa de crecimiento en relación con 1950 y 1970. Dentro de los rubros específicos como educación recabaron datos acerca la aptitud para leer y escribir, la asistencia escolar y el nivel de instrucción; en el tema de fecundidad y estado civil obtuvieron el porcentaje de niñas de 12 a 14 años con hijos, el número de hijos vivos y su condición civil; de las características económicas de este segmento puntualizaron datos como su actividad laboral, el ingreso obtenido o no obtenido por éste y las horas trabajadas por semana; y también el porcentaje de infantes y adolescentes de habla indígena o española. Esta información se fragmentó por entidad federativa, por sexo y además por rango de edades.

Si bien aquella información no es suficiente en la actualidad, puesto que los indicadores analizados entonces y el entorno de nuestro país se ha transformado continuamente, en su momento proporcionó las bases para que los tres ámbitos de gobierno trabajaran en un contexto más cercano a la realidad de las niñas, niños y adolescentes de la década de los noventas.

Hoy en día, es necesario actualizar dicha información y así mismo establecer nuevos criterios que aborden las necesidades actuales de este gran segmento de la población que, de acuerdo con los resultados del Censo General de Población y Vivienda 2000, en el país residían alrededor de 32.6 millones de infantes de 0 a 14 años de edad, es decir 1.4 millones más que los reportados en 1990.

En el párrafo séptimo, del artículo 4to, de nuestra Constitución Política se señala que “El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos”. De acuerdo con la Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dentro de esos derechos están la no-discriminación, la igualdad, el derecho a vivir en familia, a una vida libre de violencia, a la protección, a una sana alimentación, a la educación, vestido, recreación y muchos otros que como legisladores conocemos ampliamente.

Por tal motivo, conocer datos puntuales y veraces acerca del porcentaje de este segmento de la población, su dinámica demográfica, salud, educación, nutrición, empleo, ingreso y pobreza, seguridad, vivienda, mortalidad, maltrato, situación de calle, migración, discriminación, adicciones, entre otros más; es imprescindible en la elaboración y gestión de una política dirigida a mejorar la calidad de vida de nuestra niñez y adolescencia mexicanas. Ellos son responsabilidad tanto del estado como de la sociedad misma, puesto que no podemos ser ajenos e indiferentes ante el incremento en las dificultades y retos que niñas, niños y adolescentes deben atravesar durante su desarrollo y que, al mismo tiempo, impacta profundamente en el desarrollo mismo de nuestro país. Los niños no son solo el futuro de nuestro país, son nuestro presente, nuestro ahora, nuestro hoy.

Por tales consideraciones es necesario que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, como se establece en el artículo 58 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, publique un documento específicamente de la niñez y adolescencia, con los indicadores establecidos en el artículo 78, fracción I, de dicha ley y otros que también considere pertinentes; estableciéndose el rango de edad determinado en el artículo 2 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual define a niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos y adolescentes los que tienen entre 12 años y 18 años cumplidos; y asimismo, que dicho documento tenga una periodicidad de al menos diez años, al igual que el Censo de Población y Vivienda.

En virtud del impacto positivo para la aplicación de las políticas públicas convenientes a la situación de la niñez y adolescencia mexicanas, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que realice y publique un censo con información estadística acerca de la niñez y adolescencia en México, el cual deberá tener un periodo de estudio no mayor a 10 años y considerará el rango de edad infantil tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 2.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2010.— Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Tiene la palabra el diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo por la que se crea un grupo de trabajo para impulsar la reforma del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputadoPorfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega :Ciudadano presidente, vengo, en efecto, a presentar un proyecto de punto de acuerdo para la creación de un grupo de trabajo que dé cauce a las innumerables propuestas e iniciativas que se han hecho para reformar el modo de funcionamiento de la Cámara.

A pesar de que hay un extendido consenso entre nosotros en el sentido de que hay que mejorar nuestro modo de funcionamiento y hay iniciativas suficientes, no acertamos a encontrar el método.

Quien haya visto ayer el Canal del Congreso se habrá percatado de que la calidad, oportunidad y variedad de los debates es excepcional. Igual sobre la reforma política, que sobre la hacienda pública, que sobre los pueblos indios, que sobre el fuero del Ejército. Pero no somos una universidad, somos un Poder Legislativo y padecemos un atasco crónico.

Como en toda improductividad, los sectores más afectados son los menos desarrollados. En este caso los legisladores, cuyas propuestas se pierden en un laberinto sin fin y luego se hunden en el pantano del olvido.

Esta Cámara como otros territorios de la transición democrática ha sufrido una involución. Cuando establecimos en 1997 la primera mayoría opositora del Congreso, la Comisión de Régimen Interno se dedicó a modernizar la administración, a terminar con una planta oficialista, a crear una administración de carrera y a dejar en libertad a los legisladores.

Creo que a lo que llamo el nuevo mandarinato, que es la Junta de Coordinación Política, le ha preocupado más el control de los legisladores que la regulación de la administración. Ésta es una suerte de Frankestein, que nadie doma pero todo mundo se alimenta del monstruo y trata de influirlo.

En cuanto al trabajo propiamente legislativo es precaria la labor de las comisiones, es intermitente y disperso el debate político y, finalmente, hay una contradicción, por desgracia flagrante y consentida, de nuestras prácticas con las leyes y reglamentos que nos rigen: se viola, con aceptación de los legisladores, el marco jurídico vigente en aras de un supuesto orden legislativo.

Todo mundo está de acuerdo en que hay que cambiarlo, pero no nos atrevemos a hacerlo. Hay varios proyectos que circulan. En este periodo de sesiones hay no menos de una docena de iniciativas de cambio al funcionamiento de los institutos, de las comisiones, a la transparencia legislativa, a la regulación de los debates. Sin embargo, debemos coserlos todos ellos.

Me gustaría, queridos amigos, con el mayor respeto, diputadas y diputados, iniciar o intentar iniciar con este proyecto una suerte de cooperación transversal entre legisladores. Yo no diría que con independencia de sus coordinadores o de sus pastores. Yo diría que, en tanto legisladores, suscribamos un proyecto de trabajo por nuestra propia iniciativa.

Mientras no cambiemos la imagen y la productividad de la Cámara seremos vulnerables y podremos ser víctimas de cualquier asalto. Según las encuestas, si esta Cámara desa-pareciera tal vez nadie lo lamentaría. Por eso reformar la Cámara es, en alguna medida, salvar a la República. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea un grupo de trabajo para impulsar la reforma del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado Porfirio Muñoz Ledo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición por la que se crea un grupo de trabajo para impulsar la reforma del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. En los albores del siglo XXI, en que se han producido transformaciones políticas importantes en diversas partes del mundo, no es posible concebir en México una reforma del Estado sin la reforma del Congreso. La dinámica del cambio político mexicano ha hecho que el Poder Legislativo adquiera una nueva centralidad en la vida pública del país. El proceso de democratización, iniciado con la reforma política de 1977, tuvo un rápido impacto en la conformación de las Cámaras, así como en su organización y funcionamiento. Las reglas con las que habían realizado sus atribuciones constitucionales se enfrentaron a una realidad política en continua transformación.

La creciente pluralidad llevó a la expedición de la Ley Orgánica del Congreso en 1979, en donde se incluyeron disposiciones sobre la integración de la Mesa Directiva, los grupos parlamentarios y las comisiones y los comités. Con este instrumento se actualizaban, esencialmente, normas contenidas en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de 1934, cuyos procedimientos se mantuvieron intactos. Sucesivas reformas a la Ley Orgánica reconocieron esa pluralidad al crearse, en 1994, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados, como órgano de gobierno integrado por los coordinadores de cada uno de los grupos parlamentarios.

Sin embargo, aun con este nuevo paisaje, el Congreso siguió funcionando bajo una lógica de partido mayoritario y dominante a través de la Gran Comisión, en aspectos relevantes como la operación de la Mesa Directiva, la integración de comisiones, los debates, la aprobación de dictámenes y la distribución de recursos económicos.

La primera gran reforma interna llegaría con un nuevo impulso democrático.

II. La ausencia de mayorías en la Cámara de Diputados, como resultado de las elecciones intermedias de 1997, y una mayor pluralidad en la Cámara de Senadores, hicieron inoperantes las disposiciones orgánicas y reglamentarias vigentes hasta entonces. La imposibilidad de alcanzar un acuerdo de consenso para instalar la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados, por la carencia de una normatividad que previera el novedoso escenario de pluralidad política y gobierno de minoría, obligó a una reforma profunda de la Ley Orgánica y a otros cambios significativos.

III. Como se reconoce en su exposición de motivos, la nueva Ley Orgánica de 1999 propició un trabajo colegiado de ambas Cámaras, y constituyó un gran ejercicio de modernización de los órganos e instituciones parlamentarias.

Basta señalar el establecimiento de la Mesa de Decanos, la trascendente determinación de fijar la duración de la Mesa Directiva por un año con posibilidades de reelección de sus miembros, la conformación de un nuevo órgano de gobierno denominado Junta de Coordinación Política, la reestructuración del sistema de comisiones para fortalecerlas, y el establecimiento del servicio civil de carrera como componente fundamental de la organización técnica y administrativa de la Cámara. Estos cambios fueron acompañados por otros de enorme importancia como la creación del Canal del Congreso y la Gaceta Parlamentaria.

La nueva Ley Orgánica, gestada en la LVII Legislatura, fue posible no sólo por la coyuntura histórica, sino por la voluntad política manifestada por las distintas fuerzas representadas en el Congreso, quellevó a la integración de los coordinadores parlamentarios y de legisladores expertos en el tema de ambas Cámaras, en un grupo de trabajo que se encargó de formular el proyecto de decreto, escalón fundamental, en la construcción de la nueva norma.

IV. Ciertamente, varias de las reformas acordadas en la LVII Legislatura requerían de su instrumentación y profundización como el impulso a la carrera parlamentaria o el fortalecimiento del sistema de comisiones. Otras, derivadas de la nueva Ley Orgánica, simplemente no fueron posibles porque el horizonte temporal de esa legislatura era finito y porque legislaturas posteriores no alcanzaron el consenso suficiente para materializarlos.

No obstante, es de destacarse el esfuerzo realizado en la LIX Legislatura para dotar a la Cámara de Diputados de un nuevo reglamento para su gobierno interior, que fue un ejercicio de síntesis e integración de muchas iniciativas presentadas por todos los grupos parlamentarios, plasmado en un proyecto de dictamen que quedó de primera lectura1 sin que el pleno pudiera votarlo. Con este instrumento se pretendía mejorar los procedimientos legislativos internos, reforzar el trabajo de las comisiones, agilizar los trámites de los dictámenes, elevar la calidad del debate, modernizar y eficientar el funcionamiento de la Cámara.

V. La realidad política imperante, en la que prevalece un Congreso sin mayorías y un sistema político multipartidista, obligan a realizar una nueva generación de reformas al funcionamiento y actualizar los obsoletos procedimientos de la Cámara de Diputados, que le permitan actuar con eficacia ante los retos que el país le impone.

Ha quedado por demás demostrado que la adopción de acuerdos parlamentarios para regular temas como la formulación del orden del día, el desahogo de las iniciativas, dictámenes y proposiciones, así como para debatir los temas de la agenda política nacional, en más de una ocasión, han quedados rebasados por la dinámica actual de los trabajos del pleno. Estos acuerdos, si bien han ayudado a cubrir las lagunas de la actual reglamentación, han generado incertidumbre por tener una jerarquía menor a la Ley Orgánica y al reglamento, y han sido motivo de constantes críticas.

VI. Los llamados “puntos de acuerdo” ocupan una parte considerable de los trabajos del pleno, sin que su utilidad sea clara, aunque con frecuencia se transparenten sus motivaciones clientelares. No existen, además, como tales en la ley ni el reglamento, por lo que se ubican dentro del amplísimo concepto de propuestas no legislativas que pueden referirse absolutamente a cualquier asunto, según el artículo 58 del reglamento. Habría, pues, que acotarlas a fin de volver más eficaces las labores parlamentarias y encontrar procedimientos adecuados para que las peticiones del Congreso sean obligatoriamente respondidas por las autoridades.

VII. Es preciso revisar temas torales como lo son las facultades de los órganos de gobierno y el alcance de sus acuerdos; definir un nuevo régimen de comisiones, su integración, funcionamiento, atribuciones y fortalecer sus facultades de control; agilizar el procesamiento y la emisión de dictámenes; evaluar la conveniencia de adoptar la afirmativa ficta y caducidad de las iniciativas para abatir el rezago legislativo; regular la pregunta e interpelación parlamentarias, así como los formatos de las comparecencias; instaurar el servicio profesional de carrera; rediseñar el papel de los centros de estudio; dar mayor autonomía a la Auditoría Superior de la Federación y aplicar una política de austeridad rigurosa en el ejercicio del gasto en la Cámara de Diputados, entre otros temas.

VIII. Un obligado comienzo es enfrentar de una buena vez la problemática, por todos conocida, que se traduce en dos factores principales: terminar con la pasividad legislativa de las comisiones; es decir, lograr que todas las iniciativas que son presentadas puedan ser dictaminadas o resueltas en el corto plazo y, el segundo, reconfigurar la dinámica en que se desarrollan las sesiones del pleno.

IX. Para que el Congreso juegue un papel relevante en la transformación de país y acometa con éxito los desafíos que le presentan las actuales circunstancias económicas, políticas y sociales debe encarar un nuevo ciclo de cambios en su estructura y funcionamiento. Para ello, es necesario retomar el sabio dicho de que el buen ciudadano, por su casa empieza.

Lograr ese fin es posible y en extremo urgente. Para ello, proponemos conformar, como ya se hizo en el pasado, un grupo plural de diputados con funciones de dirección en sus grupos parlamentarios y de legisladores expertos en la materia, que se haga cargo de estudiar la reforma que la Cámara requiere, convencidos que lograr este cometido será el inicio de una reforma mayor, que permita transformar el Congreso General en favor del equilibrio de poderes y de la democratización del sistema político mexicano.

Por las anteriores consideraciones, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea un grupo de trabajo para impulsar la reforma del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El objetivo inmediato del grupo será realizar los trabajos necesarios para generar las propuestas de modernización de la normatividad y las prácticas parlamentarias en la Cámara de Diputados.

Segundo. El grupo se integrará de la siguiente manera:

Un diputado por cada grupo parlamentario designado por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Un diputado de cada grupo parlamentario designado por su coordinación, que sea integrante de las comisiones involucradas en la materia o conocedor de ella.

Tercero. El grupo de trabajo deberá informar periódicamente a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de sus actividades y, a más tardar en agosto de 2010, presentarle los proyectos que haya generado, a efecto de que se evalúen y determinar lo conducente.

Cuarto. El grupo podrá allegarse de los elementos necesarios y solicitar la información que considere pertinente para realizar sus actividades, así como celebrar eventos con otras dependencias e instituciones académicas.

Nota:

1 Diario de los Debates, 27 de abril de 2006. Cámara de Diputados, paginas 85-155.

Dado en el Palacio Legislativo, a 18 de febrero de 2010.— Diputados Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, Omar Fayad Meneses, Claudia Edith Anaya Mota, Víctor Humberto Benítez Treviño, Pablo Escudero Morales, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, Germán Osvaldo Cortez Sandoval, Miguel Ernesto Pompa Corella, Adán Augusto López Hernández, Isaías González Cuevas, Alfredo Francisco Lugo Oñate, Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Víctor Manuel Castro Cosío, Carlos Cruz Mendoza, David Hernández Vallín, Carlos Alberto Ezeta Salcedo, Rodrigo Pérez-Alonso González, Reyes S.Tamez Guerra, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, Samuel Herrera Chávez, Adriana Terrazas Porras, Hilda Ceballos Llerenas  (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Gracias a usted, señor diputado. Diputada Sahagún.

La diputadaTeresa Guadalupe Reyes Sahagún (desde la curul): Para adherirme a la propuesta que hizo el diputado Muñoz Ledo.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Si no tiene inconveniente el diputado Muñoz Ledo. Sí, diputado Castro Cosío.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío (desde la curul): En el mismo sentido que la diputada Reyes Sahagún.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :En el mismo sentido. Todos los señores diputados que quieran adherirse, el diputado Muñoz Ledo ha manifestado su anuencia.Se turna a la Junta de Coordinación Política.

CREDITOS PARA VIVIENDAS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Tiene la palabra la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo para que se investigue el otorgamiento de créditos por parte de organismos de vivienda.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez :Diputado presidente. Diputadas y diputados, el objeto de este punto de acuerdo es precisamente que haya una investigación en torno al otorgamiento de créditos que se han venido dando por parte de instituciones denominadas Sofoles.

Me refiero en específico a una denuncia que se presentó ante esta Cámara de Diputados con relación a los desalojos que se están sufriendo en el estado de México y también en Nuevo León.

Estos desalojos son producto de un programa que se implementó por parte de Sociedad Hipotecaria Federal y sofoles, como es Su Casita, también están vinculados Deutsche Bank y desarrolladoras inmobiliarias, como es el caso de Urbi.

Quiero referirme a esto ya que mediante un programa que se llama Renta con Opción a Compra se está defraudando a la población. Población que está pagando mensualmente una supuesta renta con el objeto de pagar su escritura para el enganche de una vivienda, y finalmente lo que está sucediendo en estos momentos es que nadie da respuesta con relación a ese recurso económico y hay presiones para que los habitantes de esa zona abandonen sus viviendas.

Quiero decir que lo que estoy señalando se sustenta también en un documento oficial que se llama Modelo de detección de fraudes por sobrevaluación de valor de la vivienda. Este documento está presentado por Sociedad Hipotecaria Federal y, en su página 6, especifica que hay un porcentaje muy alto de viviendas que están sobrevaluadas. Estamos hablando de más de 40 por ciento del valor de la vivienda, es con relación a lo que se vende.

Nosotros consideramos que es muy importante tomar también en consideración lo que dice el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en torno a los subsidios que existen, que se están dando a las desarrolladoras inmobiliarias y se está incumpliendo con el objetivo social para lo que está destinado el programa.

Hoy mismo salió publicado en un diario de circulación nacional, El Economista, en su página 6, cómo Su Casita en el 2007 tenía 32 mil créditos; en 2008, 20 mil 381 y en 2009, 4 mil 375, y está poniéndose a la venta Su Casita, considerando que a partir de los cambios que existen...

Compañeros, un momento, por favor. Me parece importante esta información con relación a esta denuncia que se hace, porque lo que estamos planteando es que se realice una investigación, no con esas expresiones de tiempo se pretenda encubrir lo que estamos señalando aquí, que el fraude está fundamentado desde 2008 y no se hizo nada.

Esta situación en específico, en el caso de Su Casita, está involucrada con estos desalojos que se están llevando a cabo en el estado de México y en Nuevo León.

Por tanto el punto de acuerdo lo que plantea es que se investigue y que comparezcan las autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que comparezcan también las autoridades de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y las instancias responsables en esta situación.

¿A quién estamos llamando? Directamente a la PGR para que se sustente toda esta investigación en este gran fraude, que lo que hay aquí es un trasfondo de carácter social y que es nuestra obligación, también como diputados y diputadas federales, preservar los intereses del pueblo y defender a la gente.

El fundamento del fraude está aquí. Voy a dejar este documento y también pido que se incorpore toda esta fundamentación que hemos hecho. Muchas gracias. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la Sedesol, a la CNBV y a la PGR a investigar el otorgamiento de créditos por parte de la SHF y de la Conavi, a través del Infonavit y de sociedades financieras en diferentes entidades del país, principalmente en el estado de México, por haber defraudado a miles de familias; y que se cite a comparecer a estos organismos de vivienda, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del PTl

La que suscribe, Laura Itzel Castillo Juárez, diputada federal a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

Durante el sexenio de Vicente Fox Quezada se constituyó la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), en sustitución del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda y se expidió su Ley Orgánica en el Diario Oficial de la Federación el jueves 11 de octubre de 2001.

El objetivo de SHF es impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda, mediante el otorgamiento de fondos y garantías destinadas a la construcción, adquisición y mejora de la vivienda, preferentemente de interés social.

Desde su fundación los funcionarios de la SHF desvirtuaron el marco normativo de su Ley Orgánica. Impulsaron y desarrollaron con recursos públicos un mercado oligopólico en la construcción de la vivienda, que benefició a empresas constructoras como: (Urbi, GEO, Demet, ARA, Sare, Sadasi, Homex), entre otras.

La SHF, también con recursos públicos impulsó el crecimiento y desarrollo de las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles) como: Patrimonio, SA de CV, Hipotecaria su Casita, SA de CV, ING Hipotecaria SA de CV, Hipotecaria Ge Money SA de CV, Hipotecaria Nacional Grupo Financiero  BBAV-Bancomer, SA de CV, y a la institución de banca múltiple Deutsche Bank México, SA de CV.

La SHF se convirtió en la banca de las empresas constructoras de viviendas y las Sofoles, de este modo tenemos que en el 2005 las ventas de las seis empresas desarrolladoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (Urbi, GEO, ARA, Sare, Homex y Hogar), ascendieron a casi 12 mil millones de pesos, recursos equivalentes a más del 50% del presupuesto total asignado en ese año a la Secretaría de Desarrollo Social.

La SHF ha destinado fondos millonarios para que las Sofoles adquieran las viviendas a las empresas constructoras, quienes han construido casas con materiales de mala calidad. En una acción concertada entre los desarrolladores e intermediarios financieros, han sobrevaluado el valor de las viviendas, en perjuicio de miles de familia. Con ello se defrauda y se condena a los acreditados a pagar créditos caros y en un periodo largo, que va de los 20 hasta los 30 años.

Estos actos de corrupción son avalados por la SHF quien autoriza los avalúos para el financiamiento de las viviendas. Por ejemplo: los avalúos señalan que las tuberías de agua potable son de cobre, cuando en realidad son de PVC. Es inaudito que un órgano del Estado mexicano se preste para realizar este tipo de fraudes. Las casas que financia la SHF en toda la república a través de las sofoles se caracterizan por el exceso de vicios con los que son construidas.

La acción concertada para la sobrevaluación de las viviendas realizada por las constructoras y las Sofoles es del conocimiento de la SHF. La institución de banca de desarrollo prestó su base de datos de los créditos hipotecarios, para la realización del estudio titulado Modelo de detección de fraude por sobrevaluación del valor de la vivienda, que fue elaborado por los especialistas Julieta Alemán H., Javier Gutiérrez G. y Gabriel Gómez R., publicado el pasado 22 de enero de 2008.

El modelo de detección de fraude ilustra en su página 6 cómo se realizaron éstas operaciones fraudulentas y señala lo siguiente: “al elevar el valor de la vivienda se cubre el monto requerido por las instituciones financieras como enganche y de esta forma se otorga el crédito... En el caso de SHF esta sobrevaluación se ha hecho evidente al realizar avalúos posteriores a la fecha de originación para algunos créditos que reclamaron el pago de la garantía. En estos casos se observó que el precio de la vivienda es aproximadamente 40% por ciento menor al precio de venta”.

En este mismo sentido para la elaboración del modelo de detección de fraude, se realizaron visitas a los conjuntos habitacionales. Se detectó que los avalúos fueron inflados con el fin de que no se cubrieran los enganches o los gastos de escrituración. En el documento se revela que los valuadores reportaron en los avalúos valores predeterminados por el desarrollador. La SHF realizó estudios de mercado en las zonas respectivas, que permiten confirmar que los avalúos fueron inflados e inclusive SHF cuenta con una lista negra de valuadores y contralores.

El estudio tomó de la base de datos de SHF una muestra de 21 mil 912 créditos, el modelo de detección de fraude encontró 5 mil 119 registros, es decir el 23% como créditos sospechosos y se distribuyen los más altos por entidad federativa de la siguiente manera: Baja California 1,244, Jalisco 873, Distrito Federal 629, estado de México 472, Nuevo León 408, Sinaloa 211, Baja California Sur 184, Chihuahua 180, Guanajuato 119, Sonora 112, Quintana Roo 105, Tamaulipas 83, Querétaro 77, Veracruz 77, Aguascalientes 59 y Puebla 51, cabe señalar que el 23% es un porcentaje muy alto y la sobrevaluación de los créditos se presenta en todo el territorio nacional.

En la página 34 del citado estudio se realiza una comparación entre los resultados del modelo de detección de fraude contra la lista negra elaborada por SHF y las conclusiones son las siguientes: el 34% de los avalúos detectados fueron realizados por un valuador o contralor que se encuentra en la lista negra de la SHF. En el caso del estado de México y Nuevo León, más del 80% de los avalúos detectados fueron realizados por un perito o contralor que está en la lista negra y en el estado de Jalisco representó el 47%.

Es preciso señalar que la SHF también es responsable de los fraudes cometidos en el esquema de renta con opción a compra por las empresas Urbi Desarrollos Urbanos, SA de CV, Inmobiliaria AR & BG, SA de CV, Hipotecaria su Casita, SA de CV, y Deutsche Bank México, SA de CV.

Este programa es contrario a Ley Orgánica de la SHF, toda vez, que la norma establece que los fondos o garantías se destinan para la construcción, adquisición y el mejoramiento de vivienda y no se contempla la renta con opción a compra.

Las familias bajo el esquema de renta con opción a compra llevan pagando un “enganche” de 4 a 5 años con mensualidades de $ 4 mil 500 o $ 5 mil 500 pesos y han pagado de $ 45 mil a 280 mil pesos de “rentas” y de manera fraudulenta. Las empresas que constituyeron este esquema se han negado a escritura les sus contratos de compra venta y garantía hipotecaria. Estas empresas simularon juicios especiales de desahucio para despojarlos de su patrimonio y lanzarlos de sus viviendas.

Estos actos de corrupción han sido denunciados por el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, AC, por los fraudes cometidos por las constructoras, concretamente por Urbi Desarrollos Urbanos, SA de CV, y las Sofoles en el Estado de México, en los conjuntos habitacionales de Villa del Real, quinta y sexta secciones, Los Héroes, Real del Sol, Real del Cid, Real Castelo, Urbi Villas del Campo en el municipio de Tecámac; Las Américas, en el municipio de Ecatepec, y Urbi Quinta Montecarlo, en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Estas denuncias fueron presentadas en la PGR, en la Secretaría de Hacienda y  Crédito Público, la Conavi y la SHF. Estos órganos del Estado mexicano han sido omisos y de manera impune están protegiendo diversas conductas delictivas que deben ser investigadas y sancionadas para reparar los daños causados a miles de familias mexicanas.

Por lo expuesto sometemos a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, y de Desarrollo Social, Jesús Heriberto Félix Guerra, y al procurador general de la República Arturo Chávez Chávez para que investiguen y se sancione a los funcionarios de la SHF, de la Conavi, del Infonavit, de Fovissste, a las sociedades financieras de objeto limitado como Patrimonio, SA de CV; Hipotecaria su Casita, SA de CV; ING Hipotecaria, SA de CV; Hipotecaria Ge Money, SA de CV; Hipotecaria Nacional Grupo Financiero BBAV-Bancomer, SA de CV; Crédito y Casa, SA de CV; Deutsche Bank México, SA de CV, y a la empresa constructora Urbi Desarrollos Urbanos, SA de CV, por haber defraudado a miles de familias en el otorgamiento de créditos hipotecarios en diferentes entidades federativas del país y principalmente en el estado de México.

Segundo. Se exhorta al procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, a integrar y consignar la averiguación Previa UEIDFF/FINM06/173/2009, radicada en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, en donde se denuncia a los funcionarios de SHF, Conavi, Infonavit y Fovissste, así como también a las Sofoles y a la constructora Urbi Desarrollos Urbanos, SA de CV.

Tercero. Se cite a comparecer a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados a los directivos de SHF, de Conavi, del Infonavit, del Fovissste, de las Sofoles y de la empresa Urbi Desarrollos Urbanos, SA de CV, para que aclaren estas irregularidades.

Diputada Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Insértese en el Diario de los Debates.Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia.

SATELITES MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Tiene la palabra la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en relación al informe sobre la situación técnica, financiera, operativa y corporativa del concesionario Satélites Mexicanos SA de CV (Satmex).

La diputadaYolanda de la Torre Valdez :Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el día 1 de marzo de 2010 la prensa nacional dio cuenta de la operación de venta de Satélites Mexicanos a favor de la multioperadora satelital norteamericana Echo Star.

Es importante recordar que Satmex, Satélites Mexicanos, es una empresa mexicana surgida de la privatización de la operadora estatal de satélites a través de Telecom. Cuando se vendió Satmex el gobierno mexicano conservó el 25 por ciento del capital social de la empresa para denotar que se trata de una actividad prioritaria para el desarrollo en los términos del artículo 25 de la Constitución, porque los satélites de la empresa ocupan tres posiciones satelitales que son del dominio exclusivo de la nación mexicana y cuya explotación está condicionada a Satmex por 25 años.

En 1995 se reforma el artículo 28 constitucional, con el propósito de dejar de considerar a las comunicaciones vía satélite como una actividad estratégica reservada exclusiva del Estado.

En 1996 se privatiza Satmex y se entregan en concesión las tres únicas posiciones satelitales que la OIT ha otorgado a México.

En el año 2000 se perdió, dentro de la primera mitad del periodo de vida útil, el satélite Solidaridad 1, causando serios riesgos para las telecomunicaciones en el país y para la concesionaria, que no pudo reponer dicho satélite sino hasta 2006, con la puesta en marcha del satélite Satmex 6.

Satmex pasó durante los años 2005 y 2006 por un concurso mercantil asociado con un proceso de quiebra ante las autoridades judiciales de los Estados Unidos de América.

El satélite Solidaridad 2 alcanzó en el año 2008 su máximo periodo previsto de vida de útil y desde entonces para acá se ubicó en órbita inclinada a fin de economizar combustible y prolongar artificialmente su vida útil.

El satélite Satmex 5 se encuentra en la etapa final de su vida útil prevista. Lo que implica que los programas y actividad de su reemplazo ya debieron haber iniciado.

Satmex explota tres posiciones orbitales patrimonio de la nación y evidentemente ha enfrentado serios problemas, tanto técnicos, como financieros y operativos, de los cuales es importante que esta soberanía esté informada a fin de conocer cuál es la realidad y perspectivas de las comunicaciones vía satélite en nuestro país, que es la primera potencia en este ámbito en América Latina.

Es de la mayor importancia, señores diputados y señoras diputadas, que la Cámara de Diputados pueda revisar esta operación a fin de verificar el cumplimiento estricto de las disposiciones jurídicas contenidas en el título de concesión que permite la operación de Satmex y asegurarse que las posiciones orbitales, que son propiedad del gobierno federal, sean explotadas y aprovechadas acorde con la necesidad de comunicación satelital del país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a su consideración el siguiente punto de acuerdo y con ello termino, señor presidente.

Primero. Se solicita se cite al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de que informe sobre la situación técnica, financiera y corporativa del concesionario y presente un panorama sobre las previsiones inmediatas que se le presentan a este servicio público de fundamental importancia para el desarrollo del país.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ordene de inmediato la suspensión de la venta de la empresa que aún no se formaliza, hasta en tanto esta soberanía cuente con información clara y precisa que dé testimonio de que la venta anunciada no violenta normas constitucionales, legales ni administrativas. Que no se afecte con ella la soberanía del país en materia de telecomunicaciones. Que no se limiten las posibilidades de desarrollo nacional de las tecnologías de información y comunicación. Que no se esté abonando a favor de la dependencia tecnológica del país y que no constituya una pérdida financiera para el erario público.

Tercero. Que se requiera a las dependencias y entidades de la administración, así como a los gobiernos estatales, que actualmente son principales usuarios de los servicios de comunicación vía satélite, sobre el significado e impacto del cumplimiento de sus funciones de ejercicios presupuestales que presentará la venta de Satmex en las condiciones anunciadas, que implican poner las comunicaciones satelitales mexicanas en manos extranjeras y con fines exclusivamente comerciales. En particular, a la Procuraduría General de la República, a las secretarías de Gobernación, Seguridad Pública, Educación, Defensa Nacional, Marina, así como Pemex, Comisión Federal de Electricidad y el Cisen.

Cuarto. Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informen el destino que se dará al 25 por ciento de la participación accionaria en el capital social de la empresa, que actualmente tiene el gobierno federal.

Quinto. Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe en qué términos quedará la reserva del Estado que actualmente tiene el gobierno mexicano y que le permite aprovechar sin costo alguno para parte importante de la capacidad satelital, de dos de los tres satélites que explota actualmente Satélites Mexicanos.

Sexto. Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la de Hacienda y Crédito Público informen el destino que se dará a la partida presupuestal incluida en el Presupuesto de Egresos de 2010, destinada a las comunicaciones vía satélite, que es de 4 mil 500 millones de pesos.

Séptimo. Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe sobre el impacto que representa la venta de Satmex en el proyecto de creación de la Agencia Espacial Mexicana.

Por su atención y apoyo para la urgente u obvia resolución, muchas gracias, compañeros y compañeras.

«Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fin de que informe sobre la situación técnica, financiera, operativa y corporativa del concesionario Satmex SA de CV, a cargo de la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, Yolanda de la Torre Valdez, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones

Antecedentes

El día 1o. de marzo de 2010, la prensa nacional dio cuenta de la operación de venta de Satélites Mexicanos, a favor de la multioperadora satelital norteamericana “Echo Star”.

Es importante recordar que Satmex es una empresa mexicana, surgida de la privatización de la operadora estatal de satélites, a través de Telecom, en ejercicio de la entonces área estratégica, para el desarrollo nacional, que lo fue, hasta 1995, la comunicación Vía Satélite.

Se vendió Satmex, el gobierno mexicano conservó el 25 por ciento del capital social de la empresa, para denotar que se trata de una actividad prioritaria para el desarrollo, en los términos del artículo 25 de la Constitución y porque los satélites de la empresa ocupan tres posiciones satelitales que son del dominio exclusivo de la nación cuya explotación está concesionada a Satmex, por 25 años, contados a partir de 1996 (es decir, termina en 11 años).

Consideraciones

En 1995, se reforma el artículo 28 constitucional, con el propósito de dejar de considerar a las comunicaciones vía satélite, como una actividad estratégica, reservada en exclusiva para el Estado.

En 1996, se privatiza Satmex y se entregan en concesión las únicas tres posiciones satelitales que la UIT ha otorgado a México.

En el año 2000 se perdió, dentro de la primera mitad del periodo de vida útil, el satélite Solidaridad 1, causando serios riesgos para las telecomunicaciones en el país y representando un serio problema financiero para la concesionaria, que no pudo reponer, dicho satélite, sino hasta el año 2006, con la puesta en órbita del satélite Satmex 6.

Satmex pasó, durante los años 2005-2006, por un concurso mercantil, asociado con un proceso de Quiebra, ante las autoridades judiciales de los Estados Unidos de América, en el contexto del “Chapter 11”, lo que constituyó, en su momento, un proceso al que se le dio una enorme difusión, por el riesgo de quiebra que presentó la empresa y de cuyas consecuencias, a nivel de tenencia accionaria, no ha sido informada esta soberanía.

El satélite Solidaridad 2 alcanzó, en el año 2008 su periodo máximo previsto de vida útil, de entonces para acá, se ubicó en órbita inclinada, a fin de economizar combustible y prolongar artificialmente su vida útil. La inclinación de su órbita implicó la pérdida de aproximadamente un 80 por ciento de su capacidad que sólo utiliza el Estado mexicano, básicamente para atender servicios de seguridad y marginalmente de educación.

El satélite Satmex 5 se encuentra en la etapa final de su vida útil prevista, lo que implica que los programas y actividades de su reemplazo ya debieron de haber iniciado.

Satmex explota tres posiciones orbitales, patrimonio de la Nación y evidentemente ha enfrentado serios problemas, tanto técnicos, como financieros y operativos de los que es importante que esta soberanía esté informada, a fin de conocer cuál es la realidad y las perspectivas de las comunicaciones vía satélite, en nuestro país que es, la primera potencia, en este ámbito, en América Latina.

Es de la mayor importancia que la Cámara de Diputados pueda revisar esta operación, a fin de verificar el cumplimiento estricto de las disposiciones jurídicas contenidas en el título de concesión que permite la operación de Satmex y asegurarse que las posiciones orbitales que son propiedad del Gobierno federal serán explotadas y aprovechadas acorde con las necesidades de comunicación satelital del país.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita se cite al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de que informe sobre la situación técnica, financiera y corporativa del concesionario y presente un panorama, sobre las previsiones inmediatas que se le presentan a este servicio público, de fundamental importancia para el desarrollo del país.

Segundo. Se solicite a la SCT ordene, de inmediato, la suspensión de la venta de la empresa, que aún no se formaliza, hasta en tanto, esta soberanía cuente con información clara y precisa que dé testimonio de que la venta anunciada, no violenta normas constitucionales, legales, ni administrativas; que no se afecta con ella la soberanía del país en materia de Telecomunicaciones, que no se limitan las posibilidades de desarrollo nacional de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC); que no se está abonando a favor de la dependencia tecnológica del país y que no constituye una pérdida financiera para el erario público.

Tercero. Que se requiera a las dependencias y entidades administrativas, así como a los gobiernos estatales, que actualmente son los principales usuarios de los servicios de comunicación vía satélite, sobre el significado, e impacto al cumplimiento de sus funciones y ejercicios presupuestales, que representaría la venta de Satmex, en las condiciones anunciadas, que implican poner las comunicaciones satelitales mexicanas, en manos extranjeras y con fines exclusivamente comerciales, en particular a la Procuraduría General de la República, a las Secretarías: de Gobernación, de Seguridad Pública, de Educación, de Defensa Nacional y de Marina, así como Pemex, CFE y el Cisen.

Cuarto. Que la SCT y la SHCP informen el destino que se dará al 25 por ciento de la participación accionaria, en el capital social de la empresa que actualmente detenta el Gobierno federal.

Quinto. Que la SCT informe en qué términos quedará la “Reserva del Estado”, que actualmente tiene el Gobierno mexicano y que le permite aprovechar, sin costo alguno una parte importante de la capacidad satelital de dos de los tres satélites que explota actualmente Satmex.

Sexto. Que las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y la de Hacienda y Crédito Público informen del destino que se dará a la partida presupuestal, incluida en el Presupuesto de Egresos 2010, destinada a la comunicación vía satélite.

Séptimo. Que la SCT informe sobre el impacto que representa la venta de Satmex, en el proyecto de creación de la “Agencia Espacial Mexicana”.

Dado en la Ciudad de México, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2010.— Diputada Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Gracias a usted, diputada.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos...

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Permítame, señor secretario. Sí, diputado Ramírez Marín.

El diputadoJorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Le solicito muy atentamente que se sirva otorgarle trámite a la Junta de Coordinación Política.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :La proposición fue inscrita como de urgente resolución. ¿Aceptaría usted, diputada, que fuera turnada directamente?

La diputada Yolanda de la Torre Valdez (desde la curul): Si se resuelve de manera inmediata, con mucho gusto. Sólo en esos términos.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna entonces a la Junta de Coordinación Política, para su resolución.

PETROLEO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Tiene la palabra la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se formulan preguntas parlamentarias al Ejecutivo federal, en relación con su viaje a Davos, Suiza.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez :Diputado presidente, diputadas y diputados. Como todos sabemos, hace unas cuantas semanas Felipe Calderón confirmó ante el mundo su intención de continuar con la privatización de Pemex en el Foro Económico de Davos, Suiza, en donde, además, repartió chocolates por las calles para mejorar la imagen de México. También ofreció a las empresas extranjeras una mayor apertura para invertir en el desarrollo de la industria.

Asimismo, hace unas semanas se aprobó en este pleno que viniera a comparecer la secretaria Georgina Kessel y, desde luego, conocemos ya la propuesta que han planteado como estrategia nacional de energía, la cual consideramos es insuficiente, pero, sobre todo, con una visión equivocada, con una visión entreguista como todo lo que caracteriza al gobierno espurio.

Por ello, consideramos importante que, desde luego, a partir de los ofrecimientos que se fueron a realizar a Davos con las empresas transnacionales se nos informe específicamente qué fue lo que se señaló en estas reuniones, que fueron, según la información, de carácter privado.

En estas reuniones tuvo una intervención, desde luego, British Petroleum, así como Shell. Sabemos el interés que existe a partir de todos estos contratos incentivados y que están relacionados con las disposiciones administrativas aprobadas recientemente por el Consejo de Administración, y que esta Cámara de Diputados no tuvo el valor de interponer la controversia constitucional. Y sí, en cambio, aprobar unas modificaciones que se hicieron a partir de un acuerdo donde de ninguna manera se restringe la participación de estas empresas transnacionales en lo que tiene que ver con los recursos energéticos de nuestro país, con una clara violación al artículo 27 constitucional.

Queremos preguntar en específico cuáles fueron los alcances de la reunión sostenida en Davos, Suiza, entre Felipe Calderón y las empresas transnacionales.

Nosotros consideramos que es muy importante que se dé respuesta y, que de igual manera, se nos envíe la presentación que se llevó a cabo durante esa reunión en la que se hicieron ofrecimientos a las empresas transnacionales sobre nuestra soberanía nacional, sobre nuestros recursos energéticos, sobre Petróleos Mexicanos. Pemex no se vende, la patria se defiende. Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se formulan al Ejecutivo federal preguntas parlamentarias sobre su reciente viaje a Davos, Suiza, la visita oficial a Japón y las reuniones celebradas respecto al ramo del petróleo, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Laura Itzel Castillo Juárez, diputada por el Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presenta a esta soberanía punto de acuerdo con pregunta parlamentaria al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Mediante oficio y en términos de la Constitución federal, Felipe Calderón informó a la Comisión Permanente los objetivos básicos para su viaje a Davos, Suiza.

• “Contribuir a las discusiones sobre la construcción de una nueva arquitectura internacional.

• ”Posicionar a México como un destino seguro para invertir y como mercado de oportunidad en un año de repunte económico.

• ”Difundir entre los líderes económicos y empresariales globales el inicio de la recuperación económica de nuestro país.

• ”Promover la construcción de consensos en materia de cambo climático frente a la celebración de la decimosexta Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 16) en México”.

También informó que “el tercer día de trabajo el presidente Calderón tiene contemplado un desayuno con los presidentes de algunas de las empresas trasnacionales más importantes del mundo, muchas de ellas con operaciones relevantes en nuestro país, en el que se reiterará el mensaje de que México es un destino seguro y confiable para invertir; se compartirá información, sobre los esfuerzos emprendidos para fortalecer nuestro desarrollo económico, apuntalar nuestra competitividad y generar nuevos empleos, entre otros”.

Cabe resaltar que no se informó a la Comisión Permanente en específico, de ninguna reunión con líderes de empresas en materia de energía.

Sin embargo conforme a los boletines de prensa que salieron de su oficina se dio a conocer que esta reunión con “empresas trasnacionales más importantes del mundo” fue la que organizó Nestlé.

Sin embargo, llevo a cabo otra reunión en la que según trascendió a la empresa, se habría reunido con petroleras internacionales para ser felicitado por haber permitido que fueran estas empresas extranjeras y no Pemex, las que diseñaran los nuevos contratos, que como se ha denunciado, son inconstitucionales.

Conforme al boletín correspondiente se expuso:

“Calderón expuso a los directivos de BP, Royal Dutch Shell, Statoil, Total y ENI: Tony Hayward, Peter Voser, Margaret Ovrum, Thierry Desmarest y Roberto Poli, respectivamente, los principales puntos de la reforma energética en nuestro país.

“Explicó que esta reforma pone al sector petrolero mexicano en la ruta de la modernización, debido a que le permite a Pemex contratar servicios en la industria petrolera de manera más competitiva, con mejores costos y nueva tecnología, para incrementar la inversión y la eficiencia en la industria.”

Esto representa un informe ambiguo por lo que es preciso que la Cámara de Diputados conozca con amplitud tan importante y trascendente información para nuestro país y su desarrollo.

Por lo expuesto, solicito a esta asamblea que apruebe la siguiente pregunta parlamentaria en términos del artículo 93 constitucional:

¿Cuáles fueron los alcances de la reunión sostenida en Davos, Suiza, entre Felipe Calderón y las empresas petroleras trasnacionales?

Diputada Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Tiene la palabra el diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a que considere una propuesta de modificación al punto 11, etiquetado, de la Norma Oficial Mexicana 086-SSA-1994.

El diputadoJosé Manuel Agüero Tovar :Gracias, con su venia, señor presidente. En nuestro país la introducción de los organismos genéticamente modificados data del año de 1988. De ahí a la fecha, muchas empresas dedicadas a la importación y comercialización en México no cuentan con la información suficiente en torno a los mismos.

La población ha tenido que seguir los estándares de empresas destinadas a la producción y comercialización de alimentos básicos para la alimentación. Un 96 por ciento de los consumidores mexicanos ignora qué son los transgénicos o no saben si los están consumiendo o en qué alimentos se encuentran. En tanto que un 98 por ciento opina que las empresas deben informar en sus etiquetas si sus productos contienen o no transgénicos.

México importa de Estados Unidos más de 6 millones de toneladas de maíz cada año, de las cuales el 45 por ciento es transgénico. La autoridad sanitaria permite la comercialización para su consumo humano de 31 transgénicos de soya, canola, maíz, algodón, papa, jitomate y alfalfa. Estos ingredientes entran en nuestra alimentación diaria sin control alguno y, peor aún, sin consentimiento expreso de los consumidores.

Los mexicanos tenemos derecho a saber si los alimentos que adquirimos para nuestras familias contienen ingredientes transgénicos o son derivados de transgénicos. Los cultivos transgénicos son organismos creados en el laboratorio con una técnica que permite insertar genes de bacterias o virus a plantas o animales y a cultivos como el maíz y la soya. Estas técnicas permiten a los científicos saltarse la selección natural y la evolución al intercambiar genes entre especies que naturalmente no podrían cruzarse.

La industria biotecnológica, interesada en vender transgénicos, ha señalado que no hay datos para confirmar daños en la salud. Pero también es cierto que tampoco existen datos científicos publicados que garanticen que no habrá esos daños.

Los transgénicos son usados en dos de cada tres productos que consumimos día a día en los supermercados tales como panes, alimentos infantiles, cervezas, refrescos, licores, embutidos, botanas, leche en polvo, jugos, mermeladas, alimentos animales y un largo, largo etcétera.

Con mérito de lo expuesto sobre el avance del consumo de productos transgénicos y el marco jurídico competente en materia de información pública, de la que deberá prevalecer siempre el principio de máxima publicidad, prevención de daños a la salud pública y la obligatoriedad del Estado en garantizar salud, someto a consideración de este pleno el siguiente punto de acuerdo que propone a la Secretaría de Salud considere y haga suya la siguiente modificación en el sentido incluyente que propone al punto 11, etiquetado, de la Norma Oficial Mexicana 086-SSA-1994, la siguiente propuesta de modificación:

Para los productos orgánicamente modificados o elaborados con insumos transgénicos, indistintamente del gen o genes y su grado de modificación, contengan la leyenda este producto es transgénico o contiene ingredientes transgénicos.

Por obviedad de tiempo, le pido que se inserte completo el texto. Mil gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a considerar y hacer suya una propuesta de modificación del punto 11, “Etiquetado”, de la Norma Oficial Mexicana 086-SSA-1994, a cargo del diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, José Manuel Agüero Tovar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Salud a considerar y hacer suya una modificación del punto 11, “Etiquetado”, de la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SSA-1994, con el propósito de que los productos que contengan organismos genéticamente modificados sean etiquetados con la leyenda “Este producto es transgénico o contiene ingredientes transgénicos”.

Antecedentes

En el país, la introducción de los organismos genéticamente modificados data de 1988, cuando la empresa Campbell’s experimentó en el jitomate. De esto se derivó gran variedad de productos genéticamente modificados. A la fecha, muchas empresas dedicadas a la importación y comercialización en México no cuentan con información suficiente y contundente y mucho menos necesaria en torno de ellos.

Con la importación de los productos genéticamente modificados, la población ha tenido que seguir los estándares de empresas destinadas a la producción y comercialización de alimentos, tanto para consumo humano como animal, considerando la necesidad preponderante de que tales productos son básicos en su mayoría para la alimentación en la población, que es de más de 100 millones de habitantes.

De los consumidores mexicanos, 96 por ciento ignora qué son los transgénicos o no sabe si los está consumiendo o en qué alimentos se encuentran; en tanto, 98 por ciento opina que las empresas deben informar en las etiquetas si los productos contienen transgénicos.

México importa de Estados Unidos más de 6 millones de toneladas de maíz cada año, de los cuales 45 por ciento es transgénico.

En el país está prohibido sembrar maíz transgénico; sólo hay permisos para siembra “no comercial” de soya y algodón transgénicos.

La autoridad sanitaria permite la comercialización para consumo humano de 31 transgénicos de soya, canola, maíz, algodón, papa, jitomate y alfalfa. Estos ingredientes entran en nuestra alimentación diaria sin control alguno y sin consentimiento expreso.

Contar de manera oportuna completa, clara y veraz con información de los bienes y servicios que las compañías ofrecen permite a los consumidores elegir qué quieren comprar. Por ello, los mexicanos tenemos derecho a saber si los alimentos que adquirimos para nuestras familias contienen ingredientes transgénicos o derivados de transgénicos.

Este derecho no está garantizado en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (mejor conocida como “Ley Monsanto”), que sólo obliga a informar sobre los transgénicos nutrimentalmente distintos de forma significativa.

Los cultivos transgénicos son organismos creados en el laboratorio con una técnica que permite insertar genes de bacterias o virus a plantas o animales y a cultivos como el maíz y la soya.

Estas técnicas permiten a los científicos saltarse la selección natural y la evolución, al intercambiar genes entre especies que naturalmente no podrían cruzarse.

La principal razón para evitar los transgénicos en los alimentos es la gran incertidumbre científica existente en torno de estos productos.

A la fecha no se han hecho las pruebas y los estudios necesarios para garantizar científicamente que su consumo no tendrá efectos nocivos en el mediano y largo plazos.

La industria biotecnológica, interesada en vender transgénicos, ha señalado que no hay datos para confirmar daños en la salud, pero tampoco existen datos científicos publicados que garanticen que no los habrá.

Los transgénicos son usados en dos de cada tres productos a la venta en los supermercados, como panes, alimentos infantiles, cervezas, dulces, caramelos, chicles, refrescos, licores, embutidos, botanas, sueros, bebidas, leche en polvo, chocolate en polvo, confitería, margarinas, alimentos preparados, jugos, mermeladas y alimentos para animales.

Consideraciones

1. El Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas informa que los organismos genéticamente modificados son cada vez más utilizados en el mundo, y la primera generación de estos productos ya es explotada.

2. El año pasado, 13.3 millones de agricultores aplicaron este tipo de cultivos, lo que significa que aumentó el número de hectáreas donde se cosechan productos transgénicos y, en consecuencia, el consumo de ellos por los seres humanos o mexicanos.

3. Que en el mundo, el comparativo entre la década de 1990 y la época actual es el crecimiento de 74 veces mayor; hay actualmente 125 millones de hectáreas dedicadas a estos cultivos, lo cual nos habla de que los alimentos transgénicos se han convertido en una práctica agrícola de rápida adopción.

4. De los 25 países productores de estos cultivos, 15 están en desarrollo.

Marco jurídico

Consideraciones jurídicas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

El artículo 6o. constitucional, párrafo I, última línea, determina:

Título Primero

Capítulo 1

De las Garantías Individuales

Artículo 6o. ...

(Última línea)El derecho a la información será garantizado por el Estado.

En la fracción I establece con claridad:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes.En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

Consideraciones del Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica

En el ámbito internacional, respecto al Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, México es uno de sus 151 miembros. Entre sus manifestaciones, asumen su compromiso por la salud humana y los potenciales riesgos derivados de los organismos vivos transgénicos, los que expresa de la siguiente manera:

Conscientes de la rápida expansión de la biotecnología moderna y de la creciente preocupación pública sobre sus posibles efectos adversos para la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana,

Teniendo en cuenta la reducida capacidad de muchos países, en especial los países en desarrollo, para controlar la naturaleza y la magnitud de los riesgos conocidos y potenciales derivados de los organismos vivos modificados,

Que en el artículo 11, párrafo octavo, expresa:

Artículo 11

Procedimiento para organismos vivos modificados destinados para uso directo como alimento humano o animal o para procesamiento

8. El hecho de que no se tenga certeza científica por falta de información y conocimientos pertinentes suficientes sobre la magnitud de los posibles efectos adversos de un organismo vivo modificado en la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica en la parte de importación, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana,no impedirá a esa parte, a fin de evitar o reducir al mínimo esos posibles efectos adversos, adoptar una decisión, según proceda, en relación con la importación de ese organismo vivo modificado destinado para uso directo como alimento humano o animal o para procesamiento.

El artículo 18, párrafo segundo, inciso a), establece:

Artículo 18

Manipulación, transporte, envasado e identificación

2. Cada parte adoptará las medidas para requerir que la documentación que acompaña a

a) Organismos vivos modificados destinados a uso directo como alimento humano o animal, o para procesamiento, identifica claramente que “pueden llegar a contener” organismos vivos modificados y que no están destinados para su introducción intencional en el medio, así como un punto de contacto para solicitar información adicional. La conferencia de las partes, en su calidad de reunión de las partes en el presente protocolo, adoptará una decisión acerca de los requisitos pormenorizados para este fin, con inclusión de la especificación de su identidad y cualquier identificación exclusiva, a más tardar dos años después de la fecha de entrada en vigor del presente protocolo;

Conforme al objetivo establecido en

Anexo III

Evaluación del riesgo

Objetivo

El objetivo de la evaluación del riesgo, en el marco del presente protocolo, es determinar y evaluar los posibles efectos adversos de los organismos vivos modificados en la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica en el probable medio receptor, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana.

Que encontrando en los siguientes fundamentos los soportes de manera contundente como abajo se cita:

Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados

Título Primero

Disposiciones Generales

Capítulo I

Objeto y Finalidades

Artículo 1. La presente ley es de orden público y de interés social, y tiene por objeto regular las actividades de utilización confinada, liberación experimental, liberación en programa piloto, liberación comercial,comercialización, importación y exportación de organismos genéticamente modificados,con el fin de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que estas actividades pudieran ocasionar a la salud humana o al ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola.

Artículo 2. Para cumplir su objeto,este ordenamiento tiene como finalidades:

I. Garantizar un nivel adecuado y eficiente de protección de la salud humana, del ambiente y la diversidad biológica y de la sanidad animal, vegetal y acuícola, respecto de los efectos adversos que pudiera causarles la realización de actividades con organismos genéticamente modificados;

II. Definir los principios y la política nacional en materia de bioseguridad de los OGM y los instrumentos para su aplicación;

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entiende por

I. aIV. ...

V. Bioseguridad: Las acciones y medidas de evaluación, monitoreo, control y prevención que se deben asumir en la realización de actividades con organismos genéticamente modificados,con objeto de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que dichas actividades pudieran ocasionar a la salud humana o al ambiente y la diversidad biológica, incluyendo los aspectos de inocuidad de dichos organismos que se destinen para uso o consumo humano.

Capítulo II

Principios en materia de Bioseguridad

Artículo 9. Para la formulación y conducción de la política de bioseguridad y la expedición de la reglamentación y de las normas oficiales mexicanas que deriven de esta ley, se observarán los siguientes principios:

I. ...

II. El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho de toda persona a vivir en un ambiente adecuado para su alimentación, salud, desarrollo y bienestar;

III. yIV. ...

V. La protección de la salud humana, del ambiente y de la diversidad biológica exige que se preste la atención debida al control y manejo de los posibles riesgos derivados de las actividades con OGM, mediante una evaluación previa de dichos riesgos y el monitoreo posterior a su liberación;

VI. y VII. ...

VIII. Los posiblesriesgos que pudieran producir las actividades con OGM a la salud humana y a la diversidad biológica se evaluarán caso por caso. Dicha evaluación estará sustentada en la mejor evidencia científica y técnica disponible;

IX. ...

X. Deben ser monitoreados los efectos adversos que la liberación de los OGM pudieran causar a la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los posibles riesgos para la salud humana;

XI. aXIV. ...

XV. La aplicación de esta ley, los procedimientos administrativos y criterios para la evaluación de los posibles riesgos que pudieran generar las actividades que regula esta ley, los instrumentos de control de dichas actividades, el monitoreo de las mismas, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas que de ella deriven, los procedimientos de inspección y vigilancia para verificar y comprobar el cumplimiento de esta ley y de las disposiciones que de ella deriven, la implantación de medidas de seguridad y de urgente aplicación, y la aplicación de sanciones por violaciones de los preceptos de esta ley y las disposiciones que de ella emanen son la forma en queel Estado mexicano actúa con precaución, de manera prudente y con bases científicas y técnicas para prevenir, reducir o evitar los posibles riesgos que las actividades con OGM pudieran ocasionar a la salud humana o al ambiente y la diversidad biológica;

Título Quinto

De la Protección de la Salud Humana en relación con los OGM

Capítulo I

De las Autorizaciones de OGM

Artículo 91. Los OGM objeto de autorización son los siguientes:

I. Los que se destinen a su uso o consumo humano, incluyendo granos;

II. Los que se destinen al procesamiento de alimentos para consumo humano;

Para los efectos de esta ley, también se consideran OGM para uso o consumo humano los que sean para consumo animal y que puedan ser consumidos directamente por el ser humano.

Título Sexto

Etiquetado e Identificación de OGM

Artículo 101. Los OGM o productos que contengan organismos genéticamente modificados, autorizados por la Ssa por su inocuidad en los términos de esta ley y que sean para consumo humano directo, deberán garantizar la referencia explícita de organismos genéticamente modificados y señalar en la etiqueta la información de su composición alimenticia o sus propiedades nutrimentales, en los casos en que estas características sean significativamente diferentes respecto de los productos convencionales, y además cumplir los requisitos generales adicionales de etiquetado conforme a las normas oficiales mexicanas que expida la Ssa, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Salud y sus disposiciones reglamentarias, con la participación de la Secretaría de Economía.

Que según las consideraciones establecidas en la siguiente

Ley General de Salud

Capitulo XII Bis

Productos Biotecnológicos

Artículo 282 Bis. Para los efectos de esta ley, se consideran productos biotecnológicos los alimentos, ingredientes, aditivos, materias primas, insumos para la salud, plaguicidas, sustancias tóxicas o peligrosas, y sus desechos en cuyo proceso intervengan organismos vivos o parte de ellos, modificados por técnica tradicional o ingeniería genética.

Artículo 282 Bis 1. Se deberá notificar a la Secretaría de Salud de todos los productos biotecnológicos o de los derivados de éstos que se destinen al uso o consumo humano.

Artículo 282 Bis 2. Las disposiciones y especificaciones relacionadas con el proceso, características y etiquetas de los productos objeto de este capítulo se establecerán en las normas oficiales mexicanas correspondientes.

En cuanto a la NOM-086-SSA-1994, se establece:

La interpretación de la NOM-086-SSA-1994, sobre bienes y servicios, alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales.

En el punto 11, “Etiquetado”, especifica que la etiqueta de los productos objeto de esta norma, además de cumplir lo establecido en el reglamento y la NOM correspondiente, deben sujetarse a lo siguiente: enumera que éstos deberán ser etiquetados; varios productos serán por restauración, en su contenido de soya, por su contenido de grasa, por cantidades de grasa saturada o colesterol y de otras características.

Sin embargo, para la condición del etiquetado, en el caso de los organismos genéticamente modificados no aparece la condición de la obligatoriedad de estos productos.

De lo anterior podemos deducir lo siguiente respecto a las responsabilidades y obligaciones del Estado:

1. Que en virtud de que esta información la tiene el gobierno federal a través de sus secretarías y autoridades competentes, es información pública.

2. Que siendo competencia y responsabilidad de las autoridades la información de los organismos transgénicos, deberán informar a los consumidores finales, con arreglo a los derechos sobre la información de los alimentos que consumen.

3. Que ante la declarada incertidumbre sobre los potenciales efectos adversos a la salud humana, deberán informar a los consumidores sobre el contenido y genes manipulados de estos alimentos y sus posibles consecuencias.

4. Que en la cita del Protocolo de Cartagena en el octavo párrafo “no impedimento de la parte –en este caso nuestro país- a fin de evitar o reducir al mínimo esos posibles efectos adversos”, no implica la omisión de la obligatoria responsabilidad constitucional de las autoridades para con los ciudadanos que consuman o pudieran consumir voluntaria o involuntariamente alimentos modificados genéticamente.

5. Que en el Protocolo de Cartagena, respecto de la identificación en su artículo dieciocho en su párrafo segundo inciso a)... “pueden llegar a contener”, se extienda la identificación citada hasta el consumidor y no se mantenga la información sólo en el tránsito e internación de estos productos en el país.

6. Que esta información atiende a un principio precautorio al que las autoridades deberán atenerse en cumplimiento de la responsabilidad que tienen con los ciudadanos, ante el desconocimiento de la naturaleza, alcance y magnitudes de los alimentos transgénicos sobre los humanos, y destacando que el mismo protocolo lo declara, y siendo México parte firmante de él, debe atender a sus principios rectores.

7. Que derivado de la presente Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, así como de la Ley General de Salud, se exalta obligación del Estado de garantizar el cuidado y la prevención de riesgos en la salud del ser humano a través de diferentes normas y políticas a efecto de mantener como máxima prioridad la seguridad de la población en materia de salud.

Y destacando que con fundamento en la

Ley General sobre Metrología y Normalización

Capítulo II

De las Normas Oficiales Mexicanas y de las Normas Mexicanas

Sección I

De las Normas Oficiales Mexicanas

Artículo 44. En el párrafo quinto faculta

Las personas interesadas podrán presentar a las dependencias, propuestas de normas oficiales mexicanas, las cuales harán la evaluación correspondiente y en su caso, presentarán al comité respectivo el anteproyecto de que se trate.

En mérito de lo expuesto sobre el avance en el consumo de productos transgénicos, y en el marco jurídico correspondiente, y considerando las responsabilidades del Estado en materia de información pública de la que deberá prevalecer el principio de “máxima publicidad”, prevención de daños a la salud pública y la obligatoriedad del Estado de garantizar salud, conforme a la máxima y principio legal de la precautoriedad y en uso de las atribuciones citadas en el proemio de este documento, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se propone a la Secretaría de Salud que considere y haga suya la siguiente modificación en el sentido incluyente del punto 11, “Etiquetado”, de la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SSA-1994:

Para los productos orgánicamente modificados o elaborados con insumos transgénicos, indistintamente del gen o genes y su grado de modificación, contenga la leyenda:

“Este producto es transgénico o contiene ingredientes transgénicos.”

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2010.— Diputado José Manuel Agüero Tovar (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Insértese el texto completo en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Salud.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Tiene la palabra el diputado César Augusto Ramírez Santiago, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo para solicitar que se realice una auditoría al gasto de las áreas de Comunicación Social de la Presidencia de la República.

El diputadoCésar Augusto Ramírez Santiago :Buenas tardes, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, quiero el día de hoy hacer una breve reflexión, antes del simulacro del sismo, que espero que gracias a esa convocatoria me hagan el favor de atender mi reflexión.

Digo, compañeras y compañeros, que no debemos perder –los diputados cuando menos– nuestra capacidad de asombro, que parece que en el país se ha convertido en algo ya de uso cotidiano el que todos los días ocurren noticias, acontecimientos, eventos, situaciones, hechos, de tal magnitud que nos parecen al poco tiempo cosas común y corrientes. Nos hemos olvidado de asombrarnos ante las cuestiones de la vida cotidiana y ahora me temo que también en las cosas de la vida pública.

Perdonen que traiga este tema a colación el día de hoy, porque creo que ya es un poco fuera de tiempo, pero intenté hacerlo en otras ocasiones y hasta el día de hoy me tocó el turno.

Lo digo con respeto para los señores diputados de Acción Nacional, que pueden estar totalmente en desacuerdo con lo que voy a decir, pero que antes de manifestar esa inconformidad, lo piensen bien, porque el punto de mi reflexión es que pienso que el señor presidente de la República ante los ojos de la nación ha mentido clara, llana y categóricamente.

Hace unos días, ustedes escucharon, con asombro –debo decirlo– algunos pocos, que el presidente de la República reprochó a los medios masivos de comunicación el que difundan actos y hechos de lo que él llamó “la narcocampaña” de manera gratuita. Y dijo, acto seguido “a nosotros nos cuestan millones las primeras planas de los medios masivos de comunicación”. Sostengo que esto es falso, que no es cierto. No creo que los medios masivos de comunicación vendan sus primeras planas para que el presidente de la República se anuncie en esas primeras planas.

Tengo confianza y certeza en que los medios masivos de comunicación de nuestro país cumplen muy bien con su trabajo.

Si en efecto el señor presidente de la República ha usado el dinero público en comprar primeras planas de los diarios nacionales, estoy proponiendo que la Auditoría, el órgano de fiscalización superior nos diga en qué renglón del presupuesto está haciendo recargar esas inserciones, ¿quién le dio autorización para gastar el dinero en las primeras planas de los periódicos? ¿A cuánto asciende este gasto y qué es lo que ha pagado que se publique en las primeras planas de los periódicos?

Si la afirmación, si mi punto de acuerdo, señor presidente, no lo turna usted a la Comisión de Vigilancia del órgano de fiscalización superior para realizar las investigaciones correspondientes, quedaremos ante la circunstancia de que el presidente una vez más ha mentido, simple y llanamente. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a solicitar al órgano superior de fiscalización que revise el gasto de las áreas de comunicación social de la Presidencia de la República, sobre los recursos utilizados en el pago de propaganda publicitaria por el primer mandatario y los secretarios de Estado, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, César Augusto Santiago Ramírez, diputado federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, somete a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Considerandos

Uno. Es ostensible el número de impactos publicitarios que el gobierno federal despliega cotidianamente tanto en medios nacionales como en las entidades federativas.

Dos. El presidente de la República aparece en múltiples ocasiones todos los días, con los más variados temas de la vida política de este país, emitiendo declaraciones, dialogando en eventos públicos y hasta en algunos casos, oficiando como maestro de ceremonias, como ocurrió en su última aparición en el evento de Ciudad Juárez Chihuahua.

Tres. Los medios dan cuenta de esta incesante actividad publicitaria del presidente, que ahora nos enteramos le cuesta sumas millonarias que él paga para ocupar, hay que reconocerlo, muchas veces sin éxito, las primeras planas en periódicos de este país.

Cuatro. El jueves 25 de febrero, del año en curso, en una visita del presidente Calderón a Yucatán, imputó a la prensa difundir gratis, narcomensajes y amplificar los problemas del país que él mismo consideró “se ha convertido en un deporte”. Al mismo tiempo señaló que ha empresas y gobierno, “nos cuesta millones una primera plana y a ellos gratis” (se refiere a los autores de las narcomantas).

Cinco. Es muy delicada su aseveración porque en el caso de ser cierta, tendría que informar puntualmente cuántas primeras planas ha comprado, con qué propósitos y sustentado en que región presupuestal se han ejercido los recursos.

Seis. Estoy seguro que los periódicos no cobran por sus primeras planas, por lo que, se demostraría que la afirmación presidencial es tan solo un ardid publicitario que no puede quedar impune, porque daña el prestigio y la solvencia de los diarios de este país, que estoy seguro, no cobran a nadie por la emisión de sus notas de primera plana.

Siete. Es muy delicado que el presidente de la República, insista en este frenesí declarativo que lo lleva a conflictuar a todos contra todos y es urgente recuperar la sobriedad y el sentido republicano de la Presidencia de la República que debiera estar ocupado de los asuntos de la república en vez de estar interesado en confrontar a todos contra todos para genera un caos político, que sólo puede beneficiar al autoritarismo.

Por lo anterior, someto a consideración del pleno el siguiente

Punto de acuerdo

Único. Para que la Comisión de Vigilancia del órgano de fiscalización superior solicite la realización inmediata de una auditoría a la oficina u oficinas encargadas del gasto publicitario de la Presidencia de la República, a efecto de indagar concretamente, como lo afirmó el presidente Calderón, “cuántas primeras planas han pagado, a qué medios y cuánto es el importe y justificación presupuestal de tal uso de los dineros públicos”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2010.— Diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Gracias a usted, diputado.Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Sí, diputado Fernández Noroña.

El diputadoJosé Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Estoy totalmente de acuerdo con lo expresado por el diputado César Augusto Ramírez Santiago, pero reiteradamente habló de un presidente de la República que no existe, Calderón usurpa la Presidencia de la República. Muchas gracias, diputado presidente. Aunque digan ya, así es, diputados panistas.

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Tiene la palabra el diputado Juan Pablo Escobar Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de los poderes ejecutivos de los estados y del Distrito Federal para que elaboren sus programas de derechos humanos.

El diputado Juan Pablo Escobar Martínez :Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en la actualidad los derechos humanos, civiles, políticos, culturales, económicos, sociales y ambientales son reconocidos como un cuerpo independiente, universal e indivisible.

El viernes 29 de agosto de 2008 el presidente Felipe Calderón Hinojosa tuvo a bien publicar en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012.

Estas políticas públicas del gobierno federal en materia de derechos humanos son el resultado de la participación activa de diferentes órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y órganos públicos de defensa de derechos humanos. La estrategia establecida en el programa mencionado profundiza en cuatro temas fundamentales:

La inclusión de una perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas, la implementación de los mecanismos de colaboración y coordinación entre los Poderes de la Unión y los órdenes de gobierno, la promoción y difusión de una cultura de derechos humanos y la debida armonización legislativa.

Dichos temas obligan a la intervención de todas las dependencias y entidades de la administración. Asimismo, este programa plantea el pleno reconocimiento de los derechos humanos más allá de la concepción tradicional, considerando que el tema de derechos humanos es fundamental para la consolidación del desarrollo del sistema democrático en nuestro país.

Que toda actividad de los poderes públicos debe estar investida del espíritu de los derechos fundamentales y se debe aplicar en cada uno de los procedimientos de la administración pública un sentido humanista, pues los destinatarios finales de toda la actividad gubernamental son las personas.

Que los gobiernos estatales y del Distrito Federal despliegan por la naturaleza misma de sus atribuciones legales una atención y un contacto inmediato con los ciudadanos.

Que se considera necesario que las 32 entidades federativas elaboren sus respectivos programas en materia de derechos humanos, con la finalidad de que toda la actividad pública se desarrolle con un sentido humanista y de irrestricto respeto a los derechos fundamentales reconocidos a nivel internacional.

Que la sociedad mexicana reclama una actitud diferente de sus autoridades.

Que las entidades federativas tienen una gran interacción con la ciudadanía.

Por ello, creemos conveniente e indispensable que también ellas elaboren sus programas estatales y para el Distrito Federal en la materia de derechos humanos.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de  Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. Se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos de los 31 estados de la República y del Distrito Federal que no hubiesen elaborado sus respectivos programas de derechos humanos para que, en la medida de sus atribuciones, elaboren y expidan los mismos con el fin de coadyuvar y fortalecer los propósitos establecidos en el Programa Nacional de Derechos Humanos.

Diputado presidente, solicito a usted que este punto de acuerdo sea insertado íntegro en el Diario de los Debates. Muchas gracias, por su atención.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos de los 31 estados y del Distrito Federal que no hubiesen elaborado sus respectivos programas de derechos humanos a expedirlos, dentro de sus atribuciones, a fin de coadyuvar y fortalecer los propósitos del Programa Nacional de Derechos Humanos, a cargo del diputado Juan Pablo Escobar Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Juan Pablo Escobar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, fracción primera, y 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo de conformidad con los siguientes

Antecedentes

En la actualidad los derechos humanos, civiles, políticos, culturales, económicos, sociales y ambientales son reconocidos como un cuerpo interdependiente, universal e indivisible.

El viernes 29 de agosto de 2008 el ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tuvo a bien publicar en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012.

El programa establece los objetivos, las estrategias y las líneas de acción dirigidas a garantizar el respeto de los derechos humanos en toda la administración pública federal. Para contribuir a la modificación del enfoque de las políticas públicas para la defensa de los derechos humanos, con la visión de superar la simple restitución en el goce de éstos.

Estas políticas públicas del gobierno federal en materia de derechos humanos son el resultado de la participación activa de diferentes órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y órganos públicos de defensa de derechos humanos.

La estrategia establecida en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 profundiza en cuatro temas fundamentales:

• La inclusión de una perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas;

• La implantación de los mecanismos de colaboración y coordinación entre los Poderes de la Unión y los órdenes de gobierno;

• La promoción y difusión de una cultura de derechos humanos; y

• La debida armonización legislativa.

Dichos temas obligan la intervención de todas las dependencias y entidades de la administración. Asimismo este programa plantea  el pleno reconocimiento de los derechos humanos, más allá de la concepción tradicional.

El Programan Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 descansa en cuatro grandes objetivos:

1. Fortalecer la perspectiva de derechos humanos en la elaboración de las políticas públicas de la administración pública federal;

2. Fortalecer e institucionalizar mecanismos jurídicos y administrativos que garanticen la defensa y promoción de los derechos humanos;

3. Consolidar una cultura de respeto y defensa de los derechos humanos; y

4. Fortalecer el cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas de tratados e instrumentos jurídicos de derechos humanos y promover ese cumplimiento al interior del Poder Legislativo, Judicial y ante los tres órdenes de gobierno.

Consideraciones

Que el tema de derechos humanos es fundamental para la consolidación del desarrollo del sistema democrático en nuestro país.

Que toda actividad de los poderes públicos debe de estar investida del espíritu de los derechos fundamentales, así mismo se debe de aplicar en cada uno de los procedimientos de la administración pública un sentido humanista, pues los destinatarios finales de toda la actividad gubernamental son las personas.

Que los gobiernos estatales y del Distrito Federal despliegan por la naturaleza misma de sus atribuciones legales, una atención de espectro amplio y con un contacto inmediato con los ciudadanos.

Que se considera necesario que  las 32 entidades federativas elaboren sus respectivos programas en la materia de derechos humanos, lo anterior con la finalidad de que toda la actividad pública se desarrolle con un sentido humanista y de irrestricto respeto a los derechos fundamentales reconocidos a nivel internacional.

Que la administración pública tiene que ser punta de lanza en este tema, la sociedad mexicana reclama una actitud diferente de sus autoridades.

Que las entidades federativas tienen una gran interacción con la ciudadanía por ello creemos conveniente e indispensable que también ellas elaboren sus programas estatales y para el distrito federal en materia de derechos humanos.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos de los 31 estados de la república y el Distrito Federal, que no hubiesen elaborado sus respectivos programas de derechos humanos, a elaborarlos y expedirlos, en la medida de sus atribuciones, a fin de coadyuvar y fortalecer los propósitos establecidos en el programa nacional de derechos humanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2010.— Diputados: Juan Pablo Escobar Martínez, César Octavio Pedroza Gaitán (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Gracias, señor diputado. Insértese íntegramente en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.

SIMULACRO DE SISMO

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Sí, diputado Jaime Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Nos tenemos que ir.

(Simulacro)

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz (13:18 horas): Señoras y señores diputados, reanudamos nuestra sesión.

La proposición del diputado Juan Pablo Escobar Martínezse turna a la Comisión de Derechos Humanos.

PROGRAMA DE EMPLEO PARA JOVENES

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Tiene la palabra el diputado Onésimo Mariscales Delgadillo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que instruya a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que coordine y elabore un programa de empleo para los jóvenes del país.

El diputado Onésimo Mariscales Delgadillo :Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el creciente desempleo es una manifestación de las irregularidades de la política económica aplicada al no responder a la demanda de mayores fuentes de trabajo con salarios, sueldos y prestaciones que garanticen mejores niveles de vida para los trabajadores y sus familias.

Los mexicanos están agobiados, no creen en la política, y mucho menos en el modelo económico. La desesperanza se escucha en el transporte público, en las pláticas de café y puede leerse en los chats que ahora están tan de moda en nuestro país.

Hace algunos años, el presidente Felipe Calderón se autodenominó como el presidente del empleo, sin embargo, para la mayoría de los mexicanos eso fue un engaño, pues están viviendo una etapa de desencanto, desánimo y desatención por parte del gobierno federal.

Además, los jóvenes son excluidos de la oportunidad del primer empleo porque siempre les piden experiencia mínima de un año, y los errores políticos que el presidente Calderón ha cometido al olvidar la inclusión de los jóvenes en la fuerza de trabajo son por demás evidentes. Para muestra lo siguiente:

La tasa de personas que se quitaron la vida en 2006, último año del que se cuenta registro, fue de 3.2 por cada 100 mil habitantes.

El 28.6 de los intentos se concentran en la población entre 15 y 19 años, y 16.6 de los suicidios consumados son de jóvenes entre 20 y 24 años.

El consumo de drogas también aumentó. La Secretaría de Salud reporta que en los últimos nueve años que llevamos de gobiernos panistas, la drogadicción aumentó 50 por ciento. En 2002 había 158 mil personas adictas en el país, ahora son 307 mil.

Otro dato que habla de la violencia detonada por el incipiente nivel de vida es la delincuencia, la cual año tras año, según la Secretaría de Seguridad Pública federal, se incrementa 2 por ciento e involucra cada vez más a jóvenes y mujeres.

De acuerdo con el Inegi, la población desocupada asciende a 2.9 millones de personas. Por si esos datos fueran poco creíbles, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleos del Inegi reportó que en el tercer trimestre del año 2.9 millones de personas en el país estuvieron desocupadas, con lo que la tasa de desempleo llegó a 6.2 por ciento.

De acuerdo con el reporte del Inegi, 159 mil personas perdieron su empleo, 145 mil renunciaron y otras 22 mil cerraron su negocio, mientras que más de 40 mil refirieron no tener ninguna experiencia laboral. Para muestra, el último informe que acaba de dar el Inegi del creciente desempleo y pérdida de empleos en este país. Citas y datos ofrecidos por el Inegi.

Asimismo en el presupuesto para el año 2010, aprobado por esta Cámara, se autorizaron recursos crecientes a diferentes secretarías de Estado para infraestructura, salud, educación, campo y, sobre todo, para generación de empleos.

Por lo expuesto solicito, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a que coordine y elabore el programa de empleo para los jóvenes del país, con la participación que corresponda a las demás entidades del gobierno federal, tomando en consideración la asignación de recursos del Presupuesto 2010.

Segundo. Se solicita del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que informe a esta soberanía, dentro de un plazo de 3 meses, las acciones y medidas que haya realizado en cumplimiento del punto anterior.

Tercero. Comuníquese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Cámara a efecto de que sirva de enlace con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y dé seguimiento al cumplimiento de este acuerdo.

Solicito se inscriba el texto íntegro del punto de acuerdo en el Diario de los Debates. Esta propuesta la firman todos los diputados priistas del estado de Sonora. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la STPS a efecto de que coordine y elabore un programa de empleo para los jóvenes, con la participación correspondiente de las demás entidades gubernamentales, según la asignación de recursos del Presupuesto de 2010, a cargo del diputado Onésimo Mariscales Delgadillo, del Grupo Parlamentario del PRI

Onésimo Mariscales Delgadillo, en nombre propio, como diputado federal a la LXI Legislatura, y de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional que suscriben el presente documento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a efecto de que elabore y coordine un programa de empleo para los jóvenes del país, con la participación que corresponda a las demás entidades del gobierno federal, tomando en consideración la asignación de recursos del Presupuesto 2010, con base en los siguientes

Antecedentes

1. El creciente desempleo es una manifestación de las irregularidades de la política económica aplicada, por no responder a la demanda de mayores fuentes de trabajo, con salarios, sueldos y prestaciones que garanticen mejores niveles de vida para los trabajadores y sus familias.

2. Los mexicanos están agobiados. No creen en la política y mucho menos en el modelo económico. La desesperanza se escucha en el transporte público y en las pláticas de café, y puede leerse en los chats, ahora tan de moda en el país.

3. Hace algunos años, el presidente Felipe Calderón se autodenominó como“el presidente del empleo”. Sin embargo, para la mayoría de los mexicanos eso fue un engaño, pues están viviendo una etapa de desencanto, desánimo y desatención por el gobierno federal. Además, los jóvenes son excluidos de la oportunidad del primer empleo porque siempre les piden experiencia mínima de un año.

4. Y los errores políticos que el presidente Calderón ha cometido al olvidar la inclusión de los jóvenes en la fuerza de trabajo son por demás evidentes. Para muestra, lo siguiente:

• La tasa de personas que se quitaron la vida en 2006, último año del que se cuenta con registro, fue de 3.2 por cada 100 mil individuos.

• De los intentos, 28.6 por ciento se concentra en la población de entre 15 y 19 años; y 16.6 por ciento de los suicidios consumados corresponde a jóvenes de entre 20 y 24 años.

• El consumo de drogas también aumentó. La Secretaría de Salud reporta que en los últimos 9 años la drogadicción creció en 50 por ciento.

• En 2002 había 158 mil personas adictas en el país. Ahora son 307 mil.

• Otro dato que habla de la violencia detonada por el incipiente nivel de vida es la delincuencia, la cual año tras año, según la Secretaría de Seguridad Pública federal, se incrementa 2 por ciento e involucra a cada vez más jóvenes y mujeres.

• De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la población desocupada asciende a 2.9 millones de personas.

5. Por si esos datos fueran poco creíbles, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi reportó que en el tercer trimestre del año 2.9 millones de personas en el país estuvieron desocupadas, con lo que la tasa de desempleo llegó a 6.2 por ciento. De acuerdo con el reporte del Inegi, 159 mil personas perdieron el empleo, 145 mil renunciaron y otras 22 mil cerraron su negocio, mientras que más de 40 mil refirieron no tener ninguna experiencia laboral.

La misma encuesta expone que en el tercer trimestre de 2009 las tasas de desocupación más altas correspondieron a Chihuahua y Coahuila de Zaragoza, con 9.7 por ciento cada una; Distrito Federal, con 8.7; Nuevo León, con 8.5; Querétaro, con 8.4; y Aguascalientes, con 8.2.

6. Sabemos que la crisis económica por la que atraviesa el país presiona fuertemente al sector laboral nacional, y por primera vez en muchos años está por encima de 6 por ciento de la población económicamente activa, lo que revela un crecimiento notable de la demanda no satisfecha de muchos mexicanos por obtener un ingreso.

Parados. De acuerdo con la ENOE, el nivel de desempleo registrado a septiembre representa 6.2 por ciento de la fuerza laboral total de México. (Foto: Especial.)

7. En el Presupuesto para 2010, aprobado por esta Cámara, se autorizaron recursos crecientes a diferentes secretarías de Estado para infraestructura, salud, educación, campo y, sobre todo, generación de empleos.

Por lo expuesto, solicito, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a efecto de que coordine y elabore el programa de empleo para los jóvenes del país, con la participación que corresponda a las demás entidades del gobierno federal, tomando en consideración la asignación de recursos del Presupuesto de 2010.

Segundo. Se solicita del secretario del Trabajo y Previsión Social que informe a esta soberanía dentro de un plazo de tres meses sobre las acciones y medidas que haya realizado en cumplimiento de lo dispuesto en el punto anterior.

Tercero. Comuníquese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Cámara, a efecto de que sirva de enlace con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y dé seguimiento al debido cumplimiento de este acuerdo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2010.— Diputados: Onésimo Mariscales Delgadillo, José Luis Marcos León Perea, Ernesto de Lucas Hopkins, Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Miguel Ernesto Pompa Corella, Jesús Alberto Cano Vélez (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz : Insértese en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

ESTADO DE MEXICO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Tiene la palabra el diputado Sergio Octavio Germán Olivares, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Conagua, y al gobierno del estado de México a que prevengan las inundaciones en el municipio de San Mateo Atenco, en el estado de México.

El diputado Sergio Octavio Germán Olivares :Gracias, señor presidente, con su permiso. Las pasadas lluvias de los meses de enero y febrero del presente año dejaron graves secuelas en varios estados del país y en varios municipios del estado de México. Este tipo de fenómenos demuestra que no siempre estamos preparados para recibir este tipo de contingencias.

Es cierto que el gobierno federal y el gobierno del estado de México han apoyado a las familias mexiquenses, sobre todo en aquellos municipios que fueron declarados zona de desastre, como por ejemplo Nezahualcóyotl, Chalco y Ecatepec.

Sin embargo, en el estado de México existe otro municipio que recurrentemente sufre de estas inundaciones, es el municipio de San Mateo Atenco, que tiene una vocación zapatera y que su comercio es precisamente lo que lo sostiene.

Este municipio sufre de las inundaciones y, como un ejemplo, desde 1928, en aquel entonces el alcalde le pide ayuda al gobernador y le dice que desde el puente de Lerma y hasta los terrenos de la hacienda de la I, donde desemboca el río de Santa Catarina, las aguas habían inundado más de 300 hectáreas.

Fue precisamente en septiembre de 2009 cuando este municipio sufre las primeras consecuencias, más de 800 familias se vieron afectadas y 150 comercios de los distintos pueblos, como Emiliano Zapata o la colonia Isidro Fabela o el barrio de San Pedro. El presidente municipal de San Mateo Atenco, Sergio Fuentes Vázquez, advirtió de la grave problemática y pidió auxilio.

Es importante resaltar que San Mateo Atenco en tan solo 5 meses sufrió dos inundaciones graves. Las pérdidas en estas dos inundaciones superan los 15 millones de pesos, pero lo más preocupante es que no existe un programa que pueda prevenir futuras inundaciones en la siguiente temporada de lluvias.

Quiero hacer mención que la mayor problemática que enfrenta este municipio de San Mateo Atenco es que su situación geográfica lo coloca por debajo del caudal del río Lerma, lo que hace difícil el desalojo de las aguas pluviales.

San Mateo requiere de muchos millones para hacer una magna obra que evite, que prevenga y que ayude a desviar las afluentes de agua que provienen de municipios aledaños como Metepec, Toluca o Zinacantepec.

Si bien los apoyos federales y estatales han servido para mitigar la desgracia de los ciudadanos, se requiere que existan inversiones mayores por parte de las autoridades competentes para poder prevenir futuras inundaciones y evitar que tengamos que lamentar pérdidas humanas.

Los recursos económicos se destinarán para la compra de equipo pesado de bombeo y para el desvío de las aguas que provienen de otros municipios.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a través de la Comisión Nacional del Agua y al gobierno del estado de México para que inviertan y apliquen los recursos necesarios que prevengan las inundaciones en el municipio de San Mateo Atenco, estado de México. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Conagua, y al gobierno del estado de México a aplicar recursos que prevengan inundaciones en San Mateo Atenco, a cargo del diputado Sergio Octavio Germán Olivares, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Sergio Octavio Germán Olivares, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General, presenta proposición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); y al gobierno del estado de México a aplicar los recursos necesarios que prevengan las inundaciones en el municipio de San Mateo Atenco, estado de México, al tenor de los siguientes

Considerandos

Es por todos conocidos los efectos desfavorables que han ocasionado los fenómenos climatológicos atípicos propios de la actual temporada invernal en diversas zonas de la República Mexicana; primero por las ondas gélidas que cubrieron prácticamente a todo el país y en días recientes por las lluvias intensas que han generado verdaderas tragedias en muchos lugares de México.

En este sentido, como representante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional debo reconocer el esfuerzo coordinado que ha encabezado el gobierno federal con los demás órdenes gubernamentales para resarcir las afectaciones que se han presentado en distintas entidades federativas del país.

Considero que la respuesta ha sido rápida para atender las demandas más elementales de los ciudadanos perjudicados por estos eventos en estados como Nayarit, Michoacán, estado de México y el Distrito Federal, entre otros.

No obstante, veo con suma preocupación que este esfuerzo no ha sido suficiente o, al menos, no para ciertas comunidades que han sufrido graves daños por las lluvias y que no se ha reconocido su crítica situación.

Es el caso concreto del municipio de San Mateo Atenco, estado de México, el cual sufre de recurrentes problemas derivados de los fenómenos climatológicos, y el más reciente presentado a principios de este mes de febrero, no ha sido la excepción.

San Mateo Atenco apenas se empezaba a recuperar de la última inundación sufrida el pasado septiembre, en donde salieron afectadas mil 200 familias y 750 casas con inundaciones de entre los 50 centímetros hasta 1 metro con 20 centímetros, cuando se presentó el reciente fenómeno de lluvias intensas generado por el aire húmedo, ambiente frío y la vaguada que afectaron a gran parte de México.

Esta situación ha provocado la presentación de lluvias desde el 30 de enero pasado de manera continua hasta el 4 de febrero, lo que repercutió en severas inundaciones en el municipio, ya que éste se encuentra geográficamente abajo del río Lerma, por lo que recibe todo el líquido pluvial proveniente de Toluca, Zinancatepec, Metepec y Calimaya, entre otras comunidades.

San Mateo tiene la capacidad de expulsar cuatro litros por segundo, el problema es que está recibiendo 19 litros por segundo, lo que agrava su situación. Tan sólo en tres días el agua de las lluvias generadas en esta región, equivalen a la que comúnmente cae en todo un mes.

Las consecuencias de este fenómeno no se han hecho esperar: las principales calles del municipio se inundaron, como son la avenida Juárez, la avenida Independencia y la avenida Lerma.

Por otra parte, se estima que existen 150 comercios dañados y más de 200 casas afectadas. También se reportaron inundaciones en barrios como el de San Pedro y la colonia Isidro Fabela.

Un efecto negativo que inevitablemente acompaña a este fenómeno es el riesgo sanitario que representan las lluvias, por las enfermedades infeccioso-respiratorias, así como enfermedades agudas y neumonías, gastroenteritis, diarrea y deshidratación.

Pero esto es apenas la parte primaria del problema, ya que existe un serio riesgo de que aumente el afluente del río Lerma y se desborde el mismo, lo que afectaría al menos mil viviendas que se sitúan en el barrio de Guadalupe, colindante con los márgenes del río. Nos preocupa que este potencial problema rebase los daños que han ocasionado en eventos anteriores los canales de San Carlos y de San Isidro.

Ante esta realidad, hago uso de esta alta tribuna no solo para pedir el apoyo de las autoridades correspondientes en lo concerniente a la solución concreta de este fenómeno, sino para hacer consciencia y prevenir efectos aún más devastadores para esta región del estado de México.

Si bien los apoyos estatales y federales sirven para sobrellevar las contingencias y atender sus efectos inmediatos, es indispensable contar con un apoyo efectivo y planeado a largo plazo, para que San Mateo Atenco solucione de manera definitiva el problema de las inundaciones que se generan por los canales de San Carlos y San Isidro, que recurrentemente inundan con aguas pluviales y residuales al municipio.

Asimismo, esta estrategia de prevención que solicitamos es fundamental para evitar que el Río Lerma se convierta en otra amenaza importante para San Mateo Atenco.

Los invito a sumarse a este exhorto para garantizar la seguridad de los habitantes de San Mateo Atenco, así como el abasto de los servicios básicos y condiciones mínimas necesarias de salud.

De esta manera, hacemos un exhorto al Poder Ejecutivo federal a través de la Conagua, así como al gobierno del estado de México a enfocarse, coordinadamente, en prevenir y proteger a los habitantes del municipio de San Mateo Atenco y áreas circundantes.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional del Agua; y al gobierno del estado de México a aplicar los recursos necesarios que prevengan las inundaciones en el municipio de San Mateo Atenco, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2010.— Diputados: Sergio Octavio Germán Olivares, Carlos Alberto Pérez Cuevas, Ma. Elena Pérez de Tejada Romero, Carlos Bello Otero, Miguel Angel Terrón Mendoza, Fernando Ferreyra Olivares (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

El diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :El diputado Miguel Ángel Terrón solicita la palabra. Adelante, diputado.

El diputadoMiguel Ángel Terrón Mendoza (desde la curul): Gracias, señor presidente. Sólo para solicitarle al diputado que me permita anexarme a su propuesta en virtud de ser el distrito que represento y, como lo ha señalado, que el gobierno del estado siga trabajando ahí.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Diputado, Germán Olivares, ¿está de acuerdo?

El diputado Sergio Octavio Germán Olivares :Sí.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :El diputado no tiene inconveniente. Señor diputado, adelante, puede usted pasar a la Secretaría.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Sí, diputado Pérez Cuevas.

El diputadoCarlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Diputado, para efecto de solicitarle al proponente el mismo efecto, pero con una adición muy breve, a ver si pudiera.

Que se transparente el uso de los recursos públicos destinados para este efecto y que se evite partidizar, como ha sucedido en Chalco, Ecatepec y Nezahualcóyotl, donde se condiciona la ayuda por personas y grupos vestidos de camisa roja. Que la ayuda sea para todos los afectados, sin condicionamiento de ningún tipo.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Consulto al proponente: ¿está usted de acuerdo con la adición?

El diputado Sergio Octavio Germán Olivares :Estoy de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Está de acuerdo. Puede usted pasar a firmar su adhesión.

El diputado Óscar González Yáñez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Sí, diputado González Yáñez.

El diputadoÓscar González Yáñez (desde la curul): Sí, presidente. Sobre el tema anterior, solicitarle a usted que también la solicitud, el punto de acuerdo sea turnado a la Comisión de Presupuesto, no sólo a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Le agradecería, señor diputado, que nos haga su propuesta por escrito y lo consideraremos.

DELINCUENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Tiene la palabra el diputado Liborio Vidal Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reconsiderar su decisión de disminuir las capacidades y potencialidades para enfrentar a la delincuencia en los municipios del país.

El diputado Liborio Vidal Aguilar :Señor diputado presidente, estimadas diputadas y estimados diputados, con su permiso. Vengo a esta tribuna a presentar un punto de acuerdo que tiene que ver con problemas específicos de seguridad en Yucatán, mi estado, pero que también tiene serias repercusiones en la armonía social que pueda prevalecer, o no, en los municipios de nuestra República Mexicana, lo cual depende en buena medida de la solidez de los programas de seguridad pública municipales.

Coincidirán en la importancia del tema cuando vivimos en climas de incertidumbre y violencia que afectan negativamente la armonía de la vida de gran parte de las regiones de nuestro país.

Con frecuencia se cuestiona el espacio de lo cotidiano que traspasa lo público, debilitando instituciones y desvaneciendo la función de gobierno. Son escenas donde lo público y su distorsión rebasan espacios de lo privado, en familias y en la propia vida individual del mexicano.

En ocasiones se piensa que el régimen actual podrá arribar a buenos resultados en su estrategia de lucha contra la delincuencia. En otro momento nos preguntamos, ¿no es conveniente revisar la estrategia y acercarse más a dialogar con el Legislativo, e incluso el Poder Judicial, y con los gobernadores y fuerzas partidistas?

Son actos de congruencia de gobierno que no observamos, son políticas cuya aplicación propiciaría evitar el desgaste de nuestras instituciones. Son escenarios sumamente complejos en materia de seguridad, donde se aprecian tendencias que dificultan posibilidades del gobierno federal para emprender acciones de impacto positivo en lo económico, en lo político o en lo social.

Hablamos de acciones institucionales para la seguridad que deben fortalecer la coordinación adecuada para funcionar óptimamente. Aquí vale la pena subrayar la política de seguridad hacia los municipios. Para este año, el subsidio para la seguridad pública disminuyó, a través del Subsemun. para algunos municipios. Destaco el caso de Yucatán, donde únicamente a la ciudad de Mérida se le otorgan apoyos para la modernización de sus cuerpos de seguridad.

En cambio, se cancelan los subsidios federales a los municipios de Valladolid y Tizimín, con lo cual se detienen bruscamente los programas de equipamiento, profesionalización y creación de infraestructura donde ya hay avances sustantivos, ya que en años anteriores las reglas de operación sí permitían su acceso.

Aquí únicamente se tomaron en cuenta los indicadores de criminalidad, pero no la necesidad de la prevención. Recordemos que Yucatán es la entidad más segura del país de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. Se exhorta al jefe del Ejecutivo federal a modificar las reglas de operación del Subsemun para este 2010, restituyendo el criterio de que este subsidio beneficie por lo menos a tres municipios por entidad federativa, tal y como prevaleció en el 2009.

Señor presidente, le solicito que este punto de acuerdo sea turnado a la Junta de Coordinación Política para su desahogo inmediato. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reconsiderar la decisión de disminuir las capacidades y potencialidades para enfrentar la delincuencia en los municipios del país, a fin de garantizar que por lo menos a cada entidad de este nivel de gobierno se autorice el presupuesto asignado en 2009, a cargo del diputado Liborio Vidal Aguilar, del Grupo Parlamentario del PVEM

Liborio Vidal Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Los programas de seguridad pública que se implantan en los municipios constituyen un eje fundamental para lograr una verdadera armonía social en el país.

La importancia del tema resulta aún mayor en un clima de violencia que sólo ha generado una descomposición social e inseguridad regional.

Con frecuencia se cuestiona si el espacio de lo cotidiano traspasa lo público debilitando instituciones para desvanecer la función de gobierno. Los liderazgos suelen mostrarse en momentos de desconcierto o con desmesurado optimismo para exhortar a un patriotismo que no propicia plena confianza.

La violencia generada por la delincuencia ha hecho surgir escenarios donde lo público rebasa el ámbito privado, tanto a nivel familiar como en la propia vida individual de los mexicanos.

En ocasiones se piensa que el régimen actual podrá arribar a buenos resultados en su estrategia de lucha contra la delincuencia organizada.

En otros momentos nos preguntamos si el gobierno de Felipe Calderón nos estará encauzando a confrontaciones con la delincuencia organizada sin resultados de corto plazo. Y surge la pregunta: ¿sería conveniente revisar la estrategia de combate del crimen organizado y propiciar un diálogo entre poderes, gobernadores y fuerzas partidistas? Son políticas cuya aplicación propiciaría evitar el desgaste de instituciones.

En este sentido, nos referimos a que se adopten acciones institucionales en materia de seguridad, a fin de fortalecer la coordinación adecuada entre los tres órdenes de gobierno. En este punto vale la subrayar la política pública en materia de seguridad dirigida a los municipios.

El programa sectorial de la Secretaría de Seguridad Pública 2007-2012 contiene dos propósitos fundamentales: combatir la delincuencia y corregir las conductas sociales que propician la comisión de delitos. En el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dicho programa sectorial pretende mediante el respeto de las soberanías estatales y de las autonomías municipales llevar a cabo una acción concurrente de beneficio directo a los municipios con gran incidencia delictiva.

El artículo 10 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 establece que el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun) es un recurso que tiene como objeto fortalecer el desempeño de sus funciones en materia de seguridad pública, salvaguardar los derechos y la integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

En el cumplimiento de los fines del programa sectorial de seguridad pública, los recursos autorizados al Subsemun se destinarían a tres acciones:

• Profesionalización de los elementos policiales e implantación del servicio profesional de carrera policial.

• Equipamiento básico de las corporaciones policiales, el cual comprende armamento, uniformes, equipo de protección personal y vehículos.

• Infraestructura, adquisición, adecuación y modernización del equipo necesario para la interconexión a Plataforma México, así como instalar un sistema de información municipal, que deberá alimentar diariamente la base de datos del sistema único de información criminal.

Desde 2008 se considera el Subsemun con cargo a los recursos federales aprobados en el ramo 36, “Seguridad pública”, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual a su vez se destina al otorgamiento de subsidios a los municipios y al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, de acuerdo con los criterios fundamentales de población e incidencia delictiva. En 2008 fueron considerados 169 municipios y para 2009 los elegibles fueron 206, cifra que se mantuvo para 2010.

En el tercer párrafo del mismo artículo 10 del decreto de Presupuesto se establece que el Ejecutivo federal dará a conocer la lista de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles para el otorgamiento del subsidio, así como la fórmula utilizada para su selección, que deberá considerar, entre otros criterios, el número de habitantes y la incidencia delictiva. Asimismo, se dará cobertura a municipios con destinos turísticos, zonas fronterizas, municipios conurbados y a grupos de municipios que por su proximidad geográfica sean afectados por la alta incidencia delictiva. En dicha publicación se establecerá el porcentaje de participación que representarán las aportaciones de recursos que realicen al fondo los municipios y el Distrito Federal.

El 15 y 29 de enero de 2009, respectivamente, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos donde se establecieron las bases para la elegibilidad de los municipios para la asignación del Subsemun y las reglas de este fondo. De acuerdo con estas bases, 23 municipios ingresaron y 23 fueron eliminados con relación a los ingresados en 2009.

Por esos cambios, Yucatán y Aguascalientes serán beneficiados con la aportación de un solo municipio: la capital de la entidad respectiva. El resultado se derivó del cambio de los criterios de las reglas que el Ejecutivo federal emite respecto a la elegibilidad de los municipios para asignar los recursos del Subsemun.

El cambio se realizó pese a que el artículo 10 del Presupuesto de Egresos de 2010 no varió sobre los criterios por aplicar para la distribución y asignación de recursos en materia de seguridad pública. Ese cambio se encuentra comprendido en un criterio que en 2009 establecía:

Con el propósito de cumplir los principios de equidad, proporcionalidad y racionalidad en el combate del fenómeno delictivo y una vez obtenida la lista jerarquizada de la totalidad de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se consideraron aspectos de impacto nacional, con base en el orden que establece el índice de criminalidad compuesto (ICC), de la forma siguiente:

a) Tres municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal con ICC más alto por entidad federativa;

b) Los municipios o las demarcaciones territoriales del Distrito Federal que resten después de asignar las que correspondan mediante el inciso a), se adjudicarán considerando los municipios con mayor ICC de todo el país de acuerdo con la lista obtenida por la aplicación de la fórmula.

Así, por no incluir este criterio, la fórmula dio lugar a que se consideraran sólo Mérida, para Yucatán, y Aguascalientes para el estado homónimo. La modificación afecta sobremanera los municipios que en los años anteriores habían recibido el beneficio del subsidio para seguridad pública; en el caso específico de Yucatán, Tizimin y Valladolid, los cuales habían demostrado resultados concretos de la utilización de estos recursos, ya que Yucatán es considerada la entidad más segura del país, de acuerdo con lo expresado en la última sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Entre los perjuicios ocasionados por la falta de subsidio a los municipios eliminados en los términos planteados se encuentran los siguientes:

• No habría capacitación para la policía municipal en las academias y en los institutos que imparten formación inicial y especializada.

• Las evaluaciones de control de confianza, previstas como obligatorias en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no podrían llevarse a cabo por la abrupta eliminación de recursos.

• La renivelación salarial tendrá como resultado un paso atrás en el espíritu de servicio y vocación que se había conseguido en los cuerpos de la policía municipal.

• Obras inconclusas de edificios estratégicos.

• En Plataforma México habrá un rezago por no contar con recursos suficientes para el seguimiento en tecnología y capacitación de las policías municipales.

De esta manera, se considera importante que la elegibilidad y asignación de los municipios beneficiarios del Subsemun se modifiquen según los avances que tuvieron los municipios beneficiados con el subsidio, a fin de que puedan continuar las acciones que habían estado realizando en materia de seguridad pública.

Otro aspecto importante es el aumento de la participación de recursos que deben aportar los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, que pasó de 25 por ciento en 2009 a 30 para este ejercicio.

Se estima que dicho incremento es totalmente inoportuno, considerando las condiciones económicas y financieras que los municipios padecieron en 2009, sobre todo tratándose de un tema tan apremiante como la seguridad pública.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a reconsiderar su decisión de disminuir las capacidades y potencialidades para enfrentar la delincuencia en los municipios, a fin de que a través del Fondo de Subsidios a los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública se garantice que por lo menos a cada entidad de este nivel de gobierno se autorice el presupuesto que se le asignó durante 2009 y, en consecuencia, se adopten los mismos calendarios de suministros que se dieron en ese año.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 18 de febrero de 2010.— Diputados: Liborio Vidal Aguilar, Felipe Cervera Hernández, Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, Efraín Ernesto Aguilar Góngora, Jesús Alfonso Navarrete Prida, Yolanda de la Torre Valdez, Jorge Carlos Ramírez Marín, Ardelio Vargas Fosado, Martín Enrique Castillo Ruz, Rolando Rodrigo Zapata Bello, Jesús María Rodríguez Hernández, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Carlos Manuel Joaquín González (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Gracias a usted, señor diputado.

El diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Sí, diputado Gabriel Ávila, a sus órdenes.

El diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz(desde la curul): Para solicitarle una pregunta al diputado Liborio Vidal.

El diputado Liborio Vidal Aguilar:Sí.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:La acepta.

El diputadoDaniel Gabriel Ávila Ruiz (desde la curul): Señor diputado Liborio Vidal Aguilar, del Partido Verde Ecologista, he escuchado con atención su intervención y he leído detenidamente la exposición de motivos de su punto de acuerdo referente a exhortar al Ejecutivo federal para que se garantice que por lo menos a cada entidad se le autorice el presupuesto que se le asignó durante el año 2009 en el fondo de Subsemun.

En su exposición de motivos habla usted de dos municipios que en este 2010 no tendrán los recursos del Subsemun, que uno es Valladolid, del cual es originario usted, y Tizimín de donde un servidor es originario.

En primer lugar, no estoy en contra de que mi estado Yucatán –y en particular mi ciudad Tizimín– reciban más recursos del fondo de seguridad pública de Subsemun, y en gran parte estoy de acuerdo con su punto de acuerdo.

Pero yo le pregunto, ¿está usted, señor diputado Liborio Vidal, apoyando al ayuntamiento de Tizimín, a sabiendas que en el año 2009, de los recursos que recibió del Subsemun el ayuntamiento de Tizimín violó las reglas de operación al no entregar los informes trimestrales sobre el uso de esos recursos públicos del Subsemun?

Y, además, le recuerdo, diputado, que estas reglas de operación que provienen del artículo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2010, que hace referencia en su exposición de motivos, le recuerdo que usted votó a favor del Presupuesto de Egresos de la Federación en lo general.

En ese sentido, le reafirmo mi pregunta, a pesar de que violó las reglas de operación del Subsemun, ¿está en la afirmativa de apoyar este punto de acuerdo?

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Tiene usted la palabra, señor diputado.

El diputado Liborio Vidal Aguilar:Es su opinión, señor diputado. Nosotros no tenemos esa información y aquí creo que es necesario que apoyemos este punto de acuerdo.

¿Qué va a pasar con la policía de Tizimín?, de la que usted es originario, con más de 300 policías, que en los 2 años anteriores se le dio este apoyo del Subsemun para capacitación, equipamiento, armas, donde las propias reglas de operación decían que había que subirles los sueldos a los policías ¿Qué va a pasar entonces con esos 300 policías que tiene la ciudad de Tizimín, de donde usted es originario?

Yo por eso le pido aquí a esta honorable soberanía que apoyemos este punto de acuerdo, para que Tizimín y Valladolid sean incluidos en el programa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :A petición del proponente,se turna a la Junta de Coordinación Política.

HOSPITALES

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Se recibió del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación que envíe un informe detallado sobre la situación que guardan los 159 nosocomios identificados como focos rojos o de alta complejidad.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Coordinación General de Protección Civil de la Segob un informe detallado de la situación de los 159 nosocomios identificados como focos rojos o de alta complejidad; y se exhorta a la Comisión de Salud a reunirse con representantes de esa dependencia sobre el mismo tema, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Marco Antonio García Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y demás relativos somete a consideración de esta soberanía proposición, fundada en los siguientes

Antecedentes

El 17 de enero del presente, la coordinadora general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, licenciada Laura Gurza Jaidar, emitió un comunicado de prensa en el que señala que se han identificado 159 hospitales públicos, de los cuales 89 pertenecen a la Secretaría de Salud, 11 a la Secretaría de Marina, 32 al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 19 al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y 8 a Petróleos Mexicanos, que se encuentran en zonas de alto riesgo y que por ello son considerados focos rojos o de alta complejidad, a partir de una evaluación de su “infraestructura, en dónde está ubicado geográficamente, cuáles son los riesgos a que está expuesta esa infraestructura, los elementos estructurales, si esa infraestructura fue desarrollada conforme a un reglamento de construcción adecuado que garantice que se mantenga en pie durante un sismo...También se evaluaron los elementos funcionales del hospital, el grado de preparación del personal médico, de enfermería y administrativo, para garantizar que pueden implantar un plan de continuidad de operaciones durante el escenario de desastre”.

La funcionaria destaca el hecho de que, para evitar que el sistema hospitalario público colapse ante un sismo u otro fenómeno desastroso, el gobierno mexicano reitera su prioridad de dar continuidad a la adopción de la iniciativa Hospital Seguro, a la cual México se comprometió ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante la conferencia mundial sobre reducción de desastres en Kobe, Japón.

Los desastres naturales, como terremotos, huracanes o inundaciones, han traído nocivos efectos no sólo en pérdida de vidas humanas, su mayor efecto nocivo, sino también en graves afectaciones a los sistemas económicos, a la gobernabilidad y a los servicios públicos. Destacan en este caso los servicios de atención médica, lo que deviene en la creación de un gran problema para los países porque no sólo es una pérdida de fortaleza y capacidad institucional, sino porque disminuye de manera abrupta la capacidad instalada para la atención de las personas en condiciones de convivencia ordinaria, sino para la propia recuperación después del desastre o para la atención de las emergencias provocadas por el negativo suceso.

Hace sólo unas semanas, Haití sufrió un devastador terremoto, que afectó particularmente su ciudad capital, Puerto Príncipe. Ese país, como todo el mundo, debe lamentar el deceso de por lo menos 150 mil personas; también ha perdido prácticamente toda su capacidad gubernamental, entre ellos hospitales y clínicas, lo que incrementará la pérdida de vidas, el sufrimiento humano y la recuperación de la nación.

Países de todo el mundo, de todos los continentes y de todos los grados de desarrollo han sufrido los efectos nocivos de los fenómenos naturales. El terremoto de Turquía de 1999 dejó más de 44 mil personas heridas, que debieron ser atendidas en hospitales lejanos de las zonas afectadas o al aire libre porque las instalaciones médicas cercanas resultaron gravemente afectadas. En El Salvador, los terremotos de 2001, que provocaron la muerte a más de mil personas y dejaron más de 8 mil heridos, 19 hospitales, más de 60 por ciento de los que había, fueron afectados y 6 de ellos desalojados totalmente, y hoy todavía se padecen los efectos de estas pérdidas.

También en Haití, la tormenta tropical Jeanne afectó en 2004 la provincia de Artibonito y prácticamente destruyó, a causa de las inundaciones y el peso del agua de lluvia, el único hospital existente para la atención de más de 250 mil personas, que todavía no se ha repuesto y que tuvo que ser sustituido con un hospital de campaña donado por Noruega.

También México conoce el significado doloroso de los desastres naturales y sus efectos; por ejemplo, el terremoto de 1985, que provocó la muerte de más de 5 mil personas, según estimaciones oficiales, y grandes daños en el sector salud del Distrito Federal y de algunas otras zonas del país.

Lo más lamentable es la pérdida de 320 médicos, enfermeras, paramédicos y personal administrativo en los Hospitales General de México, Juárez y Centro Médico Nacional. Pero también se deben consignar las siguientes pérdidas materiales: 2 mil 775 camas censables, lo que disminuyó en más de la tercera parte este patrimonio situado en el valle de México; quedaron fuera de servicio 4 unidades de medicina familiar del IMSS, con un total de 140 consultorios; el hospital general de zona de Uruapan, Michoacán, sufrió daños que dejan fuera de operación 40 camas. El ISSSTE perdió alrededor de 870 camas, de 2 mil 427, en la zona metropolitana, y cierre temporal de 4 clínicas de medicina general y 3 de especialidades, que representan 150 consultorios. En Zapopan, Jalisco, en el hospital Valentín Gómez Farías, del ISSSTE, la Secretaría de Salud perdió 745 camas de las 4 mil 975 que tenía. En el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, se perdieron el hospital general, con capacidad de 60 camas, así como un centro de salud; fueron desalojados 14 inmuebles de oficinas administrativas. Particularmente, se debe señalar la caída del edificio de residencias y la torre de ginecoobstetricia del Hospital General de México, el inmueble de seis pisos donde se localizaba el hospital Juárez, en el centro del Distrito Federal, así como graves daños en el hospital Ignacio Zaragoza y de especialidades Primero de Octubre del ISSSTE.

Recientemente, catástrofes naturales como las inundaciones ocurridas en Ciudad Juárez o en Tabasco y Chiapas, hace un par de años, o la tromba sucedida hace unos meses en los límites del Distrito Federal y el estado de México han provocado afectaciones perjudiciales graves a las instalaciones médicas.

Ante este panorama, la ONU y otros organismos internacionales, con las autoridades locales de 158 países, entre ellos México, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, han asumido compromisos específicos para disponer medidas que puedan atenuar posibles efectos nocivos prevenibles cuando ocurran desastres naturales e incluso para que esas manifestaciones naturales no provoquen daños o los menos posibles en vidas humanas o en actividades fundamentales como las que realiza el sector salud.

El programa Hospital Seguro, puesto en marcha en 2005 por la ONU, tiene como propósito evitar daños prevenibles o los menos posibles en las instalaciones y servicios médicos ante los fenómenos naturales a fin de incrementar al máximo la garantía de que cuando ocurran éstos se encontrarán en condiciones de seguir prestando servicio, pues en esas circunstancias se requieren con mayor insistencia y apremio, pero que, además, después de atendido el periodo de crisis, se tenga la certeza de que continuarán brindando los servicios que ordinariamente ofrecen y que resultan tan socialmente importantes, referidos no sólo a la atención de enfermos sino también a la realización de actividades de prevención, a la formación de recursos humanos para la salud, a la realización de investigaciones médicas y a la tranquilidad social, a la gobernabilidad y a la justificación de la existencia de un orden político.

Los hospitales representan un valor material elevado y un nicho destacado de dinamismo económico. Al respecto vale la pena recordar el alto costo que representa para una sociedad la construcción de las instalaciones médicas, pero también su operación permanente, el pago de su personal, su equipamiento adecuado, la adquisición de los medicamentos e insumos diversos que se consumen cotidianamente, etcétera.

Sin embargo, hay informaciones que resultan si no contradictorias, sí preocupantes porque, por un lado, se informa que el país ha atendido las sugerencias y recomendaciones del programa Hospital Seguro, de tal suerte que se dice que México es el país latinoamericano más avanzado en el cumplimiento del programa; empero, la declaración de la Coordinación del Protección Civil de la Secretaría de Gobernación sobre la existencia de casi 160 hospitales públicos en condiciones críticas, revela la existencia de un grave riesgo y la duda sobre las acciones que las autoridades han realizado para que los nosocomios sean seguros.

En virtud de los acontecimientos que se han suscitado en el mundo, como recientemente en Haití y en la experiencia nacional, es de vital importancia procurar que la infraestructura e instalaciones de los hospitales y unidades médicas sean adecuadas y seguras para evitar así catástrofes mayores, toda vez que ningún país esta a salvo de sufrir algún desastre natural, asunto sobre el cual esta representación nacional debe ocuparse por ser un tema social prioritario de seguridad nacional, atendiendo además el hecho de que los nosocomios determinados por protección civil de la Secretaría de Gobernación en situación de riesgo se encuentran funcionando con toda normalidad, otorgando los servicios de salud para los cuales están destinados, con el consiguiente riesgo en que se encuentran trabajadores, pacientes y visitantes.

En razón de lo fundamentado y motivado, y en ejercicio de las facultades que las leyes me reconocen, me permito proponer la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a la licenciada Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, que envíe un informe detallado sobre la situación que guardan los 159 nosocomios identificados como focos rojos o de alta complejidad.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Salud a realizar una reunión con la citada funcionaria en materia del estado que guardan las instalaciones médicas en situación de riesgo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2010.— Diputado Marco Antonio García Ayala (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la Comisión de Salud.

DELINCUENCIA

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Diputado Mario di Costanzo.

El diputadoMario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Una pregunta, presidente, nada más con el objeto de clarificar.

El punto de acuerdo anterior, sobre Tizimín, está fundamentado en el artículo 59 del Reglamento, es decir de obvia o urgente resolución. Preguntarle por qué se está turnando a la Junta de Coordinación Política.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :A solicitud del proponente, señor diputado.

El diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :El diputado Zapata Bello.

El diputadoRolando Rodrigo Zapata Bello (desde la curul): Para solicitarle al diputado Liborio Vidal que nos permita adherirnos al punto de acuerdo.

De igual manera señalar, como puntualización, que se haga constar en ese punto de acuerdo que el efecto de que hayan sido eliminados estos municipios proviene de las reglas de operación emitidas por el Ejecutivo y de ninguna manera por alguna norma aprobada por esta honorable soberanía. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Si. El diputado Vidal está de acuerdo, puede usted pasar a firmar su adhesión.

El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :El diputado Navarrete Prida. Adelante, señor diputado.

El diputadoJesús Alfonso Navarrete Prida (desde la curul): Preguntar si el señor diputado, compañero de Yucatán, nos permite adherirnos a su punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Ya lo ha aceptado el proponente.

CESE DE OPERACIONES DE MINAS EN MEXICO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Tiene la palabra el diputado Carlos Samuel Moreno Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que instruya a la Semarnat para que emita un reglamento que norme la obligatoriedad de la planeación del cese de operaciones en las minas de México.

El diputado Carlos Samuel Moreno Terán :Con su permiso, señor presidente. El desarrollo de las grandes y medianas minas está generando rápidamente enormes cantidades de residuos mineros y se están afectando grandes superficies de terreno en las entidades donde se desarrollan.

Se conoce que por su magnitud la cantidad de residuos mineros generada por una de las nuevas minas en nuestro país duplicará en una década la cantidad de residuos que han sido generados en cientos de años por la minería en México.

Actualmente ninguna empresa contempla la planeación de los cierres de minas durante la operación minera, aun siendo evidente que dichas empresas cuentan con los suficientes recursos para hacerlo.

La legislación ambiental en México es amplia, pero en el caso de las minas carece de enfoques específicos relativos a los efectos a largo plazo de la minería en una región. Hay que tener en cuenta que algunas minas llegan a tener hasta décadas de operación y sus efectos al medio ambiente seguirán siendo evidentes hasta en cientos de años.

Se necesita de una legislación que garantice a la sociedad la conservación ambiental a las siguientes generaciones e impida a esas grandes empresas mineras dañar el medio ambiente de las comunidades con total impunidad, dejando a los pueblos mineros convertidos en un foco rojo latente, causando grandes daños a la población en general.

Gran parte del deterioro ecológico ocasionado por la minería ha sido producto de decenas de años de actividad minera sin observación alguna de estándares en cuidado del entorno y la gran irresponsabilidad de los grandes consorcios mineros.

Las empresas buscan evadir su responsabilidad y se escudan en que cumplen con todas las normas ambientales impuestas por el gobierno. Entonces, el gobierno, nosotros, no hemos hecho lo suficiente. Es condenable la falta de solidaridad social de las grandes empresas dedicadas a la explotación del mineral y lo es también la notoria incapacidad del gobierno federal para combatir la contaminación generada por esta actividad.

Exigimos una acción eficaz, oportuna y responsable del Ejecutivo federal y, sobre todo, un compromiso de éste con el medio ambiente, que por mandato constitucional está obligado a cumplir.

Por lo anterior, deviene indispensable que el gobierno federal expida la normatividad correspondiente para efectos de que regule con eficacia, eficiencia y transparencia la obligatoriedad de la planeación del cese de operaciones de las minas en México.

Que se garantice el desarrollo sustentable de las regiones mineras del país, asumiéndose por encima de los intereses de las grandes empresas mineras, y a favor de los intereses de la nación y sus futuras generaciones. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la Semarnat a fin de que emita un reglamento sobre la obligatoriedad de la planeación del cese de operaciones de las minas en México; y a garantizar que no se generen pasivos ambientales para el futuro de nuestros hijos, a cargo del diputado Carlos Samuel Moreno Terán, del Grupo Parlamentario del PVEM

El diputado  Carlos Samuel Moreno Terán, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Desde el cambio a la Ley Minera en 1992, que permite desde entonces la inversión extranjera de 100 por ciento en este sector, la minería en México ha estado en una etapa de desarrollo acelerado. De acuerdo a los datos aportados por el Servicio Geológico Mexicano, la inversión extranjera en 2008 dedicada a la exploración fue de 929 millones de pesos aportados por alrededor de 263 empresas en 677 proyectos.

El volumen de la producción de oro aumentó respecto al año anterior 28 por ciento, el de la plata 13.5 por ciento, el del plomo 12.1 por ciento, entre otros.1

El aumento de producción se ha debido a la apertura de nuevas minas como Los Filos, en Guerrero; Peñasquito, en Zacatecas; El Chanate, en Sonora; Dolores y Pinos Altos, en Chihuahua;  las expansiones de La Herradura, en Sonora; y Fresnillo, en Zacatecas; y la reapertura y acondicionamiento de minas antiguas como La Colorada, Topia y Guanaceví, en Durango y en Guanajuato; y Cozamín, en Zacatecas, entre otras. A la fecha se encuentran amparadas 25 millones de hectáreas de terreno como concesiones mineras en el país, en las cuales se desarrollan las minas y proyectos de exploración.

Este desarrollo se ha logrado gracias a las inversiones de las empresas mineras, de capital esencialmente extranjero, en exploración de minerales metálicos que han propiciado el descubrimiento de grandes yacimientos principalmente de metales preciosos como el oro y la plata, de yacimientos polimetálicos de plomo, zinc y cobre, y de yacimientos de cobre diseminado de gran tonelaje y leyes generalmente bajas.

Con excepción de los yacimientos polimetálicos las características de los yacimientos encontrados son en su mayoría de gran tonelaje y baja ley (o sea con contenidos metálicos muy bajos), los cuales implican para su explotación grandes operaciones mineras con enormes movimientos de tierra. Estos yacimientos minerales han sido objeto de explotación en forma de grandes y medianas unidades mineras debido a varios factores como son los siguientes:

• Sus características geológicas que los hace explotables a cielo abierto con una producción de grandes tonelajes diarios:

• Las condiciones fiscales y laborales favorables de México en comparación con otros países;2 y

• Los altos precios internacionales de los metales.

El desarrollo de las grandes y medianas minas está generando rápidamente enormes cantidades de residuos mineros y se están afectando grandes superficies de terreno en las entidades donde se desarrollan.

Se conoce que por su magnitud la cantidad de residuos mineros generada por una de las nuevas minas en nuestro país duplicará en una década la cantidad de residuos generados en cientos de años por la minería en México. Aunque actualmente y en forma voluntaria existen algunas contadas empresas que están empezando a planear los cierres de minas durante la operación minera, es evidente que se hace con recursos limitados debido a que es una actividad totalmente voluntaria en su concepción.

La legislación ambiental en México es amplia, pero en el caso de las minas carece de enfoques específicos relativos a los efectos a largo plazo de la minería en una región. Hay que tener en cuenta que algunas minas llegan a tener hasta décadas de operación y sus efectos al ambiente serán evidentes hasta en cientos de años, de manera que se necesita una legislación que garantice a la sociedad la conservación del ambiente a las siguientes generaciones.

Las manifestaciones de impacto ambiental3 que se requieren para el desarrollo de una mina incluyen un modesto capítulo acerca del programa tentativo de cierre el cual normalmente se enfoca a aspectos de rehabilitación pero que no garantizan que se realizarán durante la operación de la mina, ni tampoco garantiza la existencia del presupuesto asignado a éste.

No existe a la fecha ningún procedimiento que obligue a la autoridad o a un tercero designado por ésta a realizar auditorías que garanticen que se cumplen con dichos procedimientos de cierre de minas en tiempo y forma. A la fecha la minería está sujeta, adicionalmente a las leyes y reglamentos ambientales actuales, a las siguientes normas específicas para el sector:

• NOM-120-SEMARNAT-1997 (modificada en 2004), que establece las especificaciones de protección ambiental para las actividades de exploración minera directa, en zonas agrícolas , ganaderas o eriales, y en zonas con climas secos y templados en donde se desarrolle vegetación de matorral xerófilo, bosque tropical caducifolio, bosques de coníferas o encinos;

• NOM-141-SEMARNAT-2003, que establece los requisitos para la caracterización del sitio, proyecto, construcción, operación y postoperación depresas de jales;

• NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, que establece criterios para determinar las concentraciones de remediaciones de suelos contaminados por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata, selenio, talio o vanadio; y

• NOM-155-SEMARNAT-2007, que establece los requisitos de protección ambiental para los sistemas de lixiviación de minerales de oro y plata.

Del contenido de estas normas se desprende que sólo la 141 y la 155 se refieren a características de las operaciones que garanticen su correcta operación y protección ambiental incluso después de su cierre, sin embargo no consideran la rehabilitación y valorización de otros residuos mineros y de los terrenos afectados de toda la superficie de la operación minera, ni la garantía de que a largo plazo no haya modificaciones al ambiente cuando las empresas ya no están en el país o ya no existan. Hay que tomar en cuenta que actualmente en México el desarrollo de las minas está prácticamente circunscrito a empresas de capital y consejos de administración extranjeros; estos últimos no siempre estarán apegados a buenas prácticas ambientales ni seguirán las prácticas requeridas en sus países por sus propios gobiernos y organismos internacionales.

Otro aspecto importante resulta de la falta de información a las comunidades afectadas y potencialmente afectadas por la mina, acerca de los cambios ambientales y sociales propios de la operación minera y del período postcierre. No existe a la fecha obligación alguna para las empresas mineras de recibir la retroalimentación de los habitantes de las comunidades necesaria para que éstas vivan con tranquilidad acerca de la seguridad ambiental de la operación a largo plazo.

Es importante reconocer que las operaciones mineras son, salvo raras excepciones, finitas en el tiempo debido a que cierran sus operaciones cuando éstas ya no son rentables. Las causas del cierre de las operaciones mineras son las siguientes:4

• Bajo precio de los metales, los precios están sujetos a la oferta y la demanda internacional, y no hay nada que las empresas mineras puedan hacer para su control;

• Reservas mineras finitas, las cuales no sólo dependen de una operación acertada, sino de la geología misma del yacimiento, la cual hace variar con el tiempo no sólo su tonelaje y ley sino también sus características mineralógicas, hasta hacer insostenible financieramente la operación por falta de mineral adecuado;

• Operaciones mineras deficientes tanto tecnológica como administrativamente;

• Pérdida de mercado del metal; y

• Decisión empresarial.

Como puede observarse el cierre de una mina puede suceder en un lapso de tiempo corto de manera que las empresas en ocasiones no tienen tiempo ni recursos para verificar la implementación de todos los pasos que requiere un cierre ambientalmente adecuado de manera que no hay garantía alguna de que no se han generado pasivos ambientales con riesgos significativos para la salud de la población o del medio ambiente.

La regulación del cierre de las operaciones mineras contribuye a:

1. Prevenir y controlar los riesgos generados por el cierre de las operaciones mineras;

2. Que las empresas incluyan en la planeación y ejecución de la operación el proceso de rehabilitación progresiva del lugar, e incluyan el costo de dicha rehabilitación en los estudios de viabilidad financiera del proyecto y del presupuesto de operación consecuente, con la filosofía de minando para el cierre;

3. Que las comunidades puedan planear el futuro de las mismas a consecuencia del conocimiento de los planes de rehabilitación y valorización del terreno;

4. Evitar la generación de pasivos ambientales;

5. Asegurar la existencia de fondos para dicha rehabilitación y el monitoreo de ésta; y

6. Mejorar la comunicación con las comunidades, hacer transparente el proceso ante la sociedad y hacer positivo el legado de la minería en las regiones donde esta se realiza,

Por lo anterior, se evidencia la necesidad en nuestro país de unreglamento para el cierre de las minas que garantice:5

• Losobjetivos del plan de cierre;

• Los procesos para lapresentación y aprobación de los planes de cierre de minas;

• Elcontenido requerido de un plan de cierre de minas;

• Lasgarantías financieras que aseguren la disponibilidad del efectivo para cubrir los costos de dicho plan aún cuando la empresa minera no cumpla con dichas obligaciones; y

• Procesos de auditorías del plan de cierre de minas para toda la vida de la mina y el cierre final hasta que se genere el informe final del cierre.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que proceda a emitir a la mayor brevedad posible un reglamento que norme con efectividad la obligatoriedad de la planeación del cese de operaciones de las minas en México y que con esto se garantice que no se generen pasivos ambientales para el futuro de nuestros hijos.

Notas:

1 Servicio Geológico Mexicano, 2009. Anuario estadístico de la minería mexicana ampliada 2008. http://www.sgm.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=99& Itemid=44&seccion=Productos

2 De acuerdo a especialistas de Behre-Dolbear, México es considerado para la industria minera como el país más favorable fiscalmente de 25 países mineros considerados. 2010 ranking of countries for mining investment where “not to invest”, Behre Dolbear Group Inc.

3 Semarnat, 2002. Guía para la presentación de la manifestación de impacto ambiental minero. Modalidad: particular.

4 Complementado de Cartagena, Patricio, 2007. Cierre de faenas mineras. Una aproximación a la situación en Chile. http://www.sonami.cl/exposiciones/cursomineria2007/pcartagena.pdf

5 Welsh, David R. SKM Minmetal, 2007. Mine closure-a regulators guide to the things that matter.  http://www.skmconsulting.com/Knowledge-and-Insights/Technical-Papers/mineclosur e-regulators-guide-to-matters.aspx

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 16 de febrero de 2010.— Diputado Carlos Samuel Moreno Terán (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Gracias, señor diputado.Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Señoras diputadas y señores diputados, se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ésta.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo vigésimo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicitamos a usted, atentamente, consultar al pleno la modificación al orden del día para la inclusión de los siguientes asuntos que previamente habían sido registrados por esta Junta de Coordinación Política, de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional.

• Por el que se exhorta respetuosamente a las Procuradurías de Justicia de los estados y a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, para que redoblen los esfuerzos en el combate a la explotación sexual infantil y la trata de personas; y, en ese sentido, capacite constantemente a su personal coordinándose con el resto de los poderes en su esfera de competencia, así como con la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN, para que ocupe el lugar 18 del orden del día. (Turno a Comisión)

• Para que por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, se solicite a la Secretaría de Economía que, antes de avanzar en las pláticas preparatorias y en la negociación del Tratado de Libre Comercio con Brasil, escuche la opinión de los sectores productivos del campo mexicano para no afectar a nuestro sector agropecuario en ese acuerdo comercial; a cargo de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, para que ocupe el lugar 23 del orden del día. (Turno a Comisión)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2010.— Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Juan José Guerra Abud, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Reyes S. Tamez Guerra, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario del Convergencia.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : En votación económica se consulta a la asamblea si se modifica el orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa.

Señor presidente, unanimidad por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobada.

EXPLOTACION SEXUAL INFANTIL Y TRATA DE PERSONAS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :En consecuencia, tiene la palabra la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las procuradurías de Justicia de los estados y a la del Distrito Federal, a redoblar los esfuerzos en el combate a la explotación sexual infantil y la trata de personas.

La diputada Rosi Orozco :Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, a unos días de celebrar el Día Internacional de la Mujer afirmamos que la trata de personas, donde el 80 por ciento se comete en contra de las mujeres, es la peor violencia ejercida contra un ser humano. La trata de personas y la explotación sexual infantil son de las conductas más crueles y perversas que existen en la actualidad, desgraciadamente también representa un negocio de los más redituables a nivel mundial.

Diversos estudios y diagnósticos realizados en torno al tema de la trata de personas en México identifican como uno de los problemas graves en la administración de justicia la ausencia de la perspectiva de prevención y participación coordinada de los diversos niveles de gobierno, el desconocimiento de los tipos penales, del bien jurídico tutelado y se plantea la imperante necesidad de homologar términos y tipos penales, además de establecer una debida coordinación en su combate.

Ello implica la actuación de cada una de las instituciones de procuración e impartición de justicia en las entidades federativas hacia un mismo sentir de prevenir, perseguir y sancionar la trata de personas. Diversas entidades federativas no han tipificado en sus códigos penales este delito de conformidad con el Protocolo de Palermo y la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. En entidades donde sí está tipificada la trata de personas existe una gran diferencia e incluso confusión entre lo que consideran actividad, medios comisivos y fines.

Lo anterior a fin de lograr que las autoridades judiciales emitan sentencias debidamente fundadas y motivadas, contrario a lo que sucede hoy día.

Y no podemos perder de vista que en enero del presente año el juez segundo de distrito, con residencia en Quintana Roo, Alfonso Gabriel García Lanz, quien procesa desde julio de 2006 al estadounidense Jean Thouma Hannah Succar Kuri acusado de violar y prostituir a decenas de niños y niñas, ordenó el traslado de este sujeto al penal del Cancún, luego de considerar que el indiciado –quien tuvo que ser extraditado– no es un sujeto de alta peligrosidad, cuando Succar Kuri está procesado por el delito de pornografía infantil y fue enviado hace tres años al penal federal de máxima seguridad, ubicado en Almoloya de Juárez, en el estado de México, por considerarlo una persona altamente peligrosa.

Este es un asunto delicado que no podemos dejar pasar inad-vertido, debido a que la citada cárcel municipal se ha caracterizado últimamente por ser una de las más inseguras, siendo en años recientes motivo de señalamiento por diversos sucesos. Por un instante, les pedimos que por favor piensen en lo que estas víctimas están en estos momentos sintiendo.

Por ello, también hago un llamado para que se tomen en el penal de Cancún todas las medidas de rigor para la llegada de este sujeto, responsable de tan lacerantes delitos, y se integre a su llegada un efectivo equipo técnico que realice los exámenes necesarios que determinen si es apto para ser recluido ahí y se incrementen las medidas de seguridad para evitar su posible fuga, pues si bien las autoridades han resuelto sin la debida fundamentación y motivación legal su traslado a dicho penal, ello no significa que Succar Kuri haya dejado de ser un delincuente de alta peligrosidad para la sociedad.

En consecuencia, señoras diputadas y señores diputados, someto a su consideración la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las procuradurías de Justicia de los estados y a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal para que redoblen los esfuerzos en el combate a la explotación sexual infantil y la trata de personas. Y en ese sentido, capacite constantemente a su personal, coordinándose con el resto de los poderes en su esfera de competencia, así como la Fiscalía Especial para los Delitos de la Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, Fevimtra.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Poderes Judiciales de los estados y del Distrito Federal, a que en los casos en que se amerite y dentro del marco jurídico aplicable se imponga una sanción que sea congruente con la gravedad del delito de trata de personas. Asimismo, se exhorta a los consejos de las judicaturas locales para que brinden capacitación permanente a sus integrantes sobre estos delitos.

Tercero. Asimismo, se hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Seguridad Pública para que a través de la Dirección General de Traslado de Reos y Seguridad Penitenciaria se tomen todas las medidas de seguridad necesarias para efectuar el traslado de Jean Succar Kuri, quien es procesado por un delito sumamente ofensivo para la sociedad, al centro penitenciario ubicado en Cancún.

Cuarto. Se exhorta a las autoridades del centro penitenciario de Cancún para que se adopten las medidas tendentes a evitar la fuga de reos, incluyendo a Succar Kuri, y se realicen los estudios de personalidad adecuados, a efecto de que cuando sea condenado se le someta a un tratamiento que permita la corrección de la conducta antisocial que se le atribuye y, por tanto, su debida reinserción social. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Procuradurías de Justicia de los estados y a la del Distrito Federal a redoblar esfuerzos en el combate de la explotación sexual infantil y la trata de personas, y a capacitar constantemente a su personal, coordinándose –en su esfera de competencia– con el resto de los poderes y con la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Consideraciones

1. La explotación sexual infantil y la trata de personas son de las conductas más crueles que existen en la actualidad, desgraciadamente, también son de las más redituables a nivel mundial.

La Organización Internacional del Trabajo ha estimado que el número mínimo de personas víctimas de explotación laboral y explotación sexual como consecuencia de la trata de personas es de 2.5 millones. 80 por ciento de las víctimas pertenecen al sexo femenino (mujeres y niñas).

Es preciso destacar que esta modalidad de esclavitud vulnera, comúnmente y en su mayoría, los derechos humanos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, pues se considera, de acuerdo con datos oficiales, que en México se presentan casi todas las formas de explotación contra ellos, tales como la explotación laboral, el trabajo doméstico, explotación sexual y matrimonios forzados.

México es hoy día el segundo país que más víctimas de trata provee a Estados Unidos, superado únicamente por Tailandia, según el Diagnóstico de las Condiciones de Vulnerabilidad que propician la Trata de Personas en México, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS).

En ese sentido, según la Oficina y el Reporte de Trata de Personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, México está catalogado como un país de origen, tránsito y destino para la trata de personas, con los propósitos de explotación sexual y trabajo forzado.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cada año son explotados sexualmente entre 16 y 20 mil niños y niñas en nuestro país.

La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) tiene detectadas recientemente, tan sólo en Guerrero, 14 bandas del crimen organizado que se dedican a la prostitución infantil y trata de personas.

En México hay 3 millones de jornaleros agrícolas, 70 por ciento son indígenas y muchos son mujeres y niños que pueden ser víctimas de trata (Cámara de Diputados LX Legislatura).

Un común denominador que tienen tales conductas es el hecho que las figuras típicas poseen como bien jurídico tutelado la vulneración al libre desarrollo de la personalidad, la cual debe ser entendida como la autonomía de la persona para hacer y dejar de hacer, según su parecer, alguna conducta conforme a derecho, sin tener más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y sin más interferencias que aquellas previstas en el orden jurídico mexicano.

La trata de personas, siendo un delito con causas multifactoriales, tiene una íntima relación con otras figuras delictivas como el lenocinio, la corrupción de personas menores de edad, la pornografía infantil, el turismo sexual, los ultrajes, la privación ilegal de la libertad, la servidumbre, los trabajos forzados, el sometimiento a la mendicidad, entre otras.

Sin duda alguna, las anteriores conductas relacionadas entre sí y cuya persecución corresponde medularmente a las autoridades de impartición de justicia en el ámbito local, deja de manifiesto la necesidad de combatirlas con todo rigor; evitando que tengan una mutación hacia delitos de mayor envergadura y vulneración a derechos fundamentales, como lo es la trata de personas.

De esa forma, siendo el delito de trata de personas un fenómeno con diversas causas, se estima necesario tomar medidas no sólo preventivas en su contra sino, al mismo tiempo, sancionar severamente aquellos hechos típicos que incuben y den pie para que en un futuro no muy lejano se produzcan actos de superior vulneración a bienes jurídicos tutelados.

En virtud de ello, podemos afirmar que —de acuerdo a estudios emanados de organizaciones de la sociedad civil, entes de gobierno e incluso análisis realizados por el legislativo— las víctimas del delito de trata de personas previamente sufrieron en su persona conductas antijurídicas con menor penalidad y, sin embargo, más adelante se gestó en ellas la materialización del delito de trata; en tal virtud, podemos dar cuenta de entrevistas donde la víctima manifiesta que previo a ser víctima del delito de trata su calvario dio comienzo con otras conductas como abuso sexual o explotación laboral.

En ese sentido, los agentes que realizan tales conductas han manifestado que, en primer término, comenzaron a delinquir realizando conductas típicas que, aún cuando tenían como bien jurídico tutelado el libre desarrollo de la personalidad, se trataban de delitos con un menor alcance que el de trata de personas, y ante una inacción de víctimas y autoridades, optaron por cometer aquellos que les redituaban mayores ganancias pero, a la vez, implicaban una trasgresión mayor a los derechos humanos de las personas.

El reglamento de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas en su artículo 7 refiere que: la Comisión Intersecretarial para prevenir y sancionar la Trata de Personas, además de los deberes que le impone la ley, tendrá las funciones siguientes:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. Establecer mecanismos de coordinación con las autoridades competentes de las entidades federativas y de los municipios, en los asuntos que se relacionen con el objetivo de la ley.

2. Sobre lo anterior, diversos estudios y diagnóstico, realizados en torno al tema de la trata de personas en México, han mencionado como uno de los problemas graves en la administración de justicia dentro del combate a tan lacerante delito, la ausencia de la perspectiva de prevención y participación coordinada de los distintos niveles de gobierno, planteando la imperante necesidad de homologar términos y tipos penales además de establecer una debida coordinación en su combate.

Ello implica la actuación de cada una de las instituciones de procuración e impartición de justicia de las entidades federativas hacia un mismo sentido de prevenir, perseguir y sancionar la trata de personas.

Un ejemplo que merece reconocerse es la actuación de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y del juez vigesimocuarto penal en el Distrito Federal, por la obtención de la sentencia condenatoria en un asunto de trata, siendo la primera que se logra a la luz de la ley especial en esta materia.

Por otra parte, diversas entidades federativas no han tipificado en sus códigos penales este delito de conformidad con el Protocolo de Palermo y la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas.

Sin embargo, en las entidades donde sí está tipificada la trata de personas, existe una gran diferencia e incluso confusión entre lo que consideran “actividad”, “medios comisivos” y “fines”.

Merecedor de mención especial es el caso de la caótica divergencia en las penalidades que considera cada entidad para el delito de trata.

Asimismo, es importante señalar que una veintena de entidades federativas han realizado reformas a sus códigos penales, pero no obstante ello, únicamente consideran el aspecto punitivo y excluyen las medidas de prevención, protección y asistencia a las víctimas.

En resumen y a decir de los especialistas, aún existe una gran brecha entre la legislación nacional y el Protocolo de Palermo, en cuanto a los alcances se refiere.

Por estas razones se estima pertinente hacer un llamado a los entes inmiscuidos en la creación de leyes, la procuración y la impartición de justicia, en el cual se invite redoblar esfuerzos y se reflexione sobre la pertinencia de llevar a cabo capacitaciones, talleres y cursos, en los que se defina lo que necesita cada uno de los poderes, acciones tendentes a trabajar coordinadamente y en franca comunicación de acuerdo con el contexto de cada entidad, cuyo objetivo sea la afinación de estrategias encaminadas a prevenir, perseguir y sancionar la trata de personas y la explotación sexual infantil.

3. Por último, resulta necesario se realice el presente exhorto; toda vez que en el mes de enero del presente año el juez segundo de distrito con residencia en Quintana Roo, Alfonso Gabriel García Lanz, quien procesa desde julio de 2006 al estadounidense Jean Thouma Hannah Succar Kuri acusado de violar y prostituir a decenas de niños y niñas, ordenó el traslado de este sujeto al penal de Cancún, luego de considerar que el indiciado no es un sujeto de alta peligrosidad; Succar Kuri está procesado por el delito de pornografía infantil y fue enviado hace tres años al penal federal de máxima seguridad ubicado en Almoloya de Juárez, en el estado de México, por considerarlo una persona altamente peligrosa.

Ante este hecho, la Procuraduría General de la República (PGR) impugnó el fallo del juzgador ante el Tribunal Superior de Quintana Roo, el cual el magistrado José Ángel Máttar Oliva del Tribunal Unitario del Vigesimoséptimo Circuito confirmó el pasado 26 de febrero.

Lo anterior, es un asunto delicado y que no podemos pasar inadvertido debido a que la citada cárcel municipal se ha caracterizado últimamente por ser una de las más inseguras, siendo en años recientes motivo de señalamientos por diversos sucesos como motines y fugas, situación que aumenta la preocupación e indignación dado que el citado personaje ahora será enviado al mencionado centro penitenciario.

Opiniones al respecto existen a favor y en contra desde una perspectiva jurídica, más aún tratándose de una situación que puede resultar tan subjetiva como es dictaminar que una persona es altamente peligrosa; sin embargo, tratándose de una serie de tan condenables hechos en contra de niñas, niños y adolescentes quienes, no nos cansaremos de repetirlo, son el grupo más vulnerable dentro de cualquier sociedad, aunado al respeto y garantía que se debe dar al Principio del Interés Superior de Niño y que es un asunto que por su naturaleza es del más alto interés público, se hace un enérgico pronunciamiento para que sea aplicado todo el rigor de la ley y se tomen en dicho penal de Cancún todas las medidas de rigor para la llegada de este sujeto responsable de tan lacerantes delitos y se integre para su llegada un efectivo equipo técnico que realice los exámenes necesarios que determinen si dicho sujeto es apto para ser recluido en dicho penal y en tales circunstancias se incrementen las medidas de seguridad para evitar una posible fuga, ya que si bien las autoridades han resuelto sin la debida fundamentación y motivación legal su traslado a dicho penal, esto no significa que Succar Kuri haya dejado de ser un delincuente de alta peligrosidad para la sociedad.

Por lo anteriormente fundado y motivado, se presenta a la consideración de esta asamblea, de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Procuradurías de Justicia de los estados y a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal para que redoblen los esfuerzos en el combate a la explotación sexual infantil y la trata de personas y, en ese sentido, capacite constantemente a su personal, coordinándose con el resto de los poderes en su esfera de competencia, así como con la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra).

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Poderes Judiciales de los estados y del Distrito Federal a que en los casos en que se amerite, y dentro del marco jurídico aplicable, se imponga una sanción que sea congruente con la gravedad del delito de trata de personas. Asimismo, se exhorta a los Consejos de la Judicatura locales para que brinden capacitación permanente a sus integrantes sobre estos delitos.

Tercero. Asimismo, se hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Seguridad Pública para que, a través de la Dirección General de Traslado de Reos y Seguridad Penitenciaria, se tomen todas las medidas de seguridad necesarias para efectuar el traslado de Jean Thouma Hannah Succar Kuri, quien es procesado por un delito sumamente ofensivo para la sociedad, al centro penitenciario ubicado en Cancún.

Cuarto. Se exhorta a las autoridades del centro penitenciario de Cancún para que se adopten las medidas tendentes a evitar la fuga de reos, incluyendo a Succar Kuri, y se le realicen los estudios de personalidad adecuados a efecto de que cuando sea condenado se le someta a un tratamiento que permita la corrección de la conducta antisocial que se le atribuye y por lo tanto su debida reinserción social.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2010.— Diputados: Rosi Orozco, Lizbeth García Coronado, María Araceli Vázquez Camacho, Laura Piña Olmedo, Francisco Armando Meza Castro, Leticia Quezada Contreras, Ramón Jiménez López, Emilio Serrano Jiménez, Víctor Manuel Castro Cosío, Francisco Hernández Juárez, Enoé Margarita Uranga Muñoz, Kenia López Rabadán, Adán Augusto López Hernández, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Violeta Avilés Álvarez,  Reyes S.Tamez Guerra, Juan Nicolás Callejas Arroyo, Judith Fabiola Vázquez Saut, Genaro Mejía de la Merced, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Luis Antonio Martínez Armengol, Martín Rico Jiménez, Jaime Arturo Vázquez Aguilar, Gerardo del Mazo M., José Manuel Hinojosa Pérez, Sixto Alfonso Zetina Soto, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Guadalupe Eduardo Robles Medina, Jesús Ramírez Rancel, Gabriela Cuevas Barrón, Felipe Cervera Hernández, María Marcela Torres Peimbert, Alfredo Ruz Dávila, María Sandra Ugalde Basaldúa, Nazario Herrera Ortega, Florentinaq Rosario Morales, Ana Luz Lobato Ramírez, Agustín Carlos Castilla Marroquín, Claudia Edith Anaya Mota, Manuel Jesús Clouthier Carrillo, María Matilde Díaz de León Macías, César Octavio Pedroza Gaitán, Norma Leticia Salazar Vázquez, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, Sergio Octavio Germán Olivares, César Octavio Madrigal Díaz, Maurilio Ochoa Millán, Gloria Trinidad Luna Ruíz, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, Adriana Sarur Torre, Juan José Cuevas García, Francisco Saracho Navarro, Rosa Adriana Díaz Lizama, María Esther de Jesús Scherman Leaño, María de Jesús Aguirre Maldonado, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, María Yolanda Valencia Vales, Daniel Gabriel Ávila Ruíz, María Joann Novoa Mossberger, Adriana Fuentes Cortés, Jesús Giles Sánchez, Juan Huerta Montero, Cecilia Soledad Arévalo Sosa, Norma Sánchez Romero, Laura Margarita Suárez González, Velia Idalia Aguilar Armendáriz, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Equidad y Género.

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Diputada María de Jesús Aguirre.

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (desde la curul) : Presidente, solicitándole a nuestra compañera Rosi Orozco que nos permita adherirnos a su propuesta, porque es muy importante. Desde la LIX Legislatura estuvimos luchando aquí mucho para que el señor Succar Kuri fuera extraditado, no puede ser que ahora la autoridad lo envíe a ese centro de readaptación. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Sí, la diputada Rosi Orozco no tiene inconveniente, puede usted pasar a firmar su adhesión.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul) : Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Sí, diputado Emilio Serrano.

El diputadoEmilio Serrano Jiménez (desde la curul): Por ser un caso de suma importancia y tratar de que se aplique la justicia sin distingo de influencias, si me permite la diputada también adherirme a su propuesta.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :La proponente ha dado su anuencia para que todos los señores diputados y señoras diputadas que quieran adherirse puedan pasar a la Secretaría.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Sí, diputado Fernández Noroña.

El diputadoJosé Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Además de manifestar mi respaldo absoluto al tema presentado por la diputada Rosi Orozco, me parece que es muy importante, entiendo que era de obvia o urgente resolución, ¿ya no va a ser así? Me parece que tiene la importancia para que de una vez aprobáramos su procesamiento.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Señor diputado, en la comunicación que nos hizo la Junta de Coordinación Política fue inscrita como sólo turno a comisión.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul) : Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Diputada Enoé Uranga.

La diputadaEnoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul): Sí, con la misma inquietud. Creo que la gravedad del tema amerita que fuera de urgente u obvia resolución. Los pederastas en este país andan sueltos y se nos mueren sin pagar por los crímenes que cometieron. Y ahora aparte nos informan que cuando un pederasta está incómodo en la cárcel se le manda a una donde esté más cómodo, me parece urgente el que esta Cámara mande una resolución firme al respecto.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Sí, diputado Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul) : Nos presentaron un punto de acuerdo prácticamente en el mismo sentido que acogió la Junta de Coordinación Política y procedió a recabar la firma de los coordinadores. No tenemos ningún inconveniente si la proponente deseara cambiar el trámite y hacerlo de urgente, y sustituirlo por el que iba a votar la Junta de Coordinación Política.

El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul) : Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Sí, diputado Pablo Escudero.

El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Presidente, en el mismo sentido, el Partido Verde propone e invita a la diputada a que cambie el trámite y la apoyaremos para votarlo. Es un asunto que debe ser votado hoy.

La diputada Leticia Quezada Contreras (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Diputada Leticia Quezada.

La diputadaLeticia Quezada Contreras (desde la curul): Para sumarme también a lo que están pidiendo mis compañeras diputadas y compañeros diputados, que sea de urgente u obvia resolución.

No podemos, esta Cámara, estar tolerando a los malditos pederastas que quieren estar gozando de algunas cuestiones y recovecos en la ley. Mano dura contra pederastas y cero tolerancia a estos pederastas. Gracias, diputado presidente.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul) : Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Sí, diputado Carlos Pérez Cuevas.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul) : En el mismo sentido, señor presidente, dado que las bancadas han expresado que hay unanimidad en el tema de urgente u obvia resolución. La bancada de Acción Nacional está en el mismo sentido.

El diputado Óscar González Yáñez (desde la curul) : Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Diputado Óscar González Yáñez.

El diputado Óscar González Yáñez (desde la curul): Para solicitarle el uso de la palabra un momento después de que ya se someta a discusión de la asamblea, porque entiendo que va a ser de urgente u obvia resolución, señor presidente, y en el sentido de nosotros, de nuestra aprobación al punto de acuerdo que propone la compañera Rosi.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Sí, lo someteremos a la asamblea. Sí, diputado Pedro Ávila.

El diputadoPedro Ávila Nevárez (desde la curul) : Compañeros, creo que lo que se acaba de proponer aquí es una cosa muy seria, es una cosa de interés nacional, y el Congreso de la Unión debe estar en contra de todos estos pederastas.

Fui parte de la LIX Legislatura, donde pedimos que se castigara a este tipo de inmediato, a este señor Kuri, que no debe llamarse ni señor, por las intenciones malévolas que tuvo contra los niños de México.

Creo que aquí debe hacerse de urgente u obvia resolución y, si se puede, que el Ejército vaya por ese individuo donde esté, pero no que se lo lleven a Cancún como un premio, sino que se lo lleven a las Islas Marías o a algún lugar de donde nunca vuelva a salir, como todos los demás pederastas.

Que el Congreso ponga la muestra de que es un poder que puede hacer todo por proteger a la niñez de México.

El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín (desde la curul) : Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Sí, diputado Castilla.

El diputadoAgustín Carlos Castilla Marroquín (desde la curul): Que se considere como de urgente u obvia resolución por nuestra condena absoluta a los pederastas y a los funcionarios que son complacientes con ellos.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Sí, como ya lo ha solicitado la diputada Rosi Orozco. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente u obvia resolución. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, hay unanimidad por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición. Se abre el registro de oradores.

Se han inscrito los diputados Óscar González Yáñez y Rodolfo Fernández Noroña. Tiene la palabra el diputado González Yáñez, desde la curul. Adelante, diputado.

El diputado Óscar González Yáñez (desde la curul) : Gracias, señor presidente. Le he pedido la palabra para hacer una reflexión sobre este tema que es uno de tantos temas que obliga a nuestra atención.

Es cierto que este personaje ha llamado la atención sobre un hecho muy particular, pero también tenemos que poner atención en todos los hechos que pasan en nuestro país sobre el tema del abuso a menores.

Qué bueno que nuestro Congreso logra llamar la atención, pero la estadística que tenemos de abusos de menores en nuestro país es inmensamente mayor al asunto que estamos tratando.

¿Qué procedería entonces que hiciéramos en este momento? Que el Congreso mexicano haga un exhorto a las instituciones de nuestro país para que lo atendamos de la mejor manera.

Con el respeto que merece el Poder Judicial, hacerle este planteamiento votándolo a favor por unanimidad. Pero la propuesta nuestra, señor presidente, sería que nuestra querida compañera Rosi, acompañada de la comisión que preside, fuera la encargada personalmente de hacer el envío del punto de acuerdo que estamos haciendo. Esto con otro sentido, el sentido es de sensibilizar a los jueces de nuestro país al uso de las facultades legales que tienen.

¿Por qué lo hago? Nosotros hemos percibido, en el caso particular de un servidor, y creo que algunos coincidirán conmigo en que la lucha que ha dado nuestra compañera diputada Rosi durante muchos años ha surtido efectos en esta Cámara.

Yo quisiera trasladar el gran cariño que ella le tiene a su lucha y que ha compartido con muchos de nosotros a otro Poder. Por eso quisiera que no solamente fuera un punto de acuerdo que lo aprobáramos y se enviara a una oficina con un oficio, sino que ella fuera enviada, por parte de nuestro Poder, con nuestro mandato a entrevistarse con estos jueces –si es que este juez lo permite y se le quiere hacer caso a nuestro Poder– y que ella fuera encargada de una comisión especial que llevara esta comisión.

Creo que la compañera Rosi tendría la disposición. ¿Rosi, sí coincides, verdad? Nuestra compañera Rosi coincide en que encabece una comisión que pudiera llevar esta comunicación de este punto de acuerdo.

Es la particularidad que yo le quería dar, señor presidente, y si usted tuviera a bien que fuera parte del punto de acuerdo, que la comunicación sea personal y que la encabezara la compañera Rosi. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Señor diputado, le agradecería que presentara su propuesta por escrito. Tiene la palabra el diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña :Compañeros diputados, compañeras diputadas, el punto que acabamos de votar como de obvia o urgente resolución acredita que cuando se presentan temas con seriedad y responsabilidad no hay ninguna diferencia partidaria que aplicar.

Lo que la compañera Rosi Orozco plantea y viene trabajando desde hace tiempo es un tema de la mayor relevancia, que tenemos que combatir con toda energía y firmeza, y siendo el caso de Succar Kuri un caso emblemático de pederastia, emblemático de impunidad, emblemático de intereses políticos cobijando la protección de semejante personaje siniestro, la decisión de la Cámara es muy importante, pero no debe parar ahí.

Me parece que debemos generar condiciones para que esta tarea que está impulsando nuestra compañera diputada tenga todo el respaldo, toda la firmeza, toda la fuerza del peso institucional de esta Cámara de Diputados.

Es verdaderamente aberrante que un criminal de la peligrosidad de Succar Kuri vaya a un penal tan relejado como el de Cancún y que luchadores sociales como Ignacio del Valle sigan en el penal emblemático de máxima seguridad de Almoloya.

Eso es verdaderamente inconcebible, muestra el grado de corrupción que hay en nuestro sistema judicial, muestra el grado de venalidad que hay y me parece que la determinación está haciendo un enérgico llamado al Poder Judicial, con pleno respeto a los poderes y a la autonomía y al equilibrio que cada uno de éstos guardan, a que no debe seguir sucediendo este tipo de cosas.

Porque además, una figura muy importante del marco legal que es el derecho de amparo se viene pervirtiendo a tal grado que hay gente que piensa que habría que desaparecerlo, cuando es una de las figuras más importantes del marco legal existente, pero que muchas de las veces se presta al servicio de los poderosos económicamente, de los influyentes, de los que tienen cobijo del poder político, como es el caso de este personaje Succar Kuri. Ahí están relacionados Yunes, por cierto, Gamboa, que son casos verdaderamente graves de impunidad en torno a esta situación.

Y algo que no comentó aquí la compañera diputada Rosi Orozco, pero imagínense el mensaje que se está enviando a las víctimas, que fueron mayoritariamente de aquella zona de Cancún, al enviarles al penal de Cancún a este psicópata, a este tipo absolutamente enfermo, es un mensaje de impunidad, es un mensaje que aterra a las víctimas de esta situación y que no debemos permitir bajo ninguna circunstancia.

Así es que, a pesar de las campañas que tienen los medios, una decisión como ésta honra a la Cámara de Diputados y hace a los legisladores que formamos parte de ella sentirnos orgullosos de la tarea que estamos realizando. Muchas gracias, compañeros diputados, compañeras diputadas.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Tiene la palabra la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz :Muchas gracias, diputado presidente. Oportuna la decisión de definir éste como un tema de urgente u obvia resolución.

Hace apenas unos días nos hemos enterado que el pederasta Marcial Maciel murió no sólo en la impunidad, con respecto a los casos que desde 1960 se conocen, de los abusos constantes que ejerció hacia menores, abusando del poder y de los privilegios que la Iglesia le dio, también abusó de sus hijos.

Ese dato no es menor, la pederastia, el abuso hacia los niños y la violación infantil, según las cifras oficiales, se comete con más frecuencia entre los mismos familiares de las víctimas. Son los hombres cercanos a las niñas y a los niños quienes abusan de ellos. Pero también existe este fenómeno que lamentablemente está creciendo en el país y que está asociado a la trata de personas.

Es del todo grave y reprobable, el que se regrese a este patán a Cancún, porque, además, puede implicar el que se posibilite que desde la cárcel empiece a operar otra vez su negocio de pederastia. Es altamente peligroso el que se le coloque en un lugar en el que no sólo se expone a las víctimas que ya han sido sometidas a presiones, a persecuciones y un alto riesgo, sino que además se le coloca donde él conoce los esquemas para funcionar y puede establecer, al igual que cualquier otro criminal de alta peligrosidad desde la propia cárcel, el negocio controlado de la trata de personas y la pederastia.

Estos temas, como el de Marcial Maciel, muestran nuevamente el que estos crímenes ominosos se cometen porque hay alguien en el poder que los consiente. Hay una complicidad. Y también quien es omiso, también quién sabe y no hace nada es cómplice, y hacia ellos creo que toca la responsabilidad de voltear la mirada.

El caso de Marcial Maciel y el caso de este patán obligan a que miremos cuál va a ser el trato que le demos a estos cómplices de los abusos. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, compañeros.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Tiene la palabra la diputada Leticia Quezada Contreras.

La diputada Leticia Quezada Contreras : Gracias, diputado presidente. Quiero hacer un llamado a todos los diputados y las diputadas que estamos en este momento y a todos los grupos parlamentarios representados a que veamos este problema con mucha seriedad, a sacar, a hacer y a legislar, y a que nos pongamos a trabajar en una ley adecuada en todo el país. Una ley que sea armonizada, que sea homogénea, porque actualmente tenemos un problema legal en esta materia debido a que hay diferentes códigos penales, códigos civiles, de procedimientos civiles, y no en todos lados existe la tipificación igual.

Mientras aquí, en el Distrito Federal, tenemos la tipificación de almacenamiento y distribución de pornografía, en muchos estados no la tienen. Y en la tipificación de delitos como éstos existe un verdadero problema legal.

Yo llamó a todos los grupos parlamentarios a que ésta sea una de nuestras prioridades como legislatura y que saquemos un ordenamiento jurídico adecuado, para que le demos una herramienta jurídica a todos aquellos jueces que imparten justicia.

Otra cosa que me gustaría comentar también, precisamente es el resultado de estas resoluciones que han estado emitiendo muchos jueces, es que no hay una educación, no existe capacitación ni sensibilización para los jueces de nuestro país. Es decir, actúan con muchísima impunidad y con muchísima corrupción. No entienden el problema de fondo, que son los niños abusados del país. Y no les importa porque no tienen una educación, una sensibilidad, una capacitación en este tema.

Así es que veamos los recursos necesarios para que se vean y que se hagan las capacitaciones en este sentido, y que hagamos legislaciones homogéneas en todo el país. Hoy nos despertamos, ya traemos varios temas importantes en este país, en esta materia de pederastia.

El Congreso, la Cámara de Diputados no podemos estar solapando, ni tampoco podemos estar diciendo o no hacer nada y estar ajenos al caso de Succar Kuri –por cierto, qué bien que nuestra compañera lo subió–, que acompañamos desde el Grupo Parlamentario del PRD y que no solapamos. Está el caso de Rafael Muñiz y de muchos más, y hoy nos despertamos con el caso del abuso sexual de Marcial Maciel.

Es un escándalo que me parece que está vinculado con una serie de delitos que tienen que ver con abuso sexual, pederastas y encubrimiento. Hay que solicitar a la PGR que investigue, porque puede haber una red de corrupción en una parte de estos fundadores de los Legionarios de Cristo.

No podemos estar avalando, y hay que solicitar a la PGR que se investigue a fondo, que se vea, no de forma sino que de fondo el problema. Hacer un llamado a la PGR para que tomen cartas en el asunto y sean sensibles ante las denuncias que se han hecho públicas, no de ahora, sino desde hace ya varios años, y no podemos estar nosotros, como diputados, con los brazos cruzados a ver qué pasa, porque este tipo de denuncias, en particular de estos tres pederastas que son basura para la sociedad, ya tiene mucho tiempo que se están haciendo las denuncias públicas. No hay que solapar, no podemos estar tapando el sol con un dedo ante los abusos que están sufriendo nuestros niños en este país.

Este Congreso tiene que estar velando por el interés superior de nuestros niños y niñas en todo lo largo y ancho del país. Sería cuanto, señor diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Tiene la palabra el diputado Agustín Castilla Marroquín.

El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín :Con su permiso, diputado presidente. Rafael Muñiz, Marcial Maciel, Jean Succar Kuri, Casitas del Sur son tan sólo ejemplos de lo que no puede y no debe repetirse en nuestro país. Ejemplos, por cierto, vergonzosos para todos los mexicanos.

Sin embargo, cuántos casos más han quedado en impunidad, cuántos casos más se han quedado en el olvido o en el desconocimiento de la sociedad. Son miles las niñas, los niños víctimas de abuso, de explotación sexual comercial infantil y, sin embargo, poco se ha hecho.

Las autoridades en los diferentes niveles de gobierno, el Poder Judicial y este Congreso, al parecer solamente reaccionamos cuando se suscita un escándalo. Es indispensable que sentemos las condiciones para preservar el interés superior de la niñez. Que sentemos las condiciones para garantizar el libre desarrollo psicosexual de las niñas y niños.

Y, no debemos confundir los temas como hace unos días, unas semanas, en una resolución un juez que se atrevió a resolver que no había delito que perseguir porque no se acreditaba que el caso de la pornografía infantil fuera un atentado contra la moral pública.

Necesitamos revisar las leyes, necesitamos dotar de recursos a las autoridades encargadas de perseguir a estos delincuentes, necesitamos capacitar a nuestras policías y a nuestros jueces, pero, sobre todo, es indispensable que este tema sea una prioridad para el Congreso y una prioridad para la nación.

Una sociedad indiferente, una sociedad silenciosa se convierte también en cómplice y, desde luego, una nación que no es capaz de cuidar a sus niñas y a sus niños está condenada al fracaso. Por eso insisto en que éste debe ser un tema prioritario y debemos mandar desde esta tribuna un mensaje muy claro de cero tolerancia a los pederastas. No importa si son empresarios, no importa sin son ministros de algún culto religioso, no importa si son políticos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Pedro Ávila Nevárez, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputadoPedro Ávila Nevárez :Con su permiso, señor presidente. Qué hermoso ejemplo está dando en estos momentos a la nación esta Cámara de Diputados. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos hemos unido todos, de todos los partidos políticos, sin distinción de credos ni ideologías para apoyar a una mujer que desde hace mucho tiempo, en la LIX Legislatura, está luchando por la protección de los niños y las niñas de México, como es la compañera Rosi Orozco.

Muchas veces ignorada, muchas veces hasta con burla de sus propios compañeros, y no digo sólo de su partido, sino de todos los partidos, porque cuando se lucha por una causa noble, como Rosi lo ha hecho, con tesón, con dedicación y con amor a los niños de México es cuando se logra el consenso.

Cuántas cosas se han tratado aquí en este Congreso de la Unión, ahora como lo ha dicho el compañero Noroña, con las curules vacías, como si fuera un Parlamento desierto o un Parlamento en que los intereses de la patria no importan, pero aquí estamos ahorita apoyando a Rosi contra esos señores, que el señor Succar Kuri les ha dado fama, y otras personas que no ven en los niños de México por su miopía política, por su perversa actitud, que son el futuro de la patria.

Por eso, en este día que hablo a nombre de mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, quiero decirles que me da mucho orgullo estar aquí y que este mensaje lo reciban los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se les olvida que el Poder Legislativo es el que les hace las leyes para que ellos gobiernen, y quieren quitarnos a los diputados nuestra forma de expresarnos.

Que sepan que los diputados venimos aquí porque somos los representantes de la nación y que somos más que los senadores de la República, que los gobernadores y que el mismo presidente, porque un diputado federal es la célula del pueblo, como Rosi, que está pidiendo por los niños de México.

Sigamos unidos así, todos, sin distinción de partidos políticos, para luchar por este México al que tanto queremos. Muchas gracias, compañeros.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Gracias a usted, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Alberto Cinta Martínez, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez :Con su permiso, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, este tema, tan importante para el país, no es un tema menor, ya lo han dicho otros diputados, pero creo que falta señalizar algo. Ojalá fuera el problema de si un pederasta encarcelado se va a ir una cárcel light en Cancún o se va a quedar en una cárcel de alta seguridad. Ojalá ése fuera el problema.

Hoy, que nos levantamos con la noticia nada nueva de los hijos abusados por el padre Maciel, nos debería dar vergüenza a todos que pederastas como él no hayan ni siquiera pisado la cárcel. Es una vergüenza el grado de impunidad que existe en este país en torno a las ofensas más graves contra los niños de México.

Yo quisiera exhortar no nada más a las autoridades y al Poder Judicial a que realmente lleven a un pederasta a una cárcel de alta seguridad, sino que realmente luchemos nosotros los legisladores, todos, por hacer un marco jurídico que acabe de una vez y para siempre con la enorme impunidad que hay en este país. No podemos permitirlo.

Es algo que nos debería avergonzar a todos la noticia que salió hoy en torno al abuso que hizo el padre Maciel de sus propios hijos. Es un asunto que se había sacado en televisión durante años, es un asunto que todo el mundo conocía. Pero nuevamente los grandes intereses, las grandes protecciones y la impunidad impidieron que una persona que había sido señalada públicamente en varios foros: en televisión, en radio, con testigos, con gente con carreras honorables que señalaron esta situación, no se haya hecho nada.

Por eso el Partido Verde ha pedido, entre otras cosas, que se incrementen las penas a los delincuentes. No es una propuesta al aire, es una propuesta seria, es un reclamo de la ciudadanía.

Es un buen momento para entender el incremento a la pena de las personas que generan daños tan graves como los que estamos discutiendo, es una necesidad, debe ser una obligación de los legisladores atender este reclamo de la sociedad. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Tiene la palabra la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado :Gracias, diputado presidente. Definitivamente no podía dejar pasar la oportunidad de hacer uso de la palabra.

En la LIX Legislatura, así como el día de hoy, muchos diputados estuvimos unidos en torno a este tema: el tema de los pederastas. Pero en el tema de Jean Succar Kuri, el señor se había fugado a los Estados Unidos. Y aquí, en esta Cámara de Diputados, el –en ese entonces– diputado Manlio Fabio Beltrones y una servidora presentamos un punto de acuerdo para que la Procuraduría General de la República inmediatamente se abocara a la extradición de este sujeto.

Inmediatamente después presentamos una iniciativa de reforma –que hace un momento comentaba una compañera que me antecedió– para reformar todo el título octavo del Código Penal Federal en materia de explotación sexual infantil, así como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley Federal de Procedimientos Penales. Todo esto se hizo en la LIX Legislatura. Lamentablemente en muchos estados de la República las leyes son muy laxas, tal es el caso de algunos estados en donde se convierten precisamente en paraísos para estos sujetos.

Yo no quiero imaginarme a ese juez del Poder Judicial que permitió que esto pueda pasar, que Jean Succar Kuri se vaya a la cárcel de Cancún, sólo falta que le pongan y le den una suite con vista a la playa.

Yo creo que en este tipo de temas es muy importante estar todos de acuerdo y, como bien aquí se dijo, se exhorte a todas aquellas entidades federativas para que homologuen sus códigos penales precisamente al título octavo del Código Penal Federal en materia de explotación sexual infantil.

También en la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos sigue pendiente un dictamen desde la LIX Legislatura que presentamos el diputado –en ese momento– Manlio Fabio y una servidora de Ley Federal contra la Explotación Sexual Infantil.

Esa ley federal que propusimos en ese momento era precisamente para tener un consejo nacional que pueda darle seguimiento a este tema tan importante. En materia contra la explotación sexual infantil, el Grupo Parlamentario del PRI siempre estará a favor. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Gracias a usted, diputada. Tiene la palabra el diputado Guillermo Zavaleta Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Guillermo José Zavaleta Rojas :Con el permiso de la Presidencia. Sólo para felicitar a mi amiga y compañera de bancada Rosi Orozco. Creo que finalmente es una de las luchas que empieza a ver la luz después de tanta oscuridad.

Quisiera decir que la pederastia es un delito que marca a las víctimas para toda la vida, porque el pederasta no solamente se aprovecha de su condición mayor en edad o en fuerza, sino también roba las ilusiones, los sueños, las esperanzas de los niños abusados.

No podemos dejar de reconocer el esfuerzo de Rosi Orozco en lo individual y también reconocer la bondad y el cumplimiento del deber de esta Cámara, este día, que marca un rumbo. Esperemos que las autoridades federales escuchen muy bien el mensaje.

Jean Succar Kuri no merece siquiera ver la luz del día siguiente, sin embargo, el sistema político le permite esa garantía de vivir. Lo que no podemos permitir es que se evada de la acción de la justicia yéndose de un penal de alta seguridad a un penal local, que no quisiera pensar que pudiera llegar a darse el caso que pudiera incluso empezar a tener privilegios carcelarios de salidas de fin de semana, de visitas a su propia celda, incluso de los propios menores que hoy se trata de proteger.

El sistema carcelario –que ése es otro problema que habrá que atender– en un sistema local que puede llegar a corromperse fácilmente con el dinero —y que lo tienen en cantidades abundantes—, puede corromper, ese sistema carcelario, la vida de otros menores de edad. Por tanto, felicito el esfuerzo de esta Cámara.

Quisiera decir que este tipo de delitos no pueden quedar impunes ni tratándose de Jean Succar Kuri, ni tratándose de Adán Salvador Pérez Ramírez, en Oaxaca, de Hugo Gabriel Constantino García, que son dos pederastas que pasean libremente sin que hasta este momento sus órdenes de aprehensión sean ejecutadas.

Tenemos una lucha permanente que observar en la Madre Coraje, como denominó un columnista prestigiado la figura de la señora Leticia Valdés Martell, quien diariamente ha estado luchando para la detención de quienes abusaron de un menor de cuatro años de edad en el Instituto San Felipe, en Oaxaca de Juárez.

Determinado así no por un servidor; determinado así por un Ministerio Público que consignó el asunto. Determinado así por un juez que radicó el asunto y que dictó una sentencia a una de las detenidas, la única detenida, la más débil de esa cadena, de esa red, que es una copartícipe de esta violación, con un castigo que hoy se ha dictado por 10 años. Y lamentablemente tenemos a dos pederastas que caminan y circulan libremente haciendo daño sin que reciban un castigo ejemplar.

Quiero llamar a la conciencia de este pleno para que de todos los casos de los que tengamos conocimiento en lo individual podamos coadyuvar y podamos darle una respuesta a toda esa ciudadanía que hoy aplaude, sin duda, un tema de esta naturaleza. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Gracias, a usted diputado. Tiene la palabra el diputado Emilio Serrano Jiménez, del PRD.

El diputado Emilio Serrano Jiménez :Muchas gracias, diputado presidente, por darme la oportunidad de usar la tribuna para manifestar que en el ámbito político, en la misma Cámara de Diputados, de Senadores existe hipocresía.

Hablamos y nos desgarramos las vestiduras con actos tan repugnantes como los que hemos escuchado, pero no se dice cómo los partidos políticos son solapadores, son cómplices y esconden la vergüenza, inclusive en el propio clero.

Ahora le podíamos preguntar al cardenal Norberto Rivera Carrera, que estuvo defendiendo, estuvo diciendo que era inocente Marcial Maciel, qué va a hacer ahora para sacarlo del infierno y mandarlo al cielo, porque se supone que para eso trabaja.

Y a los que llama la diputada Enoé bestias –no hay otro calificativo– los hacen hasta candidatos a gobernadores, a diputados, a senadores o están en el gobierno federal, estatal.

¿Qué le podemos decir ahora al góber precioso? Que se lo lleve a Puebla, a éste que quiere salir de este penal de alta seguridad, porque ahí tendría protección. Protección de Miguel Ángel Yunes o de Emilio Gamboa Patrón y otros que están por ahí escondidos y que ellos sí se conocen, se defienden y se protegen, y son miembros del mismo negocio, de los mismos gustos.

Aquí se ha calificado de grave, que debemos hacer algo todos para evitar que se sigan cometiendo estos actos bestiales. Pero que sea de a de veras, no nada más para usar la tribuna y ser escuchados. Hay que proteger a los niños, a las niñas, a los adultos mayores, a la gente más débil, ésa es nuestra obligación, para eso somos diputados federales, para eso somos representantes de ellos, para protegerlos. Evitar que se sigan cometiendo abusos, injusticias.

Qué bueno que esos temas no tienen colores, que no tienen partidos, y ojalá que como este acto fueran todos, para evitar la aplicación de la ley injustamente, para evitar que se sigan cometiendo abusos con los que menos tienen.

Ojalá y que nuestra actitud fuera así todos los días, para transformar al país, el país que merecemos todos. Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :No habiendo más oradores inscritos, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : En votación económica se consulta a la asamblea si la proposición se encuentra suficientemente discutida. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Suficientemente discutida.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : Señores legisladores, por instrucciones de la Presidencia se consulta, en votación económica, si se aprueba la proposición. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa.

Señor presidente, hay mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobada. Comuníquese.

El diputado Óscar González Yáñez (desde la curul) : Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Sí, diputado Óscar González Yáñez.

El diputado Óscar González Yáñez (desde la curul): Señor presidente, le pedí al inicio de mi intervención que no fuera solamente una comunicación tradicional de nuestra Cámara a otro poder, sino que fuera una comisión. Y en particular le propuse la comisión que encabeza la compañera Rosi, la que se encargara de la comunicación.

La compañera Rosi preside la Comisión Especial de Trata de Personas, que sea esa comisión, presidida por la compañera Rosi, la que se encargue de hacer el procedimiento de comunicación hacia el Poder Judicial. Le quisiera pedir, por favor, que pudiera usted poner a consideración del pleno que así pudiera ser.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz :Tome nota la Secretaría.

Señoras y señores diputados, les informo que se encuentran de visita con nosotros 135 alumnos y 5 maestros de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad de Nuevo León, invitados por la diputación de Nuevo León, del PRI.

Se encuentran también invitados de Metepec, estado de México, invitados por el diputado Miguel Terrón Mendoza.

Profesores del estado de Querétaro, invitados por el diputado Reyes Tamez Guerra.

También están con nosotros invitados de San Luis de la Paz, Guanajuato, invitados por el diputado Juan Huerta Montero.

Del distrito XXVI, de Toluca, estado de México, invitados por el diputado Héctor Hernández Silva.

Líderes comunitarios de Ecatepec, del estado de México, invitados por el diputado Josué Valdés Huezo.

Ayudantes municipales del estado de Morelos, invitados del diputado Jaime Sánchez Vélez.

Se acaban de recibir proposiciones con punto de acuerdo de los órganos de gobierno. Proceda la Secretaría a dar lectura.

TRABAJOS LEGISLATIVOS

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se instruye a la Secretaría General de la Cámara de Diputados a fin de que considere prioritariamente los trabajos del pleno en el otorgamiento de espacios para el trabajo de las comisiones ordinarias, especiales, grupos de trabajo y demás órganos auxiliares del pleno

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y

Considerando

I. Que el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara de Diputados y el órgano en que se impulsan entendimientos y convergencias políticas a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden;

II. Que el artículo 34, numeral 1, inciso b), del citado ordenamiento, establece que la Junta de Coordinación Política tiene la atribución de presentar a la Mesa Directiva y al pleno proyectos de acuerdo;

III. Que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que el pleno de la Cámara de Diputados constituye la instancia máxima de decisión, en tanto expresión más pura de la representación política nacional y de los grupos parlamentarios constituidos en la Cámara;

IV. Que según los artículos 39, 40, 42 y 46 del mismo ordenamiento, las comisiones ordinarias, especiales y comités son órganos constituidos por el pleno a efecto de que la Cámara cumpla sus atribuciones legales y constitucionales;

V. Que sin embargo, la programación de reuniones de trabajo de estos órganos auxiliares de la Cámara durante los trabajos del pleno, ha impedido su adecuado funcionamiento, evitando que los grupos parlamentarios alcancen su plena expresión numérica en el desarrollo de los trabajos parlamentarios;

VI. Que esta Junta de Coordinación Política ha considerado indispensable abordar la materia del presente acuerdo a efecto de tomar las medidas pertinentes que contribuyan al mejor despacho de los asuntos que deba atender esta representación nacional; y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Acuerdo

Primero. Se instruye a la Secretaría General de la Cámara de Diputados para que considere prioritariamente los trabajos del pleno en el otorgamiento de espacios para el trabajo de las comisiones ordinarias, especiales, grupos de trabajo y demás órganos auxiliares del pleno.

Para estos efectos, la Secretaría General, a través de la Dirección General de Eventos, no podrá conceder espacios para el trabajo de los órganos auxiliares del pleno cuando este se encuentre reunido en el desarrollo de sus sesiones ordinarias los martes y jueves, entre las 10:00 y las 15:00 horas.

Segundo. Las solicitudes y requerimientos especiales que formulen las comisiones, los comités y los grupos de trabajo y demás órganos auxiliares del pleno, que constituyan excepciones a lo anterior, deberán ser puestas, con la debida anticipación, a la consideración de la Junta de Coordinación Política, que resolverá lo conducente.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor en el momento de su aprobación por el pleno.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2010.— Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Reyes Tamez Guerra (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobado. Continúe la Secretaría.

TRATA DE PERSONAS

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se solicita a todos los miembros permanentes, invitados y participantes de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas que cada dependencia que integra la comisión de referencia contribuya a crear un acervo especializado que contenga un banco de información correspondiente al tema de la trata de personas

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo decimocuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que formula la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por lo que se somete a la consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a todos los miembros permanentes, invitados y participantes de la Comisión Intersecretarial para prevenir y sancionar la Trata de Personas a que cada dependencia que integra la comisión de referencia contribuya a crear un acervo especializado que contenga un banco de información correspondiente al tema de la trata de personas.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Intersecretarial para prevenir y sancionar la Trata de Personas a coordinar la integración del banco de información, y a que genere y suscriba los convenios necesarios con aquellas organizaciones relacionadas con el tema de trata de personas para integrar de mejor manera dicho acervo informativo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2010.— Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Reyes Tamez Guerra (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

En votación económica se pregunta a las diputadas y diputados si se aprueba. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobado.

COMISIONES ESPECIALES

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se crean tres comisiones especiales de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, 34, numeral uno, inciso c); y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno el siguiente proyecto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. Que en términos del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política tiene la facultad para presentar al pleno de la Cámara de Diputados proyectos de puntos de acuerdo;

Segunda. Que el artículo 42 de la Ley Orgánica otorga al pleno la facultad de acordar la constitución de Comisiones Especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico y que, en términos del artículo 34, numeral 1, inciso c), del mismo ordenamiento, a la Junta de Coordinación Política corresponde proponer al pleno la integración de las comisiones;

Tercera. Que para la integración de las comisiones especiales la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del pleno y la conformación de las comisiones, cuidando que al hacerlo se incorpore a los diputados pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios, de tal suerte que se refleje la proporción que representen en el pleno;

Cuarta. Que la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura está integrada por siete grupos parlamentarios compuestos a su vez de la siguiente forma: Partido Revolucionario Institucional, 237 diputados, Partido Acción Nacional, 143 diputados; Partido de la Revolución Democrática, 69 diputados; Partido Verde Ecologista de México, 21 diputados; Partido del Trabajo, 13 diputados; Nueva Alianza, 9 diputados y Partido Convergencia, 8 diputados;

Quinta. Que la Junta de Coordinación Política ha estimado conveniente presentar al pleno un acuerdo para la integración de tres comisiones especiales; y con fundamento en las disposiciones referidas en el proemio, se somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Se constituyen las siguientes tres comisiones especiales de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura:

Segundo. Las tres comisiones especiales estarán integradas por 16 miembros propuestos por los grupos parlamentarios en la siguiente proporción: 6 diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 4 del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 2 del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 1 del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 1 del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 1 del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza y 1 del Grupo Parlamentario del Convergencia.

Las comisiones especiales contarán con una mesa directiva, que se conformará por un presidente y dos secretarios.

El grupo parlamentario que presida, no podrá contar con secretarios en la mesa directiva de la comisión.

Igualmente, no podrán designarse como secretarios a los diputados y diputadas que ostentan hasta dos secretarías de comisiones ordinarias.

La designación de estos últimos, así como la de la totalidad de integrantes de cada comisión, deberá ser comunicada por los grupos parlamentarios a la Junta de Coordinación Política.

Tercero. El objeto de las comisiones especiales será el que se deriva de su denominación.

Cuarto. Para el cumplimiento de su objetivo, dichas comisiones especiales podrán allegarse de la información que consideren pertinente, así como reunirse, cuando lo estimen necesario, con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción, de conformidad al marco normativo aplicable.

Igualmente, podrán solicitar y recibir los archivos de legislaturas anteriores que existan sobre la materia de trabajo que deban atender.

Quinto. Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de las comisiones especiales serán aprobados por el Comité de Administración.

Sexto. Las comisiones especiales estarán vigentes hasta el 31 de agosto de 2012. Para estos efectos deberá presentar de manera periódica un informe de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el pleno y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2010.— Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Reyes Tamez Guerra (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa.

Señor Presidente, hay mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobado. Continúe la Secretaría.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella : Se dará lectura del orden del día de la sesión del 9 de marzo de 2010.

«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.— Primer Año de Ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Martes 9 de marzo de 2010.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Los asuntos no abordados y los demás con los que la Mésa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz (14:43 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 9 de marzo, a las 10 de la mañana. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 horas.

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RESUMEN DE TRABAJOS"

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 3 horas 43 minutos

• Quórum a la apertura de sesión: 260 diputados

• Asistencia al cierre de registro:  412 diputados

• Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 3

• Oradores que participaron: 79

PRI          27 PAN        13 PRD        16 PVEM     5 PT              16NA           1  Conv.       1

Se recibió o presentó:

• 3 oficios de la Secretaría de Gobernación por los que se solicita los permisos constitucionales necesarios para que siete ciudadanos puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas en México;

• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;

• 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

• 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente;

• 1 oficio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

• 1 oficio de Petróleos Mexicanos con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;

• 2 oficios del gobierno del estado de México con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados;

• 1 iniciativa de senador del PVEM;

• 1 oficio de la Cámara de Senadores con el que remite acuerdo;

• 1 oficio de la Cámara de Senadores con el que remite excitativa;

• 3 minutas con proyectos de decreto;

• 6 iniciativas del PRI;

• 1 iniciativa del PAN;

• 4 iniciativas del PRD;

• 1 iniciativa del PVEM;

• 2 iniciativa del PT;

• 16 proposiciones con puntos de acuerdo;

• 1 proposición con punto de acuerdo, aprobada.