SUMARIO

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Presidencia del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña

ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las señoras diputadas y señores diputados.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 281 diputados. Por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña(11:29 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.— Primer Año de Ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Jueves 11 de marzo de 2010.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Mesa Directiva.

Del diputado Héctor Agustín Murguía Lardizábal.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite anexos actualizados de los informes sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al Cuarto Trimestre de 2009.

Oficio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Con el que remite el presupuesto para el proyecto del Sistema Satelital Mexicano.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Dos, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente.

Oficio de la Cámara de Senadores

Con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010; el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995; el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, presentada por el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Minuta

Con proyecto de decreto, por el que se reforma la Ley de Asistencia Social. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las instituciones de Salud, a los Congresos estatales y a la ALDF a desarrollar, en conjunto y de manera coordinada, un plan de difusión de los centros de atención primaria de adicciones Nueva Vida, a cargo del diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhortar al titular de la CFE a rendir un informe detallado de los reportes de eventos diarios que emite el Sistema Integral de Control Remoto y Acción de Datos instalados en los centros de operación de las redes de distribución de Ecatepec, Pedregal y Verónica, como causa de las inundaciones ocurridas en Chalco, Ecatepec e Iztapalapa, a cargo del diputado Eduardo Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a las afectaciones por las precipitaciones pluviales e inundaciones de los días 2, 3, 4 y 5 de febrero de 2010, en municipios de los estados de México y de Michoacán, así como en 4 delegaciones del Distrito Federal, suscrito por los diputados Leticia Robles Colín y Vidal Lleneras Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a los recursos para la prevención y control del virus del papiloma humano y el cáncer cérvico-uterino en el PEF 2011, a cargo del diputado Alejandro Carabias Icaza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal instruir a la SE y a la Segob a realizar, en conjunto, un estudio jurídico sobre la posibilidad de solicitar la cancelación de la concesión a la empresa Mexicana de Cananea, SA de CV, a cargo del diputado Carlos Samuel Moreno Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Segob, así como al Comité Técnico del Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos a tomar las medidas pertinentes para cubrir el pago correspondiente a los ex braceros o a sus beneficiarios, cuando éste se les haya negado por errores tipográficos o en el proceso de integración de su expediente los cuales son totalmente ajenos a su responsabilidad, así como a corregir los mismos, a cargo de la diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del INEGI para que se cuente bien a los mexicanos de los municipios del país y considere la idea de no disminuir a menos de la mitad las preguntas del cuestionario en el próximo censo general de población y vivienda, a cargo del diputado Josué Cirino Valdés Huezo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH, para que por conducto de la Visitaduría correspondiente, realice las investigaciones e inspecciones pertinentes a fin de determinar la existencia de violaciones a los derechos humanos en los penales de Durango, a cargo del diputado Bonifacio Herrera Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se hace público el conocimiento oficial y las obligaciones derivadas de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 23 de noviembre de 2009, por el caso Rosendo Radilla en contra del Estado mexicano, suscrito por diversos diputados integrantes del los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Economía que escuche la opinión de los sectores productivos del campo mexicano, antes de avanzar en las pláticas preparatorias y en la negociación del Tratado de Libre Comercio con Brasil, para no afectar a nuestro sector agropecuario en ese acuerdo comercial, a cargo de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar, a través de las instancias correspondientes y en ejercicio de sus atribuciones, el estado de Campeche como sede para la construcción de un centro de investigaciones espaciales, a cargo del diputado José Ignacio Seara Sierra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a pagar en una sola exhibición la cantidad que se adeuda a ex trabajadores migratorios, con recursos del patrimonio del Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Sener y a la CFE a poner en marcha medidas para el control de las inundaciones en Tabasco, así como para que en conjunto con la Conagua, se regule el desfogue de las presas de acuerdo a las temporadas de lluvias y los sistemas meteorológicos nacionales, y se obligue a la CFE a responder por los daños que está ocasionando a los bordos de protección y obras hidráulicas que se realizan en el estado de Tabasco, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar, a través de la SRE, que en las festividades propias de las embajadas y consulados mexicanos, en el exterior, el consumo de vinos de mesa preferentemente mexicanos, con el objeto de expandir la industria vitivinícola del país, a cargo del diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la honorable Cámara de Diputados apruebe la implementación de un plan emergente de desarrollo social en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo del diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reclasificar, a través de la SHCP, de la CFE y de la Sener, las tarifas de energía eléctrica en el estado de Veracruz, a cargo de la diputada Carolina Gudiño Corro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, con la finalidad de crear una Comisión Especial para dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos del Ejecutivo federal en la estrategia para la recomposición social e institucional de Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Gobierno del Estado de Baja California a asignar los recursos necesarios para que se realicen los estudios del estado de salud y estatus de conservación de la población de Totoaba, en el Golfo de California, a cargo del diputado Sergio Tolento Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT que instale sistemas de aterrizaje por instrumentos en el aeropuerto de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a cargo de la diputada Cristabell Zamora Cabrera y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia ante esta soberanía de los titulares de la Segob, de la SHCP, de la Sedesol, de la Semarnat, de la Sener, de la SE, de la Sagarpa, de la SCT, de la SFP, de la STPS, de la CFE y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a fin de exponer un informe documentado, completo y detallado del estado en que se encuentra el decreto de extinción de LyFC, la situación que guarda su proceso de desincorporación y el estado en que se encuentra la prestación del servicio público de energía eléctrica en la región atendida por esa empresa, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de la CFE a disponer la reubicación de la planta generadora de energía, dentro de la misma subestación Los Remedios, en razón de que genera contaminación ambiental acústica y daños a las construcciones de los habitantes de los fraccionamientos Jardines de San Mateo y Alcanfores, del municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México, a cargo del diputado Sergio Mancilla Zayas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la honorable Cámara de Diputados a otorgar con la mayor brevedad seguridad social a todas las personas que prestan sus servicios en esta soberanía, sea a grupos parlamentarios o por el régimen de honorarios, a cargo del diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP que destine parte de los subejercicios a que se refiere el artículo 14 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 al fideicomiso 2106, con el fin de incrementar el patrimonio de éste y dar cauce al objeto por el que fue creado, suscrito por los diputados Diva Hadamira Gastélum Bajo y Manuel Guillermo Márquez Lizalde, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sedesol y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desa-rrollo Social que proporcionen información concreta sobre la utilización de los datos de medición de pobreza, las correcciones, modificaciones y/o supresiones de programas que hayan sido resultado de la aplicación de dichas evaluaciones, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal a informar con qué tecnología cuenta para la prevención de sismos, que complemente el Sistema de Alerta Sísmica del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, para reducir la vulnerabilidad de la población de la Ciudad de México; asimismo a coordinarse con la Segob para hacerlo extensivo a las entidades federativas con riesgo sísmico, a cargo del diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades educativas del Gobierno del Estado de Tamaulipas a realizar las acciones necesarias para cubrir las plazas de maestros jubilados en el municipio de Matamoros, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que las legisladoras y los legisladores de esta honorable Cámara de Diputados donen voluntariamente un día de su dieta para las damnificadas y los damnificados de los municipios de los estados de Michoacán, Guanajuato, Querétaro, de México, y del Distrito Federal a los órganos político administrativos de las delegaciones Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa, que fueron afectados por los fenómenos hidrometeorológicos ocurridos en los primeros días de este mes, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a remover de su cargo al titular de la SCT; asimismo, al director del IMSS, a cesar la subrogación de guarderías y proceder a manejarlas de manera directa, de acuerdo a derecho, y para la prestación de un servicio de calidad y que vele por la seguridad de las hijas e hijos de los trabajadores afiliados, a cargo del diputado Agustín Guerrero Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades municipales de Veracruz, a la Semarnat y a la Conagua a no autorizar los proyectos en el humedal de Tembladeras en dicha entidad, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la CFE a ajustar la tarifa eléctrica doméstica del municipio de Muzquiz, Coahuila, tomando como referencia los datos climatológicos de la estación meteorológica automática localizada en el centro del área urbana de dicha localidad, a cargo del diputado Jesús Ramírez Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las entidades federativas y a sus respectivos municipios que a la fecha no hubiesen expedido las leyes o realizado las modificaciones conducentes en materia de responsabilidad patrimonial del estado a realizar las reformas necesarias para ello, con el fin de dar cumplimiento a la obligación constitucional en la materia, publicada en el DOF el 14 de junio de 2002, a cargo del diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Profeco y de la Condusef, a los Gobiernos de las entidades federativas y sus municipios, así como a los Gobiernos del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales a implantar, de forma individual o coordinada, campañas informativas sobre los riesgos de la usura, a cargo de la diputada Tomasa Vives Preciado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de México y a la PGR a instruir, en el ámbito de sus competencias, las investigaciones para deslindar responsabilidades y, en su caso, proceder penalmente contra quien resulte responsable por la supuesta participación y vinculación de miembros de la Agencia de Seguridad Estatal con la delincuencia organizada, a cargo del diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la deforestación, conservación y protección de los bosques y selvas y su inventario, a cargo del diputado Carlos Alberto Ezeta Salcedo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a revisar exhaustivamente el proceso de evaluación de la calidad de los programas de las escuelas normales públicas del país, a cargo de la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la república a no intervenir en el proceso electoral del estado de Aguascalientes y suspenda sus giras de proselitismo en los estados del país donde habrán de celebrarse comicios; asimismo, que esta soberanía forme una comisión especial de legisladores para dar seguimiento al presente punto de acuerdo, bajo el cumplimiento irrestricto de la ley, suscrita por los diputados David Hernández Vallín y Margarita Gallegos Soto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la Segob a dejar de transmitir boletines de aprehensión en contra de la delincuencia o acciones policíacas en los medios de difusión, a cargo de la diputada Blanca Estela Jiménez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Cofepris y a la Secretaría de Economía a llevar a cabo las acciones necesarias para regular adecuadamente la comercialización, distribución y venta de las denominadas bebidas energizantes, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sedesol a impulsar la creación de un Programa Social de instauración de estancias de día para los adultos mayores del país, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la Sectur que emita con la brevedad posible el Reglamento de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de México y a la PGJ de dicho estado a investigar los posibles vínculos de miembros de la ASE con la delincuencia organizada, así como a implementar de manera urgente procedimientos de control y confiabilidad a los integrantes de dicha corporación policiaca, a cargo del diputado Óscar Martín Arce Paniagua, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Baja California y a los miembros del Partido Acción Nacional de esta entidad a cesar de inmediato la campaña de violencia sistemática en contra de la ciudadanía, especialmente en perjuicio de la maestra en ciencias Martha Beatriz López Amador, a cargo del diputado Víctor Castro Cosío, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al embargo camaronero impuesto por Estados Unidos de América a México, a cargo del diputado Rafael Pacchiano Alamán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular al gobierno del estado de Durango, del municipio de Lerdo, a la Conagua, a la Segob, a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres, y al Infonavit, a establecer una mesa plural para resolver la problemática que aqueja a los habitantes de la Colonia César G. Meraz, derivada de los hundimientos en el lugar donde está asentada, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP que informe sobre la situación de las inversiones realizadas por el IMSS en la empresa Metromedia, a cargo del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en cuenta que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Permítame, diputado. Sí, diputado Di Costanzo, dígame. Por favor, sonido en la curul del diputado Di Costanzo. Dígame, diputado.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): El día de ayer le solicité amablemente que constaran en el acta los señalamientos en torno a Andrés Manuel López Obrador, que hicieron diversos diputados del PRI y que se anexara el artículo 136 de la Constitución. No los veo. Usted me ofreció que se iba a considerar y no los veo aquí.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, diputado, el acta que usted tiene en sus manos es un acta sucinta de los hechos y en la versión estenográfica aparecen absolutamente todos los detalles, tal como se vertieron por los señores diputados y es en donde consta, que es en esa versión. Gracias, diputado. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles diez de marzo de dos mil diez, correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura

Presidencia del diputadoFrancisco Javier Salazar Sáenz

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 284 diputadas y diputados, a las 11 horas con 24 minutos del miércoles 10 de marzo de 2010, el presidente declaró abierta la sesión.

En votación económica se dispensó la lectura al orden del día y enseguida del acta de la sesión anterior, la que se aprobó de la misma manera.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la Ceremonia Cívica Conmemorativa del 685 aniversario de la fundación de México-Tenochtitlán. El presidente designó comisión de cortesía que asistirá a dicha ceremonia.

Se dio cuenta con oficio del gobierno del estado de Tlaxcala con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a muertes de periodistas. Se remitió a la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación.

Se dio cuenta con oficio del Instituto Federal Electoral, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la cédula de identidad ciudadana. Se remitió a la Comisión de Gobernación para su conocimiento.

La Junta de Coordinación Política puso a consideración de la asamblea los siguientes cambios de los diputados:

• Rigoberto Salgado Vázquez, del Partido de la Revolución Democrática, baja como integrante de la Comisión del Distrito Federal y alta en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

• Herón Agustín Escobar García, del Partido del Trabajo, baja como integrante del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.

• Óscar González Yáñez, del Partido del Trabajo, alta como integrante del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.

• Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, alta como integrante del grupo de trabajo de alto nivel entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo para impulsar una estrategia y un programa eficaz en materia de atención y prevención de las adicciones.

• José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, alta como integrante de la Comisión Especial de seguimiento de la problemática surgida en los conflictos mineros.

• Herón Agustín Escobar García, del Partido del Trabajo, alta como integrante de la Comisión Especial para la Niñez.

• Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo, causa alta como integrante de la Comisión Especial para la Familia.

•Óscar González Yáñez, del Partido del Trabajo, alta como integrante de la Comisión Especial con la finalidad de dar cuenta a la atención de la problemática que aqueja a la cuenca del sistema Cutzamala.

• Laura Itzel Castillo Juárez, Partido del Trabajo, alta como integrante de la Comisión Especial de seguimiento y supervisión de los resultados y avances del proyecto de aceite del terciario del golfo en el Paleocanal Chicontepec; y de la Comisión Especial de Energía Renovable.

• Alba Leonila Méndez Herrera, del Partido Acción Nacional, baja como integrante de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

• Guadalupe Acosta Naranjo, del Partido de la Revolución Democrática, baja como integrante de la Comisión de Gobernación.

• Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Partido de la Revolución Democrática, alta como integrante en la Comisión de Gobernación y baja en la Comisión de Justicia.

De enterado. Comuníquese.

Se dio cuenta con proposiciones de acuerdo de la Junta de Coordinación Política:

Por el que se exhorta a los grupos parlamentarios, funcionarios federales, estatales y municipales a fin de trabajar de manera conjunta para solucionar los graves problemas de inseguridad y regresar a Ciudad Juárez la paz interior, la tranquilidad, la integridad y sobre todo la seguridad que se ha perdido, durante estos últimos años, a causa del crimen organizado. En votación económica se aprobó. Comuníquese.

Por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal a revisar la estructura y destino del Fondo de Subsidios a los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública, a efecto que garantice que por lo menos a cada entidad de este nivel de gobierno se le autorice el Presupuesto que se asignó durante el Ejercicio Fiscal de 2009 y en consecuencia se adopten los mismos calendarios de suministro que se dieron ese año. Realizaron comentarios en relación al tema los diputados: Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo; y José César Nava Vázquez, del Partido Acción Nacional, y acepta interpelaciones de los diputados Felipe Enríquez Hernández, Víctor Humberto Benítez Treviño, José Adán Ignacio Rubí Salazar y Beatriz Elena Paredes Rangel, del Partido Revolucionario Institucional, Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional, y Juan José Guerra Abud, del Partido Verde Ecologista de México. En su momento hizo comentarios de procedimiento desde su curul el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional. Continúan interviniendo los diputados: José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, y aceptó interpelación del diputado Rubí Salazar; David Penchyna Grub, del Partido Revolucionario Institucional, y acepta interpelaciones de los diputados Leoncio Alfonso Morán Sánchez y Óscar Martín Arce Paniagua, ambos del Partido Acción Nacional, Rogelio Cerda Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, y Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Partido Acción Nacional; Víctor Manuel Castro Cosío, del Partido de la Revolución Democrática, y acepta interpelación del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Partido Revolucionario Institucional; Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional; Héctor Guevara Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta interpelaciones de los diputados Armando Rivera Corona, del Partido Revolucionario Institucional, María Dina Herrera Soto, del Partido de la Revolución Democrática, Kenia López Rabadán y Carlos Luis Meillón Johnston, ambos del Partido Acción Nacional, y Jorge Romero Romero, del Partido Revolucionario Institucional. Desde sus respectivas curules intervinieron para comentarios los diputados: Beatríz Elena Paredes Rangel, del Partido Revolucionario Institucional; José César Nava Vázquez, del Partido Acción Nacional; y Yolanda de la Torre Valdez, del Partido Revolucionario Institucional.

A las 13 horas con 11 minutos, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría instruyó el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de 416 diputadas y diputados.

Presidencia del diputadoFrancisco Javier Ramírez Acuña

Intervino el diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo, quien aceptó interpelación del diputado Romero Romero. Desde su curul los diputados Jorge Hernández Hérnandez, del Partido Revolucionario Institucional, y Arce Paniagua, hacen comentarios sobre la conducción de la sesión y el presidente hace aclaraciones. También desde su curul el diputado Pedro Ávila Nevárez, del Partido Revolucionario Institucional, hace comentarios en relación con el debate. Continuaron las intervenciones de los diputados: Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido del Trabajo; Ramón Jiménez López, del Partido de la Revolución Democrática; y María Elena Pérez de Tejada Romero, del Partido Acción Nacional, y aceptó interpelaciones del diputado Rodrigo Reina Liceaga, del Partido Revolucionario Institucional, quien solicitó en dos ocasiones retirar expresiones hechas por la oradora y ésta aceptó. Desde su curul hicieron comentarios los diputados José Adán Ignacio Rubí Salazar, del Partido Revolucionario Institucional, quien se refirió a la conducción de la sesión; Fernández Noroña y Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo; y Jorge Venustiano González Ilescas, del Partido Revolucionario Institucional. El presidente hizo las aclaraciones pertinentes. Paso a la tribuna el diputado Óscar Guillermo Levin Coppel, del Partido Revolucionario Institucional, quien aceptó interpelaciones de los diputados Di Costanzo Armenta, y Sofía Castro Ríos, del Partido Revolucionario Institucional, en tanto, los diputados Guillermo Zavaleta Rojas, y Julio Castellanos Ramírez, del Partido Acción Nacional, solicitaron al orador retirar expresiones y éste aceptó, y desde su curul hicieron comentarios los diputados Fernández Noroña, Cárdenas Gracia, y Enoé Margarita Uranga Muñoz, del Partido de la Revolución Democrática. Continuaron en el uso de la palabra los diputados: Cárdenas Gracia; Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática, quien aceptó interpelaciones de los diputados Arce Paniagua y Di Costanzo Armenta; Paredes Rangel, desde su curul; Roberto Gil Zuarth, del Partido Acción Nacional, quien aceptó interpelaciones de los diputados David Hernández Pérez y Amador Monroy Estrada, del Partido Revolucionario Institucional; Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Partido Revolucionario Institucional, quien aceptó interpelaciones de los diputados Castro Cosío y Di Costanzo Armenta; y Omar Fayad Meneses, del Partido Revolucionario Institucional. Desde su curul hizo comentarios el diputado Castellanos Ramírez. Continuaron interviniendo en relación al tema los diputados: Porfirio Muñoz Ledo, del Partido del Trabajo; Guadalupe Acosta Naranjo, del Partido de la Revolución Democrática, y aceptó interpelación de la diputada Sofía Castro Ríos, del Partido Revolucionario Institucional; Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones, y en la primera aceptó interpelación del diputado Jesús Ramírez Rangel, del Partido Acción Nacional; y José Adán Ignacio Rubí Salazar, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones, y en la primera se refirió a la conducción de las sesiones y el presidente hizo las aclaraciones que corresponden. Desde sus respectivas curules hicieron comentarios de procedimiento los diputados Omar Fayad Meneses, Roberto Gil Zuarth, Gerardo Fernández Noroña y Julio Castellanos Ramírez. En votación económica se aprobó la intervención del diputado Fayad Meneses y desde su curul realizó comentarios sobre la conducción de la sesión el diputado Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática. Hizo uso de la palabra el diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta interpelaciones de los diputados Castellanos Ramírez, Alejandro del Mazo Maza, del Partido Verde Ecologista de México, Zavaleta Rojas, y Di Costanzo Armenta. Desde sus curules realizaron comentarios en relación con la proposición de acuerdo los diputados Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Partido Acción Nacional, y Rolando Rodrigo Zapata Bello, del Partido Revolucionario Institucional. También desde su curul hicieron comentarios los diputados Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México, y Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional. En votación económica se aprobó el acuerdo. Comuníquese.

La Secretaría dio lectura del orden del día de la próxima sesión.

El presidente clausuró la sesión a las 16 horas con 25 minutos y citó para la próxima que tendrá lugar el jueves 11 de marzo de 2010 a las 10:00 horas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada el acta.

Continúe la Secretaría con el capítulo de comunicaciones.

DICTAMENES NEGATIVOS DE PUNTOS DE ACUERDO

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo, atendidos y en sentido negativo, que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes Comisiones:

Gobernación

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación que libere recursos del Fondo de Desastres Naturales para atender las consecuencias de las fuertes lluvias que afectaron la delegación Gustavo A. Madero, Distrito Federal.

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al secretario de Gobernación a destinar recursos del Fondo de Desastres Naturales para atender las comunidades de Tabasco afectadas por las lluvias intensas.

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al secretario de Gobernación a destinar recursos del Fondo de Desastres Naturales para atender las comunidades de Veracruz afectadas por las intensas lluvias.

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los partidos políticos a disminuir voluntariamente el financiamiento público y a asumir el compromiso de reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de modificar el criterio para calcular el financiamiento público que reciben.

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Veracruz a instaurar las medidas necesarias para obtener recursos del Fondo de Desastres Naturales y restablecer los caminos afectados por el frente frío número 9 y la onda tropical 30, en Las Choapas.

Población, Fronteras y Asuntos Migratorios

• Sobre la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se establecen las principales asignaturas y los retos pendientes para la LXI Legislatura respecto a una agenda que beneficie a los migrantes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de marzo de 2010.— Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica), Presidente.»

«Dictamen de la Comisión de Gobernación, respecto de la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita la liberación de recursos del Fondo de Desastres Naturales para la delegación Gustavo A. Madero, Distrito Federal

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación le fue turnada, para su estudio y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita a la Secretaría de Gobernación que libere los recursos del Fondo de Desastres Naturales para atender las consecuencias derivadas de las fuertes lluvias que afectaron la delegación Gustavo A. Madero del Distrito Federal.

A esta comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 60, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde dictaminar la siguiente proposición con punto de acuerdo de conformidad con los siguientes

Antecedentes

El cuatro de noviembre de dos mil nueve, el diputado Ramón Jiménez López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Gobernación que libere los recursos del Fondo de Desastres Naturales para atender las consecuencias derivadas de las fuertes lluvias que afectaron la delegación Gustavo A. Madero del Distrito Federal.

El cuatro de noviembre de dos mil nueve, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada proposición con punto de acuerdo a la Comisión  de Gobernación para su estudio y dictamen correspondiente.

El cuatro de marzo de dos mil diez, los integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el dictamen correspondiente.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta comisión dictaminadora formulamos las siguientes

Consideraciones

Primera: Los fenómenos climatológicos se han extremado en su periodicidad resultado de la transformación y afectaciones que el ser humano ha realizado sobre la biodiversidad y los ecosistemas, ocasionando desequilibrios ecológicos que se manifiestan en fenómenos naturales con efectos devastadores.

Segunda: El Fondo de Desastres Naturales es un instrumento financiero que tiene como finalidad apoyar a las entidades federativas de la República Mexicana en la atención y recuperación de los efectos de los desastres naturales, de conformidad con los parámetros y condiciones previstos en sus reglas de operación.

Tercera: La Ley General de Protección Civil, en sus artículos 29 al 37, establece los fundamentos legales para que el gobierno federal emita la declaratoria de desastre natural y de emergencia. Con esta base las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales definen los lineamientos de intervención y financiamiento a las regiones, zonas y comunidades afectadas por fenómenos naturales.

Cuarta: En las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales se encuentra contenida la obligación de apoyar, de acuerdo con los porcentajes de coparticipación previstos en éstas, la mitigación de los daños a la población y  que no tienen posibilidades de contar con algún tipo de aseguramiento público o privado, afectadas por un desastre natural

Quinta: El 30 de octubre de 2009, la delegación Gustavo A. Madero del Distrito Federal fue afectada por lluvias intensas que desbordaron los ríos de Los Remedios, Maximalaco, Temoluco y San Javier, provocando inundaciones severas en el Valle de Cuautepec.

Sexta: Las colonias más afectadas por el fenómeno fueron: Malacates, Valle Madero, Zona Escolar, Arbolillo –primera y segunda secciones–, Lomas de Cuautepec, Palmatitla, General Felipe Berriozábal, Cuautepec el Alto, Cuautepec de Madero, Cocoyotes, y Jorge Negrete. Además, los niveles de precipitación pluvial alcanzaron 7 millones 700 mil metros cúbicos de agua lo que equivale a llenar 4 veces el estadio Azteca por lo que la inundación provocada por la tromba iba de los 50 centímetros al metro y medio.

Séptima: En su oportunidad, el Gobierno del Distrito Federal,  a través de la Secretaría de Protección Civil, en coordinación con la delegación Gustavo A. Madero, implementaron mecanismos de apoyo en beneficio de las comunidades afectadas, logrando con dichas acciones controlar el desbordamiento de los ríos citados, posteriormente, se limpiaron las zonas afectadas y se auxilió a la población mediante la implementación de alberges temporales; por su parte el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, apoyo de manera técnica para controlar los cauces desbordados de los ríos.

Octava: Para efectos de la contingencia que menciona el diputado promovente, la Secretaría de Gobernación no emitió, en su momento, ninguna declaratoria de emergencia en razón de que el Gobierno del Distrito Federal y la delegación Gustavo A. Madero tampoco solicitaron la liberación de recursos del Fondo de Desastres Naturales para atender dicha contingencia, por lo que la propuesta ha quedado sin materia.

Con base en las consideraciones antes mencionadas, los integrantes de esta comisión dictaminadora, tenemos a bien emitir el presente dictamen en sentido negativo al tenor del siguiente

Acuerdo

Primero.  Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita a la Secretaría de Gobernación que libere recursos del Fondo de Desastres Naturales para atender las consecuencias derivadas de las fuertes lluvias que afectaron la delegación Gustavo A. Madero del Distrito Federal, presentada el cuatro de noviembre de dos mil nueve.

Segundo: Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a cuatro de marzo de dos mil diez.

La Comisión de Gobernación, diputados:Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Illich Augusto Lozano Herrera (rúbrica), Lorena Corona Valdés, Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Raúl Domínguez Rex, secretarios; Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica), Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Alejandro Encinas Rodríguez, Nancy González Ulloa (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe, Miguel Ángel Luna Munguía, José Ricardo López Pescador, Andrés Massieu Fernández (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez, Beatriz Elena Paredes Rangel, Julio Saldaña Morán, César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Gobernación, sobre la proposición con punto de acuerdo relativo a la liberación de recursos del Fonden para atender diversos municipios de Tabasco afectados por las intensas lluvias

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnada para estudio y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al secretario de Gobernación a destinar mayores recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) con el objetivo de atender la urgencia presentada en diversos municipios de Tabasco debido a las lluvias torrenciales que han afectado a los pobladores.

A esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e), f) y g), y 7, de la Ley Orgánica; y 60, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde dictaminar la proposición con punto de acuerdo, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

El dieciocho de noviembre de dos mil nueve, la diputada María Estela de la Fuente Dagdug, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal y al secretario de Gobernación a destinar mayores recursos del Fonden con el objetivo de atender la urgencia presentada en diversos municipios de Tabasco debido a las lluvias torrenciales que han afectado a los pobladores.

El dieciocho de noviembre de dos mil nueve, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Gobernación, para estudio y dictamen correspondiente.

El cuatro de marzo de dos mil diez, los integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el dictamen correspondiente.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de la comisión dictaminadora formulamos las siguientes

Consideraciones

Primera.Los fenómenos climáticos se han extremado en periodicidad, resultado de la transformación y las afectaciones que el ser humano ha realizado sobre la biodiversidad y los ecosistemas, ocasionando desequilibrios ecológicos que se manifiestan en fenómenos naturales con efectos devastadores.

Segunda. El Fonden es un instrumento financiero que tiene como finalidad apoyar las entidades federativas en la atención y recuperación de los efectos de los desastres naturales, de conformidad con los parámetros y las condiciones previstos en sus reglas de operación.

Tercera. La Ley General de Protección Civil establece en los artículos 29 a 37 los fundamentos legales para que el gobierno federal emita la declaratoria de emergencia. Con esta base, las Reglas de Operación del Fonden definen los lineamientos de intervención y financiamiento de las regiones, zonas y comunidades afectadas por fenómenos naturales.

Cuarta. En las Reglas de Operación del Fonden se encuentra contenida la obligación de apoyar, de acuerdo con los porcentajes de coparticipación previstos en éstas, y mitigar los daños a la población afectada por un desastre natural que no tiene posibilidad de contar con algún tipo de seguro público o privado.

Quinta. El gobierno de Tabasco, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación del Fonden, solicitó la declaratoria de emergencia a la Secretaría de Gobernación para canalizar recursos del fondo en apoyo de los afectados por la urgencia derivada de las afectaciones que provocaron las intensas lluvias acaecidas a principios de noviembre de 2009.

Sexta. El 3 de noviembre de 2009, mediante el boletín número 224/09, la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de emergencia, activando recursos en favor de las comunidades y los municipios de Tabasco afectados por las intensas lluvias. De la misma forma, el 7 de noviembre se emitió la declaratoria de desastre natural para Tabasco, a efecto de que se liberen los recursos para la reconstrucción por los daños sufridos por el frente frío número 9.

Séptima.De la misma forma se liberaron en favor de las comunidades afectadas de Tabasco los suministros para la atención de la población de Comalcalco, Cunduacán, Paraíso, Cárdenas y Huimanguillo, por un total de 21 millones de pesos y que incluyeron despensas, agua potable, cobertores, colchonetas, lámina galvanizada, equipos de aseo y limpieza personal, costales y letrinas, entre otros. Además, se otorgaron más de 22 millones de pesos de apoyo parcial inmediato a las autoridades responsables, que garantizaron la ejecución de acciones urgentes, tanto de infraestructura como de ayuda humanitaria, a fin de normalizar la situación en las zonas afectadas. En este sentido, al haber sido atendida la urgencia, la proposición con punto de acuerdo quedó sin materia.

Con base en las consideraciones mencionadas, los integrantes de la comisión tenemos a bien emitir el presente dictamen, en sentido negativo, al tenor de los siguientes

Acuerdos

Primero.Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo federal y al secretario de Gobernación a destinar recursos del Fondo de Desastres Naturales para atender a las comunidades de Tabasco afectadas por las lluvias intensas, presentada el dieciocho de noviembre de dos mil nueve.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a cuatro de marzo de dos mil diez.

La Comisión de Gobernación, diputados:Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Ilich Lozano Herrera (rúbrica), Lorena Corona Valdés, Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Raúl Domínguez Rex, secretarios; Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica), Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Sami David David, Alejandro Encinas Rodríguez, Nancy González Ulloa (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe, Miguel Ángel Luna Munguía, José Ricardo López Pescador, Andrés Massieu Fernández (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez, Beatriz Paredes Rangel, Julio Saldaña Morán, César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Gobernación, sobre la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal y al titular de la Secretaría de Gobernación a destinar recursos del Fondo de Desastres Naturales para atender a las comunidades del estado de Veracruz afectadas por las intensas lluvias

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnada, para estudio y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo federal y al titular de la Secretaría de Gobernación a destinar mayores recursos del Fondo para Desastres Naturales, con objeto de atender a la emergencia que se presenta en el estado de Veracruz debido a las lluvias torrenciales que han afectado a las comunidades del estado.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) a g), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le corresponde dictaminar la siguiente proposición con punto de acuerdo de conformidad con los siguientes

Antecedentes

El veinticuatro de noviembre de dos mil nueve, el diputado Luis Antonio Martínez Armengol, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal y al titular de la Secretaría de Gobernación a destinar mayores recursos del Fondo para Desastres Naturales (Fonden), con objeto de atender la emergencia que se presenta en el estado de Veracruz debido a las lluvias torrenciales que han afectado a comunidades de dicho estado.

El veinticuatro de noviembre de dos mil nueve, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen correspondiente.

El cuatro de marzo de dos mil diez, los integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el dictamen correspondiente.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta comisión dictaminadora formulamos las siguientes

Consideraciones

Primera.Los fenómenos climatológicos se han extremado en su periodicidad, resultado de la transformación y afectaciones que el ser humano ha realizado sobre la biodiversidad y los ecosistemas, ocasionando desequilibrios ecológicos que se manifiestan en fenómenos naturales con efectos devastadores.

Segunda.El Fondo de Desastres Naturales es un instrumento financiero que tiene como finalidad apoyar a las entidades federativas de la República Mexicana en la atención y recuperación de los efectos de los desastres naturales, de conformidad con los parámetros y condiciones previstos en sus reglas de operación.

Tercera.La Ley General de Protección Civil, en los artículos 29 al 37, establecen los fundamentos para que el gobierno federal emita la declaratoria de desastre natural y de emergencia. Con esta base, las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales definen los lineamientos de intervención y financiamiento a las regiones, zonas y comunidades afectadas por fenómenos naturales.

Cuarta.En las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales se encuentra contenida la obligación de apoyar, de acuerdo con los porcentajes de coparticipación previstos en éstas, y mitigar los daños a la población afectada por un desastre natural que no tiene posibilidad de contar con algún tipo de seguro público o privado.

Quinta.El gobierno de Veracruz, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, solicitó la declaratoria de emergencia a la Secretaría de Gobernación y activar los recursos del Fonden necesarios para atender las consecuencias derivadas de las intensas lluvias presentadas a inicios de noviembre de 2009.

Sexta.El 11 de noviembre de 2009, mediante boletín número 243/09, la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de emergencia para activar la entrega de recursos del Fondo de Desastres Naturales y apoyar a las víctimas de los municipios afectados en el estado de Veracruz, liberando suministros para la atención de la población perteneciente a los municipios de Las Choapas, Agua Dulce, Acayucan, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Ixhuatlán del Sureste, Minatitlán, Moloacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Texistepec, Uxpanapa y Zaragoza, por un total de más de 47 millones de pesos. En este sentido, al haber sido atendida la emergencia, la proposición con punto de acuerdo ha quedado sin  materia.

Con base en las consideraciones antes mencionadas, los integrantes de esta comisión dictaminadora tenemos a bien emitir el presente dictamen en sentido negativo al tenor del siguiente

Acuerdo

Primero.Se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal y al titular de la Secretaría de Gobernación a destinar recursos del Fondo de Desastres Naturales para atender a las comunidades del estado de Veracruz afectadas por las intensas lluvias, presentada el veinticuatro de noviembre de dos mil nueve.

Segundo.Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 4 de marzo de 2010.

La Comisión de Gobernación, diputados: Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Ilich Lozano Herrera (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Raúl Domínguez Rex, secretarios; Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica), Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Sami David David, Alejandro Encinas Rodríguez, Nancy González Ulloa (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe, Miguel Ángel Luna Munguía, José Ricardo López Pescador, Andrés Massieu Fernández (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez, Beatriz Paredes Rangel, Julio Saldaña Morán, César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Gobernación, sobre la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a los partidos políticos a que disminuyan voluntariamente el financiamiento público y que asuman el compromiso de reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de modificar el criterio para calcular el financiamiento público que reciben

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación le fue turnada, para su estudio y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a los partidos políticos nacionales a disminuir voluntariamente el financiamiento público que reciben y que asuman el compromiso de reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de modificar el criterio para calcular el financiamiento público que reciben.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) a g) y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 58, 60, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le corresponde dictaminar la siguiente proposición con punto de acuerdo de conformidad con los siguientes

Antecedentes

El 24 de noviembre de 2009, el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó la proposición con punto de acuerdo que exhorta a los partidos políticos a que disminuyan voluntariamente el financiamiento público y que asuman el compromiso de reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de modificar el criterio para calcular el financiamiento público que reciben.

El 24 de noviembre de 2009, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen correspondiente.

El 4 de marzo de 2010, los integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el dictamen correspondiente.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta comisión formulamos las siguientes

Consideraciones

Primera. A raíz del descontento que generó el proceso electoral federal que se llevó a cabo en México en 2006, la LX Legislatura se dio a la tarea de trabajar sobre una reforma político electoral, la cual culminó con una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y un nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual entró en vigor en enero de 2008 y que ya pasó su primera prueba electoral al ser aplicada en el proceso federal electoral de 2009.

Segunda. Cabe recordar que la reforma constitucional en materia electoral aprobada en 2008 estableció las bases para determinar el financiamiento público, los criterios para su distribución y las demás normas que la ley desarrolla en materia de gastos de campaña, fiscalización y vigilancia de los partidos políticos nacionales.

Tercera. Con la reforma aprobada en 2008, se calculó obtener los siguientes beneficios:

1. Evitar que el monto por distribuir crezca como resultado del incremento en el número de partidos políticos, como había venido ocurriendo. En su caso, el crecimiento de ese monto estará en relación directa con el que experimente el salario mínimo y con el crecimiento del número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, lo que debido a los cambios en la pirámide demográfica de nuestro país, habrá de ser mucho menor a lo observado en las dos décadas anteriores. Incluso se prevé que en el corto plazo el número de ciudadanos inscritos en el padrón se estabilice o empiece a disminuir.

2. La transparencia en el costo del sistema de partidos.

Cuarta. La propuesta del promovente tiene intenciones nobles; sin embargo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece claramente un cálculo para el financiamiento de los partidos políticos en México.

Quinta. Por otro lado, y con el fin de seguir perfeccionando la legislación electoral, los legisladores del Congreso de la Unión han venido presentando iniciativas de ley, turnadas a esta comisión para modificar el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisamente para adecuar nuevamente el cálculo de financiamiento que reciben los partidos políticos, la cual se encuentra en análisis y estudio. De concretarse dicha reforma se atendería lo planteado en la presente proposición por el diputado promovente, reduciendo el financiamiento público.

Con base en las consideraciones antes mencionadas, los integrantes de esta comisión dictaminadora, tenemos a bien emitir el presente dictamen en sentido negativo al tenor de los siguientes

Acuerdos

Primero.Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a los partidos políticos a que disminuyan voluntariamente el financiamiento público y que asuman el compromiso de reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de modificar el criterio para calcular el financiamiento público que reciben, presentada el 24 de noviembre de 2009.

Segundo. Archívese como total y definitivamente concluido el presente asunto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 4 de marzo de 2010.

La Comisión de Gobernación, diputados: Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Ilich Augusto Lozano Herrera (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza, Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Raúl Domínguez Rex, secretarios; Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica), Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Sami David David, Alejandro Encinas Rodríguez, Nancy González Ulloa (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe, Miguel Ángel Luna Munguía, José Ricardo López Pescador, Andrés Massieu Fernández (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez, Beatriz Elena Paredes Rangel, Julio Saldaña Morán, César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Gobernación, sobre la proposición con punto de acuerdo relativo a la obtención de recursos del Fondo de Desastres Naturales a favor del municipio de Las Choapas, Veracruz

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación le fue turnada, para su estudio y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta al gobernador de Veracruz, a que en el ámbito de su competencia aplique las medidas necesarias para que el Fondo de Desastres Naturales otorgue con prontitud el apoyo económico para restablecer los caminos afectados por el frente frío número 9 y la onda tropical número 30, en Las Choapas, Veracruz.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) f) y g) y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 60, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le corresponde dictaminar la siguiente proposición con punto de acuerdo de conformidad con los siguientes

Antecedentes

El 15 de diciembre de 2009, el diputado Leandro Rafael García Bringas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo, que exhorta al gobernador de Veracruz, a que en el ámbito de su competencia aplique las medidas necesarias para que el Fondo de Desastres Naturales otorgue con prontitud el apoyo económico para restablecer los caminos afectados por el frente frío número 9 y la onda tropical número 30, en Las Choapas, Veracruz.

El 15 de diciembre de 2009, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen correspondiente.

El 4 de marzo de 2010, los integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el dictamen correspondiente.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta comisión dictaminadora formulamos las siguientes

Consideraciones

Primera. Los fenómenos climatológicos se han extremado en su periodicidad resultado de la transformación y afectaciones que el ser humano ha realizado sobre la biodiversidad y los ecosistemas, ocasionando desequilibrios ecológicos que se manifiestan en fenómenos naturales con efectos devastadores.

Segunda. El Fondo de Desastres Naturales es un instrumento financiero mediante el cual se apoya a las entidades federativas de la República Mexicana en la atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural, de conformidad con los parámetros y condiciones previstos en sus Reglas de Operación.

Tercera. La Ley General de Protección Civil en sus artículos 29 al 37 establecen los fundamentos legales para que el Gobierno Federal emita la Declaratoria de Desastre Natural y de Emergencia. Con esta base las reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), definen los lineamientos de intervención y financiamiento a las regiones, zonas y comunidades afectadas por fenómenos naturales.

Cuarta. En las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales se encuentra contenida la obligación de apoyar, de acuerdo con los porcentajes de coparticipación previstos en éstas, y mitigar los daños a la población afectada por un desastre natural  que no tiene posibilidad de contar con algún tipo de seguro público o privado.

Quinta. El 2 y 3 de noviembre de 2009, fenómenos pluviales afectaron la zona sur del Golfo de México, principalmente del estado de Veracruz donde los municipios de Las Choapas y Agua Dulce no fueron la excepción al frente frío número 9 y la tormenta tropical número 30, destruyendo cultivos, afectando la actividad ganadera, teniendo como consecuencia que muchas familias dedicadas a la actividad rural se quedaran sin patrimonio.

Sexta. En consecuencia, el gobierno de Veracruz, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, solicitó la declaratoria de emergencia a la Secretaría de Gobernación.

Séptima. El 6 de noviembre de 2009, por Boletín número 235/09, la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de emergencia para activar recursos del Fondo de Desastres Naturales y paliar los efectos de las contingencias climáticas en el Estado, por lo que la proposición con punto de acuerdo ha quedado sin materia al haber sido atendido esta emergencia.

Con base en las consideraciones antes mencionadas, los integrantes de esta comisión dictaminadora, tenemos a bien emitir el presente dictamen en sentido negativo al tenor del siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al gobernador de Veracruz a instrumentar las medidas necesarias para obtener recursos del Fondo de Desastres Naturales y restablecer los caminos afectados por el frente frío número 9 y la onda tropical número 30, en el municipio de Las Choapas, de Veracruz, presentada el 15 de diciembre de 2009.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a cuatro de marzo de dos mil diez.

La Comisión de Gobernación, diputados:Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Ilich Lozano Herrera (rúbrica), Lorena Corona Valdés, Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Raúl Domínguez Rex, secretarios; Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica), Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Sami David David, Alejandro Encinas Rodríguez, Nancy González Ulloa (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe, Miguel Ángel Luna Munguía, José Ricardo López Pescador, Andrés Massieu Fernández (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez, Beatriz Paredes Rangel, Julio Saldaña Morán, César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, relativo a la proposición con punto de acuerdo mediante la cual se establecen y definen las principales asignaturas y los retos pendientes para la LXI Legislatura respecto a una agenda que beneficie a los migrantes

Esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de conformidad con lo establecido en los artículos 39, incisos 1) y 2), fracción XXVII, 45, fracción 6), incisos e) y f), todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente dictamen a la proposición con punto de acuerdo por la que se establecen y definen las principales asignaturas y los retos pendientes para la LXI Legislatura respecto a una agenda que beneficie a los migrantes, bajo los siguientes

Antecedentes

Que en fecha 26 de agosto de 2009 se presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se establecen y definen las principales asignaturas y retos pendientes para la LXI legislatura, en términos de una agenda que beneficie a nuestros migrantes.

Contenido de la proposición

Se propone la promoción de una reforma de voto de los mexicanos residentes en el extranjero que incentive, facilite y aliente una mayor participación de los migrantes y connacionales en el exterior, y que fortalezca el ejercicio de sus derechos político-electorales

Apoyar iniciativas y propuestas que garanticen a los migrantes el acceso a servicios de salud de calidad, considerando la ampliación del seguro popular o la propuesta denominada seguro binacional de salud.

Que se promuevan programas, estrategias para generar desarrollo y multiplicar la creación de empleos en las zonas y regiones expulsoras de migrantes en el país.

Que se busque favorecer una mayor asignación y dotación de recursos para fortalecer la política migratoria, a través del Instituto Nacional de Migración, así como para el programa 3x1 para Migrantes, en su vertiente de proyectos productivos (Sedesol), y de los diversos programas de protección y defensa de migrantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Consideraciones de la comisión

Esta comisión, derivado del estudio, análisis y de la atención correspondiente de la proposición con punto de acuerdo llega a las siguientes consideraciones:

Primero. Que si bien el tema del voto de los mexicanos en el exterior es importante, no debemos olvidar que no es tan simple llevar a cabo cierto tipo de promociones, toda vez que es un tema que atañe a varias comisiones legislativas, como puede ser la de Relaciones Exteriores, de Gobernación e incluso esta misma, además hay que considerar que nuestro país atraviesa por momentos económicos difíciles y que ese tipo de iniciativas requerirían de grandes recursos económicos, técnicos y personales entre otros para poder llevar a cabo un proyecto de tal magnitud y sobre todo que deberíamos de analizar la pertinencia presupuestal y la obtención de los recursos para solventar las actividades.

Por otro lado el tema de salud para los migrantes es algo delicado, toda vez que se deben realizar los estudios y análisis correspondientes para conocer qué tipo de cobertura se tiene actualmente por las acciones que lleva a cabo el gobierno, cual es la población objetivo y en su caso la incorporación gradual de la población migrante, debemos definir y focalizar muy bien a los beneficiarios para que los esfuerzos no se vayan en otro camino.

Para la generación o impulso de proyectos productivos, en las zonas expulso ras de migrantes, cabe recordar que el gobierno federal tiene varios instrumentos o programas que lleva a cabo para atender este tipo de propuestas, si bien no han tenido los impactos deseados, lo más pertinente para estos casos sería revisar y conocer con detalle las reglas de operación bajo las cuales se implementan los programas y poder proponer al ejecutivo federal reformas o ajustes a las mismas para hacerlas más eficientes.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios sometemos a consideración de ésta H. Cámara de Diputados, el siguiente:

Acuerdo

Único. Se dan por atendidas las recomendaciones y propuestas manifestadas por los diputados promoventes, mediante el cual se establecen y definen las principales asignaturas y los retos pendientes para la LXI legislatura, respecto a una agenda que beneficie a los migrantes, las cuales fueron tomadas en cuenta en la elaboración del programa de trabajo de esta comisión dictaminadora.

Palacio Legislativo, a 17 de febrero de 2010.

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, diputados: Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica), presidenta; Julieta Octavia Marín Torres (rúbrica), Héctor Agustín Murguía Lardizábal, Cristabell Zamora Cabrera (rúbrica), Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), secretarios; Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), Guillermina Casique Vences, José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas, Olivia Guillén Padilla (rúbrica), Sandra Méndez Hernández, Héctor Pedraza Olguín (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Socorro Sofío Ramírez Hernández, Adriana Terrazas Porras, Judith Fabiola Vázquez Saut, Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya, María Yolanda Valencia Vales, Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Ariel Gómez León, José M. Torres Robledo, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Roberto Pérez de Alva Blanco (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos concluidos. Por lo que se refiere al dictamen de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, se da por atendida la proposición a que se hace referencia.

Continúe la Secretaría con la licencia del señor diputado Héctor Agustín Murguía Lardizábal.

DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Héctor Agustín Murguía Lardizábal, mexicano, mayor de edad, por mis propios derechos, en mi carácter de diputado propietario federal por el II distrito electoral del estado de Chihuahua, integrante de la Sexagésima Primera legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, ante usted, con el debido respeto, comparezco a exponer:

Mediante el presente ocurso, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a solicitarle se me otorgue licencia por tiempo indefinido y sin goce de dieta para separarme de mi encargo como diputado federal, la cual surtirá efectos a partir del día 9 de marzo del 2010.

En consecuencia de lo anterior deberá citarse a la ciudadana licenciada Ana Georgina Zapata Lucero, en su carácter de diputada suplente, a fin de que en los términos de ley rinda la protesta respectiva.

Por lo anteriormente expuesto, a usted, ciudadano presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados atentamente solicito:

Único:Acordar de conformidad lo solicitado en el cuerpo del presente escrito.

Protesto lo necesario.

México, Distrito Federal, a 9 de marzo de 2010.— Diputado Héctor Agustín Murguía Lardizábal (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le solicito ponga a consideración de la asamblea los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo.

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Héctor Agustín Murguía Lardizábal, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el II distrito del estado de Chihuahua, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Muchas gracias, señores diputados. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobados. Comuníquense.

Continúe la Secretaría con oficios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En alcance al oficio número 101-30, de fecha 29 de enero del año en curso, mediante el cual esta secretaría envió a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al cuarto trimestre de 2009, me permito manifestarle que se detectó que en los anexos XV “Fideicomisos sin Estructura Orgánica” y XVIII “Avance Físico y Financiero de los Principales Proyectos de Inversión” que forman parte de dichos informes, se incluyeron cifras inexactas por actualización o potenciación.

Por lo anterior, anexo al presente sírvase encontrar en medio magnético los anexos de referencia con los ajustes correspondientes, a fin de que éstos sustituyan a los entregados el pasado 29 de enero de 2010.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 9 de marzo de 2010.— Ernesto Javier Cordero Arroyo (rúbrica), secretario.»

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, diputado Mario di Costanzo, dígame.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Con respecto a este punto. Mire, lo que está mandando Hacienda es un alcance para corregir cifras de subejercicios que reportaron en un informe que tienen más de 45 días para entregarlo.

A mí se me hace una burla que estemos permitiendo que Hacienda nos utilice como oficialía de partes, sin que venga a dar una explicación de por qué le fallaron las cifras, porque ya estamos en el mes de marzo y es un alcance para corregir cifras de subejercicios reales que tuvieron con respecto al cierre de 2009.

Se me hace una burla para este Congreso que se envíe mediante oficio, que nos utilicen como oficialía de partes, sin dar una explicación clara y contundente de por qué ya no sabe sumar el licenciado Cordero.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Señor diputado, estamos solamente recibiendo oficios de la Secretaría de Hacienda y en este momento lo estaré turnando a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.Sin lugar a dudas, los planteamientos que usted hace podrán ser manifestados en la propia Comisión para que sean valorados por la misma. Continúe la Secretaría.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

En alcance de la información remitida a la Cámara de Diputados mediante el oficio número 1.3.099/2010, de fecha 26 de febrero del presente año, me permito enviar por su conducto a esa soberanía el Presupuesto para el proyecto del sistema satelital mexicano (informe para el Congreso de la Unión),documento elaborado por la Subsecretaría de Comunicaciones de esta dependencia.

Sin otro particular, agradezco su atención y aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de marzo de 2010.— Maestro Mony de Swaan (rúbrica), titular de la Unidad de Apoyo al Cambio Estructural.»

«Informe para el Congreso de la Unión

Presupuesto para el proyecto del sistema satelital mexicano

El artículo duodécimo del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 establece:

Décimo Segundo. Se autorizan 4 500 000 000.00 pesos para el Sistema Nacional de Seguridad Nacional y de Conectividad México, los cuales se destinarán a proyectos para mantener la plataforma de comunicaciones de seguridad nacional y para garantizar el control y acceso a la banda de frecuencia L.

El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, deberá remitir a la Cámara de Diputados por conducto de la Comisión de Comunicaciones la Estrategia nacional de conectividad 2009-2012 a más tardar el 26 de febrero de 2010.

El destino y ejercicio de los recursos del Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones que, hasta el 30 de septiembre de 2009 asciende a 991.1 millones de pesos, deberá reportarse por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en los informes trimestrales, incluyendo el destino y el monto ejercido en el periodo correspondiente y el saldo disponible.

La Auditoría Superior de la Federación, en el ámbito de sus atribuciones, dará puntual seguimiento al desarrollo del Sistema Nacional de Seguridad Nacional y de Conectividad México, en su caso, realizará las auditorías especiales que disponga la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

1. Al respecto, y en relación con el párrafo segundo transcrito, no se han usado ni usarán recursos del Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones para el proyecto Sistema Satelital.

2. En relación con los 4 mil 500 millones de pesos autorizados para 2010 a que se refiere el artículo décimo segundo transcrito, 3 mil millones de pesos son para el proyecto Sistema Satelital para el ejercicio presupuestal de 2010, en tanto que mil 500 millones son para el Sistema de Cobertura Social.

Para 2010 se presupuestó un monto de 3 mil millones de pesos. Dicho monto será aplicado en 2010 como se indica a continuación:

Costo en millones de pesos, 2010

Satélites propios (operativo más respaldo)

Inversión estimada: 3 mil.

Ingeniería diseño: mil 78.

Fabricación: 674.

Subsistemas: mil 249.

Lanzamientos

Seguros

Inversión: 13 mil 470.

El proyecto del sistema satelital está diseñado para atender las necesidades de las entidades de seguridad nacional que se enumeran a continuación:

• Cobertura en todo el país, incluida la zona económica exclusiva.

• Movilidad en las operaciones.

• Control y autonomía del sistema por parte del gobierno federal.

• Seguridad en la operación y administración bajo el control del gobierno federal.

• Conectividad de los sistemas de comunicación de todas las dependencias.

• Inversión de largo plazo de equipos avanzados y seguros.

• Apoyo en contingencias, permite operar en condiciones críticas, como huracanes.

Los requerimientos y las soluciones para atender dichas necesidades de las entidades de seguridad son los siguientes:

i) Adaptabilidad tecnológica:

• Asegura la continuidad en prestación de servicios durante toda la vida útil del sistema

• Reduce las nuevas inversiones al poder actualizarse los servicios

• Incrementa la capacidad de migración de equipos y servicios en el tiempo

ii) Ubicuidad:

• Todos los servicios en todo lugar, a cualquier hora

• Cobertura homogénea de servicios voz, datos y video en todo el país.

iii) Banda ancha:

• Convierte a la banda L en un verdadero medio de transporte multimedios

• Habilita los servicios de voz, Internet, video, GPS, cartografía y correo electrónico

• Permite comunicaciones por aire, tierra y mar

iv) Autonomía de operación:

• Permite a las entidades tener control de sus comunicaciones y operar sin depender de terceros

v) Legado tecnológico:

• Se dota a las entidades de seguridad nacional de una plataforma de comunicaciones de vanguardia

• Permite la planeación y el desarrollo de los sistemas de comunicaciones de largo plazo (20 años)

3. Actividades

Realizadas:

• Se validaron las necesidades en materia de comunicaciones satelitales para las entidades de seguridad nacional, presentes y su proyección para 20 años (2009-2029).

• Se obtuvo la autorización presupuestal.

• Se elaboró un estudio (anexo técnico) que describe los requerimientos específicos del sistema (septiembre de 2009-enero de 2010).

• Se desarrollaron las instrucciones generales para los posibles participantes en el proceso de adquisición del sistema satelital.

En desarrollo:

• Fase final del diseño de la forma de adjudicación del sistema.

Por realizar:

• Iniciar la convocatoria para la adquisición (marzo-abril de 2010).

• Asignación del contrato (mayo de 2010).

• Inicio de construcción (junio de 2010).

• Asignar la supervisión de construcción (junio de 2010).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Comunicaciones, para su conocimiento.

Continúe la Secretaría con oficios de la Secretaría de Gobernación.

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 61-II-I-291, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número UPDDH/ 911/ 1358/ 2010, suscrito por José Antonio Guevara Bermúdez, titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, y del anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al caso Rosendo Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente

México, DF, a 8 de marzo de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Gonzalo Altamirano Dimas, titular de la Unidad de Enlace Legislativo.— Presente.

Me refiero a su oficio número SEL/ UEL/ 311/ 103/ 10, de fecha 14 de enero de 2010, mediante el cual hace de nuestro conocimiento el punto de acuerdo, aprobado el 13 de enero de 2010 por el pleno de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que tiene por objeto

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al secretario de Gobernación, licenciado Fernando Gómez Mont Urueta, a implantar mecanismos para que el gobierno mexicano dé cabal cumplimiento a la sentencia de fecha 23 de noviembre de 2009, relativa al caso Rosendo Radilla Pacheco versus Estados Unidos Mexicanos, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 45, numerales 1, 3 y 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al secretario de Gobernación, licenciado Fernando Gómez Mont Urueta, que se sirva remitir un informe acerca de las acciones que haya realizado o se estén realizando sobre la situación que guarda el asunto concerniente a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el caso Rosendo Radilla Pacheco.

En virtud de lo anterior, le acompaño para los fines procedentes un informe con las acciones que el gobierno mexicano lleva a cabo a efecto de dar pleno cumplimiento a la sentencia en comento.

Aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi más distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 5 de marzo de 2010.— José Antonio Guevara Bermúdez (rúbrica), titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.»

«Elementos para responder a los puntos de acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en relación con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos

• México es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) desde el 24 de marzo de 1981, y ha reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 16 de diciembre de 1998.

• El 15 de diciembre de 2009 fue notificado al Estado mexicano el fallo de la CIDH en el caso Rosendo Radilla Pacheco.

• Las sentencias de la CIDH son definitivas y no aceptan ningún medio de impugnación, conforme a los artículos 67 de la CADH y 31 del Reglamento de la CIDH.

• El Estado mexicano tiene la obligación de cumplir las decisiones de la CIDH, de conformidad con el artículo 68.1 de la CADH, de la cual es parte.

• El cumplimiento y la ejecución de la presente sentencia involucran la responsabilidad y participación coordinada de los tres Poderes de la Unión Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los tres niveles federal, estatal y municipal.

• La Secretaría de Gobernación, conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a su reglamento interior, se encargará de coordinar el cumplimiento total de los puntos resolutivos de la presente sentencia.

• La CIDH estableció plazos específicos para el cumplimiento de sus resolutivos, que van desde los dos meses a partir de la recepción de la sentencia hasta seis meses y un año.

• El Estado mexicano deberá informar en el curso de un año, contado a partir de la notificación de la sentencia sobre las acciones adoptadas para el cumplimiento total de la misma.

• El 21 de enero de 2010 se publicó la sentencia en la página web de la PGR.

• El 9 de febrero de 2010 se publicaron los párrafos pertinentes de la sentencia, ordenados por la CIDH, en el Diario Oficinal de la Federación y en uno de los diarios de mayor circulación, El Universal.

• El gobierno federal continúa desplegando esfuerzos para cumplir la sentencia de la CIDH, y mantendrá informada a la sociedad en su conjunto y al Congreso de la Unión sobre las medidas adoptadas para su cumplimiento.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a las Comisiones de Gobernación y al promovente para su conocimiento.

VICTIMAS DE FEMINICIDIO

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-8-194, signado por el diputado Francisco Ramírez Acuña y el senador Adolfo Toledo Infanzón, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UPDDH/911/1357/2010, suscrito por José Antonio Guevara Bermúdez, titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, así como el anexo que en éste se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al caso del campo algodonero contra los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente

México, DF, a 8 de marzo de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas, titular de la Unidad de Enlace Legislativo.— Presente.

Me refiero a su oficio número SEL/UEL/311/196/10, de fecha 21 de enero de 2010, mediante el cual hace de nuestro conocimiento el punto de acuerdo aprobado el pasado 20 de enero de 2010 por el pleno de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el cual tiene por objeto:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a implantar los mecanismos para que el gobierno mexicano dé cabal cumplimiento a la sentencia, de fecha 16 de noviembre de 2009, relativa al caso campo algodonero contra los Estados Unidos Mexicanos, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Segundo.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 45, numerales 1 y 3, y 97, numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al secretario de Gobernación que se sirva remitir a esta soberanía un informe acerca de las acciones que haya realizado o se estén realizando sobre la situación que guarda el asunto concerniente a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el caso campo algodonero.

En virtud de lo anterior, le acompaño, para los fines procedentes, un informe con las acciones que el gobierno mexicano está llevando a cabo para dar pleno cumplimiento a la sentencia en comento.

Aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi más distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 5 de marzo de 2010.— José Guevara B. (rúbrica), titular.»

«Elementos para responder el punto de acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en relación con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y otras (campo algodonero) contra los Estados Unidos Mexicanos.

•México es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) desde el 24 de marzo de 1981, y ha reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 16 de diciembre de 1998.

• El 10 de diciembre de 2009 le fue notificado al Estado mexicano el fallo de la CIDH en el caso campo algodonero.

• Las sentencias de la CIDH son definitivas y no aceptan ningún medio de impugnación, conforme a los artículos 67 de la CADH y 31 del Reglamento de la CIDH.

• El Estado mexicano tiene la obligación de cumplir las decisiones de la CIDH, de conformidad con el artículo 68.1 de la CADH, de la cual es parte.

• El cumplimiento y la ejecución de la presente sentencia involucra la responsabilidad y participación coordinada de los tres poderes del estado de Chihuahua y con el apoyo del gobierno federal.

• La Secretaría de Gobernación, conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a su reglamento interior, será la entidad responsable de coordinar el cumplimiento total de los puntos resolutivos de la presente sentencia.

• La CIDH estableció plazos específicos para el cumplimiento de sus resolutivos, que van desde los 6 meses a partir de la notificación de la sentencia hasta 3 años.

• El Estado mexicano deberá informar en el curso de 1 año, contado a partir de la notificación de la sentencia, sobre las acciones adoptadas para el cumplimiento total de ésta.

• A efecto de comenzar con la coordinación del cumplimiento de la sentencia, las autoridades federales se han reunido con autoridades locales en sus diferentes niveles en dos ocasiones, en Ciudad Juárez.

• La publicación de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en un diario de mayor circulación en el estado y en otro periódico de circulación nacional será el 8 de marzo de 2010.

• El gobierno federal y los gobiernos del estado y municipal están desplegando esfuerzos para cumplir con la sentencia de la CIDH y mantendrán informada a la sociedad en su conjunto y al Congreso de la Unión sobre las medidas adoptadas para su cumplimiento.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase al promovente para su conocimiento.

Continúe con oficios de la Cámara de Senadores.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - ]LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO - LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION - LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS - LEY FEDERAL DE DERECHOS - LEY FEDERAL DE DERECHOS, RELATIVO AL REGIMEN FISCAL DE PETROLEOS MEXICANOS

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010; el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en Unidades de Inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de abril de 1995; el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 9 de marzo de 2010.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Ricardo Monreal Ávila, senador de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción 72 inciso F de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno del Senado de la República la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 y otros decretos consecuentes, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

No obstante que a raíz de los diferentes proyectos de reforma política presentados por las  diferentes fuerzas políticas ante la Cámara de Senadores, se busca romper con el viejo esquema que define nuestro régimen de gobierno. En nuestro actual sistema presidencial, el Presidente quien es Jefe de Estado y de Gobierno a la vez, es independiente del Poder Legislativo y por lo tanto no depende mayor ni continuamente de este para su existencia o sobrevivencia; los poderes Legislativo y Ejecutivo son interdependientes: el Legislativo no su está obligado a aprobar los proyectos de ley que provienen del Ejecutivo, el Presidente puede vetar las leyes del Legislativo; el Presidente tiene la facultad de realizar nombramientos, el Legislativo tiene la facultad de autorizar o no recursos económicos. El Presidente tiene una gran injerencia en muchos aspectos como en la presentación de iniciativas de ley y en la preparación del presupuesto.

Sabemos que una de las obligaciones de los mexicanos es la de “Contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como del estado o municipio donde se resida, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”. Al Estado le atribuyen –los órganos de éste– la actividad de calcular, planear, organizar y determinar los ingresos que deba recaudar para atender a las necesidades públicas.

En este sentido, el instrumento más importante con que cuenta el Estado se denomina Ley de Ingresos. Esta última es aquella que establece anualmente los ingresos del gobierno federal, estatal y municipal que deberán recaudarse por concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, emisión de bonos, préstamos, etcétera. Que serán destinados a cubrir los gastos públicos en las cantidades estimadas en ésta.

Algunas de las características que podemos atribuirle a la Ley de Ingresos, son las siguientes:

Anualidad: tiene vigencia durante un año fiscal, que corresponde al año calendario.

Precisión: en virtud de que cualquier impuesto y recaudación que no esté claramente establecida en dicha ley no podrá ser recaudado.

Previsibilidad: ya que establece las cantidades estimadas que por cada concepto habrá de obtener la hacienda pública.

Especialidad: en razón de que dicha ley contiene un catálogo de rubros por obtener en el año de su vigencia.

Cabe recalcar que la vida económico-política del país está controlada por una “regularidad estructural” llamada Estado, que por naturaleza propia tiende a regular y cohesionar los comportamientos políticos y económicos de los agentes sociales en su conjunto. La intervención del estado en la vida económica de las sociedades adopta diferentes formas y contenidos que van desde apoyos simples al consumo de particulares, hasta la organización de procesos complejos de producción e intercambio de bienes y servicios.

Para que el estado desarrolle y ejecute adecuadamente sus actividades necesita obtener un monto dado de recursos financieros por lo que este elabora un presupuesto de ingresos con una proyección a corto plazo al cual denominan “Ley de Ingresos”.

La presentación del proyecto de Ley de Ingresos es facultad exclusiva del presidente de la República de acuerdo con el artículo 74, fracción IV, de la ley fundamental. Así también el artículo 69 de la Constitución de 1857 atribuyó al presidente la facultad exclusiva de presentar el proyecto de Ley de Ingresos. La Constitución de 1917 fue omisa al respecto; por lo tanto, había que interpretar que cualquiera de aquellos autorizados por el artículo 71 para presentar iniciativas de ley podía hacerla. Pero en la práctica siempre fue el presidente quien lo realizó apoyándose en que la determinación de los ingresos para cubrir el presupuesto es una cuestión técnica que requiere un “profundo conocimiento de las necesidades del Estado y de la situación económica del país”.

Este documento presupuestario ofrece información valiosa para identificar las prioridades gubernamentales, las razones y justificaciones de política pública, y es una importante herramienta de transparencia y rendición de cuentas, el documento contiene únicamente montos estimados por impuesto y por rubro, correspondientes a lo que recauda el gobierno federal, estatal y municipal o ambos, pero no especifica las cuotas, los sujetos del impuesto, la manera de cobrarse, etcétera.

Los impuestos y la manera de gastarlos es una de las decisiones más importantes que tienen que tomar los legisladores. Su importancia política radica en que es precisamente una de las vías que tienen los representantes populares para satisfacer a sus electores en forma congruente con las plataformas de sus partidos políticos.

Esto último tomando en consideración que según lo establece el artículo 41 constitucional en su apartado correspondiente:

Artículo 41. ...

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; ...los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

La Constitución no sólo establece de manera tajante y expresa cual es la finalidad y la obligación de los partidos políticos, que en el contexto de la elaboración de la trascendental Ley de Ingresos, se limita a la responsabilidad de garantizar la plena representación de las demandas ciudadanas, con base en los principios e ideas que postulan, y que se encuentran plasmados en sus documentos básicos. Sino que nos marca de manera gráfica los supuestos, las circunstancias y los principios que necesariamente deben constituir el imaginario y el entorno de donde se desprenda cualquier proyecto de Ley de Ingresos.

De este modo, en los artículos 25 y 26 constitucionales, se establece lo siguiente:

“Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desa-rrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación...

Asimismo podrá participar por sí o con tos sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, en los términos que establece esta Constitución(propuesta) ”.

Artículo 26.

“ A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo (lo recalcado con negritas es nuestro). Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución...”

Ahora bien, siendo el caso que el principio de legitimidad en que se sustentan las instituciones del Estado mexicano, resulta de un postulado que había sido concebido desde los máximos representantes de la escolástica, y recogido formalmente en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, el artículo 39 de la Carta Magna dispuso lo siguiente:

“Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste (lo resaltado en negritas es nuestro). El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

Pues bien, es precisamente en estricta atención a esto último, que desde esta trinchera, la coordinación del Partido del Trabajo, pretende asumir con responsabilidad el ejercicio legítimo del poder público. Y en tal virtud, por todos los medios se buscará abrogar una ley, que fue producto de arreglos cupulares de figurines políticos que se encuentran enquistados en el poder; viciados de ilegalidad y por tanto de inconstitucionalidad.

Recordemos que una de las máximas sobre las que se sostiene el estado de derecho en nuestro país, es el principio de legalidad, que corre de manera transversal a lo largo y ancho de la parte orgánica y dogmática de nuestra carta fundamental, y que a manera de aforismo expresa que los particulares pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíba expresamente, en tanto que la autoridad está obligada a actuar de conformidad a lo que la ley estrictamente consigna.

Y en este marco de cosas, en el que se ha hecho una exposición general sobre las bases y principios que consignan la obligación del Estado como rector de la economía y el de-sarrollo nacional, y como coordinador incluyente y plural del programa democrático nacional de desarrollo, en el que se recojan las demandas, las inquietudes e intereses de la sociedad.

Y en donde se ha definido a la Ley de Ingresos, como una herramienta de ese Estado para arribar a la determinación de los ingresos para cubrir el presupuesto, sabiendo de antemano que esa es una cuestión técnica que requiere un “profundo conocimiento de las necesidades del estado (y principalmente de la sociedad como se dijo anteriormente) y de la situación económica del país”.

La elaboración de ese documento presupuestario debió de darse en un escenario de transparencia, legalidad e institucionalidad. En donde los principios constitucionales plasmados en los artículos 25, 26, 31 y 39, debieron conjugarse con toda aquella información valiosa para identificar las prioridades gubernamentales, las razones y justificaciones de política pública, que mejor favorecieran el interés público, el bienestar de la sociedad.

De manera totalmente lamentable e inaceptable, en la elaboración y ejecución de la ley de ingresos, se ha visto totalmente lo contrario; con un despliegue de cinismo, ilegalidad e inmoralidad, que desde el pensamiento político de Edmund Burke incrustado en la ilustración de Inglaterra y Europa del siglo XVIII, hasta el análisis contemporáneo de la representación política de finales del siglo pasado, representado por autores como Hanna Pitkin, no se puede encontrar parangón que describa tal deformación y degradación de una clase política que se supone republicana y representativa.

Los panistas y priístas negociaron el destino fiscal de los mexicanos, al margen de todo principio ético político e institucional. Sustituyendo todo el entramado de principios y obligaciones a que se ha hecho referencia, por un convenio celebrado entre los presidentes de los comités ejecutivos de los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, así como por el secretario de Gobernación y el secretario de Gobierno del estado de México.

Desde la renuncia al Partido Acción Nacional de Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, se habló de la existencia de un documento, en el cual se había signado un convenio de colaboración, en el cual diversos actores políticos de los partidos, Acción Nacional y Revolucionario Institucional, se comprometían a no formar coaliciones electorales, en las elecciones del año 2011 en el estado de México.

En días pasados, en los medios de comunicación se dio cuenta, de que dicho documento es real y en efecto se encuentra firmado, por actores políticos de importancia en el país como lo son: Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación; Luis Enrique Miranda Nava, secretario de Gobierno del estado de México; Beatriz Paredes Rangel, presidenta del Comité Ejecutivo del PRI y César Nava Vázquez, presidente del Comité Ejecutivo del Partido Acción Nacional.

En esta reunión se firmó el convenio, PAN-PRI, en donde se comprometieron a abstenerse de formar coaliciones electorales en el estado de México con otros partidos cuyos principios e ideología fueran contrarios a las suyas. El principal objetivo de tan lamentable acontecimiento, fue precisamente la obligación del PRI de apoyar, en el Senado de la República, la Ley de Ingresos previamente aprobada en la Cámara de Diputados.

Para abonar a la mejor difusión de la noticia, de manera concreta (“EI Universal” 05/03/2010), el presidente nacional del Partido Acción Nacional, César Nava despejaría las dudas, y anunciaría que luego de que el Partido Revolucionario Institucional incumplió el acuerdo para el paquete económico 2010, su partido tiene “vía libre para analizar una posible alianza en el estado de México el próximo año”. Habrá que subrayar que Nava aceptó que firmó un convenio con el PRI para la aprobación del paquete económico 2010 a cambio de no hacer alianzas en el Estado de México, lo que había negado en un principio.

No es posible que en pleno siglo XXI, y cuando se esta debatiendo la reforma política que entre otras cosas contempla la participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones socio-políticas, los partidos políticos con mayor peso en nuestro sistema político mexicano estén firmado acuerdos en los oscurito, acuerdos que marcan el rumbo del país.

El documento cuenta con 3 declaraciones, la primera referida al Partido Revolucionario Institucional en donde se declara la existencia del PRI como partido político, que el documento no se contraviene con ningún acuerdo celebrado con anterioridad y que la señora Beatriz Paredes cuenta con facultades para realizar los tratados correspondientes. La segunda se refiere en igual sentido al Partido Acción Nacional y la tercera contiene la declaración de ambos actores de reconocerse mutuamente y que es su voluntad celebrar el acuerdo.

Más adelante, en el documento, se enlistan las seis cláusulas contenidas en el convenio, las cuales se refieren a los siguientes temas:

- La Primera se refiere a las obligaciones y compromisos establecidos en el convenio son aplicables a sus actividades político electorales en el estado de México.

- La Segunda se refiere a que las partes se comprometen a crear los mecanismos correspondientes para mantener un dialogo permanente acerca de los asuntos públicos del estado de México.

- En la Tercera ambas partes se comprometen a no utilizar la descalificación personal como herramienta para contrarrestar a la contraparte.

- En la Cuarta se habla de que los partidos se abstendrán de formar coaliciones con partidos cuya ideología y principios sean contrarios a los establecidos en sus respectivas declaraciones de principios.

- En la Quinta se comprometen a revisar fa normatividad, y realizar las reformas correspondientes con tal de evitar que las coaliciones sean usadas como instrumento de coyuntura electoral, menciona que entre otros deberán considerar criterios de temporalidad, compatibilidad ideológica y principios y cobertura territorial mínima.

- Y en la Sexta se plantea que el convenio entra en vigor desde la fecha que se firma y tiene vigencia hasta el 31 de julio de 2011.

En la siguiente parte del documento, se encuentran las firmas de los cuatro actores políticos antes mencionados, dos en papel de testigos, los cuales son Gómez Mont y Miranda Nava y dos como las partes

Este acto es una manifestación gráfica, explícita de que los dirigentes de estos partidos políticos así como sus diputados o senadores no gobiernan en beneficio del pueblo, sino en beneficio propio. Si tanto la democracia partidista como la representación política, se encontraban en decadencia y en un crónico descrédito, lo anterior constituye un duro golpe que se le asesta a tales instituciones, precisamente en un contexto en el que se propugna por una necesaria reforma política.

Dado el estado de baja aceptación que guarda el Ejecutivo federal, y el vado de poder que genera un Ejecutivo incapaz y sin movilidad política, el proceso de sucesión presidencial se ha adelantado, desde ya hace mucho tiempo. Este tipo de acuerdo plutocrático y oligárquico, corrobora el hecho de que en el pináculo del poder político se encuentra incrustado un solo partido: el PRIAN. Conformado por los representantes de los intereses de la oligarquía que gobierna este país y en su intento por mantener los privilegios de ésta, encuentran sus coincidencias, como el documento mencionado lo ejemplifica.

Quizá lo más preocupante es que el acuerdo en comento es definitivamente apolítico y por tanto, permeado de una total ilegitimidad. Ya que no es más que un intento por pavimentar el camino a Peña Nieto, hacia la Presidencia de la República. Se trata de un convenio de complicidad entre los gerentes de las franquicias, previamente adquiridas por la oligarquía y el gobierno usurpador, a favor de que Peña Nieto logre imponer a su sucesor en el gobierno del estado de México y así caminar sin problemas hacia su campaña a la Presidencia de la República.

¿Qué tan irregular será la administración y el manejo de los recursos públicos del gobernador priísta del estado de México, que se requirió una estrategia de tal magnitud? Sin destapar la cloaca completamente, ya se pueden encontrar varios elementos para minar la imagen pública de este personaje; sin duda que con un mediano ejercicio de auditoría y fiscalización al término de su periodo, el mismo podría terminar completamente vilipendiado.

Nadie podría creer que Calderón representado en esa mesa por su secretario de Gobernación y Peña Nieto representado por su secretario de Gobierno, no tenían conocimiento del convenio.

Resulta realmente vergonzoso, pensar que en su intento por perpetrarse en el poder y mantener los privilegios de la oligarquía, los responsables del convenio no piensen ni por un segundo en el interés público y en el bienestar de la sociedad, y por el contrario, sus agravios se utilicen como moneda de cambio en una complicidad inmoral.

Se han pronunciado algunas voces priistas al respecto; el senador Carlos Jiménez Macías ha mencionado a propósito:

“Ojalá y esta experiencia no se repita, al margen de lo que pase a futuro. Lo que no puede ser es que en la gente quede la percepción de que un impuesto se negocia por un asunto político. Yo creo que eso es muy delicado, ojalá que no vuelva a pasar, lo digo sinceramente, y me parece que debe ser una lección.”

Por su parte, el vocero del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado ha dicho que: “no debe volver a repetirse ese ejercicio, yo creo que la gente toma muy a mal que asuntos que tienen que ver con su economía se estén negociando en función de cuestiones electorales o políticas. Yo creo que ese tipo de acuerdos no deben darse”.

Tales palabras son una clara evidencia del nivel de cinismo y desvergüenza de los legisladores de ese partido; apelando a la indolencia, a la pasividad y falta de memoria que creen que tenemos los mexicanos, pretenden pasar por alto tan monumental atropello a la totalidad de las instituciones democráticas.

Con la perpetración de semejante acto, traducido en una ley espuria, que lesiona los intereses de la mayoría, y que como instrumento tributario no obedece a los principios de competitividad, efectividad, equidad y proporcionalidad, se mantiene un régimen en donde no hay equidad tributaria, por lo que las grandes empresas tienen una amplia gama de oportunidades para deducir sus gastos fiscales frente a las pequeñas empresas que no cuentan principalmente con plantillas laborales numerosas y deducción de inversiones, entre otros.

En el mismo sentido, con esa manera tan irresponsable de simular que se hace política, según estimaciones del propio Banco de México para el presente año habrá una pérdida de entre 635 mil y 735 mil empleos formales, con una caída anual de 6.5 a 7.5 por ciento del producto interno bruto. Además, el Banco Central prevé que al menos dos de cada diez empresas recortarán personal, debido a los incrementos de las materias primas y a la elevación de los costos de producción.

Aunado a lo anterior, la recesión financiera registrada en los últimos meses ha llevado a la pérdida de fuentes de trabajo, con la consecuente baja en el poder adquisitivo de los consumidores, lo que a su vez es una de las causas directas del cierre de micro, pequeñas y medianas empresas (Pyme).

Apenas estos días, sufrimos otro incremento a la gasolina Magna, hay una recaudación tributaria récord reportada por Hacienda, pero también hay 500 mil nuevos desempleados únicamente en el mes de enero y un incremento de la inseguridad por la crisis económica.

Con recortes constantes, nuevos impuestos, una combinación de recesión con inflación, millones de desempleados en las calles y una espiral de violencia en el país (cerca de 17 mil ejecutados y más de 3 mil desaparecidos en tres años), esta administración podría colocar al país al borde de la ingobernabilidad y el estallido social en el corto plazo.

En este último contexto, se debe analizar la impertinencia y la irresponsabilidad de una clase más bien apolítica, que tuvo la desvergüenza de aprobar una ley producto de un acuerdo ilegítimo, injusto e inmoral.

Mientras la izquierda de manera institucional proponía revisar la política económica, en lugar de aumentar los impuestos, recortar la inversión pública y el gasto social (apoyada en los continuos señalamientos de peritos en la materia, e incluso de premios nobel de economía como Stiglitz y Heckman). La derecha inmoral con esta nefasta faceta histriónica, simulaba atender a ciertos principios y modelos económicos, cuando en realidad, desde el interior de sus nichos apolíticos, minaban la democracia celebrando acuerdos para perpetrarse el poder, y teniendo secuestrada a la seguridad económica y a la estabilidad financiera de los mexicanos como moneda de cambio.

De todo lo anterior no se puede deducir más que una cosa; habiendo quedado totalmente demostrado el carácter ilegítimo con que fue llevado el cabo el procedimiento de creación y aprobación de la Ley de Ingresos de la federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 y los consecuentes decretos de reforma, la única salida institucional que le queda a esta soberanía, y que así mismo, la izquierda mexicana representada a través de este grupo parlamentario abandera, es la absoluta e inmediata abrogación de éstos.

De otro modo, se puede esperar cuando menos la desobediencia civil y la objeción de conciencia de los hombres y mujeres mexicanos, que han caído en cuenta cual es el grado de cinismo, ilegalidad e inmoralidad con que unos cuantos manejan los asuntos de estricto interés público. Estamos transitando peligrosamente a los terrenos de la ilegitimidad, y ahora como nunca antes, el llamado para que retomemos la vía legal e institucional, no debe ser oído de lejos como aquélla voz que clama en el desierto.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que abroga la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010; el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en Unidades de Inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en elDiario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995; el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos.

Único. Se deroga en su totalidad la Ley de Ingresos de la federación para el Ejercicio Fiscal de 2010; el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en Unidades de Inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1995; el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, y el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos. Cuyos dictámenes fueron presentados en sesión del 30 de octubre del 2009 ante la Cámara de Senadores.

Transitorios

Primero. A efecto de que el Estado cumpla con todas y cada una de las obligaciones presupuestarias, se prorrogará la vigencia de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo su responsabilidad, realizará única y exclusivamente los ajustes derivados del cumplimiento de compromisos internacionales, del índice inflacionario y otros que sean justificados, previa información a la Cámara de Diputados.

Segundo.La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de la declaratoria hecha por el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente de haber sido aprobada.

Tercero.Publíquese en el Diario Oficial de la Federación para conocimiento general.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a los 9 días del mes de marzo de 2010.— Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Asistencia Social.

Atentamente

México, DF, a 9 de marzo de 2010.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

MinutaProyecto de Decreto

Por el que se reforma la Ley de Asistencia Social

Único. Se reforma la fracción I y el tercer párrafo del artículo 4; se reforma el inciso e), fracción I, y la fracción VI del artículo 12; ambos de la Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue:

Artículo 4. ...

...

I. Todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por:

a) a l) ...

Para los efectos de la presente ley se consideraran como niñas, niños, adolescentes y jóvenes a todas aquellas personas comprendidas en los rangos de edad establecidos en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y en la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

II. a XII. ...

Artículo 12. ...

I. ...

a) a d) ...

e) La prestación de servicios de asistencia jurídica y de orientación social, especialmente a menores, jóvenes, adultos mayores e inválidos sin recursos;

f) a i) ...

II. a V. ...

VI. La atención a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de fármacodependencia, fármacodependientes o susceptibles de incurrir en hábitos y conductas antisociales y delictivas;

VII. a XIV. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Las acciones que, en su caso, deban realizar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente decreto, deberán cubrirse en función de los ingresos disponibles conforme a la Ley de Ingresos de la Federación y sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 9 de marzo de 2010.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente; senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

*PARTIDO ACCION NACIONAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Honorable asamblea, la Presidencia informa que en relación con la proposición con punto de acuerdo presentada ayer por el señor diputado Alfonso Navarrete Prida, del Grupo Parlamentario del PRI, fue turnada a la Junta de Coordinación Política.

«Dadas las muy delicadas afirmaciones contenidas en el libro “Camisas Azules, Manos Negras” de Ana Lilia Pérez, que exhiben una supuesta red de corrupción en Petróleos Mexicanos que causa grave deterioro a la economía de Pemex y de la Nación someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. que el pleno de esta Cámara acuerde la conformación de una Comisión Especial pluripartidista para investigar las denuncias ciudadanas contenidas en el libro de referencia y esclarecer completamente las responsabilidades de los ahí denunciados.

Solicito que sea de urgente y obvia resolución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2010.— Diputado Alfonso Navarrete Prida (rúbrica).»

ADICCIONES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Esta Presidencia recibió del diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las instituciones de salud, a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a desarrollar un plan de difusión de los centros de atención primaria de adicciones Nueva Vida.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las instituciones de salud, a los congresos estatales y a la ALDF a desarrollar un plan conjunto de difusión sobre los centros de atención primaria de adicciones Nueva Vida, a cargo del diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal por el estado de Guerrero e integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional ante esta honorable asamblea, se permite someter a la consideración de las señoras y los señores legisladores el presente punto de acuerdo, basándose para ello en las siguientes

Exposición de Motivos

Las adicciones son un problema que se ha agudizado de manera acelerada en las sociedades mundiales. En México la situación no es distinta, en los últimos veinte años el consumo de sustancias adictivas legales e ilegales se ha incrementado de manera notable, las razones son diversas, destacando principalmente el tipo de cultura a la que pertenecemos en la que el consumo de sustancias como el alcohol y el tabaco es algo común, cotidiano e incluso en algunos círculos sociales indispensable. En el caso de drogas como la marihuana y la cocaína que son las de mayor consumo, el fácil acceso a ellas ha contribuido a que nuestro país pase de ser productor a un gran consumidor.

Estas razones son las que han ocasionado que no sólo aumente la base de consumidores sino que además se diversifique, los últimos estudios realizados muestran un aumento en el número de mujeres y sobre todo de menores de edad que se encuentran en este problema. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2008 el consumo de drogas ilegales en mujeres se duplicó al 1.9%, asimismo refleja que el 50.8% de los adictos comienza su consumo antes de la mayoría de edad.

Las adicciones no se limitan a afectar la vida de los consumidores, también diversos factores del país pueden llegar a ser alterados si no se toman a tiempo las medidas necesarias para su tratamiento. El consumo de sustancias adictivas acorta la vida de las personas, distorsionando la estructura equilibrada de la pirámide poblacional, además los consumidores tienden a abandonar aquellas actividades académicas, laborales y demás que contribuyen al desarrollo personal, esencial para el progreso de cualquier nación.

En el caso específico de México el mayor número de adictos se encuentran entre los 18 y 34 años de edad, etapa biológica de mayor capacidad productiva en el ser humano, por lo que el crecimiento del problema, en el largo plazo, puede llegar a frenar el desarrollo del país al disminuir la capacidad de productividad ocasionada por la falta de capital humano, entendido este como la poca preparación de los trabajadores, la falta de estos o en el peor de los casos ambas.

Por otra parte, la salud, también se ve afectada. De acuerdo con el Centro Nacional de Equidad Género y Salud Reproductiva en la actualidad el 17% de los embarazos corresponden a mujeres menores de 20 años de los cuales más del 50% de éstos no han sido planeados y un porcentaje considerable está relacionado con el uso de sustancias como el alcohol, marihuana, cocaína, éxtasis entre otras. Esto debido a que su consumo desinhibe la conducta sexual, lo que aumenta el índice de prácticas sexuales de riesgo frecuente ocasionando embarazos no deseados. Asimismo a causa de este tipo de prácticas y el rehúso de jeringas utilizadas para ciertas drogas, se aumenta el riesgo de contraer enfermedades mortales como el VIH/sida.

La seguridad pública es otro factor perjudicado, ya que un gran número de accidentes viales y delitos son ocasionados por personas que se encuentran bajo el influjo de alguna de estas sustancias.

Todo lo antes mencionado refleja la gravedad e importancia del problema para nuestro país. Desafortunadamente, debido a la falta de conocimiento del tema, el tratamiento de las adicciones no es hasta la fecha relevante ni preocupante a pesar de las consecuencias que en el mediano y largo plazo trae consigo. Hoy en día esta labor es afrontada por Organizaciones Civiles e Instituciones Privadas así como por Organizamos como el Consejo Nacional Contra las Adicciones que ha creado programas que ayudan a combatir esta problemática. Uno de ellos son los Centros de Atención Primaria de Adicciones “Nueva Vida”, los cuales, además de ayudar al tratamiento y recuperación de adictos, también funcionan como centros de educación y prevención. Desafortunadamente su difusión ha sido mínima, aún cuando se cuentan con más de 300 centros gratuitos en puntos estratégicos de país, son pocas las Instituciones de salud y aún menos las personas con problemas de adicciones que tienen conocimiento de ellos, evitando que la ayuda llegue a manos de quien lo necesita, que dicho sea de paso la estadística refleja que 464 mil 386 personas requieren atención especializada y el 80% de la población necesita programas de prevención.

El problema planteado debe comenzar a cobrar importancia. Es cierto que las cifras pueden no ser preocupantes todavía, sin embargo, si lo es la manera en que éstas se van incrementando en poco tiempo. El combate a las adicciones debe modificarse, ya no basta con tratar de controlar la producción y distribución de las sustancias, los hechos lo demuestran. Ahora es necesario su tratamiento y sobre todo su prevención. No hay que olvidar que se trata de un problema de salud pública que el estado está obligado a brindar y nosotros como legisladores a vigilar su que así sea.

Es por lo todo lo antes expuesto y con fundamento el párrafo tercero del artículo 4o. constitucional, así como en los preceptos 1, 23, fracción VI, 32, 33, fracciones I y IV, y 73, párrafo primero, fracciones I, II y III de la Ley General de Salud que pongo a consideración lo siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorte a las instituciones de salud, Congresos estatales y Asamblea Legislativa a que, en conjunto y de manera coordinada desarrollen un plan de difusión para los Centros de Atención Primaria de Adicciones “Nueva Vida”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2010. — Diputado Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Salud.

REDES DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD EN DISTRITO FEDERAL Y AREA METROPOLITANA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se recibió del señor diputado Eduardo Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad, a que rinda un informe detallado de los reportes de eventos diarios que emite el Sistema Integral de Control Remoto y Acciones de Datos.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la CFE a rendir un informe detallado de los reportes de eventos diarios que emite el Sistema Integral de Control Remoto y Acción de Datos instalado en los centros de operación de las redes de distribución de Ecatepec, Pedregal y Verónica, como causa de las inundaciones ocurridas en Chalco, Ecatepec e Iztapalapa, a cargo del diputado Eduardo Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base a los siguientes

Considerandos

Los frentes fríos que han tenido paso por el país en los últimos días han causado bajas temperaturas y precipitaciones en el Distrito Federal, área metropolitana y algunos estados de la República Mexicana. Debido a ello, el pasado 2 de febrero el Servicio Meteorológico Nacional, órgano dependiente de la Comisión Nacional del Agua sólo emitió un comunicado como el que realiza de manera habitual, y que sin embargo ante tal situación se tuvo que haber emitido una alerta; el comunicado de prensa número 020-10 preveía lluvias arriba de los 20 milímetros, para el martes 2 y miércoles 3 de febrero del presente año; como resultado de dichas precipitaciones se desbordaron el Gran Canal y el Río de los Remedios, en éste último se abrió un boquete de 10 metros que dejaron a 37 mil damnificados en el estado de México y 650 familias afectadas en la delegación Iztapalapa.

Sin embrago, vale la pena mencionar que el boquete no sólo se debe al desbordamiento de aguas negras, ya que se tiene el antecedente de que en la colonia Avándaro y El Molino en Valle de Chalco e Ixtapaluca respectivamente, existían fisuras de entre tres y cinco centímetros por las que se filtraban aguas negras; según el reporte de la Agencia de Seguridad Estatal del estado de México del 3 de julio de 2009.

El Sistema General de Drenaje y Desagüe Pluvial está integrado por 36 presas, 165 kilómetros del Sistema de Drenaje Profundo y 87 plantas urbanas de bombeo con una capacidad en conjunto de 670 metros cúbicos por segundo.

En dicho sistema el conducto para drenar el valle de México, es el Gran Canal del desagüe que recibe directamente las descargas de toda la zona urbana situada al oriente, sin embargo debido al hundimiento de la ciudad, dichas descargas tienen que efectuarse mediante bombeos regulados en los lagos de Texcoco, y del río de La Compañía; del cual los municipios de Chalco e Ixtapaluca depende primordialmente.

El pasado 26 de febrero del 2008 se inauguraron cuatro plantas de bombeo de drenaje denominadas “Vaso de Cristo, Canal de Sales, Casa Dorada y Gran Canal;” esta última disminuiría los riesgos de inundación en las zonas bajas de la Ciudad de México y el área metropolitana, objetivo que no se cumplió debido al retraso en la apertura de las compuertas del drenaje profundo que opera el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, como lo dio a conocer el periódico La Crónica, el pasado viernes 5 de febrero.

La red de drenaje de aguas residuales de la captación del Río de los Remedios es enviada hacia el interceptor central del drenaje profundo y el resto se incorpora con el del Gran Canal, de este punto se conduce al túnel interceptor dren general del valle, que recibe las aportaciones del río de La Compañía y las conduce a la planta de bombeo Texcoco norte. Para el óptimo funcionamiento de este sistema y sus plantas de bombeo se requiere de una subestación eléctrica que recibía el servicio por parte de Luz y Fuerza del Centro, siendo una de las partes esenciales de la planta; sin embargo es recurrente que haya interrupciones de energía eléctrica durante las lluvias, como sucedió en los eventos ocurridos la semana pasada.

Por lo expuesto, es importante hacer del conocimiento público que desde la noche del pasado miércoles 3 de febrero se encontraban en disturbio varios alimentadores de 23 kilovoltios como el alimentador Mad-21 (Madero), Mad-23, Xal-23, Xal-27 (Xalostoc) del centro de operación de redes de distribución de Ecatepec que dan servicio al Cárcamo de Río de los Remedios; Ayo-24 (Ayotla), Cru-27 (Santa Cruz), Cru-26, Izt-23 (Iztapalapa), Izt-21X del centro de operación de redes de distribución del pedregal que dan servicio a el cárcamo del Canal de la Compañía y al drenaje profundo de la zona sur oriente; Mag-23 (Magdalena), Mag-21X, Ara-22 (Aragón), Tepalcates (Pantitlán), del centro de operación de redes de distribución Verónica que dan servicio al drenaje profundo de la zona sur oriente, los cárcamos de la zona del Arenal y los cárcamos de la zona oriente. En general se estima que alrededor de 250 alimentadores fallaron durante el intervalo comprendido entre la noche del miércoles 3 y el jueves 4 de febrero; en donde el tiempo de restablecimiento de dichos alimentadores en algunos casos se dio hasta el viernes 5 de febrero.

Con esta información fácilmente se puede apreciar que los circuitos de 23KV que fallaron alimentan el bombeo de aguas negras y drenaje profundo del Río de los Remedios, Xalostoc, Aragón e Iztapalapa, por lo que como consecuencia de la incapacidad, la falta de preparación técnica y profesional e inexperiencia del personal de la Comisión Federal de Electricidad que se encarga de la operación de las redes de distribución del Distrito Federal y área metropolitana; así como el poco, o nulo, conocimiento acerca del funcionamiento de las plantas y subestaciones  que eran operadas por la extinta Luz y Fuerza del Centro, se produjeron las inundaciones de Chalco, Iztapalapa y Ecatepec.

Ante esta situación, habría que recordar que paradójicamente Luz y Fuerza del Centro fue extinta bajo los argumentos de ser una empresa ineficiente. Después de los daños causados a miles de personas precisamente por la ineficiencia de la Comisión Federal de Electricidad habría que aclarar cuál de estos organismos resulta ser más ineficiente.

La información sobre la falla en los alimentadores antes mencionados se puede constatar y ampliar mediante la revisión el reporte de eventos diarios emitido a través del SICRAD (Sistema Integral de Control Remoto y Adquisición de Datos) y del Scada (Sistema telecontrolado de restauradores y seccionalizadores) instalados en los centros de operación de redes de distribución de Ecatepec, Pedregal y Verónica. Por todo ello, es necesario que se rinda un informe detallado de lo que quedó asentado en esos registros a fin de indagar a profundidad las causas que provocaron las inundaciones y el daño a las pertenencias de miles de personas del Distrito Federal y el estado de México.

Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Que se exhorte al titular de la Comisión Federal de Electricidad, ingeniero Alfredo Elías Ayub para que rinda un informe detallado de los reportes de los eventos diarios que emite el Sistema Integral de Control Remoto y Acción de Datos instalados en los centros de operación de las redes de distribución de Ecatepec, Pedregal y Verónica como causa de las inundaciones ocurridas en Chalco, Ecatepec e Iztapalapa.

Segundo.Se cite a comparecer ante esta asamblea al titular de la Comisión Nacional del Agua José Luis Luege Tamargo para que rinda un informe detallado sobre la situación que guarda la infraestructura en las plantas de bombeo de drenaje y en todas las instalaciones del sistema general de drenaje.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de febrero de dos mil diez.— Diputado Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a las Comisiones Unidas de Energía y de Recursos Hidráulicos.

ESTADOS DE MEXICO, MICHOACAN Y DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se recibió proposición con punto de acuerdo relativo a las afectaciones por las precipitaciones pluviales e inundaciones en los estados de México, Michoacán y el Distrito Federal, suscrito por los diputados Leticia Robles Colín y Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario del PRD.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:«Proposición con punto de acuerdo, relativo a las afectaciones por las precipitaciones pluviales e inundaciones del 2 al 5 de febrero de 2010 en municipios del estado de México y de Michoacán, así como en cuatro delegaciones del Distrito Federal, suscrita por los diputados Leticia Robles Colín y Vidal Lleneras Morales, del Grupo Parlamentario del PRD

Leticia Robles Colín, secretaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos, y Vidal Lleneras Morales, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, en nombre propio y de los diputados del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes hechos y consideraciones:

1. Que como resultado de las inclemencias meteorológicas en los que convergieron un sistema de tormentas de baja presión proveniente del Pacífico y el frente frío número 29, se tuvo un nivel de precipitación absolutamente atípico considerando los registros históricos que se tienen de las lluvias en temporada de estiaje y particularmente en el mes de febrero en el centro y sur occidente del país.

2. Que el nivel de las lluvias provocó el desbordamiento de los ríos y cauces considerados por la legislación como “aguas nacionales” a saber los río Tuxpan y Angangueo en el estado de Michoacán, el canal de La Compañía en el estado de México y el río de Los Remedios en el estado de México y el Distrito Federal.

3. Que además del desborde los ríos se registraron desprendimiento de taludes y desgajamiento de cerros que afectaron en Michoacán a comunidades establecidas en los municipios de Tuxpan, Angangueo, Tuzantla, Ocampo y Tiquicheo de Nicolás Bravo.

4. Que el creciente caudal del río de Los Remedios proveniente del estado de México saturó también el gran canal del desagüe del Distrito Federal y que el afluente del mismo no pudo ser desviado en forma inmediata hacia el túnel emisor central ya que este se encuentra en proceso de reparación, afectando con ello a colonias establecidas en las delegaciones Venustiano Carranza, Iztapalapa, Iztacalco y Gustavo A. Madero.

5. Mediante distintas proposiciones con puntos de acuerdo promovidas por el Grupo Parlamentario del PRD –la más reciente presentada ante este pleno el pasado 13 de octubre de 2009– se han solicitado recursos para prevenir inundaciones. Los recursos serían destinados a obras de mantenimiento y restauración de los túneles interceptores y alimentadores del túnel emisor central del Valle de México ya que el gobierno federal ha preferido programar recursos de inversión hacia las obras de construcción del túnel emisor oriente omitiendo el hecho que el túnel emisor central debe seguir funcionando eficientemente hasta que las obras del emisor oriente concluyan. Si en un solo año se hubieran destinado recursos suficientes para la reparación del emisor central, desde el 2008 ya se hubieran concluido estas obras.

6. Que el desbordamiento del río de Los Remedios provocó la inundación de cientos de viviendas y de comercios en los municipios mexiquenses de Netzahualcóyotl y Ecatepec; de igual modo, fracturas a lo largo de un tramo de 50 metros en el margen izquierdo del canal de La Compañía a la altura del kilómetro 27.5 provocó afectaciones a miles de viviendas del municipio de Valle de Chalco Solidaridad.

7. Que en el mes de marzo de 2000 se registró una inundación similar en Valle de Chalco producto del desbordamiento del el entonces río de La Compañía afectando a poco mas de 5 mil viviendas de los municipios de Chalco, Valle de Chalco e Ixtapaluca.

8. No fue sino hasta 6 años después y con recursos aprobados por esta Cámara para el ejerció fiscal 2006, que el gobierno federal dio inicio el entubamiento del llamado “río de La Compañía” para el cual se destinaron poco mas de 1 mil 075 millones de pesos federales y 348 millones de pesos del fideicomiso 1928. Para inaugurar el funcionamiento del canal de La Compañía asistieron el Secretario de Medio Ambiente, ingeniero. Juan Elvira Quesada; el titular de la Conagua, ingeniero José Luis Luege Tamargo y el gobernador del estado de México Enrique Peña Nieto. En sus discursos todos se congratularon de la construcción de la obra de entubamiento a la vez que afirmaron que la población de Valle de Chalco jamás volvería a sufrir con el desbordamiento de aguas negras.

9. Análisis técnicos posteriores a la tragedia indican que se requiere con urgencia ampliar la capacidad de los vasos y lagunas de regulación de las aguas residuales que se expulsan a través del m y del río Churubusco. Se necesita además la construcción de un túnel que conecte al río Churubusco con el túnel emisor oriente que actualmente construye el gobierno federal así como aumentar la capacidad de bombeo de los cárcamos establecidos en la zona oriente del Distrito Federal y en el canal de La Compañía todas estas obras implican la inversión de recursos por un monto que excede los mil 200 millones de pesos.

10. Que a petición de los gobiernos locales y de esta propia soberanía durante los días 5, 6 y 7 de febrero, la Secretaría de Gobernación emitió la “declaratoria de desastre” a efecto que la población de los municipios y delegaciones políticas afectadas puedan ser atendidas con recursos del Fondo de Desastres Naturales.

Consideramos que tratándose de obras, recursos, legislación y competencias del orden federal la Cámara de Diputados debe contribuir a la transparencia y a impulsar las  inversiones en infraestructura para que las autoridades cumplan eficazmente con las facultades, atribuciones y responsabilidades que la ley les confiere.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado es que sometemos a la consideración de Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Con pleno respeto al ámbito de sus respectivas facultades la Cámara de Diputados LXI Legislatura exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que con recursos provenientes del Fondo Nacional de Infraestructura y de los subejercicios registrados en el Ramo 16, “Medio Ambiente y Recursos Naturales”, asigne la cantidad 1 mil 200 millones de pesos para la construcción de obras de infraestructura hidráulica en la zona oriente del Valle de México a ejercer por la Comisión Nacional del Agua, pone! Sistema de Aguas de la Ciudad de México y por la Comisión de Agua del Estado de México.

Segundo.Se solicita a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados LXI legislatura integre e instale a la brevedad una Subcomisión o Grupo de Trabajo cuyo objetivo sea para dar seguimiento a las obras de infraestructura hidráulica que se han construido y deban construirse en los cauces federales de los estados de México, Michoacán y el Distrito Federal.

Tercero.Se solicita a la Comisión Especial de Protección Civil de la Cámara de Diputados LXI legislatura integre e instale a la brevedad una subcomisión o grupo de trabajo cuyo objetivo sea dar seguimiento a la aplicación de los recursos del Fondo de Desastres Naturales en municipios del estado de México y Michoacán así como en las Delegaciones del Distrito Federal que fueron afectadas con las precipitaciones pluviales e inundaciones los días 2, 3, 4 y 5 de febrero de 2010.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2010.— Diputados: Leticia Robles Colín, Vidal Llerenas Morales, Emilio Serrano Jiménez (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Gobernación.

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO Y CANCER CERVICO UTERINO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se recibió del diputado Alejandro Carabias Icaza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo relativo a los recursos para la prevención y control del virus del papiloma humano y el cáncer cervicouterino.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:«Proposición con punto de acuerdo, relativo a los recursos del PEF de 2011 para prevenir y controlar el virus del papiloma humano y el cáncer cervicouterino, a cargo del diputado Alejandro Carabias Icaza, del Grupo Parlamentario del PVEM

Alejandro Carabias Icaza, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El virus del papiloma humano (VPH) constituye una amenaza para la salud de la mujer, ya que puede dar origen al cáncer cérvico-uterino, el cual constituye la segunda causa de muerte a nivel nacional, entre las mujeres de 25 años o más.

Algunas entidades federativas siguen reportando niveles superiores a 21 casos por cada 100 mil mujeres. Tal es el caso de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Campeche, lo cual indica cierta correlación de este padecimiento con los índices de pobreza y marginación.

Sin embargo, la siguiente tabla reporta que en los últimos 12 años ha habido avances importantes en la disminución de mortalidad por cáncer cérvico-uterino a nivel nacional:

Año                            Mortalidad

            (por 100 mil mujeres de 25 años o más)

1995                                 21.6

1996                                 21.6

1997                                 21.0

1998                                 20.4

1999                                 20.0

2000                                 19.6

2001                                 18.6

2002                                 17.3

2003                                 16.9

2004                                 16.2

2005                                 15.9

2006                                 15.0

2007                                 14.3

Fuente: Inegi, Secretaría de Salud, 2007.

Aunque estos avances son alentadores, México presenta cifras mucho más altas que las de los países de la región con un nivel de desarrollo similar al nuestro. Por consiguiente, se deben reforzar los programas dedicados a la prevención y control de este padecimiento.

Para atender esta situación, el Programa Nacional de Salud 2007-2012 señala como una de sus metas: Disminuir 27 por ciento la tasa de mortalidad por cáncer cérvico-uterino por 100 mil mujeres de 25 años y más.

El Programa, dentro de la Estrategia 2 “Fortalecer e integrar las acciones de promoción de la salud, y prevención y control de enfermedades”, indica la siguiente línea de acción: Promover la prevención, detección y atención temprana del cáncer cérvico-uterino y de mama.

Por su parte, el tercer Informe de Labores de la Secretaría de Salud marca los siguientes avances en el combate al VPH y cáncer cérvico-uterino:

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud:

• Se concluyó la prueba piloto sobre VPH en el estado de Morelos, en el que se aplicaron 130 mil pruebas, es decir una cobertura del 92 por ciento.

• Se inició la Estrategia Integral de Prevención de Cáncer en estos 125 municipios, aplicando pruebas de VPH en mujeres de 35 a 64 años de edad y vacunas preventivas del VPH en niñas de 12 a 16 años de edad.

Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia:

• En noviembre de 2008, se inició la aplicación de la vacuna VPH en niñas de 12 a 16 años, en los 125 municipios con menor índice de desarrollo humano (IDH), se administraron 248 mil 100 dosis de vacunas.

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva:

• Las principales acciones para la prevención y control del cáncer cérvico-uterino se enfocan a la disminución de la mortalidad por esta causa, principalmente en mujeres que viven en áreas marginadas, rurales e indígenas, a través de la ampliación de la cobertura de detección y atención de lesiones precursoras, así como de la mejoría en la calidad de la detección a través de la implementación de la prueba del papiloma virus (ADN de VPH) y la introducción de la vacuna contra el VPH en niñas y adolescentes de los municipios con menor IDH.

• Desde el 1 de enero de 2007 al 31 de agosto de 2009, la tasa de mortalidad acumulada por cáncer cérvico-uterino fue de 36.4 por 100 mil mujeres de 25 años y más. De septiembre de 2008 a agosto de 2009 el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino tuvo los siguientes avances:

• Se realizaron 2 millones 52 mil 166 detecciones de cáncer cérvico-uterino con la prueba de Papanicolaou a mujeres de 25 a 64 años de edad.

• Se efectuaron 354 mil 305 detecciones con la prueba del papiloma, de las cuales 130 mil fueron en los 125 municipios con menor IDH.

• En estas mismas comunidades, se vacunaron a 82 mil 598 adolescentes de 12 a 16 años de edad como parte de las acciones de la Estrategia 100 X 100.

• Se instrumentaron seis laboratorios regionales de biología molecular con una capacidad por laboratorio para procesar 160 mil muestras anuales de la prueba del VPH y se encuentran en proceso de instalación seis laboratorios más que atenderán gradualmente a las 32 entidades federativas.

• Se capacitaron a mil 73 profesionales de la salud, entre ellos: citotecnólogos, colposcopistas, patólogos y, responsables jurisdiccionales y estatales del programa, lo que representa cerca de 80 por ciento del personal de los servicios de salud estatales involucrado en el programa.

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales:

• Donación de 56 mil 664 unidades de insumos médicos a favor de los servicios estatales de salud de Veracruz; así como la operación de comodato de 5 equipos a favor de los servicios estatales de salud de Guerrero, Michoacán, Puebla, Campeche y Veracruz, en apoyo al Programa de Cáncer Cérvico-Uterino.

IMSS-Oportunidades:

• En coordinación con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, en este periodo IMSS-Oportunidades participó en la prevención integral del cáncer cérvico-uterino en municipios con alta marginación donde se aplicaron 46 mil 793 dosis de vacuna contra el virus del papiloma humano, y de igual forma se realizaron 36 mil 520 detecciones de cáncer mediante la captura de híbridos; además, en el último año, se realizaron 2 millones 243 mil 969 exploraciones ginecológicas, con 1 millón 690 mil 952 estudios de cáncer cérvico-uterino y 2 millones 429 mil 863 de cáncer de mama.

En cuestión presupuestal, se observa que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para los últimos dos ejercicios fiscales, se asignaron los siguientes recursos:

A pesar de este crecimiento, cabe destacar que el proyecto del PEF para 2010 preveía originalmente una reducción del 82 por ciento de recursos para estas dos instituciones y para el programa “Atención de la salud reproductiva e igualdad de género en salud”. Fue en el Congreso de la Unión donde los montos fueron revisados y ajustados a las cantidades que se muestran.

Adicionalmente, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Grupo Parlamentario del Partido Verde en esta soberanía externó su preocupación por garantizar que el combate al VPH y al cáncer cérvico-uterino sigan contando con recursos suficientes en los próximos ejercicios fiscales.

Por lo anterior, proponemos exhortar con la debida anticipación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en la planeación del proyecto del PEF para el ejercicio fiscal de 2011 prevea recursos justos y suficientes para la prevención y control del VPH y el cáncer cérvico-uterino.

Cabe añadir que nuestro grupo no es el único preocupado por este tema. Desde el inicio de la LXI Legislatura y hasta la fecha, los Grupos Parlamentarios del PRI, PAN y PRD han emitido puntos de acuerdo relativos a los temas de VPH y cáncer cérvico-uterino, así como los recursos que se asignan para su control y combate.

En atención a lo expuesto, el legislador que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a prever en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2011, recursos justos y suficientes para la prevención y control del virus del papiloma humano y el cáncer cérvico-uterino.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 10 días del mes de marzo del año 2010.— Diputado Alejandro Carabias Icaza (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se turna a la Comisión de Salud.

MINA DE CANANEA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se recibió del señor diputado Carlos Samuel Moreno Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que instruya a las Secretarías de Economía y de Gobernación para que en conjunto se aboquen al estudio jurídico sobre la posibilidad de solicitar la cancelación de la concesión que opera la mina de Cananea a la empresa Mexicana de Cananea SA de CV.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la SE y a la Segob a fin de que se aboquen al estudio jurídico sobre la posibilidad de solicitar la cancelación de la concesión de Mexicana de Cananea, SA de CV, para operar la mina de Cananea, a cargo del diputado Carlos Samuel Moreno Terán, del Grupo Parlamentario del PVEM

Diputado Carlos Samuel Moreno Terán, integrante de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

A todos es conocido el grave conflicto laboral y social del municipio de Cananea, Sonora. Hasta el día de hoy, a la ciudad le ha sido negado el auxilio de las dependencias del Ejecutivo federal, por el contrario, mediante posturas legalistas radicales, se desentienden de buscar una solución con el argumento de que se atienen a la letra de la ley. Con ello hace oídos sordos a los llamados de apoyo que formulan no solo los cananenses, sino muchas otras voces que conocen ya la magnitud de la problemática que aqueja a los habitantes del mineral.

Resulta paradójico el hecho de que las instancias con las atribuciones legales, y los recursos necesarios no actúen en consecuencia, en auxilio de la población que en gran medida y de manera imperiosa lo necesita.

Después de 31 meses de huelga en la mina de cobre Mexicana de Cananea, SA de CV, los casi 35 mil habitantes del lugar continúan viviendo una situación socialmente dramática, que hace bastante tiempo rebasa el conflicto jurídico motivado por la huelga, y amenaza seriamente la convivencia armónica en esa población.

La actividad minera es el motor de la economía del municipio y de la región, con un impacto muy importante en la actividad minera nacional: Ahí se concentra el 12 por ciento de la producción minera del país; el 46 por ciento de la producción de cobre y una derrama económica estimada en 150 millones de pesos mensuales, de acuerdo con datos de las autoridades laborales.

Se reitera con energía la argumentación ineludible de que en el transcurso de estos 31 meses de huelga, la economía y la estabilidad social de Cananea se ha ido a pique: cierre de comercios; pérdida de empleos en otras áreas asociadas a la actividad minera en una amplia región del estado; migración de hombres y mujeres jóvenes; deserción escolar y cierre de escuelas; son sólo algunos de los elementos que se han ido acumulando hasta llegar al extremo de las fallas y suspensión de los servicios de gas, de agua y de energía eléctrica, los más elementales para la vida cotidiana de la población.

Si falta el agua, el gas y la luz, se están tocando extremos indeseables que propician una justificada irritación social.

Más de 10 mil derechohabientes, es decir, un tercio de la población; se han quedado sin servicios médicos debido al cierre de la clínica que antes los atendía. 58 de estos derechohabientes de la tercera edad han fallecido en los últimos trece meses, fundamentalmente como consecuencia de las fallas en el suministro de medicamentos para enfermedades crónicas y respiratorias.

La inactividad por falta de ocupación laboral y generación de circulante; el abandono de las autoridades federales y la crisis generalizada, principalmente en las actividades comerciales de todos los ramos, han traído como consecuencia el incremento de la inseguridad en el municipio.

Éste deterioro tiene responsables y uno de ellos es quien opera la concesión que permite explotar los yacimientos minerales en Cananea. Es evidente la crudeza e insensibilidad de la empresa minera, subsidiaria del Grupo México por abandonar a su suerte a toda una población, guiado únicamente por intereses económicos, dejando de lado su responsabilidad social en una población cuyas circunstancias le han dejado millonarias ganancias a la familia Larrea. El grupo empresarial ha tratado con un desprecio a la comunidad que coyunturalmente le ha permitido reportar utilidades muy importantes en los mercados internacionales.

El ayuntamiento continúa sufriendo una crisis financiera que lo ha llevado a no pagar a la Comisión Federal de Electricidad el consumo de energía para operar los pozos de agua potable, con lo que el servicio se deja de ofrecer a un gran número de hogares, constituyendo un círculo vicioso que está llevando al colapso a Cananea.

Es imprescindible que el gobierno federal no deje correr más tiempo para entrar a una solución de fondo al problema de Cananea, pues el deterioro a que ha llegado la situación, está erosionando aceleradamente el tejido social, amenazando la convivencia armónica de los sonorenses, así como la cohesión social del país. Se equivocaría quien piense que se trata de un problema local sin repercusiones en la vida nacional. Hay suficiente evidencia histórica que muestra lo contrario.

Cananea es un asunto de interés nacional y así debe ser abordado. Ningún interés, particular o de grupo, puede estar por encima del interés nacional, ni una población histórica puede ser rehén de interminables litigios que han puesto en riesgo su propia sobrevivencia. No podemos olvidar que los recursos minerales son propiedad de la nación y que el Estado mexicano es responsable del aprovechamiento de los recursos del subsuelo, cuya explotación en el caso de la minería es concesionada a particulares, tal como lo marca la Constitución General de la República.

El artículo 27 de nuestra Carta Magna señala con nitidez, que el dominio de la nación sobre sus recursos, entre ellos los del subsuelo, es inalienable e imprescriptible e, incluso, que “La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.”

Si esto es así para la propiedad privada, con mayor razón debe aplicarse el interés público para el caso de la explotación concesionada de recursos propiedad de la nación.

Esta decisión del Ejecutivo, debe ser acompañada por un programa emergente de reactivación económica de la región, que incluya por supuesto el suministro de los servicios indispensables para la vida de la población, particularmente el servicio de gas que la empresa ha dejado de suministrar como lo hizo durante 70 años. Es indispensable que se aplace el actual programa de reconversión de gas que se intenta aplicar, ya que significa un gran retroceso para la población, en vez de ser una solución real del problema. La gente de Cananea se ha ganado el derecho de aprovechar un recurso del subsuelo, que no es de la empresa concesionaria, sino propiedad de la nación.

Debemos ponderar con superior objetividad y alto sentido social, la serie de hechos que han dado origen al conflicto social en aquella localidad minera, analizando con detenimiento la falta de responsabilidad de los actores principales y tomando en cuenta que la solicitud que se viene planteando es haciendo un llamado a que las autoridades que se encuentran en ése ámbito de competencia, ejerzan sus facultades dentro de lo que la ley dispone.

Es de claridad meridiana la posibilidad de que la empresa minera, escudándose en tácticas legales haya desatendido, irresponsablemente, su obligación para con la comunidad.

Igualmente notoria es la posibilidad de que las dependencias del Ejecutivo federal hayan actuado con negligencia, permisividad y falta de capacidad al no poder o no querer asumir sus roles conciliadores.

Es este conjunto de ambas posibilidades, lo que debe impulsarnos y obligarnos a considerar motivo suficiente, para realizar un atento exhorto al Presidente de la República para que estudie, a su vez, la posibilidad de retirar la concesión a la empresa minera en beneficio del interés público, situado por encima de cualquier otro.

La población en Cananea se encuentra al borde de un estallamiento social y nosotros no debemos dejar pasar inadvertida esa señal de alarma, actuando con responsabilidad y haciendo un llamado atento al titular del Poder Ejecutivo federal para que tome cartas en el asunto.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo federal, a instruir a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Gobernación para que en conjunto se aboquen al estudio jurídico sobre la posibilidad de solicitar la cancelación de la concesión que opera la mina de cananea, a la empresa Mexicana de Cananea, SA de CV, que la explota, tomando como premisa fundamental el deterioro social ocasionado en Cananea derivado del conflicto en la empresa minera, en perjuicio de los habitantes de Cananea y de la industria minera del país.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo federal, a instruir a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Gobernación promuevan un programa especial de reactivación económica integral para el municipio y región de Cananea, Sonora, que incluya la garantía de dotación de servicios básicos a los habitantes de dicha ciudad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los once días del mes de marzo del año dos mil diez.— Diputado Carlos Samuel Moreno Terán (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía y de Gobernación.

EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, así como al Comité Técnico del Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a fin de que tomen las medidas pertinentes para cubrir el pago correspondiente a los ex braceros o a sus beneficiarios.

La diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz:Gracias. Buenos días. Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en 1942 se firmó un convenio binacional que contemplaba que campesinos mexicanos cubrieran la escasez de mano de obra de Estados Unidos en la agricultura, en vista de que este país ocuparía toda la mano de obra que tuviera a su alcance para trabajar en su producción bélica para participar en la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con este contrato, el gobierno estadounidense fungiría como contratista y los trabajadores mexicanos adquirirían los mismos derechos de cualquier ciudadano. Se les proporcionaría techo adecuado con las condiciones sanitarias necesarias y alimentación.

Durante el Programa Bracero, de 1942 a 1964, miles de mexicanos entraron a laborar en los campos agrícolas de Estados Unidos, convirtiendo la agricultura norteamericana en un negocio muy rentable.

Aunque este hecho significó una oportunidad de trabajo para los campesinos mexicanos, la explotación y la humillación fueron constantes por parte de las empresas contratistas. Sufrieron violaciones y vejaciones físicas y psicológicas desde su llegada a los centros de reclutamiento, cuando se les rociaba con el insecticida DDT para matar pulgas mexicanas y se les sometía a revisiones corporales para verificar que no tuvieran enfermedades venéreas.

Las investigaciones señalan que las condiciones de vivienda de los braceros eran en muchos casos deplorable. Vivían en casas de campaña, en vetustos barrancones y en campamentos miserables.

La comida era mala. Había una ducha de agua fría para varios de ellos. También hubo numerosas quejas por malos tratos, abusos y falta de cumplimiento del contrato establecido.

Por si no fuera suficiente, el gobierno mexicano nunca les regresó el 10 por ciento de su salario que les era retenido para constituir un fondo de ahorro, que se les entregaría cuando finalizara su contrato.

La deuda del gobierno a los braceros de 1943 a 2008 se alcanzó a multiplicar por miles de pesos.

Con la intención de subsanar esta situación, en el año 2003, durante la administración de Vicente Fox la entonces LVIII Legislatura creó una Comisión Especial para investigar el destino del fondo.

Luego de dos años se aprobó la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Para tener acceso al fideicomiso los ex braceros deben cumplir con los requisitos que se enumeran en el artículo 6o. de la citada ley, que ordena que para acreditar haber sido trabajador migratorio mexicano el beneficiario deberá presentar uno o más de los siguientes documentos: el contrato individual de trabajo, el comprobante de pago emitido por el contratante o la tarjeta de identificación consular; documentos difíciles de cubrir para la mayoría de ellos, pues no los conservaban o les habían sido retenidos.

A esa cadena de agravios se suma el hecho de que se les ha negado el apoyo social que se estipula en la ley simplemente porque se cometió un error ortográfico en la manera en que se encuentra escrito el nombre o apellido de los trabajadores ex braceros.

Un caso específico y concreto es el de un hombre en Colima, Rafael Velasco, una persona de avanzada edad que fue a cobrar a Telégrafos, a la cabecera municipal, y no le pagaron 4 mil pesos porque Velasco lo escribieron con zeta y no con ese. El señor, muy enfermo y moribundo, por un error de dedo se quedó sin dinero para comprar los medicamentos que requería.

Compañeros legisladores, tenemos una responsabilidad moral con estos mexicanos que abandonaron sus comunidades en busca de un mejor futuro para ellos y sus familias. Ahora, después de 40 años de espera para poder recibir una retribución por los fondos que les fueron retenidos por el gobierno mexicano, y que después nadie encontró, resulta que no lo pueden recibir por un error infantil a la hora de escribir el nombre.

Los apellidos de estas personas que ahora se encuentran enfermas, pobres e incluso en el abandono...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le pedimos concluir, diputada.

La diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz:Sí. Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo.

La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, así como al Comité Técnico del Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a tomar las medidas pertinentes para cubrir inmediatamente el pago correspondiente a los ex braceros o a sus beneficiarios cuando éste se les haya negado por errores tipográficos o en el proceso de integración de su expediente, los cuales son totalmente ajenos a su responsabilidad, así como a corregir los mismos.

Solicito a la Presidencia que el texto íntegro del punto de acuerdo sea publicado en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y al Comité Técnico del Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos a tomar medidas a fin de cubrir el pago correspondiente a los titulares o a sus beneficiarios cuando se les haya denegado por errores tipográficos o en el proceso de integración del expediente, totalmente ajenos a su responsabilidad, y a corregirlos, a cargo de la diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Velia Idalia Aguilar Armendáriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se permite someter a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El 23 de julio de 1942 se firmó un convenio binacional que consideraba que campesinos mexicanos cubrieran la escasez de mano de obra de Estados Unidos en la agricultura, en vista de que este país ocuparía toda la mano de obra que tuviera a su alcance para trabajar en su producción bélica para participar en la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con el contrato, el gobierno estadounidense fungiría como contratista, y los trabajadores mexicanos adquirirían los mismos derechos que cualquier ciudadano. Se les proporcionaría techo adecuado, con las condiciones sanitarias necesarias y alimentación.

Durante el Programa Bracero, de 1942 a 1964, casi 5 millones de mexicanos entraron a laborar en los campos agrícolas de Estados Unidos, convirtiendo la agricultura de ese país en un negocio muy rentable. Aunque el hecho significó una oportunidad de trabajo para los campesinos mexicanos, la explotación y la humillación fueron constantes por las empresas contratistas. Sufrieron violaciones y vejaciones físicas y psicológicas: desde su llegada a los centros de reclutamiento, cuando se les rociaba con el insecticida DDT para “matar pulgas mexicanas” y se les sometía a revisiones corporales para verificar que no tuvieran enfermedades venéreas. Las investigaciones señalan que las condiciones de vivienda de los braceros eran, en muchos casos, deplorables. Vivían en casas de campaña, en vetustos barracones y en campamentos miserables. La comida era mala, había una ducha de agua fría para varios de ellos. También hubo numerosas quejas por malos tratos, abusos y falta de cumplimiento del contrato.

Por si no fuera suficiente, el gobierno mexicano nunca les regresó 10 por ciento del salario que les era retenido para constituir un fondo de ahorro que se les entregaría cuando finalizara el contrato. La deuda del gobierno a los braceros, de 1943 a 2008, alcanzó 5 billones 90 mil 231 millones de pesos.

Con la intención de subsanar la situación, en 2003, durante la administración de Vicente Fox, la entonces LVIII Legislatura creó una comisión especial para investigar el destino del fondo. Luego de dos años, se aprobó la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.Para tener acceso al fideicomiso, los ex braceros deben cumplir requisitos que se enumeran en el artículo sexto de la citada ley, que ordena que para acreditar haber sido trabajador migratorio mexicano, el beneficiario deberá presentar uno o más de los siguientes documentos: el contrato individual de trabajo, el comprobante de pago emitido por el contratante o la tarjeta de identificación consular, documentos difíciles de exhibir para la mayoría de ellos, pues no los conservaban o se los habían retenido.

A esta cadena agravios se suma el hecho de que se les ha denegado el pago del apoyo social que se establece en la ley simplemente porque se cometió un error ortográfico al escribir el nombre o el apellido de los trabajadores ex braceros. Un caso específico y concreto es el de un hombre en Colima, Rafael Velasco, una persona de avanzada edad: fue a cobrar a telégrafos, a la cabecera municipal, y no le pagaron los 4 mil pesos porque Velasco lo escribieron con “z” y es con “s”; por un “error de dedo”, el señor, moribundo, se quedó sin dinero para comprar los medicamentos que requería. Es triste el caso de Rafael Velasco, que no pudo cobrar el dinero, pero hay otros casos, penosos diría yo, en que una vez entregado el dinero al poco tiempo se les exige que sea devuelto porque hubo un error de una letra en el nombre o apellido. Ésa es una situación por demás complicada para una persona de 80 o 90 años, que necesita de los 4 mil pesos para comprar medicinas o alimentos.

Tal error naturalmente es de todo ajeno a los trabajadores migratorios; son errores de captura de los datos que aparecen en las listas difundidas por la Secretaría de Gobernación y que, de forma lamentable, no son situaciones excepcionales: se pueden contar por cientos o incluso miles los casos en Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Colima, Michoacán u otros estados.

Compañeros legisladores: tenemos una responsabilidad moral con estos mexicanos, que abandonaron sus comunidades en busca de un mejor futuro para ellos y sus familias. Ahora, después de más de 40 años de espera para recibir una retribución por los fondos que les fueron retenidos por el gobierno mexicano y que después nadie encontró, resulta que no pueden recibirlos por un error infantil a la hora de escribir el nombre, los apellidos de estas personas que ahora se encuentran enfermas, pobres e incluso en el abandono.

Propongo que se otorgue reconocimiento a los recibos emitidos oficialmente contra entrega de los documentos originales de los beneficiarios que acudieron a registrarse previamente en las mesas receptoras de documentos. De esa forma, presentando dicho recibo y una identificación oficial, puedan cobrar el apoyo que les corresponde, aun con un error tipográfico, imputable a la Secretaría de Gobernación y que tardaría meses en ser enmendado, lo cual nos parece totalmente injusto, dada la condición de vulnerabilidad en que se encuentran los ex braceros.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y al Comité Técnico del Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos a tomar las medidas pertinentes para cubrir inmediatamente el pago correspondiente a los ex braceros o a sus beneficiarios cuando éste se les haya denegado por errores tipográficos o en el proceso de integración del expediente, los cuales son totalmente ajenos a su responsabilidad, así como a corregirlos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2010.— Diputados: Velia Idalia Aguilar Armendáriz, Emilio Serrano Jiménez, Jorge Humberto López-Portillo Basave, Juan José Cuevas García, Melchor Sánchez de la Fuente, Ma.Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Luis Enrique Mercado Sánchez, Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Alberto Esquer Gutiérrez, Julián Francisco Velázquez y Llorente, Jaime Oliva Ramírez, José Gerardo de los Cobos Silva, Camilo Ramírez Puente, Oscar García Barrón, Adolfo Rojo Montoya, Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, Sergio Gama Dufour, Hilda Ceballos Llerenas, Margarita Gallegos Soto, Emiliano Velázquez Esquivel, César Octavio Pedroza Gaitán, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Dora Evelyn Trigueras Durón, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, Justino Eugenio Arriaga Rojas, David Hernández Vallín, Carlos Cruz Mendoza, Rubén Arellano Rodríguez, Guillermo Cueva Sada, María Yolanda Valencia Vales, Norma Sánchez Romero, Francisco Hernández Juárez, María Joann Novoa Mossberger, Sergio Tolento Hernández, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Clara Gómez Caro, José Antonio Aysa Bernat, Samuel Herrera Chávez, Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

El diputado Melchor Sánchez de la Fuente(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, diputado, dígame usted.

El diputado Melchor Sánchez de la Fuente (desde la curul): ¿Le puede preguntar a la diputada si me deja anexar a su proposición?

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Con mucho gusto. Diputada Aguilar Armendáriz, el señor diputado está solicitando adherirse. ¿Está usted de acuerdo?

La diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz (desde la curul): Estoy de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Está de acuerdo, así que todas y todos aquellos diputados... Diputado Ramírez Marín, dígame usted.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): Presidente, no solamente estoy solicitando la adhesión, quiero pedirle a la oradora si estaría de acuerdo con que se turnara a la Junta de Coordinación Política con los otros puntos de acuerdo que han solicitado en el mismo sentido diputados del PT, el diputado Ibarra, para ser preciso, y diputados del PRI. Se presentaron desde el periodo anterior y como ha expuesto la diputada, es un asunto demasiado importante como para que permanezca rezagado. Quisiéramos que lo turnaran a la Junta de Coordinación Política, si está de acuerdo la diputada, para que lo dictaminaran a la brevedad.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Está de acuerdo la diputada. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Señoras y... sí, diputado Serrano, dígame.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Presidente, como considero que también es de justicia y de urgente resolución, si es tan amable de preguntarle a la oradora si me permite también adherirme a su propuesta.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, cómo no, ya autorizó que se adhieran todos aquellos compañeros que deseen hacerlo. Adelante.

Señoras diputadas y señores diputados, se encuentran entre nosotros personal y alumnos del Centro Universitario de Atlacomulco, estado de México, invitados por el señor diputado Emilio Chuayffet Chemor. Sean ustedes bienvenidos.

CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el señor diputado Josué Cirino Valdés Huezo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al director del Inegi, para que se cuenten bien a los mexicanos de los municipios del país y considere la idea de no disminuir a menos de la mitad las preguntas del cuestionario en el próximo Censo General de Población y Vivienda.

El diputado Josué Cirino Valdés Huezo: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros, la historia nos muestra que la actividad geográfica ha estado ligada al desarrollo del país. Los insumos geográficos han sido copartícipes de la construcción nacional.

Desde épocas ancestrales se han realizado documentos para identificar los límites y características territoriales. Durante la época prehispánica resultó importante conocer a fondo los rasgos de las zonas y los indígenas representaron lugares habitados, caminos, zonas boscosas, cerros y plazas principales, en códices.

En el México independiente la institucionalización de la actividad geográfica tomó forma en distintos organismos. Se creó en 1833 el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, bajo la dirección de José Gómez de la Cortina, quien organizó el acopio de datos levantados y materiales cartográficos con el fin de realizar la carta general del país. Asimismo se fundó la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.

Atento a lo anterior, pensamos que una de las primeras prioridades como país debe ser la de conocer la realidad de nosotros mismos, evitando la autodenigración, la autoflagelación que sólo conducen al desánimo, pero siendo también realistas, para la autocrítica constructiva, la evaluación y la redefinición del rumbo nacional.

Por lo anterior, considerandos:

Primero. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley de Información Estadística y Geográfica, dichas materias son elementos consustanciales de la soberanía nacional.

Segundo. Que es necesario conocer de manera más pormenorizada los problemas de pobreza, desempleo, rezago educativo, sobrepoblación, inseguridad pública, servicios médicos, migración e inmigración, cambios en la curva de la edad, natalidad, movimientos poblacionales urbano-campesinos y muy en particular el conteo de población municipio por municipio, con apego a la realidad.

Tercero. Que con base en el artículo 15 de la ley en mención, el Programa Nacional de Desarrollo de Estadística y de Información Geográfica estará sujeto a un proceso permanente de análisis y evaluación del mismo. Tomará en consideración la participación de las dependencias y entidades y de los poderes e instituciones sociales y privadas en la elaboración del programa.

Cuarto. Que la opinión pública ha denunciado la tentativa, desde nuestro punto de vista erróneo, de disminuir de 55 a 23 el número de preguntas del cuestionario del censo que se practicará a la ciudadanía.

Quinto. Que muchos municipios del país, como en el caso de Ecatepec de Morelos, estado de México, constantemente nos vemos mermados en cuanto a recursos federales por distorsiones en las cifras oficiales de población.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta al ciudadano licenciado Eduardo Sojo Garza Aldape, director general del Inegi, para que en el próximo Censo General de Población y Vivienda se formulen las 55 preguntas que originalmente se tenían contempladas en el cuestionario, en lugar de las 23 que se pretenden, en virtud de que la actividad estadística y geográfica es de vital importancia para el conocimiento de la situación socioeconómica que guarda la nación y ello nos permite una mayor profundidad para tomar decisiones más reales con relación al desarrollo del país.

Segundo. Se exhorta al director general del Inegi para que sea escrupuloso en el cómputo real de los mexicanos que viven en cada uno de los municipios del país, para que dichos entes constitucionales no se vean afectados en sus derechos ni mermados en sus participaciones federales.

Es cuanto, compañeras y compañeros.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del Inegi a garantizar que se cuente bien a los habitantes de los municipios y a considerar la idea de no disminuir a menos de la mitad las preguntas del cuestionario en el próximo Censo General de Población y Vivienda, a cargo del diputado Josué Cirino Valdés Huezo, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Josué Cirino Valdés Huezo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de conformidad a los siguientes

Antecedentes

La historia nos muestra que la actividad geográfica ha estado ligada al desarrollo del país: los insumos geográficos han sido copartícipes de la construcción nacional. Desde épocas ancestrales, se han realizado documentos para identificar los límites y características territoriales. Durante la época prehispánica resultó importante conocer a fondo los rasgos de las zonas. Los indígenas representaron lugares habitados, caminos, zonas boscosas, cerros y plazas principales en códices. Posteriormente, en la conquista, la necesidad de conocer la extensión de las nuevas tierras motivó a exploradores y aventureros a crear mapas.

En el México independiente, la institucionalización de la actividad geográfica tomó forma en distintos organismos. Se creó, en 1833, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, bajo la dirección de José Gómez de la Cortina, quien organizó el acopio de datos levantados y materiales cartográficos a fin de realizar la carta general del país. Asimismo, se fundó la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, vigente hasta nuestros días.

Ya en el siglo XX, en la década de los 30, se llevó a cabo el primer Congreso nacional de planeación, organizado por el gobierno de la república, con el propósito de plantear el gran proyecto cartográfico que requería el país.

Con la fundación del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México se dio importante apoyo a la investigación geográfica fuera del ámbito gubernamental.

Como respuesta a la cada vez más creciente necesidad de organizar y normar las actividades, en diciembre de 1980 se publicó la Ley de Información Estadística y Geográfica, que considera, con una visión vanguardista, la integración y desarrollo del Sistema Nacional de Información Geográfica. En este marco, el 25 de enero de 1983 se creó el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), a fin de coordinar estas actividades dentro del territorio nacional.

El cambio metodológico ha implicado pasos hacia la modernidad: de los procesos analógicos a los  digitales, de los sistemas de triangulación y poligonales geodésicas a posicionamiento global, de los archivos manuales a las bases de datos, del análisis visual al digital, de la edición manual a los sistemas de despliegue visual computarizado, de los sistemas aerofotográficos, a las imágenes de satélite, y así sucesivamente.

Atento a lo anterior, pensamos que una de las primeras prioridades como país debe ser conocer la realidad de nosotros mismos, evitando la autodenigración, la autoflagelación que sólo conducen al desánimo, pero siendo realistas para la autocrítica constructiva, la evaluación y la redefinición del rumbo nacional.

Considerando

Primero. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1o. de la Ley de Información, Estadística y Geográfica, dichas materias son elementos consustanciales de la soberanía nacional.

Segundo. Que es necesario conocer de manera más pormenorizada los problemas de pobreza, desempleo, rezago educativo, sobrepoblación, inseguridad pública, servicios médicos, migración e inmigración, cambios en la curva de edad, natalidad, movimientos poblacionales urbano-campesinos y, muy en particular, el conteo de población municipio por municipio, con  apego a la realidad.

Tercero. Que con base en el artículo 15 de la ley en mención, el Programa Nacional de Desarrollo de Estadística y de Información Geográfica estará sujeto a un proceso permanente de análisis y evaluación y éste tomará en consideración la participación de las dependencias y entidades, y de los poderes e instituciones sociales y privadas en la elaboración del programa.

Cuarto. Que la opinión pública ha denunciado la tentativa, desde nuestro punto de vista errónea, de disminuir de 55 a 23 el número de preguntas del cuestionario del censo que se practicará a la ciudadanía.

Quinto. Que muchos municipios del país, como el caso de Ecatepec de Morelos, estado de México, constantemente nos vemos mermados en cuanto a  recursos federales, por distorsiones en las cifras oficiales de población.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía proposición con

Puntos de Acuerdo

1. Se exhorta al licenciado Eduardo Sojo Garza Aldape, director general del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a efecto de que en el próximo Censo General de Población y Vivienda se formulen las 55 preguntas que originalmente se tenían consideradas en el cuestionario, en lugar de las 23 que se pretenden, en virtud de que la actividad estadística  y geográfica es de vital importancia para el conocimiento de la situación socioeconómica que guarda la nación, y ello nos permita una mayor profundidad para tomar decisiones más reales con relación al desarrollo del país.

2. Se exhorta al director general del Instituto Nacional de Estadística y Geografía a ser escrupuloso en el cómputo real de los mexicanos que viven en cada uno de los municipios del país, para que dichos entes constitucionales no se vean afectados en sus derechos ni mermados en sus participaciones federales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2010.— Diputados: Josué Cirino Valdés Huezo, Ma.Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Jorge Humberto López-Portillo Basave (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Tiene la palabra el diputado Bonifacio Herrera Rivera. No se encuentra en el salón de sesiones. Pasa al final del capítulo.

ADULTOS MAYORES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de Sedesol a fin de que impulse la creación de un programa social de instauración de estancias de día para las y los adultos mayores del país.

La diputada Martha Elena García Gómez:Con su permiso, señor presidente. El proceso de envejecimiento de las y los adultos mayores es el resultado de la interacción de diversos factores, entre los que se incluyen los biológicos, sicológicos y sociales, que se complican al vincularse también con la aparición de sintomatologías que contribuyen en gran medida a la pérdida de capacidades.

Ello representa en muchos casos una carga social y económica para quienes los rodean, sobre todo en grupos familiares donde se ha perdido la dimensión del rol tradicional de la o el adulto mayor como consejero y poseedor de experiencia.

Las situaciones de desventaja que viven las y los adultos mayores van desde lo económico hasta lo afectivo. En muchos casos, estas personas son víctimas de abandono, maltrato y marginación. Aun en el seno familiar, el despojo, las agresiones y la violencia son parte del esquema de vulnerabilidad que caracteriza la vida cotidiana de nuestros adultos mayores.

Nuestro país se encuentra en un proceso de transición demográfica en el que la presencia de personas mayores de 60 años es cada vez mayor. En un corto plazo la atención de las y los adultos mayores generará un problema más para un gran número de familias que se suman al vertiginoso empobrecimiento que han sufrido más de 50 por ciento de los hogares mexicanos que viven en pobreza. A esto debemos agregar que son las mujeres las históricas cuidadoras de personas mayores y de las niñas y los niños. Ellas también están incorporadas al trabajo remunerado para aportar a la economía familiar, por lo que el cuidado de adultos resulta materialmente imposible.

Considero que es impostergable la creación de condiciones seguras y dignas que permitan a las y los adultos mayores disfrutar plenamente de sus últimos años de vida. Por ello es que estamos solicitando la creación de un programa social de instauración de estancias de día para las y los adultos mayores del país. En estas instancias deberá contarse con espacios físicos muy adecuados en donde las y los adultos mayores desarrollen y creen actividades que les permitan incentivar sus capacidades motrices e intelectuales...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le pedimos concluir, diputada, por favor.

La diputada Martha Elena García Gómez: ... y además, puedan convivir con otras personas de la misma edad.

Conocemos de la existencia de varios de estos centros por parte de la instancia gubernamental responsable de la atención de esta población, pero también sabemos que su número es muy reducido e insuficiente.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente punto de acuerdo:

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social a impulsar la creación de un programa social de instauración de estancias de día para las y los adultos mayores del país.

Ciudadano presidente, solicito que el texto íntegro del punto de acuerdo se incluya en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sedesol a impulsar la creación de un programa social de instauración de estancias de día para los adultos mayores del país, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quién suscribe, Martha Elena García Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Desarrollo Social, licenciado Heriberto Félix Guerra, a impulsar la creación de un programa social de instauración de estancias de día para los adultos mayores del país al tenor de las siguientes

Consideraciones

En nuestro país, una de las poblaciones que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad es, sin lugar a dudas, la de adultos mayores. El envejecimiento de la población es un fenómeno mundial cuyas características impactan directamente a las personas, las familias, las comunidades y prácticamente a todos los sectores del gobierno y la sociedad.

El proceso de envejecimiento es el resultado de la interacción de diversos factores, entre los que se incluyen biológicos, psicológicos y sociales, que se complican al vincularse también con la aparición de sintomatologías que contribuyen en gran medida a la pérdida de capacidades. Ello representa, en muchos casos, una carga social y económica para quienes los rodean, sobre todo en grupos familiares donde se ha perdido la dimensión del rol tradicional de la o el  adulto mayor como consejero y poseedor de experiencia.

Las situaciones de desventaja que viven los adultos mayores va desde lo económico hasta lo afectivo. En muchos casos, estas personas son víctimas de abandono, maltrato y marginación. Aún en el seno familiar, el despojo, las agresiones y la violencia son parte del esquema de vulnerabilidad que caracteriza la vida cotidiana de nuestros adultos mayores.

La anterior es una realidad socialmente reconocida. Así lo muestra la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, realizada por la Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación, cuyo objetivo fue investigar la percepción que tienen los ciudadanos en México respecto de la discriminación hacia algunos grupos poblacionales específicos, uno de los cuales fueron los adultos mayores.

Ante la pregunta ¿qué opinan los mexicanos sobre la situación que enfrentan los adultos mayores en nuestro país?, casi la mitad de los entrevistados considera a los adultos mayores como el grupo de la población más desprotegido en nuestro país; 36 por ciento de los entrevistados reconoce que las personas de la tercera edad son  los que sufren más por su condición; casi 90 por ciento de los adultos mayores opinan que en México sí hay discriminación en contra de ellos; tres de cada cuatro consideran que una persona de edad mayor tiene pocas o nulas posibilidades de mejorar sus condiciones de vida; 40 por ciento de los adultos mayores se siente rechazado por la sociedad; los mayores sufrimientos de este grupo de población son la pobreza, la falta de trabajo y el abandono.*

Nuestro país se encuentra en un proceso de transición demográfica en el que la presencia de personas mayores de 60 años es cada vez mayor. Según el Consejo Nacional de Población, este grupo es el que crece más rápidamente desde hace 20 años y, en proyección, duplicará su tamaño en menos de dos décadas. Mientras la población nacional crece a una tasa anual de 1.02 por ciento, las personas con 60 años o más se incrementan en 3.6 por ciento. En 2005, residían en territorio nacional 8 millones 188 mil 898 adultos mayores, que representan 7.7 por ciento de la población total. Esta proporción llegará a 15.8 por ciento en 2025 y a 28.0 por ciento en 2050.

Así entonces, en un corto plazo la atención de los adultos mayores generará un problema más para un gran número de familias, que se suma al vertiginoso empobrecimiento que han sufrido, más del 50 por ciento de los hogares mexicanos viven en pobreza. A esto debemos agregar que son las mujeres las históricas cuidadoras de personas mayores y de las niñas y los niños. Ellas también están incorporadas al trabajo remunerado para aportar a la economía familiar, por lo que el cuidado de adultos resulta materialmente imposible.

Ante la reproducción de roles sociales inalterados, que representan la mayor carga de las tareas  domesticas para uno de los géneros – las mujeres–, es necesario reflexionar sobre el vacío que en términos de apoyos sociales para mejorar las condiciones de vida de los grupos poblacionales, como es el caso de las mujeres y los adultos mayores. El Estado no está cubriendo o, al menos, proporcionando un mínimo apoyo dirigido a los integrantes de familias para, en este aspecto, incrementar su calidad de vida.

La sociedad mexicana en su conjunto debe de asumir la nueva realidad que demanda soluciones colectivas y públicas, para generar apoyos sociales que permitan un  mayor desarrollo para las mujeres, así también, formular la creación de condiciones seguras y dignas que permitan a los adultos mayores disfrutar  plenamente de sus últimos años de vida.

Es por ello que estamos solicitando la creación de un programa social de instauración de estancias de día para los adultos mayores del país. En estas instancias deberá contarse con espacios físicos adecuados en donde los adultos mayores desarrollen actividades que les permitan incentivar sus capacidades motrices e intelectuales, y además puedan convivir con otras personas de la misma edad.

Asimismo, en las estancias de día se proporcionará y fomentarán alternativas a los adultos mayores para la ocupación creativa y productiva del tiempo libre mediante actividades culturales, deportivas, recreativas y de estímulo, el autocuidado y la salud. Otro aspecto que debe ser básico y  fundamental es, sin duda, la promoción de la dignificación de esta etapa de la vida.

En estos espacios se atenderá a los adultos mayores únicamente de día para que por la tarde regresen con sus familiares, lo que permitirá mantener integrado al conjunto de la familia, y  que sus tutores o familiares puedan realizar sus tareas y responsabilidades cotidianas sin la limitación o la preocupación por el bienestar y la seguridad de su adulta o adulto mayor.

Conocemos de la existencia de varios de estos centros por parte de la instancia gubernamental responsable de la atención de esta población, pero también sabemos que su número es muy reducido e insuficiente para brindar ahora la cobertura requerida y, por supuesto, la del futuro, ya que según las estadísticas poblacionales, se incrementará considerablemente.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al secretario de Desarrollo Social, licenciado Heriberto Félix Guerra, a impulsar la creación de un programa social de instauración de estancias de día para los adultos mayores del país.

Nota:

* Encuesta Nacional sobre Discriminación en México. Secretaría de Desarrollo Social y Consejo Nacional para prevenir la Discriminación. México.

Palacio Legislativo, a 10 de mzrzo de 2010. — Diputados: Martha Elena García Gómez, Emilio Serrano Jiménez (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.

CAMPO MEXICANO - TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON BRASIL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Economía a que escuche la opinión de los sectores productivos del campo mexicano antes de avanzar en las pláticas preparatorias y en la negociación del tratado de libre comercio con Brasil para no afectar nuestro sector agropecuario en ese convenio.

La diputada Narcedalia Ramírez Pineda:Señor presidente, compañeros diputados. Nuestro país ha firmado acuerdos comerciales con 50 países, estando en proceso de negociación un tratado de libre comercio con Brasil, según el memorando de entendimiento firmado por los presidentes de México, Felipe Calderón, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en su reciente encuentro en Cancún con motivo de la reunión de presidentes de América Latina y el Caribe.

Siempre será muy positiva la apertura comercial de México con los diferentes mercados del mundo, porque indudablemente estimula nuestro crecimiento productivo. Lo que es preocupante es el saldo de esa política si se negocia sin tomar en cuenta las repercusiones para los sectores productivos, cuyas asimetrías con sus competidores los deja en la práctica fuera de la competencia. Ésa es la gran lección que ya nos ha dejado la firma del TLCAN, donde el gran perdedor fue y sigue siendo el sector agropecuario.

No se piense que me opongo al intercambio internacional de bienes, al contrario, pienso que hoy ningún país puede excluirse ni menos darle la espalda a la realidad de la globalidad. A través del comercio internacional, los mercados se expanden, aumenta la especialización y mejoran las economías de escala, por eso debe ponerse mucho cuidado en la negociación desde las pláticas preparatorias de cualquier acuerdo comercial.

El TLCAN en el sector agropecuario afectó especialmente a los pequeños y medianos productores de granos. A más de 15 años de la firma de ese tratado, México ha agrandado su dependencia alimentaria de las importaciones de los Estados Unidos, y por esa amarga experiencia los productores del sector rural se oponen a nuevos acuerdos comerciales negociados a sus espaldas, porque afectan no sólo nuestro mercado interior, sino a su de por sí menguada economía.

Por eso se escuchan voces de oposición a un acuerdo comercial con Brasil que involucre al sector agropecuario. Los sectores productivos del campo piensan que un TLC con Brasil sería desastroso para nuestro sector agroalimentario, debido a las enormes desigualdades entre las dos economías que van desde la competitividad hasta el proteccionismo con barreras fitosanitarias.

Particularmente la Unión Nacional de Avicultores, en voz de Jaime Crivelli Espinosa, presidente del organismo, ha alertado sobre los riesgos que representa para esa rama de producción un acuerdo comercial con Brasil, pues este país produce mucho y a bajos costos debido a que tiene una cadena de suministros bien establecida que abarca desde la siembra de maíz amarillo hasta la pasta de soya que sirve de alimento en sus granjas, lo que pone a nuestros productores en una clara desventaja. Actualmente es el tercer productor mundial de pollo y pavo, primer exportador de carne de pollo y segundo exportador mundial de pavo.

Por estas razones, entre otras, tenemos la convicción de que la firma de un acuerdo comercial que vincule al mercado de 107 millones de mexicanos con uno de 195 millones de brasileños, podría traer ventajas, seguramente a sectores productivos como el industrial, pero no así para nuestros productores agropecuarios.

Todo esto, ante la falta de apoyos y estímulos para fortalecer su competitividad...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le pedimos concluir, diputada.

La diputada Narcedalia Ramírez Pineda:Con esas consideraciones, me permito someter a esta asamblea el siguiente punto de acuerdo:

Único. Que por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados se solicite a la Secretaría de Economía que antes de avanzar en las pláticas preparatorias y en la negociación del Tratado de Libre Comercio con Brasil, escuche la opinión de los sectores productivos del campo mexicano para no afectar a nuestro sector agropecuario en ese acuerdo comercial con Brasil. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Economía que escuche la opinión de los sectores productivos del campo mexicano antes de avanzar en las pláticas preparatorias y en la negociación del tratado de libre comercio con Brasil para no afectar nuestro sector agropecuario en ese convenio, a cargo de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del PRI

Nuestro país ha firmado acuerdos comerciales con 50 países, estando en proceso de negociación un tratado de libre comercio con Brasil, según el memorando de entendimiento firmado por los presidentes de México, Felipe Calderón, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en su reciente encuentro en Cancún con motivo de la reunión de presidentes de América Latina y el Caribe.

Siempre será muy positiva la apertura comercial de México con los diferentes mercados del mundo porque indudablemente estimula nuestro crecimiento productivo. Lo que es preocupante es el saldo de esa política si se negocia sin tomar en cuenta las repercusiones para los sectores productivos, cuyas asimetrías con sus competidores los deja en la práctica fuera de la competencia. Esa es la gran lección que ya ha dejado la firma del TLCAN, donde el gran perdedor fue y sigue siendo el sector agropecuario.

No se piense que me opongo al intercambio internacional de bienes. Al contrario, pienso que hoy ningún país puede excluirse, ni menos darle la espalda a la realidad de la globalidad. A través del comercio internacional, los mercados se expanden, aumenta la especialización y mejoran las economías de escala; por eso debe ponerse mucho cuidado en la negociación, desde las pláticas preparatorias, de cualquier acuerdo comercial.

El TLCAN, en el sector agropecuario, afectó especialmente a los pequeños y medianos productores de granos. A más de 15 años de la firma de ese tratado, México ha agrandado su dependencia alimentaria de las importaciones de Estados Unidos de América y por esa amarga experiencia los productores del sector rural se oponen a nuevos acuerdos comerciales negociados a sus espaldas, porque afectan no sólo a nuestro mercado interior sino a su, de por sí, menguada economía.

Por eso se escuchan voces de oposición a un acuerdo comercial con Brasil que involucre al sector agropecuario. Los sectores productivos del campo piensan que un TLC con Brasil sería desastroso para nuestro sector agroalimentario debido a las enormes desigualdades entre las dos economías que van, desde la competitividad hasta el proteccionismo con barreras fitosanitarias.

Particularmente la Unión Nacional de Avicultores, en voz de Jaime Crivelli Espinoza, presidente del organismo, ha alertado sobre los riesgos que representa para esa rama de producción, un acuerdo comercial con Brasil, pues este país produce mucho y a bajos costos, debido a que tiene una cadena de suministros bien establecida que abarca desde la siembra de maíz amarillo hasta la pasta de soya que sirve de alimento en sus granjas, lo que pone a nuestros productores en una clara desventaja. Actualmente es el tercer productor mundial de pollo y pavo; primer exportador de carne de pollo y segundo exportador mundial de pavo.

Ese gran país latinoamericano es, además, un fuerte productor de café, azúcar, aves, carne, plátano; prácticamente de todo lo que consume su población, en el marco de políticas públicas de apoyos integrales, lo que ha permitido a sus productores ser plenamente competitivos en el mercado mundial.

Por esas razones, entre otras, tenemos la convicción de que la firma de un acuerdo comercial que vincule un mercado de 107 millones de mexicanos con uno de 195 millones de brasileños, podría traer ventajas, seguramente para sectores productivos como el industrial, pero no así para nuestros productores agropecuarios, ante la falta de apoyos y estímulos para fortalecer su competitividad.

Con esas consideraciones me permito someter a esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados, se solicite a la Secretaría de Economía que antes de avanzar en las pláticas preparatorias y en la negociación del Tratado de Libre Comercio con Brasil, escuche la opinión de los sectores productivos del campo mexicano para no afectar a nuestro sector agropecuario en ese acuerdo comercial con Brasil.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2010.— Diputados: Narcedalia Ramírez Pineda, Georgina Trujillo Zentella, Ma.Teresa Rosaura Ochoa Mejía, José Ignacio Seara Sierra, Sergio Gama Dufour, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, Cecilia Soledad Arévalo Sosa, Norma Sánchez Romero, Ivideliza Reyes Hernández, María Yolanda Valencia Vales, Adán Augusto López Hernández, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Melchor Sánchez de la Fuente, Rosa Adriana Díaz Lizama, Juan de Jesús Pascualli Gómez, José Luis Iñiguez Gámez, Ramón Jiménez Fuentes, Margarita Gallegos Soto, Hilda Ceballos Llerenas, Guadalupe Pérez Domínguez, Óscar Lara Salazar, Dora Evelyn Trigueras Durón, Carlos Cruz Mendoza, David Hernández Vallín, Gerardo Leyva Hernández, Guillermo Cueva Sada, (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Economía.

El diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Ha solicitado la palabra el diputado Daniel Ávila. Diputado, dígame.

El diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz(desde la curul): Sí, diputado presidente, para solicitarle si le puede preguntar a la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, adherirme a su punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:¿Está usted de acuerdo, diputada, con la adhesión del señor diputado?

La diputada Narcedalia Ramírez Pineda: Sí.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Está de acuerdo la diputada. Pase, por favor, a firmarla.

ESTADO DE CAMPECHE

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se recibió del diputado José Ignacio Seara Sierra, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que considere al estado de Campeche como sede para la construcción de un centro de investigación espacial.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que, mediante las instituciones correspondientes y en ejercicio de sus atribuciones, se considere Campeche como sede para la construcción de un centro de investigaciones espaciales, a cargo del diputado José Ignacio Seara Sierra, del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, José Ignacio Seara Sierra, en su calidad de diputado federal por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, acude a esta soberanía para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar, mediante las instituciones correspondientes y en ejercicio de sus atribuciones, Campeche como sede para la construcción de un centro de investigaciones espaciales, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero. Durante los últimos 50 años, la investigación del espacio ha sido el área científica que más impulso ha dado a la obtención de conocimientos y al avance de la tecnología de las grandes potencias, del grueso de los países desarrollados y, en algunos casos, de países latinoamericanos.

Segundo. En el caso de México, es difícil reconocer que durante este periodo el país desperdició una gran oportunidad para integrarse a este proceso. Así lo refieren los datos estadísticos que nos sitúan en los lugares 55 del índice de competitividad mundial y 60 en el Reporte global de información tecnológica.

Tercero.Si bien perdimos cinco décadas de avance tecnológico en el rubro de la investigación espacial, a principios de este joven siglo se fueron sumando esfuerzos para crear la Agencia Espacial Mexicana (Aexa), con lo que México se sumará al grupo de países latinoamericanos, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Venezuela, que ya cuentan con una institución similar.

Cuarto. Como todos sabemos, la finalidad de la Aexa, a la cual se autorizaron 10 millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2010, no es llevar astronautas mexicanos al espacio, ni lanzar naves espaciales. No, la Agencia Espacial Mexicana habrá de canalizar sus primeros esfuerzos a la investigación científica mexicana en el espacio. Esto habrá de reflejarse en un mayor avance en rubros como las telecomunicaciones, y los experimentos biológicos y meteorológicos. Ello definitivamente brindará a los mexicanos mejoras agrícolas para el campo, mayor conservación de sus recursos hidráulicos, una mejor prevención del clima y desastres, un sustancial avance en la localización de fuentes de energía, una real preservación de ecosistemas y de su biodiversidad, y el mejoramiento de la salud humana a través de nuevas tecnologías.

Quinto.Los beneficios que México tendrá con la creación de la Aexa son innumerables y, sobre todo, podrán satisfacer las apremiantes necesidades de México en materia tecnológica, económica, social y de salud, e incluso en el ramo de la propiedad intelectual, lo que puede llevar a México a participar con mayor fuerza en programas de colaboración internacional que darían acceso a aplicaciones que de otra manera llevaría décadas desarrollar.

Sexto. Debemos ser enfáticos en la necesidad de apoyar esta empresa que México inicia en los albores de una nueva década y hacer lo posible por asignar mayores recursos al ramo de ciencia y tecnología y, en específico, a la Aexa para el próximo Presupuesto de Egresos, a fin de que en una segunda etapa se puedan instalar al menos dos centros de investigaciones espaciales, los cuales habrán de generar, con empresas privadas e instituciones gubernamentales, productos espaciales, como medicamentos y software desarrollados sin atmósfera, innovaciones robóticas y electrónicas, así como la creación de materiales y tecnologías de búsqueda y rescate.

Séptimo. La Aexa también deberá hacer aportes para la industria aeronáutica mexicana, para las telecomunicaciones, para la prevención de desastres, para impulsar la construcción de satélites de percepción remota, para el desarrollo de nuevos materiales, para seguir impulsando el crecimiento de la robótica y de temas nuevos para el país, como la recreación atmosférica, los satélites artificiales, la industria espacial, la bioastronáutica, exobiología y lo que últimamente se ha denominado “recreación atmosférica interplanetaria”.

Octavo. Con la finalidad promover y desarrollar ciencia de alto nivel a lo largo y ancho del país, proponemos la creación de al menos dos centros de estudios espaciales: uno al norte del país y otro al sur, específicamente en Campeche, que reúne condiciones geográficas, geológicas y de infraestructura en materia de comunicaciones para llevar a cabo investigación en astronomía, astrofísica, ciencia del espacio y ciencia planetaria.

Noveno. De aprobarse la anterior propuesta, estaríamos impulsando la creación de empleos directos e indirectos en una entidad que hasta nuestros días depende en su mayor parte de los ingresos petroleros. Por eso, el impulso de proyectos educativos, de investigación científica y tecnológica como un centro de investigaciones espaciales vendría a impulsar un proceso de diversificación económica en la entidad, además de impulsar el desarrollo educativo a nivel técnico y profesional del estado.

Por lo expuesto, me permito someter a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a considerar, mediante las instituciones correspondientes y en ejercicio de sus atribuciones, Campeche como sede para la construcción de un centro de investigaciones espaciales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2010.— Diputado José Ignacio Seara Sierra (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Ciencia y Tecnología.

EX TRABAJADORES MIGRATORIOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el señor diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a pagar a los trabajadores migratorios mexicanos.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza:Señoras y señores representantes de la nación. Ciudadano presidente, el tema que comparto con ustedes ha sido, sin lugar a dudas, uno de los dos más recurrentes de nuestra Legislatura: el tema de la injusticia con los ex trabajadores braceros. Ese tema y el de los energéticos han sido los que en más ocasiones hemos discutido y ventilado aquí en esta representación.

Por supuesto, suscribo lo que hace unos minutos comentó aquí la diputada Aguilar Armendáriz, en cuanto a la urgencia de que resolvamos el problema del saldo que se les debe a los ex trabajadores migratorios y que de una manera a todas luces injusta, el fideicomiso y la Secretaría de Gobernación autorizaron tan sólo la devolución de 38 mil pesos a cada uno de ellos. Lo que es una ínfima cantidad.

Además de ello, el fideicomiso acordó también pagarles esa irrisoria suma en 10 anualidades. Lo que es a todas luces un oprobio y una decisión hasta obscena.

Quiero comentarles a ustedes que mi propuesta está en que se les liquide, se les pague en una sola exhibición a esos trabajadores.

¿De qué cantidad estamos hablando? Hace unos días Alan Nahum, responsable del fideicomiso, quien, hay que señalarlo, es una gente con disposición y apertura para el trato de estos asuntos, dio aquí en la Comisión de Ex Braceros las cifras de cuántos tienen derecho a esa cantidad, y asciende a 144 mil 184 trabajadores.

De esos 144 mil ex braceros solamente 86 mil 510 han cobrado los primeros 4 mil pesos. El resto, por diversas razones entre las que aquí se señalaron, no han podido cobrar ni siquiera la primera anualidad.

Por ello, la propuesta es que esta representación se aboque a resolver el problema y se exhorte al Ejecutivo, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se disponga presupuestalmente de 5 mil 150 millones de pesos, que es la cantidad aproximada para pagar en una sola exhibición a esos 144 mil mexicanos.

Esta representación considera factible la propuesta, porque en el decreto que corresponde al Presupuesto de Egresos de 2010 que aprobó esta Cámara se instruyó al Ejecutivo federal para que el 15 de marzo, el próximo lunes, haga llegar a esta representación su plan de austeridad.

Nuestra propuesta es que de los ahorros que tiene el Ejecutivo el compromiso con esta Cámara es de hacer se dispongan de los 5 mil 100 millones de pesos para que se pague en una sola exhibición a los ex trabajadores braceros. Muchas gracias. Gracias, presidente, por su comprensión del tiempo.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a pagar en una sola exhibición la cantidad que se adeuda a ex trabajadores migratorios, con cargo al patrimonio del Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado Enrique Ibarra Pedroza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente punto de acuerdo de urgente resolución para que esta soberanía exhorte al Poder Ejecutivo federal a pagar sin dilación, en una sola exhibición, la cantidad aproximada de 5 150 millones pesos que se adeudan a ex trabajadores migratorios, con cargo al patrimonio del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Con fecha 25 de mayo de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

2. En la época correspondiente se firmó un acuerdo para que el 10% de los ingresos de esos trabajadores, esto es, fueran retenidos y deducidos por el gobierno estadounidense, lo reintegrara al gobierno mexicano y así se les retornara a nuestros compatriotas.

3. Es el caso que cientos de miles mexicanos, fueron víctimas del robo y despojo de sus ahorros, ya que el gobierno estadounidense sí entregó los fondos, en tanto que el mexicano no los devolvió a los trabajadores.

4. La Secretaría de Gobernación determinó que la cifra a devolver a cada mexicano por ese concepto sería la de 38 mil pesos y que eran 139 095 los trabajadores que están en el supuesto mencionado que se registraron en México, más 5 089 connacionales que lo hicieron en consulados mexicanos en Estados Unidos, para un total de 144 184 trabajadores. Es menester señalar que a la fecha, el promedio de edad de los trabajadores es de 81 años, amén de que algunos ya fallecieron.

5. Al efecto, se constituyó el fideicomiso número 2016, que tuvo como fideicomitente al gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y como fiduciario al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC.

6. La ley en comento tuvo la finalidad de otorgar un apoyo social a los ex trabajadores migratorios mexicanos, que hubieren prestado sus servicios en los Estados Unidos de América, durante los años de 1942 a 1964.

7. De acuerdo con la ley en comento, los beneficiarios serían los ex trabajadores migratorios mexicanos o, en su caso, sus cónyuges o hijas o hijos que sobrevivan.

8. El comité técnico del fideicomiso acordó, en principio, que la cifra de 38 mil pesos a pesar de ser una miseria, se pagara en 10 anualidades, es decir, a razón de 4 mil pesos anuales, que resultan una burla para esos mexicanos adultos mayores, en un entorno en que la crisis que padece el país, esas cantidades son risibles: los 38 mil globales y los 4 mil pesos anuales.

9. Con fecha 3 de febrero del corriente año la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, con el fin de que los apoyos de 38 mil pesos se liquiden en una sola exhibición. Habida cuenta de que la iniciativa generó el apoyo de 97 legisladores, es de esperarse que en el Pleno de esta soberanía, se apruebe.

10. La Secretaría de Gobernación informó recientemente que al 60% del total de los supuestos beneficiarios, es decir, 86 510 trabajadores se les cubrió una mensualidad de 4 mil pesos; y al 40% restante, 57 674, no se les ha pagado ni siquiera esa miseria.

11. Debe mencionarse que no obstante que una de las obligaciones del comité técnico del fideicomiso, señalada en la fracción XIII del artículo 5 de la ley respectiva, es ejercer y destinar los recursos que se le asignan para el pago a los ex trabajadores, por diversas argumentaciones, no se les ha liquidado.

12. El colmo del comité ha llegado al extremo de no pagar por razones fútiles, como la de que cuando no coincide el nombre del beneficiario con el que aparece en la lista respectiva, por evidentes errores mecanográficos el pago se detiene.

Al respecto, debe invocarse el capítulo 4.1, “De los Documentos probatorios”; fracciones I, II, III y IV, del acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan, diversos numerales de las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942 a 1964, que hace mención a esas discrepancias y regula a favor de los beneficiarios.

13. De los datos anteriores resulta que hay un pasivo a favor de los ex trabajadores y a cargo del fideicomiso instituido, que asciende aproximadamente a 5 150 millones de pesos, integrado como sigue: 86 510 casos a razón de 34 mil pesos cada uno, son 2 941 millones 340 mil pesos; más 57 674 mexicanos a 38 mil pesos cada uno, son 2 191 millones 612 mil pesos. Es decir, un total de 5 132 millones 952 mil pesos, salvo error u omisión. Un total aproximado de 5 150 millones de pesos.

14. El 9 de los corrientes, en el seno de esta soberanía, se instaló la Comisión Especial para dar seguimiento a los fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros, que tendrá como objetivo el resarcir a nuestros compatriotas la cantidad de 5 150 millones aproximadamente, a que se hace mención en el punto anterior.

En vista de lo antes expuesto, el suscrito, diputado Enrique Ibarra Pedroza, somete al Pleno de esta Cámara de Diputados, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.El Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a los secretarios de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público para que se pague de inmediato la cantidad total y no en anualidades, a los beneficiarios de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, la cantidad aproximada de 5 150 millones de pesos, haciendo las adecuaciones presupuestales que correspondan.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2010.— Diputados: Enrique Ibarra Pedroza, Gumercindo Castellanos Flores, Carlos Luis Meillón Johnston, César Octavio Pedroza Gaitán, Guillermo Cueva Sada, María del Pilar Torre Canales, José Manuel Agüero Tovar, Sergio Gama Dufour, José Ignacio Seara Sierra, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, Cecilia Soledad Arévalo Sosa, Norma Sánchez Romero, Ivideliza Reyes Hernández, María Yolanda Valencia Vales, Francisco Hernández Juárez, Adán Augusto López Hernández, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, José Antonio Aysa Bernat, Clara Gómez Caro, Samuel Herrera Chávez, Armando Jesús Báez Pinal, Martín Enrique Castillo Ruz (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

El diputado Gumercindo Castellanos Flores (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, diputado, dígame.

El diputado Gumercindo Castellanos Flores (desde la curul): Señor presidente, quisiera pedirle al diputado me permita adherirme a su proposición.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:¿Está usted de acuerdo, en que se adhiera?

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Sí presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Todas y todos aquellos diputados que deseen suscribirla, está de acuerdo el diputado Ibarra en que así se haga.

Se encuentran entre nosotros alumnos y personal de la escuela secundaria Guadalupe Victoria, del municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, invitados por el señor diputado Jorge Rojo García de Alba.

Igualmente, se encuentran con nosotros personal y alumnos del Colegio Civilización, de la delegación Miguel Hidalgo, invitados por la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo.

De igual forma, están con nosotros alumnos y personal del Instituto Universitario Nezahualcóyotl.

Sean todas y todos ustedes bienvenidos.

ESTADO DE TABASCO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, a poner en marcha medidas para el control de las inundaciones en Tabasco.

El diputado José del Pilar Córdova Hernández:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, someto a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes consideraciones:

El sistema hidrológico de Tabasco se ve directamente afectado por la orografía de Chiapas, ya que debido a su altura las lluvias en esta entidad provocan que las presas –que se encuentran en ese territorio y que generan la mayor parte de la electricidad que se emplea en México– reciban más agua de la que pueden almacenar y se tengan que desfogar, incrementando el nivel de los ríos de las cuencas fluviales de Tabasco.

Esto –aunado al mal manejo de los desfogues de las presas por parte de la Comisión Federal de Electricidad– ha ocasionado terribles inundaciones con graves consecuencias. Las más catastróficas ocurridas en Tabasco en los últimos años fueron en septiembre-octubre de 1999.

Después, en el 2007, provocando en la ciudad capital, Villahermosa, una de las pérdidas económicas más grandes. En el 2008 las inundaciones afectaron de nuevo al estado interrumpiendo la recuperación económica que se alcanzaba después de la catástrofe de 2007.

Estos acontecimientos afectaron severamente los sectores que impulsan la economía del estado como son la pesca, la ganadería, la agricultura, el turismo y el comercio en general.

La Comisión Federal de Electricidad está a cargo de las presas La Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas. Estas presas son unidades generadoras de energía eléctrica, las cuales se encuentran alineadas una tras otra para verter la totalidad del agua impulsora de las turbinas que generan la electricidad, pero cuando las condiciones de capacidad de las presas lo demandan la CFE abre las compuertas y como consecuencia los ríos de Tabasco se desbordan provocando terribles inundaciones.

La inundación de 2007 generó la necesidad de elaborar el Plan Hídrico Integral para Tabasco (PHIT), para lo cual el gobierno del estado acordó con la Conagua, en 2008, la intervención del Instituto de Ingeniería de la UNAM para la ejecución del PHIT. Como parte de las acciones a cubrir, se contempló un Plan de Acción Urgente (PAU) y un Plan de Acción Inmediata (PAI).

En el caso del PAU, la Conagua inició acciones entre las que destacan la construcción de una estructura de control en el río Carrizal y la reparación y rehabilitación de la infraestructura existente. En ese caso fueron 51 puntos de márgenes afectados a causa de los deslizamientos provocados por la fluctuación en los niveles del río.

El deterioro de dichos puntos se debe, de acuerdo a especialistas del Instituto de Ingeniería de la UNAM, al fenómeno vaciado y llenado rápido de los ríos, el cual es consecuencia de la turbinación irregular de las presas.

Es imperioso que la Comisión Federal de Electricidad maneje el desfogue de las presas con los cuidados y precauciones necesarias para evitar que se pierda la inversión que se ha hecho hasta ahora en las obras hidráulicas con recursos del Plan Hídrico Integral para Tabasco.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le pedimos concluir, diputado.

El diputado José del Pilar Córdova Hernández:Por lo expuesto en las consideraciones anteriores, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Primero. Se exhorte al Poder Ejecutivo federal, a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad para que pongan en marcha medidas para el control de las inundaciones en Tabasco, a consecuencia del mal manejo que la Comisión Federal de Electricidad hace del sistema de las presas.

Segundo. Se exhorte a la Comisión Federal de Electricidad a trabajar en conjunto con la Comisión Nacional del Agua para que el desfogue de las preseas se regule de acuerdo a las temporadas de lluvias, apoyándose en los sistemas meteorológicos nacionales, con el objetivo de mantener las presas en niveles intermedios y no desabastecer a la población de energía, previniendo al mismo tiempo el desfogue extremo del agua para que los ríos de Tabasco no se desborden.

Tercero. Que la Secretaría de Energía obligue a la Comisión Federal de Electricidad a que responda por los daños que está ocasionando a los bordos de protección y obras hidráulicas que se realizan en el estado de Tabasco, provocados por el vaciado y llenado rápido de los ríos a causa de la turbinación irregular de las presas.

Señor presidente, solicito que la presente propuesta sea turnada a la Comisión de Energía y a la de Recursos Hidráulicos para su análisis y resolución. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la SE y a la CFE a poner en marcha medidas para controlar las inundaciones en Tabasco; a la Conagua, a regular el desfogue de las presas según las temporadas de lluvias y los sistemas meteorológicos nacionales, y a la CFE, a responder por los daños que ocasiona a los bordos de protección y obras hidráulicas que se realizan en dicho estado, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, José del Pilar Córdova Hernández, diputado federal por Tabasco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes

Consideraciones

1 . La Comisión Nacional del Agua ubica a Chiapas y Tabasco como parte de la región XI, llamada Frontera Sur. En esta región se encuentra la cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta, que de acuerdo a datos de la Conagua, es la primera reserva de líquido en México y la principal potencia en la generación de energía eléctrica en el país. Cabe mencionar que el estado de Tabasco es atravesado por los ríos más caudalosos de México: el Usumacinta y el Grijalva.

2 . El sistema hidrológico del estado de Tabasco se ve directamente afectado por la orografía del estado de Chiapas ya que debido a su altura, las lluvias en esta entidad provocan que las presas –que se encuentran en ese territorio y que generan la mayor parte de la electricidad que se emplea en México– reciban más agua de la que pueden almacenar y se tengan que desfogar, incrementando el nivel de los ríos de las cuencas fluviales de Tabasco, lo cual a su vez ha ocasionado terribles inundaciones con graves consecuencias.

3 . Las inundaciones más catastróficas ocurridas en Tabasco en los últimos años fueron:

En septiembre-octubre de 1999, arrojando 600 mil habitantes afectados y millones de pesos en daños materiales.

En el año 2007, fue la ciudad capital Villahermosa la más afectada quedando cubierta en un 80% y la cifra de damnificados subió a más de 1 millón de habitantes, provocando una de las pérdidas económicas más grandes para Tabasco.

En el 2008 las inundaciones afectaron de nuevo al estado, interrumpiendo la recuperación económica que se alcanzaba después de la catástrofe del 2007.

Estos acontecimientos afectaron severamente los sectores que impulsan la economía del estado como son: la pesca, la ganadería, la agricultura, el turismo y el comercio en general.

4 . La Comisión Federal de Electricidad (CFE) está a cargo de las presas la Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas que tienen una capacidad conjunta de almacenamiento de aproximadamente 55 mil millones de metros cúbicos de agua y representan los embalses artificiales de mayor capacidad en la república. Estas presas son unidades generadoras de energía eléctrica las cuales se encuentran alineadas una tras otra para verter la totalidad del agua impulsora de las turbinas que generan la electricidad, pero cuando las condiciones de capacidad de las presas lo demandan, la Comisión Federal de Electricidad abre las compuertas y como consecuencia los ríos de Tabasco se desbordan provocando terribles inundaciones.

5 . Un ejemplo claro del mal manejo de los desfogues de las presas es la que provocó las inundaciones del 2007 ya que en diez días la CFE permitió el desfogue de la presa Peñitas, de un total de mil 118 millones 680 mil metros cúbicos, al ritmo de dos mil metros cúbicos por segundo (m3/s), durante los tres primeros días, mil 500 m3/s en los siguientes tres días y 800 m3/s durante otros cuatro.

Estos desfogues, según expertos, se deben al mal manejo de las presas, ya que con una regulación de los flujos de agua se podrían evitar estas emergencias.

6. La inundación del 2007 generó la necesidad de elaborar el Plan Hídrico Integral para Tabasco (PHIT), para lo cual el Gobierno del estado acordó con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el 2008 la intervención del Instituto de Ingeniería de la UNAM para la ejecución del PHIT y como parte de las acciones a cubrir se contempló un Plan de Acción Urgente (PAU) y un Plan de Acción Inmediata (PAI).

En el caso del PAU, la Conagua inició acciones entre las que destacan la construcción de una estructura de control en el río Carrizal y la reparación y rehabilitación de la infraestructura existente; en este caso fueron 51 puntos de márgenes afectados a causa de los deslizamientos provocados por la fluctuación en los niveles del río.

El deterioro de dichos puntos se debe, de acuerdo a especialistas del Instituto de Ingeniería de la UNAM, al fenómeno “vaciado y llenado rápido” de los ríos, el cual es consecuencia de la turbinación irregular de las presas.

La gran preocupación de la población tabasqueña es que las obras que se han construido hasta ahora, como son los bordos de contención que protegen a las colonias y rancherías que se encuentran en los márgenes de los ríos, se colapsan debido a las fuertes corrientes que se generan cuando la turbinación de las presas se realiza en exceso.

Es imperioso que la Comisión Federal de Electricidad maneje el desfogue de las presas con los cuidados y precauciones necesarias para evitar que se pierda la inversión que se ha hecho hasta ahora en las obras hidráulicas con recursos del Plan Hídrico Integral para Tabasco, ya que al dañarlas dejan de cumplir su función adecuadamente.

Por lo expuesto en las consideraciones que anteceden y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero: Se exhorte al Poder Ejecutivo federal, a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a poner en marcha medidas para el control de las inundaciones en Tabasco a consecuencia del mal manejo que la CFE hace del sistema de las presas.

Segundo: Se exhorte a la Comisión Federal de Electricidad a trabajar en conjunto con la Comisión Nacional del Agua para que el desfogue de las presas se regule de acuerdo a las temporadas de lluvias, apoyándose en los Sistemas Meteorológicos Nacionales, con el objetivo de mantener las presas en niveles intermedios y no desabastecer a la población de energía, previniendo al mismo tiempo el desfogue extremo del agua para que los ríos no se desborden.

Tercero: Que la Secretaría de Energía obligue a la Comisión Federal de Electricidad a que responda por los daños que está ocasionando a los bordos de protección y obras hidráulicas que se realizan en el Estado de Tabasco, provocados por el vaciado y llenado rápido de los ríos a causa de la turbinación irregular de las presas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2010.— Diputados: José del Pilar Córdova Hernández, Luis Antonio Martínez Armengol, Georgina Trujillo Zentella, Guadalupe Valenzuela Cabrales, José Antonio Aysa Bernat, Sergio Lobato García, Adán Augusto López Hernández, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Energía con opinión de Recursos Hidráulicos.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le pido a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de las diputadas y los diputados.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Aún está abierto, por favor, regístrela. ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia?

Ciérrese el sistema electrónico.

Señor presidente, se encuentran registrados 408 diputadas y diputados hasta el momento.

Quienes no hayan registrado su asistencia por la vía electrónica, tienen 15 minutos para hacerlo por cédula.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputada.

ESTADO DE TABASCO

El diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Dígame, diputado Bellizia Aboaf.

El diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (desde la curul): Si me permite el diputado José del Pilar Córdova Hernández adherirme a su propuesta.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:¿Está usted de acuerdo, diputado José del Pilar Córdova Hernández, en que se adhieran a su proposición?

El diputado José del Pilar Córdova Hernández (desde la curul): Por supuesto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muy bien. Está de acuerdo, pase por favor a la Secretaría a suscribir el documento.

INDUSTRIA VITIVINICOLA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tienen la palabra el diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se considere en las festividades propias de las embajadas y consulados mexicanos el consumo de vinos mexicanos.

El diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid:Con su venia, diputado presidente. La historia de los vinos de mesa en el mundo es basta y extensa. Es bien sabido que la hechura y consumo de vinos se remonta a la época de los antiguos egipcios, pasando por el auge de la decadencia del Imperio Romano y la época del Medioevo, así como por la etapa de las diversas conquistas mundiales, de exploraciones y descubrimientos.

Es precisamente en esta etapa de los descubrimientos y las conquistas que los vinos de mesa arribaron junto con la llegada de los españoles a nuestro país. Según escritos antiguos de la posconquista, el 20 de marzo de 1524 fue cuando el gobernador de la Nueva España, Hernán Cortés, decretó que cada español debería plantar 100 pies de vid por cada 100 indígenas que estuvieran a su servicio, al tiempo de ordenar que cada barco que llegara de España hacia el nuevo territorio trajera vides y olivos.

Desde entonces la industria vitivinícola en México ha sufrido drásticas transformaciones. En la actualidad se integra por los productores de uva de mesa, uva pasa, jugo de uva, concentrado de vino y licores de uva, principalmente el brandy.

Según cifras de la Asociación Nacional de Vitivinicultores, para el año de 2008 en el país existían más de 3 mil áreas cultivadas, distribuidas principalmente en los estados de Baja California, Querétaro, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, estado de México y Sonora, principalmente.

Hemos logrado que la exportación de nuestros vinos mexicanos llegue a más de 20 países alrededor del mundo, desde Inglaterra, Francia, Alemania, hasta Japón, Rusia e Irlanda, pasando por Islas Malvinas, Eslovenia y Noruega, entre otros.

En México se venden alrededor de 13 millones de botellas de vino y se exportan alrededor de 800 mil. Este número significa una facturación alrededor de los 42 millones de dólares al año.

Estas cifras están aún por debajo de la facturación anual que arrojan países latinoamericanos como Chile y Argentina, a pesar de que algunos de nuestros vinos, productos nacionales, cuentan con la importancia y reconocimientos mundiales como son medallas de oro y algunas otras.

En el marco de los festejos de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana nuestros connacionales funcionarios en consulados y embajadas en el extranjero pueden convertirse en piezas fundamentales para dar a conocer nuestros productos de vino mexicano y lograr ampliar esta industria en diversos países donde tenemos estas representaciones.

Los legisladores nos hemos dado a la tarea de impulsar a las industrias en crecimiento. Si bien es cierto que la industria vitivinícola nacional está en expansión, es cierto también que tenemos la responsabilidad de apoyar a la economía mexicana para el fortalecimiento de un bienestar económico.

A su vez, en el ámbito de la salud pública está demostrado que el consumo moderado de vino tinto favorece a reducir el colesterol, funcionando como un preventivo natural de problemas cardiovasculares y que debido a su alto contenido de antioxidantes retarda el envejecimiento celular y a su vez es una medida digestiva, antiséptica, entre otras muchas bondades que tiene el mismo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le pedimos concluir, diputado.

El diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid:La presente proposición tiene como finalidad exhortar al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que en el marco de las festividades en los consulados y embajadas mexicanas en el extranjero, y en el futuro, se consuman vinos de mesa preferentemente de origen mexicano, ayudando a su vez a promover en el mercado mundial nuestros productos, en este caso los derivados de la vid.

Señor presidente, le solicito atentamente que la presente proposición sea turnada para su opinión a la Comisión Especial para impulsar el desarrollo de la industria vitivinícola y productos de la vid, así como su integración en el Diario de los Debates. Muchísimas gracias, a todos ustedes por su atención.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar mediante la SRE el consumo preferente de vinos de mesa mexicanos en las festividades propias de las embajadas y los consulados del país, con objeto de expandir la industria vitivinícola nacional, a cargo del diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid, a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo los siguientes

Considerandos

1. El vino es una bebida que contiene más de mil sustancias, la mayoría de las cuales (como las vitaminas o los minerales), vienen de las uvas. La bebida se obtiene del fermentado alcohólico del zumo de la uva, lo cual se produce por la acción de levaduras que transforman los azúcares del fruto en alcohol etílico y anhídrido carbónico. Se conoce como vino solamente al líquido que resulta de la fermentación alcohólica, total o parcial, del zumo de uvas, sin agregarle ninguna sustancia. Existen diferentes tipos de vinos “clásicos”, los cuales son vinos tintos, blancos, rosados, claretes, de hielo y varietales; además del Chacoli, el vino generoso, el vino espumoso, el Vermut y el vino gasificado.

2. La historia del vino en el mundo es basta y extensa, es de todos bien sabido que la hechura y consumo de vino se monta desde la época de los egipcios, pasando por el auge y la decadencia del Imperio romano y la época del medievo; así como la etapa de las diversas conquistas mundiales y de exploración o descubrimientos.

Es precisamente en esta etapa que en el país llega la historia de la conquista y junto con ella la historia del vino en nuestro territorio, según escritos antiguos de la post conquista, el 20 de marzo de 1524 el gobernador de la Nueva España, Hernán Cortés, decretó que cada español debería plantar 100 pies de vid por cada 100 indígenas que estuvieran a su servicio, al tiempo de ordenar que cada barco que llegara de España hacia el nuevo territorio trajera vides y olivos.

3. Es un hecho irrefutable que el vino ha estado en la historia humana desde las civilizaciones antiguas dónde se destacan las distinciones que hicieron con él, las civilizaciones griegas y romanas, lo cual ha significado que es un producto con una importante relevancia dentro de las sociedades actuales ya que en el mundo aún se sigue consumiendo de manera considerable los productos emanados de la uva.

4. En México, la industria vitivinícola se integra por productores de: uva de mesa, uva pasa, jugo de uva concentrado de vino y los licores de uva, principalmente brandy. Esta industria ha sufrido varios cambios desde el decreto pos colonial en México, sin embargo, el cambio más dramático de los últimos años que ha padecido esta industria en nuestro país tiene lugar hace poco más de 15 años, dónde el sector vitivinícola inició un periodo de resurgimiento, ya que las casas productoras adoptaron técnicas novedosas de elaboración y los consumidores empezaron a voltear la mirada hacia la producción de vinos nacionales. En la década de los años ochenta, lugares como Nueva Zelanda, Argentina y nuestro país, empezaron a producir vinos de calidad sin tener necesariamente una tradición vitivinícola centenaria, más sin embargo, desde aquella década los vinos mexicanos empezaron a tener un auge mundial.

De igual forma, se empezó a contar con el apoyo de buenos enólogos profesionales, así como la inversión en tecnología de punta que ha permitido en los últimos años que México, entre a una competencia mundial, por un buen lugar y posición en materia de su industria vitivinícola y la producción de buenos vinos.

Según cifras de la Asociación Nacional de Vitivinicultores, para el año 2008 existían en el país más de tres mil hectáreas cultivadas distribuidas principalmente en Baja California (83 por ciento), Querétaro (8 por ciento), Coahuila (4 por ciento), Zacatecas (3 por ciento) y Aguascalientes (2 por ciento). La exportación llega a más de 20 países alrededor del mundo. Desde Inglaterra, Francia y Alemania, hasta Japón, Rusia e Islandia; pasando por Islas Malvinas, Eslovenia y Noruega, entre otros.

Según la propia Asociación, en México se venden alrededor de 13 millones de botellas de vino y se exportan alrededor de 800 mil, facturando alrededor de 42 millones de dólares al año, lo cual es un número menor para un país como el de México, ya que en Latinoamérica aún estamos por debajo de países vitivinicultores como Chile y Argentina.

5. En materia de salud pública, algunas organizaciones de salud en el mundo han comprobado científicamente, que el vino tinto, entre las bebidas existentes en el mundo, es muy saludable para el consumo humano. Lo anterior debido al bajo contenido de alcohol etílico y de sus muchos componentes nutritivos; además es una bebida digestiva, que ayuda a relajar, antidepresiva y antiséptica se tiene registro histórico de ser aplicado como medicamento y se usaba como un alimento básico, mezclándose con agua para calmar también la sed; además es considerada la más higiénica de las bebidas, ya que se dice, es menos peligroso beber agua mezclada con vino, que sólo agua.

Favorece a reducir el colesterol perjudicial en las arterias, por lo cual pueden prevenirse males cardiovasculares, su alto contenido de antioxidantes retarda el envejecimiento, además que uno de sus compuestos (resveratrol) previene el desarrollo de enfermedades cancerígenas y ayuda a neutralizar manifestaciones negativas de células malignas ya desarrolladas, por otro lado, el alcohol que contiene licua la sangre y ayuda a reducir la grasa en el cuerpo.

La presente proposición, establece las bondades y el auge que el vino mexicano ha atravesado a lo largo del tiempo, de igual manera se trata de establecer que la industria vitivinícola en México puede tener un mayor impulso y crecimiento con la aprobación de proyectos legislativos como el presente.

En la actualidad únicamente cerca del 40 por ciento de los productos de vino que se maquilan en el país se consumen dentro del territorio nacional, el 60 por ciento restante del consumo proviene de los vinos importados principalmente de Europa, chile, Australia y Nueva Zelanda.

Por ello, pretendemos mandar un exhorto al Ejecutivo federal a efecto que se establezca como obligatorio desde la Ley Orgánica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que en las embajadas y consulados mexicanos en el exterior se procure consumir preferentemente, vinos de mesa de fabricación nacional en las festividades propias y así dar cabida a la apertura del incremento del comercio de esta industria en el exterior y en regiones del mundo que aún los productos vid nacionales son desconocidos.

Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en las festividades propias de las embajadas y consulados mexicanos, en el exterior se consuman vinos de mesa preferentemente mexicanos ayudando a expandir la industria vitivinícola del país.

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a los 18 días del mes de febrero del año 2010.— Diputados: Francisco Arturo Vega de Lamadrid, Ma.Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Héctor Fernández Aguirre, César Mancillas Amador, José Luis Ovando Patrón, Sergio Tolento Hernández, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Velia Idalia Aguilar Armendáriz, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Clara Gómez Caro, José Antonio Aysa Bernat, Armando Jesús Báez Pinal, Martín Enrique Castillo Ruz, José Manuel Agüero Tovar (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores para que se haga la revisión correspondiente.

El diputado Héctor Fernández Aguirre(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Permítame, diputado. Sí, diputado Fernández, dígame.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Permítame, diputado. Sí, diputado Fernández, dígame.

El diputado Héctor Fernández Aguirre (desde la curul): Para preguntar si puedo adherirme al punto de acuerdo del compañero que pasó.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Estuvo de acuerdo el diputado, así es que quienes deseen participar y firmar pasen a la Secretaría. Gracias, diputado.

CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el señor diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados apruebe la implementación de un plan emergente de desarrollo social en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros, la paz y la tranquilidad son producto de la justicia social, por eso hoy vengo a proponer un punto de acuerdo para que esta Cámara apruebe un plan emergente para ser aplicado en Ciudad Juárez.

Este plan emergente consta de ocho puntos que van desde el otorgamiento de becas a todos los estudiantes de educación media superior y de institutos y universidades públicas en Ciudad Juárez, hasta la puesta en práctica de seguros de desempleo, de apoyos a discapacitados, a madres solteras, atención médica a personas que no tienen cobertura de seguridad social, y otorgar créditos a la palabra de las personas.

¿Por qué este plan integral? Porque se requiere crear en Ciudad Juárez un ambiente de tranquilidad y progreso. Los hechos muestran que la utilización de la mano dura no ha servido para detener la violencia ni la inseguridad en todo el país y menos en Ciudad Juárez.

Y ¿por qué sucede esto? Miren, les invito a que se pongan en los zapatos de los ciudadanos. Qué piensa un ciudadano que hoy se entera que Carlos Slim ya es el hombre más rico del mundo. En un año en que la economía cayó 7 por ciento, ese señor incrementó su riqueza en 18 mil 500 millones de dólares.

¿Qué piensa un ciudadano de esta situación, un ciudadano que ha perdido su empleo, un ciudadano que no tiene acceso a la seguridad social?

Por eso reitero que la tranquilidad y la paz solamente van a ser fruto de la justicia social. Por ello lo que en Juárez se requiere no es imponer al Ejército con una mano dura, sino restaurar esta justicia social.

Por eso los conmino a que aprobemos este punto de acuerdo que está planteado de obvia o urgente resolución, pero aquí los asuntos de obvia o urgente resolución se posponen. Hoy nada más es lectura de cartas a Santa Claus. Sin embargo, esperaría que este punto de acuerdo sea apoyado y dictaminado lo más rápido posible. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados apruebe la implantación de un plan urgente de desarrollo social en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo del diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del PT

Sin lugar a dudas, el grave problema de la inseguridad que afecta a todo el país y que se padece con mayor severidad en Ciudad Juárez es resultado de las políticas elitistas, de corrupción y privilegios, que se han venido imponiendo desde hace más de dos décadas en nuestro país.

Estamos absolutamente convencidos de que mucho se puede hacer desde ahora si aceptamos que la estrategia del gobierno usurpador es y ha sido equivocada, ya que ésta únicamente ha respondido a la parte coercitiva y, con ello, muy poco o nada se ha podido lograr.

Más aún, los hechos han demostrado claramente que las amenazas, la mano dura y las acciones militares han resultado nefastas para el bienestar de la gente; paradójicamente, el propio Felipe Calderón aceptó en Ciudad Juárez el tremendo error de su “narcoguerra” que ya ha causado más de 18 mil muertes por asesinatos.

Para nosotros, la manera más eficaz de combatir la delincuencia y la violencia es la de garantizar el bienestar social de los mexicanos.

Por ello, hoy venimos a proponer que se apruebe de manera urgente la aplicación de un programa emergente de desarrollo social, que esté integrado por las siguientes ocho acciones:

1. Otorgamiento de becas a todos los estudiantes de educación media superior, de institutos y de universidades públicas.

2. Invertir en la construcción y operación de nuevas escuelas preparatorias y en la creación de mayores espacios en las universidades públicas para evitar que haya rechazados y se atienda al cien por ciento de los jóvenes que está en edad de estudiar y que son en muchos casos excluidos por no tener para pagar colegiaturas en escuelas privadas.

3. Poner en práctica el seguro del desempleo, garantizando la entrega de un salario mínimo mensual en tanto se consigue trabajo.

4. Apoyar a todos los adultos mayores de 68 años de Ciudad Juárez con una pensión alimentaría de 855 pesos mensuales.

5. Apoyar con una pensión, con el mismo monto, igual a la de los adultos mayores, a todos los discapacitados de Ciudad Juárez.

6. Otorgar atención médica y medicamentos gratuitos a quienes no tienen derecho a la seguridad social.

7. Poner en práctica un programa integral de construcción de infraestructura urbana en colonias populares para dotarlas de agua, drenaje, pavimento, alumbrado público, instalaciones culturales y deportivas.

8. Otorgar créditos a la palabra y sin intereses para la construcción, mejoramiento y ampliación de vivienda.

Con estas acciones se estarían apoyando de manera directa a un millón de personas y la inversión anual requerida sería de entre 6 mil y 7 mil millones de pesos, que pueden ser liberados si se eliminan del gasto público algunas prestaciones para los altos funcionarios del gobierno federal, como lo son el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizado, y se aplica una austeridad republicana.

Estamos seguros de los resultados que podrían alcanzarse con este programa no es con militares y con mano dura como se resuelven las crisis.

En Ciudad Juárez, como en todo el país, se requiere crear un ambiente de bienestar y progreso, que es indispensable para contrarrestar  la sensación de miedo y frustración, que produce la inseguridad y la violencia.

No hay que olvidar que la tranquilidad y la paz son frutos de la justicia social.

Por las consideraciones expuestas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto al pleno de esta soberanía, como de urgente resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Uno. El pleno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión aprueba la creación e implantación de un programa emergente de desarrollo social para Ciudad Juárez, Chihuahua, que contenga las siguientes líneas de acción:

1. Otorgamiento de becas a todos los estudiantes de educación media superior, de institutos y de universidades públicas.

2. Invertir en la construcción y operación de nuevas escuelas preparatorias y en la creación de mayores espacios en las universidades públicas para evitar que haya rechazados y se atienda al cien por ciento de los jóvenes que están en edad de estudiar y que son, en muchos casos, excluidos por no tener para pagar colegiaturas en escuelas privadas.

3. Poner en práctica el seguro del desempleo, garantizando la entrega de un salario mínimo mensual en tanto se consigue trabajo.

4. Apoyar a todos los adultos mayores de 68 años de Ciudad Juárez con una pensión alimentaría de 855 pesos mensuales.

5. Apoyar con una pensión, con el mismo monto, igual a la de los adultos mayores, a todos los discapacitados de Ciudad Juárez.

6. Otorgar atención médica y medicamentos gratuitos a quienes no tienen derecho a la seguridad social.

7. Poner en práctica un programa integral de construcción de infraestructura urbana en colonias populares para dotarlas de agua, drenaje, pavimento, alumbrado público, instalaciones culturales y deportivas.

8. Otorgar créditos a la palabra y sin intereses para la construcción, mejoramiento y ampliación de vivienda.

Dos.Para financiar dicho programa, el Ejecutivo federal deberá llevar a cabo ahorros en las prestaciones que reciben los mandos superiores de la administración pública federal, cancelando éstas, si así lo requiere.   

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de marzo de 2010.— Diputados: Mario di Costanzo Armenta, Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.

ESTADO DE VERACRUZ

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se recibió de la diputada Carolina Gudiño Corro, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reclasificar las tarifas de energía eléctrica en el estado de Veracruz.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reclasificar mediante la SHCP, la CFE y la Sener las tarifas de energía eléctrica en Veracruz, a cargo de la diputada Carolina Gudiño Corro, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Luz Carolina Gudiño Corro, integrante de la diputación de Veracruz por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se permite someter a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo a fin de solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Energía que reclasifiquen las tarifas de energía eléctrica para Veracruz de Ignacio de la Llave, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La dinámica de un verdadero federalismo implica no sólo la desconcentración de atribuciones y la consiguiente asignación de responsabilidades, sino que obliga a distribuir cargas de manera proporcional y directa a la participación de cada entidad federativa respecto al desarrollo nacional.

La Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 prevé un ingreso de 3 billones 176 mil 332 millones de pesos, de los cuales 237 mil 831.1 millones provienen de la Comisión Federal de Electricidad; es decir, dicha paraestatal representa 7 por ciento de los ingresos de la federación.

Veracruz contribuye preponderantemente a la producción y venta de energía eléctrica. Así lo reconoce la Secretaría de Energía, en el documento publicado en su portal de Internet Prospectiva del sector eléctrico 2005-2014, del cual destaco lo siguiente:

• Por distribución geográfica, Veracruz se encuentra en la región sur-sureste.

• Se reconoce que para efectos de generación de energía eléctrica, “la región con mayor capacidad del país es la sur-sureste”. Veracruz es el primer productor: contribuye con 11.95 por ciento de la generación de electricidad en México.

• Los estados con mayores ventas internas de electricidad durante los últimos 10 años son Sonora, Nuevo León, Jalisco, Distrito Federal, México y Veracruz.

• Respecto a capacidad eléctrica instalada, la región sur-sureste representa 35.3 por ciento de la capacidad nacional; resulta la más alta respecto a las otras cuatro regiones, lo cual obedece a que allí se hallan las centrales hidroeléctricas y las de vapor.

En lo anterior se aprecia la importancia que tiene Veracruz para la Comisión Federal de Electricidad y, en consecuencia, para la federación, por la gran generación de energía y la bondadosa obtención de ingresos provenientes de su venta. Además, dicho estado alberga la única central nucleoeléctrica del país.

Ante el anunciado e inminente incremento de los precios que injustamente pagan los veracruzanos por el servicio, me permito hacer un llamado a las autoridades competentes para que ejerzan sus atribuciones y reclasifiquen las tarifas eléctricas para Veracruz, pues la dolosa e insensible manipulación de los rangos de consumo por el Ejecutivo federal provocó en las costas de la república incrementos del servicio de suministro de energía eléctrica, los que merman la economía de muchas familias que habitan en esas regiones y hacen más evidente el trato desigual con relación a otras regiones del país.

La Cámara de Diputados ha aprobado diversas propuestas, orientadas a considerar la reclasificación de las tarifas eléctricas, en las cuales se destaca el principio de justicia distributiva y tomar en cuenta las condiciones climáticas adversas como variables decisivas para establecer el monto de las tarifas en ciertas regiones. Aun cuando se ha instado en diversas ocasiones al Ejecutivo federal para que apoye a los millones de mexicanos afectados por las continuas alzas de bienes y servicios, la petición ha sido desatendida; y, al contrario, se ha emprendido una ofensiva en detrimento de la economía popular, que cada vez se hace más intensa y menos justificable, pues se incrementan de manera continua y lesiva los costos de este servicio público, indispensable para alcanzar los estándares mínimos de una vida digna y decorosa, garantizados en la Constitución federal y delineados por organismos internacionales.

Como ente rector de las directrices que han de normar las facultades de los órganos del poder, del cual somos parte, debe ser precursor, vigía e impulsor, de los principios establecidos en la Constitución que dotan de carácter democrático a la república.

Dos de los principios requeridos corresponden a la equidad y proporcionalidad, los cuales son autoimplicativos, pues la equidad no puede explicarse sin hacer referencia directa a la proporcionalidad, y viceversa. Ajustándose a estos principios, Veracruz, a través de sus representantes, ha solicitado por diversas vías la reducción de las tarifas eléctricas que le ha impuesto el gobierno federal.

No se reclama pagar menos: se solicita pagar igual que otras entidades federativas.

Sin embargo, 7 millones 110 mil veracruzanos enfrentan cada día una situación injusta pues, a pesar del liderazgo nacional en producción de energía y del compromiso para impulsar el desarrollo nacional, se les cobran tarifas superiores a las de otras ciudades.

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que, mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Federal de Electricidad, y la Secretaría de Energía, en un término de 30 días naturales, contados a partir de la publicación de la presente propuesta en la Gaceta Parlamentaria, reclasifique las tarifas de energía eléctrica en Veracruz para disminuir el pago que se realiza por el servicio.

México, Distrito Federal, a 23 de febrero de 2010.— Diputada Luz Carolina Gudiño Corro (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Energía.

Se pospone la participación de la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario del PAN.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Sergio Tolento Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno de Baja California a asignar recursos para la conservación de la población de totoaba, en el Golfo de California.

El diputado Sergio Tolento Hernández: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior de nuestro Congreso presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones:

Armonizar el crecimiento y la distribución territorial de la población con las exigencias del desarrollo sustentable para mejorar la calidad de vida de los mexicanos y fomentar el equilibrio de las regiones del país con la participación del gobierno y la sociedad son fundamentales para crear una cultura ecológica que considere el cuidado del entorno y del medio ambiente en la toma de decisiones de todos los niveles y sectores.

El Golfo de California es una importante área de procreación de fauna marina que aporta a nuestro país una riqueza biológica y que, a su vez, genera el sustento para las poblaciones locales con actividades como la pesca, que es patrón fundamental del ingreso directo de miles de personas y una fuente de divisas, pero que además requiere especial atención por la biodiversidad de los hábitats y la riqueza de los ecosistemas.

En este sentido debemos buscar políticas públicas que ayuden a asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de la sociedad en la protección, preservación y aprovechamiento racional de la riqueza natural del país y así afianzar el desarrollo económico y social, sin comprometer el patrimonio natural y la calidad de vida de las generaciones futuras.

La totoaba es una de las primeras especies marinas clasificadas como en peligro, a pesar de que existen esfuerzos de repoblación en el Alto Golfo por parte de investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California empleando técnicas de reproducción asistida, por lo que se hace necesario un análisis a fondo para definir su condición actual.

Con la reciente promoción de la reconversión productiva del sector pesquero ribereño en el Alto Golfo de California, el interés y las solicitudes por aprovechar esta especie con fines recreativos se ha incrementado, por lo que se hace necesario el planteamiento de alternativas de conservación de esta especie, requiriéndose información sobre su biología genética y ecología poblacional para evaluar el estatus de conservación actual de la totoaba, a fin de proponer planes de ordenamiento que coadyuven a su recuperación y desarrollo sustentable.

El impulso de estos estudios contribuirá a mejorar las condiciones de aprovechamiento de la especie y contar con un sector rentable, respetuoso de los derechos legales y de los recursos naturales, que sea fuente de sustento digno para quienes se dedican a estas actividades, donde la cooperación y la corresponsabilidad de productores y gobierno permita capitalizar las oportunidades de los mercados y que hagan posible el desarrollo de una mejor calidad de vida y el arraigo de la población en sus comunidades.

Por lo antes expuesto someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Único. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al gobierno del estado de Baja California para que asignen los recursos necesarios y se realicen los estudios del estatus de conservación de la población de la totoaba en el Golfo de California, a fin de asegurar la sustentabilidad ambiental.

Señor presidente, le solicito atentamente que el documento se incluya íntegro en el Diario de los Debates. Es cuánto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno de Baja California a asignar los recursos necesarios para que se realicen los estudios del estado de salud y de conservación de la población de totoaba en el golfo de California, a cargo del diputado Sergio Tolento Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Sergio Tolento Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presenta proposición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al gobierno del estado de Baja California a asignar los recursos necesarios para que se realicen los estudios del estado de salud y estatus de conservación de la población de totoaba en el Golfo de California, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Armonizar el crecimiento y la distribución territorial de la población con las exigencias del desarrollo sustentable para mejorar la calidad de vida de los mexicanos y fomentar el equilibrio de las regiones del país con la participación del gobierno y de la sociedad civil, son fundamentales para crear una cultura ecológica que considere el cuidado del entorno y del medio ambiente en la toma de decisiones en todos los niveles y sectores.

México debe fortalecer la investigación científica y tecnológica, que ayude a comprender mejor los procesos ecológicos, para así propiciar condiciones socioculturales que permitan contar con conocimientos ambientales y desarrollar aptitudes, habilidades y valores para comprender los efectos de la acción transformadora del hombre en el medio natural.

El Golfo de California es una importante área de alimentación, procreación y crianza de especies que aporta a nuestro país una riqueza biológica que a su vez, genera el sustento para las poblaciones locales, con actividades turísticas y productivas de pesca, esta ultima alcanza una dimensión social, cultural y económica que convierte a nuestra comunidad en un referente de identidad.

La pesca es parte del quehacer económico y social del país. En el estado de Baja California, es un componente fundamental del ingreso directo de poco más de seis mil personas y una fuente de divisas, pero sobre todo, representan actividades complejas que requieren especial atención, por la biodiversidad de los hábitats y la riqueza de los ecosistemas marinos, costeros, continentales y oceánicos.

En éste sentido debemos buscar políticas públicas que ayuden a asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de la sociedad en el cuidado, la protección, la preservación y el aprovechamiento racional de la riqueza natural del país, y así afianzar el desarrollo económico y social sin comprometer el patrimonio natural y la calidad de vida de las generaciones futuras.

La humanidad está viviendo una época de extinciones de especies sin precedentes, en México, con la declaratoria de las Áreas Naturales Protegidas y con la creación de la NOM 059-ECOL-SEMARNAT-2001, se han hecho grandes esfuerzos para proteger una de las biodiversidades más importantes del mundo.

La Totoaba macdonaldi es una de las primeras especies de peces marinos clasificadas como “en peligro”, a pesar de que existen estudios biológicos que permiten conocer el estado de las poblaciones de esta especie, la mayoría de ellos se realizaron a principios de los años noventa, cuando las poblaciones ya habían sido afectadas gravemente, además la falta de monitoreo reciente ha generado controversias y conflictos de intereses sobre el potencial manejo de las poblaciones actuales, así como diversas problemáticas como las relacionadas con los permisos de fomento para fines de investigación, aunado a lo anterior, la pesca ilegal o incidental también afecta a las poblaciones, pero la falta de métodos adecuados para identificar a la especie en productos procesados que salen del país vía pesca deportiva imposibilita estimar el impacto de estas actividades sobre las poblaciones naturales.

Existen esfuerzos de repoblación en el Alto Golfo por parte de investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California, empleando técnicas de reproducción asistida. Sin embargo, es conocido que estas prácticas pueden afectar seriamente la talla efectiva y causar reducciones drásticas de la diversidad genética. Lamentablemente no ha habido evaluaciones genéticas, biológicas y fisiológicas que permita determinar el éxito de la reproducción asistida.

Gracias a diversos esfuerzos de investigación y protección, durante los últimos años se ha obtenido importante información sobre la especie, con lo que se hace necesario un análisis de la misma para definir su condición actual. Asimismo, con la reciente promoción de la reconversión productiva del sector pesquero ribereño en el Alto Golfo de California, el interés y las solicitudes por aprovechar esta especie con fines recreativos se ha incrementado significativamente.

Desafortunadamente uno de los obstáculos más importantes en el planteamiento de alternativas de conservación para estas especies es la carencia de información básica sobre su biología, genética y ecología poblacional, los impactos de las actividades humanas sobre las tendencias poblacionales. Sin tal conocimiento, cualquier recomendación de protección y manejo es irreal, y lo más preocupante es que puede conducir a decisiones equivocadas o conflictos sociales de interés debido a las controversias generadas por la falta de conocimientos específicos.

Evaluar el estado de salud y el estatus de conservación actual de la Totoaba macdonaldi mediante el estudio de la biología, fisiología, genética, dinámica y ecología de la población sus relaciones con el ambiente en el Golfo de California y su economía, y proponer planes de ordenamiento alternativos, que prevengan la disminución crítica de la abundancia de su población y promuevan su conservación, recuperación y desarrollo sustentable, permitirá el planteamiento de medidas de ordenamiento de la especie.

El proyecto permitirá incrementar el número del personal científico de excelencia en investigación, al formar recursos humanos de alto nivel con un enfoque en la biología de la conservación de especies amenazadas, pero con bases científicas y usando tecnología de frontera.

En dicha investigación participaran las más reconocidas instituciones de investigación en ciencias marinas del país, además e institutos que reconocen la importancia de esta propuesta de investigación y han expresado su apoyo para el desarrollo de la misma. Esta propuesta quedó registrada en el Proyecto Estratégico de Biodiversidad del Noroeste de México.

Con el desarrollo de ésta investigación, se coadyuvará a mejorar las condiciones de aprovechamiento de la especie y contar con un sector rentable, respetuoso de derechos legales y de los recursos naturales, que sea fuente de sustento digno para quienes se dedican a estas actividades, donde la cooperación y corresponsabilidad de productores y gobierno permita capitalizar las oportunidades de los mercados y que hagan posible el desarrollo, una mejor calidad de vida y el arraigo de la población en sus comunidades.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al gobierno del estado de Baja California para que asignen los recursos necesarios con la finalidad de que se realicen los estudios del estado de salud y estatus de conservación de la población de totoaba en el Golfo de California, a fin de asegurar la sustentabilidad ambiental.

Diputados: Sergio Tolento Hernández, Francisco Javier Orduño Valdez, José Luis Ovando Patrón, César Mancillas Amador, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Como lo solicita, inscríbase en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

LUZ Y FUERZA DEL CENTRO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el señor diputado Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que solicita la comparecencia de titulares de diversas secretarías de Estado, a fin de que rindan informe del estado en que se encuentra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza:Compañeras y compañeros, voy a compartir con ustedes un punto que ha venido promoviendo nuestra compañera de bancada, la diputada Laura Itzel Castillo, con relación a la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la cual se llevó a cabo con el argumento central de Calderón de que esa institución era una carga insostenible, que los salarios, las prestaciones y prerrogativas contractuales de los trabajadores constituían privilegios y cargas onerosas que afectaban el interés público y la economía nacional.

Sin embargo, el principal problema que dañó la economía y finanzas de Luz y Fuerza del Centro es la compra de energía en bloque a la CFE a precios elevados y por encima del precio de venta a los usuarios en tarifas industriales, provocando pérdidas crecientes en sus resultados de operación y una deuda con esa compañía que en pocos años se volvió impagable.

La intromisión ilegal de la Comisión Federal de Electricidad en la zona de Luz y Fuerza del Centro ha generado una caída considerable en los estándares de atención eléctrica proporcionada por Luz y Fuerza del Centro, que era incuestionablemente mejor.

La situación descrita se ha vuelto crítica a raíz de la precipitación pluvial de los pasados días iniciales de febrero, afectando a millones de habitantes de la zona metropolitana en la región atendida por Luz y Fuerza, ocasionando disturbios, fallas, apagones, falta de luz, frente a los cuales la administración pública federal ha asumido una actitud poco responsable.

En cambio, el Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, ha ofrecido generosamente y con independencia del curso de los procesos judiciales en trámite regresar a laborar de manera temporal para corregir esos disturbios y esas fallas, las cuales, tan sólo en la primera quincena de febrero se detectaron 250 apagones en 20 delegaciones y municipios del valle de México.

Queremos destacar los siguientes disturbios eléctricos que propiciaron: caída de torre de transmisión del alimentador Cholula, en Amecameca. El cárcamo del Canal de la Compañía, sin servicio por 23 kilovatios en alimentador en disturbio. Son más de 1 mil reportes de servicio faltante por baja tensión en la zona metropolitana del Distrito Federal y el estado de México y hay una serie interminable de fallas y deficiencias.

Por eso pedimos la comparecencia de los servidores públicos que aquí se asientan, para que informen del inventario de bienes y activos de Luz y Fuerza del Centro, previo a la desincorporación y la actual. Para que informen quién conoce los estados financieros previos al 11 de octubre y el anual de 2008, dictaminados por un auditor externo.

También para que nos digan ante quién se rinde cuentas del uso discrecional de los valores, dineros, documentos que están siendo utilizados para pagar pasivos y contingencias de Luz y Fuerza del Centro.

También, por qué se niegan a aceptar que la Comisión Federal de Electricidad opera ya como un patrón sustituto.

Es por ello que hacemos la petición para que se cite a los titulares de la Secretaría de Gobernación (Segob), de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la Secretaría de Energía (Sener), de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de la Función Pública federal, de la Secretaría del Trabajo y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que expongan un informe documentado completo y detallado del estado en que se encuentra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.

Le pido presidente dé su anuencia para que se inserte íntegro en el Diario de los Debates el presente punto de acuerdo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia ante esta soberanía de los titulares de la Segob, de la SHCP, de la Sedesol, de la Semarnat, de la Sener, de la SE, de la Sagarpa, de la SCT, de la SFP, de la STPS, de la CFE y del SAE para que expongan un informe documentado, completo y detallado del estado en que se encuentra el decreto de extinción de LFC, de la situación que guarda su proceso de desincorporación y del estado de la prestación del servicio público de energía eléctrica en la región atendida por LFC, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del PT

Quien suscribe, Laura Itzel Castillo Juárez, diputada del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta al pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo para que se cite a comparecer ante esta soberanía a los secretarios de Gobernación, Fernando Francisco Gómez Mont Urueta; de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Javier Cordero Arroyo; de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada; de Energía, Georgina Yamilet Kessel Martínez; de Economía, Gerardo Ruiz Mateos; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Francisco Javier Mayorga Castañeda; de Comunicaciones y Transportes, Juan Francisco Molinar Horcasitas; de la Función Pública, Salvador Vega Casillas; y del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, así como a los directores generales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub; y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Luis Miguel Álvarez, todos del actual régimen, a fin de que expongan un informe documentado, completo, detallado y por escrito del estado en que se encuentra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), la situación que guarda el proceso de desincorporación de LFC y el estado en que se encuentra la prestación del servicio público de energía eléctrica en la región atendida por LFC, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 11 de octubre de 2009 se decretó la extinción de LFC, se despidió a alrededor de 44 mil trabajadores electricistas y se colocó en estado de indefensión a cerca de 22 mil jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). El citado decreto pasó por encima de las facultades constitucionales de la Cámara de Diputados, plasmadas en el artículo 73, pues modificó por la vía de un decreto administrativo una disposición legislativa; violó diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente el 27, párrafo sexto; pisoteó los derechos laborales plasmados en la Ley Federal del Trabajo; y vulneró derechos contractuales individuales y colectivos de miles de electricistas.

El supuesto argumento de Felipe Calderón fue que LFC era una carga insostenible y que los salarios, las prestaciones y las prerrogativas contractuales de los trabajadores y de los jubilados electricistas constituían privilegios y cargas onerosas que afectaban el interés público y la economía nacional.

Sin embargo, el principal problema que dañó la economía y las finanzas de LFC es la compra de energía en bloque a la CFE, a precios elevados y por encima del precio de venta a los usuarios en tarifas industriales, provocando pérdidas crecientes en sus resultados de operación y una deuda con la CFE que en pocos años se volvió impagable.

Pese a la campaña que pregonaba las bondades que acarrearía la intromisión de la CFE en la zona atendida por LFC, ha ocurrido lo contrario: la intromisión ilegal de la CFE en la zona de LFC ha generado una caída considerable en los estándares de atención eléctrica proporcionados por LFC.

La CFE no atiende las quejas, no corrige las fallas, no atiende debidamente los disturbios y vastas zonas del Distrito Federal, y estados circunvecinos se van quedando total, parcial o temporalmente sin servicio público de energía eléctrica, con todas las consecuencias que afectan la seguridad y el bienestar de millones de habitantes en la región central del país.

La situación descrita se ha vuelto crítica a raíz de la precipitación pluvial del pasado 3 y 4 de febrero, afectando cientos de colonias y a millones de habitantes de la región atendida por LFC, al ocasionar disturbios, fallas, apagones y faltas de luz, frente a los cuales la administración pública federal ha asumido una actitud indolente y poco responsable.

En cambio, el SME ha ofrecido generosamente, y con independencia del curso de los procesos judiciales en trámite, regresar a laborar de manera temporal para corregir los disturbios eléctricos y normalizar el suministro eléctrico en la región centro del país.

La soberbia gubernamental ha rechazado la generosa propuesta del SME y, de manera irresponsable, ha argumentado, sin soporte técnico, laboral, administrativo y económico alguno, que la CFE tiene bajo control los disturbios y que éstos representan sólo 9 por ciento en la zona atendida por LFC. Tal afirmación carece de sustento; los datos que presentamos demuestran lo contrario.

Como puede revisarse en la lista que abajo presentamos, desde el miércoles 3 de febrero, en delegaciones del Distrito Federal han quedado sin luz diversas colonias: en Tlalpan, 22; Xochimilco, 10; Coyoacán, 12; Cuauhtémoc, 21; Miguel Hidalgo, 16; Iztacalco, 3; Venustiano Carranza, 9; Iztapalapa, 18; Álvaro Obregón, 7; Benito Juárez, 8; Gustavo A Madero, 25; y La Magdalena Contreras, 10.

En los municipios siguientes se han quedado sin luz diversas colonias: en Nezahualcóyotl, 16; Naucalpan, 12; Atizapán, 9; Cuautitlán Izcalli, 13; Tultitlán, 9; Ecatepec, 7; Amecameca, 7; e Ixtapaluca, 12.

Adicionalmente, desde el 3 de febrero se encuentran con fallas temporales o totales los siguientes alimentadores y subestaciones: Chapingo 2, Copa 4, Contreras 3, Pagés 1, Agua Viva 4, Odón de Buen 3, Xochimilco 4, Madero 2, Xalostoc 2, Aragón 3, San Andrés 2, Condesa 3, Atizapán 3, Valle de México 1, Cuajimalpa 1, Coyoacán 4, Ayotla 1, Olivar del Conde 3, Nezahualcóyotl 3, Santa Cruz 2, Magdalena 2, Iztapalapa 3, Topilejo 1 y Tacubaya 2.

De manera específica, queremos destacar los siguientes disturbios eléctricos que se conectan con las intensas lluvias del 3 y 4 de febrero y las inundaciones ocasionadas:

- Caída de torre de transmisión del alimentador 115-Cholula, en Amecameca (aproximadamente 53 pueblos sin servicio de energía eléctrica).

- Zona de hospitales, en Tlalpan, sin potencial en 23 kilovatios.

- Línea 5 del Metro, sin servicio en 23 kilovatios.

- Carretera México-Cuautla, cerrada por caída de líneas de 23 kilovatios.

- Secretaría de Gobernación, sin servicio.

- Cárcamo del Río de los Remedios, sin servicio por 23 kilovatios en alimentadores en disturbio.

- Cárcamo del Canal de la Compañía, sin servicio por 23 kilovatios en alimentador en disturbio.

- Falta de potencial en servicio de drenaje profundo en la zona sur-oriente, también afectado por alimentadores en 23 kilovatios, sin servicio alimentadores en disturbio, lo que afecta cárcamo Iztapalapa.

- Son más de mil reportes de servicio faltante por baja tensión en la zona metropolitana del Distrito Federal y estado de México.

En la desesperación de tomar el control de las fallas en el suministro eléctrico, la CFE ofrece trabajo a través de las compañías constructoras a trabajadores liquidados de LFC, sin saber que éstos eran personal administrativo y no operativo, lo que por consecuencia les ha traído accidentes y equipo dañado, como transformadores quemados, líneas fuera de servicio y reparaciones ineficientes.

El servicio que se brinda telefónicamente a los usuarios por la CFE, mediante el número 071, ha resultado ineficiente por la falta de conocimiento técnico y administrativo.

Los usuarios se quejan por la tardanza en ser atendidos y las nulas soluciones. Los cambios de voltaje generan aparatos quemados; los apagones tampoco son atendidos, y no hay explicaciones. El último recurso es acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor, donde también en varias ocasiones los usuarios reciben respuestas negativas a sus problemas.

La situación descrita condensa reportes de diversos medios de comunicación y de trabajadores sindicalizados no liquidados del área de distribución de LFC. Hay suposición justa de que los disturbios afectan más de 300 alimentadores en 23 kilovatios en el Distrito Federal y el estado de México.

El 12 de octubre de 2009, un día después de la publicación del decreto de extinción, llegaron a la Cámara de Diputados dos documentos, clasificados como reservados por 1 y 12 años, con los que se pretendió justificar, sin sustento, la extinción de LFC. Dichos documentos no han sido conocidos ni valorados por esta soberanía.

Entre sus consideraciones se encuentra el reconocimiento de la Subsecretaría de Electricidad de 22 zonas críticas de LFC, situadas en el Distrito Federal, estado de México, Morelos, Hidalgo y Puebla. Estas zonas críticas no son obra de condiciones climáticas sino fruto deliberado, a lo largo de más de 15 años, de una política presupuestaria de muy bajos recursos para la inversión productiva de LFC y, eventualmente, pueden colapsar el sistema eléctrico en la región central del país. ¿Cuál es el objetivo de correr estos eventuales riesgos eléctricos: avanzar en su perverso propósito de generar ineficiencias, provocar pérdidas técnicas y un mal servicio, golpear al sindicato, privatizar el sector eléctrico?

La desincorporación de LFC se ha convertido en un botín de la guerra de exterminio contra el SME. ¿Quién puede informar del inventario de bienes y activos de LFC, previamente a la desincorporación y el actual? ¿Quién conoce los estados financieros previos al 11 de octubre y el anual de 2008, dictaminados por un auditor externo? ¿Ante quién se rinde cuentas del uso discrecional de los valores, dineros, documentos, que están siendo utilizados para pagar pasivos y contingencias de LFC? ¿De dónde salen los recursos para que la CFE, en su calidad de patrón sustituto, pague a las empresas contratistas? ¿A manos de quién van los equipos, las herramientas, los bienes y los activos que a diario salen de los almacenes y centros de trabajo de LFC?

Desde los primeros minutos del 11 de octubre de 2009 debió operar la figura de “patrón sustituto”. Esto puede verificarse en documentos, también clasificados por 12 años como reservados, por los que la propiedad, los activos, los bienes, etcétera, de LFC, fueron puestos a disposición de la CFE.

¿Por qué negarse a aceptar que la CFE opera ya como patrón sustituto? Ese reconocimiento abriría una vía de solución jurídica y laboral al conflicto con el SME.

La incapacidad del gobierno actual apunta exclusivamente a una salida represiva, violenta, que por supuesto no beneficia a México. ¿Imaginan ustedes la celebración del bicentenario con soluciones basadas en la sinrazón del uso de la fuerza pública, la represión y la violencia?

Todas estas cuestiones deben tener respuesta oficial, respuesta oportuna y verdadera. Se trata de un servicio público básico para la población. Se trata de un área estratégica de la economía. No corresponde al Poder Legislativo dejar al garete esta problemática; es necesario que nos respondan.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se requiere a los secretarios de Gobernación, Fernando Francisco Gómez Mont Urueta; de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Javier Cordero Arroyo; de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada; de Energía, Georgina Yamilet Kessel Martínez; de Economía, Gerardo Ruiz Mateos; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Francisco Javier Mayorga Castañeda; de Comunicaciones y Transportes, Juan Francisco Molinar Horcasitas; de la Función Pública, Salvador Vega Casillas; y del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, así como a los directores generales de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub; y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Luis Miguel Álvarez, todos del actual régimen, para que comparezcan ante esta soberanía a fin de que expongan un informe documentado, completo y detallado del estado en que se encuentra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, la situación que guarda el proceso de desincorporación de Luz y Fuerza del Centro y el estado en que se encuentra la prestación del servicio público de energía eléctrica en la región atendida por Luz y Fuerza del Centro.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2010.— Diputada Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tenemos la visita de los alumnos de la maestría en administración pública de la Universidad Anáhuac. Sean todas y todos ustedes bienvenidos.

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Sergio Mancilla Zayas, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general de la Comisión Federal de Electricidad a que disponga la reubicación de la planta generadora de energía dentro de la misma subestación Los Remedios.

El diputado Sergio Mancilla Zayas: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, es evidente que nuestra tarea sustantiva es la de hacer valer los intereses de nuestros representados, siempre y cuando este interés sea justo, legal y de interés colectivo.

Es por ello que acudo una vez más a esta soberanía, con el objetivo de argumentar y sostener ante todos ustedes, el impulsar este punto de acuerdo.

Me refiero a la planta generadora de energía que en el 2006, la entonces Compañía de Luz y Fuerza del Centro ubicó dentro de la subestación eléctrica denominada Los Remedios, en el municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México.

Resulta que la planta ha causado daño directo a las comunidades que se encuentran cercanas a la subestación, específicamente en las colonias Jardines de San Mateo y Alcanfores, fundamentalmente generando contaminación auditiva, en razón de que produce más decibeles de los establecidos en la norma correspondiente, llegando a superar los 120. Asimismo ha provocado daños estructurales en las casas habitación cercanas a esa subestación.

He de señalar que la ubicación donde fue colocada la planta generadora de energía se encuentra apenas a una distancia de 50 metros de las casas mencionadas, pese a que el predio en mención tiene una dimensión de 7 hectáreas.

Si bien es cierto que la Comisión Federal de Electricidad tiene una responsabilidad en el marco de sus funciones como empresa paraestatal al suministrar energía a la sociedad mexicana, en general, también es cierto que este ente tiene que observar que sus acciones generen el menor impacto al medio ambiente y, por supuesto, a las localidades que se encuentran con vecindad en sus plantas.

Compañeros diputados, pese a que los vecinos de estas colonias han realizado una serie de gestiones solicitando que la planta generadora sea reubicada al interior del mismo predio de la subestación, donde no afecten, hasta el momento no han recibido ninguna respuesta de las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad y, en ese entonces, tampoco de Luz y Fuerza.

Lo que estamos pidiendo en respeto a quienes habitan la zona, es que sin ningún inconveniente operativo para la Comisión Federal de Electricidad pueda disponer ésta de las adecuaciones necesarias para que no afecte a las colonias cercanas a las multicitada subestación.

Por lo expuesto, solicito a esta soberanía que tenga a bien exhortar a la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad, con objeto de que disponga la reubicación de la planta generadora de energía dentro de las misma subestación de Los Remedios en la zona más alejada respecto de los fraccionamientos referidos del municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México, a efecto de evitar daños en la salud, integridad corporal y vida, así como daños en las construcciones por el potencial peligro que representa la contaminación ambiental o por ruido, de las emisiones de óxido de nitrógeno y las vibraciones permanentes.

Por su atención, muchas gracias. Solicitaría al presidente que pueda inscribir este texto en el Diario de los Debates y la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de la CFE a disponer la reubicación de la planta generadora de energía en la subestación Los Remedios porque genera contaminación ambiental acústica y daños a las construcciones en los fraccionamientos Jardines de San Mateo y Alcanfores, en Naucalpan de Juárez, México, a cargo del diputado Sergio Mancilla Zayas, del Grupo Parlamentario del PRI

Sergio Mancilla Zayas, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante esta honorable asamblea las consideraciones y la proposición con punto de acuerdo, siguientes

Consideraciones

Los fraccionamientos de Jardines de San Mateo y Alcanfores, ubicados en el municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México, existen desde hace más de cuarenta años, con un carácter eminentemente habitacional.

La hoy extinta, Luz y Fuerza del Centro estableció una subestación eléctrica denominada “Los Remedios” dentro de un predio de aproximadamente 15 hectáreas, el cual colinda con los fraccionamientos Jardines de San Mateo y Alcanfores.

Cabe señalar que en marzo de 2006, se construyó dentro del predio de la subestación mencionada, una planta generadora de energía de 32 megawats, a escasos cincuenta metros de la zona habitacional, a pesar de que por la vasta extensión del predio se pudo haber colocado en la zona más alejada respecto de los fraccionamientos.

Con motivo de la mencionada instalación de la planta generadora de energía, se ha dado una innegable contaminación ambiental por el ruido que produce (niveles superiores a lo autorizado en la norma oficial mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, superando los 120 decibeles), y por las altas emisiones de óxidos de nitrógeno derivados de la combustión de gas natural que utiliza para su operación, sin pasar por alto los daños que se han presentado en diversas edificaciones de ambos fraccionamientos, como consecuencia de la vibración que provoca el funcionamiento de la plata.

En razón de ello, los habitantes de los fraccionamientos precisados realizaron diversas gestiones ante la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, así como ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), delegación Valle de México, a efecto de que se revisara si dicha planta cumple con los requisitos de impacto ambiental, estudios de riesgo y programas de prevención de accidentes, así como la reubicación suspensión, revocación o cancelación de la autorización otorgada para la construcción de la planta generadora de electricidad, entre otras cosas.

Es de señalar que a la fecha persisten los problemas enunciados, que originan potencialmente tres riesgos inminentes: El primero que ocurra una explosión derivada del gas natural que diariamente se concentra en las viviendas cercanas a la planta generadora de electricidad; el segundo, el deterioro y daño de las edificaciones por la vibración constante derivada de los trabajos de la planta generadora de electricidad; y el tercero, como consecuencia de los dos anteriores, el daño a la salud, a la integridad corporal y a la vida de los habitantes de los fraccionamientos Jardines de San Mateo y Alcanfores.

Por lo expuesto, someto a consideración de ésta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Para exhortar al director general de la Comisión Federal de Electricidad, con objeto de que disponga la reubicación de la planta generadora de energía, dentro de la subestación “Los Remedios”, en la zona más alejada respecto de los fraccionamientos Jardines de San Mateo y Alcanfores, del municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México, a efecto de evitar daños en la salud, integridad corporal y vida, así como daños en las construcciones, por el potencial peligro que representa la contaminación ambiental por ruido, emisión de óxidos de nitrógeno y vibraciones permanentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2010.— Diputados: Sergio Mancilla Zayas, Ma.Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Túrnese a la Comisión de Energía.

CAMARA DE DIPUTADOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el señor diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que otorgue seguridad social a todas las personas que prestan sus servicios en esta soberanía.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Gracias, presidente. Hace unos momentos hablaba de la justicia social. Lo digo y lo recuerdo porque parece mentira que en esta Cámara de Diputados las personas que trabajan en los grupos parlamentarios o que trabajan bajo el régimen de honorarios no tengan prestaciones de seguridad social. Y además, que uno de los argumentos sea el hecho de que la Cámara diga que no tiene dinero para pagar esta seguridad social, cuando en la legislatura anterior, el año pasado se subejercieron casi 128 millones de pesos.

Estas son las cosas que no deben suceder. El buen juez por su casa empieza. Y lo digo, y vuelvo a citar el ejemplo anterior, porque México es un país inédito. Resulta que este señor, Carlos Slim, incrementa su fortuna en 18 mil millones de dólares en solo un año, es decir, 234 mil millones de pesos, de los cuales a lo mejor debió haber pagado al menos el 30 por ciento de impuestos.

Pero no, resulta que ese señor reporta más de 35 mil millones de pesos en impuestos diferidos de sus empresas. Ustedes creen que un mexicano común y corriente ante esto puede permanecer sentado o tranquilo.

De qué sirve que aquí en la Cámara muchas veces se critique el famoso outsourcing, cuando nosotros no le damos el trato correspondiente a los trabajadores. Quienes, además, están con nosotros, que además nos apoyan todo el día, que apoyan todos los requerimientos y necesidades de los diputados. Desde un punto de acuerdo que suben a leer aquí, sin la menor idea del asunto, hasta hay muchos que los mandan por su ropa a la lavandería.

A mí me parece reprobable que esto siga dándose, y me parece muy reprobable que esta legislatura lo solape.

Yo creo que este punto de acuerdo debería ser analizado de obvia o urgente resolución, pero no se puede. Pero sí pido que se turne a la Junta de Coordinación Política para que se tomen medidas cuanto antes con respecto a este tema. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a otorgar cuanto antes seguridad social a todas las personas que prestan servicios en esta soberanía, ya sea a grupos parlamentarios o en el régimen de honorarios, a cargo del diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

En nuestro país, como en otras partes del mundo, la instauración del modelo neoliberal ha supuesto la flexibilización de una serie de políticas que en todos los casos van en detrimento de los trabajadores.

El mercado de trabajo se caracteriza por una serie de medidas que generan inseguridad y pérdida de derechos adquiridos que están consagrados en la Constitución.

El modelo de flexibilidad laboral inhibe por no decir que cancela la contratación colectiva, la creación de sindicatos, a excepción de los sindicatos blancos, promueve la subcontratación, la multiplicidad de funciones en un mismo puesto de trabajo, el pago por comisión sin un salario fijo o establecido en el contrato o acuerdo firmado entre el patrón y el trabajador.

Cifras oficiales señalan que en la economía mexicana hay 3.9 millones de personas que no perciben un salario por su trabajo, subsisten básicamente de aportaciones voluntarias o propinas, es el caso de franeleros, meseros, empacadores, valet parking, despachadores de gasolina, entre otros.

El propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía reconoce que hay 12.5 millones de mexicanos en la economía informal.

Este contexto dificulta sensiblemente la recuperación y el crecimiento económico del país.

Grandes empresas transaccionales y sus corporativos han encabezado este tipo de políticas desde haces más de 20 años, las cuales han ido poco a poco trasladándose a distintas dependencias de la administración pública federal y a los otros dos Poderes de la Unión, el Legislativo y el Judicial.

Es cada vez mayor el número de plazas del gobierno federal que se someten a la dinámica de contratación por honorarios y que no cuentan con las distintas prestaciones relativas a la seguridad social.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en la fracción XIV del artículo 123, Apartado B, relativo a los trabajadores de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal que “La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social”.

En consonancia, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria de dicho Apartado B) del artículo 123 constitucional dispone en su artículo 5, fracción tercera, numeral A, el catálogo de trabajadores de confianza que integran la plantilla laboral de la Cámara de Diputados.

Además, el artículo 10 de dicha ley de manera inequívoca prescribe: “Son irrenunciables los derechos que la presente ley otorga”.

A mayor abundamiento sobre el tema la ley citada en su artículo 43 fracción VII señala la obligación de los titulares de la relación laboral, en este caso concreto, la honorable Cámara de Diputados, a proporcionar a los trabajadores que no estén incorporados al régimen de la Ley del ISSSTE, las prestaciones sociales a que tengan derecho de acuerdo con la ley y reglamentos en vigor.

Dentro de esta Cámara hay un número significativo de trabajadores que no está recibiendo las prestaciones laborales que marca la ley.

Lo anterior es así porque se utiliza la figura de contratación por honorarios proveniente de la legislación civil, que señala que se establece una relación contractual no de naturaleza laboral sino de prestación de un servicio profesional.

La realidad es que en los hechos los trabajadores de confianza o por honorarios que laboran en la Cámara de Diputados mantienen una relación laboral con funciones específicas y subordinado a un jefe inmediato superior, todo ello disfrazado a través de la figura de prestación de servicios profesionales.

Compañeras diputadas y compañeros diputados: la situación  general que hemos descrito refleja la precariedad de las condiciones de trabajo en el que se desempeñan millones de mexicanos y en lo particular un importante número de trabajadores de la Cámara de Diputados, las cuales deben ser subsanadas, buscando en todo momento preservar los derechos de los trabajadores y abonar a su bienestar.

Creemos que es muy importante empezar por nuestra propia institución para dar un ejemplo de compromiso con los trabajadores que prestan sus servicios y apoyan a las tareas institucionales de esta Cámara y de los grupos parlamentarios.

Por lo expuesto, me permito someter a su consideración la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la honorable Cámara de Diputados a otorgar con la mayor brevedad seguridad social a todas las personas que prestan sus servicios en esta Cámara, sea a grupos parlamentarios o por el régimen de honorarios.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2010.— Diputado Mario di Costanzo Armenta (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Junta de Coordinación Políticala proposición que acaba de hacer el diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta.

PARTIDO ACCION NACIONAL - PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Diputado Guadalupe Robles Medina, dígame usted.

El diputado Guadalupe Eduardo Robles Medina (desde la curul): Diputado presidente, para solicitarle que se me permita pedir una disculpa al coordinador y a los integrantes de la bancada del Partido Verde, por las expresiones seguramente injustificadas de mi parte, realizadas el día de ayer y hechas al calor de un debate en el cual se manifestó una pasión que a veces desborda.

Apreciar también a mi coordinadora parlamentaria, la diputada Josefina Vázquez Mota, por la disculpa anticipada que en nombre del grupo y en el mío propio ha ofrecido desde el día de ayer a los compañeros diputados del Partido Verde.

Le pido entonces a los compañeros diputados me acepten esta disculpa que les hago esta mañana.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se le tienen hechas las manifestaciones, señor diputado Robles Medina. Sí, señor diputado.

El diputado Juan José Guerra Abud(desde la curul): Señor presidente, si me permite decirle al diputado Robles, que en nombre de la bancada aceptamos su disculpa.

También quiero agradecer la llamada que desde ayer, recién se dio el incidente, nos hizo la diputada Josefina Vázquez Mota y el diputado Gil, para comentarnos su pena por este incidente que, entiendo, se dio al calor de la discusión que estábamos llevando a cabo.

Varios diputados del PAN también hicieron el favor de acercarse y agradezco la gentileza de haberlo hecho.

Yo quiero, finalmente, presidente, si me lo permite, decirle aquí a todos los colegas que nosotros en la bancada Verde consideramos que ayer todos perdimos. Yo creo que perdimos los diputados, seguramente algunos partidos políticos perdieron también y seguramente, si seguimos igual, México va a perder. Yo creo que eso es inaceptable, no lo debemos permitir.

Nosotros, señor presidente, colegas diputadas y diputados, queremos invitar aquí a este Congreso para que podamos unir esfuerzos, que podamos mantener el diálogo y que podamos mantener una actitud de apoyo para que podamos superar los retos que enfrenta el país.

Yo creo que tenemos que dejar atrás el bache en el que lamentablemente nos hemos metido en las pasadas sesiones. El Partido Verde los invita a que así lo hagamos y esperemos que todos lo podamos atender.

Creo que hay muchas reformas, muchas prioridades que tiene el país, que es urgente que podamos inmediatamente atender.

También, finalmente, presidente, yo quiero decirle en nombre de la bancada que reconocemos el trabajo que la Mesa Directiva está haciendo, que usted encabeza, y que esperemos que sigan promoviendo un ambiente de cordialidad aquí en la Cámara de Diputados. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputado Juan Guerra Abud.

EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destine parte de los subejercicios a que se refiere el artículo 14 del Presupuesto de Egresos 2010, firmada por los diputados Gastélum Bajo y Manuel Guillermo Márquez Lizalde, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo:Con su permiso, señor presidente. Los diputados Diva Hadamira Gastélum Bajo, Manuel Guillermo Márquez y Samuel Herrera Chávez, del PRD, sometemos a consideración de este pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo:

El programa de apoyo a los ex braceros en sus dos etapas sólo ha incorporado y beneficiado aproximadamente a 170 mil personas, que significan un poco más del 5 por ciento del total de los connacionales que trabajaron en esos años en los Estados Unidos, por lo que su impacto ha sido muy reducido y limitado.

La presente Legislatura debe atender la problemática de este grupo. Tan solo en esta sesión cuatro compañeros han abordado el tema de ex braceros. Se debe recuperar el espíritu que contiene la ley vigente de beneficiar al mayor número de ex braceros, saldando la deuda histórica y la más antigua violación a los derechos humanos que ha existido en nuestro país.

Se requiere incrementar este año el patrimonio del fideicomiso por la insuficiencia de recursos aprobados en el Presupuesto de la federación, ya que es imperativo que en este ámbito legislativo logremos establecer consensos estratégicos entre el conjunto de las fuerzas políticas aquí representadas, con el propósito de construir propuestas de políticas públicas.

En el artículo 14 del Presupuesto de Egresos de la Federación se obliga por primera vez en la historia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que rinda un informe trimestral, a partir de este año, de los subejercicios detectados en las diferentes dependencias, ya que si no son subsanados en los plazos establecidos para su aplicación, se deberían reasignar a programas sociales, como es el caso de apoyo social a los trabajadores ex braceros.

Señoras diputadas y señores diputados, es de vital importancia atender esta situación y llegar a un punto final sobre este problema social.

Por lo antes expuesto y sin más por el momento, señor presidente, le solicitamos que el texto del punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se destine parte de los subejercicios a que se refiere el artículo 14 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 al Fideicomiso 2106, con el fin de incrementar el patrimonio del mismo y dar cauce al objeto de éste. Es todo, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP que destine parte de los subejercicios a que se refiere el artículo 14 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 al fideicomiso 2106 para incrementar su patrimonio y dar cauce al objeto por el que fue creado, suscrita por los diputados Diva Hadamira Gastélum Bajo y Manuel Guillermo Márquez Lizalde, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos diputados federales integrantes de la LXI Legislatura, diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo representante del estado de Sinaloa y el diputado Manuel Guillermo Márquez Lizalde representante del estado de Chihuahua ambos  integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de este honorable pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo por el cual se destine al Fideicomiso 2106, parte de los subejercicios a que se refiere el artículo 14 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, mismos que informará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a partir del mes de abril del presente año, de conformidad con este precepto, con el fin de incrementar el patrimonio del mismo, dar cauce al objeto con el que fue creado y poner punto final al más viejo asunto de violación de los Derechos Humanos.

En el año de 1942 procurando una fuente de trabajo para trabajadores agrícolas y obreros mexicanos, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, general Manuel Ávila Camacho, y el presidente de los Estados Unidos de América, Franklin Delano Roosevelt, ofreció un acuerdo binacional, en dónde se estableció la creación de más de  5 millones de contratos de trabajo, éstos se celebraron durante 1942-1964 de manera temporal en el siglo pasado. Con el objeto de que nuestros compatriotas  participaran en tiempos difíciles para nuestro vecino del norte.

Durante los primeros meses del programa, más de 4 mil trabajadores fueron admitidos en Estados Unidos de América, de conformidad con las condiciones de los contratos individuales de trabajo que suscribieron los braceros. Con lo que se genero al final del Programa Bracero un fondo de ahorro del 10 por ciento de los salarios que percibían los trabajadores en ese país, con lo cual se integró el Fondo de Ahorro Campesino. Mismos que fueron enviados por el Gobierno de los Estados Unidos de América a México  al entonces Banco  Nacional de Crédito Agrícola, que después se constituyó como  Banco Nacional de Crédito Rural, SNC, hoy Financiera Rural.

Estos recursos ahorrados no fueron regresados a los trabajadores migratorios tal y como el convenio establecía, quedando sin los recursos que con tanto esfuerzo ahorraron los trabajadores migratorios por años.

Este programa terminó en 1964 cuando los dos gobiernos decidieron concluirlo como respuesta a las críticas y a los informes de abusos a los derechos humanos que se cometían en contra de los trabajadores migratorios mexicanos.

Las demandas legales presentadas en San Francisco, California, a principios del 2000, resaltaron las pésimas condiciones y documentaron el destino final de las deducciones de estos fondos de ahorro, pero la demanda fue rechazada ya que el Banco de Crédito Rural, SNC, y el Banco del Ahorro Nacional nunca operaron en los Estados Unidos.

Después de una larga lucha los trabajadores braceros continúan exigiendo sus derechos, muchos de ellos ya fallecieron, pero quedan sus viudas e hijos, quienes por años han estado esperando a que se les pague el dinero que generaron mediante el fondo de ahorro.

Para atender la problemática de los braceros en el año 2005 se formó a instancias del Poder Legislativo federal y en coordinación con la Secretaría de Gobernación, el llamado “Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos”. La Secretaría de Gobernación fue la encargada de integrar un padrón de ex trabajadores braceros. La inclusión en esta lista quedó sujeta a la acreditación por parte de los trabajadores de haber laborado en los Estados Unidos de América durante los años de 1942 a 1964 en el Programa Bracero, o bien la relación familiar con legítimo derecho de recibir el dinero, en el caso del que el ex trabajador hubiese fallecido.

El 22 de noviembre de 2005, se creó la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el objeto de recibir un informe trimestral sobre el avance de la gestión que permita conocer la situación financiera y determinar en su caso, la cantidad a presupuestar para el siguiente ejercicio fiscal.

Han sido abiertas dos etapas para la recepción de documentos e inscripción de ex trabajadores migrantes, para quienes y de acuerdo con las reglas de operación del fideicomiso, se ha establecido un importe de pago por un monto de 38 mil pesos.

Conforme a cifras oficiales, durante la primera etapa del programa de recepción de documentos, han sido inscritos 42 mil 633 ex trabajadores migratorios y se benefició con el pago a un número de 40 mil 198. Una segunda etapa, que concluyó en enero del presente año, registró 172 mil 178 inscritos. De esta lista, han sido beneficiados 125 mil 506 ex trabajadores migratorios conforme al corte de 12 de enero de este año. Quedando pendientes de pago y revisión 46 mil 668 compañeros, acumulándose a este número alrededor de 170 mil personas que a través de sus organizaciones, demandan  una nueva apertura de ventanillas de registro, ya que existen ex braceros que, por diversas razones ajenas a su voluntad, no pudieron obtener su inscripción en las primeras dos etapas.

Incluso, y contraviniendo lo dispuesto en el numeral cinco de las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106, que establecen un pago por el orden de los 38 mil pesos, se cubrió un pago parcial por un monto de apenas 4 mil pesos para estos 125 mil 506 beneficiados.

Cabe destacar que la composición de esas listas ha sido motivo de innumerables discrepancias y conflictos, tal es el caso que aún faltan miles de braceros tanto en México como en Estados Unidos que aún no reciben su pago, ya sea por falta de presupuesto, por errores de captura, por no estar dentro del padrón de beneficiarios debido a la falta de documentos básicos que acrediten su derecho a recibir el dinero, o porque no pueden venir a México a realizar los trámites necesarios debido a que no son residentes legales en los Estados Unidos.

La Cámara de Diputados aprobó, como parte del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2010, la cantidad de 300 millones de pesos para el pago a ex braceros.

Con este dinero sólo se podrá pagar a 7 mil 800 personas de las 46 mil 200 que ya han acreditado su calidad de ex bracero para aparecer en las listas que ha ido formando la Secretaría de Gobernación, eso sin contar un bloque de 200 a 250 mil personas que reclaman su pago.

Consideraciones

El Presupuesto asignado para este año al “Fideicomiso 2106”, es de 300 millones de pesos, solamente se logra cubrir un porcentaje mínimo del total de ex braceros.

Por primera vez en la historia, se establece en el artículo 14 del decreto  del Presupuesto de Egresos de la Federación, una disposición con la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará trimestralmente a la Cámara de Diputados, a partir del 1o. de abril de 2010, sobre dichos subejercicios. Además de que esta misma disposición señala que los recursos correspondientes a los subejercicios que no sean subsanados en el plazo que establece el artículo 23, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, serán reasignados a los programas sociales y de inversión en infraestructura previstos en este decreto.

Con estos subejercicios y el Presupuesto de Egresos que se aprobará para el año 2011 se lograra finalizar el adeudo que se tiene con los trabajadores ex braceros de 1942-1964.

Con base en lo anterior, se expone a consideración la presente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero.  Se propone incluir como fuente de recursos extraordinarios, para el “Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos”, un porcentaje considerable de los subejercicios del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, que resulten de los informes realizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Segundo. Se hace un atenta solicitud a la Secretaría de Gobernación, para que sea emitida y publicada con prontitud la convocatoria y se apliquen los Fondos del Fideicomiso 2106 que le sean reasignados de los subejercicios  que se generen del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Tercero.Sé publique a la brevedad posible el acuerdo para los efectos constitucionales correspondientes  en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de febrero de 2010.— Diputados: Diva Hadamira Gastélum Bajo, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Samuel Herrera Chávez, David Hernández Vallín, Carlos Cruz Mendoza (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Nos visitan, compañeras diputadas y compañeros diputados, un grupo de alumnos y personal de la escuela urbana 126 Carmen Serdán, de Guadalajara, Jalisco, invitados por la diputada Clara Gómez Caro.

Asimismo, está con nosotros personal de Ecatepec, estado de México, invitados por el diputado Martín Vázquez Pérez.

De igual forma están acompañándonos hoy de la Universidad del Golfo de México, campus Córdova, invitados de la diputada Daniela Nadal Riquelme.

Sean todas y todos ustedes bienvenidos.

MEDICION DE POBREZA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el señor diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a Sedesol y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, proporcionen información concreta sobre la utilización de los datos de medición de la pobreza.

El diputado Samuel Herrera Chávez:Con su permiso, diputado presidente. Creo que el día de ayer tuvimos una gran discusión sobre el punto de debate. Yo me sumo al compañero diputado del Partido Verde. Ayer tuvimos una riqueza muy importante que los mexicanos nos dimos cuenta y creo que fortalece esta discusión.

También quiero aprovechar para sumarme al planteamiento de la compañera Diva, para que de los subejercicios de los recursos podamos tener una fuente para aumentar los recursos a los ex braceros.

En cuanto al planteamiento del punto, quiero dirigirme a esta soberanía. Compañeras diputadas y compañeros diputados, honorable asamblea, el suscrito diputado federal Samuel Herrera Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de esta LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete al pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que proporcionen información concreta sobre la utilización de los datos de medición de pobreza, las correcciones, modificaciones y/o supresiones de programas que han sido resultado de las aplicaciones de dichas evaluaciones, al tenor de las siguientes consideraciones.

Es competencia de la Secretaría de Desarrollo Social lograr en el país la superación de la pobreza con el propósito de alcanzar niveles suficientes de bienestar, mejorando las condiciones sociales, económicas y políticas en los espacios rurales y urbanos. Asimismo, está obligada a impulsar el federalismo y la coordinación entre los distintos órganos de gobierno.

Corresponde al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social emitir lineamientos y criterios de aplicación obligatorios para la definición, identificación y medición de la pobreza, revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.

La Ley General de Desarrollo Social dispone que los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para la definición, identificación y medición de la pobreza son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social.

A seis años de la entrada en vigor del decreto que da origen a la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social es necesario que se informe el grado de conciliación y avance, así como los resultados obtenidos a la fecha por el Coneval.

Es pertinente mencionar que previamente a la emisión de los indicadores de pobreza existe una revisión por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por la Cámara de Diputados, a través de la Auditoria Superior de la Federación, quienes en su caso emiten sus recomendaciones. Sin embargo, lo que debemos obtener como resultado final es que los datos o emisiones obtenidas contribuyan al mejoramiento de cada programa social.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Primero. Se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que proporcionen información concreta sobre la utilización de los datos de medición de la pobreza, las correcciones, modificaciones y/o supresiones de programas que han sido resultado de las aplicaciones de dichas evaluaciones.

Segundo. Se cita a los funcionarios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para que comparezcan en reunión de trabajo ante la Comisión de Desarrollo Social de esta honorable Cámara de Diputados, para que ofrezcan información pormenorizada relativa a los resultados obtenidos, producto de la evaluación y medición de la pobreza en nuestro país.

Por lo que solicito, ciudadano presidente, que el documento se pueda insertar en el Diario de los Debates en forma íntegra. Sería cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sedesol y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que proporcionen información concreta sobre el empleo de los datos de medición de pobreza, las correcciones, modificaciones o supresiones de programas que hayan resultado de la aplicación de dichas valoraciones, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Samuel Herrera Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete al pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Es competencia de la Secretaría de Desarrollo Social lograr en el país la superación de la pobreza, con el propósito de alcanzar niveles suficientes de bienestar, mejorando las condiciones sociales, económicas y políticas en los espacios rurales y urbanos. Asimismo esta obligada a impulsar el federalismo y la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno.

Corresponde al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, emitir lineamientos y criterios de aplicación obligatoria para la definición, identificación y medición de la pobreza. Revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.

La Ley General de Desarrollo Social dispone que los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, para la definición, identificación y medición de la pobreza son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social.

A seis años de la entrada en vigor del decreto que le da origen a la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, cuya conformación es sin duda un comienzo alentador para tener mayor transparencia en la utilización de recursos públicos, resulta urgente conocer el grado de consolidación y avance hacia los resultados que se han obtenido a la fecha.

La información que se tiene sobre los índices de pobreza y la aplicación correcta de dicha información, es parcial, de tal manera que es necesario exigir la actualización y conocer el rumbo que se ha tomado en el mejoramiento de cada programa social.

Se requiere evitar la discrecionalidad, ya que lo único que permite es el manejo a conveniencia de la información, por lo tanto se debe obligar a la secretaría y al consejo, establezcan con claridad la periodicidad con la que se evalúa el cumplimiento de objetivos sociales de los programas, metas y acciones de la política de desarrollo social.

Es pertinente mencionar que si bien es cierto, antes de la emisión de los indicadores de pobreza en el país por parte del consejo, estos son sujetos de revisión por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la Cámara de Diputados a través de la Auditoria Superior de la Federación, quienes en su caso emiten sus recomendaciones; lo que debemos obtener como resultado final es que sirvan los datos obtenidos para que la secretaría identifique y contribuya en el mejoramiento de cada programa social y es por esta razón que se solicita conocer cualitativa y cuantitativamente dichos resultados.

La asistencia técnica brindada a programas para mejorar sus matrices de indicadores, las recomendaciones para programas federales y las evaluaciones de consistencia, por supuesto que deben tener un impacto, pero dicho impacto debe darse a conocer y ejemplificarlo de forma concreta para tener certidumbre sobre los avances que se obtienen con la conformación del consejo, ya que la experiencia internacional en países como son Chile y Colombia, refleja que el resultado es un proceso gradual que lleva cierto tiempo, pero después de los años que han trascurrido, es momento de pensar en la obtención de logros tangibles.

Además de lo señalado, en las consideraciones anteriores es importante conocer puntualmente cuales son las dependencias que han sido objeto de evaluación de consistencia y resultados, cual es el porcentaje de avance en el cumplimiento a las recomendaciones que ha realizado el Banco Mundial al consejo y que se remita a la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Desarrollo Social un padrón de beneficiarios de los programas sociales que existen en el país.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social proporcionen información concreta sobre la utilización de los datos de medición de pobreza, las correcciones, modificaciones y supresiones o ambas, de programas que hayan sido resultado de la aplicación de dichas evaluaciones.

Segundo. Se cite a los funcionarios del  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social comparezcan en reunión de trabajo ante la Comisión de Desarrollo Social de esta honorable Cámara de Diputados para que ofrezcan información pormenorizada relativa a los resultados obtenidos como producto de la evaluación y medición de pobreza en nuestro país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2010.— Diputado Samuel Herrera Chávez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.

SISTEMA DE ALERTA SISMICA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, a informar con qué tecnología cuenta para la prevención de sismos.

El diputado Nazario Norberto Sánchez:Con su permiso, diputado presidente. Hoy día resulta necesario contar con un sistema de alertamiento temprano que detecte los arribos de sismos provenientes de cualquier parte del país. Y es que actualmente la Ciudad de México cuenta con el Sistema de Alerta Sísmica que opera desde agosto de 1991 para emitir avisos anticipados al Distrito Federal, pero únicamente puede detectar los sismos que provengan de las costas de Guerrero, porque ahí se encuentran las estaciones sensoras. Es decir, no existe otro procedimiento que lo complemente para descubrir un temblor cuyo origen sea cualquier otra parte del país.

La República Mexicana se caracteriza geológicamente por su gran actividad sísmica y volcánica. En el contexto de la tectónica de placas, México está ubicado en el llamado Cinturón de Fuego, donde se registra gran parte de los movimientos sísmicos a nivel mundial.

Nuestro país es uno de los que tienen mayor actividad telúrica, ya que según estadísticas se registran más de 90 sismos al año con magnitud superior a los 4 grados Richter, lo que equivale a un 60 por ciento de todos los movimientos telúricos que se registran en el mundo.

Con base en datos estadísticos, los estados donde ocurren sismos que pueden afectar al Distrito Federal son: Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Puebla, estado de México, Veracruz y Guerrero; éste último con la llamada Brecha de Guerrero donde sucedieron cuatro temblores de 7.5 y 7.8 grados Richter en los años 1899 y 1911. Por el tiempo transcurrido de 99 años, se considera que es un sitio de preparación para un futuro terremoto cuya magnitud puede ser entre 7.5 y 8.1 grados Richter.

De acuerdo con los estudios del Instituto de Geofísica de la UNAM, la actividad e intensidad sísmica se ha elevado en recurrencia y potencia. Del año 2006 a febrero 2010 el Servicio Sismológico Nacional registró un total de 6 mil 548 sismos, al tiempo que la Asociación Mexicana de Ciencias no descarta que vuelva a suceder un evento telúrico similar al de 1985.

En este escenario se ha pronosticado que se registrarán graves daños en todo el Distrito Federal, especialmente en la zona centro y oriente de la Ciudad de México, debido a que las edificaciones están asentadas en un suelo pantanoso y arcilloso, muy susceptible a las ondas sísmicas de origen costero.

Señores legisladores, la prevención es el medio más eficaz para alcanzar los objetivos de protección civil que son salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su entorno. Por todo ello se somete a la consideración de esta soberanía:

Primero. Exhortar a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal para que informe con qué tecnología cuenta y dé a conocer cómo opera el sistema de alertamiento temprano para prevenir sismos, con objeto de que en coordinación con la Secretaría de Gobernación, específicamente con el Sistema Nacional de Protección Civil, se logre que todos los estados integrantes de la federación cuenten con dicha tecnología, para estar preparados para un evento sísmico en cualquier parte del país, en inmuebles cuya falla estructural o colapso represente un número elevado de pérdidas humanas o económicas, así como edificaciones que sean vitales, para responder adecuadamente en caso de emergencia.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a que informen a esta Cámara Baja si fue instalado el sistema de alertamiento temprano en las principales capitales de cada entidad, en qué inmuebles y si opera de manera adecuada, con la finalidad de corregir inmediatamente las probables deficiencias.

Diputado presidente, solicito se inserte íntegro el texto del presente punto de acuerdo en el diario de los debates. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal a informar con qué tecnología cuenta para la prevención de sismos, en complemento del sistema de alerta sísmica del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, a fin de reducir la vulnerabilidad de la población de la Ciudad de México; y a coordinarse con la Segob a efecto de hacerlo extensivo a las entidades federativas con riesgo sísmico, a cargo del diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD

Nazario Norberto Sánchez, en nombre propio, como integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, y de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática que suscriben el presente documento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo, con el carácter de urgente u obvia resolución, a fin de exhortar a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal a dar a conocer el sistema de alertamiento temprano para prevenir sismos, con objeto de que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, se logre que todos los estados integrantes de la federación cuenten con esta tecnología, de conformidad con lo establecido en las normas oficiales mexicanas o en las normas técnicas complementarias, para reducir la vulnerabilidad y mejorar la capacidad de respuesta de la población y del gobierno en caso de sismo, a raíz de las características orográficas del territorio y lo ocurrido recientemente en los pueblos hermanos de Haití y Chile, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. La República Mexicana se caracteriza geológicamente por su gran actividad sísmica y volcánica. En el contexto de la tectónica de placas, México está en el llamado “Cinturón de Fuego”, donde se registra gran parte de los movimientos telúricos a escala mundial. El país se halla en la placa norteamericana; limita en las porciones sur y oeste con las placas Cocos, de Rivera y del Pacífico.

2. La región de Mesoamérica, que abarca México y Centroamérica, se caracteriza por su gran actividad tectónica, resultado de la subducción de la placa de Cocos a lo largo de la trinchera mesoamericana. En el sureste de México, la tectónica es más compleja debido a que es controlada por la subducción de la placa de Cocos bajo las placas de Norteamérica y del Caribe. A su vez, las placas Norteamérica y Caribe tienen un límite transcurrente lateral izquierdo a lo largo de la fosa del Caimán y del sistema de fallas Motagua-Polochic. Otro rasgo no menos importante es el arco volcánico centroamericano, el cual resulta de la subducción de la placa de Cocos debajo de la placa Caribe y que corre a lo largo de mil 500 kilómetros, desde Guatemala hasta la frontera de Costa Rica-Panamá.

3. México es uno de los países con mayor actividad telúrica: según estadísticas, se registran más de 90 sismos por año con magnitud superior a 4 grados en la escala de Richter, lo que equivale a 60 por ciento de los movimientos telúricos que ocurren en el mundo.

4. Con base en datos estadísticos, los estados con mayor riesgo y donde ocurren sismos de gran magnitud que pueden afectar a la Ciudad de México son Jalisco, Colima, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, México y Veracruz.

5. En la brecha de Guerrero, entre 1899 y 1911 ocurrieron 4 sismos cuyas magnitudes oscilaron entre 7.5 y 7.8° R. Han pasado 91 años desde el último sismo en ese lugar, por lo que se considera un sitio de preparación para un futuro movimiento, cuya magnitud puede estar entre 7.5 y 8.1° R.

6. La recurrencia de la actividad y la intensidad sísmica se han elevado, de acuerdo con estudios del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. De 2006 a febrero de 2010, el Servicio Sismológico Nacional registró 6 mil 548 sismos. Las estadísticas muestran que los movimientos telúricos en el país se han incrementado:

Año                   Cantidad de sismos            Porcentaje respecto de los                                                                               sismos en el mundo

2006                        971                                  14.83

2007                       1 234                                                18.85

2008                       1 772                                                27.06

2009                       2 184                                                33.35

2010                          387                                                5.91

7. En este año se han presentado en el continente dos terremotos con altos costos en vidas humanas y en daños materiales. El 12 de enero, en Puerto Príncipe, Haití, de 7° R; se estiman 250 mil muertos y desaparecidos, el estimado central es una pérdida de 8 mil 100 millones de dólares. El 27 de febrero, en Cuaranipe, Chile, un sismo de 8.8° R y otro el 3 de marzo de 6.3° R, con más de 790 muertes, cerca de 500 mil viviendas están con daño severo y se estiman 2 millones de damnificados. El estimado central es una pérdida de 30 mil millones de dólares.

Considerando

I. Que toda persona tiene derecho a la salvaguarda y protección de vida, bienes y entorno como garantía individual consagrada en la Carta Magna.

II. Que México es uno de los países con mayor actividad telúrica ya que, según estadísticas, se registran más de 90 sismos por año con magnitud superior a 4 grados en la escala de Richter, lo que equivale a 60 por ciento de los movimientos telúricos que ocurren en el mundo.

III. Un sismo importante se registró el 19 de septiembre de 1985, con una magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter, con epicentro en el océano Pacífico, frente a la desembocadura del río Balsas, entre los límites Michoacán y Guerrero, el cual según cifras oficiales ocasionó 6 mil muertos en el país.

IV. Que lo que pasó en 1985 puede volver a suceder, como advierte la Asociación Mexicana de Ciencias, ya que en caso de un evento sísmico similar se registrarán graves daños en las zonas centro y oriente de la Ciudad de México, debido a que las edificaciones están asentadas en un suelo pantanoso y arcilloso muy susceptible a las ondas sísmicas de origen costero.

V. Que actualmente la Ciudad de México cuenta con el sistema de alerta sísmica (SAS), el cual opera desde agosto de 1991 y tiene como objetivo es emitir avisos anticipados de alerta sísmica a la Ciudad de México. Únicamente puede detectar sismos provenientes de las costas de Guerrero, en virtud de que es el sitio donde se encuentran las estaciones sensoras.

VI. Que el SAS no cuenta con otro sistema que lo complemente para detectar los sismos provenientes de cualquier parte del país.

VII. Que pese al desarrollo científico y tecnológico, en la Ciudad de México prevalece gran vulnerabilidad urbana y social ante los sismos, por lo que resulta necesario contar con un sistema de alertamiento temprano que detecte el arribo de sismos provenientes de cualquier parte del país.

VIII. Que resulta necesario que el sistema de alertamiento anticipado se instale en todos los inmuebles cuya falla estructural o colapso represente riesgo de un número elevado de pérdidas humanas y económicas, o que representen un riesgo probable por contener sustancias tóxicas o explosivas, así como en edificaciones vitales para responder adecuadamente en caso de urgencia.

IX. Que un instrumento de alertamiento temprano anticipado ayudaría a reducir la vulnerabilidad y mejoraría la capacidad de respuesta de la población y del gobierno en caso de sismo.

X. Que dicho sistema se elabore considerando los más altos criterios técnicos y de ingeniería desarrollados en la actualidad, con la supervisión y asesoría de investigadores destacados en materia de ingeniería sísmica y sismología, a fin de tener seguridad de que no presente fallas y cumpla el cometido fundamental de emitir una alerta anticipada del arribo de las ondas destructivas asociadas a un sismo.

XI. Que la prevención es el medio más eficaz para alcanzar los objetivos de la protección civil: salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y el entorno.

Por las consideraciones expuestas, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, 56, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito que se someta a consideración de esta soberanía, como de urgente y obvia resolución, la siguiente propuesta con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se apruebe por el pleno de la Cámara de Diputados exhortar a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal a dar a conocer el sistema de alertamiento temprano para prevenir sismos, con objeto de que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, se logre que todos los estados integrantes de la federación cuenten con esta tecnología, que deberá cumplir las especificaciones que determinen las autoridades en protección civil, de las normas oficiales mexicanas o de las normas técnicas complementarias en inmuebles cuya falla estructural o colapso represente un número elevado de pérdidas humanas y económicas, o que representen un riesgo probable por contener sustancias tóxicas o explosivas, así como en edificaciones vitales para responder adecuadamente en caso de urgencia.

Segundo.Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a informar a la Cámara, específicamente a la Comisión Especial de protección civil, en qué inmuebles de cada entidad fue instalado el sistema de alertamiento temprano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2010.— Diputado Nazario Norberto Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Como lo solicita insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión del Distrito Federal.

Se pospone la participación de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez del Grupo Parlamentario del PAN.

Tiene la palabra la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta... No se encuentra en el pleno, pasa al final de la lista.

SUBROGACION DE GUARDERIAS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Agustín Guerrero Castillo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal en relación con el manejo de las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El diputado Agustín Guerrero Castillo:Con su permiso, diputado presidente. El presente punto de acuerdo con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta este punto de acuerdo bajo las siguientes consideraciones:

El día 1 de marzo la Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer su informe preliminar, cuyas conclusiones han venido a remover la indignación y el dolor del pueblo de México por la muerte de 49 niñas y niños como producto del incendio de la Guardería ABC, el 5 de junio del año pasado, mismo que también provocó lesiones a más de 70 infantes.

Este informe sobre todo ha fortalecido la exigencia de justicia, firme y expedita, en contra de los probables responsables, entre los que, de acuerdo al informe de la Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia, se anota al ex director general del IMSS y actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas. Igualmente se menciona con presunta responsabilidad al ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours y al ex presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou.

No se puede ni debe permitir que el desempeño de un cargo, por alto que éste sea o haya sido, sirva de escudo para la impunidad. Al contrario, los funcionarios están más obligados en actuar en apego a derecho, y de no ser así, se les deba aplicar la ley sin complicidades o fueros reprobables.

Ha quedado claro que la agresión a la vida y salud de estos menores tuvo como causa directa el desorden generalizado, la falta de control que existía en el otorgamiento de estos contratos de subrogación y en su operación. Por lo que los menores de la Guardería ABC literalmente fueron abandonados a su suerte por los funcionarios que tenían la responsabilidad de velar por su integridad, pero cuyo único propósito fue extender un lucrativo negocio para sus parientes y conocidos, viendo a los menores como meros objetos propicios para su enriquecimiento.

Esta comisión especial da otras cifras aterradoras: 49 por ciento de las guarderías subrogadas carecen de constancias de protección civil vigente y sólo 409 de las 1 mil 480 en operación, tienen el visto bueno del cuerpo de bomberos. Esto se opone a todo el marco jurídico aplicable y a los principios más elementales señalados por el sentido común para la protección de los menores. Por lo que perdura un altísimo riesgo de que se repitan situaciones como lo que aconteció en la Guardería ABC.

Llama también la atención que de todas las comisiones especiales aprobadas por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados sólo no se haya puesto en operación la que investigaría precisamente el incendio de la Guardería ABC.

Por todo lo anterior, se presenta a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a remover de inmediato al ex director general del Instituto Mexicano del Seguro Social y actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, para que enfrente, sin el escudo de su cargo, la presunta responsabilidad que se le atribuye en el informe preliminar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Segundo. Se exhorta al director general del IMSS para que de inmediato este instituto proceda a manejar de forma directa las guarderías indebidamente subrogadas por este instituto a particulares.

Tercero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría de Justicia del estado de Sonora y demás autoridades locales involucradas, a fin de que den celeridad a las denuncias presentadas para alcanzar una justicia expedita y apegada a derecho.

Cuarto. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a fin de que este punto de acuerdo se pueda dirigir a la comisión especial que revisará, estudiará, el expediente de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora. Muchas gracias, compañeras y compañeros.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a remover del encargo al titular de la SCT; y al director general del IMSS, a cesar la subrogación de guarderías y manejarlas directamente, con arreglo a derecho, para prestar un servicio de calidad y que vele por la seguridad de los hijos de los afiliados, a cargo del diputado Agustín Guerrero Castillo, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Agustín Guerrero Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

Ayer primero de marzo la Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer su informe preliminar y, cuyas conclusiones han venido a remover la indignación y el dolor del pueblo de México por la muerte de 49 niñas y niños como producto del incendio en la guardería ABC del 5 de junio del año 2009, mismo que también provocó lesiones a más de 70 infantes. Este informe sobre todo ha fortalecido la exigencia de justicia firme y expedita en contra de los probables responsables, entre los que se anota al ex director general del IMSS y actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; igualmente se mencionan con presunta responsabilidad  al ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, y al ex presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou. No se puede ni debe permitir que el desempeño de un cargo, por alto que éste sea o haya sido, sirva de escudo para la impunidad, al contrario, los funcionarios están más obligados en actuar en apego a derecho, y de no ser así, se les debe aplicar la ley sin complicidades o fueros reprobables.

Ha quedado claro que la agresión a la vida y salud de estos menores, tuvo como causa directa el desorden generalizado, la falta de control que existía en el otorgamiento de estos contratos de subrogación y en su operación, por lo que los menores de la guardería ABC, literalmente fueron abandonados a su suerte por los funcionarios que tenían la responsabilidad  de velar por su integridad, pero cuyo único propósito fue extender un lucrativo negocio para sus parientes y conocidos, viendo a los menores como meros objetos propicios para su enriquecimiento.

Esto cobra mayor gravedad cuando la Corte ha confirmado lo que el PRD siempre señaló y fundamentó debidamente, que la Ley del Seguro Social no autoriza la celebración de estos contratos de subrogación. Es decir, que para el otorgamiento de estos contratos los funcionarios involucrados actuaron “por la libre”, incumpliendo el principio rector del desempeño de las autoridades: “la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le autoriza”.

Esta comisión especial da otras cifras aterradoras: 49% de las guarderías subrogadas carecen de constancias de protección civil vigente y sólo 409 de las 1480 en operación tienen el visto bueno del Cuerpo de Bomberos. Esto se opone a todo el marco jurídico aplicable, a los principios más elementales señalados por el sentido común para la protección de los menores. Por lo que perdura un altísimo riesgo de que se repitan crímenes como el sucedido en la guardería ABC.

Llama también la atención que de todas las comisiones especiales aprobadas por la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, sólo no se haya puesto en operación la que investigaría precisamente el incendio en la guardería ABC. ¿Qué intereses se trata de proteger?

Con base en todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta alTitular del Ejecutivo federal a remover de inmediato al ex director general del IMSS y actual Secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, para que enfrente sin el escudo de su cargo, la presunta responsabilidad que se le atribuye en el informe preliminar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la muerte de 49 niñas y niños y las lesiones de más de 70 infantes, como producto del incendio evitable en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, el pasado 5 de junio de 2009.

Segundo.Se exhorta al director general del IMSS para que de inmediato este instituto proceda a manejar de forma directa las guarderías indebidamente subrogadas por este Instituto a particulares, al no estar autorizada tal subrogación en la Ley del Seguro Social, lo que permitirá un servicio de calidad y con las medidas necesarias de seguridad a favor de todos los hijos e hijas de los asegurados, pero sobre todo el respeto a nuestro estado de derecho.

Tercero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría de Justicia del Estado de Sonora y demás autoridades locales involucradas, den celeridad a las denuncias presentadas, presenten para alcanzar una justicia expedita y apegada a derecho.

Cuarto. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados a que de inmediato constituya la comisión especial, previamente ya autorizada, para investigar el incendio en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora; coadyuvando en la esfera de su competencial esclarecimiento de estos hechos y  deslinde de responsabilidades.

Palacio de San Lázaro, a 11 de marzo de 2010— Diputado Agustín Guerrero Castillo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado. Túrnese...

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Dígame, diputado.

El diputado Emilio Serrano Jiménez:Presidente, si es tan amable, solicito el turno a la Comisión Especial de análisis del esquema de tercerización de los servicios del estado, si es tan amable, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Lo vamos a turnar a la Junta de Coordinación Política y la Junta de Coordinación Política hará la referencia correspondiente. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE VERACRUZ

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades municipales de Veracruz y a las de Semarnat y Conagua, a no autorizar los proyectos en el humedal de Tembladeras, en dicha entidad.

El diputado Julio Saldaña Morán: Con su venia, diputado presidente. La calidad de la democracia implica transparencia y rendición de cuentas y esto se traduce en la obligación que tienen los que ejercen el poder público de responsabilizarse de su labor, de someterse a evaluaciones de su desempeño y de dar a conocer los resultados de esa evaluación a la comunidad.

Por lo mismo, como legisladores de la República tenemos la obligación de exigir a las autoridades municipales de todos los órdenes de gobierno su irrestricta sujeción a esta demanda.

En este sentido los ciudadanos veracruzanos y defensores del medio ambiente consideramos como prioridad conservar la naturaleza y cuidar las fuentes del vital líquido, el agua, indispensable para la vida humana y en general para todas las actividades económicas.

A los veracruzanos les interesa y preocupa el estado que guardan las autorizaciones otorgadas por el cabildo del municipio de Veracruz por el cambio de uso de suelo en la zona conocida como Tembladeras, contemplada dentro del Programa estratégico de gran visión del sur-poniente de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Esta medida contraviene lo establecido en la actualización del Programa de ordenamiento urbano de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín-Alvarado, que considera este lugar uso de suelo para área de amortiguamiento y de reserva aeroportuaria identificada como zona sujeta a inundaciones.

El cambio de uso de suelo está en contra del Programa parcial de desarrollo urbano de la reserva territorial de la zona conurbada de Veracruz, y a causa del huracán Stan se considera zona de riesgo, y que por ningún motivo se permita construir en esta zona de humedales, que favorece la mitigación e inundaciones ya que se encuentran dos vasos reguladores con una extensión de 692 hectáreas.

Diversas opiniones técnicas de diferentes áreas de gobierno en el 2008 emitieron y mencionaron con diversos argumentos que el proyecto no era factible en la zona de las Tembladeras.

Los nuevos paradigmas en las políticas ambientales reconocen la participación de comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil y propietarios privados en la conservación de la biodiversidad y el manejo efectivo de las áreas protegidas.

A contra corriente, tenemos en Veracruz autoridades estatales y municipales que promueven un cacicazgo feudalista que enarbola la balcanización y el desprecio al medio ambiente, impidiendo cualquier mecanismo de participación ciudadana y ocultando la información relacionada con los cambios de uso de suelo y el llamado Programa de gran visión.

Se propone en el Programa Especial del Cambio Climático (PECC), que muestra el interés de México para contribuir a la solución del programa del cambio climático, una de las mayores amenazas para el proceso de desarrollo, el bienestar humano y la integridad del capital natural. Pero las autoridades municipales y estatales no entienden el reto que se tiene que enfrentar por los efectos del cambio climático.

Por lo anterior y en atención al interés de diversas organizaciones ambientalistas y organizaciones ciudadanas por contribuir a la solución del problema de cambio climático, sometemos a la consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta al ayuntamiento de Veracruz a cancelar el cambio de uso de suelo aprobado en sesión de cabildo ordinaria y que decrete los humedales de Tembladeras como zona restrictiva. Y poner a consulta ciudadana el Programa estratégico de gran visión del sur-poniente de la zona conurbada de Veracruz.

Segundo. Se exhorta a la Semarnat y la Conagua a no autorizar los proyectos contemplados en el humedal de Tembladeras, Veracruz, contemplado en humedales inscritos en la Convención de Ramsar en el 2005, como el Sistema de Lagunas Interdunarias de la ciudad de Veracruz. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades municipales de Veracruz, a la Semarnat y a la Conagua a no autorizar los proyectos en el humedal de Tembladeras, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PAN

Julio Saldaña Morán, diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en lo siguiente

Exposición de Motivos

La calidad de la democracia implica transparencia y rendición de cuentas y ésta se traduce en la obligación que tienen los que ejercen el poder público de responsabilizarse de su labor, de someterse a evaluaciones de su desempeño y de dar a conocer los resultados de esa evaluación a la comunidad.

Por lo mismo, como legisladores de la República, tenemos la obligación de exigir a las autoridades  de todos los órdenes de gobierno su irrestricta sujeción a esa demanda.

En este sentido, a los ciudadanos veracruzanos les interesa conocer el estado que guarda el cambio de uso de suelo autorizado por el Cabildo de Veracruz en la zona conocida como Tembladeras. Contempladas dentro del Programa Estratégico de Gran Visión del Surponiente de la Zona Conurbada de Veracruz, esta medida afecta a una zona de humedales que sirven de recarga de acuíferos a –9 pozos que tienen como fuente las napas subterráneas a una profundidad a 100 metros– abastece a colonias del sur poniente de la ciudad y las cercanas al aeropuerto y también 4 de estos pozos abastecen al centro de la ciudad del puerto de Veracruz.

Esta área natural –inscrita en el entorno de la convención de Ramsar en el año 2005 como el Sistema de Lagunas Interdunarias de la Ciudad de Veracruz–, el humedal favorece la mitigación en las inundaciones, cumple la función de vaso regulador, que de rellenarse para edificar un centro comercial se afectaría a colonias aledañas y a toda la zona baja de los municipios de Medellín y Boca del Río estarían colocándose como una nueva área de inundaciones a zonas urbanizadas ya en esos municipios, existe el antecedente de haber rellenado un área natural de inundación, que hoy es el fraccionamiento floresta que permanentemente se inunda y es el ejemplo que no se·debe repetir en el puerto de Veracruz.

Los nuevos paradigmas en las políticas ambientales reconocen la participación de comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil y propietarios privados en la conservación de la biodiversidad y el manejo efectivo de las áreas protegidas, a contra corriente tenemos en Veracruz autoridades estatales y municipales que promueven un cacicazgo feudalista que enarbola la balcanización y el desprecio al medio ambiente impidiendo cualquier mecanismo de participación ciudadana y ocultando la información relacionada con los cambios de uso de suelo y el llamado programa de gran visión.

México participó activamente en el encuentro de Copenhague y propuso llevar a cabo la siguiente conferencia en Cancún, del 29 de noviembre al 10 de diciembre de este año, construirá un pacto para ayudar a una menor elevación de la temperatura del planeta, asistirán a este evento los expertos e instituciones  comprometidos con el ambiente a nivel mundial.

Se propone el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), que muestra el interés de México para contribuir a la solución de este problema, una de las mayores amenazas para el proceso de desarrollo, el bienestar humano y la integridad del capital natural, pero las autoridades municipales y estatales no entienden el reto que tenemos para enfrentar los efectos del cambio climático.

Por lo anterior, y en atención al interés de diversas organizaciones ambientalistas, y organizaciones ciudadanas por contribuir a la solución del problema del cambio climático, sometemos a la consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta al Ayuntamiento de Veracruz y a su cuerpo edilicio a cancelar el cambio de uso de suelo aprobado en sesión de cabildo ordinaria del 27 de enero de 2010 y que decrete los humedales de Tembladeras como zona protegida.

Segundo.Se exhorta al Ayuntamiento de Veracruz poner a consulta ciudadana el Programa Estratégico de Gran Visión del Surponiente de la Zona Conurbada de Veracruz

Tercero.Se exhorta a Semarnat y Conagua a no autorizar los proyectos contemplados en el humedal de Tembladeras Veracruz. Contemplado en humedales

inscritos en la convención de Ramsar en el año 2005 como el Sistema de Lagunas interdunarias de la Ciudad de Veracruz.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 10 días del mes de marzo de 2010.— Diputados Julio Saldaña Morán, Ramón Jiménez López (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

ESTADO DE COAHUILA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se recibió del diputado Jesús Ramírez Rangel, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad ajusten la tarifa eléctrica doméstica del municipio de Múzquiz, Coahuila.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la CFE a ajustar la tarifa eléctrica doméstica de Múzquiz, Coahuila, tomando como referencia los datos climáticos de la estación meteorológica automática localizada en el centro del área urbana de dicho municipio, a cargo del diputado Jesús Ramírez Rangel, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputado a la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad, en el ámbito de sus atribuciones y funciones, a ajustar la tarifa eléctrica doméstica de Múzquiz, Coahuila, tomando como referencia los datos climáticos de la estación meteorológica automática localizada en el centro del área urbana de dicho municipio, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Múzquiz se encuentra en la parte central del norte de Coahuila. Ahí se localizan importantes yacimientos de carbón.

2. El minero representa un sector imprescindible para el desarrollo económico del país. En 2007, la inversión nacional en minería experimentó un fuerte repunte: alcanzó 2 mil 156 millones de dólares, 70 por ciento superior a la registrada en 2006, representando una cifra récord en la minería de México.

3. Múzquiz, situado en la región carbonífera de la entidad, cuenta con una tarifa eléctrica más elevada que el resto de los municipios de la región, considerándose para establecer la tarifa la temperatura promedio en verano de 30 grados Celsius, por lo que le corresponde la tarifa 1C.

4. En el centro del área urbana de la localidad se encuentra la estación meteorológica automática Municipio de Múzquiz 27”53’ latitud norte, 101°31’ de longitud oeste y 490 metros de altitud.

5. Se han realizado diversas gestiones ante las Comisiones Nacional del Agua, y Federal de Electricidad para que se consideren las temperaturas de la referida estación meteorológica automática como representativas de las condiciones climáticas de la zona urbana de Múzquiz y, de esa manera, se pueda ajustar la tarifa eléctrica del municipio, toda vez que la temperatura promedio que se registra en la estación durante el verano es de 33 grados Celsius, correspondiéndole la tarifa 1F.

6. El municipio presenta una temperatura media en verano superior a 30 grados Celsius, por lo que debe ajustarse la tarifa eléctrica para que de esa manera se beneficie a los ciudadanos de la localidad que, como todo el país, sufren de los efectos de la situación económica, que se agudizan con tarifas eléctricas elevadas.

Considerandos

Primero. Que Múzquiz cuenta con una tarifa más elevada que otros municipios de Coahuila; sin embargo, en la estación meteorológica automática localizada en el municipio se registran temperaturas medias en verano mayores de 30 grados Celsius, lo cual obliga a las autoridades a reconsiderar la tarifa que corresponde al municipio.

Segundo. Que se han enviado diversos oficios a la Comisión Nacional del Agua para solicitar que se tome como referencia la estación multicitada para la medición de la temperatura del municipio y, de esa manera, se pueda ajustar la tarifa eléctrica.

La Conagua se ha pronunciado al respecto, en el oficio número BOO.05.05.-595, dirigido a la Comisión Federal de Electricidad: menciona que no hay inconveniente en que las mediciones de la estación sirvan como base para determinar la tarifa de la región.

Tercero.Que con fecha 28 de agosto de 2009, la Conagua notificó los resultados climatológicos de la estación, obteniéndose los valores medios mensuales de los últimos cinco años, registrándose en el verano temperaturas mayores de 30 grados Celsius.

Cuarto. Que de conformidad con lo expuesto, las autoridades competentes deben considerar el ajuste de la tarifa eléctrica de Múzquiz, pues la que actualmente aplica no es la que corresponde por la temperatura media en verano que se presenta en la región.

Quinto. Que sería un incentivo para los habitantes de la región que las tarifas disminuyan, considerando que actualmente pagan tarifas eléctricas elevadas.

En este orden de ideas, se somete a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad, en el ámbito de sus atribuciones y funciones, a ajustar la tarifa eléctrica doméstica de Múzquiz, Coahuila, tomando como referencia los datos climáticos de la estación meteorológica automática localizada en el centro del área urbana de dicho municipio.

Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2010.— Diputado Jesús Ramírez Rangel (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Energía.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el señor diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las entidades federativas y a sus respectivos municipios a que realicen las modificaciones conducentes en materia de responsabilidad patrimonial del estado.

El diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez: Con su venia, diputado presidente. El 14 de junio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de la cual se adicionó un segundo párrafo a dicho precepto, con la finalidad de incorporar como nueva garantía la responsabilidad patrimonial del Estado a favor de los habitantes de toda la República Mexicana.

De acuerdo a las consideraciones plasmadas en la exposición de motivos del dictamen respectivo, el objeto fundamental de dicha iniciativa fue el establecer dicha garantía sobre las bases de mayor garantía y seguridad jurídica para los particulares, conforme a la evolución que han ido teniendo estas instituciones tanto en nuestro derecho como en el derecho comparado. En ellas se propuso elevar a rango constitucional esta institución, que los iniciadores denominan: garantía de integridad patrimonial a favor de los particulares en contra de la actividad dañina que sea consecuencia del funcionamiento irregular de los actos del Estado.

Con dicha reforma quedó incorporada en el derecho positivo mexicano la garantía mediante la cual el particular tendrá derecho a reclamar al Estado la reparación del daño patrimonial derivado de la actividad administrativa irregular, cuando aquél no tenga la obligación jurídica de soportarlo.

Asimismo se consideró que la reglamentación de dicha institución quedaría a cargo del Congreso de la Unión y de las legislaturas locales de las entidades federativas, estando facultadas éstas para expedir las leyes en el ámbito de su competencia.

En tal sentido se estableció que dado que la reglamentación de la responsabilidad patrimonial del Estado se haría conforme a la ley, debería entonces entenderse que quedaban facultados tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas locales para expedir, en el ámbito de su competencia, las leyes respectivas. Es decir, en virtud de que la tipología constitucional de las adiciones propuestas consistía en un mandato al legislador, éste se entendería dirigido a todos los órganos legislativos que integran los diversos órdenes jurídicos del Estado mexicano.

Bajo esa lógica se dispuso que la responsabilidad patrimonial correspondería a la federación, estados o Distrito Federal, dependiendo el órgano que llevara a cabo la actividad dañina. Igualmente se incluyó a los municipios en virtud de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 constitucional, son autoridades administrativas susceptibles de responsabilidad y, por tanto, correspondería a las legislaturas locales establecer los procedimientos para hacer valer la responsabilidad frente a los mismos.

Partiendo de lo anterior, el dictamen de referencia hace especial mención sobre la problemática financiera y presupuestal que podría significar establecer la obligación del Estado de indemnizar directamente a los particulares a los que cause un daño, independientemente de si su actuación es lícita o ilícita. Esto significaría que el legislador, tanto el federal como el de las entidades federativas debería armonizar el principio de la responsabilidad directa con la capacidad presupuestal, respetando omnímodamente el principio de equidad.

En tal sentido, la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de junio de 2002, en la que se modificó la denominación del Título Cuarto y se adicionó un segundo párrafo al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableció un artículo transitorio en el cual se estableció el plazo de 2 años...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le pedimos concluir, diputado, por favor.

El diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez:Concluyo, diputado presidente. Para que la federación y las entidades federativas expidieran las leyes reglamentarias correspondientes y, a su vez, los municipios llevaran a cabo las modificaciones necesarias en sus respectivos ordenamientos normativos, para proveer el debido cumplimiento de la garantía constitucional mencionada.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se exhorta a las entidades federativas y a sus respectivos municipios que a la fecha no hubiesen expedido las leyes o realizado las modificaciones conducentes en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, a que realicen las reformas necesarias para ello, con el fin de dar cumplimiento a la obligación constitucional en la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2002.

Es cuanto, diputado presidente. Solicito sea inscrita íntegramente en el Diario de los Debates.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las entidades federativas y a los respectivos municipios que a la fecha no hayan expedido las leyes o realizado las modificaciones conducentes sobre responsabilidad patrimonial del estado a cumplirlo para atender la obligación constitucional en la materia publicada en el DOF el 14 de junio de 2002, a cargo del diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Ezequiel Rétiz Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas y a sus respectivos municipios, que a la fecha no hubiesen expedido las leyes o realizado las modificaciones conducentes en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, a que realicen las reformas necesarias para ello, con el fin de dar cumplimiento a la obligación constitucional en la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2002, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 14 de junio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de la cual se adicionó un segundo párrafo a dicho precepto, con la finalidad de incorporar como nueva garantía, la responsabilidad patrimonial del Estado.

De acuerdo con las consideraciones plasmadas en la exposición de motivos del dictamen respectivo, el objeto fundamental de dicha iniciativa fue el establecer dicha garantía sobre las bases de mayor garantía y seguridad jurídica para los particulares, conforme a la evolución que han ido teniendo estas instituciones tanto en nuestro derecho como en el derecho comparado. En ellas se propuso elevar a rango constitucional esta institución, que los iniciadores denominan “garantía de integridad patrimonial”, a favor de los particulares en contra de la actividad dañina que sea consecuencia del funcionamiento irregular de los actos del Estado.

Con dicha reforma, quedó incorporada en el derecho positivo mexicano la garantía mediante la cual el particular tendría la posibilidad de reclamar al Estado la reparación del un daño patrimonial derivado de la actividad administrativa irregular, cuando aquél no tenga la obligación jurídica de soportarlo.

Asimismo se consideró que la reglamentación de dicha institución quedaría a cargo del Congreso de la Unión y de las legislaturas locales de las entidades federativas, estando facultadas éstas para expedir las leyes en el ámbito de su competencia. En tal sentido se estableció que dado que la reglamentación de la responsabilidad patrimonial del Estado, se haría conforme a la ley, debería entonces entenderse que quedaban facultados tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas locales, para expedir, en el ámbito de su competencia, las leyes respectivas; es decir, en virtud de que la tipología constitucional de las adiciones propuestas, consistía en un mandato al legislador, este se entendería dirigido a todos los órganos legislativos que integran los diversos órdenes jurídicos del Estado mexicano. Bajo esa lógica se dispuso que la responsabilidad patrimonial correspondería a la Federación, Estados o Distrito Federal, dependiendo el órgano que llevara a cabo la actividad dañina. Igualmente se incluyó a los municipios en virtud de que de conformidad con lo establecido en el artículo 115 constitucional, son autoridades administrativas susceptibles de responsabilidad y por tanto, correspondería a las legislaturas locales establecer los procedimientos para hacer valer la responsabilidad frente a los mismos.

Partiendo de lo anterior, el dictamen de referencia hace especial mención sobre la problemática financiera y presupuestal que podría significar establecer la obligación del Estado, de indemnizar directamente a los particulares a los que cause un daño, independientemente de si su actuación es lícita o ilícita. Esto señala significaría que el legislador, tanto el federal como el de las entidades federativas, debería armonizar el principio de la responsabilidad directa con la capacidad presupuestal, respetando omnímodamente el principio de equidad.

En tal sentido, la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2002 en la que se modificó la denominación del Título Cuarto y se adicionó un segundo párrafo al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableció un artículo transitorio en el cual se estableció el plazo de dos año para que la federación y las entidades federativas expidieran las leyes reglamentarias correspondientes, y a su vez los municipios llevaran a cabo las modificaciones necesarias en sus respectivos ordenamientos normativos para proveer el debido cumplimiento de la garantía constitucional mencionada; en el entendido de que en las tres instancias de gobierno –federal, local y municipal– debería incluirse una partida en sus presupuestos para hacer frente a las indemnizaciones derivadas de los daños ocasionados en los bienes o derechos de los particulares.

De esa forma y puesto que ha transcurrido en exceso el plazo constitucional para que las entidades federativas expidieran las normas correspondientes y llevaran a cabo las adecuaciones necesarias, dada la trascendencia de contar con la capacidad técnica y jurídica para garantizar a todos los ciudadanos mexicanos la reparación de daños generados por la actividad administrativa irregular de los órganos del Estado, de la cual el particular no tuviese la obligación jurídica de soportarlo; resulta fundamental exhortar a los órganos estatales y municipales que no hubiesen cumplido a cabalidad con lo ordenado por nuestra norma máxima, a tomar las medidas necesarias para que a la brevedad se tenga debidamente acatada, la disposición transitoria del artículo 113 de la Constitución General.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las entidades federativas y a sus respectivos municipios que a la fecha no hubiesen expedido las leyes o realizado las modificaciones conducentes en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, a que realicen las reformas necesarias para ello, con el fin de dar cumplimiento a la obligación constitucional en la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2002.

Dado en el recinto de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 10 de marzo de 2010.— Diputados: Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Paz Gutiérrez Cortina, César Daniel González Madruga, Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Como lo solicita insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Justicia.

CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE LOS RIESGOS DE LA USURA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se recibió de la diputada Tomasa Vives Preciado, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a los gobiernos de las entidades federativas a que implementen campañas informativas sobre los riesgos de la usura.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Profeco y de la Condusef, y a los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios, del Distrito Federal y de sus demarcaciones territoriales a implantar de forma individual o coordinada campañas informativas sobre los riesgos de la usura, a cargo de la diputada Tomasa Vives Preciado, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Tomasa Vives Preciado, diputada de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que le otorgan los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La usura está tipificada como delito en prácticamente todos los códigos penales de las entidades federativas, así como en el Código Penal Federal bajo una de las modalidades de fraude que éste contempla, concretamente en la fracción VIII del artículo 387.

En general se trata de la conducta que realiza una persona física o moral con objeto de aprovecharse de la ignorancia o necesidad de un ser humano y, obtener de él intereses superiores a los del mercado regulado o de la banca, esto por medio de un préstamo simple o prendario, y, bajo cualquier forma o tipo de contrato. Algunas legislaciones consideran también como usura el hecho de obtener beneficios desproporcionados en especie o servicios para sí o para otros por medio de diversas transacciones comerciales. Con mínimas diferencias en la redacción, casi todos los estados de la república contemplan este delito o tipos de delito.

El problema es que de nada o casi nada ha servido esta figura penal, pues en los hechos la usura es difícil de probar en las instancias legales, esto por diversas razones. Antes de continuar debemos entender que existen dos tipos de usura totalmente distintos: el que cometen los particulares; personas que prestan dinero por medio de pagarés, con altos intereses, y en otras ocasiones requiriendo al deudor una garantía prendaria adicional al documento mercantil.

Y el que ejercen las empresas conocidas como casas de empeño (de préstamo prendario) y aquellas denominadas genéricamente como financieras, que también ofrecen dinero en efectivo al público, bajo contratos donde se pactan intereses altos, recargos excesivos por atraso en los pagos, gastos de cobranza extrajudicial y otras arbitrariedades.

Para esta proposición, nos interesa por lo pronto el primer caso que es el más grave: los prestamistas particulares, mujeres y hombres que incluso llegan a amasar enormes fortunas con esta actividad, además de hacerse de infinidad de bienes muebles e inmuebles por vía de los embargos judiciales que aplican a los morosos.

La usura si bien existe desde que el dinero apareció como herramienta financiera y mercantil, también es cierto que en la sociedad moderna ha visto un crecimiento descomunal ante el evidente crecimiento de la población, de sus necesidades financieras y, de lo difícil que es acceder al crédito gubernamental o bancario. Entre los factores que abonan a la expansión de este ilícito en naciones como la nuestra, podemos encontrar

1. Las crisis financieras;

2. La dificultad para acceder a créditos o préstamos de la banca o de instituciones que ofrecen sus productos financieros en condiciones justas, o bien la escasa oferta de éstos;

3. La ignorancia de las personas, y

4. La total falta de difusión de sus derechos, en especial de los riesgos que corren al firmar un pagaré o un contrato leonino para garantizar el pago de un préstamo.

Sabemos y tenemos información de que este ilícito ha crecido casi de modo exponencial en las entidades de la República, por ejemplo, del norte del país, diputados locales de varios estados reportan que a diario llegan a sus oficinas personas buscando orientación legal porque firmaron un pagaré en blanco, o bien, debidamente llenado pero con elevados intereses, y no tienen para pagar, enfrentado la evidente amenaza de embargo. En el 95% de los casos las víctimas aducen que desconocían los riesgos, que de saberlo no hubieran firmado, etc. Es decir, la constante es “ignorancia y desconocimiento de los riesgos”.

Sabemos que en muchas comunidades rurales se instalan usureros ofreciendo sus “servicios” a las personas, esto con intereses de hasta el 25% mensual, la inocencia de la gente del campo y la seriedad con que asumen sus deudas son los elementos perfectos para consumar este tipo de fraude a gran escala.

En el campo a diferencia de la ciudad, las personas no se atreven a denunciar a sus victimarios, ni siquiera acuden a pedir orientación legal a las defensorías de oficio o a otras instancias.

Quienes se atreven a acudir al Ministerio Público para interponer su querella, se enfrentan a dos problemas:

1. Generalmente carecen de pruebas, ya que en algunos casos firmaron el pagaré en blanco, lo que es casi materialmente imposible de probar, o bien entregaron abonos sin que les dieran recibo alguno. En tales supuestos simplemente no se puede hacer nada o casi nada, ya que también suelen carecer de testigos que den fe de los hechos.

2. En otros casos los abonos son anotados en las llamadas “tarjetas de abonero”, tiras de cartón donde en columnas se anota, fecha, monto del pago parcial y, la firma de quien lo recibe.

En estos casos los usureros implementan la sucia estrategia de que es una persona distinta a ellos (no es el acreedor titular del documento) quien recibe y firma los abonos en dichos cartones; de ese modo en caso de conflicto legal, simplemente alegan que tal persona no trabaja con ellos, que actuó por su cuenta y se niegan a reconocer los pagos correspondientes.

En resumen, es un hecho que la usura crece día a día en nuestras ciudades y pueblos, miles de familias son víctimas de este tipo de personas sin escrúpulos; es un hecho que tipificarla como delito de nada o casi nada ha servido.

En tanto no encontremos un mecanismo legal para prevenir y controlar la usura desde un entorno legal o institucional; la única medida efectiva es la prevención por medio de la información oportuna.

Como ya lo mencionamos, más del 90% de las víctimas manifiestan que de haber sabido en qué se metían, no hubieran firmado nada o habrían tomado precauciones elementales como sacar copia del documento suscrito, exigir recibos por cada parcialidad cubierta, o solicitar un adecuado llenado del documento.

Esto nos indica que necesitamos que las autoridades de los tres órdenes de gobierno implementen campañas para difundir entre la población los riesgos de la usura, el peligro de firmar documentos en blanco, mal llenados o hacer pagos sin pedir el recibo correspondiente.

Difundir este tipo de información preventiva en sitios web, como los de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras o la Procuraduría Federal del Consumidor, es una media insuficiente, tomando en cuenta que apenas el 20% de la población tiene acceso y conocimientos del manejo de la Internet.

Se requiere que las campañas de esta naturaleza se hagan por medios tradicionales: radio, prensa y televisión, e incluso por medio de espectaculares, pendones publicitarios, volanteo o cualquier otro medio que permita el acceso del público a esta información.

Muchas autoridades argumentan ante este tipo de necesidades, que no cuentan con recursos financieros para una campaña así, sin embargo, casi siempre “cuentan” con medios para difundir sus logros de gobierno y de obra pública; por lo que sin duda, y con un poco de voluntad pueden crear espacios dentro de su presupuesto para hacer este tipo de labor que es tan necesaria.

Por lo expuesto y señalado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a los gobiernos de las entidades federativas y sus municipios, así como a los gobiernos del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales para que, de forma individual o coordinada, implementen campañas informativas sobre los riesgos de la usura.

Estas campañas informativas deberán difundir los derechos de los ciudadanos y las medidas preventivas para evitar ser víctima de prácticas de usura. Asimismo, difundirán las alternativas de financiamiento con instituciones formales.

Segundo.Se exhorta al Ejecutivo federal para que, en coordinación con las autoridades de los órdenes de gobierno señalados en este punto de acuerdo, en un plazo de noventa días naturales entregue un informe detallado a esta soberanía sobre las campañas informativas en materia de usura.

Recinto legislativo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 11 de marzo de 2010.— Diputada Tomasa Vives Preciado (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

El diputado César Daniel González Madruga (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, diputado.

El diputado César Daniel González Madruga(desde la curul): Para solicitarle al diputado Ezequiel Rétiz, si me puedo sumar a su propuesta.

El diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez (desde la curul): Sí.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Está de acuerdo el señor diputado, pase usted a la Secretaría, diputado, a suscribir el documento.

ESTADO DE MEXICO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se recibió del diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de México y a la Procuraduría General de la República, en relación con la participación y vinculación de miembros de la Agencia de Seguridad Estatal con la delincuencia organizada.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de México y a la PGR a instruir en el ámbito de sus competencias la realización de investigaciones para deslindar responsabilidades y, en su caso, proceder penalmente contra quien resulte responsable por la supuesta participación y vinculación de miembros de la Agencia de Seguridad Estatal con la delincuencia organizada, a cargo del diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe la presente, diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 58, 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno  Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el pleno de ésta soberanía, una proposición con punto de acuerdo bajo los siguientes

Considerandos

El gobierno del estado de México recientemente se ha visto involucrado en una serie de investigaciones y análisis que han realizado algunos medios de comunicación respecto del avance que ha tenido la delincuencia organizada dentro del territorio mexiquense, involucrando inclusive la presunta participación, vinculación o cooptación de algunos mandos policíacos adscritos a la agencia de seguridad estatal, ASE. Por lo tanto y toda vez que es de interés general que los cuerpos policíacos estén al servicio de los ciudadanos velando por su seguridad pública, y no de los delincuentes es menester exhortar al gobernador del estado de México Enrique Peña Nieto, para efecto de que instruya se realice una investigación a fondo y deslindar responsabilidades, y en caso de que algún miembro de la agencia estatal de seguridad se encuentre vinculado a la delincuencia organizada se proceda en consecuencia.

Asimismo, se verifique el funcionamiento del centro estatal de control de confianza ya que su propio titular ha declarado que se han realizado algunos exámenes de control de confianza a mandos superiores y medios a su ingreso, pero que no hay un seguimiento posterior con lo que estamos en la hipótesis de que los sistemas de control de confianza del estado de México no son confiables, pues no pueden garantizar que aquellos que han sido sometidos a este reúnan los requisitos de confiabilidad para desempeñar el cargo en la seguridad pública o en la procuración de justicia.

Y toda vez que es la Procuraduría General de la República la encargada de realizar las investigaciones necesarias con los aspectos que tienen que ver con la delincuencia organizada, es menester se le exhorte a realizar las indagatorias pertinentes y proceder en consecuencia.

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorte al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y a la Procuraduría general de la republica instruyan en el ámbito de sus competencias a realizar las investigaciones pertinentes para deslindar responsabilidades y en su caso proceder penalmente contra quien resulte responsable  por la supuesta participación y vinculación de miembros de la agencia de seguridad estatal con la delincuencia organizada.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2010. — Diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Justicia.

PROTECCION DE BOSQUES Y SELVAS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Ezeta Salcedo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a la deforestación, conservación y protección de los bosques y selvas y su inventario.

El diputado Carlos Alberto Ezeta Salcedo:Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas, buenas tardes. El deficiente desarrollo y puesta en marcha de adecuadas políticas públicas y la mala supervisión del cuidado y mantenimiento de nuestros bosques y selvas han resultado en un grave problema de deforestación a lo largo y ancho del país.

Estudios realizados sobre la deforestación en México revelan diversas cifras de los miles de hectáreas de bosques y selvas que cada año se pierden. Mientras que la Comisión Nacional Forestal en su Programa Estratégico Forestal 2025 calcula que son de 600 mil hectáreas anuales. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación estimó que entre 2000 y 2005 se perdieron 314 mil hectáreas en nuestro país.

En el mismo tenor, el artículo: Patrones y tasas de cambio de uso del suelo en México, publicado por el Instituto Nacional de Ecología, estima que en nuestro país se perdieron 29 mil 765 kilómetros de bosques de 1976 a 1993, equivalentes al estado de Guanajuato, mientras que del 93 al año 2000 fueron 54 mil 306 kilómetros, lo que equivale al territorio de Campeche.

Sumado al problema de deforestación, es igual de preocupante que la misma autoridad forestal reconozca en su programa estratégico que la variación de cifras se debe a que a la fecha no exista un estudio actualizado y confiable de la superficie que año con año se pierde de bosques y selvas.

Muchas son las causas de la deforestación, entre las que se encuentran principalmente desmontes ilegales con fines de cambio de uso de suelo, incendios, tala clandestina y las plagas forestales.

Lo anterior se entiende si consideramos que según Semarnat, 80 por ciento de la superficie forestal es propiedad ejidal, 15 por ciento privada y sólo 5 por ciento es propiedad de la nación. Además de que en ellas habitan alrededor de 12 millones de personas que en su mayoría viven en pobreza extrema.

Los seres humanos, al ser los principales causantes de la deforestación, también estamos obligados a realizar todo lo que esté a nuestro alcance para detener el grave deterioro que nosotros mismos hemos causado.

Preocupados de este grave problema en México, y conscientes de la necesidad imperante de encontrar una pronta solución, los diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México solicitamos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional Forestal y a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, que en uso de sus facultades, pero sobre todo de sus obligaciones, desarrollen e implementen políticas eficaces para la conservación y protección de nuestros bosques y selvas.

Sabemos que muchas comunidades y pueblos, la mayoría en pobreza externa, sin opciones productivas y energéticas, viven del entorno y de los productos que los bosques y las selvas les ofrecen.

En ese tenor, solicitamos a las dependencias del Ejecutivo federal que apliquen programas sustentables de empleo y producción necesarios para que aquellos cubran sus necesidades básicas y, a la vez, convivan en armonía y respeto con el medio ambiente.

Además, solicitamos al Ejecutivo federal instruya a las dependencias correspondientes a actualizar a la brevedad el Inventario Nacional de Bosques y Selvas en el que se indique el tamaño actual de los mismos y la deforestación que año con año sufren los bosques y las selvas de México.

Por razones de tiempo, a la Presidencia le solicito que se anexe íntegro el texto de este punto de acuerdo en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la deforestación, y a la conservación y protección de bosques y selvas y su inventario, a cargo del diputado Carlos Alberto Ezeta Salcedo, del Grupo Parlamentario del PVEM

Carlos Alberto Ezeta Salcedo, diputado integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 73, fracción XXX, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y de los artículos 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo fundada en la siguiente

Exposición de Motivos

El deficiente desarrollo y puesta en marcha de adecuadas políticas públicas, así como la mala supervisión del cuidado y mantenimiento de nuestros bosques y selvas han resultado en un grave problema de deforestación a lo largo y ancho del país.

Estudios realizados sobre la deforestación en México revelan diversas cifras de los miles de hectáreas de bosques y selvas que cada año se pierden. Mientras que la Comisión Nacional Forestal en su Programa Estratégico Forestal 2025 calcula que es de 600 mil hectáreas anuales, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación estimó que entre 2000 y 2005, se perdieron 314 mil hectáreas por año.

En el mismo tenor, el artículo “Patrones y Tasas de Cambio de Uso del Suelo en México” publicado en la Gaceta número 62 del Instituto Nacional de Ecología se establece que en nuestro país se perdieron 29 mil 765 kilómetros cuadrados de bosque (superficie equivalente al estado de Guanajuato) de 1976 a 1993; mientras que de 1993 al año 2000 fueron 54 mil 306 kilómetros cuadrados (territorio equivalente al estado de Campeche).

Sumado al problema de deforestación es igual de preocupante que la misma autoridad forestal reconozca en su programa estratégico, que la variación de cifras se deba a que a la fecha no exista un estudio actualizado y confiable de la superficie que año con año se pierden de bosques y selvas en nuestro país.

Un ejemplo claro del problema al que nos enfrentamos es la información publicada en el periódico Reforma en su edición del lunes 16 de febrero de 2010, en donde se señaló que “de acuerdo con un diagnóstico de la delegación en Tlaxcala de la Secretaría de Medio Ambiente, el parque nacional (La Malinche) –declarado área protegida en 1938– registra erosión grave en un tercio de su superficie, de más de 45 mil hectáreas.

Muchas son las causas de la deforestación de bosques y selvas, entre las que se encuentran principalmente desmontes ilegales con fines de cambio en el uso del suelo, los incendios, la tala clandestina y las plagas forestales. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) estima que el primero representa el 90% del problema.

Lo anterior se entiende si consideramos que según el Altas Forestal de la Semarnat, 80% de la superficie forestal es propiedad ejidal y comunal, 15% privada y 5% de la nación. Además de que en ellas habitan alrededor de 12 millones de personas en su mayoría afectadas por la pobreza extrema.

Los seres humanos al ser los principales causantes de la deforestación también estamos obligados a realizar todo lo que esté a nuestro alcance para detener el grave deterioro que nosotros mismos hemos causado con la erosión del suelo; la degradación de las mantos freáticos; la amenaza de la biodiversidad de la fauna y la flora; el calentamiento global y su multitud de efectos secundarios dañinos para todo el planeta.

Preocupados del grave problema de deforestación en México y conscientes de la necesidad imperante de encontrarle una pronta solución. Los Diputados Federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México solicitamos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional Forestal y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que en uso de sus facultades, pero sobre todo de sus obligaciones, desarrollen e implementen políticas eficaces para la conservación y protección de nuestros bosques y selvas.

Sabemos que muchas comunidades y pueblos, la mayoría en pobreza extrema sin opciones productivas y energéticas, viven del entorno y de los productos que los bosques y las selvas les ofrecen. En ese tenor, solicitamos a las dependencias del Ejecutivo Federal apliquen programas sustentables de empleo y producción necesarios para que aquellos cubran sus necesidades básicas y a la vez convivan en armonía y respeto con el medio ambiente.

Además, solicitamos al Ejecutivo federal que instruya a las dependencias correspondientes actualizar a la brevedad el Inventario Nacional de Bosques y Selvas, en el que se indique el tamaño actual de los mismos y la deforestación que han sufrido a lo largo de los años.

En atención a lo anteriormente expuesto, el legislador que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Uno. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a las Comisiones Nacionales de Áreas Naturales Protegidas, y Forestal para que en uso de sus facultades, pero sobre todo de sus obligaciones desarrollen e implementen políticas eficaces para la conservación y protección de los bosques y selvas.

Dos. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a instruir a las dependencias correspondientes para que a la brevedad actualicen el Inventario Nacional de Bosques y Selvas en el que señale el tamaño de la deforestación que han sufrido los mismos.

Tres. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de las dependencias correspondientes apliquen los programas sustentables de empleo y producción necesarios para que los habitantes de las zonas boscosas y selváticas estén en posibilidad de cubrir sus necesidades básicas y a la vez convivan en armonía y respeto con el medio ambiente.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 10 de marzo de 2010.— Diputado Carlos Alberto Ezeta Salcedo, Guillermo Cueva Sada (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

ESCUELAS NORMALES PUBLICAS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, a revisar exhaustivamente el proceso de evaluación de la calidad de los programas de las escuelas normales públicas del país.

La diputada Elsa María Martínez Peña:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, en el país contamos con 279 escuela normales públicas, con 93 mil alumnos inscritos, que representan el 3 por ciento de la matrícula nacional en educación superior.

Las escuelas normales del país iniciaron su proceso de incorporación al sistema de educación superior en 2005 y, al igual que todas las instituciones educativas de este nivel, debían en algún momento someterse a un proceso de evaluación para garantizar su calidad.

Los Comités Interinstitucionales de la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) realizan la evaluación a través de órganos especializados en los que participan las instituciones educativas, colegios y otras agrupaciones profesionales, los empleadores y el gobierno federal.

El proceso de evaluación de la calidad de los programas por parte de los Comités Interinstitucionales de Evaluación de Educación Superior en el subsistema de educación normal dio inicio apenas en febrero de 2008, lo que coloca a las universidades públicas estatales con 16 años de ventaja en este proceso.

Durante noviembre de 2009, la Secretaría de Educación Pública otorgó por primera vez en la historia de las escuelas normales, el reconocimiento a 23 de ellas, por contar con más de 75 por ciento de su matrícula inscrita en programas reconocidos por su buena calidad. Es decir, el 8.4 por ciento de las instituciones de este subsistema.

Pese a que se está avanzando en el proceso de evaluación de las escuelas normales, sus programas no han sido sometidos a procesos de acreditación, lo que impide claramente hablar de que cuentan con matrícula de calidad.

Además, se debe destacar que existen diversos estados de la República en que las escuelas normales no cuentan con mecanismos internos efectivos. Considerar que, pese a su heterogeneidad estructural, se debe llegar en el corto plazo a la homogeneización de su calidad a través de procesos estandarizados.

Por lo anterior, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza no nos cabe duda de que la incorporación de las escuelas normales en el proceso de evaluación es una necesidad para abrir el camino a la calidad educativa y consolidar su inclusión como subsistema del sistema de educación superior.

Por lo antes expuesto, me permito presentar este punto de acuerdo para exhortar al secretario de Educación Pública federal a que realice una revisión exhaustiva del reciente proceso de evaluación de la calidad de las escuelas normales públicas del país, a fin de evitar que un ejercicio tan trascendental para este subsistema se convierta en uno de simulación y no en uno que permita la identificación de aciertos y errores, para emprender acciones sólidas en el mediano plazo a favor de la mejora continua de subprogramas educativos, mismas que lo lleven en un futuro a ser un subsistema de calidad acreditada. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a revisar exhaustivamente el proceso de evaluación de la calidad de los programas de las escuelas normales públicas del país, a cargo de la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Elsa María Martínez Peña, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, por este conducto solicita respetuosamente a la Presidencia de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Educación Publica (SEP) federal a realizar una revisión exhaustiva respecto al proceso de evaluación de la calidad de los programas educativos que se lleva a cabo en las escuelas normales públicas del país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. De acuerdo con la SEP, en el país contamos con 273 escuelas normales públicas, con 93 mil alumnos inscritos, que representan 3 por ciento de la matrícula nacional de educación superior.

2. Las escuelas normales iniciaron su proceso de incorporación al sistema de educación superior en 2005 e, igual que todas las instituciones educativas de este nivel, debían en algún momento someterse a un proceso de evaluación para garantizar su calidad.

3. Los comités interinstitucionales de la evaluación de la educación superior (CIEES) realizan la evaluación a través de órganos especializados, en los que participan las instituciones educativas, los colegios y otras agrupaciones profesionales, los empleadores y el gobierno federal.

4. La labor de los CIEES se basa en mecanismos estandarizados, entre los que destacan concepción del proceso enseñanza-aprendizaje, contexto institucional, marco normativo y desarrollo, modelo normativo del programa, perfil del egresado, personal académico, administración académica y financiamiento de la dependencia, plan y programa de estudios, proceso académico, infraestructura, y gestión académico-administrativa.

5. Los CIEES se encargan de evaluar los programas educativos de las IES a través de pares académicos que realizan visitas para tales propósitos. Los niveles que otorgan son tres, de los que el nivel 1 es el más alto. Éstos reflejan el tiempo en que el programa educativo en cuestión podrá someterse exitosamente a un proceso de acreditación por los organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes), pero no representan por sí mismos un indicador de que la calidad se ha alcanzado.

6. Por lo general las IES, al obtener sus programas el nivel 1 de los CIEES, están en condiciones de acreditar su calidad en el corto plazo.

7. No obstante, es importante destacar que de acuerdo con la SEP, la acreditación de calidad únicamente es otorgada por los organismos reconocidos por el Copaes, los que aún no llevan a cabo este proceso para las escuelas normales, pues éstas apenas se encuentran evaluando sus programas por medio de los CIEES; es decir, están en el camino hacia la calidad, pero no han llegado a ella.

8. Entre los principales problemas detectados en las escuelas normales al inicio del sexenio se encontraban enorme tradición normalista relacionada con las viejas estructuras del sistema educativo, bajo nivel de habilitación docente, carencia de mayores grados académicos de los docentes, acceso limitado o insuficiente a los programas de actualización, carencias de infraestructura adecuada, carencia de estructuras académico-administrativas y pocos profesores de tiempo completo.

9. El proceso de evaluación de la calidad de los programas por los CIEES en el subsistema de educación normal se inició apenas en febrero de 2008, lo que coloca las universidades públicas estatales con 16 años de ventaja en el proceso.

10. Las UPES no han completado el proceso de evaluación y acreditación de sus programas educativos, pues tan sólo 24 instituciones de este subsistema han recibido el reconocimiento por tener a más de 75 por ciento de su matrícula inscrita en programas reconocidos por su buena calidad; es decir, 43 por ciento de las instituciones de este subsistema.

11. En noviembre de 2009, la SEP otorgó por primera vez en la historia de las escuelas normales el reconocimiento a 23 de ella por contar con más de 75 por ciento de la matrícula inscrita en programas reconocidos por su buena calidad, es decir, 8.4 por ciento de las instituciones de este subsistema.

12. La autoridad encargada de la educación superior en el país ha señalado que “las escuelas normales se convertirán muy pronto en el único subsistema de educación superior que habrá logrado evaluar todos y cada uno de sus programas por medio de los CIEES”.

13. Las escuelas normales del país han sido históricamente heterogéneas tanto por su constitución como por su trayectoria. Dicha heterogeneidad obedece de igual forma a los propósitos, orígenes y el desarrollo que tiene cada una. Por su parte, las UPES cuentan con sólidos mecanismo de gestión y administración y una larga trayectoria en evaluación de procesos internos, además de mayor apoyo financiero y programas públicos.

Pese a que se avanza en el proceso de evaluación de las escuelas normales, sus programas no han sido sometidos a procesos de acreditación, lo que impide hablar de que cuentan con matrícula de calidad.

Además, en diversos estados las escuelas normales no cuentan siquiera con mecanismos internos efectivos de gestión, elemento fundamental para obtener una buena calificación de los CIEES.

Considerar que, pese a su heterogeneidad estructural, se puede llegar en el corto plazo a la homogenización de su calidad a través de procesos estandarizados puede ser una falacia.

Lo anterior, sumado a la premura con que se ha evaluado a un número considerable de éstas, pone en tela de juicio que una tarea tan compleja –como la que implica someterse a procesos evaluadores de la calidad– pueda estarse basando en el más terrible ejercicio de simulación.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza no nos cabe duda de que la incorporación de las escuelas normales en el proceso de evaluación es una necesidad para abrir el camino a la calidad educativa y consolidar su inclusión como subsistema del sistema de educación superior. Es un hecho que esto debió darse hace muchos años.

Sin embargo, hacerlo según criterios estandarizados sobre un conjunto de instituciones que aún no terminan de consolidarse como instituciones de educación superior y mucho menos cuentan con un orden organizacional en su interior es a todas luces un error que está a tiempo de remediarse.

Consideramos además la necesidad de que el proceso de evaluación brinde herramientas para que las instituciones de educación superior normal detecten sus fortalezas en el corto plazo y corrijan sus debilidades en el mediano plazo. Jamás un proceso que de manera tan abrupta da resultados que a muchas otras IES les ha tomado años podrá ser un proceso sólido para enfrentar los embates que presenta todo tránsito hacia la calidad.

Tampoco consideramos que sea una buena medida nombrar sus programas “de calidad” sin haber llevado a cabo el proceso que regula el Copaes.

No debe esperarse a que, en unos años, las escuelas normales públicas del país cuenten simplemente con la etiqueta de supuesta calidad, cuando en realidad continuarán con graves problemas internos que no fueron atacados a tiempo y que tendrán inevitables repercusiones sobre la educación de los normalistas del país y de los niños y los jóvenes inscritos en el nivel de educación básica nacional.

Tampoco debe esperarse a que las escuelas normales se conformen con alcanzar el nivel 1 de los CIEES, como ha pasado con diversas UPES, pues las propias autoridades educativas las hacen llamar “de calidad” sin completar el proceso de acreditación.

Además, los legisladores de mi grupo parlamentario consideramos que los procesos de evaluación para la calidad de un subsistema tan clave como el de la educación normal deberían regirse con otros criterios , que otorguen el reconocimiento de calidad sólo si se diseñan mecanismos de evaluación específicos para este tipo de instituciones, se fomenta la investigación educativa, se da una mejora sustantiva en la capacitación y actualización de los docentes en servicio y se rediseñan los programas educativos, a fin de que atiendan las necesidades de la realidad educativa actual.

Por lo expuesto, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al secretario de Educación Pública federal a realizar una revisión exhaustiva del reciente proceso de evaluación de la calidad de las escuelas normales públicas del país, a fin de evitar que un ejercicio tan trascendental para este subsistema se convierta en uno de simulación y no en uno que permita la identificación de aciertos y de errores para emprender acciones sólidas en el mediano plazo en favor de la mejora continua de sus programas educativos, que lo lleven a ser un subsistema de calidad acreditada.

Notas:

1 http://ses4.sep.gob.mx/wb/ses/educacion_normal_superior

2 Foro La educación superior en México, SEP, Subsecretaría de Educación Superior, mayo de 2007, mesa 1, “Aseguramiento de la calidad y equidad de la educación en las escuelas normales”.

3 Los CIEES operan en las UPES desde 1991.

4 El reconocimiento es otorgado por la SEP a las IES que cuentan con matrícula de calidad; es decir, inscrita en programas con nivel 1 de los CIEES o acreditación por organismos reconocidos por el Copaes. Es un reconocimiento que requiere refrendo anual. Las 24 UPES señaladas corresponden a los reconocimientos otorgados para 2008.

5 Para el ciclo escolar considerado respecto al otorgamiento de los premios 2008, la SEP reporta un total de 55 UPES.

6 http://www.ciees.edu.mx/ciees/documentos/U2000-EN.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2010.— Diputados: Elsa María Martínez Peña, Jaime Arturo Vázquez Aguilar (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

ESTADO DE AGUASCALIENTES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el señor diputado David Hernández Vallín, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente de la República a no intervenir en el proceso electoral del estado de Aguascalientes, suscrito por el propio diputado Hernández Vallín y Margarita Gallegos Soto, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado David Hernández Vallín:Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea. Los suscritos diputados federales David Hernández Vallín y Margarita Gallegos Soto, por el estado de Aguascalientes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la honorable LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes considerandos:

Los procesos electorales que habrán de celebrarse en 15 entidades del país y cuyos resultados significarán el mejor indicador para el partido político que obtenga la Presidencia de la República, han provocado nerviosismo en el gobierno federal. Cada vez más se advierte descaradamente la intromisión del presidente de la República en estados donde se elegirán gobernadores y presidentes municipales.

Los legisladores federales del PRI por el estado de Aguascalientes hacemos un respetuoso llamado al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, para que instruya a los delegados de las diferentes dependencias federales en los estados en que habrá comicios, para que no prohíban el acceso de ciudadanos a los programas sociales ni retengan o liberen los recursos públicos según convenga a los intereses del Partido Acción Nacional.

Asimismo, exigimos que cese, de una vez por todas, la actividad de promoción política que está realizando en sus giras de trabajo por todo el país para beneficiar a su partido, en franca violación al artículo 134 de la Constitución General de la República.

En otras palabras, solicitamos al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, que saque las manos del proceso electoral del estado de Aguascalientes y que se asuma como jefe de Estado y no como líder de su partido o mariscal del llamado Ejército Azul, utilizando su investidura y poder para coaccionar voluntades.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos diputados federales proponemos el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta al presidente de la República, para que de inmediato saque las manos del proceso electoral en Aguascalientes y suspenda sus giras de proselitismo electoral en los estados del país donde habrán de celebrarse procesos electorales.

Segundo. Que el gobierno federal deje en manos de la justicia el proceso penal que se le sigue al precandidato a gobernador del Partido Acción Nacional en el estado de Aguascalientes.

Tercero. Que la Cámara de Diputados forme una comisión especial de legisladores para que dé seguimiento al presente punto de acuerdo, bajo el cumplimiento irrestricto de la ley, vinculado con los hechos antes descritos.

Señor presidente, solicito que el texto del presente punto de acuerdo se inserte íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto, ciudadano presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la República a no intervenir en el proceso electoral de Aguascalientes y a suspender sus giras de proselitismo en los estados donde habrán de celebrarse comicios; y se solicita a esta soberanía que forme una comisión especial que dé seguimiento al punto de acuerdo, en cumplimiento irrestricto de la ley, suscrita por los diputados David Hernández Vallín y Margarita Gallegos Soto, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, David Hernández Vallín y Margarita Gallegos Soto, integrantes de la coordinación del estado de Aguascalientes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la honorable Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

Los procesos electorales que habrán de celebrarse en 15 entidades del país y cuyos resultados significarán el mejor indicador para el partido político que obtenga la Presidencia de la República, han provocado nerviosismo en el gobierno federal y cada vez más se advierte descaradamente la intromisión del presidente de la república en estados donde se elegirán gobernadores, diputados locales y presidentes municipales.

Los legisladores federales del PRI por el estado de Aguascalientes hacemos un respetuoso llamado al presidente Felipe Calderón Hinojosa para que instruya a los delegados de las diferentes dependencias federales en los Estados en que habrá comicios, para que no prohíban el acceso de ciudadanos a los programas sociales ni retengan o liberen los recursos públicos según convenga a los intereses del Partido Acción Nacional. Asimismo, exigimos que cese de una vez por todas la actividad de promoción política que está realizando en sus giras de trabajo por todo el país para beneficiar a su partido en franca violación al artículo 134 de la Constitución General de la República el cual establece que “los servidores públicos de la federación, los estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad,  sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”.

En otras palabras, solicitamos al presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa, que saque las manos del proceso electoral del estado de Aguascalientes y que se asuma como jefe de Estado y no como líder de su partido o mariscal del llamado “ejército azul”, utilizando su investidura y poder para coaccionar voluntades. Ello en razón de que el pasado lunes 22 de febrero, el juez sexto de lo penal en el estado de Aguascalientes giró una orden de aprehensión al precandidato del PAN al gobierno del estado, a pesar de la presión de prominentes panistas interesados en que el Poder Judicial frenara el proceso penal del indiciado.

Este es un claro ejemplo de la intromisión de los jerarcas del PAN en el proceso electoral del estado de Aguascalientes.

Por lo expuesto y fundado, los suscritos diputados federales proponemos los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al presidente de la república para que de inmediato saque las manos del proceso electoral en el estado de Aguascalientes y suspenda sus giras de proselitismo electoral en las entidades del país donde habrán de celebrarse procesos electorales.

Segundo. Que el gobierno federal deje en manos de la justicia el proceso penal que se le sigue al precandidato a gobernador del Partido Acción Nacional en el estado de Aguascalientes.

Tercero. Que la Cámara de Diputados forme una comisión especial de legisladores para que dé seguimiento al presente punto de acuerdo, bajo el cumplimiento irrestricto de la ley vinculado con los hechos antes descritos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 10 de marzo de 2010.— Diputados: David Hernández Vallín, Margarita Gallegos Soto, María Isabel Merlo Talavera, Julieta Octavia Marín Torres, Malco Ramírez Martínez, María del Carmen Izaguirre Francos, Janet Graciela González Tostado, Leobardo Soto Martínez, Juan Pablo Jiménez Concha, Francisco Ramos Montaño (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Como lo solicita insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, diputado Fernández Noroña, dígame.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Nada más, diputado presidente, para comentarle al diputado que acaba de hacer uso de la palabra que después de 2 días de debate quedó claro que Calderón se robó la Presidencia. Entonces, que hiciera la precisión ahí en su presentación de que no es presidente de la República. Muchas gracias, diputado.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se encuentran entre nosotros universitarios de la Universidad Cristóbal Colón, de Cuautla, Morelos, invitados por el señor diputado Luis Félix Rodríguez Sosa. Sean ustedes bienvenidos.

Asimismo, nos acompañan alumnos de la escuela preparatoria Universidad Americana de Acapulco, Asociación Civil, plantel Chilpancingo, invitados por el diputado Mario Moreno Arcos. Sean ustedes bienvenidos.

BOLETINES SOBRE DELINCUENCIA O ACCIONES POLICIACAS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Blanca Estela Jiménez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la Secretaría de Gobernación a que dejen de transmitir boletines de aprehensión en contra de delincuencia o acciones policiacas en medios de difusión.

La diputada Blanca Estela Jiménez Hernández:Con su permiso, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, distrito IX de la capital del estado de Puebla, someto a consideración ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Objetivo general. Otorgar a los ciudadanos mexicanos la tranquilidad dentro de sus horas de esparcimiento cuando disfruten de sus aparatos electrónicos en el seno de su hogar y no influir en el temor y la impotencia de la sociedad a través de miniseries policiacas constantes en radio y televisión, haciendo alarde de que existe seguridad en el país, las cuales son pagadas por el Ejecutivo federal. Los mexicanos merecemos y exigimos el derecho del respeto.

Los medios electrónicos como la radio y la televisión, que por décadas nos han informado a través de sus noticieros los sucesos que acontecen dentro de la actividad de la vida social, política, económica, la nota roja y otros, considerando que éstos deben ser para continuar con la información. Que ésta misma tiene que seguir siendo proporcionada por los noticieros y la prensa. Que cada quien haga su trabajo, o sea, que el gobierno debe gobernar y los medios deben informar. En lo correspondiente al Ejecutivo federal o a la Secretaría de Gobernación, que lo hagan por otro conducto.

En materia legislativa el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos prevé, en lo conducente: Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad pueden establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento de delito.

Examinando este artículo observamos y subrayamos en este párrafo que dice que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. Y en esto considero un acto violatorio por parte del Ejecutivo federal, toda vez que sin ser prensa manda continuamente la transmisión de boletines de información, sino más bien miniseries policiacas donde hacen alarde exagerado de su deber y no tienen por qué atentar ni excitar a la población, y que recuerden que con esto sólo provocan al crimen organizado.

Para seguir con sus fechorías, hace algunos días el Ejecutivo federal, en la ciudad de Chihuahua, les pidió a los ciudadanos mexicanos que nos apoderáramos de los espacios públicos para que la delincuencia no los tome. Pero le recuerdo al Ejecutivo federal que los malhechores tienen armas y nosotros únicamente pañuelos blancos.

Por tanto, expongo ante este pleno el siguiente punto de acuerdo:

Que se dejen de transmitir ese tipo de boletines ya que en nada benefician a la sociedad, y que si tienen que informar lo hagan con el debido respeto a los ciudadanos, a través de ruedas de prensa o boletines de información.

Que el recurso millonario que invierte en estos informativos los otorgue a las familias de los mexicanos que han caído sin ser parte de estos conflictos y, sobre todo, a los que cumpliendo con su deber han sido abatidos.

Que el Ejecutivo vuelva a sus bases militares y que deje las calles a los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la Segob a dejar de transmitir en medios de difusión boletines aprehensivos sobre delincuencia o acciones policiacas, a cargo de la diputada Blanca Estela Jiménez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario del PRI por el distrito IX de la capital del estado de Puebla, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Objetivo General

Otorgar a los ciudadanos mexicanos tranquilidad dentro de sus horas de esparcimiento cuando disfruten de sus aparatos electrónicos en el seno de su hogar, y no influir en el temor y la impotencia de la sociedad, a través de miniseries policiacas constantes en radio y televisión, haciendo alarde de que existe seguridad en el país, las cuales son pagadas por el Ejecutivo federal; los mexicanos merecemos y exigimos el derecho del respeto.

Antecedente

Los medios electrónicos como la radio y la televisión, que por décadas nos han informado a través de sus noticieros los sucesos que acontecen dentro de la actividad de la vida social, política, económica, la nota roja y otros, considero que esto deben de continuar con la información que esta misma tiene que seguir siendo proporcionada por los noticieros y la prensa, que cada quien haga su trabajo, o sea el gobierno a gobernar y los medios a informar, en lo correspondiente al Ejecutivo federal o la Secretaría de Gobernación lo hagan por otros medios.

Exposición de Motivos

En materia legislativa, el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé en lo conducente que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más limites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública, en ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.

Examinando este artículo observamos y subrayamos sus últimos párrafos que dicen: que no tiene más limites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública, y esto considero un acto violatorio por parte del Ejecutivo federal, toda vez que sin ser prensa manda continuamente le transmitan no de boletines de información sino mas bien miniseries policíacas donde hacen alarde exagerado de su deber, y no tienen porque atentar ni excitar a la población, y que recuerden que con esto sólo provocan al crimen organizado para seguir con sus fechorías, hace algunos días el Ejecutivo federal, en la Ciudad de Chihuahua, pidió a los ciudadanos mexicanos que nos apoderemos de los espacios públicos para que la delincuencia no los tome, pero que recuerde el Ejecutivo que los malhechores tienen armas y nosotros pañuelos blancos, por lo tanto expongo ante este pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

1. Que se dejen de transmitir ese tipo de boletines, ya que en nada benefician a la sociedad, y que si tienen que informar lo hagan con el debido respeto a los ciudadanos a través de ruedas de prensa o boletines de información

2. Que el recurso millonario que invierte en estos informativos los otorgue a las familias de los mexicanos que han caído sin ser parte de estos conflictos y sobre todo a los que cumpliendo con su deber han sido abatidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2010.— Diputados: Blanca Estela Jiménez Hernández, Emilio Serrano Jiménez, Ma.Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Janet Graciela González Tostado, Julieta Octavia Marín Torres, Malco Ramírez Martínez, María del Carmen Izaguirre Francos, Juan Pablo Jiménez Concha, Francisco Ramos Montaño, Leobardo Soto Martínez (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

BEBIDAS ENERGIZANTES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de Salud y de Economía, así como a Cofepris, a llevar a cabo las acciones necesarias para regular la comercialización, distribución y venta de las denominadas bebidas energizantes.

La diputada Leticia Quezada Contreras: Con su venia, señor presidente. El tema que hoy me trae a la tribuna debe ser prioridad para las legisladoras y los legisladores. Es un tema de salud pública y que afecta fundamentalmente a las y los jóvenes de este país.

Las bebidas energizantes aparecieron en Europa en la década de los ochenta. Hoy día existen en el mercado mundial cientos de marcas distintas. Originalmente las bebidas energéticas fueron creadas para incrementar la resistencia física, proveer reacciones más veloces a quienes las consumían, lograr un nivel de concentración mayor, evitar el sueño, proporcionar sensaciones de bienestar, estimular el metabolismo y ayudar a eliminar sustancias nocivas para el cuerpo.

Estas bebidas son estimulantes y aunque inicialmente fueron utilizadas por deportistas, hoy en día su consumo se ha popularizado entre los jóvenes, quienes las toman para mantenerse despiertos, ya sea para prepararse para un examen o simplemente para estar despiertos durante la noche.

En nuestro país se venden en diversas presentaciones, precio y contenido, desde los 250 mililitros hasta más de medio litro por unidad. Entre las supuestas ventajas que ofrecen estas bebidas se encuentran: la revitalización y recarga de energía.

La Organización Mundial de la Salud ha solicitado que se les llame bebidas estimulantes. Ya que están hechas con sustancias que excitan el sistema nervioso central, principalmente la cafeína, el ingrediente responsable de que el individuo se mantenga despierto y eufórico. Sin embargo en nuestro país no es así.

Algunas marcas incluyen guaraná –también contienen cafeína y taurina– un aminoácido que participa en el transporte de sodio, calcio y potasio en el organismo, además de favorecer la irrigación sanguínea. Otras más las adicionan con vitaminas B en dosis bajas, por lo que no se pueden considerar como un producto alimenticio.

Los efectos de estas bebidas dependen de la susceptibilidad de quienes las consumen. Pero en general se ha documentado por especialistas que tras unas horas después de haberlas ingerido pueden aparecer dolores de cabeza, dilatación pupilar, taquicardias, intoxicación, hipertensión arterial, vómitos, nerviosismo e hiperactividad, entre otros. Inclusive, causando taquicardias fuertes. Inclusive la muerte –para nuestros jóvenes– combinadas con alcohol.

Además algunos estudios indican que la cafeína inhibe la absorción de calcio en los huesos, por lo que se corre el riesgo de la osteoporosis.

Hasta un 60 por ciento de los jóvenes, entre los 16 y 30 años de edad, son quienes más ingieren estas bebidas y las combinan con el alcohol.

Hay una preocupación grave, puesto que estas bebidas estimulan el sistema nervioso y combinadas con el alcohol lo deprimen, causando shocks muy fuertes y causando muchos accidentes viales, inclusive pueden llevar a muchos de nuestros jóvenes a un paro cardiaco, situación que se está registrando ya en muchos hospitales de nuestro país.

Pedimos que pueda llevarse a cabo un estudio completo, porque quisiera llamar la atención de que en algunos países como Noruega, Francia y Dinamarca han restringido la venta, no solamente en farmacias, sino que se ha prohibido su venta en lugares en los que se venden bebidas alcohólicas y a menores de edad.

Es por eso que estas bebidas energizantes son un peligro para muchos de nuestros jóvenes en nuestra ciudad y en nuestro país.

La Profeco en el año 2005 y la Cofepris han llevado a cabo algunas acciones, pero muy mínimas, para difundir los posibles riesgos que implican el consumo de estas bebidas en nuestros jóvenes. Es imprescindible garantizar la salud de las y los consumidores.

Por lo antes expuesto pongo a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, por lo que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a efecto de que se lleven a cabo los estudios necesarios para determinar el riesgo para la salud de las y los consumidores al ingerir las denominadas bebidas energizantes, y las consecuencias a la salud que causen al consumidor.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que de este estudio se pueda llevar a cabo la evaluación para que sea negada la distribución y comercialización tal como lo hacen los países como Dinamarca, Noruega y Francia, para que sean...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le pedimos concluir, diputada.

La diputada Leticia Quezada Contreras:Sí. Consumidas con alcohol, así como también garantizar esta distribución debido a que muchas de éstas entran por las aduanas y no hay un control claro. Esto es con la idea de proteger a los jóvenes de nuestro país.

Es cuanto, señor presidente. Por economía, con base en el 184, pido se inserte en el Diario de los Debates. Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Cofepris y a la Secretaría de Economía a llevar a cabo las acciones necesarias para regular adecuadamente la comercialización, distribución y venta de bebidas energizantes, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y a la Secretaría de Economía a llevar a cabo las acciones necesarias a fin de regular adecuadamente la comercialización, distribución y venta de las denominadas “bebidas energizantes”, conforme a los siguientes

Antecedentes

1. Las bebidas energizantes aparecieron en Europa en la década de 1980. Hoy existen en el mercado mundial cientos de marcas distintas. Las bebidas energéticas “fueron creadas para incrementar la resistencia física, proveer reacciones más veloces a quien las consumía, lograr un nivel de concentración mayor, evitar el sueño, proporcionar sensación de bienestar, estimular el metabolismo y ayudar a eliminar sustancias nocivas para el cuerpo”.

2. Las energizantes son bebidas estimulantes y, aunque inicialmente fueron utilizadas por deportistas, hoy su consumo se ha popularizado entre los jóvenes, quienes las toman para mantenerse despiertos, ya sea para preparar un examen o simplemente estar despiertos durante la noche.

Estas bebidas se venden desde hace más de 20 años en al menos 120 países, el nuestro entre ellos. Se expenden en diversas presentaciones de precio y contenido, desde 250 mililitros hasta más de 500 por unidad.

3. Entre las supuestas ventajas que ofrecen las bebidas energizantes se encuentran una “revitalización” o “recarga de energía”. Frecuentemente, las personas las compren con el afán de mantenerse despiertas o recargarse de vitalidad cuando se sienten fatigadas, para seguir consumiendo alcohol o sustituir la ingesta de alimentos.

4. La Organización Mundial de la Salud ha solicitado que se les llame “bebidas estimulantes”, ya que están hechas con sustancias que excitan el sistema nervioso central, principalmente cafeína, el ingrediente responsable de que el individuo se mantenga “despierto” y “eufórico”; sin embargo, en el país no es así.

Algunas marcas incluyen guaraná –también contiene cafeína– y taurina –un aminoácido que participa en el transporte de sodio, calcio y potasio en el organismo, además de que favorece la irrigación sanguínea–; otras más adicionan vitaminas de complejo B en dosis bajas, por lo que no pueden considerarse complemento alimenticio.

5. Se ha señalado que el consumo excesivo puede ocasionar síntomas de toxicidad en el cuerpo, que van desde simples trastornos corporales, como nerviosismo, ansiedad, diuresis, sudoración, malestares gástricos o insomnio, hasta problemas cardiacos graves. Además, se ha referido que la cafeína inhibe la absorción de calcio en los huesos, por lo que aumenta el riesgo de osteoporosis.

Asimismo, se ha destacado que las embarazadas o mujeres en lactancia no deben consumirlas, tampoco los niños, pues la dosis de cafeína es excesiva para su peso, por lo que puede sobreexcitarlos y favorecer la hiperactividad. Los efectos de estas bebidas dependen de la susceptibilidad de quien las consume, pero en general se ha documentado por especialistas que tras unas horas de haberlas ingerido, pueden aparecer dolores de cabeza, dilatación de pupilas, taquicardias, intoxicación, hipertensión arterial, vómitos, nerviosismo e hiperactividad, entre otros.

Estos hechos han propiciado que en muchos países, instituciones dedicadas a la protección contra riesgos sanitarios recomienden que las bebidas energizantes no sean consumidas por menores de edad, por embarazadas o mujeres que estén en lactancia, que no se mezclen con bebidas alcohólicas y que no se exceda su consumo.

En algunos otros países, como en el nuestro, se trabaja en proyectos de ley para regular adecuadamente el consumo de estas bebidas y en casos como en el de Noruega, Francia y Dinamarca se ha restringido su venta sólo en farmacias, o se ha prohibido su venta en lugares en los que se vendan bebidas alcohólicas y a menores de edad.

Considerando

I. Que el principal peligro de las bebidas energizantes no radica en su consumo eventual sino en el excesivo y al combinarlas con bebidas alcohólicas, a menores de edad o personas con algún padecimiento, lo cual puede tener efectos dañinos en la salud física y mental, pudiendo dañar el sistema nervioso central, afectar las funciones cardiacas e incluso provocar la muerte.

II. Que la falta de etiquetación adecuada con advertencias sobre su consumo, efectos secundarios o contraindicaciones genera incertidumbre para quien las consume y evita tener certeza de sus efectos.

III. Que especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han señalado que debido a sus componentes, taurina y cafeína, principalmente, estos líquidos pueden producir daños irreversibles en riñón, corazón y sistema circulatorio, así como taquicardia, ansiedad, desesperación y sed, y provocar daños aún mayores.

IV. Que hasta 60 por ciento de los jóvenes, de entre 16 y 30 años de edad, ingieren en mayor proporción estos productos que, combinados con alcohol, incrementan dichos efectos y ocasionan malestares y pueden tener consecuencias fatales.

V. Que estas bebidas se relacionan en alto porcentaje con problemas de obesidad por su alto contenido calórico y, paradójicamente, se relacionan con trastornos alimenticios como la anorexia, ya que se calcula que 20 de cada 100 casos se asocian con su consumo.

VI. Que especialistas del IMSS han señalado que la combinación de las bebidas energizantes con sustancias etílicas provoca deshidratación, dolores de cabeza, hipertensión, dilatación de pupilas, vómito, hiperactividad y nerviosismo y, en casos extremos, hasta infartos.

VII. Que pese a que desde 2005 la Profeco y la Cofepris han llevado a cabo algunas acciones mínimas para difundir los posibles riesgos que implica el consumo de estos productos, principalmente combinados con alcohol o en más de una ración al día, no se han llevado a cabo acciones que garanticen la seguridad de los consumidores.

VIII. Que es imprescindible garantizar la salud de los consumidores y brindarles la información necesaria para que conozcan los efectos derivados del consumo de las bebidas energizantes y las posibles consecuencias a su salud, y obligar a las empresas y particulares que fabrican, importan, distribuyen y comercializan estas bebidas energizantes para que en los envases se señale ampliamente el riesgo que implica el consumo de éstas.

IX. Que es fundamental entrar de fondo en la regulación de estas bebidas, fijar normas sobre su distribución y venta, y dar una amplia difusión de los efectos de su consumo en la salud.

Por lo expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados, LXI Legislatura, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a llevar a cabo los estudios necesarios a fin de determinar el riesgo para la salud de los consumidores por la ingesta de bebidas energizantes y las consecuencias a la salud que causa el consumo.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a la Secretaría de Economía a llevar a cabo las acciones necesarias a fin de regular adecuadamente la comercialización, distribución y venta de las bebidas energizantes, confiriendo prioridad a la salud de los consumidores y advirtiendo sobre las consecuencias de su consumo en la salud.

Notas:

1 http://www.salud.com/secciones/cancer.asp?contenido=274829

2 http://www.cic-ctic.unam.mx/unamirada/download/pdf_prensa/unamirada_45.pdf

3 http://www.google.com/search?q=imss+bebidas+energizantes&hl=es&sourceid =gd&rlz=1D1DCMX_esMX348MX367

4 http://www.profeco.gob.mx/alertas/alertas05/alertas_bebid_alcohol.asp

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2010.— Diputados: Leticia Quezada Contreras, Ma.Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Julián Francisco Velázquez y Llorente, Gloria Romero León, Guadalupe Valenzuela Cabrales, Janet Graciela González Tostado, Blanca Estela Jiménez Hernández, Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Insértese en el Diario de de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Economía.

Compañeras y compañeros diputados, nos visitan alumnos de la Universidad Vasco de Quiroga procedentes del estado de Michoacán, invitados por el señor diputado Agustín Torres Ibarrola. Sean ustedes bienvenidos.

El diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Diputado Velázquez, dígame.

El diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente (desde la curul): Señor presidente, para pedirle a la diputada Leticia Quezada si me permite adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Diputada Leticia Quezada ¿está usted de acuerdo en que se adhieran a su proposición?

La diputada Leticia Quezada Contreras(desde la curul): Estoy de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Está de acuerdo. Por favor pase a firmar el documento.

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Florentina Rosario Morales para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se hace público el conocimiento oficial y las obligaciones derivadas de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el caso Rosendo Radilla en contra del Estado mexicano, suscrita por los diputados integrantes de los grupos parlamentarios del PRD y del PT.

La diputada Florentina Rosario Morales:Con su venia, diputado presidente. Señores diputados, señoras diputadas, los compromisos del Estado mexicano con el pueblo de México y frente a la comunidad internacional respecto de una tutela efectiva de los derechos humanos y, en consecuencia, de la revisión de los crímenes de Estado cometidos contra la población en el pasado autoritario no han sido cabalmente asumidos. Los crímenes no han sido del todo esclarecidos y mucho menos llevados a término de manera satisfactoria para los agraviados.

A estas situaciones se añaden recientes violaciones a los derechos humanos derivadas de la conflictividad social y política que vive el país en estos tiempos de cambio, lo que ha derivado en una vinculación de continuidad entre las políticas del pasado y que hoy están en curso de tratamiento en las condiciones de gobernabilidad del país.

Es relevante señalar que el Poder Judicial está frecuentemente cuestionado por la población, que no siente atendidas sus reclamaciones de justicia. Como consecuencia de esto, un número creciente de actores de la vida política y social de México se han visto obligados a recurrir a instancias y tribunales internacionales de justicia y protección de derechos humanos, en particular.

En evaluación periodística realizada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 29 de mayo de 2009, el gobierno de México recibió decenas de recomendaciones al respecto. El 23 de noviembre último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenatoria en contra del Estado mexicano por el caso de Rosendo Radilla, con puntos específicos que deben ser atendidos por el Estado.

Como parte sustancial de este fallo se incluyó la determinación de hacer público el texto íntegro del documento, lo que ocurrió con la publicación de 7 páginas completas en el diario El Universal del 9 de febrero del presente año.

Los casos judiciales derivados de movimientos sociales, tanto del pasado como del presente, no han encontrado soluciones de justicia y satisfacción suficiente en México, por lo que se están canalizando a instancias y tribunales internacionales y se encuentran en diversos momentos procesales.

La justicia expedita respecto de las garantías individuales y la protección de los derechos humanos son obligaciones irrenunciables de las instituciones del Estado. Estos preceptos son también condición indispensable para la vigencia de la libertad y la democracia a la que aspira el pueblo de México.

Por estas razones y en concordancia con las obligaciones del país, en tanto miembro destacado de la comunidad internacional y signatario de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, esta proposición con puntos de acuerdo debe ser considerada como la manifestación del tratamiento serio, formal y republicano de este honorable Congreso de la Unión...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le pedimos concluir, diputada, por favor.

La diputada Florentina Rosario Morales:... al contenido de la sentencia y, al mismo tiempo, un compromiso de disponibilidad para cumplir en lo que corresponde en los ajustes legislativos pertinentes, como la modificación del fuero de guerra y la armonización del derecho interno con el internacional.

Al tenor de las anteriores consideraciones, se emite la siguiente proposición con puntos de acuerdo:

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ratifica la disponibilidad de esta soberanía para dar cauce procesal expedito a las iniciativas de ley procedentes del Ejecutivo, encaminadas a dar cumplimiento a las recomendaciones y a los puntos de sentencia establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a tomar todas las medidas necesarias y suficientes para cumplir los puntos específicos señalados en la sentencia del caso Rosendo Radilla.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y al Poder Judicial de la Federación a dinamizar los procesos judiciales en curso con relación a los casos de violaciones graves de derechos humanos cometidas en octubre de 1968, el 10 de junio de 1971 y en el periodo conocido como la Guerra Sucia, así como todos los casos recientes que se reclaman en ese rubro. Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se hace público el conocimiento oficial y las obligaciones derivadas de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 23 de noviembre de 2009, por el caso de Rosendo Radilla en contra del Estado mexicano, suscrito por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo

Los que suscriben, Alejandro Encinas Rodríguez, Jesús Zambrano Grijalva y Rigoberto Salgado Vázquez, diputados a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y Jaime Cárdenas Gracia, Porfirio Muñoz Ledo y Gerardo Fernández Noroña, diputados a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los compromisos del Estado mexicano con el pueblo de México y frente a la comunidad internacional respecto a una tutela efectiva de los derechos humanos y, en consecuencia, de la revisión de los crímenes de Estado cometidos contra la población en el pasado autoritario no han sido cabalmente asumidos; los crímenes no han sido del todo esclarecidos ni, mucho menos, llevados a término de manera satisfactoria para los agraviados.

A estas situaciones se añaden recientes violaciones de los derechos humanos derivadas de la conflictividad social y política que vive el país en estos tiempos de cambios, lo que ha derivado en una vinculación de continuidad entre las políticas del pasado y las que hoy están en curso en el tratamiento de las condiciones de la gobernabilidad del país.

El Poder Judicial está frecuentemente cuestionado por la población, que no siente atendidas sus reclamaciones de justicia. Como consecuencia, un número creciente de actores de la vida política y social de México se han visto obligado a recurrir a instancias y tribunales internacionales de justicia y protección de derechos humanos. En particular, en la evaluación periódica realizada por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 29 de mayo de 2009, el gobierno de México recibió decenas de recomendaciones al respecto.

El 23 de noviembre último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por el caso Rosendo Radilla, con puntos específicos que deben ser atendidos por el Estado. Como parte sustancial de ese fallo se incluyó la determinación de hacer público el texto íntegro del documento, lo que ocurrió con la publicación –siete páginas completas– en el diario El Universal del 9 de febrero del presente año.

Los casos judiciales derivados de movimientos sociales tanto del pasado como del presente, que no han encontrado soluciones de justicia y satisfacción suficiente en México, se están canalizando a instancias y tribunales internacionales y se encuentran en diversos momentos procesales.

La justicia expedita, el respeto irrestricto de las garantías individuales y la protección de los derechos humanos son obligaciones irrenunciable s de las instituciones del Estado. Esos preceptos son también condición indispensable para la vigencia de la libertad y la democracia a que aspiramos los mexicanos.

Por esas razones y en concordancia con las obligaciones del país en tanto miembro destacado de la comunidad internacional y signatario de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, esta proposición con puntos de acuerdo debe ser considerada como la manifestación del tratamiento serio, formal y republicano del Congreso de la Unión al contenido de la sentencia y, al mismo tiempo, un compromiso de disponibilidad para cumplir en lo que corresponde en los ajustes legislativos pertinentes, como la modificación del fuero de guerra y la armonización del derecho interno con el internacional.

Al tenor de las anteriores consideraciones, se emite la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ratifica la disponibilidad de esta soberanía para dar cauce procesal expedito a las iniciativas de ley procedentes del Ejecutivo encaminadas a dar cumplimiento a las recomendaciones y a los puntos de sentencia establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a tomar todas las medidas necesarias y suficientes para cumplir los puntos específicos señalados en la sentencia del caso Rosendo Radilla.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y al Poder Judicial de la Federación a dinamizar los procesos judiciales en curso con relación a los casos de violaciones graves de derechos humanos cometidas en octubre de 1968, el 10 de junio de 1971 y en el periodo conocido como “guerra sucia”, así como todos los casos recientes que se reclaman en ese rubro.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de marzo de 2010.— Diputados: Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Jesús Zambrano Grijalva, Florentina Rosario Morales (rúbrica), Rigoberto Salgado Vázquez, Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica), Jaime Cárdenas Gracia (rúbrica), Gerardo Fernández Noroña (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el señor diputado Víctor Manuel Castro Cosío, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Baja California, con relación a la campaña de violencia sistemática en contra de la ciudadanía.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío:Buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados. Señor presidente, le agradezco su atención y la oportunidad de comentar algo que lo he platicado con algunos compañeros de Baja California, de Acción Nacional, y quisiera pedir la atención para hacer algo: que pudiéramos establecer juntos y trabajar en algo que nos han encargado del sector educativo, como parte de la Comisión de Educación.

No están aquí los compañeros, sin embargo, voy a sentar el precedente para turnar a la comisión un punto de acuerdo.

De manera particular se ha quejado en esta comisión, con nosotros, la compañera maestra en ciencias, Martha Beatriz López Amador, de un hostigamiento permanente por parte del gobierno panista de Baja California y, en especial, de un grupo que se hace llamar el Tecopan de Baja California. Y esta situación nos ha preocupado.

Quisiera dejar hoy constancia para buscar juntos, con los compañeros legisladores de Baja California, del hermano estado de Baja California, la posibilidad de iniciar esta investigación, ya que el día de hoy se sentaba un buen precedente por parte de los compañeros de Acción Nacional para evitar cualquier cuestión que lastime las buenas relaciones y que la política sea una actividad de respeto, de buena voluntad y de evitar en todo lo que quepa la violencia, el hostigamiento, desterrar estas prácticas que no conducen más que sólo a irritar a la sociedad.

De manera muy especial queremos que esta violencia sistemática de hostigamiento, de amenazas, contra la maestra Beatriz López Amador se eviten, se investiguen y si hay razón de sus quejas, pues con todo derecho, y que el gobierno de Baja California Norte nos dé la oportunidad de que esto no continúe.

Yo, personalmente, hoy voy a estar en Tijuana y voy a buscar a mis compañeros para ponernos de acuerdo, y si hay algunos compañeros legisladores de Baja California aquí que no conozca, ponernos de acuerdo a fin de que se haga la investigación de este caso.

Lo voy a turnar a comisión para que se abra una investigación y, si hay razón, pues se tomen las medidas conducentes. Agradezco su atención y ojalá podamos esclarecer esta denuncia que hace la maestra en ciencias Martha Beatriz López Amador.

Eso es para turnarse a comisión, un punto de acuerdo, y con todo gusto pondremos lo que esté de nuestra parte para que no haya hostigamiento en ningún sitio, a ninguna persona por sus planteamientos políticos, ideológicos o religiosos. Eso es todo. Gracias, señor presidente y turnamos el documento a la comisión respectiva.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno y a los miembros del Partido Acción Nacional de Baja California a cesar de inmediato la campaña de violencia sistemática contra los ciudadanos, especialmente en perjuicio de la maestra en ciencias Martha Beatriz López Amador, a cargo del diputado Víctor Castro Cosío, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Víctor Castro Cosío, diputado por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta a esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con puntos de acuerdo:

Consideraciones

Según denuncias de un número creciente de ciudadanos de Baja California, el Partido Acción Nacional ha creado en la entidad el grupo de choque Te Contesto por el PAN (Tecopan), con vista a las elecciones de 2010.

Los miembros del Tecopan reciben pagos, en dinero y en especie, por el gobierno estatal para hacer llamadas radiofónicas en favor del PAN, y aplicar una estrategia de violencia sistemática contra los ciudadanos que no comulgan con ese instituto político, especialmente en perjuicio de los compañeros del PRD, con el eslogan “Sacar del estado a quienes no estén de acuerdo con el PAN”.

Esta “estrategia de despoblación” no es nueva para los panistas: se remonta a los años de la posguerra, tiempo en que fue coordinada por la Unión Nacional Sinarquista.

En la actualidad, las técnicas diseñadas por los panistas para esta criminal despoblación incluyen el uso de un brutal hostigamiento y difamación, e incluso desalojos ilegales y quema de viviendas; esto último, en la colonia Ejido Maclovio Rojas.

En el colmo de estos hechos, se usan las actividades inherentes al programa Oportunidades para llevar a cabo este patrón de difamación y violencia encarnizada, valiéndose incluso de grupos de mujeres entrenadas y armadas y, en un abuso insultante contra los derechos humanos, se utiliza a niños para cumplir sus actos agresivos.

De manera especial debe destacarse el caso de la maestra en ciencias Martha Beatriz López Amador, quien es víctima de constantes amenazas de muerte y de un hostigamiento persistente y asfixiante, que incluye la obstaculización para su reinserción laboral y continuar estudios de doctorado. Su falta ha sido dar a conocer ante la opinión pública los verdaderos orígenes históricos de Acción Nacional.

Todos los actos de agresión referidos violentan de manera frontal lo ordenado en la Constitución federal, tanto en materia de derechos humanos como de derechos políticos. Los gobiernos de los estados tienen la obligación de ajustarse a derecho, de manera que se logre una convivencia armónica y productiva de sus habitantes, y no aplicar conductas abiertamente delictivas, fascistas, que rompen el tejido social, hasta llegar al colmo de aplicar la intolerancia como política sistemática en persecución de los que disienten, especialmente de las mujeres.

Inútil resulta que los ciudadanos acudan a la Procuraduría de Justicia del estado y otras instancias competentes, pues son desoídos en su reclamo de justicia.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobierno y a los panistas de Baja California a cesar de inmediato los actos de violencia sistemática contra los ciudadanos, valiéndose de grupos de choque como el Tecopan; especialmente, a cesar el hostigamiento y las amenazas de muerte contra la maestra en ciencias Martha Beatriz López Amador. Deben ajustar su conducta a lo ordenado en la Constitución federal en materia de derechos humanos y políticos.

Segundo.Se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la de Justicia del Estado de Baja California a dar oportuno trámite en el ámbito de sus competencias a las denuncias que se presenten ante ellas para deslindar responsabilidades en la comisión de estos hechos criminales y tan bochornosos.

Tercero.Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a iniciar una investigación sobre los preocupantes hechos que se detallan en el cuerpo del presente, con objeto de que cobre plena vigencia el respeto de las garantías fundamentales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2010.— Diputados: Víctor Castro Cosío, Emilio Serrano Jiménez, Rigoberto Salgado Vázquez, Rodolfo Lara Lagunas (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, señor diputado. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

El diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, diputado Cortez, dígame.

El diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza (desde la curul): Buenas tardes, presidente. Nada más para comentarle al diputado exponente. Me interesaría platicar con él para ver el tema de esta persona de la que trata su punto de acuerdo, ya que la persona ésta, está enferma psicológicamente, desvaría mucho. Yo la estoy apoyando con medicina, la estoy apoyando, inclusive, porque la corrieron de donde vivía por no pagar la renta.

Es un mar de problemas esta persona. No sufre ningún hostigamiento por gente afiliada a Acción Nacional, inclusive ese grupo que menciona, TUCAN, las iniciales significan Todos Unidos contra Acción Nacional. Entonces, no son panistas los que en un momento dado la estarían hostigando.

Yo soy diputado de Acción Nacional y, como le digo, yo la estoy apoyando. Entonces, sí me gustaría platicar con el diputado, ponernos de acuerdo y yo lo acompañaría, inclusive, ahí en Tijuana, ya que es parte de mi distrito la colonia donde ella reside.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muy bien. Se tienen sus manifestaciones. Si platica con el señor, diputado, a efecto de que puedan ver el tema correspondiente, si son tan amables. Gracias.

ESTADO DE MEXICO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se recibió del diputado Óscar Martín Arce Paniagua, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de México y a la Procuraduría General de Justicia de dicho estado a que investigue los posibles vínculos de miembros de la Agencia de Seguridad Estatal con la delincuencia organizada.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador y a la PGJ del estado de México a investigar los posibles vínculos de miembros de la ASE con la delincuencia organizada, y a implantar de manera urgente procedimientos de control y confiabilidad a los integrantes de esa corporación policiaca, a cargo del diputado Óscar Martín Arce Paniagua, del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de México y a la Procuraduría General de Justicia de dicha entidad, a que investiguen los posibles vínculos de miembros de la Agencia de Seguridad Estatal con la delincuencia organizada, así como para que implementen, de manera urgente, procedimientos de control y confiabilidad a los integrantes de dicha corporación policiaca, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La inseguridad pública es uno de los males que sufrimos los mexicanos, ya que nos aleja del proyecto de nación que buscamos, debemos decir que la delincuencia que nos agobia resulta doblemente nefanda cuando es cometida por un servidor público, y se agrava aún más cuando dichos actos son cometidos por los cuerpos policíacos, que tienen por presupuesto y encomienda, la seguridad y la protección de las personas.

En el caso que nos ocupa, la opinión pública ha documentado ampliamente diversas irregularidades en la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) que depende del gobierno del estado de México, por lo que huelga reproducirlos en este exhorto, donde en algunos casos se le vincula con la delincuencia organizada, ya sea por el hecho de que alguno de sus miembros participan directamente, o bien, por omisión, al dejar hacer, e inclusive proteger a ciertos grupos de delincuentes.

Debemos señalar, que al menos quienes son vecinos o aquellos que transitan por las vialidades del estado de México reconocen y saben de la negativa fama pública, respecto de la policía estatal de esa entidad, en lo que atañe a las cuestiones de tránsito y vialidad, pero el temor ciudadano crece, cuando cabe la posibilidad de que la detención por una infracción administrativa, de pie para encontrarse frente a un posible secuestrador, homicida o narcotraficante que opera en grupo y al amparo de una insignia oficial.

Asimismo, debemos dimensionar que el área de influencia de la referida agencia policiaca, no sólo se circunscribe al estado de México, sino que tiene influjo en los estados circunvecinos, como son, Morelos, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Querétaro, Tlaxcala, Michoacán y el Distrito Federal; lo anterior en virtud de la peculiar geografía del estado de México, que rodea al Distrito Federal, y con un gran campo de acción en el centro del país.

En los casos más graves, se debe advertir que su servicio público es sólo el pretexto para el asalto, extorsión, robo, secuestro, venta de drogas, así como para brindar servicios de escolta y cuidado a las actividades del crimen organizado, o bien se encargan de brindar servicios de información a bandas delictivas respecto de las actividades que se realizan en el ámbito o zonas donde realizan su patrullaje y vigilancia.

Ahora bien, de acuerdo al decreto del gobernador del estado de México, de fecha 2 de febrero de 2006, se crea el organismo desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, denominado Agencia de Seguridad Estatal, con autonomía técnica y operativa, coordina las funciones de: seguridad pública y tránsito, prevención y readaptación, protección civil, y pirotecnia.

Por tanto, corresponde al gobernador atender de manera personal e inmediata este grave problema que rebasa las fronteras del estado de México, para que se realicen las investigaciones ministeriales correspondientes por la Procuraduría del estado, así como para que se revisen y hagan más estrictos y periódicos, aquellos procedimientos de control y confiabilidad a los miembros de la referida agencia policiaca, a través de pruebas de polígrafo, psicológicas, estudios médicos, socioeconómicos y toxicológicos, entre otras.

Finalmente, los diputados proponentes esperamos que este exhorto encuentre eco y oídos en el gobernador del estado de México, y que por el bien de los mexicanos y especialmente de los mexiquenses y sus familias, que habitan en dicho estado, se atienda con la oportunidad y diligencia debidas; ya que en caso de omisión, sabremos que donde la violencia impera, la palabra y la acción callan, pudiendo exigir su responsabilidad no por omisión, sino por complicidad.

Por lo anterior se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de México y a la Procuraduría General de Justicia de dicho estado, a que investiguen los posibles vínculos de miembros de la Agencia de Seguridad Estatal con la delincuencia organizada, así como para que implanten, de manera urgente, procedimientos de control y confiabilidad a los integrantes de dicha corporación policiaca.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2010.— Diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El diputado Rigoberto Salgado Vázquez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, diputado, dígame.

El diputado Rigoberto Salgado Vázquez (desde la curul): Antes de continuar, preguntarle al proponente si nos permite anexarnos a su punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:¿Está usted de acuerdo, señor diputado, en que se adhieran a su proposición?

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío(desde la curul): Sí estoy de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí está de acuerdo, señor diputado. Pase usted.

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el señor diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Turismo que emita a la brevedad posible el Reglamento de la Ley General de Turismo.

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja:Gracias. Con su venia, señor presidente. Sin lugar a dudas el turismo se ha convertido en un sector estratégico para el desarrollo económico de México. Esta actividad se perfila actualmente como la tercera fuente más importante en la captación de divisas, como un detonador importante para el crecimiento y desarrollo municipal, regional y estatal, a través de la infraestructura turística, así como una fuente importante para la generación de empleos.

Por esas razones debemos garantizar que esa actividad se pueda constituir como uno de los ejes claves para la superación de la pobreza y el desarrollo nacional. Sea conducida con responsabilidad bajo el amparo de un marco legal acorde a las necesidades del sector, pero que también garantice su carácter social, accesible y sustentable, pues ésta debe ser una actividad planeada y desarrollada con criterios de sustentabilidad económica, social y de protección al medio ambiente y demás recursos naturales, históricos, culturales que forman parte de nuestro patrimonio nacional.

En este sentido es que durante los últimos años se han realizado diversos esfuerzos que han dado resultados muy importantes. Tal ha sido el caso de la nueva Ley General de Turismo, aprobada durante la LX Legislatura, con la intención de contar con un nuevo marco jurídico que lograse empoderar a la Secretaría del ramo, así como tener una legislación más integral que se adecuase a los requerimientos actuales para hacer del turismo un sector más competitivo y sustentable.

De ahí la necesidad de que esta ley otorgara mayores facultades a la Secretaría de Turismo, se establecieran nuevas reglas para la concurrencia y coordinación entre las diversas autoridades, se reconociera plenamente a los consejos consultivos, se incluyera la elaboración del Atlas Turístico de México como herramienta de promoción. Y definiciones como la de turismo sustentable, que se conformara la concepción de las zonas de desarrollo turístico sustentable y, en términos generales, se establecieran nuevos lineamientos para la política y planeación de la actividad turística.

En suma, la modernización de esta ley ha constituido un importante esfuerzo con miras a reforzar al sector turístico y consolidarlo como uno de los motores fundamentales para el desarrollo y crecimiento de nuestra economía. Sin embargo, todavía no ha sido posible palpar los beneficios y resultados que se esperan de este esfuerzo, pues aún, incluso después de que la ley entró en vigor desde el 16 de junio de 2009, sigue pendiente la emisión de su reglamento, el cual de acuerdo con el artículo cuarto transitorio de la propia Ley General de Turismo debía emitirse dentro de los 180 días naturales a partir de entrada en vigor la ley.

Esta situación resulta preocupante, pues en tanto no se emita el reglamento continuará al aire la aplicación y cumplimiento de muchos de los nuevos ordenamientos.

De nada sirve tener una ley modernizada con toda una serie de elementos que pretenden imprimir un mayor dinamismo al sector y que resultan inoperantes en tanto no exista la reglamentación correspondiente.

Aunado a lo anterior, la situación actual del turismo se presenta crítica, si bien por la situación atípica que enfrentó durante el año pasado a causa de la crisis económica y la contingencia sanitaria ocasionada por la influenza, o bien por la poca voluntad política que se ha manifestado, pues desde hace mucho tiempo ya, este ramo se encuentra en un clima de gran incertidumbre.

Primero, por la tentativa desaparición de la Secretaría para incorporarla a la de Economía y la reducción presupuestal para este año y la desaparición de una dirección general. Aunado a ello, los rumores sobre el cambio del titular de la Secretaría y otros funcionarios, lo cual ya es un hecho, así como el cierre de las representaciones en el extranjero, entre otras.

Todo ello ha generado un clima de inestabilidad e incertidumbre respecto al funcionamiento de la misma Secretaría, que sin duda alguna debe ser el eje rector de la planeación, regulación y conducción de la actividad turística de este país.

Aunque quizá esto se deba a la necesidad de transformaciones, éstas deben hacerse de una manera clara y sin intervenir en el buen funcionamiento y operatividad del sector en su conjunto. Toda vez, como ya se señaló, hoy el turismo es una de las alternativas más viables para detonar el crecimiento económico del país.

No obstante, esto sólo ocurrirá en la medida en que logremos potencializarlo y capitalizarlo, por lo que hoy más que nunca es necesario hacer valer los aportes con que se enriqueció la Ley General de Turismo y de ahí que sea urgente la emisión de su reglamento, pues de lo contrario...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le pedimos concluir, diputado.

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja: Sí, señor presidente. Pues de lo contrario seguirá paralizando la nueva etapa que se prometía para el sector turístico nacional y que se extendió como promesa recobrar la competitividad para hacer de México una potencia turística a nivel mundial.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente punto de acuerdo:

Único. Se solicita de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Turismo que emita el Reglamento de la Ley General de Turismo a la brevedad posible. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la Sectur que emita con la mayor brevedad el Reglamento de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal Víctor Manuel Báez Ceja, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática por Michoacán, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se someta a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

Sin lugar a dudas, el turismo se ha convertido en un sector estratégico para el desarrollo económico de México. Esta actividad se perfila actualmente como la tercera fuente más importante en la captación de divisas, como un detonador importante para el crecimiento y desarrollo municipal, regional y estatal a través de la infraestructura turística, así como una fuente importante para la generación de empleos.

Por esas razones, debemos garantizar que si esa actividad se puede constituir como uno de los ejes claves para la superación de la pobreza y el desarrollo regional, sea conducida con responsabilidad bajo el amparo de un marco legal acorde a las necesidades del sector, pero que también garantice su carácter social, accesible y sustentable. Pues ésta debe ser una actividad planeada y desarrollada con criterios de sustentabilidad económica, social y de protección al medio ambiente y demás recursos naturales, históricos y culturales que forman parte de nuestro patrimonio nacional.

En ese sentido es que durante los últimos años, se han realizado diversos esfuerzos que han dado resultados muy importantes. Tal ha sido el caso de la de la nueva Ley General de Turismo, aprobada durante la LX legislatura, con la intención de contar un nuevo marco jurídico que lograse empoderar a la secretaría del ramo, así como tener una legislación más integral que se adecuase a los requerimientos actuales para hacer del turismo un sector más competitivo y sustentable.

De ahí la necesidad de que en esta ley se otorgaran mayores facultades a la Secretaría de Turismo, se establecieran nuevas reglas para la concurrencia y coordinación entre las diversas autoridades (secretarías y dependencias federales, estados, municipios, DF, etcétera), se reconocieran plenamente a los consejos consultivos, se incluyeran la elaboración del atlas turístico de México como herramienta de promoción, y definiciones como la de “turismo sustentable”;  que se formulara la concepción de las zonas de desarrollo turístico sustentable y, en términos generales, se establecieran nuevos lineamientos para la política y planeación de la actividad turística.

En suma, la modernización de esta ley ha constituido un importante esfuerzo con miras a reforzar al sector turístico y consolidarlo como uno de los motores fundamentales para el desarrollo y crecimiento de nuestra economía.

Sin embargo, todavía no ha sido posible palpar los beneficios y resultados que se esperan de este esfuerzo, pues aún, incluso después de que la ley entró en vigor desde el 16 de junio del 2009, sigue pendiente la emisión de su reglamento. Situación que resulta preocupante, pues en tanto esto no suceda continuaran al aire, la aplicación y cumplimiento de muchos de los nuevos ordenamientos. Y de nada sirve tener una ley modernizada con toda una serie de elementos que pretenden imprimir un mayor dinamismo al sector, y que resultan inoperantes en tanto no exista la reglamentación correspondiente.

Aunado a lo anterior, que la situación actual del turismo se presenta crítica. Si bien por la situación atípica que enfrento durante el año pasado a causa de la crisis económica y la contingencia sanitaria ocasionada por la influenza; o bien por la poca voluntad política que se ha manifestado. Pues desde hace un tiempo ya, este ramo se encuentra en un clima de gran incertidumbre. Primero por la tentativa desaparición de la secretaría para incorporarla a la de economía, luego la reducción presupuestal para este año y la desaparición de una Dirección General, aunado a ello, los rumores sobre la renuncia del titular de la secretaría, los cambios de funcionarios y el cierre de representaciones en el extranjero, entre otros.

Todo ello ha generado un clima de inestabilidad e incertidumbre respecto al funcionamiento de la misma secretaría, quien sin duda alguna debe ser el eje rector de la planeación, regulación y conducción de la actividad turística en el país. Y aunque quizá esto se deba a la necesidad de transformaciones, estas deben hacerse de una manera clara y sin intervenir en el buen funcionamiento y operatividad del sector en su conjunto. Toda vez que como ya se señaló, hoy por hoy el turismo es una de las alternativas más viables para detonar el crecimiento económico del país.

No obstante, esto sólo ocurrirá en la medida en que logremos potencializarlo y capitalizarlo; por lo que hoy más que nunca es necesario hacer valer los aportes con que se enriqueció a la Ley General de Turismo, y de ahí que sea urgente la emisión de su reglamento. Pues, de lo contrario, seguirá paralizada la nueva etapa que se prometía para el sector turístico nacional, y que extendió como promesa recobrar la competitividad para hacer de México una potencia turística a nivel mundial.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se solicita de manera respetuosa al secretario de Turismo que emita el Reglamento de la Ley General de Turismo a la mayor la brevedad posible.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de marzo de 2010.— Diputados: Víctor Manuel Báez Ceja, Emilio Serrano Jiménez, Laura Arizméndi Campos, Miguel Ángel García Granados, osé Luis Velasco Lino, José M.Torres Robledo, Juan Pablo Jiménez Concha (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Turismo.

La diputada Laura Arizmendi Campos (desde la curul). Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Solicita la palabra la diputada Laura Arizmendi. Dígame usted, diputada.

La diputada Laura Arizmendi Campos(desde la curul). Gracias, señor presidente. Para solicitarle al diputado Báez que me permita adherirme a su punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:¿Está usted de acuerdo en que se adhieran, diputado?

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja (desde la curul): Con mucho gusto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Está de acuerdo el diputado, así que aquellas compañeros y aquellos compañeros que deseen adherirse pasen a firmarlo por favor.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Dígame, diputado Serrano.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Es en el mismo sentido, ya que urge ese reglamento.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Pase por favor a firmarlo.

Nos visita en este recinto personal del Instituto Municipal de la Mujer de Tlalnepantla, estado de México, invitados por el diputado Amador Monroy Estrada.

Asimismo, del Instituto Isaac Newton, invitados por la diputada Silvia Pérez Ceballos.

De igual manera, nos visitan jóvenes representantes de los Institutos de la Juventud y varios municipios de Campeche, invitados por el diputado Víctor Kidnie de la Cruz.

También nos visitan lideresas sociales del distrito XIII de Nezahualcóyotl, por el diputado Omar Rodríguez Cisneros, quien fue el que las invitó.

EMBARGO CAMARONERO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Rafael Pacchiano Alamán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo al embargo camaronero impuesto por Estados Unidos de América.

El diputado Rafael Pacchiano Alamán: Con su venia, presidente. Buenas tardes compañeras diputadas y compañeros diputados, el 1 de marzo del año en curso, Estados Unidos de América comunicó al gobierno mexicano su decisión de no otorgar a nuestro país la certificación para la importación de camarón por no contar con las medidas eficaces para proteger a las tortugas marinas durante las operaciones de pesca de arrastre del camarón silvestre, teniendo con ello la negativa de exportación de México hacia Estados Unidos.

De acuerdo con un comunicado de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, el embargo se basa en los resultados obtenidos en visitas para observar el uso adecuado de los dispositivos excluidores de tortugas marinas, durante las cuales se observaron diferentes incumplimientos. Ante tal situación, quiero mostrar la preocupación del Partido Verde por la captura de tortugas marinas y otras especies en las redes de pesca.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca esta medida entrará en vigor a partir del próximo 20 de abril, cuando las especies de camarón en la mayor parte de las aguas de jurisdicción federal de nuestro país están en periodo de veda y cuando las operaciones de exportación registrarán un decremento, por lo que el impacto económico no será tan importante.

Sin embargo, aunque el impacto sea mínimo en el sector pesquero, esta medida nos deja entrever que en nuestro país está incumpliéndose la norma oficial mexicana que regula el aprovechamiento de especies de camarón en aguas de jurisdicción federal de México, en la cual se hace obligatorio el uso de dispositivos excluidores de tortugas marinas durante las operaciones de pesca del camarón.

Reconozco que el embargo impuesto por Estados Unidos afectará la economía de nuestro país. Sin embargo, tengo que resaltar que también traerá un beneficio ambiental, puesto que es oficialmente reconocido que los daños ambientales que causan, tanto la pesca comercial del camarón como las actividades de acuacultura, son alarmantes.

No es desconocido que en México la pesca de este crustáceo no es sustentable, debido a que por cada kilo de camarón que se pesca con redes de arrastre se capturan al menos 10 kilogramos de otras especies, entre las que se encuentran tortugas marinas y otras 133 variedades de diferentes peces, moluscos, equinodermos y crustáceos que se capturan junto con el camarón en las redes de arrastre que utilizan las embarcaciones pesqueras en nuestro país.

México en 2009 exportó a Estados Unidos más de 39 mil toneladas de camarón, lo cual nos hace pensar que tan sólo la exportación de este producto trajo consigo la captura de al menos 390 mil ejemplares de diversas especies que se encuentran en alguna categoría de riesgo, de acuerdo con las normas nacionales e internacionales, como son las siete especies de tortugas marinas.

A esta situación quiero hacer una reflexión, ¿cuántos ejemplares de fauna acuática se extraen en total, si contabilizamos tanto la extracción de camarón para exportación como la del consumo local? Es importante hacer mención que, de acuerdo con la FAO, la tendencia mundial es restringir el número de permisos de pesca y de embarcaciones. Pero en México la flota pesquera sigue en aumento, lo cual ocasionará el deterioro ambiental y el colapso de las pesquerías por la sobreexplotación.

Es por ello que como integrante del Partido Verde estoy convencido de la necesidad de que el gobierno federal debe realizar una revisión integral del sector pesquero en el país, limitando los permisos y revisando las capacidades de carga del ecosistema marino y de las diversas especies para evitar así el agotamiento de los recursos pesqueros.

Por lo anterior, afirmamos que no basta que el gobierno de México coloque dispositivos excluidores de tortugas en las embarcaciones camaroneras, toda vez que el problema de sustentabilidad ambiental prevalece en todo el sector pesquero nacional y no sólo en la pesca del camarón.

Es imprescindible que se revise a fondo la política nacional de pesca y se implementen medidas de protección ambiental, ya que de lo contrario se prevé un desplome de la mayoría de las pesquerías.

Por lo anterior, compañeros, expongo ante ustedes la necesidad de citar a comparecer a los titulares de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, así como del Instituto Nacional de Pesca, con la finalidad de que expliquen técnica y detalladamente la política nacional pesquera, las medidas implementadas para la protección ambiental y las acciones realizadas por el gobierno federal ante el embargo camaronero impuesto por el gobierno de Estados Unidos. Por su atención muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al embargo camaronero impuesto por Estados Unidos de América a México, a cargo del diputado Rafael Pacchiano Alamán, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, como de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Las especies de tortugas marinas existentes en aguas de jurisdicción federal del Golfo de México y mar Caribe, así como las del Océano Pacífico incluyendo el Golfo de California son las denominadas tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), tortuga lora o bastarda (Lepidochelys kempii), tortuga blanca o verde (Chelonia mydas), tortuga prieta, sarcillo o parlama (Chelonia agassizi), tortuga cahuama o perica (Caretta caretta), tortuga de carey (Eretmochelys imbricata), tortuga laud (Dermochelys coriacea) y sus subespecies, las cuales se encuentran clasificadas como en peligro de extinción dentro de la NOM-059- ECOL- 2001 y enlistadas en el Apéndice I de la Convención Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.

Las tortugas marinas son organismos considerados biológicamente importantes por tratarse de seres vivos que han permanecido a lo largo de millones de años en el planeta y han superado los cambios drásticos en los ecosistemas a lo largo de su evolución. Sin embargo, debido a creencias humanas, estas especies disminuyeron su población de forma alarmante, dejando el estatus de las especies en peligro de extinción y en algunas zonas hasta desaparecer.

En nuestro país, la explotación de tortugas marinas y de sus productos alcanzó niveles aterradores en la década de los setenta y, en consecuencia, se implementaron vedas nacionales, cuya finalidad era proteger y equilibrar las poblaciones naturales.

En 1990, México estableció de manera unilateral una veda total y permanente para la pesca de tortugas marinas, en todas las variedades que existen en las costas mexicanas. Sin embargo, prácticas clandestinas como la caza, la explotación ilegal de huevos y adultos de tortugas marinas y las artes de pesca han provocado que los resultados no sean cien por ciento favorables.

La Norma Oficial Mexicana 002-PESC-1993, regula el aprovechamiento de especies de camarón en aguas de jurisdicción federal de México, en esta norma se hizo obligatorio el uso de dispositivos excluidores de tortugas marinas durante las operaciones de pesca de camarón. Sin embargo, esta norma parece no ser verificada por las autoridades mexicanas, puesto que el gobierno de Estados Unidos impidió la exportación del camarón por considerar que la flota pesquera mexicana no cuenta con las medidas de protección a las tortugas marinas.

De acuerdo con un comunicado de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, lo anterior se basa en los resultados de las visitas que realizaron expertos del Departamento de Estado y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, en conjunto con autoridades mexicanas, para observar el uso adecuado de los dispositivos excluidores de tortugas, durante las cuales se observaron incumplimientos.

Con esta medida, México no podrá exportar camarón a partir de mayo, por tal motivo el Partido Verde Ecologista de México, siempre ha mostrado su preocupación por la captura de tortugas marinas en las redes de pesca. No es desconocido que en México la pesca de este crustáceo no es sustentable, debido a que por cada kilo de camarón con redes de arrastres, se capturan al menos 10 kilogramos de otras especies, entre las que se encuentran las tortugas marinas y otras 133 especies diferentes de peces, moluscos, equinodermos y crustáceos, que se capturan junto al camarón en las redes de arrastre que utilizan las embarcaciones pesqueras.

Reconocemos que el embargo impuesto por Estados Unidos afectará la economía del país, pero también resaltamos el beneficio ambiental de esta medida, toda vez que, es oficialmente reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación los daños ambientales que causa tanto la pesca comercial del camarón como sus actividades de acuacultura.

De acuerdo con el diario El Universal, el impacto del “embargo camaronero” de Estados Unidos a nuestro país, afectará alrededor de 10 mil pescadores de 11 entidades federativas. Sinaloa sería en este marco una de las entidades más afectadas, pues del total de la flota camaronera del Pacífico nacional, en esta entidad está 60 por ciento de los barcos camaroneros.

México, en 2009, exportó a Estados Unidos 39 mil 712.2 toneladas de camarón, equivalentes a 258 millones 204 mil 932 dólares, según el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Recordemos que más de 300 mil mexicanos dependen de las actividades pesqueras y de acuacultura, por lo que resulta urgente que se modifique el enfoque de la actual política pesquera.

Es importante hacer mención que la tendencia mundial es restringir el número de permisos de pesca y de embarcaciones, pero en México la flota pesquera sigue en aumento, lo cual ocasionará el deterioro ambiental y el colapso de las pesquerías por la sobreexplotación.

Es por ello, que el gobierno federal debe realizar una revisión integral del sector pesquero en el país, limitando los permisos y revisando las capacidades de carga del ecosistema marino y de las diversas especies, para evitar el agotamiento de los recursos pesqueros.

Por lo anterior, afirmamos que no basta con que el gobierno de México coloque dispositivos excluidores de tortugas en las embarcaciones camaroneras, toda vez que el problema de sustentabilidad ambiental prevalece en todo el sector pesquero nacional y no sólo en la pesca del camarón. Es imprescindible que se revise a fondo la política nacional pesquera y se implementen medidas de protección ambiental, ya que de lo contrario se prevé un desplome de la mayoría de las pesquerías.

En virtud de lo antes expuesto, el diputado firmante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Con absoluto respeto del principio de división y colaboración de los poderes, la Cámara de Diputados cita a comparecer al comisionado nacional de Acuacultura y Pesca y al titular del Instituto Nacional de Pesca, con el propósito de que expliquen técnica y detalladamente, lo siguiente:

a) La actual política nacional pesquera con las medidas implementadas para la protección ambiental.

b) Los impactos que tendrá la pesca por el embargo camaronero impuesto por el gobierno de Estados Unidos de América.

c) Las acciones y compromisos, realizadas por el gobierno federal, por el embargo camaronero.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 11 de marzo de 2010.— Diputados: Rafael Pacchiano Alamán, Juan Carlos Natale López, Jorge Humberto López-Portillo Basave, Caritina Sáenz Vargas, Norma Leticia Orozco Torres, Juan Gerardo Flores Ramírez, Julián Francisco Velázquez y Llorente, Carlos Alberto Ezeta Salcedo, Alejandro Carabias Icaza, Jaime Arturo Vázquez Aguilar, Norma Leticia Orozco Torres (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Pesca.

Pasamos al siguiente punto del orden del día que son proposiciones con punto de acuerdo de los órganos de gobierno, directamente de la Junta de Coordinación Política.

Le pido a la Secretaría que dé cuenta.

El diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, diputado López-Portillo, dígame.

El diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave (desde la curul): Señor presidente, si le puede consultar al orador que me antecedió, la posibilidad de sumarme a su punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:¿Diputado Pacchiano Alamán, está usted de acuerdo que se adhieran a su proposición?

El diputado Rafael Pacchiano Alamán(desde la curul): De acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Está de acuerdo. Quien guste pase a firmar por favor a la Secretaría. Adelante, diputado secretario.

TERESA ALCANTARA JUAN - ALBERTA GONZALEZ CORNELIO

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Poder Judicial de la Federación a revisar el proceso de Teresa Alcántara Juan y Alberta González Cornelio; y a la Comisión de Derechos Humanos de la LXI Legislatura, a solicitar al presidente de la CNDH información detallada sobre las acciones que ha tomado en la defensa de ambas ciudadanas

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que formula la diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, por lo que se sometes a consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. Se exhorta al Poder Judicial de la Federación y al magistrado del Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito, Hanz Eduardo López Muñoz, a revisar de forma minuciosa los elementos que integraron las sentencias dictadas por el juez cuarto de distrito en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longhi, en torno del proceso de las ciudadanas Teresa Alcántara Juan y Alberta González Cornelio.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara a solicitar al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos información detallada sobre las acciones que ha tomado en la defensa de las sentenciadas ciudadanas Teresa Alcántara Juan y Alberta González Cornelio.

Tercero. Se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a enviar un informe pormenorizado de las acciones que han llevado a cabo los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación respecto a las sentencias dictadas a las ciudadanas Teresa Alcántara Juan y Alberta González Cornelio.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2010.— Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Reyes Tamez Guerra (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:En votación económica, pregunte la Secretaría a la asamblea si se aprueba.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, la mayoría es por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado.

MINAS DE CANANEA, SOMBRERETE Y TAXCO

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se hace un urgente llamado al titular del Poder Ejecutivo contra el uso de la fuerza del Estado en las minas de Cananea, Sombrerete y Taxco

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo decimocuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, y considerando:

Que el ejercicio de los principios de legalidad y respeto a los derechos civiles y sociales es una premisa básica para la vida institucional democrática en el país;

Que el equilibrio de los factores de la producción es también, hoy en día, materia de un factor para la seguridad nacional en tanto la garantía para la estabilidad y progreso de garantías sociales y protección a la propiedad privada;

Que ante la presunción de amenaza y vulnerabilidad de los principios del pacto constitucional, se pone en riesgo el permanente esfuerzo por mantener, edificar y consolidar el Estado democrático de derecho que nos hemos dado;

Que el Poder Legislativo tiene la obligación ética y política de observar el desempeño y de evitar los posibles abusos del poder público en su función representante de las mayorías mexicanas frente a la obligación irrenunciable del Poder Ejecutivo para mantener el derecho de toda persona a un trabajo digno en la garantía de paz y tranquilidad pública;

Hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que formula la Comisión Especial de seguimiento a la problemática surgida por los conflictos mineros en el país por conducto de su presidente Miguel Ernesto Pompa Corella

Por lo que se somete a la consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un urgente llamado al Titular del Poder Ejecutivo para que se abstenga de ordenar por cualquier medio o circunstancia el uso de la fuerza del Estado para ocupar las instalaciones de las minas de Cananea, Sombrerete y Taxco o desalojar y ejercer cualquier acción de contención en contra de los trabajadores mineros y sus familias, en tanto se resuelven los procedimientos judiciales en marcha.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de marzo de 2010.— Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputada Josefina Vázquez Mota, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Reyes Tamez Guerra (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:En votación económica pregunte a la asamblea si se aprueba.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Es mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado y comuníquese.

Continúe la Secretaría dando cuenta del orden del día.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.— Primer Año de Ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Martes 16 de marzo de 2010.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica conmemorativa del 72 aniversario de la Expropiación Petrolera, el próximo 18 de marzo a las 10 horas.

Los asuntos no abordados y los demás con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña(14:13 horas): Muchas gracias. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 16 de marzo a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas del martes 16.

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RESUMEN DE TRABAJOS • Tiempo de duración: 2 horas 44 minutos • Quórum a la apertura de sesión: 281 diputados • Asistencia al cierre de registro:  408 diputados • Diputado que solicita licencia: 1 • Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 2 • Oradores que participaron: 79 PRI          17 PAN        18 PRD        18 PVEM     6 PT              8NA 1  Conv.       1 Se recibieron o presentaron: • 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; • 1 oficio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; • 2 oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente; • 1 iniciativa de senador del PT; • 1 minuta con proyecto de decreto; • 38 proposiciones con puntos de acuerdo Dictámenes aprobados: • 6 dictámenes negativos con los que se desechan proposiciones de puntos de acuerdo de diversas comisiones