SUMARIO

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Presidencia del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña

ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 301 diputados. Por tanto, hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:(11:40 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarl.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.— Primer Año de Ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Miércoles 17 de marzo de 2010.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica conmemorativa del 204 aniversario del natalicio de Benito Juárez García, Benemérito de las Américas, el próximo 21 de marzo, a las 10 horas.

De la Procuraduría Agraria.

Del Consejo de la Judicatura Federal.

De la Secretaría de Educación del estado de Yucatán.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondiente al mes de febrero de 2010, desagregada por tipo de fondo.

Iniciativas

Que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 72 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 39 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Pedro Jiménez León, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley del Banco de México, de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3, 132 y 133 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Francisco Vega de Lamadrid, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrara el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a congelar el precio del diesel durante 2010 y a reorientar los subsidios de los comestibles, a cargo del diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular al gobierno del estado de Durango, del municipio de Lerdo, a la Conagua, a la Segob, a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres, y al Infonavit, a establecer una mesa plural para resolver la problemática que aqueja a los habitantes de la Colonia César G. Meraz, derivada de los hundimientos en el lugar donde está asentada, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal instruir al titular de la SE para que solicite una reunión ministerial de la Comisión de Libre Comercio del TLCAN, a efecto de presentar ante el grupo de trabajo ad hoc formado entre la Comisión de Libre Comercio y la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, la sanción impuesta por el gobierno de Estados Unidos de América a las importaciones de camarón mexicano, a cargo del diputado José Luis Marcos León Perea, y suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH, para que por conducto de la visitaduría correspondiente, realice las investigaciones e inspecciones pertinentes a fin de determinar la existencia de violaciones a los derechos humanos en los penales de Durango, a cargo del diputado Bonifacio Herrera Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, con la finalidad de crear una Comisión Especial para dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos del Ejecutivo federal en la estrategia para la recomposición social e institucional de Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT que instale sistemas de aterrizaje por instrumentos en el aeropuerto de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a cargo de la diputada Cristabell Zamora Cabrera y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades educativas del Gobierno del Estado de Tamaulipas a realizar las acciones necesarias para cubrir las plazas de maestros jubilados en el municipio de Matamoros, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a rendir un informe respecto al programa denominado “escuelas de tiempo completo”, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que solicita al titular del Ejecutivo federal a instruir al Inegi para que incorpore una cédula adicional sobre la salud de los mexicanos en el próximo Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, a efecto de obtener un efectivo diagnostico de la salud en México y que dicho contenido de la cédula se acuerde con el Consejo de Salubridad General, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer, a través de la SHCP y de la CFE, tarifas especiales para uso domiciliario y agrícola en las zonas de atención prioritaria, a cargo del diputado Gerardo Leyva Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Ssa y al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva que reconsideren el criterio de distribución del Fondo para la Prevención y Atención del Cáncer de Mama y Cérvico Uterino, ya que el actual afecta de manera directa la salud de la mujer coahuilense, a cargo del diputado Miguel Ángel Riquelme Solís y suscrita por diversos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que las legisladoras y los legisladores de esta honorable Cámara de Diputados donen voluntariamente un día de su dieta, destinado a las y los damnificados de los municipios de los estados de Michoacán, Guanajuato, Querétaro, México y el Distrito Federal, a los órganos político administrativos de las delegaciones Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa, que fueron afectados por los fenómenos hidrometeorológicos ocurridos en los primeros días de éste mes, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a informar la situación del Programa Integral de Aseguramiento Patrimonial y Responsabilidades de 2010, a cargo del diputado Noé Martín Vázquez Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a coordinarse, a través de la Semarnat, con los gobiernos estatales y municipales que forman parte de la cuenca del río Laja para elaborar y ejecutar un plan de manejo de la cuenca, a fin de proteger y sanear dicho río, a cargo del diputado Rubén Arellano Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al Gobierno del estado de Jalisco, al INAH y a las autoridades competentes a impulsar y promover como patrimonio de la humanidad el centro de la ciudad de Puerto Vallarta, a cargo del diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer, a través de la Sedesol y de la Ssa, las medidas conducentes para que aquellos ex braceros que participaron en el Programa Bracero (1942-1964) puedan ser incorporados al Programa 70 y Más y al Seguro Popular, a fin de que cuenten con un ingreso mínimo y acceso a los servicios de salud que requieren para vivir con dignidad, a cargo del diputado Carlos Luis Meillón Johnston, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades de la SEP y de la Segob a respetar la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para reforzar acciones a favor de una cultura de respeto a las diferencias y la no discriminación entre los miembros de las comunidades escolares, autoridades, trabajadores, maestros y estudiantes que favorezcan la sana convivencia y el cumplimiento de los objetivos educativos, a cargo de la diputada Gloria Romero León, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a los fraudes cometidos por los grupos inmobiliarios Sitma e Invergroup en Puebla y otros estados de la República Mexicana, a cargo del diputado Carlos Torres Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las diputadas y diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Pesca y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a desechar toda iniciativa que pretenda modificar el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, por el que se protegen las especies reservadas en exclusiva a la pesca deportivo-recreativa, en este caso particular el pez dorado, a cargo del diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Procuradurías de Justicia de las entidades federativas a abatir el rezago en la ejecución de las órdenes de aprehensión, a cargo del diputado Bonifacio Herrera Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que a través de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, y Especial de apoyo a los festejos del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, se realice un encuentro nacional de reconocimiento a adultos mayores centenarios en el marco de esas conmemoraciones, a cargo de la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal a hacer públicas las recomendaciones de dicha dependencia para desarrollos habitacionales en las 16 delegaciones del Distrito Federal, a cargo de la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a crear el Consejo de Atención Inmediata a las Comunidades y Municipios que Presentan Mayor Incidencia Delictiva en el País, a cargo del diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar, a través de la SCT, la pertinencia de agilizar y aumentar los frentes de trabajo respecto a la ampliación y modernización de la Carretera San Luis Río Colorado-Sonoyta-Caborca, estado de Sonora, a cargo del diputado Leonardo Arturo Guillén Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ALDF a preservar la legalidad en el manejo de la información que conoce en relación con el procedimientos de auditoría o revisión del ejercicio de la administración pública, que aún se encuentran en integración, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la tención y las indemnizaciones por las inundaciones en el estado de México y en el Distrito Federal, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a sancionar a los funcionarios que privaron del libre tránsito a los ciudadanos sonorenses, a cargo del diputado Onésimo Mariscales Delgadillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE y a la Segob a solicitar, formular, establecer e implantar, en el ámbito de su competencia y con sus contrapartes estadounidenses, los mecanismos correspondientes y estrategias de simplificación de los trámites y tiempos de resolución, con el objetivo de agilizar la expedición de visas; y al Congreso de la Unión a incluir en el marco de la reunión interparlamentaria México-Estados Unidos el tema específico del apoyo del Congreso Estadounidense para que el procedimiento para la obtención de visa sea expedito y claro, a cargo de la diputada Cristabell Zamora Cabrera, y suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Infonavit, a la SHCP, a la CNBV y a los gobiernos del Distrito Federal, de los estados y de los municipios, en el marco de sus atribuciones, a otorgar a los cuerpos policiacos del país el acceso a créditos para la adquisición de vivienda y de vehículos automotores, a cargo del diputado Ernesto de Lucas Hopkins, y suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Institutos Electorales de los Estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, a solicitar al IFE que colabore en la organización de los procesos electorales por llevarse cabo en sus entidades respectivas durante el año 2010, a cargo del diputado Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Conanp a agilizar el proceso de recategorización del área natural protegida parque nacional los Mármoles como área de protección de flora y fauna, en el estado de Hidalgo, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que cita a comparecer al titular de la SCT a fin de que rinda ante esta soberanía un informe detallado sobre la posible fusión entre Mexicana de Aviación y Aeroméxico, a cargo del diputado Éric Luis Rubio Barthell, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Vivienda de esta soberanía que haga comparecer al LCP Víctor Manuel Borras Setién, por el presunto incumplimiento de la electrificación pública en las unidades habitacionales La Guadalupana y Santa Catarina de la Ciudad de Puebla, Puebla, a cargo del diputado Leobardo Soto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob y de la CNBV para que las credenciales de los diputados federales sean aceptadas como documento oficial de identificación en las instituciones bancarias y sucursales que operan dentro de la República Mexicana, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SCT que responda al exhorto realizado por la Comisión Permanente el 5 de enero de 2010 para cancelar la decisión de privatizar 28 kilómetros de la vía 80 que corre de El Desperdicio a Lagos de Moreno, Jalisco, a cargo del diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a agilizar los estudios y concluir el proyecto de las obras hidráulicas que eviten inundaciones en diversas zonas habitacionales del estado de Guerrero y a la Segob, prevea la disponibilidad de recursos financieros del Fonden para la realización de las obras necesarias, a cargo del diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a coordinarse con la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal en lo referente a las inundaciones que se presentaron en días pasados en las delegaciones Venustiano Carranza, Coyoacán, Iztapalapa y Gustavo A. Madero, a cargo del diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la desincorporación e incorporación de terrenos del parque nacional El Veladero, a cargo del diputado Alejandro Carabias Icaza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:El siguiente punto del orden del día es la lectura al acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Los diputados que ayer querían sesión, hoy parece que no quieren, diputado presidente.

Mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes dieciséis de marzo de dos mil diez, correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura

Presidencia del diputadoFrancisco Javier Ramírez Acuña

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 300 diputadas y diputados, a las 11 horas con 40 minutos del martes 16 de marzo de 2010, el presidente declaró abierta la sesión.

En votación económica se dispensó la lectura al orden del día y enseguida del acta de la sesión anterior, la que se aprobó de la misma manera.

Desde sus curules los diputados: Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México; y Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional, solicitaron moción de orden, y el presidente hizo aclaraciones.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invitó a la ceremonia cívica conmemorativa del 72 aniversario de la Expropiación Petrolera, para el jueves 18 de marzo del presente año. El presidente designó comisión de cortesía que asistirá a dicha ceremonia.

Se dio cuenta con oficio del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con el que remite la Memoria anual de funcionamiento del tribunal correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2009. Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

Se dió cuenta con oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente relativos:

• A la vacuna contra la influenza A (H1N1)

• A los subejercicios y a los programas tipo pari passu.

• Al aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

Se remitieron a los promoventes, para su conocimiento.

Se dio cuenta con oficio de la Junta de Coordinación Política, por el que informa los nombres de diputadas y diputados designados por los grupos parlamentarios para la integración del Grupo de Trabajo Interinstitucional entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo a fin de impulsar la elaboración de un nuevo y eficaz programa nacional contra las adicciones. En votación económica se aprobó. Comuníquese.

Se dio cuenta con las siguientes iniciativas con proyectos de decreto de los diputados:

• Leobardo Soto Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se dio cuenta de su recepción y se turnó a la Comisión de Gobernación.

• Canek Vázquez Góngora, en nombre propio y del diputado Maurilio Ochoa Millán, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2009. Se dio cuenta de su recepción y se turnó a la Comisión de Comunicaciones.

• María Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos 115 y 212 de la Ley General de Salud, y el artículo 75 de la Ley General de Educación. Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud, y de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo, que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Jorge Antonio Kahwagi Macari, de Nueva Alianza, que reforma los artículos 5 y 12 de la Ley de Seguridad Nacional. Se dio cuenta de su recepción y se turnó a la Comisión de Gobernación.

• Norma Leticia Salazar Vázquez, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores.

• Leticia Quezada Contreras, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos 8, 14 y 38 de la Ley General de Educación. Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Desde su curul el diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo, realizó comentarios y el presidente hizo aclaraciones.

• Ifigenia Martha Martínez y Hernández, del Partido del Trabajo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se turnó a la Comisión de Transportes.

• Jorge Antonio Kahwagi Macari, de Nueva Alianza, que reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adiciona un artículo 40 Bis y reforma el artículo 85 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Se dio cuenta de su recepción y se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública.

• Miguel Ángel Riquelme Solís, en nombre propio y de diversos diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Se turnó a la Comisión de Justicia.

A las 12 horas con 45 minutos, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría instruyó el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de 436 diputadas y diputados.

• Juan Carlos Natale López, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos 167 y 168 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Narcedalia Ramírez Pineda, en nombre propio y del diputado Luis Videgaray Caso, del Partido Revolucionario Institucional, que expide la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo. Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social, con opinión de la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Sofía Castro Ríos, en nombre propio y del diputado Cruz López Aguilar y de diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 32 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Se turnó a la Comisión de Energía.

• Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del Partido Revolucionario Institucional, en nombre propio y de la diputada María de Lourdes Reynoso Femat, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Omar Fayad Meneses, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia.

• Ovidio Cortázar Ramos, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• José Luis Jaime Correa, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos 73, 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Caritina Saénz Vargas, del Partido Verde Ecologista de México, que expide la Ley Federal para la Regulación de los Centros de Apoyo y Rehabilitación en Materia de Adicciones y Discapacidades. Se turnó a la Comisión de Salud, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se dio cuenta con oficio de la diputada Judith Fabiola Vázquez Saut, del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicitó licencia para separarse de sus funciones como diputada federal electa en el XX distrito del estado de Veracruz, a partir de esta fecha. En votación económica se aprobaron los puntos de acuerdo por los que se concedió licencia solicitada y se llamó al suplente. Comuníquense.

Se dio cuenta con oficio del diputado Roberto Gil Zuarth del Partido Acción Nacional, por el que solicitó licencia para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la tercera circunscripción, a partir de esta fecha. En votación económica se aprobaron los puntos de acuerdo por los que se concedió la licencia solicitada y se llamó al suplente. Comuníquense. Desde sus curules realizaron comentarios los diputados: Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México; Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo; Víctor Humberto Benítez Treviño, del Partido Revolucionario Institucional; Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo; Emilio Serrano Jiménez, Armando Ríos Piter y Víctor Manuel Castro Cosío, del Partido de la Revolución Democrática; Julio Castellanos Ramírez, del Partido Acción Nacional; Cora Pinedo Alonso, de Nueva Alianza; y Jaime Álvarez Cisneros, de Convergencia.

El presidente informó a la asamblea que los ciudadanos: Ana Georgina Zapata Lucero y Rafael Rodríguez González, diputados federales suplentes electos en el II distrito del estado de Chihuahua y en el XX distrito del estado de Veracruz, respectivamente, se encontraban a las puertas del salón de sesiones y designó una comisión para introducirlos al recinto y acto seguido rindieron protesta y entraron en funciones.

Quedan de primera lectura los siguientes dictámenes con proyectos de decreto de las comisiones de:

• Gobernación, que reforma los artículos 44 y 45 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

• Ciencia y Tecnología, que reforma las fracciones IV y V del artículo 36 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

• Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Gobernación, que reforma y adiciona los artículos 71 y 128 de la Ley General de Población.

Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes de las comisiones de:

a) Desarrollo Rural, con proyectos de decreto que:

• Reforma el artículo 37 y adiciona los artículos 33, 43 y 44 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. En votación económica se dispensó la lectura. Se consideró suficientemente discutido y se aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto de referencia por 388 votos en pro y 3 abstenciones. Pasó al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.

• Adiciona un artículo 24 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Realizaron comentarios en pro los diputados: José Gerardo Rodolfo Noroña, del Partido del Trabajo y Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática. Solicitó moción de orden desde su curul el diputado Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México, que el presidente atendió. En votación económica se dispensó la lectura. Se consideró suficientemente discutido y se aprobó el proyecto de decreto de referencia por 372 votos en pro y una abstención. Pasó al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.

• Reforma el artículo 84 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. En votación económica se dispensó la lectura. Se consideró suficientemente discutido y se aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto de referencia por 357 votos en pro y 3 abstenciones. Se devolvió al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.

b) Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 21 y 33 de la Ley General de Educación. En votación económica se dispensó la lectura. Se consideró suficientemente discutido y se aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto de referencia por 355 votos. Se devolvió al Senado de la República, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

c) Fronteras y Asuntos Migratorios, con proyectos de decreto que adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 67 y una fracción VI al artículo 113 de la Ley General de Población. En votación económica se dispensó la lectura. Se aprobó en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 359 votos en pro y una abstención. Se concedió el uso de la palabra al diputado Marcos Pérez Esquer, del Partido Acción Nacional, para proponer la adición de un artículo transitorio al proyecto de decreto, que se admite y acepta en votación económica. Se aprobó el artículo tercero transitorio reservado por 335 votos en pro y 3 abstenciones. El presidente declaró aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto de referencia. Pasó al Senado de la República, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

En votación económica se aprobó la lectura de los encabezados de los dictámenes con puntos de acuerdo de las siguientes comisiones:

d) Educación Pública y Servicios Educativos, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública Federal a cumplir, en el diseño de las reglas de operación de los programas correspondientes a la dependencia a su cargo, de manera puntual, lo establecido en el artículo 29 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.

e) Población, Fronteras y Asuntos Migratorios:

• Para que esta soberanía se pronuncie a favor del respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos que se encuentran fuera de las fronteras nacionales que retornan durante el fin y principio de año, y exhorta a los diferentes niveles de gobierno para que se mantengan vigilantes de lo anterior.

• Relativo al fortalecimiento de las oficinas de atención a migrantes de los estados de la República Mexicana.

f) Gobernación, por el que se exhorta al gobierno federal para que modifique las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales.

g) Reforma Agraria, por los que se exhorta al titular del Ejecutivo federal y a los gobernadores de Durango, Chihuahua, Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí y Guerrero a integrar mesas de diálogo, para que con la participación de los legisladores de la Comisión de Reforma Agraria, atiendan la problemática social, agraria y ambiental de los municipios, ejidos y comunidades que se citan.

h) Distrito Federal, por los que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal:

• A tomar las medidas necesarias para detener de forma inmediata las invasiones a las barrancas de las delegaciones Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón.

• Para que implante una política pública de salud en la delegación Iztapalapa, ponderando la zona que abarcan las colonias Álvaro Obregón, Los Frentes, Leyes de Reforma segunda y tercera sección y Renovación.

• Así como al jefe delegacional en Tlalpan, a que con estricto respeto a las formas internas de organización política determinadas por el Consejo de los Pueblos originarios de Tlalpan, mantengan una puntual observación en los distintos procesos electivos que se lleven a cabo, del cumplimiento a las normas de elección de representantes establecidas por las propias comunidades de Tlalpan.

i) Salud, por el que se exhorta a:

• La Secretaría de Salud para que a través del Comité de Expertos en vacunación de México incluya en el esquema nacional de aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano a las mujeres mexicanas de entre 9 y 55 años de edad.

• La Secretaría de Salud destine recursos para el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y al Fondo de Protección contra Riesgos Sanitarios del Seguro Popular y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que modifique la NOM-041-SSA2-2002.

• La Secretaría de Salud a lanzar y poner en funcionamiento el Seguro Binacional de Salud, así como fortalecer los programas de salud para migrantes.

• Al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud, dicte la Norma Oficial Mexicana de Prevención y Atención Integral de Salud y Enfermedades Mentales.

Se consideraron suficientemente discutidos y en votación económica se aprobaron los puntos de acuerdo. Comuníquense.

Se dio cuenta con los siguientes dictámenes en sentido negativo, con puntos de acuerdos por los que se desechan iniciativas y minutas con proyectos de decreto de las comisiones de:

a) Desarrollo Rural, que:

• Reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

• Adiciona la fracción décima segunda del artículo ciento setenta y nueve de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

• Reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

b) Medio Ambiente y Recursos Naturales, que reforma el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre.

c) Educación Pública y Servicios Educativos, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

d) Seguridad Pública, que reforma:

• El artículo 35 de la Ley Federal de Seguridad Privada.

• El artículo 10 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

• Los artículos cinco, seis, nueve y diez de la Ley de la Policía Federal Preventiva.

• Y adiciona el artículo 10 de la Ley General que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

e) Gobernación, que expide la Ley de Expropiación y Restricciones al Dominio de los Bienes.

f) Unidas de Energía, y Presupuesto y Cuenta Pública, que expide la Ley Orgánica y del Gobierno Corporativo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; y abroga la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

g) Agricultura y Ganadería, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal.

Se consideraron suficientemente discutidos y en votación económica se aprobaron los puntos de acuerdo. Se instruyó el archivo de los expedientes como asuntos concluidos.

h) Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, que expide la Ley de Protección a Migrantes y sus Familias. Aprobado en votación económica, se devolvió al Senado para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.

Se refirieron al conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas y Luz y Fuerza del Centro, los diputados Porfirio Muñoz Ledo, del Partido del Trabajo; Francisco Hernández Juárez, del Partido de la Revolución Democrática; Jaime Cárdenas Gracia y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; Ramón Jiménez López, Víctor Manuel Castro Cosío y José Narro Céspedes, del Partido de la Revolución Democrática; Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido del Trabajo; Gerardo Sánchez García, Pedro Ávila Nevárez y Miguel Ernesto Pompa Corella, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se consideró suficientemente discutido.

Se refirieron sobre la militarización y violación de los derechos humanos en Ciudad Juárez, Chihuahua los diputados: José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; Avelino Méndez Rangel, Leticia Quezada Contreras, Adán Augusto López Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Partido del Trabajo; Arturo Zamora Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se consideró suficientemente discutido.

La Secretaría dio lectura al orden del día de la próxima sesión.

El presidente clausuró la sesión a las 17 horas con 47 minutos y citó para la próxima que tendrá lugar el miércoles 17 de marzo de 2010 a las 11:00 horas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Está a discusión el acta. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada el acta.

Con toda atención la Presidencia invita cordialmente a los representantes de los medios de comunicación a ocupar los lugares que tienen asignados para cumplir con su importante labor informativa. Pido a la Secretaría continuar con comunicaciones.

SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 204 aniversario del natalicio de Benito Juárez García, Benemérito de las Américas (1806-1872), el domingo 21 de marzo a las 10:00 horas, en el hemiciclo erigido a su memoria en la Alameda Central, delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Licenciada Guadalupe Lozada León, coordinadora.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Para asistir en representación de esta Cámara se designa al diputado Francisco Alejandro Moreno Merino y oportunamente se incorporarán los legisladores que designen los grupos parlamentarios.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de la Reforma Agraria.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En estricta atención al oficio D.G.P.L.61-II-8-2009 de fecha 27 de enero de 2010, mediante el cual se hace de nuestro conocimiento que en la sesión del 26 de enero de 2010, celebrada por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión,se aprobaron puntos de acuerdo, uno de ellos en el sentido de estimar pertinente instalar las mesas de diálogo y trabajo, tendentes a solucionar el conflicto agrario relativo a la Organización Movimiento Huasteco Democrático y exhortar de manera respetuosa en el marco de colaboración de poderes y de reconocimiento de la independencia de los poderes públicos federales y estatales, al secretario de Reforma Agraria, al gobernador constitucional de San Luis Potosí, a los 58 ayuntamientosde la referida entidad federativa, así como a un servidor, por lo que analizados los antecedentes del asunto en cuestión que obran en archivos de ésta institución, es oportuno precisar lo siguiente:

1. Con fecha 19 de junio del 2007, se suscribió entre la Secretaría de la Reforma Agraria y el gobierno del estado de San Luis Potosí, Convenio de Coordinación para atender la Problemática Agraria, del cual forma parte el asunto en cuestión, incluyéndose dicho asunto, como “Posesiones precarias en tierras del Distrito de Riego Pujal-Coy, segunda fase”.

2. La reunión sostenida por el subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de la Reforma Agraria,con el grupo encabezado por Sergio Hugo Pérez Ricarte, los días 20 y 21 de enero de 2005, permitió iniciar los trabajos de regularización a través de la firma de actas de entrega en posesión precaria a los grupos constituidos como sociedades cooperativas. El 16 de marzo de 2005 se recabaron las acta de 13 de las 15 sociedades cooperativas, representando una superficie de 3 mil 911 hectáreas a favor de 332 campesinos.

Los 12 grupos campesinos afiliados al Movimiento Huasteco Democrático,MHD, situados en 3 polígonos: Estación Celis, El Centinela y Mesa Bonita; comprenden mil 501 hectáreas y 221 campesinos, los cuales se encuentran pendientes de regularizar por problemas internos.

3. Con fecha 16 de febrero de 2007, el subsecretariodeOrdenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de la Reforma Agraria, sostuvo reunión con integrantes de los grupos de campesinos del MHD pendientes de regularizar, en dicha reunión, se acordó dar seguimiento a su problemática y abordar la regularización de manera coordinada con el Sector Agrario y Gobierno del Estado, sin que haya habido mayores avances debido a la falta de disponibilidad de los grupos.

4. Tomando en consideración los avances que ya se tienen en la regularización de poco más de 3 mil 911 hectáreas, en cumplimiento a los puntos de acuerdo motivo del presente, les informo que, mediante oficio número COPECOSE/D0/00126/2010, de fecha 8 de febrero de 2010, se giró instrucción al delegado de la Procuraduría Agraria en el estado de San Luis Potosí, para que a la brevedad posible concierte acciones concretas con sus homólogos del sector agrario en el estado, asimismo con el propio gobierno estatal, para que se retomen las mesas de diálogo y trabajo con los grupos pendientes de regularizar la posesión que mantienen en forma precaria, privilegiando la conciliación de intereses entre los grupos e informar a la brevedad de los resultados que se logren.

5. Se estableció el jueves 25 de marzo de 2010 para la instalación de las mesas de trabajo cuyo objeto es tratar los asuntos mencionados con la participación del sector agrario en dicha entidad.

Atentamente

México, DF. Marzo 10 de 2010.— Licenciado Rocendo González Patiño (rúbrica), procurador agrario.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase al promovente para su conocimiento.

Continúe con oficio del Consejo de la Judicatura Federal.

PORNOGRAFIA INFANTIL

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Consejo de la Judicatura Federal.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXI Legislatura.— Presente.

Con relación al oficio número DGPL 61-II-9-0817, por el que realiza un respetuoso exhorto a este órgano con la finalidad de que se determine si existió responsabilidad alguna en el actuar del juez décimo de distrito en materia penal y los integrantes del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal de Primer Circuito al resolver el caso concreto del particular Muñiz López, me permito manifestarle lo siguiente:

De acuerdo con nuestro orden jurídico, los integrantes del Poder Judicial de la Federación gozan de autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones. La protección de estos principios –básicos en un estado de derecho– encuentra sustento principal en la Constitución, cuyos artículos 17, segundo y quinto párrafos, y 100, séptimo párrafo, relacionados con el 6 y 11 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, establecen la obligación y, en contrapartida, la prerrogativa para que los jueces y los magistrados federales hagan propias estas premisas y emitan sus fallos sin sujetarse a posiciones o intereses ajenos a la búsqueda de justicia.

Por esto, el Consejo de la Judicatura Federal se encuentra obligado a respetar el ejercicio de la función jurisdiccional e incluso, de ser necesario, a desarrollar las acciones que se estimen pertinentes para evitar que se vulneren la autonomía de este poder y la independencia de criterio de los impartidores de justicia, mediante posibles presiones a que pudieran ser sujetos para incidir en la toma de decisiones, lo cual, como es de su conocimiento, atentaría contra el principio de seguridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, afectando en consecuencia el propio sistema de justicia.

Sin embargo, en caso de que haya una inconformidad fundada derivada de la tramitación de determinado asunto, se le informa que la vía legal idónea es la queja administrativa, que se desahoga conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el acuerdo general del pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta los procedimientos de responsabilidad administrativa y el seguimiento de la situación patrimonial, mediante la cual este consejo verifica probables acciones u omisiones que pudieran situarse entre las causales de responsabilidad administrativa relacionadas con el desempeño de los funcionarios públicos adscritos al servicio de la justicia.

Sin otro particular, respetuosamente.

México, DF, a 8 de marzo de 2010.— Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia (rúbrica), presidente.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Justicia.

ESTADO DE YUCATAN

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:«Escudo.—Secretaría de Educación.— Gobierno del Estado de Yucatán.

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

En cumplimento de lo establecido en el artículo 9, fracción IV, inciso b), del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, se adjunta al presente la siguiente información:

• Reporte con número total, nombres, periodo de duración de la comisión y funciones del personal comisionado en esta entidad.

• Ruta de acceso de la página de Internet de la Secretaría de Educación de Yucatán:

http://www.educacion.yucatan.gob.mx/showservicio.php?id=174

Sin otro particular, agradezco su atención y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mérida, Yucatán, a 8 de marzo de 2010.— Doctor Raúl Godoy Montáñez (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

Continúe la Secretaría con oficios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente a febrero de 2010, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente a febrero de 2009.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 12 de marzo de 2010.— Ernesto Javier Cordero Arroyo (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su conocimiento.

Continuamos con el orden del día en el capítulo de iniciativas.

ARTICULO 20 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el señor diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Jaime Flores Castañeda:Con su venia, diputado presidente. El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

A raíz de las reformas realizadas con antelación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a los derechos de las víctimas u ofendidos respectivamente, se ha permanecido, para muchos criminólogos, fuera del objeto de la ciencia criminal. Con el reconocimiento de estos derechos de la víctima u ofendido a nivel constitucional se contará con un avance significativo en la construcción de un nuevo proceso penal.

En este sentido, si bien es cierto que a partir de las reformas al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se elevaron a rango constitucional los derechos de las víctimas u ofendidos, también lo es que en la realidad el ejercicio de tales derechos no se cumple a cabalidad. Entre otras razones por la ausencia de una política pública de colaboración institucional uniforme y coordinada entre los diversos órdenes de gobierno, e incluso entre las distintas dependencias de cada uno de ellos que permita el impulso de acciones integrales, a fin de procurar que las víctimas reciban atención y apoyo jurídico, médico y psicológico.

En ocasiones su actuar no se dirige a salvaguardar la legalidad y eficacia en el desempeño de sus funciones, ya que minimizan el evento, cuestionan a la víctima, la descalifican, ignoran, trivializan el evento o argumentan pesadas cargas de trabajo, de tal modo que, desde la perspectiva de la víctima el acceso a la justicia y la reparación del daño se perciben fuera de su alcance.

A estos ciudadanos y a aquellos, entre quienes existen los que no conocen bien el idioma español, o que quizá no lo comprenden bien, o que tengan alguna capacidad diferente que les impide ver, oír o hablar, o, simplemente, que por su origen étnico o nacional, género, edad, capacidad diferente, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos de la víctima o el ofendido del delito, que tras haber sido víctimas u ofendidos del delito tienen que soportar malos tratos por parte de algunas autoridades o de los servicios médicos, como si ellos fueran los criminales, y es a ellos a los que se busca beneficiar principalmente.

Respecto a esta situación se busca garantizarle a las víctimas u ofendidos el ejercicio de sus derechos. Por ende, no debemos detener los esfuerzos por cimentar una cultura de respeto a los derechos de las víctimas u ofendidos del delito.

Los tres niveles de gobierno debemos mostrar y asumir el compromiso atendiendo a las diversas inconformidades planteadas por las víctimas u ofendidos del delito.

En virtud de los antecedentes expuestos me permito proponer a esta soberanía la conveniencia de reformar y adicionar una fracción al artículo 20, apartado C, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de actuar a favor de las víctimas del delito a quienes hoy perjudica la ley vigente.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente decreto que reforma el artículo 20, apartado C, fracción III, y adiciona la fracción VIII al artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Se reforma el artículo 20, apartado C, fracción III, y se adiciona la fracción VIII al artículo 20, apartado C, para quedar como sigue:

Artículo 20.

Apartado C. ...

III. Recibir gratuitamente, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia, así como tratamiento postraumático para su pronta recuperación, contando con los servicios especializados necesarios;

VIII. Ser auxiliado gratuitamente por intérpretes traductores cuando no conozcan o no comprendan bien el idioma español, o tengan una capacidad diferente que les impida ver, oír o hablar.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Solicito a la Presidencia que se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates la presente proposición. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Jaime Flores Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, y 64, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma la fracción III del artículo 20, Apartado C y adiciona la fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Exposición de Motivos

A raíz de las reformas realizadas con antelación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en cuanto a los derechos de las víctimas u ofendidos respectivamente, se ha permanecido para muchos criminólogos fuera del objeto de la ciencia criminal. Pues con el reconocimiento de estos derechos de la víctima u ofendido a nivel constitucional, se contará con un avance significativo en la construcción de un nuevo proceso penal donde los principios rectores de la victimología podrán ser reflejados.

En este sentido, si bien es cierto que a partir de las reformas al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se elevaron a rango constitucional los derechos de las víctimas u ofendidos, también lo es que en la realidad el ejercicio de tales derechos no se cumple a cabalidad; entre otras razones por la ausencia de una política pública de colaboración institucional uniforme y coordinada entre los diversos órdenes de gobierno, e incluso entre las distintas dependencias de cada uno de ellos, que permita el impulso de acciones integrales a fin de procurar que las víctimas reciban atención y apoyo jurídico, médico y psicológico; en ese sentido se ha detectado que el personal que tiene contacto con víctimas de delitos, como lo es el adscrito a las agencias del Ministerio Público (elementos de policía ministerial, peritos, médicos), y a los servicios de salud (en las salas de urgencia) carece de capacitación para atender a personas en crisis; además, en ocasiones su actuar no se dirige a salvaguardar la legalidad y eficacia en el desempeño de sus funciones, ya que minimizan el suceso, cuestionan a la víctima, la descalifican, ignoran, trivializan el acto o argumentan pesadas cargas de trabajo, de tal modo que, desde la perspectiva de la víctima, el acceso a la justicia y la reparación del daño se perciben fuera de su alcance.

Se desprende entonces, que la victimología surge por tanto como una rama de la criminología y dedicada al estudio del otro elemento integrante de la “pareja criminal”, la víctima. Los primeros pasos de la victimología se orientaron hacia el desarrollo de tipologías victimales (en correspondencia con las tipologías criminales tan extendidas en épocas pasadas) y el análisis y factores de la víctima que precipitaban el acto criminal. Con posterioridad, en su evolución, la victimología terminó ocupándose también de las consecuencias de las agresiones que un ser humano sufre a manos de otro, y así, en las últimas décadas se ha desarrollado un mayor interés por las consecuencias persistentes del trauma en la víctima y, sobre todo, por la mayor importancia relativa de las repercusiones psíquicas sobre las secuelas puramente físicas.

Ante esto, a estos ciudadanos y a aquellos; entre quienes existen los que no conocen bien el idioma español, o que quizá no lo comprenden bien, o que tengan alguna capacidad diferente que les impide ver, oír o hablar, o simplemente, que por su origen étnico o nacional, género, edad, capacidad diferente, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos de la víctima o el ofendido del delito, que tras haber sido víctimas u ofendidos del delito tienen que soportar malos tratos por parte de algunas autoridades o de los servicios médicos, como si ellos fueran los criminales, es a ellos a los que se busca beneficiar principalmente con ésta modificación al artículo 20 en su Apartado C; respetando el espíritu de la Carta Magna, para que así se vean plasmados los derechos que tienen las víctimas u ofendidos del delito y establecer las mejores medidas de atención y apoyo que se les deben brindar.

Respecto a esta situación se busca garantizarle a las víctimas u ofendidos el ejercicio de sus derechos.

A fin de enriquecer este artículo 20 en su Apartado C, se busca adicionar algunas fracciones a éste, ya que el hecho de sufrir la comisión de algún ilícito, las víctimas u ofendidos del delito, son transgredidos física, emocional y psicológicamente, por lo que deben de ser atendidos con el tratamiento adecuado a través de unidades especializadas en la materia, así como buscar una procuración de justicia integral que se enfoque entre otras acciones, al establecimiento de procedimientos de atención a las víctimas de los delitos, consolidando con ellos las funciones y atribuciones que tienen encomendadas.

Es necesario enfatizar que la idea de reformar este artículo 20 constitucional en su Apartado C, surge en favor de las víctimas del delito, esto no es algo nuevo, aunque para algunos sea un tema novedoso.

Por otro lado, los ofendidos pueden tener grados diferentes de relación con la víctima directa; así, pueden ser familiares, amigos o vecinos o pueden estar implicados profesionalmente en el acontecimiento (policías, bomberos, personal sanitario o de emergencias). Aunque se pensaba que la repercusión del acontecimiento traumático es menor en los ofendidos sin relación estrecha con la víctima directa (bien por parentesco, bien por amistad) y que los profesionales implicados en el acontecimiento se encontraban en cierta forma protegidos precisamente por su identidad profesional, la experiencia de las recientes catástrofes han puesto en cuestión estas hipótesis. La afectación de las personas que entran en contacto con la víctima y que pueden experimentar trastornos emocionales y ser ofendidos secundarios del trauma ha sido denominada “traumatización secundaria”, e ilustra una de las características fundamentales del trauma, que es su “contagiosidad”.

Sin duda alguna, la atención a las víctimas del delito u ofendidos, se delimitara tanto en relación a las necesidades de la propia víctima como en relación a los objetivos del sistema de procuración de justicia para asi lograr atender los problemas asociados a la victimización.

Con base en un estudio realizado con anterioridad se tiene que es necesario comprender y analizar la manera en que opera de forma integra la atención y asistencia a la víctima del delito y la optimización en la investigación criminal, por ello la atención a las víctimas tiene una naturaleza diferente en las agencias de procuración de justicia; no puede quedarse sólo como una figura asistencial, pues la asistencia social, se dirige a grupos vulnerables, a aquellos que no pueden salir adelante por sí mismos y es como el Estado dirige servicios especiales; por ejemplo niños en riesgo, pero el objetivo real que se busca es la justicia y esta figura es otorgada a partir de que se hacen valer las garantías individuales de la víctima u ofendido en la averiguación previa y en el procedimiento penal y posterior a la sentencia.

Es de suma importancia destacar que no basta con concluir el procedimiento para terminar la atención a la víctima u ofendido, también hay que brindarla de forma póstuma a este, siempre y cuando la víctima lo requiera. Debido a que la víctima del delito se muestra temerosa de la terminología legal y que lo más difícil para ésta, es carearse con los delincuentes, a veces se abusa de ésta precisamente por no contar con apoyo de alguna persona o institución que al menos la oriente.

Hasta estos momentos se ha mostrado la importancia que se tiene en cuanto a la atención que debe recibir la víctima desde el inicio de la averiguación previa y durante el proceso en que se ve involucrada, sin embargo hay que resaltar que la atención a víctimas debe ir más allá, debido a que tiene que abarcar el tiempo en el que se extienden los daños sufridos por la víctima.

La víctima del delito u ofendido sufre daños físicos, psicológicos, sexuales, financieros y otros, tanto en su persona como en su entorno familiar, laboral y otros, estos daños pueden tener secuelas por mucho tiempo, por lo tanto es incuestionable que la víctima debe seguir siendo atendida después de la sentencia que recae al caso, sobre todo en los rubros de medicina, psicología y trabajo social.

Por ende, no debemos detener los esfuerzos por cimentar una cultura de respeto a los derechos de las víctimas u ofendidos del delito, los tres niveles de gobierno debemos mostrar y asumir el compromiso.

Atendiendo a las diversas inconformidades planteadas por las víctimas u ofendidos del delito, y en virtud de los antecedentes expuestos, me permito proponer a esta soberanía la conveniencia de reformar y adicionar una fracción al artículo 20 Apartado C a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a quiénes hoy perjudica la ley vigente.

Con base en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto, que reforma el artículo 20 Apartado C, fracción III y adiciona la fracción VIII al artículo 20 Apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el artículo 20 Apartado C, fracción III y se adiciona la fracción VIII al artículo 20 Apartado C para quedar como sigue:

Artículo 20. ...

A. ...

B. ...

C. ...

I. ...

II. ...

III. Recibir gratuitamente, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia, así como, tratamiento postraumático para su pronta recuperación, contando con los servicios especializados necesarios;

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. Ser auxiliado gratuitamente por intérpretes traductores cuando no conozcan o no comprendan bien el idioma español, o tengan una capacidad diferente que les impida ver, oír o hablar.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de marzo de 2010.— Diputados: Jaime Flores Castañeda, Enoé Margarita Uranga Muñoz, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Alfredo Francisco Lugo Oñate, Noé Fernando Garza Flores, María del Rosario Brindis Álvarez, Carlos Alberto Ezeta Salcedo, María del Carmen Izaguirre Francos, Hilda Ceballos Llerenas, Narcedalia Ramírez Pineda, David Hernández Vallín, Margarita Gallegos Soto, Carlos Cruz Mendoza, Alejandro del Mazo Maza, Alberto Esquer Gutiérrez (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, señor diputado. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Diputada Uranga, dígame usted.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul): Solicitar al proponente su permiso para poderme sumar a su iniciativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Pregunto al diputado Flores Castañeda si está de acuerdo en que se adhieran a su iniciativa.

El diputado Jaime Flores Castañeda:Sí, de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Está de acuerdo el diputado. Pasen, por favor. Dígame, diputado Fernández Noroña.

VERIFICACION DE QUORUM

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Ya sirve el micrófono, diputado presidente, me parece muy bien. Diputado presidente, solicitarle que verifique el quórum. Ayer estaban desgarrándose las vestiduras porque querían trabajar. Hoy este pleno está desolado. Entonces le pido la verificación del quórum, diputado presidente. Ésos que quieren trabajar, que lo demuestren.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Cómo no, diputado. A su mano izquierda, en la parte superior, está el número de los diputados que han certificado su asistencia a este pleno, hasta este momento. Por tanto, tenemos 346.

Se pospone la participación del señor diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del PT.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): Presidente, ¿de qué grupo se pospone?

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se pospuso la del Grupo Parlamentario del PT.

ARTICULO 1O. CONSTITUCIONAL - LEY DEL BANCO DE MEXICO - LEY MONETARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el señor diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley del Banco de México, de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño: Gracias, señor presidente. Le ruego, por economía parlamentaria, se inscriba esta iniciativa en el Diario de los Debates íntegramente.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, ¿sabían ustedes que nuestro nombre, que da origen y gentilicio a los mexicanos no se encuentra inscrito en la Constitución? ¿Que el artículo 1o. de la Constitución establece que somos los Estados Unidos Mexicanos, pero que de este nombre que nos caracteriza y del cual nos sentimos orgullosos todos, el gentilicio de “mexicanos”, no se encuentra inserto en el orden constitucional?

El artículo 1o. establece que en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución. El artículo 2o. establece que nuestro país es una nación única e indivisible. Pero no establecemos de dónde venimos, lo que nos da identidad, lo que nos une, lo que nos identifica.

La iniciativa que someto a consideración de todos ustedes es insertar el nombre de México en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es atender raíces históricas que nos dan definición identitaria, que nos dan razón de ser, que nos dan prestigio, sentido de pertenencia a todos los mexicanos.

Por eso, en el curso de nuestra historia política se ha tomado como nombre oficial del Estado mexicano el de Estados Unidos Mexicanos. No obstante, ser mexicano no es sólo un gentilicio, un indicativo de un territorio ni la correspondencia respecto de los estados federados. Ser mexicano es certeza de ser y pertenecer al histórico vínculo estrechado por el choque de dos culturas y la unificación de disímiles pensamientos y semejantes en su finalidad de prevalencia.

La identidad, hoy que estamos a 200 años de nuestra Independencia y a 100 de nuestra Revolución, es vínculo que nos une en el origen, territorio, cultura y afinidades de amor a lo nuestro. La sola palabra México es un haz histórico que irradió desde la gran Tenochtitlán, pueblo azteca que constituyó la cultura más esplendorosa de Mesoamérica.

Ser mexicano es obedecer a la definición de este nombre que nos heredaron nuestros abuelos indios, los aztecas, cuando acuñaron la palabra México. Metztli, que significa luna; xitli, que significa ombligo. Y co, que significa en el lugar. Nosotros somos los que nacimos en el centro del ombligo de la luna, que es lo que significa esta palabra mágica de México.

Por eso es que en el choque frontal de dos culturas, que crea-ron una tercera cultura superior que es la de los mestizos, las Cartas de Relación denominaron a México como la Ciudad de México.

Cuando se crean las intendencias en la Nueva España, en 1786, a la extensión territorial más importante de Mesoamérica se le dio el nombre de México.

Las tres Constituciones que hemos tenido: la del 24, la del 57, la del 17 bautizan a nuestro país como Estados Unidos Mexicanos.

Propongo, compañeros, que establezcamos en el artículo 1o. de la Constitución que México es la nación formada por los Estados Unidos Mexicanos. Que atendamos a nuestras raíces históricas, a los insurgentes que llamaron a nuestro país como la América septentrional, la América boreal, o como lo hizo el inmenso Morelos: la América mexicana.

El único antecedente que tenemos es el más grande de los mexicanos, el de Benito Juárez, cuando en la Ley Orgánica del Registro Civil del 29 de julio de 1859 estableció que en todas las actas del registro civil se iniciara con: En nombre de la República de México.

Esta iniciativa que presento es para devolverle el contenido de los mexicanos de ayer, de los mexicanos que crearon este gran país con una cultura mestiza que asombró a todos los pueblos del mundo. Déjenme decirles, para terminar, que cuando los norteamericanos andaban matando bisontes en Norteamérica, los aztecas ya estaban midiendo la distancia entre la Tierra y el Sol.

Solicito, señor presidente, que por la trascendencia constitucional, política y monetaria se envíe esta iniciativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y a la de Hacienda, respectivamente, si es tan amable. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley del Banco de México, de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Víctor Humberto Benítez Treviño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, conforme a las atribuciones que confieren los artículos 51; 71, fracción II; 73, fracción XXIII; y 21, párrafo V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se permite poner a su consideración iniciativa con proyecto de decreto que contiene el texto para modificar el artículo 1o. de la Constitución General de la República y diversas disposiciones del marco jurídico nacional, a partir de la siguiente

Exposición de Motivos

El país, como nación única e indivisible según manifiesta el artículo 2o. de la Carta Magna, es el producto de la decisión unánime de los estados para unirse en una federación que, por voluntad de la soberanía originaria, es también una república representativa, democrática, laica y federal.

Por ello, de manera por demás adecuada, el artículo 1o. de la Constitución Política federal, como texto máximo del orden legal mexicano, establece que en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías otorgadas en la Constitución, refiriéndose así a la unificación consentida por los estados federados.

En el curso de la modernidad política se ha tomado como el nombre oficial del Estado mexicano el de “Estados Unidos Mexicanos”, en razón del contenido de los dos primeros artículos del texto constitucional. Así, frente al conocimiento y la aceptación de nacionales y de extranjeros, hemos asumido el gentilicio de “mexicanos” porque somos originarios de México; o bien, porque nos encontramos en alguno de los supuestos que posibilitan la adquisición de la nacionalidad mexicana.

No obstante, ser mexicano no es sólo un gentilicio o un indicativo de proveniencia u originalidad de un territorio, ni de la correspondencia respecto a un conjunto de estados federados. Ser mexicano es la certeza de ser y pertenecer al histórico vínculo estrechado por el choque y la unificación de dos culturas, disímiles en tradiciones y semejantes en su finalidad de prevalencia.

La identidad es el vínculo que nos une en el origen, territorio, cultura y afinidades de amor a lo nuestro. La sola palabra México es un haz histórico que irradió desde la gran Tenochtitlán, pueblo azteca que construyó el pueblo del sol y cuya valentía se conoció en toda Mesoamérica por los diversos grupos étnicos, que lo identificaron como una organización social desarrollada en el Anáhuac, en cuyos lagos se reflejaba la luna. Algunos cronistas consideraron que era un centro; otros sostienen que es el ombligo de la luna, estimándolo como un lugar de simbolismo y de ritual de quienes iluminaba en las noches oscuras de Tezcatlipoca.

Por esa razón, México significa en náhuatl “en el lugar del ombligo de la luna”; es decir, Metztli-xi-co: Metztli, “luna”; xitli, “ombligo”; y co, “en el lugar”.

La palabra México, por su profundo significado, es un verdadero monumento, que representa la fortaleza de la tradición de un pueblo que fundó una gran ciudad, la cual maravilló a los conquistadores españoles, quienes en las Cartas de Relación la denominaron “Ciudad de México”, construida con obras de ingeniería para controlar inundaciones y reveladora de una historia de advocaciones y fortalezas del espíritu que generó la esencia que, aun con la conquista y colonización, nunca pudo ser destruida.

Diferentes pueblos de Latinoamérica llevan nombres europeos, como Argentina, Colombia, Nueva Granada o Santo Domingo, pero el país a que pertenecemos se conoce en todo el mundo con el nombre que le dieron los grupos étnicos formadores de los pueblos fundacionales, México.

Durante la época colonial, el centro político más importante del virreinato se denominó “Ciudad de México”; y cuando se crearon las intendencias, en 1786, a una de las más extensas territorialmente se dio el nombre de “México”, perpetuando este nombre al formarse los estados de la federación mexicana en 1824. Es el único que a través de los años de vida independiente lleva el nombre de “México”, el estado de México.

La colonización se construyó y enseñoreó sobre las pirámides ceremoniales, tratando de cubrirlas con los edificios y templos y sobreponiendo a México la denominación política de “Nueva España”, quedando así subyacente la fortaleza que reclamó la reivindicación.

En el marco del bicentenario de la lucha por la independencia nacional debemos formalizar el nombre con que en todas las sociedades del mundo se conoce nuestra nación, el de “México”, que es raíz de identidad, conciencia de pertenencia y proyección de valores universales.

Incorporar el nombre de la nación en la Constitución que nos rige es dimensionar un trato justo en el juicio de la historia que coloca hechos, hombres e instituciones en los pedestales de gloria y en los símbolos que muestran a las nuevas generaciones su pertenencia a un pueblo libre e independiente. Colocar a México en uno de los símbolos más trascendentes de las luchas revolucionarias, la Constitución, es fortalecer la solidaridad en el tiempo, con el pueblo que nos legó el camino para ser libres.

La lucha por la independencia fue revolucionaria, porque impulsó el cambio radical de las instituciones dominadoras. Iluminar el sendero hacia la vida constitucional no fue fácil; fue una época de confrontaciones y redefiniciones de los términos de lo que iba a ser el nuevo país por fundar en el territorio indeterminado de la lucha que avanzaba en toda América. Por ello, los caudillos utilizaban términos como “América Septentrional”, “América Mexicana” o “Boreal”. Morelos, con su ideario, iluminó el camino hacia el nuevo México, al considerarse siervo de la nación y estimar a una patria por la que “morir es poco cuando por ella se muere”.

Al constituirse la nación como Estados Unidos Mexicanos, en la conciencia del Constituyente de 1824 campeó la idea de unión de los grupos étnicos, de los estados que formaban la nueva alianza, considerándolos a todos mexicanos, monumental palabra de simbolismo y significado de la lucha por la libertad era México. Por ello, desde entonces la nación que renació hace 200 años es México; y nosotros, mexicanos. Colocar el nombre de México en la Constitución, en este bicentenario, es un acto de justicia y de responsabilidad histórica, que salda una omisión en el acta de nacimiento de las Constituciones mexicanas, pero que ha trascendido en las centurias de la vida social, política, económica y jurídica en que México ha sido y es.

La misma corriente política-ideológica campeó en el Constituyente de 1857, al designar la Carta Magna como “Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos”. Sin embargo, Juárez, el 28 de julio de 1859, al expedir la Ley Orgánica del Registro Civil, en el artículo 17 estableció que en las actas del Registro Civil se iniciara: “En nombre de la República de México”.

En el derecho comparado, la Constitución Española establece en el artículo 1o.: “España se constituye en un Estado social y democrático de derecho”; la argentina, en el artículo 1o.: “La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal”; la italiana, en el artículo 1o.: “Italia es una república democrática fundada en el trabajo”; y la francesa, en el artículo 1o.: “Francia es una república indivisible, laica, democrática y social”.

La presente iniciativa pretende, en el marco del bicentenario de la Independencia de México, y con fundamento en lo señalado en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificar el texto del artículo 1o., para asentar en la Carta Magna el nombre histórico y adecuado de la nación.

Proyecto de Decreto

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

Artículo Primero. Se modifica el texto del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Título Primero

Capítulo IDe las Garantías Individuales

Artículo 1o. México es la nación formada porlos Estados Unidos Mexicanos, donde todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

...

Artículo Segundo. Se modifica el artículo 5o. de la Ley del Banco de México, para quedar como sigue:

Artículo 5o.Los billetes que emita el Banco de México deberán contener la denominación con número y letra; la serie y número; la fecha del acuerdo de emisión; las firmas en facsímile de un miembro de la Junta de Gobierno y del cajero principal; el nombre de “México”; la leyenda “Banco de México”; y las demás características que señale el propio banco.

Artículo Tercero. Se modifica el nombre de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1 y 2 de la misma, para quedar como sigue:

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.- Estados Unidos Mexicanos.- México.- Secretaría de Gobernación.

El presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se ha servido dirigirme la siguiente ley:

“Pascual Ortiz Rubio, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien expedir la siguiente ley:

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

Ley Monetaria de México

Capítulo IDe la Moneda y de su Régimen Legal

Artículo 1o. La unidad del sistema monetario de México es el peso, con la equivalencia que por ley se señalará posteriormente.

Artículo 2o. Las únicas monedas circulantes serán

a) Los billetes del Banco de México, SA, con las denominaciones que fijen sus estatutos;

b) Las monedas metálicas de cincuenta, veinte, diez, cinco, dos y un pesos, y de cincuenta, veinte, diez, y cinco centavos, con los diámetros, composición metálica, cuños y demás características que señalen los decretos relativos.

Todas las monedas del sistema monetario de México serán acuñadas en su anverso con el nombre de “México”; de la misma forma, todos los billetes emitidos por el Banco de México deberán contener en su anverso el nombre de “México”.

Cuando los decretos relativos prevean aleaciones opcionales para la composición de las monedas metálicas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a propuesta del Banco de México, determinará su composición metálica señalando alguna de las aleaciones establecidas en el decreto respectivo o sustituyendo la así señalada en otra de ellas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación las resoluciones en que se determine la aleación que se utilizará en la composición metálica de las monedas de que se trata.

Artículo Cuarto. Se modifica el artículo tercero del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y señala las características de las monedas de cinco, diez, veinte y cincuenta centavos y de uno, dos, cinco y diez pesos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 1992, para quedar como sigue:

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y señala las características de las monedas de cinco, diez, veinte y cincuenta centavos y de uno, dos, cinco y diez pesos

Artículo Primero....

Artículo Tercero. Las características de las monedas de cinco, diez, veinte y cincuenta centavos y de uno, dos, cinco y diez pesos a que se refiere el inciso b) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos serán las siguientes:

Moneda de cinco centavos

Valor facial: Cinco centavos.

...

Cuños:

Anverso: Al centro, el Escudo Nocional, en relieve escultórico, con el nombre de “México”, formando el semicírculo superior.

Reverso: En la parte central de la moneda, el número cinco, “5”, como motivo principal y valor facial; a su derecha, el símbolo de centavos, “¢”; en el campo superior, al centro, el año de acuñación; y a la derecha, el símbolo de la Casa Moneda de México, “M”; a la izquierda, paralelo a un pentágono inscrito, una estilización de los rayos solares del Anillo de los Quincunces de la Piedra del Sol.

Canto: Será liso para las composiciones de los incisos a) y b); y estriado para la composición del inciso c).

Moneda de diez centavos

Valor facial: Diez centavos.

...

Cuños:

Anverso: Al centro, el Escudo Nacional, en relieve escultórico, con el nombre “México”,formando el semicírculo superior.

Reverso: En la parte central de la moneda, el número diez, “10”, como motivo principal y valor facial; a su derecha, el símbolo de centavos, “¢”; en el campo superior, al centro, el año de acuñación; en el campo inferior, al centro, el símbolo de la Casa de Moneda, “M”; a la derecha, paralelo al marco, una estilización del Anillo del Sacrificio de la Piedra del Sol.

Moneda de veinte centavos

Valor facial: Veinte centavos.

...

Cuños:

Anverso: Al centro, el Escudo Nacional, en relieve escultórico, con el nombre de “México”,formando el semicírculo superior.

Reverso: En la parte central de la moneda, el número veinte, “20”, como motivo principal y valor facial; a su derecha, el símbolo de centavos, “¢”; en el campo superior, al centro, el año de acuñación; en el campo inferior, al centro, el símbolo de la Casa de Moneda, “M”; a la izquierda, paralelo al marco, una estilización del Acatl, decimotercer día de la Piedra del Sol.

Moneda de cincuenta centavos

Valor facial: Cincuenta centavos.

...

Cuños:

Anverso: Al centro, el Escudo Nacional, en relieve escultórico, con el nombre de “México”, formando el semicírculo superior.

Reverso: En la parte central de la moneda, el número cincuenta, “50”, como motivo principal y valor facial; a su derecha, el símbolo de centavos, “¢”; en el campo superior, al centro, el año de acuñación; en el campo inferior, al centro, el símbolo de la Casa de Moneda, “M”; y paralelo al marco, en semicírculo, en la parte inferior, una estilización del Anillo de la Aceptación de la Piedra del Sol.

Moneda de un peso

Valor facial: Un peso.

...

Cuños:

Anverso: El Escudo Nacional, con el nombre de “México”, formando el semicírculo superior.

Reverso: En la parte central, a la izquierda, el símbolo “$”; y a la derecha, el valor facial uno, “1”; en el campo superior, al centro, el año de acuñación; en el campo derecho, al centro, el símbolo de la Casa de Moneda de México, “M”. Como motivo principal, una estilización del Anillo del Resplandor Solar de la Piedra del Sol.

Canto: Liso.

Moneda de dos pesos

Valor facial: Dos pesos.

...

Cuños:

Anverso: El Escudo Nacional, con el nombre de “México”, formando el semicírculo superior.

Reverso: En la parte central a la izquierda aparece “$”; al lado derecho, el valor facial dos, “2”; en el campo superior, el año de acuñación; en el campo derecho, al centro, el símbolo de la Casa de Moneda de México, “M”. Como motivo principal, una estilización del Anillo de los Días de la Piedra del Sol.

Canto: Liso.

Moneda de cinco pesos

Valor facial: Cinco pesos.

...

Cuños:

Anverso: El Escudo Nacional, con el nombre de “México”, formando el semicírculo superior.

Reverso: En la parte central, a la izquierda, aparece el símbolo “$”; y al centro, el número cinco, “5”, como valor facial; en el campo superior izquierdo, el año de acuñación; en el campo derecho, al centro, el símbolo de la Casa de Moneda de México, “M”. Como motivo principal aparece una estilización del Anillo de las Serpientes de la Piedra del Sol.

Canto: Liso.

Moneda de diez pesos

Valor facial: Diez pesos.

...

Cuños:

Anverso: El Escudo Nacional, con el nombre de “México”, formando el semicírculo superior.

Reverso: En la parte central está el círculo de la Piedra del Sol que representa a Tonatiuh con la máscara de fuego. En el anillo perimétrico, en la parte superior, al centro el símbolo “$10”; a la izquierda, el año de acuñación; y a la derecha, el símbolo de la Casa de Moneda de México, “M”; en la parte inferior, la leyenda “Diez Pesos”. El marco liso, con gráfila escalonada.

Canto: Estriado.

Artículo Quinto. Se modifican los artículos 1o. y 6o. de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:

Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Capítulo PrimeroDe los Símbolos Patrios

Artículo 1o. El Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales son los símbolos patrios de México. La presente ley es de orden público y regula sus características y difusión, así como el uso del Escudo y de la Bandera, los honores a esta última y la ejecución del Himno.

Artículo 6o. Con motivo de su uso en monedas, medallas oficiales, sellos, papel oficial y similares, en el Escudo Nacional sólo podrá figurar, por disposición expresa de la ley, la palabra “México”, que formará el semicírculo superior.

Transitorios

Primero. Publíquese la presente ley en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor a los 180 días siguientes al de su publicación.

Tercero. El Ejecutivo federal efectuará las acciones necesarias para la emisión de billetes y acuñación de monedas en los términos del presente decreto, así como para la sustitución de las que se encuentran en circulación al momento de la publicación de este decreto.

Cuarto. Los billetes emitidos por el Banco de México y las monedas acuñadas por la Casa de Moneda de México continuarán en circulación con su valor nominal, hasta en tanto no se hayan retirado en su totalidad como moneda circulante.

Quinto.El Ejecutivo federal, dentro del plazo de 180 días, contados a partir del inicio de la vigencia del presente decreto, llevará a cabo la modificación de las disposiciones reglamentarias que aún mencionen como nombre oficial de la nación mexicana el de “Estados Unidos Mexicanos” para cambiarlo por el de “México”.

Sexto. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía jurídica que se opongan a lo establecido en el presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2010.— Diputados: Víctor Humberto Benítez Treviño, Emilio Serrano Jiménez, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Margarita Gallegos Soto, Carlos Cruz Mendoza, Noé Fernando Garza Flores, Jorge Hernández Hernández, Eduardo Zarzosa Sánchez, María del Rosario Brindis Álvarez, Héctor Eduardo Velasco Monroy, Noé Martín Vázquez Pérez, Andrés Massieu Fernández, José Trinidad Padilla López, Omar Rodríguez Cisneros, Isaias González Cuevas, Felipe Borja Texocotitla, Rodrigo Reina Liceaga, Héctor Fernández Aguirre, Arturo Zamora Jiménez, Francisco Alejandro Moreno Merino, Enoé Margarita Uranga Muñoz, Nazario Norberto Sánchez, Héctor Guevara Ramírez, Sandra Méndez Hernández, Oscar Javier Lara Aréchiga, Rolando Zubia Rivera, Rolando Bojórquez Gutiérrez, Alejandro del Mazo Maza, José Luis Soto Oseguera, Oralia López Hernández, Germán Contreras García, Julián Francisco Velázquez y Llorente, Julián Francisco Velázquez y Llorente, Miguel Ángel Luna Munguia, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, Emiliano Velázquez Esquivel, Reginaldo Rivera de la Torre, Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Janet Graciela González Tostado, Julieta Octavia Marín Torres, José Ignacio Pichardo Lechuga, Sandra Méndez Hernández, Malco Ramírez Martínez (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputado. Como lo solicita insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Hacienda y Crédito Público, y de Gobernación.

El diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Dígame, diputado López-Portillo.

El diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave(desde la curul): Señor presidente, mi compañero Paco Moreno y su servidor queremos solicitarle a don Humberto Benítez Treviño que nos permita sumarnos a su muy interesante iniciativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:¿Está usted de acuerdo, señor diputado Humberto Treviño?

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): Estoy de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Está de acuerdo. Así que todas y todos aquellos diputados que deseen participar firmando su documento, pasen a la Secretaría. Muchas gracias, señor diputado.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Dígame, diputado Serrano.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): En el mismo sentido, diputado presidente. A ver si con esto nos queda claro que no somos una estrella más de Estados Unidos de América. No sé si me permite también el diputado adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Ya estuvo de acuerdo. Pase por favor a firmarla.

ARTICULOS 39 Y 41 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Jiménez León, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Pedro Jiménez León:Compañeras diputadas y compañeros diputados, la transición democrática que ha experimentado el país en los últimos años enfrenta serias dificultades que no le permiten alcanzar su consolidación.

La sociedad mexicana observa, no sin asombro, la falta de sensibilidad de la clase política, la que no ha podido dar solución a una serie de problemas que no sólo persisten, sino que se han agravado.

Los avances en la democracia electoral no se han visto correspondidos con mecanismos de rendición de cuentas por parte de los gobernantes. El resultado es francamente desa-lentador, y a los ojos de la ciudadanía la interrogante es: ¿qué hacer cuando un servidor público o representante popular no resuelve los asuntos de su competencia, cuando pone en riesgo el desarrollo nacional, estatal, municipal o delegacional, o de plano es omiso y adopta decisiones que van en contra de lo establecido en la Constitución, las leyes o de los intereses de los ciudadanos?

Ante un ejercicio de la política que ha conferido a la sociedad el papel de mera espectadora, la respuesta es otorgar al ciudadano un derecho fundamental que le corresponde, el de destituir a los gobernantes. La propuesta no busca abrir la puerta a la ingobernabilidad, ni mucho menos lleva dedicatoria, por el contrario, atiende una demanda que se refiere a construir una convivencia democrática alejada de las formas del poder que sólo acuden a la sociedad en la búsqueda del voto, y cuando están en el cargo olvidan sus compromisos con ella.

La revocación de mandato permite que se exprese la voluntad ciudadana para dar paso a la remoción anticipada del servidor público y le otorga el control permanente sobre quienes ejercen el poder, recuperando el espíritu del artículo 39 de la Constitución: La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

En Convergencia creemos que al impulsar esta iniciativa estamos volviendo a su cauce el sentido de la voluntad popular y damos fin a una realidad en la que los servidores públicos hacen uso de los recursos como patrimonio propio. Por eso presentamos hoy esta iniciativa en la que planteamos revocar el mandato de los titulares de los órganos del poder público, electos mediante sufragio universal, por omisión, evidente negligencia o ejercicio indebido de sus facultades y que con ello causen daños o perjuicios a la institución, a terceros y afecten los intereses de la nación.

Revocar el cargo al Ejecutivo federal por actuación omisa, negligente, o por un ejercicio indebido del poder público que cause perjuicio a la institución que representa y afecte los intereses de la nación, cumplidos tres años de gobierno, previa consulta ciudadana. Revocar por similares causas el cargo de gobernador, jefe de gobierno del Distrito Federal, presidentes municipales y demás cargos de elección popular.

Por lo antes expuesto someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 39 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por razones de tiempo, solicito a la Presidencia que se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 39 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Pedro Jiménez León, del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, Pedro Jiménez León, en su carácter de diputado del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 39 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La transición democrática que ha experimentado el país en los últimos años enfrenta graves dificultades para alcanzar la consolidación.

La sociedad observa, no sin asombro, la falta de sensibilidad de la clase política, que no ha podido solucionar una serie de problemas que no sólo persisten, sino que se han agravado en tiempos recientes.

Las mediciones de la opinión pública realizadas a través de encuestas ofrecen datos acerca del desencanto ciudadano que ha trascendido en prácticamente todos los sectores sociales.

Los avances en la democracia electoral no se han correspondido con procedimientos de rendición de cuentas de los gobernantes surgidos de los procesos comiciales ni de los funcionarios designados para ocupar encargos en la administración pública.

El resultado es francamente desalentador a los ojos de los ciudadanos, pues consideran que una y otra vez han sido traicionados en su confianza y no hay nada que pueda solventar o impedir esa situación.

Ante un ejercicio de la política que ha conferido a la sociedad el papel de mera espectadora, el recelo con que se observa la actuación de servidores públicos y de representantes populares es más que justificado y requiere la instauración de procedimientos que posibiliten una actitud participativa y determinante de la colectividad, a fin de ejercer plenamente un derecho fundamental que le corresponde el destituir a los gobernantes y funcionarios cuyo desempeño se caracterice por la impericia y las omisiones reiteradas en la responsabilidad, además de la opacidad a que recurren para incurrir en actos de corrupción.

La baja participación en los procesos electorales recientes no puede explicarse sino a la luz del desencanto ciudadano referido y que, desafortunadamente, es la respuesta de la sociedad a la presunta falta de responsabilidad que caracteriza a buena parte de quienes ejercen el poder en México, y de quienes tienen un mandato popular.

En el contexto descrito, resulta indispensable poner a disposición de la sociedad un instrumento propio de la democracia semidirecta, que le permita anteponer el bien colectivo a los verdaderos extravíos en que incurre buena parte de los gobernantes y servidores públicos.

El problema podría resumirse en una sola interrogante: ¿qué hacer cuando un servidor público o representante popular no resuelve los asuntos de su competencia, pone en riesgo el desarrollo nacional, estatal o municipal y delegacional o, de plano, es omiso y adopta decisiones que van contra lo establecido en la Constitución y las leyes que de ella emanan o contraría los intereses de los ciudadanos? La respuesta lógica es que le sea revocado el mandato.

Si incluimos la figura de la “revocación de mandato” en la Carta Magna, no sólo abonaremos a un ejercicio distintivo de la vida democrática sino que haremos eco de la sentida demanda orientada a inhibir o sancionar conductas proclives a la inobservancia de la ley, que se repiten una y otra vez por la impunidad imperante en México.

La propuesta no busca abrir la puerta a la ingobernabilidad ni, mucho menos, lleva dedicatoria; por el contrario, atiende una demanda que se ha convertido en exigencia: construir una convivencia democrática de tipo horizontal, alejada de las formas verticales del poder, que sólo acuden a la sociedad en la búsqueda del voto y olvidan sus compromisos al instalarse en sus encargos, iniciando prácticas alejadas de la rendición de cuentas.

Por ello, si deseamos avanzar en la construcción de un modelo distinto del quehacer público, debemos empezar por recuperar la confianza ciudadana, combinando tanto el escrutinio como su correspondiente aplicación de un marco normativo que supere las opiniones subjetivas y sirva de respaldo a la aplicación de la ley, sin distingos ni lagunas que entorpezcan.

La revocación de mandato permite que se exprese la voluntad ciudadana para dar paso a la remoción anticipada del servidor público electo mediante el voto. Damos el control permanente al ciudadano sobre quienes tienen el poder y recuperamos el espíritu del artículo 39 de la Constitución:

La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

De acuerdo con el estudio elaborado sobre el tema por el Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara, en Latinoamérica los casos más significativos de revocación del mandato los representan Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, con características y alcances diferentes en cada país, pero con el mismo espíritu, idea y estructura: el pueblo tiene el derecho legítimo de revocar el mandato a quienes ocupan un puesto de elección popular otorgado por el mismo pueblo.

En Convergencia creemos que al impulsar esta iniciativa estaremos volviendo a su cauce el sentido de la voluntad popular que, burlada por diversos medios, ahora nos presenta una realidad en la que los servidores públicos se sienten los poseedores de los recursos públicos como patrimonio propio y asumen decisiones ajenas o hasta contrarias al interés general, olvidando que son meros mandatarios o depositarios de la voluntad ciudadana.

Tenemos que establecer los medios mínimos que comprometan a todo representante popular y les dé la certeza de que sin resultados óptimos tendrán que dejar el encargo. Similar iniciativa fue presentada por nuestro grupo parlamentario en la pasada legislatura, cuyo propósito y sentido hoy rescatamos.

Es tiempo de debatir todo lo que ha limitado el ejercicio pleno de los derechos políticos ciudadanos, dando paso al despilfarro, corrupción e impunidad en beneficio de unos cuantos pero en perjuicio de la mayoría de los mexicanos.

En la presente iniciativa proponemos

• Revocar el mandato de los titulares de los órganos del poder público, elegidos mediante sufragio universal, por omisión, evidente negligencia o ejercicio indebido de las facultades que conforme a la ley le corresponden, y con ello causen daños o perjuicios a la institución o a terceros y afecte los intereses de la nación.

• Revocar el cargo al Ejecutivo federal cuando por actuación omisa o negligente, o por ejercicio indebido del poder público, que redunde en perjuicio de la institución que representa, afecte los intereses de la nación, una vez cumplidos tres años de gobierno, previa consulta ciudadana, para designar un presidente interino o que el presidente en funciones debe continuar en el encargo.

• En el caso de los diputados y los senadores, una vez transcurrida la mitad de la legislatura, por las mismas causas que el presidente, podrán ser revocados del mandato, con la solicitud por escrito, debidamente fundada y motivada, de un número no menor de 15 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal del distrito electoral uninominal, entidad federativa o circunscripción electoral plurinominal en que haya sido elegido el diputado o senador.

• Revocar, por similares causas, el cargo de gobernador, jefe del Gobierno del Distrito Federal, diputados locales, presidentes municipales, regidores y síndicos.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 39 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se reforma el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno y el de revocar el mandato de los titulares de los órganos del poder público, elegidos mediante sufragio universal, que incurran en omisión, negligencia evidente o ejercicio indebido de las facultades de ley, y que con ello causen daños o perjuicios a la institución o a terceros y afecten los intereses de la nación.

Artículo Segundo. Se reforma y adiciona el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos en la presente Constitución federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir el pacto federal.

El pueblo puede, en ejercicio de su soberanía, mediante revocación de mandato, remover a los titulares de los órganos del poder público, elegidos por sufragio universal, de conformidad con las siguientes bases:

Primera. Revocar el mandato al titular del Ejecutivo federal cuando por omisión, negligencia evidente o ejercicio indebido de las facultades que, conforme a la ley, le corresponden cause daños o perjuicios a la institución o a terceros y afecte los intereses de la nación. Una vez cumplidos tres años de gobierno, se someterá a consulta ciudadana dicho mandato para que sea designado un presidente interino o el presidente en funciones continúe en el encargo. La legislación secundaria establecerá los términos y las condiciones en que se celebrará dicha consulta, correspondiendo a la autoridad electoral competente la organización y celebración de la consulta.

Corresponderá al Congreso de la Unión, o a la Comisión Permanente, en caso de receso, concurriendo cuando menos las dos terceras partes de sus miembros, nombrar un presidente interino, en términos del artículo 84 de esta Constitución.

Segunda. Revocar el mandato a los diputados y a los senadores, una vez transcurridos los dos primeros periodos ordinarios de sesiones del primer año y el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de la legislatura, cuando por omisión, negligencia evidente o ejercicio indebido de las facultades de ley causen daños o perjuicios a la institución o a terceros y afecten los intereses de la nación. Bastará la solicitud por escrito, debidamente fundada y motivada, de un número no menor de quince por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal del distrito electoral uninominal, entidad federativa o circunscripción electoral plurinominal en que haya sido electo el diputado o el senador para que la autoridad electoral competente consulte si procede o no la revocación de mandato. Con dicha solicitud se deberá incluir una lista donde se asienten los nombres completos, las firmas y las claves de elector de los ciudadanos que la suscriban.

Tercera. Revocar el mandato al encargo de gobernador, jefe del Gobierno del Distrito Federal, diputados locales, presidentes municipales, regidores y síndicos cuando por omisión, negligencia evidente o ejercicio indebido de las facultades de ley afecten los intereses de la entidad federativa o municipio, o aun los de la nación. Se requerirá solicitud por escrito suscrita, como mínimo, por quince por ciento de los ciudadanos del estado, distrito o municipio, según el caso. Para su procedencia, deberá haber transcurrido como mínimo la mitad del periodo respectivo.

Con la solicitud deberá acompañarse copia de la credencial de elector de los ciudadanos que suscriban la petición. La legislación secundaria establecerá los términos y las condiciones en que se celebrará dicha consulta.

La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizara mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I. a III. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las reformas y adecuaciones que se derivan de este decreto para las Constituciones y las leyes de los estados y para el Estatuto de Gobierno y las leyes del Distrito Federal, así como el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, deberán aprobarse en un plazo que no excederá de los seis meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 17 de marzo de 2010.— Diputados: Pedro Jiménez León, Emilio Serrano Jiménez, Ma.Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, Emiliano Velázquez Esquivel, Samuel Herrera Chávez, Víctor Manuel Castro Cosío,  (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Como usted lo solicita insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene la palabra el señor diputado Francisco Vega de la Madrid, del grupo... dígame, diputado Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Gracias. Para preguntarle al señor diputado si me puedo adherir a su iniciativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:¿Acepta, diputado Jiménez León?

El diputado Pedro Jiménez León(desde la curul): Acepto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Acepta el señor diputado, pase por favor a firmar.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el señor diputado Francisco Vega de la Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 132 y 133 de la Ley Federal del Trabajo.

El diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid:Con su venia, diputado presidente. Por obviedad de tiempo únicamente leeré una síntesis de la presente iniciativa. Amigas y amigos diputados, en la historia de la humanidad uno de los principios normativos de cualquier sociedad en convivencia es el respeto a la norma o legislación precisamente dentro de esas mismas comunidades en las que se habita y respetando los usos, costumbres, lineamientos, normas y reglamentos que se implementen dentro de sus límites territoriales.

En nuestro país existe un total de 255 leyes federales. Aunado a ello, existen códigos federales civiles, penales y de procedimientos electorales. Sin embargo, de ese total no siempre las penas que se establecen son de privación de la libertad.

No obstante, debemos tener en cuenta que cada una de las entidades federativas cuenta con sus propios ordenamientos locales, pasando por las constituciones políticas de los estados soberanos, los códigos procesales y administrativos, hasta reglamentos que incluyen también a los municipios.

Si bien sabemos que las normas en cualquier sociedad de convivencia son necesarias, debemos también reconocer que existen personas con escasa educación que muchas veces son procesadas por delitos que no conocían, o por el desconocimiento de la legislación social local y federal.

La presente iniciativa trata de sostener el hecho de que en nuestro país prevalece una amplia legislación de diversos ámbitos que tratan de abarcar el actuar de las personas en su vida cotidiana; sin embargo, existe una debilidad al interior de la misma sociedad y del sistema jurídico mexicano, ya que existen muchas personas que, además del desconocimiento de las legislaciones, cuentan con una escasa o nula preparación educativa.

A esto le debemos añadir que existen miles de mexicanos que cruzan la frontera con Estados Unidos de Norteamérica con la finalidad de trabajar, y en muchas ocasiones el propio sistema termina por abarcarlos y enseñarles una forma de vida basada en la delincuencia, lo cual atraviesa desde los delitos considerados como menores hasta delincuencia organizada y la vinculación con cualquier tipo de violencia.

Actualmente los procesados en Estados Unidos de América o dentro del territorio nacional reciben un trato diferencial y a quienes han purgado penas y sentencias se les denomina ex convictos o ex reos. Frecuentemente se les relega o margina de una oportunidad laboral y de pertenecer a la población económicamente activa, dedicándose a actividades ilícitas.

Si bien coincidimos en las penas impuestas, encaminadas a que los delincuentes e infractores de las diversas legislaciones purguen una sentencia en tiempo y forma, debemos reconocer que en la mayoría de las veces quienes han purgado sentencias en territorio mexicano y extranjero carecen de las oportunidades reales para reincorporarse a la vida laboral del país, aunado a la falta de una política pública federal encaminada a la reinserción social y económica de los ex convictos.

Compañeras y compañeros, el esfuerzo que desde el gobierno federal se ha implementado para lograr la readaptación social de los infractores en nuestro país debe estar acompañada con la modificación al marco legal correspondiente y proponer, desde la Ley Federal del Trabajo, la no discriminación a las personas que han delinquido, proponiendo la modalidad de ser primo delincuentes o ex convictos de baja peligrosidad, los cuales a su vez deberán cumplir con los requisitos establecidos en los ordenamientos legales, así como en los principios de buena conducta y de verdad bajo palabra.

Queremos dejar claro que esto no exime por ningún motivo a ningún ex convicto de presentar, bajo protesta de decir verdad, sus antecedentes en cualquier entrevista de trabajo, así como la facultad de reserva de contrato de los patrones del país.

Por lo anterior expuesto y fundado me permito proponer a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3o., 132 y 133 de la Ley Federal del Trabajo.

Señor presidente, le solicito que el texto íntegro sea publicado en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Es cuanto. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma los artículos 3o., 132 y 133 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Francisco Vega de Lamadrid, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Arturo Vega de Lamadrid, diputado federal por Baja California a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción II del artículo 55 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa que reforma y adicionan los artículos 3o., 132 y 133 de la Ley Federal del Trabajo, bajo el tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A través del tiempo, uno de los principios normativos de cualquier sociedad en convivencia es el respeto a la norma o legislación, precisamente dentro de esa misma comunidad en la que habita y respetando los usos, costumbres, lineamientos, normas y reglamentos que se implementen dentro de sus límites territoriales.

En nuestro país, existen un total de 255 leyes federales que también abarcan códigos federales civiles, penales y de procedimientos electorales, sin embargo, de ese total, no siempre las penas que se establecen son de privación de la libertad, no obstante a ello, debemos tener en cuenta que cada una de las entidades federativas cuenta con sus propios ordenamientos locales, pasando desde las Constituciones Políticas de los estados soberanos, los códigos procesales y administrativos hasta los reglamentos que incluyen también a los municipios.

Vemos en la actualidad que faltas cívicas de incidentes de tránsito, aun sin lacerar a terceros son motivo de la privación de la libertad, sin causal de proceso o sentencia mayor a un arresto preventivo no mayor a las 72 horas que enmarca la Constitución para el término de sentencia, este tipo de arrestos están inmersos a lo largo de los ordenamientos, principalmente locales, sin establecer un antecedente de gravedad para el detenido.

A lo largo de nuestro marco normativo existen sanciones de privación de libertad sin alcanzar caución alguna, las cuales son tipificadas en los códigos, reglamentos leyes locales y federales como delitos mayores o de gravedad significativa para que se requiera el proceso, sin embargo, las materias o ámbitos en los que cualquier individuo puede ser procesado van desde lo mercantil, fiscal, penal, civil, electoral, delincuencia organizada, agrupación delictuosa y muchas agravantes que se establecen en nuestros diversos códigos.

Si bien sabemos, que las normas en cualquier sociedad de convivencia son necesarias, debemos reconocer que existen personas con escasa educación que muchas veces son procesados por delitos que no conocían o por el desconocimiento de la legislación local y federal.

La tesis que la presente iniciativa trata de defender parte del hecho que en nuestro país, prevalece una amplia legislación de diversos ámbitos que tratan de abarcar el actuar de las personas en su vida cotidiana, sin embargo, existe una debilidad al interior de la sociedad y del sistema jurídico mexicano, ya que existen muchas personas que además del desconocimiento de las legislaciones, cuentan con una escasa o nula preparación educativa, a esto le añadimos que existen miles de mexicanos que cruzan la frontera con Estados Unidos de América, con la finalidad de trabajar y el propio sistema termina por abarcarlos y enseñarles una forma de vida, basada en la delincuencia la cual atraviesa desde los delitos considerados como menores, hasta la delincuencia organizada y la vinculación con cualquier tipo de violencia.

Actualmente, los procesados en Estados Unidos de América o dentro del territorio nacional, reciben un trato diferencial y se les llama ex convictos, a los primeros se les añade la característica de repatriados y a los segundos simplemente se les marca con la etiqueta de ex presidiarios, ex reos o ex encarcelados, relegándonos y marginándolos de una parta importante de la población económicamente activa en nuestro país, por el hecho de tener una de estas características.

Si bien, coincidimos en las políticas públicas encaminadas a que los delincuentes e infractores de las diversas legislaciones, purguen una sentencia en tiempo y forma, debemos reconocer que en la mayoría de las veces, quienes han purgado sentencias en territorio mexicano y extranjero, carecen de las oportunidades reales de reincorporarse a la vida laboral del país.

Debemos tener claro que, la Constitución federal establece derechos fundamentales para los mexicanos dentro del territorio nacional, dichos derechos y prerrogativas tienen las características de ser inalienables, imprescriptibles, irrenunciables y unilaterales, de igual forma establece derechos para quienes por delito que merezca pena privativa de la libertad y tengan prisión preventiva.

El principal que nos ocupa con la presente iniciativa enmarcado en lo que cita el artículo 18 de la Carta Magna que a la letra reza lo siguiente:

“El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto”.

...

...

“Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de reinserción social previstos en este artículo, y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitos del orden federal o del fuero común, podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, sujetándose a los Tratados Internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. El traslado de los reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso”.

La ley suprema de la nación dicta los lineamientos de reinserción social, para connacionales que habitan en territorio nacional y extranjero pasando por la premisa que aprenderán un trabajo a desarrollar dentro del tiempo que purguen la condena que se les haya impuesto para lograr su reinserción social, y para los mexicanos radicados en el extranjero y que sean encarcelados en el exterior se establece le premisa de ser trasladados para lograr su reinserción con la garantía que aprendan una función o labor en específico para trabajar con el resto de la población.

Lamentablemente, vemos que en México carecemos de una política pública integral que permita a los ex convictos reinsertarse de manera permanente al resto de la sociedad, las empresas carecen de los incentivos legales y fiscales para la contratación de estas personas, lo cual se traduce en un aumento de los índices delictivos y una contratación cada vez más barata de mano de obra encaminada a la delincuencia del crimen organizado y las pandillas dedicadas a actividades ilícitas o relacionadas con los diversos cárteles de México.

Según, uno de los especialistas en el tema del estudio de las políticas públicas, expone que “Un rasgo adicional del enfoque de políticas es la importancia que atribuye al acto de imaginación creativa capaz de introducir políticas nuevas y exitosas en el proceso histórico, aunque no se pueda garantizar de antemano cuáles podrían ser las ideas exitosas. La actual crisis de violencia obliga a utilizar el mayor ingenio para diseñar políticas capaces de realizar eficientemente los propósitos de una ciencia de políticas demográficamente orientadas”. (Luis F. Aguilar Villanueva).

Muy al contrario de la búsqueda que habla Aguilar Villanueva, en nuestro país el sistema penitenciario ofrece a quienes purgan condenas una mayor socialización entre delincuentes de mayor jerarquía, que cada vez agrupan un número mayor para las filas relacionadas con la inseguridad, lejos de una readaptación social, conferida en la Carta Magna, violentando las garantías individuales de los delincuentes, ofreciendo un mercado óptimo en la vida delictiva versus la propia readaptación social.

En nuestro país existen un total de 447 penitenciarías a lo largo del territorio nacional, de las cuales 11 se encuentran en el Distrito Federal, 330 en las entidades federativas y hay sólo 5 Centros Federales de Readaptación Social, a su vez, vemos con buenos ojos la intención del Gobierno Federal, para la creación de nuevos reclusorios federales, los Estados cada vez están más preocupados por construir centros penitenciarios, sin embargo, aún no se logra modificar nuestro marco jurídico laboral que ofrezca garantías a quienes tienen la intención de reinserción social.

Datos del órgano administrativo desconcentrado de Prevención Social, para el año 2008, casi 48 mil ex reos lograron su libertad anticipada, quienes salen a la calle a solicitar un empleo formal sin tener aún garantías de ello.

Nuestra función principal es adecuar nuestro marco legal, en aras de la búsqueda de un bienestar común y dotar de los instrumentos legales necesarios a quienes se encuentran desprotegidos por la legislación mexicana.

Es por ello que necesitamos adaptar nuestro marco jurídico encaminado a las leyes laborales que permitan a los delincuentes de menor peligrosidad readaptarse y lograr una reinserción social integral para desempeñar una sana convivencia en sociedad.

Por lo expuesto y fundado, me permito proponer a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por la que se reforman y adicionan los artículos: 3o., 132 y 133 de la Ley Federal del Trabajo

Para quedar como sigue:

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 3o.; se adiciona una fracción XXIX al artículo 132; y se reforma la fracción I del artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política, condición social o de antecedentes penales para quienes sean considerados como ex reos de baja peligrosidad o primo delincuentes que cumplan con los requisitos establecidos en los ordenamientos legales, los principios de buena conducta y bajo palabra.

Artículo 132. ...

XXIX. Emplear sin distinción alguna a quienes sean considerados como ex reos de baja peligrosidad o primo delincuentes que cumplan con los requisitos establecidos en los ordenamientos legales, los principios de buena conducta y bajo palabra.

Artículo 133....

I. Negarse a aceptar trabajadores por condiciones de edad, sexo o sean considerados como ex reos de baja peligrosidad o primo delincuentes que cumplan con los requisitos establecidos en los ordenamientos legales, los principios de buena conducta y bajo palabra.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de Plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2010.— Diputados: Francisco Arturo Vega de Lamadrid, Sergio Tolento Hernández, Ricardo Sánchez Gálvez, Alberto Esquer Gutiérrez, Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Marcos Pérez Esquer, Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Como lo solicita, señor diputado, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

El diputado Ricardo Sánchez Gálvez (desde la curul): Gracias, presidente. Sólo para solicitar al diputado Francisco Vega de Lamadrid que me permita integrarme y adherirme a esta iniciativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Diputado Vega de Lamadrid, el diputado Ricardo Sánchez solicita su anuencia para adherirse, ¿está usted de acuerdo?

El diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid (desde la curul): Estoy de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Está de acuerdo el diputado. Todos aquellos que deseen participar pasen a la Secretaría a suscribirlo.

LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

El diputado Samuel Herrera Chávez:Con su permiso, diputado presidente. Para nadie es desconocida la presencia de los ciudadanos ex braceros que están aquí, en la puerta, por la legítima demanda de sus planteamientos.

Por ello, propongo la iniciativa de proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Derivado del convenio binacional establecido entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos en 1942, miles de compatriotas se trasladaron a trabajar a diferentes campos agrícolas y ferroviarios a fin de cubrir la mano de obra norteamericana que se había trasladado a los escenarios de la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, los objetivos de este programa quedaron inconclusos, ya que la mayoría de esos trabajadores jamás cobraron sus recursos económicos ahorrados. Las instituciones del gobierno mexicano no implementaron alguna iniciativa para llamar a los ex braceros y entregarles lo que por justicia y trabajo les correspondía. Lo más grave fue que la mayor parte de ese fondo económico desapareció. Esto bajo la responsabilidad de los gobiernos priistas en turno. Hasta la actualidad, ni el gobierno ni institución alguna informan del destino y aplicación del dinero de los ex braceros.

En el 2005, cuando en promedio habían pasado 50 años del convenio binacional, se reconoce el derecho de los ex braceros y se aprueba la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Sin embargo, en la práctica se deja de lado la búsqueda y destino del fondo campesino de 10 por ciento y se establece un apoyo en general de 38 mil pesos a las personas que probaran, con los documentos que exige la ley, haber trabajado entre 1942-1964 en los campos agrícolas y ferroviarios en Estados Unidos.

La cantidad aproximada que se trasladó a Estados Unidos fue de más de 3 millones y medio. En las dos etapas que se ha convocado a los ex braceros a entregar su documentación, a través de mesas receptoras, sólo un promedio de 200 mil de ellos comprobaron y serán beneficiados, representando sólo casi el 5 por ciento del total que fueron a los campos agrícolas y ferroviarios, significando esto de que existen miles de ex braceros que por alguna circunstancia no se han enterado, y mucho menos incorporado al programa en que debe el gobierno federal cumplirle a estos mexicanos que entregaron su trabajo a otro país y hasta la fecha no han sido apoyados.

En el pasado proceso de reforma a la ley se reconocía que la credencial que expedía la Secretaría de Gobernación a los ex braceros y la mención honorífica expedida por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos son documentos que cumplen con los requerimientos y que sirven como documentos probatorios, por lo que deben considerarse en la norma y establecerse como elementos probatorios, ya que hay muchos ex braceros que cuentan con dichos documentos.

El requisito del Social Security, que se agregó en la pasada reforma, al exigirse que fuese apostillado y que estuviera vinculado al Programa Bracero, éste resulto nugatorio, contrario al espíritu de la ley, que era el posibilitar que más ex braceros se incorporaran al programa y fueran beneficiados, por lo que debe derogarse y ser sustituido por otros documentos probatorios que permitan el objetivo que la ley pretende.

Por otro lado, en los cinco años en los que ha funcionado el Comité Técnico del Fideicomiso 2106 ha tenido un funcionamiento muy burocrático y sus determinaciones son demasiado lentas y complicadas, porque lo que debe regularizarse es la actividad de este organismo, por lo menos para obligarlo a establecer un programa que debe comprometer resultados en beneficio de los ex braceros.

Debe haber una calendarización de la publicación de la lista de beneficiarios en el Diario Oficial de la Federación, regularse las sesiones ordinarias y extraordinarias que celebren, y permitir que un representante de la Cámara de Diputados, preferentemente un miembro de la Comisión Especial de seguimiento a los fondos aportados por los ex trabajadores mexicanos Braceros, se incorpore en calidad de observador o invitado permanente, esta calidad ya ha sido utilizada, incluso, para que participen funcionarios de Banobras que no son parte del comité técnico del fideicomiso.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, con lo cual se reforma este articulado, particularmente el artículo 3o., se adiciona la fracción XV al artículo 5o. y los incisos e) y f) al artículo 6o., y se deroga el inciso d) del artículo 6o. de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos para quedar como sigue:

Particularmente el artículo 6o., fracción III, inciso d), se deroga; inciso e), se plantea la credencial expedida por la Secretaría de Gobernación que acredita la calidad de trabajador emigrante, y en el inciso f), la mención honorífica expedida por el Departamento del Trabajo de Estados Unidos (US Departament of Labor).

Ciudadano presidente, este planteamiento es una legitimidad de muchos ex braceros que se encuentran en la puerta de este recinto y que plantea la legitimidad de muchos ex braceros, migrantes y adultos mayores.

Por lo anterior, dado que no está planteado en forma completa este planteamiento, solicito se inserte en forma completa el documento como texto íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, y esperamos que muchos compañeros diputados y diputadas se adhieran a la presente iniciativa. Gracias, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal Samuel Herrera Chávez, de esta LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, en atención a la siguiente

Exposición de Motivos

I. Antecedentes

Derivado del convenio binacional establecido entre el Gobierno de México y el Gobierno de Estados Unidos en 1942, miles de compatriotas se trasladaron a trabajar a diferentes campos agrícolas y ferroviarios a fin de cubrir la mano de obra norteamericana que se había trasladado a los escenarios de la Segunda Guerra Mundial.

Esta falta de mano de obra en los campos agrícolas y ferroviarios, dio oportunidad de convenir entre los gobiernos mejores condiciones de trabajo (sólo cubrir escasez de mano de obra y no sustituir trabajadores locales; no se reclutarían al ejército de Estados Unidos; no debería haber trato discriminatorio; el gobierno americano asumiría gastos de traslado de ida, vuelta, así como viáticos de los trabajadores), obligaba a las empresas norteamericanas a la firma de contratos con vigilancia de los dos gobiernos de descontar de la percepción de sus salarios de los trabajadores un 10% que se concentraba en el Banco Wells Fargo y este lo enviaba al gobierno mexicano a través del Banco de México, SA, que a su vez lo traspasaba al entonces Banco Nacional de Crédito Agrícola.

Los fondos descontados se remitieron al gobierno mexicano para que se devolvieran a los trabajadores, ya sea en efectivo que significaban una reserva económica o para aplicarse en la compra de implementos agrícolas que aportarían capitalización al campo mexicano.

Sin embargo, los objetivos de este programa se quedaron inconclusos, ya que la mayoría de esos trabajadores jamás cobraron sus recursos económicos ahorrados, las instituciones del gobierno mexicano no implementaron alguna iniciativa para llamar a los ex braceros y entregarles lo que por justicia y trabajo les correspondía; lo más grave fue que la mayor parte de ese fondo económico desapareció, esto bajo la responsabilidad de los gobiernos priístas en turno; hasta la actualidad ni el gobierno ni institución alguna informa del destino y aplicación del dinero de los ex braceros.

En el año 2005, cuando en promedio habían pasado 50 años del Convenio Binacional, se reconoce el derecho de los ex braceros y se aprueba la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos; sin embargo, en la práctica se deja de lado la búsqueda y destino del fondo campesino del 10% y se establece un apoyo en general de 38 mil pesos a las personas que probaran con documentos que exige la ley haber trabajado entre los años 1942 -1964 en los campos agrícolas y ferroviarios en Estados Unidos.

Las reglas de operación derivadas del decreto del 25 de mayo de 2005 y publicadas el 27 de octubre del mismo año, posibilitaron la convocatoria para que todos aquellos ex braceros que cumplieran con la norma acudieran del 11 de noviembre de 2005 al 10 de marzo de 2006 a hacer entrega de su documentación en las 32 mesas receptoras instaladas en las capitales de cada uno de los estados del país.

A esta convocatoria acudieron miles de ex braceros, aproximadamente 212,218 personas, de las cuales sólo cumplieron con lo establecido por la norma 42,633 ex braceros, quedando los restantes fuera, por motivos como no presentar el primer requisito que la ley les exigía (registro en el padrón de la Secretaría de Gobernación –Segob), presentar documento probatorio distinto al establecido por la ley, no poseer documentación que probara su situación de ex bracero y por no enterarse de que existía el programa y que por lo tanto debía registrase.

Ante las deficiencias en la ley y en la operación del programa, después de un largo periodo de deliberaciones por este Congreso de la Unión en su pasada LX Legislatura, se aprobaron reformas a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 1 de septiembre de 2008; dentro de estas reformas se contemplo derogar el registro en el padrón de la Segob, así como incorporar el Social Security como un requisito probatorio adicional, entre otros aspectos.

Se reformaron reglas de operación del programa y se emitió una nueva convocatoria el 28 de noviembre de 2008 a fin de recibir documentación de ex braceros en todo el país y en todos los Consulados de México en Estados Unidos, dicha recepción se hizo en un lapso de dos meses (28 de noviembre de 2008 a 28 de enero de 2009), presentándose a las ventanillas, según datos de la Secretaría de Gobernación 190,725, de los cuales 172,174 cumplieron con la documentación solicitada en la convocatoria y 18,551 sólo presentaron documentación incompleta. Esto sin considerar a las personas que fueron descartadas en las filas de registro e inclusive personas que no se enteraron del programa.

II. Consideraciones

La cantidad aproximada que se trasladó a Estados Unidos fue de más de 3 millones y medio; en las dos etapas que se ha convocado a los ex braceros a entregar su documentación a través de mesas receptoras, solo un promedio de 200 mil de ellos comprobaron y serán beneficiados, representando solo el casi 5% del total que fueron a los campos agrícolas y ferroviarios, significando esto que existen miles de ex braceros que por alguna circunstancia no se han enterado y mucho menos incorporado al programa, debe el gobierno federal cumplirle a estos mexicanos que entregaron su trabajo a otro país y hasta la fecha no han sido apoyados.

En pasado proceso de reforma a la Ley, se reconocía que la Credencial que expedía la Secretaría de Gobernación a los ex braceros y la mención honorífica expedida por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos son documentos que cumplen con los requerimientos y que sirven como documentos probatorios, por lo que deben considerarse en la norma y establecerse como elementos probatorios, ya que hay muchos ex braceros que cuentan con dichos documentos.

El requisito del Social Security que se agrego en la pasada reforma, al exigirse que fuese apostillado y que estuviera vinculado al programa bracero, este resulto nugatorio, contrario al espíritu de la ley, que era el posibilitar que mas ex braceros se incorporaran al programa y fueran beneficiados, por lo que debe derogarse y ser sustituido por otros documentos probatorios que permitan el objetivo que la ley pretende.

Por otro lado, en los cinco años en los que ha funcionado el comité técnico del fideicomiso 2106, este ha tenido un funcionamiento muy burocrático y sus determinaciones son demasiado lentas y complicadas, por lo que, debe regularse la actividad de este organismo. Por lo menos para obligarlo a establecer un programa de actividades que comprometa resultados en beneficio de los ex braceros; debe haber una calendarización de la publicación de las listas de beneficiados en el Diario Oficial de la Federación, regularse las sesiones ordinarias y extraordinarias que se celebren y permitir que un representante de la Cámara de Diputados, preferentemente un miembro de la Comisión Especial de seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros sea incorporado en calidad de observador o invitado permanente, esta calidad ya se utiliza incluso para que participen funcionarios de Banobras que no son parte del comité técnico del fideicomiso.

Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la ley que crea el Fideicomiso que Administrara el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos

Artículo Primero:Se reforma el artículo 3; se adiciona la fracción XV al artículo 5 y los incisos e) y f) al artículo 6 y se deroga el inciso d) del artículo 6 de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...el fideicomiso contara con un comité técnico que estará integrado por un representante de cada una de las siguientes dependencias del Poder Ejecutivo federal: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de la Función Pública ... incorporando como observador e invitado permanente a un representante del Poder Legislativo; en este caso será el Presidente de la Comisión Especial o alguno de los secretarios que atienda esta problemática en la Cámara de Diputados. Por cada representante propietario habrá un suplente quien deberá suplirlo en sus ausencias.

Artículo 5o. ....

I. a XIV. ....

XV. A partir de la radicación de los recursos económicos destinados a los ex braceros en el Presupuesto respectivo, se elaborará por el Comité Técnico del Fideicomiso 2106 el programa de calendarización de publicaciones de listas de beneficiados, así como el número de ex braceros a considerar.

Artículo 6o. ...

I. y II.

III. Incisos a), b) y c)...

d) se deroga

e) Credencial expedida por la Secretaría de Gobernación que acredita la calidad de trabajador emigrante;

f) Mención honorífica expedida por el Departamento del Trabajo de Estados Unidos (US Departament of Labor).

Artículos Transitorios

Primero. ...

Segundo.El Comité Técnico deberá realizar las adecuaciones necesarias a las Reglas de Operación y publicarlas en el Diario Oficial de la Federación a más tardar dentro de los 30 días ...naturales...siguientes a la publicación de este decreto.

Tercero.Dentro del plazo de ... 45 días hábiles...contados a partir del quinto día hábil de la publicación de la convocatoria, los interesados podrán acudir a las mesas receptoras para presentar la documentación a que se refiere el artículo 6o. de la ley.

Cuarto.Al finalizar el plazo establecido en el artículo tercero transitorio, el comité técnico integrara un registro de las personas que presentaron la documentación respectiva, ...en un plazo de 30 días hábiles...asimismo, autorizará los apoyos de quienes hayan cumplido con los requisitos y condiciones previstos en el artículo 6o. de la Ley y publicará en el Diario Oficial de la Federación la lista de beneficiarios que recibirán el apoyo social, debiendo para tal efecto observar lo dispuesto en ... las fracciones III y XV...del artículo 5o. de la ley.

Quinto... al Décimo...

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2010.— Diputados: Samuel Herrera Chávez, Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Emilio Serrano Jiménez, Florentina Rosario Morales, Emiliano Velázquez Esquivel, Víctor Manuel Castro Cosío, Víctor Manuel Báez Ceja, María Araceli Vázquez Camacho, Luis Felipe Eguía Pérez, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Laura Itzel Castillo Juárez (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Como lo solicita insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público,y como lo ha manifestado el señor diputado Herrera Chávez, todas y todos aquellos que deseen suscribirlo pasen a la Secretaría.

ARTICULO 94 CONSTITUCIONAL - LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el señor diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, buenos días, se trata de una iniciativa que tiene una finalidad muy clara, que es la de incorporar la figura del amicus curiae en el sistema procesal mexicano. El amicus curiae o amigo de la Corte, es una figura procesal que existe en muchos países del mundo. En los Estados Unidos, en Inglaterra, en algunos países de América Latina, y también está recogida su regulación y su tramitación en el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el artículo 44 del Reglamento de esa Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Como todos nosotros sabemos, México es parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha ratificado su competencia y hemos tenido integrantes en esa Corte muy notables. Esta experiencia que ha sido muy útil en el sistema jurisdiccional de la OEA, en especifico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo creo que es oportuno traerlo al sistema procesal mexicano.

Aquí estamos proponiendo una reforma al artículo 94 de la Constitución, para establecer la figura del amicus curiae y también la adición de un capítulo 7 Bis a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que establece la reglamentación de la figura del amicus curiae.

¿Para qué sirve la figura del amicus curiae? Pues sirve, por un lado, para permitir que grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, grupos de ciudadanos que defienden causas determinadas en la sociedad frente a un litigio concreto en donde no tienen un interés jurídico específico puedan plantear argumentos, opiniones, razones, que abonen en la construcción de una decisión mucho más razonada por parte de los tribunales.

Es, desde luego, la figura del amicus curiae una figura que permitiría democratizar al Poder Judicial en México. La transición a la democracia en nuestro país desgraciadamente no ha llegado con la profundidad debida, como lo esperábamos muchos millones de mexicanos. El Poder Judicial sigue siendo en muchos aspectos, tanto a nivel federal como los poderes judiciales locales, un poder hermético, un poder cerrado que no escucha lo suficiente a los ciudadanos.

El planteamiento tradicional del proceso es que el juez, el tribunal escuche a las partes, cuando mucho a los terceros que tienen un interés jurídico o legítimo en el asunto, a los testigos, y a los peritos, pero a veces la sociedad tiene necesidad de argumentar, de exponer razones sobre cuestiones que son de interés público, de interés general, que están conociendo los tribunales.

Por eso consideramos que esta figura generaría un mayor debate judicial en el país, un mayor debate jurídico, obligaría, desde luego, a los tribunales a justificar y a razonar mejor sus decisiones e implicaría un ejercicio por parte de los poderes judiciales, de los tribunales, un ejercicio de rendición de cuentas.

Como sabemos todos, la rendición de cuentas entraña la obligación de la autoridad para justificar, para razonar, para argumentar sus decisiones. Si los tribunales escuchan ampliamente a la sociedad, si escuchan a los grupos sociales, creo que podrían mejorar en la calidad de sus decisiones y creo que también argumentarían mejor estas decisiones.

Es decir, estaríamos contribuyendo, de aprobar esta iniciativa, a perfeccionar la rendición de cuentas y la transparencia en el Poder Judicial de la Federación.

Yo los invito a todos ustedes a que acompañen esta iniciativa, que me parece trascendente para la vida judicial, para la vida jurídica, para el debate sobre la interpretación de las leyes y de las normas jurídicas en nuestro país.

Hemos pasado en este momento, en el mundo, del sistema aquel en donde había actores privilegiados de la interpretación de las leyes a un sistema plural, en donde amplios sectores de la sociedad, y no solamente las autoridades o los jueces, pueden interpretar las leyes, pueden dar su punto de vista.

Peter Häberle, un autor de derecho constitucional notable en Alemania, señala que el nivel de democratización de un sistema jurídico y de un sistema político y el nivel de desa-rrollo de un estado de derecho depende de la cantidad de intérpretes jurídicos que existan en esa sociedad concreta.

La figura de amicus curiae tiene ese propósito: democratizar, abrir, transparentar al Poder Judicial y obligarlo a la rendición de cuentas a la sociedad. Muchas gracias, compañeras, muchas gracias, compañeros diputados, por su atención.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, diputado federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se adiciona un Capítulo VII Bis al Título Décimo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Exposición de Motivos

Ante la necesidad de que los más importantes principios democráticos permeen todo el quehacer público de nuestro país, resulta indispensable que el Poder Judicial también se democratice y abra sus puertas a los ciudadanos. Un mecanismo a través del cual esto puede avanzar en su materialización, consiste en el establecimiento de instrumentos jurídicos que se otorguen a los(as) ciudadanos(as) para que puedan participar en los procesos litigiosos cuando así lo consideren necesario y no sólo cuando tengan interés legítimo en el mismo.

Un instrumento de ese tipo es el que esta iniciativa propone: el establecimiento en nuestro sistema jurídico nacional del amicus curiae. Esta figura jurídica significa, en un sentido literal, “amigo de la corte” o “amigo del tribunal” y consiste en la presentación ante los tribunales de escritos de una persona o institución ajena al litigio en cuestión, es decir, que no son afectados directamente por el mismo; sin embargo, ese “amigo de la corte o del tribunal”, se presenta ante tribunal o corte, motivado por un interés justificado y válido de manifestar sus opiniones en torno a la materia que se está dirimiendo en determinado proceso judicial.

Surgido del derecho romano, el amicus curiae desde siempre ha tenido como uno de sus propósitos, que los particulares aporten nuevos y relevantes elementos para el debate judicial. Más adelante, este instrumento jurídico fue adoptado y desarrollado aún más por el derecho del common law, en Inglaterra primero y después en Norteamérica.

En Inglaterra, originalmente tenía como objetivo instruir, advertir, informar y hacer alguna petición a la Corte, pero estaba limitado, no estaba abierto a la posibilidad de utilización de todos los particulares. Por su parte, en Estados Unidos el amicus curiae se ha regulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Regla 37, la cual establece que todo escrito de esta naturaleza tendrá que exponer argumentos relevante para llamar la atención de la Corte; razonamientos jurídicos tales que no hayan sido planteados por las partes en juicio y que puedan aportar elementos trascendentes para la resolución del caso.

Es importante despejar la confusión que puede generarse entre el significado de tercero en juicio y el instrumento de amicus curiae, pues no son lo mismo. El tercero es la persona que, sin ser parte directa en el juicio, interviene en él por tener interés actual en su resultado y para ello tiene que acreditar un interés jurídico. Por su parte, el amicus curiae es un tercero, pero no en el sentido tradicional que se otorga a esta figura en todo proceso jurisdiccional, sino un tercero interesado con justificación legítima para presentarse ante los tribunales a exponer sus razonamientos jurídicos, ello, en torno a un asunto que es de evidente impacto público e interés de toda la sociedad. Las motivaciones que llevan a un individuo o grupo social a presentar un amicus curiae ante tribunales, están más encaminadas a incidir en una decisión judicial, regularmente en materia de derechos humanos y, por lo tanto, con posibles consecuencias sociales relevantes.

Así pues, el amicus curiae es un instrumento jurídico que permite abrir la puerta a una interpretación plural de la Constitución y de las leyes de un Estado, pero un verdadero Estado democrático tiene la obligación de ampliar el canon de participación de la sociedad también en sede judicial. Como lo menciona el reconocido teórico Peter Haberle, “hasta ahora la interpretación constitucional ha sido en exceso (...) un asunto de una ‘sociedad cerrada’: la de los intérpretes constitucionales jurídicos y de quienes participan formalmente en el proceso constitucional, pero en la realidad es más un asunto de una sociedad abierta”.

El amicus curiae ha tenido, por su parte, muy buena recepción en organismos internacionales de derechos humanos, tal es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cual incorpora esta figura jurídica en su reglamento en el artículo 44 con el título de “Planteamientos de amicus curiae”. También han incorporado esta institución “amigable de la justicia”, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el Grupo de Inspección del Banco Mundial, así como en su momento la han tenido los tribunales penales internacionales para la Antigua Yugoslavia y Ruanda. Así, cualquier interesado en lo individual o colectivamente puede presentar por escrito y en cualquier momento del proceso contencioso, sus razonamientos en torno a los hechos del mismo. El amicus curiae se convierte, con ello, en un instrumento valiosísimo con el que pueden contar organizaciones defensoras de derechos humanos tanto a nivel internacional como local y realizar su trabajo con la cobertura de un sistema jurídico más incluyente y democrático.

En México no existe incorporada formalmente la institución del amicus curiae, sin embargo en diversas ocasiones se ha permitido la utilización del mismo, en casos importantes que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese sentido, la Corte ha reconocido la importancia de esta figura ciudadanizante de la justicia, en los siguientes términos:

“La figura del amicus curiae es empleada en diversos tribunales con el objeto de permitir que quienes se encuentran legitimados procesalmente para intervenir en los procesos, pero que tienen interés en el tema controvertido, puedan expresar sus puntos de vista ante el tribunal. Si bien los efectos de dichas expresiones no tienen ningún efecto normal sobre el proceso, los tribunales que escuchan dichas opiniones pueden verse favorecidos al tener puntos de vista adicionales sobre las cuestiones litigadas. La institución es especialmente útil cuando los temas que se litigan pueden tener importantes consecuencias sociales. Lo anterior es particularmente relevante cuando un tribunal constitucional se encuentra decidiendo asuntos que pueden repercutir sobre la manera en la que se definen los derechos en la sociedad. Dichos asuntos siempre suscitan expectación y la figura del amicus curiae permite que las opiniones puedan ser expresadas al tribunal”.

De instituirse el amicus curiae en nuestro país, permitiría que organizaciones, asociaciones, instituciones o grupos de ciudadanos activos e interesados en asuntos de interés público cuyo destino se decidirá en el Poder Judicial, tengan a su alcance el derecho de que sus consideraciones jurídicas, sus opiniones fundadas, se constituyan en elementos de juicio para que os jueces, magistrados y ministros tomen mejores decisiones. El amicus curiae permite, entonces, la apertura del Poder Judicial ante el hermetismo con el que trabaja tradicionalmente.

En síntesis, el reconocimiento del amicus curiae en nuestro sistema jurídico mexicano, sin duda, contribuiría con todo lo siguiente:

1) Democratiza el debate judicial, posibilitando la participación legítima de actores plurales que, si bien no son afectados directamente por el juicio en cuestión, sí tienen un interés justificado por la trascendencia pública de la decisión judicial en torno al caso en cuestión.

2) A dar mayor transparencia en las decisiones jurisdiccionales que son de interés público.

3) Se convierte en un medio oportuno para fortalecer la fundamentación de las decisiones judiciales.

4) Asegura, en alguna medida, la garantía del debido proceso.

5) Mejora la actividad jurisdiccional en asuntos complejos o de interés social, pues argumentos razonados y presentados públicamente, son escuchados por los tribunales.

6) Plantea una interpretación pluralista de las leyes.

7) Fortalece el vínculo entre la sociedad civil y el Poder Judicial.

Por todo lo anterior, someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

Artículo Primero. Se adiciona el párrafo duodécimo al artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en los siguientes términos:

Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la federación en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito.

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...

Con la finalidad de dar mayor legitimidad a las resoluciones del Poder Judicial, ya sea de oficio o a petición de parte, podrán formarse grupos de consejeros ciudadanos oficiosos. Además, el Poder Judicial estará obligado a recibir escritos del amicus curiae, consistentes en que cualquier persona o institución ajena a algún litigio presenta razonamientos jurídicos o consideraciones jurídicas sobre la materia de cualquier proceso.

Artículo Segundo.Se adiciona un Capítulo VII Bis al Título Décimo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, recorriéndose los artículos subsecuentes, para quedar en los siguientes términos:

Capítulo VII BisDe los Planteamientos de Amicus Curiae

Artículo 180. En cualquier proceso, juicio, recurso o acción que sea de la competencia de los juzgados y tribunales federales, del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tendrá la obligación de recibir escritos del amicus curiae. Dicho instrumento jurídico significa la persona o institución que ajena al litigio y al proceso presenta ante los tribunales razonamientos en torno a los hechos contenidos en el sometimiento de un caso o formula consideraciones jurídicas sobre la materia de algún proceso, a través de un documento o de un alegato en audiencia.

Se podrá presentar un escrito en calidad de amicus curiae en cualquier momento del proceso pero no más allá de los 15 días posteriores a la celebración de la última audiencia pública del proceso en cuestión. En los casos en que no se celebra audiencia pública, deberán ser remitidos dentro de los 15 días posteriores a la resolución correspondiente en la que se otorga plazo para la remisión de alegatos finales. El escrito del amicus curiae, junto con sus anexos, se pondrá de inmediato en conocimiento de las partes para su información.

En los procedimientos de supervisión de cumplimiento de sentencias y de medidas provisionales, podrán presentarse escritos del amicus curiae.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 José de J. Salinas Ruiz, “Amicus curiae: institución robusta en Inglaterra y Estados Unidos, incipiente en México”, en Derecho en libertad, México, p. 11.

2 Ibídem, p. 12.

3 Peter Haberle, El Estado constitucional, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2003, p. 149 y siguientes.

4 Por ejemplo, en el controvertido caso del aborto (la llamada Ley Robles) dirimido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se presentaron amicus curiae.

5 Libro blanco de la reforma judicial, citado por Salinas Ruiz, op. cit., p. 19.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2010.— Diputados: Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Herón Agustín Escobar García, Laura Itzel Castillo Juárez, Emiliano Velázquez Esquivel (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia.

En virtud de que el señor diputado Fernando Cárdenas Gracia ha manifestado su aceptación para que se sumen todas aquellas y aquellos legisladores, los que quieran hacerlo favor de pasar a la Secretaría a firmar el documento.

PRECIO DEL DIESEL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Continuamos con el orden del día. Proposiciones. Esta Presidencia recibió del diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a congelar el precio del diesel durante 2010 y a reorientar los subsidios de los combustibles.

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a congelar el precio del diesel en 2010 y a reorientar los subsidios de los combustibles, a cargo del diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del PVEM

Guillermo Cueva Sada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Nos encontramos transitando en una crisis económica mundial, en la cual nuestro país se ve afectado con mayor intensidad que otras naciones, debido a factores internos, como la gran dependencia económica con Estados Unidos y el descenso de los precios del petróleo a nivel internacional.

Aunado a lo anterior, el estancamiento productivo del sector energético ha obligado a nuestro país a importar cantidades cada vez mayores de combustibles elaborados (gasolinas y diesel), dado que nuestra capacidad de refinación no alcanza a cubrir la demanda nacional.

El caso del diesel resulta de la mayor relevancia, puesto que es el principal combustible utilizado en las actividades productivas de los sectores agrícola, ganadero, pesquero, así como en el transporte de alimentos y mercancías. Por consiguiente, un alza en los precios del diesel afecta todas las cadenas productivas y repercute posteriormente en el consumidor final.

Basándonos en lo que estipula el artículo 27 constitucional, así como su ley reglamentaria en el ramo del petróleo, corresponde a la nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible del petróleo y de todos los hidrocarburos que se encuentren en el territorio nacional.

Así pues, el gobierno federal debería cobrar al consumidor final, únicamente los costos que resulten de la extracción, transformación y transporte del diesel, absorbiendo completamente los gastos de importación, que no deberían ocurrir, dada la riqueza petrolera con la que aún cuenta nuestra nación.

Sin embargo, durante los últimos tres años el precio del diesel ha aumentando en más de 2 pesos por litro, dando como resultado un crecimiento mayor a 50 por ciento. Al inicio del año 2006, el litro de diesel llegó a costar 5.33 pesos hasta llegar a 8.24 pesos en enero de 2010.

El año 2008 fue sin duda el de mayores aumentos, de modo que en abril de dicho año, el precio del diesel rebasó por primera vez al precio de la gasolina Magna, como se muestra en la siguiente gráfica, obtenida de los Indicadores Económicos de Petróleos Mexicanos:

Caber recordar que, al inicio de 2009, el presidente Calderón anunció el Acuerdo Nacional en favor de la Economía Familiar y el Empleo, en el cual se congeló el precio de las gasolinas, el gas LP y las tarifas eléctricas industriales, pero se excluyó al diesel.

Ante este escenario, resulta lamentable que las propuestas del gobierno federal para hacer frente a la crisis económica dejen al margen al diesel, afectando con ello todas las actividades productivas del país. Adicionalmente, al iniciar 2010, el gobierno nos recibe con nuevos incrementos a los combustibles, incluido el diesel.

Para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México no sólo es relevante proteger el poder adquisitivo de los consumidores, sino también reactivar la cadena productiva, la cual tendrá un efecto multiplicador en el mercado interno y, en general, en la economía en su conjunto. Por ello proponemos exhortar al Ejecutivo federal a congelar el precio del diesel durante el año 2010, como medida de apoyo efectivo ante la crisis económica.

Adicionalmente, estamos consientes de que nuestro país debe transformar gradualmente su portafolio energético, para reducir la dependencia en los combustibles fósiles y mitigar las emisiones de los sectores industriales y del transporte, por medio de combustibles limpios y tecnologías alternativas para la industria y el transporte.

En esta transición energética hacia las tecnologías limpias y las energías renovables, la política de precios resulta de la mayor relevancia, puesto que los subsidios pueden ser una herramienta exitosa para incentivar los cambios tecnológicos que se requieren.

De esta manera, los subsidios que actualmente se aplican de manera generalizada a los combustibles, podrían reorientarse gradualmente para incentivar el uso de los combustibles menos contaminantes, como el diesel de bajo azufre y el etanol, al mismo tiempo que desincentivan el consumo de las opciones más contaminantes.

Esta medida no representaría presión adicional a las finanzas públicas, puesto que el monto de los subsidios permanecería igual; sin embargo, sí tendría un impacto positivo en el sector energético y favorecería la reducción de emisiones contaminantes. En consecuencia, proponemos exhortar al Ejecutivo federal a ajustar gradualmente la política de precios de los combustibles, para reorientar los subsidios, con una visión ambientalista.

En atención a lo anteriormente expuesto, el legislador que suscribe somete a la consideración del pleno como de urgente u obvia resolución, la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a congelar el precio del diesel en todo el territorio nacional durante el año 2010.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Energía, ajuste gradualmente la política de precios de los combustibles, para que los subsidios existentes sean reorientados a promover la utilización de combustibles menos contaminantes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 23 de febrero de 2010.— Diputado Guillermo Cueva Sada (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía.

ESTADO DE DURANGO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Herón Escobar García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del gobierno de Durango, a la Conagua, a la Secretaría de Gobernación e Infonavit, a resolver la problemática que aqueja a los habitantes de la colonia César G. Meraz.

El diputado Herón Agustín Escobar García:Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo aquí a hacer una denuncia: los vecinos de la colonia César Guillermo Meraz, en el municipio de Lerdo, Durango, están padeciendo los estragos de la naturaleza y de la mala planeación de los asentamientos habitacionales por parte de las constructoras de viviendas Infonavit y empresas privadas que extraen material del suelo y del cauce seco del río Nazas.

Desde el 2008 se están presentando una serie de fisuras, grietas y hundimientos en la colonia César Guillermo Meraz, que está asentada muy cerca del cauce del río Nazas. La situación es delicada ya que están en riesgo poco más de mil 100 viviendas. Se ha llegado a tal grado de que algunas casas ya están deshabitadas y han preferido dejarlas sus habitantes para no arriesgar sus vidas.

A través de la presión y la movilización social lograron que se hiciera un estudio que concluyó que un sector importante de más de mil familias están asentadas en esa zona y hay todavía 50 familias en riesgo inminente. En cualquier momento se hundirá el suelo y habrá un percance.

Personal del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua realizó ya estudios pero no son suficientes. De acuerdo a datos preliminares sí existe riesgo de que se presenten otros hundimientos. Se planeó la necesidad de realizar otros estudios por parte del Servicio Geológico Mexicano, perteneciente a la UNAM, para determinar si es necesario reubicar a los habitantes de la multicitada colonia.

En el caso han intervenido el municipio, el gobierno del estado, a través de la Comisión del Agua, y el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aunque hasta el momento no hay nada concreto.

Más de una treintena de personas, en su mayoría mujeres, mostraron planos y oficios que han enviado al gerente de la Comisión Nacional del Agua, Óscar Gutiérrez Santana, y al gobierno de Durango, vía Oliverio Reza Cuéllar, y al municipio, en la que se exige poner punto final a este dilema que data desde 2008.

Los vecinos de este lugar insisten en que las compañías que extraen material del lecho seco del río Nazas –conocidas como cribadoras– han profundizado las fallas geológicas, las cuales también han incidido en los hundimientos que se han presentado en dicha colonia.

Las autoridades de la Comisión Nacional del Agua han respondido que los lugares donde se hace la extracción no corresponden a la zona federal y que son parte del ejido de Lerdo y, por tanto, es responsabilidad de dicho ejido no permitir la extracción del material pétreo.

El 23 de enero de 2009 la Secretaría de Gobierno y el Centro Nacional de Prevención de Desastres emitieron una nota informativa para referirse al problema de los hundimientos presentados en Lerdo, Durango. En tal nota se señala lo siguiente: El fenómeno que se ha observado en esa región, caracterizado por el colapso súbito del terreno en áreas específicas, se debe a oquedades formadas como consecuencia de la disolución del sustrato formado por calizas, rocas constituidas esencialmente por carbonatos de calcio. Dichas oquedades se forman a través de largos periodos, por lo que claramente se trata de un fenómeno natural.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, la situación aquí descrita pone en riesgo el patrimonio y la integridad de un importante número de familias del municipio de Lerdo, Durango. Nos parece que al problema no se le ha dado una solución a fondo.

El gobierno municipal ha ofrecido buenas intenciones para resolver el problema, lo mismo que la Conagua y el Infonavit, pero no se ha resuelto nada en concreto. Es por ello que aprovechamos este espacio legislativo y parlamentario para hacer llegar la voz de los habitantes de la colonia César Meraz, del citado municipio, e interponer los buenos oficios de esta Cámara para coadyuvar en la solución de este problema.

Solicito se inserte el texto íntegro de este punto de acuerdo en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Durango, al presidente municipal de Lerdo, a la Conagua, a la Segob, mediante el Centro Nacional de Prevención de Desastres, y al Infonavit a establecer una mesa plural para resolver la problemática que aqueja a los habitantes de la colonia César Guillermo Meraz por los hundimientos en el lugar, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de la Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Los vecinos de la colonia César Guillermo Meraz, en Lerdo, Durango, padecen los estragos de la naturaleza y de la mala planeación de los asentamientos habitacionales por las constructoras privadas, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y las empresas que extraen material de suelo y del cauce seco del río Nazas.

Desde 2008 se presenta una serie de fisuras, grietas y hundimientos en la colonia César Guillermo Meraz, asentada muy cerca del cauce del río Nazas.

La situación es delicada, pues están en riesgo poco más de mil 100 viviendas. Se ha llegado a tal grado, que algunas de las casas ya están deshabitadas: los habitantes han preferido dejarlas que arriesgar la vida.

Los vecinos se han organizado y formaron la Unión de Colonos de César Guillermo Meraz para exigir que se realicen los estudios de impacto ambiental, geológico y de mecánica de suelos para determinar si la zona es de alto riesgo.

A través de la presión y movilización social lograron que se hiciera dicho estudio, el cual determina finalmente que un sector muy importante, de más de mil familias, se haya determinado que está asentado en una zona de alto riesgo y hay todavía 50 familias en un riesgo inminente; o sea, en cualquier momento se hundirá el suelo y habrá un percance.

Personal del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua realizó ya estudios, pero son superficiales. De acuerdo con datos preliminares, sí hay riesgo de que se presenten otros hundimientos.

Se planteó la necesidad de realizar estudios adicionales, por parte de especialistas del Servicio Geológico Mexicano (SGM) de la Universidad Nacional Autónoma de México para determinar si es necesario reubicar a los habitantes de la citada colonia.

En el caso han intervenido el ayuntamiento; el gobierno del estado, a través de la Comisión de Aguas del Estado de Durango; y el gobierno federal, por medio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Empero, hasta el momento no hay nada concreto.

Vecinos de la colonia César Guillermo Meraz afectados por los hundimientos subterráneos de 2008, tras la avenida del río Nazas, desconocieron el resultado del estudio realizado por el SGM.

Rechazaron la reubicación ofrecida y demandaron el cierre de las cribas cercanas a este sector urbano de Lerdo.

Más de una treintena de personas, en su mayoría mujeres, mostraron planos y oficios que han enviado al gerente de la Conagua, Óscar Gutiérrez Santana; al gobierno de Durango, vía Oliverio Reza Cuéllar, y al ayuntamiento, donde se exige poner punto final al dilema, que data de 2008.

Los vecinos del lugar insisten en que las compañías que extraen material del lecho seco del río Nazas, conocidas como cribadoras, han profundizado las fallas geológicas, las cuales también han incidido en los hundimientos que se han presentado.

Las autoridades de la Conagua han respondido que los lugares donde se hace la extracción no corresponden a la zona federal y que son parte del ejido Lerdo y, por tanto, es responsabilidad de dicho ejido no permitir la extracción de material pétreo.

El 23 de enero de 2009, la Secretaría de Gobernación, a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres emitió nota informativa para referirse al problema de los hundimientos presentados en Lerdo.

En dicha nota se señala lo siguiente: “El fenómeno que se ha observado en esa región, caracterizado por el colapso súbito del terreno en áreas específicas, se debe a oquedades formadas como consecuencia de la disolución del sustrato formado por calizas, rocas constituidas esencialmente por carbonatos de calcio. Dichas oquedades se forman a través de largos periodos (cientos o miles de años), por lo que claramente se trata de un fenómeno natural”.

Compañeras y compañeros diputados: la situación aquí descrita pone en riesgo el patrimonio y la integridad de un importante número de familias de Lerdo, Durango.

Nos parece que al problema no se ha dado una solución de fondo.

El gobierno municipal ha ofrecido buenas intenciones para resolver el problema, lo mismo que la Conagua y el Infonavit, pero no se ha resuelto nada en concreto.

El Infonavit se ha negado a cubrir las pólizas de seguro contratadas con los acreditantes, señalando una serie de argumentos que no corresponden a la gravedad de la situación que viven los habitantes del conjunto habitacional referido.

Por ello aprovechamos este espacio legislativo y parlamentario para hacer llegar la voz de los habitantes de la colonia César Guillermo Meraz e interponer los buenos oficios de la Cámara para coadyuvar a solucionar el problema.

Por las consideraciones expuestas, se somete a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Durango, al ayuntamiento de Lerdo, a la Comisión Nacional del Agua, a la Secretaría de Gobernación, a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres, y al Infonavit a establecer una mesa plural para resolver la problemática que aqueja a los habitantes de la colonia César Guillermo Meraz derivada de los hundimientos en el lugar donde se asienta.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de marzo de 2010.— Diputados: Pedro Vázquez González, Herón Agustín Escobar García (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado José Luis Marcos León Perea, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que solicite una reunión ministerial de la Comisión de Libre Comercio del TLCAN.

El diputado José Luis Marcos León Perea:Con su permiso, señor presidente. Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con base en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acudimos ante el pleno de esta soberanía a presentar la proposición con punto de acuerdo con fundamento en la siguiente exposición de motivos:

Debido a los grandes volúmenes de captura, la pesca y acuacultura del camarón representan una pesquería que puede y ha sido bien aprovechada comercialmente, ya que la explotación de esta especie constituye, en volumen, la tercera pesquería de México y la primera en valor y captación de divisas.

De acuerdo a la Sagarpa, en el 2009 México exportó a Estados Unidos 39 mil 712 toneladas de camarón, equivalentes a 258 millones 204 mil 932 dólares. La pesca de camarón en México se lleva a cabo en el Golfo de México, desde Chetumal hasta Tamaulipas, y en el Pacífico, desde Sonora hasta el puerto oaxaqueño de Salina Cruz. Actualmente la pesquería de este crustáceo en México cuenta con mil 500 embarcaciones. En la práctica, en la pesquería del camarón silvestre se ha establecido una serie de regulaciones para proteger a las poblaciones de las diversas especies de tortugas marinas.

La Norma Oficial Mexicana, NOM-002-PESC-1993, se expidió con el fin de implementar de manera permanente los dispositivos excluidores de tortugas marinas. Se descubrió hace poco el uso indebido de las artes de pesca por parte de algunos patrones de las embarcaciones al coser o cerrar la salida de los sistemas excluidores de tortugas, con el fin de incrementar el producto pesquero.

Por lo anterior, el Gobierno de los Estados Unidos, con fundamento en la Ley 101-162, sección 609, del 21 de noviembre de 1989, la cual tiene como objetivo la prohibición de importar a los Estados Unidos camarón que sea pescado con tecnología que ponga en riesgo a las tortugas marinas, impuso a partir del 20 del abril la no certificación. Es decir, prohibir la importación a ese país del camarón mexicano, lo cual traerá como consecuencia el colapso de esta pesquería, ya que cerca de 90 por ciento de los pescadores de camarón en México dependen del mercado norteamericano.

La mencionada ley establece en su aplicación que se llevará a cabo con base en una certificación anual, por lo que resulta necesario que el gobierno de los Estados Unidos de América, a través del Departamento de Estado inspeccione nuevamente la operación de las redes de arrastre que se utilizan para captura de camarón, y realicen una nueva revisión a la flota pesquera, para verificar el uso de los excluidores de tortuga, y que se entregue la certificación por parte de las autoridades estadounidenses.

La certificación que solicitamos debe ser mientras está vigente la actual temporada. De esta manera podremos evitar la incertidumbre que genera el no estar certificados, lo cual conlleva al bloqueo de los financiamientos por parte de bancos y proveedores, y por consiguiente, no estar preparada la flota camaronera para salir en la próxima temporada.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con puntos de acuerdo:

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a que instruya al ciudadano Gerardo Ruiz Mateos, secretario de Economía, para que solicite una reunión ministerial de la Comisión de Libre Comercio, a efecto de presentar ante el grupo de trabajo ad hoc formado entre la Comisión de Libre Comercio y la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, integrada por funcionarios de alto nivel, el grave problema que representa a la pesquería del camarón la sanción impuesta por el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a las importaciones de camarón mexicano a ese país, y solicite al gobierno de ese Estado, inspeccione nuevamente la operación de las redes de arrastre que se utilizan para la captura de camarón, y realice una nueva revisión a la flota pesquera para verificar el uso de los excluidores de tortuga, antes de que pare la flota camaronera del país.

Segundo. Instruir a la Profepa y a la Conapesca, y ordenar a la Secretaría de Marina, a aplicar estrictamente las sanciones impuestas por la violación a la legislación ambiental y con esto cumplir cabalmente con lo dispuesto por el artículo 5 del Acuerdo de Cooperación Ambiental entre el Gobierno de Canadá, el Gobierno de Estados Unidos de América y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y evitar nuevas sanciones fundadas en las leyes extranjeras aplicadas conforme a esta disposición internacional.

Diputados por el PRI: José Luis Marcos León Perea, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Jesús Alberto Cano Vélez, Ernesto de Lucas Hopkins, Rogelio Díaz Brown, Onésimo Mariscales Delgadillo, Miguel Ernesto Pompa Corella.

Diputado presidente, solicito a usted que se turne a la Junta de Coordinación Política y se integre en el Diario de los Debates. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al titular de la SE a fin de que solicite una reunión ministerial de la Comisión de Libre Comercio del TLCAN con objeto de presentar ante el grupo de trabajo ad hoc formado entre ésa y la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte la sanción impuesta por el gobierno estadounidense a las importaciones de camarón mexicano, a cargo del diputado José Luis Marcos León Perea y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, José Luis Marcos León Perea, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Jesús Alberto Cano Vélez, Ernesto de Lucas Hopkins, Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, Onésimo Mariscales Delgadillo y Miguel Ernesto Pompa Corella, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acuden ante el pleno de esta soberanía a presentar la proposición con punto de acuerdo, con fundamento en la siguiente

Exposición de Motivos

Debido a los grandes volúmenes de captura, la pesca y acuacultura del camarón representa una pesquería que puede y ha sido bien aprovechada comercialmente, ya que la explotación de esta especie constituye, en volumen, la tercera pesquería de México y la primera en valor y captación de divisas.

Según el Anuario Estadístico de Pesca, publicado por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), durante el año 2007, la producción de camarón alcanzó un volumen total de 184 mil 695 toneladas, de las cuales 80 por ciento proviene del litoral Pacífico y el resto del Golfo y el Caribe. En lo que respecta al litoral Pacífico entidades como Sonora y Sinaloa aportaron 88 por ciento, mientras que en el litoral Golfo y Caribe, Tamaulipas participó con 71 por ciento de la producción.

El valor de la producción durante ese año fue de 7 mil 369 millones de pesos lo que representa 44.17 por ciento del valor de la producción total, aunque el volumen total nacional es un poco mayor a 10 por ciento. La producción de camarón proveniente de la actividad acuícola representó 60.5 por ciento del volumen total con 111 mil 787 toneladas.

De acuerdo con información del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), durante el año 2009, México exportó a Estados Unidos 39 mil 712.2 toneladas de camarón, equivalentes a 258 millones 204 mil 932 dólares.

La pesca del camarón en México se lleva a cabo en el Golfo de México, desde Chetumal hasta Tamaulipas; y en el Pacífico, desde Sonora hasta el puerto oaxaqueño de Salina Cruz; sin embargo, se destaca el Golfo de California como el sitio en donde se lleva a cabo la mayor parte de la pesca. Los armadores operan en Tamaulipas, Oaxaca, Campeche, Tabasco, Yucatán, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Veracruz, Nayarit y Baja California Sur. Actualmente, la pesquería de este crustáceo en México cuenta con mil 443 embarcaciones, de las cuales 87 por ciento tienen más de 30 años de antigüedad.

En cuanto a las artes de pesca, la fracción V del artículo 4 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, señala que arte de pesca es el instrumento, equipo o estructura con que se realiza la captura o extracción de especies de flora y fauna acuáticas.

La Norma Oficial Mexicana número NOM-002-PESC-1993 especifica las disposiciones aplicables a las pesquerías comerciales de camarón, que se realizan aguas marinas. Esta norma establece la reglamentación de artes de pesca, así como la aplicación de vedas y restricciones del esfuerzo.

En la práctica de la pesquería del camarón silvestre se han establecido una serie de regulaciones y procesos técnicos para proteger, conservar y propiciar la recuperación de las poblaciones de las diversas especies de tortugas marinas, con el fin de buscar la menor afectación por parte de las actividades pesqueras. La Norma Oficial Mexicana NOM-002-PESC-1993 (DOF 30 07 1997) se expidió con el fin de implementar de manera permanente los dispositivos excluidores de tortugas marinas (DET) de tipo rígido, que se habían venido utilizando en el litoral del océano Pacífico desde 1996.

El uso indebido de las artes de pesca, en particular la violación a esta norma, por parte de algunos patrones de las embarcaciones, al coser o cerrar la salida de los sistemas excluidores de tortugas, con el fin de incrementar el esfuerzo pesquero, ha traído, como consecuencia, que se haya elevado la mortandad de tortugas marinas.

Por lo anterior, el Gobierno de los Estados Unidos, con fundamento en la Ley 101-162, sección 609, del 21 de noviembre de 1989, la cual tiene como objetivo la prohibición de importar a Estados Unidos camarón que sea pescado con tecnología que ponga en riesgo a las tortugas marinas, de cuya aplicación se impuso, a partir del 20 del abril, una “no certificación”, es decir, prohibir la importación a ese país del camarón mexicano, lo cual traerá como consecuencia el colapso de esta pesquería, ya que cerca de 90 por ciento de los pescadores de camarón en México dependen del mercado norteamericano.

En el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la aplicación de esta ley norteamericana tiene fundamento en los artículos 3 y 5 del Acuerdo de Cooperación Ambiental entre el Gobierno de Canadá, el Gobierno de Estados Unidos de América y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen: “el derecho de cada una de la partes de establecer, en lo interno, sus propios niveles de protección ambiental, y de políticas y prioridades de desarrollo ambiental, así como el de adoptar y modificar, en consecuencia, sus leyes y reglamentos ambientales, y la obligación cada una de las partes de aplicar de manera efectiva sus leyes y reglamentos ambientales a través de medidas gubernamentales adecuadas, conforme al artículo 37”.

La mencionada Ley 101-162, sección 609, establece que su aplicación se llevará a cabo con base en una certificación anual, por lo que, con el fin de impedir la imposición del “embargo camaronero”, resulta necesario que el gobierno de Estados Unidos de América, a través del Departamento de Estado, que es la autoridad administrativa competente para la aplicación de esta ley, junto con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la cual funge como asesor técnico para los efectos de esta ley, inspeccionen nuevamente la operación de las redes de arrastre que se utilizan para la captura de camarón y realicen una nueva revisión a la flota pesquera para verificar el uso de los excluidores de tortuga y que se entregue la certificación por parte de las autoridades estadounidenses, con el compromiso de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Conapesca y la Secretaría de Marina, de aplicar de manera efectiva la legislación ambiental nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del Acuerdo de Cooperación Ambiental entre el Gobierno de Canadá, el Gobierno de Estados Unidos de América y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 8 del acuerdo señalado, menciona que las partes establecen la Comisión para la Cooperación Ambiental, la cual estará integrada por un consejo, el cual, con fundamento en el inciso c del numeral 6 del artículo 10 del acuerdo, tiene como función cooperar con la Comisión de Libre Comercio del TLC, (la cual, conforme al artículo 2001 del TLCAN, es el órgano máximo de aplicación del tratado), para alcanzar las metas y objetivos ambientales del TLC “contribuir a la prevención o la resolución de controversias comerciales relacionadas con el medio ambiente”. Derivado de esto, en la última reunión de la Comisión de Libre Comercio del TLCAN, celebrada en la ciudad de Dallas, Texas, el 19 de octubre de 2009, se acordó establecer un grupo de trabajo ad hoc formado por funcionarios de alto nivel para explorar las áreas potenciales de colaboración entre la Comisión de Libre Comercio y la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, de igual forma, se señaló que la creación de dicho grupo de trabajo ad hoc proveerá una plataforma para mantener una discusión trilateral continua sobre comercio y protección al medio ambiente en América del Norte.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a que instruya a Gerardo Ruiz Mateos, secretario de Economía, para que solicite una reunión ministerial de la Comisión de Libre Comercio del TLCAN, a efecto de presentar ante el grupo de trabajo ad hoc formado entre la Comisión de Libre Comercio y la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, integrada por funcionarios de alto nivel, el grave problema que representa a la pesquería del camarón, la sanción impuesta por el gobierno de Estados Unidos de América a las importaciones de camarón mexicano a ese país, y solicite al gobierno de ese Estado, inspeccione nuevamente la operación de las redes de arrastre que se utilizan para la captura de camarón, y realice una nueva revisión a la flota pesquera para verificar el uso de los excluidores de tortuga y que se entregue la certificación por parte de las autoridades estadounidenses.

Segundo. Instruir a la Profepa y la Conapesca, y ordenar a la Secretaría de Marina, a aplicar estrictamente las sanciones impuestas por la violación a la legislación ambiental y, con esto, cumplir cabalmente con lo dispuesto en el artículo 5 del Acuerdo de Cooperación Ambiental entre el Gobierno de Canadá, el Gobierno de Estados Unidos de América y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y evitar nuevas sanciones fundadas en leyes extranjeras aplicadas con forme a esta disposición internacional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 17 de marzo de 2010.— Diputados: José Luis Marcos León Perea, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Jesús Alberto Cano Vélez, Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, Onésimo Mariscales Delgadillo, Miguel Ernesto Pompa Corella, Juan José Cuevas García, Nelly del Carmen Márquez Zapata, Víctor Manuel Castro Cosío,  Rolando Bojórquez Gutiérrez, Alfredo Villegas Arreola, Miguel Ángel García Granados, José Ignacio Seara Sierra, Yolanda del Carmen Montalvo López, Jorge Arana Arana, Marcos Pérez Esquer, Oscar Javier Lara Aréchiga, José Luis Marcos León Perea, Leonardo Arturo Guillén Medina, Germán Contreras García, Carlos Oznerol Pacheco Castro y Oscar Román Rosas González (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputado. Para los efectos se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Se encuentra de visita en este recinto un grupo de ciudadanos del III distrito de Azcapotzalco, invitados por el señor diputado Balfre Vargas Cortez, a quienes les damos una cordial bienvenida. Sean ustedes bienvenidos.

El diputado Rolando Bojórquez Gutiérrez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, diputado. Dígame usted diputado.

La diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata(desde la curul): Señor presidente...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Permítame, estoy dándole la palabra al señor diputado, discúlpeme. Dígame, diputado.

El diputado Rolando Bojórquez Gutiérrez (desde la curul): Señor presidente, para pedirle a nuestro diputado que acaba de dar a conocer este punto de acuerdo, si nos permite incluirnos en el mismo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le pregunto al señor diputado José Luis Marcos León Perea si está de acuerdo en que se adhieran sus compañeras y compañeros diputados.

El diputado José Luis Marcos León Perea(desde la curul): Estoy de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Está de acuerdo.

La diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Dígame, diputada.

La diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata (desde la curul): Lo mismo, señor presidente, adherirme al punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Cómo no. Está de acuerdo el señor diputado. Entonces quienes estén de acuerdo pasen a suscribir el documento correspondiente.

ESTADO DE DURANGO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el señor diputado Bonifacio Herrera Rivera, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que investigue las violaciones a los derechos humanos en los penales de Durango.

El diputado Bonifacio Herrera Rivera:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el pasado 21 de enero de 2010 se suscitó una riña colectiva en el Centro de Readaptación Social, Cereso número 1, de la ciudad de Durango, que dejó como saldo 24 internos asesinados.

Este hecho forma parte de una cadena de sucesos sangrientos de los penales de Durango en los últimos 16 meses, los cuales no tienen comparación con situaciones de violencia en los penales de otros estados del país.

Entre los hechos de violencia ocurridos en los últimos 16 meses, desafortunadamente, destacan los siguientes:

El 2 de noviembre de 2008, en el Cereso número 2, de Gómez Palacio, 8 internos fueron asesinados en dos riñas distintas.

El 21 de marzo de 2009, un motín en el Cereso número 1, de Durango, tuvo un saldo de 7 muertos.

El 2 de mayo de 2009, un interno falleció como consecuencia de una riña en el Cereso número 2.

El 17 de julio de 2009, una riña en el Cereso de Gómez Palacio arrojó un saldo de 3 muertos, cuando no habían ni transcurrido 24 horas de similar suceso.

El 14 de agosto de 2009, en el Cereso número 2, se produjo una riña colectiva con un saldo de 20 muertos. En el cateo posterior al enfrentamiento se localizaron, dentro del penal, pistolas calibre 25, 32 y 38, además de decenas de armas punzocortantes.

El 16 de octubre de 2009 un custodio del Cereso de Gómez Palacio fue asesinado tras terminar su jornada de trabajo en el penal.

El 21 de enero de 2010, en el Cereso de Durango, integrantes de dos grupos rivales se enfrentaron, con un saldo de 24 muertos. Por lo menos una de las víctimas fue ultimada a balazos. En los últimos 16 meses, 63 internos han sido asesinados en penales de Durango.

Cabe observar que la mayoría de los hechos de violencia no son casos individuales o inconexos, sino acciones colectivas de facciones que responden a grupos criminales que operan extramuros.

Parte de la omisión en la prevención es que los reos disponen, al parecer sin mayor dificultad, de armas punzocortantes e incluso armas de fugo. Esto habla, por un lado, de la grave corrupción que permite la introducción y el tráfico de armas al interior de los penales, y por otro, de la falta de operativos de revisión para la localización y el decomiso de tales armas.

Llama la atención que una vez que estalla la violencia, los elementos del personal de custodia sean incapaces de detenerla y actúen hasta que el enfrentamiento ha cesado. Esta omisión significó que en el más reciente incidente murieran 24 internos, cantidad de decesos que muy probablemente habría sido menor de haberse producido una reacción oportuna.

Por cuanto a lo anterior, la privación temporal de la libertad no significa que los internos queden desprovistos por completo de garantías, pues siguen siendo titulares de derechos, entre ellos el derecho a la vida y a la seguridad, los cuales las autoridades penitenciarias y de seguridad pública deben tutelar.

En virtud de la gravedad de los hechos de violencia en los penales de Durango y de la incertidumbre sobre la actuación de las autoridades responsables, los legisladores mal haríamos en permanecer como meros espectadores.

Por lo anterior se presenta el siguiente punto de acuerdo: Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que en el ámbito de su competencia y por conducto de la visitaduría correspondiente realice las investigaciones e inspecciones pertinentes a fin de determinar la existencia de violaciones de derechos humanos en los penales de Durango.

Solicito respetuosamente, señor presidente, que el texto íntegro del presente punto de acuerdo sea incorporado al Diario de los Debates. Es todo, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH a investigar e inspeccionar por conducto de la visitaduría correspondiente sobre violaciones de los derechos humanos en los penales de Durango, a cargo del diputado Bonifacio Herrera Rivera, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Bonifacio Herrera Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 21 de enero de 2010 se suscitó una riña colectiva en el centro de readaptación social (Cereso) número 1 de Durango, que dejó un saldo de 24 internos asesinados. El hecho forma parte de una cadena de sucesos sangrientos en y con relación a los penales de Durango en los últimos 15 meses, los cuales no tienen comparación con la situación de violencia en los penales de las restantes entidades federativas.

Entre los hechos de violencia ocurridos en los últimos 15 meses destacan los que se consignan en la siguiente concisa cronología:

2 de noviembre de 2008. En el Cereso número 2, Durango, ocho internos fueron asesinados en dos riñas distintas.

8 de marzo de 2009. Un comando que utilizó 10 vehículos para transportarse tomó por asalto el Cereso número 2, Gómez Palacio, y logró la evasión de cinco internos. Antes secuestró al director del penal.

21 de marzo 2009. Un motín en el centro penitenciario de Durango tuvo un saldo de siete muertos. Además, hubo un atentado contra la vida del director del penal.

28 de abril de 2009. Abraham William Ramos Peña, jefe de custodios del Cereso número 2, fue “levantado” por un grupo de hombres armados; desde entonces se encuentra en calidad de desaparecido.

2 de mayo de 2009. Un interno falleció como consecuencia de una riña en el Cereso número 2.

17 de julio de 2009. Una riña en el Cereso número 2 dejó un saldo de tres muertos.

18 de julio de 2009. Otra riña en el Cereso de Gómez Palacio arrojó un saldo de tres muertos, cuando no habían transcurrido ni 24 horas de similar evento.

14 de agosto de 2009. En el Cereso número 2 se produjo una riña colectiva entre dos grupos antagónicos, con saldo de 20 muertos. En un cateo posterior al enfrentamiento fueron halladas y localizadas en el penal pistolas de calibres .25, .32 y .38, además de decenas de armas punzocortantes. Al menos 2 de los internos fueron asesinados a balazos.

24 de septiembre. Dos custodios del Cereso de Gómez Palacio fueron baleados en su domicilio.

16 de octubre de 2009. Un custodio del Cereso de Gómez Palacio fue asesinado tras terminar su jornada de trabajo en el penal.

21 de enero de 2010. En el Cereso de Durango, integrantes de dos grupos rivales se enfrentaron, con saldo de 24 muertos. Por lo menos una de las víctimas fue muerta a balazos. Hasta entonces y en menos de un año, 43 internos han sido asesinados en el penal.

La mayoría de los hechos de violencia no son casos individuales e inconexos sino acciones colectivas que responden a grupos criminales que operan extramuros.

La rivalidad de estos grupos es bien conocida, y sus integrantes están bien identificados. Pese a ello, las autoridades penitenciarias y de seguridad pública en general no han puesto en práctica medidas elementales para prevenir el contacto entre los integrantes de las facciones antagónicas y los estallidos de violencia en dichos penales.

Parte de la omisión en la prevención es que los reos dispongan, al parecer sin mayor dificultad, de armas punzocortantes e incluso de fuego. Esto habla, por un lado, de la grave corrupción que permite la introducción y el tráfico de armas en los penales; y por otro, de la falta de operaciones de revisión para la localización y el decomiso de tales armas.

Llama la atención que una vez que estalla la violencia, los elementos del personal de custodia sean incapaces de detenerla y no actúen hasta que el enfrentamiento ha cesado. Esta omisión significó que en el más reciente incidente murieran 24 internos, cantidad de decesos que muy probablemente habría sido menor de producirse una reacción oportuna.

Pese a la larga cadena de hechos de violencia en los penales de Durango en los últimos 15 meses, no hay indicios de que las autoridades responsables adopten medidas para enmendar sus omisiones, por lo que es de prever nuevos hechos sangrientos.

El sentido de la prisión preventiva es proteger a la sociedad de individuos que con sus conductas han probado (o presuntamente han probado) ser una amenaza para el resto de su semejantes. Pero la privación temporal de la libertad no significa que los internos queden desprovistos por completo de garantías, pues siguen siendo titulares de derechos, entre ellos, del derecho a la vida y de su seguridad, los cuales las autoridades penitenciarias y de seguridad pública deben tutelar. Cuando en los centros de reclusión prevalece la violencia, no hay lugar para esperar que se cumpla la elevada aspiración a la readaptación.

En las prisiones se encuentran internados delincuentes o presuntos delincuentes, que ya se encuentran sometidos por la fuerza del Estado. Por tanto, las autoridades responsables deberían ser capaces de un mejor control de la violencia en estas instituciones y la protección de los internos. Pero cuando lo anterior no ocurre, estamos ante un síntoma inequívoco de grave debilidad del Estado, pues si las autoridades no pueden controlar la violencia en un espacio donde se supone que los delincuentes ya están identificados y sometidos, menos podrán hacerlo extramuros.

En virtud de la gravedad de los hechos de violencia en los penales de Durango y de la incertidumbre sobre la actuación de las autoridades responsables, los legisladores mal haríamos en permanecer como meros espectadores. Debemos jugar un papel activo en el ámbito de nuestras atribuciones y con respeto del ámbito de competencia de las autoridades administrativas directamente responsables.

Cabe recordar como antecedente significativo de intervención del Poder Legislativo ante problemas de la misma índole que el 16 de octubre de 2008 el Senado de la República acordó instruir a los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de esa soberanía a trasladarse a Baja California con el propósito de realizar una inspección y análisis de los hechos ocurridos en el centro de readaptación social La Mesa, de Tijuana, “con la finalidad de que dicha comisión elaborase un informe que se haría del conocimiento del pleno en un plazo no mayor de 30 días calendario y, derivado de este último, las autoridades competentes determinarían las responsabilidades penales, administrativas y políticas que resulten”. Asimismo, el Senado de la República resolvió exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar inspecciones e investigaciones en el mismo penal.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar en el ámbito de su competencia y por conducto de la visitaduría correspondiente las investigaciones e inspecciones pertinentes a fin de determinar la existencia de violaciones de las garantías individuales en los penales de Durango.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2010.— Diputado Bonifacio Herrera Rivera (rúbrica).»

«Propuesta de adición al punto·de acuerdo por el que se exhorta a la CNDH, para que por conducto de la Visitaduría correspondiente, realice las investigaciones e inspecciones pertinentes a fin de determinar la existencia de violaciones a los derechos humanos en los penales de Durango, presentada por el diputado Bonifacio Herrera Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

En este sentido, el asunto planteado es tal relevancia y en virtud de que se ha presentado reiteradamente en diversos centros de rehabilitación del país, se amplía el punto de acuerdo para exhortar a la CNDH realice las investigaciones e inspecciones en todos los penales a fin de que se tomen las medidas preventivas para evitar sucesos similares.

Palacio Legislativo, México, DF, a 17 de marzo de 2010. Diputada Lorena Corona Valdés (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.

Diputada Lorena Corona, dígame.

La diputada Lorena Corona Valdés (desde la curul): Dado que el orador está planteando un asunto relevante que se ha presentado reiteradamente en diversos centros de rehabilitación del país y que no es un tema exclusivo de una entidad federativa, evidentemente es un asunto que tiene implicaciones nacionales, si el diputado acepta ampliar su punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar las investigaciones e inspecciones en todos los penales del país, y proceda acorde a su competencia para mejorar el sistema penitenciario.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Diputado Bonifacio Herrera Rivera, ¿estaría usted de acuerdo en aceptar esa ampliación que solicita la diputada Lorena Corona?

El diputado Bonifacio Herrera Rivera: Sí, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Acepta. Entonces pónganse de acuerdo para que la redacción quede y al final pueda ser parte de la proposición presentada por el diputado Herrera Rivera.

ESTADO DE CHIHUAHUA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene el uso de la palabra la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo para crear una comisión especial y dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos del Ejecutivo federal en la estrategia para la recomposición social e institucional de Ciudad Juárez, Chihuahua.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes:Gracias, señor presidente. El pasado jueves 11 de febrero, el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, realizó una gira a Ciudad Juárez, Chihuahua, una de las ciudades del país, quizás en la que más la violencia ha tomado tintes de extrema gravedad. Un problema que se suma a otros muchos de carácter social y económico, que han influido para ser un foco rojo de gobernabilidad.

La estrategia del Ejecutivo federal se basa en cuatro ejes, insertos en el programa Todos somos Ciudad Juárez. Primero, la recomposición del factor institucional. Segundo, el factor operacional. Tercero, el factor social que incluye los temas de educación y salud, entre otros. Y cuarto, la participación ciudadana.

Cabe destacar que se están llevando mesas de discusión por cada uno de los temas para hacer que la estrategia sea viable en términos de recursos económicos, materiales y humanos a destinar, así como los tiempos para la puesta en marcha de las políticas públicas pertinentes.

Asimismo, el día del evento, los miembros del gabinete presentes realizaron propuestas concretas y recibieron opiniones a través de un intercambio de ideas, enriqueciendo el compromiso por parte de los funcionarios federales y del propio presidente de la República.

Es necesario dar un seguimiento puntual a todas y cada una de las propuestas y acciones a emprender en Ciudad Juárez. Las propuestas esbozadas durante el primer encuentro del gobierno federal con los diversos sectores de la sociedad juarense fueron los siguientes:

Ampliar de 60 a 100 la red de estancias infantiles para atender a 3 mil 500 niños. Becas de capacitación a desempleados. Impartición de talleres de formación para el trabajo. Rescate de importantes espacios públicos, parques, jardines y centros deportivos. Construcción de una secundaria más, un Cedeti en el noroeste, un Cecati, un Conalep y un Ceti. Mejorar las condiciones de todas las escuelas que se encuentren en estado indeseable. Comenzar los trabajos en 60 escuelas de tiempo completo. Implementación del programa Escuela Segura en los 280 planteles que existen en Ciudad Juárez. Capacitación en materia de adicción, dirigida tanto a maestros como a directivos de los planteles educativos. La pavimentación de 200 mil metros de vialidades y banquetas. Ampliar y mejorar las condiciones de 5 mil casas en zonas de alta marginación, entre otros, que han quedado plenamente detallados.

La creación de una comisión especial para dar seguimiento a los compromisos del Ejecutivo federal permitirá incorporar un mayor número de actores y visiones en la solución de los problemas. Por lo anterior, se presenta el siguiente punto de acuerdo:

Único. Que se cree en esta soberanía, y en el marco de sus atribuciones, una comisión especial para dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos económicos del Ejecutivo federal en la estrategia para la recomposición social e institucional de Ciudad Juárez, Chihuahua. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de crear una comisión especial de seguimiento del cumplimiento de los compromisos del Ejecutivo federal en la estrategia para la recomposición social e institucional de Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, María Antonieta Pérez Reyes, diputada federal de la LX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la honorable Cámara de Diputados que apruebe la creación de una comisión especial para dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos del Ejecutivo federal en la estrategia para la recomposición social e institucional de Ciudad Juárez, Chihuahua, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado jueves 11 de febrero, el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, realizó una gira a Ciudad Juárez, Chihuahua, una de las ciudades del país en la que –quizá en la que más– la violencia ha tomado tintes de extrema gravedad, problema que se suma a otros muchos de carácter social y económico que han influido para ser un foco rojo de gobernabilidad.

Posterior a visitar y dar sus condolencias, así como una sentida disculpa a familiares de los 15 jóvenes asesinados en la madrugada del domingo 31 de enero en la colonia Salvárcar de aquella entidad, hecho que provocó en gran medida la gira presidencial, el presidente Calderón sostuvo una reunión con diversos sectores de la sociedad en un acto denominado “Todos somos Juárez: reconstruyamos la ciudad”, donde presentó su estrategia contra la inseguridad y la violencia en Ciudad Juárez.

Acompañado por un amplio número de los miembros de su gabinete, por el presidente municipal de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, y el gobernador de la entidad, José Reyes Baeza, el presidente Calderón instruyó a los secretarios federales a discutir esta estrategia con sus contrapartes estatales, así como con la sociedad civil para corregir o afinarla para abatir la violencia.

La estrategia del Ejecutivo federal se basa en cuatro ejes: primero, la recomposición del factor institucional; segundo, el factor operacional; tercero, el factor social, que incluye los temas de educación y salud, entre otros; y cuarto,  la participación ciudadana.

Cabe destacar que se están llevando a cabo mesas de discusión por cada uno de los temas para hacer que la estrategia sea viable en términos de recursos económicos, materiales y humanos a destinar, así como los tiempos para la puesta en marcha de las políticas públicas pertinentes. Este diálogo con la sociedad es importante desde el punto de vista de obtener el consenso surgido del conocimiento real de la problemática y no de la imposición de una estrategia alejada de los verdaderos problemas.

Es así que el mismo día del acto, los miembros del gabinete presentes realizaron propuestas concretas y recibieron opiniones a través de un intercambio de ideas enriquecedor que derivó en el compromiso por parte de los funcionarios federales y del propio presidente de la República para acudir nuevamente y continuar con los trabajos de la estrategia integral.

Es necesario dar un seguimiento puntual a todas y cada una de las propuestas y acciones a emprender en Ciudad Juárez que vayan surgiendo del diálogo con los sectores de la sociedad en los días subsecuentes.

Las propuestas esbozadas durante el primer encuentro del gobierno federal con los diversos sectores de la sociedad juarense fueron las siguientes:

• Trabajo conjunto de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y con todos los sectores juarenses;

• Cero tolerancia en materia de seguridad pública y orden social;

• Potenciar el despliegue territorial con unidades de fuerza;

• Combatir la extorsión y el secuestro;

• Establecer vigilancia las 24 horas en los principales corredores de la ciudad;

• Reestructuración a fondo de la policía local;

• Incremento de manera notable de la presencia de la Policía Federal en la ciudad;

• 400 elementos más que serán destinados al área de investigación y análisis de inteligencia;

• 2 mil 200 elementos para el combate día a día;

• 2 helicópteros;

• Incremento de motocicletas;

• 4 vehículos blindados.

• Creación del centro nacional de atención ciudadana en el cual, a través de la denuncia anónima, se buscará tener mayores resultados;

• Acciones de desarrollo integral focalizadas en las colonias de mayor inseguridad, sobre todo en las partes este y oeste, además de las zonas vulnerables de Villa Juárez y Palomas;

• Participación ciudadana en el diseño y en el mismo desarrollo de las acciones;

• Duplicar la cobertura del programa Oportunidades para atender a 25 mil familias en situación de pobreza extrema, y otorgar un mayor número de becas de este programa;

• Dotar de los servicios de agua, drenaje y luz a 5 mil viviendas.

• Ampliarán y mejorar las condiciones de 5 mil casas en zonas de alta marginación;

• Se pavimentarán 200 mil metros de vialidades y banquetas;

• Ampliar de 60 a 100 la red de estancias infantiles para atender a 3 mil 500 niños;

• Becas de capacitación a desempleados;

• Impartición de talleres de formación para el trabajo;

• Rescate de los espacios públicos, parques, jardines y centros deportivos;

• Construcción de

 – Una secundaria más;

– Un Cbtis en el noroeste;

– Un Cecati;

– Un Cecytec;

– Un Conalep; y

– Un Cetis;

• Mejorar las condiciones de todas las escuelas que se encuentren en estado indeseable;

• Comenzar los trabajos en 60 escuelas de tiempo completo;

• Implantación del programa Escuela Segura en los 280 planteles que existen en Juárez; y

• Capacitación en materia de adicciones, dirigida tanto a maestros como a directivos de los planteles educativos.

Como se puede observar, se trata de una agenda integral que no sólo considera acciones en materia policial o simplemente a incrementar los recursos destinados a la materia de seguridad pública. Se tiene una visión del problema de manera más amplia que involucra otras muchas necesidades en materia social y económica.

Las propuestas derivadas de la nueva estrategia para la recomposición social e institucional de Ciudad Juárez privilegia la atención a niños y jóvenes, para ofrecerles mejores oportunidades de desarrollo y espacios óptimos para llevar a cabo sus actividades. De igual forma, la propuesta pretende dotar de más y mejores servicios a zonas marginadas, para evitar que las personas que ahí habitan o laboran sean proclives a los malos hábitos y a la contracultura de la inseguridad pública.

Es de suma importancia que todas estas acciones se lleven a cabal cumplimiento y que, en observancia al pleno respeto entre los poderes, el Legislativo tenga la posibilidad no sólo de dar seguimiento a la puesta en marcha de las políticas públicas comprometidas por el Ejecutivo federal, sino también evaluar su evolución para tener la posibilidad de, desde el ámbito de competencia de la Cámara de Diputados, contribuir al mejor desarrollo de dichas políticas a través de instrumentos legales que den viabilidad a las acciones y no haya obstáculos para su funcionamiento.

La creación de una comisión especial para dar seguimiento a los compromisos del Ejecutivo federal permitirá incorporar un mayor número de actores y visiones en la solución de los problemas.

Por lo anterior, se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se crea en esta soberanía, y en el marco de sus atribuciones, una comisión especial para dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos del Ejecutivo federal en la estrategia para la recomposición social e institucional de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2010.— Diputada María Antonieta Pérez Reyes (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputada. Como lo solicita túrnese a la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE TAMAULIPAS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Cristabell Zamora Cabrera, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes instale sistemas de aterrizaje por instrumentos en el aeropuerto de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Cristabell Zamora Cabrera:Con su venia, señor presidente. Nuevo Laredo es una de las ciudades fronterizas más importantes de México, dado el volumen del tráfico comercial que tiene lugar cada día. Por ello, la aduana de Nuevo Laredo, compañeros, es la primera en América Latina.

El Aeropuerto Internacional Quetzalcóatl forma parte de los 56 aeropuertos con clasificación internacional, incorporado desde 1972. En el 2008 este aeropuerto recibió 88 mil 500 pasajeros, según datos publicados por Aeropuertos y Servicios Auxiliares, y su volumen de operaciones en el mismo fue de 3 mil 826, con un horario oficial de operación de las ocho de la mañana a las ocho de la noche.

Esa terminal de carga contará próximamente con un recinto fiscal, almacenes fiscalizados, andenes de revisión, patios de maniobras e inspección, así como instalaciones para aduanas que estarán supervisadas por la policía fiscal, agentes aduanales, operadores de carga y transportistas, sumando 16 operaciones diarias a las actuales y manejando un volumen cercano a las 120 mil toneladas de carga anual, siendo la primera aduana en la frontera norte en ofrecer el servicio aéreo para importación y exportación de mercancías.

Sin embargo, y a pesar de todo ello, la ciudad y su economía, que representan la mayor parte de los ingresos aduaneros de nuestro país, se han visto mermados ante la escasa posibilidad de funcionamiento del aeropuerto en condiciones de vuelos nocturnos y bajo situaciones meteorológicas que, aunque no nulifican las operaciones normales de otros aeropuertos, sí lo hacen en Nuevo Laredo debido a que no cuenta con sistemas de aproximación de vuelos y trayectorias de aterrizaje que le den un mayor grado de seguridad a estas operaciones.

Ante esta situación, la industria aeronáutica ha creado valiosos instrumentos de apoyo para la navegación, como lo es el sistema de aterrizaje por instrumentos, conformado principalmente por dos equipos: un localizador y uno de trayectoria de planeo. El primero indica al piloto y al avión el eje de la pista, mientras que el segundo le da la trayectoria o pendiente de aterrizaje.

Con esta tecnología los pilotos de las aeronaves pueden realizar despegues y aterrizajes en condiciones nocturnas o de muy baja visibilidad, como consecuencia de la niebla, bruma o lluvia intensa, pero con un alto grado de seguridad.

Los puertos aéreos que cuentan con un sistema de aterrizaje por instrumentos operan casi al 100 por ciento del tiempo, pese a las condiciones climáticas. Los beneficios son enormes: la probabilidad de retrasos, cancelaciones o el cierre del puerto se reduce prácticamente a cero, mientras que las aerolíneas mantienen a sus aviones la mayor parte del tiempo en el aire.

Además, el instalar sistemas de aterrizaje por instrumentos en el aeropuerto de Nuevo Laredo mejoraría el clima de negocios y se vigorizaría la economía del Estado mexicano, ya que aumentaría la población residente, se incrementaría la oferta inmobiliaria, se instalarían empresas foráneas, se crearían nuevas empresas relacionadas con el aeropuerto y sus usuarios y en general, habría un importante escalada en la actividad productiva.

El aeropuerto Quetzalcóatl es administrado por Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que es un organismo descentralizado del gobierno federal, donde el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes encabeza su consejo de administración.

En tal sentido, es esta Secretaría la autoridad competente para equiparlo y colocarlo a la vanguardia tecnológica de la seguridad internacional.

Compañeras y compañeros, el pasado jueves 11 de febrero ocurrió un incidente con la compañía Click de Mexicana de Aviación, en el que estuvimos 92 pasajeros a punto de perder la vida. Aunque no fue determinante, si cabe destacar que de haber contado el aeropuerto de Nuevo Laredo con el equipamiento necesario se hubieran podido realizar las maniobras necesarias para el aterrizaje, el cual se tuvo que efectuar en la ciudad de Monterrey para evitar una tragedia.

Por todo lo anterior, someto a esta honorable asamblea, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que, a través de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, modernice e instale a la brevedad posible en el Aeropuerto Internacional Quetzalcóatl, de Nuevo Laredo, sistemas especializados para aterrizaje por instrumentos, con el objeto principal de salvaguardar esencialmente la vida de usuarios, personal aéreo y de tierra, y no interrumpir el potencial de desarrollo económico, industrial y comercial que para nuestro país representa la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Porque como lo he repetido en esta tribuna: fortalecer a Nuevo Laredo también es fortalecer a México. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT que instale sistemas de aterrizaje por instrumentos en el aeropuerto de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a cargo de la diputada Cristabell Zamora Cabrera y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Cristabell Zamora Cabrera, en nombre propio y de los diputados del Estado Soberano de Tamaulipas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la  LXI Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable asamblea punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que instale sistemas de aterrizaje por instrumentos en el aeropuerto internacional Quetzalcóatl  de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con base en las siguientes

Consideraciones

Nuevo Laredo es una de las ciudades fronterizas más importantes de México, dado el volumen del tráfico comercial que tiene el lugar cada día; por ello, la aduana de Nuevo Laredo es la primera en América Latina.

Por su ubicación privilegiada, es la ruta más corta a los principales centros industriales de distribución de Estados Unidos de América, Canadá y la República Mexicana.

El aeropuerto internacional Quetzalcóatl, o Aeropuerto Internacional de Nuevo Laredo, está situado a 7 kilómetros de la ciudad, muy cerca de la frontera entre Estados Unidos de América y México, al lado opuesto de Laredo, Texas. Y es operado por Aeropuertos y Servicios Auxiliares, una entidad del gobierno federal, en dependencia directa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Incorporado desde en 1972 a esta entidad, cuenta con una superficie de 235 hectáreas aproximadamente y su plataforma para la aviación comercial es de 13 mil 500 metros cuadrados; además tiene tres posiciones y una pista de 2 kilómetros de longitud, apta para recibir aviones tipo Airbus A320.

En el 2008, este aeropuerto recibió a 88 mil 500 pasajeros, según datos publicados por Aeropuertos y Servicios Auxiliares, y su volumen de operaciones en éste fue de 3 mil 826, con un horario oficial de operación de 8 de la mañana a 8 de la noche.

El Quetzalcóatl es un aeropuerto cuya infraestructura se considera fundamental para el desarrollo y crecimiento de la economía de nuestro país, desde que forma parte de los 56 aeropuertos con clasificación de internacional.

Y no sólo eso,  la nueva terminal intermodal de carga aérea que se encuentra en proceso de funcionamiento aprovechará al máximo las ventajas comparativas y competitivas de esta frontera haciendo más competitivo nuestro sistema aduanero  dentro de una economía internacional globalizada  fortaleciendo el comercio exterior y manteniendo a Nuevo Laredo como la mejor aduana de América Latina.

Esta terminal de carga contará con recinto fiscal, almacenes fiscalizados, andenes de revisión, patios de maniobras e inspección, así como instalaciones para aduanas, que estarán supervisados por la policía fiscal, agentes aduanales, operadores de carga y transportistas sumando 16 operaciones diarias a las actuales y manejando un volumen cercano a las 120 mil toneladas de carga anual. Siendo la primera aduana de la frontera norte en ofrecer el servicio aéreo para exportación e importación de mercancías.

Sin embargo, y a pesar de todo ello, la ciudad y su economía, que representan la mayor parte de los ingresos aduaneros de nuestro país, se han visto mermados ante la escasa posibilidad del funcionamiento del aeropuerto en condiciones de vuelos nocturnos y bajo situaciones meteorológicas que, aunque no nulifican las operaciones normales de otros aeropuertos, sí lo hacen en Nuevo Laredo, debido a que no cuenta con sistemas de aproximación de vuelos y trayectorias de aterrizaje que le dé  un mayor grado de seguridad a estas operaciones.

Es muy usual que las condiciones climáticas adversas en los aeropuertos generen importantes contratiempos en los vuelos tanto nacionales como internacionales y, por ende, la molestia de miles de pasajeros. Las condiciones meteorológicas en el país, se presentan como la principal causa de demoras en los vuelos, constituyendo sin duda, un alto costo para la economía de las aerolíneas, compañías de transporte de carga y de los pasajeros.

Ante esta situación, la industria aeronáutica ha creado valiosos instrumentos de apoyo para la navegación, como lo es el sistema de aterrizaje por instrumentos, conformado principalmente por dos equipos, un localizador y uno de trayectoria de planeo; el primero indica al piloto y al avión el eje de la pista, mientras que el segundo le da la trayectoria o pendiente de aterrizaje. Con esta tecnología, los pilotos de las aeronaves pueden realizar despegues y aterrizajes en condiciones nocturnas o de muy baja visibilidad, como consecuencia de la niebla, bruma o lluvia intensa, pero con un alto grado de seguridad.

Los puertos aéreos que cuentan con un sistema de aterrizaje por instrumentos operan  casi al 100 por ciento del tiempo, pese a las condiciones climáticas. Los beneficios son enormes: la probabilidad de retrasos, cancelaciones o el cierre del puerto se reduce prácticamente a cero, mientras que las aerolíneas mantienen a sus aviones la mayor parte del tiempo en el aire.

Indudablemente, el número de pasajeros y operaciones transporte de carga aérea se han incrementado en los últimos años, sobre todo en la mayor aduana de América Latina,  por lo que es necesario intensificar la eficiencia y continuidad operativa del aeropuerto Quetzalcóatl, mediante este sofisticado instrumento de ayuda aérea que brinde seguridad tanto a los aviones como a los pasajeros al momento del aterrizaje, infraestructura que elevará la competitividad de la región y abriendo la ventana para nuevas oportunidades de negocios y de fuentes de empleo para miles de personas en Tamaulipas y los estados circunvecinos de Coahuila y Nuevo León.

Es evidente, que los aeropuertos de clase internacional y que están a la vanguardia tecnológica, incentivan el aterrizaje de más aeronaves, incrementado sus ingresos económicos, así como la creación de nuevos empleos, a través de nuevas rutas y conexiones, una mayor afluencia turística, el desarrollo de nuevos centros comerciales y de ocio, el crecimiento de la industria aeronáutica auxiliar, las ampliaciones del aeropuerto y el mejoramiento de sus accesos, y demás servicios conexos para atender a los usuarios de este transporte.

Además, de instalarse sistemas de aterrizaje por instrumentos en el aeropuerto de Nuevo Laredo,  se mejoraría el clima de negocios y se vigorizaría la economía del Estado mexicano, ya que aumentaría la población residente, se incrementaría la oferta inmobiliaria, se instalarían empresas foráneas, se crearían nuevas empresas relacionadas con el aeropuerto y sus usuarios y, en general, habría un importante escalada en la actividad productiva.

El aeropuerto Quetzalcóatl es administrado por Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que es un organismo descentralizado del gobierno federal, donde el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes encabeza su consejo de administración. En tal sentido, esa secretaría es la autoridad competente para equiparlo y colocarlo a la vanguardia tecnológica y de seguridad internacional.

Con el propósito de incrementar la seguridad aeronáutica y la eficiencia de la infraestructura aeroportuaria, es conveniente que nuestro aeropuerto pueda contar con sistemas de seguridad avanzados para enfrentar condiciones meteorológicas adversas y aproximaciones nocturnas. Asimismo, incluirlo en los aeropuertos modernos y seguros que se caracterizan por contar con sistemas de aterrizaje por instrumentos para salvaguardar, esencialmente, la vida de usuarios, personal aéreo y de tierra.

Es por todo lo anterior que sometemos a esta honorable asamblea, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que a través de Aeropuertos y Servicios Auxiliares modernice e instale  a la mayor brevedad posible en el aeropuerto internacional  Quetzalcóatl sistemas especializados para  aterrizaje por instrumentos, con objeto principal de  salvaguardar, esencialmente, la vida de usuarios, personal aéreo y de tierra y no interrumpir el potencial de desarrollo económico, industrial y comercial que para nuestro país representa Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Palacio Legislativo, a 23 de febrero de 2010.— Diputados: Cristabell Zamora Cabrera, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Cruz López Aguilar, José Francisco Rábago Castillo, Janet Graciela González Tostado, Julieta Octavia Marín Torres, Pablo Rodríguez Regordosa, Heriberto Ambrosio Cipriano, José Ignacio Pichardo Lechuga, Sandra Méndez Hernández, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira, Juan Pablo Jiménez Concha, Malco Ramírez Martínez,  (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias diputada. Túrnese a la Comisión de Transportes.

El diputado Pablo Rodríguez Regordosa(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí diputado, dígame usted.

El diputado Pablo Rodríguez Regordosa(desde la curul): Para solicitarle a la diputada si me permite adherirme a su propuesta.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Cómo no. Diputada Cristabell Zamora Cabrera, está solicitando el señor diputado adherirse a su propuesta.

La diputada Cristabell Zamora Cabrera: Estoy de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Está de acuerdo la diputada, pasen por favor.

Se encuentran entre nosotros un grupo de universitarios del estado de Nuevo León, de la carrera de ciencias políticas y administración pública del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, invitados por la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado. Sean todos ustedes bienvenidos.

Asimismo, se encuentran entre nosotros los ciudadanos Cristóbal Javier, presidente municipal de Paraíso, Tabasco, y Armando Correa, presidente municipal de Jonuta, Tabasco, invitados por el diputado Adán Augusto López Hernández, del Partido de la Revolución Democrática. Sean ustedes bienvenidos.

Se pospone la participación de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Partido Acción Nacional.

ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se recibió de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que rinda un informe respecto al programa denominado Escuela de Tiempo Completo.

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a rendir un informe respecto al programa Escuelas de Tiempo Completo, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para que la Secretaría de Educación Pública rinda un informe respecto al programa Escuelas de Tiempo Completo con base en los siguientes

Antecedentes

Primero.Que la educación en un país es la base del desa-rrollo y el crecimiento humano. Gracias a la educación se logran mejores estándares de vida y se incrementa sustancialmente el desarrollo social. Es pues la mejor inversión que se puede hacer en un país y es un detonador de avance y movilidad social.

Segundo. Que el artículo 3o. constitucional establece el derecho de todas y todos los mexicanos a tener una educación pública, laica y gratuita.

Tercero. Que las escuelas de tiempo completo han dado una oportunidad de atención pedagógica, sin embargo, estas escuelas actualmente se encuentran sustentadas en un programa que opera en forma piloto en diversas entidades federativas y que atiende en colaboración con las entidades y el gobierno federal, a una población de 75 mil educandos, según cifras aportadas por el portal de la Secretaría de Educación Pública.

Cuarto. El ´programa, tal como se encuentra planteado, constituye una alternativa pedagógica que prolonga la estancia de maestros, niños y niñas en la escuela, con la finalidad de favorecer el desarrollo de las competencias definidas en los planes y programas de estudio para la educación básica. Uno de los objetivos que persigue es ampliar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos, tanto las dedicadas al estudio de los contenidos establecidos en el currículo como otras asociadas al fortalecimiento de las competencias sociales, el aprendizaje de una lengua extranjera, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, así como el mejoramiento del trabajo colegiado entre el personal docente de las escuelas.

Para la realización de las actividades antes descritas se requiere que las escuelas de tiempo completo cuenten con comedor, sala de cómputo, espacio de usos múltiples, instalaciones deportivas y  la participación de especialistas en la enseñanza de una segunda lengua, el uso de tecnologías informáticas en apoyo al aprendizaje, educación física y artística. Estas últimas materias pueden brindarse a través de convenios o acuerdos con instituciones civiles y gubernamentales locales que manejen estos campos.

Quinto. El programa nacional Escuelas de Tiempo Completo responde a la exigencia de brindar una mejor y más completa formación educativa y cultural de los educandos, además de ofrecer una opción para los hijos de familias uniparentales y de madres trabajadoras que requieren este apoyo institucional, constituye una de las políticas públicas en materia de educación en la actual administración; por ello, debe garantizarse que sea una opción educativa creciente y que propicie la equidad educativa, atajando brechas sociales a favor de la niñez mexicana.

Sexto. Para dar atención a la demanda que tiene la Secretaría de Educación Pública, se asignan los espacios disponibles a través del sistema automático de inscripción y distribución, sin embargo, se desconoce si los criterios que aplica dicho sistema informático cubren el total de la demanda de escuelas de tiempo completo, debido a que éste dato no es informado en el portal de la secretaría para consulta y seguimiento .

Considerando

1. Que derivado de la alta demanda que tienen los planteles escolares de tiempo completo, esta soberanía requiere conocer cual ha sido el comportamiento del programa desde su creación y conocer si existe alguna planeación que permita conocer el impacto social de dicho programa.

2. Que la construcción de la política pública requiere de propiciar consensos y entendimiento de la problemática social, así como darle una atención y respuesta adecuada.

3. Que esta soberanía requiere conocer el posible déficit en el cumplimiento de la demanda de dichos planteles, debido a que se desconoce la forma en que se asignan los espacios disponibles y cuantos casos de menores se quedan fuera de dicha opción educativa, con el riesgo de dejar fuera de la opción educativa adecuada para las necesidades de un sector social cada vez más creciente, en el que ambos progenitores trabajan y perciben ingresos insuficientes para poder cubrir las colegiaturas de las escuelas privadas.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, LXI Legislatura, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar cuál ha sido la población escolar que ha beneficiado el programa Escuelas de Tiempo Completo durante los ciclos escolares en que se ha aplicado.

Segundo.Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar cuántos han sido los casos en que el sistema automático de inscripción y distribución ha asignado una escuela distinta a la escuela de tiempo completo que han solicitado los padres o tutores de la menor o el menor.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar el avance que han tenido en las entidades federativas en que existe mayor demanda de las escuelas de tiempo completo.

Cuarto.Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar de conformidad con el sistema automático de inscripción y distribución cuántas solicitudes de preinscripción tiene registradas para el ciclo escolar 2010-2011 en las escuelas de tiempo completo.

Palacio Legislativo, a 17 de marzo de 2010.— Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

CREDENCIAL DE DIPUTADO FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el señor diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a que sean aceptadas como documentos oficiales de identificación las credenciales de los diputados federales en las instituciones bancarias.

El diputado Emilio Serrano Jiménez:Muchas gracias. Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, creo que coincidimos en que debemos elevar el nivel de los diputados. La imagen hay que cambiarla, y, obviamente, eso se hace con trabajo, respetando a los demás. Pero también es importante que nos ganemos el respeto de toda la sociedad.

Particularmente creo que no es fácil llegar a ser diputado o diputada. Hay que llenar una serie de requisitos: ganar elecciones –que no es fácil–, o bien, estar apoyado por un partido político para ser representante plurinominal en una Cámara de Diputados.

Hemos observado cómo en las instituciones bancarias menosprecian el valor del diputado. No aceptan una identificación como ésta, que tampoco es fácil obtenerla, y es más valiosa para ellos la credencial para votar, la del IFE, que una credencial de diputado federal.

Hay que considerar que para que nos den esta credencial necesitamos pasar una serie de trámites: presentar la credencial del IFE, presentar la CURP, acta de nacimiento, fotografías, comprobante de domicilio, la constancia del IFE, tomar protesta a los diputados y diputadas y nosotros rendir protesta.

Quiere decir que no es fácil obtener una credencial, y creo que debemos darle el valor que tiene, ése es el porqué pongo a consideración de esta soberanía el que se le pida a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que acepten nuestras credenciales de diputados como un documento oficial. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob y de la CNBV a efecto de que en las instituciones y sucursales bancarias que operan en la república se acepte como identificación oficial la credencial de diputado federal, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Emilio Serrano Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

Conforme al artículo 3o. de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el sistema bancario mexicano está integrado por el Banco de México, las instituciones de banca múltiple, las instituciones de banca de desarrollo y los fideicomisos públicos constituidos por el gobierno federal para el fomento económico que realicen actividades financieras, así como los organismos autorregulatorios bancarios. Facultad rectora del Estado respecto al sistema bancario mexicano.

El Estado ejercerá la rectoría del sistema bancario mexicano, a fin de que éste oriente fundamentalmente sus actividades a apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía nacional, con base en una política económica soberana, fomentando el ahorro en todos los sectores y regiones de la república y su adecuada canalización a una amplia cobertura regional que propicie la descentralización del propio sistema, con apego a sanas prácticas y usos bancarios.

Las instituciones de banca de desarrollo atenderán las actividades productivas que el congreso de la unión determine como especialidades de cada una de éstas, en las respectivas leyes orgánicas.

Para organizarse y operar como institución de banca múltiple se requiere autorización del gobierno federal, que compete otorgar discrecionalmente a la comisión nacional bancaria y de valores, previo acuerdo de su junta de gobierno y opinión favorable del Banco de México. Por su naturaleza, estas autorizaciones serán intransmisibles.

Las autorizaciones para organizarse y operar como institución de banca múltiple, así como sus modificaciones, se publicarán, a costa de la institución de que se trate, en el Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos de amplia circulación de su domicilio social.

Por lo anterior, y en virtud de que nuestro ámbito de trabajo y gestión legislativa es federal, continuamente tenemos que estar viajando por diferentes estados del país y, por seguridad personal, no podemos viajar con dinero en efectivo, así que tenemos que recurrir a las tarjetas de crédito y de débito, y en ocasiones la emisión de cheques personales para sufragar los gastos que esto genera.

Para realizar cualquier gestión bancaria es necesario que presentemos una identificación personal y no aceptan la credencial que nos proporciona la LXI Legislatura como diputados federales.

Es bien sabido que para obtener esta identificación tenemos que cumplir con muchos requisitos como el siguiente: al registrarnos como candidatos ante el Instituto Federal Electoral (IFE), presentamos acta de nacimiento, credencial para votar, la clave única de registro poblacional, constancia de residencia, fotografías, llenar formatos y otros.

Cuando somos electos por mayoría relativa o plurinominales, nos tenemos que registrar y acreditar ante este congreso con la misma documentación citada además de la constancia de mayoría expedida por el mismo IFE y cuando hemos cumplido todos estos requisitos, al fin obtenemos la credencial que nos acredita y nos identifica como legisladores federales.

También es sabido que para obtener la credencial del IFE solamente necesitamos una identificación, constancia de domicilio y con estos documentos nos la proporcionan.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a realizar lo necesario para que sean aceptadas como documento oficial la credencial que nos identifica como diputados federales que nos es proporciona por esta LXI Legislatura ante las instituciones bancarias y sucursales que operan dentro de la republica mexicana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2010.— Diputado Emilio Serrano Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público.

CANCER DE MAMA Y CERVICO-UTERINO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Riquelme Solís, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Salud que reconsidere el criterio de distribución del Fondo para la Prevención y Atención del Cáncer de Mama y Cérvico-uterino, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Miguel Ángel Riquelme Solís:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el pasado 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Es un día en que debemos reflexionar para trazar políticas, acciones y tareas de carácter permanente para que nuestra sociedad sea cada vez más justa a favor del género femenino.

Un grave problema que aqueja a las mujeres es el cáncer cérvico-uterino y el cáncer de mama. Basta mencionar una cifra: en el país se diagnostican cerca de 10 mil casos anualmente. Esta enfermedad constituye la segunda causa de muerte entre las mujeres de 15 a 29 años, y la primera entre aquellas de 30 a 59 años.

Desgraciadamente Coahuila se ha ubicado como una de las entidades con mayor incidencia de mortalidad femenina por cáncer de mama y cérvico-uterino. En 2007 y 2008 se ubicó entre los primeros cinco lugares nacionales en casos de cáncer de seno.

Comprometidos con la salud nos percatamos de que la propuesta presupuestaria no enfatizaba esta problemática de salud pública, por lo que esta soberanía gestionó un fondo particular para este efecto. Por ello, el pasado 13 de noviembre la diputada coahuilense Hilda Flores Escalera propuso un punto de acuerdo para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 se le destinaran recursos al estado de Coahuila para la prevención y atención del cáncer de mama y cérvico-uterino.

Como resultado, se otorgó una ampliación de 300 millones de pesos al rubro de salud, destinados para la prevención y atención de ambas problemáticas, que serían distribuidos conforme a las prioridades de las entidades con mayor índice de casos gestionados directamente por ellos, pero esto no sucedió.

Al observar, una vez acordada la creación del fondo, que existía el ánimo de no destinarlo a aquellas entidades que más lo necesitan, como es el caso de Coahuila, el 8 de diciembre se aprobó por esta soberanía otro punto de acuerdo por el que solicitó a la Secretaría de Hacienda entregara los recursos de acuerdo con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A su vez, dicha Secretaría decidió que los recursos se distribuyeran a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, dependiente de la Secretaría de Salud.

En reunión de dicho Centro Nacional de Equidad de Género con las autoridades del estado de Coahuila se informó que los recursos habían sido asignados basados en indicadores de desempeño, administrativos y poblacionales, distando mucho del espíritu por el cual aprobamos en esta Cámara la ampliación de este fondo.

Bajo estos criterios, a Coahuila le corresponderían recursos por un monto menor a los 4 millones de pesos de los 300 millones aprobados. No obstante, esta insignificante partida se informó que sería ministrada en especie. Llama la atención la discrecionalidad con la que se aplican los criterios, ya que éstos ignoran lo aprobado por esta Cámara, la representatividad de la Cámara de Diputados.

La metodología utilizada no consultó la estadística real de la problemática, nunca se buscó una reunión de la coordinación con las autoridades de salud de Coahuila para contar con un diagnóstico real. La decisión fue unilateral, insensible y apartada de los intereses de la gente.

Por lo anterior, presento a esta soberanía, a nombre de los diputados federales de Coahuila del Grupo Parlamentario del PRI, el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se informe a la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de manera puntual para los efectos que se considere oportuno, los criterios asumidos para la distribución de los recursos por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, dependiente de la Secretaría de Salud, para la distribución del Fondo para la Prevención y Atención del Cáncer de Mama y Cérvico-uterino.

Segundo. Se solicite a la Secretaría de Salud del gobierno federal y al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva reconsideren el criterio de distribución para el Fondo para la Prevención y Atención del Cáncer de Mama y Cérvico-uterino.

Le solicito sea insertado, señor presidente, el texto íntegro de este punto en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Ssa y al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva que reconsideren el criterio de distribución del Fondo para la Prevención y Atención del Cáncer de Mama y Cérvico-Uterino, pues el actual afecta de manera directa la salud de las coahuilenses, a cargo del diputado Miguel Ángel Riquelme Solís y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Miguel Ángel Riquelme Solís, y diputados abajo firmantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentan a consideración de esta honorable soberanía al siguiente proposición punto de acuerdo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Son momentos en que todas y todos nos solidarizamos bajo un mismo ideal: que nuestra sociedad sea cada vez más justa a favor del género femenino.

El tema que hoy se somete a la consideración de esta soberanía nos obliga a pasar de las palabras a las acciones.

Desde la década los años ochenta, Coahuila se ha ubicado en la República Mexicana como una de las entidades con mayor incidencia de mortalidad femenina por cáncer de mama y cervíx. Esta tendencia, lamentablemente, se ha mantenido en los últimos años. Así, entre 2007 y 2008, nuestra entidad se ubicó, por ejemplo, en los primeros cinco lugares nacionales en casos de cáncer de seno.

Este, por supuesto, no es un problema que aqueja sólo a Coahuila. Cada entidad, enfrenta sus propias dificultades en la materia.

Conocedores de esta realidad, y al percatarnos de que en la propuesta presupuestaria para el presente ejercicio fiscal emanada del Ejecutivo federal no se enfatizaba en esta problemática de salud pública, esta soberanía se abocó a la tarea de gestionar un fondo particular para ese efecto.

Así, el pasado 10 de noviembre, la Cámara de Diputados acordó en los siguientes términos: “Se exhorta respetuosamente a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Salud, Equidad y Género para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, a través del Programa de Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud, se le destinen recursos al estado de Coahuila para la prevención y atención del cáncer de mama y cervicouterino”.

El resultado, conocido ahora por todas y todos, es un fondo por 300 millones de pesos que se destinaría para la prevención y atención de ambas problemáticas.

Al observar que, una vez acordada la creación del fondo, existía el ánimo de no destinarlo a aquellas entidades que más lo necesitaran, como es el caso de Coahuila, el 8 de diciembre, también en la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión, se propuso y se aprobó el siguiente acuerdo: “Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que los recursos aprobados por los diputados federales dentro de la discusión para la aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2010, por un monto de 300 millones de pesos, para la prevención y atención de cáncer de mama y cervicouterino sean distribuidos conforme a lo aprobado por esta soberanía dando prioridad a las entidades con mayor índice de casos y entregados directamente a las entidades federativas”.

Así, la lógica de distribución de recursos debería ser acorde con las necesidades más urgentes de atención, es decir, mayores recursos a las entidades federativas con mayor incidencia de cáncer de cervicouterino. Esto no sucedió.

En el marco de las negociaciones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se decidió que los recursos se distribuyeran a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. (CNEGySDR) dependiente de la Secretaría de Salud.

En reunión sostenida el 10 de febrero de 2010 entre la doctora Patricia Uribe titular del CNEGySDR y las diputadas integrantes de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, se mencionó al estado de Coahuila como una de las entidades que desde 2007 no ha cumplido con los objetivos ni metas propuestos en los programas establecidos por el centro para la prevención y atención de ambos tipos de cáncer. Por esta razón no se estaría en condiciones de recibir los recursos en proporción adecuada a la incidencia que presenta el problema en la entidad.

Cabe destacar que desde el inicio de la administración del profesor Humberto Moreira Valdés, quedó plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo 2006-2011, dentro del eje Justicia Social para Todos, un apartado correspondiente a la equidad de género dada la relevancia y prioridad que representa el tema; específicamente, se estableció en uno de sus objetivos el de fomentar el cuidado de la salud de la mujer; las estrategias de atención, prevención y detección oportuna de las enfermedades que las afectan.

Es por esto que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, diseñó un programa denominado Si a la Vida,principal estrategia utilizada por el gobierno de Coahuila en el combate al cáncer en la mujer, con una inversión mayor a los 45 millones de pesos en el combate a la multicitada problemática, todo con recurso de origen 100 por ciento estatales.

El Congreso de Coahuila, por su parte, en febrero aprobó dos acuerdos en el siguiente sentido:

“Primero.Se solicita a la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dentro de las facultades legalmente conferidas, dé seguimiento a la distribución del monto de 300 millones de pesos para la prevención y atención de cáncer de mama y cervicouterino con el fin de que éste se realice de acuerdo con la incidencia en casos.

Segundo. Respetuosamente se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que los recursos aprobados dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 por un monto de 300 millones de pesos para la prevención y atención de cáncer de mama y cervicouterino sean distribuidos dando prioridad a las entidades con mayor índice de casos, como lo es Coahuila, y entregados directamente a las entidades federativas.”

La reunión entre el CNEGySDR y las autoridades estatales se celebró el martes 2 de marzo de 2010. Directivos de dicho centro informaron que los recursos habían sido asignados para todas las entidades del país bajo criterios de distribución que atienden indicadores de desempeño (administrativos) y poblacionales.

Al respecto debe destacarse que dichos criterios distan mucho del espíritu bajo el cual los diputados federales aprobaron la ampliación de un fondo de esta naturaleza en materia de salud. Debe también destacarse que bajo estos criterios, a Coahuila le corresponderían recursos por un monto menor a los 4 millones de pesos de recurso federal para la prevención y atención al cáncer femenino, el cual, además, se informó que sería ministrado “en especie”.

Llama la atención la discrecionalidad con que se aplicaron criterios cuyas principales afectadas son las mujeres coahuilenses. Llama la atención que dichos criterios ignoren los propuestos por la instancia donde se gestionó la creación del fondo, la representatividad de la Cámara de Diputados. Llama la atención esto se presente en una coyuntura en la que legisladores federales coahuilenses han insistido se observe de cerca la presunta utilización electoral de recursos de programas sociales aplicados por la Federación.

En ningún momento se consultó la estadística real de dicha problemática, nunca se buscó una reunión de coordinación con las autoridades de Salud de Coahuila para contar con un diagnóstico real de la situación. La decisión fue unilateral, insensible y apartada de los intereses de la gente.

Por lo anterior descrito, presento a esta honorable soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.Se informe a la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al Congreso de Coahuila, para los efectos que considere oportuno, los criterios asumidos por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva dependiente de la Secretaría de Salud para la distribución del Fondo para la Prevención y Atención del Cáncer de Mama y Cervicouterino; ya que distan de los acordados por esta soberanía afectando, en el caso particular, la salud de las mujeres en Coahuila.

Segundo.Se solicita a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva reconsideren el criterio de distribución del Fondo para la Prevención y Atención del Cáncer de Mama y Cervicouterino dado que el actual afecta de manera directa la salud de la mujer coahuilense.

Notas:

1 Principales causas de muerte en las etapas del curso de la vida, 1980-2002”, Conapo, pág. 33

2 Mujeres y Hombres en México 2009, Inegi, pág.85

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de marzo de 2010.— Diputados: Miguel Riquelme Solís y Tomasa Vives Preciado (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Equidad y Género.

ESTADOS DE MICHOACAN, GUANAJUATO, QUERETARO, MEXICO Y DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se recibió de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo para que los legisladores de esta Cámara de Diputados donen voluntariamente un día de su dieta destinado a los damnificados de los municipios de los estados de Michoacán, Guanajuato, Querétaro, México y el Distrito Federal, que fueron afectados por los fenómenos hidrometeorológicos.

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:«Proposición con punto de acuerdo, para que las y los legisladores de ésta Cámara de Diputados, donen voluntariamente un día de su dieta destinado a las y los damnificados de los municipios de Michoacán, Guanajuato, Querétaro, México y en el Distrito Federal, a los órganos político-administrativos de las delegaciones administrativas de las delegaciones Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa, que fueron afectados por los fenómenos meteorológisoc ocurridos en los primeros días de febrero, a cargo de la diputada Leticia Contreras Quezada, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 58, 59, 171 y 172 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que las y los legisladores de la Cámara de Diputados, donen voluntariamente un día de su dieta destinado a las y los damnificados de los municipios de los estados de Michoacán, Guanajuato, Queretaro, México y en el Distrito Federal a los órganos político administrativos de Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa que fueron afectados por los fenómenos hidrometeorológicos ocurridos en los primeros días de febrero, bajo los siguientes

Antecedentes

Primero. Que la precipitación pluvial ocurrida en días pasados dejó manifiesta nuestra vulnerabilidad ante los fenómenos hidrometeorológicos que las pasadas lluvias dejaron una estela de destrucción que afecta en forma exponencial a los más pobres.

Segundo. Que según datos aportados por el secretario de Gobierno del Distrito Federal en el valle de México llovieron 27 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie de la ciudad, aunado a los trabajos que se llevaban a cabo de mantenimiento al drenaje de la ciudad, lo que impidió una reacción oportuna.

Tercero. Que la afectación causada por este fenómeno destruyó por completo la comunidad de Angangueo, en Michoacán, este daño irreparable a la comunidad llama a expresar nuestra solidaridad con nuestros paisanos de aquella entidad devastada.

Cuarto. En la Ciudad de México, según datos aportados por las autoridades capitalinas estimaron en 60 mil la cifra de damnificados por las inundaciones, y cinco mil las viviendas que recibieron algún daño.

Considerando

1. Que necesitamos expresar nuestro apoyo y solidaridad con las y los afectados por las inundaciones.

2. Que esta experiencia solidaria entre los representantes populares y los habitantes afectados por un fenómeno hidrometeorológico, tiene antecedentes, tales como la donación de 3 días de su dieta a los afectados del huracán Stan, en la 58 Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, por mencionar un ejemplo.

Por lo expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXI Legislatura, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente y obvia resolución, para que:

Primero. Se exhorta a los 500 diputados federales que integramos la LXI Legislatura para que donemos un día de nuestra dieta para las y los damnificados de las lluvias que afectaron a los municipios y órganos político administrativos mencionados.

Segundo. El procedimiento para recabar las aportaciones lo definirá la Secretaría General de la honorable Cámara de Diputados, atendiendo a la normatividad aplicable.

Palacio Legislativo, a 10 de marzo de 2010.— Diputada Leticia Quesada Contreras (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Junta de Coordinación Política.

CANCER DE MAMA Y CERVICO-UTERINO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Dígame, diputada.

La diputada Tomasa Vives Preciado (desde la curul): Presidente, para solicitarle al diputado Riquelme si me permite adherirme a su propuesta, toda vez que soy coahuilense y secretaria de la Comisión de Equidad y Género.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Diputado Riquelme, ¿está usted de acuerdo en que se adhiera la diputada?

El diputado Miguel Ángel Riquelme Solís:Estoy de acuerdo, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Está de acuerdo el diputado. Pasen por favor a firmarlo.

CONSEJO DE ATENCION INMEDIATA A LAS COMUNIDADES Y MUNICIPIOS QUE PRESENTAN MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA DEL PAIS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo federal a crear el Consejo de atención inmediata a las comunidades y municipios que presentan mayor incidencia delictiva del país.

El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida:Buenos días, compañeros y compañeras. Señor presidente, la idea de este punto de acuerdo, que por mi conducto presenta el Partido Revolucionario Institucional, tiene que ver con que la Cámara de Diputados asuma la responsabilidad que tiene en este momento en materia de seguridad pública y la posibilidad de que la Cámara de Diputados convoque a una jornada nacional contra la inseguridad, en la cual podamos verter un conjunto de opiniones que atiendan a los tres niveles de gobierno en forma pronta.

En menos de una semana, tener resultados y que permita que se cree un consejo que a través de mecanismos institucionales pueda empezar a rescatar las plazas, las comunidades, los poblados del país, y qué mejor que lo pueda encabezar el Ejecutivo federal con apoyo, bajo esta vertiente, del Congreso federal.

Es importante el momento. Requiere de unidad de los mexicanos y requiere de una pronta y eficaz respuesta de la Cámara de Diputados.

Estoy cierto que el mecanismo lo puede idear la Junta de Coordinación Política y rápidamente hacer que la estrategia que se sigue en Juárez tenga apoyo institucional de todos los órdenes de gobierno, bien enfocado, con programas, con propuestas, si es necesario con adecuaciones presupuestales y que esto sirva para que en otras comunidades del país no ocurran este tipo de sucesos.

De eso se trata este punto de acuerdo, de poder meternos de fondo en el tema y de apoyar, más allá de debatir, con cuestiones concretas que auxilien en ese momento a la población y al país en materia de seguridad. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a crear el consejo de atención inmediata de las comunidades y de los municipios con mayor incidencia delictiva, a cargo del diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Jesús Alfonso Navarrete Prida, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Consideraciones

La inseguridad pública se manifiesta en el incremento del índice delictivo, la impunidad y la corrupción, existen muchas y muy diversas aristas políticas, económicas y sociales, que inciden en este tema, así como errores de estrategia del Gobierno federal para atacar el problema de la criminalidad organizada. Errores que, por cierto, desde hace meses se han señalado con puntualidad y que consisten en la persistencia del ataque policiaco al narcotráfico como eje central de la política anticrimen decantada a la vez por la política de control del consumo de drogas en Estados Unidos.

En la década de los ochenta, el Gobierno Norteamericano enfocó su estrategia antidroga en la inhibición de la oferta con graves consecuencias para aquellos países que producían o transportaban droga.

Las organizaciones criminales en México basaban su poder en el control de “una ruta” de trasiego hacia los Estados Unidos de Norteamérica, por ello los principales “socios” en este ilícito negocio recaían en miembros de corporaciones policiacas, quienes con una doble moral podían aparentar; por un lado, la percepción de eficacia en el cumplimiento de sus funciones al interior de la sociedad mexicana y, por otro lado, servir de protector al crimen organizado en el transporte del producto ilícito hacia el norte, así surgieron y se consolidaron el Cártel de Sinaloa, del Golfo, de Juárez, etcétera, por ello, la lucha de cárteles se daba por el control de rutas, mientras que la delincuencia común no significaba grandes riesgos para la seguridad nacional, ya que sus niveles de violencia estaban asociados a fenómenos de desarrollo interno de cada comunidad, los niveles de violencia se percibían como no alarmantes.

En los años noventas se reorienta la política antidrogas de Estados Unidos que ahora se basa en inhibir el consumo, por ello, la mecánica de producción y tráfico de drogas en el continente también cambió: al socio Mexicano dedicado al transporte, se le convirtió en socio dedicado a transportar y recibirparte del cargamento de droga que se le enviaba, la única condición era que esa droga en pago no ingresara al territorio americano para no generar “sobre oferta”, con lo cual se modificó de raíz el panorama delictivo al interior del país.

Los cárteles se asociaron con los grupos delictivos locales que potenciaron su peligrosidad bajo la tutela de las grandes organizaciones criminales, lo que las hizo evolucionar rápidamente hacia otros nichos delincuenciales muy redituables como el robo masivo de vehículos y el secuestro, pero, sobre todo, propició que el control del territorio (plaza) se volviera el centro de su actividad. Ya no era entonces buscar una ruta segura de trasiego sino el control de una localidad,el resultado fue claro: gran violencia y nuevos fenómenos delictivos poco conocidos en el país.

Las organizaciones delictivas locales crecieron y cambiaron exponencialmente, reclutaron miembros activos que estuvieran dispuestos a enfrentarse a muerte al rival (con poca o nula formación) y dispuestos a corromper, presionar o ejecutar, a autoridades y policías locales (fundamentalmente municipales) que sin estar preparados para enfrentarlos han sucumbido al embate de las nuevas organizaciones y a su capacidad corruptora.

El número de adictos a nivel mundial creció y en México de forma exponencial (70 por ciento en 8 años) ése es el dato duro. La pregunta es, ¿de dónde se sustenta la afirmación de que se está ganando la “guerra” que declaró el Gobierno federal?

El Gobierno federal sin advertir con claridad las consecuencias del cambio en el comportamiento del crimen organizado y el fenómeno de las drogas en el país, ha seguido con la misma decisión estratégica, en su lógica, implementación y aplicación de recursos económicos, combatir el trasiego de drogas hacia los Estados Unidos de Norteamérica; por ello, la ejecución de esa decisión de estrategia ha implicado casi únicamente la utilización de la respuesta policiaca o militar. Esta decisión, en el tiempo, se ha convertido en un error de terribles consecuencias al no detectar con precisión que el cambio de comportamiento de las organizaciones criminales en México requería enfrentarlos a la par que con fuerza policiaca-militar con otra de corte social.

La estrategia en que se ha empeñado el Ejecutivo federal claro que le ha merecido el aval del Gobierno Norteamericano, pues se respeta el principio rector de inhibir que la droga ingrese a su territorio y en ese compromiso de México, bajo el argumento de “potenciar el esfuerzo” ha trasladado el problema del llamado narcomenudeo a los estados de la Federación, sin recursos para poderlo enfrentar eficazmente.

Se ha señalado con claridad que se ha omitido la aplicación de una estrategia de corte social para las comunidades y municipios que presentan los más serios problemas de criminalidad. La inseguridad deteriora el tejido social, vulnera las relaciones entre sociedad y autoridad, afecta la vida cotidiana de las personas y las familias, restaurarlo es responsabilidad de todos, se requiere una gran convocatoria para que todos participen en elevar la calidad de vida comunitaria logrando así mejorar la seguridad pública.

Por ello, se considera necesario que el cambio de estrategia en el combate a la delincuencia incorpore un programa mínimo de acción en materia social, por lo cual se propone convocar por esta Cámara de Diputados a la realización de una gran Jornada Nacional contra la Inseguridad que agrupe la realización de tres foros en los que se puedan escuchar las voces de las víctimas del delito y la sociedad en general; los académicos y especialistas en estos temas y los responsables de la seguridad pública, para que de viva voz en un diálogo abierto y directo expresen a sus representantes populares sus propuestas en materia de seguridad pública. Se somete por tanto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se propone que la honorable Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, apruebe la organización una Jornada Nacional contra la Inseguridad compuesta por la realización de tres foros, uno con víctimas del delito y grupos sociales, otro con académicos y especialistas y uno más con responsables de la seguridad pública, para escuchar sus demandas y propuestas de solución a la seria problemática de seguridad pública que se vive en el país.

Segundo. Con los resultados de estos grandes foros, exhortar al Titular del Poder Ejecutivo federal para crear el Consejo de Atención Inmediata a las Comunidades y Municipios que presentan mayor incidencia delictiva en el país, que tendría como objetivo diseñar políticas y ejecutar programas y acciones que incidan efectivamente en la mejora de las condiciones de seguridad pública.

Tercero.El consejo se integraría por los titulares de las secretarías de Salud, Educación, Desarrollo Social, Trabajo, Hacienda y Crédito Público, Seguridad Pública, el Instituto Nacional de la Juventud, el Instituto Nacional de la Mujer, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como miembros de organizaciones sociales.

Cuarto.El Consejo se encargaría de analizar y evaluar las propuestas sugeridas por la sociedad en los tres foros organizados por la Cámara de Diputados de la honorable LXI Legislatura y atenderlas de ser procedentes, en caso contrario comunicará a la Cámara de Diputados por qué no son de considerarse.

Quinto.La ejecución de las acciones viables deberá iniciar antes de la conclusión del primer cuatrimestre del año.

Sexto. El consejo informará a la honorable Cámara de Diputados los avances en la ejecución de las acciones, mismas que serán evaluadas por este órgano.

Diputados: Jesús Alfonso Navarrete Prida, Carlos Alberto Pérez Cuevas, Oscar Martín Arce, José Ignacio Seara Sierra, Miguel Ángel Luna Munguía, J. Guadalupe Vera Hernández, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Sandra Méndez Hernández, Noé Martín Vázquez Pérez, José Ignacio Pichardo Lechuga, Caritina Sáenz V., Carlos Ezeta Salcedo, Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Juan Carlos Natale López, María del Rosario Brindis Alvarez, Adriana Sarur Torre, Alberto Emiliano Cinta Martínez, María del Carmen Izaguirre Franco, Eduardo Zarzosa Sánchez, Felipe Borja Texocotitla (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, diputado Carlos Pérez, dígame.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Presidente, pediría –no sé si escuchamos bien– que se pudiese turnar a la Junta de Coordinación Política. La bancada de Acción Nacional ve muy bien este tema y creo que en conjunto podríamos, ya con las otras bancadas, construir que fuera un tema institucional de la propia Cámara de Diputados en un tema tan sensible como la inseguridad pública.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado.

El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida:Ésa es la idea, señor presidente. Que sea a la Junta y que lo hagamos a la mayor brevedad.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias. Le pediría, para todos los efectos, en virtud de que cuando se turnan a la Junta de Coordinación Política haya el acuerdo de todos los grupos parlamentarios. Si lo manifiestan, con mucho gusto lo estaríamos haciendo.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, diputado Pérez Cuevas, dígame.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Sólo para efectos de que nos vamos a adherir al punto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Adelante, está de acuerdo el señor diputado.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Diputado Ibarra.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): Apoyar la propuesta que acaba de hacer el diputado Navarrete.

El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida: Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado.

Tiene la palabra el diputado Rubén Arellano Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de Semarnat, se coordinen con los gobiernos estatales y municipales que forman parte de la cuenca del Río Laja, para que elaboren y ejecuten un plan de manejo de la misma.

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, diputada Ochoa, dígame.

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía(desde la curul): Presidente, igualmente para sumarnos por parte del Grupo de Convergencia.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Pase por favor a suscribir el documento.

No se encuentra, porque se encuentra enfermo, el señor diputado Rubén Arellano Rodríguez. Así que se pospone su participación.

ESTADO DE JALISCO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el señor diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al gobierno de Jalisco, al INAH y a las autoridades competentes, a impulsar y promover como patrimonio de la humanidad el centro de la ciudad de Puerto Vallarta.

El diputado Rafael Yerena Zambrano:Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, México es el cuarto país en número de ciudades declaradas por la UNESCO como patrimonio mundial, sólo detrás de España, Italia y Alemania.

Además, la cuarta parte de las ciudades consideradas patrimonio de la humanidad en el continente americano se encuentra en nuestro país, ofreciendo un atractivo relevante para el turismo nacional e internacional, lo que implica una gran responsabilidad con la humanidad y un gran orgullo para los mexicanos.

Nuestro país tiene una riqueza cultural y natural inmensa, ya que cuenta con lugares excepcionales y únicos declarados patrimonio de la humanidad, como el centro histórico de Puebla de Zaragoza, inscrito en 1987. El centro histórico de Guanajuato y sus minas adyacentes, inscritas en 1988. El centro histórico de Morelia, inscrito en 1991. La zona de monumentos históricos de Tlacotalpan, inscrito en 1998. La ciudad histórica de Campeche, inscrita en 1999. Por citar algunos de tantos lugares privilegiados en riqueza cultural, arquitectónica, natural, documental y en sus tradiciones. Es por eso que debemos impulsar el reconocimiento de nuestro patrimonio fortaleciendo el ámbito turístico y reforzando el patrimonio por medio del reconocimiento de la UNESCO.

Para lograr la declaratoria de patrimonio de la humanidad se definen los criterios y las clases de sitios que puedan ser inscritos en la lista de patrimonio mundial y corresponde a las entidades federativas la incorporación de posibles sitios, así como su protección y preservación.

Puerto Vallarta, fundado en la época independiente, en 1851, ubicado geográficamente sobre la costa del Pacífico medio mexicano, perteneciente al club Las 100 Bahías más Hermosas del Mundo, asentada en la misma latitud de las islas de Hawai, goza de un clima semitropical a lo largo del año. Ofrece 42 kilómetros de costa y diversa topografía que incluye vegetación, fauna, recursos naturales, ríos y montañas.

Declarado como puerto de altura en 1931, debido a su amplio litoral con el océano Pacífico. En 1968 es elevado a la categoría de ciudad. Y llevando por nombre, desde el 31 de mayo de 1918, en honor del ilustre liberal jalisciense, licenciado Ignacio L. Vallarta, lugar donde se han llevado a cabo diversos encuentros internacionales como la convención de la Comisión Ballenera Internacional, además de contar con diversos monumentos históricos, tradiciones y cultura.

Entre las influencias culturales, que forjaron una identidad local, se encuentran elementos arquitectónicos para la conservación de su imagen original como un pueblo típico mexicano, lugar extraordinario en medio de las montañas, con calles empedradas, casas con paredes blancas, balcones de herrerías adornados de bugambilias de colores y techos cubiertos de teja roja. Un lugar que representa nuestras tradiciones vivas, dignas de conservar.

Por eso es imperioso proteger y reconocer este rincón mágico de nuestro país. En cuanto a las variables sobre cultura viva se encuentra la cultura indígena de huicholes y las imágenes expresadas en su arte que representan historias y leyendas de su mitología, que organizan cada aspecto de su mundo y sus vidas.

En este año 2010, la revista de antropología Artes de México, con patrocinio de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la embajada de México en Japón, así como la empresa de tequila Casa Cuervo, llevó a cabo en la ciudad japonesa de Kioto una muestra dedicada al arte huichol con 150 objetos rituales, fotografías y cuadros hechos con hilos de colores y cera, objetos rituales y fotografías de esta maravillosa etnia.

La exposición está planteada como un recorrido por los tres mundos en que se divide la realidad huichol. Así también una de las más significativas son las peregrinaciones en el mes de diciembre, tradición muy arraigada y de carácter regionalista, ya sea por legado indígena o español...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le pedimos concluir, diputado.

El diputado Rafael Yerena Zambrano:... donde se dan cita turistas nacionales y extranjeros, lo que indica la fuerte presencia de la tradición donde miles de personas hacen presencia en nuestra ciudad de Puerto Vallarta.

Por todo lo antes expuesto, y solicitando desde luego la aprobación de esta Cámara, someto a la consideración el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se exhorte al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Jalisco, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a las autoridades competentes, para que tomen las medidas necesarias para impulsar y promover como patrimonio cultural y natural de la humanidad el centro de la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. Muchas gracias, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al gobierno de Jalisco, al INAH y a las autoridades competentes a promover como patrimonio de la humanidad el centro de Puerto Vallarta, a cargo del diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Rafael Yerena Zambrano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

México es el cuarto país en número de ciudades declaradas por la UNESCO como patrimonio mundial, solo detrás de España, Italia y Alemania, además la cuarta parte de las ciudades consideradas patrimonio de la humanidad en el continente americano se encuentran en nuestro país, ofreciendo un atractivo relevante para el turismo nacional e internacional, lo que implica una gran responsabilidad con la humanidad y un gran orgullo para los mexicanos.

Nuestro país tiene una riqueza cultural y natural inmensa, ya que cuenta con lugares excepcionales y únicos declarados Patrimonio de la Humanidad, como el Centro Histórico de Puebla de Zaragoza inscrito en 1987, el Centro Histórico de Guanajuato y sus minas adyacentes inscrito en 1988, el Centro Histórico de Morelia inscrito en 1991, la zona monumentos históricos de Tlacotalpan inscrito en 1998, la Ciudad Histórica de Campeche inscrito en 1999, por citar algunos de tantos lugares privilegiados en riqueza cultural arquitectónica, natural, documental y en sus tradiciones, es por eso que debemos impulsar el reconocimiento de nuestro patrimonio fortaleciendo el ámbito turístico y reforzando el patrimonio por medio del reconocimiento de la UNESCO.

Para lograr la declaratoria de “patrimonio de la humanidad”, se definen los criterios y las clases de sitios que pueden ser inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, y corresponde a las entidades federativas la incorporación de posibles sitios, así como su protección y preservación.

Puerto Vallarta, fundado en la época independiente en 1851, ubicado geográficamente sobre la costa del Pacífico medio mexicano, perteneciente al club de las cien bahías más hermosas del mundo asentada en la misma latitud de las Islas de Hawaii, goza de un clima semitropical a lo largo del año; ofrece 42 kilómetros de costa y diversa topografía que incluye vegetación, fauna, recursos naturales, ríos y montañas.

Declarado como puerto de altura en 1931, debido a su amplio litoral con el océano Pacifico, en 1968 es elevado a categoría de ciudad y llevando desde 31 de mayo de 1918 por nombre en honor del ilustre liberal jalisciense licenciado Ignacio L. Vallarta, lugar donde se han llevado a cabo diversos encuentros internacionales como la convención de la Comisión Ballenera Internacional, además de contar con diversos monumentos históricos, tradiciones y cultura.

Entre las influencias culturales que forjaron una identidad local se encuentran elementos arquitectónicos para la conservación de su imagen original, como un pueblo típico mexicano lugar extraordinario en medio de las montañas con calles empedradas, casas con paredes blancas, balcones de herrería adornadas de buganvilias de colores y techos cubiertos de teja roja, un lugar que representa nuestras tradiciones vivas, dignas de conservar, por eso es imperioso proteger y reconocer este rincón mágico de nuestro país.

En cuanto a las variables sobre cultura viva se encuentra la cultura indígena de los Huicholes y las imágenes expresadas en su arte que representan historias y leyendas de su mitología, que organizan cada aspecto de su mundo y sus vidas. En este año 2010, la revista de antropología Artes de México con patrocinio de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la embajada de México en Japón, así como la empresa de tequila Casa Cuervo llevó a cabo en la ciudad japonesa de Kioto una muestra dedicada al arte huichol con 150 objetos rituales, fotografías y cuadros hechos con hilo de colores y cera, objetos rituales y fotografías de esta maravillosa etnia, la exposición está planteada como un recorrido por los tres mundos en que se divide la realidad Huichola.

Así también, una de las más significativas son las peregrinaciones en el mes de diciembre, tradición muy arraigada y de carácter regionalista ya sea por legado indígena o español, y donde se dan cita turistas nacionales y extranjeros, lo que indica la fuerte presencia de la tradición donde miles de personas recorren cantando al centro de la ciudad para llegar al templo de Nuestra Señora de Guadalupe, construido en 1918, el cual en su interior guarda verdaderas obras de arte donde se encuentra la Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe pintada por el notable artista jalisciense Ignacio Ramírez.

Uno de los monumentos históricos el más importantes para los vallartenses es el malecón, consiste en un andador de aproximadamente un kilómetro de longitud que va a lo largo de la playa, y que es el paseo preferido de los habitantes y turistas del puerto desde 1936.

El desarrollo de la industria turística ha ido a la par con el desarrollo de las artes y la cultura. El gobierno local creó la Comisión Municipal de la Industria Fílmica y en 2003 se efectuó el primer Festival Fílmico de Vallarta, lo que atrajo por igual a pioneros y ejecutivos de grandes corporaciones de la industria fílmica internacional y nacional. Puerto Vallarta ha sido inspiración de grandes cineastas como el legendario director de cine John Houston, con la película La noche de la iguana.

Puerto Vallarta también ha sido inspiración de grandes pintores entre muchos de ellos se encuentra Manuel Lepe, convirtiéndose en uno de los más grandes promotores del puerto internacionalmente; su obra se encuentra en museos y galerías por todo el mundo, fue el creador de un estilo naif popularmente llamado vallartense, y es el único pintor mexicano registrado en el Directorio de Arte Naïf de Francia.

Es importante reconocer, garantizar y preservar la riqueza cultural y natural en que se ubica a Puerto Vallarta, como uno de los destinos más relevantes a nivel nacional e internacional, por lo que es de suma importancia el impulsar a este destino como patrimonio de la humanidad.

La declaratoria en su caso del centro de la ciudad de Puerto Vallarta como patrimonio de la humanidad, sin duda traerá como resultado conservar los bienes culturales y naturales que existen en el estado y adicionalmente se lograra obtener la promoción del turismo nacional y extranjero, la atracción de mayor inversión en infraestructura turística y por ende el desarrollo económico en beneficio del estado de Jalisco y de los habitantes de Puerto Vallarta.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, al gobierno del estado de Jalisco, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a las autoridades competentes a tomar las medidas necesarias para impulsar y promover como patrimonio cultural y natural de la humanidad al centro de la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2010.— Diputado Rafael Yerena Zambrano (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Cultura.

PROGRAMA BRACERO (1942-1964)

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el señor diputado Carlos Luis Meillón Johnston, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de Sedesol y de la Secretaría de Salud, establezca las medidas conducentes para aquellos ex braceros que participaron en el Programa Bracero (42-64) y puedan ser incorporados al Programa 70 y Más y al Seguro Popular.

El diputado Carlos Luis Meillón Johnston:Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el punto de acuerdo que hoy someto a su consideración es un punto de acuerdo que estoy seguro que ustedes van a apoyar, con esto lo que pretendo es resarcir en muy poco el daño que se le ha hecho a estas personas.

Es independiente de las iniciativas que se han presentado o propuestas que se han presentado con anterioridad, para a la mayor brevedad posible complementarles a estas personas los 38 mil pesos que les corresponde.

Este punto de acuerdo presenta la posibilidad de que a estas personas, que a muchas de ellas no les fue tan bien como a otras, donde muchas de estas personas viven de una forma mucho muy limitada, que en ocasiones no tienen ni siquiera para sus medicamentos para hacerle frente a sus enfermedades, sean incluidas en el Programa 70 y Más, y que aparte se les incluya también en el Seguro Popular.

¿Qué pretendo con esta iniciativa? Se ha hablado de que se requieren alrededor de seis mil millones de pesos para subsanar este daño que se les hizo a estas personas. Un daño que no tiene precedente, un daño que no merecían que se les hiciera y que, sin embargo, nos va a tocar a nosotros, como diputados, dar algunas alternativas de solución.

Hay compañeros que en otras sesiones han presentado puntos de acuerdo para que se exhorte al Ejecutivo a que saque ese recurso, inclusive de subejercicios y de algunas otras partidas para que se le haga justicia a esa gente.

En la actualidad se les dan 4 mil pesos anuales. Si se incluyen en el Programa 70 y Más recibirían, aparte de esos 4 mil pesos, 6 mil pesos más. Si en alguno de los casos, que sí los hay, vive la esposa de este ex bracero serían otros 6 mil pesos que recibirían, para un total de 16 mil pesos al año.

Si estas propuestas que han hecho mis compañeros anteriormente no progresan el año que entra, por lo menos recibirían 10 mil pesos que, como menciono, podrían ampliarse a 16 mil pesos.

Si adicionalmente a eso se les inscribe en el Seguro Popular, podríamos estar hasta cierto punto tranquilos, en el sentido de que estas personas van a contar con un mayor ingreso y van a tener atención social.

Hago un exhorto a todos mis compañeros para que cuando se someta a votación este punto de acuerdo sea aceptado para que a la mayor brevedad posible estas personas sean inscritas en este programa que menciono y en el Seguro Popular.

Por lo antes expuesto, esperando que haya quedado claro para muchos de ustedes el gran beneficio que se les haría a estas personas incluyéndolos a estos programas, someto a su consideración el siguiente punto de acuerdo:

Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Salud, establezca las medidas conducentes para que aquellos ex braceros que participaron en el Programa Bracero 1942-1964, puedan ser incorporados al Programa 70 y Más y al Seguro Popular, a fin de que cuenten con un ingreso mínimo y el acceso a los servicios de salud que requieren para vivir con dignidad.

Dado en el salón de sesiones, a los 17 días del mes de marzo de 2010. Es cuanto, compañeros.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer por conducto de la Sedesol y de la Ssa las medidas conducentes a la incorporación al Programa 70 y Más y al Seguro Popular de quienes participaron en el Programa Bracero (1942-1964), a fin de que cuenten con un ingreso mínimo y el acceso a los servicios de salud que requieren para vivir con dignidad, a cargo del diputado Carlos Luis Meillón Johnston, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Carlos Luis Meillón Johnston, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

En 1941 Estados Unidos decide entrar a la Segunda Guerra Mundial, como resultado del ataque japonés a Pearl Harbor. Desde aquel año, este país empleó todo lo que tenía a su alcance para potenciar su producción bélica, hombres y mujeres, trabajaron de día y de noche en las fábricas, los jóvenes más fuertes y sanos eran embarcados a los frentes de batalla. Es en este contexto de conflicto bélico, es que hacen su aparición los braceros mexicanos, el 4 de agosto de 1942, los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron un convenio para el reclutamiento y empleo de ciudadanos mexicanos, para cubrir así las necesidades de mano de obra para los campos agrícolas y el mantenimiento de los ferrocarriles estadounidenses.

Durante el programa bracero, de 1942 a 1964, casi cinco millones de mexicanos entraron a laborar en los campos agrícolas de los Estados Unidos. Estos braceros convirtieron a la agricultura norteamericana en un negocio muy rentable. Los braceros eran campesinos de las zonas agrícolas rurales más importantes de México, como Coahuila, Durango, Chihuahua, Michoacán etcétera. Millares de empobrecidos mexicanos abandonaron sus comunidades y se trasladaron al norte buscando enrolarse de braceros con la ilusión de ganar muchos dólares. Firmaron contratos de braceros que no entendían, pero que se les presentaba como la salida a sus problemas y a sus angustias la esperanza de los trabajadores mexicanos de ganar en los Estados Unidos sueldos mejores que los que ganarían en México. Al enrolarse al programa los campesinos eran conducidos a los “centros de procesamiento” donde los bañaban, los desinfectaban y luego los entregaban a sus patrones como si fueran mercancías. De ahí, partían a las distintas regiones agrícolas del suroeste y el norte de los Estados Unidos. En Texas, Colorado, Nuevo México y prácticamente por toda la nación, fueron los que plantaron y piscaron el algodón, el betabel de azúcar y muchísimos otros cultivos, recibiendo un pago menos del 50 por ciento de lo que ganaban los americanos.

Para muchos el Programa Bracero significó un sistema vil de explotación de mano de obra barata, ofrecida en subasta a los empleadores norteamericanos y que era avalado y, en buena parte, gestionado por el gobierno mexicano. Las investigaciones de la época señalan que las condiciones de vivienda de los braceros eran, en muchos casos, deplorables. Vivían en casas de campaña, en vetustos barracones y en campamentos miserables. Los braceros se quejaban principalmente de la comida. También hubo numerosas quejas por malos tratos, abusos y falta de cumplimiento del contrato establecido. La aventura laboral, no daba para salir de pobre, pero sí para pagar unas deudas, comprar un terreno, construir un cuarto, comprar un coche.

Para muchos otros, el Programa Bracero fue un avance porque terminó con el sistema privado de enganche y se convirtió en un programa oficial de ambos gobiernos, donde se estipulaban ciertas condiciones laborales y se consensaban algunas decisiones. En suma, se trataba de un contrato colectivo de trabajo de dimensión binacional en el que el gobierno estadounidense se esforzó por proteger y privilegiar los derechos de los empleadores mientras que el gobierno mexicano de aquella época veló, en la medida de sus posibilidades, por la defensa de los derechos humanos y laborales de los braceros. No así por sus ahorros forzados, que llegaron a las arcas del estado y nunca se repartieron; se estima que el fondo de ahorro de los trabajadores braceros que les retenía el 10 por ciento de su salario ascendía a de 5 billones de pesos.

El programa duró más de dos décadas, fueron años de duro trabajo y mucho sufrimiento. Los braceros fueron objeto de todo tipo de abusos y agresiones por parte de de patrones explotadores y de autoridades y grupos racistas. En 1964 terminó el programa, los connacionales una vez que ya no fueron necesitados, tuvieron que regresarse a su tierra sin que siquiera se les hubiera reconocido su valiosa contribución a este país. Muchos de ellos volvieron a los Estados Unidos y continuaron laborando en este país, muchas veces sufriendo los mismos abusos y vejaciones que padecieron durante el programa bracero y todavía continúan siendo marginados por la sociedad que se beneficia de su esfuerzo y de su trabajo.

Aquellos que retornaron a México se hallan en una situación delicada; los ex braceros que trabajaron durante el periodo que comprende los años 1942 a 1964 y que, por tanto, se trata de personas de muy avanzada edad, muchos de ellos se encuentran enfermos y en una situación económica de pobreza y abandono ya que el apoyo a los ancianos es insuficiente frente a los múltiples retos que conlleva su atención y los requerimientos específicos en esta etapa de la vida, que colocan a muchos miembros de este grupo de edad en situación de vulnerabilidad ante enfermedades crónico degenerativas y mentales, discapacidades, rechazo y abandono. Como muchos adultos mayores se enfrentan falta de trabajo o sólo oferta en actividades de baja calidad y bajos salarios, falta de pensiones y de seguridad social.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 70 por ciento de los 4.9 millones de personas mayores de 65 años que hay en México no tienen acceso a los servicios más elementales de alimentación, cuidado y salud, el mayor problema que enfrenta la población adulta mayor es que nunca tuvo la información ni los programas políticos para prevenir su situación de salud, familiar y económica en esa etapa de la vejez y, de acuerdo con una investigación realizada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, cerca de 10 por ciento de la población adulta mayor a nivel nacional no tiene seguridad social ni apoyo de persona alguna.

Asimismo, según el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, sólo 25 por ciento de los adultos mayores cuenta con recursos suficientes para enfrentar su vejez. El 75 por ciento es vulnerable económicamente. Sólo 1.5 millones reciben alguna pensión, en tanto el restante 80% tiene que buscar alternativas para obtener ingresos.

Tomando en cuenta la precaria condición económica de los trabajadores braceros y de sus familias, está soberanía aprobó en el 2005 la Ley que creó el Fideicomiso que administra el Fondo de Apoyo Social para los ex trabajadores Migrantes Mexicanos en cuyas Reglas de Operación se consigna la entrega de un apoyo social a los trabajadores braceros por un monto de 38 mil pesos como un ejercicio de reconocimiento de laproblemática de los ex trabajadores migratorios mexicanos, dando prioridad a los trabajadores de mayor edad, después a los trabajadores del período 1942-1946 y posteriormente a los trabajadores migratorios del período 1964 (artículo 5o. de la citada ley). No obstante, en un período especialmente difícil para la economía, el pago se realizará en varias exhibiciones de 4 mil pesos al año para poder permitir otorgar el apoyo al mayor número posible de ex trabajadores migratorios que cumplan los requisitos de ley, de otra manera, a razón de 38 mil pesos, sería posible apoyar únicamente alrededor de 17 mil beneficiarios de los más de 200 mil que integran el padrón de ex braceros.

Ante esta situación compleja de falta de ingresos para satisfacer sus necesidades más básicas, de empleos precarios y de no contar con seguridad social o con acceso a los servicios de salud necesarios que viven los ex braceros actualmente, nosotros, como legisladores, debemos instar al gobierno para que a través la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Social se tomen las medidas pertinentes a fin de atender las necesidades más apremiantes de toda la población de ex braceros. Para tales efectos proponemos que sean incorporados al Programa 70 y Más para que reciban una pensión no contributiva de mil pesos, que aunado al apoyo social de 4 mil pesos que reciben del gobierno, estarían percibiendo 10 mil pesos al año, o 16 mil si se hace extensivo este beneficio a sus cónyuges, obteniendo de esta manera un ingreso 4 veces mayor al que perciben actualmente. Asimismo, proponemos que sean incorporados al Seguro Popular para que puedan acceder a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, sin ninguna cuota familiar de por medio.

No es justo que miles de compatriotas que dejaron su país para buscar mejores condiciones de vida para ellos y sus familias, que fueron objeto de vejaciones, maltratos y explotación, ahora se encuentran en su país en condiciones de pobreza y relegados al olvido.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a establecer, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y a la Secretaría de Salud, las medidas conducentes para que aquellos ex braceros que participaron en el Programa Bracero (1942-1964) puedan ser incorporados al Programa 70 y Más y al Seguro Popular, a fin de que cuenten con un ingreso mínimo y el acceso a los servicios de salud que requieren para vivir con dignidad.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 16 de marzo de 2010.— Diputados: Carlos Luis Meillón Jonhnston, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, J. Guadalupe Vera Hernández, María Joann Novoa Mossberger, Ana Elia Paredes Arciga, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Samuel Herrera Chávez, (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Salud.

NO DISCRIMINACION ENTRE LAS COMUNIDADES ESCOLARES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Gloria Romero León, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Gobernación a que respeten la Ley de las Niñas, Niños y Adolescentes.

La diputada Gloria Romero León:Señoras legisladoras y señores legisladores. El siguiente punto de acuerdo tiene como objetivo el de exhortar a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Gobernación, a fin de que tomen las medidas necesarias para hacer valer la Ley de las Niñas, Niños y Adolescentes, para proteger la integridad física y mental de todos aquellos estudiantes que por diferentes circunstancias son objeto de maltrato por parte de sus compañeros de escuela, de los padres y hasta del personal docente que labora en las distintas instituciones educativas.

Desgraciadamente éste es un tema muy recurrente en nuestro país. Sin duda es un tema muy sensible para todos los mexicanos, es un tema donde todos los que somos padres podemos estar expuestos y, sin saberlo, uno de nuestros hijos puede estar siendo objeto de algún tipo de maltrato en este momento, por parte de sus compañeros de escuela o de alguna autoridad educativa.

Debemos ser muy sensibles y actuar como legisladores responsables para reforzar las acciones que permitan a los estudiantes ser tratados de una manera digna.

La discriminación escolar puede tener motivos religiosos, sociales, culturales o de preferencias sexuales y México no es ajeno a ellos. La violencia en las instituciones educativas tiene muchos rostros y uno de ellos es la discriminación.

En nuestro país, el 32 por ciento de las niñas y niños entre 6 y 9 años de edad aseguran que los tratan con violencia en la escuela, de acuerdo con la Consulta Infantil y Juvenil realizada por el Instituto Federal Electoral.

En la Consulta 2003, 16 por ciento reiteró que los golpean en la escuela, 3.4 por ciento dijo: abusan de mi cuerpo, y otro 16 por ciento aseguró que los insultaban.

Entres 2003 y 2005, la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil atendió 482 casos: 140 de maltrato físico, 79 de abuso sexual y 73 por violencia psicológica sufrida en las aulas.

Las indagaciones realizadas muestran que la mayoría de las situaciones de abuso, de hostigamiento sexual y de discriminación ocurren entre los propios alumnos.

El Instituto Federal Electoral, dentro de las consultas que realiza entre las diferentes instituciones educativas, señaló que el 21 por ciento de la adolescencia se ha sentido discriminada por sus compañeros de clase.

De hecho la falta de accesibilidad y la discriminación hacen que el promedio de los años de educación entre las personas que son víctimas de discriminación o que sufren alguna discapacidad sea de 3.8 grados de escolaridad, mientras que la del total de la población es de 7.5.

El artículo 32 de la ley cita lo siguiente: Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación que respete su dignidad y les prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia en los términos del artículo 3o. constitucional. Las leyes promoverán las medidas necesarias para que se les proporcione la atención educativa que por su edad, madurez y circunstancias especiales requerirán para su pleno desarrollo.

Por lo expuesto se propone a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Gobernación a respetar la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y de los Adolescentes, para reforzar las acciones a favor de implantar y fortalecer una cultura de respeto a las diferencias y la no discriminación entre los miembros de las comunidades escolares, autoridades, trabajadores, maestros y estudiantes que favorezcan la sana convivencia y el cumplimiento de los objetivos educativos. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades de la SEP y de la Segob a respetar la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Jóvenes, a fin de reforzar acciones en favor de una cultura de respeto de las diferencias y la no discriminación entre las comunidades escolares, autoridades, trabajadores, maestros y estudiantes que favorezca la sana convivencia y el cumplimiento de los objetivos educativos, a cargo de la diputada Gloria Romero León, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Gloria Romero León, diputada federal de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Gobernación a reforzar las acciones a favor de implantar una cultura de respeto a las diferencias y la no discriminación entre los actores de la vida educativa en beneficio de los alumnos y su desarrollo.

Considerandos

Señoras y señores legisladores, el siguiente punto de acuerdo tiene como objetivo el de exhortar a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Gobernación a fin de que tomen las medidas necesarias para hacer valer la ley de las niñas, niños y de los jóvenes para proteger la integridad física y mental de todos aquellos estudiantes que por diferentes circunstancias, son objeto de maltrato por parte de sus compañeros de escuela, de los padres, y hasta del personal docente que labora en las distintas instituciones educativas.

Desgraciadamente este es un tema muy recurrente en nuestro país, sin duda es un tema muy sensible para todos los mexicanos, es un tema donde todos los que somos padres podemos estar expuestos, y sin saberlo, uno de nuestros hijos puede estar siendo objeto de algún tipo de maltrato en este momento por parte de sus compañeros de escuela o de alguna autoridad educativa, debemos ser muy sensibles y actuar como legisladores responsables para reforzar las acciones que permitan a los estudiantes ser tratados de una manera digna.

La discriminación escolar puede tener motivos religiosos, sociales, culturales, o de preferencia sexual, y México no es ajeno a ellos, la violencia en las instituciones educativas tiene muchos rostros, y uno de ellos es la discriminación.

En nuestro país, el 32 por ciento de las niñas y niños entre 6 y 9 años de edad, aseguran que los tratan con violencia en la escuela, de acuerdo con la consulta infantil y juvenil realizada por el Instituto Federal Electoral. En la consulta 2003, 16 por ciento reiteró que los golpean en la escuela, 3.4 por ciento dijo “abusan de mi cuerpo, y otro 16 por ciento aseguro que los insultaban. Entre 2003 y 2005, la unidad de atención al maltrato y abuso sexual infantil atendió 482 casos: 140 de maltrato físico, 79 de abuso sexual y 73 por violencia psicológica sufrida en las aulas.

Las indagaciones realizadas muestran que la mayoría de las situaciones de abuso, de hostigamiento sexual y de discriminación ocurre entre los propios alumnos, el IFE dentro de las consultas que realiza entre las diferentes instituciones educativas, señaló que el 21.5 por ciento de la adolescencia se ha sentido discriminada por sus compañeros de clase.

Durante el año 2009 es preocupante que entre los países miembros de la OCDE, México presentó los niveles más altos en discriminación, robos, agresividad verbal y física de los alumnos de educación secundaria hacia sus compañeros, agresividad verbal de los profesores y personal de apoyo hacia los alumnos, así como en la posesión y uso de drogas y alcohol. Esto lo revela una investigación realizada por el organismo internacional entre escuelas y 90 mil profesores de los países pertenecientes a este organismo.

Es importante recordar a nuestras autoridades del sistema educativo nacional, que se cuenta con una ley para la protección de las niñas, niños y adolescentes, en la cual, se establece el derecho de estos a ser tratados de una manera digna y sin discriminación dentro de los centros de educativos de nuestro país, al respecto

El artículo 32 de la ley cita de la siguiente manera:

Artículo 32. Niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación que respete su dignidad y les prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia en los términos del artículo 3o. constitucional. Las leyes promoverán las medidas necesarias para que:

A. Se les proporcione la atención educativa que por su edad, madurez y circunstancias especiales requerirán para su pleno desarrollo.

B. Se evite la discriminación de las niñas y de las adolescentes en materia de oportunidades educativas.

C. Las niñas, niños y adolescentes que posean cualidades intelectuales por encima de la media, tengan derecho a una educación acorde a sus capacidades, así como a contar con las condiciones adecuadas que les permita integrarse a la sociedad.

D. Se impulse la enseñanza y respeto de los derechos humanos. En especial la no discriminación y de la convivencia sin violencia.

E. Se provean mecanismos de participación democrática en todas las actividades escolares, como medio de formación ciudadana.

F. Se impida en las instituciones educativas, la imposición de medidas de disciplina que no estén previamente establecidas, sean contrarias a su dignidad, atenten contra su vida, o su integridad física y mental.

G. Se favorezcan en las instituciones educativas, mecanismos para la solución de conflictos, que contengan claramente las conductas que impliquen faltas a la disciplina y los procedimientos para su aplicación.

Hoy en día, existen muchos motivos más por los cuales se discrimina a los jóvenes y niños en sus instituciones educativas, sabemos de la crueldad de muchos jóvenes que se burlan de los defectos físicos de sus compañeros de escuela, esto, puede derivar en muchos de los casos en tratamientos clínicos por haber desarrollado durante este periodo diferentes traumas que afectan al desempeño escolar y que genera de más situaciones como lo es la depresión, la cual, lleva al estudiante a la perdida del control sobre su situación vital, sus emociones, y la perdida de toda visión positiva del futuro desencadenando esta crisis en posible el suicidio, además, es de destacar que el porcentaje de jóvenes que por diferentes problemas económicos, de abuso sexual y de bajo rendimiento escolar han ocasionado que en las últimas tres décadas, el suicidio registre un aumento del 275 por ciento según datos del Instituto Mexicano de la Juventud.

De hecho, la falta de accesibilidad y la discriminación hacen que el promedio de los años de educación entre las personas que son victimas de discriminación o que sufren alguna discapacidad sea de 3.8 grados, mientras que la de el total de la población es de 7.5 grados, equivalente a cursar el segundo grado de secundaria, esto nos habla del alto porcentaje de ausentismo de personas con discapacidad a alguna institución educativa por temor al rechazo de sus compañeros de escuela.

Es importante recordar que, la igualdad comienza cuando reconocemos que todos tenemos el derecho a ser diferentes.

Diputadas y diputados, el objeto del siguiente punto de acuerdo se basa en proponer diferentes estrategias a fin de:

Primero. Impulsar acciones que permitan consolidar una cultura de respeto a las diferencias, y promueva los valores de tolerancia entre las niñas y los niños desde el ámbito educativo.

Segundo. Brindar una educación bien encaminada y dirigida para que esta actúe como un factor determinante para el desarrollo social del educando, pero también, para el fortalecimiento de los valores humanos, que enfaticen en el reconocimiento de las diferencias, la tolerancia y el respeto.

Tercero. Desarrollar entre los estudiantes actitudes de solidaridad en los individuos para crear conciencia sobre la erradicación de toda distinción, exclusión o restricción que tenga por efecto impedir y anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos fundamentales y la igualdad real de oportunidades de las personas, como uno de los principales fines de la educación.

Por lo expuesto y fundado, se propone a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Gobernación, a respetar la Ley de las Niñas, Niños y de los Jóvenes para reforzar las acciones a favor de implantar y fortalecer una cultura de respeto a las diferencias y la no discriminación entre los miembros de las comunidades escolares, autoridades, trabajadores, maestros y estudiantes que favorezcan la sana convivencia y el cumplimiento de los objetivos educativos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2010.— Diputada Gloria Romero León (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

GRUPOS INMOBILIARIOS SITMA E INVERGROUP

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se recibió del diputado Carlos Torres Piña, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo relativo a los fraudes cometidos por los grupos inmobiliarios Sigma e Invergroup.

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:«Proposición con punto de acuerdo, relativo a los fraudes cometidos por los grupos inmobiliarios Sitma e Invergroup en Puebla y otros estados, a cargo del diputado Carlos Torres Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Carlos Torres Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante 2009, en el estado de Puebla se dieron a conocer escandalosos fraudes de varias cajas de ahorro, financieras e inmobiliarias, como lo son Financiera Coofia y Bienestar la Paz, así también los grupos Sitma y Verhome, SA de CV, mejor conocido como Invergroup, quienes afectaron en su patrimonio y en su forma de vida a decenas de miles de familias, principalmente de campesinos, personas de la tercera edad,  migrantes y comerciantes, todos ellos pequeños ahorradores, generando con ello un grave problema social en los estados de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Nuevo León, Jalisco, Querétaro, estado de México y Distrito Federal, llegándo incluso a contabilizar hasta 80 firmas defraudadoras en giros inmobiliarios y financieros.

Esta situación fue tolerada y existe la presunción de que fue promovida por funcionarios del gobierno del estado e incluso realizaron operaciones oficiales con estas empresas, firmando convenios que no se han hecho públicos y aprovecharon las campañas publicitarias de estas empresas para promoverse personalmente.

Estos fraudes han originado la movilización de miles de afectados por las calles de la ciudad de Puebla, demandando la recuperación de sus bienes e inversiones, a través de la adopción de acuerdos con los empresarios o, bien, constituyendo fideicomisos. El problema no se ha solucionado y hasta la fecha los funcionarios estatales no han dado alternativa alguna y los diputados locales, incluso, han mostrado su rechazo a los quejosos.

Es sabido que la Procuraduría General de Justicia del estado ha recibido miles de querellas y denuncias de los afectados, sin embargo, la integración de las averiguaciones se han hecho con extrema lentitud, a los agraviados se les niega información y, hasta la fecha, se desconoce el padrón de los afectados, los montos totales de los fraudes, las cuentas bancarias y los bienes de los presuntos defraudadores.

La información periodística consigna que más de 10 mil personas han interpuesto denuncias penales por fraude ante la Procuraduría General de Justicia de la entidad. No se tiene información precisa respecto a lo actuado ante autoridades bancarias y financieras, salvo una referencia de que se estaba promoviendo una reunión de los reclamantes con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otras autoridades federales y estatales.

Es por todo ello que los ahorradores defraudados, las instituciones estatales y federales, las empresas privadas y el público en general deben conocer cuál es la situación de estos hechos para garantizar que la economía familiar y nacional no sea presa de negocios que se enriquecen aprovechándose de los vacíos jurídicos y del tráfico de influencias que ejercen personas coludidas con funcionarios gubernamentales y que puedan ser resarcidos en el daño patrimonial a través de convenios entre particulares o a través de los apoyos que brinda el Fideicomiso Pago, considerado en la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

Por lo expuesto, propongo ante esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como laComisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, un informe sobre la situación legal, financiera y actividades que realizan en México sociedades cooperativas denominadas Financiera Coofia, caja de ahorro Bienestar la Paz, así como de los grupos inmobiliarios Sitma y Verhome, SA de CV, mejor conocido como Invergroup.

Segundo. La Cámara de Diputados, con absoluto respeto al federalismo, exhorta al gobernador de Puebla, licenciado Mario Plutarco Marín Torres, a establecer una mesa de diálogo con los representantes de defraudados por Financiera Coofia, caja de ahorro Bienestar la Paz, así como de los grupos inmobiliarios Sitma y Verhome, SA de CV, mejor conocido como Invergroup, con objeto de buscar mecanismos que permitan  resolver la problemática social de los defraudados en el estado de Puebla e instruya a la Procuraduría General de Justicia en el estado para que informe a los agraviados sobre el avance de las investigaciones de la denuncias presentadas.

Tercero.La Cámara de Diputadosexhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que elabore el padrón de afectados, a fin de que puedan ser beneficiados con los recursos del Fideicomiso Pago, previsto en la Ley de crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al procurador general de la República a ejercer su facultad de atracción, con relación a las denuncias interpuestas por los defraudados por Sitma e Invergroup, para investigar los hechos y fincar responsabilidades en contra de quien resulte responsable.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2010.— Diputado Carlos Torres Piña (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PESCA DEPORTIVO-RECREATIVA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las diputadas y a los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Pesca, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que desechen toda iniciativa que pretenda modificar el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

El diputado Miguel Ángel García Granados: Muchísimas gracias, señor presidente.

A raíz de la presentación de una iniciativa por parte de un compañero diputado del estado de Sonora, donde plantea la necesidad de la reforma al artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, nuestros correos electrónicos empezaron a saturarse y recibimos múltiples llamadas de diversas organizaciones que se dedican al fomento de la pesca deportivo-recreativa.

La pesca deportiva-recreativa es hoy día una actividad que reviste la mayor de las importancias para la industria turística nacional, dado que los destinos de playa reciben anualmente a pescadores de todo el mundo atraídos precisamente por este deporte.

Las marinas turísticas localizadas en los puertos mexicanos reciben miles de embarcaciones extranjeras cuyos tripulantes vienen principalmente a practicar la pesca deportiva de especies reservadas por disposición de ley. Así está preceptuado en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. En ella se establece también que no podrán realizarse actividades de pesca distintas a las de investigación sobre las especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa.

Al amparo legal, la pesca deportivo-recreativa es actualmente una de las actividades que arroja uno de los más grandes beneficios económicos al sector turístico de México. La derrama económica que arroja la actividad de la pesca deportiva se estima en 2 mil millones de dólares al año y favorece la creación anual y el correspondiente sostenimiento de más de 35 mil empleos. Estas cifras superan con mucho el rendimiento económico de la pesca comercial, tanto de aguas internas como de altamar, estimado solamente en mil 500 millones de dólares.

Aún más, el 80 por ciento de los pescadores de los servicios turísticos orientados a la pesca deportiva pertenece al sector social de la economía. El sector agrupa a 22 asociaciones estatales, con un aproximado de 30 mil pescadores. Estos indicadores nos dan un amplio panorama de la importancia que reviste para el sector turístico del país la pesca deportiva.

Por ello, prestadores de los servicios turísticos de este sector ven con preocupación la pretensión de liberar a la pesca comercial la captura del pez dorado, bajo el falaz y unilateral argumento de que existe la suficiente biomasa de la especie.

Esto, porque está comprobado que la reserva para la pesca deportiva de las especies, enunciada en el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, es un soporte fundamental para el sostenimiento de miles de familias que directa e indirectamente se benefician de la derrama económica que arroja la práctica de esta pesca.

En nombre propio y en nombre de la diputación sinaloense, nos pronunciamos porque las demandas del sector social de la pesca, legítimas desde luego, por lo que hace al mantener una fuente suficiente de ingreso económico sean debidamente atendidas, con otras alternativas de desarrollo, pero no afectando lo que ya existe. Por ello, proponemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con puntos de acuerdo:

Primero. Que esta soberanía exhorte respetuosamente a las compañeras diputadas y compañeros diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Pesca y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que desechen toda iniciativa que pretenda modificar el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, por el que se protegen las especies reservadas en exclusiva a la pesca deportiva.

Segundo. Que esta soberanía exhorte respetuosamente al Instituto Nacional de la Pesca a que realice los estudios de investigación que determinen la situación actual de las poblaciones del pez dorado, de tal suerte que a partir de ello se establezcan los planes de manejo para las especies de pesca deportiva.

Muchísimas gracias, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los integrantes de las Comisiones Unidas de Pesca, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a desechar toda iniciativa que pretenda modificar el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, que protege las especies reservadas en exclusiva a la pesca deportivo-recreativa, en este caso particular el pez dorado, a cargo del diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Miguel Ángel García Granados, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar a esta soberanía, una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La pesca deportivo-recreativa, es hoy en día una actividad que reviste la mayor de las importancias para la industria turística nacional, dado que los destinos de playa, –sobre todo los ubicados en el litoral del Pacífico occidental y Golfo de California– reciben anualmente a pescadores de todo el mundo, atraídos precisamente por este deporte.

Incluso las marinas turísticas localizadas a lo largo de los puertos mexicanos, reciben miles de embarcaciones extranjeras, cuyos tripulantes vienen principalmente a practicar la pesca deportiva de especies reservadas por ordenamiento legal.

Así está preceptuado en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, que en su artículo 68 establece que las especies denominadas marlín, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, en todas sus variedades biológicas, quedan destinadas de manera exclusiva para la pesca deportivo-recreativa, dentro de una franja de cincuenta millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial.

El ordenamiento en referencia establece también que no podrán realizarse actividades de pesca distintas a las de investigación, sobre las especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa en las áreas de reproducción que establezca la secretaría del ramo mediante disposiciones reglamentarias.

Estos preceptos que datan de 1972, son el baluarte que brindan certeza jurídica a la práctica de la pesca deportivo-recreativa, al garantizar asimismo la protección, conservación y cuidado de las especies marinas reservadas en exclusiva a esta actividad, lo cual sin duda ha contribuido a un aprovechamiento óptimo y sustentable de los recursos pesqueros.

Al amparo legal, la pesca deportivo-recreativa es actualmente una de las actividades que arroja enormes beneficios económicos al sector turístico de México, reconocido esto por los tres niveles de gobierno.

La derrama económica que arroja la actividad de la pesca deportiva se estima en 2 mil millones de dólares al año y favorece la creación anual y correspondiente sostenimiento de 35 mil fuentes de empleo. Estas cifras, superan el rendimiento económico de la pesca comercial, tanto de aguas internas como de altamar, estimado en mil 500 millones de dólares.

Aún más, el 80 por ciento de los prestadores de los servicios turísticos orientados a la pesca deportiva pertenecen al sector social de la economía, en tanto que la flota privada es operada por pescadores comerciales que han dado un giro a su actividad productiva. Esto, gracias a las bondades de la pesca deportiva, como una práctica sustentable y de preservación del medio ambiente.

El sector agrupa a 22 asociaciones estatales, con un aproximado a los 30 mil pescadores, además de asociaciones regionales y prestadores de servicios turísticos en general.

Los indicadores en comento, nos dan un amplio panorama de la importancia que reviste para el sector turístico del país la pesca deportivo-recreativa, como una de las actividades que ha venido cobrando preponderancia en cuanto a la derrama económica que genera y por consecuencia su aporte al desarrollo regional.

Por ello, prestadores de los servicios turísticos a este sector ven con preocupación la pretensión de liberar a la pesca comercial la captura de la especie denominada “dorado”, bajo el falaz y unilateral argumento de que existe la suficiente biomasa de la especie para dar cauce a un cambio en el sentido de la ley.

Resultan ilusorios además los beneficios económicos que la eventual liberalización de la pesca del dorado arrojaría, ya que el kilogramo de la especie, cuya captura está disfrazada como “incidental” se oferta en 40 pesos, mientras que el precio de origen es de 15 pesos.

Todavía más, la eventual apertura para la pesca comercial del pez dorado no vendría a beneficiar a los pescadores del sector social, ya que para el propósito en referencia sólo los grandes armadores y comercializadores estarían en condiciones de financiar gastos de identificación de corridas y captura de la especie.

En vez de lo anterior, las autoridades correspondientes conforme a las facultades que la legislación les confiere, deberían preocuparse por llevar a cabo estudios que permitan proyectar el ordenamiento pesquero para la sustentabilidad y crecimiento de éste, con la debida protección del entorno ecológico, bajo un proceso sostenido de evaluación del impacto que la captura de las especies reservadas a la pesca deportivo-recreativa tiene sobre las pesquerías.

Esto, porque está comprobado que la reserva para la pesca deportivo-recreativa de las especies enunciadas en el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, es un soporte fundamental para el sostenimiento de miles de familias que directa e indirectamente se benefician de la derrama económica que arroja la práctica de la pesca deportivo-recreativa.

Me pronuncio asimismo porque las demandas del sector social de la pesca, legítimas desde luego por lo que hace a mantener una fuente suficiente de ingreso económico, sean debidamente atendidas con otras alternativas de desarrollo, pero no afectando lo que ya se tiene y que reitero, es fundamental para el desarrollo de la industria turística, como uno de los sectores clave para la captación de divisas.

Por lo expuesto, elevo a la consideración de ésta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Que esta soberanía exhorte respetuosamente a las compañeras Diputadas y compañeros Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Pesca y Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que desechen toda Iniciativa que pretenda modificar el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, por el que se protegen las especies reservadas en exclusiva a la pesca deportivo-recreativa. En este caso particular, el pez dorado.

Segundo.Que esta soberanía exhorte respetuosamente al Instituto Nacional de la Pesca a que realice los estudios de investigación que determinen la situación actual de las poblaciones del pez dorado, de tal suerte que a partir de ello se establezcan los planes de manejo para las especies de pesca deportiva marina.

México, DF, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2010.— Diputados: Miguel Ángel García Granados, Víctor Manuel Báez Ceja (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Pesca y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Se pospone la participación de la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos, del Grupo Parlamentario del PAN.

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el señor diputado Noé Martín Vázquez Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a que informe de la situación del Programa Integral de Aseguramiento Patrimonial y Responsabilidades de 2010.

El diputado Noé Martín Vázquez Pérez:Compañeras diputadas y compañeros diputados, este Congreso de la Unión tiene un gran compromiso con México, con sus instituciones, pero sobre todo con los ciudadanos que creyeron y votaron por nosotros, que nos ofrecieron su confianza para poder tomar decisiones que lleven a un mejor rumbo a nuestra nación.

Por ello, y al observar los desastres naturales que han venido sucediendo dentro de nuestro territorio nacional, aunados a los acontecimientos catastróficos en nuestro planeta, es nuestro deber vigilar que nuestras instituciones estén preparadas para estos acontecimientos. Por ello he pedido tomar la más alta tribuna de nuestra nación, aquí en donde las diferencias de ideologías se debaten, para posteriormente llegar a acuerdos que conduzcan a un mejor nivel de vida para los mexicanos. Estoy aquí para proponer un punto de acuerdo en el cual estemos preparados para inmediatas contingencias.

Sabemos todos los diputados que una de las instituciones más significativas es la Secretaría de Educación Pública, porque es ahí donde todos nos hemos formado, donde hemos conocido la historia de nuestra nación y que es imperativo que esta institución que se encarga de la educación de la ciudadanía pueda seguir siempre con su cometido y que en cualquier consecuencia o desastre podamos los ciudadanos tener la certeza de que tendremos la inmediata respuesta positiva de seguir contando con esta fundamental tarea de la educación. Por ello, presento ante el pleno el siguiente punto de acuerdo:

El suscrito, Noé Martín Vázquez Pérez, diputado federal de esta legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, para exhortar al titular de la Secretaría de Educación Pública a que informe la situación del Programa Integral de Aseguramiento Patrimonial y Responsabilidad 2010, al tenor de los siguientes antecedentes:

Con una existencia continua de 25 años ha sido vigente el programa de aseguramiento de inmuebles en la Secretaría de Educación Pública, denominado Programa Integral de Aseguramiento Patrimonial y Responsabilidades, que ha obtenido un sólido impacto en la República Mexicana por su utilidad y estabilidad.

Este programa forma parte de la administración de la Secretaría de Educación Pública federal, mediante el cual se asegura su patrimonio, que consiste en escuelas, edificios, talleres, etcétera, así como toda su estructura orgánica, con la función de estabilizar la imprevisión por un riesgo futuro que pudiese darse por algún siniestro.

La importancia de mantener asegurados a los bienes patrimoniales debe considerarse con base en los siguientes puntos:

Al principio del mes de febrero azotaron intensas lluvias, de las cuales algunos estados sufrieron significativas pérdidas. En el estado de Michoacán, en el municipio de Angangueo; en el estado de México, en los municipios de Valle de Chalco, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Ecatepec; y en el Distrito Federal, en sus delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.

En México se han resentido lluvias torrenciales que desbordan los cauces naturales de ríos y otras avenidas pluviales, provocando se dañe considerablemente la infraestructura del estado y ocasionándole pérdidas a nuestro gobierno...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le pedimos concluir, diputado.

El diputado Noé Martín Vázquez Pérez:Tan solo con las intensas lluvias del mes de febrero fueron afectadas 68 escuelas del estado de México y, afortunadamente, gracias a este programa de aseguramiento patrimonial se pudieron atender.

Observamos que la Secretaría de Educación Pública tiene un patrimonio muy grande y es necesario que sea asegurado para que no se demerite en lo más mínimo en siniestros y responsabilidades y este patrimonio se vea empobrecido.

Por eso y en mérito de lo expuesto, se someten a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. La Cámara de Diputados con fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo de artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al titular de la Secretaría de Educación Pública se sirva informar dentro de un plazo de 15 días naturales sobre la situación del Programa Integral de Aseguramiento Patrimonial y Responsabilidad 2010, incluyendo las gestiones realizadas y recursos destinados a su implementación, así como las consecuencias que pueda producir la no aplicación oportuna del programa en cuestión.

Segundo. Que esta Cámara de Diputados exhorte al titular de la Secretaría a que a la brevedad se publique la convocatoria de la licitación para la contratación del programa Integral de Aseguramiento, Patrimonio y Responsabilidad 2010.

Por lo que se solicito respetuosamente, presidente de la Mesa Directiva, se inserte el presente punto de acuerdo en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a informar sobre la situación del Programa Integral de Aseguramiento Patrimonial y Responsabilidades de 2010, a cargo del diputado Noé Martín Vázquez Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Noé Martín Vázquez Pérez, diputado federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59  del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con carácter de urgente resolución, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Educación Pública a informar de la situación del Programa Integral de Aseguramiento Patrimonial y Responsabilidades de 2010, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Con una existencia continua de 25 años, ha estado vigente el programa de aseguramiento de inmuebles de la Secretaria de Educación Pública denominado Programa Integral de Aseguramiento Patrimonial y Responsabilidades, que ha obtenido un sólido impacto en  la República Mexicana por su utilidad y estabilidad.

Este programa forma parte de la administración de la Secretaría de Educación Pública federal (SEP), mediante el cual se asegura su patrimonio que consiste en escuelas, edificios, talleres, almacenes etcétera, así como toda su estructura orgánica. Tiene la función de estabilizar la imprevisión por un riesgo futuro que pudiera darse por algún siniestro.

Cada secretaría cuenta con un programa de aseguramiento patrimonial de sus bienes, del cual resulta relevante y significativo el seguro que utiliza la Secretaria de Educación Pública.

La importancia de mantener asegurados los bienes patrimoniales debe considerarse con base en los siguientes puntos:

• Al principio de febrero, azotaron intensas lluvias de las cuales, algunos estados sufrieron significativas pérdidas en los bienes particulares y también en la infraestructura del patrimonio nacional, como en el caso de Michoacán, en el municipio de Angangeo; estado de México, en los municipios de el Valle de Chalco, Ixtapaluca, Netzahualcóyotl, Ecatepec; y en el Distrito Federal, en las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A Madero y Venustiano Carranza.

• En México se han resentido lluvias torrenciales que desbordan los cauces naturales de ríos y otras avenidas pluviales, provocando que se dañe considerablemente la infraestructura del estado, ocasionando pérdidas a nuestro gobierno, no sólo se afectan los bienes del estado con las inundaciones, por lo que no estamos exentos de las posibles tragedias de desastres naturales como lo sucedido a nuestras hermanas repúblicas de Haití y de Chile, que fueron devastadas con catastróficos terremotos dañando la mayor parte de la infraestructura nacional. Desafortunadamente no tenemos dominio ni planeación de cuándo pueden suceder estos desastres naturales, de ahí la importancia del programa de aseguramiento que debe tener cada una de las secretarías de Estado. No necesitamos otro temblor como el de 1985 para saber que la imprudencia y el desastre es la fórmula perfecta para la desgracia.

• Tan sólo con las intensas lluvias de febrero, fueron afectadas 68 escuelas en el estado de México, y afortunadamente, gracias al Programa Integral de Aseguramiento Patrimonial y Responsabilidades de 2009 de la Secretaria de Educación Pública, se pudieron atender las pérdidas y algunas están en proceso de reparación.

• Un ejemplo claro de la buena aplicación y de la funcionalidad del programa fue lo acontecido en Tabasco, que el 31 de octubre de 2007  sufrió uno de los peores desastres en su historia, quedando  70 por ciento de su territorio bajo el agua, afectando significativamente la estructura orgánica de la Secretaria de Educación Pública en esa entidad.

Consideraciones

Observamos que la Secretaria de Educación Pública tiene un patrimonio muy grande y es necesario que sea asegurado para que no se demerite en lo más mínimo por cualquier siniestro o responsabilidad. Si este patrimonio se viera empobrecido, afectaría a lo siguiente:

La infraestructura actual de la SEP en sus diferentes niveles es de 247 mil 673 escuelas en toda la República Mexicana.

La matricula total es de 33.7 millones de alumnos en todos los niveles educativos. Del cual, 90 por ciento de las escuelas pertenecen al nivel básico.

En el ciclo 2008-2009, el 76 por ciento correspondió a educación básica, es decir, 25.6 millones de alumnos, de los cuales preescolar fueron 4.6 millones; primaria, 14.8 millones; y secundaria, 6.2 millones de alumnos.

El valor total patrimonial de los bienes asciende a 296 mil 83 millones 867 mil 293 pesos. Y en el artículo 134  de la Constitución se señala, en el primer párrafo, que “los recursos económicos de que dispongan la federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal, así como los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

En la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se señala, en el artículo 5, primer párrafo, que “será responsabilidad de las dependencias y entidades contratar los servicios correspondientes para mantener adecuada y satisfactoriamente asegurados los bienes con que cuenten”.

Desde el pasado 31 de diciembre de 2009 dicho programa quedó sin efecto alguno y, a pesar de los 60 días de la prorroga que ya expiró, y que a partir del 1 de marzo de 2010 los bienes patrimoniales de la Secretaría de Educación Pública se encuentran totalmente desprotegidos, ya que no cuentan con el Programa Integral de Aseguramiento Patrimonial y Responsabilidades del año en curso; además, hasta la fecha, no se han publicado la convocatoria ni las bases para la licitación correspondiente de dicho programa, faltando gravemente al artículo 134 de la Constitución.

En mérito de lo expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea la aprobación de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al secretario de Educación Pública que se sirva informar, dentro de un  plazo de 15 días naturales, sobre la situación del Programa Integral de Aseguramiento Patrimonial y Responsabilidades de 2010, incluyendo las gestiones realizadas y recursos destinados a su implantación, así como las consecuencias que pueda producir la no aplicación oportuna del programa en cuestión.

Segundo.Que esta honorable Cámara exhorta al secretario de Educación Pública a publicar, a la mayor brevedad, la convocatoria de la licitación para la contratación del Programa Integral de Aseguramiento Patrimonial y Responsabilidades de 2010.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2010.— Diputados: Noé Martín Vázquez Pérez, Miguel Ernesto Pompa Corella, Miguel Angel Luna Munguía, Sandra Méndez Hernández, Inocencio Ibarra Piña, Elvia Hernández García, José Ignacio Pichardo Lechuga, Fausto Sergio Saldaña del Moral, Rodrigo Reina Liceaga, José Alfredo Torres Huitrón, Víctor Humberto Benítez Treviño, Eduardo Zarzosa Sánchez, Felipe Borja Texocotitla, Andrés Aguirre Romeero (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, diputado, dígame.

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja(desde la curul): Para preguntarle al diputado Martín Vázquez si me permite adherirme a su punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:¿Acepta, señor diputado, que se adhiera el diputado Báez?

El diputado Noé Martín Vázquez Pérez:Sí.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Adelante, diputado, y quien desee firmar el documento.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el señor diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a preservar la legalidad en el manejo de la información que conoce, relacionada con procedimientos de auditoría o revisión del ejercicio de la administración pública que aún se encuentra en integración.

El diputado Juan Carlos Natale López:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la ley debe ser aplicable a todos los ciudadanos por igual, tanto los beneficios como las sanciones que se deriven de ella, sin importar color o grupo al que pertenezcan.

Recientemente se han hecho públicas diversas acusaciones a funcionarios que laboraron en la administración delegacional de Miguel Hidalgo durante el periodo 2006-2009, incluida su titular, la ahora diputada Gabriela Cuevas, bajo el supuesto mal manejo de los recursos asignados para obras públicas, por lo que la Asamblea Legislativa del DF ha solicitado a la Contraloría General, dependiente del Gobierno del Distrito Federal, que envíe la información necesaria a fin de que ese órgano legislativo realice una investigación sobre las supuestas irregularidades cometidas por la titular de esa delegación.

Más aún, resulta bastante sospechoso que a la par de que la Asamblea Legislativa del DF solicitó a la Contraloría la información sobre la gestión de Gabriela Cuevas, no trate con el mismo criterio jurídico a los demás delegados, que curiosamente pertenecen al partido mayoritario en la capital.

Por qué no solicitar también a la Contraloría que envíe información sobre las auditorías realizadas, si es que las ha hecho, al delegado en Álvaro Obregón, mismo que ha permitido la invasión de barrancas y zonas ecológicas protegidas. O a la delegación Cuajimalpa, a la que por cierto diputados del mismo partido han evitado un punto de acuerdo para que comparezca y rinda cuentas sobre la ilegal concesión de permisos de construcción. O también las auditorías realizadas a la delegación Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero por la falta de verificación a establecimientos mercantiles que no cumplen con la ley.

Desde esta tribuna no hemos dejado de hacer un llamado a diversas autoridades para que se ciñan irrestrictamente a la rendición de cuentas y transparencia, principios que deben imperar en los actos de las autoridades y legisladores. Y somos precisamente los legisladores los que definimos los motivos, los procedimientos y las sanciones que se deben determinar y aplicar a las personas que trastocan la función pública, y que con esta desviación afectan al erario. Pero esas sanciones no pueden producirse en el vacío ni tampoco pueden imponerse sin respetar las garantías que la propia Constitución consagra a favor de todas las personas.

Es por ello que presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo, pues el pasado lunes se publicó en un diario de circulación nacional la filtración de un documento de carácter oficial, enviado por la Contraloría General del Distrito Federal a la Asamblea Legislativa, para incumplir con lo solicitado. Sin embargo, preocupa a esta Cámara de Diputados que un órgano legislativo, como lo es la Asamblea del Distrito Federal, ocupe información que contiene datos que forman parte de una investigación, y por lo cual no deben ser divulgados para atacar a un adversario político.

Por ello, en este punto de acuerdo exhortamos respetuosamente a la Asamblea Legislativa del DF, a efecto de que trate con legalidad todos los datos y documentos de que tenga conocimiento con motivo de las indagatorias que lleven a cabo las entidades fiscalizadoras, y preserve el sigilo y las reservas aplicables a esta información.

Por lo expuesto, y por considerar que este tema debe ser debatido y resuelto por el órgano de gobierno competente, y para expresar una posición política de la Cámara de Diputados, solicito que esta proposición sea turnada a la Junta de Coordinación Política conforme a las atribuciones que le confiere el inciso b) del artículo 34 de nuestra Ley Orgánica.

Gracias por su atención, señor presidente y señores diputados.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ALDF a preservar la legalidad en el manejo de la información que conoce relacionada con procedimientos de Auditoría o revisión del ejercicio de la Administración Pública, que aún se encuentran en integración, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del PVEM

Juan Carlos Natale López, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, solicitando sea turnada a la Junta de Coordinación Política, con base en los siguientes

Considerandos

1. Que los poderes constituidos en el Estado mexicano, en los distintos órdenes de gobierno, están obligados a conducirse en cumplimiento a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, que norman sus atribuciones, facultades y obligaciones.

2. Que el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela, entre otros, el derecho a la información pública, delegando en la ley reglamentaria la definición de las sanciones por la inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública.

3. Que los cauces en los que se debe ejercer el derecho a la información pública está el del sigilo que debe guardar la generada en procedimientos administrativos que aún se encuentran en instrucción, es decir, que aún no concluyen con una resolución emitida por autoridad competente.

4. Que en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la emisión de cualquier acto de molestia o de privación se debe observar la garantía de defensa y audiencia previa de las personas contra las que se haga cualquier señalamiento o imputación y se deben respetar las formalidades esenciales del procedimiento.

5. Que el día 15 de marzo de 2010, el periódico Reforma publicó una nota periodística en la que refiere información y documentación que se encuentra reservada por ser materia de un procedimiento administrativo en instrucción ante la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal; que según la propia nota periodística de referencia, la documentación obtenida por el periódico fue proporcionada o “filtrada” por personal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

6. Que no son propias de autoridades pertenecientes a un Estado democrático de derecho “filtrar” información o documentación a los medios de comunicación con el único objetivo de generar una denostación o afectar la fama pública de persona alguna, manipulando información que es materia de procedimientos administrativos en curso.

7. Que, según la propia nota periodística, las personas cuyo desempeño como servidores públicos objeto de revisión en ese procedimiento administrativo aún no han sido siquiera citadas a tal procedimiento y, por lo mismo, no han podido ejercer sus garantías de defensa y de audiencia previa para desvirtuar, alegar o probar a su favor.

Con base en las consideraciones y los fundamentos enunciados, así como en ejercicio de las facultades que confieren los 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las diputadas y diputados firmantes, presentamos y suscribimos la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se recomienda respetuosamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a respetar el principio de reserva de información pública que sea materia de procedimientos administrativos pendientes de resolución.

Segundo.Se recomienda respetuosamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a tomar las medidas administrativas idóneas para preservar la documentación e información que reciba de la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, evitando su difusión o “filtración” a medios de comunicación.

Tercero.Se recomienda respetuosamente a la honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal a respetar el principio de inocencia vigente en nuestro orden jurídico para cualquier persona, especialmente para aquellas personas que no han sido siquiera notificadas del inicio de procedimientos en su contra y que, por tanto, no han tenido la oportunidad de ejercer la garantía de defensa que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los diecisiete días del mes de marzo de dos mil diez.— Diputados: Juan Carlos Natale López, María Marcela Torres Peimbert, Mario Alberto Becerra Pocoroba, Agustín Carlos Castilla Marroquín, Sonia Mendoza Díaz, Gloria Romero León, Tomasa Vives Preciado, Juan Pablo Escobar Martínez, María Antonieta Pérez Reyes, Pablo Rodríguez Regordosa, Óscar Martín Arce Paniagua, José Ignacio Seara Sierra, Francisco Javier Orduño Valdez, Rodrigo Reina Liceaga, Andrés Aguirre Romero, Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Sí, diputado Rodríguez, dígame.

El diputado Pablo Rodríguez Regordosa (desde la curul): Le solicito preguntar al diputado si me permite adherirme a su propuesta.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:¿Señor diputado, está usted de acuerdo en que se adhieran los señores diputados?

El diputado Juan Carlos Natale López: De acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Está de acuerdo. Todos y todas aquellos que deseen participar pasen para efecto de poder suscribir el documento correspondiente.

Dígame, diputado Pérez.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Sólo para efecto de ratificar si se turna a la Junta de Coordinación Política.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Diputado, se turna a la Comisión del Distrito Federal. Para efecto de la Junta de Coordinación Política el procedimiento ha sido que se pongan de acuerdo los coordinadores parlamentarios y la Junta de Coordinación Política jale los temas que cree convenientes.

ESTADO DE SONORA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el señor diputado Onésimo Mariscales Delgadillo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que sancione a los funcionarios que privaron del libre tránsito a los ciudadanos sonorenses.

El diputado Onésimo Mariscales Delgadillo:Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es nuestro máximo ordenamiento jurídico. En dicha norma de carácter general se encuentran consagrados los derechos más elementales de todos los mexicanos. Esto es, las garantías individuales.

En ese tenor, ninguna ley reglamentaria, constitución estatal o disposición municipal, podrán ser contrarias o contravenir lo establecido en la Constitución general. El artículo 11 de nuestra Carta Magna a la letra dice: todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes.

Sin embargo, hay casos en los que el gobierno federal ha violado tal precepto constitucional, como es el caso de la carretera federal 15, en su tramo en el estado de Sonora. Más aún, específicamente en el municipio de Navojoa, pues el antiguo trazo carretero de antaño de dicha ruta federal, que pertenece a la carretera México-15, fue modificado para agregar una carretera de dos carriles y mediante ese modelo se obliga a los viajeros y residentes a pagar un peaje por una de las principales carreteras federales, sin que exista opción de evitar el pago de la cuota, puesto que no existe ruta alterna para tal fin.

Navojoa cuenta con dos casetas de peaje, ubicadas, una en la Comisaría de Fundición y la otra en el punto denominado La Jaula, perteneciente a la Comisaría de Bacabachi, las cuales los propios residentes del municipio están obligados a pagar, ya sea al transitar de norte a sur o viceversa, aun a lugares o comunidades dentro del mismo municipio.

A finales de la administración estatal 1991-1997 se entregó la administración de la carretera federal Estación Don-Nogales al Farac y, hasta la fecha, no han rendido cuentas del estado financiero que guarda la deuda del gobierno del estado de Sonora con el gobierno federal.

Desde su instalación, el gobierno federal ha venido omitiendo todos sus compromisos de inversión en dicha ruta Estación Don-Nogales y en los municipios por donde cruza la carretera de referencia. El último de ellos, el Convenio de Forestación, signado el 18 de septiembre de 2008 entre el gobierno y el gobierno del estado con una inversión de 5 mil millones de pesos y que después de año y medio no hay un solo peso de inversión en la modernización de la carretera de referencia.

Por lo expuesto anteriormente solicito, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo:

Primero. Se finquen las responsabilidades que la Constitución señala en sus artículos 108 y 109, y la propia Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos determine al funcionario o funcionarios que privaron del derecho constitucional del libre tránsito a los sonorenses.

Segundo. Se eliminen las casetas de La Jaula, Fundición, Esperanza y Hermosillo que están sobre la carretera México-15 ampliada a cuatro carriles, por no tener rutas libres alternas construidas para tal propósito o, en su caso, se construyan éstas. Y, por lo pronto, se autorice el libre tránsito de los sonorenses con sólo presentar una identificación oficial.

Tercero. Se practique una auditoría desde que el Farac se hizo cargo de la administración de la carretera de cuatro carriles Estación Don-Nogales, con el objeto de determinar la fuente y uso de fondos que demuestren el no retorno de esos recursos para el mantenimiento y su modernización.

Cuarto. Se inicien de manera inmediata las inversiones por un monto de 5 mil millones de pesos, suscritas en el convenio del 18 de septiembre de 2008 entre el gobierno federal y el gobierno de Sonora.

Solicito se inscriba el texto íntegro del punto de acuerdo presentado en el Diario de los Debates y sea turnado a la Junta de Coordinación Política.

Firman el presente documento un servidor y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del estado de Sonora. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a sancionar a los servidores públicos que privaron del libre tránsito a ciudadanos sonorenses, a cargo del diputado Onésimo Mariscales Delgadillo, del Grupo Parlamentario del PRI

Onésimo Mariscales Delgadillo, como diputado federal a la LXI Legislatura, en nombre propio y de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional que suscriben el presente documento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a sancionar al funcionario o los funcionarios que privaron del libre tránsito a los ciudadanos sonorenses con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es nuestro máximo ordenamiento jurídico. En dicha norma, de carácter general, se encuentran consagrados los derechos más elementales de todos los mexicanos: las garantías individuales.

En ese tenor, ninguna ley reglamentaria, Constitución estatal o disposición municipal podrá ser contraria o contravenir lo establecido en la Constitución General.

El artículo 11o. de la Carta Magna, a la letra dice: “todo hombre tiene derecho para entrar en la república, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes...”.

Como lo indica la propia Constitución, el libre tránsito por el país es una garantía constitucional, esto es, se puede ir a cualquier lado sin pagar cuota o peaje; para cumplir con este precepto, cuando se construye una autopista de cuota, se le localiza de manera generalmente paralela a la carretera federal original y se le distingue de la carretera libre por la letra D, al final del número de carretera.

Sin embargo, hay casos en los que el gobierno federal ha violado tal precepto constitucional, como es el caso de la carretera federal 15, en el tramo de Sonora y, más aun, específicamente en el municipio de Navojoa, pues el antiguo trazo carretero de antaño de dicha ruta federal, que pertenece a la carretera México 15, fue modificado para agregar una carretera de dos carriles y, mediante ese modelo, se obliga a los viajeros y residentes a pagar un peaje por una de las principales carreteras federales sin que exista opción de evitar el pago de la cuota, puesto que no existe ruta alterna para tal fin.

La carretera de dos carriles adicionada se construyó con recursos del presupuesto estatal del gobierno de Sonora, recursos del Fondo de Fortalecimiento Municipal para los municipios sonorenses, y se realizaron diversas acciones para obtener recursos, como lo fue el patronato Proconstrucción de la carretera de cuatro carriles, es decir, la carretera adicionada se construyó con el esfuerzo y dinero de los sonorenses.

La carretera federal número 15 recorre gran parte de México, desde la frontera con Estados Unidos de América hasta la Ciudad de México, siendo de las más importantes del país.

El municipio de Navojoa está situado en el sur de Sonora, su cabecera es la ciudad de Navojoa, colinda con los municipios siguientes: al norte con Cajeme y Quiriego, al este con Álamos, al sudoeste con Huatabampo y al oeste con Etchojoa y Benito Juárez; dicho lo anterior, en forma clara y precisa, el municipio de Navojoa cuenta con dos casetas de peaje situadas una en la Comisaría de Fundición y la otra en el punto denominado La Jaula, perteneciente a la Comisaría de Bacabachi, las cuales los propios residentes del municipio están obligados a pagar, ya sea al transitar de norte a sur o viceversa, aún a lugares o comunidades dentro del mismo municipio. Qué decir de municipios vecinos como son Bacum y San Ignacio Río Muerto.

El caso es que, ante la violación constitucional del libre tránsito que hemos sido objeto los navojoenses por muchos años, la indignación total ha llegado al límite, derivado de los hechos recientes sucedidos el martes 9 del presente mes a altas horas de la madrugada, ya que por disposición de Caminos y Puentes Federales, apoyados con elementos de la Policía Federal Preventiva, irrumpieron los ejidos en los cuales se encuentran enclavadas las dos casetas de peaje federal, a fin de poner vallas metálicas y cerca perimetral para evitar los “burladeros” de las casetas de cobro en la ruta federal, puesto que lo anterior repercute en una pérdida de 30 millones de pesos mensuales al gobierno federal, lo anterior dicho de viva voz por los funcionarios autorizados de Caminos y Puentes Federales. Pero la irritación aumentó aun más al ser agredidos y detenidos ilegalmente los propios campesinos y ejidatarios por elementos de la Policía Federal Preventiva, así como al verse incomunicados hasta para salir y entrar a sus mismos terrenos y poblados.

El municipio de Navojoa cuenta con 187 mil habitantes aproximadamente, la actividad económica del municipio ha estado sustentada en la producción agropecuaria, el comercio y los servicios, siendo las actividades principales la agricultura y ganadería, esto sin dejar de lado el turismo, ya que el municipio de Navojoa está situado en la estrecha franja del Valle del Mayo, entre las montañas y la costa, caracterizado por su excelente clima, flora y fauna que son propias de la región, ofrece excelentes atractivos turísticos a los visitantes nacionales y extranjeros como pesca deportiva, caza de venado, paloma y pago, que son especies liberadas en la región y en ranchos cinegéticos, así como recorridos ecológicos por la sierra, playas y el Río Mayo.

Con lo anterior queda demostrado que los navojoenses requerimos transportar nuestros productos a mercado foráneo, así como también internar a nuestro municipio los requerimientos de vivienda, salud, educación, etcétera, siendo el principal problema la afectación a la economía familiar que se da de los navojoenses, al tener que transitar, como ya se dijo, de norte a sur o viceversa, y no contar con ruta alterna mediante la cual se puede evitar el pago obligatorio de las casetas de peaje federal que tiene rodeado a nuestro municipio.

Que a finales de la administración estatal 1991-1997 se entregó la administración de la carretera federal Estación Don-Nogales al Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (Farac) y hasta la fecha no han rendido cuentas del estado financiero que guarda la deuda del gobierno de Sonora con el gobierno federal.

Desde su instalación, el gobierno federal ha venido omitiendo todos sus compromisos de inversión en dicha ruta Estación Don-Nogales y en los municipios por donde cruza la carretera de referencia, el último de ellos el convenio de modernización signado el 18 de septiembre de 2008 entre el gobierno federal y el gobierno del estado, que anunció por esas fechas con bombo y platillo el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, en Puerto Peñasco, con una inversión de 5 mil millones de pesos y que después de año y medio no hay un solo peso de inversión en la modernización de la carretera de referencia.

Por lo expuesto, solicito, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con

Puntos de Acuerdo

1. Se finquen las responsabilidades que la Constitución señala en el artículo 108, 109 y la propia Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, determine al funcionario o funcionarios que privaron del derecho constitucional de libre tránsito a los sonorenses.

2. Se eliminen las casetas de La Jaula, Fundición, Esperanza y Hermosillo que están sobre la carretera México 15, ampliada a 4 carriles, por no tener rutas libres alternas construidas para tal propósito o, en su caso, se construyan éstas y, por lo pronto, se autorice el libre tránsito de los sonorenses con sólo presentar una identificación oficial.

3. Se practique una auditoría desde que el Farac se hizo cargo de la administración de la carretera de 4 carriles Estación Don-Nogales, con objeto de determinar la fuente y uso de fondos que demuestran el no retorno de esos recursos para el mantenimiento y su modernización.

4. Se inicien, de manera inmediata, las inversiones por un monto de 5 mil millones de pesos, suscritas en convenio del 18 de septiembre de 2008 entre el gobierno federal y el de Sonora.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2010.— Diputados: Onésimo Mariscales Delgadillo, José Luis Marcos León Perea, Ernesto de Lucas Hopkins, Rogelio Díaz Brow Ramsburgh, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Miguel Ernesto Pompa Corella, Jesús Alberto Cano Vélez (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Transportes.

Proceda la Secretaría a dar cuenta de las proposiciones de los órganos de gobierno, recibidos de parte de la Junta de Coordinación Política.

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión suscribe el documento Compromisos por la igualdad entre mujeres y hombres

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo decimocuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa o la materia objeto del presente, que presentan las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Equidad y Género, por lo que se somete a la consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, suscribe el documento Compromisos por la igualdad entre mujeres y hombres, que a continuación se enuncian:

I. Sensibilizar y profundizar los conocimientos en materia de equidad y perspectiva de género de las diputadas y los diputados que integran esta legislatura.

II. Incorporar la perspectiva de género, en las acciones y actividades legislativas.

III. Transversalizar la perspectiva de género en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

IV. Dar seguimiento a la observancia de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a través de vigilar la publicación de las normas complementarias.

V. Pronunciarse para la adecuación de las normas secundarias en las entidades federativas que contravengan las Leyes Generales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, respetando la soberanía de las entidades federativas.

VI. Armonizar la legislación vigente conforme a los preceptos que establecen las Leyes Generales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

VII. Impulsar la revisión de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la trata de Personas para que se atienda integralmente y se erradique esta práctica que atenta contra la integridad y el sano desarrollo de las niñas y mujeres.

VIII. Impulsar la revisión de las normas que rigen las condiciones de las mujeres en reclusión para que no se viole, ni se atente contra sus derechos humanos.

IX. Impulsar la revisión de las normas que rigen las relaciones laborales de las mujeres para que se concilie la vida familiar y laboral.

X. Impulsar la revisión de las normas que rigen a los medios de comunicación para evitar la difusión de estereotipos y roles que atentan contra los derechos humanos de las mujeres.

XI. Impulsar y dar seguimiento a los programas y políticas públicas tendientes a elevar la calidad de vida las mujeres y su acceso a los beneficios del desarrollo.

XII. Impulsar una cultura de equidad entre los géneros y la no discriminación dando un especial impulso a las labores de difusión de los derechos humanos de las mujeres y de la legislación vigente que actualiza estos derechos.

XIII. Impulsar políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades en materia de acceso al empleo, a la capacitación, y a planes de crédito y ahorro.

XIV. Impulsar la participación política de las mujeres y el pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos, reproductivos, sexuales, laborales, económicos y culturales.

XV. Fomentar las acciones afirmativas tendientes al ejercicio de los derechos de las mujeres en los ámbitos de la vida pública y privada.

XVI. Vincular a la honorable Cámara de Diputados con las organizaciones de la sociedad civil e instituciones involucradas en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres a través de foros, encuentros o reuniones de trabajo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2010.— Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Reyes Tamez Guerra (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Pido a la Secretaría que pregunte en votación económica a la asamblea si se aprueba.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese.

CAMARON MEXICANO

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al secretario de Economía para que solicite una reunión ministerial de Comisión de Libre Comercio del TLCAN, a efecto de presentar ante el grupo de trabajo ad hoc formado entre la Comisión de Libre Comercio, y la Comisión para la Cooperacion Ambiental de América del Norte, y exponga ante éste la sanción impuesta por el gobierno de los Estados Unidos de América a las importaciones de camarón mexicano

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo decimocuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presentan los diputados José Luis Marcos León Perea, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Jesús Alberto Cano Vélez, Ernesto de Lucas Hopkins, Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, Onésimo Mariscales Delgadillo y Miguel Ernesto Pompa Corella, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se somete a la consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a que instruya al ciudadano Gerardo Ruiz Mateos, secretario de Economía, para que solicite una reunión ministerial de la Comisión de Libre Comercio del TLCAN, a efecto de presentar ante el grupo de trabajo ad hoc formado entre la Comisión de Libre Comercio, y la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, integrada por funcionarios de alto nivel, el grave problema que representa a la pesquería del camarón la sanción impuesta por el gobierno de los Estados Unidos de América a las importaciones de camarón mexicano a ese país, y solicite al gobierno de ese Estado, inspeccione nuevamente la operación de las redes de arrastre que se utilizan para la captura de camarón, y realice una nueva revisión a la flota pesquera para verificar el uso de los excluidores de tortuga y que se entregue la certificación por parte de las autoridades estadounidenses.

Segundo. Instruir a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, así como ordenar a la Secretaría de Marina el aplicar estrictamente las sanciones impuestas por la violación a la legislación ambiental y con esto cumplir cabalmente con lo dispuesto por el artículo 5 del acuerdo de cooperación ambiental entre el gobierno de Canadá, el gobierno de los Estados Unidos de América y el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y evitar nuevas sanciones fundadas en leyes extranjeras aplicadas con forme a esta disposición internacional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2010.— Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Juan José Guerra Abud, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Reyes Tamez Guerra (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se aprueba, en votación económica.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: En votación económica pregunto a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se solicita al Ejecutivo federal que establezca mediante la Secretaría de Seguridad Pública acciones coordinadas entre la federación y las autoridades de Baja California Sur para instaurar programas de prevención y persecución eficaz del delito, a efecto salvaguardar el estado de derecho, crear una cultura de legalidad, y garantizar certeza y seguridad jurídicas a los sudcalifornianos

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que formula la diputada Esthela Ponce Beltrán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único.Se solicita al Ejecutivo federal que establezca a través de la Secretaría de Seguridad Pública acciones coordinadas entre la federación y las autoridades de Baja California Sur con la finalidad de instaurar programas de prevención y persecución eficaz del delito, a efecto salvaguardar el estado de derecho, establecer una cultura de legalidad y garantizar certeza y seguridad jurídicas a los sudcalifornianos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2010.— Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Juan José Guerra Abud, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Reyes Tamez Guerra (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Solicito a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba. Permítame.

ASISTENCIA

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Diputado, dígame. Sonido al diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Diputado presidente, ya sé que me va a contestar que el tablero dice que hay 426 diputados y diputadas, pero el tablero miente. Como es público y notorio, del PAN sólo está el diputado Corral. Y miren, ayer que estaban tan indignados porque querían trabajar. Entonces le pido que verifique el quórum, porque yo digo que no están más que los espíritus burlones de los diputados y las diputadas.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado. Continúe, diputada, por favor.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputada. Aprobado y comuníquese. Continúe con oficios de la Junta de Coordinación Política.

FONDO DE SUBSIDIOS A LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a revisar la estructura y el destino del Fondo de Subsidios a los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública a efecto de que se garantice que a cada entidad de este nivel de gobierno se autorice por lo menos el presupuesto asignado en el ejercicio fiscal de 2009 y, en consecuencia, se adopten los mismos calendarios de suministros que se dieron en este año

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a revisar la estructura y el destino del Fondo de Subsidios a los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública a efecto de que se garantice que a cada entidad de este nivel de gobierno se autorice por lo menos el presupuesto asignado en el ejercicio fiscal de 2009 y, en consecuencia, se adopten los mismos calendarios de suministros que se dieron en este año.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2010.— Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputada Josefina Vázquez Mota, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Juan José Guerra Abud, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Reyes Tamez Guerra, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:En votación económica pregunte a la asamblea si se aprueba.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado y comuníquese.

Continúe la Secretaría con el orden del día.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.— Primer Año de Ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Jueves 18 de marzo de 2010.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Los asuntos no abordados y los demás con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña(14:02 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día de mañana jueves 18 de marzo a las 11 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 de la mañana.

————— O —————

RESUMEN DE TRABAJOS • Tiempo de duración: 2 horas 22 minutos • Quórum a la apertura de sesión: 301 diputados • Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 3 • Oradores que participaron: 54 PRI          20 PAN        13 PRD        8 PVEM       4 PT              6Conv.         3 Se recibieron o presentaron: • 1 invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a ceremonia cívica conmemorativa; • 1 oficio del Procurador Agrario con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente; • 1 oficio del presidente del Consejo de la Judicatura Federal, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados; • 1 oficio de la Secretaría de Educación del estado de Yucatán; • 2 iniciativas del PRI; • 1 iniciativa del PAN; • 1 iniciativa del PRD; • 1 iniciativa del PT; • 1 iniciativa de Convergencia; • 19 proposiciones con puntos de acuerdo